JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL.

 

EXPEDIENTE: SUP-JRC-058/99.

 

ACTOR: PARTIDO DEL TRABAJO.

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO.

 

MAGISTRADA PONENTE: ALFONSINA BERTA NAVARRO HIDALGO.

 

SECRETARIA: ESPERANZA GUADALUPE FARIAS FLORES.

 

 

 México, Distrito Federal, catorce de abril de mil novecientos noventa y nueve.

 

 VISTOS para resolver los autos del juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-058/99, promovido por el Partido del Trabajo, por conducto de Mario Alberto Morales Morales, Maricela Reyes Méndez y Juan González Trujillo, quienes se ostentan como representantes de tal instituto político, en contra de la resolución de dieciséis de marzo de mil novecientos noventa y nueve, dictada por el Tribunal Electoral del Estado de México, dentro del expediente RA/01/99, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por las mencionadas personas; y,

 

 R E S U L T A N D O :

 

 I. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, el veintisiete de febrero del presente año, en sesión ordinaria aprobó el registro del convenio de coalición que celebraron los Partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo, en el acuerdo número quince.

 

 II. Inconformes con tal registro, Renato A. Ceballos Castillo, Mario Alberto Morales Morales, Juan González Trujillo, Maricela Reyes Méndez y Rafael Muciño Peguero, quienes, ostentándose, por un lado, como precandidatos a la Gubernatura del Estado de México; por otro, como dirigentes estatales, municipales y militantes del Partido del Trabajo, interpusieron recurso de apelación ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México.

 

 III. El dieciséis de marzo del año que transcurre, el Tribunal Electoral del Estado de México, desechó el referido recurso de apelación, en el expediente RA/01/99, cuya sentencia, en su parte conducente, es del tenor siguiente:

 

 "II. El artículo 1o. del Código Electoral del Estado de México, establece que sus disposiciones son de orden público y de observancia general en el Estado de México. Por tal motivo, antes de realizar el estudio de fondo de la controversia planteada, se deben analizar las causales de improcedencia que en la especie puedan actualizarse.

 En este sentido, el artículo 332 del código de la materia, en su parte conducente dispone lo siguiente: "Los recursos se entenderán como notoriamente improcedentes y serán desechados de plano por las siguientes causales: "III. Sean promovidos por quien no tenga interés legítimo; VI. No se señalen agravios o los que se expongan, no tengan manifiestamente una relación directa con el auto, resolución o resultado de la elección que se impugna..."

 En el caso que nos ocupa, los promoventes presentaron recurso de apelación ante el Consejo General del Instituto Electoral, señalando los hechos y conceptos de derecho que consideraron pertinentes, pero sin acreditar fehacientemente su interés legítimo, en términos de lo dispuesto por el artículo 305 del código de la materia, que en su parte conducente establece que la interposición de los recursos de apelación corresponde a los partidos políticos a través de sus representantes legítimos, considerándose como tales a los registrados formalmente ante los órganos electorales; los miembros de los comités directivos estatales, distritales o municipales u órganos equivalentes respectivos (en este caso se debe acompañar al escrito inicial del recurso, el documento de su designación); y los que estén autorizados para representarlos mediante mandato otorgado en escritura pública por los funcionarios del partido facultados estatutariamente para ello.

 En este orden de ideas, de las constancias que obran en autos se desprende que los recurrentes no se encuentran registrados ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, ni acreditan la personalidad con la que se ostentan en el presente medio de impugnación. Los documentos que se adjuntan, oficios dirigidos a Mario Alberto Morales y Maricela Reyes Méndez, en su carácter de representantes del Partido del Trabajo ante el Consejo Distrital 08 del Instituto Federal Electoral, se refieren a elecciones federales, celebradas el seis de julio del año de mil novecientos noventa y siete, y no al actual proceso electoral de elecciones para gobernador del Estado de México, así mismo los militantes y precandidatos no se encuentran legitimados por el Código Electoral para promover el recurso de apelación y quienes se dicen dirigentes estatales y municipales no acompañan documentos en el que conste su designación de conformidad con los estatutos correspondientes al Partido del Trabajo. Lo anterior se robustece con lo señalado en el informe circunstanciado presentado ante este Tribunal por el organismo electoral responsable, en donde se manifiesta textualmente que "...los promoventes no tienen acreditada su personalidad ante este órgano electoral."

 Por lo anterior, este organismo de justicia electoral considera que al no estar debidamente acreditada la personería con que se ostentan los recurrentes, debe declararse improcedente el presente medio de impugnación por actualizarse los supuestos del artículo 332, fracción III del Código Electoral del Estado de México.

 III. Por otra parte, del análisis y estudio del expediente y escrito recursal, se advierte así mismo, la inexistencia del acto impugnado, por lo que, en términos del artículo 332, fracción VI, procede igualmente decretarse la improcedencia del recurso de apelación en estudio.

 Los promoventes interpusieron "...recurso de apelación en contra de la resolución emitida por ese H. Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, en sesión ordinaria del día 27 de febrero de 1999, identificada como acuerdo número 16, referente al registro del convenio de coalición que supuestamente celebran los Partidos Políticos de la Revolución Democrática y del Trabajo;..."

 Sin embargo, de las constancias de autos y de las pruebas aportadas por el organismo electoral responsable, se advierte que el citado acuerdo 16, se refiere a la Comisión de Organización y Capacitación del Instituto Electoral del Estado de México, y no al registro del convenio de coalición de los partidos políticos antes citados, ya que este último acto fue aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral mediante el diverso acuerdo número 15.

 Por lo tanto, al no existir una relación directa entre los agravios y el acto impugnado, procede declarar la improcedencia del multicitado recurso de apelación, en términos de lo establecido por el articulo 332, fracción VI, del código de la materia.

 IV. Finalmente, por cuanto corresponde al escrito presentado por los terceros interesados en el presente recurso, este organismo jurisdiccional no hace pronunciamiento alguno, en razón de que al declararse la improcedencia del medio de impugnación intentado, tal situación no les depara agravio alguno."

 

 IV. En desacuerdo con tal determinación, Mario Alberto Morales Morales, Maricela Reyes Méndez y Juan González Trujillo, en su calidad de actores en el recurso de apelación de mérito, ostentándose como representantes del Partido del Trabajo, mediante escritos presentados ante la autoridad responsable, promovieron juicio de revisión constitucional electoral.

 

 V. Por escrito presentado el veinticinco de marzo del presente año, ante el Tribunal responsable comparecieron Oscar González Yáñez y Armando Bautista Gómez, representantes del Partido del Trabajo, en su carácter de tercero interesado, formulando los alegatos que a sus intereses convino.

 

 VI. Oportunamente, el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, turnó el presente expediente a la Magistrada Electoral Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, para la substanciación y elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

 

 VII. Concluida que fue la substanciación del presente juicio, se ordenó formular el proyecto de sentencia; y,

 

 C O N S I D E R A N D O :

 

 PRIMERO. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver el presente asunto, con fundamento a lo dispuesto en los artículos 41, base IV, y 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso b), y 189, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el artículo 87 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un juicio de revisión constitucional electoral, promovido por personas que se ostentan como representantes de un partido político, contra una resolución proveniente de una autoridad electoral de una Entidad Federativa, al resolver una controversia surgida con motivo de los comicios locales.

 

 SEGUNDO. En principio, procede verificar que se hallen colmados los requisitos de procedencia y procedibilidad del juicio de revisión constitucional electoral, contemplados en los artículos 8, 9, párrafo 1 y 86, párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, encontrándose que:

 

 a) El presente medio de impugnación fue promovido oportunamente, dentro del término de cuatro días que establece el artículo 8 de la citada Ley General de la Materia, en razón de que la resolución reclamada les fue notificada a los actores por medio de los estrados del Tribunal el dieciséis de marzo del presente año, y los escritos de demanda que dieron origen al presente juicio, se presentaron el veinte del mismo mes y año.

 

 b) La personería con que se ostentan los promoventes Mario Alberto Morales Morales, Maricela Reyes Méndez y Juan Trujillo González, en principio se encuentra acreditada conforme lo dispuesto por el artículo 88, párrafo 1, inciso b) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en virtud de ser las mismas personas que interpusieron el recurso de apelación identificado con el número RA/01/99, cuya decisión constituye la resolución combatida; sin embargo será cuestión toral resolver en el presente asunto si las anteriores personas, contaban o no, con la personería suficiente para interponer el referido medio de impugnación, a nombre del Partido del Trabajo, por ende, ello será motivo de análisis en el fondo del presente juicio. Es aplicable sobre lo antes determinado, la jurisprudencia 03/99, establecida por esta Sala Superior correspondiente a la Tercera Época, cuyo rubro es: "IMPROCEDENCIA. NO PUEDE DECRETARSE SOBRE LA BASE DE QUE LOS PROMOVENTES CARECEN DE PERSONERÍA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN SU FALTA DE RECONOCIMIENTO.", y que se integró al decidirse el recurso de apelación SUP-RAP-021/98, interpuesto por la Organización Auténtica de la Revolución Mexicana, Agrupación Política Nacional, resuelto por unanimidad de votos el diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y ocho; el recurso de apelación SUP-RAP-003/99, interpuesto por Convergencia Socialista, Agrupación Política Nacional, fallado por unanimidad de votos el doce de marzo del presente año; y el recurso de apelación SUP-RAP-004/99 y acumulado, interpuesto por Convergencia Socialista, Agrupación Política Nacional, decidido por unanimidad de votos el doce de marzo del año que transcurre. El texto de tal jurisprudencia, dice: "No es factible realizar pronunciamiento respecto a la personería de los promoventes, de manera previa al dictado del fallo ni, por ende, examinar la causal de improcedencia que se alegue con apoyo en que aquéllos carecen de la representación necesaria para intentar el medio impugnativo, cuando el acto reclamado consista en la determinación de la autoridad responsable, de no reconocerles la personería que ante ella ostentaron y que pidieron les fuera admitida, ya que emprender el análisis atinente, implicaría prejuzgar sobre la cuestión medular materia de la controversia, que deberá resolverse, en todo caso, al emitirse la sentencia de fondo relativa; amén de que, de declarar la improcedencia pretendida por la indicada causa, habría el impedimento de decidir lo concerniente a la legalidad de ese acto de autoridad, y, como consecuencia, se generaría un estado de indefensión."

 

 c) La resolución impugnada constituye un acto definitivo y firme, al no establecerse dentro del Código Electoral del Estado de México, algún medio de impugnación, a través del cual pudiera ser modificada o revocada.

 

 d) El Partido del Trabajo, manifiesta que se violan, en su perjuicio, diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre cuyo requisito de procedibilidad es dable dejar puntualizado que lo anterior debe entenderse como un requisito formal y no como el resultado del análisis de los agravios propuestos por dicho instituto político en virtud de que ello implica entrar al fondo del juicio antes de su admisión y tramitación. En consecuencia, el requisito en comento debe de estimarse satisfecho cuando, como en caso a estudio, en el juicio de revisión constitucional electoral se hacen valer agravios en los que se exponen razones encaminadas a demostrar la afectación al interés jurídico de los accionantes, puesto que con ello se trata de destacar la violación de los principios de constitucionalidad y legalidad tutelados en los artículos 41, párrafo segundo, fracción IV y 116 párrafo segundo, fracción IV, de la Carta Magna.

