JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL

EXPEDIENTE: SUP-JRC-244/2001

ACTOR: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ DE JESÚS OROZCO HENRÍQUEZ

SECRETARIO: ARMANDO I. MAITRET HERNÁNDEZ

 

 

 

México, Distrito Federal, a trece de febrero de dos mil dos. VISTOS para resolver los autos del expediente al rubro indicado, relativo al juicio de revisión constitucional electoral promovido por el Partido Acción Nacional, por conducto de Luis Enrique Palacios Martínez, en su calidad de representante propietario de ese partido político ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla, en contra de la resolución de treinta y uno de octubre de dos mil uno, dictada por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Puebla en el recurso de apelación TEEP-A-15/2001, y

 

R E S U L T A N D O

 

I. El cuatro de junio de dos mil uno, el Partido Acción Nacional presentó queja administrativa ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla, en contra del Director General del propio Instituto, por estimar supuestas violaciones a las disposiciones del código electoral local, procedimiento que fue sustanciado y en el que el citado director acudió a alegar lo que a su derecho convenía y a aportar las pruebas conducentes, mediante escrito de quince de agosto del mismo año.

 

II. El treinta de agosto de dos mil uno, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla resolvió la queja administrativa DEN-002/01, referida en el resultando que antecede, determinando declararla infundada.

 

III. El dos de septiembre de dos mil uno, inconforme con tal determinación, el Partido Acción Nacional, por conducto de su representante Luis Enrique Palacios Martínez, interpuso recurso de apelación que fue radicado y tramitado ante el Tribunal Electoral del Estado de Puebla bajo el número de expediente TEEP-A-15/2001, el cual fue desechado de plano el tres de octubre de dos mil uno.

 

IV. El siete de octubre de dos mil uno, el Partido Acción Nacional promovió juicio de revisión constitucional electoral en contra de la resolución antes mencionada, mismo que, identificado con el número de expediente SUP-JRC-218/2001, fue resuelto por esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el veinticinco de octubre de dos mil uno, en el que se determinó revocar la resolución impugnada para el efecto de que la responsable entrara al estudio de fondo del recurso de apelación ya citado.

 

V. El treinta y uno de octubre de dos mil uno, el Tribunal Electoral del Estado de Puebla, en cumplimiento a la ejecutoria citada, dejó sin efectos la resolución del tres de octubre de dos mil uno y dictó nueva resolución en el recurso de apelación con número de expediente TEEP-A-15/2001, en la que, en lo conducente, sostuvo:

 

 

C O N S I D E R A N D O

...

SEGUNDO. En cumplimiento a la sentencia de fecha veinticinco de octubre del año corriente, dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el Juicio de Revisión Electoral Constitucional, expediente número SUP-JRC-218/2001, esta autoridad entra al estudio de los agravios expresados por el recurrente, a fin de preservar los principios de legalidad y certeza que rigen a la materia electoral, contemplados por los artículos 41, fracción III, 116, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 3, párrafo segundo, 8, fracciones I y IV del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado.

 

Ahora bien, sentado lo anterior, debe decirse que los agravios expresados por el recurrente en su numeral uno, párrafos primero al sexto, de su escrito de apelación de fecha dos de septiembre del dos mil uno, resultan infundados, por las consideraciones de derecho siguientes:

 

En efecto, la resolución del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, en relación con la denuncia interpuesta por el Partido Acción Nacional, en contra del Director General de dicho organismo electoral, se encuentra ajustada al procedimiento administrativo para la resolución de denuncias en contra de los miembros del Consejo General del citado Instituto y a las normas legales que al caso se refiere, por lo que no se viola el principio de independencia, contemplado por el artículo 8, fracción V del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, tampoco se violan los artículos 125 fracción IV de la Constitución Política del Estado de Puebla, y 89 fracción II del Código de la materia, como lo manifiesta el recurrente, puesto que la denuncia debe ceñirse a violaciones cometidas al último ordenamiento legal citado, y no a leyes diversas, tal y como lo afirma la autoridad responsable, restringiéndose su ámbito de competencia o jurisdicción a lo establecido por el artículo 3 del Código Electoral de la Entidad.

 

Esto es así, porque el proceso administrativo para la resolución de denuncias en contra de los miembros del consejo General del Instituto Electoral del Estado, en su artículo 1, establece que, los representantes de los partidos políticos acreditados ante el Consejo General del citado Instituto, podrán denunciar los ACTOS QUE CONSIDEREN VIOLATORIOS DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES DEL ESTADO DE PUEBLA, sean cometidos por cualquiera de los integrantes del mencionado Órgano Central, procedimiento que queda firme al no haberse impugnado por el apelante, y de cuya literalidad, claramente se establece qué tipo de violaciones deberán infraccionarse por parte de dicho órgano electoral, en las que no se instituyen violaciones cometidas a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla y a la Ley de Notariado del Estado de Puebla, resultando correcto el actuar del citado Consejo General al momento de dictar la resolución que hoy se impugna.

 

Además que, contrario a lo manifestado por el recurrente en sus agravios, tampoco existen hechos por parte del licenciado José Alejandro Romero Carreto, que violen o contravengan la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, puesto que en términos de los artículos 124 de la Constitución del Estado y 2 de la primera Ley citada, los Fedatarios Públicos, no entran en la categoría de Servidores Públicos, dado que no desempeñan un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en la Administración Pública Estatal o Municipal, en los Poderes Legislativo o Judicial del Estado, en las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, y no administra, maneja o recauda, aplica o resguarda recursos económicos Federales, Estatales o Municipales.

 

Asimismo, porque aún y cuando el artículo 50, fracción XI del primer ordenamiento legal en cita, dispone:

 

“Artículo 50. Los Servidores Públicos para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que han de observarse en el servicio público, independientemente de las obligaciones específicas que corresponda a su empleo, cargo o comisión, tendrán las siguientes: ...XI. Abstenerse de desempeñar algún otro empleo cargo comisión oficial o particular que la Ley le prohíba...”, dicho dispositivo, tiene la condicionante de que si la Ley no lo prohíbe, un Servidor Público puede desempeñar algún otro empleo, cargo, comisión oficial o particular.

 

Ahora bien, de igual forma, si bien es cierto que el diverso 18 fracción IV de la Ley del Notariado del Estado de Puebla, establece: “Artículo 18.- Queda prohibido a los notarios: ...IV.- Salvo los casos previstos por esta ley, el desempeño de cargos o comisiones públicas, empleos particulares o públicos, el ejercicio de la profesión de abogado, el desempeño del mandato judicial o del cargo de administrador único o gerente de sociedades civiles o mercantiles y actuar como agente de cambio...”, no menos cierto, es que el artículo 21 fracción X de la citada Ley del Notariado, instituye: “El notario podrá:...X.- Aceptar y desempeñar cualquiera otros empleos, cargos o comisiones oficiales, sin perjuicio de sus funciones de notario, mediante autorización del Ejecutivo del Estado, en todos aquellos casos en que la incompatibilidad no se encuentre establecida expresamente en la Constitución Política de Estado, o impida la atención de la función notarial...”, dispositivo que permite al licenciado José Alejandro Romero Carreto, Notario Público número Cinco del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, ocupar el cargo de Director General del Instituto Electoral del Estado de Puebla.

 

En efecto, si el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla en su artículo 88, párrafo segundo, establece que, únicamente los Consejeros Electorales, el Consejero Presidente y el Secretario General del Instituto, no pueden tener ningún otro empleo, cargo o comisión, a excepción de aquellos que se actúen en representación del Consejo General y los que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, culturales de investigación o de beneficencia no remunerados, es evidente, que el Código de la materia no pone restricción legal alguna al Director General de dicho Instituto, para continuar con su cargo de Notario Público número Cinco del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, bajo los principios generales de derecho que donde la Ley no distingue, la autoridad no debe distinguir y lo no prohibido está permitido.

 

Consecuentemente, si de la copia certificada del Expediente Administrativo del citado Notario Público, a la que se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 358, fracción I, inciso b) y 359 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado, que obra en autos, se desprende que por oficio de fecha quince de noviembre de dos mil, signado por el licenciado Carlos Alberto Julián y Nácer, en su carácter de Secretario de Gobernación en el Estado, se comunicó al Maestro en Derecho José Alejandro Romero Carreto, Notario Público Número Cinco del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, que por Acuerdo del ciudadano licenciado Melquiades Morales Flores, Gobernador Constitucional del Estado, se le autorizaba para aceptar y desempeñar el cargo de Director General del Instituto Electoral del Estado de Puebla, en caso de ser nombrado por el Consejo General de dicho Instituto, como sucedió en la especie; por tanto, al existir un permiso por parte del Poder Ejecutivo del Estado, para que el licenciado José Alejandro Romero Carreto, Notario Público número Cinco del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, pueda desempeñarse como Director General del Instituto Electoral del Estado, es evidente que no se viola el artículo 18 fracción IV de la Ley del Notariado del Estado, y al no haber prohibición al mismo, como Director General del Instituto Electoral de Estado, para desempeñar el cargo de Notario Público número Cinco, del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, tampoco puede violentar lo preceptuado por el artículo 50 fracción XI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de la Entidad, porque la ley no se lo prohíbe.

 

Razones suficientes para desestimar los argumentos del recurrente en el sentido de que la resolución recurrida viola las legislaciones arriba enunciadas, rompiendo con los principios de legalidad e independencia, así como con el artículo 125 fracción IV de la Constitución Política del Estado de Puebla y el diverso 89 fracción II del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado, puesto que la actuación del licenciado José Alejandro Romero Carreto, como Fedatario Público y Director General del Instituto Electoral del Estado, se encuentra ajustada a derecho.

 

Asimismo, el citado funcionario no puede en ningún momento romper con el principio de independencia, contemplado por el artículo 8 fracción V del Código de la materia, consistente en la capacidad irrestricta del INSTITUTO, para cumplir con la función encomendada por sí solo sin intervención alguna de los órganos del poder público, puesto que dicho Director General, si bien forma parte del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, no tiene voto para ser un factor determinante en las decisiones de dicho órgano superior, en términos del diverso 80 fracción VI del Código Electoral, sino solamente emite opiniones jurídicas, que pueden o no ser tomadas en cuenta por el Consejero Presidente y Consejeros Electorales, quienes sí gozan con voz y voto para aprobar o no las decisiones emitidas por dicho órgano, conforme a lo dispuesto por el dispositivo legal antes señalado, en sus fracciones I y II.

 

A mayor abundamiento, de la copia certificada del Expediente Administrativo del Notario Público número Cinco, del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, al que se le concedió valor probatorio pleno, se advierte que con fecha dos de julio de dos mil uno, el Maestro en Derecho José Alejandro Romero Carreto, Notario Público número Cinco del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla dio aviso a la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla de la separación del despacho de la Notaría a su cargo, substituyéndolo durante su ausencia la licenciada Silvia Hernández Aguilar, Titular de la Notaría Pública número uno de ese Distrito Judicial, en términos del convenio de suplencia notarial celebrado entre ambos notarios, el día trece de junio del presente año, de igual forma consta que el citado fedatario público propuso al ciudadano Gobernador Constitucional del Estado de Puebla, licenciado Melquíades Morales Flores, con fecha dieciséis de agosto del año dos mil uno, a la licenciado Julieta Gamboa Sánchez, como Notario Público suplente de la Notaría Pública número Cinco de Huejotzingo, Puebla, lo que se acordó favorablemente con fecha treinta y uno de agosto del año en curso, por lo que el licenciado José Alejandro Romero Carreto se encuentra separado de su función de Notario Público número Cinco de dicho Distrito Judicial, con motivo de la separación solicitada de su parte, quedando la citada Notaría a cargo de la licenciada Julieta Gamboa Sánchez, lo que demuestra que el licenciado José Alejandro Romero Carreto, desde fecha dos de julio del presente año, únicamente desempeña el cargo de Director General del Instituto Electoral del Estado de Puebla, por lo que no se puede concluir que pudo incidir en el desarrollo del proceso electoral dos mil uno o en el resultado final de las elecciones, por la naturaleza del cargo que desempeña el referido funcionario y las atribuciones que la ley le confiere, hasta la fecha en que se le concedió la separación del cargo de notario.

 

TERCERO.- Independientemente de lo anterior, esta autoridad debe estimar si la doble función del licenciado José Alejandro Romero Carreto, como Notario Público número Cinco del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, y como Director General del Instituto Electoral del Estado de Puebla, pudo incidir en el desarrollo del proceso electoral dos mil uno o en el resultado final de las elecciones, puesto que de encontrarse justificado en autos, se debe sin lugar a dudas destituir al funcionario electoral.

 

En ese orden de ideas, cabe precisar que el hoy quejoso en su escrito de denuncia, ofreció como pruebas de su parte las documentales públicas consistentes en:

 

a)                           La convocatoria publicada en fecha diecisiete de noviembre del dos mil, en la cual se convoca a todos los ciudadanos interesados en formar parte de manera provisional del Instituto Electoral del Estado como Titulares de las Direcciones de ese organismo electoral.

b)                           La copia de la sesión de fecha veintisiete de noviembre de dos mil, en la que se aprobó el proyecto de acuerdo por el cual se nombró a los Titulares de las Direcciones de ese Órgano Electoral.

c)                           La copia certificada de la credencial para votar del ciudadano Filiberto Méndez Torres, certificada por el Maestro José Alejandro Romero Carreto, en su carácter de Notario Público del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, en fecha once de abril del año dos mil uno, en horario de labores del Instituto Electoral del Estado de Puebla.

d)                           Las copias del acuerdo de la Junta Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Puebla, por las que formula declaratoria de su instalación.

e)                           Las copias del acuerdo de la Junta Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Puebla, por el que se autoriza el ejercicio del presupuesto asignado a dicho organismo electoral.

f)                            Las copias del acuerdo de la Junta Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Puebla, por el que dicta las bases para regular el procedimiento de reclutamiento, selección y contratación, del personal de ese organismo electoral.

g)                           Las copias del acuerdo de la Junta Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Puebla, por el que aprueba la creación del Comité de Adquisiciones del citado Órgano Electoral.

h)                           La copia de la sesión de fecha veinticinco de mayo del dos mil uno.

 

La presuncional legal y humana, constituida por la presuntio-ominis tanto legal como humana que en forma lógica natural y legal se desprendan de los autos y que tienda a justificar su dicho.

 

De igual forma obra dentro del expediente:

 

a)                           Copia simple del escrito de fecha dieciocho de mayo de dos mil uno en la que algunos integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla exhortan al Director General, para que cumpla con sus atribuciones.

b)                          Copia simple del análisis del acuerdo propuesto por el ciudadano Eduardo Alcántara Montiel, en su carácter de representante propietario del Partido Verde Ecologista de México.

c)                           Copia simple de la solicitud efectuada por representantes de los partidos políticos al Presidente del Consejo General, para que determinara lo conducente en relación con la responsabilidad del Director General.

d)                          Copia de los artículos 141 a 144 de la Ley de Notariado del Estado de Puebla.

e)                           Copia certificada de la resolución dictada por este Tribunal Electoral del Estado de Puebla, en el recurso de apelación TEEP-A-09/2001.

f)                            Original de la contestación que José Alejandro Romero Carreto dio a la referida denuncia.

g)                          Copia certificada del Proyecto de acta IEE-25/01, de la sesión celebrada el día treinta de agosto del año actual, por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla, en la que se discutió la denuncia interpuesta por el Partido Acción Nacional, en contra del Director General de ese Instituto.

h)                          Copia certificada de la resolución dictada por el citado Órgano Electoral, en relación con la denuncia interpuesta por el Partido Acción Nacional.

i)                            Copia certificada de la resolución dictada por el Consejero Presidente, a la Denuncia Presentada por el Partido en cita.

j)                            Copia certificada del expediente administrativo número 9/5-3N.

 

Ahora bien, sentado lo anterior y después de un análisis exhaustivo por parte de esta autoridad al cúmulo de pruebas aportadas por el quejoso en su denuncia, la responsable y las requeridas por esta autoridad, debe concluirse que en autos no se encuentra probado que la doble función del licenciado José Alejandro Romero Carreto, como Notario Público número Cinco del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, y como Director General del Instituto Electoral del Estado de Puebla, haya incidido en el desarrollo del proceso electoral dos mil uno o en el resultado final de las elecciones.

 

Esto es así, porque de las copias de la convocatoria publicada en fecha diecisiete de noviembre del dos mil, en la cual se policita (sic) a todos los ciudadanos interesados en formar parte de manera provisional del Instituto Electoral del Estado como Titulares de las Direcciones de ese organismo electoral; copia de la sesión de fecha veintisiete de noviembre de dos mil, en la que se aprobó el proyecto de acuerdo por el cual se nombró a los Titulares de las Direcciones de ese Órgano Electoral; copias del acuerdo de la Junta Ejecutiva del Instituto Electora del Estado de Puebla, por el que dicta las bases para regular el procedimiento de reclutamiento, selección y contratación, del personal de ese organismo electoral, se trata de actos definitivos en términos de artículo 194 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, como se observará en líneas posteriores.

 

Ahora bien, las copias del acuerdo de la Junta Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Puebla, por las que formula declaratoria de su instalación; copias del acuerdo de la Junta ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Puebla, por el que aprueba la creación del Comité de Adquisiciones del citado Órgano Electoral; copia certificada del expediente administrativo número 9/5-3N, y copia de la sesión de fecha veinticinco de mayo del dos mil uno, en nada le benefician al quejoso, puesto que no se desprenden hechos imputables al funcionario que constituyan falta alguna de su parte.

 

De igual forma, las copias del acuerdo de la Junta Ejecutiva del Instituto Electora del Estado de Puebla, por el que autoriza el ejercicio del presupuesto asignado a dicho organismo electoral, tampoco beneficia al recurrente en sus pretensiones, porque aun y cuando el artículo 98 fracción X del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, dispone que compete al Director General del Instituto ejercer las partidas presupuestales asignadas por el Consejo General, en autos se encuentra acreditado a foja ciento cincuenta y seis del expediente en que se actúa, las manifestaciones del Presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, en el sentido de que a la fecha de haberse presentado la denuncia por el apelante no se encontraba aprobado ningún presupuesto por el Órgano Superior, por lo que el funcionario de referencia no tuvo la oportunidad de ejercer partida alguna.

 

Asimismo, la copia certificada de la resolución dictada por este Tribunal Electoral del Estado de Puebla, en el recurso de apelación TEEP-A-09/2001; original de la contestación que José Alejandro Romero Carreto dio a la referida denuncia; copia certificada del Proyecto de acta IIEE-25/01, de la sesión celebrada el día treinta de agosto del año actual, por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla, en la que se discutió la denuncia interpuesta por el Partido Acción Nacional, en contra del Director General de ese Instituto; copia certificada de la resolución dictada por el citado Órgano Electoral, en relación con la denuncia interpuesta por el Partido Acción Nacional; copia certificada de la resolución dictada por el Consejero Presidente, a la Denuncia Presentada por el Partido en cita, en nada benefician al apelante en sus pretensiones porque dichos documentos tienden a desestimar los hechos narrados por el denunciante, al no fincarle responsabilidad alguna al Director General del citado Órgano Electoral, en relación a sus funciones como tal.

 

De igual modo, la copia simple del escrito de fecha dieciocho de mayo de dos mil uno en la que algunos integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla exhortan al Director General, para que cumpla con sus atribuciones; la copia simple del análisis del acuerdo propuesto por el ciudadano Eduardo Alcántara Montiel, en su carácter de representante propietario del Partido Verde Ecologista de México; la copia simple de la solicitud efectuada por representantes de los partidos políticos al Presidente del Consejo General, para que determinara lo conducente en relación con la responsabilidad del Director General, tampoco acreditan falta alguna del Maestro José Alejandro Romero Carreto, porque el primero de los documentos en un exhorto al citado Director General, para cumplir sus atribuciones, por lo que no puede tener efecto alguno en su contra, puesto que el verbo “exhortar” nos indica el acto de incitar a uno con palabras, razones y ruegos a que haga o deje de hacer alguna cosa, según lo establece el Diccionario de la Lengua Española, publicado por la Real Academia Española, en su vigésima primera edición, resultando subjetivo respecto a los hechos narrados por sus signantes, al igual que el segundo  escrito porque se trata de un acuerdo propuesto por un representante de partido ante dicho órgano superior, mas no un acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, por lo que carece de efecto jurídico alguno sancionable en contra del licenciado José Alejandro Romero Carreto, y el tercero de los escritos en cita, aun cuando solicita la integración de un expediente para determinar la responsabilidad del multicitado Director General, lo cierto es que no obra en autos que se haya continuado con dicho procedimiento y que se haya fincado responsabilidad alguna sobre los hechos narrados, por lo que únicamente se pueden tener éstos como cuestiones subjetivas por parte de sus signantes, que de ninguna forma llevan a este Órgano Jurisdiccional a la convicción de sancionar al funcionario electoral cuestionado, al no existir prueba alguna adminiculada a esta última que corrobore las faltas imputadas.

 

De igual forma, no es obstáculo a lo anterior, que el hoy recurrente haya ofrecido como pruebas de su parte al respecto; copia de los artículos 141 a 144 de la Ley de Notariado del Estado de Puebla, así como la documental consistente en la copia certificada por el licenciado José Alejandro Romero Carreto, Notario Público número Cinco, del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, de fecha once de abril del año dos mil uno, de la credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral, Registro Federal de Electores a nombre de Filiberto Méndez Torres, porque en primer lugar el derecho no se encuentra sujeto a prueba, y en segundo término, la citada certificación como se ha dejado establecido a lo largo del presente considerando, la función de Notario y Director General del Instituto Electoral del Estado de Puebla, no se encuentran legalmente prohibidas para ejercerse en forma conjunta, ni mucho menos justifican que tal actuación rompa con el principio de independencia o que exista desatención al quehacer del funcionario electoral que puedan incidir en el desarrollo del proceso electoral dos mil uno o en el resultado final de las elecciones, independientemente de que dicho documento no establece en su literalidad las circunstancias de tiempo, modo y lugar que acredite que dicha certificación se realizó dentro del horario que comprenden las labores del Director General, por lo que dicha probanza si bien tiene valor pleno, resulta insuficiente para demostrar que dicho acto ponga en riesgo el proceso electoral o el resultado de las elecciones, puesto que éste no se ha detenido.

 

Razón por la que la presuncional legal y humana, constituida por la presuntio-ominis tanto legal como humana, no puede operar a su favor, puesto que si bien existen hechos conocidos en el expediente que prueban la doble función de Notario y Director General del ciudadano José Alejandro Romero Carreto, éstos no presumen que se ponga en riesgo al proceso electoral o el resultado final de la elección por la supuesta desatención que refiere el apelante, a las funciones del citado funcionario electoral, puesto que se ha nombrado al personal que integra al Instituto Electoral del Estado de Puebla, se dotó a los partidos de su debido financiamiento, se han realizado los topes a los gastos de campaña, propaganda electoral, difusión de las elecciones, el procedimiento para la ubicación e integración de las casillas, el registro de representantes, la documentación y material electoral y el registro de los candidatos, etc., actos que se encuentran contemplados por el Código de la materia, concluyéndose que el citado proceso se ha llevado a cabo, es decir, no se ha detenido, ni afectado por la conductas que se imputan al Director General del Instituto Electoral del Estado.

 

Tanto más, si las pruebas idóneas al caso bajo estudio, lo serían el protocolo del citado Notario a efecto de establecer, si dicha función ha sido continua, cotidiana y reiterada de manera que determinara una falta de atención y cumplimiento a sus funciones electorales que pudiese poner en riesgo el proceso electoral correspondiente, al igual que las actas administrativas y su respectiva resolución por parte del superior jerárquico, listas o roles de asistencia  del Instituto Electoral del Estado de Puebla, o documentos administrativos de dicho órgano.

 

En consecuencia, deben declararse infundados los agravios expresados por el recurrente en su numeral uno párrafos primero al sexto, de su escrito de interposición del recurso de apelación de fecha dos de septiembre del dos mil uno.

 

CUARTO.- De igual forma, esta autoridad en estricto apego a los principios de legalidad y certeza contemplados por el artículo 42 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 3 fracción II de la Constitución Política del Estado de Puebla, artículo 8 fracciones I y IV del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, procede estudiar el agravio hecho valer por el recurrente en el último párrafo de la foja tres de su escrito de apelación, mismo que a letra dice: “Finalmente, la autoridad electoral nos causa agravio toda vez que la resolución en cuestión a pesar de ser exhaustiva viola los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia que son rectores de la función estatal, por lo que respecta a cada punto de mi denuncia, en el cual omite valorar los demás hechos independientemente a lo referente a la función pública del notario que se alude por parte del C. José Alejandro Romero Carreto.”.

 

Sentado lo anterior, debe decirse que el agravio en estudio, aun cuando es fundado por la razón de que la autoridad responsable al dictar la resolución recurrida en ningún momento entra al estudio de todos y cada uno de los hechos esgrimidos por el denunciante en su escrito de queja de cuatro de junio del presente año, y escrito de ampliación a la denuncia de fecha siete del mismo mes y año, rompiendo el principio de exhaustividad que rige a la materia electoral, que pueden ser objeto de una violación al Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, por parte del Director General del Instituto Electoral del Estado, éstos sin embargo, no son suficientes para revocar el resolutivo TERCERO de la resolución de fecha treinta de agosto del año dos mil uno, dictada por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, en relación con la denuncia interpuesta por el Partido Acción Nacional en contra de dicho Director General, por las consideraciones de derecho siguientes:

 

En efecto, esta autoridad en plenitud de jurisdicción retoma el escrito de denuncia presentado por el hoy recurrente, para resolver los hechos controvertidos no estudiados por la autoridad responsable, consistentes en:

 

1. Que el licenciado José Alejandro Romero Carreto, no dedica el tiempo suficiente al cargo que le fue conferido de Director General del Instituto en virtud de desempeñarse también como Notario Público, todo esto en perjuicio del citado cargo electoral; asimismo, que al realizar dos funciones públicas da como resultado el detrimento de ambas, actos que no lo hacen una persona confiable y proba, por lo cual al cometer actos ilegales no puede depositarse en esta persona la facultad de vigilar que las funciones electorales del Instituto observen el principio de legalidad.

 

2. Que al resultar incompatibles las funciones antes mencionadas, ha ocasionado que su desempeño sea deficiente dando muestras claras de deficiencia en cuanto al cumplimiento de sus atribuciones, previsiones y obligaciones como funcionario electoral.

 

3. Que de la convocatoria emitida por el Director General del Instituto a través del Consejero Presidente, de fecha diecisiete de noviembre del año dos mil, se desprenden deficiencias en la misma, al señalar los documentos que deberían presentar los ciudadanos interesados para conformar la Junta Ejecutiva de ese Órgano Electoral, lo que motivó que se otorgaran tres nombramientos sin que se hayan acreditado todos y cada uno de los requisitos con la documentación idónea y requerida por la ley.

 

4. Que las funciones del Director General del Instituto, deben ser garantes de profesionalismo por la obligación que tiene de supervisar el desarrollo de las actividades de las cinco Direcciones, y que con su negligencia y falta de pericia a los principios rectores de legalidad, objetividad y certeza trajo como consecuencia que el director General no diera cumplimiento a sus atribuciones como tal. Que la falta de certeza en la información proporcionada referente a las actividades que se desempeñan ocasionó la descoordinación de las Direcciones del Instituto, así como con las Comisiones del Consejo General, derivando con ello una conducta grave y reiterada, que al ser violaciones e infracciones a diversas disposiciones legales, el quejoso solicita la destitución al cargo de Director General del Instituto del Maestro José Alejandro Romero Carreto.

 

5. Que además de las anteriores deficiencias e incumplimientos del Director General, su continua inasistencia o itinerante presencia a sus labores, que se dice constan en las actas de sesiones realizadas por el Órgano Electoral, prefiriendo en su caso prioridades personales y profesionales, lo que explica la falta de dedicación, atención y seguimiento a los programas de la Junta Ejecutiva y de las Direcciones a su cargo, haciendo que la toma de decisiones que le corresponden las realizara sin conocimiento, método o procedimiento que las sustenten.

 

6. Que su desatención al Instituto, después de seis meses, originó que no se contara con un presupuesto que contemplara las necesidades reales del proceso electoral, así como la falta de una política de comunicación social y de visión plena sobre el mismo.

 

7. Que el Director General del Instituto Electoral, ha pasado por alto las recomendaciones que le fueron realizadas por los Consultores Profesionales en Derecho S.C.; por omisión, incapacidad o dolo.

 

8. Que en la sesión de fecha veinticinco de mayo del presente año, el Director General del Instituto, quedó evidenciado al reconocer y aceptar que no había enviado documento alguno a la Secretaría de Finanzas del Estado o a Gobernador del Estado, solicitando ampliación del presupuesto otorgado para el Instituto, siendo evidente la necesidad de la misma para realizar todas y cada una de las actividades tendientes a la organización de las elecciones, poniendo con esto, en riesgo el desarrollo del presente proceso electoral, incumpliendo según el dicho del recurrente, con la obligación que señala el artículo 98, fracción X, del Código de Instituciones y Proceso Electorales para el Estado de Puebla, lo que provocó que la mayoría de los integrantes del Consejo General mediante escrito de fecha dieciocho de mayo del presente año, exhortaran al Director General para que cumpliera con las atribuciones que le señalan los artículos 96 y 98 del Código antes referido.

 

En ese orden de ideas, entrando al fondo del problema planteado debe decirse que los puntos 1, 2, 4, 5, 6 y 7 antes citados, independientemente de que la mayoría de ellos tratan hechos subjetivos, éstos no son materia de ninguna de las pruebas aportadas por el quejoso en su denuncia, puesto que aún cuando existiera un llamado de atención o señalamiento al Director General del Instituto, dentro de las actas que refiere en su denuncia, lo cierto es que ni el Presidente, Consejeros Electorales o Consejo General del Instituto Electoral del Estado, levantaron a dicho funcionario acta administrativa alguna, a través de la cual se fincara responsabilidad al Director General del citado Instituto respecto a los hechos imputados, siendo este tipo de actas y su resolución la prueba idónea para demostrar sus afirmaciones, así como las listas o roles de asistencia del Instituto Electoral del Estado de Puebla, o documentos administrativos de dicho órgano, lo que no sucede en la especie, sin cumplir el denunciante con el requisito establecido por el artículo 356 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, que establece la carga al recurrente de aportar las pruebas necesarias para demostrar sus afirmaciones, con las cuales se pudieran acreditar los hechos narrados en su escrito de queja, materia de la apelación que se resuelve, mismos que al no estar debidamente demostrados, no son suficientes para revocar la resolución que nos ocupa.

 

Sin que sea obstáculo a lo anterior que el hoy apelante acompañara a su denuncia copia del escrito de fecha dieciocho de mayo del dos mil uno, dirigido al maestro José Alejandro Romero Carreto, Director General del Instituto Electoral del Estado de Puebla, copia del análisis del acuerdo propuesto por el ciudadano Eduardo Alcántara Montiel, en su carácter de Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de México, de fecha mayo de dos mil uno, y copia de la solicitud dirigida al Presidente del Consejo General del citado organismo electoral, de fecha diecinueve de abril del presente año, visibles a fojas ciento treinta y cinco a ciento cuarenta y tres, ciento cuarenta y siete a ciento cuarenta y ocho, del expediente en que se actúa.

Esto es así, porque el primero de los documentos es un exhorto al citado Director General, para cumplir sus atribuciones, que como se ha dejado establecido en líneas que anteceden, no tiene efecto alguno en su contra, porque el verbo “exhortar” nos indica el acto de incitar a uno con palabras, razones y ruegos a que haga o deje de hacer alguna cosa, no pudiéndose fincar responsabilidad alguna al funcionario electoral cuya destitución solicita, resultando subjetivo respecto a los hechos narrados por sus signantes.

 

De igual forma, el segundo escrito solamente se trata de un acuerdo propuesto por un representante de partido ante dicho órgano superior, mas no a un acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, por lo que carece de efecto jurídico alguno sancionable en contra del licenciado José Alejandro Romero Carreto.

 

Y el tercero de los escritos en cita, aun cuando solicita la integración de un expediente para determinar la responsabilidad del multicitado Director General, lo cierto es que no obra en autos que se haya continuado con dicho procedimiento y que se fincara responsabilidad alguna sobre los hechos narrados, por lo que únicamente se pueden tener éstos como cuestiones subjetivas por parte de sus signantes, que de ninguna forma lleva a este Órgano Jurisdiccional a la convicción de sancionar al funcionario electoral cuestionado, al no existir prueba alguna adminiculada a esta última que corrobore las faltas imputadas.

 

Asimismo, el punto 8 a estudio, tampoco se encuentra probado en autos puesto que contrariamente a las manifestaciones del recurrente, de la literalidad del acta de sesión IEE-12/01, de fecha veinticinco de mayo del año dos mil uno, no se desprende que el Director General del Instituto Electoral del Estado, haya aceptado o reconocido la supuesta omisión de enviar documento alguno a la Secretaría de Finanzas del Estado o al Gobernador de la Entidad, para solicitar la ampliación del presupuesto otorgado al multicitado Órgano Electoral; además, tampoco se desprende acta administrativa alguna levantada por el superior jerárquico y su resolución que constituya la prueba idónea para demostrar sus afirmaciones; y al no suceder esto en la especie, es evidente que el denunciante nuevamente no cumple con el requisito establecido por el artículo 356 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, esto es, no estar debidamente demostrados los hechos que imputa al Director General de dicho organismo electoral.

 

A mayor abundamiento, es importante precisar que de acuerdo a lo establecido por el artículo 98, fracción X, del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, compete al Director General del Instituto ejercer las partidas presupuestales asignadas por el Consejo General, sin embargo, como se encuentra acreditado a foja ciento cincuenta y seis del expediente en que se actúa, constan las manifestaciones del Presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, en el sentido de que a la fecha de haberse presentado la denuncia por el apelante no se encontraba aprobado ningún presupuesto por el Órgano Superior, por lo que el funcionario de referencia no tuvo la oportunidad de ejercer partida alguna.

Sin que pueda afectar lo anterior, el hecho de que el hoy quejoso haya ofrecido como pruebas copias certificadas del acuerdo de la Junta Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Puebla, aportado en sesión de fecha diecisiete de enero del año en curso, dado que aun y cuando tenga valor probatorio pleno en términos de los artículos 358,  fracción I, inciso a), y 359 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado, resulta inoperante al caso a estudio puesto que de su literalidad no se advierte falta alguna cometida por el funcionario cuya destitución solicita.

 

Ahora bien, en lo que respecta al punto tres de los argumentos a estudio, es importante precisar que dichos hechos ya fueron materia de sentencia firme por este tribunal con fecha veinte de febrero del año dos mil uno, dentro del expediente TEEP-A-01/2001, en la que en su punto resolutivo TERCERO revocó la parte conducente del acuerdo dictado y aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, el veintisiete de noviembre del dos mil, dentro de la sesión de instalación iniciada con fecha quince de noviembre del mismo año, mediante la cual se aprobaron los nombramientos de los titulares de las Direcciones de Asuntos Jurídicos, Administrativa y de Servicio Profesional Electoral, y de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación, debido a que no acreditaron los requisitos previstos en el artículo 101 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, para ocupar dichos cargos.

 

En efecto, el quejoso tuvo a la mano los medios de impugnación contemplados por el código de la materia, para recurrir las resoluciones que en su momento considerara atentatorias al mismo, como sucedió en el caso arriba citado, es claro que no se le viola el principio de legalidad que rige a la materia electoral, además de que se trata de hechos definitivos, firmes e inatacables, los cuales no pueden ser materia de un nuevo examen por esta autoridad, en términos de los artículos 3 fracción IV, párrafo segundo de la Constitución del Estado de Puebla y 194 del Código de la materia, en acatamiento a los principios de legalidad, certeza y seguridad jurídica observados por nuestra Constitución porque estimar lo contrario, rompería con dichos principios que rigen el actuar de este Tribunal Electoral.

 

Sin que las pruebas aportadas por el apelante en su denuncia consistentes en la convocatoria publicada en fecha diecisiete de noviembre del dos mil, copia certificada de la sesión iniciada el dieciséis de noviembre del dos mil y concluida el día veintisiete del mismo mes y año, del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, y copia certificada del acuerdo número IEE/JE-003/2001, de la Junta Ejecutiva del citado Órgano Electoral, aprobado en fecha diecisiete de enero del presente año, porque en nada pueden modificar el razonamiento vertido por este Tribunal en líneas anteriores, respecto al principio de definitividad que rige a la materia electoral, pese a que dichas documentales tengan valor probatorio pleno.

 

Finalmente, por lo que hace a las pruebas aportadas por el hoy impugnante en su queja consistente en las copias certificadas de los acuerdos números IEE/JE-001/2001 y IEE/JE-004/2001, ambos aprobados en sesión de fecha diecisiete de enero del año corriente, aun y cuando tienen valor pleno resultan inconducentes para justificar las pretensiones del apelante, al no existir en su literalidad falta alguna imputable al Director General del Instituto Electoral del Estado; independientemente de que tampoco puede beneficiarle la prueba presuncional legal y humana ofrecida de su parte, atento a que no existe algún hecho conocido que nos conduzca a presumir uno desconocido que favorezca las intenciones del recurrente.

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta autoridad debe declarar insuficiente el agravio expresado por el recurrente, en el último párrafo de la foja tres de su escrito de apelación, puesto que aun cuando es cierto, la denuncia presentada en contra del Director General del Instituto Electoral del Estado, licenciado José Alejandro Romero Carreto, por el representante propietario del Partido Acción Nacional Luis Enrique Palacios Martínez, resulta infundada, por lo que no modifica el contenido del resolutivo TERCERO de la resolución impugnada, atento a los considerandos rectores de este fallo; por tanto, debe confirmarse dicho resolutivo emitido por el Consejo General del citado Órgano Electoral, en sesión de fecha treinta de agosto del año en curso.

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 4, 8, 325, 327, 338, 347, 348, 350, 354, 355, 356, 361, 373, 374, 375 y demás relativos y aplicables del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, SE RESUELVE:

 

PRIMERO.- Se declaran infundados e insuficientes los agravios hechos valer por el licenciado Luis Enrique Palacios Martínez, Representante Propietario del Partido Acción Nacional, en contra de la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Electoral de Estado en su sesión ordinaria de fecha treinta de agosto de dos mil uno, en relación con la denuncia interpuesta por el Partido Acción Nacional, en contra del Director General del citado organismo electoral, conforme a los considerandos rectores de este fallo.

 

SEGUNDO.- Se confirma la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado en su sesión ordinaria de fecha treinta de agosto de dos mil uno, por lo que respecta única y exclusivamente al presente fallo.

...

 

VI. El cinco de noviembre de dos mil uno, el Partido Acción Nacional, por conducto de Luis Enrique Palacios Martínez, en su calidad de representante propietario de dicho partido político ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla, promovió juicio de revisión constitucional electoral en contra de la resolución señalada en el resultando inmediato anterior, argumentando a manera de agravios lo siguiente:

 

A G R A V I O S

 

La resolución que hoy se impugna causa agravio al partido político que represento, toda vez que en la misma existen violaciones graves de fondo y errores de interpretación y aplicación de la ley de la materia, las cuales a continuación describiré paso por paso.

 

1. Causa perjuicio el considerando segundo de tal resolución, pues en ésta, la autoridad responsable manifiesta “que sólo la denuncia en contra de un funcionario electoral debe ceñirse a violaciones cometidas al Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla y no a leyes diversas, limitándose el ámbito de competencia o jurisdicción a lo establecido por el artículo 3 del Código Electoral de la entidad”, y era así porque a decir de ésta, existe un proceso administrativo para la resolución de las denuncias en contra de los miembros del Consejo General del Instituto Electoral del Estado del cual omite referencias su fecha de acuerdo, este acuerdo en su artículo 1 efectivamente se establece que los representantes de los partidos políticos podrán denunciar los actos que consideren violatorios del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, sean cometidos por cualquiera de los integrantes del mencionado Órgano Central, procedimiento que a decir de la autoridad responsable al no haberse impugnado queda firme, y que por lo tanto desestima con esto, que al ser clara tal disposición no se pueden instituir violaciones cometidas a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla y a la Ley del Notariado del mismo Estado y concluyendo que el actuar del citado Consejo General era correcto. Contrario a lo manifestado por la autoridad responsable, cabe señalar que dicho acuerdo donde se establece tal procedimiento administrativo fue aprobado en el mes de agosto de dos mil uno, es decir en fecha posterior a la queja denuncia, que tal como consta en actuaciones fue en fechas cuatro y ocho de junio del presente año, y por lo tanto de querer dar una aplicación a una disposición normativa a un hecho que ocurrió antes de que a la vida jurídica naciera, esta disposición es dar un efecto retroactivo de la ley en perjuicio de la representada del suscrito, es decir, se está violando la Garantía Constitucional contenida en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de nuestro país, por lo que resulta no legal, ni lógico y jurídico tal aseveración de la autoridad responsable, ya que de aceptar lo contrario sería aceptar el efecto retroactivo de la ley y con ello la violación de garantía constitucional.

 

2. También nos depara agravio el acto combatido referente a lo señalado por la autoridad en el mismo considerando segundo, de la afirmación errónea de que un Fedatario Público no entra en la categoría de Servidores Públicos “dado que no desempeñan un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en la administración Pública Estatal o Municipal en los Poderes Legislativo o Judicial del Estado, en las entidades de la Administración Pública Paraestatal, y no administra, maneja o recauda, aplica o resguarda recursos económicos Federales, Estatales o Municipales tal como lo señala en términos de los artículos 124 de la Constitución Política del Estado de Puebla y 2 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla”; esto resulta totalmente contradictorio, pues en términos de la misma Ley del Notariado del Estado de Puebla, señala en sus artículos 1 y 15, que el ejercicio del notariado en el Estado de Puebla es una función de orden público que corresponde al Ejecutivo del Estado, quien por designación la encomienda a Notarios Profesionales del derecho; así también se señala que el Notario a la vez que funcionario público es profesional del derecho, lo cual establece su naturaleza jurídica como servidor público al ser éste reconocido como funcionario público y que dicha función por encargo y delegación la recibe por el Ejecutivo del Estado, elementos claves y esenciales para llenar la hipótesis prevista por los artículos mencionados que establecen las cualidades que debe reunir una persona para ser considerada como servidor público y con ello estar obligado a observar las disposiciones aplicables a su ejercicio como servidor público, independientemente de la función pública especifica que ejerza, es decir, el hecho de tener una calidad específica de servidor público y su función esté sujeta a una ley específica, éste no le exime de observar la norma general que regula o establece las condiciones mínimas en que ésta deberá ofrecer su servicio público, tal y como lo quiere establecer la autoridad responsable, pues dentro de la misma Ley de Responsabilidades del Estado de Puebla en su artículo 3° establece las autoridades competentes para aplicarlas y entre ellas en su fracción VII los órganos que determinen las leyes, es decir en una interpretación funcional y sistemática de la Ley, prevé que las disposiciones pueden ser susceptibles de ser aplicadas por otros órganos, por lo cual es posible admitir que si un funcionario público viola las disposiciones generales aplicables a cualquier servidor público y que por su naturaleza de ser generales las disposiciones, el no observarlas traerá un perjuicio al servicio que desempeña independientemente a su función específica, por lo cual debe ser sancionada cualquier conducta que afecte el debido despacho del servicio público, por lo cual no es factible el argumento de mencionar que sólo se puede sancionar al funcionario electoral (servidor público porque realiza una función pública en un organismo público autónomo) cuando solamente infrinja una disposición del mismo Código electoral.

 

3. Contrario a lo manifestado por la autoridad responsable, sostengo que en relación a lo anterior y en estricto apego al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, en lo dispuesto en el artículo 89 fracción II, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado viola esta disposición, pues no cumple con su obligación de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales relativas; como es el caso de vigilar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar los servidores en el desempeño de sus empleos, cargos y comisiones, tal como lo consagran el artículo 125 fracción IV de la Constitución Política del Estado de Puebla, siendo así, tal disposición del código de la materia, faculta sin lugar a duda a dicho Órgano Electoral a conocer y resolver la denuncia en comento, ya que en ésta se indica la violación de preceptos contenidos en la Constitución Política del Estado y en el Código de Instituciones y Procesos, (sic) lo cual resulta procedente y fundada mi denuncia o queja, sin que esto tenga nada que ver con la definitividad y firmeza de los actos, los cuales al caso del nombramiento de directores que fueron revocados por la misma autoridad responsable y mediante el cual quedó establecido la violación del principio de legalidad, pues no se está atacando la legalidad de los mismos, ya que por lógica, ésta no sería la vía idónea, sino lo que se está demostrando es la falta de pericia, la responsabilidad al cumplir sus funciones del servidor público, pues una cosa es combatir los actos de autoridad y la otra es exigir la responsabilidad por el actuar de la misma autoridad, razón por la cual está fuera de lugar la argumentación de la responsable.

 

4. Contrario a lo sostenido por la Autoridad Responsable, de que no se viola el principio de Independencia del Instituto, considerándolo ésta como la capacidad irrestricta del Instituto para cumplir con la función encomendada por sí solo sin intervención alguna de los órganos del poder público, y que a decir de la misma no tiene trascendencia por el hecho de que el Director General del Instituto no tiene voto y que sólo emite opiniones jurídicas que no pueden ser consideradas o tomadas en cuenta por el Consejero Presidente y Consejeros Electorales; esto es inexacto, pues estos principios no sólo se crearon por el legislador local para regular que sólo los funcionarios y órganos electorales con derecho a voto tomen y cumplan sus decisiones con estricto apego a estos principios; la verdadera intención del legislador local fue el de crear verdaderos organismos ciudadanos que nazcan con esas cualidades, que garanticen desde su nacimiento, que cumplen con tales principios y que por consecuencia van a actuar como tal, por lo que si el hecho de que un alto funcionario electoral con facultades de mando y decisión, y que renace sobre él, la calidad de ser garante de legalidad en las actuaciones del Instituto Electoral, debe garantizar extrema independencia no sólo de todo poder público, sino de partidos políticos, por lo que si para fungir en el cargo de director General del Instituto requiere del permiso y autorización del Ejecutivo del Estado, hay que recordar que de esto se tuvo conocimiento hasta cuando nos enteramos de la doble función pública que ejerce, que es hasta que se tiene conocimiento de que éste contaba con la supuesta autorización del Ejecutivo Estatal aún en perjuicio de las dos funciones, documento de autorización que casualmente no cuenta con número de despacho, lo que por sí solo pone en duda la fecha real de su expedición, pero este hecho al fin y al cabo demuestra que depende la debida integración de este Instituto del permiso otorgado por el Ejecutivo del Estado, sin que admita interpretación alguna, lo que violenta gravemente el principio rector que rige la función electoral, el de independencia.

 

Por lo anteriormente expuesto, creemos que esta H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debe reparar la ilegal resolución emitida por la responsable, en donde se violaron los artículos del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, que hemos mencionado al externar el punto de agravios 3 y 4 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transgrediéndose en consecuencia la disposición 14 y 16 de la Constitución Política Federal que prevé el multicitado principio de legalidad y de irretroactividad de la ley; específicamente el artículo 116 fracción IV inciso d) de nuestra Carta Magna.

 

VII. El seis de noviembre de dos mil uno, en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior, se recibió el oficio número TEEP-PRE/1683/2001 de la misma fecha, mediante el cual la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Puebla remitió, entre otros documentos: A) El escrito inicial de demanda; B) El expediente del recurso de apelación TEEP-A-15/2001, y C) El Informe circunstanciado de ley.

 

VIII. El seis de noviembre de dos mil uno, el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acordó turnar el expediente de mérito al Magistrado José de Jesús Orozco Henríquez, para los efectos establecidos en los artículos 19 y 92 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

 

IX. El doce de febrero de dos mil dos, el Magistrado Electoral encargado de la sustanciación y elaboración del proyecto de sentencia, acordó: A) Tener por recibido el expediente SUP-JRC-244/2001, radicándolo en la ponencia para su sustanciación; B) Reconocer la personería de Luis Enrique Palacios Martínez como representante legítimo del Partido Acción Nacional, por tratarse de la misma persona que había interpuesto el medio de impugnación local al cual había recaído la resolución impugnada; C) Tener por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones; D) Admitir a trámite la demanda, toda vez que satisface los requisitos generales y especiales de procedibilidad previstos en los artículos 9°, párrafo 1, y 86, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en particular el relativo a que la violación reclamada puede ser determinante para desarrollo del proceso electoral respectivo, porque ello podría implicar que continuara fungiendo como director general del Instituto Electoral del Estado de Puebla una persona que, según el actor, no reuniría los requisitos legales y de probidad para ocupar el cargo, lo cual sería determinante para el desarrollo del próximo proceso electoral local en el Estado de Puebla, toda vez que su nombramiento es por seis años, y E) En virtud de que no existía algún trámite pendiente de realizar, declarar cerrada la instrucción, quedando los autos en estado de dictar sentencia, y

 

C O N S I D E R A N D O

 

PRIMERO. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso b), y 189, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 4 y 87 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en virtud de que se trata de un juicio de revisión constitucional electoral promovido por un partido político, en contra de una resolución definitiva dictada por el tribunal electoral de una entidad federativa competente para resolver controversias que surjan con motivo de comicios locales.

 

SEGUNDO. De una lectura integral del escrito inicial de demanda se advierte que el partido político actor se queja fundamentalmente de que, desde su perspectiva, la autoridad responsable viola en su perjuicio lo establecido en los artículos 14; 16, y 116, fracción IV, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de lo siguiente:

 

A. Estima el enjuiciante que la autoridad responsable se equivoca al considerar que la denuncia en contra de un funcionario electoral debe ceñirse sólo a las violaciones cometidas al código electoral y no a otras leyes, como en el caso, según el propio actor, se dan a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla y a la Ley del Notariado del mismo Estado, por lo que, arguye el actor, de una interpretación sistemática y funcional de esos preceptos con lo dispuesto en el artículo 3°, fracción VII, de la citada ley de responsabilidades, se debe arribar a la conclusión de que esta ley puede ser aplicada por otros organismos, por lo que Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla no sólo puede sancionar a un funcionario cuando infrinja una disposición del código electoral, sino también cuando viola otras disposiciones generales y, al no sancionar al director general del propio organismo, viola lo dispuesto en el artículo 89, fracción II, del código electoral local, ya que no cumple con su obligación de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales relativas a que los servidores públicos deben observar en el desempeño de sus empleos, cargos y comisiones, los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, tal como se consagra en el artículo 125, fracción IV, de la Constitución local.

 

Asimismo, el hoy actor estima que contrariamente a lo que sostiene la responsable, el acuerdo por el que se establece el procedimiento administrativo para la imposición de sanciones a los funcionarios del Instituto, si bien restringe las denuncias que puedan presentar los partidos políticos en contra de los miembros del Consejo General del Instituto Electoral del Estado a las presuntas violaciones que éstos hayan cometido al Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, debe tenerse en cuenta que dicho acuerdo se aprobó en agosto de este año, fecha posterior a la queja, por lo que su aplicación, asegura el impetrante, implica violación a la garantía de no aplicación retroactiva de la ley.

 

B. Al decir del Partido Acción Nacional, el tribunal responsable erróneamente considera que un fedatario público no se ubica en la categoría de servidor público, porque, tal como se establece en los artículos 1° y 15 de la Ley del Notariado del Estado de Puebla, agrega el impetrante, el ejercicio del notariado en dicha entidad federativa es una función de orden público que corresponde al Ejecutivo del Estado, quien por delegación la encomienda a notarios profesionales en derecho, lo cual les otorga una naturaleza jurídica como servidores públicos que los coloca dentro de las hipótesis legales que debe cumplir todo servidor.

 

C. Agrega el impetrante que su denuncia o queja resultaba fundada y que ello nada tiene que ver con la definitividad y firmeza de los actos de revocación de los nombramientos de los directores que argumenta el tribunal responsable porque, asegura el hoy actor, ni siquiera ésta sería la vía idónea en tanto que no se está atacando la legalidad de los mismos, toda vez que una cosa es combatir los actos de autoridad y otra es exigir la responsabilidad por el actuar de la autoridad, sin que, además, se tenga certeza de la fecha en que se autorizó la licencia para que el funcionario en cuestión se separara de la función de notario, ya que el oficio respectivo no cuenta con número de despacho, en el entendido de que no tuvo conocimiento de dicha autorización sino que se enteró de la doble función que ejerce.

 

D. Por otro lado, asegura el hoy actor que, contrariamente a lo sostenido por el tribunal responsable, se viola el principio de independencia del Instituto Electoral del Estado de Puebla al permitirse que funja un director general que requiere del permiso y autorización del Ejecutivo del Estado para separarse del cargo de notario, ya que dicho principio, esgrime el enjuciante, se estableció para que los organismos electorales estuvieran integrados por ciudadanos independientes que garanticen el cumplimiento de dicho principio, de lo que se sigue, según el promovente, que la actuación del citado director general depende de un órgano del poder público.

 

I. Este órgano jurisdiccional federal considera que resultan parcialmente fundados los agravios expresados por el Partido Acción Nacional que quedaron resumidos en el apartado A del presente considerando.

 

A efecto de resolver la cuestión sustancialmente planteada en los agravios, consistente en determinar si el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla tenía o no atribuciones para sancionar al director general de ese organismo por ocupar simultáneamente el cargo de notario público y de funcionario electoral, es necesario tener presente lo que en la normativa conducente se dispone, por lo que a continuación se transcribe lo siguiente:

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

 

Artículo 116

...

IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que:

...

c) Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones.

 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla

 

Artículo 3°

...

La elección de Diputados por ambos principios, de Gobernador y de miembros de Ayuntamientos en el Estado, se regulará conforme a lo siguiente:

...

II. El Instituto Electoral del Estado será el organismo público, de carácter permanente, autónomo e independiente, con personalidad jurídica y patrimonio propios, al que se le encomendará la función estatal de organizar las elecciones. En el ejercicio de estas funciones serán principios rectores la legalidad, la imparcialidad, la objetividad, la certeza y la independencia. Además tendrá a su cargo, en los términos de esta Constitución y de la ley respectiva, la organización de los procesos de plebiscito y referéndum.

 

Los órganos del Instituto estarán integrados invariablemente por ciudadanos, quienes de manera exclusiva, con su voto, tomarán las decisiones del organismo; los partidos políticos y el Poder Legislativo, en los términos que prescriban las disposiciones legales relativas.

 

El Instituto deberá vigilar en el ámbito electoral el cumplimiento de las disposiciones de esta Constitución y sus correspondientes reglamentarias, que garanticen el derecho de organización y participación política de los ciudadanos; contribuir al desarrollo de la vida democrática; garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y de miembros de los Ayuntamientos del Estado; asegurar el ejercicio de los derechos político-electorales de los ciudadanos y de los partidos políticos, vigilando el cumplimiento de sus obligaciones; vigilar la autenticidad y efectividad del voto; preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos y coadyuvar en la promoción y difusión de la cultura política y la educación cívica.

 

El Consejo General será el órgano superior de dirección del Instituto y el responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de vigilar que los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia guíen todas las actividades del Instituto.

...

El Consejo General del Instituto se integrará por:

a) Un Consejero Presidente con derecho a voz y voto, el que contará, en caso de empate, con voto de calidad;

b) Ocho Consejeros Electorales con derecho a voz y voto;

...

e) El Secretario General del Instituto, quien es también el Secretario del Consejo General, con derecho a voz y sin voto;

f) El Director General del Instituto, con derecho a voz y sin voto; y

...

Durante el tiempo de su nombramiento los Consejeros Electorales y el Consejero Presidente del Consejo General no deberán, en ningún caso, aceptar o desempeñar cargo, empleo o comisión de la Federación, del Estado, de los municipios o de los partidos políticos.

 

Los Consejeros Electorales, el Consejero Presidente y el Secretario General no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación del Consejo General y de los que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia, no remunerados.

 

El Secretario General y el Director General del Instituto serán nombrados por el Consejo General, a propuesta del Consejero Presidente.

...

 

Artículo 124

Servidores Públicos son las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, sea cual fuere la forma de su elección o nombramiento:

 

I. En el Estado;

II. En los Municipios del Estado;

III. En los Organismos Descentralizados, Empresas de Participación Estatal, Sociedades y Asociaciones asimiladas a éstos; y

IV. En fideicomisos públicos.

 

Artículo 125

El Congreso del Estado expedirá la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos, así como las demás normas tendientes a sancionar a los servidores públicos que incurran en responsabilidad de acuerdo con las siguientes disposiciones:

...

I. Los servidores públicos serán responsables de los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus funciones;

...

IV. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones;

...

VIII. La Ley Sobre Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado, determinará:

 

a) Las obligaciones de los servidores públicos, a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones;

 

b) Las sanciones aplicables que, además de las que señalen las Leyes, consistirán en suspensión, destitución, inhabilitación, así como en sanciones económicas, cuyo monto se establecerá de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales, causados por sus actos u omisiones, y que no excederán de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños causados;

...

 

Código de Instituciones y Procesos Electorales

del Estado de Puebla

 

Artículo 1°

Las disposiciones de este Código son de orden público y de observancia general en el territorio del Estado de Puebla y reglamentan las normas constitucionales relativas a:

...

V. La integración y atribuciones de los órganos electorales y del Tribunal Electoral del Estado;

...

VIII. Las sanciones aplicables por el incumplimiento o violación de este Código y disposiciones relativas.

 

Artículo 3°

La aplicación de este Código corresponde al Congreso del Estado, al Tribunal y a los órganos electorales, en sus respectivos ámbitos de competencia.

...

 

Artículo 8°

En el ejercicio de la función estatal para organizar las elecciones, serán principios rectores, la legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia, debiéndose entender por:

 

I. Legalidad.- Adecuación estricta a la Ley de todas las actuaciones de las autoridades electorales, de los ciudadanos y de los partidos políticos;

...

 

Artículo 71

La organización de las elecciones es una función estatal encomendada a un organismo de carácter público y permanente, autónomo e independiente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios denominado Instituto Electoral del Estado.

 

Artículo 74

 

El patrimonio del Instituto se integra con los bienes que se destinen al cumplimiento de su objeto y las partidas que anualmente se le señalen en el Presupuesto de Egresos del Estado.

 

Artículo 79

El Consejo General será el órgano superior de dirección del Instituto y el responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de vigilar que los principios rectores de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia guíen todas las actividades del Instituto.

...

Artículo 80

El Consejo General del Instituto se integrará por:

 

I. Un Consejero Presidente con derecho a voz y voto, el que contará en caso de empate con voto de calidad;

II. Ocho Consejeros Electorales con derecho a voz y voto;

...

V. El Secretario General del Instituto, quien es también el Secretario del Consejo General y de la Junta Ejecutiva, con derecho a voz y sin voto;

VI. El Director General del Instituto, con derecho a voz y sin voto;

...

 

Artículo 83

El Secretario General del Instituto será nombrado por el Consejo General, a propuesta en terna del Consejero Presidente.

 

Artículo 84

El Director General del Instituto será nombrado por el Consejo General, a propuesta en terna del Consejero Presidente.

 

Artículo 88

Durante el tiempo de su nombramiento, los Consejeros Electorales y el Consejero Presidente del Consejo General no deberán aceptar o desempeñar cargo, empleo o comisión de la Federación, del Estado, de los municipios o de los partidos políticos.

 

Los Consejeros Electorales, el Consejero Presidente y el Secretario General no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación del Consejo General y de los que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia, no remunerados.

 

Artículo 89

El Consejo General tendrá las atribuciones siguientes:

...

IV. Elegir al Secretario General, Director General y al titular de la Contraloría Interna del Instituto, a propuesta en terna del Consejero Presidente;

...

VIII. Designar a los Consejeros Electorales y Secretarios de los Consejos Distritales, de entre la lista que al efecto le presente el Consejero Presidente;

...

XLII. Aplicar las sanciones administrativas previstas por este Código;

...

LIII. Dictar los acuerdos necesarios a fin de cumplir las anteriores atribuciones y las demás señaladas por este Código; y

LIV. Las demás que le sean conferidas por este Código y disposiciones aplicables.

 

Artículo 92

Para ser Secretario General del Consejo General, se requiere acreditar:

I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;

II. Ser originario o residente en el Estado cuando menos con cinco años anteriores a la fecha de su designación;

III. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar con fotografía;

IV. Tener mas de veinticinco años de edad al día de su designación;

V. Contar con título de Abogado o Licenciado en Derecho, con los conocimientos y experiencia suficientes que le permitan el adecuado desempeño de sus funciones;

VI. No haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial;

VII. No desempeñar o haber desempeñado cargo de dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los seis años anteriores a la fecha de su designación;

VIII. No tener ni haber tenido cargo alguno de elección popular, ni haber sido candidato en los seis años anteriores a su designación; y

IX. No ser ni haber sido Ministro de culto religioso alguno.

 

Artículo 96

El Director General conducirá la operación técnica y administrativa del Instituto y supervisará el desarrollo funcional de las actividades de sus Direcciones.

 

El Director General durará en su encargo seis años, pudiendo ser ratificado.

 

Artículo 97

Para ser Director General se requiere acreditar los requisitos que para ser Secretario General, exige el artículo 92 de este Código.

 

Artículo 98

El Director General tendrá las atribuciones siguientes:

I. Cumplir los acuerdos del Consejo General en su ámbito de competencia;

II. Proponer al Consejero Presidente del Consejo General, en terna, el nombramiento de los Directores del Instituto;

III. Someter a consideración del Consejo General, a través del Consejero Presidente, los asuntos de su competencia;

IV. Vigilar el cumplimiento permanente del principio de legalidad en las actuaciones del Instituto;

V. Coadyuvar con el Secretario General en la formulación de los proyectos de acuerdos y resoluciones;

VI. Prestar auxilio al Secretario General en la recepción de las solicitudes de registro para participar como partido político estatal;

VII. Auxiliar al Secretario General en la recepción de las solicitudes de registro de candidatos de los partidos políticos, que le competen al Consejo General de manera supletoria;

VIII. Integrar los expedientes de las elecciones, con las actas de cómputo de la elección de Diputados por ambos principios, de Gobernador y de miembros de los Ayuntamientos;

IX. Formular los proyectos de actas y boletas electorales para aprobación del Consejo General;

X. Ejercer las partidas presupuestales asignadas por el Consejo General;

XI. Proporcionar a los órganos centrales del Instituto y a los Consejos Distritales y Municipales la documentación y demás elementos necesarios para el cumplimiento de sus funciones;

XII. Elaborar la memoria y estadística electoral;

XIII. Dar cuenta al Consejo General de los informes que sobre las elecciones reciba de los Consejos Distritales y Municipales del Instituto;

XIV. Poner a consideración del Consejero Presidente del Consejo General el anteproyecto anual del presupuesto del Instituto;

XV. Preparar para la aprobación del Consejo General, el proyecto de convocatoria y calendario para elecciones extraordinarias, en su caso;

XVI. Sugerir al Consejo General el mecanismo para la difusión inmediata de los resultados preliminares de las elecciones;

XVII. Plantear al Consejo General, a través del Consejero Presidente, las bases de la convocatoria para la contratación del personal eventual del Instituto;

XVIII. Supervisar la instalación y funcionamiento de los Consejos Distritales y Municipales;

XIX. Expedir los documentos de identificación correspondientes al personal del Instituto; y

XX. Las demás que le señale el Consejo General, el Consejero Presidente conforme a este Código y disposiciones aplicables.

 

Artículo 110

Los Consejos Distritales son los órganos del Instituto de carácter transitorio, encargados de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral dentro de su territorio distrital, en términos de las disposiciones de este Código y los acuerdos que dicte el Consejo General.

 

Artículo 126

Los Consejos Municipales son los órganos del Instituto de carácter transitorio, encargados de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, dentro de sus respectivos territorios municipales, en términos de lo establecido en este Código y los acuerdos que dicte el Consejo General y el Consejo Distrital correspondiente.

 

Artículo 174

Procederá la remoción del Consejero Presidente, los Consejeros Electorales y Secretarios de los Consejos Distritales o Municipales, cuando incurran en conductas graves que sean contrarias a los principios que rigen la función estatal de organizar las elecciones.

 

Artículo 175

El Secretario del Consejo General recibirá la solicitud de remoción que deberán suscribir cuando menos las dos terceras partes de los integrantes con derecho a voto del Consejo que corresponda; integrará el expediente relativo respetando la garantía de audiencia del impugnado y elaborará el proyecto de resolución correspondiente, para la consideración del propio Consejo General.

 

Artículo 387

El Consejo General conocerá de las infracciones y violaciones que a las disposiciones de este Código cometan los ciudadanos que hayan sido nombrados funcionarios electorales, respetando en todo momento la garantía de audiencia, procediendo a su sanción, en su caso, la que podrá ser amonestación, multa hasta de cien días de salario mínimo vigente en el Estado, suspensión o destitución del cargo de acuerdo con la gravedad de la falta cometida.

 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos

del Estado de Puebla

 

Artículo 1°

Esta Ley es reglamentaria del Título Noveno de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de:

...

V.- Competencia y procedimientos para aplicar sanciones a los servidores públicos;

 

Artículo 2°

Son Servidores Públicos las personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en la Administración Pública Estatal o Municipal, en los Poderes Legislativo o Judicial del Estado, en las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, así como las personas que administren, manejen, recauden, apliquen o resguarden recursos económicos Federales, Estatales o municipales, sea cual fuere la naturaleza de su nombramiento o elección.

 

Artículo 3°

Son autoridades competentes para aplicar la presente Ley:

 

I. El Congreso del Estado;

II. La Secretaría de la Contraloría General del Estado;

III. Las dependencias del Ejecutivo Estatal;

IV.- Los Tribunales del Trabajo en los términos de la legislación respectiva;

V.- Los Ayuntamientos; VI. El Tribunal Superior de Justicia; y

VII. Los demás órganos que determinen las Leyes.

 

Artículo 49

Incurren en responsabilidad administrativa los servidores públicos que no cumplan una o más de las obligaciones que con ese carácter tienen, motivando la instrucción del procedimiento administrativo ante los órganos disciplinarios y la aplicación de sanciones que en esta Ley se establecen.

 

Artículo 50

Los servidores públicos para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que han de observarse en el servicio público, independientemente de las obligaciones específicas que corresponda a su empleo, cargo o comisión, tendrán las siguientes:

...

XI.- Abstenerse de desempeñar algún otro empleo, cargo o comisión oficial o particular que la Ley le prohíba;

 

Artículo 52

La Secretaría, los Ayuntamientos y los órganos que determinen las Leyes, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán unidades específicas que dependerán del órgano de control correspondiente, a las que el público tenga fácil acceso para presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los Servidores Públicos que establece la presente Ley, con las que se iniciará en su caso el procedimiento correspondiente.

 

Artículo 73

Las resoluciones que impongan sanciones administrativas, podrán ser impugnadas por el servidor público ante la propia autoridad, mediante recurso de revocación, que se interpondrá dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la resolución recurrida.

 

Ley del Notariado del Estado de Puebla

 

Artículo 1°

El ejercicio del Notariado en el Estado de Puebla es una función de orden público que corresponde al Ejecutivo de la Entidad, quien, por delegación, la encomienda a Notarios Profesionales del Derecho, para que, en virtud de la patente que para tal efecto les otorga, la desempeñen en los términos de la presente Ley.

 

Artículo 13

Los Notarios no serán remunerados por el erario sino que percibirán honorarios de los interesados, de acuerdo con esta Ley.

 

Artículo 14

Notario es el funcionario investido de fe pública, para hacer constar los actos y hechos jurídicos a los que los interesados deben o quieran dar autenticidad y fuerza probatoria, a la solemnidad requerida por la Ley.

 

Igualmente es función del Notario expedir los testimonios, certificaciones y copias que legalmente procedan.

 

Artículo 15

El Notario, a la vez que funcionario público, es profesional del Derecho, que ilustra a las partes en materia jurídica, y que tiene el deber de explicarles el valor y las consecuencias legales del otorgamiento, salvo a los peritos en Derecho.

 

Artículo 18

Queda prohibido a los Notarios:

...

IV.- Salvo los casos previstos por esta Ley, el desempeño de cargos o comisiones públicas, empleos particulares o públicos, el ejercicio de la profesión de abogado, el desempeño del mandato judicial o del cargo de administrador único o Gerente de Sociedades Civiles o Mercantiles y actuar como agente de cambio.

...

 

Artículo21

El Notario podrá:

...

VII.- Desempeñar cargos de elección popular.

...

X.- Aceptar y desempeñar cualesquiera otros empleos, cargos o comisiones oficiales, sin perjuicio de sus funciones de Notario, mediante autorización del Ejecutivo del Estado, en todos aquellos casos en que la incompatibilidad no se encuentre establecida expresamente en la Constitución Política del Estado, o impida la atención de la función notarial.

 

Artículo 144

El Notario tiene derecho a separarse del despacho de la Notaría, observándose lo siguiente:

...

IV.- Las licencias a que se refiere esta Ley constituyen un derecho para el Notario, y por tanto son renunciables, pero no podrán exceder de 3 años consecutivos. Sin embargo, en el caso de que el Notario fuere designado o electo para el desempeño de otro cargo público, tiene derecho a licencia para separarse del despacho de la Notaría, por todo el tiempo que dure el ejercicio del nuevo cargo.

 

Artículo 152

En los casos previstos por los 3 artículos anteriores el Ejecutivo del Estado hará la declaración de que queda sin efecto la patente respectiva y se procederá a cubrir la vacante.

 

Artículo 170

Las infracciones a esta Ley, cometidas por los Notarios y que no constituyan un delito, se considerarán como faltas administrativas.

 

Artículo 171

En los casos de faltas administrativas, las sanciones correspondientes se impondrán por la autoridad administrativa, en los términos de esta Ley, tomando en cuenta la gravedad y demás circunstancias que concurran en el caso de que se trate.

 

Artículo 172

Las referidas sanciones administrativas, serán las siguientes:

I.- Amonestación o apercibimiento por Oficio.

II.- Multas hasta de $ 500.00.

III.- Suspensión del cargo hasta por un mes.

IV.- Remoción con cancelación de la patente.

 

Las sanciones a que se refieren las fracciones I y II, serán impuestas por el Secretario de Gobernación y las comprendidas en las fracciones III y IV, por acuerdo expreso del Gobernador del Estado.

 

Del análisis de lo dispuesto en los preceptos antes transcritos, en relación con la materia de la presente litis, se puede desprender lo siguiente:

 

1. El director general del Instituto Electoral del Estado de Puebla forma parte del Consejo General, órgano superior de dirección de dicho organismo electoral.

 

2. Los consejeros electorales y el consejero presidente del Consejo General no pueden aceptar o desempeñar, durante el tiempo que dure su nombramiento, cargo, empleo o comisión de la Federación, del Estado, de los municipios o de los partidos políticos. Asimismo, los consejeros electorales, el consejero presidente y el secretario general no pueden tener algún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación del Consejo General y de los no remunerados que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia.

 

3. El secretario general y el director general del referido Instituto son nombrados por el Consejo General, a propuesta en terna del consejero presidente. Ambos funcionarios deben cumplir los mismos requisitos para ser designados.

 

4. El Consejo General es el responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias en materia electoral, así como que todas las actividades del Instituto, a través de sus correspondientes órganos, se guíen por los principios rectores de legalidad e independencia.

5. Los funcionarios electorales son susceptibles de ser sancionados por violaciones o infracciones tanto al código electoral local, como a otras disposiciones legales.

 

6. El Consejo General tiene atribuciones para aplicar las sanciones administrativas establecidas en el código electoral, así como para ejercer las demás que le confieran las disposiciones aplicables.

 

7. Son servidores públicos, entre otros, todas aquellas personas que desempeñan algún empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en los organismos descentralizados del Estado, sea cual fuere la forma de su elección o nombramiento, así como las personas que administren, manejen, recauden, apliquen o resguarden recursos económicos estatales, sea cual fuere la naturaleza de su nombramiento o elección.

 

8. El patrimonio del Instituto Electoral del Estado de Puebla se integra con los bienes que se destinen al cumplimiento de su objeto y las partidas que anualmente se le señalen en el Presupuesto de Egresos del Estado.

 

9. Entre las atribuciones del director general del Instituto se encuentra la de ejercer las partidas presupuestales asignadas por el Consejo General.

 

10. A diferencia de otros órganos del Instituto cuya función es transitoria, como la de los consejeros distritales y municipales, la función del director general es permanente y el período de su encargo es de seis años.

 

11. La aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla corresponde, además de las autoridades expresamente previstas en dicho ordenamiento, a los demás órganos que determinen las leyes.

 

12. El Instituto Electoral del Estado de Puebla es un organismo público autónomo del Estado, cuyo Consejo General es el órgano superior de dirección.

 

13. Todo servidor público debe abstenerse de desempeñar algún otro empleo, cargo o comisión oficial o particular que la ley le prohíba.

 

14. Los notarios públicos en el Estado de Puebla tienen prohibido desempeñar, entre otros, cargos o comisiones públicas, así como empleos particulares o públicos, salvo los casos previstos en la propia Ley del Notariado del Estado de Puebla.

 

15. Los notarios en el Estado de Puebla pueden aceptar o desempeñar “otros empleos, cargos o comisiones oficiales”, sin perjuicio de la función como notario y mediante la autorización del Ejecutivo del Estado, siempre que la Constitución local no establezca la incompatibilidad de los cargos, o que con ello se impida la atención de la función notarial.

 

16. En el caso de que un notario fuere designado o electo para “otro cargo público”, tiene derecho a que se le otorgue licencia para separarse del despacho de la notaría por todo el tiempo que dure el ejercicio en el encargo.

 

Sentado lo anterior, esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación considera que de la interpretación sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 3°, 124 y 125 de la Constitución Política del Estado de Puebla; 1°, párrafo primero, fracción VIII; 3°; 71, primer párrafo; 74; 79; 80, fracción VI; 83; 84; 88; 89; 92; 96; 97; 98, 110, primer párrafo; 126, primer párrafo; 174; 175 y 387, del Código de Instituciones y Procesos Electorales de dicha entidad federativa; 1°, fracción V; 2°; 3°, fracción VII; 50, párrafo primero, fracción XI, y 52, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, así como 1°; 15; 18, fracción IV; 21, fracción X, y 144, fracción IV, de la Ley del Notariado del ese Estado, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla tiene facultades para conocer de las infracciones y violaciones que a las disposiciones del propio código o de la referida ley de responsabilidades, cometan los ciudadanos que hayan sido nombrados funcionarios electorales, entre ellos, el director general del Instituto Electoral del Estado de Puebla, cuando hubiere ejercido simultáneamente a su función algún otro empleo, cargo o comisión oficial o particular.

 

Al respecto, deviene necesario establecer que si el citado Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla está facultado para designar al director general del Instituto Electoral del Estado de Puebla y éste, forma parte del órgano superior de dirección de tal organismo público, atendiendo a su naturaleza constitucional de que debe gozar de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones resulta jurídicamente sustentable que sea dicho órgano electoral el que pueda aplicarle la sanción administrativa que corresponda a ese funcionario, por la presunta violación legal o infracción que hubiere cometido.

En este sentido, debe considerarse que la naturaleza jurídica del cargo de director general del Instituto Electoral del Estado de Puebla es la de un servidor público de mando superior, el cual, como se indicó, en términos de lo dispuesto en los artículos 3°, fracción II, párrafo séptimo, inciso f), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, y 80, fracción VI, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Puebla, forma parte del órgano superior de dirección. Asimismo, su nombramiento es realizado por el Consejo General, siempre y cuando cumpla con los requisitos constitucional y legalmente establecidos para ello y sea propuesto para el cargo por el consejero presidente a través de la terna respectiva.

 

Asimismo, debe destacarse que en términos de lo dispuesto en el artículo 3°, párrafo cuarto, fracción II, en relación con el artículo 124, párrafo primero, fracción IV, ambos de la Constitución Política del Estado de Puebla, los miembros del Instituto Electoral del Estado son servidores públicos, ya que ocupan empleo, cargos o comisiones dentro de un organismo público, de carácter permanente, autónomo e independiente, con personalidad jurídica y patrimonio propios; esto es, forman parte de un organismo público descentralizado del Estado que, además de gozar de autonomía, tiene como función organizar las elecciones en dicha entidad federativa.

 

En efecto, cabe destacar que, desde un punto de vista técnico jurídico, la autonomía no es más que un grado extremo de descentralización, no meramente de la administración pública sino del Estado [es decir, de los órganos legislativo, ejecutivo y judicial que conforman el poder público; en este sentido, en virtud de la autonomía constitucional (artículos 41, párrafo segundo, fracción III, y 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución federal) que se confiere a un organismo público electoral no cabe ubicarlo dentro de la administración pública paraestatal dependiente, por ejemplo, del Ejecutivo federal, en términos de los artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 3° y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como 1°, 2° y 14 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, ni tampoco dependiente del Ejecutivo del Estado de Puebla, según lo dispuesto en los artículos 82 y 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla]. Si bien puede haber organismos descentralizados (de la administración pública federal o de cierta entidad federativa) que no sean autónomos, no es posible que haya organismos públicos autónomos (del Estado) que no sean descentralizados, aunque formalmente no se les califique de esta última manera.

 

En términos generales, la descentralización es una figura jurídica mediante la cual se retiran, en su caso, determinadas facultades de decisión de un poder o autoridad central para conferirlas a un organismo o autoridad de competencia específica o menos general; en el caso de organismos públicos autónomos electorales, por decisión del Poder Revisor de la Constitución en 1990, ratificada en 1993, 1994 y 1996, la función estatal de organización de las elecciones federales se encomendó al organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, en tanto que la reforma de 1996 al artículo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución federal, así como lo dispuesto en el artículo 3°, párrafo cuarto, fracción II, de la Constitución de Puebla, la función estatal de organizar las elecciones en dicha entidad federativa corresponde al organismo público autónomo e independiente, denominado Instituto Electoral del Estado. Mientras que en la mayoría de los casos de descentralización (de la administración pública) sólo se transfieren facultades propiamente administrativas, en el caso de la autonomía constitucional del Instituto Federal Electoral y del Instituto Electoral del Estado de Puebla (como hipotéticamente podría ocurrir con otros organismos constitucionales públicos autónomos, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Banco de México y las universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley) también se faculta a sus órganos internos legalmente competentes para establecer sus propias normas o reglamentos, dentro del ámbito limitado por el acto constitucional y/o legal a través del cual se les otorgó la autonomía, lo que implica una descentralización de la facultad reglamentaria, que si bien en el ámbito de la administración pública federal o de cierta entidad federativa compete al respectivo Poder Ejecutivo, en el caso de un organismo constitucional autónomo requiere que se otorgue a un órgano propio interno, tal como ocurre con la facultad administrativa sancionadora o disciplinaria, para evitar cualquier injerencia gubernamental que eventualmente pudiera ser atentatoria de la autonomía e independencia constitucionalmente garantizada a dicho Instituto.

 

Asimismo, no cabe duda que el director general del Instituto Electoral del Estado de Puebla es un servidor público, toda vez que en términos de lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla se reputan servidores públicos, entre otros, aquellas personas que administren, manejen, recauden, apliquen o resguarden recursos económicos federales, estatales o municipales. En ese sentido, si entre las atribuciones del referido director general se encuentra la de ejercer las partidas presupuestales asignadas por el Consejo General de ese organismo electoral, según se prescribe en el artículo 98, fracción X, del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, resulta incontrovertible la calidad de servidor público del ya citado director general.

 

Cabe señalar también que existe otro cargo en el Consejo General cuyo nombramiento requiere de las mismas formalidades, como es el del secretario general. Dicho funcionario, al igual que los consejeros electorales y el consejero presidente, están constitucional y legalmente impedidos para aceptar u ocupar otro cargo, empleo o comisión oficial o particular, durante todo el tiempo que dure su función. Ahora bien, aun cuando ni en el artículo 3° de la Constitución local, ni en el artículo 88 del código electoral de Puebla, se dispone expresamente tal prohibición para el director general del Instituto, ello no implica que como servidor público del propio instituto electoral pueda desempeñar otros cargos públicos o comisiones oficiales distintas a las conferidas por el respectivo Consejo General, ni tampoco algún empleo particular prohibido en la ley.

 

En efecto, debido a la naturaleza jurídica del cargo como servidor público de mando superior y de carácter permanente, que ejerce las partidas presupuestales asignadas e interviene en la integración del máximo órgano electoral de esa entidad federativa, mismo que debe constitucionalmente de gozar de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, se considera que el director general del Instituto Electoral del Estado de Puebla se encuentra en el mismo supuesto al que se refieren los preceptos antes citados, por lo que está imposibilitado constitucional y legalmente para desempeñar otro encargo, comisión o empleo oficial o particular, durante todo el tiempo que dure el encargo, salvo aquellos en que actúe en representación del Consejo General y de los que desempeñe en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia, siempre y cuando no sean remunerados.

 

Independientemente de que el citado funcionario electoral se encuentra sujeto a la referida restricción, conforme con lo establecido en el artículo 50 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, a efecto de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el servicio público, el director general del Instituto Electoral de esa entidad federativa, al igual que todo servidor público, debe abstenerse de desempeñar algún otro empleo, cargo o comisión oficial o particular que la ley le prohíba.

 

Al respecto, si la materia de la presente controversia versa sobre el hecho de que el actual director general del Instituto desempeñó simultáneamente el referido cargo en el Instituto Electoral del Estado de Puebla como servidor público y la función de notario público en el Estado, del veintisiete de noviembre de dos mil (fecha en que fue nombrado como director general del Instituto) al dos de junio de dos mil uno (fecha en que dio aviso a la Secretaría de Gobierno de la separación del despacho de la notaría), debe tenerse presente que en el artículo 18, fracción IV, de la Ley del Notariado del Estado de Puebla expresamente se establece que queda prohibido a los notarios el desempeño, entre otros, de cargos o comisiones públicas, así como de empleos particulares o públicos, salvo los casos previstos en la misma ley; en este sentido, en tanto que el artículo 21 de la Ley del Notariado del Estado de Puebla establece que los notarios pueden ocupar cualquier otro empleo, cargo o comisión oficial, sin perjuicio de su función de notario, mediante autorización de Ejecutivo Estatal y siempre que ello no impida la función notarial, en principio, pareciera que el ciudadano presunto infractor no estaría impedido; sin embargo, ello es sólo en apariencia, ya que, contrariamente a lo sustentado por la responsable, resulta incontrovertible que la función pública que desempeña un director general del organismo encargado de organizar las elecciones locales requiere de tiempo completo e, incluso, exclusivo (con la salvedad de las actividades no remuneradas en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia), lo cual, desde luego, impide que dicho ciudadano pueda desempeñar correctamente la función notarial, la que propiamente también es de tiempo completo.

 

En esta virtud, si un notario público acepta un cargo directivo en el Instituto Electoral del Estado, concretamente el de director general, ello le impide ejercer ambas funciones a la vez y, por tanto, se encuentra legalmente prohibido pretender desempeñar ambos cargos, razón por la cual el interesado debió tramitar oportunamente licencia para separarse del despacho de la notaría por todo el tiempo que durara el ejercicio del nuevo cargo de director general del mencionado Instituto, en términos del artículo 144, fracción IV, de la Ley del Notariado del Estado de Puebla.

 

Así, si el actual director general del referido Instituto Electoral del Estado de Puebla fue nombrado el veintisiete de noviembre de dos mil y no dio aviso a la Secretaría de Gobierno de dicha entidad federativa de la separación del despacho de la notaría hasta el dos de junio de dos mil uno, está acreditado que dicho servidor público realizó simultáneamente ambas actividades, durante seis meses y cinco días.

 

No obsta para tal conclusión, la circunstancia de que antes de ocupar el cargo de director general, el Gobernador del Estado de Puebla, el quince de noviembre de dos mil, le hubiere conferido autorización (para ocupar dicho cargo público), porque como se razonó con anterioridad, dada la incompatibilidad de encargos, lo que jurídicamente procedía era solicitar una licencia y separarse del despacho de la notaría, lo cual no ocurrió sino hasta el dos de junio del año pasado, fecha en que efectivamente el ciudadano José Alejandro Romero Carreto se separó de la función de Notario Público número cinco en el Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, sin que para dichos efectos resulte relevante la fecha en la que el gobernador del Estado acordó favorablemente dicha solicitud (quince de agosto de dos mil uno).

 

Para arribar a tal conclusión se tiene presente que, según se prescribe en el artículo 3°, fracción II, párrafos primero, tercero y cuarto, de la Constitución local, el Instituto Electoral del Estado de Puebla debe vigilar, en el ámbito electoral, el cumplimiento de las disposiciones de la propia constitución y sus correspondientes reglamentarias. Asimismo, el Consejo General, como órgano superior de dirección del Instituto, es el responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de vigilar que los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia guíen las actividades del organismo público autónomo encargado de la función estatal de organizar las elecciones.

 

Según se dispone en el artículo 1°, fracciones V y VII, del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, las disposiciones de dicho ordenamiento legal reglamentan las normas constitucionales relativas a la integración y atribuciones de los órganos electorales y las sanciones aplicables por el incumplimiento o violación al código electoral y disposiciones relativas. Así, en su artículo 3°, se prescribe que la aplicación del referido código corresponde al Congreso del Estado, al Tribunal Electoral local y a los órganos electorales, en sus respectivos ámbitos de competencia.

 

Por lo que respecta a las faltas administrativas y sanciones, las mismas se encuentran reguladas en el Libro Sexto, Título Cuarto, Capítulo VII, del código electoral local, que en el artículo 387 faculta al Consejo General del Instituto Electoral del Estado para conocer de las infracciones y violaciones que a las disposiciones del mismo Código cometan los ciudadanos que hayan sido nombrados funcionarios electorales, imponiendo la obligación, además, para que en todo momento se respete la garantía de audiencia, procediendo, cuando así lo amerite, a sancionar al infractor con amonestación, multa hasta de cien días de salario mínimo vigente en el Estado, suspensión o destitución del cargo de acuerdo con la gravedad cometida.

 

Como se puede advertir, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla está facultado para imponer sanciones a los funcionarios electorales por violaciones a las disposiciones contenidas en el propio código, tal como se prescribe en los artículos 89, fracción XLII, y 387 de dicha normativa legal, o en otras disposiciones relativas, como la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, según se deriva de lo establecido en los artículos 1°, fracción VIII, y 89, fracción LIV, del mencionado código, y 3°, fracción VII, de la citada ley.

 

Respecto de la primera hipótesis ya se señaló que el director general del referido órgano electoral puede ser sancionado por el Consejo General, al estar acreditado que simultáneamente ocupó dicho cargo y el de notario público número cinco en el Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, y, por lo que hace al segundo supuesto, cabe precisar que en el artículo 124 de la Constitución local se dispone la atribución para el Congreso del Estado para expedir la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como las demás normas tendentes a la imposición de sanciones en la materia. En dicha ley se establecen las autoridades encargadas de aplicarlas.

 

Ahora bien, este órgano jurisdiccional federal advierte que la aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, según se dispone en su artículo 3°, corresponde al Congreso del Estado, la Secretaría de la Contraloría General del Estado, las dependencias del Ejecutivo estatal, los tribunales del trabajo, los ayuntamientos, el Tribunal Superior de Justicia y los demás órganos que determinen las leyes. Para lo cual, la secretaría, los ayuntamientos y los demás órganos que determinen las leyes, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben establecer unidades específicas que dependan del órgano de control correspondiente a las que el público tenga fácil acceso para presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos.

 

Tal como se dispone en el referido artículo 3° de la citada ley, la aplicación de la ley de responsabilidades corresponde a los demás órganos que determinen las leyes, por lo que si es atribuida a un servidor público integrante del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla, una supuesta violación a la referida ley, el órgano facultado para conocer y, en su caso, aplicar alguna sanción, es el propio Consejo General, atendiendo a lo previsto en los artículos 89, fracción XLII, y 387 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla.

 

En esa virtud, de la interpretación sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 89, fracción XLII, y 387 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, así como 3° y 52 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se advierte que el órgano administrativo encargado de la aplicación de la citada ley de responsabilidades, dentro del Instituto Electoral del Estado de Puebla, es el Consejo General, el cual debe apegarse a la normativa que en la materia estableció el Congreso del Estado, por lo que si un partido político o cualquier ciudadano estima que un servidor público al servicio del Instituto Electoral del Estado de Puebla ha violado alguna de sus obligaciones como funcionario y que por ello amerite la aplicación de una sanción, debe presentar su queja para que el referido órgano superior de dirección del propio Instituto sustancie el procedimiento respectivo y, de ser procedente, aplique una de las sanciones legalmente establecidas.

 

En este sentido, el Partido Acción Nacional consideró que el actual director general del Instituto Electoral del Estado de Puebla ameritaba ser sancionado en virtud de haber estado fungiendo simultáneamente como funcionario electoral y como notario en dicha entidad federativa. Tal supuesto de queja, desde luego, encuadra en una violación a las disposiciones del código electoral, lo cual surte la competencia para conocer al Consejo General en términos del artículo 387 del ya citado Código. Ahora bien, una interpretación funcional de lo dispuesto en el artículo 88 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, lleva a concluir que no sólo los consejeros electorales, el consejero Presidente y el secretario general tienen prohibido aceptar o desempeñar otro empleo, cargo o comisión de la Federación, del Estado, de los municipios o de los partidos políticos, salvo los no remunerados en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia, sino también, como se señaló anticipadamente, el director general de dicho Instituto está sujeto a tal restricción por ser un funcionario electoral superior que forma parte del órgano máximo de dirección, por lo que si alguno de estos funcionarios violan esta disposición establecida en el propio código electoral local, es evidente que la competencia para conocer de esa infracción recae en el Consejo General.

 

Cabe reiterar que, de cualquier forma, tal supuesto de imposición de sanciones se actualizaría cuando el director general del Instituto Electoral del Estado de Puebla, en forma simultánea a dicho cargo, ocupe otro nombramiento, incluso si se considerara que en precepto alguno del código electoral local se le prohibiera ocupar otro cargo, empleo o comisión. Ello, porque aun aceptando sin conceder que lo dispuesto en el artículo 88 del código electoral local no le resultara aplicable a tal funcionario, en tal caso se estaría a lo que se dispone en la ley general que regula las obligaciones de todos los servidores públicos del Estado de Puebla.

 

En este sentido, según se establece en el artículo 50, fracción XI, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, los servidores públicos, a efecto de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el servicio público, independientemente de sus obligaciones específicas que correspondan a su empleo, cargo o comisión, deben abstenerse de desempeñar otro empleo, cargo o comisión oficial o particular que la ley le prohíba. Por ello, si se aceptara que atendiendo a lo dispuesto en el código electoral local, el director general del Instituto Electoral del Estado de Puebla no tiene impedimento para ejercer otro cargo, empleo o comisión, en todo caso, sí lo tendría de acuerdo con la ley de responsabilidades citada, por lo que el conocimiento y sanción por la infracción a dicha disposición legal sería competencia de las autoridades y mediante los procedimientos que se establecen en dicha normativa que, como ya se indicó, en el caso concreto, sería el Consejo General del citado Instituto.

 

En esa virtud, el tribunal responsable debió haber determinado la incompatibilidad del cargo de director general del Instituto Electoral del Estado de Puebla y el de notario y, por tanto, ordenar al Consejo General del referido organismo electoral para que, en plenitud de atribuciones, atendiendo a las circunstancias particulares del caso, a la gravedad de la falta y a las características del supuesto infractor, impusiera alguna de las sanciones legalmente establecidas, en el entendido de que la falta se configura por el simple hecho de ocupar simultáneamente ambas funciones durante el lapso comprendido entre el veintisiete de noviembre de dos mil y el dos de junio de dos mil uno y, al no haberlo hecho así, desde luego le irroga agravio al partido político hoy actor, por lo que debe modificarse la resolución impugnada, para los efectos ya precisados.

 

Por otro lado, del análisis de las disposiciones de la Ley del Notariado del Estado de Puebla, este órgano jurisdiccional federal considera que el Consejo General del Instituto Electoral de esa entidad federativa no se encuentra facultado para conocer de las infracciones a la misma, ni mucho menos a la aplicación de las sanciones ahí establecidas, razón por la cual resulta inatendible esa parte del agravio esgrimido por el hoy actor.

 

En efecto, en la Ley del Notariado del Estado de Puebla se establecen diversos derechos y obligaciones para quienes ejercen esa función pública. Destaca, para el caso bajo estudio, lo establecido en el artículo 21, fracción X, de la citada ley, según el cual los notarios pueden aceptar y desempeñar cualesquiera otros empleos, cargos o comisiones oficiales, sin perjuicio de sus funciones de notario, mediante la autorización del Ejecutivo del Estado, en todos aquellos casos en que la incompatibilidad no se encuentre establecida expresamente en la Constitución local o impida la atención de la función notarial. Al respecto, en el artículo 144, fracción IV, de la propia ley, se otorga el derecho a los notarios para separarse del despacho de la notaría hasta por tres años; sin embargo, en el caso de que el notario fuere designado o electo para el desempeño de un cargo público, tiene derecho a licencia para separarse del despacho de la notaría, por todo el tiempo que dure el encargo.

 

Ahora bien, de la interpretación de dichos dispositivos legales se colige que en la ley se autoriza a los notarios en el Estado de Puebla a ocupar simultáneamente a su función notarial, empleos, cargos o comisiones oficiales cuando éstos no resulten incompatibles (ya sea porque así lo establezca la Constitución o la ley, o porque con ello se impida el ejercicio correcto de la función notarial), pero, en todo caso, se debe recabar la autorización del Ejecutivo del Estado o una licencia para separarse del despacho de la notaría.

 

Si como en el caso bajo análisis, el partido político actor invoca que el director general del Instituto Electoral del Estado de Puebla violó la ley del notariado de la propia entidad federativa al haber ocupado el cargo de funcionario electoral sin haberse separado de la función de notario, es indiscutible que para el caso de que procediera aplicar alguna sanción establecida en la referida ley del notariado, no sería el Consejo General del citado Instituto quien tiene atribuciones para el conocimiento de tal falta, ya que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5° de la mencionada ley, los notarios sólo pueden ser sancionados en los términos de la propia ley, por lo que resultan competentes para ello el Secretario de Gobernación y el Gobernador de ese Estado, según se prescribe en el artículo 172 de dicha ley, y de acuerdo con el procedimiento que para tales efectos se dispone en los artículos 173 a 181 de la misma ley.

 

En este orden de ideas, como la ley del notariado expresamente establece las autoridades y procedimientos específicos para el conocimiento y sanción de las faltas que cometan los notarios públicos y entre ellas no se encuentra el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, ni tampoco se abre la posibilidad de que otras autoridades –distintas a las ahí facultadas- puedan hacerlo, es indudable que tal órgano electoral no cuenta con atribuciones para conocer y sancionar a un notario que con esa calidad fungió como funcionario electoral por supuestas violaciones a la referida ley del Notariado; de ahí que deba desestimarse esa parte del agravio expresado por el hoy actor.

 

Asimismo, resulta inatendible el argumento esgrimido por el Partido Acción Nacional relativo a la supuesta aplicación retroactiva de un acuerdo del Consejo General, aparentemente emitido en agosto de este año, por el cual se estableció el procedimiento administrativo para la imposición de sanciones a los funcionarios del Instituto.

 

En primer lugar, es inexacto que el citado acuerdo se hubiere aprobado en el mes de agosto del año pasado, sino que el mismo fue asumido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla el quince de junio de dos mil uno, es decir, unos cuantos días después de que se interpuso la queja administrativa, el cuatro de junio del propio año. Ahora bien, dicho acuerdo se encuentra agregado a fojas 87 a 102 del cuaderno accesorio 1 del expediente que se resuelve, y de su lectura integral resulta claro que dicha determinación se adoptó, entre otras razones, porque en el artículo 387 del código electoral local no se contempla la tramitación conducente a efecto de conocer y sancionar a los funcionarios electorales cuando hubieren violado disposiciones del propio código electoral y, además, esa autoridad electoral consideró necesario precisar la forma como podrían tramitarse las quejas respectivas; es decir, estableció normas de carácter instrumental que pudieran hacer efectivo el derecho de los partidos políticos y ciudadanos que presentaran alguna queja en contra de cierto funcionario electoral por violaciones a las normas electorales.

 

Así, como anexo tres del citado acuerdo, se encuentra el relativo a las normas del Proceso administrativo para la resolución de denuncias en contra de los miembros del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, las cuales son de carácter procedimental y, en manera alguna, se aplicaron en la denuncia que formuló el Partido Acción Nacional, ya que la misma se desestimó por el citado Consejo General en atención a que consideró que la denuncia no fue motivada por una violación al código electoral local y que tal organismo se encontraba imposibilitado para entrar al estudio de supuestas violaciones a la Ley de Responsabilidades del Estado de Puebla y de la Ley del Notariado de la misma entidad federativa. En esa virtud, no se podía aplicar una reglamentación procesal para una denuncia de la que no conoció el Consejo General.

 

A mayor abundamiento y en el supuesto no concedido de que dicho acuerdo se hubiere aplicado en la denuncia presentada por el hoy actor, la misma no podría considerarse atentatoria del artículo 14 constitucional por ser violatoria del principio de irretroactividad de la ley, ya que para que una ley se considere retroactiva se requiere que su aplicación suceda sobre hechos ocurridos en el pasado y que lesionen derechos adquiridos bajo el amparo de leyes anteriores, lo que no sucede con las normas procesales, ya que éstas instrumentan el procedimiento, otorgan facultades que dan la posibilidad a una persona de participar en cada una de las etapas que conforman el mismo procedimiento y, al estar regidas esas etapas por las disposiciones vigentes en que van naciendo, no puede haber retroactividad mientras no se prive de alguna facultad con que ya se contaba, lo cual no se alega por el promovente.

 

Al respecto, resultan orientadoras las tesis que a continuación se trascriben:

 

RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA GENERAL.  Una ley procesal está formada, entre otras cosas, por normas que otorgan facultades que dan la posibilidad jurídica a una persona de participar en cada una de las etapas que conforman el procedimiento y al estar regidas esas etapas por las disposiciones vigentes en la época en que van naciendo, no puede existir retroactividad mientras no se prive de alguna facultad con que ya se contaba; por tanto, si antes de que se actualice una etapa del procedimiento el legislador modifica la tramitación de éste, suprime un recurso, amplía un término, modifica la valoración de las pruebas, etc., no existe retroactividad de la ley, ya que la serie de facultades que dan la posibilidad de participar en esa etapa, al no haberse actualizado ésta, no se ven afectadas.

 

Amparo en revisión 4738/85. Roberto Ayala de la Cruz. 23 de junio de 1988. Unanimidad de veintiún votos de los señores ministros: de Silva Nava, López Contreras, Cuevas Mantecón, Alba Leyva, Azuela Güitrón, Castañón León, Díaz Infante, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Adato Green, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Gutiérrez de Velasco, González Martínez, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, Suárez Torres, Schmill Ordóñez, Díaz Romero, Chapital Gutiérrez y Presidente del Río Rodríguez. Ponente: Angel Suárez Torres. Secretaria: Concepción Martín Argumosa.

 

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo I, Primera Parte-1, Pleno, Enero a Junio de 1988, página 110.

 

 

RETROACTIVIDAD INEXISTENTE EN MATERIA PROCESAL.  Las leyes del procedimiento no pueden producir efectos retroactivos, dado que los actos de esa naturaleza, se rigen por las disposiciones vigentes en la época en que tuvieron verificativo, por tanto, si los artículos transitorios del decreto que contiene reformas a una ley procesal, no precisan la manera de aplicarla a los asuntos que se encuentran en trámite, deberá atenderse al estado en que se encuentre cada expediente en particular y así determinar si es jurídicamente posible la aplicación de las reformas, atendiendo específicamente a la verificación de los actos de procedimiento, ya que sólo pueden aplicarse esas reformas a los actos procesales que se verifiquen a partir de la vigencia de las mismas, pues los emitidos necesariamente debieron observar las disposiciones legales vigentes en la fecha de su emisión sin poder acatar por lógica, las reformas que a esa época no cobraban aplicabilidad. De no ser así se cometería el error de exigir, en base a las reformas, que los actos procesales cumplieran con los requisitos que no les eran impuestos por la ley anteriormente vigente.

 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.

 

Octava Epoca:

Amparo directo 159/91. Javier Valdovinos Baca. 3 de septiembre de 1991. Unanimidad de votos.

Amparo directo 120/92. Víctor Manuel Ureña Rangel. 16 de junio de 1992. Unanimidad de votos.

Amparo directo 296/92. Marco Antonio García Parra. 6 de octubre de 1992. Unanimidad de votos.

Amparo directo 448/92. Filiberto Almanza Avila. 26 de enero de 1993. Unanimidad de votos.

Amparo directo 358/93. Nicolás Aguilar Montoya. 19 de octubre de 1993. Unanimidad de votos.

 

Apéndice de Jurisprudencia 1995, VI Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 993, página 683.

 

En este sentido, al ser el citado acuerdo un instrumento jurídico mediante el cual el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla estableció normas procesales para el conocimiento de las denuncias presentadas en contra de los servidores públicos electorales, ello no implica retroactividad alguna para las quejas que se encontraban en trámite, ya que las etapas que estuvieran pendientes de llevarse a cabo se regularían por la normativa vigente, sin que ello implique privación de derecho alguno para el entonces denunciante.

 

II. Por otro lado, este órgano jurisdiccional federal considera que resulta inoperante la aseveración del hoy enjuiciante, resumida en el apartado C del inicio del presente considerando, relativa a que la queja en contra del director general del Instituto Electoral del Estado de Puebla resultaba fundada y que ello nada tiene que ver con la definitividad y firmeza de los actos de revocación de los nombramientos de los directores porque, asegura el hoy actor, ni siquiera ésta sería la vía idónea porque, según el propio actor, no se está atacando la legalidad de los mismos, toda vez que una cosa es combatir los actos de autoridad y otra es exigir la responsabilidad por el actuar de la autoridad.

 

Es importante destacar, para dar contestación al agravio bajo estudio, que la naturaleza extraordinaria del juicio de revisión constitucional electoral implica el cumplimiento irrestricto de ciertos principios y reglas establecidos, principalmente, en los artículos 41, fracción IV, y 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 199, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 3, párrafo 2, inciso d), y 86 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

 

Entre dichos principios destaca el hecho de que, en atención a lo previsto en el artículo 23, párrafo 2, de la citada Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en el juicio de revisión constitucional electoral no procede la suplencia de la queja deficiente, en tanto que se está ante un medio de impugnación de estricto derecho que hace imposible a este órgano jurisdiccional electoral suplir las deficiencias u omisiones en el planteamiento de los agravios cuando los mismos no pueden ser deducidos claramente de los hechos expuestos, permitiéndose únicamente al tribunal del conocimiento resolver con sujeción a los agravios expuestos por el enjuiciante, siguiendo las reglas establecidas en el Libro Cuarto, Título Único, de la ley mencionada.

 

Si bien es cierto que para la expresión de agravios se ha admitido que ésta puede tenerse por formulada independientemente de su ubicación en cierto capítulo o sección de la demanda, así como de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea como silogismo o utilizando cualquier fórmula deductiva o inductiva, puesto que el juicio de revisión constitucional electoral no es un procedimiento formulario o solemne, también lo es que, como requisito indispensable, éstos deben expresar con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que ocasiona el acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese agravio, para que con tal argumento expuesto por el enjuiciante, dirigido a demostrar la ilegalidad o inconstitucionalidad en el proceder de la autoridad responsable, este órgano jurisdiccional se ocupe de su estudio con base en los preceptos jurídicos aplicables.

 

De lo anterior se advierte que, aun cuando dicha expresión de agravios no debe cumplir una forma sacramental inamovible, los agravios que se hagan valer en el juicio de revisión constitucional electoral sí deben ser, necesariamente, argumentos jurídicos encaminados a destruir la validez de las consideraciones o razones que la responsable tomó en cuenta al resolver. Así, el actor en el juicio de revisión constitucional electoral debe verter argumentos para hacer patente que los utilizados por la autoridad responsable, conforme con los preceptos normativos aplicables, son insostenibles, debido a que sus inferencias no son acordes con las reglas de la lógica, la experiencia o la sana crítica; los hechos no fueron debidamente probados; las pruebas fueron indebidamente valoradas, o cualquier otra circunstancia que hiciera ver que se contravino la Constitución o la ley por indebida o defectuosa aplicación o interpretación, o bien, porque simplemente se dejó de aplicar una disposición jurídica.

 

Al expresar cada agravio el actor debe precisar qué aspecto de la parte de la resolución impugnada que lo ocasiona, citar el precepto o los preceptos de derecho que considera violados y explicar, fundamentalmente, mediante el desarrollo de razonamientos dirigidos a desvirtuar los motivos de la responsable, la causa por la cual fueron infringidos, exponiendo de esta manera la argumentación que considere conveniente para demostrar la inconstitucionalidad o ilegalidad del acto reclamado; en este sentido, los agravios que dejan de atender tales requisitos resultan inoperantes, puesto que no atacan en sus puntos esenciales al acto o resolución impugnado, al que dejan, sustancialmente, intacto.

 

En este orden de ideas, por lo que atañe al caso en estudio, de la lectura íntegra del mencionado agravio hecho valer en el escrito de demanda, en lugar alguno se aprecia un solo argumento que combata los motivos y fundamentos que utilizó la autoridad responsable en los considerandos tercero y cuarto de la sentencia impugnada, para resolver que la actuación simultánea del ciudadano José Alejandro Romero Carreto como director general del Instituto Electoral del Estado de Puebla y Notario Público Número 5 del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, no incidió en manera alguna en el desarrollo del proceso electoral actualmente en curso en esa entidad federativa.

 

En el caso concreto, se hace notoriamente evidente que el actor se limita en su expresión de agravios a externar afirmaciones genéricas y subjetivas que en ningún momento identifican los puntos concretos de la resolución impugnada que le causan agravio ni, mucho menos, desarrolla argumento jurídico alguno tendente a atacar los motivos y fundamentos que tomó en cuenta la autoridad responsable para emitir la resolución impugnada.

 

Más aún, el enjuiciante se limita a afirmar que su queja era fundada y que nada tenía que ver la definitividad de los actos electorales con la responsabilidad de un servidor público, apreciaciones de las que no se puede desprender argumento o razonamiento alguno que exprese con claridad las violaciones constitucionales o legales que el partido actor considera fueron cometidas en su perjuicio por la autoridad responsable.

 

En este tenor, si el actor se concreta a señalar una serie de apreciaciones subjetivas, lo que para este órgano jurisdiccional constituyen sólo argumentos genéricos que en nada desvirtúan lo que tomó en cuenta la responsable para resolver, esta Sala Superior arriba a la conclusión de que los agravios bajo análisis resultan ineficaces para desvirtuar las razones y los motivos utilizados por la responsable en los considerandos tercero y cuarto de su resolución, mismos que, al quedar incólumes, siguen rigiendo el sentido de su sentencia.

 

Por ello, resulta irrelevante para los efectos de lo que en este medio de impugnación se resuelve, el momento en que el ciudadano José Alejandro Romero Carreto, Notario Público número 5, del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, se hubiere separado de la función notarial y la fecha en que el Ejecutivo del Estado hubiere acordado la licencia respectiva, porque en este juicio de revisión constitucional electoral no se encuentra controvertido, en manera alguna, los actos que el citado ciudadano realizó entre el lapso comprendido entre el nombramiento y la separación de la función, los cuales, por cierto, fueron motivo de análisis en los considerando tercero y cuarto del fallo combatido en el que la responsable valoró hechos y pruebas y concluyó la insuficiencia de los mismos para acreditar que la actuación hubiere afectado la organización o desarrollo del proceso electoral, sin que el Partido Acción Nacional ahora actor combata alguna de esas razones. En esta virtud, el argumento alegado por el actor, de no tener certeza de la fecha en que se autorizó la licencia en la función de notario, por no contar el oficio con número de despacho, resulta inatendible.

 

III. Finalmente, esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación considera que resulta innecesario el estudio de los agravios resumidos en los apartados B y D del presente considerando, porque aun cuando resultaran fundados en nada modificarían el sentido del presente fallo, ya que independientemente de la naturaleza jurídica del encargo de notario, ha quedado acreditado que resulta incompatible con la función de director general del instituto electoral local y determinada la competencia del Consejo General de ese organismo electoral del Estado de Puebla, para que aplique las sanciones que considere pertinentes, en el entendido de que dicho director general se separó del despacho de la notaría desde el dos de junio de dos mil uno.

 

En razón de lo anterior, al haber resultado parcialmente fundados, por un lado, e inoperantes e infundados, por otro, los agravios expresados por el Partido Acción Nacional, debe modificarse la resolución de treinta y uno de octubre de dos mil uno, dictada por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Puebla en el recurso de apelación TEEP-A-15/2001, para el efecto de ordenar al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla para que, en plenitud de atribuciones, aplique la sanción que conforme a derecho proceda al director general de dicho organismo, solamente respecto de la conducta de haber desempeñado simultáneamente, durante el lapso comprendido entre el veintisiete de noviembre de dos mil y el dos de junio de dos mil uno, el citado encargo público y la función de Notario Público en el Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla. Dicha resolución deberá emitirse en la próxima sesión que celebre el referido órgano de dirección del Instituto Electoral del Estado de Puebla.

 

Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 1º; 184; 185; 187, y 199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1º; 2º; 3º, párrafos 1, inciso a), y 2, inciso d); 6º, párrafos 1 y 3; 16; 19; 29, y 86 a 93 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se:

 

R E S U E L V E

 

PRIMERO. Se modifica la resolución de treinta y uno de octubre de dos mil uno, dictada por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Puebla en el recurso de apelación TEEP-A-15/2001.

 

SEGUNDO. Se ordena al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla para que, en plenitud de atribuciones, aplique la sanción que conforme a derecho proceda al director general de dicho organismo, solamente respecto de la conducta de haber desempeñado simultáneamente, durante el lapso comprendido entre el veintisiete de noviembre de dos mil y el dos de junio de dos mil uno, el citado encargo público y la función de Notario Público en el Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, en la resolución que deberá emitir en la próxima sesión que celebre.

 

NOTIFÍQUESE la presente resolución al actor personalmente, en el bien inmueble ubicado en el número 812 de la avenida Ángel Urraza, colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, en esta Ciudad de México, Distrito Federal, código postal 03109; por fax los puntos resolutivos y por oficio al Tribunal responsable y al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla; con copia certificada de la presente sentencia, así como por estrados a los demás interesados.

 

Devuélvanse los documentos que correspondan y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

 

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firmaron los Magistrados integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe.

 

MAGISTRADO PRESIDENTE

 

 

JOSÉ FERNANDO OJESTO

MARTÍNEZ PORCAYO

 

 

MAGISTRADO

 

 

LEONEL CASTILLO GONZÁLEZ

 

MAGISTRADO

 

 

JOSÉ LUIS DE LA PEZA

 

 

 

MAGISTRADO

 

 

ELOY FUENTES CERDA

 

 

 

 

MAGISTRADA

 

 

ALFONSINA BERTA NAVARRO HIDALGO

 

 

MAGISTRADO

 

 

JOSÉ DE JESÚS OROZCO HENRÍQUEZ

MAGISTRADO

 

 

MAURO MIGUEL REYES ZAPATA

 

 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

 

 

FLAVIO GALVÁN RIVERA