JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL.

EXPEDIENTES: SUP-JRC-59/2010 Y SUP-JRC-65/2010, ACUMULADOS.

ACTOR: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO.

MAGISTRADO PONENTE: MANUEL GONZÁLEZ OROPEZA.

SECRETARIOS: CARLOS BÁEZ SILVA, HUGO ABELARDO HERRERA SÁMANO Y ÁNGEL JAVIER ALDANA GÓMEZ.

México, Distrito Federal, a veintinueve de abril de dos mil diez.

VISTOS, para resolver, los autos de los expedientes de los juicios de revisión constitucional electoral identificados con las claves SUP-JRC-59/2010 y SUP-JRC-65/2010, promovidos por Alejandra Jazmín Simental Franco, quien se ostenta con el carácter de representante propietaria del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, en ambos casos, y por Mauricio Morales Beiza y Mayuli Latifa Martínez Simón, quienes se ostentan con el carácter de representantes propietarios de los partidos del Trabajo y Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, a fin de impugnar el “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, POR MEDIO DEL CUAL SE DESIGNAN A LOS CIUDADANOS QUE OCUPARAN LOS CARGOS DE CONSEJEROS PRESIDENTES, CONSEJEROS ELECTORALES, PROPIETARIOS Y SUPLENTES, DE LOS QUINCE CONSEJOS DISTRITALES Y EL CONSEJO MUNICIPAL, ASÍ COMO A LOS VOCALES DE LAS QUINCE JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS Y DE LA JUNTA MUNICIPAL EJECUTIVA, DURANTE EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL DOS MIL DIEZ”.

R E S U L T A N D O

I. Antecedentes. De lo narrado en la demanda y de las constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente:

1. Publicación del Decreto 184 de la XII Legislatura de Quintana Roo. El veintisiete de noviembre de dos mil nueve, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, el Decreto 184, emitido por la XII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, mediante el cual, entre otras cosas, se reformó el artículo 117 de la Ley Electoral de Quintana Roo, estableciéndose que los procesos electorales ordinarios darán inicio el dieciséis de marzo del año que corresponda.

2. Aprobación del Decreto 198. El diez de diciembre de dos mil nueve, la XII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, aprobó el Decreto 198, mediante el cual se reformaron los artículos segundo y tercero transitorios, del Decreto 100 emitido por la misma Legislatura, el cual fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el once de diciembre de dos mil nueve. En este Decreto, se estableció que de conformidad con la Ley Electoral de Quintana Roo, el proceso electoral ordinario local para renovar Gobernador, Diputados a la Legislatura local, y miembros de los Ayuntamientos, daría inicio el dieciséis de marzo de dos mil diez.

3. Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por medio del cual se aprueba la convocatoria para designar a consejeros presidentes, consejeros electorales, y vocales de los consejos distritales y municipal, juntas distritales y municipal ejecutivas del instituto durante el proceso electoral ordinario local dos mil diez. El diez de febrero de dos mil diez, el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, en sesión ordinaria aprobó, entre otras cosas, el “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA LA CONVOCATORIA PARA DESIGNAR A CONSEJEROS PRESIDENTES, CONSEJEROS ELECTORALES, Y VOCALES DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPAL, JUNTAS DISTRITALES Y MUNICIPAL EJECUTIVAS DEL INSTITUTO PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL DOS MIL DIEZ”.

4. Juicio de revisión constitucional electoral. Inconformes con lo anterior, el doce de febrero de dos mil diez, Jazmín Simental Franco y Jaime Miguel Castañeda Salas, quienes se ostentaron, respectivamente, como representante propietario y suplente del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, promovieron vía per saltum juicio de revisión constitucional electoral. Dicho asunto se radicó con la clave SUP-JRC-010/2010 y fue resuelto por esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el cinco de marzo del año que transcurre, en el sentido siguiente:

“…

R E S U E L V E

PRIMERO. Se determina la inaplicación al caso concreto de la última parte del artículo 62 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, exclusivamente por lo que se refiere a la exigencia de la residencia distrital en relación a la integración de los Consejos Distritales de menor número, encargados de la elección de ayuntamientos, en los municipios de Benito Juárez y Othón P. Blanco, para los efectos precisados en esta ejecutoria.

SEGUNDO. Se modifica, en la parte impugnada, el Acuerdo por el que se aprueba la convocatoria para designar consejeros presidentes, consejeros electorales y vocales de los consejos distritales y municipal y juntas distritales y municipal ejecutivas para el proceso electoral ordinario local de dos mil diez, para quedar en los términos precisados en el Considerando Sexto de la presente resolución.

TERCERO. Se ordena al Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo hacer del conocimiento público la modificación ordenada en la presente ejecutoria.

CUARTO. La responsable deberá informar a esta Sala Superior sobre el cumplimiento que dé a la presente sentencia, dentro de las veinticuatro horas siguientes.

QUINTO. Infórmese a la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo relativo a la facultad de inaplicación ejercida por esta Sala Superior en este caso concreto.”

5. Cumplimiento de la ejecutoria SUP-JRC-010/2010. En cumplimiento a la ejecutoria SUP-JRC-010/2010, el seis de marzo de dos mil diez, el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, en sesión ordinaria aprobó el Acuerdo por medio del cual se modificó la Base Segunda de la Convocatoria precisada en el numeral 3 que antecede.

6. Recepción de solicitudes y documentación. El Instituto Electoral de Quintana Roo, por conducto de la Dirección de Organización, del quince al veintisiete de febrero del año en curso, llevó a cabo en los nueve Municipios del Estado de Quintana Roo, la recepción de solicitudes, así como de la documentación respectiva , correspondientes a los ciudadanos aspirantes a Consejeros Presidentes, Consejeros Electorales, propietarios y suplentes, de los Consejos Distritales y Municipal, así como Vocales de las quince Juntas Distritales y Municipal Ejecutivas, para el proceso electoral ordinario local dos mil diez.

7. Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por medio del cual se aprueba la ampliación del plazo para la recepción de solicitudes. El veintiséis de febrero de dos mil diez, el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, en sesión extraordinaria emitió un acuerdo, el cual se intituló: “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, POR MEDIO DEL CUAL SE DETERMINA AMPLIAR EL PLAZO PARA LA RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE LOS ASPIRANTES A LOS CARGOS DE CONSEJOS PRESIDENTES, CONSEJEROS ELECTORALES, Y VOCALES DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPAL, JUNTAS DISTRITALES Y MUNICIPAL EJECUTIVAS DEL INSTITUTO PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL DOS MIL DIEZ”.

8. Publicación de los folios de los aspirantes que cumplieron los requisitos de la convocatoria. El dieciséis de marzo de dos mil diez, se publicó en diversos medios impresos locales del Estado de Quintana Roo –“Diario de Quintana Roo”, “Respuesta”, “La verdad”, “El Quintanarroense” y “El Periódico”, página de Internet del Instituto, así como en sus Estrados- una lista que contenía, únicamente los números de folio de los aspirantes, que según dicho del demandante, la autoridad responsable estimó que cumplieron con los requisitos establecidos en la convocatoria ya precisada.

