JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL.

EXPEDIENTE: SUP-JRC-345/2003.

ACTOR: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA.

MAGISTRADA PONENTE: ALFONSINA BERTA NAVARRO HIDALGO.

SECRETARIO: OMAR ESPINOZA HOYO.

México, Distrito Federal, once de septiembre de dos mil tres.

VISTOS para resolver los autos del juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-345/2003, promovido por el Partido Acción Nacional, por conducto de sus representantes, en contra del decreto número cuatrocientos veintiséis, emitido el veintisiete de agosto del presente año por el Congreso del Estado de Sonora, mediante el cual declaró válida la elección de Gobernador de dicha Entidad Federativa, celebrada el seis de julio del año en curso y como Gobernador electo a José Eduardo Robinson Bours Castelo; y,

R E S U L T A N D O :

 I. El seis de julio de dos mil tres, en el Estado de Sonora, se llevó a cabo la etapa de la jornada electoral, entre otras, de la elección de Gobernador.

 II. El seis, siete, ocho, nueve y diez siguientes, los Consejos Distritales pertenecientes al Estado de Sonora, realizaron los cómputos distritales de la elección de Gobernador.

 Los resultados fueron los siguientes:

 Distrito I. Cabecera: San Luis Río Colorado.

Distrito II. Cabecera: Puerto Peñasco.

Distrito III. Cabecera: Altar.

Distrito IV. Cabecera: Nogales.

Distrito V. Cabecera: Agua Prieta.

Distrito VI. Cabecera: Magdalena.

Distrito VII. Cabecera: Cananea.

Distrito VIII. Cabecera: Arizpe.

Distrito IX. Cabecera: Moctezuma.

Distrito X. Cabecera: Sahuaripa.

Distrito XI. Cabecera: Ures.

Distrito XII. Cabecera: Hermosillo Noroeste.

          Distrito XIII. Cabecera: Hermosillo Costa.

Distrito XIV. Cabecera Hermosillo Noreste.

Distrito XV. Cabecera Guaymas.

Distrito XVI. Cabecera: Ciudad Obregón Norte.

Distrito XVII. Cabecera: Ciudad Obregón Centro.

Distrito XVIII. Cabecera: Ciudad Obregón Sur.

Distrito XIX. Cabecera: Navojoa.

Distrito XX. Cabecera: Etchojoa.

Distrito XXI. Cabecera: Huatabampo.

III. El veintisiete de agosto del año en curso, el Congreso del Estado de Sonora, erigido en Colegio Electoral, previo dictamen de la Comisión Escrutadora de dicho Poder Estatal, emitió el decreto cuatrocientos veintiséis, por el cual realizó el cómputo global de la elección de Gobernador de dicha Entidad Federativa, declaró la validez de la misma y como Gobernador electo a José Eduardo Robinson Bours Castelo, candidato común postulado por los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México.

Las partes considerativa y resolutiva del aludido decreto, son del tenor literal siguiente:

“Primero. Son prerrogativas del ciudadano votar en las elecciones  populares y poder ser votado para todos los cargos de elección popular, y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley; asimismo, la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste, según se desprende de los artículos 35 y 39 de la Constitución General de la República; por otra parte, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora en los artículos 13 y 22, respectivamente, establece como derecho y obligación de los ciudadanos sonorenses el votar y ser votado en las elecciones populares del Estado, en el distrito electoral o Municipio que les corresponda y desempeñar, cuando tengan los requisitos de ley, los cargos de elección popular del Estado, dando como resultado que el gobierno sea emanación genuina del pueblo.

Segundo. La renovación del Poder Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, las cuales deberán realizarse mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, bajo los principios rectores de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. Asimismo, los Gobernadores de los Estados no podrán durar en su cargo más de seis años; siendo el caso particular de nuestro Estado que el Gobernador Electo tomará posesión el día 13 de septiembre posterior a la elección, previa formal protesta ante este Poder Legislativo de guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, así como las leyes que de ellas emanen y cumplir, leal y patrióticamente, las obligaciones de su encargo, de conformidad con los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 76 de la Carta Magna Local.

Tercero. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora establece, en sus artículos 68, 69 y 72, que el Poder Ejecutivo del Estado se deposita en un individuo que se denominará “Gobernador del Estado de Sonora”, que será electo mediante sufragio popular y directo y que durará en su encargo seis años.

