JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL

EXPEDIENTE: SUP-JRC-216/2011

ACTOR: CONVERGENCIA

AUTORIDAD RESPONSABLE: SALA DE SEGUNDA INSTANCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO

TERCERO INTERESADO: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

MAGISTRADO PONENTE: FLAVIO GALVÁN RIVERA

SECRETARIO: ARTURO GARCÍA JIMÉNEZ

 

México, Distrito Federal, a siete de septiembre de dos mil once.

VISTOS, para resolver, los autos del juicio de revisión constitucional electoral identificado con la clave SUP-JRC-216/2011, promovido por Convergencia, en contra de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, para controvertir la sentencia de catorce de julio de dos mil once, dictada en el recurso de apelación identificado con la clave TEE/SSI/RAP/122/2011, mediante la cual confirmó el acuerdo 036/SO/16-06-2011, del Consejo General del Instituto Electoral de ese Estado, que aprobó la nueva delimitación territorial de los veintiocho distritos electorales uninominales que conforman esa entidad federativa, con sus respectivas cabeceras distritales, y la omisión en que incurrió la responsable para concluir los trabajos de redistritación ordenados por la legislatura estatal, así como la omisión de realizar los trabajos relativos a las demarcaciones municipales.

R E S U L T A N D O:

I. Antecedentes. De la narración de hechos que el partido político actor hace en su escrito de demanda y de las constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente:

1. Ley 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. El primero de enero de dos mil ocho, se publicó en el periódico oficial del gobierno del Estado de Guerrero la ley antes citada y, en sus artículos séptimo y décimo transitorios estableció que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la conclusión del procedimiento electoral de ayuntamientos y diputados de 2008, debería iniciar los estudios y elaborar los proyectos de división territorial de los distritos electorales locales de mayoría relativa, sin modificar el número establecido en el artículo 29 de la Constitución Política del Estado.

Asimismo, debería iniciar los trabajos técnicos para determinar las demarcaciones municipales en las que se elegirán los regidores de mayoría relativa por voto directo; para la realización de las actividades antes mencionadas, teniendo en cuenta los criterios mencionados en esas disposiciones transitorias.

2. Acuerdo 004/SO/22-01-2009. Por acuerdo de veintidós de enero de dos mil nueve, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero aprobó la creación de una Comisión Especial para la Redistritación y Demarcación Municipal Electoral en el Estado de Guerrero.

3. Acuerdo 042/SE/25-03-2009. El Consejo General de la autoridad administrativa estatal electoral, emitió un acuerdo el veintidós de marzo de dos mil nueve, por el que aprobó la utilización del Conteo de Población y Vivienda llevado a cabo por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática en dos mil cinco, con la finalidad lograr el equilibrio demográfico en los distritos electorales de la entidad, en razón de que existía un desfase de cinco años entre los resultados del censo de población y vivienda de dos mil y el mencionado conteo de dos mil cinco.

4. Actividades relacionadas con el proceso de redistritación y demarcaciones municipales en Guerrero. Durante los meses de mayo a diciembre de dos mil nueve, continuaron los trabajos correspondientes, según el cronograma de actividades aprobado por la unidad técnica de redistritación territorial y demarcaciones municipales electorales de la Dirección de Organización y Capacitación Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guerrero.

Entre esas actividades, fueron aprobados por el Consejo General del citado instituto electoral, entre otros acuerdos, el relativo a la jerarquización de criterios y directrices operativas; el acuerdo por el cual se autorizó utilizar el padrón electoral y la lista nominal de electores con corte al 21 de agosto de 2009; el marco geográfico electoral de la citada entidad federativa, la tabla de distancias y tiempos de traslado intermunicipal y, el marco geográfico electoral de los 81 municipios.

5. Decreto 364. El doce de febrero de dos mil diez, se publicó en el periódico oficial del gobierno del Estado de Guerrero, el decreto 364 por medio del cual se reformaron los artículos séptimo y décimo transitorio de la ley precisada en el resultando primero, cuyo texto en lo que interesa es el siguiente:

SÉPTIMO. El Consejo General del Instituto, al concluir el proceso electoral de Gobernador del Estado del año 2010-2011, elaborará, aprobará e implementará los proyectos de división territorial de los distritos electorales locales de mayoría relativa, sin modificar el número establecido en el artículo 29 de la Constitución Política del Estado. En la realización de estos trabajos se tomarán en cuenta cuando menos los siguientes criterios:

[…]

DÉCIMO. El Consejo General del Instituto, al concluir el proceso electoral de Gobernador del Estado del año 2010-2011, elaborará, aprobará e implementará los trabajos técnicos para determinar las demarcaciones municipales en las que se elegirán los regidores de mayoría relativa por voto directo, tomando en cuenta los siguientes criterios:

[…]

6. Acuerdo 036/SO/16-06-2011. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, mediante acuerdo emitido el dieciséis de junio de dos mil once, aprobó la nueva delimitación territorial de los veintiocho distritos electorales en esa entidad federativa, con sus respectivas cabeceras distritales.

7. Recurso de apelación. Disconforme con la anterior determinación, el veintidós de junio de dos mil once, el partido político nacional Convergencia, interpuso recurso de apelación local ante la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, a fin de impugnar el acuerdo precisado en el resultando que antecede.

El citado recurso de apelación quedó radicado ante la autoridad responsable con la clave TEE/SSI/RAP/122/2011.

8. Acto impugnado. El catorce de julio de dos mil once, la mencionada Sala de Segunda Instancia, dictó sentencia en el recurso de apelación identificado con la clave TEE/SSI/RAP/122/2011, en la que confirmó el acuerdo controvertido, que es al tenor siguiente:

 […]

CONTESTACIÓN A LOS AGRAVIOS.

Por cuanto a los agravios que hace valer el actor estos carecen de la debida argumentación y fundamentación jurídica que se requiere para revocar el acto de autoridad objeto de impugnación por lo siguiente:

En el PRIMER AGRAVIO, el actor se duele esencialmente:

      Que para los trabajos de redistritación, se tomo como base el II Conteo de Población y vivienda del año 2005 elaborado por el INEGI cuando debió tomarse en cuenta el XIII Censo General de Población y Vivienda del año 2010, lo que contraviene el artículo Séptimo Transitorio de la Ley de la materia, al ordenar en su inciso a) que para el de equilibrio demográfico de los distritos, debería tomarse como base el último Censo de Población emitido por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, siendo que a la fecha de aprobación del acuerdo que ahora impugna, ya se contaba con los resultados oficiales del Censo General de Población 2010, esto es, el tres de marzo de dos mil once.

      Que el acuerdo 042/SE/25-03-2009 mediante el que se autorizo a la Comisión de Redistritación de este Instituto Electoral, tomar como base el Conteo de Población y Vivienda 2005 del INEGI y demás productos oficiales con proyecciones demográficas para utilizarse en los trabajos de redistritación; debió corregirse por ser un dato obsoleto en términos del artículo séptimo transitorio reformado el doce de febrero del año dos mil diez.

      Que una vez aprobado el Dictamen 001/CEPRyDME/14-06-2011, emitido por la Comisión Especial de Redistritación, antes de que transcurrieran cuarenta y ocho horas, el Consejo General aprobó, mediante el Acuerdo 036/SO/16-06-2011, el dictamen referido, lo que impidió a las dirigencias de los partidos políticos para que realizaran las observaciones o sugerencias pertinentes a la parte final del procedimiento de redistritación.

Los argumentos vertidos por el impetrante, contenidos en el primer agravio resumido con anterioridad, son infundados por lo siguiente:

El artículo Séptimo Transitorio de la Ley de la materia, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado en primero de enero de dos mil ocho, estableció lo siguiente:

SÉPTIMO.- El consejo General del Instituto dentro de los treinta días hábiles siguientes a la conclusión del proceso electoral de Ayuntamientos y Diputados el año 2008, realizara los estudios y elaborara los proyectos de división territorial de los distritos electorales locales de mayoría relativa, sin modificar el número establecido en el artículo 29 de la Constitución Política del Estado. En la realización de estos trabajos se tomarán en cuando menos los siguientes criterios.

a) al h)… 

Dicho artículo fue reformado mediante decreto numeral 364 de fecha once de febrero de dos mil diez, para quedar en los siguientes términos:

SÉPTIMO.- El Consejo General del Instituto, al concluir el proceso electoral de Gobernador del Estado del año 2010-2011, elaborará, aprobará e implementará los proyectos de división territorial de los distritos electorales locales de mayoría relativa, sin modificar el número establecido en el artículo 29 de la Constitución Política del Estado. En la realización de estos trabajos se tomarán en cuenta cuando menos los siguientes criterios.

a) al h) 

Como observancia, la reforma mencionada en nada afecto los criterios que debería de tomarse en cuenta para llevar a cabo los trabajos de redistritación electoral contenidos en los incisos a) al h) del citado artículo transitorio, únicamente se concreto a posponer dichos trabajos de redistritación a la conclusión del proceso electoral de gobernador 2010-2011, lo que tuvo verificativo el treinta y uno de marzo del presente año.

En ese sentido, los criterios a que debería sujetarse la redistritación, contenidos en los incisos a) al h) quedaron Mocados, siendo éstos los siguientes:

a) Equilibrio demográfico en la determinación de los distritos tomando como base el último Censo de Población emitido por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

b) Continuidad geográfica en los distritos tomando en cuenta los límites territoriales.

c) Que los limites de los distritos se procure tengan mayor compacidad de tal forma que en su perímetro se acerquen a una forma geométrica lo más cercano a un polígono regular.

d) Considerar municipios completos.

e) Se tomara en consideración la distribución municipal y seccional vigente ene 1 Instituto Federal Electoral.

f) Las vías de comunicación.

g) Para determinar las cabeceras de los distritos electorales e tomara en consideración la ciudad que tenga mayor población, mejores vías de comunicación y mejores servicios públicos.

h) En el diseño de las delimitaciones de los distritos se optimizara el tiempo de recorrido de las cabeceras de las secciones electorales a la cabecera del distrito respectivo.

Ahora bien, en acatamiento a lo dispuesto por el inciso a) antes mencionado, referente que se tomara como base el último Censo de Población emitido por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, mediante Acuerdo 042/SE/25-03-2009, el Consejo General de este Instituto, autorizo a la Comisión de Redistritación creada a través de diverso 004/SO/22-01-2009, a efecto de que tomara como base el Conteo de Población y Vivienda 2005 del INEGI y demás productos oficiales con proyecciones demográficas para utilizarse en los trabajos de redistritación.

Tomando en cuenta que el criterio contenido en el inciso a) del artículo séptimo referido no sufrió cambio alguno con motivo de la reforma del once de febrero de dos mil diez (decreto 364), consecuentemente, siguió rigiéndose el acuerdo 042/SE/25-03-2009 que autoriza tomar como base el Conteo de Población y Vivienda 2005, por así encontrarse ordenado en el inciso a) del artículo séptimo transitorio referido.

A mayor abundamiento, y en cumplimiento a los principios de certeza y objetividad que rigen este órgano electoral, mediante oficio número 0519/2010 de fecha diecinueve de marzo de dos mil diez, el Secretario General de este órgano colegiado, solicito al C. Miguel Cervera Flores, en su carácter de Director General de Estadística Sociodemográfica de INEGI, con atención al Director de Planeación y Difusión Censal del mismo Instituto; que nos proporcionara las fechas en que se podrían consultar los resultados consolidados del Censo de Población y Vivienda 2010, tanto a nivel localidad como en Áreas Geoestádisticas Básicas CAGEB).

En atención a la solicitud mencionada, por oficio número 200/041/2010, INEGI. EST. 02. 01, de fecha treinta de marzo de dos mil diez, el C. Miguel Cervera Flores, Director General de Estadística Sociodemográfica del INEGI, informo que el plan de divulgación de resultados por localidad y áreas geoestádisticas del Censo referido, considera las siguientes etapas:

“Primer trimestre 2011: resultados por entidad federativa y municipio

Segundo trimestre 2011: resultados por localidad Tercer trimestre 2011: resultados por AGEB”

En base a la información proporcionada por el Director General de Estadística Sociodemográfica del INEGI, mediante oficio número 01455/2011 de fecha doce de abril de dos mil once, el Secretario General de este instituto, consultó al Lie. David Alejandro Delgado Arroyo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en Guerrero, con atención al Vocal del Registro Federal de Electores de dicha Junta, que en relación al periodo de divulgación de los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010 por Áreas Geoestádisticas Básicas (AGEB) estarían a partir del tercer trimestre del presente año, cuánto tiempo necesitaría el Instituto Federal de Electores para realizar los trabajos del cálculo de población a nivel sección en el Estado y en cuanto tiempo podría actualizarse el sistema de distritación para generar nuevos escenarios a partir de los resultados del último Censo.

En atención a lo anteriormente solicitado, por oficio número STN/4497/2011 de fecha once de mayo del presente año, el Licenciado Alejandro Sánchez Baez, Secretario Técnico Normativo de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, informo al Vocal Ejecutivo en el Estado de Guerrero del mismo Instituto, entre otras cosas, que para actualizar los trabajos de distritación de acuerdo con el Censo de Población del 2010, era necesario:

   “Recibir información estadística por localidad y manzana para Guerrero, así como la Cartografía (con las capas digitales correspondientes a la entidad, municipio, localidad y manzana) definitiva 2010 por parte del INEGI, quien ha señalado entregar la información requerida en el tercer trimestre del año sin precisar fecha exacta.

   Realizar el trabajo de ajuste por método de centroides para definir la población por sección electoral con los datos del INEGI, para lo cual se requiere de un tiempo estimados de 3 meses y un mes adicional para la operación de nuevos escenarios.”

Aunado a lo anterior, el mismo Secretario Técnico Normativo del Instituto Federal Electoral antes mencionado, señaló que los nuevos escenarios se podrían generar en un tiempo de al menos seis meses a partir de la fecha en que el INEGI entregue los insumos necesarios.

Con base a lo estimado por el funcionario electoral referido, se consideró que técnicamente era imposible tomar como base el Censo de Población y Vivienda 2010 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática; tomando en cuenta que durante el tercer trimestre del presente año (julio-septiembre) se contaría con la información requerida por el Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, el cual se encargó de elaborar los trabajos técnicos de redistritación, y otros seis meses más para que se presentara el proyecto correspondiente (marzo de 2012 aproximadamente), lo que implicaría que el proceso de redistritación se culminara una vez iniciado el proceso electoral de 2012, mismo que tendrá que iniciar en la primera semana del mes de enero del año dos mil doce, en términos del artículo 183 de la Ley de la Materia: circunstancia que contravendría lo previsto por el artículo séptimo transitorio de la Ley de la materia, reformado mediante decreto número 364 de fecha once de febrero de dos mil once, así como el octavo transitorio de la ley comicial local, al establecer:

OCTAVO.- Para la elección de la Legislatura LIX al Congreso del estado, tendrán vigencia los distritos electorales uninominales previstos en el artículo 6o párrafo tercero del Código Electoral que se abroga.”

Lo anterior, fue señalado en el considerando XIX del acuerdo que ahora impugna el actor.

En tal virtud, se hizo necesaria la aprobación de la nueva redistritación con los elementos demográficos que se contaban al momento de su aprobación, siendo en este caso, el Conteo de Población y Vivienda2005 realizado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, lo cual fue aprobado mediante acuerdo 042/SE/25-03-2009, mismo que al no ser impugnado en su momento procesal oportuno, adquirió definitividad y firmeza en términos de la tesis relevante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y contenido es del tenor siguiente:

Partido Nueva Alianza vs. Tribunal Electoral de Quintana Roo Tesis XXXVIII/2007

REDISTRITACIÓN LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES ADOPTADAS POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DURANTE LAS FASES DEL PROCESO CORRESPONDIENTE. ADQUIEREN DEFINITIVIDAD SI NO SE IMPUGNAN OPORTUNAMENTE (Legislación de Quintana Roo).-De la interpretación gramatical y sistemática de los artículos 5, 6, 25, 28, 49 y 76, fracción II, de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral de Quintana Roo, se advierte que las determinaciones adoptadas por el Consejo General del Instituto Electoral de dicha entidad federativa, en las distintas etapas que integran las fases del proceso de redistritación, por regla general, son impugnables en forma autónoma ante el Tribunal Electoral del Estado a través de los medios de impugnación y plazos previstos en la legislación local, razón por la cual si no se impugnan en esa oportunidad, tales determinaciones adquieren definitividad y firmeza. En efecto, la redistritación es un acto complejo en la que se desarrollan diversos trabajos preparatorios para obtener datos y estudios técnicos relacionados con los criterios de densidad de población, condiciones geográficas y circunstancias socioeconómicas prevalecientes en las distintas regiones de la entidad. Tales actividades requieren la inversión de tiempo y desempeño profesional multidisciplinario y, por ello, la ley establece que la realización del estudio técnico para la determinación de los distritos electorales uninominales en que se dividirá al Estado, debe realizarse en el caso por lo menos dieciocho mese antes del proceso electoral ordinario de que se trate y que, invariablemente, la delimitación de la geografía electoral y su modificación deberán resolverse entre dos procesos electorales ordinarios. La variedad de actividades y de sujetos involucrados hace inviable efectuar la redistritación en un solo acto y, por ello, los acuerdos adoptados en cada una de esas etapas adquieren definitividad para efectos de su posible impugnación.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-234/2007.-Actor: Partido Nueva Alianza.- Autoridad responsable: Tribunal Electoral de Quintana Roo.- 28 de septiembre de 2007.-Unanimidad de seis votos.- Ponente: Pedro Esteban Penagos López.- Secretarios: Sergio Arturo Guerrero Olvera y Andrés Carlos Vázquez Murillo.

En cuanto al último argumento del agravio que se contesta, relativo a que el impetrante aduce que una vez aprobado el Dictamen 001/CEPRyDME/l 4-06-2011, emitido por la Comisión Especial de Redistritación, antes de que transcurrieran cuarenta y ocho horas, el Consejo General aprobó, mediante el Acuerdo 036/SO/16-06-2011, el dictamen referido, lo que impidió a las dirigencias de los partidos políticos para que realizaran las observaciones o sugerencias pertinentes a la parte final del procedimiento de redistritación.

Lo anterior es infundado, pues contrario a lo aseverado por el inconforme, el día veintisiete de enero del año dos mil diez, en la Sala de Sesiones de este Órgano Electoral, se presentó ante los representantes de los partidos políticos y los miembros del grupo interdisciplinario de la Comisión de Redistritación, la Proyección del Primer Escenario de la corrida en el sistema de redistritación a cargo de personal ejecutivo y técnico de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores y de la Junta Local Ejecutiva en el Estado del Instituto Federal Electoral, como se acredita con la copia certificada del acta levantada al respecto y que se adjunta al presente para demostrar dicha aseveración; en la que se advierte además que estuvieron presentes la representante suplente del partido ahora inconforme y su representante acreditado ante el Grupo Técnico Interdisciplinario, Lie. Joel De la Cruz Habana.

La anterior exposición fue remitida en disco compacto al ahora inconforme como también a su representante acreditada ante el Grupo Interdisciplinario antes mencionado, lo que se confirma con la copia certificada de los oficios número 0200 y 0207 de fecha veintisiete de enero de dos mil diez, con la finalidad de que hicieran tantos y cuantos escenarios consideraran pertinentes y con toda oportunidad sean presentados ante la Comisión Especial para su revisión y análisis; oficios que fueron recibidos junto con sus anexos, por la C. Olga Sosa G. el día veintiocho de ese mismo mes y año.

Asimismo, mediante oficios número 022/2010 y 030/2010 de fecha diez de marzo de dos mil diez, el Jefe de la Unidad Técnica de Redistritación Territorial y Demarcaciones Municipales, remitió al ahora inconforme y al C. Joel de la Cruz Habana, integrante del Grupo Interdisciplinario de la Comisión de Redistritación, el escenario construido al interior de la ciada Unidad Técnica, a fin de que realizaran la revisión y análisis que consideraran pertinentes.

De la misma forma, con fecha dieciséis de abril de dos mil diez, en las instalaciones de esta autoridad, se hizo la exposición del escenario regional por parte de la Unidad Técnica de Redistritación Territorial y Demarcaciones Municipales, ante la presencia de los representantes de los partidos políticos, consejeros electorales y miembros del Grupo Interdisciplinario de la Comisión de Redistritación, encontrándose presente en dicho exposición, el ahora actor y el representante acreditado por el partido inconforme en el Grupo Interdisciplinario, en que realizaron diversas participaciones y observaciones a la exposición realizada.

Dicho escenario fue remitido al representante del Partido actor, Alberto Zúñiga Escamilla, mediante oficio número 046/2010 de fecha quince de abril de dos mil diez, por conducto del Jefe de la Unidad Técnica de Redistritación Territorial y Demarcaciones Municipales.

En seguimiento a las observaciones realizadas por los diversos representantes de los partidos políticos, los días veintiuno de marzo, siete de abril, tres y treinta de mayo del año en curso, se presentaron las respectivas proyecciones de los escenarios regionales incluyendo las demarcaciones municipales, mismas que fueron hechas del conocimiento al partido inconforme por conducto de sus representantes acreditados ante este órgano electoral y el grupo interdisciplinario de la Comisión de Redistritación Electoral, como se acredita con las minutas levantadas al respecto correspondientes a las fechas antes señaladas y los oficios número 1050/2011 y 1418, de fecha dos de marzo y ocho de abril del presente año, respectivamente, recibidos por la C. Olga Sosa quien se encuentra acreditada ante este Instituto como representante suplente del Partido Convergencia, mediante los cuales se requirió a los integrantes de la Comisión Especial para la Redistritación y Demarcación Municipal, presentaran las observaciones que consideraran pertinentes.

Finalmente, con fecha catorce de junio del año en curso, en reunión de trabajo celebrada en las instalaciones de este órgano electoral, se desahogaron las observaciones realizadas en la reunión de fecha treinta de mayo del presente año, en la que estuvo presente el representante del partido ahora actor, por lo que al no existir a consideración de la Comisión alguna otra observación a discutir, se procedió a la emisión del dictamen 001/CEPRyDME/l 4-06-2011, mismo que fue aprobado por el Consejo General mediante acuerdo número 036/SO/16-06-2011.

En base a lo anterior, se encuentra demostrado que existió el tiempo suficiente para que el inconforme manifestara las observaciones que considerara necesarias (desde el veintisiete de enero de dos mil diez al treinta de mayo de dos mil once) en el que dicho partido aportó las que consideró pertinentes, con lo que se acredita lo infundado del agravio que se contesta, máxime que en el presente caso, no señala el tipo de observaciones que le impidieron aportar, para que fueran analizadas en el acuerdo que ahora impugna, argumentando que se le impidió el derecho de hacerlo a la parte final del procedimiento de redistritación, sin que ello se encuentre sustentado por el actor, sino que de forma inversa, con las proyecciones y exposiciones antes mencionadas, y que en copias certificadas se adjuntan al presente, se acredita lo infundado de dicho argumento.

En el SEGUNDO AGRAVIO, el actor manifiesta que sin motivo alguno, este órgano electoral no ha aprobado las demarcaciones municipales, en términos del artículo Décimo Transitorio de la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, reformado mediante decreto número 364 de fecha once de febrero de dos mil diez; solicitando a ese órgano jurisdiccional electoral local requiera esta autoridad para que informe si existió Minuta, Acuerdo y/o resolución fundad y motivada respecto de la No Aprobación de las citadas demarcaciones municipales.

Al respecto, manifiesto a esa autoridad, en primer término, que mediante los oficios número 1050/2011 y 1418/2011, de fecha dos de marzo y ocho de abril del presente año, respectivamente, suscritos por el Secretario General de organismo, se reenvió el sistema de distritación y el sistema de demarcación municipal a los integrantes de la Comisión Especial para la Redistritación y Demarcación Municipal Electoral de este Instituto, en los cuales se contiene, en el primero, los escenarios presentados por el Instituto Federal Electoral, el Partido de la Revolución Democrática y la Unidad Técnica correspondiente; y en el segundo oficio, se remitió el escenario presentado por los antes mencionados incluyendo el del Partido Revolucionario Institucional

Ahora bien, en la reunión de Trabajo celebrada el catorce de junio del presente año, se consenso por parte de la mayoría de los integrantes de la Comisión Especial para la Redistritación y Demarcación Municipal Electoral de este instituto, en lo referente a la delimitación de los Distritos electorales quedando pendiente las demarcaciones municipales para una reunión posterior.

Lo anterior, toda vez que al día de la fecha, ningún partido político se ha pronunciado en la relación a los escenarios propuestos por la Unidad Técnica de Redistritación y Demarcación Municipal Electoral de este organismo electoral

No obstante a ello, con fecha veintisiete de junio del presente mes y año se llevó a cabo en las instalaciones de este organismo electoral una reunión de trabajo en cuyo punto 4 del orden del día, se puso a consideración de los integrantes del Consejo General el análisis de las demarcaciones municipales electorales, como se demuestra en la copia certificada del oficio numero 0861 y orden del día respectivo, de fecha veintitrés de junio del presente año, con acuse de recibo de fecha veinticuatro del mismo mes año recibido por la C Olga sosa, mediante el cual se convoco a la reunión de trabajo mencionada.

En ese sentido, manifiesto a esa autoridad, q contrario a lo aseverado por el inconforme, los trabajos correspondientes a las demarcaciones municipales se encuentran en su etapa de consenso con las diligencias estatales de los partidos políticos, para que una vez logrado esto último, sea sometido para su aprobación correspondiente.

Cabe destacar que como es del conocimiento público, con fecha diecisiete de junio del presente año, el Congreso del Estado pospuso la elección de regidores de mayoría relativa para el año dos mil quince, no así las demarcaciones municipales, cuyo proceso de delimitación y consenso se encuentran en desarrollo de su última etapa.

En base a lo anterior, resulta infundado el agravio en cuestión.

Respecto al TERCER AGRAVIO, el impugnante señala que en el proceso de redistritación, este órgano electoral no utilizó instrumentos adicionales al II conteo de Población y Vivienda 2005 elaborado por el INEGI, los cuales se encuentran rebasados y desactualizados. Asimismo que la redacción del artículo séptimo transitorio de la Ley Electoral local, debe interpretarse gramatical, sistemática y funcionalmente, por lo que los criterios ahí contemplados son enunciativos mas no limitativos, toda vez que la redistritación se orienta a determinar una presentación igual por cada distrito, que cada voto tenga el mismo valor en la definición de quien es electo.

Como se observa del agravio en cuestión, el impugnante se concreta a señalar que se debieron tomar en cuenta otros elementos relativos al equilibrio demográfico, contemplado en el inciso a) del artículo séptimo transitorio, sin embargo, no aporta ningún argumento relativo a señalar que tipo de elementos se debieron de tomar en cuanto y porqué motivos se debió de considerar, careciendo del debido sustento para fundar se aseveración y dejando en estado de indefensión a esta autoridad para pronunciarse al respecto.

Resultando inaplicable la tesis relevante que alude denominada “REDISTRITACION PARA LLEVARLA A CABO SE PUEDEN UTILIZAR INSTRUMENTOS ADICIONALES AL CENSO GENERAL DE POBLACIÓN (LEGISLACIÓN DE AGUASCAUENTES) “

Por último, en el CUARTO AGRAVIO el inconforme argumenta que es contrario a derecho la variable poblacional que se tomó en cuenta, ya que no refleja la realidad actual de la base poblacional de la Entidad: toda vez que no se elimina la sobrerrepresentación existente cuyos elementos son: 1. El valor idéntico de cada voto (un voto ciudadano). 2. Evitar que la distribución tenga sesgos partidario, y 3. Facilitar a los ciudadanos la emisión del sufragio.

En dicho agravio, el actor argumenta de forma subjetiva y genérica la sobrerrepresentación en los distritos electorales aprobados, sin señalar de forma específica los lugares exactos, es decir, localidades, municipios o distritos en que se encuentran los elementos que hace valer, por lo que carece de sustento dicho argumento, máxime que no señala el fundamento lógico jurídico que contravenga a la normalidad electoral.

A mayor abundamiento, en cuanto al equilibrio poblacional contemplado en el inciso a) del artículo séptimo transitorio de la Ley comicial local, mediante acuerdo 070/SO/25-08-2009 se aprobó la jerarquización de los criterios y directrices operativas que se utilizarían en la formulación de los proyectos de delimitación de territorio de los distritos electorales: en base al cual, se utilizo el método conocido como RESTO MAYOR CON UNA MEDIA, estipulado en el considerando VIII del acuerdo que se impugna, el cual consistió en:

a) Calcular el cociente de distribución o media estatal

dividiendo la población de la entidad entre los veintiocho distritos electorales uninominales.

b) Dividir la población de cada municipio entre el cociente de distribución o media estatal. A cada municipio se le asigna un número de distritos igual a la parte entera que resulte de la división.

Asimismo, se estableció que para salvaguardar la integridad municipal se permitirá que el margen de población de cada distrito en relación con el cociente de distribución tenga una variación tal que el tamaño de cada distrito será igual a la media estatal permitiendo que difiera de este valor entre los limites de +/- 15%.

Conforme a lo anterior, al no haber impugnado dentro de los plazos establecidos por la norma adjetiva electoral, el criterio poblacional establecido en el acuerdo 070/SO/25-08 -2009 mediante el que se aprobó la jerarquización de los criterios y directrices que se utilizarían en la formulación de los proyectos de delimitación de territorio de los distritos electorales, de fecha veinticinco de agosto de dos mil nueve, resulta extemporáneo el argumento hecho valer, n base a la tesis identificada con la clave XXXVIII/200, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es “REDISTRITACION. LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES ADOPTADOS POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DURANTE LAS FASES DEL PROCESO CORRESPONDIENTE, ADQUIEREN DEFINITIVIDAD SI NO SE IMPUGNAN OPORTUNAMENTE (Legislación de Quintana Roo).

Aunado a lo anterior, en el Considerando XX del acuerdo que se impugna, se señala expresamente la población que corresponde a cada uno de los distritos electorales aprobados, el cual cumple con los criterios fijados en el diverso número 070/SO/2508-2009 antes mencionados, población que se reproduce como si a la letra se insertara.

En base a lo anterior, resultan infundados los agravios hechos valer por el actor, solicitando a esa H. Sala de Segunda Instancia que si sea declarado.

SEXTO. El Partido de la Revolución Democrática, tercero interesado, en su escrito de comparecencia expresó lo siguiente:

El suscrito RAMIRO ALONSO DE JESÚS, en mi carácter de representante del Partido de la Revolución Democrática”, (sic) ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, personería que tengo debidamente acreditada y reconocida ante dicho Órgano y que acredito ante ustedes en términos del documento que se anexa al presente escrito, autorizando para que en mi nombre y representación puedan oír y recibir toda clase (sic) documentos, citas y notificaciones a los CC. CC. (SIC) MIGUEL FLORES MORALES, FRANCISCO GONZALO TAPIA GUTIÉRREZ, CECILIO MORALES MOSSO, JOSÉ MANUEL BENITEZ SALINAS, DELFINA HILARIO VALLE, NELIDA PINEDA RÍOS Y EUGENIO VARGAS CASARRUBIAS, señalando para tales efectos el domicilio ubicado en las oficinas de nuestra representación ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, ubicadas en Boulevard Vicente Guerrero, Km. 271.5, interior Ranchos Los Gómez, Fraccionamiento Villa Moderna, C.P. 39074, de esta ciudad capital de Chilpancingo, Guerrero; con el debido respeto comparezco y expongo:

Que por medio del presente escrito vengo a presentar ESCRITO DE TERCERO INTERESADO en el recurso de apelación presentado por el Partido de Convergencia, contra el ACUERDO 036/SO/16-06-2011, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA NUEVA DELIMITACIÓN TERRITORIAL DE LOS 28 DISTRITOS ELECTORALES QUE CONFORMAN EL ESTADO DE GUERRERO, ASI COMO SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, en los términos siguientes:

I. CAUSA DEL INTERÉS JURÍDICO EN EL PRESENTE JUICIO.

Quien suscribe soy representante del Partido político de la Revolución Democrática, registrado y acreditado ante la Autoridad Responsable con sus derechos vigentes y que en términos del artículo 41 de la Ley de Instituciones y Procedimientos electorales del Estado de Guerrero, faculta y obliga a los partidos Políticos para que actúen como coadyuvantes en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, por ende al formar parte de la preparación del proceso electoral que se avecina en el año 2012 la Nueva delimitación territorial de los Distritos electorales en el estado. Es de ahí de donde proviene mi interés jurídico, pues es pretensión del Instituto Político que represento que el acuerdo combatido emitido por la ahora autoridad responsable, quede intocado por esta Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado.

II. CONTESTACIÓN DE LA EXPRESIÓN DE AGRAVIOS

En el presente capitulo se verterán los racionamientos (sic) correspondiente que permitirán evidenciar a esta autoridad lo infundado e improcedentes de los agravios planteados por el partido impugnante, lo cual se realizara en los términos progresivos que fueron enunciados dentro del Recurso de Apelación, lo que se realiza en los siguientes términos:

EN RELACIÓN AL AGRAVIO PRIMERO:

Por lo que respecta AL AGRAVIO PRIMERO DEL Recurso de Apelación que se centra en alegar que el órgano encargado de realizar las elecciones dentro de nuestra entidad no observo para la realización de la nueva delimitación territorial de los Distritos Electorales lo contemplado dentro del artículo séptimo transitorio de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero que te fija cuales serán los criterios que deben de tomarse en cuenta para dicho acto, principalmente quejándose a que no se observo lo concerniente al inciso a) que atañe a la valoración del equilibrio demográfico; el mismo resulta ser infundado e improcedente, atendiendo a dicho argumento.

Toda vez que el Instituto Electoral del Estado de Guerrero por medio de su Comisión Especial para la Redistritación y Demarcación Municipal así como del Consejo General, en todo momento preservo los elementos de licitud con los que contaba para realizar la nueva Distritación en el Estado de Guerrero, y que en todo momento se encuentra justificado que se hayan validado los datos del II Conteo de Población y Vivienda del año 2005, elaborado por el INEGI y por ello debe de quedar incólume, tal y como se pasa a explicar; (sic)

Antes de aprobada la Distritación que impugna el partido Convergencia, en nuestra Entidad se encontraba vigente la Distritación contemplada dentro del artículo 6 del Código Electoral del Estado de Guerrero numero 264, el cual había sido abrogado por la aprobación y entrada en vigencia de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero numero 571, desde el día 1 de enero del año 2008,Distritación contemplada en dicho ordenamiento que al igual que este mismo ya había quedado obsoleto para su aplicación, luego entonces obsoleta la distritación contempla en el articulo 6 antes aludido, por haberse declarado ilegal ya que el mismo fijaba las demarcaciones distritales en términos de atender a un criterio geográfico para determinar estas.

Luego entonces, dichas distritación resultaba ser Inconstitucional y contraria a lo estipulado dentro del artículo 116 fracción II, párrafo primero de Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual sostiene esencialmente que las legislaturas de los Estados deberán de estar compuestas de manera proporcional al de los habitantes de cada uno, luego entonces si la anterior distritación contemplada en el artículo 6 del abrogado Código Electoral del Estado de Guerrero, se encontraba fundada en la cantidad de municipios y no en la cantidad de población, resulta clara la inconstitucionalidad de la misma, tal y como ha sido sostenido en reiteradas ocasiones por la Suprema Corte de Justicia de la Nación dentro de diversas acciones de inconstitucionalidad, verbigracia las que sentaron los criterios de tesis de jurisprudencia que lleva por rubro DISTRITOS ELECTORALES UNINOMINALES. EL ARTÍCULO 31, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, CONTRAVIENE LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 116, FRACCIÓN II, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AL ATENDER A UN CRITERIO GEOGRÁFICO PARA LA DEMARCACIÓN DE AQUÉLLOS. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. Tomo XV, Febrero de 2002. Pág. 590. Tesis de Jurisprudencia., así como también el que lleva por rubro DISTRITOS ELECTORALES UNINOMINALES EN LOS ESTADOS. PARA EFECTOS DE SU DEMARCACIÓN DEBE ATENDERSE AL CRITERIO POBLACIONAL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época. Tomo XXII, Diciembre de 2005. Pág. 1204. Tesis Aislada.

En este tenor, el Instituto Electoral del Estado de Guerrero, con fecha 19 de marzo del 2010, por conducto de su secretario General, solicito al Director General de Estadística Sociodemográfica del INEGI, remitiera los insumos necesarios de información del área a su cargo para que fueran utilizados para realizar los trabajos técnicos de la Redistritación Territorial y Demarcación Municipal en Guerrero, al cual dicho funcionario contesto mediante oficio numero 200/041/2010 de fecha 30 de marzo del 2010, que dichos insumos de información solo se encontrarían para estar en aptitud de ser entregados hasta el tercer trimestre del año 2011, es decir hasta el mes de septiembre del año que transcurre, sin embargo también recalco que los plazos aludidos dentro de dicho oficio podían o no cumplirse dentro de la temporalidad especificada en al (sic) antes mencionado oficio, luego entonces existía una total incertidumbre respecto de la información necesaria para la nueva distritación en términos de lo aludido por la misma autoridad encargada de recabarla.

En este mismo sentido el Instituto Electoral del Estado de Guerrero, también solicito a la Vocalía Ejecutiva de la Junta Local en Guerrero del Instituto Federal Electoral, para que en términos de la información remitida por el INEGI manifestara cuanto tiempo aproximadamente necesitaría el Instituto Federal Electoral para realizar los trabajos del cálculo de población a nivel sección en el Estado de Guerrero y en cuanto tiempo podría actualizarse el sistema de Distritación para generar nuevos escenarios a partir de los resultados del último censo, lo cual realizo mediante oficio de fecha 12 de abril del 2011, a lo que con oficio de fecha 11 de mayo del presente año el Instituto Federal Electoral informo anexando una calendarización con diversas actividades en la cual refirió que a partir de que el INEGI pusiera a disposición los datos tabulados de población a nivel localidad y manzana del periodo 2010, para el estudio técnico de Distritación para el Estado de Guerrero del año 2011, se necesitaría realizar en un término de seis meses después de que se contara con la información antes aludida.

Luego entonces, si el tercer trimestre del año 2011, es completado hasta finalizar el mes de septiembre del año 2011, y a partir de dicha fecha se contaran los seis meses posteriores que necesita el Instituto Federal Electoral para la realización del estudio Técnico de distritación para el Estado de Guerrero del año 2011, estaríamos hablando de que los seis meses para la realización de dicho estudio técnico concluirían en el mes de marzo del año 2012, lo anterior, siempre y cuando los actos del INEGI de reportar la información, así como la realización del Estudio técnico por parte del Instituto Federal Electoral se realizasen en tiempo y forma dentro de los plazos previamente establecidos, ahora bien quedando pendiente todavía el lapso de tiempo en el que el Instituto electoral del Estado de Guerrero, pudiese realizar el trabajo correspondiente para la realización del respectivo estudio y valoración de los elementos contemplados dentro del artículo transitorio séptimo de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero numero 571, y poder así emitir el acuerdo correspondiente aprobado por el Consejo General de dicho órgano electoral.

Así, si el proceso electoral constitucional para renovar Ayuntamientos y Diputados locales inicia la primera semana del mes de enero del año 2012, que en términos del calendario que nos rige es el día 2 de enero del 2012, lo anterior con fundamento en el artículo 183 de la Ley 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero que refiere (sic) El proceso electoral ordinario se inicia la primera semana de Enero del año en que deban realizarse elecciones locales y concluye una vez que la autoridad jurisdiccional correspondiente, (sic) resulta claro que no se podría concluir con los trabajo de Redistritación para dicha elección en términos de los resultados arrojados en el último Censo Poblacional emitido por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en el año 2010, toda vez, que las instituciones que se encargarían de aportar los insumos de información suficiente para que el Instituto Electoral del Estado pudiese comenzar con los trabajos de una nueva distritación.

Por ello, el Instituto Electoral del Estado de Guerrero, si bien es cierto que para realizar una nueva Redistritación debía de tomar en cuenta lo estipulado dentro del artículo séptimo transitorio de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, que dentro de su inciso a) ordenaba que para la Redistritación efectivamente debía de tomar en cuenta el equilibrio demográfico en la determinación de los Distritos tomando como base en último censo de población emitido por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), habiéndose realizado uno el año 2010, también resulta claro que en términos de los informes de las autoridades encargadas de remitir los insumos de información necesarios para ello, no se podía remitir dicha información hasta antes de que iniciara el próximo proceso electoral constitucional del año 2012, por lo que es claro, que si el censo ya pudo haberse realizado sin embargo esto no significa que los resultados del mismo ya hayan sido concluidos.

En este sentido debe de quedar precisado que el censo de población emitido por el Instituto Nacional de estadística, Geografía e Informática (INEGI) consta de varias etapas y para que el mismo se dé por terminado, tiene que concluir todas y cada una de estas, por lo tanto si en el año 2010, fue levantado el censo de población esto solo significa que acabaron con la etapa de recabación del muestreo, faltando todavía concluir con las demás etapas hasta la publicación y divulgación de los resultados, por lo que resulta claro que no pueden tomarse en cuenta los datos del mismo como los del último censo de población, mas aun cuando todas las etapas de dicho censo concluyen hasta después de iniciado el proceso electoral del año 2012.

Así también, es claro que contrario a lo afirmado por el Partido Convergencia dentro su capítulo de antecedentes del Recurso de Apelación que al adolecer de consenso la nueva distritación debía de postergarse la Redistritación al término de la elección del año dos mil doce, porque de lo contrario el Órgano encargado de preparar y realizar las elecciones en nuestra entidad tendría que obligarse a celebrar las elecciones de diputados Locales en términos de la distritación contemplada en el artículo 6 del Abrogado Código de Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, que se encuentra sustentada en el principio geográfico y que por lo tanto resulta ser totalmente inconstitucional al contravenir lo estipulado dentro del artículo 116 fracción II, párrafo primero de Nuestra Carta Magna, y que lo anterior se ve reflejado de manera determinante en nuestro Estado en donde en términos de los datos arrojados en las elecciones realizadas con la Distritación contemplada en el abrogado Código Electoral, permite que diputados locales accedan al cargo en algunos distritos con un mínimo de votación y otros accedan a dicho cargo con el doble o hasta tripe de lo que les cuesta en otros distritos, verbigracia en el Distrito Vigésimo Segundo con cabecera en Huamuxtitlan del abrogado Código Electoral es el Distrito en el cual con una mínima votación se puede acceder al cargo de Diputado Local a diferencia del Distrito Décimo Segundo con cabecera en Zihuatanejo de Azueta, en donde se necesita una votación extremadamente alta para poder acceder a dicho cargo, causando una total inequidad en los procesos electorales derivado de que dicha distritación se encuentra basada en el principio geográfico que atañe a la cantidad de municipios y no al criterio poblacional que se enfoca a la cantidad de los electores.

Por ello y toda vez que el instituto Electoral del Estado de Guerrero, tiene como obligación velar en (SIC) Todas las actividades del Instituto Electoral se regirán por los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad e independencia, en términos de lo estipulado dentro del artículo 85 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, el Instituto de (SIC) encontraba obligado a respectar los mismos contemplados dentro de nuestra legislación vigente y por ende debía de realizarse una Distritación que se encontrara dentro del marco legal, es decir respetando los principios constitucionales que rigen los procesos electorales, de ahí que al realizarse una nueva Distritación en tiempo y forma hasta antes del inicio del proceso electoral que se avecina en el año 2012 por parte del Instituto Electoral del Estado, aun y cuando no se pudiera tomar en cuenta los resultados del censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en el año 2010 que a la fecha del inicio del proceso electoral próximo no se encuentran definidos, toda vez que en términos de la prevalencia e importancia del bien general y común y de la supremacía de las normas con el respeto a Nuestra Carta Magna, por encima de tomar en cuenta alguno de los supuestos contenidos en el artículo séptimo transitorio de la Ley Electoral

Ya que al caso concreto el bien primordial y mayor que debe de ser resguardado es el que este acorde al orden constitucional, así como también a los principios de Nuestro Sistema Electoral que son los de certeza, legalidad, legalidad, imparcialidad, objetividad e independencia, que se encuentran consagrados dentro de nuestra Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, esto por encima de cualquier dato que no se encuentre concluido a la fecha de la elección que pudiese haber sido tomado en cuenta respecto a los criterios establecidos para la Redistritación.

Más aun cuando en ningún momento se transgrede el supuesto aludido por el partido impugnante, toda vez que el supuesto contenido en el inciso a), refiere que se deberá de tomar en cuenta el equilibrio demográfico en la determinación de los distritos tomando como base el último censo de Población emitido por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, luego entonces debe entenderse que un censo se da por terminado y definitivo cuando se tiene los resultados del mismo, entonces al no tener publicados y divulgados los resultados del censo realizado por el INEGI en el año 2010, hasta antes de que inicie el proceso electoral local 2012 resulta claro que no puede considerarse como el último censo, por lo que de manera correcta y legal con el efecto de respetar el equilibrio demográfico de manera atinada el Órgano electoral Local tomo como referencia los datos emanados en base al Segundo conteo de Población y Vivienda del año 2005, elaborado por el INEGI, que si eran definitivos al ser el más próximo contado hacia atrás.

De ahí que el criterio estipulado en el transitorio de la Ley Electoral de la Entidad no sea transgredido por el Instituto Electoral, ya que el equilibrio demográfico en la determinación de los Distritos si fue tomado en cuenta, con datos definitivos arrojados del último estudio realizado por el INEGI, hasta antes de que inicie el proceso electoral del 2012.

Toda vez, que tal y como lo referencia el mismo impugnante el artículo transitorio séptimo dentro de su inciso a) de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, estipula que se tomara en cuenta el último censo poblacional emitido por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), por lo que al ser el censo del año 2055 el ultimo que estaba concluido en todas sus etapas, fue correcto que en el basara la nueva distritación el Órgano Electoral Estatal, distinto hubiese sido que al artículo transitorio ya aludido adujera expresamente que el Censo que debería de tomarse en cuenta seria el del año 2010, lo cual al caso concreto no ocurre y aun y cuando hubiere acontecido así debe de prevalecer el respecto a Nuestra Carta Magna.

Por ello, es que si el Instituto Estatal Electoral al momento de dictar el acuerdo numero 036/SO/16-06-2011, respetando lo estipulado dentro del artículo 116 fracción II, párrafo primero de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y respetando los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad e independencia, en términos de lo estipulado dentro del artículo 85 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, y además se ha demostrado que contrario a lo afirmado por el impugnante en todo momento se atendió al respeto del equilibrio demográfico para la Distritación, y tomando como base el último censo nacional emitido por el INEGI, es claro que el acuerdo impugnado en todo momento reúne los requisitos de legalidad para permanecer incólume.

De ahí que la supuesta ilegalidad invocada por el Partido Convergencia en términos del argumento aludido, es totalmente infundado e improcedente.

Ahora bien, también la parte impugnante aduce que no tuvo el tiempo suficiente para que las dirigencias de los Partidos políticos pudieran hacer observaciones, cabe mencionar que no refiere el fundamento legal en el cual sustenta dicho argumento, asimismo para el presente medio de impugnación si tuvo el tiempo suficiente para poder referir cuales eran las observaciones correspondientes y sus fundamentos legales que las sustentaran, sin embargo su argumento sigue siendo totalmente dogmático, sin referenciar lo ya aludido, y además lo más importante no refiere en que le causa perjuicio al Partido Convergencia la Redistritación aprobada por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, mediante el acuerdo 036/SO/16-06-2011, lo anterior por que no existe transgresión alguna que se les haya causado, de ahí de lo dogmático y general de su argumento.

Asimismo de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, en términos de los mismos criterios invocados en el artículo transitorio séptimo, no se desprende que para la legalidad de la Distritación se le deba dar intervención a la legalidad de la misma, sino que para que dicho acto sea legal lo que tenía la obligación de respetar el Instituto Electoral de la Entidad eran los fundamentos constitucionales, los principios del Sistema Electoral Mexicano que se encuentran reflejados en la Ley Electoral del Estado, así como los criterios establecidos dentro de la misma en su transitorio séptimo, los cuales como ya se ha dicho si fueron respetados.

Por todo lo anterior. Es que el agravio primero del Recurso de Apelación es totalmente infundado e improcedente y el acuerdo impugnado debe de quedar incólume.

EN RELACIÓN AL SEGUNDO AGRAVIO. -

El Partido recurrente esgrime como agravio, el hecho de que la autoridad Responsable, no haya notificado a los integrantes de la Comisión Especial para la Redistritación y demarcación Municipal y su cuerpo técnico que derivado de la última reforma a los artículos transitorios de la Ley Numero 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, se mandataba al Consejo General del Instituto, para que a partir de la culminación del proceso electoral de Gobernador 2010-2011 se elaborará, aprobará e implementaran los proyectos de división territorial de los distritos electorales de mayoría relativa, para que estos a su vez realizaran un nuevo estudio técnico e iniciaran con el procedimiento técnico respecto a la Redistritación aludida. En cuanto este concepto de agravio, cabe destacar que la impugnante solamente se limita a realizar la simple afirmación genérica antes aludida, sin precisar o siquiera referenciar en que se basa o como acredita que efectivamente la Comisión Especial para la Redistritación y Demarcación Municipal no fue notificada de las reformas a los artículos transitorios de la Ley Electoral de la Entidad por parte del Consejo General ambos del Instituto Electoral del Estado de Guerrero.

Pues debe de precisarse que es una máxima del derecho que el que afirma se encuentra obligado a acreditar su dicho, lo cual tiene que realizar en términos de los medios probatorios idóneos encaminados a evidenciar de manera fehaciente sus afirmaciones, tal y como se desprende del segundo párrafo del artículo 19 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero.

Luego entonces para sustentar su afirmación, el partido recurrente debió señalar las pruebas que fundamentaran su dicho, por lo que al no realizarlo, toda vez que de su escrito de apelación no se desprende que se haya ofrecido medio probatorio alguno en tal sentido, es claro que incumplió con su carga probatoria correspondiente, al no existir evidencia alguna de que la Comisión Especial para la Redistritación y Demarcación municipal no haya sido notificada de las reformas realizadas a los artículos transitorios de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.

Lo anterior es porque contrario a lo afirmado por el Partido Convergencia la omisión aludida en ningún momento a existido, dado que la Comisión Especial para la Redistritación y Demarcación Municipal a quien se le imputa el supuesto desconocimiento dentro de su dictamen 001/CEPRyDME 14-06-20011, referencia claramente que en reunión de trabajo de fecha 3 mayo del 2011, convocada por el Consejero Presidente de la Comisión Especial aludida se expuso por parte del titular de 7a Unidad Técnica de Redistritación y Demarcación Municipal , el “escenario regional” y la conformación municipal de cada uno de los distritos que lo conforman así como la propuesta de nomenclatura y cabeceras distritales de los 28 distritos en el escenario regional y donde se hizo la observación de ver la posibilidad de que los trabajos de distritación reflejaran los resultados del XIII Censo General de Población y vivienda del año 2010, realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía tal como lo mandata las reformas realizadas al artículo séptimo transitorio de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, acordándose que el XII censo General de Población y Vivienda del año 2000, fue quitado por razones de actualización quien fue descartado por acuerdo 042/SE/25-03-2009 y donde se decidió utilizar el II Conteo de Población y Vivienda 2005 ya que los resultados por entidad federativa , municipio, localidad y área geográfica básica del XIII Censo General de Población y vivienda del año 2010, de acuerdo con el oficio número 200/041/2010, firmado por el Director General de Estadísticas Sociodemográficas del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI), manifestó que estarán disponibles hasta el tercer trimestre del 2011, de julio a septiembre se estaría contando con los resultados a nivel localidad y manzana, insumo necesario para la actualización del sistema de distritación, y que por ello, ante las posibilidades técnicas y falta de insumo necesario se acordó seguir con los trabajos realizados a la fecha utilizando el II Conteo de Población y Vivienda 2005, por ser los únicos resultados que se tienen a nivel manzana que permiten calcular la población a nivel sección electoral.

En virtud de lo anterior queda demostrado que la comisión especial y su cuerpo técnico si fue notificado de las reformas hechas a la ley citada con antelación. Al respecto se estima que el agravio esgrimido carece de soporte jurídico, siendo lo procedente que esta Sala de Segunda Instancia, confirme el acuerdo impugnado ante el incumplimiento de la carga probatoria por parte de la coalición impúgnate.

Asimismo, la parte accionante manifiesta que le causa perjuicio el hecho de que la COMISIÓN ESPECIAL PARA LA REDISTRITACIÓN Y DEMARCACIÓN MUNICIPAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA EL ECENARIO DE DISTRITACIÓN Y LAS CABECERAS DISTRITALES ELECTORALES en su dictamen 001/CEPRyDME/14-06-2011 y la autoridad responsable al emitir el acuerdo combatido, no vigilo el cumplimiento al artículo octavo transitorio del decreto 559, toda vez que solo valida la Redistritación y en su acuerdo no funda ni motiva porque solo se aprueba la Redistritación y no las demarcaciones municipales.

Al respecto se advierte que en el acuerdo impugnado efectivamente no se manifiestan referente a las demarcaciones territoriales, pero en el caso concreto el actor no manifiesta ni siquiera de manera general cual es el perjuicio que se le causa con dicho acto, por lo tal no se evidencia que se le pueda causar perjuicio alguno con dicho actuar, por ello al no referir siquiera de manera dogmática como es que le cause perjuicio ni mucho menos se vierta razonamientos lógicos jurídicos en dicho sentido, es claro que no puede ser una causal suficiente que pueda revocar el acuerdo 036/SO/16-06-2011.

Más aun, cuando la autoridad responsable tuvo el acierto de fundar (verter los artículos aplicables al caso concreto) y motivar (invocar los razonamientos lógicos jurídicos del porque resultaban aplicables dichos artículos) tal y como lo requieren los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ya que el acuerdo impugnado cumple con señalar con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, En virtud de ello, la autoridad responsable en ningún momento violenta los principios de fundamentación y motivación consagrados en la Constitución Federal, toda vez que dichos principios son fundamentales en cada una de las determinaciones y resoluciones que emitan las autoridades.

Es de tomarse en cuenta que si bien el artículo octavo transitorio del decreto número 559 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, mandataba no solo la Redistritación sino también a la demarcaciones municipales; también el artículo 90 de la Ley Numero 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estrado, señala que el Consejo General del Instituto Electoral de la Entidad, es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, el actor no puede afirmar que la autoridad responsable no vigilo el cumplimiento al artículo octavo transitorio del decreto 559, basándose en que solo valido la Redistritación en su acuerdo y que no funda ni motiva porque solo se aprueba la Redistritación y no las demarcaciones municipales, ya que la autoridad responsable tiene la atribución de cumplir con las citadas obligaciones pero para ello puede expedir los acuerdo que sean necesarios para dar cumplimiento a lo mandatado pero no está obligado hacerlo en el mismo acuerdo donde apruebe la Redistritación, ya que el mandato es optativo y no imperativo por lo que la autoridad responsable puede fundar y motivar la no aprobación de las demarcaciones Municipales de manera separada la Redistritación.

Por lo que es infundado el agravio expresado por el actor, ya que no desprende alguna infracción causada en perjuicio de los derechos del Instituto Político impugnante.

En consecuencia, es infundado el motivo de agravio expresado por el partido recurrente, ya que la autoridad responsable cumplió en todo momento con los requisitos de fundamentación y motivación, en el contenido del acuerdo 036/SO/16-06-2011 que la apelante impugna, ya que la autoridad electoral, manifiesta, refiere e inserta los razonamientos lógicos jurídicos que tomó en cuenta para llegar a su conclusión, vertiendo de manera justificada su resolución, sin dejar de valorar que el partido que ahora se adolece agraviado, solo señalo de manera vaga, dogmática e impresa los actos que originalmente afectan sus intereses, sin establecer, mucho menos demostrar, los perjuicios que se le causan.

De lo cual deviene infundado el agravio planteado por el partido recurrente, debiendo quedar incólume el acuerdo combatido, por estar ajustado a derecho.

EN RELACIÓN AL AGRAVIO TERCERO.-

Por cuanto hace a este agravio, el apelante sostiene que la responsable, al aprobar el acuerdo mediante el cual se aprueba la nueva delimitación territorial de los veintiochos distritos electorales que conforman el Estado de Guerrero, violentó los principios electorales de certeza y objetividad en razón de que no utilizó instrumento adicional al II Conteo de Población y Vivienda 2005, mismo que a decir del representante del partido apelante son elementales para los comicios.

Al respecto es oportuno precisar que el agravio en cuestión es inoperante e infundado, en virtud de que las argumentaciones del inconforme son genéricas subjetivas y dogmáticas, al no construir argumentos lógicos jurídicos que ayuden a destruir lo sostenido por la responsable, como tampoco precisa cuales son estos instrumentos adicionales que también debieron de ser tomados en cuenta coaligados al II Conteo de Población y Vivienda para fijar la Redistritación Electoral del Estado de Guerrero, además tampoco señala cuales son las consecuencias y alcances de los que adoleció el acuerdo por no tomar en cuenta los instrumentos adicionales (los cuales como ya se dijo no fueron precisados) a la valoración del conteo antes referido y que la omisión de la valoración de estos elementos adicionales al momento de decretarse la Redistritación le causaba perjuicios al Partido impugnante.

Por ende, resulta claro que si el actor ha mantenido en todo momento la ausencia de algún razonamiento lógico jurídico que pueda ser interpretado como tal al adolecer de la aportación de los elementos ya descritos al inicio del presente razonamiento, que sea encaminado a concluir la finalidad que la misma pretende con dicho recurso (revocación del acuerdo que se impugna), por lo cual, aun y si bien es cierto que la Ley de la Materia prevé ciertos supuestos en los cuales se pueda suplir las deficiencias u omisiones en los agravios, al caso concreto y de acuerdo con diversos criterios reiterados de la <sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el caso que nos ocupa dicha situación no puede operar al no existir con claridad las violaciones constitucionales o legales que4 se consideren fueron cometidas por la autoridad responsable, de acuerdo con los razonamientos lógicos-jurídicos que estén encaminados a ello controvirtiendo las consideraciones y argumentos de la responsable (que como se ha dicho no fueron formulados por el impugnante).

Sirve de ilustración la siguiente jurisprudencia;

AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON LAS SIMPLES EXPRESIONES GENÉRICAS Y ABSTRACTAS CUANDO NO PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Si no se está en el caso de suplir la deficiencia de los agravios en términos del artículo 76 Bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, no basta que el recurrente exprese sus agravios en forma genérica y abstracta, es decir, que se concrete a hacer simples aseveraciones para que el Tribunal Colegiado emprenda el examen de la legalidad de la resolución recurrida del Juez de Distrito a la luz de tales manifestaciones, sino que se requiere que el inconforme en tales argumentos exponga de manera razonada los motivos concretos en los cuales sustenta sus propias alegaciones, esto es, en los que explique el porqué de sus aseveraciones, pues de lo contrario los agravios resultarán inoperantes.

DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL

DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 171/2003. Nicanora Chávez Sandoval, su sucesión. 15 de mayo de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretario: Fidel Quiñones Rodríguez.

Incidente de suspensión (revisión) 513/2004. The Capita Corporation de México, S.A. de C.V. 14 de enero de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo viuda de Magaña Cárdenas. Secretario: Lucio Leyva Nava.

Amparo en revisión 64/2005. Enrique Vitte Parra. 25 de febrero de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo viuda de Magaña Cárdenas. Secretario: Lucio Leyva              Nava.

Amparo en revisión 149/2005. Rocío Rivera Enríquez. 6 de junio de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Indalfer Infante Gomales. Secretario: Eduardo Jacobo Nieto García.

Amparo en revisión 389/2005. Ineq, S.A. de C.V. 17 de enero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Indalfer Infante Gomales. Secretario: Roberto Javier Ortega Pineda.

Instancia: Tribunales Colegiados de circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. Tomo XXIll, Febrero de 2006. Pág. 1600. Tesis de Jurisprudencia.

Consecuentemente, ante la insuficiencia de argumento para demostrar la ilegalidad del de la sentencia reclamada por la parte impugnante de acuerdo con el planteamiento del agravio propuesto que se contesta, lo alegado por el accionante debe ser considerado infundado e inoperante.

Aunado a lo anterior ese órgano jurisdiccional, podrá darse cuenta que el acuerdo que nos ocupa cumple con todas la formalidades legales, además justifica el uso del II Conteo de Población y Vivienda 2005, así como productos oficiales con proyecciones demográficas y demás insumos electorales necesarios para la Redistritación Electoral en el Estado, además de que los acuerdos en los que se aprobó la implementación de estos, fueron consentidos por el Partido hoy apelante que en todo momento tuvo conocimiento de ellos por medio de su representante ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero.

Por las razones expuestas, esta Honorable Sala del Tribunal Electoral del Estado, debe declarar infundado el presente Agravio, dejando incólume el Acuerdo 036/SO/16-06-2011, mediante el cual se aprueba la nueva delimitación territorial, de los 28 distritos electorales que conforman el estado de Guerrero, así como sus respectivas cabeceras distritales.

EN RELACIÓN AL CUARTO AGRAVIO.-

En cuanto al presente agravio que pretende hacer valer el partido impugnante, debe ser desestimado por ese H. Tribunal Electoral, de acuerdo a lo inatendible del mismo, tal y como se pondrá de manifiesto en líneas subsecuentes.

Se sustenta lo anterior en virtud de que a simple vista se aprecia que la adora solamente hace señalamientos genéricos, vagos, abstractos, dogmáticos e insuficientes; tales como el siguiente: (SIC) “LE CAUSA AGRAVIO AL PARTIDO CONVERGENCIA LA APROBACIÓN DEL ÁMBITO TERRITORIAL QUE LE CORRESPONDE A CADA UNO DE LOS VEINTIOCHO DISTRITOS ELECTORALES UNONOMINALES QUE CONFORMAN EL ESTADO DE GUERRERO, APROBADO POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE GUERRERO, EN LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA DIECISEIS DE JUNIO DE DOS MIL ONCE; POR CONSIDERAR QUE ESA APROBACIÓN DISTRITAL, O SEA EL RESULTADO FINAL DEL PROCESO DE REDISTRITACION EN GUERRERO, INCUMPLE CON LAS CONSIDERACIONES JURÍDICAS QUE LE RESULTAN ESENCIALES PARA ESTE TIPO DE ACCIONES ELECTORALES, (...)” de esta transcripción se desprende que la apelante no hace ningún razonamiento lógico jurídico del porque le agravia el acto que impugna, no describe cada uno de los distritos electorales delimitados del cual se duele, ni mucho menos se señala que elementos debieron considerase por la responsable en cada uno de los distritos electorales, para aprobar la nueva delimitación distrital del Estado de Guerrero.

El partido impugnante en ningún momento ataca los fundamentos lógico jurídicos que la responsable vierte para sustentar el acuerdo MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA NUEVA DELIMITACIÓN TERRITORIAL, DE LOS 28 DISTRITOS ELECTORALES QUE CONFORMAN EL ESTADO DE GUERRERO, ASI COMO SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES; por lo que la misma debe de mantenerse incólume, en razón de que los supuestos agravios que pretende hacer valer el partido actor, son genéricos, abstractos, vagos y dogmáticos que en nada atacan el acuerdo que pretende impugnar, en tales consideraciones, es de derecho de que los mismos se declaren insuficientes e ineficaces.

Asimismo, las pruebas que aporta el inconforme no resultan ser aptas e idóneas para acreditar las supuestas ilegalidades o irregularidades en que se sustenta el acto impugnado, y por la otra, porque las mismas no se encuentran relacionadas ni se señala cual es la finalidad de las mismas, por lo que las hace insuficiente para alcanzar las pretensiones del actor, de ahí que incumple con la obligación contenida en el artículo 19 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación que indica que el que afirma se encuentra obligado a probar, lo cual debe de realizar con los medios idóneos que acrediten fehacientemente la existencia de la acción u omisión que se alegue como ilegal

De ahí que al caso concreto, en términos de la Ley aplicable a la materia, el apelante tenía una carga probatoria que incumplió ya que si el inconforme asevera que le causa agravio la aprobación de la distritación de los veintiocho distritos electorales del Estado, está precisar en que estaba sustentada la ilegalidad en el actuar de la autoridad responsable y de manera posterior estaba obligado a acreditar la supuesta ilegalidad del acto impugnado alegada, y al no precisarlo ni acreditarlo es de derecho que este Tribunal debe confirmar el acuerdo 036/SO/16-06-2011, emitido por la responsable.

Por otro lado, en cuanto a la afirmación del partido actor de que “NO EXISTE UN NUEVO MAPA ELECTORAL QUE CONTEMPLE Y GUARDE UNA REPRESENTACIÓN IGUAL POR VOTO PARA CADA CIUDADANO, INDUBITABLEMENTE MAS APEGADA A LOS CRITERIOS DE EQUIDAD Y DE IGUALDAD PREVISTOS POR LA CONSTITUCIÓN FEDERAL COMO ESTATAL...”; POR LO TANTO, NO EUMINA LA SOBREPRESENTACION EXISTENTE, QUE FINALMENTE ESO ES LO QUE SE BUSCA CORREGIR EN UN PROCESO DE DISTRITACIÓN, CUYOS ELEMENTOS SON LOS SIGUIENTES:

1.- EL VALOR DE CADA VOTO, ES DEDUCIR, LOGRAR EL OBJETIVO DE UN CIUDADANO UN VOTO (...).

2.- EL SEGUNDO PROPOSITO ES EVITAR QUE LA DISTRITACION TENGA SESGOS PARTIDARIOS (...).

3.- UN TERCER OBJETIVO ES FACILITAR A LOS CIUDADANOS LA EMISIÓN DEL SUFRAGIO (...;.

Las aseveraciones descritas en ningún momento se pueden considerar como agravios en razón de que son genéricos, insuficientes y dogmáticos, en los mismos no existen razonamientos lógicos jurídicos que combaten el acto impugnado, luego entonces al no ser agravios suficientes para destruir el dictamen y acuerdo de la responsable, los mismo siguen prevaleciendo y es de derecho que este órgano jurisdiccional confirme el acuerdo 036/SO/16-06-2011, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA NUEVA DEUMITACIÓN TERRITORIAL, DE LOS 28 DISTRITOS ELECTORALES QUE CONFORMAN EL ESTADO DE GUERRERO, ASI COMO SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES.

En cuanto a los demás argumentos del agravio que se contesta, corren la misma suerte, de ser genéricos, vagos, abstractos, insuficientes y dogmáticos; no tienen ningún razonamiento lógico jurídico, de ahí su inoperancia.

Ya que como se ha sustentado con anterioridad si bien es cierto que la Ley de la Materia prevé ciertos supuestos en los cuales se pueda suplir las deficiencias u omisiones en los agravios, al caso concreto y de acuerdo con diversos criterios reiterados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el caso que nos ocupa dicha situación no puede operar al no existir con claridad las violaciones constitucionales o legales que se consideren fueron cometidas por la autoridad responsable, de acuerdo con los razonamientos lógico- jurídicos que estén encaminado a ello controvirtiendo las consideraciones y argumentos de la responsable (que como se ha dicho no fueron formulados por el impugnante).

AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON LAS SIMPLES EXPRESIONES GENÉRICAS Y ABSTRACTAS CUANDO NO PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Si no se está en el caso de suplir la deficiencia de los agravios en términos del artículo 76 Bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, no basta que el recurrente exprese sus agravios en forma genérica y abstracta, es decir, que se concrete a hacer simples aseveraciones para que el Tribunal Colegiado emprenda el examen de la legalidad de la resolución recurrida del Juez de Distrito a la luz de tales manifestaciones, sino que se requiere que el inconforme en tales argumentos exponga de manera razonada los motivos concretos en los cuales sustenta sus propias alegaciones, esto es, en los que explique el porqué de sus aseveraciones, pues de lo contrario los agravios resultarán inoperantes.

DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

I. 11o. C.J/5

Amparo en revisión 171/2003. Nicanora Chávez Sandoval, su sucesión. 15 de mayo de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretario: Fidel Quiñones Rodríguez.

Incidente de suspensión (revisión) 513/2004. The Capita Corporation de México, S.A. de C.V. 14 de enero de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo viuda de Magaña Cárdenas. Secretario: Lucio Leyva Nava.

Amparo en revisión 64/2005. Enrique Vitte Parra. 25 de febrero de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo viuda de Magaña Cárdenas. Secretario: Lucio Leyva Nava.

Amparo en revisión 149/2005. Rocío Rivera Enríquez. 6 de junio de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Indalfer Infante Gomales. Secretario: Eduardo Jacobo Nieto García. Amparo en revisión 389/2005. Ineq, S.A. de C.V. 17 de enero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Indalfer Infante Gomales. Secretario: Roberto Javier Ortega Pineda.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. Tomo XXIII, Febrero de 2006. Pág. 1600. Tesis de Jurisprudencia.

Ahora bien, en cuanto a la alegación de que el acuerdo aprobado de delimitación de los 28 distritos electorales del Estado, “() es incierta, carente de un sustento real e imperfecta en su determinación conforme a las estipulaciones aplicables al respecto, en lo que atañe a la veracidad poblacional (...) dicha afirmación también es ligera, sin ningún razonamiento lógico jurídico que la sustente así como también el respectivo fundamento legal ni probatorio, en razón de que para arribar al acuerdo que el partido actor recurre, el órgano electoral junto con los representantes de los partidos legalmente acreditados, como es el caso del partido Convergencia, fueron aprobados diversos acuerdos, en fases diferentes, sobre la utilización de instrumentos e insumos para arribar al acuerdo MEDIAENTE EL CUAL SE APRUEBA LA NUEVA DELIMITACIÓN TERRITORIAL, DE LOS 28 DISTRITOS ELECTORALES QUE CONFORMAN EL ESTADO DE GUERRERO, ASI COMO SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES; donde el hoy actor acepto tácitamente ya que en ningún momento impugno acuerdo alguno, por lo que los mismos adquirieron rango de actos definitivos y firmes, por lo que ahora el Instituto Político impugnante no puede pretender impugnar el acuerdo de la nueva Distritación en la entidad en términos de los actos que consintió.

Sirve de aplicación el siguiente criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación:

Partido Nueva Alianza

VS.

Tribunal Electoral de Quintana Roo

Tesis XXXVIII/ 2007

REDISTRITACIÓN. LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES ADOPTADOS POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DURANTE LAS FASES DEL PROCESO CORRESPONDIENTE, ADQUIEREN (LEGISLACIÓN DE QUINTANA ROO).—De la interpretación gramatical y sistemática de los artículos 5, 6, 25, 28, 49 y 76, fracción II, de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral de Quintana Roo, se advierte que las determinaciones adoptadas por el Consejo General del Instituto Electoral de dicha entidad federativa, en las distintas etapas que integran las fases del proceso de redistritación, por regla general, son impugnables en forma autónoma ante el Tribunal Electoral del Estado a través de los medios de impugnación y plazos previstos en la legislación local, razón por la cual si no se impugnan en esa oportunidad, tales determinaciones adquieren definitividad y firmeza. En efecto, la redistritación es un acto complejo en la que se desarrollan diversos trabajos preparatorios para obtener datos y estudios técnicos relacionados con los criterios de densidad de población, condiciones geográficas y circunstancias socioeconómicas prevalecientes en las distintas regiones de la entidad. Tales actividades requieren la inversión de tiempo y desempeño profesional multidisciplinario y, por ello, la ley establece que la realización del estudio técnico para la determinación de los distritos electorales uninominales en que se dividirá al Estado, debe realizarse en el caso por lo menos dieciocho meses antes del proceso electoral ordinario de que se trate y que, invariablemente, la delimitación de la geografía electoral y su modificación deberán resolverse entre dos procesos electorales ordinarios. La variedad de actividades y de sujetos involucrados hace inviable efectuar la redistritación en un solo acto y, por ello, los acuerdos adoptados en cada una de esas etapas adquieren definitividad para efectos de su posible impugnación.

Juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-234/2007.— Actor: Partido Nueva Alianza.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral de Quintana Roo.—28 de septiembre de 2007.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretarios: Sergio Arturo Guerrero Olvera y Andrés Carlos Vázquez Murillo.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta y uno de octubre de dos mil siete, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede.

Por lo que en el presente asunto lo procedente es que esta Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado confirme el acuerdo NÚMERO 036/SO/16-06-2011 MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA NUEVA DELIMITACIÓN TERRITORIAL, DE LOS 28 DISTRITOS ELECTORALES QUE CONFORMAN EL ESTADO DE GUERRERO, ASI COMO SUS RESPECTIVAS CABECERAS DISTRITALES.

Por lo vertido en el presente escrito, claramente queda evidenciado que ninguno de los argumentos vertidos dentro de sus diversos agravios por el partido Convergencia dentro de su Recurso de apelación resultan eficaces para revocar el acuerdo impugnado por lo cual el mismo debe de quedar incólume. Por lo anteriormente expuesto y fundado ante ustedes CC Magistrados de la Sala de Segunda Instancia, atentamente pido:

PRIMERO.- Tener por apersonado al Instituto Político que represento como tercero interesado al Recurso de Apelación promovido por el Partido Convergencia en contra del acuerdo 036/SO/16-06-2011, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero.

SEGUNDO.- Previo estudio declarar infundados los agravios expresados por el actor confirmando el acuerdo impugnado.

SÉPTIMO. Sinopsis de agravios y estudio de fondo.

Sinopsis de agravios. El Partido Convergencia señala que el acuerdo impugnado 036/SO/16-06-2011, le causa los siguientes agravios:

Primero. En el agravio identificado con este número en su escrito de demanda, es posible advertir tres inconformidades distintas, a saber:

a) Se duele porque el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, al aprobar el acuerdo impugnado no se ajustó al artículo séptimo transitorio vigente de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales local, en el que se previo que, para la realización de los trabajos de redistritación, se debería tomar como base el último censo poblacional emitido por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. Y que, contrario a lo anterior, la responsable, para emitir el acuerdo impugnado, tomó en cuenta el II Conteo de Población y Vivienda del 2005, elaborado por la misma institución, transgrediendo así los principios de legalidad y seguridad jurídica a los que deben sujetarse todos los actos de autoridad, bajo la justificación de que no se contaba con los resultados por entidad federativa, municipio, localidad y área geográfica básica del XIII Censo General de Población y Vivienda 2010, lo cual, según el apelante, es falso, pues antes del dieciséis de junio de este año (fecha en que se emitió el acto impugnado), ya se contaban con los resultados oficiales del censo 2010 desde el tres de marzo del año en curso, por lo que materialmente era posible que la responsable tomara en cuenta esos resultados para la redistritación y así acatar lo mandatado por el legislador local en el artículo séptimo transitorio vigente de la ley referida.

b) Que con su actuar, la responsable valida el acuerdo 042/SE/25-03-2009, que aprobó el uso del Conteo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística Geografía e informática de 2005, cuando debió, en fecha posterior, corregir tal determinación por considerarlos datos obsoletos y, sobre todo, porque así lo mandataba el artículo séptimo transitorio de la ley en cita, reformado el doce de febrero de dos mil diez. Por lo que el consejo general responsable, como órgano máximo de dirección, y con apoyo del órgano técnico, debió advertir y consecuentemente modificar su propio acuerdo para utilizar información actualizada al momento de conformarse los distritos electorales en la nueva geografía electoral.

c) Por otro lado, señala que emitido el dictamen 001/CEPRyDME/14-06-2011, por la comisión especial, inmediatamente después, antes de que transcurrieran cuarenta y ocho horas, se llevó a cabo la sexta sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, el dieciséis de junio del año que corre, sin que mediara tiempo suficiente para que las dirigencias de los partidos políticos pudieran realizar observaciones, propuestas o sugerencias en esa parte final del procedimiento implementado para la redistritación.

Segundo. En el motivo de disenso que el Partido Convergencia identifica de esta forma, expresa dos circunstancias diversas, que son las siguientes:

a) Se agravia porque el consejo general responsable, posterior a la última reforma a los artículos transitorios de la ley 571, no notificó a los integrantes de la comisión especial y a su cuerpo técnico, que derivado de dicha reforma se mandataba a dicho consejo general para que, a partir de la culminación del proceso electoral de gobernador 2010-2011, se elaborara, aprobara e implementaran los proyectos de división territorial de los distritos electorales de mayoría relativa, es decir, un nuevo estudio técnico, con la única limitante de que no se modificara el número de distritos que señala el artículo 29 de la Constitución local (28), por lo que los acuerdos y dictámenes previos quedaban sin materia.

b) Por otro lado, señala el apelante que el consejo general responsable debió haber prevenido a la comisión especial de que su estudio técnico era incompleto, ya que el artículo octavo transitorio del Decreto número 559, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política local, mandataba no sólo la redistritación sino también las demarcaciones municipales, atribución establecida en el numeral 90 de la Ley 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales, y en el caso, no vigiló el cumplimiento del artículo octavo transitorio del decreto referido, toda vez que sólo valida la redistritación y en su acuerdo no funda ni motiva porqué sólo se aprueba la redistritación y no las demarcaciones municipales.

Por lo que, -dice- lo mandatado en los artículos transitorios séptimo y décimo de la propia ley de instituciones electoral local, debió cumplirse con la presentación y aprobación conducente por la comisión especial y el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, y notificado al Congreso del Estado, previo a la elección de gobernador 2010-2011, de tal manera que al no cumplirse con lo exigido, el legislador ordinario aprobó reformas al artículo séptimo transitorio de la ley citada, otorgándosele un nuevo término a dicho consejo para que iniciara con los trabajos posterior a la culminación del proceso electoral de gobernador, es decir, después del primero de abril de dos mil once, fecha de toma de protesta del nuevo gobernador, y dos meses y medio después de que se le otorgó el nuevo término perentorio, hasta el dieciséis de junio de este año se aprobó de manera incompleta, sólo por lo que hace a la redistritación.

Tercero. En este agravio el partido apelante se inconforma porque al aprobar la responsable el acuerdo impugnado según dice- violentó los principios de certeza y objetividad, en razón de que para efectos de llevar a cabo el procedimiento de redistritación, no utilizó instrumentos adicionales y sólo se basó en el II Conteo de Población y Vivienda 2005, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, el cual se encuentra rebasado o desactualizado, y por ello, se incumple el propósito de delimitar geográficamente los distritos lo más apegado posible a la realidad. Lo anterior se corrobora con el hecho de que el artículo transitorio séptimo de la ley 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales local, señala cuando menos y no únicamente o solamente.

Cuarto. Finalmente, en este motivo de disenso, el partido disconforme se duele por la aprobación del ámbito territorial que le corresponde a cada uno de los veintiocho distritos electorales uninominales que conforman el estado, por considerar que esa aprobación distrital, o sea, su resultado final, incumple consideraciones jurídicas que le resultan esenciales para este tipo de acciones, en lo concerniente al criterio, componente, o variable poblacional, ya que el mismo no refleja, bajo ninguna circunstancia, la realidad actual, fidedigna y confiable de la base poblacional de la entidad. Es decir, no existe un nuevo mapa electoral que contemple y guarde una representación igual por voto para cada ciudadano, indudablemente más apegada a los criterios de equidad e igualdad previstos por las constituciones federal y estatal, por tanto, no elimina la sobrerrepresentación existente, que finalmente -dice- es lo que se busca corregir en un proceso de redistritación.

Consecuentemente, alega el apelante, que en las veintiocho cabeceras distritales en la nueva nomenclatura que se aprobaron, no se observó el criterio que marca la ley en su artículo séptimo transitorio, inciso g), que dice: para determinar las cabeceras de los distritos electorales se tomará en consideración la ciudad que tenga mayor población, mejores vías de comunicación y mejores servicios públicos, esto es, que cada distrito electoral esté integrado con una cantidad de habitantes similar en todos los casos.

Por lo que la redistritación aprobada por la responsable, indica el disconforme, es incierta, carente de sustento real e imperfecta en su determinación conforme a las estipulaciones aplicables al respecto, en lo que atañe a la variable poblacional utilizada como insumo o fuente de población para dicha demarcación, como el elemento central jurídicamente válido para la delimitación distrital, por no reflejar la realidad actual, fidedigna y con la plena contabilidad de la base poblacional de la entidad.

Estudio de fondo. 

Como se puede observar, el primero y segundo de los conceptos de agravios se constituyen por distintos hechos, los cuales, por su complejidad, no pueden abordarse y decidirse en un sólo razonamiento, sino que merecen un pronunciamiento puntual por separado o excepcionalmente algunos de ellos en su conjunto; por lo que, en consecuencia, las partes en que se subdividieron esos agravios -de acuerdo a lo alegado por el apelante- se estudiarán sin tomar en cuenta necesariamente el orden en que fueron planteados, sino que, por cuestión de método y sistematización, esta Sala Resolutora los estudiará en un orden diferente, de acuerdo a las necesidades que requiera cada uno de ellos.

Lo anterior no causa afectación a las partes contendientes, pues lo importante es que todo lo argumentado en vía de agravio sea estudiado. Al respecto, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número S3ELJ 04/2000, visible en la página 23 de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, cuyo rubro señala: AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.

Hecha la aclaración, en este apartado se procede a abordar el estudio del inciso a) del agravio segundo de la reseña, el cual se considera atender en primer término dadas las manifestaciones que en él se efectúan, en especifico, la relativa a que con la reforma de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, mediante Decreto de doce de febrero de dos mil diez, quedaban sin efecto alguno los trabajos que ya se habían realizado para la redistritación electoral y demarcaciones municipales y, por tanto, se tenían que iniciar nuevamente dichos trabajos; pues dicho agravio de resultar fundado, a ningún fin práctico conduciría efectuar el estudio de los restantes motivos de disenso. Estudio que se realiza en base a las siguientes reflexiones.

Con la reforma político electoral local de dos mil siete, la Quincuagésima Octava Legislatura del Honorable Congreso del Estado emitió el Decreto 559, de veintiocho de diciembre de ese año, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de este estado.

En lo que interesa, en dicho proceso legislativo se tocó el tema de la redistritación electoral y de demarcaciones municipales; así, en el artículo octavo transitorio de dicha reforma, se estableció lo siguiente:

OCTAVO. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la conclusión del proceso electoral del 2008, deberá iniciar los estudios y elaborará los proyectos de división territorial de los distritos electorales locales de mayoría relativa, sin modificar el número establecido en el artículo 29 de la Constitución Política del Estado. Así mismo iniciará los trabajos técnicos para determinar las demarcaciones electorales municipales en las que se elegirán los regidores de mayoría relativa por voto directo. Para la realización de éstos trabajos se tomarán en cuenta los criterios mínimos establecidos en la ley electoral.

De acuerdo a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, artículo séptimo transitorio, inciso a), uno de los criterios a considerarse para la realización de esos trabajos, es el:

a) Equilibrio demográfico en la determinación de los distritos tomando como base el último Censo de Población emitido por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática.

Con base en los textos normativos transcritos, es posible desprender, entre lo más trascendente, que, primero, dicho proceso de redistritación y demarcaciones municipales electorales se trató de un mandato imperativo y directo del Poder Legislativo hacia el Instituto Electoral del Estado de Guerrero; segundo, su implementación y desarrollo fue ordenado se realizara una vez concluido el proceso electoral de dos mil ocho (elección de ayuntamientos y diputados), con la condición clara de que, respecto a la redistritación, no se modificara el número de los veintiocho distritos electorales en la entidad, y tercero, que se tomara en consideración el último Censo de Población y Vivienda emitido por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática.

Ahora bien, como quedó asentado en los antecedentes del resultando primero de este fallo, el proceso de Redistritación electoral y de demarcaciones municipales en el estado, es una actividad compleja desde la perspectiva de etapas, actos, costos, sujetos e instituciones que convergen en su implementación, en el cual el objetivo principal y específico era, antes de la reforma y lo sigue siendo ahora (como se verá a continuación), tener lista la Redistritación y demarcaciones municipales para implementarlas en el proceso electoral de dos mil doce, según se deduce de lo dispuesto por los artículos 183, octavo y noveno transitorio de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de la entidad.

Bajo esa premisa e imperativo legal, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado aprobó, entre otras cosas, mediante acuerdo 004/SO/22-01-2009, de veintidós de enero de dos mil nueve, la creación de la Comisión Especial para la Realización de los Trabajos Técnicos que Determinaran las Demarcaciones Territoriales Distritales y Municipales Electorales, así como los lineamientos a los que se habría de sujetar dicho órgano técnico.

A la postre, el consejo responsable referido, con la finalidad principal de suministrar el instrumento esencial al proceso de Redistritación y de creación de demarcaciones electorales, aprobó el acuerdo 042/SE/25-03-2009, de veinticinco de marzo de dos mil nueve, mediante el cual se autorizó la utilización del Conteo de Población y Vivienda 2005, emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática, debido a la imposibilidad técnica y material de usar el Censo de Población y Vivienda del 2000, por estar desfasado.

El veinte de agosto de dos mil nueve, se firmó el Anexo Técnico Número Tres al Convenio de Apoyo y Colaboración entre el Instituto Federal Electoral y el Instituto Electoral del Estado.

Posteriormente, el mismo órgano responsable, mediante acuerdo 070/SO/25-08-2009, de veinticinco de agosto de dos mil nueve, aprobó la Jerarquización de los Criterios y Directrices Operativas que se utilizarían en la Formulación de los Proyectos de Delimitación del Territorio de los Distritos Uninominales y Demarcaciones Municipales en Guerrero.

Bajo esa cadena de actos sucesivos, el Consejo General del Instituto Electoral local expidió el acuerdo 078/SO/13-10-2009, de trece de octubre de dos mil nueve, mediante el cual aprobó el Marco Geográfico Electoral, para la Delimitación Territorial de los Distritos Electorales Locales y las Demarcaciones Municipales Electorales en Guerrero.

El acto siguiente que desarrolló el consejo general responsable, fue aprobar mediante acuerdo 082/SO/07-12-2009, de diecisiete de diciembre de dos mil nueve, la Tabla de Distancias y Tiempos de Traslado Intermunicipal del Estado como insumo para el sistema de Distritación y Demarcaciones Municipales.

El acto subsecuente respecto de dicho proceso de redistritación y demarcaciones municipales, lo constituyó el acuerdo 083/SO/07-12-2009, de siete de diciembre de dos mil nueve, en el que se aprobó el Marco Geográfico Electoral en Formato Digital de los 81 Municipios de Guerrero.

En ese orden, y como se ve, con varias etapas ya desahogadas, el veintisiete de enero de dos mil diez, se reunió la Comisión Especial para la Redistritación y Demarcaciones Municipales, con la finalidad de presenciar el primer escenario de la corrida en el sistema de redistritación a cargo de personal ejecutivo y técnico de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores y de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral.

No obstante el estado avanzado que se tenía de los trabajos, respecto a la redistritación electoral y demarcaciones municipales, el doce de febrero de dos mil diez, la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado emitió el Decreto 364, de la fecha citada, por medio del cual reforman los artículos Séptimo y Décimo Transitorios y se adiciona un artículo Vigésimo Séptimo Transitorio, a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de este estado, lo cual, en lo que interesa al caso, el artículo Séptimo Transitorio, quedó con la redacción siguiente:

El Consejo General del Instituto, al concluir el proceso electoral de Gobernador del Estado del año 2010-2011, elaborará, aprobará e implementará los proyectos de división territorial de los distritos electorales locales de mayoría relativa, sin modificar el número establecido en el artículo 29 de la Constitución Política del Estado. En la realización de estos trabajos se tomarán en cuenta cuando menos los siguientes criterios:

a) Equilibrio demográfico en la determinación de los distritos tomando como base el último Censo de Población emitido por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática.

De dicho Decreto de reforma se advierte, de manera fundamental, que la obligación de iniciar y elaborar los proyectos de redistritación y demarcaciones municipales, que se había previsto una vez concluido el proceso electoral de dos mil ocho (diputados y ayuntamientos), se trasladó ahora a la conclusión de la elección de 2010-2011 (de gobernador), y además, es trascendente también subrayar que ahora la redacción dice: elaborará, aprobará e implementará los proyectos ya referidos.

De lo que se advierte que, al tratarse de un proceso dividido en varias etapas, actos y circunstancias, es lógico inferir que las que ya fueron desarrolladas por el Instituto Electoral local hasta antes de esa reforma, y las posteriores a ella, son perfectamente compatibles entre sí, y por tanto, válidas, pues no chocan unas con otras, sino que se complementan armónicamente para el fin último, que es, precisamente, la redistritación y demarcaciones municipales.

En efecto, ésta última reforma no señala textualmente, ni tampoco se puede desprender implícitamente de ella, que la intención del legislador ordinario haya sido desechar todo lo actuado por el consejo responsable, sino que, por el contrario, reconoce y motiva que es un trabajo complejo, por etapas y que la mayoría ya fueron desahogadas.

Entre las motivaciones de la aludida reforma, podemos encontrar que en el decreto respectivo se argumentó que: “...con fecha 27 de enero del 2010, en cumplimiento al Anexo Técnico de Redistritación se concluyó con la entrega y presentación del primer escenario de la nueva conformación distrital electoral para Guerrero. La cual si bien es cierto, puede ser aprobada y difundida por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dentro de los tiempos que marca la ley; también cierto es, que se ve poco oportuno y conveniente que se utilice para la próxima elección de gobernador del 2010-2011, por las siguientes razones...”

Por otro lado, se sostuvo también, en la exposición de motivos de la aludida reforma, que: “...efectivamente el proceso de diseño y determinación de nuevos distritos o demarcaciones electorales se encuentra conformado por un conjunto de etapas sucesivas, adecuadamente estructuradas, dentro de las cuales se realizan distintas actividades de orden técnico a fin de cumplir con los criterios geográficos y demográficos principalmente, entre otros, que condicionan un ejercicio de esas dimensiones. Además, los trabajos técnicos que se desarrollan al interior de dichas etapas se encuentran condicionadas, en buena medida, por el apoyo técnico y los insumos que principalmente el Instituto Federal Electoral y el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, tienen posibilidades de aportar, y que por su propia naturaleza se someten a plazos estrictamente determinados, por lo que el proceso de redistritación no puede considerarse un ejercicio aislado que corresponda en exclusiva discernir a la autoridad

electoral de nuestra entidad...”

Expresado lo anterior, resulta infundado lo argüido por el partido apelante en el agravio segundo, inciso a) en el que, recapitulando, dijo básicamente que, la reforma a la ley electoral, de doce de febrero de dos mil diez, ordenaba un nuevo estudio técnico, con la única limitante de que no se modificara el número de distritos que señala el artículo 29 de la Constitución local (28), por lo que -argumentó- los acuerdos y dictámenes previos quedaban sin materia. Puesto que, como se pudo observar, en la exposición de motivos de la aludida reforma no se advierte expresa o implícitamente dicha afirmación, sino que, por el contrario, se reconoce lo avanzado de dichos trabajos de redistritación y demarcaciones municipales.

De no aceptarse esta interpretación, se haría nugatorio el imperativo de ley hacia el Consejo General del Instituto Electoral local, relativo a la facultad de organización de las elecciones para hacer efectiva la prerrogativa ciudadana de votar en las elecciones populares y así elegir a sus representantes, y en consecuencia, se impediría la participación del pueblo en la vida democrática, la integración de la representación estatal y el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, puesto que es evidente que de acuerdo a los tiempos ya no sería posible desarrollar nuevamente cada una de las etapas atinentes de dicho proceso.

Por lo que esta interpretación sistemática y funcional es la que da validez y reconoce los recursos económicos, técnicos y materiales invertidos en el desarrollo de dichas etapas, antes y posteriores a la aludida reforma y, además, considera a la redistritación y demarcaciones municipales como un sistema basado en una serie ordenada de actos, etapas y acciones, con un fin fundamental y último: la implementación, en la elección de diputados y ayuntamientos de dos mil doce, de un nuevo sistema de distritos y demarcaciones municipales electorales. De ahí lo infundado de esta parte del motivo de disenso.

En el mismo agravio segundo, inciso a), el Partido Convergencia afirma que el consejo responsable no notificó, posterior a la última reforma de la ley electoral local (febrero de

2010), a los integrantes de la comisión especial y su cuerpo técnico, que en dicha reforma se mandataba que los trabajos de redistritación y demarcaciones municipales se realizaría al concluir la elección 2010-2011 de gobernador. Manifestación que también resulta infundada, puesto que, por principio, no es obligación de la autoridad responsable efectuar notificación a la comisión acerca de la mencionada reforma; esto aunado a que de autos del justiciable (fojas 134-154) se desprende que sí tuvo conocimiento de tal cuestión, dado que en la reunión de trabajo de la citada comisión, de fecha tres de mayo del año en curso, documental pública con pleno valor probatorio en términos del artículo 20, segundo párrafo, de la ley de medios de impugnación electoral, se expuso la posibilidad de tomar los datos del Censo de Población y Vivienda de 2010 del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, lo que deja evidenciado la plena conciencia en los miembros de la comisión referida respecto a los términos de la reforma en comento.

En relación al planteamiento que se hace en el inciso b) del agravio segundo en estudio, resulta infundado, dado que, no obstante ser cierto que la reforma referida en el párrafo que antecede ordena no sólo implementar la redistritación electoral, sino también las demarcaciones municipales electorales, y la responsable, en el acuerdo combatido, sólo aprobó lo relativo a la redistritación, sin que se pronunciara respecto de las demarcaciones municipales. Tal cuestión no causa agravio alguno al partido apelante, en virtud de que, en primer lugar, en la reforma citada no se ordenó que ambos temas salieran al mismo tiempo y menos que se aprobaran en un acuerdo único, por lo que está abierta la posibilidad para el órgano administrativo responsable emita con posterioridad el acuerdo conducente a la aprobación de dichas demarcaciones.

No obstante lo anterior, debe ponderarse que, mediante oficios 1050 y 1418 de veintidós de marzo y ocho de abril, respectivamente, ambos de dos mil once (visibles a fojas 641-642), expedidos, por el Secretario General del Instituto Electoral del Estado, documentales públicas con valor probatorio pleno en términos del artículo 20, segundo párrafo, de la ley de medios de impugnaciones electoral, se hizo del conocimiento de los integrantes de la Comisión Especial para la Redistritación y Demarcación Municipal Electoral, del Instituto Electoral local, el reenvió del sistema de redistritación y demarcación municipal con sus respectivos escenarios, en el cual se conminaba para su análisis y presentación de observaciones correspondientes. Documentos que fueron recibidos oportunamente por el partido apelante a través de Olga Sosa G., tal como consta su firma en dichos medios probatorios.

Posteriormente, en la reunión de trabajo de la comisión especial para la redistritación y demarcaciones municipales, de catorce de junio de este año -que fue la última que se desarrolló antes de aprobar el acuerdo ahora impugnado- (fojas 155-178), ningún partido político integrante de dicha comisión se pronunció en relación a los escenarios propuestos respecto a las demarcaciones municipales, no obstante que, como se advirtió de los oficios antes referidos, ya se tenía un proyecto de dichos escenarios; por lo que en ese tema en particular no se pudo avanzar. Sin embargo, a fojas 643 de autos, consta el oficio 0861, de veintitrés de junio de esta anualidad, en el que se convoca a una reunión de trabajo del consejo general responsable para el veintisiete del mismo mes y año, en la cual, el punto cuatro del orden del día, textualmente señala que se tocará el tema de demarcaciones municipales; notificación de la que tuvo conocimiento con oportunidad el Partido Convergencia por conducto de Olga Sosa G.

En conclusión, es válido afirmar que, primero, no era una obligación sacar ambos temas en un sólo acuerdo; segundo, con oportunidad se hizo llegar un escenario de demarcaciones municipales a los miembros de la comisión de redistritación, incluido el apelante, y tercero, es un tema inacabado y está en vías de discusión y aprobación, como ya se vio en párrafos que anteceden. Por lo que si el partido impugnante considera que ha transcurrido en exceso el tiempo para la aprobación de las demarcaciones municipales, se dejan a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía que considere pertinente.

En el orden de importancia del estudio de los agravios, ahora toca el análisis del marcado como primero, incisos a) y b), de la síntesis realizada en el presente fallo, y en el que el apelante se duele porque no se tomaron en cuenta los datos del último Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, como lo ordenaba la reforma a la ley electoral local, de doce de febrero de dos mil diez.

Cabe destacar que, como se desprende de constancias procesales, para los trabajos referidos se utilizó el Conteo de Población y Vivienda 2005 emitido por la institución federal indicada, el cual fue validado por la responsable mediante acuerdo 042/SE/25-03-2009, de fecha veinticinco de marzo de dos mil nueve.

Ahora bien, el motivo de disenso deviene en parte inoperante y en otra infundado, por las consideraciones siguientes:

Como se razonó, la implementación de la redistritación y demarcaciones municipales electorales es un proceso ordenado, de etapas y actos, en los que intervienen diversas instituciones y sujetos con el fin de ir, en cada caso, estableciendo las bases y datos a través de los suministros e insumos para cada etapa; de manera que agotada cada una, a través de la aprobación de los acuerdos conducentes, se da paso, en función de los tiempos y posibilidades administrativas, a la etapa siguiente.

De ahí que, cada una de estas etapas o períodos, una vez concluidos, adquieren definitividad y dan paso al siguiente acto, por lo que si no se está conforme con algún acuerdo, es necesario impugnarlo a través de los medios de defensa previstos en la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral local, pues de no hacerlo, el acto particular o resolución determinada adquiere definitividad y firmeza, y por tanto, ya no es posible posteriormente revisar su legalidad. Al respecto, es aplicable, por igualdad de razón, la tesis relevante XXXVIII/2007, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la Cuarta Época, visible en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, página 86, cuyo texto establece lo siguiente:

REDISTRITACIÓN. LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES ADOPTADOS POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DURANTE LAS FASES DEL PROCESO CORRESPONDIENTE, ADQUIEREN DEFINITIVIDAD SI NO SE IMPUGNAN OPORTUNAMENTE (LEGISLACIÓN DE QUINTANA ROO). De la interpretación gramatical y sistemática de los artículos 5, 6, 25, 28, 49 y 76, fracción II, de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral de Quintana Roo, se advierte que las determinaciones adoptadas por el Consejo General del Instituto Electoral de dicha entidad federativa, en las distintas etapas que integran las fases del proceso de redistritación, por regla general, son impugnables en forma autónoma ante el Tribunal Electoral del Estado a través de los medios de impugnación y plazos previstos en la legislación local, razón por la cual si no se impugnan en esa oportunidad, tales determinaciones adquieren definitividad y firmeza. En efecto, la redistritación es un acto complejo en la que se desarrollan diversos trabajos preparatorios para obtener datos y estudios técnicos relacionados con los criterios de densidad de población, condiciones geográficas y circunstancias socioeconómicas prevalecientes en las distintas regiones de la entidad. Tales actividades requieren la inversión de tiempo y desempeño profesional multidisciplinario y, por ello, la ley establece que la realización del estudio técnico para la determinación de los distritos electorales uninominales en que se dividirá al Estado, debe realizarse en el caso por lo menos dieciocho meses antes del proceso electoral ordinario de que se trate y que, invariablemente, la delimitación de la geografía electoral y su modificación deberán resolverse entre dos procesos electorales ordinarios. La variedad de actividades y de sujetos involucrados hace inviable efectuar la redistritación en un solo acto y, por ello, los acuerdos adoptados en cada una de esas etapas adquiere definitividad para efectos de su posible impugnación.

Bajo esa premisa, en el caso concreto, el partido apelante reconoce expresamente que, en el acuerdo 042/SE/25-03-2009, de veinticinco de marzo de dos mil nueve, dictado en la segunda sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, se acordó y aprobó por unanimidad tomar como instrumento básico para la redistritación electoral, el Conteo de Población y Vivienda 2005, del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. Acuerdo que no fue impugnado por ninguno de los partidos políticos integrantes del consejo general responsable, incluido el Partido Convergencia, hoy apelante, no obstante que el mismo está debidamente signado por los aludidos representantes partidarios, como consta en el propio documento público con valor probatorio pleno en términos del artículo 20, segundo párrafo, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral local (visible a fojas 448 a la 453), con lo que dicho acto goza de firmeza y definitividad, pues no existe constancia en el justiciable de la que se advierta que el ahora apelante o un partido político diverso ejerció, en su momento, la impugnación en contra de dicho acuerdo.

Así, ante el inejercicio del derecho de impugnación que se traducía en la obligación de interponer el medio de defensa adecuado, previsto por la ley para impedir la firmeza del mismo, ya no es posible ahora, jurídicamente, revisar el acto y cuestionar su legalidad, pues los medios de defensa constituyen los instrumentos jurídicamente eficaces para revocarlos, modificarlos o dejarlos insubsistentes, y por la misma razón, es solamente la interposición de tales medios de defensa, la que sirve como expresión objetiva de inconformidad del interesado susceptible de ser tomada en cuenta como demostración de la falta de consentimiento, lo que, en la especie, no aconteció como se dejó precisado, sino que, por el contrario, se aceptó plenamente.

En efecto, el artículo 3 del ordenamiento local invocado, establece que el sistema de medios de impugnación que regula, tiene por finalidad garantizar: primero, que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales se sujeten invariablemente a los principios de constitucionalidad y legalidad, y segundo, fijar los plazos para el desahogo de todas las instancias impugnativas, tomando en cuenta el principio de definitividad de los actos y etapas de los procesos electorales.

Por su parte, el artículo 11 de la ley de medios referida, establece que: los medios de impugnación previstos en esa ley, deberán presentarse dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquel en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiere notificado de conformidad con la ley aplicable, salvo las excepciones previstas expresamente en dicho ordenamiento.

Por otro lado, el numeral 44 del mismo cuerpo normativo, señala que en el tiempo que transcurra entre dos procesos electorales, será procedente el recurso de apelación para impugnar los actos o resoluciones del Instituto Electoral del Estado. Asimismo, el diverso artículo 47, de la ley citada, marca que en cualquier tiempo, es competente para resolver el recurso de apelación la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado, cuando se trate de actos y resoluciones emitidos por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado.

En consecuencia, atento a lo dispuesto en los artículos transcritos y precisadas las particularidades del asunto, se estima que el agravio en estudio es inoperante, pues al no impugnar el partido hoy recurrente el acto mediante el cual se determinó tomar como base del proceso de redistritación electoral el Conteo de Población y Vivienda 2005 del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, esto es, el acuerdo 042/SE/25-03-2009, es incuestionable que dicho evento quedó incólume y consumado. Por ende, el partido apelante no puede válidamente inconformarse ahora contra dicho acuerdo, ni menos alegar violación respecto del diverso 036/SO/16-06-2011, emitido por el consejo general responsable, que aprobó la nueva delimitación territorial de los veintiocho distritos electorales que conforman el estado de Guerrero, por ser este acto un efecto o consecuencia de aquél, el cual consintió, pues dicha autoridad electoral procedió a hacer la redistritación en base al conteo de población citado, el cual fue previamente aprobado.

La norma jurídica tiene su explicación y fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona considera que sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto mediante algún recurso, dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar el medio de defensa atinente, esta conducta, en tales circunstancias, revela, por esa omisión, conformidad con el acto y el mismo se torna firme y definitivo. Al respecto, resulta ilustrativa la tesis aislada de la Séptima Época, con número de registro 232527, visible en el Semanario Judicial de la Federación, 139-144 primera parte, página 13, materia común, cuyo texto señala lo que a continuación se transcribe:

ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad.

En consecuencia, resulta inconcuso que el actor se percató y aceptó los términos del acuerdo 042/SE/25-03-2009, en el que se determinó tomar como base para los trabajos de distritación electoral en el estado el Conteo de Población y Vivienda del 2005, acto que como ya se expuso, el apelante no impugnó, y por tanto es definitivo y firme. De ahí la inoperancia del agravio en estudio.

Por otro lado, el agravio en parte es infundado, porque no le asiste razón al partido apelante cuando dice que es falsa la justificación ofrecida por el consejo responsable en el acuerdo 036/SO/16-06-2011 ahora impugnado, que declara válida la redistritación electoral, al argumentar dicho consejo que no le era posible tomar en cuenta los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, debido a la circunstancia de que no se tienen los resultados por entidad federativa, municipio, localidad y área geográfica básica en el aludido censo; pues, a decir del apelante, ya se contaban con los resultados oficiales del censo 2010, desde el tres de marzo de este año, por lo que considera que era materialmente posible que la responsable tomara en cuenta esos resultados para la redistritación, y así acatar lo mandatado por el legislador en al artículo Séptimo Transitorio vigente de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado.

En primer lugar, no existe constancia en el justiciable que tienda a corroborar la afirmación del partido apelante, de que el tres de marzo de este año ya se tuvieran los resultados del Censo de Población y Vivienda del 2010, del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática.

A este respecto, el partido recurrente, para demostrar que el tres de marzo de este año, ya se tenían disponibles los aludidos datos del censo 2010, esto es, antes de dictarse el acuerdo que impugna (16-06/2011), solicitó a este órgano jurisdiccional que requiriera al Instituto Nacional de Estadística Geografía e informática y al Instituto Federal Electoral, respectivamente, la información consistente en: los censos de población y vivienda de los años 2005 y 2010, y el último corte del padrón electoral y del listado nominal, ambas solicitudes en relación con este estado; a lo cual, una vez desahogados dichos requerimientos, de los datos que arrojan en uno y otro caso, no se desprende la veracidad de la afirmación del apelante, pues los oficios en los que las autoridades contestaron lo requerido no hacen alusión al momento específico en que se tuvo disponible la información enviada; por el contrario, existen elementos probatorios que arrojan la imposibilidad técnica y material de tomar en cuenta ese censo.

Además, en ambos casos, la información requerida a dichas autoridades federales no desvirtúa las razones por las cuales el consejo general responsable expuso, en el acuerdo impugnado, la imposibilidad técnica y material para tomar en cuenta en los trabajos de redistritación los datos del censo de población del 2010, puesto que no se advierte la existencia de los insumos que dijo necesitar ese consejo para basarse en el citado censo.

En efecto, no obstante que es cierto que el artículo Séptimo Transitorio vigente de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, señala, textualmente, que se debía tomar el último censo para la redistritación y demarcaciones municipales; resulta que, de acuerdo a la fecha en que se inició el referido proceso de redistritación, esto es, el veintidós de enero del dos mil nueve, mediante la creación de la comisión que sería responsable de llevar a cabo dichos trabajos, aún no estaban completamente disponibles los resultados del Censo de Población y Vivienda del 2010, por lo que, en estricto sentido, no puede decirse que, para tales efectos, ese era el último censo. Por el contrario, sí lo era el conteo del 2005, pues constituían los datos que en ese tiempo sí estaban completos, disponibles y más ajustados a la realidad demográfica, por lo que acertadamente el consejo responsable optó por tomar los datos de este último, dado que, en estricto sentido, éste era el ejercicio vigente más próximo, tomando como parámetro también el censo del 2000, el cual ya tenía un atraso de aproximadamente nueve años.

Sin embargo, el consejo general responsable, con el ánimo de tomar en cuenta los datos demográficos del censo del 2010, el diecinueve de marzo del dos mil diez, mediante oficio 0519 (visible a foja 498), solicitó al Director General de Estadística Sociodemográfica del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, le proporcionara las fechas tentativas en que se podrían consultar los resultados consolidados del Censo de Población y Vivienda 2010, a nivel localidad y de áreas geoestadísticas básicas.

En respuesta a esa petición, el citado funcionario federal, mediante oficio 200./041/2010, de treinta de marzo del dos mil diez (visible a foja 499), informó que el plan de divulgación de resultados consideraba las siguientes etapas: Primer trimestre 2011, resultados por entidad federativa y municipio; Segundo trimestre 2011, resultados por localidad, y Tercer trimestre 2011, resultados por área AGEB (censo a nivel manzana).

En base a dicha información, el doce de abril del dos mil once, mediante oficio 01445, localizable a foja 500 de autos, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en Guerrero, informara aproximadamente qué tiempo necesitaría ese instituto para realizar los trabajos de cálculo de población a nivel sección en Guerrero, y en cuánto tiempo podría actualizarse el sistema de distritación para generar nuevos escenarios a partir de los resultados del último censo 2010.

Solicitud que desahogó el Secretario Técnico Normativo de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, mediante oficio 4497, de once de mayo del año en curso (visible a foja 501), al manifestar que, para el efecto solicitado en el oficio citado en el párrafo que antecede, se necesitaba realizar una serie de actividades y, en resumen, sin menoscabo de los ajustes a detalle que se realizaran al convenio específico, en coordinación con el Instituto Electoral local, se estimaba que los nuevos escenarios se podían generar en un tiempo de al menos seis meses a partir de la fecha en que el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática entregara los insumos necesarios.

Por otro lado, mediante oficio 005, de diecinueve de mayo de dos mil once, el secretario técnico de la comisión especial de redistritación del Instituto Electoral del estado, envío a Alejandro Paul Hernández Naranjo, integrante de la citada comisión, la respuesta que la Dirección Ejecutiva de Instituto Federal Electoral dio en relación a considerar la viabilidad de incorporar, en tiempo y forma, la información del Censo Nacional de población y Vivienda 2010, al escenario regional de distritación electoral en comento.

Para una mejor apreciación de los documentos públicos antes referidos, a continuación se procede a plasmar una imagen íntegra de cada uno de ellos, citados como instrumentos de prueba.