 

 Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia J.2/97, sustentada por esta propia Sala, visible en las páginas 158 y 159 del Informe Anual 1996-1997, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tercera Época, cuyo contenido es del tenor literal siguiente: "JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. INTERPRETACIÓN DEL REQUISITO DE PROCEDENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 86, PÁRRAFO 1, INCISO B), DE LA LEY DE LA MATERIA. Lo preceptuado por el artículo 86, párrafo 1, inciso b) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, referente a que el juicio de revisión constitucional electoral sólo procederá contra actos o resoluciones "Que violen algún precepto de la Constitución Política de los estado Unidos Mexicanos", debe entenderse en un sentido formal, relativo a su establecimiento como requisito de procedencia, y no al análisis propiamente de los agravios esgrimidos por el partido impugnante, toda vez que ello supone entrar al fondo del juicio; por lo tanto, dicho requisito debe considerarse que se acredita cuando en el escrito correspondiente se hacen valer agravios debidamente configurados, esto es, que estos precisen claramente los argumentos o razonamientos enderezados a acreditar la afectación del interés jurídico del promovente, derivado de la indebida aplicación o incorrecta interpretación de determinada norma jurídica en el acto o resolución impugnado, por virtud de los cuales se pudiera infringir algún precepto constitucional en materia electoral, toda vez que ello supondría la presunta violación de los principios de constitucionalidad y legalidad electoral tutelados en los artículos 41, párrafo segundo, fracción IV, y 116, párrafo segundo, fracción IV, de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos; o sea, que de los agravios esgrimidos se advierte la posibilidad de que se haya conculcado algún precepto constitucional en la materia, resultando irrelevante que se citen o no los artículos constitucionales presuntamente violados, ya que, de conformidad con el artículo 23, párrafo 3, de la Ley General citada, en la presente vía este órgano jurisdiccional, ante la omisión de los preceptos jurídicos presuntamente violados o su cita equivocada, resuelve tomando en consideración los que debieron ser invocados o los que resultaron aplicables al caso concreto. Por lo anterior, la omisión o cita errónea de los preceptos constitucionales presuntamente violados no tiene como consecuencia jurídica el desechamiento del juicio de revisión constitucional electoral."

 

 e) La violación reclamada puede llegar a ser determinante para el desarrollo de la elección de Gobernador del Estado de México, debido a que, de acogerse los agravios hechos valer, se revocaría el desechamiento decretado y ello provocaría que se devolviera el asunto al Tribunal responsable para que examinara el fondo del asunto, o bien esta Sala Superior, con plenitud de jurisdicción, decidiera tal recurso, tocante a la aprobación del registro del convenio de coalición que celebraron los partidos políticos de la Revolución Democrática y del Trabajo, para postular como candidato por ambos partidos a uno solo, siendo que, de acogerse las pretensiones de los apelantes, quedaría sin efecto el registro relativo, lo que manifiestamente tiene trascendencia en el desarrollo del proceso electoral correspondiente a la elección de mérito.

 

 f) La reparación solicitada es material y jurídicamente posible dentro de los plazos establecidos, en razón de que las elecciones para elegir nuevo Gobernador en el Estado de México, se efectuarán el cuatro de julio del presente año, conforme lo establece el artículo 25 del Código Electoral del Estado de México.

 

 No advirtiéndose la actualización de ninguna causal de improcedencia o de falta de procedibilidad del presente juicio, procede, previa transcripción de los agravios hechos valer, analizar el fondo del asunto.

 

 TERCERO. Los agravios propuestos en sus escritos por los promoventes Mario Alberto Morales Morales, Juan González Trujillo y Maricela Reyes Méndez, en esencia, son similares; por lo tanto, serán trasuntos como uno solo, aquéllos que son idénticos, y por separado se transcribirá aquél que resulta diferente, y que es aducido únicamente por Juan Gónzalez Trujillo. Dichos agravios similares son del tenor siguiente:

 

 "Primero. El considerando I de la resolución señala la competencia del Tribunal para conocer del recurso, invocando asimismo, preceptos legales que estima aplicables para la resolución de la apelación que nos ocupa; desde este momento niego que las disposiciones legales invocadas por el Tribunal responsable, sean aplicables a la apelación de mérito.

 Me permito referir en forma específica, al considerando II de la resolución impugnada, en los siguientes términos:

 El Tribunal Electoral del Estado de México, en forma por demás indebida e ilegal, resuelve que el ahora exponente, entonces promovente del recurso de apelación, lo presentó ante el Consejo General del Instituto Electoral, señalando los hechos y consideraciones que se consideraron pertinentes, indicando asimismo:

 "...pero sin acreditar fehacientemente su interés legítimo, en términos de lo dispuesto por el artículo 305 del código de la materia, que en su parte conducente establece que la interposición de los recursos de apelación corresponde a los partidos políticos a través de sus representantes legítimos, considerándose como tales a los registrados formalmente ante los órganos electorales; los miembros de los comités directivos estatales, distritales o municipales u órganos equivalentes respectivos (en este caso se debe acompañar al escrito inicial del recurso, el documento de su designación); y los que estén autorizados para representarlos mediante mandato otorgado en escritura pública por los funcionarios del partido facultados estatutariamente para ello..."

 Continúa resolviendo el Tribunal Estatal Electoral, en los siguientes términos:

 "... En este orden de ideas, de las constancias que obran en autos se desprende que los recurrentes no se encuentran registrados ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, ni acreditan la personalidad con la que se ostentan en el presente medio de impugnación. Los documentos que se adjuntan, oficios dirigidos a Mario Alberto Morales y Maricela Reyes Méndez, en su carácter de representantes del Partido del Trabajo ante el Consejo Distrital 08 del Instituto Federal Electoral, se refieren a elecciones federales, celebradas el seis de julio del año de mil novecientos noventa y siete, y no al actual proceso electoral de elecciones para Gobernador del Estado de México, asimismo los militantes y precandidatos no se encuentran legitimados por el Código Electoral para promover el recurso de apelación y quienes se dicen dirigentes estatales y municipales, no acompañan documento en el que conste su designación de conformidad con los estatutos correspondientes al Partido del Trabajo. Lo anterior se robustece con lo señalado en el informe circunstanciado presentado ante este Tribunal por el organismo electoral responsable, en donde se manifiesta textualmente que "...los promoventes no tienen acreditada su personalidad ante este órgano electoral".

 Por lo anterior, este organismo de justicia electoral considera que al no estar debidamente acreditada la personería con que se ostentan los recurrentes, debe declararse improcedente el presente medio de impugnación, por actualizarse los supuestos del artículo 332, fracción III, del Código Electoral del Estado de México..."

 Lo manifestado por el Tribunal Electoral en este considerando, es falso de toda falsedad.

 El hoy promovente (Mario Alberto Morales Morales, Maricela Reyes Méndez y Juan González Trujillo) es representante legítimo del Partido del Trabajo, en su calidad de representante propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo Distrital Electoral Federal 08 del Estado de México.

 En forma por demás indebida, injustificada e ilegal, el Tribunal se refiere a los oficios originales emitidos por el Instituto Federal Electoral (exhibidos anexos al escrito de apelación), no obstante que a través de dichos oficios, el Instituto Federal Electoral se dirige al exponente, reconociéndole su carácter de representante del Partido del Trabajo; situación que, en forma inexplicable, desconoce el Tribunal responsable, indicando que al referirse los oficios a elecciones federales, celebradas el seis de julio del año de mil novecientos noventa y siete, y no al actual proceso electoral para Gobernador del Estado de México; no se acredita la personalidad con la que me ostenté como dirigente estatal, representante del Partido del Trabajo.

 Como se puede observar, la autoridad responsable no funda ni motiva su resolución, violando las garantías constitucionales de legalidad y seguridad jurídica previstas en nuestro pacto federal.

 Es de conocimiento público, atendiendo a los antecedentes y registros, que el Partido del Trabajo, es un partido nacional, y por consiguiente, con facultades legales de participar en procesos electorales tanto federales como estatales. Por lo que, el desconocimiento de la personalidad que tengo en mi carácter de representante propietario del Partido del Trabajo, ante el Consejo Distrital Electoral Federal 08 del Estado de México, tal y como lo reconoce el Instituto Electoral Federal, es más que suficiente para acreditar la representación legítima del Partido del Trabajo, con que me ostenté al interponer la apelación, en términos de la fracción II, del numeral 305 del Código Electoral del Estado de México.

 Se desprende de lo anterior, que en forma por demás irregular, indebida e ilegal, se desconoce tanto por el Instituto Electoral, como por el Tribunal Electoral, ambos del Estado de México, mi carácter de representante legítimo del Partido del Trabajo, al ser dirigente estatal en el Estado de México del Partido del Trabajo, toda vez que soy representante propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo Distrital Electoral Federal 08 del Estado de México.

 Por lo tanto, se aprecia sin duda alguna, que el Tribunal Estatal Electoral, no emitió su resolución definitiva conforme a la realidad de los hechos y personalidad acreditada en las constancias que obraban en poder del Instituto Estatal Electoral (específicamente de su H. Consejo General); aclarando que esas mismas constancias fueron integradas al expediente que se formó en el Tribunal Electoral del Estado de México con motivo del multicitado recurso de apelación RA/01/99.

 Al no reconocerme mi representación legítima del Partido del Trabajo, en violación a la fracción II, del artículo 305 del Código Electoral del Estado de México, el Tribunal también en forma indebida e ilegal resuelve que al no estar acreditada la personería con que me ostentaba como recurrente, debía declararse improcedente el medio de impugnación (apelación en análisis), por actualizarse los supuestos del artículo 332, fracción III, del Código Electoral del Estado de México. Se concluye, que al estar acreditada mi representación legítima del Partido del Trabajo, en términos de las aseveraciones formuladas con antelación, debidamente probadas con las constancias aludidas, no se actualiza el supuesto previsto por la fracción III, del numeral 332 del código en cita, por lo que, es indebida e ilegal tal resolución que declara la improcedencia de la apelación.

 El Instituto Electoral al emitir su informe circunstanciado desconoce la personalidad del exponente como representante legítimo del Partido del Trabajo, situación que toma en consideración el propio Tribunal para sustentar su determinación; aquí debe aclararse, que existe una aplicación no uniforme de criterios en este mismo asunto por parte del Instituto Electoral y por el Tribunal Electoral, pues caso contrario se aprecia al momento de reconocer la personalidad a Oscar González Yáñez, suscriptor del convenio de coalición impugnado, puesto que dicha persona tenía acreditada su personalidad ante el Instituto Electoral del Estado de México, en términos del oficio visible a fojas 0000065 del expediente de apelación, del cual se desprende, que se trata de un documento de fecha cuatro de abril de mil novecientos noventa y seis, documento a través del cual se exhibió la constancia del Instituto Federal Electoral, del registro definitivo como partido político del Partido del Trabajo. Como se aprecia, este documento no indica que se acredita la representación de Oscar González Yáñez, para el proceso electoral de mil novecientos noventa y nueve, para elegir Gobernador en el Estado de México, y no obstante ello, se le reconoció su personalidad para otorgarle la supuesta legalidad al registro del tantas veces mencionado convenio de coalición celebrado por el Partido de la Revolución Democrática y el del Trabajo.

 Por otra parte, suponiendo sin conceder que no hubiesen sido exhibidos los documentos idóneos para acreditar mi personalidad como representante del Partido del Trabajo, como dirigente estatal en el Estado de México, y por consiguiente, al no acreditar la representación legítima exigida por el Código Electoral Estatal, el Consejo General del Instituto Electoral y/o el Tribunal Electoral, ambos del Estado de México, omitieron formular el requerimiento para mi persona a que alude el numeral 321, último párrafo, en relación con el artículo 320 del Código Electoral del Estado de México, es decir, llevar a cabo el requerimiento por estrados al promovente (Mario Alberto Morales Morales), para que subsanara la omisión a alguno de los requisitos señalados en las fracciones III a VI, del artículo 320 del código en consulta, en un plazo de veinticuatro horas contadas a partir de la fijación en estrados del requerimiento correspondiente, bajo apercibimiento que de no hacerlo se tendría por no interpuesto el recurso.

 Como se aprecia del considerando II en análisis, el Tribunal responsable emite su resolución sin apegarse a la realidad de los hechos y de las constancias que tenía a la vista proporcionadas por el propio Instituto Electoral (que tampoco las estudió y valoró correctamente); motivo por el cual, se dicta la resolución impugnada en forma por demás indebida e ilegal, sin contar con la fundamentación y motivación que la ley exige para actos de autoridad de tal naturaleza, en violación a mis garantías individuales de seguridad jurídica y legalidad, consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 (Dada la íntima relación de lo estudiado en este agravio con lo estudiado en el agravio cuarto de este escrito, en virtud de su relación directa con el considerando II de la resolución impugnada, solicito se tengan por hechos valer y reproducidos totalmente como si aquí se encontrasen transcritos, todos y cada uno de los argumentos expresados en dicho agravio cuarto, para su debido estudio, valoración y resolución conforme a derecho).

 Segundo. Procedo a continuación a referirme a lo resuelto por la responsable y que se contiene en el considerando identificado con el numeral III.

 Para facilidad en el estudio de este considerando, a continuación formulo su transcripción:

 "... III. Por otra parte, del análisis y estudio del expediente y escrito recursal, se advierte asimismo, la inexistencia del acto impugnado, por lo que, en términos del artículo 332, fracción VI, procede igualmente decretarse la improcedencia del recurso de apelación en estudio.

 Los promoventes interpusieron "... recurso de apelación en contra de la resolución emitida por ese H. Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, en sesión ordinaria del día veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y nueve, identificada como acuerdo número 16, referente al registro del convenio de coalición que supuestamente celebran los partidos políticos de la Revolución Democrática y del Trabajo..."

 Sin embargo, de las constancias de autos y de las pruebas aportadas por el organismo electoral responsable, se advierte que el citado acuerdo 16 se refiere a la Comisión de Organización y Capacitación del Instituto Electoral del Estado de México, y no al registro del convenio de coalición de los partidos políticos antes citados, ya que este último acto fue aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral mediante diverso acuerdo número 15.

 Por lo tanto, al no existir una relación directa entre los agravios y el acto impugnado, procede declarar la improcedencia del multicitado recurso de apelación, en términos de lo establecido por el artículo 332, fracción VI, del código de la materia..."

 El estudio formulado por el Tribunal es deficiente, y por consiguiente su resolución es improcedente e ilegal; como lo indiqué al narrar los hechos que sustentan este juicio de revisión constitucional electoral, por un error involuntario, se señaló en la apelación que se identificaba tal acuerdo del Consejo General con el número 16, no obstante que lo correcto es que se le asignó el número 15. No obstante lo anterior, quiero precisar, que en todo momento, se expresó en forma clara, que la resolución impugnada a través de dicha apelación, lo era la referente al registro del convenio de coalición que supuestamente celebran los partidos políticos de la Revolución Democrática y del Trabajo; además de existir en todo momento congruencia y vinculación apelada, reitero, la tocante al registro del convenio de coalición en cita.

 Del escrito de interposición de apelación se desprenden los siguientes datos:

 - Se especificó expresa y claramente, que la materia de la resolución apelada era la del registro del convenio de coalición que supuestamente celebran los partidos políticos de la Revolución Democrática y del Trabajo.

 - Se indicó que la fecha de la resolución apelada y a que alude el apartado anterior, había sido emitida por el H. Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México.

 - Se anotó que la resolución apelada había sido emitida por el H. Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, en sesión ordinaria.

 - Se aclaró que la sesión ordinaria en donde se había emitido la resolución de registro del convenio de coalición que supuestamente celebran los partidos políticos de la Revolución Democrática y del Trabajo, había tenido verificativo el día veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y nueve.

 - Se llevó a cabo la narración de los hechos que sustentaban la apelación, mismos que tienen relación y congruencia tanto con los agravios planteados como con la resolución apelada de registro del convenio de coalición que supuestamente celebran los partidos políticos de la Revolución Democrática y del Trabajo.

 - Se formuló la expresión de agravios que me causaba la resolución apelada, existiendo en todo momento relación y congruencia entre dichos agravios (los hechos narrados) y la multicitada resolución apelada de registro de convenio de coalición que supuestamente celebran los partidos políticos de la Revolución Democrática y del Trabajo.

 Por los motivos expuestos, así como por lo manifestado en el escrito a través del cual se hizo valer la apelación en estudio, se desprende y acredita fehaciente e indubitablemente, que sí existe el acto impugnado, y que lo es, la resolución emitida en sesión ordinaria de fecha veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y nueve, por parte del Honorable Consejo General de dicho Instituto Electoral, consistente en el registro del convenio de coalición que supuestamente celebran los partidos políticos de la Revolución Democrática y del Trabajo.

 Para mayor comprensión del caso que nos ocupa, me permito transcribir textualmente la causal que invoca en forma indebida el Tribunal Electoral para declarar la improcedencia del recurso de apelación:

 "...Artículo 332. Los recursos se entenderán como notoriamente improcedentes y serán desechados de plano por las siguientes causales..."

 "... VI. No se señalen agravios o los que se expongan, no tengan manifiestamente una relación directa con el acto, resolución o resultado de la elección que se impugna;..."

 En tal virtud, y considerando lo antes mencionado, se acredita claramente, que en la especie, no se dan los supuestos a que alude la fracción VI del numeral 332 antes invocada, puesto que como fue hecho valer en la apelación, los agravios expresados sí tienen manifiestamente relación directa con la resolución apelada de registro del convenio de coalición que supuestamente celebran los partidos políticos de la Revolución Democrática y del Trabajo. Se reitera, no se actualizan los requisitos o supuestos previstos en esta causal para resolverse la improcedencia del recurso de apelación que nos ocupa.

 Destaca la tendencia maliciosa del Tribunal Responsable para no entrar al estudio del fondo del recurso de apelación referencia, puesto que, desde el proemio y los resultandos de la resolución ahora combatida, en forma por demás incompleta, señala que el recurso de apelación se interpuso en contra del acuerdo número 16 del Honorable Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. Siendo que la verdad de los hechos, en estricto apego al escrito de interposición de la apelación, se expresó claramente que la resolución impugnada lo era la resolución emitida en sesión ordinaria de fecha veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y nueve, por parte del Honorable Consejo General del dicho Instituto Electoral, consistente en el registro del convenio de coalición que supuestamente celebran los partidos políticos de la Revolución Democrática y del Trabajo. Debiendo tomar en consideración como ya fue anotado, la vinculación y congruencia entre la resolución impugnada de registro de convenio en cita, los hechos narrados y agravios expresados. Por lo que a todas luces, el error en cuanto al número de identificación del acuerdo del Consejo General, resulta intrascendente.

 Como se aprecia del considerando III en estudio, el Tribunal responsable emite su resolución sin apegarse a la realidad de los hechos y de las constancias que tenía a la vista proporcionadas por el propio Instituto Electoral (que tampoco las estudió y valoró correctamente); motivo por el cual, se dicta la resolución impugnada, en forma por demás indebida e ilegal, sin contar con la fundamentación y motivación que la ley exige para actos de autoridad de tal naturaleza, en violación a mis garantías individuales de seguridad jurídica y legalidad, consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 Son aplicables al caso que nos ocupa, los Criterios Jurisprudenciales sostenidos por el Poder Judicial Federal, y que a continuación se transcriben:

 "Instancia:Tribunales Colegiados de Circuito: Época: Novena Época.

 Localización.

 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

 Parte: III, mayo de 1996.

 Tesis: I.9o.T.J/16.

 Página: 461.

 Rubro: ACTO RECLAMADO. ERROR EN LA FECHA DEL.

 Texto: La inexactitud en que se incurra al hacerse referencia a la fecha del laudo reclamado, es intrascendente si los conceptos de violación están encaminados a combatir consideraciones vertidos en el laudo cuya fecha fue motivo de error; así como si se encuentra plenamente identificado en las constancias del expediente laboral en el que se emitió. NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

 Precedentes:

 Amparo directo 2729/95. Instituto Mexicano del Seguro Social. veintinueve de marzo de mil novecientos noventa y cinco. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Carlos Alberto Bravo Melgoza. Amparo directo 11499/95. Instituto Mexicano del Seguro Social. Dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y cinco. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: José Morales Contreras. Amparo directo 11509/95. Roberto Cajina Osorio. Dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y cinco. Unanimidad de votos. Ponente F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: José Morales Contreras. Amparo directo 2179/96. María de Jesús Ronquillo Mondragón. Siete de marzo de mil novecientos noventa y seis. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Rafael Olivera Toro y Alonso. Secretario: José C. Santiago Solórzano. Amparo directo 3609/96. Compañía Operadora de Teatros, S.A. de C.V. dieciocho de abril de mil novecientos noventa y seis. Unanimidad de votos. Ponente: Nilda R. Muñoz Vázquez. Secretario: José Juan Ramos Andrade."

 "Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Época: Octava Época.

 Localización.

 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.

 Fuente: Semanario Judicial de la Federación.

 Parte: XV-II febrero.

 Tesis: VI. 1o. 122 K.

 Página: 188.

 Rubro

 ACTO RECLAMADO. DEBE SUBSANARSE EL ERROR, SI EL QUEJOSO SE EQUIVOCO AL SEÑALAR LA FECHA.

 Texto

 Si la parte quejosa en su demanda explica el contenido del acto que reclama, si éste se encuentra dentro del expediente que se señala y la autoridad responsable admite que es cierto, no ha lugar a sobreseer por inexistencia del mismo, ya que en este tipo de casos, sin incurrir en suplencia de la queja, es válido sostener que se incurrió tan sólo en una equivocación al citar la fecha lo cual, al final de cuentas es irrelevante. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

 Precedentes

 Amparo en revisión 297/88. María de los Angeles Camacho. Cuatro de febrero de mil novecientos ochenta y nueve. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Gerardo Ramos Córdova. Secretario: Hugo Valderrábano Sánchez."

 Tercero. Atendiendo al estado procesal que guardaba la tramitación del recurso de apelación, lo resuelto por el Tribunal Electoral contenido en los considerandos II y III de la resolución impugnada, se aprecia a todas luces fuera de todo contexto, puesto que, suponiendo sin conceder, hubiesen existido las causales de improcedencia a que alude dicho Tribunal, éstas, debieron haberse resuelto con anterioridad, y no en la resolución definitiva, puesto que en este último caso, estaríamos ante el supuesto previsto por el numeral 333 del Cuerpo Legal Electoral en consulta, es decir, estaríamos ante la figura del sobreseimiento y no de improcedencia, como en forma por demás irregular, indebida e ilegal lo realiza el Tribunal responsable.

 Como se aprecia de los considerandos II y III anteriormente estudiados, el Tribunal responsable emite su resolución sin apegarse a la realidad de los hechos y de las constancias que tenía a la vista proporcionadas por el propio Instituto Electoral (que tampoco las estudió y valoró correctamente); motivo por el cual, se dicta la resolución impugnada, en forma por demás indebida e ilegal, sin contar con la fundamentación y motivación que la ley exige para actos de autoridad de tal naturaleza, en violación a mis garantías individuales de seguridad jurídica y legalidad, consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 Cuarto. En el último considerando identificado con el numeral IV la autoridad responsable resuelve:

 "...Finalmente, por cuanto corresponde al escrito presentado por lo terceros interesados en el presente recurso, este organismo jurisdiccional no hace pronunciamiento alguno, en razón de que, al declararse la improcedencia del medio de impugnación intentado, tal situación no les depara agravio alguno..."

 Del texto de este considerando, se desprende notoriamente, que el Tribunal emisor de la resolución que nos ocupa, omite entrar al estudio en forma por demás injustificada, indebida e ilegal, de los escritos presentados por los terceros interesados dentro de la tramitación del recurso de apelación en análisis; omitiendo también fundar y motivar conforme a derecho tal determinación.

 Destaca también la omisión del Tribunal Electoral, de formular el estudio de la documentación aportada por dichos terceros, puesto la información contenida en ésta es de gran trascendencia, vinculación y afectación al asunto en su totalidad que nos ocupa, y por consiguiente determinante también para la valoración y resolución del tantas veces mencionado recurso de apelación: RA/01/99.

 El escrito presentado por los terceros interesados (Oscar González Yáñez y Armando Bautista Gómez), visible para facilidad de ubicación a fojas 0000063 del expediente del recurso de apelación, se desprenden los siguientes datos:

 Los promoventes hacen referencia a su intención de participar como terceros interesados en el:

 "...recurso de apelación promovido por los ciudadanos Renato A. Caballos Castillo, Mario Alberto Morales, Juan González Trujillo, Maricela Reyes Méndez y Rafael Muciño Peguero, en contra del acuerdo número 15, referente al registro del convenio de coalición que fue celebrado por los partidos políticos de la Revolución Democrática y del Trabajo, de fecha dos de marzo del presente año..."

 El motivo de haber transcrito lo manifestado por los promoventes de mérito, es para demostrar, que existe un error en cuanto a la fecha del registro de la coalición de mérito, puesto que señalan como tal, la del dos de marzo del presente año; aquí destaca que el Tribunal Electoral, no utiliza el mismo criterio que utilizó en cuanto al error involuntario, en cuanto al numeral con que se identificó en la apelación, al acuerdo impugnado (pues como se recordará se indicó dieciséis, en lugar de quince); pues bien, en el caso de los terceros interesados, se puede apreciar que, el Tribunal estima intrascendente, el error en que incurren dichos terceros, pues ni siquiera lo hace notar y por consiguiente, ni se pronuncia tampoco en la resolución sobre el particular.

 Como resultado de lo anterior, se puede afirmar, que el Tribunal Electoral, formula un deficiente estudio y análisis de las constancias del recurso, incurriendo asimismo, en parcialidad, pues no ocupa los mismos criterios para resolver el presente asunto.

 En otro orden de ideas, me permito referir al escrito de dichos terceros interesados, de fecha cinco de marzo de mil novecientos noventa y nueve, dirigido a los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de México, visible para facilidad de localización, a partir de la foja dieciocho del expediente RA/01/99.

 En el escrito de los terceros de referencia, se hace mención por parte de los mismos, que los promoventes del recurso de apelación, carecíamos de legitimación activa para su interposición, exhibiendo acta de sesión extraordinaria de la Comisión Ejecutiva Estatal, donde señalan:

 "...se acuerda por mayoría de sus integrantes la expulsión de los ciudadanos Renato A. Ceballos Castillo, Mario Alberto Morales Morales, Juan González Trujillo, Maricela Reyes Méndez y Rafael Muciño Peguero, por la violación al artículo 114, inciso B) y D), de los Estatutos del Partido del Trabajo, que a la letra dice: artículo 114.- "Son acciones motivo de sanción: A)..., B) El incumplimiento de los acuerdos tomados en las diferentes instancias del Partido. C)..., D) Exponer ante los medios de comunicación y en las instancias gubernamentales del Estado conflictos intrapartidarios", mismo que anexamos a la presente, dicho acuerdo de expulsión se solicitará sea ratificado en la próxima reunión del Consejo Político Nacional y la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo..."

 Continúo el estudio del escrito de los terceros interesados, no sin antes mencionar que lo manifestado en dicho escrito es falso; y por lo que hace a la supuesta acta de sesión extraordinaria de la Comisión Ejecutiva Estatal, de fecha dieciséis de febrero, sin quedar claro en que año, supuestamente fue levantada (visible para facilidad de localización a fojas 0000079-0000080 del expediente de apelación de mérito), en donde supuestamente se acuerda por mayoría de sus integrantes la expulsión, incluso definitiva, de las personas en cita, incluyendo el exponente (Mario Alberto Morales Morales, Maricela Reyes Méndez y Juan González Trujillo); manifiesto lo siguiente:

 Del texto de dicha acta de sesión, se puede comprobar, en primer lugar, que no se cumplen las formalidades y requisitos establecidos en los propios estatutos del Partido del Trabajo, ni para la convocatoria a una sesión extraordinaria de tal naturaleza, ni para la toma de decisiones, acuerdos o imposición de sanciones, en forma específica, la expulsión definitiva a la que se refieren; además que la Comisión Ejecutiva Estatal, que supuestamente lleva a cabo la sesión extraordinaria de mérito, carece de facultades estatutarias, para la toma de acuerdos o resoluciones de imposición de sanciones o fincar responsabilidades (claro, que conforme a los estatutos de mi partido político, es la Comisión Estatal de Garantías y Controversias, en términos de los artículos 77, 78 y 79 de dichos estatutos, el órgano del partido facultado para acuerdos de tal naturaleza o para el establecimiento de responsabilidades a que se hacen acreedores los militantes del partido, por incumplimiento de las obligaciones establecidas por dichos estatutos); puede apreciarse también, que no se hace constar, ni la constancia a través de la cual se haya formulado la citación, en forma fehaciente e indubitable al exponente, para comparecer a dicha sesión extraordinaria para ser oído en la misma, así como para otorgarme los derechos básicos de defensa, ni mucho menos, existe constancia a través de la cual, se hiciera constar en forma fehaciente e indubitable, la notificación al exponente de dicho acuerdo (supuestamente), tomado de expulsarme en forma definitiva del Partido del Trabajo. Al dejárseme en tal orden de ideas en estado de indefensión, se viola en mi perjuicio, el numeral 112 de los Estatutos del Partido del Trabajo, en el que se hace constar el derecho de las personas sancionadas, a apelar ante los órganos de dirección superiores del partido. Además, también se violan en mi perjuicio los estatutos contenidos en los artículos 111, 113, 114, 68, 77, 78, 79, inciso g).

 El acta de sesión extraordinaria exhibida por los terceros interesados, no fue otorgada, ni ratificada, ante funcionario con fe pública o autoridad, que constatara la veracidad de la fecha en que supuestamente se hace constar su otorgamiento; debiendo recordar que no se señala año cierto de su supuesto levantamiento; por lo anterior, debe tomarse como fecha de su elaboración, la fecha en que fue presentada dentro del recurso de apelación de mérito; lo anterior, para las consecuencias legales a que haya lugar.

 Es aplicable al tópico en cuestión, lo sostenido por el Poder Judicial Federal, a través del siguiente criterio jurisprudencial:

 "...DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS.

 Sólamente pueden considerarse que los documentos privados tiene una fecha cierta cuando han sido presentados a un registro público, o ante un funcionario en razón de su oficio, o a partir de la fecha de la muerte de cualquiera de sus firmantes.

Sexta Época, Cuarta Parte:

Vol. XXVIII, Pág. 210. A.D. 7426/57. Clemente Quiroz. Unanimidad de 4 votos.

Vol. XL, Pág. 13. A.D. 4837/59. Compañía Hulera "Euzkadi", S.A. 5 votos.

Vol. LVIII, Pág. 129. A.D. 6056/61. Francisco Coello Cantoral. Unanimidad de 4 votos.

Vol. LX, Pág. 102. A.D. 7300/59. Virginia Cajica de Almendro. Unanimidad de 4 votos.

Vol. LXIII, Pág. 37. A.D. 1649/58. Consuelo Treviño Vda. de Treviño. 5 votos..."

 Suponiendo sin conceder que, el acuerdo tomado en la sesión extraordinaria de referencia, se hubiese realizado en apego a los estatutos del Partido del Trabajo, debe aclararse, que en términos del artículo 113, de los propios estatutos, tratándose de la sanción de expulsión definitiva, la sanción será acordada por la instancia en que se milite, debiendo ser ratificada por el Consejo Político Nacional y la Comisión Ejecutiva Nacional; ahora bien, los terceros promoventes, manifiestan (en su escrito de fecha cinco de marzo de mil novecientos noventa y nueve, o sea, con posterioridad al escrito de interposición de recurso de apelación de mi parte), ante el Tribunal Electoral que:

 "...dicho acuerdo de expulsión se solicitará sea ratificado en la próxima reunión del Consejo Político Nacional y la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo...".

 Suponiendo sin conceder nuevamente que dicha sesión y acuerdo de expulsión definitiva, se hubiesen realizado por el órgano competente para el efecto, en cumplimiento asimismo, a las formalidades exigidas, los propios terceros confiesan que, de dicha sanción de expulsión definitiva, no había sido ratificada al cinco de marzo de mil novecientos noventa y nueve, por el Consejo Político Nacional y la Comisión Ejecutiva Nacional (ambos del Partido del Trabajo), y por consiguiente, confiesan que dicha sanción no ha satisfecho los extremos del artículo 113 de los Estatutos del Partido del Trabajo; es decir, dicha sanción, no ha surtido efectos, independientemente del derecho de defensa a que alude el numeral 112 de los mismos estatutos, que me permitiría después de agotado el trámite de artículo 113 de mérito, apelar tal sanción, ante los órganos de dirección superiores del Partido del Trabajo.

 Lo anterior, se puede resumir, en la afirmación categórica, veraz y fundada, en términos de los argumentos antes vertidos y de las propias constancias del recurso de apelación en estudio, que el promovente del recurso de apelación Mario Alberto Morales Morales, el día dos de marzo de mil novecientos noventa y nueve, era militante del Partido del Trabajo, dirigente estatal, en mi carácter de representante propietario del Partido del Trabajo, ante el Consejo Distrital Electoral Federal 08 del Estado de México,  y que incluso, hasta la presente fecha, gozó de tales calidades como militante dirigente estatal del Partido del Trabajo. Por lo tanto, se comprueba con las constancias de autos del recurso de apelación, que la personalidad con que me ostenté, nunca me ha sido revocada, por lo que, no obsta que los oficios exhibidos aludan a fechas anteriores y a otros procesos electorales, puesto que dicha representación del Partido del Trabajo, no se pierde, sino hasta por acuerdo o resolución específicamente pronunciada para el efecto, ya sea de revocación, sustitución de funcionario, representante o por expulsión definitiva, entre otras.

 Por lo que se concluye, que el promovente del recurso de apelación (Mario Alberto Morales Morales, Maricela Reyes Méndez y Juan González Trujillo) al ser dirigente estatal en el Estado de México del Partido del Trabajo, en mi calidad de representante propietario ante el Consejo Distrital Electoral Federal 08 del Estado de México, gozaba (y sigue gozando), de la representación legítima del Partido del Trabajo, y por consiguiente (y tiene), las facultades necesarias para interponer la apelación en análisis o cualquier medio de impugnación, como lo es el caso del presente juicio de revisión constitucional electoral. Como fue indicado con antelación, el Tribunal formuló un estudio deficiente del expediente de la apelación, emitiendo una resolución indebida e ilegal, ahora impugnada, que no se apega a la realidad de los hechos, no se fundamenta y motiva conforme a derecho; y al haber omitido el estudio y pronunciamiento sobre los escritos presentados por los terceros interesados, en forma indebida, injustificada, sin fundamentación y motivación de ley, por los motivos de trascendencia contenidos en el análisis formulado en este agravio; violando en mi perjuicio los numerales 305, fracción II, 318, fracción I y 332, fracción III, al llevar a cabo el no reconocimiento (como tantas veces se ha indicado, en forma indebida e ilegal), de mi representación legítima, para la interposición de la multicitada apelación, que lo lleva a resolver ilegalmente, que el exponente no tenía acredita su personería, y a declarar improcedente, el medio de impugnación respectivo.

 9. Preceptos violados:

 Sin menoscabo de los preceptos legales, constitucionales y estatutarios que se han señalado como violados en el cuerpo de este escrito; en términos de lo hecho valer con anterioridad, se desprende, que la resolución impugnada ha violado en mi perjuicio los siguientes preceptos legales, estatutarios y constitucionales:

 Del Código Electoral del Estado de México, los contenidos en los numerales:

 305 (específicamente la fracción II), 318 (fracción I), 320, 321 (último párrafo), 332 (fracción es III y VI), 333, 335, 336, 337, 339, 340, 342.

 De los Estatutos del Partido del Trabajo, los contenidos en los siguientes artículos:

 15, 16, 23, 54, 60, 63, 77, 78, 79, inciso g), 111, 113, 114.

 De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

 Artículos 1, 14, 16, 17.

 Como se recordará, la resolución materia de este juicio de revisión constitucional electoral, la emite el Tribunal responsable, sin apegarse a la realidad de los hechos y de las constancias que tenía a la vista, pronunciadas por el propio Instituto Electoral (que tampoco las estudió y valoró correctamente); la dicta sin aplicar las disposiciones legales correspondientes; motivo por el cual, se dicta la resolución impugnada, en forma por demás indebida e ilegal, sin contar con la fundamentación y motivación que la ley exige para actos de autoridad de tal naturaleza; por lo que se me priva del derecho que tengo a que se administre justicia en los términos fijados por las leyes; lo anterior, en violación a mis garantías individuales de seguridad jurídica y legalidad, consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

 

 El promovente Juan González Trujillo, además de lo anteriormente transcrito, manifiesta el siguiente argumento como agravio:

 

 "...Para acreditar mi calidad de dirigente estatal del Partido del Trabajo, al escrito de apelación se exhibió entre otros documentos, el oficio de fecha veintiocho de abril de mil novecientos noventa y siete; no obstante lo anterior, debe hacerse notar, que en el propio Instituto Electoral del Estado de México, ya existían con antelación a la presentación de mi parte del recurso de apelación en estudio, documentos de cuyos textos en forma indubitable, se me reconoce como miembro de la Comisión Ejecutiva Estatal en el Estado de México del Partido del Trabajo; situación que en forma por demás irregular, indebida e ilegal, no se toma en consideración ni por el Instituto Electoral del Estado de México al rendir su informe circunstanciado, ni por el Tribunal Electoral responsable al emitir la resolución materia de impugnación.

 De las constancias que obran en autos, si bien es cierto no se desprende que el exponente haya sido registrado ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, también lo es que de dichas constancias de autos, se acredita en forma indubitable mi calidad de miembro de la Comisión Ejecutiva Estatal en el Estado de México del Partido del Trabajo.

 Dentro de los documentos aportados por las personas que solicitaron el registro del convenio de coalición que nos ocupa, se aprecia el documento (para facilitar la ubicación visible a fojas 0000118 y 0000240 del expediente número RA/01/99), a través del cual se hace constar (supuestamente), la Convención Electoral Estatal de fecha catorce de febrero de mil novecientos noventa y nueve, indicándose en tal documento, el nombre de los miembros de la Comisión Ejecutiva Estatal del Estado de México del Partido del Trabajo, asentándose también, el municipio de su representación. En este documento, en el renglón identificado con el numeral 17, aparece como miembro de la Comisión Ejecutiva Estatal del Estado de México del Partido del Trabajo, el nombre del hoy promovente y entonces recurrente vía apelación Juan González Trujillo, con representación del Municipio de Naucalpan.

 Cabe aclarar, que el exponente, no participó en dicha Convención Electoral Estatal, puesto que la misma no se llevó a cabo en términos de las formalidades exigidas por los estatutos del Partido del Trabajo, motivo por el cual se desprende que nunca llevé a cabo acto que consintiera tal violación a los estatutos de mi partido.

 En tal orden de ideas, se prueba plenamente, que el entonces recurrente Juan González Trujillo, ahora exponente, tenía acreditada su calidad de dirigente estatal del Estado de México del Partido del Trabajo, como miembro de la Comisión Ejecutiva Estatal del Estado de México del Partido del Trabajo, incluso con antelación de la promoción del recurso de apelación en análisis; acreditación de personalidad que constaba en las constancias de autos correspondientes al Instituto Electoral del Estado de México, específicamente a las que obraban en poder del H. Consejo General de dicho Instituto, con motivo de la solicitud de registro del convenio de coalición que nos ocupa, que el propio Consejo General supuestamente estudió, valoró y reconoció (indebidamente), como ilegales para la emisión de la resolución que fue materia de la apelación de referencia; es decir, en el expediente conformado por la petición de registro de convenio de coalición de mérito, que obraba en poder del Instituto Electoral, ya constaba con documentación que reconocía al exponente ante dicho Instituto Electoral, como miembro de la Comisión Ejecutiva Estatal del Estado de México del Partido del Trabajo; aunado a ello, no debe olvidarse, que ese expediente fue ofrecido como prueba de mi parte al momento de la interposición del tantas veces mencionado recurso de apelación.

 Por lo tanto, en mi calidad de dirigente Estatal del Partido Electoral, al tener el carácter de miembro de la Comisión Ejecutiva Estatal del Estado de México del Partido del Trabajo, gozó de las facultades de representación legítima exigida para la interposición del mencionado recurso de apelación, en mi calidad de representante legítimo del Partido del Trabajo, en términos de la fracción II, del numeral 305 del Código Electoral del Estado de México."

 

 CUARTO. El estudio de los anteriores agravios permite arribar a las siguientes consideraciones jurídicas:

 

 Es cierto que, como lo alegan los promoventes del juicio de revisión constitucional que ahora se resuelve, la autoridad responsable en el fallo atacado de inconstitucional no debió desechar el recurso de apelación que interpusieron, basándose dicha autoridad jurisdiccional, en que el acto recurrido era inexistente, porque el acuerdo entonces impugnado, número dieciséis, se refería a la Comisión de Organización y Capacitación del Instituto Electoral del Estado de México, y no al registro del convenio de coalición que celebraron con los Partidos Políticos de la Revolución Democrática y del Trabajo, ya que éste, es el número quince.

 

 Se afirma lo anterior, en virtud de que, como bien se aduce, el contenido de la demanda del recurso en relación con las constancias y pruebas que obran en autos, permite conocer, con suma facilidad, cuál fue el acto que impugnaron los entonces recurrentes, mismo que quedó debidamente probado en autos.

 

 Así es, para arribar a dicha conclusión, basta tener presente el escrito que contiene el recurso de apelación, para advertir que en él, los promoventes, en lo que interesa, dejaron en claro: A) Que el citado recurso de apelación lo promovieron en contra de la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, en sesión ordinaria de veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y nueve, referente al registro del convenio de coalición que celebraron los Partidos Políticos de la Revolución Democrática y del Trabajo; y B) Que los agravios que hicieron valer, los enderezaron a combatir precisamente esa resolución. Así, en síntesis, adujeron: a), que la resolución apelada, viola lo dispuesto por el numeral 72 del Código Electoral del Estado de México, toda vez que el convenio de coalición presentado por los Partidos Políticos de la Revolución Democrática y del Trabajo, no fue celebrado con apego a los Estatutos del Partido del Trabajo; b), que el convenio de coalición no fue aprobado por la asamblea estatal u órgano equivalente del Partido del Trabajo; c), que la plataforma electoral de coalición ni la candidatura correspondiente se aprobó por el Partido del Trabajo conforme a sus propios Estatutos; d), que el convenio de coalición entre el Partido del Trabajo con el Partido de la Revolución Democrática, violan los artículos que especificaron, de los Estatutos del Partido del Trabajo; e), que no es legalmente posible conforme a tales Estatutos, que se realice o se convenga coalición con ningún otro partido político, según lo dispone el artículo 119, que se transcribió; f), que la celebración de un convenio de coalición, por medio de la cual se establezca una alianza por el Partido del Trabajo con el Partido de la Revolución Democrática, para el proceso electoral específico de la gubernatura del Estado de México, es nulo, aplicando los Estatutos; g), que el acto materia de la apelación, carece de fundamentación y motivación del Código Electoral del Estado de México, pues como lo establece el numeral 75, el Consejo General del Instituto Electoral Estatal, debe resolver sobre la procedencia del registro de una coalición en forma debidamente fundada y motivada; h), que al existir impedimento estatutario y legal de celebrar alianzas electorales conforme el artículo 119 de los Estatutos del Partido del Trabajo, en forma específica para la elección a gobernador, hay la imposibilidad estatutaria y legal de celebrar coaliciones o alianzas, para la postulación de candidato a gobernador; e i), que como el convenio de coalición impugnado es ilegal conforme a los Estatutos del Partido del Trabajo, por consiguiente también es ilegal el acto de autoridad que resuelve sobre la procedencia del registro de la coalición.

 

 Como se ha puesto de relieve, la parte actora en el recurso de apelación identificó con suficiente claridad cuál era el acto que impugnaba y estimaba lesivo a sus intereses jurídicos, y los agravios expresados guardaban relación directa con tal acto, del cual, por otra parte, cabe hacer notar, su existencia fue confesada por la autoridad responsable al rendir el correspondiente informe circunstanciado, y, además, también quedó perfectamente identificado por el tercero interesado al comparecer en el medio de impugnación respectivo, todo lo cual hace que deba estimarse, como arriba se indica, que la jurisdicente no debió declarar la inexistencia de dicho acto y por ese motivo declarar improcedente el recurso; sin que representara obstáculo alguno para ese cometido, que los apelantes hubieran señalado que el número del acuerdo recurrido era el "dieciséis", cuando que, en realidad era el número "quince", dado que ese apuntamiento debe considerarse como un mero error, carente de trascendencia, en razón de que, como se puso de relieve en líneas pretéritas, tanto en la demanda como en el informe circunstanciado y en la intervención del tercero interesado quedó perfectamente en claro, cual era el acto materia del recurso de apelación; habida cuenta que, en última instancia, la lectura detenida de la demanda en su integridad, permitía conocer con la certeza requerida, cuál fue la intención de los recurrentes, que no fue otra que la de impugnar a través del recurso de apelación, el acuerdo emitido por la autoridad que entonces figuró como responsable y que registró el convenio de coalición celebrado por los Partidos Políticos de la Revolución Democrática y del Trabajo, para postular como candidato a gobernador, a uno por ambos institutos políticos; de allí que, en todo caso, la autoridad jurisdiccional debió atender a lo que se quiso decir y no a lo que aparentemente se dijo, ya que tratándose de medios de impugnación en materia electoral, el juzgador debe leer detenida y cuidadosamente el ocurso que contenga el que se haga valer, para que, de su correcta comprensión, advierta y atienda preferentemente a lo que se quiso decir y no a lo que aparentemente se dijo, con el objeto de determinar con exactitud la intención del promovente, ya que sólo de esta forma se  puede lograr una recta administración de justicia en materia electoral, al no aceptarse la relación obscura, deficiente o equívoca, como la expresión exacta del pensamiento del autor del medio de impugnación relativo, es decir, que el ocurso en que se haga valer el mismo, debe ser analizado en conjunto para que, el juzgador pueda, válidamente, interpretar el sentido de lo que se pretende.

 

 Sirve de apoyo a esta conclusión, la tesis relevante que aparece publicada en la Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación denominada Justicia Electoral, en su suplemento número uno, página cincuenta, correspondiente al año de mil novecientos noventa y siete, que señala: "MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR. Tratándose de medios de impugnación en materia electoral, el juzgador debe leer detenida y cuidadosamente el ocurso que contenga el que se haga valer, para que, de su correcta comprensión, advierta y atienda preferentemente a lo que se quiso decir y no a lo que aparentemente se dijo, con el objeto de determinar con exactitud la intención del promovente, ya que sólo de esta forma se puede lograr una recta administración de justicia en materia electoral, al no aceptarse la relación obscura, deficiente o equívoca, como la expresión exacta del pensamiento del autor del medio de impugnación relativo, es decir, que el ocurso en que se haga valer el mismo, debe ser analizado en conjunto para que, el juzgador pueda, válidamente, interpretar el sentido de lo que se pretende.

¡Error! Marcador no definido.Sala Superior. S3EL 048/97

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-074/97. Partido Revolucionario Institucional. 11 de septiembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-099/97. Partido Acción Nacional. 25 de septiembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez."

 

 Sin embargo, a pesar de que esa consideración de la jurisdicente resulta incorrecta, la misma deviene irrelevante, ya que, como con posterioridad se verá, de todas suertes, la responsable estuvo en lo correcto, aunque por distinta causa, al desechar la apelación de mérito; de allí que el agravio sujeto a examen, aunque fundado, debe declararse inoperante, dado que no es bastante para lograr la revocación del sentido del fallo combatido.

 

 La última de las conclusiones apuntadas encuentra apoyo en el hecho de que deben considerarse infundados los agravios en que los accionantes combaten la determinación de la autoridad jurisdiccional responsable, de desconocerles la personería con la que se ostentaron Mario Alberto Morales Morales, Maricela Reyes Méndez y Juan González Trujillo, como representantes legítimos del Partido del Trabajo, porque estiman ser dirigentes estatales de ese instituto político, al promover el recurso de apelación del cual emana la resolución reclamada, en lo atinente, según afirman, a que los documentos exhibidos, son suficientes para acreditar esa representación legítima; que no funda ni motiva dicho fallo; que no emitió su resolución conforme a la realidad de los hechos y personalidad acreditada ante el Instituto Estatal Electoral, así como ante el Tribunal Electoral de aquella entidad; que por tal motivo, el órgano resolutor transgredió lo dispuesto en la fracción II, del artículo 305 del Código Electoral del Estado de México y, por tanto, no se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción III, del numeral 332 de la misma Legislación.

 

 De la lectura de la resolución reclamada, se advierte que la autoridad del conocimiento, procedió con apego a las disposiciones legales aplicables en la especie y con respeto a las normas constitucionales de cuya violación se duele la parte demandante, ya que antagónicamente a lo esgrimido en los motivos de inconformidad sintetizados, sí opera el motivo de inejercitabilidad en el que se apoyó para desechar de plano el recurso de apelación interpuesto, entre otros, por los promoventes del presente juicio, dado que, como certeramente lo sostuvo el jurisdicente, dicho medio de impugnación fue promovido por personas que carecen de la personería necesaria para representar al Partido del Trabajo.

 

 El apoyo jurídico de que se sirvió el Tribunal Estatal, se aprecia apegado a la realidad imperante en las constancias integrantes de los autos, relativos al recurso de donde deriva la sentencia combatida. Dicha autoridad invocó los artículos 305 y 332, fracción III, del Código Electoral del Estado de México, para poner en relieve la notoria improcedencia de tal apelación, por estimar que los promoventes omitieron acreditar fehacientemente su personería como representantes del Partido del Trabajo, porque de las constancias que obran en autos desprendió que no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas por el primero de los indicados numerales, a fin de que estuvieran en aptitud de interponer el recurso de mérito.

 

 Se comulga con la decisión impugnada, en virtud de que, del análisis que esta Sala Superior realizó de los documentos presentados por los accionantes, para justificar su personería, lo único que se advierte es que, por lo que hace a Mario Alberto Morales Morales, le fueron dirigidos dos oficios, en calidad de representante propietario del Partido del Trabajo, ante el Consejo Distrital 08 del Instituto Federal Electoral, en el Estado de México, del tres de abril y once de julio de mil novecientos noventa y siete, suscritos por el Consejero Presidente y por el Secretario, respectivamente, ambos del apuntado Consejo, en los que se consignan comunicaciones vinculadas con un proceso electoral; que mediante ocurso del once de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, el mismo actor, junto con diversas personas, suscribieron ese documento como integrantes de la Comisión Ejecutiva Estatal, el cual fue dirigido a la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo y que en diverso escrito del veintidós de febrero del presente año, el aludido Morales Morales, ostentándose como integrante de la Comisión Ejecutiva Estatal del referido partido, así como precandidato a la Gobernatura del Estado de México, acudió ante el Presidente del Instituto Estatal Electoral del Estado de México, para solicitar su intervención a fin de que se negara el registro a la coalición del pluricitado partido, con el de la Revolución Democrática, por los motivos expuestos en esa documental.

 

 En lo tocante a Maricela Reyes Méndez, se observa la existencia de sendos oficios, uno del veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y siete, proveniente de la Junta Distrital Ejecutiva número XXXIV, del Instituto Federal Electoral, en el que, en su carácter de representante propietario del Partido del Trabajo ante la Comisión Distrital de Vigilancia 08, le remiten diversa documentación analizada en la sesión ordinaria del veinticuatro de marzo del año en cita, celebrada por la mencionada Comisión; así como el diverso oficio del doce de octubre de mil novecientos noventa y cinco, en el que aparece como destinataria, y comisionada del Partido del Trabajo, mediante el cual, el Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva número XXXIV del Estado de México, del Instituto Federal Electoral, le comunica la fecha en que tendrá verificativo la destrucción de los expedientes de las elecciones federales de mil novecientos noventa y cuatro; de igual manera, en el documento relacionado, del once de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, también aparece, ostentándose como integrante de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo; en relación con la misma promovente, fue aportado un documento del veintinueve de octubre del año próximo pasado, en el que figura, entre otros, como integrante de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo, mismo que se halla dirigido a la Comisión Ejecutiva Nacional del mismo instituto político, por el cual presentan el registro de Mario Alberto Morales, como precandidato a la gobernatura del Estado de México.

 

 En lo concerniente al demandante Juan González Trujillo, existe un oficio del veintiocho de abril de mil novecientos noventa y siete, dirigido a la Comisión Ejecutiva Nacional del mismo partido político, por diversas personas que se ostentan como integrantes de la Comisión Ejecutiva Estatal, entre los que aparece González Trujillo, documento en el que comunican, que en la sesión ordinaria de esa fecha, la aludida comisión estatal aprobó una fórmula para candidatos a diputados plurinominales por el Estado de México para la quinta circunscripción, solicitando fuera considerado, en el primer lugar.

 

 En suma, la documentación relacionada revela que Mario Alberto Morales Morales, Maricela Reyes Méndez y Juan González Trujillo, contrario a lo que aseveran, carecen de representación legítima del Partido del Trabajo, para lo efectos por ellos pretendidos, en razón de que, según se advierte del indicado material probatorio, los caracteres con los que aparecen, no los colocan en aptitud jurídica para representar legalmente al mencionado instituto político, para ejercitar en nombre de éste, el medio de impugnación del que conoció la autoridad jurisdiccional de una entidad federativa, porque como bien lo estimó la autoridad responsable, ninguna de las hipótesis que estatuye sobre el particular el artículo 305 del Código Electoral de la Entidad, se actualiza en el caso.

 

 En efecto, el indicado numeral establece lo siguiente:

 

 "Artículo 305. La interposición de los recursos de revisión, apelación e inconformidad corresponde a los partidos políticos a través de sus representantes legítimos. Se considerarán representantes legítimos de los partidos políticos:

 I. Los registrados formalmente ante los órganos electorales. En este caso, el escrito inicial deberá ir acompañado de una copia del documento en que conste el registro.

 II. Los miembros de los comités directivos estatales, distritales o municipales u órganos equivalentes respectivos. En estos casos, a su primera promoción deberán acompañar documentos en que conste su designación de conformidad con los estatutos correspondientes.

 III. Aquéllos que estén autorizados para representarlos mediante mandato otorgado en escritura pública por los funcionarios del partido facultados estatutariamente para ello; y

 IV. Los ciudadanos, sólo en el supuesto del inciso B, fracción I del Artículo 303.

 Los candidatos podrán participar como coadyuvantes del partido político al que pertenezcan, en los términos que determine este Código."

 

 Por lo que ve a Mario Alberto Morales y Maricela Reyes Méndez, la circunstancia de que un órgano electoral federal, les reconociera la calidad de representantes propietarios, al primero, ante el Consejo Distrital 08 y, a la segunda, ante la Comisión Distrital de Vigilancia 08, es insuficiente para avalar su pretensión de que se les reconozca la personería que, desde su punto de vista, es bastante para representar legalmente al Partido del Trabajo, ante el Tribunal electoral del Estado de México, porque consideran les otorga el carácter de dirigentes estatales de dicho partido, es decir, en los términos de la fracción II, del precepto transcrito.

 

 Lo erróneo de su postura estriba, en que no obstante que como lo alegan, el Partido del Trabajo cuenta con registro a nivel nacional, el reconocimiento que tales personas tengan o hayan tenido ante la instancia electoral federal, esto es, ante los órganos relativos del Instituto Federal Electoral, no les confiere la representación legal necesaria para acudir ante los órganos electorales de la entidad, a nombre de ese partido político, como tampoco ante el Tribunal Local.

 

 Lo anterior es así, porque acorde con lo previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, existe una división competencial en materia electoral, concretamente, tratándose de los órganos encargados de la organización de las elecciones, en virtud de los diferentes ámbitos, el federal, así como el local, de acuerdo con lo estatuido en los artículos 41, fracción III, párrafo primero y 116, fracción IV, inciso c), ambos de la Carta Magna; por cuanto a que, en el primero se establece al Instituto Federal Electoral como un organismo público autónomo, al que se le encomienda la organización de las elecciones federales, como función estatal. Mientras que, en el segundo, se ordena a las legislaturas de los estados que, en materia electoral, se garantice que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones.

 

 Congruente con lo anterior, el artículo 11 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, establece, en lo conducente, que la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de Gobernador, Diputados a la Legislatura de Estado y Ayuntamientos, es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado Instituto Electoral del Estado de México.

 

 Los mismos preceptos de la Constitución Federal ordenan y reiteran dicha separación competencial, también en el ámbito jurisdiccional electoral; el artículo 41, fracción IV, señala que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establezca un sistema de medios de impugnación en los términos señalados en esa Constitución y la Ley. En tanto que, el diverso numeral 116, fracción IV, inciso d), previene que las constituciones y leyes de los estados, en materia electoral, deben garantizar que se establezca un sistema de medios de impugnación, para que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten, invariablemente, al principio de legalidad.

 

 La división competencial a que se alude, deriva, seguramente, de la intención del constituyente de preservar el régimen de gobierno consagrado en el artículo 40 de la Norma Fundamental, en el que se consigna la voluntad del pueblo mexicano de constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de esa ley fundamental. Como se decía, la finalidad de esa separación es mantener la federación, pero también respetar la soberanía de los estados; de ahí, que, a las constituciones y leyes de éstos, les sea reservada la regulación de los diversos aspectos que conciernen a la materia electoral, concretamente los anteriormente destacados, relacionados con la organización de las elecciones y el establecimiento de un sistema de medios de impugnación. Postulado este último, que reitera el artículo 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, al señalar que la ley establecerá un sistema de medios de impugnación de los que conocerán los órganos electorales y un Tribunal autónomo con jurisdicción en materia electoral, con la competencia y organización que determine la ley.

 

 En acatamiento a los mandatos constitucionales, tanto federal como local, la Legislatura del Estado de México, expidió el Código Electoral de dicha entidad, en el que se contienen las disposiciones que regulan, entre otros aspectos, los dos ya señalados. En concreto, en el libro sexto titulado "De lo contencioso electoral", se encuentra el título segundo, capítulos del primero al décimo primero, con las normas aplicables para los medios de impugnación.

 

 Todo lo anterior, muestra de manera clara, que existe una diferente regulación constitucional y legal, en cuanto a las normas electorales, específicamente en materia de impugnación y, por ello, también hay legislación diversa para el ámbito federal y para el local; para el primero, resulta aplicable la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; para el segundo, el Código Electoral del Estado de México.