Por su parte, el Código Electoral para el Estado de Sonora, en su artículo 21 establece que la elección ordinaria de Gobernador del Estado se celebrará cada seis años, el primer domingo de julio del año de la elección.

El proceso electoral, dentro del cual se incluye la elección del titular del Poder Ejecutivo, de acuerdo a lo que dispone el artículo 26 del Código Electoral para el Estado de Sonora, comprende las siguientes etapas: La preparatoria de la elección; de la jornada electoral y la posterior a la elección, detallando en los artículos subsecuentes en qué consiste cada una de esas etapas, normas que esta Comisión toma en cuenta para proceder a evaluar el proceso y, en su caso, emitir la calificación que en derecho corresponda.

Cuarto. De conformidad con lo que establece el artículo 22 de la Constitución Política local, la ley establecerá un sistema de medios de impugnación de los que conocerán los organismos electorales y un Tribunal Estatal Electoral que tendrá la competencia y organización que determine la ley; dicho sistema, dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará que los actos y resoluciones se sujeten invariablemente al principio de legalidad. En materia electoral la interposición de los recursos no producirá, en ningún caso, efectos suspensivos del acto o resolución impugnado. El Tribunal Estatal Electoral será un órgano autónomo y máxima autoridad jurisdiccional electoral y tendrá competencia para resolver en forma definitiva e inatacable las impugnaciones que se le presenten, en los términos de esta Constitución y la ley.

Quinto. Los 21 Consejos Distritales Electorales en que se encuentra dividida la geografía electoral del Estado de Sonora, con base en lo que establecen los artículos 165 al 190 del Código Electoral para el Estado de Sonora, realizaron los cómputos distritales de la elección de Gobernador, levantando dentro del plazo legal las correspondientes actas de cómputo distrital y las actas circunstanciadas de las sesiones de referencia.

Sexto. En términos de los derechos que establece el Código Electoral para el Estado de Sonora a cada partido contendiente, éstos ejercieron su derecho a combatir los cómputos distritales por los medios que estimaron pertinentes y que conforme a su materia fueron resueltos en su totalidad según se detalló en la primera parte de este dictamen.

Séptimo. Es facultad de este Poder Soberano erigirse en Colegio Electoral con el fin de computar y calificar, en definitiva, la elección de Gobernador en la forma que determine la ley, siendo inatacable y definitiva la resolución que se emita al respecto, según se desprende del artículo 64, fracción XV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora.

Octavo. Es competente para emitir el presente dictamen esta Comisión Escrutadora de conformidad con lo que establece el artículo 192 del Código Electoral para el Estado de Sonora; asimismo, por virtud del Acuerdo número 335 tomado por el Pleno del Congreso del Estado en sesión extraordinaria de fecha 20 de agosto del año en curso, mediante el cual se nombra a los suscritos como integrantes de la Comisión Escrutadora, la cual está a cargo de rendir el  dictamen sobre la elección en un plazo de ocho días, que empezará a correr desde el momento en que se les proporcione los documentos necesarios; hecho el estudio del caso, en el ámbito de su competencia y en el que se considere lo que resuelva el Tribunal Estatal Electoral respecto a la elección que se estudia, la Comisión Escrutadora dará cuenta al Congreso con el Dictamen sobre la elección de Gobernador, el cual contendrá el cómputo de votos emitidos, la calificación de la elección y la declaración correspondiente, misma que se hará por decreto a favor del ciudadano que haya obtenido el mayor número de votos en la elección de Gobernador del Estado, conforme lo establecen los artículos 29, fracción IV y 192 del Código Electoral para el Estado de Sonora.

Noveno. Una vez puntualizado lo anterior y en cumplimiento de la función conferida, por cuestiones de método, esta Comisión analizará primeramente, la validez del proceso electoral; en ese sentido de las diferentes impugnaciones electorales hechas valer ante el Tribunal Estatal Electoral, por los diversos partidos políticos que participaron en el proceso electoral materia de estudio del presente dictamen, se desprende que se confirmaron los 21 cómputos distritales electorales, ello se establece de los oficios remitidos por la Primera Sala Unitaria y la Sala Colegiada del Tribunal Estatal Electoral, mencionados en la exposición de motivos del presente dictamen.