9. Celebración de las etapas de capacitación, entrevista y examen de conocimientos. Los días diecinueve, veinte y veintiuno de marzo del año en curso, se llevaron a cabo, respectivamente, la celebración de las etapas de capacitación, entrevista y examen escrito de conocimientos a los aspirantes a Consejeros Presidentes, Consejeros Electorales, propietarios y suplentes, de los Consejos Distritales y Municipal, así como a Vocales de las Juntas, Distritales y Municipal Ejecutivas, para el proceso electoral ordinario local dos mil diez.

10. Proceso de calificación de las evaluaciones. En sesión celebrada el veintidós de marzo de dos mil diez, la Junta General del Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo, calificó las evaluaciones de los aspirantes a integrar los órganos desconcentrados del citado ente electoral local.

11. Sentencia dictada en el SUP-JRC-48/2010. El siete de abril del presente año se dictó sentencia en el juicio de revisión constitucional electoral 48/2010, promovido por el Partido de la Revolución Democrática en contra de las determinaciones de diversas autoridades electorales de Quintana Roo mediante las cuales se le negó al referido partido político tanto el acceso a los nombres y los expedientes de los aspirantes a consejeros presidente, consejeros distritales y vocales de los consejos y juntas distritales y municipales, para el proceso electoral de dos mil diez, como la acreditación de determinados ciudadanos como observadores del proceso de designación mencionado.

En la referida sentencia esta Sala Superior decidió, en primer término, sobreseer en el juicio por lo que hizo a la negativa de acceso a los nombres y los expedientes de los aspirantes, por haber quedado sin materia, al haber sido atendida dicha solicitud posteriormente en sus términos; en segundo lugar la citada Sala confirmó la determinación de negar la solicitud del partido actor de acreditar a determinados ciudadanos como observadores del proceso de designación.

12. Elaboración del listado de todos los aspirantes. El treinta de marzo siguiente, la Junta General del Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo, procedió a elaborar el listado por distrito electoral y Municipio con todos los nombres de los aspirantes a ser designados como integrantes de los órganos desconcentrados del Instituto durante el proceso electoral local ordinario dos mil diez.

13. Acuerdo del Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo por medio del cual se designan a los ciudadanos que integrarán los órganos desconcentrados del Instituto. El treinta y uno de marzo de dos mil diez, el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, aprobó el “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, POR MEDIO DEL CUAL SE DESIGNAN A LOS CIUDADANOS QUE OCUPARAN LOS CARGOS DE CONSEJEROS PRESIDENTES, CONSEJEROS ELECTORALES, PROPIETARIOS Y SUPLENTES, DE LOS QUINCE CONSEJOS DISTRITALES Y EL CONSEJO MUNICIPAL, ASÍ COMO A LOS VOCALES DE LAS QUINCE JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS Y DE LA JUNTA MUNICIPAL EJECUTIVA, DURANTE EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL DOS MIL DIEZ”, el cual se identificó con la clave IEQROO/CG/A-039-10.

II. Juicio de Revisión Constitucional Electoral. Inconforme con el mencionado acuerdo, el tres de abril de dos mil diez Alejandra Jazmín Simental Franco, en representación del Partido de la Revolución Democrática promovió, ante la responsable, per saltum, juicio de revisión constitucional electoral.

III. Remisión y recepción de expediente en Sala Superior. Mediante oficio número IEQROO/JRC/007/10 de cinco de abril de dos mil diez, recibido en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior el seis siguiente, el Consejero Presidente del Instituto Electoral de Quintana Roo remitió la demanda y sus anexos, así como la documentación que estimó necesaria para la solución del asunto y su informe circunstanciado.

IV. Turno a Ponencia. Recibido en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior el expediente respectivo, por acuerdo dictado por la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, el seis de abril de dos mil diez, se integró el expediente identificado con la clave SUP-JRC-59/2010 y se turnó a la Ponencia del Magistrado Manuel González Oropeza, para los efectos previstos en el artículo 19, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

V. Radicación, admisión, requerimiento y vista en el SUP-JRC-59/2010. Mediante acuerdo de doce de abril del año en curso, el Magistrado Instructor radicó y admitió el medio de impugnación, tuvo por rendido el informe circunstanciado de la responsable y requirió al Instituto Federal Electoral para que informara, entre otras cosas, si las personas que se enlistaban habían fungido como representante general en algún distrito electoral o ante mesa directiva de casilla de partidos políticos durante los procesos electorales 2005-2006 y 2008-2009. En un acuerdo diverso, pero de la misma fecha, el Magistrado Instructor ordenó dar vista de la demanda a determinadas personas señaladas por el partido actor.

VI. Cumplimiento de requerimiento. Mediante oficio SE/412/2010 de trece de abril del presente año y recibido en esa misma fecha, el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral dio cumplimiento al requerimiento que se le formuló mediante acuerdo de doce de abril.

VII. Recepción de información desconocida por el Partido de la Revolución Democrática, Partido Acción Nacional y Partido del Trabajo. Mediante oficio SG/125/2010 del seis de abril del presente año, el Secretario General del Instituto Electoral de Quintana Roo entregó, el siete de abril siguiente, al Partido de la Revolución Democrática copias certificadas de los expedientes personales de las personas que el treinta y uno de marzo anterior habían sido designadas consejeros presidentes, consejeros electorales y vocales en los distritos electorales locales para el proceso electoral en marcha. Los partidos Acción Nacional y del Trabajo afirman que conocieron dicha información en la misma fecha.

VIII. Ampliación de la demanda. A través del oficio PRE/173/2010, recibido en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior el trece de abril de dos mil diez, el Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo remitió el escrito presentado por los partidos políticos de la Revolución Democrática, Acción Nacional y del Trabajo, mediante el cual ampliaron la demanda que ha dado origen al presente juicio. Dicho Consejero Presidente igualmente remitió los anexos que tales partidos acompañaron, y demás documentación que la autoridad responsable consideró pertinente.

VIII. Notificación y desahogo de vista. Mediante oficio SG/147/2010 recibido vía fax el catorce de abril del presente año el Secretario General del Instituto Electoral de Quintana Roo, informó de la notificación personal de la vista ordenada mediante acuerdo del doce de abril, y anexó copias simples de las constancias de notificación. Mediante oficio SG/157/2010, el referido Secretario General remitió vía fax el quince de abril siguiente los escritos y los anexos que las personas a las que se ordenó dar vista presentaron ante el citado Instituto Electoral.

IX. Segunda vista. Con base en la ampliación de la demanda presentada por los partidos políticos de la Revolución Democrática, Acción Nacional y del Trabajo el diez de abril de dos mil diez y recibida en la Sala Superior el trece siguiente, el catorce de abril el Magistrado Instructor acordó dar vista de dicha ampliación a las personas cuya designación se impugnó específicamente en dicha ampliación.

X. Acuerdo de desglose. Mediante acuerdo del quince de abril del presente año, el Magistrado Instructor ordenó que del expediente correspondiente al SUP-JRC-59/2010, se desglosara el oficio PRE/173/2010, recibido en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior el de trece de abril de dos mil diez, mediante el cual el Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo remitió el escrito de ampliación de la demanda presentada por los partidos políticos de la Revolución Democrática, Acción Nacional y del Trabajo, así como los anexos que tales partidos acompañaron, y demás documentación que la autoridad responsable consideró pertinente; igualmente se ordenó el desglose de todas las actuaciones vinculadas a los mismos. Posteriormente, se consideró que el escrito de ampliación de la demanda presentado constituía una impugnación diversa a la que ha dado origen al SUP-JRC-59/2010, puesto que está suscrita no sólo por partidos adicionales al que promovió inicialmente la demanda que motivó el SUP-JRC-59/2010 y si bien se impugna el mismo acto, los agravios están orientados a combatir nombramientos de personas distintas a las originalmente impugnadas. En razón de lo anterior, se ordenó remitir la referida documentación y demás constancias relacionadas a la Secretaría General de Acuerdos de esta Sala Superior para que se tramitara dicho escrito de ampliación de demanda como un expediente diverso de juicio de revisión constitucional electoral.

XI. Notificación y desahogo de la segunda vista. Mediante oficio SG/158/2010, de quince de abril del presente año, recibido el mismo día vía fax, el secretario General de Instituto Electoral de Quintana Roo remitió las constancias de notificación de la vista ordenada en acuerdo del catorce de abril; el dieciséis de abril siguiente se recibió vía fax el oficio SG/167/2010, del referido Secretario General mediante el cual remitió los originales de las manifestaciones que los ciudadanos a los que se les dio vista hicieron al respecto. Al día siguiente fueron recibidos tales documentos en original.

XII. Turno a Ponencia del SUP-JRC-65/2010. Por acuerdo dictado por la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, el dieciséis de abril de dos mil diez, se integró el expediente identificado con la clave SUP-JRC-65/2010 y se turnó a la Ponencia del Magistrado Manuel González Oropeza, para los efectos previstos en el artículo 19, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. En cumplimiento de tal acuerdo, el Secretario General de Acuerdos de esta Sala Superior hizo llegar, mediante el oficio TEPJF-SGA-1088/10 del dieciséis de abril el expediente respectivo.

XIII. Radicación y admisión del SUP-JRC-65/2010. Mediante acuerdo de diecisiete de abril del año en curso, el Magistrado Instructor radicó y admitió el medio de impugnación y tuvo por rendido el informe circunstanciado de la responsable.

XIV. Cierre de instrucción del SUP-JRC-65/2010. Mediante acuerdo del diecisiete de abril del año en curso, el Magistrado Instructor acordó el cierre de la instrucción en el SUP-JRC-65/2010, quedando ambos expedientes en estado de dictar sentencia.

XV. Objeción presentada por el Partido de la Revolución Democrática respecto del informe circunstanciado rendido por la autoridad responsable en el SUP-JRC-65/2010. El diecinueve de abril del presente año, se recibió en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, un escrito de la representante del Partido de la Revolución Democrática mediante el cual objeta parte del contenido del informe circunstanciado rendido por la autoridad responsable.

XVI. Comunicación de renuncias de personas cuyas designaciones fueron impugnadas. Mediante los diversos oficios recibidos vía fax en esta Sala Superior en las fechas que se precisan a continuación,  el Secretario General del Instituto Electoral de Quintana Roo informó que los ciudadanos abajo señalados presentaron su renuncia a los cargos precisados. A tales oficios, el referido funcionario electoral acompañó copias de los escritos de renuncia presentados por los mencionados ciudadanos:

XVI. Cierre de instrucción del SUP-JRC-59/2010. Por acuerdo del veintiocho de abril de dos mil diez, el Magistrado Instructor, declaró cerrada la instrucción en el SUP-JRC-59/2010, quedando el expediente en estado de dictar sentencia.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y la Sala Superior es competente para conocer y resolver este asunto, conforme a lo previsto en los artículos 41, párrafo segundo, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 186, fracción III, inciso b), y 189, fracción I, inciso d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 86 y 87, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un medio de impugnación promovido por un partido político nacional, en contra de un acto dictado por un instituto electoral estatal relativo a la integración de sus órganos para el proceso electoral local de dos mil diez, en el cual se elegirán tanto gobernador como diputados locales y ayuntamientos.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 9/2010, aprobada por esta Sala Superior, en sesión pública celebrada el treinta y uno de marzo de dos mil diez, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:

“COMPETENCIA. CORRESPONDE A LA SALA SUPERIOR CONOCER DE LAS IMPUGNACIONES DE ACTOS DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS ELECTORALES ESTATALES, RELATIVOS A LA EMISIÓN O APLICACIÓN DE NORMAS GENERALES.—De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 189, fracciones I, inciso d), XIII y XVI, 195, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el numeral 87, párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se advierte que la distribución de competencias establecida por el legislador, para las Salas del Tribunal Electoral, con el objeto de conocer de los juicios de revisión constitucional electoral, dejó de prever expresamente a cuál corresponde resolver sobre la impugnación de actos o resoluciones relacionados con la emisión o aplicación de normas generales de las autoridades administrativas electorales de las entidades federativas, que no estén vinculados, en forma directa y específica, con una determinada elección; en consecuencia, a fin de dar eficacia al sistema integral de medios de impugnación en la materia, garantizando el acceso pleno a la justicia, y en razón de que la competencia de las Salas Regionales en el juicio de revisión constitucional electoral está acotada por la ley, debe concluirse que la Sala Superior es la competente para conocer de aquellos juicios.”

SEGUNDO. Acumulación. Tanto en la demanda que dio origen al SUP-JRC-59/2010, como en la que generó el SUP-JRC-65/2010, el acto impugnado es el ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, POR MEDIO DEL CUAL SE DESIGNAN A LOS CIUDADANOS QUE OCUPARAN LOS CARGOS DE CONSEJEROS PRESIDENTES, CONSEJEROS ELECTORALES, PROPIETARIOS Y SUPLENTES, DE LOS QUINCE CONSEJOS DISTRITALES Y EL CONSEJO MUNICIPAL, ASÍ COMO A LOS VOCALES DE LAS QUINCE JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS Y DE LA JUNTA MUNICIPAL EJECUTIVA, DURANTE EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL DOS MIL DIEZ, y en ambos casos la pretensión de los demandantes estriba en la revocación de los nombramientos de consejeros presidentes, consejeros electorales y vocales de distritos electorales locales. A lo anterior se aúna el hecho de que en ambas demandas uno de los impugnantes es un mismo partido (el de la Revolución Democrática).

Con el objetivo de evitar el dictado de sentencias contradictorias, y bajo los principios de economía y celeridad procesal, el SUP-JRC-65/2010 se debe acumular al SUP-JRC-59/2010, en virtud de que éste fue el primero en ser recibido y registrado; en consecuencia, al SUP-JRC-65/2010 se debe glosar copia certificada de la presente resolución.

TERCERO. Per saltum. En la especie, el per saltum solicitado por el partido actor en el SUP-JRC-59/2010, se encuentra justificado conforme a lo siguiente.

En los artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como 86, apartado 1, incisos a) y f), de la Ley General del Sistema de Medios de impugnación en Materia Electoral se establece que el juicio de revisión constitucional electoral sólo procede en contra de actos y resoluciones definitivas y firmes, por lo que se exige el agotamiento de todas las instancias previas establecidas en la ley, en virtud del cual se puedan haber modificado, revocado o anulado.

Al respecto, esta Sala Superior ha sostenido que el principio de definitividad, rector del juicio de revisión constitucional electoral, se cumple cuando se agotan previamente a la promoción de aquél, las instancias que reúnan las dos siguientes características: a) que sean las idóneas, conforme a las leyes locales respectivas, para impugnar el acto o resolución electoral de que se trate, y b) que conforme a los propios ordenamientos sean aptas para modificar, revocar o anular a éstos.

En ese orden de ideas, la exigencia de agotar las instancias previas tiene como presupuesto que éstas sean idóneas, aptas, suficientes y eficaces para alcanzar las pretensiones de los justiciables en el pleno uso y goce del derecho presuntamente violado, pues sólo de esta manera se da cumplimiento a la máxima constitucional de justicia pronta, completa y expedita, además de otorgar racionalidad a la cadena impugnativa, en tanto que, para estar en aptitud de acudir a un órgano de jurisdicción excepcional y extraordinaria, los justiciables debieron acudir previamente a medios de defensa e impugnación viables.

Asimismo, este órgano jurisdiccional ha considerado que cuando el agotamiento previo de los medios de impugnación, se traduzca en una amenaza seria para los derechos sustanciales que son objeto del litigio, porque los trámites de que consten y el tiempo necesario para llevarlos a cabo puedan implicar la merma considerable o hasta la extinción del contenido de las pretensiones o de sus efectos o consecuencias, entonces debe tenerse por cumplido el requisito en cuestión.

Sirve de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias S3ELJ 23/2000 y S3ELJ 09/2001 consultable en las páginas 79-80 y 80-81 de la compilación oficial “Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005”, tomo Jurisprudencia, cuyos rubros son: “DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA CONSTITUYEN UN SOLO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DEL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL” y “DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA. SI EL AGOTAMIENTO DE LOS MEDIOS IMPUGNATIVOS ORDINARIOS IMPLICAN LA MERMA O EXTINCIÓN DE LA PRETENSIÓN DEL ACTOR, DEBE TENERSE POR CUMPLIDO EL REQUISITO”, respectivamente.

En el caso, se advierte que el proceso de selección de Consejeros Presidentes, Consejeros Electorales, propietarios y suplentes, de los Consejos Distritales y Municipal, así como Vocales de las quince Juntas Distritales y Municipal Ejecutivas, para el proceso electoral ordinario local dos mil diez, ha concluido, pues se han llevado a cabo las etapas de capacitación, examen escrito de conocimientos y designación, y, toda vez que los órganos desconcentrados del Instituto Electoral de Quintana Roo deben estar debidamente integrados a fin de hacer frente a las cargas de trabajo que implican las etapas del proceso comicial, que formalmente dio inicio el dieciséis de marzo de dos mil diez, y la instalación de los órganos desconcentrados del Instituto Electoral de Quinta Roo se debe llevar a cabo hasta la primera semana del mes de abril del año de la elección, acorde a lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo; es incuestionable que cualquier retraso en la resolución del presente asunto podría incidir en el correcto desarrollo del referido proceso electoral en Quintana Roo, al no estar debidamente integrados los órganos desconcentrados del Instituto Electoral del propio Estado.

Por otra parte, los partidos que promovieron el SUP-JRC-65/2010, no aducen que presenten su demanda per saltum, sino que, en virtud de haber presentado un escrito de “ampliación de demanda”, que efectivamente fue presentada per saltum, no argumentaron nada más. No obstante lo anterior, y en virtud de que inicialmente dos de los tres actores del referido juicio pretendieron ampliar una demanda en la cual sólo uno de ellos era actor, y dada la premura de tiempo, puesto que las personas cuya designación se impugna han tomado ya posesión de su cargo y comenzado a ejercer las atribuciones inherentes a éste, y ante la proximidad de la jornada comicial, se hace necesario en el presente caso justificar el per saltum, aunque no haya sido solicitado expresamente por los promoventes del SUP-JRC-65/2010.

CUARTO. Procedibilidad. Previamente al estudio de fondo del presente asunto, se procede a analizar, si se encuentran debidamente satisfechos los requisitos esenciales, así como los especiales de procedibilidad de los juicios de revisión constitucional electoral, en términos de los artículos 8, 9, 86 y 88 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

A. Requisitos de las demandas. Se cumplen los requisitos esenciales previstos en el artículo 9, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque en las demandas se satisfacen las exigencias formales previstas en ese precepto, a saber: el señalamiento del nombre de los actores, el del domicilio para recibir notificaciones, la identificación del acto o resolución impugnados y de la autoridad responsable, la mención de los hechos, de los agravios que los partidos actores dicen que le causa la resolución reclamada, el asentamiento de los nombres y las firma autógrafas de los promoventes en los juicios.

B. Oportunidad. Los presentes juicios de revisión constitucional electoral se promovieron oportunamente porque, respecto del SUP-JRC-59/2010, el acto reclamado fue emitido el treinta y uno de marzo de dos mil diez y la demanda se presentó el tres de abril del año en curso, lo que implica que su promoción se hizo dentro de los cuatro días hábiles posteriores a la emisión del acto materia de impugnación, de conformidad con el artículo 8 de la citada ley de medios.

Por lo que se refiere al SUP-JRC-65/2010, si bien el acuerdo impugnado fue emitido el treinta y uno de marzo de dos mil diez, la información a partir de la cual fundan sus agravios los partidos actores en dicho juicio la conocieron, según afirman tales partidos, el siete de abril del presente año, una vez que el Secretario General del Instituto Electoral de Quintana Roo entregó los expedientes de las personas que, el treinta y uno de marzo, habían sido designadas para diferentes cargos electorales. La interposición de lo que los actores del SUP-JRC-65/2010 denominaron “ampliación de la demanda”, sucedió el diez de abril siguiente, por lo que el plazo de cuatro días legalmente previsto se observó.

C. Legitimación. El juicio de revisión constitucional electoral es promovido por parte legítima, pues conforme al artículo 88, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, corresponde instaurarlo exclusivamente a los partidos políticos y, en la especie, los que promueven son precisamente los partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional y del Trabajo.

D. Personería. El juicio fue promovido por conducto de representante con personería suficiente para hacerlo, en términos de lo dispuesto en el inciso a) del párrafo 1 del artículo 88 del ordenamiento antes invocado, puesto que, en el caso del SUP-JRC-59/2010, la demanda fue presentada por Alejandra Jazmín Simental Franco, en su carácter de representante propietaria del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, carácter que no se encuentra controvertido en autos y que le es reconocido por la autoridad responsable en su informe circunstanciado, en atención a lo dispuesto en el inciso a) del apartado 2 del artículo 18 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación.

Por su parte, la demanda del SUP-JRC-65/2010, fue presentada tanto por la referida representante del Partido de la Revolución Democrática, como por Mauricio Morales Beiza y Mayuli Latifa Martínez Simón, representantes propietarios de los partidos del Trabajo y Acción Nacional, respectivamente, ante el referido Consejo General, carácter que no se encuentra controvertido en autos y que le es reconocido por la autoridad responsable en su informe circunstanciado, en atención a lo dispuesto en el inciso a) del apartado 2 del artículo 18 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación.

E. Definitividad y firmeza. Tal y como se determinó en el considerando anterior, tal requisito se encuentra cumplido, porque si bien, en la legislación electoral local se encuentra contemplado el juicio de inconformidad para impugnar este tipo de acuerdos, lo cierto es que, en el caso, en virtud de las pretensiones de los promoventes, se encuentra justificado el per saltum. De ahí que la causa de improcedencia invocada por la autoridad responsable sobre el particular resulte infundada.

F. Violación a preceptos constitucionales. El requisito consistente en aducir violación a algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exigido por el artículo 86, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, quedó satisfecho en el caso, ya que al efecto, los partidos políticos actores alegan que el acto impugnado transgrede los preceptos 6, 8, 35, fracción II, 41, fracciones IV y VI y 116 del ordenamiento superior.

Este requisito debe entenderse en un sentido formal, es decir, como un requisito de procedencia, no como el resultado del análisis de los agravios propuestos por el actor, en virtud de que ello implica entrar al fondo del juicio; en consecuencia, el requisito en comento debe estimarse satisfecho cuando, como en el caso a estudio, en el juicio de revisión constitucional electoral se hacen valer agravios en los que se exponen razones dirigidas a demostrar la afectación a tales preceptos constitucionales.

Encuentra apoyo el razonamiento anterior, en la tesis de jurisprudencia identificada con la clave S3ELJ 02/97, sustentada por esta Sala Superior, consultable en las páginas 150-157, de la compilación oficial “Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005”, tomo Jurisprudencia, de rubro: “JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. INTERPRETACIÓN DEL REQUISITO DE PROCEDENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 86, PÁRRAFO 1, INCISO B), DE LA LEY DE LA MATERIA”.

G. Violación determinante. Tal requisito se colma en los presentes juicios, en atención a que la violación reclamada puede afectar la integración de los órganos administrativos desconcentrados del Instituto Electoral de Quintana Roo que habrá de administrar y organizar los procesos electorales que se lleven a cabo en la entidad, lo que de manera indubitable resulta determinante para el desenvolvimiento de los mismos.

En la especie, es inconcuso que se está frente a un acto, genéricamente considerado, que es determinante para el desarrollo del proceso electoral respectivo, consistente en la designación de los aspirantes que integrarán los órganos electorales distritales y municipales de dicho instituto, los cuales se encargan, entre otras cuestiones, de la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales en los distritos uninominales electorales y en los municipios estatales, respectivamente, (tratándose de los consejos), o bien, auxilian en el ejercicio de dichas tareas (por lo que se refiere a las juntas) en términos de lo dispuesto en los artículos 59, 66, último párrafo, y 68 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo.

En esas condiciones, si las autoridades administrativas electorales a nivel local tienen una importante participación en la salvaguarda de los procesos electorales, mediante la organización de los mismos en la demarcación geográfica-electoral que les corresponde, entonces, es claro que la legal integración de esas autoridades es determinante para el desarrollo de los procesos electorales que se desarrollen en la entidad.

Sirve de apoyo a lo anterior, mutatis mutandis, la tesis de jurisprudencia S3ELJ 04/2001, visible a fojas 36 y 37 de la compilación oficial “Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005”, tomo Jurisprudencia, cuyo rubro es: “AUTORIDADES ELECTORALES LOCALES ENCARGADAS DE ORGANIZAR LAS ELECCIONES O DE RESOLVER LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LOS COMICIOS LOCALES. SU DESIGNACIÓN FORMA PARTE DE LA ORGANIZACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL (Legislación del Estado de Yucatán y similares)”.

H. Reparación factible. También se cumple la previsión del artículo 86, párrafo 1, incisos d) y e), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ya que la reparación solicitada es material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales, conforme a lo siguiente.

Ha sido criterio reiterado de esta Sala Superior, que el requisito de procedencia consistente en que la reparación reclamada sea factible de repararse antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios elegidos, debe entenderse referida a la instalación de órganos que hayan resultado electos a través de la emisión del voto universal, libre, directo y secreto depositado en las urnas, no de órganos administrativos o jurisdiccionales electorales a nivel local, como acontece en la especie, pues en el primer supuesto, se trata de órganos que constituyen los poderes mismos del Estado, que han de quedar debidamente integrados en las fechas fatales, constitucionalmente previstas.

Luego entonces, de acogerse las pretensiones de los partidos enjuiciantes, las situaciones de hecho que podrían resultar afectadas, forzosamente tendrían que desaparecer o modificarse, pues la designación controvertida resultaría ilegal, máxime que debe considerarse que, por un lado, el punto de acuerdo TERCERO del acto impugnado prescribe que las personas designadas debieron apersonarse en las instalaciones del Instituto Electoral de Quintana Roo el pasado cuatro de abril para rendir la formal protesta del cargo; aunado a ello, acorde con lo establecido en el artículo 64 de la citada ley orgánica, la instalación de los órganos desconcentrados del citado Instituto se realizará la primera semana del mes de abril del año de la elección y conforme con lo expresado por los partidos actores, ello ocurrió entre el ocho y el diez de abril del presente año.

El anterior criterio se encuentra recogido en la tesis de jurisprudencia que obra bajo el rubro "REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. EL REQUISITO DE REPARABILIDAD SE ENCUENTRA REFERIDO A LOS ÓRGANOS Y FUNCIONARIOS ELECTOS POPULARMENTE", consultable en la página 214 de la citada compilación.

Por otra parte, en el informe circunstanciado que el Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo rindió respecto de la demanda que generó el diverso SUP-JRC-65/2010 (inicialmente presentada como ampliación de demanda), la autoridad responsable argumenta que dicha ampliación es improcedente, y por tanto se debe desechar, en razón de que al momento de su presentación los ciudadanos cuya designación se impugna tomaron posesión de sus cargos y se encuentra ejerciendo sus respectivas funciones como consejeros electorales y vocales distritales y municipales, por lo que resulta aplicable el artículo 86, párrafo 1, inciso e), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, puesto que, en su caso, la reparación solicitada ya no es factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios electos.

En efecto, es infundada la causa de improcedencia argumentada por la autoridad responsable porque el requisito de procedencia del juicio de revisión constitucional electoral antes mencionado es aplicable en el caso de la impugnación de actos o resoluciones de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios locales o resolver las controversias que surjan durante los mismos, cuando tales impugnaciones se relacionan con la elección de órganos del Estado mexicano, en cualquiera de sus diferentes ámbitos normativos, cuya renovación se realiza mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, en las que participen partidos políticos y en las cuales los ciudadanos sufragan de manera universal, libre, secreta y directa.

En el caso que se analiza, los órganos que se han integrado no se renuevan mediante elecciones populares en las que participan los ciudadanos y los partidos políticos; adicionalmente, los ciudadanos cuyos nombramientos se impugnan tampoco son funcionarios electos, sino que son designados por un órgano máximo de decisión, sin que el hecho de que para la toma de sus decisiones dicho órgano máximo de decisión (el Consejo General de Instituto Electoral de Quintana Roo) siga la regla de la deliberación y la mayoría resultado de una votación de sus integrantes.

Cuando un nombramiento de dicha autoridad es impugnado por vicios propios o por vicios en el procedimiento seguido, el hecho de que los servidores públicos designados asuman el cargo y comiencen a ejercer las funciones inherentes a éste no convalida o purga los referidos vicios, sino que, si la designación o nombramiento es impugnado, permanecerá sub iudice hasta en tanto no se haga un pronunciamiento firme y definitivo sobre dicha impugnación, por lo que, si la impugnación es oportuna y fundada, se debe declarar la nulidad de dicho nombramiento o designación en cualquier momento, hasta en tanto la etapa del proceso electoral dentro de la cual se llevó a cabo no se clausure.

Las violaciones al debido procedimiento de selección y designación de los consejeros electorales y vocales distritales y municipales pueden ser impugnadas al cabo del mismo, puesto que dicho procedimiento se lleva dentro de la etapa de preparación de la elección, la cual no se clausura sino hasta el inicio de la jornada electoral, conforme al artículo 119 de la Ley Electoral de Quintana Roo.

Conforme al principio de definitividad, los actos que, en el desarrollo de cada una de las etapas de dicho proceso, emitan y ejecuten las autoridades electorales adquieren, a la conclusión de cada una de dichas etapas en que dichos actos se emiten, la característica de invariables y ya no son susceptibles de cambio; ello tiene como finalidad esencial otorgarle certeza al desarrollo de los comicios, así como seguridad jurídica a los participantes en los mismos[1].

De esta forma, una vez clausurada una etapa del proceso electoral, todo lo realizado, todos los actos de autoridad que dentro de dicha etapa se hayan llevado a cabo, no podrán ser modificados o sometidos a algún examen de legalidad o constitucionalidad posteriormente, ya que, al concluir la etapa electoral respectiva, los actos y resoluciones ocurridos durante la misma que hayan surtido plenos efectos y que no se hayan revocado o modificado dentro de la propia etapa, deberán tenerse por definitivos y firmes con el objeto de que los partidos políticos, ciudadanos y autoridades electorales se conduzcan conforme a ellos durante las etapas posteriores, adquiriendo por tales razones el carácter de irreparables[2], para los efectos de la procedencia de algún medio de impugnación.

Por lo tanto, los actos realizados dentro de cada una de las diferentes etapas del proceso electoral, que no sean impugnados dentro del plazo legal, no pueden ser revocados, modificados o sustituidos en una etapa posterior[3]. Esto implica, incluso, que al momento de que se resuelva la procedencia de un medio de impugnación interpuesto oportunamente, se debe considerar que la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales, hasta en tanto no inicie la siguiente etapa del proceso comicial[4].

Por lo tanto, y tal como el presente medio de impugnación lo muestra, en tanto no se clausure la etapa de la elección dentro de la cual se ha llevado a cabo el acto impugnado, es factible, por regla general, su impugnación. También por ello es infundada la causa de improcedencia analizada.

QUINTO. Acto impugnado. Se transcribe a continuación el acuerdo impugnado:

“ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, POR MEDIO DEL CUAL SE DESIGNAN A LOS CIUDADANOS QUE OCUPARÁN LOS CARGOS DE CONSEJEROS PRESIDENTES, CONSEJEROS ELECTORALES, PROPIETARIOS Y SUPLENTES, DE LOS QUINCE CONSEJOS DISTRITALES Y EL CONSEJO MUNICIPAL, ASÍ COMO A LOS VOCALES DE LAS QUINCE JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS Y DE LA JUNTA MUNICIPAL EJECUTIVA, DURANTE EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL DOS MIL DIEZ.

ANTECEDENTES

I. El veintisiete de noviembre de dos mil nueve, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el Decreto número 184 emitido por la Honorable XII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, mediante entre otros, se reformó el articulo 117 de la Ley Electoral de Quintana Roo estableciéndose que los procesos electorales ordinarios locales darán inicio el día dieciséis de marzo del año que corresponda.

II. Por otra parte, el diez de diciembre de dos mil nueve, la propia Honorable XII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, tuvo a bien aprobar el Decreto número 198, mediante el cual se reformaron los artículos segundo transitorio y el segundo párrafo del tercero transitorio, ambos del Decreto 100 de la misma soberanía quintanarroense; mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el once de diciembre de dos mil nueve; en dicho Decreto se estableció que de conformidad con la Ley Electoral de Quintana Roo, el proceso electoral ordinario local para renovar Gobernador, diputados a la Legislatura local, y miembros de los Ayuntamientos, daría inicio el pasado día dieciséis de marzo del año dos mil diez.

III. Con fecha diez de febrero de dos mil diez, este Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, llevó a cabo sesión extraordinaria mediante la cual aprobó, entre otros, el "Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por medio del cual se aprueba la Convocatoria para designar Consejeros Presidentes, Consejeros Electorales y Vocales de los Consejos Distritales y Municipal, Juntas Distritales y Municipal Ejecutivas del Instituto para el proceso electoral ordinario local dos mil diez.".[1]

En dicho documento jurídico se estableció la guía instrumental, requisitos y formas de acreditación, las fases y los periodos de ejecución de las mismas, con el propósito de que este Consejo General estuviera en la aptitud jurídica y material para designar a los ciudadanos que fungirán como Consejeros Presidentes, Consejeros Electorales, propietarios y suplentes, de los quince Consejos Distritales y del Consejo Municipal, así como a los Vocales de las quince Juntas Distritales Ejecutivas y la Junta Municipal Ejecutiva, durante el proceso comicial en curso en esta entidad federativa, conforme al cual los ciudadanos quintanarroenses elegirán Gobernador, Diputados locales y miembros de los Ayuntamientos.

IV. El día doce de febrero de dos mil diez, los ciudadanos Alejandra Simental Franco y Jaime Miguel Castañeda Salas, en sus calidades de Representantes, propietario y suplente, respectivamente, del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General de este Instituto, interpusieron ante la oficialía de de esta autoridad comicial, vía per saltum, escrito de demanda de juicio de revisión constitucional electoral en contra del Acuerdo referido en el Antecedente inmediato anterior.

V. Atendiendo al hecho anterior, el cinco de marzo del dos mil diez, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aprobó por mayoría de votos la resolución correspondiente al juicio de revisión constitucional electoral aludido en el Antecedente inmediato anterior, radicado y sustanciado bajo el expediente número SUP-JRC-010/2010, determinando en sus puntos resolutivos, lo siguiente:

"PRIMERO. Se determina la inaplicación al caso concreto de la última parte del artículo 62 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, exclusivamente por lo que se refiere a la exigencia de la residencia distrital en relación a la integración de los Consejos Distritales de menor número, encargados de la elección de ayuntamientos, en los municipios de Benito Juárez y Othón P. Blanco, para los efectos precisados en esta ejecutoria.

SEGUNDO. Se modifica, en la parte impugnada, el Acuerdo por el que se aprueba la convocatoria para designar consejeros presidentes, consejeros electorales y vocales de los consejos distritales y municipal y juntas distritales y municipal ejecutivas para el proceso electoral ordinario local de dos mil diez, para quedar en los términos precisados en el Considerando Sexto de la presente resolución.

TERCERO. Se ordena al Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo hacer del conocimiento público la modificación ordenada en la presente ejecutoria.

CUARTO. La responsable deberá informar a esta Sala Superior sobre el cumplimiento que dé a la presente sentencia, dentro de las veinticuatro horas siguientes.".[2]

VI. Derivado de lo anterior, en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, celebrada el día seis de marzo de dos mil diez, este órgano máximo de dirección, aprobó el Acuerdo por medio del cual se modificó la Base Segunda de la Convocatoria respectiva y se implementaron las medidas necesarias a fin de hacer efectivas las modificaciones realizadas a la Base de mérito.

VIl. De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo referido en el Antecedente I de este documento legal, el Instituto Electoral de Quintana Roo, a través de la Dirección de Organización contando con el apoyo de diversos servidores electorales de la institución, en términos de la Convocatoria de mérito, del día quince al día veintisiete de febrero del año dos mil diez, llevó a cabo en los nueve Municipios del Estado, la recepción de solicitudes, así como de la documentación respectiva, de los ciudadanos aspirantes a Consejeros Presidentes, Consejeros Electorales, propietarios y suplentes, de los Consejos Distritales y Municipal, así como Vocales de las Juntas Distritales y Municipal Ejecutivas, para el electoral ordinario local dos mil diez.

En relación con este aspecto, conforme al estadístico elaborado por la Dirección de Organización se recepcionaron en toda la geografía de la entidad un total de seiscientas cuarenta y cuatro solicitudes de ciudadanos de aspirantes a integrar los órganos desconcentrados de este Instituto durante el actual proceso local.

VIII. Derivado de las múltiples complicaciones en la realización de las gestiones de carácter administrativo efectuadas en las instancias correspondientes por parte de los aspirantes a ocupar los cargos de Consejeros Presidentes, Consejeros Electorales de los Consejos Distritales y Municipal, Vocales de las Juntas Distritales y Municipal Ejecutiva, a fin de obtener los documentos requeridos en la convocatoria respectiva para su registro correspondiente, y dado que un día antes de que venciera el plazo para la recepción de dichas solicitudes en términos de la Convocatoria primigenia, esta autoridad comicial local observó que había un número escaso de solicitudes para ocupar dichos cargos en diversos distritos y municipios de la entidad; este órgano superior de dirección electoral, en ejercicio de sus atribuciones, decidió emitir un Acuerdo por medio del cual se ampliara el plazo señalado en la Convocatoria de mérito, modificando consecuentemente la temporalidad del desarrollo de las fases siguientes dentro del procedimiento de selección motivo del presente Acuerdo.

En tal virtud, el día veintiséis de febrero de dos mil diez, este Consejo General celebró sesión extraordinaria en la que aprobó el "Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por medio del cual se determina ampliar el plazo para la recepción de solicitudes de los aspirantes a los cargos de Consejeros Presidentes, Consejeros Electorales y Vocales de los Consejos [3] Distritales y Municipal, Juntas Distritales y Municipal Ejecutivas del Instituto para el proceso electoral ordinario local dos mil diez.".

IX. Conforme al hecho antes relatado, el día tres de marzo de dos mil diez, fue interpuesto, vía per saltum, ante la oficialía de partes de este Instituto, un escrito de demanda del juicio de revisión constitucional electoral por parte de la ciudadana Alejandra Jazmín Simental Franco, en su carácter de representante propietaria del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General de este Instituto, en contra del Acuerdo referido en el párrafo que antecede.

Atendiendo a lo manifestado, en sesión pública celebrada el diez de marzo de dos mil diez, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por mayoría de votos, aprobó la sentencia de resolución del juicio aludido en el párrafo anterior, radicado y sustanciado bajo el expediente número SUP-JRC-034/2010, en la cual dicho órgano máximo jurisdiccional de la Nación en la materia, confirmó el Acuerdo controvertido en todos sus términos.

X. Por otra parte, atendiendo al procedimiento y fases determinados en relación a la selección de los ciudadanos que integran los órganos desconcentrados de este Instituto durante el actual proceso comicial, una vez recepcionadas las solicitudes y los documentos pertinentes, seguidamente se procedió a la instrumentación de los actos subsecuentes previstos al respecto.

XI. Así, la Junta General del Instituto llevó a cabo la revisión de los requisitos y la valoración de los antecedentes curriculares presentados por los aspirantes a Consejeros Presidentes, Consejeros Electorales, propietarios y suplentes, de los Consejos Distritales y Municipal, así como los de Vocales de las Juntas Distritales y Municipal Ejecutivas, determinando lo correspondiente sobre el particular.

Cabe advertir que de las seiscientas cuarenta y cuatro solicitudes presentadas, únicamente quinientos setenta y tres ciudadanos aspirantes cumplieron a cabalidad con los requisitos exigidos.

De lo anterior, se procedió a la realización de la publicación, el día dieciséis de marzo del año dos mil diez, en diversos medios impresos locales como el Diario de Quintana Roo, Respuesta, La Verdad, El Quintanarroense y El Periódico, en la página de Internet del Instituto, así como en los estrados de este órgano electoral, de una lista con los números de folio de los aspirantes que cumplieron con los requisitos que señala la Convocatoria referida en el Antecedente I del presente Acuerdo.

XII. Posteriormente, el día diecinueve de marzo de dos mil diez, de conformidad al Acuerdo referido en el Antecedente VIII, en el cual se procedió a ampliar los plazos en que habría de realizarse las distintas fases del procedimiento de [4] selección de Consejeros y Vocales Distritales y Municipal, se efectuó la etapa del curso de capacitación a los aspirantes a Consejeros y Vocales de los órganos desconcentrados del Instituto, la cual tuvo verificativo en las instalaciones del Museo de la Cultura Maya situado en la Avenida Héroes sin número de esta ciudad capital; siendo que el curso de referencia fue impartido por personal dé las Direcciones de Organización, Capacitación Electoral y Jurídica de este Instituto. A dicha actividad acudieron en su calidad de observadores los integrantes de la Comisión de Organización Informática y Estadística del Consejo General, Consejero Guillermo Escamilla Ángulo, como Presidente de la misma. Consejeros Jorge Miguel Esquivel Ávila y Rafael Enrique Guzmán Acosta, como integrantes, así como Juan Alberto Manzanilla Lagos, Carlos Omar Guirado López y Armando Miguel Palomo Gómez, en sus calidades de representantes del Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México, y Partido Nueva Alianza, respectivamente, contando igualmente con la presencia, como observadores invitados, de los representantes de Convergencia, Jonathan Carrillo Cárdenas, y del Partido del Trabajo, Mauricio Morales Beiza.

XIII. El día dieciocho de marzo del año dos mil diez, los integrantes de la Junta General, bajo la coordinación de la Dirección de Organización con el apoyo técnico de la Unidad Técnica de Informática y Estadística de este Instituto procedieron a la elaboración de los exámenes que se aplicarían a los aspirantes a integrar los órganos desconcentrados de este Instituto conforme al procedimiento previsto al respecto.

Durante el desahogo de esta acción se contó con la presencia de los integrantes de la Comisión de Organización, Informática y Estadística del Consejo General, el Consejero Presidente Jorge Manriquez Centeno, la Consejera Aída Isis González Gómez, y la presencia como observadores invitados de la representante propietaria del Partido de la Revolución Democrática, Alejandra Jazmín Simental Franco y el representante de Convergencia, Jonathan Carrillo Cárdenas.

En dicha actividad se contó con la presencia del Licenciado Salvador Terrazas Cervera, en su carácter de Notario Público número cuarenta y cuatro en el Estado, quien dio fe de dicha actividad.

XIV. En continuación con el desahogo de las fases instrumentales del procedimiento de selección de integrantes de los órganos desconcentrados de este Instituto durante el actual proceso comicial, con fecha veinte de marzo de dos mil diez, se llevaron a cabo las entrevistas a los ciudadanos aspirantes a Consejeros Presidentes, Consejeros Electorales, propietarios y suplentes, de los Consejos Distritales y Municipal, así como Vocales de las Juntas Distritales y Municipal Ejecutivas para el proceso electoral dos mil diez, las cuales se desarrollaron en cuatro aulas de la Escuela Secundaria Técnica número dos, "Justo Sierra Méndez", situada en esta ciudad capital, estando a cargo las mismas [5] por parte de los integrantes de la Junta General de este Instituto.

Durante el desarrollo de esta fase se contó con la presencia de los integrantes y de la Comisión de Organización, Informática y Estadística del Consejo General, el Consejero Presidente Jorge Manriquez Centeno, la Consejera Aída Isis González Gómez, y la presencia como observadores invitados de la representante propietaria y del representante suplente del Partido de la Revolución Democrática, Alejandra Jazmín Simental Franco y Jaime Miguel Castañeda Salas, en cada caso, la representante del Partido Acción Nacional, Mayuli Latifa Martínez Simón, el representante de Convergencia, Jonathan Carrillo Cárdenas, y el representante del Partido del Trabajo, Mauricio Morales Beiza.

Es de mencionarse que de los quinientos setenta y tres aspirantes aceptados para seguir con el procedimiento, cincuenta y cuatro no acudieron a realizar su entrevista, por lo que, los mismos quedaron descartados dentro del procedimiento de selección respectivo, siendo que de esta forma quinientos diecinueve aspirantes cumplieron hasta este momento con el proceso de selección previamente establecido.

XV. El día veintiuno de marzo del año dos mil diez, tuvo verificativo en la Escuela Secundaria Técnica número dos, denominada "Justo Sierra Méndez" en esta ciudad capital, la etapa consistente en la aplicación del examen escrito de conocimientos para los aspirantes a Consejeros Presidentes, Consejero Electorales, propietarios y suplentes, de los Consejos Distritales y Municipal, así como Vocales de las Juntas Distritales y Municipal Ejecutivas; para tal efecto se habilitaron diecisiete aulas de dicho centro de educación básica, siendo el caso, que por cada aula, fungió como responsable de cada una de las mismas, integrantes de la Junta General de este Instituto y servidores electorales de diversas áreas institucionales habilitadas para tal fin.

Dicha actividad se desarrolló ante la presencia como observadores electorales de los integrantes de la Comisión de Organización, Informática y Estadística del Consejo General, el Consejero Presidente Jorge Manriquez Centeno, la Consejera Aída Isis González Gómez, y la presencia como observadores invitados de la representante propietaria del Partido de la Revolución Democrática, Alejandra Jazmín Simental Franco, la representante del Partido Acción Nacional, Mayuli Latifa Martínez Simón, el representante de Convergencia, Jonathan Carrillo Cárdenas, y el representante del Partido del Trabajo, Mauricio Morales Beiza.

Es importante destacar que a la realización del examen escrito no acudieron seis aspirantes con derecho a presentarlo, es decir, que de quinientos diecinueve ciudadanos aspirantes, finalmente quinientos trece cumplieron con cada una de las etapas de selecdón, siendo el universo de ciudadanos sobre los que se procedió a la selección de conformidad al procedimiento previamente establecido, [6] destacándose que en cada una de estas etapas los aspirantes no fueron identificados por su nombre, sino con su número de folio previamente asignado conforme al número otorgado cuando los mismos hicieron entrega de su documentación, asegurando con ello la imparcialidad en la calificación otorgada en cada una de las fases previamente establecida en el proceso de selección citado.

Acontecido lo mencionado, los integrantes de la Junta General se trasladaron de forma conjunta a las instalaciones de este Instituto, con el propósito de resguardar debidamente los exámenes aplicados, contenidos en sobres debidamente sellados y rubricados, en la oficina que ocupa el titular de la Dirección de Organización; en ese lugar en un archivero metálico se introdujeron los sobres sellados y rubricados en las gavetas respectivas, mismas que sellaron debidamente y se rubricaron por todos los integrantes de la Junta General.

A dicho acto acudió para levantar la fe pública de tal hecho, el Licenciado Salvador Terrazas Cervera, en su calidad de Notario Público número cuarenta y cuatro del

Estado de Quintana Roo.

XVI. El veintidós de marzo de dos mil diez, se llevó a cabo la sesión de la Junta General, en la que los integrantes de dicho cuerpo técnico colegiado institucional " procedieron a la calificación de las evaluaciones de los ciudadanos aspirantes a integrar los órganos desconcentrados de este Instituto, identificados a través de un número de folio, lo anterior, previa apertura del archivero metálico en que se resguardaron las evaluaciones en la Dirección de Organización y traslado de dichos sobres a la sala de sesiones del Instituto, en donde, se efectuó el trabajo material de calificar dichas evaluaciones por parte de la Junta General, procediendo previamente a la apertura de cada sobre conforme a cada aula se realizó la examinación escrita, uno a uno de forma sucesiva, en presencia de todos los observadores presentes.

A dicha sesión acudieron como observadores los integrantes de la Comisión de Organización, Informática y Estadística del Consejo General, el Consejero Presidente Jorge Manriquez Centeno y la presencia como observadores invitados de la representante propietaria del Partido de la Revolución Democrática, Alejandra Jazmín Simental Franco, la representante del Partido Acción Nacional, Mayuli Latifa Martínez Simón, y el representante de Convergencia, Jonathan Carrillo Cárdenas.

Acontecido lo anterior, se procedió a la integración de la lista general de los folios conforme al resultado obtenido en la evaluación escrita, por cada distrito electoral uninominal y el Consejo Municipal, para ocupar dichos cargos; dicha documental, en conjunto con las evaluaciones fueron introducidas en sobre que fueron sellados y resguardados una vez más en el archivero metálico correspondiente dentro de la oficina del titular de la Dirección de Organización de este Instituto. [7]

De estos últimos actos, se levantó una actuación notarial de fe realizada por la Licenciada Dolores de las Mercedes Rivera Aguilar, Notaría Pública número cuarenta y tres del Estado de Quintan Roo, con residencia/en esta ciudad capital.

XVII. Con fecha treinta de marzo de dos mil diez, la Junta General de este Instituto celebró sesión mediante la cual en términos de lo establecido en el artículo 63 fracción III de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, procedió hasta este momento procesal a elaborar la lista correspondiente con los nombres de todos los aspirantes por distrito electoral y por Municipio aspirantes a ser designados como integrantes de los órganos desconcentrados del Instituto durante el proceso electoral local ordinario en curso.

Dicho listado, se presenta en el acto al Consejo General para los efectos correspondientes, quedando conformado como a continuación se indica: