JUICIO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDIENTE: SUP-JIN-323/2006.

ACTOR: COALICIÓN POR EL BIEN DE TODOS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO DISTRITAL 04, CON CABECERA EN GUAYMAS, SONORA.

MAGISTRADO PONENTE: LEONEL CASTILLO GONZÁLEZ.

SECRETARIO: JOEL REYES MARTÍNEZ.

México, Distrito Federal, a veintiocho de agosto del año dos mil seis.

V I S T O, para resolver, el juicio de inconformidad SUP-JIN-323/2006, promovido por la Coalición Por el Bien de Todos, para impugnar el resultado consignado en el acta de cómputo distrital de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, correspondiente al Consejo Distrital 04 del Instituto Federal Electoral, con cabecera en Guaymas, Sonora, y

R E S U L T A N D O

PRIMERO. Antecedentes. El dos de julio del año en curso, se celebró la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

El cinco siguiente inició la sesión permanente del Consejo Distrital 04 del Instituto Federal Electoral, con cabecera en Guaymas, para la realización del cómputo distrital de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, la cual concluyó día siguiente. En el acta respectiva se anotaron los siguientes resultados:

SEGUNDO. Juicio de inconformidad. El nueve de julio, la Coalición Por el Bien de Todos promovió juicio de inconformidad contra el resultado consignado en el acta de cómputo distrital, donde invocó la nulidad de la votación recibida en las siguientes casillas y por las causas de nulidad que se precisan:

El quince de julio, el consejo distrital responsable remitió a este órgano jurisdiccional la demanda, el expediente del cómputo distrital, su informe circunstanciado y demás documentación relacionada con la impugnación, así como el escrito del tercero interesado presentado por el Partido Acción Nacional.

El diecinueve de julio, luego de formarse el expediente, se turnó al magistrado Leonel Castillo González, para los efectos legales correspondientes.

CUARTO. Sustanciación. Por auto de veintisiete de julio, el magistrado instructor radicó el expediente, y a efecto de contar con mayores elementos para resolver, requirió al Presidente del Consejo responsable para que informara si en el transcurso de la sesión de cómputo distrital se solicitó por algún partido político o coalición, un nuevo escrutinio y cómputo por inconsistencias en los rubros de las boletas electorales de diversas casillas.

A partir del veintiuno de julio y en diversas fechas se recibieron en esta Sala Superior con documentos anexos suscritos por Javier Arriaga Sánchez, quien se ostenta como autorizado del Partido Acción Nacional en términos del escrito de tercero interesado, mediante los cuales ofreció diversas pruebas documentales y realizó alegatos relacionados a las causas de improcedencia del juicio de inconformidad hechas valer por el mencionado partido.

No se tienen por ofrecidas las pruebas ni formulados los alegatos, por lo siguiente.

De conformidad con el artículo 12, apartado 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, son partes en el procedimiento de los medios de impugnación el actor, la autoridad responsable y el tercero interesado. Este último es el ciudadano, el partido político, la coalición, el candidato, la organización o la agrupación política o de ciudadanos, según corresponda, con un interés legítimo en la causa derivado de un derecho incompatible con el que pretende el actor.

En el apartado segundo del referido artículo 12 se prevé que el tercero interesado será aquél que presente un escrito, por sí mismo o a través de la persona que lo represente, siempre y cuando justifiquen plenamente la legitimación para ello.

Del expediente se advierte que Javier Arriaga Sánchez fue autorizado por el Partido Acción Nacional para oír y recibir todo tipo de notificaciones, citas y documentos, lo cual es acorde con lo previsto en el inciso b) del apartado 1 del artículo 9 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Sin embargo, de esa autorización para oír y recibir notificaciones en nombre del tercero interesado no resulta una representación para otros fines, pues en la mencionada ley, a diferencia de otros ordenamientos, como por ejemplo la Ley de Amparo, no existe una autorización para fines de representación en juicio, porque si bien se admite que las personas morales promuevan a través de sus representantes, estos son quienes cuentan con facultades de representación en lo personal y acreditan su personería dentro del medio impugnativo de que se trate, lo cual no sucede en este caso.

No obsta a lo anterior, que en los últimos escritos, Javier Arriaga Sánchez se ostentara con la calidad de autorizado en el expediente y Director General Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, pues además de no acreditar dicho nombramiento, del Reglamento del Comité Ejecutivo Nacional y de los Estatutos del referido partido político no aparece que tal director tenga facultades para representar al partido político. 

No pasa desapercibido el contenido de la tesis de jurisprudencia de esta Sala Superior: “AUTORIZADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. PUEDE ACREDITAR LA PERSONERÍA DEL PROMOVENTE, EN CUMPLIMIENTO DE TAL REQUERIMIENTO”, consultable en la página 37 de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Sin embargo, ahí se precisó que dicha facultad para desahogar requerimientos no extiende a otros sujetos la representación de los partidos políticos, sino únicamente determina con mayor exactitud la relación existente entre representante legitimado y la persona autorizada por éste, respecto de actos de poca trascendencia, como cuando se cumple con una formalidad ad probationem y el objeto del requerimiento no necesita de conocimientos específicos y profundos del negocio, todo lo cual definitivamente no es aplicable a este caso donde se pretendió ofrecer pruebas y alegar respecto a la procedencia del juicio.

Las consideraciones precedentes resultan igualmente aplicables al escrito signado por Adriana Hernández Vega, por el cual realiza diversos alegatos respecto a la diligencia de recuento ordenada en el incidente derivado de este juicio. Lo anterior, porque se ostenta como autorizada para oír y recibir notificaciones, lo cual, como se dijo, es insuficiente para actuar en representación de la coalición. Tampoco es suficiente la calidad de representante que afirma tener, puesto que únicamente exhibe copia simple de tal nombramiento, pero ésta es insuficiente, por sí sola, para demostrar plenamente esa calidad.

El veintinueve de julio, el Magistrado instructor requirió al Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, para que informara si diversos ciudadanos, que actuaron como funcionarios de casilla, se encontraban en la lista nominal de electores de la sección correspondiente. Este requerimiento se cumplimentó el cuatro de agosto.

El veintinueve de julio, el magistrado instructor admitió a trámite la demanda

El treinta y uno de julio, ante la ausencia del escrito de protesta relacionado con veintiuna casillas, se dio vista a la coalición actora, para que manifestara lo que a su derecho conviniera, bajo apercibimiento que de prevalecer dicha circunstancia, se resolvería conforme a las constancias existentes en autos.

Una de las autorizadas a favor de la Coalición Por el Bien de Todos, en desahogo del requerimiento de falta de escrito de protesta, realizó diversas manifestaciones al respecto, las cuales se tuvieron por formuladas para los efectos legales conducentes.

El veintisiete de agosto, el magistrado instructor declaró cerrada la instrucción, con lo cual los autos quedaron en estado para dictar sentencia.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción, y la Sala Superior es competente, para conocer y resolver el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, párrafo cuarto, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción II, y 189, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 50, apartado 1, inciso a)  en relación con el 53, apartado 1, inciso a) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un juicio de inconformidad promovido contra el resultado de un cómputo distrital de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO. Acumulación. Respecto a la petición de la Coalición Por el Bien de Todos, en el sentido de acumular el presente juicio de inconformidad al diverso promovido por la misma coalición contra el cómputo del distrito electoral 15, la respuesta al respecto se emitió en acuerdo de treinta y uno de julio dictado en este último expediente, en el sentido de estimarla improcedente.

Esta situación torna inatendible la causal de improcedencia invocada por el Partido Acción Nacional, en el sentido de que dicha acumulación es improcedente, pues la decisión al respecto ya se emitió.

TERCERO. Improcedencia. El Partido Acción Nacional, al comparecer como tercero interesado en el juicio de inconformidad promovido por la Coalición Por el Bien de Todos, hizo valer los siguientes motivos de improcedencia.

1. Frivolidad Argumenta que la impugnación es frívola, porque la demanda es idéntica a las presentadas por la coalición para controvertir los resultados de otros cómputos distritales, además de que las irregularidades invocadas no se encuentran plenamente demostradas.

Es inatendible lo alegado al respecto.

Esta Sala Superior ha sostenido en forma reiterada que, para considerar frívolo un medio de impugnación, necesariamente debe estimarse intrascendente y, en términos generales, los agravios inútiles para alcanzar la pretensión invocada.

Lo anterior no acontece en la especie, en virtud de que en la demanda se refieren cuestiones que podrían implicar, de acreditarse, la nulidad de la votación recibida en diversas casillas, y esto provocaría una modificación en el cómputo distrital impugnado.

Esta pretensión se sustenta en hechos concretos, cuyo acogimiento o desestimación debe analizarse en el fondo y, por tanto, no es posible estimar, desde ahora, que no se encuentran plenamente acreditadas las irregularidades invocadas, razón por la cual procede desestimar la alegación.

2. Omisión de mencionar hechos, agravios, preceptos legales violados y de ofrecer pruebas. El tercero interesado aduce que la coalición actora omitió mencionar de manera expresa y clara los hechos en los que se basa su impugnación, los agravios causados con la emisión del cómputo distrital impugnado, los preceptos legales transgredidos por la responsable y las pruebas con las cuales pretende acreditar los agravios aducidos, razón por la cual incumplió con las carga impuestas por el artículo 9, apartado 1, incisos e) y f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, razón por la cual la demanda debe desecharse, con fundamento en el apartado 3 del precepto citado.

Este argumento es infundado, pues, como se advierte de la demanda, el actor expresó los hechos fundantes de su causa de pedir, los agravios que le causa el acto impugnado, los artículos transgredidos y las pruebas pertinentes para demostrar sus afirmaciones, lo cual es suficiente para tener por cumplida la carga impuesta a la actora al momento de presentar el medio de impugnación, independientemente de su eficacia o suficiencia para alcanzar la pretensión, pues este análisis corresponde al de fondo de la presente resolución.

También se hacen valer como causas de improcedencia las siguientes:

a) La coalición actora hace valer dos acciones contradictorias, pues, por un lado, pide que se cambie el ganador de la elección, y por otro, que se declare su nulidad. Estas acciones resultan contradictorias, pues la declaración de cambio de ganador parte de la existencia de una elección válida, situación que se contrapone con la petición de nulidad, pues en este caso se parte necesariamente del supuesto de invalidez de la elección.

b) No es posible dar efectos generales a la sentencia que se emita en el juicio de inconformidad, pues sus efectos se limitan a los actos emitidos por el Consejo Distrital.

c) La coalición actora impugna la declaración de validez de presidente electo, pero ésta no se lleva a cabo durante el cómputo distrital, ni el órgano competente, que es la Sala Superior, la ha emitido.

d) Como la declaración de validez de presidente electo no se ha emitido, no es posible cumplir con diversas cargas impuestas por la legislación procesal electoral, tales como presentar la demanda de juicio por escrito ante la autoridad responsable, y en dicho documento identificar el acto o resolución impugnado y la autoridad responsable.

e) La pretensión de la coalición actora, de no expedir la declaratoria de validez de la elección y de presidente electo, es jurídicamente imposible, por lo que no puede alcanzarse.

f) El juicio de inconformidad no es procedente para impugnar la declaración de validez de la elección y de presidente electo. Además, cuando estos actos sean emitidos por la Sala Superior tendrán el carácter de definitivos e inatacables.

Las causas de improcedencia enunciadas en los incisos del a) y b) son iinatendibles, en razón de que, independientemente de lo cierto de las afirmaciones del actor, tales circunstancias no se encuentran contempladas dentro del catálogo limitativo de causas de improcedencia o sobreseimiento establecido en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en sus artículos 9, 10 y 11, razón por la cual no pueden conducir a desechar la demanda o sobreseer en el juicio.

Por lo que respecta a los incisos del c) al g), cabe precisar que de la demanda se advierte claramente que el actor impugnó el cómputo distrital de la elección presidencial, realizado por el Consejo Distrital 01 del Instituto Federal Electoral, con cabecera en Jesús María, Aguascalientes y su pretensión es que se modifique el mismo, lo cual es suficiente para la procedencia del juicio de inconformidad, independientemente de la idoneidad o pertinencia de algunos agravios, lo cual se verá al analizar el fondo del asunto.

CUARTO. Invalidez de la elección. En la demanda de la coalición se plantea también la pretensión de que no se declare la validez de la elección presidencial ni la de Presidente electo, debido a las irregularidades existentes durante el desarrollo del proceso electoral.

Esta situación no se encuentra dentro de las que pueden ser objeto del juicio de inconformidad, como se demostrará a continuación.

En el artículo 50, apartado 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se establece que, respecto de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de inconformidad solamente procede cuando se impugnan, destacadamente, los resultados consignados en las actas de cómputo distrital respectivas.

El objeto del juicio, cuando se reclama un cómputo distrital de elección presidencial, se encuentra constreñido a lo siguiente:

a) Por nulidad de la votación recibida en una o varias casillas individualizadas, por las causas que establece el artículo 75 de la ley en cita.

b) Por error aritmético en las operaciones realizadas para llegar al resultado del computo distrital impugnado.

 Consecuentemente, este medio de impugnación no se encuentra contemplado para ventilar cuestiones relativas a la declaración de validez de la elección presidencial y declaración de Presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, que corresponde también a esta Sala Superior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 99, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 174 apartado 6, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 186, fracción II y 189, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Por tanto, la pretensión, los argumentos conducentes y los medios de prueba ofrecidos para la finalidad en estudio, sólo pueden ser materia de la calificación de la elección

QUINTO. Presupuestos procesales y requisitos especiales de la demanda. En este juicio de inconformidad se encuentran satisfechos los requisitos del artículo 9, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Forma. La demanda se presentó por escrito ante la autoridad responsable, y consta el nombre y firma autógrafa del promovente, se identifica el acto impugnado y la autoridad responsable, se mencionan los hechos materia de la impugnación y se expresan los agravios estimados pertinentes.

Oportunidad. La demanda se presentó dentro del plazo de cuatro días previsto en el artículo 55, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues la sesión de cómputo distrital respectiva concluyó el seis de julio, y la demanda se presentó el nueve siguiente.

Legitimación y personería. El juicio de inconformidad es promovido por parte legítima, conforme a lo previsto por el artículo 54, apartado 1, inciso a), de la ley adjetiva electoral, porque el promovente es una coalición de partidos políticos. Quien promueve a nombre de la coalición tiene personería, pues se trata del representante acreditado ante el órgano electoral responsable, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13, apartado 1, inciso a), fracción I de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Requisitos especiales. Los requisitos previstos por el artículo 52, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral también están satisfechos, porque de la demanda respectiva se advierte que se precisa la elección y el cómputo distrital que se impugna, se mencionan individualizadamente las casillas cuya nulidad se pretende y se especifica la causa de nulidad respectiva, y se acompañaron escritos de protesta presentados ante la responsable, previamente al inicio de la sesión de cómputo distrital.

SEXTO. Esta consideración se ocupará del estudio de todas las causas de nulidad hechas valer por la coalición impugnante, pero exclusivamente respecto de las casillas en las cuales no se ordenó nuevo escrutinio y cómputo en la interlocutoria emitida en este expediente, así como de las que habiéndose ordenado se impugnan por otras causales de nulidad.

Con la finalidad de facilitar el estudio y comprensión del objeto de este juicio, en lugar de transcribir los agravios y proceder después a su examen, se resumirá cada motivo de impugnación, e inmediatamente se le dará respuesta.

Al estudiar los agravios sobre una misma causa de nulidad, se procurará su clasificación en grupos homogéneos, por sus características o por la respuesta común que les pueda corresponder, a fin de evitar reiteraciones.

A. Casillas sin protesta.

En diversas casillas no se demostró la presentación del escrito de protesta, por lo que deben estimarse inoperantes los agravios. Las casillas son las siguientes:

En efecto, el artículo 51, apartado 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral establece, como requisito de procedibilidad del juicio de inconformidad, la presentación del escrito de protesta, cuando se hagan valer causales de nulidad previstas en el artículo 75 del propio ordenamiento, con excepción de la señalada en el inciso b), apartado 1.

El apartado 4 de este artículo establece que el escrito de protesta debe presentarse ante la mesa directiva de casilla, al término del escrutinio y cómputo, o ante el Consejo Distrital correspondiente, antes del inicio de la sesión de los cómputos distritales.

En el caso, en el escrito de protesta anexo a la demanda presentada por la demandante no se incluyeron las casillas relacionadas, por lo cual se le dio vista por tres días, para que manifestara lo conveniente a su interés. El veintidós siguiente, una de las autorizadas presentó un escrito, con diversas manifestaciones, pero no demostró haber presentado los escritos de protesta relacionados con las casillas citadas al inicio.

En tales condiciones, como la actora no cumplió con la carga de presentar el escrito de protesta correspondiente a las casillas descritas, a pesar de que los hechos invocados tienen vinculación con causales de nulidad previstas en el artículo 75 de la ley invocada, distintas a la excepcionada, los argumentos expresados como base de las pretensiones de nulidad no pueden ser jurídicamente objeto de estudio.

B. Recepción de votación por personas u órganos distintos.

La coalición demandante solicita la nulidad de la votación recibida en doscientas catorce casillas, por actualizarse la causal prevista en el inciso e) del apartado 1 del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque, en su concepto, actuaron como funcionarios de casilla diversas personas que no figuran, como propietarios o suplentes, en el encarte oficial publicado por el Instituto Federal Electoral ni tampoco se encuentran en la lista nominal de electores correspondiente a la sección, con lo cual se infringieron los principios de certeza y legalidad.

Respecto a ciento setenta y cuatro casillas el agravio resulta inoperante, porque la actora incumplió con la carga de expresar hechos y agravios para demostrar la nulidad invocada. Las casillas son las siguientes:

En efecto, el artículo 9, apartado 1, inciso e), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral establece que en los medios de impugnación deben mencionarse, de manera expresa y clara, los hechos en que se basa, así como los agravios que causa el acto o resolución impugnado y los preceptos presuntamente violados.

Esta Sala Superior mantiene el criterio de que para tener por satisfecho ese requisito basta con mencionar la causa de pedir, de manera que todas las expresiones que aparezcan en la demanda constituyen un principio de agravio, con independencia de su ubicación en la demanda, y de su formulación o construcción lógica, aunque éstas deben ser suficientes para identificar la lesión afirmada, para que, con base en los preceptos jurídicos aplicables al asunto sometido a su decisión, el juez se ocupe de su estudio.

Incluso, en los juicios de inconformidad contra los resultados, por nulidad de la votación recibida en casilla, el artículo 52, apartado 1, inciso c), de la misma ley prevé, como requisito especial de la demanda, que el impugnante mencione, individualizadamente, las casillas cuya nulidad solicita y la causa de tal pretensión en cada una de ellas.

En el caso, la actora se limita a remitir a diversos anexos, donde, en su concepto, se precisan las irregularidades relativas, sin embargo, en dichos documentos no se expresan hechos tendientes a evidenciar la causal de nulidad hecha valer.

En efecto como anexo a la demanda se exhibió un formato preestablecido por cada casilla impugnada, donde se contienen los datos relativos al estado, municipio, sección electoral, casilla y tipo, así como su ubicación. En el cuerpo del formato se incluyen rubros relativos al total de boletas recibidas, total de boletas sobrantes, resultado de la votación por partido, total de ciudadanos que votaron en las urnas y la diferencia entre éstos. En la parte inferior se consignan dos leyendas, en las cuales se precisa si la casilla se instaló en lugar diverso y si coinciden los funcionarios que debían instalar la casilla. Por último, se incluye un apartado denominado errores, en el cual se precisan las irregularidades advertidas en cada casilla.

Con relación a las casillas materia de examen en este apartado, los formatos únicamente contienen la información relativa a los resultados obtenidos en cada mesa directiva, pero nada se afirma respecto a la participación como integrantes de la casilla, de ciudadanos no autorizados por la autoridad electoral, y por esta razón, los agravios deben estimarse inoperantes.

Respecto a las restantes cuarenta casillas, el agravio resulta fundado en parte, por lo siguiente.

El artículo citado establece que la votación recibida en una casilla será nula cuando se reciba por personas y órganos distintos a los facultados.

El artículo 193 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que las mesas directivas de casilla se integrarán por ciudadanos seleccionados por la autoridad electoral, a través de un procedimiento determinado en la propia ley.

Empero, el artículo 213 del código citado previene que, ante la falta de alguno de esos ciudadanos el día de la jornada electoral, su ausencia se cubrirá conforme con el procedimiento contemplado en el mismo artículo, por ciudadanos que se encuentren en la fila para votar, pertenecientes a la sección correspondiente.

Para resolver el planteamiento se toman en cuenta los medios de prueba siguientes: a) encarte publicado por el Instituto Federal Electoral, donde se incluye la ubicación de las casillas y las personas autorizadas para integrar las mesas directivas del distrito impugnado, y b) copias certificadas de las actas de jornada electoral y de escrutinio y cómputo de las casillas impugnadas. Dichas documentales tienen valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 14 y 16 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

La valoración de estos medios de prueba, con relación a las casillas impugnadas, arroja los resultados siguientes:

B.1. Ciudadanos autorizados para la casilla.

Como se advierte en los datos precedentes, en las dos casillas relacionadas existe plena coincidencia entre los ciudadanos autorizados como propietarios para integrar las mesas directivas de casillas y los que fungieron el día de la jornada electoral, por lo que no se actualiza la causal de nulidad invocada.

B.2. Integración con funcionarios suplentes.

De los datos consignados en la tabla precedente se observa que en las cuatro casillas diversos ciudadanos actuaron en cargos para los cuales no fueron designados como propietarios, sin embargo, tal situación no conduce a estimar que las mesas directivas se integraron indebidamente, en atención a que los ciudadanos fueron insaculados y preparados para fungir como suplentes en diversos cargos. En cambio, el propio artículo 213 de la legislación procesal federal prevé la posibilidad de integrar las casillas con funcionarios suplentes, ante la falta de algún propietario, y por tanto, dichas mesas directivas deben considerarse como correctamente integradas.

B.3. Integración con funcionarios designados para casillas de la sección.

De la tabla se observa que las cinco casillas se integraron con personas distintas a las autorizadas previamente por la autoridad electoral. No obstante, tal situación es insuficiente para actualizar la causa de nulidad alegada, porque existe una presunción legal en el sentido de que los ciudadanos sustitutos pertenecen a la sección electoral, y no obra constancia de que el procedimiento de sustitución haya sido afectado por alguna irregularidad.

En efecto, de la publicación oficial sobre la ubicación e integración de las mesas directivas de casillas pertenecientes al distrito, se observa que los ciudadanos que fungieron el día de la jornada electoral sin estar previamente autorizados por el Instituto Federal Electoral para intervenir en las casillas de las cuales formaron parte, se encuentran designados por ese mismo órgano en otras casillas pertenecientes a la sección.

Esta situación genera una presunción, en el sentido de que dichos ciudadanos se encuentran inscritos en la lista nominal de cada una de las secciones a las cuales pertenecen las casillas impugnadas, pues, para la integración de las mesas directivas de casilla, el artículo 193, apartado 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que las Juntas Distritales Ejecutivas insacularán, de las listas nominales de electores integradas con los ciudadanos que obtuvieron su credencial para votar con fotografía, a un 10% de ciudadanos de cada sección electoral, lo cual pone de relieve que las mesas directivas de casilla se integran con ciudadanos pertenecientes a cada sección electoral.

De esta forma, y al no constar en el expediente elementos probatorios que contradigan dicha presunción, es válido concluir que los funcionarios sí se encuentra inscritos en la lista nominal de electores pertenecientes a la sección correspondiente a las casillas impugnadas.

Esta situación permite advertir que la intervención de los ciudadanos como funcionarios de casilla se ajusta al procedimiento previsto en el artículo 213 de la legislación electoral, máxime que todos ellos fueron insaculados y capacitados, aun cuando haya sido para intervenir en una casilla diversa de la propia sección, y por tanto, no se actualiza la causal de nulidad invocada.

B.4. Funcionarios no autorizados que están en la lista nominal de la sección.