Asimismo, esta Comisión estima que durante el proceso electoral que se revisa, se agotaron las etapas previstas en los artículos 26, 27, 28 y 29 del Código de la materia, en los que la función estatal de organizar las elecciones ha sido realizada con apego y respeto a los principios rectores del proceso electoral que salvaguarda el artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora.

Efectivamente, los principios rectores de certeza, legalidad, objetividad e imparcialidad que rigen todo proceso electoral, establecidos en la Constitución Federal de la República, están establecidos de manera similar en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, por lo que esta Comisión, atento a la competencia que le da el Código Electoral Para el Estado de Sonora, procede a formular una valoración del proceso, encontrando en todo momento que todos los contendientes han tenido la oportunidad de acudir ante la autoridad electoral para manifestar lo que a su derecho corresponde, instancias que han observado su desempeño con absoluto apego a derecho, constriñendo su actuación al marco constitucional y legal establecido.

Lo anterior, es verificable por virtud de que en todo momento los partidos políticos tuvieron conocimiento oportuno de la totalidad de los actos aprobados por la autoridad electoral y tuvieron a su alcance la oportunidad de formar parte de todos los actos del proceso; así como de instar a la autoridad, y en su caso, combatir los actos de ésta ante las instancias electorales que fueran competentes.

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora en su artículo 22 establece que: 

“La organización de las elecciones es una función estatal que se ejerce por los Poderes Legislativos y Ejecutivo del Estado, así como por los Ayuntamientos con la con la participación de los partidos políticos y de los ciudadanos, según lo disponga la ley, para lo cual se integrarán los organismos electorales correspondientes. La certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad serán principios rectores en el ejercicio de la función estatal, las sesiones de los organismos públicas en los términos que disponga la ley.

La ley establecerá un sistema de medios de impugnación de los que conocerán los organismos electorales y un Tribunal Estatal Electoral que tendrá la competencia y organización que determine la ley, dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará que los actos y resoluciones se sujeten invariablemente al principio de legalidad”.

La  Sala Superior del Poder Judicial Federal y la doctrina especializada en la materia, como la expresada en el libro “Derecho Procesal Electoral Mexicano” del maestro Flavio Galván Rivera, Pág. 71 de la edición Mc Graw Hill Interamericana Editores S. A. de C. V., en cuanto a la certeza refiere “El significado de este principio radica en que la acción o acciones que se efectúen serán del todo veraces, reales y apegadas a los hechos, esto es, que el resultado de los procesos sean completamente verificables, fidedignos y confiables. De esta forma la certeza se convierte en supuesto obligado de la democracia.”

Esta Comisión considera que este principio indispensable en un proceso democrático fue cumplido, toda vez que los órganos electorales llevaron a cabo todos y cada uno de los actos de preparación y organización del proceso, de modo fehaciente según se aprecia en la documentación que se estudia.

Es posible verificar que el día seis de julio pasado se realizó la jornada electoral, obteniéndose resultados derivados de los cómputos efectuados en las casillas, mismos que fueron verificados por los consejos distritales electorales en presencia y con la participación de los partidos políticos y, en algunos casos, dichos cómputos fueron revisados y ratificados también por el Tribunal Estatal Electoral al conocer y resolver las controversias que respecto a ellos les fueron planteadas. Estos actos otorgan la seguridad de que los actos efectuados en el proceso electoral, son veraces, reales, fidedignos y confiables.

En relación a los principios de objetividad e imparcialidad, el referido Maestro Flavio Galván Rivera los describe como “El quehacer Institucional y personal fundado en el reconocimiento global coherente y razonado de la realidad sobre la que se actúa y consecuentemente la obligación de percibir e interpretar los hechos por encima de visiones y opiniones parciales o unilaterales, máxime si estas pueden alterar la expresión o consecuencia del quehacer Institucional” ; y siendo que el principio de imparcialidad va íntimamente ligado al de objetividad, esta Comisión considera que ambos fueron cumplidos, toda vez de que tal y como queda corroborado, los organismos electorales y como los consejos distritales y municipales electorales, así como los integrantes de las mesas directivas de las casillas, fueron electos y designados de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Código Estatal Electoral, con la participación de los partidos políticos en cuanto a la verificación del cumplimiento de requisitos y procedimientos, prueba de ello es que participaron en todas las etapas de preparación del proceso y no obra en la documentación de la elección ni en la de los paquetes electorales evidencia de lo contrario, además de que en el caso de no haber ocurrido así, los partidos habrían ejercido su derecho a interponer los medios de impugnación correspondientes.

La integración de los organismos electorales y las mesas directivas de casillas, en concordancia a nuestra normatividad electoral, se hizo con toda legalidad y las actuaciones de dichos órganos se apegaron a las reglas de la objetividad, es así porque en cada acto que se valora se aprecia que no existen motivaciones ajenas a la realidad de los hechos, igual acontece con el hecho corroborado de que los organismos electorales emitieron sus acuerdos en base a las facultades que le devienen del Código Estatal Electoral y que en su totalidad fueron realizados con la concurrencia de los partidos y en su mayoría consentidos o avalados por los partidos políticos ya que en los que excepcionalmente estimaron afectados sus derechos acudieron a interponer los recursos ante los propios organismos o en su caso ante el Tribunal Estatal Electoral, mismos que fueron resueltos en su totalidad.

El principio de imparcialidad fue respetado por los órganos electorales al llevar a cabo sus actuaciones sin manifestar preferencia, a favor de algún partido o candidato, sin opiniones parciales o unilaterales que pudieran alterar su quehacer, manteniendo una postura y otorgando un trato similar a todos ellos, ajustándose en todo tiempo a dicho principio. Atento al mandato de ambos principios y verificando su observancia durante el proceso, por su relevancia, es menester hacer las consideraciones pertinentes en cuanto a los siguientes aspectos:

a) Respecto al monitoreo informativo llevado a cabo por la denominada “Gabinete de Estudios Políticos en Medios Electrónicos e Impresos”; que obra en los expedientes enviados a esta soberanía por el Tribunal Estatal Electoral, se puede constatar en principio que, según constancia expedida por el secretario del Consejo Estatal Electoral fechado el 28 de julio del año en curso, “el monitoreo de prensa radio y televisión elecciones Sonora 2003, realizado por la empresa gabinetes de estudios políticos en medios electrónicos e impresos, no fue realizado en virtud de un acuerdo aprobado por el Consejo Estatal Electoral en sesión pública”, es decir, no hay constancia de que hubiera sido contratada por el órgano Consejo Estatal Electoral, no existen elementos para constatar el rigor técnico en su elaboración ni sus fuentes, como se  deriva del dictamen elaborado por la Coordinación Universitaria de Estudios de Opinión Pública y Publicidad de la Universidad de Sonora, signada el 25 de julio del año en curso por el Lic. Francisco A. Cevallos Fernández, así como el de la empresa Quinkhé Consultores en Comunicación según dictamen de fecha 16 de julio de 2003, firmado por los consultores Víctor Mendoza Lambert e Hilario Olea Ruiz.

Al respecto, obra contrato de prestación de servicios profesionales firmado por la Presidenta del Consejo Estatal Electoral y la C. Columba Beatriz Puerto Rodríguez de fecha 15 de abril del año en curso, en donde la referida Columba Beatriz se compromete a proporcionar al Consejo, los servicios profesionales de monitoreo informativo en medios impresos y electrónicos respecto a la cobertura informativa del proceso electoral 2002 – 2003 en la búsqueda de la gubernatura del Estado, con lo que se acredita que esta persona y no el llamado “Gabinete de Estudio Políticos en Medios Electrónicos e Impresos” fue quien exhibió el citado monitoreo, llamando la atención que en el recibo de honorarios profesionales entregado por dicha persona, que obra en autos, hay datos que la acreditan como contador público y que sus recibos corresponden al giro de “despacho contable y de gestoría fiscal” con lo que se deduce que no es una persona cuya actividad profesional esté vinculada a la especialización técnica que se requiere para emitir opiniones en materia de comunicación social.

