México, Distrito Federal, a veintiocho de agosto de dos mil seis.

V I S T O S los autos del juicio de inconformidad, identificado con la clave SUP-JIN-357/2006, promovido por la coalición Por el Bien de Todos, por conducto de su representante, en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, correspondiente al Distrito Electoral Federal 1 en el Estado de Nuevo León.

R E S U L T A N D O

I. El seis de octubre de dos mil cinco dio inicio el proceso electoral para renovar al titular del Poder Ejecutivo Federal, durante el periodo 2006-2012.

II. El dos de julio de dos mil seis se llevó a cabo la jornada electoral.

III. El cinco siguiente tuvo lugar la sesión del Consejo Distrital 1 del Instituto Federal Electoral en el Estado de Nuevo León, en la que se realizó el cómputo distrital de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Los resultados consignados en el acta son:

IV. En contra de estos resultados, el nueve de julio del año en curso, la coalición Por el Bien de Todos promovió juicio de inconformidad, a través de su representante acreditado ante el Consejo Distrital 1 del Instituto Federal Electoral en el Estado de Nuevo León, Sergio Alberto López Arvizu.

V. El quince de julio de dos mil seis fue recibida en la Oficialía de Partes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la demanda de juicio de inconformidad remitida por la autoridad responsable, el informe circunstanciado, el escrito del tercero interesado Partido Acción Nacional y las constancias atinentes al trámite que se dio a la demanda y a la publicación de ese escrito inicial.

VI. El diecinueve siguiente, por acuerdo de Presidencia, se turnó el expediente al magistrado Mauro Miguel Reyes Zapata, para los efectos precisados en el artículo 19, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

VII. Mediante proveído de veintiuno de julio del presente año, se radicó la demanda y se ordenó requerir al Presidente del Consejo Distrital 1 del Instituto Federal Electoral en el Estado de Nuevo León, varios documentos necesarios para la resolución del juicio.

Este requerimiento se cumplimentó el veinticuatro de julio de dos mil seis.

VIII. El veintisiete de julio del año en curso, el magistrado instructor formuló nuevo requerimiento al Presidente del Consejo Distrital mencionado, a efecto de que remitiera a esta Sala Superior, un informe necesario para resolver el presente asunto.

El requerimiento fue cumplimentado en la propia fecha.

IX. El treinta y uno de julio del presente año, esta Sala Superior emitió acuerdo en el que ordenó formar incidente de previo y especial pronunciamiento, para resolver sobre la petición formulada por el actor, atinente al nuevo escrutinio y cómputo de la votación recibida en casillas, y proceder a la formulación del proyecto de resolución interlocutoria.

X. En sentencia interlocutoria de cinco de agosto de este año, se declaró fundado en parte el incidente de referencia, y se ordenó realizar nuevo escrutinio y cómputo de la votación recibida en cuarenta y un casillas instaladas en el distrito electoral 1 en el Estado de Nuevo León, precisadas en el considerando Sexto de esta resolución.

La diligencia tuvo lugar los días nueve y diez siguientes.

XI. Por auto de veintisiete de agosto de dos mil seis se admitió la demanda, se integró el expediente y se declaró cerrada la instrucción, con lo cual el asunto quedó en estado de dictar sentencia.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y tiene competencia para conocer y resolver el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, párrafo cuarto, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 186, fracción II, 189, fracción I, inciso a), 199, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 53, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de la impugnación de los resultados consignados en un acta de cómputo distrital, de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, que debe resolverse ante esta Sala Superior, en única instancia.

SEGUNDO. Previamente al estudio de fondo, se analiza si se encuentran debidamente satisfechos los requisitos esenciales y los especiales de procedibilidad del juicio de inconformidad, así como los elementos necesarios para la emisión de una sentencia de mérito.

A. Se cumplen los requisitos esenciales previstos por el artículo 9, párrafo 1 y 52, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque la demanda fue presentada en tiempo y forma ante la autoridad responsable, y en ella se satisfacen las exigencias formales para su presentación, previstas en los preceptos citados, como son, el nombre de la actora, el domicilio para recibir notificaciones, la identificación del acto impugnado y de la autoridad responsable, la mención de los hechos y agravios que causa el acto o resolución impugnados; el asentamiento del nombre y de la firma autógrafa del promovente; la posible conexidad del juicio con otras impugnaciones y, además, se hacen valer como causas de nulidad, las previstas en el artículo 75, párrafo 1, incisos e), f) y g) de la ley en cita, consistentes en recepción de la votación por personas u órganos distintos a los facultados por la ley; dolo o error en el cómputo de votos y permitir a ciudadanos sufragar, a pesar de no contar con credencial para votar o no estar inscrito en la lista nominal, en distintas casillas instaladas en el Distrito Electoral Federal 1 en el Estado de Nuevo León, conforme con lo siguiente:

(a)  La actora sólo proporciona el dato “1999”; el resto de la identificación de casilla se obtiene con los datos de votación que indica.

(b)  La demanda menciona la casilla 2046C4, que no existe. Sin embargo los datos proporcionados coinciden con los de la casilla 2046C2, que es la que se examina.

(c) Los datos de identificación de la casilla proporcionados por la actora (primer renglón) no corresponden a la votación y a los funcionarios mencionados por la demandante. Los datos reales de la casilla son los que se encuentran enseguida, que será el objeto de estudio en la presente resolución.

(d) En su demanda, la actora se refiere a la casilla 2047C4, ya listada; pero los datos que proporciona corresponden en realidad, a la casilla indicada, que es la materia de examen de este fallo.

(e)  En su demanda, la actora se refiere a la casilla 2071C2, ya listada; pero los datos que proporciona corresponden en realidad, a la casilla indicada, que será la que se estudie en esta sentencia.

Cabe mencionar que este órgano jurisdiccional estima, que los errores advertidos en la demanda, precisados en el cuadro anterior, atinentes a la identificación de casillas por número de sección y tipo, obedecen a equivocaciones mecanográficas que admiten ser objeto de corrección por esta Sala Superior, en aras de que prevalezca la verdadera intención de la coalición promovente, tal como se establece en la tesis de jurisprudencia S3ELJ04/99, consultable en las páginas 182 y 183 de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, bajo el rubro: “MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR”.

De ahí que las casillas materia de estudio sean las precisadas en líneas anteriores, y no las mencionadas en forma inexacta por la coalición actora.

B. El juicio de inconformidad es promovido por parte legítima, pues conforme con el artículo 54, apartado 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, corresponde instaurarlo a los partidos políticos y, en la especie, quien promueve es la coalición Por el Bien de Todos, integrada por Convergencia, el Partido de la Revolución Democrática y el Partido del Trabajo.

Asimismo, la coalición tiene interés jurídico para promover el presente juicio, pues participó en la elección de referencia y aduce distintas irregularidades que, en su concepto, afectan la validez de la votación recibida en casillas del Distrito Electoral Federal 1 en el Estado de Nuevo León, así como a la elección en general, y este juicio es el medio idóneo para reparar esa pretendida conculcación, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 56, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

C. El juicio fue promovido por conducto de representante con personería suficiente para hacerlo, en términos de lo dispuesto en los artículos 13, párrafo 1, inciso a), fracción I del ordenamiento antes invocado y 59, párrafo 1, inciso a), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, puesto que Sergio Alberto López Arvizu es el representante propietario de la coalición mencionada ante el órgano electoral responsable, tal como se expresa en el informe circunstanciado rendido por el propio órgano.

D. La demanda fue presentada oportunamente, ya que el plazo de cuatro días establecido en el artículo 55, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, comprende del seis al nueve de julio de dos mil seis, y la demanda se presentó en esta última fecha.

E. La reparación solicitada es material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales, toda vez que, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 58, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, los juicios de inconformidad en contra de los cómputos distritales de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos deberán resolverse, a más tardar el treinta y uno de agosto del año de la elección; por tanto, es material y legalmente factible la reparación de la conculcación aducida, con anterioridad a esa fecha.

F. La actora presentó escrito de protesta ante el Consejo Distrital 1 del Instituto Federal Electoral en el Estado de Nuevo León, el cinco de julio de dos mil seis, antes del inicio de la sesión de cómputo distrital, tal como se advierte del acuse de recibo que se acompañó a la demanda del juicio de inconformidad. En dicho escrito se menciona la coalición que lo presenta, la elección que se protesta y las causas para ello; además, se identifican las casillas cuya votación se objeta y se asienta el nombre, firma y cargo de quien signa el escrito, con lo cual, se cumple el requisito de procedencia previsto en el artículo 51 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

El estudio de los requisitos esenciales y los especiales de procedibilidad del presente juicio de inconformidad patentiza lo inatendible de las causas de improcedencia aducidas por el tercero interesado Partido Acción Nacional, relativas a la falta de interés jurídico y a la ausencia de expresión de agravios, pues como se ha visto, en el caso sí se satisfacen estas exigencias.

El tercero interesado alega también, que el presente medio de impugnación es improcedente, por frívolo.

La causa de improcedencia es inatendible.

Esta Sala Superior ha sostenido en forma reiterada, que un medio de impugnación frívolo es aquel que carece de sustancia, que se basa en un planteamiento inadecuado, ya sea porque el impugnante alegue cuestiones puramente subjetivas, o bien, porque se trata de pretensiones que ostensiblemente no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran amparadas por el derecho.

En el caso, en la demanda se refieren cuestiones que podrían implicar, si se acredita la violación aducida, la nulidad de la votación recibida en casillas instaladas en el Distrito Electoral Federal 1 en el Estado de Nuevo León, sobre la base de lo dispuesto en el artículo 75, párrafo 1, inciso i), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Como se ve, la demanda en cuestión no carece de sustancia, para que pueda ser considerada frívola, sino que los argumentos que se exponen respecto del tema señalado deben ser analizados en el fondo del asunto para determinar su eficacia o ineficacia, para demostrar la existencia de la causa de nulidad planteada.

Por lo expuesto, en el presente caso se estiman satisfechos todos los requisitos de procedencia.

Debe puntualizarse que en las páginas cinco a sesenta del escrito por el que comparece al presente juicio, el tercero interesado formula alegaciones que califica como causas de improcedencia; sin embargo, su lectura permite advertir que, en realidad, se trata de manifestaciones en torno al fondo del asunto, de ahí que esas cuestiones no sean examinadas en el presente considerando.

Asimismo, el dieciséis de agosto, se recibió en esta Sala Superior un escrito y anexos suscrito por Javier Arriaga Sánchez, quien se ostenta como autorizado del Partido Acción Nacional en términos del escrito de tercero interesado; mediante el cual ofreció diversas pruebas documentales que denominó supervenientes.

No se tienen por ofrecidas las pruebas, por lo siguiente.

De conformidad con el artículo 12, apartado 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, son partes en el procedimiento de los medios de impugnación el actor, la autoridad responsable y el tercero interesado. Este último es el ciudadano, el partido político, la coalición, el candidato, la organización o la agrupación política o de ciudadanos, según corresponda, con un interés legítimo en la causa derivado de un derecho incompatible con el que pretende el actor.

En el apartado segundo del referido artículo 12 se prevé que el tercero interesado será aquél que presente un escrito, por sí mismo o a través de la persona que lo represente, siempre y cuando justifiquen plenamente la legitimación para ello.

Del expediente se advierte que Javier Arriaga Sánchez fue autorizado por el Partido Acción Nacional para oír y recibir todo tipo de notificaciones, citas y documentos, lo cual es acorde con lo previsto en el inciso b) del apartado 1 del artículo 9 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Sin embargo, de esa autorización para oír y recibir notificaciones en nombre del tercero interesado no resulta una representación para otros fines, pues en la mencionada ley, a diferencia de otros ordenamientos, como por ejemplo la Ley de Amparo, no existe una autorización para fines de representación en juicio, porque si bien se admite que las personas morales promuevan a través de sus representantes, estos son quienes cuentan con facultades de representación en lo personal y acreditan su personería dentro del medio impugnativo de que se trate, lo cual no sucede en este caso.

No obsta a lo anterior, que en el último de los escritos, Javier Arriaga Sánchez se ostentara como Director General Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, pues además de no acreditar dicho nombramiento, del Reglamento del Comité Ejecutivo Nacional y de los Estatutos del referido partido político no aparece que tal director tenga facultades para representar al partido político.

No pasa desapercibido el contenido de la tesis de jurisprudencia de esta Sala Superior: “AUTORIZADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. PUEDE ACREDITAR LA PERSONERÍA DEL PROMOVENTE, EN CUMPLIMIENTO DE TAL REQUERIMIENTO”, consultable en la página 37 de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Sin embargo, ahí se precisó que dicha facultad para desahogar requerimientos no extiende a otros sujetos la representación de los partidos políticos, sino únicamente determina con mayor exactitud la relación existente entre representante legitimado y la persona autorizada por éste, respecto de actos de poca trascendencia, como cuando se cumple con una formalidad ad probationem y el objeto del requerimiento no necesita de conocimientos específicos y profundos del negocio, todo lo cual definitivamente no es aplicable a este caso donde se pretendió ofrecer pruebas y alegar respecto a la procedencia del juicio.

Igualmente, el veinte de agosto, se recibió en esta Sala Superior un escrito y anexos suscrito por Mayra Elizabeth López Hernández, quien se ostenta como autorizada de la coalición Por el Bien de Todos por el que hace diversas manifestaciones.

Por las razones anteriormente anotadas, no se tienen por hechas las manifestaciones de la persona mencionada.

TERCERO. La coalición actora solicita la acumulación de este juicio con otros promovidos por ella, relacionados con la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

No ha lugar a decretar la acumulación solicitada por la demandante, toda vez que mediante acuerdo de treinta y uno de julio de dos mil seis, emitido por esta Sala Superior en el juicio de inconformidad identificado con la clave SUP-JIN-212/2006, se declaró improcedente dicha petición.

CUARTO. Los agravios expresados por la coalición Por el Bien de Todos versan en esencia sobre dos temas:

a) la pretensión de que no sea declarada la validez de la elección y,

b) la pretensión de nulidad de votación recibida en ochenta y ocho casillas ubicadas en el Distrito Electoral Federal 1 en el Estado de Nuevo León, por la actualización de causas de nulidad específicas que, en concepto de la demandante, se surten en el presente caso.

Como cuestión previa al examen de la pretensión de nulidad por error o dolo en el cómputo de los votos, la actora solicitó la realización de nuevo escrutinio y cómputo en las ochenta y ocho casillas cuya votación impugna.

En este considerando se estudian los planteamientos inherentes al tema precisado en el inciso a), mientras que en el considerando Quinto se examina la pretensión de nulidad de votación recibida en casilla, mencionada en el inciso b), con excepción de la causa de nulidad por error o dolo en el cómputo de los votos. En el considerando Sexto se asientan los datos de la diligencia de nuevo escrutinio y cómputo respecto a la votación recibida en veintidós casillas, celebrada el nueve y diez de agosto del año en curso y, finalmente,  el estudio de la causa de nulidad por error o dolo en el cómputo de los votos es materia del considerando Séptimo.

Los motivos de inconformidad referentes a la validez de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos [inciso a)] no admiten ser materia de estudio en el presente juicio.

Debe tenerse en cuenta que este medio de impugnación es un juicio de inconformidad, previsto y regulado en los artículos 99, párrafo cuarto, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 49 a 60 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Conforme con lo dispuesto en el artículo 50, párrafo 1, inciso a), de la ley citada, los actos impugnables a través del juicio de inconformidad, en la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos son, únicamente, los resultados consignados en las actas de cómputo distrital respectivas.

Estos resultados son susceptibles de impugnación por dos motivos: nulidad de la votación recibida en una o varias casillas y error aritmético.

De acuerdo con lo anterior, en el juicio de inconformidad no es factible el estudio de un acto distinto de los cómputos distritales de la elección, e incluso éstos sólo pueden combatirse, mediante la alegación de alguna de las causas de nulidad contenidas en el artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral , o bien, por error aritmético.

Por esta razón, los planteamientos acerca de la validez de la elección de referencia, en los que se aducen irregularidades distintas a las previstas en el numeral citado y los medios de prueba atinentes a ese tema, sólo pueden ser examinados por este órgano jurisdiccional, en la fase del proceso donde se decida sobre la validez de la elección, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 99, párrafo cuarto, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

QUINTO. En el presente considerando se estudian todas las causas de nulidad de votación recibida en casilla aducidas por la coalición actora, con excepción de la concerniente al error o dolo en el cómputo de votos.

Se reitera que el estudio versa sobre las casillas identificadas por la demandante a través del número de sección y tipo de casilla, salvo en siete casillas, en las cuales esa identificación es imprecisa. En esos casos, se examina la casilla a la que efectivamente concierne la votación o el nombre de los funcionarios mencionados por la enjuiciante.

Tales casos se identifican con los incisos a) al e) en el cuadro que antecede, reproducido en el considerando Segundo de este fallo.

La promovente plantea la nulidad de la votación recibida en las casillas 356B, 357C2, 358C1, 359C2, 362C1, 364C2, 365B, 367C1, 368C1, 369B, 369C1, 371C2, 373B, 373C1, 375C2, 380B, 380C2, 384C1, 386C2, 388B, 389B, 393C1, 397C1, 402B, 402C2, 412B, 417C1, 1999C4, 2000B, 2000C2, 2001C2, 2003C1, 2003C4, 2007B, 2007C1, 2007C2, 2007C3, 2009C1, 2010C2, 2015B, 2019C1, 2019C3, 2021C1, 2023B, 2025B, 2027C2, 2030C2, 2031B, 2032B, 2032C1, 2032C2, 2035B, 2036B, 2038B, 2046C2, 2047C1, 2047C4, 2047C5, 2047C6, 2047C7, 2047C9, 2049C3, 2049C4, 2052C2, 2053B, 2053C1, 2053C2, 2053C4, 2054C1, 2056C1, 2060C1, 2060C2, 2061B, 2064C1, 2066C1, 2066C2, 2070C1, 2071B, 2071C2, 2073C1, 2073C2, 2073C3, 2075C2, 2076B, 2076C2, 2077C2, 2080B y 2080C1, porque desde su punto de vista, se actualiza la causa de nulidad establecida en el artículo 75, párrafo 1, inciso e), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, atinente a la recepción de la votación por personas u órganos distintos a los facultados por la ley.

Al respecto, el artículo 118, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece, que las mesas directivas de casilla son los órganos electorales formados por ciudadanos, facultados para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las secciones electorales en que se dividan los trescientos distritos electorales.

Los artículos 193, 195, párrafo 1, incisos e) y f) y 196, del código citado regulan el procedimiento para la integración de las mesas directivas de casilla, así como la obligación de las juntas distritales, de publicar las listas de los miembros de las mesas directivas, por primera vez, a más tardar el quince de mayo del año de la elección y por segunda ocasión, entre el quince y el veinticinco de junio del propio año, las que deberán fijarse en los edificios y lugares públicos más concurridos del distrito.

Se prevé también, que el secretario del Consejo Distrital entregue una copia de la lista a cada uno de los representantes de los partidos políticos, y haga constar la entrega.

Asimismo, en el título tercero "De la Jornada Electoral", capítulo primero "De la instalación y Apertura de casillas", en los artículos 212, párrafos 1, 2 y 5, inciso b) y 213 del código citado, se regula lo siguiente:

Durante el día de la elección se levantará el acta de la jornada electoral, la cual contendrá entre otros datos, el nombre de las personas que actúan como funcionarios de casilla.

La instalación de la casilla se realizará por el presidente, secretario y escrutadores de las mesas directivas de casilla nombrados como propietarios, a partir de las ocho horas del día de la elección.

Si a las ocho horas con quince minutos, no se presentara alguno de los funcionarios propietarios, se realizará el corrimiento de los cargos, conforme con lo siguiente:

a) Si estuviera el Presidente, éste designará a los funcionarios necesarios para su integración, recorriendo, en primer término y en su caso, el orden para ocupar los cargos de los funcionarios ausentes con los propietarios presentes y habilitando a los suplentes presentes para los faltantes, y en ausencia de los funcionarios designados, de entre los electores que se encuentren en la casilla;

b) Si no estuviera el Presidente, pero estuviera el Secretario, éste asumirá las funciones de Presidente de la casilla y procederá a integrarla en los términos señalados en el inciso anterior;

c) Si no estuvieran el Presidente ni el Secretario, pero estuviera alguno de los escrutadores, éste asumirá las funciones de Presidente y procederá a integrar la casilla de conformidad con lo señalado en el inciso a);

d) Si sólo estuvieran los suplentes, uno de ellos asumirá las funciones de Presidente, los otros las de Secretario y Primer Escrutador, procediendo el primero a instalar la casilla nombrando a los funcionarios necesarios de entre los electores presentes.

Si no asistiera ninguno de los funcionarios de la casilla, el Consejo Distrital tomará las medidas necesarias para la instalación de dicha casilla y designará al personal encargado de ejecutarlas y cerciorarse de su instalación.

Cuando por razones de distancia o de dificultad de las comunicaciones, no sea posible la intervención oportuna del personal del Instituto Federal Electoral designado, a las diez horas del día de la jornada, los representantes de los partidos políticos ante la casilla correspondiente designarán, por mayoría de votos, de entre los electores presentes, a los funcionarios necesarios para integrar la mesa directiva.

En este último supuesto, se requerirá la presencia de un juez o notario público, quien deberá acudir y dar fe de los hechos; en ausencia de éstos, bastará con la expresión de conformidad por parte de los representantes de los partidos políticos, para designar a los miembros de la mesa directiva.

Los nombramientos hechos en sustitución de los funcionarios designados deberán recaer en electores que se encuentren en la casilla para emitir su voto. Este requisito debe relacionarse con lo establecido por el artículo 120, párrafo 1, inciso a), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, según el cual, para ser integrante de mesa directiva de casilla se requiere ser residente en la sección electoral que comprenda a la casilla.

Por su parte, el artículo 192, párrafo 2, del propio código dispone que en cada sección electoral, por cada setecientos cincuenta electores o fracción, se instalará una casilla para recibir la votación de los residentes en ella, y de ser dos o más se colocarán en forma contigua y se dividirá la lista nominal de electores en orden alfabético.

En consecuencia, los electores que sean designados como funcionarios de mesa directiva de casilla, ante la ausencia de los propietarios o suplentes nombrados por la autoridad electoral, pueden corresponder a la casilla básica, o bien, a la contigua o contiguas instaladas en la misma sección, porque en cualquier caso se trata de ciudadanos residentes en dicha sección. Para conocer este dato, por regla general, debe acudirse a la lista nominal de electores de la sección respectiva.

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia S3ELJ16/2000, consultable en las páginas 220 y 221 de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, bajo el rubro: “PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. DEBEN ESTAR EN LA LISTA NOMINAL DE LA SECCIÓN Y NO SÓLO VIVIR EN ELLA”.

En el caso, la enjuiciante argumenta que en las casillas indicadas se sustituyó indebidamente a los funcionarios de la mesa directiva, porque las personas designadas como sustitutos no pertenecen a la sección de la casilla respectiva.

La promovente sostiene también, que en dichas casillas la mesa directiva se integró incorrectamente con sólo dos funcionarios, porque no fueron designados los dos escrutadores. Incluso, según la actora, hubo casillas que desarrollaron sus actividades únicamente con un funcionario.

El agravio es fundado respecto a la votación recibida en las casillas 2047C6, 2047C7 y 2053C1, e infundado en lo que atañe al resto.

Para facilitar el estudio, enseguida se presenta un cuadro esquemático con la identificación de cada casilla, los nombres de los funcionarios elegidos por el Consejo Distrital y de aquellos que actuaron el día de la jornada electoral en dichas casillas, así como una columna de observaciones, en la cual se precisa si el funcionario indicado por la actora fue designado por la autoridad electoral y, en caso contrario, si esa persona pertenece o no a la sección respectiva, y la fuente de la que se obtiene esa información. Por último, se destacan en negrillas los nombres de los funcionarios de cuyo desempeño se queja la actora.

Los datos del cuadro se obtuvieron de los documentos siguientes: 1. Copia certificada de las actas de jornada electoral; 2 Copia certificada de las actas de escrutinio y cómputo; 3. Publicación final de la lista de funcionarios de casilla, realizada por la autoridad administrativa electoral (comúnmente llamada encarte) y, 4. Listas nominales. Tales medios de convicción son documentos públicos y, por ende, tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los artículos 14, párrafo 4, incisos a) y b) y 16, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

El análisis de los datos contenidos en el cuadro precedente permite arribar a las siguientes conclusiones:

1. No ha lugar a declarar la causa de nulidad de votación, por la causa prevista en el artículo 75, párrafo 1, inciso e), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, respecto de las casillas 359C2, 367C1, 368C1, 371C2, 373C1, 375C2, 380C2, 388B, 389B, 393C1, 402B, 402C2, 412B, 417C1, 2003C4, 2010C2, 2030C2, 2032C2 y 2077C2.

Lo anterior, porque al confrontar los datos que aparecen en las actas de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo de las casillas impugnadas, con los nombres de los miembros de las mesas directivas de casilla publicados por la autoridad administrativa electoral, se evidencia que los funcionarios que actuaron durante los comicios son los mismos que fueron designados por la autoridad electoral para ejercer los respectivos cargos en calidad de propietarios; consecuentemente, tal identidad implica que no se presentaron cambios y que, por tanto, esas personas se encontraban autorizadas legalmente para ocupar los cargos que desempeñaron.

Cabe mencionar que la casilla 2003C4 funcionó sin un escrutador, según se observa en el acta de jornada electoral. Sin embargo, es criterio de esta Sala Superior que la falta de uno de los escrutadores no perjudica trascendentalmente la recepción de la votación en la casilla, sino que sólo origina que los demás funcionarios deban hacer un esfuerzo mayor para cubrir lo que correspondía al ciudadano faltante, pues el legislador no estableció el número de miembros de la mesa directiva de casilla sobre la base de la máxima posibilidad de desempeño de todos y cada uno, sino que dejó margen para que de ser necesario puedan realizar una actividad un poco mayor, conforme con los principios de división del trabajo, jerarquización de funcionarios, plena colaboración y mutuo control. Así lo establece la tesis relevante S3EL023/2001, publicada en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 593-594, con el rubro: “FUNCIONARIOS DE CASILLA. LA FALTA DEL PRESIDENTE, DE UNO O DOS ESCRUTADORES, PROVOCA SITUACIONES DISTINTAS RESPECTO A LA VALIDEZ DE LA VOTACIÓN”.

De acuerdo con lo expuesto, la falta de un escrutador en la casilla 2003C4 fue cubierta con la labor desempeñada por los otros tres miembros de la mesa directiva, quienes fueron nombrados por la autoridad electoral para el ejercicio de ese cargo.

De ahí la falta de sustento de la causa de nulidad aducida por la actora, en lo que atañe a las casillas mencionadas en este punto.

Respecto de la casilla 389B, la enjuiciante alega que Mariano Macías Martínez y Concepción Lorena Soto Lara fungieron indebidamente como funcionarios en esa casilla. No obstante, la revisión del encarte y de las actas de jornada electoral y de escrutinio y cómputo permite advertir, que dichas personas no se desempeñaron en esa casilla, sino en la 389C1, en virtud de haber sido nombradas por la autoridad electoral.

2. Tampoco se surte la causa de nulidad invocada respecto de las casillas 356B, 357C2, 369B, 369C1, 380B, 384C1, 386C2, 397C1, 2000B, 2007B, 2009C1, 2015B, 2025B, 2027C2, 2031B, 2032B, 2046C2, 2047C5, 2047C9, 2052C2, 2060C1, 2060C2, 2061B y 2071B, porque si bien es cierto que Otilia Coronado Rincón, Julia Álvarez Alonso, Nancy Acevedo Flores y José Fernando Fuentes Martínez, Gabriela Castañón Martínez, Iris del Roble Núñez Salazar, Guillermo Madero Insunza y Liliana Jiménez Mendoza, Giselle Condreau Frías, Virtudes Cantú Lozano y Javier Garza Hoeffer, Armida Idalia Garza Rodríguez, Patricio Madero Gómez, Adriana Carlos González, Arturo Ancira Cárdenas y María Alicia Carlos González, María Reyna Rodríguez Faz, Irma Muñoz Martínez, María Inez Chávez Nuñez, María Semei Baldazo Cedillo y Alfredo Cerda Olivares, Roxana Guadalupe García Ramírez , Juan Castillo Teniente, Gloria Evelia Castillo Camarillo, Ernestina Chávez López y Reyes Domínguez López, Lucero Estala Salazar, María del Socorro García Soto, Reina Olivares Rodríguez y Olivia Fernández Guillén, María Gricelda García Gómez, Laura Zúñiga Rivera, Julio César Álvarez Rodríguez y Guadalupe Bustos Pérez, Sandra Janeth Soto González y Delfina Camarena Nava, José Alfredo Estrada Rodríguez, María del Socorro Ramírez Sifuentes y Elvira Argüello González, María Julia Lázaro Valdez, María de Jesús Martínez Contreras, Rosa Isela Ramírez Castro y San Juana Mayela Balderas Rea desempeñaron cargos en las mesas directivas de casilla, para los cuales no fueron designados, lo fundamental es que tales ciudadanos fueron insaculados y preparados para fungir como funcionarios propietarios o suplentes en distintos cargos, ya que en la publicación final aparecen con ese carácter.

Como se explicó, de acuerdo con lo previsto en el artículo 213, párrafo 1, incisos a) al d), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, si a las ocho horas con quince minutos del día de la jornada electoral, uno o varios de los funcionarios propietarios no se han presentado, se verifica el corrimiento de los cargos, con los respectivos suplentes. De este modo, la ley prevé las condiciones necesarias para que la mesa directiva de casilla sea debidamente integrada, a pesar de que alguno o algunos de sus miembros propietarios no asista, con objeto de que la votación pueda ser recibida por personas capacitadas para ello.

Además, opuestamente a lo afirmado por la demandante, María de Jesús Muñoz Ledezma, Beatriz Vázquez Mendoza, Teresa de Jesús Huerta Lira, Amelia Ramírez Proa, Bertha Fabiola Landa Santoyo, Olga Yuvicela Pérez Morales, María del Carmen Luna Martínez, Karla Yadira López Zúñiga, Marco Vinicio Benjamín Sánchez García, Dora María Ramírez Guerrero, Ana Rosalía Bustamante Calderón, Cupertino Rodríguez Camarena y José Manuel Torres Sánchez, se desempeñaron válidamente como funcionarios en estas casillas, porque fueron nombrados por la autoridad electoral para el ejercicio de ese cargo, tal como se observa en el encarte publicado por la autoridad administrativa electoral.

Cabe mencionar que al referirse a la casilla 2015B, la promovente menciona que Alejandro Hernández Soto y Violeta García de la O fungieron como funcionarios en dicha casilla. No obstante, como se aprecia en el cuadro anterior, Violeta García de la O efectivamente fue designada como segundo escrutador en esa casilla, sólo que no desempeñó ese cargo ni algún otro durante la jornada electoral. Además, la revisión de las actas de jornada permite advertir, que Alejandro Hernández Soto sí se desempeñó como secretario, pero en la casilla 2015C1.

Asimismo, la actora afirma que Yolanda Rocha Andrade y José Vázquez fueron funcionarios en la casilla 2027C2; sin embargo, la revisión minuciosa del encarte y de las actas de jornada electoral y de escrutinio y cómputo permite advertir, que esas personas no fueron nombradas ni actuaron como funcionarios en la casilla indicada.

En consecuencia, deben tenerse como correctamente integradas las mesas directivas de las casillas referidas; de ahí que no se surta la causa de nulidad invocada

3. No se actualiza la causa de nulidad en comento, en relación con las casillas 2047 C5, 358C1, 362C1, 373B, 2019C3, 2054C1, 2056C1, 2066C2, 2073C1, 2076B, 2080B y 2080C1, porque si bien es cierto que María Cristina Martínez Macías, Armando Gómez Chávez, Adriana Acosta Perales, Julio Enrique Garza Salas, María Hipólita González Alvarado, Irma Oralia Cazares Morantes y Karla María Amezcua Cruz, Gregorio Arturo Gutiérrez Gómez, María Adelaida Esquivel Romo, Ninfa Chávez Becerra, Imelda Hernández Vargas y José Javier Martínez Delgadillo no fueron designados como funcionarios de mesa directiva en dichas casillas, sí fueron nombrados para desempeñar ese cargo en otra casilla de la misma sección, tal como se observa en el encarte, lo cual evidencia, por un lado, que se trata de personas pertenecientes a la sección electoral y, por otro, que dichas personas fueron capacitadas por la autoridad electoral.

Respecto a estas casillas, la enjuiciante alega también, que Gilberto Amador Manzanares López, Gaspar Ramírez Ramírez, María Inés Hernández Montelongo, Gerardo Ruiz Carrizales, Eleazar Limón Martínez, Ruth Mancha Espinoza, María Alfreda Ramírez Herrera y Delia Martínez Escalona fueron designados como funcionarios sustitutos, a pesar de que no pertenecen a la sección electoral correspondiente a dichas casillas.

La alegación carece de sustento, porque contrariamente a lo afirmado por la actora, no se trata de funcionarios sustitutos, sino de personas nombradas por la autoridad administrativa electoral para el desempeño del cargo, tal como se observa en el encarte, que llevaron a cabo esta función durante la elección, según se advierte en las actas de jornada electoral.

Por tanto, al haberse satisfecho los requisitos para la integración de las mesas directivas de casilla, la causa de nulidad aducida se estima infundada.

4. Tampoco se actualiza la causa de nulidad en estudio, en las casillas 364C2, 365B, 1999C4, 2000C2, 2001C2, 2007C1, 2007C2, 2007C3, 2019C1, 2021C1, 2023B, 2032C1, 2035B, 2036B, 2038B, 2047C1, 2047C4, 2047C5, 2049C3, 2049C4, 2053B, 2053C2, 2053C4, 2064C1, 2066C1, 2070C1, 2071C2, 2073C2, 2073C3, 2075C2 y 2076C2, pues a pesar de que María Alicia Camarillo Solís, Rosaura Zúñiga Garza, María de Jesús Gutiérrez Pérez, Demesia Regalado Vargas y María de la Luz Vega, Honoria Vázquez Mendoza, Elizabeth Monsivaís Sánchez y Guadalupe Rodríguez Vázquez, Nancy Berenice Ibarra Rosales, Amparo González Mata, Juan Bernardo Ortiz Álvarez, María de la Luz Rico Pérez, Héctor Ramón Torres Alanís, Laura Narvaez Gómez y Maximino Alfonso Quiroz López, Carlos Alberto Galván García, Fabián González Nava, Noelia Bocanegra Rocha y José Ángel Castillo García, Fernando Ramses Carrizales Rodríguez y Raquel Perla Carrizales Rodríguez, Salvador Martín Salas Moreno, Noé Ezequiel Calderón Banda, Rafael Bernal Ontiveros, Olivia Medina Chávez y María Dolores Luna Fabela, Héctor Torres Salazar y Jorge Luis Salinas Villanueva, Ramiro Segura Castillo, José Abel Hernández García y Jaime Alberto Espinoza Picón, María Encarnación Delgadillo Arellano, Luis Enrique Montoya Quiroz, Salvador González Ramírez, María Elena Ruiz Palacios, Rosa Elvira Hernández Guillén y María del Pilar Espinoza Chávez, Lino Martínez Rodríguez, Alfonso Urbina Liñan, Catalina Sánchez Hernández y Antonio Ochoa Nañez y Eréndira Pérez García, respectivamente, integraron las mesas directivas de casilla, sin estar designados por la autoridad administrativa electoral, ya que sus nombres no aparecen en el encarte respectivo; esta situación no significa que las personas mencionadas estén impedidas para ejercer los cargos que desempeñaron, en virtud de que se trata de ciudadanos cuyos nombres se encuentran en las listas nominales de electores, correspondientes a las secciones de las casillas en las que actuaron como funcionarios durante la jornada electoral.

Si los funcionarios propietarios y suplentes no estuvieron presentes para integrar la mesa directiva de casilla, es claro que en ese caso se surtió la hipótesis legal en la que se permite designar a los funcionarios necesarios para suplir a los ausentes, a los electores que se encuentren en la casilla para emitir su voto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 213 del código citado.

Por tanto, si los electores nombrados para el desempeño de los cargos de funcionarios de mesa directiva de casilla, se encontraban en la lista nominal de electores correspondiente a la sección de la casilla impugnada, es evidente que en el caso no se puede considerar que la votación se recibió por personas no autorizadas por la ley, ya que finalmente se trata de ciudadanos que llegaron al ejercicio de esos cargos, porque se encuentran debidamente autorizados para ese efecto, con lo cual se garantizó el respeto a los principios de certeza y legalidad.

Ahora bien, dentro de este grupo de casillas, existen algunas en las que además de haberse sustituido a ciertos funcionarios por los electores presentes, se nombraron otros que originalmente fueron designados por la autoridad electoral para fungir como funcionarios en una casilla distinta, pero de la misma sección electoral, con lo cual, se cumplieron los requisitos para la sustitución de miembros de la mesa directiva de casilla.

Estas casillas son 2007C1, 2007C3, 2053C4, 2073C3 y 2075C2, en las que actuaron como funcionarios sustitutos María de Jesús Yepez Ramírez, Gregorio Canizales González, Virginia de Luna Contreras, Blanca Noemí Abrego Pérez y Ignacia Alonso García, quienes fueron designados para ocupar los cargos precisados en el cuadro anterior, por lo cual, se encontraban capacitados para fungir como funcionarios y, además, cumplían con el requisito de pertenecer a la sección electoral correspondiente.

Por otra parte, opuestamente a lo alegado por la actora, en las casillas 2007C2, 2019C1, 2023B, 2035B, 2053C2, 2073C3 y 2076C2, actuaron como funcionarios Martínez Francisca Tiburcio y José Alfredo Martínez Gómez, Yolanda Guadalupe Ledezma Trujillo, Juan José Mena Sesín, Maritza Salvador Hernández, María Teresa Ortega Barrera, José Antonio Muñoz Sánchez, Abigail Doñez Fraustro, respectivamente, por haber sido designados por la autoridad electoral, tal como se demuestra con el encarte; de manera que no fueron funcionarios sustitutos, como arguye la demandante.

La enjuiciante menciona asimismo, que en las casillas 2036B y 2066C1 actuaron como funcionarios Elsa Gutiérrez, Felipe Duarte Lara y Juan Sauceda Flores, así como Carlos Valdés, respectivamente. Sin embargo, en las actas de jornada electoral y de escrutinio y cómputo no se observan los nombres de estas personas, sino los que fueron indicados en el cuadro anterior; por tanto, al no acreditarse los hechos expuestos por la promovente, no existe base para examinar la violación aducida.

Por último, no se soslaya que la casilla 2003C1 funcionó sin la presencia del segundo escrutador. Sin embargo, al respecto se tiene en cuenta lo razonado con anterioridad, en el sentido de que la falta de este funcionario no afecta en forma trascendental el resultado de la votación, porque sólo implica que los demás funcionarios se vean compelidos a hacer un esfuerzo mayor para llevar a cabo los actos que correspondían al ciudadano faltante.

En conclusión, se estima que en estos casos no se actualiza la causa de nulidad invocada.

5. Ha lugar a declarar la nulidad de la votación recibida en las casillas 2047C6, 2047C7 y 2053C1, en virtud de que Josefina Vallejo Gómez y Antonio Hernández Rosa, Héctor Villanueva Montalvo y Eustacio López Arizpe integraron en forma emergente la mesa directiva de esas casillas; pero no tienen el carácter de suplentes ni se encuentran inscritos en la lista nominal de electores correspondiente a la sección de la casilla impugnada.

Esta situación es suficiente para tener por acreditada la causa de nulidad de la votación recibida en dichas casillas, en virtud de que los ciudadanos que fungieron como funcionarios durante la jornada electoral no satisficieron los requisitos previstos en los artículos 120 y 213 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para ser integrantes de las mesas directivas de casilla y, por ende, no reúnen las cualidades exigidas por la ley para recibir la votación.

En otra parte de la demanda, la actora aduce que en las casillas 358C1, 369B, 2007C1, 2007C2 y 2023B, se permitió votar a ciudadanos sin credencial para votar, o bien, sin que se encontraran en el listado nominal, con lo cual, desde la perspectiva de la promovente, se actualiza la causa de nulidad prevista en el artículo 75, párrafo 1, inciso de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

El agravio es infundado.

El precepto citado dice:

“Artículo 75. La votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite cualesquiera de las siguientes causales:

…

g) Permitir a ciudadanos sufragar sin Credencial para Votar o cuyo nombre no aparezca en la lista nominal de electores y siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación, salvo los casos de excepción señalados en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y en el artículo 85 de esta ley;

…”.

De acuerdo con lo anterior, los hechos que han de demostrarse para la actualización de la causa de nulidad, versan sobre el incumplimiento a dos requisitos para el ejercicio del derecho de voto, atribuible a los funcionarios de la mesa directiva de casilla, derivado de la autorización a ciudadanos para que ejerzan su derecho de voto, a pesar de que no presenten su credencial de elector con fotografía o de que no se encuentren inscritos en la lista nominal de electores.

La causa de nulidad en estudio tutela la observancia de los requisitos previstos en los artículos 217, párrafos 1 y 2, y 218, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que disponen que los electores deben exhibir a los funcionarios de casilla su credencial para votar con fotografía y, a su vez, dichos funcionarios deben comprobar que el elector aparezca en la lista nominal. Una vez que el elector doble sus boletas y las deposite en la urna correspondiente, el secretario de la casilla debe anotar la palabra “votó” en el espacio respectivo de la lista nominal, marcar la credencial del elector que ha ejercido su derecho de voto, impregnar con líquido indeleble el pulgar derecho del elector y devolverle su credencial para votar.

La actualización de la causa de nulidad exige también, que la violación producida sea determinante para el resultado de la elección, es decir, que sea de tal magnitud, que de no haber ocurrido, el resultado de la elección habría sido distinto.

Pues bien, el artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral establece la regla de que la carga de que la prueba corresponde a quien afirma.

En el caso, la coalición actora incumple con esta carga procesal, porque no demuestra los hechos base de su pretensión de nulidad, esto es, la pretendida autorización a electores para que votaran en las casillas indicadas, a pesar de no contar con credencial para votar con fotografía o de no estar inscrito en la lista nominal.

La demandante argumenta que el hecho de que la cantidad de electores que votaron conforme a la lista nominal sea menor al total de boletas depositadas en la urna evidencia, que los funcionarios de la mesa directiva de casilla permitieron sufragar a personas que no estaban facultadas para ello.

El planteamiento carece de sustento, en primer lugar, porque la diferencia apuntada por la actora no significa necesariamente que los miembros de la mesa directiva de casilla hayan permitido votar a personas que no contaban con credencial de elector o que no estaban en la lista nominal, pues ésta es sólo una entre varias explicaciones para que existan más boletas depositadas en la urna que electores.

En efecto, la experiencia a que se refiere el artículo 16, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral enseña, que es posible también, que los ciudadanos que acuden a sufragar a otra casilla instalada en el mismo sitio, confundan la urna en donde deben depositar su voto, y lo hagan en la que no corresponde a su casilla, por lo cual, al no haber sido registrados en la lista nominal de la casilla donde depositaron su voto, existirá la diferencia señalada por la enjuiciante.

Es factible también, que los funcionarios de la casilla hayan cometido un error al contar el número de electores que votaron conforme a la lista nominal, o bien, al sumar las boletas depositadas en la urna.

Como se ve, la diferencia a que se refiere la inconforme no conduce a establecer, de forma lógica y natural, la existencia de la violación alegada.

Por este motivo, para la demostración de la causa de nulidad, es menester que la actora aporte algún otro medio de convicción, además del acta de escrutinio y cómputo de la casilla, en el que se advierta que hubo ciudadanos que votaron sin cumplir con los requisitos legales, por ejemplo, la hoja de incidentes ocurridos en la casilla, en la que se asiente esa circunstancia o, por lo menos, alguna manifestación en ese sentido de los representantes de la coalición ante la autoridad electoral, que conste en otro documento, como el acta circunstanciada de la jornada electoral, levantada en el Consejo Distrital.

No obstante, en autos no obra medio de convicción tendiente a demostrar los hechos expuestos por la promovente.

Lo único que consta en el expediente son las hojas de incidentes de las casillas 369B y 2007C1, que no guardan relación con la violación aducida por la demandante, pues en la primera se hacen constar tres hechos ajenos a los narrados por la actora, a saber: que al abrir el paquete electoral se encontró que el sello para marcar la lista nominal se encontraba roto, por lo que se optó por marcar dicho documento con bolígrafo; que se inició la votación con la numeración equivocada, y que después del escrutinio los miembros de la mesa directiva se percataron de que diez votos se quedaron afuera del sobre. Asimismo, en la hoja de incidentes de la casilla 2007C1 se asienta, que debido a un error, el representante del Partido Nueva Alianza firmó el recibo de las copias de actas de la casilla, en el espacio correspondiente a la coalición Por el Bien de Todos.

De ahí que las hojas de incidentes no sean aptas para evidenciar las afirmaciones de la coalición actora.

Además, en las casillas 369B, 2007C1 y 2007C2 tampoco está demostrada la pretendida inferioridad numérica de los electores que votaron conforme a la lista nominal, frente a las boletas depositadas en la urna, como se observa en el cuadro siguiente.

* En estas casillas, el dato relativo a la “votación total emitida” corresponde al nuevo escrutinio y cómputo realizado en cumplimiento a lo ordenado por esta Sala Superior, cuyos datos completos se reproducen en el siguiente considerando.

En la casilla 369B no se observa la diferencia mencionada por la enjuiciante, toda vez que el Consejo Distrital llevó a cabo nuevo escrutinio y cómputo de la votación recibida en dicha casilla, durante la sesión de cómputo distrital de cinco de julio de dos mil cinco. Según el resultado de ese recuento, la cantidad de electores que votaron conforme a la lista nominal y la votación total emitida son iguales, en tanto que el rubro de boletas depositadas en la urna desaparece, porque éste sólo puede ser llenado por los miembros de la mesa directiva durante la jornada electoral.

En lo que atañe a las casillas 2007C1 y 2007C2, la diferencia indicada por la actora desaparece, a través de la suma de los electores que votaron conforme a la lista nominal, realizada por esta Sala Superior, cuyo resultado permite advertir, que hubo una equivocación de los funcionarios de la mesa directiva de casilla al practicar el conteo de electores, ya que contrariamente a lo asentado por dichos funcionarios, el número de electores es igual al total de boletas depositadas en la urna y la votación total emitida.

En conclusión, en las tres casillas mencionadas no está demostrada la diferencia entre el número de electores que votaron conforme a la lista nominal y el total de boletas depositadas en la urna, en la cual la actora sustenta su pretensión de nulidad, de ahí que ésta no pueda acogerse.

Por último, en las casillas 358C1 y 2023B la diferencia aducida por la promovente quedó sin efecto, en virtud del nuevo escrutinio y cómputo realizado por el órgano responsable conforme a lo ordenado por esta Sala Superior, en el que no es posible obtener la cantidad de “boletas depositadas en la urna”, por tratarse de una actividad que sólo puede ser realizada por los funcionarios de la casilla, al abrir la urna respectiva una vez concluida la jornada electoral.

Además, aun en el supuesto de que se tomara en cuenta la cantidad anotada en ese apartado, de cualquier modo, la disconformidad entre dicho rubro y el “total de electores que votaron conforme a la lista nominal” (12 en ambas casillas) sería menor a la diferencia de votos entre el primero y segundo lugares, que en la casilla 358C1 fue de 20 votos y en la 2023B fue de 173 sufragios.

En virtud de los razonamientos expuestos, no ha lugar a acoger la pretensión de nulidad hecha valer por la enjuiciante.

SEXTO. Según se explicó en los Resultandos IX y X de esta sentencia, la coalición actora hizo valer la pretensión de nuevo escrutinio y cómputo de la votación recibida en ochenta y ocho casillas instaladas en el Distrito Electoral Federal 1 en el Estado de Nuevo León, porque en su concepto, en dichas casillas se cometieron errores evidentes en el cómputo, lo cual actualiza la hipótesis prevista en el artículo 247, párrafo 1, inciso c), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Esta pretensión fue materia de estudio en la resolución interlocutoria dictada el cinco de agosto de dos mil seis, en el incidente de previo y especial pronunciamiento que se ordenó formar mediante acuerdo emitido por esta Sala Superior el treinta y uno de julio de este año.

En dicha resolución se ordenó realizar nuevo escrutinio y cómputo de la votación recibida en las casillas 356B, 357C2, 358C1, 359C2, 362C1, 364C2, 365B, 371C2, 373B, 373C1, 380C2, 384C1, 412B, 1999C4, 2000C2, 2007B, 2007C3, 2009C1, 2019C1, 2023B, 2032C1, 2035B, 2038B, 2047C6, 2047C7, 2047C9, 2049C3, 2049C4, 2052C2, 2053C2, 2060C1, 2060C2, 2066C1, 2066C2, 2070C1, 2071B, 2073C1, 2073C3, 2075C2, 2076B y 2080B.

Asimismo, se determinó que la petición era improcedente en lo que atañe a los votos recibidos en las casillas 367C1, 368C1, 369B, 369C1, 375C2, 380B, 386C2, 388B, 389B, 393C1, 397C1, 402B, 402C2, 417C1, 2000B, 2001C2, 2003C1, 2003C4, 2007C1, 2007C2, 2010C2,  2015B, 2019C3, 2021C1, 2025B, 2027C2, 2030C2, 2031B, 2032B, 2032C2, 2036B, 2046C2, 2047C1, 2047C4, 2047C5, 2053B, 2053C1, 2053C4, 2054C1, 2056C1, 2061B, 2064C1, 2071C2, 2073C2, 2076C2, 2077C2 y 2080C1.

En el presente considerando se reproducen los resultados de la diligencia de nuevo escrutinio y cómputo de cuarenta y un casillas instaladas en el Distrito Electoral Federal 1 en el Estado de Nuevo León, verificada el nueve y diez de agosto del año en curso.

A continuación se inserta un cuadro en donde aparecen las cuarenta y un casillas que fueron objeto de nuevo escrutinio y cómputo en el que se muestran las cantidades correspondientes 1) al escrutinio y cómputo llevado a cabo por los funcionarios de casilla y que se encuentran asentados en las actas de escrutinio y cómputo; 2) resultados del nuevo escrutinio y cómputo que se llevó a cabo en la diligencia ordenada en la resolución interlocutoria dictada en el expediente en que se actúa. y, 3) la resta de las anteriores cifras, con el objeto de saber si se restaron o se adicionaron votos en cada rubro.