JUICIO para DIRIMIR LOS CONFLICTOS O DIFERENCIAS LABORALES ENTRE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL Y SUS SERVIDORES

 

EXPEDIENTE: SUP-JLI-22/2008

 

ACTORA: MARÍA ELIZABETH ANAYA LECHUGA

 

DEMANDADO: INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

 

MAGISTRADO PONENTE: constancio carrasco daza

 

SECRETARIO: fabricio fabio villegas estudillo

 

 

 

México, Distrito Federal, a veinticinco de junio de dos mil ocho.

 

V I S T O S, para resolver los autos del juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Federal Electoral y sus servidores SUP-JLI-22/2008, promovido por María Elizabeth Anaya Lechuga contra el Instituto Federal Electoral; y,

 

R E S U L T A N D O :

 

PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el seis de mayo de dos mil ocho, en la Oficialía de Partes de este Tribunal, María Elizabeth Anaya Lechuga demandó al Instituto Federal Electoral en los siguientes términos:

 

PRESTACIONES

 

A) El reconocimiento de antigüedad de la relación laboral que existió entre el INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL y la suscrita C. MARÍA ELIZABETH ANAYA LECHUGA, con motivo del Formato Único de Movimiento y/o Constancia de Nombramiento expedido a su favor, en donde el primero asignó a esta última el puesto de TÉCNICO EN PROCESO ELECTORAL/CF-42032/27ZA, desde el 16 de marzo de 2000 hasta el 15 de agosto de 2007.

 

B) El pago de la prima de antigüedad a razón de 12 días de salario integrado por cada año de servicios prestados, en términos de lo previsto por el artículo 142, fracción XIV, en correlación con el diverso 216, fracción XI, del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral; Punto Octavo del Acuerdo número JGE/61/99 de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, por el cual se aprueban lineamientos y procedimientos para el pago de compensación por término de la relación laboral al personal que por renuncia deja de prestar sus servicios en el Instituto Federal Electoral, de fecha 11 de octubre de 1999; artículos 158, 156, 162 y 516 de la Ley Federal del Trabajo, esta última disposición legal aplicada a la materia de manera supletoria en términos del artículo 95 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

 

C). El reconocimiento de legítimo derecho de la promovente MARÍA ELIZABETH ANAYA LECHUGA para ejercitar la acción intentada.

 

HECHOS:

 

1.- Con fecha 16 de marzo de 2000, la suscrita MARÍA ELIZABETH ANAYA LECHUGA, fue contratada por el INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL como SECRETARIA DE PROCESOS ELECTORALES “B”/CF-42030/27, para posteriormente otorgarme puesto de TÉCNICO EN PROCESO ELECTORAL/CF-42032/27ZA, puesto éste último que ostenté hasta mi separación de ese Órgano Electoral.

 

2.- Cabe precisar que, la relación laboral señalada en el numeral inmediato anterior SE PRORROGÓ HASTA EL 15 DE AGOSTO DE 2007, en la que el beneficiario de la prestación que hoy se reclama se encontraba desempeñando el cargo de TÉCNICO EN PROCESO ELECTORAL, percibiendo como último salario bruto quincenal la cantidad de $3,405.66 (TRES MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 66/100 M.N.).

 

3.- Es el caso que con fecha 15 de agosto de 2007, procedió la baja del Instituto Federal Electoral, de la suscrita MARÍA ELIZABETH ANAYA LECHUGA, derivado de dictamen de invalidez emitido por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Delegación Regional en el Estado de México.

 

Para mejor proveer, es de señalar que con fecha 4 de junio de 2007, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por conducto del Comité de Medicina del Trabajo aprobó el dictamen de invalidez, determinación que hizo del conocimiento del INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL en fecha 25 de junio del mismo año, por oficio número DPSHT/GHZ/2483/07, signado por el Lic. Gerardo Hernández Zavala, Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo, de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Regional del ISSSTE en el Estado de México, dirigido al Lic. Marco Antonio Uribe Osorio, Jefe de Recursos Humanos en la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal, documento este último en el que se ordena sea tramitada mi baja laboral al vencimiento de la quincena próxima inmediata en que se reciba el oficio en cita, instrucción que el INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL CUMPLIMENTÓ EL 15 DE AGOSTO DE 2007.

 

4.- A mayor abundamiento, soportan las pretensiones de la promovente, las consideraciones que a continuación se arguyen:

 

Resulta importante precisar que, el artículo 208, numeral 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que todo el personal del Instituto será considerado de confianza y quedará sujeto al régimen establecido en la fracción XIV del apartado “B” del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, el personal que labora para el demandado y que integra tanto los cuerpos del servicio profesional electoral, por un lado, como la rama administrativa del Instituto, por otro, por disposición legal, tiene el carácter de personal de confianza.

 

Siendo que, para los integrantes del servicio profesional, también denominados “miembros del servicio y/o personal de carrera”, el Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral, tiene establecido de manera expresa, en su favor, los derechos que se enumeran en las diecisiete fracciones del artículo 142, del mencionado Estatuto, debiendo destacarse que, en la fracción XIV de tal precepto, se señala el de recibir LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLEZCA LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

 

En ese tenor, las prestaciones establecidas a favor del personal que conforma los “Cuerpos del Servicio Profesional Electoral”, se encuentran previstas de manera enunciativa en el artículo 142 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral, mientras que, las de que goza el personal administrativo del Instituto Federal Electoral se hayan en el artículo 216 de dicho Estatuto, advirtiéndose que, si bien en esta disposición no se encuentra, de manera expresa y específica preceptuando el pago de la prestación de que se trata, sucede que tal norma no es limitativa, ya que no emplea las voces de “exclusivamente”, “únicamente”, o alguna similar que tenga ese significado: habida cuenta que la indicada norma debe ser calificada como meramente enunciativa, si se tiene presente, además que tal precepto empieza por señalar que son derechos del personal administrativo los que a continuación en diez fracciones enumera, pero no los restringe, porque enseguida, en la fracción XI, textualmente señala:

 

“…

XI. Las demás que establezca el Estatuto, la legislación aplicable y los que apruebe la Junta.”.

 

De lo que, es fácil advertir que el referido ordenamiento, en la transcrita fracción XI del artículo 216, abre la posibilidad de que los empleados del Instituto Federal Electoral, pertenecientes a la rama administrativa, no sólo gozarán de los derechos enumerados en las diez fracciones precedentes, sino de todas aquellas que se encontraren establecidas en el Estatuto, en la legislación aplicable o en los que apruebe la Junta: en la inteligencia de que, cuando se refiere a la “Junta”, debe entenderse: “Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral”, como lo clarifica el artículo 3 del mencionado Estatuto.

 

Así las cosas, si el artículo 142 del Estatuto, en su fracción XIV, prevé el pago de prima de antigüedad en términos de la legislación aplicable y si la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, en Acuerdo JGE/61/99 que aprobó el 11 de octubre de 1999, estableció como una prestación en beneficio de los servidores del Instituto Federal Electoral que dejaran de prestar servicios el pago de 12 días de salarios por cada año de servicios prestados, lo que viene a constituir la denominada prima de antigüedad, ninguna duda debe caber que los empleados que pertenecen a la rama administrativa del Instituto Federal Electoral, son beneficiarios de la indicada prestación de prima de antigüedad, supuesto en el que se encuentra la promovente, que, según el acuerdo de mérito, consiste, se repite, en el pago de 12 días de salario percibido en el momento de la separación, por cada año de servicios prestados; salario que, dicho sea de paso, sirve de base para la cuantificación atinente, sin que, por tanto, para la misma, deba tomarse en consideración el llamado “salario topado”, a que se refieren los artículos 485 y 486 de la Ley Federal del Trabajo, ya que invariablemente deben prevalecer las normas que contengan mejores beneficios para los servidores y que por motu proprio expidió quien en la relación contractual figura o hace las veces de parte patronal y que, inclusive, así lo dispuso de manera expresa en el punto octavo del Acuerdo número JGE/61/99 que aprobó el 11 de octubre de 1999, al señalar, de manera textual lo siguiente:

 

“OCTAVO. Tomando en consideración que el pago de los doce días de salario por año de servicios prestados, a que hacen referencia los lineamientos y procedimientos que se aprueban, se le entregan al servidor de este Instituto por concepto de prima de antigüedad, y que el monto de tal prestación es superior al establecido por los artículos 162 y 486 de dicho ordenamiento, con el pago de los mismos se tendrá por cubierta cualquier reclamación que se haga por dicho concepto.”