 

 De modo que, al haberse ejercitado un medio de impugnación consagrado en dicha codificación local, resulta claro que los promoventes tienen la obligación de cumplir cabalmente con todas las exigencias establecidas en ésta, entre las cuales se encuentran, desde luego, aquéllas que rigen en cuanto a legitimación y personería. Por tal motivo, el hecho de acreditar los accionantes contar con representación legal del Partido del Trabajo, ante órganos del Instituto Federal Electoral, no satisface las exigencias de la Legislación Local, pues se insiste, en que son ámbitos de acción diferentes, regulados por diversos cuerpos normativos, con instancias propias para cada nivel y que, indiscutiblemente, se reflejan en la organización misma a nivel interno de los partidos políticos; en la especie, los estatutos que rigen para el Partido del Trabajo, así lo reflejan, al establecer en su artículo 23 las diferentes instancias de dirección, en donde incluso se advierten tres niveles: nacional, estatal y municipal, dentro de los cuales, a su vez, existen órganos que se desenvuelven dentro de éstos.

 

 Más se pone de manifiesto la legalidad del proceder jurisdiccional, del hecho de que, dentro de las causas por las que deriva la improcedencia del recurso de apelación intentado, entre otros, por los ahora accionantes, se encuentra el relacionado con la carencia de la personería de quienes lo promuevan, contenido en la fracción III, del artículo 332, del Código Electoral Local, al que la autoridad del conocimiento, prestó especial atención y estimó actualizada esa causa de inejercitabilidad, al advertir que los recurrentes carecían de la personería, cuyo presupuesto procesal debieron acreditar para salir en defensa, según lo alegaron, de sus intereses y de los del instituto político al que dicen representar.

 

 Ciertamente, dentro de las reglas de procedimiento para la tramitación de los recursos, contenidas en el Capítulo Sexto, del Título Segundo, de ese ordenamiento legal, en particular la fracción I, del numeral 318, alude a quienes son partes en el procedimiento para tramitar los recursos en materia electoral y refiere como actor al partido político que lo interponga, debiendo observar las reglas de representatividad previstas en ese cuerpo legal.

 

 Estrechamente vinculado con lo anterior, se tiene lo contemplado por la fracción III, del precepto 320, relativo al requisito de acompañar a la promoción respectiva, los documentos necesarios para justificar la personería, cuando la misma no se tenga acreditada en el órgano del Instituto en el que se actúa, así como lo ya relacionado respecto del precepto 305, en lo tocante a quienes son considerados representantes legítimos de los partidos políticos.

 

 En el caso a estudio, según la división de los órganos representativos del Partido del Trabajo, en los tres niveles enunciados,  de los Estatutos rectores de su vida interna; se aprecia que, a nivel estatal, por ser a este ámbito al que corresponde el acto originariamente reclamado, tal representación recae en un ente colectivo de funcionamiento colegiado, denominado Comisión Ejecutiva Estatal, que entre otras atribuciones tiene la de representar al partido ante las autoridades, organismos políticos y sociales y eventos estatales al disponerse:

 

 "Artículos 66. La Comisión Estatal es el órgano ejecutivo, con carácter colectivo y permanente del Partido, entre sesión y sesión de las Instancias Estatales de Dirección. Su funcionamiento es colegiado. Sesionará ordinariamente una vez a la semana y en forma extraordinaria cuando se considere necesario.

 Artículo 68. Son atribuciones del Comisión ejecutiva Estatal:   

 ...

 c) Representar al Partido ante las autoridades, organismos políticos y sociales y eventos estatales.

 ...

 h) Representar al Partido en cualquier asunto de carácter legal, nombrar representantes legales y en general establecer convenios de todo genero en los marcos de la legislación vigente."

 

 Si bien, dentro de sus atributos se encuentra el relacionado en el inciso h), del precepto últimamente citado, de nombrar representantes legales, de las constancias integrantes del expediente del que dimana el actual acto reclamado, se carece de información tendente a evidenciar que a Juan González Trujillo, se le hubiese designado como representante legal de esa Comisión, puesto que éste no lo alega en esos términos, ni se advierte la existencia de probanza que así lo ponga de manifiesto, para de esta manera, justificar su intervención en lo individual y no la de aquel cuerpo colegiado.

 

 Así, por más que los ahora accionantes estimen, que con la aprobación del convenio en que se plasma la voluntad de los partidos políticos del Trabajo y de la Revolución Democrática, de coaligarse para contender con un candidato común en la elección de gobernador que habrá de celebrarse en cuatro de julio próximo, se repite, acto originariamente impugnado, se atente contra alguno o algunos de los derechos de los militantes del instituto político al que sostienen pertenecer, ello de manera alguna los faculta para intentar la declaratoria de ilegalidad del acto aprobatorio de aquel concierto de voluntades, pues como certeramente se consigna en la sentencia ahora impugnada, los recurrentes carecen de personería necesaria, por no ser, a su vez, representantes de dicho partido político; de suerte que, si la institución jurídica de la representación, es el medio a través del cual se realizan actos jurídicos a nombre de otra persona, derivada, según sea el caso, de la ley o de la voluntad del otorgante; en la especie, necesariamente debió emanar de un acto de voluntad del órgano estatutariamente facultado, se insiste, en este caso, la Comisión Ejecutiva Estatal, por virtud del cual les invistiera de las facultades necesarias para el ejercicio de esa representación y así tuvieran la aptitud legal que les otorga, al no advertirse así sucediera, la determinación a que arribó la jurisdicente en tal sentido, debe estimarse, por correcta, ajustada a derecho.

 

 Ante la validez de los argumentos en que se sustenta el proceder de la autoridad del conocimiento, en ese sentido, es claro que, el acto reclamado contiene la fundamentación y motivación suficiente para que se estime deba continuar surtiendo efectos jurídicos, habida cuenta que, según criterio reiterado de esta Sala Superior, por fundar debe entenderse la expresión de los fundamentos legales o de derecho del acto reclamado, esto es, la obligación que tiene el órgano emisor del acto, de expresar con precisión los preceptos legales aplicables al caso; y por motivar, debe estimarse el señalamiento de las causas materiales o de hecho que hayan dado lugar a dicho acto, es decir, deben indicarse con exactitud las circunstancias especiales, las razones particulares o las causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para emitir el acto; necesaria, además, resulta la existencia de la debida adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, o sea, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas; ello no es otra cosa, que la comunión que debe haber entre las normas, las circunstancias especiales, las causas inmediatas y el acto en sí mismo estimado, en que deben concurrir las restantes razones de hecho y consideraciones de derecho.

 

 Es así que, al existir una relación entre los dispositivos citados como fundamento y las razones de hecho que a ellos se pretende adecuar, resulta manifiesto que el acto reclamado se ciñe al principio de legalidad en materia electoral, que consagra el artículo 41, base III, Constitucional.

 

 Con relación al alegato apoyado en que el Tribunal responsable sustenta su determinación en el hecho de que el Instituto Electoral del Estado, al rendir el informe circunstanciado en el recurso de apelación, desconoce la personería de los demandantes y, por tanto, aplica criterios distintos, al reconocer la personería de Oscar González Yáñez, suscriptor del convenio de coalición, quien, según se alega, acreditó su carácter con oficio fechado el cuatro de abril de mil novecientos noventa y seis, a través del cual exhibió constancia expedida por el Instituto Federal Electoral del registro definitivo del Partido del Trabajo, sin que en aquel documento se acredite su representación para el proceso electoral de mil novecientos noventa y nueve.

 

 Sobre esa temática, debe decirse que, contra lo alegado, es inexacto que la autoridad ahora responsable, en la sentencia impugnada hiciera pronunciamiento alguno en el sentido destacado por los accionantes, respecto de González Yáñez, dado que al aludir a ese informe, su contenido efectivamente es citado como apoyo del proceder jurisdiccional, pero exclusivamente en la manifestación contenida en el sentido, refiriéndose al recurso de apelación, de que "... los promoventes no tienen acreditada su personalidad ante este órgano electoral".

 

 Del texto del fallo impugnado, se advierte que ese argumento, se esgrime luego de realizarse, por parte del Tribunal del conocimiento, el análisis de los documentos allegados por los entonces recurrentes con la finalidad de acreditar la personería con que se ostentaron, los cuales, similarmente ya fueron materia de examen en esta ejecutoria y, en esencia, se estimaron insuficientes para satisfacer la pretensión de los accionantes, de tenerles como representantes del Partido del Trabajo; de manera que, aún prescindiendo del argumento sustentado en el informe circunstanciado, el sentido del fallo impugnado, cuando menos en ese aspecto, no variaría y, consecuentemente, la conclusión no podría ser otra que, estimar carentes de representación a los recurrentes, para comparecer a nombre de aquel instituto político.

 

  Establecido lo anterior, cabe señalar que inoperante resulta el motivo de inconformidad en el que los accionantes manifiestan, en síntesis, que la autoridad responsable omitió requerirlos para que acreditaran la personería ostentada, acorde a lo previsto en el último párrafo del artículo 321 del Código Electoral del Estado de México, en relación con la fracción III del numeral 320 de ese mismo ordenamiento electoral.

 

 Lo inoperante de tal agravio radica en que, de ser cierto que la autoridad resolutora hubiese incurrido, indebidamente, en la omisión que se le atribuye, la misma debe estimarse intrascendente, en virtud de que nada impedía a los enjuiciantes para que, al promover el presente juicio de revisión constitucional, aportaran los elementos de convicción suficientes que justificaran la personería alegada, de representantes del Partido del Trabajo, teniendo en cuenta que en la sentencia reclamada ya se había resuelto que la documentación exhibida no acreditaba el carácter de que se habla. De modo que, si ante la conducta omisa observada por la jurisdicente, los propios promoventes pudieron subsanar las deficiencias que contenían los documentos habilitantes que habían aportado para comprobar la personería, con el objeto de justificarla a plenitud, y no lo hicieron, su actitud desplegada ante la resolución de mérito, sólo a ellos les es imputable, lo que hace que aquella omisión, como se dijo, deba conceptuarse carente de trascendencia, máxime que, por otra parte, la postura adoptada por los actores, se observa, es la de insistir en que la documentación exhibida ante el Tribunal responsable, era suficiente para acreditar la calidad aducida. De suerte que, si a la postre dichos documentos resultaron ineficaces o insuficientes, para tal fin, como quedó evidenciado del análisis atinente, efectuado en párrafos anteriores, ello pone de relieve que, a final de cuentas, el hecho de que la jurisdicente no haya formulado requerimiento alguno a los promoventes, ningún perjuicio les causó, lo que hace, como se dijo, que la inconformidad sujeta a examen resulte inoperante.

 

 En otro aspecto resulta infundado el argumento propuesto por los promoventes del juicio de revisión constitucional electoral, en el sentido de que conforme al estado procesal que guardaba la tramitación del recurso de apelación, la resolución dictada por el Tribunal responsable, desechamiento de plano, se aprecia a todas luces fuera de contexto, puesto que de haber existido las casuales de improcedencia invocadas, éstas debieron haberse resuelto con anterioridad y no en la resolución definitiva, ya que, en todo caso, se estaría  ante la figura del sobreseimiento, prevista por el artículo 333 del Código Electoral del Estado de México.

 

 La inexactitud de la afirmación producida por los enjuiciantes en la forma apuntada, deriva del hecho de que si bien es cierto, cuando se interpone un recurso de la naturaleza de que se trata, conforme a los artículos 325, 326, 332 y 333, todos del Código acabado de citar, eventualmente pueden actualizarse, ya sean las causales de improcedencia o de sobreseimiento; empero, lo importante del caso es determinar el momento procesal en que cada una de estas figuras puede concretarse.

 

 Así, se tiene que, aun cuando la ley en comento no señala en qué momento del proceso puede actualizarse una y otra figura, la doctrina es unánime en que la improcedencia es la situación jurídica que impide admitir el recurso e iniciar el juicio, debido al incumplimiento de uno o más requisitos de procedibilidad legalmente establecidos; en otras palabras, es la situación procesal en la cual por no existir todos los presupuestos procesales del recurso de mérito, no debe admitirse el escrito mediante el cual se interpone ni tramitarse. De modo que, las causas de improcedencia contenidas en el artículo 332 del Código Electoral citado, que se refieren a motivos manifiestos e indudables, constituyen disposiciones de orden público que imposibilitan al juzgador admitir, para después estudiar el asunto, porque de hacerlo se afectarían los intereses fundamentales de la sociedad; de ahí que se erigen como obstáculos insuperables que deben ser examinados previamente y de manera oficiosa por el órgano jurisdiccional del conocimiento, por lo que si concurre alguno de los motivos relacionados por el precepto legal citado, ello da lugar a que el juzgador no admita el recurso y lo deseche de plano.

 

 Respecto del sobreseimiento, aun y cuando también constituye una resolución que impide entrar al fondo del asunto, la causa o causas que le dan origen sobrevienen o aparecen una vez admitido el recurso; es decir, el pronunciamiento de este tipo de resolución tiene lugar cuando ya fue admitido y se colmaron los demás trámites hasta poner el expediente en estado de sentencia, pero antes de que ésta sea dictada aparece alguna de las causas que enumera el diverso artículo 333 del Código Electoral del Estado como causa de sobreseimiento, que puede ser el desistimiento del promovente del recurso o su fallecimiento, por citar sólo algunos, o bien que durante la tramitación se actualice alguna de las causas de improcedencia señaladas por la ley, que no existía cuando se admitió el recurso, o que incluso, no fue advertido por el órgano jurisdiccional, que impide culminar el proceso con el pronunciamiento de una sentencia de fondo.

 

 Ahora bien, revisado de manera minuciosa el expediente que se integró con motivo del recurso de apelación que interpusieron los ahora inconformes ante el Tribunal Electoral Estatal, se desprende lo correcto del proceder de éste órgano jurisdiccional, al haber desechado de plano el medio de impugnación de mérito.

 

 En efecto, las constancias que conforman el sumario, revelan que una vez recibido en la Oficilía de Partes del Tribunal el expediente, integrado y remitido por el órgano responsable, específicamente por el Presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, mediante resolución de diez de marzo de este año, el Presidente del Tribunal Electoral del Estado, con fundamento en los artículos 292, fracción IX, 302, 303, 307, 319, 320, 322, 325, 326, todos del Código Electoral del Estado de México; 20, 31 fracción IV, 32, 34 y 36 del Reglamento Interno del propio Tribunal, acordó lo siguiente: 1. Se registrara en el Libro General de Recursos bajo el número RA/01/99; 2. Se formara por duplicado el expediente respectivo; 3. Que en razón de turno, resultaba ponente el Magistrado Licenciado Raúl Maldonado Monroy; 4. Se anotara el turno en el Libro respectivo y en su oportunidad remitiera el expediente al Magistrado ponente para la formulación del proyecto de resolución que en derecho correspondiera y hecho lo anterior, se diera cuenta al Pleno, y 5. Se notificara por estrados a los recurrentes, al organismo electoral responsable y al tercero interesado.

 

 Como puede constatarse con facilidad, el Tribunal responsable, a través de su presidente, al recibir el expediente formado con motivo del recurso de apelación, sólo acordó registrarlo en el Libro especial, turnarlo al Magistrado que correspondía para que elaborara el proyecto de resolución que en derecho correspondiera, y que se notificara a las partes esa determinación; es decir, mediante el auto de Presidencia aludido, no se admitió el recurso a trámite, entendida la admisión como la resolución del juzgador por medio de la cual reconoce, en principio, que el escrito inicial de los actores es procedente, en virtud de que se satisfacen los requisitos que la ley procesal exige para estos medios de impugnación, sino que, se repite, sólo se puso a disposición del Magistrado que conforme al turno tocaba conocer del asunto, para que éste, una vez analizado el expediente, propusiera lo que procediera.

 

 

 Por su parte, el Magistrado Electoral en turno, una vez que recibió físicamente el expediente, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 326, en relación con el 325, del Código Electoral del Estado de México, en cuanto dispone la obligación de verificar los requisitos de procedencia de los recursos, revisó el escrito inicial  de los recurrentes, para constatar el  cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para la procedibilidad del medio de impugnación de que se trata, pues como bien se establece en la resolución impugnada de ilegal, conforme al artículo 1o. del Código en consulta, sus disposiciones son de orden público y de observancia general en el Estado; por tal motivo, el Ponente, al encontrar una situación jurídica que impedía admitir el recurso, debido al incumplimiento de los requisitos de procedibilidad establecidos en el citado artículo 333, fracciones III y VI, del Código citado, relativos a que era promovido por quienes no tenían interés legítimo, además de que los agravios no tenían relación directa con el acto impugnado, propuso al Pleno del Tribunal Electoral del Estado, que se desechara de plano el recurso de apelación interpuesto.

 

 

 Como se ha dicho, el proceder de la responsable —de desechar el recurso y no de sobreseer—, se estima correcto, porque las causales de improcedencia establecidas en la ley son de orden público, que impiden al juzgador admitir el recurso planteado, so pena de afectar los intereses fundamentales de la sociedad, que está interesada en la observancia de las normas jurídicas que garantizan la convivencia pacífica de sus miembros; de modo que, si como ya se estableció, el Tribunal responsable, en ningún momento admitió el recurso de apelación, sino, por el contrario, sólo turnó el expediente al Magistrado ponente, para que éste, previamente verificara, a la luz de la legislación vigente, si se habían satisfecho los requisitos de procedibilidad del recurso; de ahí que si realizado el examen integral del expediente que se formó con motivo del recurso, en cuanto a la satisfacción de los requisitos que permitieran su tramitación y pudiera analizarse el fondo de la cuestión planteada, el Ponente encontró que los promoventes del recurso no estaban legitimados para hacer valer ese medio de impugnación, además de que, advirtió, los agravios no tenían relación con el acto reclamado, procedió a desechar de plano el recurso, decisión que, en el especto que se analiza, se repite, fue correcta, ya que no habiendo admitido el recurso, malamente podría decretar el sobreseimiento.

 

 

 No está por demás decir, que contrario a la pretensión de los ahora accionantes, en el caso no procedería el sobreseimiento, pues si el tribunal se abstuvo de admitir a trámite el pluricitado recurso de apelación, entonces no podía aparecer o sobrevenir durante el proceso alguna causal de improcedencia o se concretara alguna de las causas propias por las cuales debía de sobreseerse el recurso, establecidas en el artículo 333 del Código pluricitado, consistentes en que desista el promovente del recurso; cuando la autoridad electoral modifica o revoca el acto, de manera que quede sin materia el recurso; fallezca el recurrente o sea suspendido o privado del goce de sus derechos políticos, lo anterior, se insiste, porque desde el inicio se advirtió la concurrencia de causales que impedían el normal desenvolvimiento del proceso; de ahí que carece de exactitud el argumento que se atiende.

 

 En consecuencia, por lo que ve al tema que se analiza, devienen también infundados los restantes argumentos invocados por los enjuiciantes, en torno de que la resolución pronunciada por el Tribunal responsable, no se apega a la realidad de los hechos y de las constancias que obran en autos, pues como ya se demostró, por el estado procesal que guardaba el recurso de apelación, lo procedente era desecharlo de plano ante la insatisfacción de los presupuestos procesales señalados por el resolutor; además, en oposición a lo sostenido por los accionantes, la resolución impugnada en el aspecto de que se viene hablando, se encuentra fundada y motivada, en razón de que el órgano jurisdiccional invocó los preceptos legales aplicables al caso concreto y expuso las razones que la orillaron a adoptar esa decisión, de donde se sigue lo inexacto de los agravios propuestos en este sentido.

 

 

 Por último, inatendible resulta el agravio en el que los promoventes se quejan de que la emisora del fallo combatido, dejó de referirse al escrito presentado por quienes comparecieron como terceros interesados. Efectivamente, el que la responsable hubiera incurrido en esa omisión que se le atribuye, no causa agravio alguno a los accionantes que amerite la modificación o revocación del desechamiento impugnado; en primer lugar, porque a quien agraviaría esa falta de estudio sería a quienes presentaron ese ocurso de apersonamiento respectivo formulando alegatos; en segundo lugar, porque el que en tal escrito se haya expresado que el acuerdo recurrido en apelación (convenio de coalición), datada del dos de marzo del presente año, siendo que su fecha correcta es del veintisiete de febrero del año que transcurre, constituye la expresión de un error proveniente de quien fungió como tercero interesado, el cual no podía servir de base a la jurisdicente para asumir una postura de decisión distinta a la adoptada; en siguiente término, porque la responsable se encontraba impedida, como también lo está este órgano jurisdiccional, para pronunciar y decidir de primera mano, si como lo adujeron los comparecientes en nombre del tercero interesado, quienes interpusieron el recurso de apelación habían sido expulsados en forma definitiva del Partido del Trabajo, o si como éstos lo arguyen en el presente juicio, para su expulsión no se observaron las distintas disposiciones estatutarias; imposibilidad que deriva, como se encuentran las cosas, del hecho de que no fue materia del recurso de apelación, la expulsión de referencia, ya que, como quedó precisado, tal acto impugnado a través de ese recurso lo constituyó el registro que se efectúo del convenio de coalición celebrado entre los Partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo, y en el presente de revisión constitucional su materia la constituye el desechamiento del mencionado recurso, sin que, para efectuarse el mismo, se haya tenido en consideración la existencia de la expulsión a que se alude; a lo que debe sumarse que si como ya quedó clarificado, los promoventes del presente juicio carecen de la personería de representantes del Partido del Trabajo, ello hace que el agravio que se examina, como se dijo, resulte inatendible.

 

 Así visto el asunto, ante lo infundado en una parte, e inoperante en otra, de los agravios hechos valer, procede confirmar la resolución combatida, que desechó el recurso de apelación interpuesto por los promoventes del presente juicio.

 

 Por lo expuesto y fundado SE RESUELVE:

 

 ÚNICO. Se confirma la sentencia pronunciada el dieciséis de marzo de mil novecientos noventa y nueve, por el Tribunal Electoral del Estado de México, en el expediente RA/01/99, que desechó el recurso de apelación interpuesto contra el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de dicho Estado, que registró el convenio de coalición celebrado por los Partidos Políticos de la Revolución Democrática y del Trabajo.

 

 NOTIFÍQUESE la presente resolución en los términos de ley; devuélvanse los documentos atinentes, después de lo cual archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

 

 Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron los señores Magistrados José Luis de la Peza, Leonel Castillo González, Eloy Fuentes Cerda, Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, quien fue la ponente, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, José de Jesús Orozco Henríquez y Mauro Miguel Reyes Zapata, quienes integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante el Secretario General del Acuerdos que da fe.


 SUP-JRC-058/99

 

 

 

 PRESIDENTE DE LA SALA SUPERIOR

 MAGISTRADO

 

 

 

 JOSÉ LUIS DE LA PEZA

 

 

 

MAGISTRADO    MAGISTRADO

 

 

 

LEONEL CASTILLO   ELOY FUENTES CERDA                                          

GONZÁLEZ


 

 

 

 

 

MAGISTRADA    MAGISTRADO

 

 

 

ALFONSINA BERTA   JOSE FERNANDO OJESTO

NAVARRO HIDALGO  MARTÍNEZ PORCAYO

 

 

 

MAGISTRADO    MAGISTRADO

 

 

 

JOSÉ DE JESÚS    MAURO MIGUEL

OROZCO HENRÍQUEZ  REYES ZAPATA

 

 

 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

 

 

 

FLAVIO GALVÁN RIVERA