En efecto, en cuanto al monitoreo de medios, se aprecia que el mismo es una documental privada, que es de autoría desconocida puesto que no está firmado, ni existen elementos para constatar sus fuentes y su materia de estudio se limita sólo a una zona del Estado y toma como referente algunos medios de comunicación (no todos) y a una sola temporalidad del período de campañas. Se arriba a esta convicción a partir de su simple lectura, siendo evidente que conforme a los principios de certeza y objetividad que rigen el proceso, todo acto que afecte al proceso debe ser verificable con toda claridad y contundencia, lo cual impide que el medio probatorio en estudio sea suficiente para crear convicción de la existencia de alguna irregularidad. A mayor abundamiento, según se aprecia en el informe rendido por el Consejo Estatal Electoral, dicho informe no fue materia de una encomienda que realizara el Consejo Estatal Electoral actuando como órgano con la concurrencia de los partidos contendientes ni tampoco fue materia de su análisis en el  seno de dicho órgano.

b) Por lo que respecta a las documentales relativas a Televisora de Hermosillo S.A. de C.V. (TELEMAX) que obran dentro del acervo documental electoral, se aprecia una constancia de fecha 29 de julio signada por el Director General de dicha empresa, en donde se asienta que se instruyó a todas las áreas de la televisora con el fin de dar trato igual y equitativo a todos los partidos en contienda, asignándose a los candidatos a la gubernatura camarógrafos y reporteros para cubrir sus actos proselitistas y en cuanto a la cobertura noticiosa se transmitió siempre en los mismos segmentos para garantizar equidad en el  tiempo y cobertura a todos los partidos políticos que generaran la información respectiva, expresando al detalle la presencia en los programas así como entrevistas de las que se desprende que los candidatos y partidos políticos contaron con apertura en dicho medio informativo, con lo cual no se aprecia desproporción alguna.

Del estudio de los documentos antes citados, esta Comisión aprecia que ninguna de ellas es suficiente para crear convicción, ante éste órgano colegiado, para establecer que se violaron los principios rectores del proceso electoral o la ley.

Por otra parte, obra en poder de este Honorable Congreso, la documentación de todo el proceso de la elección de Gobernador y de ella no se aprecia que hubieren existido actos irregulares que hubiesen ocurrido durante la campaña, puesto que, como quedó asentado, ésta inició a partir del día 16 de marzo del 2003 y concluyó el día 2 de julio del año en curso, fechas en las que los partidos contendientes tuvieron expedito su derecho para acudir ante el Consejo Estatal Electoral a requerir la intervención de dicha autoridad, para que en el caso de que existieran excesos por parte de alguno de los partidos, fuesen disciplinados por la autoridad, encontrando que conforme a la documentación recibida por esta Comisión, existe solo una petición al respecto formulada por el PRD ante la autoridad, sin que obre constancia de que dicho partido hubiese impugnado la actuación que al respecto realizó el órgano electoral,  por lo que haciendo una interpretación sistémica del Código Electoral para el Estado de Sonora, debe entenderse que durante el proceso que se estudia, la totalidad de partidos contendientes tuvieron expedito su derecho para denunciar y accionar contra la actuación de la autoridad y, en términos generales, se abstuvieron de denunciar a algún otro partido respecto de sus actos de campaña por la vía que expresamente le concede el Código Electoral para el Estado de Sonora, previstas en sus artículos 308 en relación al 52, fracciones XXII y XXVII, 375, 376 y 377, entendiéndose, en consecuencia, que tuvieron por consentidos esos actos.  Esto es así, dado que tuvieron el tiempo suficiente para controvertirlos, ya que la campaña no fue un acto que durara un momento sino un amplio período, es decir, del 16 de marzo al 2 de julio de 2003, fecha en la que concluyó.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que las elecciones cuyos cómputos, constancias de validez y mayoría o de asignación, no sean impugnadas en tiempo y forma, se considerarán válidas, definitivas e inatacables, de conformidad con el artículo 199 del Código Electoral en cita.

En este orden de ideas, la Comisión Escrutadora ha encontrado que de conformidad con la documentación que ha tenido a la vista y tomando en consideración que las resoluciones emitidas por el Tribunal Estatal Electoral, respecto de los recursos de queja y reconsideración hechos valer por los diversos partidos políticos que participaron en la elección, son exhaustivas en el análisis de los temas que conforme a la vía en que conocieron correspondía a su ámbito de competencia,  encontrando que el Tribunal Estatal Electoral, a su vez, no encontró elementos para  anular casillas, se traduce en que, jurídicamente, la elección estuvo apegada a derecho y por lo tanto, la elección se puede declarar válida.