 

Precisado lo anterior, se tiene que el acuerdo de referencia, prevé el pago de la llamada prima de antigüedad, para los supuestos en que servidores del Instituto Federal Electoral dejen de prestar servicios “por renuncia” o por separación voluntaria; empero, su normatividad, NO SÓLO POR ANALOGÍA, SINO POR MAYORÍA DE RAZÓN, TAMBIÉN DEBE APLICARSE A LOS SERVIDORES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, CUANDO, COMO EN EL CASO DE LA PROMOVENTE, ESTOS DEJEN DE PRESTARLE SUS SERVICIOS, POR CAUSAS TOTALMENTE AJENAS A SU VOLUNTAD, DERIVADAS DE UN ACONTECIMIENTO QUE ESCAPA A SU PROPIA DETERMINACIÓN, COMO LO ES EL SURGIMIENTO DE UNA ENFERMEDAD NO PROFESIONAL QUE LO INVALIDA A CONTINUAR CON EL DESARROLLO NORMAL DE SUS LABORES, atendiendo a ello, resulta incuestionable que es principio general de derecho, de justicia social y de los que permean en todos los ordenamientos laborales, que donde pueda existir una misma o semejante razón, debe aplicarse igual disposición; de modo que, si por voluntad propia se decide separarse del trabajo y por ese acontecimiento se tiene derecho al pago de prima de antigüedad, con mayor razón cuando la separación resulta indispensable por concurrir ciertas circunstancias que impiden la continuación del nexo laboral, máxime que, no puede perderse de vista que la equidad es un principio rector de la materia laboral, incluyendo la laboral-electoral, como se advierte de la lectura de los artículos 95, párrafo 1, inciso f) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 17 de la Ley Federal del Trabajo y 11 de la Ley Federal del Trabajo al Servicio del Estado.

 

Por otra parte, cabe señalar que la promovente se encuentra dentro del término previsto por el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria, dispositivo legal que es del siguiente tenor:

 

“Artículo 516. Las acciones de trabajo prescriben en un año, contado a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible, con las excepciones que se consignan en los artículos siguientes.”

 

Esto es así, toda vez que del 15 de agosto de 2007, fecha en la que se dio la baja laboral de la promovente, a la fecha de presentación de la presente demanda, aún no ha transcurrido el año a que refiere el numeral trascrito.

 

SEGUNDO. Trámite. Por acuerdo de la propia fecha, la Magistrada Presidenta acordó registrar el expediente SUP-JLI-22/2008 y turnarlo a la ponencia del Magistrado Constancio Carrasco Daza, para el trámite correspondiente.

 

TERCERO. Traslado. En proveído de trece de mayo de dos mil ocho, se admitió a trámite la demanda y se ordenó correr traslado al Instituto Federal Electoral con copia del escrito inicial.

 

CUARTO. Contestación de la demanda. El veintiocho de mayo siguiente, se tuvo por contestada la demanda por parte del Instituto Federal Electoral, que en respuesta a las reclamaciones de la actora manifestó:

 

CUESTIÓN PREVIA

 

En relación con las pretensiones de la actora, se hace notar que el Instituto Federal Electoral ya reconoció la antigüedad que generó la actora a su servicio, como lo es la comprendida del 16 de marzo del año 2000 al 15 de agosto de 2007, lo que hizo del conocimiento de María Elizabeth Anaya Lechuga a través de la Hoja Única de Servicios, que la propia actora ofrece como prueba de su parte, y que tal y como se aprecia de sus manifestaciones vertidas en el escrito de demanda, corrobora y admite la antigüedad señalada por el organismo electoral, por tanto es improcedente e infundado que la hoy actora demande de nueva cuenta el reconocimiento del tiempo de servicios.

 

Por otro lado, sin reconocer acción y derecho alguno de la actora, se hace valer la EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD, PRESCRIPCIÓN Y/O EXTEMPORANEIDAD, toda vez que la conclusión del vínculo que unió a la actora con nuestro representado, como ella lo reconoce en diversas partes de su demanda, se dio por terminado el 15 de agosto de 2007, y presenta su demanda en forma extemporánea excediendo del término de 15 días previstos por el artículo 96 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por lo que su acción es improcedente, sin perder de vista que a partir de esa fecha, fue de su conocimiento la fecha de conclusión del vínculo que la unía con nuestro representado y la antigüedad que el Instituto demandado le contabilizó en la Hoja Única de Servicios de fecha 24 de agosto de 2007 y que dicho sea de paso, no es una conclusión imputable al Instituto Federal Electoral, pues se dio con motivo de la declaración de invalidez por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

 

Lo anterior, en el entendido de que los plazos que se fijan en las leyes para que el interesado ejerza el derecho de acción son de necesario cumplimiento, pues condicionan el ejercicio de ese derecho al lapso previsto en la norma; de modo que, cuando el derecho no se hace valer dentro del plazo, se extingue por la falta de actividad del titular para acudir ante el órgano jurisdiccional a plantear el litigio, a efecto de que resuelva la situación de hecho que estima contraria a derecho.

 

En el entendido de que para la presentación de la demanda en los juicios para dirimir los conflictos o diferencias laborales de los servidores del Instituto, el artículo 96, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, contempla el plazo de quince días hábiles, plazo que se reitera, es de necesario cumplimiento, pues para el caso de que el servidor del Instituto estime que se han conculcado sus derechos laborales, debe presentar su demanda dentro de los 15 días siguientes, lo que se traduce en una condición indispensable para su ejercicio, de modo que si la demanda no se plantea en ese plazo el derecho para hacerlo se extingue.

 

Por tanto, es claro, que el caso que nos ocupa la actora reconoce que la fecha de su separación del Instituto fue el 15 de agosto del año próximo pasado, estando plenamente acreditado el conocimiento de las causas o motivos que modificaron en este caso la relación laboral, y por ende, la actora, estima se le han afectado sus derechos, por lo que a partir de esa fecha en que se dio ese conocimiento es cuando se comienza a computar el plazo previsto en la ley para presentar la demanda, porque desde ese momento el servidor tiene la posibilidad de ejercer la acción, no siendo aplicable al caso concreto las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo que de manera infundada señala la hoy actora, pues es claro, que al respecto no es posible se aplique de manera supletoria, pues en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, ley adjetiva en las cuestiones laborales de los servidores del Instituto Federal Electoral, establece el plazo de quince días, y de aplicarse implicaría se desconocieran dichas normas e incluso los criterios que esa Autoridad ha emitido, al establecer que la supletoriedad opera cuando en la legislación en materia laboral electoral contemple la institución o figura respecto de la cual se pretenda la aplicación, que las disposiciones que se vayan a aplicar supletoriamente, no se opongan a las bases o principios que integran el sistema legal al que se pretende incorporar la norma supletoria, entre otras causas, por lo anterior, en este acto se hace valer la tesis número S3LA 008/97, consultable en la Revista de Justicia Electoral 1997, Tercera Época, suplemento 1, página 67, Sala Superior, misma que a continuación se inserta:

 

“SUPLETORIEDAD, REQUISITOS NECESARIOS PARA QUE PUEDA OPERAR TAL INSTITUCIÓN EN MATERIA LABORAL ELECTORAL.” (Se transcribe).

 

De lo que se puede apreciar que deviene improcedente la acción intentada por la hoy actora, toda vez que la figura que pretende aplicar de manera directa al caso que nos ocupa, se encuentra normada por la ley adjetiva que regula los juicios para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto y su personal, por tanto, es improcedente la aplicación supletoria.

 

A mayor abundamiento, la demanda que ahora se contesta, se dirige a exigir el reconocimiento de antigüedad, el pago de la prima de antigüedad y el reconocimiento del legítimo derecho de la promovente; pretensiones que, por lo que hace al derecho de recibir el pago de la prima de antigüedad que prevé el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo se requiere en primer término, la separación definitiva del trabajador, lo que hace que para que la acción de pago respectiva opere, es necesario que dicha separación ocurra, por constituir un elemento de la acción atinente.

 

Ahora bien en el caso que nos ocupa la relación laboral concluyó por causas ajenas a nuestro representado el 15 de agosto de 2007, terminación que la propia actora reconoce en el capítulo de prestaciones y en el hecho 3 de su demanda, manifestación que constituye una confesión expresa y espontánea de conformidad con el artículo 794 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la materia, por disposición expresa del diverso 95, numeral 1, inciso b) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tanto si desde el 15 de agosto del año próximo pasado, la relación laboral que la actora tenía con el Instituto concluyó por causas no imputables a nuestro representado, y por ende, es claro que a partir de entonces estuvo en aptitud de ejercer la acción correspondiente, dentro de los quince días hábiles siguientes al 15 de agosto de 2007, en caso de haber estimado que no se le cubrió algún pago a que tenía derecho.

 

Sobre la base de dichos hechos, el plazo de quince días hábiles para promover la demanda comprendió del 16 de agosto de 2007 al 5 de septiembre de 2007, al excluir los días 18, 19, 25 y 26 de agosto y 1 y 2 de septiembre, por corresponder a sábados y domingos, en términos de lo dispuesto en el artículo 94, apartado 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como por ser día inhábil, en términos de lo dispuesto por el artículo 163, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

 

Además de que resulta infundado que la hoy actora pretenda las acciones y el pago de la prima de antigüedad que indica ya que no existe precepto que así lo establezca dentro de las normas laborales electorales aplicables, pues ni el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales ni el Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral, contemplan que dicha figura, para el personal administrativo, de tal manera que no puede aplicarse supletoriamente el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, aunado al hecho que por disposición legal el empleado administrativo es de confianza y por tanto no se trata de un trabajador de planta, remitiéndonos a la tesis antes invocada, y en relación con la cual, se reitera la improcedencia de la supletoriedad que pretende la actora.

 

Así pues, se puede apreciar que deviene improcedente la acción intentada por la hoy actora, toda vez  que no se encuentra contemplada esa figura, en la legislación aplicable, lo que encuentra sustento en el diverso criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que si bien no es obligatoria su observancia para ese Tribunal Electoral, se invoca con el fin de normar el criterio de esa Autoridad, tesis con número de registro 173218, localizable en la Novena Época, de la instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, fuente del Semanario Judicial de la Federación, y su Gaceta XXV, Febrero de 2007, página: 1850, Tesis: II.T.296 L, la que señala:

 

“PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE LOS TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. CARECEN DE ACCIÓN PARA RECLAMARLA SI NO TIENEN POR LO MENOS QUINCE AÑOS DE SERVICIOS, O SE TRATE DE DESPIDO INJUSTIFICADO O DE RESCISIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL POR CAUSAS IMPUTABLES A LA INSTITUCIÓN PÚBLICA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).” (Se transcribe).

 

En ese sentido, se solicita a esta Sala Superior tome en consideración el criterio emitido en la sentencia de fecha 18 de septiembre de 2007, dictada en el diverso, número SUP-JLI-67/2007, con la finalidad de evitar contradicciones en sus determinaciones, la cual en su parte conducente señala que:

 

“…En nuestra materia, esta Sala Superior ha sostenido de manera reiterada, que el plazo de quince días previsto en el párrafo 1 del artículo 96 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral es de caducidad, por lo que es condición sine qua non que los servidores del Instituto Federal Electoral presenten su demanda dentro de ese plazo, para reclamar las prestaciones.

Como se ve, la propia jurisprudencia establece los supuestos a partir de los cuales se inicia a computar el plazo de quince días para que los servidores del Instituto Federal Electoral ejerzan su derecho de acción.  Estos supuestos son que el servidor ejerza su derecho de acción dentro de los quince días siguientes al en que se le notifiquen o conozca de las determinaciones del Instituto que afecten sus derechos y prestaciones laborales.

En el caso, la defensa del Instituto Federal Electoral se encamina a demostrar que la demanda… se presentó fuera del plazo de quince días previsto en el párrafo 1 del artículo 96 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Esta defensa parte de la base de que la relación laboral que lo unía al actor concluyó, por causas ajenas al instituto desde el quince de mayo de dos mil seis, tal como lo reconoce expresamente el actor en su demanda. Por tanto, según el instituto demandado, si el promovente presentó su demanda hasta el veintiuno de junio de dos mil siete, es evidente que se presentó extemporáneamente, porque el actor no ejercitó su derecho en el plazo establecido en la ley.

Para estar en condiciones de determinar si la demanda se presentó de manera extemporánea es necesario despejar las siguientes interrogantes: 1) cuándo concluyó el nexo laboral entre las partes, y 2) cuándo se notificó o fue conocida por el actor esa conclusión.

Con relación a la primera pregunta, en el caso no está controvertida la fecha en que concluyó la relación laboral, pues ambas partes aceptan que el quince de mayo de dos mil seis fue cuando aconteció la baja…

…Ahora bien, con relación a la segunda pregunta, referente a la notificación o conocimiento por parte del actor de la fecha  en que concluyó la relación laboral, en autos se encuentra plenamente demostrado, que por lo menos desde el dieciocho de mayo de dos mil seis… se enteró que estaba dado de baja del cargo que desempeñaba en el Instituto Federal Electoral.

En tal virtud, si con dicha baja el enjuiciante fue separado del cargo que hasta entonces venía desempeñando, con la consecuente afectación de la relación laboral y, por ende, de sus derechos derivados de esa relación, es patente que a partir de ese momento estaba en aptitud de ejercer la acción correspondiente dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que conoció de la baja…”

 

POR CUANTO HACE AL CAPÍTULO DE “PRESTACIONES”, SE CONTESTA:

 

A).- Es improcedente la acción y carece de derecho la actora para solicitar de nuestro representado el reconocimiento de antigüedad de la relación laboral que existió entre el INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL y la suscrita C. MARÍA ELIZABETH ANAYA LECHUGA, con motivo del Formato Único de Movimiento y/o Constancia de Nombramiento expedido a su favor, en donde el primero le asignó a esta última el puesto de TÉCNICO EN PROCESO ELECTORAL/CF-42032/27ZA, desde el 16 de marzo de 2000 hasta el 15 de agosto de 2007, puesto que el organismo electoral a través de la emisión de la Hoja Única de Servicios que entregó a la actora (misma que exhibe como prueba de su parte), reconoció el tiempo de servicios que la C. Anaya Lechuga prestó para el organismo electoral, documental que se encuentra debidamente firmada y sellada, por lo cual tiene los elementos necesarios para que sea válida y cumpla sus objetivos como lo es el demostrar el tiempo de servicios en la institución y para efectos de que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado otorgue las prestaciones que le correspondan, por tanto, no puede ser condenado nuestro representado a un hacer que ya efectuó.

 

B).- Es improcedente la acción y carece de derecho la actora para demandar de nuestro representado el pago de la prima de antigüedad a razón de 12 días de salario integrado por cada año de servicios prestados, en términos de lo previsto por el artículo 142, fracción XIV, en correlación con el diverso 216, fracción IX, del Estatuto; Punto octavo del Acuerdo número JGE/61/99 de la Junta General Ejecutiva; artículos 158, 156, 162 y 516 de la Ley Federal del Trabajo, en primer lugar como se hizo valer en el Capítulo de Cuestión Previa, el actor ejercitó su infundada acción fuera del plazo previsto en el artículo 96, numeral 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

 

En segundo lugar, deviene improcedente e infundado el reclamo de la prestación que la actora señala, pues los servidores del Instituto, no tienen derecho al pago de esta prestación sólo para el caso de que la conclusión de la relación laboral se deba a renuncia voluntaria del servidor, por tanto, al no contemplarse éste para el personal administrativo, ni se trata de una conclusión de la relación por enfermedad o accidente de trabajo sino derivado de la declaración de invalidez determinado por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y que para enfrentar casos como el que nos ocupa, se encuentra previsto desde el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 208, numeral 1, que todo el personal del Instituto será considerado de confianza y quedará sujeto al régimen establecido en la fracción XIV del apartado “B” del artículo 123 de la Constitución, lo que trajo como consecuencia que la actora desde el momento en que comenzó a presentar algún padecimiento estuviera en aptitud de acudir ante el ISSSTE para ser atendida y valorada, y que en su momento a partir del año 2003 se le otorgaran repetidas incapacidades médicas, por tanto, la responsabilidad de cubrir alguna cantidad recae en el Instituto de Seguridad Social referido, pues a ese se le cubren las aportaciones del patrón y del servidor para cubrir dichas eventualidades, en consecuencia, el Instituto demandado ha cumplido con las obligaciones contraídas con la actora, tan es así que le expidió la Hoja Única de Servicios, y reconoció la antigüedad que generó a su servicio, para efectos de que el ISSSTE le cubra las prestaciones a que tiene derecho, siendo ello una cuestión ajena a nuestro representado, lo que no puede ser ahora atribuible a este y obligarlo a pagar cantidades que no se encuentran previstas para el personal administrativo que por cuestiones de declaraciones de invalidez, se tenga la obligación de darla de baja.

 

Asimismo, se reitera que la actora no tiene derecho a pago alguno, pues se reitera que sus funciones que desempeñó al servicio del Instituto fueron de confianza y no así de base, circunstancia que hace inexistente cualquier reclamo al respecto, tal y como lo establece la tesis que a continuación se transcribe:

 

“CONFIANZA, TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, NO TIENEN DERECHO A PRIMA DE ANTIGÜEDAD.” (Se transcribe).

 

No debe pasar inadvertido, que la actora pretende de manera infundada se apliquen normas sustantivas de la Ley Federal del Trabajo, que rigen exclusivamente para los trabajadores a que hace alusión el artículo 123, apartado A constitucional, tales como disposiciones de preferencia para los trabajadores de planta en base a lo que establezca el contrato colectivo de trabajo o bien siguiendo las disposiciones del artículo 156 de la mencionada ley reglamentaria y el pago de una prima de antigüedad, para empleados de planta, lo que hace improcedente su reclamación, puesto que no puede aplicarse en forma supletoria, normas sustantivas que harían se implementaran nuevas figuras no previstas y que es claro, que si bien las normas que rigen el derecho del trabajo son de tipo social, en esas no pueden afectarse derechos en este caso de nuestro representado, pues de ser así se violaría su esfera jurídica en su carácter de parte en un juicio y de patrón, además, de que por su calidad de organismo público autónomo su reglamentación laboral es distinta a la consignada en la Ley Federal del Trabajo.

 

En efecto, sólo pueden aplicarse en forma supletoria disposiciones adjetivas, en cuanto no contravengan las disposiciones que rigen en el Instituto, por tanto si el Código Electoral ni el Estatuto refieren el pago de la prima de antigüedad hace improcedente su reclamación.

 

En ese orden de ideas, al ser inaplicables los preceptos que cita, se niega que tenga derecho al pago de esta prestación que reclama, a pesar se ello y no existir fundamento legal aplicable, y ad cautelam, para el indebido caso de que esta Sala Superior le conceda razón, no que no debe de perderse de vista que las normas y derechos laborales en materia electoral son distintos al régimen laboral que encuadra en el apartado A del artículo 123 constitucional; que en el caso que nos ocupa, no es posible se aplique una supletoriedad que implica la creación de nuevas figuras; independientemente de ello, sin conceder ni reconocer, debe estarse al tope máximo establecido en los artículos 162, fracción II y 486 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria, que dispone que para determinar las indemnizaciones a que se refiere este título, si el salario que percibe el trabajador excede del doble del salario mínimo del área geográfica de aplicación a que corresponda el lugar de prestación del trabajo, se considerara esa cantidad como salario máximo, por lo que deberá determinarse ese tope para el pago de la prima de antigüedad, tomando en cuenta que comenzó a prestar sus servicios el 16 de marzo de 2000 y concluyó el 15 de agosto de 2007, es decir, siete años, cuatro meses, veintinueve días; en todo caso, debe estarse al monto del salario mínimo vigente en esta última fecha, pues de tomarse el salario que se prevé en el Acuerdo de la Junta General Ejecutiva Número JGE61/99 se estaría condenando sobre la base de supuestos inaplicables, ya que ese Acuerdo es aplicable para el caso de que el personal del Instituto renuncie, no cuando la conclusión de la relación laboral sea por causas diversas y que de aplicarse ese Acuerdo, la determinación sería contraria a derecho y se estaría causando perjuicio al patrimonio del Instituto, que sin pasar desapercibido proviene del erario federal.

 

A ese respecto, se solicita a ese H. Tribunal su criterio emitido en la resolución pronunciada en el diverso juicio número SUP-JLI-8/2008, promovido por el C. DANIEL TECAYEHUATL RAMÍREZ, la cual en su parte conducente indica que:

 

“…Para el cálculo del importe que corresponde al actor por concepto de prima de antigüedad, debemos tomar en consideración que de conformidad con el artículo 162, fracción II de la Ley Federal del Trabajo, para determinar el monto del salario con base en el cual se debe cubrir esa prestación, se debe atender a lo dispuesto por los artículos 485 y 486 de la propia ley, los cuales disponen, que esa cantidad no podrá ser inferior al salario mínimo, pero si el salario que percibe el trabajador excede del doble del salario mínimo del área geográfica de aplicación que corresponda al lugar de prestación del trabajo, se considerará esa cantidad como salario máximo para realizar la cuantificación correspondiente.

Sin embargo, toda vez que la cantidad mencionada excede de $99.00 doble del salario mínimo general vigente en febrero de dos mil ocho en la Zona Geográfica “C”, en la cual se ubica el Estado de Puebla, donde el actor prestaba sus servicios, este último monto debe tomarse como base para el pago de la prima de antigüedad…”

 

Asimismo, en el supuesto de que se pretenda aplicar el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, deberá tomarse en cuenta lo establecido en la fracción III, que establece otro límite, puesto que sólo se cubre éste para los trabajadores que se separen voluntariamente siempre y cuando tengan más de 15 años de servicios, supuesto que no cumple la actora.

 

Además de que dicho sea de paso, en el caso que nos ocupa resulta inaplicable el término previsto en el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo que la actora invoca, pues ello, nada más sería factible en el supuesto que existiera controversia en el reconocimiento de la antigüedad que hiciera mi representado, y la actora no ha hecho manifestación al respecto, e incluso, sus argumentos coinciden con el período en que el Instituto Federal Electoral recibió sus servicios, y tampoco es aplicable ese plazo de prescripción si tomamos en cuenta lo manifestado en Cuestión Previa y la jurisprudencia citada, aplicable supletoriamente.

 

C).- Es improcedente la acción y carece de derecho la actora para reclamar del Instituto Federal Electoral el “…reconocimiento de legítimo derecho de la promovente… para ejercitar la acción intentada”, por las consideraciones vertidas anteriormente, toda vez que el Instituto ya reconoció la antigüedad que generó la actora a su servicio, pero eso no implica que reconozca una demanda que se presentó con poste100rioridad al lapso previsto en el artículo 96 numeral 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impug300nación en Materia Electoral; su acción es extemporánea, además de no encontrarse legitimada para pretender se aplique a su favor la Ley Federal del Trabajo.

 

Por otro lado, en todo caso sería a esa autoridad jurisdiccional a quien corresponde y no a nuestro representado el determinarlo, sin perder de vista que para que pueda actualizarse este debería de estar establecido en la ley y en las disposiciones aplicables a las relaciones de trabajo. Estando en consecuencia imposibilitado para reconocer el órgano electoral lo que pretende, lo cual de ninguna manera es una “prestación”, prevista en nuestra legislación aplicable ni mucho menos está previsto el plazo de la misma con un salario integrado que como ha quedado demostrado, sólo aplica para el supuesto de renuncia.

 

POR CUANTO HACE AL CAPÍTULO DE “HECHOS, SE CONTESTA”

 

1.- El hecho señalado por la actora en el correlativo que se contesta es cierto, toda vez que, la hoy actora ingresó a prestar sus servicios para este organismo electoral, el día 16 de marzo de 200 (sic), asignándosele la categoría de Secretaria de Procesos Electorales “B”, con el nivel 27, adscrita a la Junta Local Ejecutiva en el Distrito Federal.

 

2.- y 3.- Los hechos señalados por la actora en los correlativos que se contestan son parcialmente falsos y por lo tanto se niegan, lo cierto que la relación jurídica que unía a la hoy actora y a nuestro representado concluyó con motivo de la determinación del ISSSTE de declarar la invalidez de la actora, por tanto el organismo electoral se vio en la necesidad de darla de baja el 15 de agosto del año próximo pasado, por causas no imputables al organismo electoral. En el entendido que la hoy actora percibió como último sueldo neto quincenal la cantidad de $1,143.80 pesos, lo que se comprobará con las nóminas de pago respectivas, que en el momento procesal oportuno serán ofrecidas.

 

Siendo verdad que la baja de María Elizabeth Anaya Lechuga se efectuó el 15 de agosto de 2007, con motivo de la declaración de invalidez dictaminada por el ISSSTE.

 

Pero por otro lado, no es un hecho atribuible a mi representado que la actora indique que el 4 de junio de 2007 el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado por conducto del Comité de Medicina del Trabajo aprobó el dictamen de invalidez, por tanto se niega.

 

Respecto a que el Instituto Federal Electoral demandado conoció del contenido del oficio DPSHT/GHZ/2483/07 el día 25 de junio de 2007, es falso y se niega, correspondiendo a la actora acreditar sus afirmaciones con fundamento en lo establecido en el numeral 2, del artículo 15 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

 

Y por último, el Instituto Federal Electoral procedió a la baja de la actora por invalidez, como se lo ordenó el ISSSTE, cumpliendo con los procedimientos y trámites administrativos necesarios, que dieron lugar posteriormente, a la emisión de la Hoja Única de Servicios, en la cual el organismo demandado reconoció el tiempo de servicios de la actora.

 

4.- El hecho señalado por la actora en el correlativo que se contesta, no incluye hechos atribuibles a nuestro representado y por tanto se niega, pues es claro que versa sobre manifestaciones unilaterales y subjetivas de la parte actora, e incluso, respecto cuestiones de derecho, sobre las cuales se niega su aplicabilidad.

 

Y a efecto, de evitar repeticiones inútiles, se solicita se tengan por reproducidas las manifestaciones vertidas en los Capítulos de Cuestión Previa y de Prestaciones, ya que se insiste que el reconocimiento de la antigüedad que generó la actora al servicio de nuestro representado ya fue reconocida e inclusive aceptada por la actora. Además, que el resto de sus pretensiones son infundadas y se ejercitaron de manera extemporánea, y que si bien es cierto que el Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral, que regula las relaciones laborales del Instituto con su personal no establece el derecho de percibir el pago de antigüedad al personal que sea separado con motivo de una declaración por invalidez por parte del ISSSTE, que la actora durante todo el tiempo de prestación de servicios, se desempeñó en cargo de confianza y que por lo que hace al pago de la prima de antigüedad se contempla en la Ley Federal del Trabajo para personal de base, disposición que no puede hacerse extensiva a la ahora reclamante, porque sería ir más allá del sentido de la norma y de la intención del legislador.  A ese respecto, no debe pasar desapercibido el reconocimiento que realiza la actora en el tercer párrafo del numeral que ahora se contesta, pues al indicar que “…si bien en esta disposición no se encuentra de manera expresa y específica preceptuado el pago de la prestación que se trata…”, entonces es de su conocimiento la disposición estatutaria a sus alcances.

 

Por otro lado, es oportuno dejar en claro que de ninguna manera se admite que las normas que contempla el Estatuto electoral en cita, abra posibilidades, como de manera infundada y errónea manifiesta la impetrante, pues si esa intención se tuviera, más bien, se dejaría a la consideración de cualquier persona el otorgamiento de derecho u obligaciones, pue3

se debe atender a lo escrito.

 

Por otro lado, se reitera que es inaplicable al caso que nos ocupa el contenido del Acuerdo JGE61/99, pues ese norma el pago de la compensación por término de la relación laboral al personal que por renuncia deja de prestar sus servicios para el Instituto Federal Electoral, no para cualquier otro tipo de terminación de la relación.

 

A ese respecto, se solicita a esta Autoridad jurisdiccional tome en consideración su criterio emitido en la resolución emitida el 18 de marzo del año en curso, en el juicio número SUP-JLI-2/2008, promovido por el C. JUAN MIGUEL CASTRO RENDÓN, la que en su parte conducente establece:

 

…”En el caso que nos ocupa, es posible advertir que el Instituto Federal Electoral, en su acuerdo JGE/61/99 de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral por el cual se aprueban los lineamientos y procedimientos para el pago de compensación por término de la relación laboral al personal que por renuncia deja de prestar sus servicios en el propio organismo; disminuyó la antigüedad a cubrir para generar el derecho al pago de esa prestación, al señalar que es aplicable a todo el personal que renuncie voluntariamente a la relación jurídico-laboral, de plaza presupuestal de nivel operativo, enlace, mando medio y mando superior, con una antigüedad de un año o más, a la fecha de la renuncia

En ese orden de ideas, al otorgar el pago de la prima de antigüedad por renuncia, con una menor cantidad de años de servicios, resulta indefectible que estamos en presencia de una prestación de carácter extralegal para el personal que no reúne la antigüedad a que se refiere la Ley Federal del Trabajo.

 

Por tanto, al estar en presencia de un beneficio que no emana directamente de la ley laboral, para el otorgamiento de sus beneficios es necesario atender estrictamente a lo establecido en el convenio laboral respectivo, por lo que no es posible imponer al patrón cargas superiores a las expresamente acordadas…”

 

Asimismo, se solicita a esa Autoridad jurisdiccional atienda que al hacer una valoración del Acuerdo JGE/61/99 que infundadamente invocada por la impetrante no debe considerarse evidenciado algo que exceda de lo expresamente consignado en él, criterio que se encuentra contenido en la tesis de jurisprudencia S3ELJ45/2005 consultable en las páginas 253 y 254 de la compilación oficial “Jurisprudencia y Tesis Relevantes”, tomo Jurisprudencia, la que reza al tenor siguiente:

 

“PRUEBAS DOCUMENTALES. SUS ALCANCES.” (Se transcribe).

 

Y por último, se insiste que el plazo previsto en el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo invocado por la actora, resulta inaplicable, ya que sólo se aplica para el caso de que exista controversia en cuanto al reconocimiento de la antigüedad, lo que en la especie, no se surte, pues el Instituto ya reconoció sus años de servicios generados por la actora y ella incluso la reitera en su escrito de demanda; además de que en la materia que nos ocupa, el servidor cuenta con 15 días hábiles, para ejercitar sus acciones, de conformidad con lo previsto por el artículo 96, numeral 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; dicho plazo corre a partir de que se tiene conocimiento de la baja porque de otra forma no se podría computar el término de prescripción ni puede estar dicho plazo sujeto a que el Instituto Federal Electoral niegue la procedencia del pago de la prima de antigüedad, porque sería tanto como añadir una condición suspensiva a la prescripción y caducidad, condición suspensiva que no está prevista en la ley.

 

QUINTO. Audiencia. A las once horas del once de junio de dos mil ocho, tuvo verificativo la audiencia de conciliación, admisión y desahogo de pruebas y alegatos, quedando el asunto en estado de resolución.

 

C O N S I D E R A N D O :

 

PRIMERO. Competencia. La Sala Superior es competente para conocer del presente juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Federal Electoral y sus servidores, en términos de lo dispuesto en los artículos 99, párrafo cuarto, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso e) y 189, fracción I, inciso h), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 3, párrafo 2, inciso e), 4 y 94, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

 

En el caso, se surte la competencia al tratarse de la controversia planteada por María Elizabeth Anaya Lechuga, quien manifiesta se desempeñó como Técnico en Proceso Electoral  y reclama el pago de la prima de antigüedad.

 

SEGUNDO. Análisis de la cuestión previa aducida por la parte demandada. Se estudia en primer término la excepción opuesta por el Instituto demandado en el sentido de que la demanda fue presentada de manera extemporánea, toda vez que por su naturaleza de carácter perentorio, tiende a destruir la acción intentada y de ser procedente tornaría innecesario estudiar la procedencia de las pretensiones de la actora.

 

Así, el Instituto refiere que si la relación laboral concluyó el quince de agosto de dos mil siete, al presentarse la demanda el seis de mayo de dos mil ocho, ya había transcurrido el plazo de quince días que señala el artículo 96, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

 

Tal argumento deviene infundado atento a las siguientes consideraciones:

 

Para la presentación de la demanda en los juicios para dirimir los conflictos o diferencias laborales de los servidores del Instituto Federal Electoral, el artículo 96, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, contempla el plazo en que debe hacerse, en los siguientes términos:

 

Artículo 96.

1. El servidor del Instituto Federal Electoral que hubiese sido sancionado o destituido de su cargo o que considere haber sido afectado en sus derechos y prestaciones laborales, podrá inconformarse mediante demanda que presente directamente ante la Sala Superior del Tribunal Electoral, dentro de los quince días hábiles siguientes al en que se le notifique la determinación del Instituto Federal Electoral.

 

Sobre esta base, en el presente caso, el término de quince días previsto en el artículo 96, apartado 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se debe computar a partir del día siguiente a aquel en que el actor haya sido notificado o haya tenido conocimiento del acto que genera la afectación de sus derechos laborales.

 

En el caso que se analiza, si bien es cierto que la relación de trabajo concluyó el quince de agosto de dos mil siete, como consecuencia del dictamen de invalidez emitido por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, debemos advertir que no obra en autos manifestación o signo inequívoco de que el Instituto Federal Electoral haya negado a la trabajadora el pago de la prima de antigüedad, por lo que resulta evidente la falta de actualización de una afectación a los derechos laborales de María Elizabeth Anaya Lechuga, a partir de la cual sea posible computar el plazo para la presentación de la demanda.

 

Luego, no se encuentra acreditado que con fecha anterior a la presentación de la demanda, el Instituto se haya negado a cubrir la prestación reclamada por la accionante, ni la existencia de algún acontecimiento acaecido en una fecha precisa que evidencie el momento a partir del cual esa prestación se tornó  exigible.

 

TERCERO. Fijación de la litis. De la lectura del escrito de demanda, se advierte que la enjuiciante reclama las siguientes prestaciones:

 

a).- Reconocimiento de antigüedad de la relación laboral que existió entre el INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL y MARÍA ELIZABETH ANAYA LECHUGA.

 

b).- El pago de la prima de antigüedad a razón de doce días de salario integrado por cada año de servicios.

 

c).- Reconocimiento de legítimo derecho de la promovente para ejercitar la acción intentada.

 

Como se advierte, la pretensión final de la actora es el pago de la prima de antigüedad, en tanto que el reconocimiento de la antigüedad y del legítimo derecho para ejercitar la acción, constituyen presupuestos para la procedencia del primer concepto.

 

Al respecto, el Instituto demandado se excepciona afirmando en su escrito de contestación a la demanda, que la trabajadora, como parte del personal administrativo, no tiene derecho al pago de la prima de antigüedad, por no estar reconocida en el Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral, además que no reúne los quince años de servicios a que se refiere el artículo 162, de la Ley Federal del Trabajo.

 

Bajo esa tesitura, la litis se centra en determinar si es procedente o no el pago de la prima de antigüedad.

 

CUARTO. Estudio de fondo. En principio, debemos puntualizar que, contrario a lo sostenido por el Instituto demandado, el personal administrativo si tiene derecho al pago de la prima de antigüedad, atento a las siguientes consideraciones:

 

En principio, debemos destacar el contenido de los artículos 172, apartado 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 142, fracción XIV, 216, fracción XI y 227, del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral y 162, de la Ley Federal del Trabajo, que son del tenor siguiente:

 

Artículo 172. 1. El personal que integre los Cuerpos del Servicio Profesional Electoral y las ramas administrativas del Instituto, será considerado de confianza y quedará sujeto al régimen establecido en la fracción XIV del apartado "B" del artículo 123 de la Constitución.

Articulo 142. Son derechos del personal de carrera los siguientes:

XIV. Recibir la prima vacacional y de antigüedad en los términos que establezca la legislación aplicable;

 

Articulo 216. Son derechos del personal administrativo del Instituto:

XI. Las demás que establezca el Estatuto, la legislación aplicable y los que apruebe la Junta

 

Articulo 227. La antigüedad es el tiempo de servicio a la Institución y el tiempo de cotización al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado del personal administrativo; se excluye a los trabajadores auxiliares.

 

Artículo  162. Los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad, de conformidad con las normas siguientes:

 

I. La prima de antigüedad consistirá en el importe de doce días de salario, por cada año de servicios;

 

II. Para determinar el monto del salario, se estará a lo dispuesto en los artículos 485 y 486;

 

III. La prima de antigüedad se pagará a los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo, siempre que hayan cumplido quince años de servicios, por lo menos. Asimismo se pagará a los que se separen por causa justificada y a los que sean separados de su empleo, independientemente de la justificación o injustificación del despido;

 

IV. Para el pago de la prima en los casos de retiro voluntario de los trabajadores, se observarán las normas siguientes:

 

a) Si el número de trabajadores que se retire dentro del término de un año no excede del diez por ciento del total de los trabajadores de la empresa o establecimiento, o de los de una categoría determinada, el pago se hará en el momento del retiro.

 

b) Si el número de trabajadores que se retire excede del diez por ciento, se pagará a los que primeramente se retiren y podrá diferirse para el año siguiente el pago a los trabajadores que excedan de dicho porcentaje.

 

c) Si el retiro se efectúa al mismo tiempo por un número de trabajadores mayor del porcentaje mencionado, se cubrirá la prima a los que tengan mayor antigüedad y podrá diferirse para el año siguiente el pago de la que corresponda a los restantes trabajadores;

 

V. En caso de muerte del trabajador, cualquiera que sea su antigüedad, la prima que corresponda se pagará a las personas mencionadas en el artículo 501; y

 

VI. La prima de antigüedad a que se refiere este artículo se cubrirá a los trabajadores o a sus beneficiarios, independientemente de cualquier otra prestación que les corresponda.

 

De la lectura de los numerales transcritos, es posible realizar las siguientes afirmaciones:

 

a).- El personal del Instituto Federal Electoral es considerado de confianza.

 

b).- La antigüedad es el tiempo de servicio a la Institución y el tiempo de cotización al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado del personal administrativo.

 

c).- Todos los trabajadores del Instituto, con excepción de los auxiliares, generan antigüedad.

 

d).- El personal de carrera tiene derecho al pago de prima de antigüedad.

 

e).- El personal administrativo tiene todos los derechos que establece el Estatuto, la legislación aplicable y los que aprueba la Junta.

 

Acorde a lo anterior, es posible sostener que el reconocimiento de la antigüedad generada constituye un derecho de los trabajadores y su regulación necesariamente obedece a una finalidad, pues de lo contrario sería ocioso que ésta se contemplara como un derecho.

 

En efecto, la antigüedad se prevé como un requisito que debe cubrirse por el personal administrativo, para estar en condiciones de obtener algún asenso o promoción, en los casos en que así se exige en el Estatuto, sin embargo, no puede estimarse que esa sea la única finalidad de su regulación, pues en toda la legislación existente en materia laboral, tal concepto se establece con el principal objeto de que el tiempo laborado cuente para efectos del pago de la prima de antigüedad que se confiere a los trabajadores cuando se da por concluida la relación que les unía con la parte patronal.

 

La circunstancia de que en el Estatuto sólo se contemple en forma expresa el pago de una prima de antigüedad para el personal de carrera, no puede dar lugar a concluir que el personal administrativo no tiene derecho a que le sea cubierta, ya que las disposiciones concernientes a los derechos de los trabajadores, no pueden ser interpretados en forma restrictiva; toda vez que, no existe disposición expresa que excluya al personal administrativo del derecho a percibir la prestación de mérito, sino por el contrario el artículo 216 del Estatuto que regula los derechos de esta clase de servidores, en su fracción XI, dispone que serán derechos del personal administrativo, los demás que establece el Estatuto, la legislación y los que apruebe la Junta.

 

Aunado a lo anterior, es importante destacar que de los artículos transcritos en párrafos precentes, es posible advertir que por derecho la prima de antigüedad se paga a los trabajadores que se encuentren en alguna de las hipótesis que a continuación se describe:

 

a).- Se separen voluntariamente del empleo y cuenten con quince años de servicios o más,

 

b).- Los que se separen justificadamente, y

 

c).- Los que sean separados de su empleo con independencia de la injustificación o justificación del despido.

 

Acorde a lo anterior, es posible aseverar que el plazo de quince años de servicios sólo se exige a los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo, pero no a los que se separen por causa justificada o injustificada.

 

En la especie, María Elizabeth Anaya Lechuga fue separada de su empleo en el Instituto Federal Electoral con motivo del dictamen de invalidez emitido por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, circunstancia que de modo alguno puede estimarse como una separación voluntaria, porque el retiro no depende de la voluntad del trabajador sino de su imposibilidad para laborar y, entonces, sólo puede estimarse que la separación fue por causa justificada, consistiendo dicha causa precisamente en la invalidez decretada por el referido Instituto.

 

Luego, resulta indefectible que no es necesario que la trabajadora tuviera quince años de servicios para tener derecho a la prima de antigüedad, como pretende el demandado.

 

Corrobora la anterior conclusión el contenido de los artículos 53, fracción IV y 54, de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria.

 

Artículo  53. Son causas de terminación de las relaciones de trabajo:

 

…IV. La incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta del trabajador, que haga imposible la prestación del trabajo; y…

 

Artículo  54. En el caso de la fracción IV del artículo anterior, si la incapacidad proviene de un riesgo no profesional, el trabajador tendrá derecho a que se le pague un mes de salario y doce días por cada año de servicios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 162, o de ser posible, si así lo desea, a que se le proporcione otro empleo compatible con sus aptitudes, independientemente de las prestaciones que le correspondan de conformidad con las leyes.

 

Acorde a lo dispuesto por los citados numerales, es posible inferir que cuando un trabajador se encuentra imposibilitado física o mentalmente para continuar prestando sus servicios al patrón, como en el caso el actor con motivo de la invalidez dictaminada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, tiene derecho al pago de la prima de antigüedad consagrada en el artículo 162, de la Ley Federal del Trabajo.

 

Ilustra lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia 427, de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 351, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 19717-2000, Tomo V, Materia de Trabajo, Sección Jurisprudencia, que es del tenor siguiente:

 

PRIMA DE ANTIGÜEDAD, PAGO DE LA, POR INCAPACIDAD PERMANENTE (PARCIAL O TOTAL) DEL TRABAJADOR, PROVENIENTE DE UN RIESGO DE TRABAJO.- Como en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo de 1970, no existe disposición alguna que contemple la terminación de la relación laboral por incapacidad del trabajador proveniente de un riesgo de trabajo, resulta incuestionable en virtud de que es principio general de derecho, de justicia social y de los que animan a los ordenamientos a que se refiere el artículo 17 de dicha ley, que el mismo caso se considere regulado, no sólo por analogía, sino también por mayoría de razón, de conformidad con lo establecido por los artículos 53, fracción IV y 54 de la mencionada ley, debiendo concluirse que si la incapacidad del trabajador proviene de un riesgo de trabajo que haga imposible la prestación del mismo y, consiguientemente, que es causa de la terminación de la relación laboral, el trabajador tendrá derecho a que se le pague, además de la indemnización que le corresponda por la incapacidad permanente (parcial o total) que padezca, el importe de doce días de salario por cada año de servicios, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 162 de que se trata; es decir, a la prima de antigüedad a que se contrae la fracción I del referido precepto legal.

 

Una vez determinado que el personal administrativo y los trabajadores que causan baja por invalidez en el Instituto Federal Electoral tienen derecho al pago de la prima de antigüedad, debemos precisar que la actora pretende el pago de esa prestación con base en salario integrado, como lo establece el Acuerdo JGE/61/99 de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, que en la parte conducente señala:

 

CUARTO.- EL PAGO DE LA COMPENSACIÓN MATERIA DEL PRESENTE ACUERDO, SE HARÁ  EXTENSIVO A AQUELLOS SERVIDORES DEL INSTITUTO FEDERAL QUE COMO CONSECUENCIA DE UNA REESTRUCTURACIÓN O REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA QUE IMPLIQUE SUPRESIÓN O MODIFICACIÓN DE ÁREAS DENTRO DE ESTE INSTITUTO O EN SU ESTRUCTURA OCUPACIONAL, QUEDEN SEPARADOS DEL MISMO, DEBIENDO OBSERVARSE LO DISPUESTO POR EL ESTATUTO DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL Y DEL PERSONAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL CON RELACIÓN A ESTE PUNTO. ASIMISMO, PARA AQUELLOS SERVIDORES QUE POR LOS MOTIVOS ANTERIORMENTE SEÑALADOS PASEN A OCUPAR UNA PLAZA DE MENOR NIVEL SALARIAL A LA QUE VENÍAN DESEMPEÑANDO, PREVIO SU CONSENTIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE SU NUEVA CONDICIÓN LABORAL, TENDRÁN DERECHO AL PAGO DE UNA COMPENSACIÓN EXTRAORDINARIA POR ÚNICA VEZ EN LOS TÉRMINOS DE LOS LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS DEL PRESENTE ACUERDO, EN CUYO CASO EL PAGO SE HARÁ EXCLUSIVAMENTE PARA CUBRIR LA DIFERENCIA SALARIAL RESULTANTE ENTRE LA PLAZA OCUPADA Y LA QUE VAYA A DESEMPEÑAR; DICHA DIFERENCIA SERVIRÁ DE BASE PARA DETERMINAR EL PAGO CORRESPONDIENTE.

 

QUINTO.- TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE EL OBJETO DE ESTE ACUERDO ES OTORGAR UNA COMPENSACIÓN POR TERMINO DE LA RELACIÓN LABORAL AL PERSONAL QUE POR RENUNCIA DEJA DE PRESTAR SUS SERVICIOS AL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, EN ATENCIÓN A LAS CARGAS DE TRABAJO, EL DESEMPEÑO MOSTRADO EN EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES Y EL TIEMPO EFECTIVAMENTE LABORADO AL SERVICIO DE ESTE INSTITUTO, SERÁ UN REQUISITO INDISPENSABLE PARA EL OTORGAMIENTO DE DICHA COMPENSACIÓN, LA RECOMENDACIÓN QUE RESPECTO DE SU PAGO, FORMULE EL SUPERIOR JERÁRQUICO QUE TENGA A SU CARGO EL ÁREA A LA QUE ESTABA ADSCRITO EL SERVIDOR DE QUE SE TRATE.

 

SEXTO.- BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PODRÁ OTORGAR LA COMPENSACIÓN MATERIA DEL PRESENTE ACUERDO A AQUELLOS SERVIDORES QUE DEJEN DE PRESTAR SUS SERVICIOS AL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR OTROS MOTIVOS DIVERSOS A LA RENUNCIA O AQUELLOS QUE EXPRESAMENTE SE SEÑALAN EN LOS LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE APRUEBAN, QUEDANDO EXPRESAMENTE EXCLUIDOS DE ESTE BENEFICIO AQUELLOS SERVIDORES QUE A LA FECHA DE SU RENUNCIA, TERMINACIÓN DE SU RELACIÓN CONTRACTUAL O SEPARACIÓN CON MOTIVO DE REESTRUCTURA O REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA, TENGAN PROMOVIDA EN CONTRA DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL ALGUNA CONTROVERSIA DE CARÁCTER JUDICIAL.

 

SÉPTIMO.- EL DERECHO PARA RECLAMAR EL PAGO DE LA COMPENSACIÓN POR TÉRMINO DE LA RELACIÓN LABORAL OBJETO DEL PRESENTE ACUERDO, PRESCRIBIRÁ DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HAYA SURTIDO EFECTOS EL ESCRITO DE RENUNCIA CORRESPONDIENTE, O SE HAYA DETERMINADO LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL, O SE HAYA VERIFICADO LA SEPARACIÓN DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL COMO CONSECUENCIA DE LA REESTRUCTURA O LA REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA.

 

NORMAS

- Al personal con plaza presupuestal del nivel 14 al 27-C con renuncia voluntaria a la relación jurídico-laboral del Instituto se le otorgará el finiquito, con salario integrado equivalente a 3 meses más 12 días por cada año trabajado por concepto de prima de antigüedad.

 

POLÍTICAS

- Le será aplicable a todo el personal que renuncie voluntariamente a la relación jurídico-laboral, de plaza presupuestal de nivel operativo, enlace, mando medio y mando superior, con una antigüedad de un año o más, a la fecha de la renuncia.

 

De lo establecido por el Acuerdo, es posible determinar que contempla el pago de la prima de antigüedad con base en un salario superior al establecido en la Ley Federal del Trabajo, esto es, con salario integrado y no con el doble del salario mínimo; además, disminuye la antigüedad a cubrir para generar el derecho al pago de la prima de antigüedad, al señalar que es aplicable a todo el personal que renuncie voluntariamente a la relación jurídico-laboral, de plaza presupuestal de nivel operativo, enlace, mando medio y mando superior, con una antigüedad de un año o más, a la fecha de la renuncia; asimismo, hizo extensivo el beneficio al personal con emolumentos de honorarios, con relación contractual con funciones de carácter permanente, con una antigüedad de dos años o más, a la fecha de la separación.

 

Por tanto, resulta indefectible que estamos en presencia de una prestación de carácter extralegal, es decir, se trata de un beneficio que no emana directamente de la ley laboral.

 

Luego, resulta inconcuso que para el otorgamiento de sus beneficios es necesario atender a lo establecido en el convenio laboral respectivo, por lo que no es posible imponer al patrón cargas superiores a las expresamente acordadas.

 

Así, al establecer el acuerdo JGE/61/99, que el derecho para reclamar el pago de la compensación por término de la relación laboral objeto del acuerdo, prescribirá dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que haya surtido efectos el escrito de renuncia correspondiente, resulta indefectible que en el caso que nos ocupa transcurrió en exceso el plazo señalado, en razón de que no obra en autos constancia de la cual se desprenda que la trabajadora dirigió su petición al Instituto en los términos señalados en el Acuerdo.

 

Ahora bien, no debe pasar inadvertido que la prima de antigüedad es un derecho que se genera a favor de los trabajadores y que tiene carácter de irrenunciable, como todos los que otorga la Ley Federal del Trabajo.

 

En ese orden de ideas, la circunstancia de que la actora haya reclamado el pago de la prima de antigüedad en los términos establecidos en el Acuerdo JGE/61/99 y que en el presente juicio se haya determinado que no satisfizo los requisitos establecidos por dicha norma, no puede implicar de modo alguno la pérdida del derecho a la prima de antigüedad regulada en la Ley Federal del Trabajo.

 

Por tanto, si María Elizabeth Anaya Lechuga reclamó el importe de doce días de salario por cada año de servicios prestados, especificando de manera muy precisa las fechas en que inició y concluyó la relación laboral, resuelta inconcuso que tiene derecho al pago de la prima de antigüedad en términos de lo dispuesto por los artículos 162 y 486, de la Ley Federal del Trabajo. El anterior criterio fue sostenido por esta Sala Superior al resolver el juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Federal Electoral y sus servidores SUP-JLI-23/2008, que en la parte conducente resolvió:

 

En el caso en estudio, el accionante nunca manifestó en su escrito de demanda ni aportó algún elemento probatorio, del cual se pudiera advertir que reclamó el pago de la prima de antigüedad, que contempla el citado acuerdo dentro de los treinta días hábiles siguientes al quince de agosto de dos mil siete, fecha en que se cumplió el dictamen de invalidez aprobado por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; circunstancia que se ve corroborada por el Instituto demandado al oponer la excepción de falta de acción y derecho en su escrito de contestación de demanda, de fecha veintiséis de mayo del año en curso, al manifestar que el demandante no cumplió los requisitos exigidos en el acuerdo JGE/61/99.

 

Por tanto, esta Sala Superior considera que el actor, Raúl Magaña Ortíz, no cumplió la exigencia establecida en el artículo siete del citado acuerdo, es decir, haber solicitado que se le pagara dentro de los treinta días posteriores a la fecha en que dejó de prestar sus servicios con el Instituto demandado, razón por la cual no tiene derecho al pago de la prima de antigüedad que reclama, en términos del acuerdo JGE/61/99.

 

En cambio, si procede el pago de la prima de antigüedad, en términos de lo establecido en los artículos 54 y 162 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria, al demandante dado que a la fecha de presentación de la demanda, el nueve de mayo de dos mil ocho, no ha transcurrido el plazo de prescripción de un año que prevé el artículo 516, de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria

 

En ese orden de ideas, si la actora ingresó a trabajar al Instituto Federal Electoral el dieciséis de marzo de dos mil, como lo reconocen ambas partes en el juicio y se acredita con la hoja única de servicios exhibida por la trabajadora, documental que tiene valor probatorio pleno, de conformidad con el artículo 137, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de aplicación supletoria, en tanto la relación de trabajo concluyó el quince de agosto de dos mil siete, resulta inconcuso que tenía una antigüedad de siete años, cinco meses.

 

Para el cálculo del importe que corresponde a la actora por concepto de prima de antigüedad, debemos tomar en consideración que de conformidad con el artículo 162, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, para determinar el monto del salario con base en el cual se debe cubrir esa prestación, se debe atender a lo dispuesto por los artículos 485 y 486 de la propia ley, los cuales disponen, que esa cantidad no podrá ser inferior al salario mínimo, pero si el salario que percibe el trabajador excede del doble del salario mínimo del área geográfica de aplicación que corresponda el lugar de prestación del trabajo, se considerará esa cantidad como salario máximo para realizar la cuantificación correspondiente.

 

Por lo que hace al salario que percibía María Elizabeth Anaya Lechuga, la actora refiere que tenía un salario bruto quincenal de $3,405.66, mientras el Instituto al contestar la demanda refirió que el salario neto era de $1,143.80 a la quincena, sin que se considere que existe discrepancia en tal punto, pues la cantidad que refiere la actora es el ingreso bruto y el Instituto al ingreso neto, cantidades que son correctas según se advierte de las nóminas de pago exhibidas por el Instituto demandado, documentales que tienen valor probatorio pleno, de conformidad con el artículo 137, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, por lo que acreditan que la servidora percibía un salario bruto de $3,405.66 quincenales, esto es, $227.04 diarios.

 

Sin embargo, toda vez que la cantidad mencionada excede de $101.14, doble del salario mínimo general vigente en agosto de dos mil siete en la Zona Geográfica “A”, en la cual se ubica el Distrito Federal, donde la actor prestaba sus servicios, este último monto debe tomarse como base para el pago de la prima de antigüedad.

 

Luego, si la antigüedad por la que se cuantifica tal prestación, es de siete años y cinco meses, de conformidad con el artículo 162, fracción I, de la Ley Federal de Trabajo, por cada año de servicios se pagarán doce días de salario, la trabajadora tiene derecho al pago de 89 días de salario (84 días por los 7 años y 5 días por los cinco meses) que, multiplicados por $101.14, doble del salario mínimo vigente en el Distrito Federal al concluir la relación laboral, dan como resultado un importe de $9,001.46 (nueve mil un pesos con cuarenta y seis centavos), por concepto de prima de antigüedad.

 

En consecuencia, se condena al Instituto Federal Electoral a pagar a María Elizabeth Anaya Lechuga la cantidad de $9,001.46 (nueve mil un pesos con cuarenta y seis centavos), como prima de antigüedad, lo cual deberá hacer a más tardar dentro del plazo de CINCO DÍAS, contados a partir del siguiente a la notificación de la presente resolución, debiendo informar a esta Sala sobre el cumplimiento que haya dado a lo ordenado, dentro de las veinticuatro horas siguientes.

 

Por lo expuesto y fundado, de conformidad con el artículo 106, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se

 

R E S U E L V E:

 

PRIMERO. La actora acreditó parcialmente su acción y el Instituto Federal Electoral no demostró sus excepciones.

 

SEGUNDO. Se condena al Instituto Federal Electoral a pagar a María Elizabeth Anaya Lechuga la cantidad de $9,001.46 (nueve mil un pesos con cuarenta y seis centavos), por concepto de prima de antigüedad, lo cual deberá hacer a más tardar dentro del plazo de CINCO DÍAS, contados a partir del siguiente a la notificación de la presente resolución, debiendo informar a esta Sala sobre el cumplimiento que haya dado a lo ordenado, dentro de las veinticuatro horas siguientes.

 

NOTIFÍQUESE personalmente a la actora y al Instituto Federal Electoral; por estrados a los demás interesados, acorde a lo dispuesto por los artículos 26, párrafo 3, 29 y 106, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 82, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

 

En su oportunidad, archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido.

 

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firmaron los Señores Magistrados integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con ausencia del Magistrado Pedro Esteban Penagos López, ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe.

 

 

MAGISTRADA PRESIDENTA

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN ALANIS FIGUEROA

 

 

 

        MAGISTRADO        MAGISTRADO

 

 

CONSTANCIO CARRASCO            FLAVIO GALVÁN RIVERA

                DAZA     

 

 

 

       MAGISTRADO    MAGISTRADO

 

 

MANUEL GONZÁLEZ   JOSÉ ALEJANDRO LUNA

           OROPEZA         RAMOS

 

 

MAGISTRADO

 

 

 

SALVADOR OLIMPO NAVA GOMAR

 

 

 

 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

 

 

 

        MARCO ANTONIO ZAVALA ARREDONDO