Ahora bien, atento al estudio realizado por esta Comisión, es posible concluir que el presente proceso electoral se desarrolló con estricta observancia y respeto a los principios rectores de la materia electoral que la Constitución y la ley establecen.

Encontramos satisfecho el principio de legalidad, que conforme a la doctrina ya señalada “no es otra cosa que el estricto cumplimiento de la normatividad jurídica vigente; la adecuación o fidelidad a la ley en toda la actuación electoral de los ciudadanos, asociaciones, agrupaciones y partidos políticos, pero fundamentalmente de las autoridades electorales, en todos sus órdenes jerárquicos y de competencia “(Flavio Galván, obra citada página 72).

Atento a este principio, toda autoridad y partidos políticos deben constreñir su actuación a la ley, por lo que las impugnaciones que los partidos hagan de todo acto deben hacerse por los medios establecidos en la ley, y si ello no ocurrió así por la inacción del interesado, es atribuible a su propia responsabilidad, por lo que no puede ahora reclamar las consecuencias de su inacción, que en todo caso tenía el deber legal  de reclamar y probar sus asertos y no lo hicieron en el momento oportuno para ello.
 El principio de legalidad fue respetado por toda instancia, porque se aplicó la ley de manera cabal por todas las autoridades y sin desatender a su espíritu en todas y cada una de las etapas del mismo; apreciándose que las autoridades que en él intervinieron lo hicieron de manera transparente, imparcial e independiente, respetando el deber de información integral y permanente, anteponiendo a cualesquier otro interés, el de la democracia y actuando en forma absolutamente autónoma, no existe algún dato que permita pensar lo contrario ni tampoco existe impugnación contra la autoridad que hubiesen formulado los partidos, además de que los actos de la autoridad gozan de la presunción de buena fe y legalidad, salvo prueba en contrario que en el caso no existe. Encontramos también satisfecho el principio de objetividad y certeza en el proceso electoral, porque las constancias del mismo son absolutamente verificables y fidedignas, y particularmente, lo apreciamos en las resoluciones del Tribunal Estatal Electoral, porque dicho principio se satisface con el conocimiento seguro y claro de lo que debe ser y no de lo que las partes interesadas quieren que sea.  

Es de estimarse que se cumplieron a cabalidad las etapas del proceso electoral referidas en el Título IV, Capítulo Único del Código Electoral para el Estado de Sonora, de acuerdo a las disposiciones normativas y al quedar resueltos los medios de impugnación que fueron presentados ante el Tribunal Estatal Electoral por los partidos recurrentes, podemos concluir que ello ocurrió en un marco de legalidad y transparencia garantizado por los organismos electorales y por las resoluciones del Tribunal Estatal Electoral.

Es así como igualmente se acredita el comportamiento independiente e imparcial de las autoridades electorales, que al haberse constreñido a la estricta legalidad de su actuación garantizaron la constitucionalidad a que están obligadas.

En mérito de lo razonado en este considerando, atendiendo al hecho de que se realizaron los actos y actividades transcendentes sobre el desarrollo del proceso electoral estatal apegados a los principios rectores señalados con anterioridad y que el Tribunal Estatal Electoral, en el ejercicio de su competencia, garantizó que los actos y resoluciones se sujetaran invariablemente al principio de legalidad, esta Comisión  considera que debe calificarse como válida y democrática la elección de Gobernador del Estado de Sonora, en virtud que se ha cumplido a cabalidad con los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones correspondientes a la elección en cita y que se han protegido los derechos político-electorales de los ciudadanos del Estado de votar, ser votado y de asociación.

Décimo. En consecuencia, del análisis de las actas de escrutinio y cómputo de las casillas y de las actas levantadas por los consejos distritales electorales en uso de las facultades que les confieren los artículos 168 y 169 del Código Electoral para el Estado de Sonora, y de las resoluciones del Tribunal Estatal Electoral, esta Comisión procede a realizar el cómputo final de la elección de Gobernador del Estado de Sonora, cuyos resultados son los siguientes: