JUICIO DE REVISION CONSTITUCIONAL ELECTORAL

EXPEDIENTE: SUP-JRC-356/2007

ACTORA: COALICIÓN “MOVIMIENTO CIUDADANO”

AUTORIDAD RESPONSABLE: SALA ELECTORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE VERACRUZ

TERCERO INTERESADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

MAGISTRADA PONENTE: MARÍA DEL CARMEN ALANIS FIGUEROA

SECRETARIOS: PAULA CHÁVEZ MATA Y ENRIQUE FIGUEROA ÁVILA

México, Distrito Federal, a diecinueve de diciembre de dos mil siete.

VISTOS para resolver los autos del expediente al rubro indicado, relativo al juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-356/2007, promovido por la Coalición “Movimiento Ciudadano”, a fin de impugnar la resolución dictada el dieciocho de octubre de dos mil siete, por la Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, en el recurso de inconformidad RIN/174/02/029/2007; y,

R E S U L T A N D O

Primero. Antecedentes. De lo expuesto por la coalición actora y de las constancias de autos, se desprende lo siguiente:

I. El dos de septiembre de dos mil siete, tuvo verificativo la jornada electoral en el Estado de Veracruz, a efecto de elegir miembros de los ayuntamientos, entre ellos, el del municipio de Boca del Río, Veracruz.

II. El cinco de septiembre de dos mil siete, el Consejo Municipal de Boca del Río, Veracruz, llevó a cabo el cómputo de la elección indicada, con los resultados siguientes:

En tal sesión, se declaró la validez de la elección y la elegibilidad de la planilla ganadora. Asimismo, se entregó la constancia de mayoría y validez, a la planilla de candidatos registrada por el Partido Acción Nacional.

III. El nueve de septiembre de dos mil siete, Gerardo Nieto Casas, ostentándose como representante de la Coalición “Movimiento Ciudadano” ante el Consejo Municipal Electoral de Boca del Río, Veracruz, interpuso recurso de inconformidad en contra de los resultados, la declaración de validez y el otorgamiento de la constancia de mayoría indicados en el punto anterior.

Dicho medio de impugnación local fue radicado ante la Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con el expediente número RIN/174/02/029/2007.

IV. El dieciocho de octubre de dos mil siete, la Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, dictó sentencia en el expediente precisado con anterioridad, en el sentido siguiente:

PRIMERO. Se declara la nulidad de la votación recibida en las casillas 516 C2, 530 C, 544 C, 564 B, 572 B y 573 C.

SEGUNDO. Se modifican los resultados consignados en El acta de cómputo municipal, para quedar en los términos precisados en el fundamento jurídico sexto de la presente sentencia; misma que sustituye el acta de cómputo mencionada para los efectos legales correspondientes. En consecuencia, se confirma la expedición de la constancia de mayoría y validez de la elección de ayuntamientos, a la fórmula de candidatos del Partido Acción Nacional.

La resolución de mérito fue notificada a la coalición actora, el diecinueve de octubre del año en curso.

Segundo. Juicio de revisión constitucional electoral

El veintitrés de octubre de dos mil siete, Gerardo Nieto Casas, ostentándose como representante de la Coalición “Movimiento Ciudadano” ante el Consejo Municipal de Boca de Río, Veracruz, promovió el presente juicio de revisión constitucional electoral, en contra de la resolución precisada en el punto IV del apartado que precede.

Tercero. Trámite y sustanciación del juicio de revisión constitucional electoral

I. El veinticinco de octubre de dos mil siete, en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior, se recibió el oficio número 3063/2007, de veinticuatro de octubre del mismo año, por el cual, el Magistrado Presidente de la Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, remitió el escrito inicial de demanda de juicio de revisión constitucional electoral, junto con el expediente RIN/174/02/029/2007 y el informe circunstanciado de ley.

II. El veinticinco de octubre de dos mil siete, la Magistrada Presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acordó integrar el expediente SUP-JRC-356/2007 y turnarlo a la ponencia a su cargo para los efectos establecidos en los artículos 19 y 92 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; acuerdo cumplimentado mediante oficio TEPJF-SGA-3800/07, de la misma fecha, emitido por el Secretario General de Acuerdos de esta Sala Superior.

III. El treinta de octubre de dos mil siete, se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior, el oficio número 4013/2007, de veintisiete de octubre del mismo año, a través del cual el Magistrado Presidente de la Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz remitió escrito del Partido Acción Nacional, con carácter, de tercero interesado.

IV. El dieciocho de diciembre de dos mil siete, la Magistrada Electoral encargada de la sustanciación del presente juicio de revisión constitucional electoral, acordó: a) tener por recibido el expediente SUP-JRC-356/2007, radicándolo en la ponencia para su sustanciación y elaboración del proyecto de sentencia correspondiente; b) Reconocer personería al representante de la coalición actora, así como tener por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones y por autorizadas, para tales efectos, a las personas que se indican en su escrito de demanda; c) tener al Partido Acción Nacional como tercero interesado, así como por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones y por autorizadas, para tales efectos, a las personas que menciona en su ocurso; d) tener por satisfechos, para la sustanciación del presente juicio de revisión constitucional electoral, los requisitos generales y especiales de procedibilidad y, en consecuencia, admitir a trámite la respectiva demanda;        e) tener por ofrecidas las pruebas en los diversos escritos tanto de la coalición “Movimiento Ciudadano” como del Partido Acción Nacional, reservando a la Sala Superior proveer, en su caso, sobre su admisión, desahogo y valor probatorio; y, f) en virtud de que no existir trámite alguno pendiente de realizar, declaró cerrada la instrucción, quedando los autos en estado de dictar sentencia; y,

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y la Sala Superior es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación, con fundamento en lo establecido en los artículos 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso b), y 189, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 4 y 87 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en virtud de que se trata de un juicio de revisión constitucional electoral promovido por una coalición en contra de una resolución emitida por la Sala Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la cual es competente para resolver las controversias que surjan durante los comicios locales, en la especie, el recurso de inconformidad mediante el cual se controvirtió el cómputo, resultado, declaración de calidez y la entrega de la constancia de mayoría, correspondiente a la elección del ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz.

SEGUNDO. Causas de improcedencia. Sobre el particular, el partido político tercero interesado aduce en su escrito de comparecencia lo siguiente:

A) Frivolidad y falta de determinancia. El partido compareciente como tercero interesado, aduce que la presente demanda de juicio de revisión constitucional electoral resulta evidentemente frívola e improcedente, por no expresar las razones específicas en las que fundan la razón de su dicho, además de que no combate con precisión los aspectos de la resolución emitida por la Sala Electoral responsable, por lo que dice no existe agravio, pues sólo expresa afirmaciones generales, abstractas, superficiales y pueriles.

En tal sentido, según la tercerista, no es necesario activar el mecanismo de valoración jurisdiccional pues resulta completamente frívola la demanda, dada la forma tan superficial con la que están construidos los agravios y, por tanto, no pueden ser determinantes para el resultado de la elección, siendo aplicable a decir de la ocursante, la tesis de jurisprudencia de rubro “FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE IMPUGNACION. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCION AL PROMOVENTE”.

La causa de improcedencia aludida es infundada, pues con independencia de que tal aseveración sólo constituye una manifestación genérica y subjetiva, se debe precisar que, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 9°, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 60 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, un medio de impugnación resulta frívolo cuando a juicio de esta Sala Superior, sea notorio el propósito del actor de interponerlo sin existir motivo o fundamento para ello o cuando evidentemente no pueda alcanzar su objeto. Es decir, la frivolidad de un medio de impugnación implica que el mismo resulte totalmente intrascendente o carente de sustancia.

Sin embargo, para desechar un recurso o juicio por frivolidad, es necesario que ésta sea evidente y notoria, lo que en el caso concreto no sucede, porque del aludido escrito de demanda se pone de manifiesto que el actor señala hechos y agravios específicos, encaminados a demostrar que, en su concepto, existieron irregularidades en la elección del ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz, que actualizan, según el impetrante, las causas de nulidad de votación recibida en casilla, así como de la elección previstas en el artículo 315, fracciones IV, V y VII, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, además de que debe ser examinada la probable inelegibilidad del candidato propietario postulado por el Partido Acción Nacional, al cargo de Presidente Municipal de dicha localidad .

Por tanto, contrariamente a lo expuesto por el tercero interesado, se concluye que el presente medio de impugnación no puede calificarse como frívolo, pues con independencia de la idoneidad, congruencia y eficacia de sus planteamientos, en el caso bajo estudio no se acreditan los elementos que podrían caracterizar a un recurso frívolo, es decir, dado que este medio de impugnación no puede considerarse como totalmente intrascendente, ligero, pueril, superficial o anodino.

Máxime si se tiene en consideración, como ya se apuntó, que la coalición actora plantea ante esta instancia excepcional y extraordinaria, la pretensión de que se revoque la resolución impugnada y, a su vez, se declare la nulidad de la referida elección y/o se declare la inelegibilidad del candidato triunfador de los comicios respectivos, a lo cual, evidentemente, no se le puede atribuir la presunta frivolidad que invoca la compareciente.

B) Expresión de agravios obscuros. Asimismo, el partido  tercero interesado aduce que los agravios que expresó la coalición en el escrito de demanda son obscuros, al no ser claro el acto o resolución que se impugna, pues de ninguno se advierte qué parte de la sentencia le causa agravio.

Es infundada ya que el acto impugnado es la sentencia  emitida por la sala electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, además que de los agravios formulados no se desprende la parte de la sentencia que le causa lesión, debe decirse que determinar tal cuestión corresponde al estudio de fondo del presente asunto.

Una vez examinado lo anterior y toda vez que este Tribunal Federal no advierte, de oficio, que se actualice causa de improcedencia o sobreseimiento alguna, procede a realizar el estudio de fondo del asunto planteado.

TERCERO. Requisitos de la demanda, presupuestos procesales y requisitos especiales de procedibilidad. El presente medio de impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 7, párrafo 1; 8, párrafo 1; 9, párrafo 1; 13, párrafo 1, inciso a); 86, párrafo 1, y 88, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

a) Oportunidad. El juicio fue promovido oportunamente, toda vez que la resolución impugnada fue notificada a la coalición actora el diecinueve de octubre de dos mil siete, y el escrito de demanda de juicio de revisión constitucional electoral se presentó el veintitrés siguiente, esto es, dentro del plazo legal de cuatro días establecido al efecto. Lo anterior, en la inteligencia de que para el cómputo de dicho plazo se contabilizan los días sábado veinte y domingo veintiuno de octubre del presente año, pues con fundamento en el artículo 185 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en esa entidad federativa se encuentra en curso el proceso electoral ordinario para elegir integrantes del poder legislativo y de los ayuntamientos, por lo que todos los días y horas son hábiles.  

b) Forma. Dicho medio de impugnación se presentó por escrito ante la autoridad responsable, haciéndose constar el nombre de la actora, su domicilio para oír y recibir notificaciones y las personas autorizadas para ello. En el referido ocurso también se identifica el acto combatido y la autoridad responsable; se mencionan los hechos en que se basa la impugnación y los agravios que causan perjuicio; asimismo, se hacen constar tanto el nombre como la firma autógrafa del promovente. 

c) Legitimación y personería. El presente juicio es promovido por una coalición a través de su representante legítimo, quien, además, es la misma persona que interpuso el medio de impugnación local al cual recayó la resolución combatida, según lo manifiesta la autoridad responsable en su informe circunstanciado, lo cual es acorde con lo dispuesto en el artículo 88, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues Gerardo Nieto Casas se trata de la misma persona, que en representación de la coalición actora, interpuso el recurso de inconformidad al cual recayó la resolución que ahora se impugna.

d) Definitividad. En contra de la resolución que ahora se combate no procede algún otro medio de impugnación que debiera agotarse antes de acudir al presente juicio, por tanto, la actora está en aptitud jurídica de promover este último, debido a que en la legislación electoral de esa entidad federativa, no se encuentra previsto algún otro medio de impugnación para combatir el acto cuestionado y, en su caso resulte procedente para revocar o modificar la resolución cuestionada.

e) Violación a algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se cumple también con dicho requisito, en tanto que el actor manifiesta que se violan en su perjuicio los artículos 14, 16, 17, 39, 41 fracción IV, 99 fracción IV, y 116, fracción IV, inciso a), b), c), d), g) y h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, resulta aplicable el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia S3ELJ02/97, de rubro “JUICIO DE REVISION CONSTITUCIONAL ELECTORAL. INTERPRETACION DEL REQUISITO DE PROCEDENCIA PREVISTO EN EL ARTICULO 86, PARRAFO 1, INCISO B), DE LA LEY DE LA MATERIA”[1].

f) Las violaciones reclamadas pueden ser determinantes para el desarrollo del proceso electoral o el resultado final de la elección. Tal requisito se colma en el presente juicio, en virtud de que en la hipótesis de que asistiera la razón a la coalición actora, habría lugar a revocar la resolución impugnada y, a su vez, podría sobrevenir la declaración de nulidad de la elección del ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz, toda vez que el impetrante manifiesta, esencialmente que en 101 (ciento un) casillas, se actualizaron diversas causas de nulidad de la votación recibida en casilla, previstas en el artículo 314 del Código Electoral para el Estado de Veracruz; la presunta actualización de las causas de nulidad de la elección previstas en el artículo 315, fracciones IV y VII, del código de la entidad; así como, por otra parte aduce, que el candidato electo a Presidente Municipal, Miguel Ángel Yunes Márquez, es inelegible en atención a que no cumple el requisito de residencia efectiva previsto por el artículo 69, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave. Cuestiones que, de llegar a acreditarse, evidentemente podrían resultar determinantes para el resultado final de dichos comicios.

g) La reparación solicitada es material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales. Ello es así, porque de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, los miembros de los ayuntamientos tomarán posesión de su cargo el día primero de enero de dos mil ocho, motivo por el cual existe plena factibilidad de que las presuntas violaciones alegadas, en caso de asistir la razón a la coalición impetrante, sean reparadas antes de esa fecha.

CUARTO. Resolución impugnada. Las consideraciones que sustentan la resolución combatida, son las siguientes:

“Antecedentes

I. Sesión de cómputo municipal. El cinco de Septiembre de dos mil siete, el Consejo Municipal Electoral en Boca del Río, Veracruz de Ignacio de la Llave, realizó el cómputo Municipal mismo que arrojó los resultados siguientes:

Al finalizar el cómputo de referencia, el propio Consejo Municipal declaró la validez de la elección y la elegibilidad de la planilla que obtuvo la mayoría de votos Por su parte, la presidenta del referido consejo, expidió la constancia de mayoría y validez de la elección a los candidatos a presidente y síndico propietarios y suplentes registrada por el Partido Acción Nacional.

II. Medio de Impugnación. El 9 de septiembre del año en curso, la coalición “Movimiento Ciudadano” por conducto de Gerardo Nieto Casas, quien se ostentó con el carácter de representante ante el Consejo Municipal Electoral señalado como responsable, promovió recurso de inconformidad en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección de ayuntamiento en el Municipio de Boca del Río, Veracruz.

III. Tramitación. La autoridad señalada como responsable le dio el trámite legal correspondiente al recurso de mérito, y remitió a esta Sala Electoral del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, el expediente que al efecto se formó, así como el informe circunstanciado, en términos de lo dispuesto por los artículos 287 y 288 del Código Electoral del Estado.

IV. Tercero interesado. El once de Septiembre del año en curso, Ramón Tirado Morales, quien se ostentó con el carácter de representante propietario del Partido Acción Nacional, presentó escrito por el que compareció como tercero interesado, en el juicio de mérito a fin de hacer valer su interés en la subsistencia del acto impugnado.

V. Radicación y Turno. El trece de septiembre del presente año, a las 15:21 horas la Oficialía de Partes de esta Sala Electoral recibió el oficio IEV/CM/17/2007 con la documentación que integra el expediente, el cual se registró en el libro de gobierno, respectivo, por lo que se dio cuenta al Magistrado Presidente de la Sala, quien en términos de los artículos 289 y 291 del código electoral de la entidad, en fecha dieciocho de septiembre del año en curso ,acordó formar el expediente en el que se actúa, ordenando su radicación y turno al Magistrado Ponente para los efectos previstos en el párrafo cuarto del artículo 290 del Código Electoral para el Estado, registrándose bajo el número RIN/174/02/029/2007.

VI. Diligencias. En virtud de que del análisis de las constancias integradas en autos se desprendía la necesidad de realizar una diligencia de desahogo de prueba técnica, mediante acuerdo de fecha dieciséis de octubre del año en curso, la cual consiste en la reproducción de discos compactos; misma que fue desahogada por el personal actuante de esta Sala Electoral con fecha diecisiete de octubre del corriente año, y cuyo contenido corre glosado al expediente en que se actúa.

VII. Admisión. Por auto de diecisiete de octubre del año que transcurre, el Magistrado instructor acordó tener por formado el expediente, admitido los medios de impugnación y, una vez que se encontraba debidamente sustanciado, declaró cerrada la instrucción, con lo que quedó el juicio en estado de dictar sentencia, la cual se funda jurídicamente en los siguientes:

Fundamentos Jurídicos.

Primero. Competencia. Esta Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia, de Veracruz de Ignacio dé la Llave, es competente para conocer y resolver el presente recurso de inconformidad, por haberse promovido durante la etapa de resultados y declaración de validez de las elecciones, en contra de actos correspondientes a la elección de ayuntamiento, realizado por el Consejo Municipal Electoral de Boca del Río, Veracruz. Lo anterior con fundamento en los artículos 66 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz, 48, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; y los diversos 269, 273, 274 y 275 del Código Electoral; del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Segundo. Improcedencia invocada. Previo al estudio de fondo de todo asunto, procede determinar si en la especie se actualiza alguna causal de improcedencia, cuyo examen resulta oficioso y preferente, por tratarse de una cuestión de orden público, tal como lo establece la tesis relevante emitida por la Sala Regional Toluca, identificada bajo la clave ST005.3 EL4/2000, visible en la página C.SR.14, Tomo II de la compilación de Jurisprudencia y Tesis Relevantes, Tercera Época, primera edición, Septiembre de 2000, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente:

‘CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. SU ESTUDIO ES PREFERENTE’. (Se transcribe).

La improcedencia se define como la situación jurídica que impide admitir la demanda e iniciar el juicio, o una vez admitido estudiar el fondo de la controversia planteada, debido al incumplimiento de uno o más requisitos de procedibilidad legalmente establecidos; puede referirse a los sujetos de la relación sustancial, al objeto de la controversia o a los requisitos formales que deben contener los escritos de demanda.

En ese orden de ideas y analizadas las constancias procesales que se glosan en autos, el partido Acción Nacional tercero interesado, ni la autoridad responsable invocan causal de improcedencia alguna, ni esta Sala advierte la actualización de alguna de ellas; por tanto, procede el estudio de fondo del asunto.

Tercero. Actos impugnados. El promovente mediante el recurso de inconformidad controvierte los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección de ayuntamiento en el Municipio de Boca del Río, Veracruz, como ha quedado precisado en el antecedente primero.

Cuarto. Agravios esgrimidos. En su escrito recursal, la accionante, coalición “Movimiento Ciudadano” manifiesta lo siguiente:

Agravios:

Previo al debido desglose de los agravios que se desarrollarán en la presente demanda de recurso de inconformidad, es pertinente precisar que para un mejor manejo técnico en la estructura de la misma, en una primera parte se abordarán las irregularidades acontecidas en las casillas, y que se considera se actualizan causales específicas de nulidad de manera individual, consecuentemente la causal genérica. Así, dentro de la misma primera parte se abordarán irregularidades acontecidas durante los procesos internos de selección interna de candidatos, previo al registro constitucional de candidatos, durante las campañas electorales y en la jornada electoral y después de la misma, con él objeto de acreditar la causal abstracta de nulidad de la elección de Ayuntamiento en el Municipio de Boca del Río, Veracruz.

En ese sentido, se pretende evidencia de la primera parte de la  demanda la acreditación de irregularidades graves que constituyen violaciones sustanciales a los principios rectores de la función electoral, y que fueron cometidas de manera sistemática por el Partido Acción Nacional, su candidato a presidente municipal y funcionarios públicos municipales, y qué una vez acreditadas se solicita a ese órgano jurisdiccional electoral, se declare la nulidad de la elección de ayuntamiento en el Municipio de Boca del Río, Veracruz, con fundamento en los artículos 315, fracciones IV, V y VII y 316, del Código Electoral para el Estado de Veracruz.

De esa manera, en la segunda parte del escrito de demanda se esgrimirán argumentos adminiculados con diversos elementos probatorios, tendientes a demostrar que el ciudadano Miguel Ángel Yunes Márquez, no cumple con los requisitos constitucionales y legales para desempeñar el cargo de Presidente Municipal de Boca del Río, Veracruz, consecuentemente, deberá ser declarado inelegible para desempeñar el citado cargo.

Parte I. Inciso “A”. Causales especificas de nulidad de casillas.

Primero. Causan agravio a la coalición que represento, los hechos ocurridos en las casillas que se enunciarán los subsecuentes párrafos, a través de cuadros, mismos que podrán sistematizar el estudio de las mismas, por parte de este órgano jurisdiccional, ya que dentro de las mismas acontecieron hechos que actualizan de manera clara causales de nulidad, de conformidad con el artículo 314, del Código Electoral para el Estado de Veracruz.

La fuente de agravio lo constituyen los resultados consignados en las actas de escrutinio y cómputo de la votación recibida en las casillas 536 básica, 567 contigua, 568 básica, 576 contigua 1, 573 contigua 1, 573 contigua 2, 572 básica, 564 básica, 557 contigua, 556 básica, 544 contigua, 544 básica, 552 contigua 2, 516 básica, contigua 1 y 2, 520 contigua 1, 521 básica, 530 básica, 510 contigua, 514 contigua 2, 515 básica, 492 básica, 493 básica, 497 básica, 500 básica, 507 contigua, 509 contigua, 509 básica, 506 contigua 2, 506 básica, 515 básica y contigua, 522 contigua, 523 básica, 527 especial, 521 básica y contigua, 523 contigua, 555 básica, 558 contigua, 560 contigua, 566 básica y contigua, 567 contigua, 569 contigua, 577 contigua 3, 586 básica, 493 básica, 495 básica, 517 básica, 524 básica, 528 básica, 530 básica, 531 básica, 532 básica, 534 básica, 535 básica, 537 contigua, 540 contigua 1, 544 contigua, 556 básica, 562 contigua 2, 561 contigua 2, 565 contigua, 569 básica y contigua, 575 básica, 580 contigua, 582 básica y contigua, 586 básica, 585 básica 578 básica 579 básica, 582 básica, 577 contigua 2, 577 básica, 575 básica, 578 básica, 570 contigua 2, 571 contigua 2, 553 básica, 556 básica, 561 básica, 552 contigua, 551 básica, 531 contigua, 535 básica, 537 contigua, 539 básica, 531 básica, 530 básica, 529 contigua 2, 529 contigua, 527 contigua, 523 contigua, 511 contigua 2, 512 básica, 512 contigua, 514 contigua 2, 516 básica, 516 contigua 2, 518 básica, 518 contigua, 511 contigua, 510 básica, 509 contigua, 506 contigua 2, 506 contigua 1, 506 básica, 505 contigua, 504 básica, 502 básica, 500 contigua, 500 básica, 499 básica, 498 básica, 496 contigua, 496 básica, Casilla 495 contigua, 495 básica, 494 contigua, 494 básica, 493 básica, 492 contigua, 493 contigua, 505 contigua, 508 básica, 508 contigua 2, 510 contigua, 514 contigua, 514 contigua (sic) 519 contigua, 522 contigua 2, 529 contigua 2, 540 básica, 551 contigua, 544 básica, 562 contigua 2, 569 contigua, 578 básica y 586 especial. Instaladas para la celebración de la jornada electoral el pasado 2 de septiembre del presente año, en el Municipio de Boca del Río, Veracruz.

Disposiciones Legales Violadas. Lo constituyen los artículo 67, fracción I, inciso a), de la Constitución del Estado de Veracruz, 251; y 314 fracciones V, VI, IX y XI del Código Electoral del Estado de Veracruz.

Conceptos de Violación. Causan agravio a la coalición que represento, los hechos ocurridos en las casillas que se enunciarán en el siguiente concentrado, el cual podrá sistematizar el estudio de las mismas por parte de este órgano jurisdiccional, ya que en dichas casillas actuaron como funcionarios ciudadanos que no estaban autorizados por el Instituto Estatal Electoral del Estado de Veracruz para recibir la votación el día 2 de septiembre de 2007; se presiono el sufragio libre de los ciudadanos que acudieron a votar el día de la jornada electoral, asimismo se aprecia un evidente error o dolo en el cómputo de votos y en los resultados asentados en las actas de escrutinio y cómputo, finalmente, se (sic) el Consejo Municipal Electoral dejó de observar el procedimiento de cómputo al que esta obligado a cumplir cabalmente,  tales  hechos  propiciaron  que  la votación recibida en estas casillas se afectara de nulidad, de conformidad a los preceptos jurídicos contemplados el artículo 67, fracción I, inciso a), de la Constitución del Estado de Veracruz; 251 y 314 fracciones V, VI, IX y XI del Código Electoral del Estado de Veracruz.

Causan agravio a la coalición que represento, los hechos ocurridos en las casillas que se enunciarán en el siguiente concentrado, el cual podrá sistematizar el estudio de las mismas por parte de este órgano jurisdiccional:

En este mismo sentido procedo a realizar el estudio individualizado por causal de las casillas impugnadas en el presente agravio como a continuación se aprecia:

A) Realizar, sin causa justificada, el escrutinio y cómputo en local diferente al determinado por la autoridad electoral.

Se impugna la votación recibida en la casilla 536 básica, en razón de que, las mismas se realizo el cómputo en un lugar diverso al autorizado por la autoridad electoral, sin causa justificada.

Efectivamente, el Código Electoral del Estado de Veracruz prevé que:

‘Artículo 314’. (Se transcribe).

Es el caso que, como puede acreditarse de las actas de cómputo, que por su carácter resultan ser documentales públicas y surten plenos efectos probatorios, el cómputo de la votación recibida en la casilla que se impugna fue realizado en lugar diverso al autorizado por la autoridad electoral.

Esto es, la anterior circunstancia propicia que esta autoridad considere la nulidad de la votación recibida en esta casilla, fundamentalmente, cuando se destaca que dentro del sistema de nulidades previsto en la norma electoral, la realización del cómputo correspondiente, sin causa justificada, en lugar diverso al autorizado, constituye por sí solo, acto que atenta contra los principios constitucionales de certeza y legalidad que deben prevalecer en los actos electores, sobre todo cuando se advierte que dicha causal no esta condicionada a la determinancia del resultado de la votación, es decir, este hecho no esta condicionado a que la diferencia entre el que haya obtenido el triunfo en la casilla y el segundo lugar de la votación resulte determinante para el resultado de la votación, sino que basta con que esta condición se dé, conforme a la hipótesis normativa, para que la misma surta sus plenos efectos y, consecuentemente, esta autoridad decrete la nulidad de la votación recibida en la casilla aludida.

A mayor abundamiento, la nulidad de la votación que debe ser decretada en este caso, se circunscribe a que basta con acreditar, como en este supuesto lo es, que las casillas se instalaron, sin causa justificada, en diverso lugar al autorizado y que el cómputo de las mismas se surte en las causales de nulidad previstas en los párrafos primero y quinto, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación Electoral del Estado.

Uno de los factores que salvaguarda la (sic) Código es que debe procurarse, ante todo, la observancia a los principios rectores de certeza y legalidad de una elección, por tanto, si ello es así, es claro que la actuación ilícita, aun consentida por los integrantes de la mesa, debe ser señalada y, consecuentemente, sancionada, que en la especie se traduce en la declaración de la nulidad de la votación recibida en la casilla donde se propició la irregularidad que pone en duda la certeza de la votación, máxime cuando, cabe recordarlo, existen criterios, de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que establecen que aún los actos consentidos por los integrantes de un órgano electoral, incluyendo los representantes, no pueden sobreponerse al principio de legalidad que debe regir en todas y cada una de las actuaciones o emisión de resoluciones, realizadas o ejecutadas por lo órganos electorales, aún en tratándose de mesas directivas de casillas.

Se impugna la votación recibida en las casillas precisadas en este apartado ya que fueron instaladas en un lugar diverso al autorizado por la autoridad electoral.

El artículo 218 del Código Electoral del Estado de Veracruz, establece que: (Se transcribe).

Por su parte el artículo 220, prevé: (Se transcribe).

De lo anterior podemos concluir:

Que las casillas (sic) electorales deben ser instaladas en los lugares autorizados por el Instituto Estatal Electoral;

Que solo se puede cambiar de domicilio si se actualiza una causa justificada de conformidad al Código Electoral;

Que este cambio de domicilio debe ser asentado en el acta de la jornada electoral en el apartado de la instalación, circunstancia que no ocurrió en estas casillas.

Ahora bien, del domicilio de las mesas directivas de casillas impugnadas se desprenden las siguientes irregularidades:

Como se demuestra en el cuadro anterior en la casilla mencionada, fue realizado el cómputo en un lugar diverso al señalado por la autoridad.

Lo anterior resulta grave dado que no se garantizó el que los ciudadanos votaran libremente, pues al cambiar las casillas injustificadamente, provoca la confusión de los ciudadanos y por ende impidió que los ciudadanos votaran libremente, pues esa Sala Uniinstancial (sic) se dará cuenta que la votación recibida en estas casillas en por debajo del porcentaje promedio de participación.

Por lo anterior, pido se anule la votación en las casillas impugnadas, de conformidad al siguiente criterio de jurisprudencia:

‘INSTALACIÓN DE CASILLLA, QUÉ DEBE ENTENDERSE POR CONDICIONES DIFERENTES A LAS ESTABLECIDAS POR LA LEY. (Legislación de Baja California Sur)’. (Se trascribe).

B) Recepción de la votación por personas u órganos distintos a los facultados por el código electoral.

Se impugna la votación recibida en las casillas 536 básica, 567 contigua, 568 básica, 576 contigua 1, 573 contigua, 573 contigua 2, 572 básica, 564 básica, 557 contigua, 556 básica, 544 básica, 552 contigua 2, 516 básica, contigua 1 y 2, 520 contigua 1, 521 básica, 493 básica, 497 básica, 500 básica, 507 contigua, 509 contigua, 509 básica en razón de que la votación recibida en las casillas precisadas distintos a los facultados por la autoridad electoral, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 134, fracción V, del Código Electoral del Estado de Veracruz.

De acuerdo a lo dispuesto por el Código Electoral del Estado, las mesas directivas de casilla son los organismos que tienen a su cargo la recepción, escrutinio y cómputo, del sufragio ciudadano en las secciones en que se divide el territorio del Estado. Como autoridad electoral, son responsables durante la jornada electoral de cumplir y hacer cumplir las leyes aplicables, de respetar y hacer respetar la libre emisión y efectividad del voto; garantizar el secreto del mismo y asegurar la autenticidad del escrutinio y cómputo.

Por su parte, el artículo 196, del mismo ordenamiento, establece que las mesas directivas de casilla se integran por un presidente, un secretario, un escrutador y tres suplentes generales designados por el Consejo Municipal Electoral, quienes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 195, segundo párrafo, de dicho código, deberá ser ciudadanos residentes en la sección respectiva, en ejercicio de sus derechos políticos, que sepan leer y escribir.

Asimismo, se advierte que, atentos a lo previsto en las fracciones I y IV, del artículo 219, del código que se consulta, toda sustitución de funcionarios debe recaer en electores que se encuentren presentes en la casilla en espera de votar e inscritos en la lista nominal de la sección; y en ningún caso podrán recaer los nombramientos en los representantes de los partidos políticos o coaliciones.

De igual manera y de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 314, fracción IV, del Código Electoral, para que se actualice esta causa de nulidad deberá acreditarse que la votación se recibió por personas y organismos distintos a los facultados conforme al Código Electoral.

De esta manera, se desprenderse de las actas de la jornada electoral y del acta final de escrutinio y cómputo correspondiente a las casillas citadas, la votación fue recibida y contabilizada, por funcionarios que no estaban autorizados por el órgano electoral y mucho menos por el Código Electoral.

Efectivamente, la fracción V, del artículo 314, del Código Electoral del Estado de Veracruz, establecen que:

Por su parte el artículo 219, del Código Electoral vigente, prevé: (Se transcribe).

De lo anterior podemos concluir:

Que únicamente los ciudadanos nombrados como funcionarios de mesa directiva de casilla, de entre ellos, son quienes pueden llevar a cabo los trabajos de instalación y apertura de la votación;

Que el presidente es quien anuncia el inicio de la votación, asentando en el acta los incidentes que se susciten en dicha instalación.

Que los ciudadanos que fueron insaculados como funcionarios de mesas directivas de casillas, pueden ser suplidos, únicamente, por alguno de los ciudadanos que hayan sido insaculados y designados como suplentes o bien por algún elector que se encuentre en la casilla para emitir su voto.

Es evidente que los ciudadanos nombrados son quienes están autorizados por el órgano electoral y cuyo nombramiento incluso sale publicado.

Es evidente que los ciudadanos nombrados son quienes están autorizados por el órgano electoral y cuyo nombramiento incluso sale publicado.

Ahora bien, de los integrantes de las mesas directivas de casillas impugnadas se desprende las siguientes irregularidades:

De los datos que se obtienen, se hacen las estimaciones siguientes:

En las casillas los ciudadanos quienes fungieron como funcionarios respectivamente en las casillas que se mencionan impugnan, no se encontraron estos ciudadanos en el listado nominal de su sección; toda vez que para ser funcionario de casilla se deben cumplir ciertos requisitos, entre ellos, los establecidos en el artículo 195, del Código Electoral, que señala:

No reuniendo estos ciudadanos una características, ya que no se encuentran sus nombres en las listas nominales de las secciones respectivas, siendo esto una irregularidad grave, pues al ser estos ciudadanos ajenos a la sección en la que fungieron como funcionarios de casilla, trae como consecuencia la actualización de la causal invocada y como resultado la anulación de casillas, reforzando esto con el criterio de la Sala Superior en la Tesis Relevante SEL 019/97, que dice:

‘SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL’. (Se trascribe).

En tal sentido, es de señalarse que, en principio, los ciudadanos que integraron estas mesas directivas de casilla no estaban facultados para instalar, abrir la casilla, recibir la votación, cerrar la votación y menos aún para llevar a cabo el escrutinio y cómputo de los votos.

Lo anterior, no sería problema si se hubiere designado a algún ciudadano de los formados entre la fila, pero que pertenecieran a la sección electoral respectiva y no a ciudadanos ajenos a la comunidad, de esta manera los ciudadanos que no estaban autorizados por el órgano electoral fungieron como tal para instalar, abrir la votación, recibir y, posteriormente, cerrar la misma, así como para realizar el escrutinio y cómputo de los sufragios.

Es decir, dichos ciudadanos, no pueden considerarse legalmente facultados para realizar las veces de funcionario de la mesa ni aún por designación, ya que muchos de ellos como a quedado señalado, contaban con impedimento legal en virtud de ser representantes partidistas y no pertenecían a la sección electoral, lo que equivale, indudablemente, a decretar la nulidad de la votación recibida.

Adicionalmente a lo anterior, es de destacarse que la irregularidad, incluso de la integración de la mesa directiva, se presenta cuando se advierte que en la instalación se realiza sin que para ello se haya respetado lo establecido en los supuestos previstos por el artículo 219 del Código Electoral del Estado, en donde subsistía dos obligaciones: una, la relativa a asentar en el acta los incidentes o hechos que para tal efecto hayan acontecido en la integración e instalación de la casilla y, otra, la de que su integración, en cualquier caso, se debía hacer con ciudadanos que estaban en espera de emitir su sufragio; es decir; el acta de la jornada no menciona la justificación o el motivo que llevó a la sustitución de los funcionarios que originalmente estaban autorizados; hechos que fueron debidamente encubiertos por el presidente de la mesa.

En esas condiciones, resulta jurídicamente procedente decretar la nulidad de la votación recibida en las casillas impugnadas, dado que la misma fue recibida por personas y órganos distintos a los facultados por la ley de la materia.

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ha establecido lo siguiente:

‘RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMETNE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR)’. (Se trascribe).

Cabe destacar que en el caso concreto de esta causal, basta con que se acredite, como en la especie sucede, que existió la recepción de la votación por personas distintas a las autorizadas para proceder a la anulación correspondiente, sin que para ello se requiera que exista el factor de determinancia para el resultado final de la elección.

Para el caso que nos ocupa, como se desprende de los hechos narrados en el hecho correlativo al presente concepto de agravio, se acredita plenamente que en estas casillas actuaron funcionarios no autorizados por la ley para hacerlo; y en consecuencia realizaron las actividades de: Instalar y clausurar la casilla; recibir la votación; efectuar el escrutinio y cómputo de la votación; y permanecer en la casilla desde su instalación hasta su clausura, actualizándose la causal de nulidad prevista en la fracción V, del Código Electoral del Estado de Veracruz.

Pues, dependiendo del cargo que sustituyeron, realizaron las funciones que el Código encomienda a los diferentes funcionarios.

A fin de robustecer los argumentos vertidos anteriormente cito textualmente diversas Jurisprudencias del extinto Tribunal Federal Electoral, así como de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación:

‘RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS FACULTADOS POR EL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, CASO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD’. (Se transcribe).

‘RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCI{ON ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (Legislación de Baja California Sur y similares)’. (Se transcribe).

Por último, a efecto de demostrar los argumentos desarrollados en el presente numeral, me permito adjuntar al presente medio de impugnación las actas de la jornada electoral de las casillas en las que se presentaron las irregularidades de las que me duelo, en las cuales se puede advertir con toda puntualidad, las personas que no se encontraban autorizadas por el Consejo Distrital correspondiente. Dichos documentos públicos deberán ser cotejados con el encarte y el listado nominal de cada casilla que igualmente me permito proporcionar a ese H. Tribunal.

En virtud de las consideraciones vertidas en el cuerpo del presente agravio, esa Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado deberá declarar la nulidad de la votación recibida en las casillas que por el presente apartado se combate.

C) Haber mediado dolo o error en el cómputo de los votos.

Se impugna la votación recibida en las casillas 521 básica y contigua, 523 contigua y 566 contigua, en razón de que la votación recibida en las casillas error o dolo en el computo de los votos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 134, fracción VI, del Código Electoral del Estado de Veracruz.

Esta causal tutela el principio de certeza que debe existir respecto resultado obtenido en casilla, garantizando que éste refleje con fidelidad la voluntad de los electores que sufragaron.

El artículo 229 del Código Electoral del Estado, establece que el escrutinio y cómputo es el procedimiento, por el cual los integrantes de cada una de las mesas directivas de casilla, determinan: a) el número de electores que votó en la casilla; b) el número de votos emitidos a favor de cada uno de los partidos políticos o candidatos; c) el número de votos anulados por la mesa directiva de casilla; y, d) el número de boletas sobrantes de la elección.

Los artículos 230, 231, 232 y 233, del ordenamiento en consulta, señalan el procedimiento para efectuar el escrutinio y cómputo de casilla, lo que debe entenderse por voto nulo, concluido el escrutinio y el cómputo de las casillas, se levantará el acta correspondiente para cada elección, la que deberán firmar, todos los funcionarios y representantes de los partidos políticos o coaliciones, que actuaron en la casilla, pudiéndolo hacer estos últimos, bajo protesta.

De las disposiciones en comento, se puede concluir que sancionar la inexacta computación de los votos, tutela el valor de la certeza respecto del resultado electoral obtenido en casilla, garantizando que éste refleje con fidelidad la voluntad de los electores que sufragaron. Ahora bien, los supuestos normativos que se deben acreditar para que se decrete la nulidad de la votación, conforme lo dispuesto por el artículo 134, fracción VI, del (sic) en Materia Electoral, son: (Se transcribe).

En cuanto al primer supuesto, debe precisarse que por “error” debe entenderse cualquier idea o expresión río conforme con la verdad o que jurídicamente implica la que tenga diferencia con el valor exacto ausencia de mala fe.

Por el contrario, el “dolo” debe ser considerado como una conducta simulación, o mentira, por lo ya que de lo contrario, debe ser que lleva implícita el engaño, fraude, la que deberá ser acreditado plenamente, y partirse de la idea de un posible error por parte de los funcionarios de la mesa directiva de casilla.

Del análisis preliminar de las constancias de las actas finales de escrutinio y cómputo y demás material electoral como las listas nominales, actas de instalación y cierre de casillas, todas ellas documentales públicas que por su propia y especial naturaleza se les concede pleno valor probatorio.

Con el objeto de apreciar con claridad la existencia de algún error en la computación de votos y evaluar si dicho error es determinante para el resultado de la votación, se presenta un cuadro comparativo en que, con relación a todas y cada una de las casillas cuya votación se impugna por la causal de nulidad en estudio, se precisan los datos numéricos siguientes:

En la columna identificada bajo el número 1, se hace referencia a la cantidad de boletas recibidas para la elección que se impugna, y que comprende aquellas que se entreguen al presidente de la casilla para recibir la votación de los ciudadanos inscritos en la lista nominal y adicional, así como las que corresponden a los representantes de los partidos políticos o coaliciones acreditados ante la casilla; dato que se obtiene del apartado correspondiente del acta de la jornada electoral o, en su caso, de los recibos de documentación y materiales electorales entregados al presidente de la casilla.

En la columna señalada con el número 2, se hace referencia a la cantidad de boletas sobrantes, que son aquellas que, al no ser usadas por los electores el día de la jornada electoral, fueron inutilizadas por el secretario de la mesa directiva de casilla, dato que se toma del apartado respectivo del acta de escrutinio y cómputo.

En la columna que se identifica con el número 3, se consigna la cantidad que resulta de restar a las boletas recibidas las boletas sobrantes, y que se infiere representa el número de boletas que fueron utilizadas por los electores para emitir su voto en la casilla, razón por la cual, dicha cantidad servirá de comparativo con las anotadas en los subsecuentes tres rubros de la tabla, con los que guarda especial relación.

Así en la columna señalada bajo el número 4, se anota el total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal; mientras que, en la columna número 5, se precisa el total de boletas depositadas en la urna y que son aquellas que fueron encontradas en la urna de la casilla; cantidades que se obtienen de los recuadros respectivos del acta de escrutinio y cómputo.

En la columna identificada con el número 6, se anotan los resultados de la votación, cantidad que se obtiene de sumar los votos emitidos a favor de cada partido político o coalición, los relativos a los candidatos no registrados, así como los votos nulos, de acuerdo con los datos asentados en el acta de escrutinio y cómputo respectiva.

En la columna A, se indica la cantidad que corresponde al a diferencia numérica que los votos obtenidos por los partidos políticos o coaliciones que ocuparon el primer y segundo lugar de la votación de la casilla respectiva. Dicha cantidad resulta de deducir al partido político o coalición que obtuvo la votación mas alta, la que corresponde al segundo lugar, tomando como base las cifras anotadas en el apartado respectivo del acta de escrutinio y cómputo.

En la columna marcada con la letra B.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el siguiente criterio:

‘ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN’. (Se transcribe).

Uno de los factores que salvaguarda la ley electoral local, es que debe procurarse, ante todo, la observancia a los principios rectores de certeza y legalidad de una elección, por tanto, si ello es así, es claro que la actuación ilícita, aun consentida por los integrantes de la mesa, debe ser señalada y, consecuentemente, sancionada, que en la especie se traduce en la declaración de la nulidad de la votación recibida en casilla donde se propició la irregularidad que pone en duda la certeza de la votación, máxime cuando existen criterios, incluso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que establecen que aún los actos consentidos por los integrantes de un órgano electoral, incluyendo los representantes, no puede sobreponerse al principio de legalidad que debe regir en todas y cada una de las actuaciones o emisión de resoluciones, realizadas o ejecutadas por los órganos electorales, aún tratándose de mesas directivas de casillas.

‘ACTAS ELECTORALES. LA FIRMA SIN PROTESTA DE LOS  REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS  POLÍTICOS  NO CONVALIDA VIOLACIÓN LEGAL ALGUNA’. (Se transcribe).

Como se desprende de las casillas antes señaladas, las actas de escrutinio y cómputo no existe coincidencia o congruencia con valores idénticos entre los apartados relativos al número de boletas entregadas a la casilla, entre al total de ciudadanos que votaron conforme al listado nominal, el total de boletas extraídas de la urna y el total que deriva de la suma de votos emitidos por los partidos contendientes, más el número de boletas sobrantes e inutilizadas.

No obstante lo anterior, una vez que el total de las impugnaciones presentadas en cada uno de los treinta distritos electorales uninominales del Estado de Veracruz se hayan sometido a la consideración de esa máxima autoridad jurisdiccional electoral local, por lo que resulta determinante de manera cuantitativa y cualitativa en el resultado de la elección, ya que al haber sido denunciadas tales irregularidades durante el desarrollo del proceso electoral y afectar una porción representativa dé la votación recibida en casilla, reflejan la falta de certeza que prevalece en los resultados de cada una de las actas de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo de las casillas que ahora se impugnan, constituyéndose en una violación grave a los principios rectores de certeza, objetividad, legalidad, imparcialidad e independencia consagrados en la materia por el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El error en las casillas contabilizadas en el cómputo de los votos causan un perjuicio directo a la coalición que represento no sólo por cuanto al error aritmético que las mismas consignan, sino además porque este hecho se suma a la serie de elementos que se abordan en el presente escrito como parte de las irregularidades que deberá valorar la autoridad jurisdiccional, por encontrarse plenamente acreditadas en actuaciones a través de las documentales públicas consistentes en las actas de escrutinio y cómputo de dichas casillas, que resultan graves pues trascienden en el resultado de la votación de la elección de Ayuntamiento en el Municipio de Boca del Río Veracruz, y que no fueron reparadas durante la jornada electoral ni en las actas de escrutinio y cómputo, por lo que ponen en forma evidente ponen en duda la certeza de la votación recibida en casilla.

Dentro de los principios fundamentales debe destacarse, entre otros, el sufragio universal, libre, secreto y directo; la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, el establecimiento de condiciones de equidad, así como el control de la constitucionalidad.

Efectivamente, la causal de nulidad especifica consistente en la existencia de errores numéricos en las actas de las casillas previamente identificadas debe ser concatenado a los principios de constitucionalidad y legalidad que debe guardar una elección a efecto de considerarse democrática, pues como el propio Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación ha sostenido, si alguno de los principios fundamentales en una elección es vulnerado de manera grave, sistemática o que de cualquier forma impida la posibilidad de tenerlo como satisfecho cabalmente, consecuentemente, se pondrá en duda la certeza o legitimidad de los comicios no son aptos para surtir sus efectos legales y, por tanto, procede considerar actualizar la causa de nulidad correspondiente.

Ahora bien, como podrá advertir este Tribunal Electoral, de los anteriores datos contenidos en las actas de cómputo de la casilla, se arrojan diversas incongruencias que permiten aseverar, a la luz del razonamiento jurídico y aritmético, que existe dolo o error en el cómputo de los votos, por las siguientes consideraciones:

Como podrá desprenderse de las actas de escrutinio y cómputo, no existe coincidencia o congruencia con valores idénticos entre los apartados relativos al número de boletas entregadas a la casilla, frente al total de ciudadanos que votaron conforme al listado nominal, el total de boletas extraídas de la urna y el total que deriva de la suma de votos emitidos por los contendientes, más el número de boletas sobrantes e inutilizadas.

En tales condiciones, es evidente que al no coincidir con valores idénticos o equivalentes, primero entre sí los rubros relativos al total de ciudadanos que votaron conforme al listado nominal, el total de boletas extraídas de la urna y el total que deriva de la suma de votos emitidos por los partidos contendientes; segundo, entre la suma de estos más las boletas sobrantes; y, finalmente, comparándolos con las boletas entregadas en la casilla para la elección, es que este órgano jurisdiccional debe proceder a la anulación de la casilla en mención.

Atento a lo anterior, es que al actualizarse la hipótesis prevista en el inciso VI, del artículo 134, del Código Electoral del Estado de Veracruz, es que debe anularse la correspondiente casilla, a efecto de con ello se repare el daño causado a mi representado.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial dé la Federación en el siguiente criterio:

‘ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS, CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN (Legislación de Zacatecas)’. (Se trascribe).

Uno de los factores que salvaguarda la ley electoral federal, es que debe procurarse, ante todo, la observancia a los principios rectores de certeza y legalidad de una elección, por tanto, si ello es así, es claro que la actuación ilícita, aun consentida por los integrantes de la mesa, debe ser señalada y, consecuentemente, sancionada, que en la especie se traduce en la declaración de la nulidad de la votación recibida en la casilla donde se propició la irregularidad que pone en duda la certeza de la votación, máxime cuando, cabe recordarlo, existen criterios, incluso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que establecen que aún los actos consentidos por los integrantes de un órgano electoral, incluyendo los representantes, no pueden sobreponerse al principio de legalidad que debe regir en todas y cada una de las actuaciones o emisión de resoluciones, realizadas o ejecutados por los órganos electorales aún en tratándose de mesas directivas de casilla.

‘ACTAS ELECTORALES. LA FIRMA SIN PROTESTA DE LOS REPRESENTATES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NO CONVALIDA VIOLACIÓN LEGAL ALGUNA’. (Se transcribe).

D) Permitir sufragar sin credencial para votar o permitir el voto a aquellos cuyo nombre no aparezca en la lista de electores.

Conforme a lo dispuesto por los artículos 3 y 4 del Código Electoral del Estado, tendrán derecho de voto, los ciudadanos que tengan credencial de elector y estén anotados en la lista nominal, en pleno uso de sus derechos civiles; estableciéndose como obligación ciudadano inscribirse en el padrón electoral y verificar que su nombre aparezca en la lista nominal; tener credencial para votar con fotografía; votar en la casilla de la sección que corresponda a su domicilio, salvo las excepciones que establece la propia legislación electoral del Estado.

Los artículos 175 y 176 del ordenamiento electoral invocado, indican, la lista nominal de electores, es la relación de ciudadanos que han solicitado si inscripción en el padrón electoral y que han recibido su credencial de electoral (sic) con fotografía, elaborada por el Registro de Electores, agrupadas por distrito y sección, a quienes se ha expedido y entregado su credencial para votar, y por este documentos se entiende aquel que es expedido y entregado por el Registro Federal de Electores, indispensable para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto.

Como se ha dejado asentado y conforme con lo previsto por los artículos 175 y 176, del Código Electoral del Estado de Veracruz, y en relación al artículo 223, fracción III, del propio Código mencionado se establece que para que los electores ejerzan su derecho de votar, deberán exhibir su credencial para votar y estar inscritos en la lista nominal correspondiente a la sección de su domicilio, destacándose también que existen casos de excepción en las personas que pueden emitir su sufragio sin contar con credencial para votar o sin estar inscritos en la lista nominal.

No obstante lo anterior, no debe dejarse a un lado lo señalado por los artículos 207, 223 y 224, señalan que como excepción a esta hipótesis normativa a la presente causal, el hecho que los representantes voten en las casillas que fueron acreditados, sin embargo no debe pasarse por alto el principio de certeza, puesto que, si bien es cierto que, presupone el hecho de que los representantes voten, también es cierto que, presupone el hecho de que estos representantes voten en la casilla que fueron acreditados siempre y cuando cumplan con el presupuesto de contar con credencial de electora y estar inscritos en la lista nominal.

Lo anterior, debido a que resultaría total y absolutamente inverosímil el hecho de que ciudadanos que no corresponden a la sección, pero más aun, a la comunidad o Municipio que esta eligiendo a sus representantes voten cuando no viven en ella.

Esto es así, debido a que el principio de la representación se basa en que la ciudadanía elige a su representante para que este vele por los intereses, necesidades, mejore sus condiciones de vida en el aspecto económico y social en fin que busque el progreso y desarrollo de su entorno, pues estas razones son las que hacen que se identifiquen como una comunidad.

De esta manera, resultaría ilegitimo la validez de unos votos que en primer lugar provienen de ciudadanos que no son de la comunidad y que ni siquiera conocen el entorno social del Municipio; que no están inscritos en la lista nominal de la sección electoral; que tienen un clara filiación partidista y que es evidente que es hacia el partido que representaron.

Lo anterior se afirma, puesto que resultaría tan ilógico que en el caso hipotético de que en una elección ningún representante perteneciera al Municipio, resultaría que el candidato que acreditara a estos ciudadanos como sus representantes tendría una ventaja con tantos votos irregulares de cómo representantes acredite puesto que estos pueden votar.

De conformidad a una interpretación sistemática y funcional garante de los principios de certeza, legalidad y transparencia y equidad previstos en nuestra Carta Magna y en la Constitución del Estado de Veracruz, el legislador, señaló esta excepción sobre la base de que los ciudadanos que acudían a votar debía estar inscritos en el listado nominal, pues de lo contrario bastarte registrar a un ciudadano como representante para que de forma automática obtuviera el derecho de votar sin ser de la sección o peor aun del Municipio.

En ese sentido, a continuación se transcriben las casillas en las que se presentó esta irregularidad en el Municipio de Boca del Río, Veracruz, no sin antes señalar que, aun cuando ello, solo representa un voto o tres potencialmente pues se puede sustituir el representante con los suplentes en la casilla; representa una irregularidad generalizada durante la jornada electoral que no es reparable en un número importarte de casillas electorales lo que se traduce en un número mayor afectando el principio de certeza:

585 básica, 578 básica, 579 básica, 582 básica, 577 contigua 2, 577 básica, 575 básica, 568 básica, 570 contigua 2, 571 contigua 2, 553 básica, 556 básica, 561 básica, 552 contigua, 551 básica, 531 contigua, 535 básica, 537 contigua, 539 básica, 531  básica, 530 básica, 529 contigua 2, 529 contigua, 527 contigua, 523 contigua, 511 contigua 2, 512 básica, 512 contigua, 514 contigua 2, 516 básica, 516 contigua 2, 518 básica, 518 contigua, 511 contigua, 510 básica, 509 contigua, 506 contigua 2, 506 contigua 1, 506 básica, 505 contigua, 504 básica, 502 básica, 500 contigua, 500 básica, 499 básica, 498 básica, 496 contigua, 496 básica, 495 contigua, 495 básica, 494 contigua, 494 básica, 493 básica, 492 contigua, 493 contigua, 505 contigua, 508 básica, 508 contigua 2, 510 contigua, 514 contigua, 514 contigua (sic), 519 contigua, 522 contigua 2, 529 contigua 2, 540 básica, 551 contigua, 544 básica, 562 contigua, 578 básica y 586 especial.

E) Se impugna la negativa para la procedencia de la apertura de paquetes por errores evidentes y alteración en los paquetes electorales.

Existen mecanismos posteriores al escrutinio y cómputo tendientes a garantizar la certeza e inviolabilidad de los datos contenidos en el acta respectiva, pues, se levanta una acata original y copias autógrafas al carbón, en las cuales quedan asentadas, de la misma forma que en el original, los resultados de la votación, pues debe tenerse en cuenta que no son reproducciones hechas con posterioridad, sino que su producción es simultánea al original, e incluso refleja las particularidades del original, como podrían ser sesgos, tachaduras, enmendaduras y otros signos que denoten o revelen algún rasgo o peculiaridad en el llenado, lo cual constituye un sistema fácil y práctico previsto en la legislación para obtener documentos con el mismo contenido de manera expedita, sin necesidad de grandes esfuerzos o algún mecanismo de reproducción mediante alguna técnica especial.

Sobre la base de lo señalado, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenida, reiteradamente, criterio en el sentido de que las copias autógrafas al carbón de las actas levantadas en la casilla el día de la jornada electoral merecen pleno valor probatorio, en tanto que el artículo 14, apartado 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, considera a dichas copias autógrafas al carbón como actas oficiales de la mesa directiva de casilla y, consecuentemente, documentos públicos con pleno valor probatorio, en términos del artículo 16, apartado 2, de la ley en cita.

Este criterio se ha sostenido en las resoluciones dictadas en los expedientes SUP-JRC- 209/2000, SUP-JRC-194/2000, SUP-JRC-295/2000, SUP-JRC-306/200, SUP-JRC-519/2000, SUP-JRC-099/2004, SUP-JRC-140/2004, SUP-JRC-79/2005 y acumulados, entre otros.

En tal orden de cosas, cuando las actas de escrutinio y cómputo cumplen a cabalidad todas las formalidades esenciales y en ellas no se advierte incongruencia o irregularidades, tales documentos públicos tienen valor probatorio pleno y deben considerarse definitivos jurídicamente.

Sin embargo, en la medida que el acta no contenga alguna de las formalidades apuntadas, especialmente cuando presenten inconsistencias entre los datos numéricos relativos a boletas recibidas, bolates sobrantes e inutilizadas, número de votantes conforme al a lista nominal, así como la votación total emitida, compuesta por la suma de votos a favor de partidos políticos, coaliciones o candidatos no registrados, así como los votos nulos, el documento disminuye ese grado óptimo de certeza conferido por la ley como documento publico y. por tanto, su valor, que debía ser pleno, no obstante, el sistema legal ofrece todavía un nuevo mecanismo para que recobre esa plenitud.

En efecto, además de todas las garantías que tienden a avalar la certeza de que los resultados electorales reportados en las actas de escrutinio y cómputo de las mesas directivas de casilla corresponden fielmente a la voluntad expresa por los ciudadanos toda vez que tales mesas directivas han desaparecido, en el mismo Código Electoral se prevé otro procedimiento posterior, encaminado a fortalecer la certeza, mediante la depuración de las inconsistencias que en su caso hubiera en las actas de escrutinio y cómputo y, en último caso, con la exclusión de la votación afectada en cada casilla.

En efecto, el artículo 251 del Código Electoral, prevén los actos que deben realizar los consejos distritales del Instituto Electoral, en la fase posterior a la de la jornada electoral tales actos son:

‘Artículo 251’. (Se transcribe).

Las formalidades previstas para la recepción, deberían tender a que en la custodia y salvaguarda de los paquetes electorales, se asegure el cómputo de la elección que a partir del tercer día siguiente al de la jornada electoral se realizará por esos consejos municipales, se efectuará sobre la base real de los resultados obtenidos en cada casilla.

Así las cosas según lo establece el artículo 248 del Código Electoral, el miércoles siguiente al día de la jornada electoral, a los consejos municipales les corresponden efectuar el cómputo de la votación para ayuntamientos.

En esta etapa de resultados electorales se hace patente la importante responsabilidad que tienen los consejos municipales, ya que al realizar el cómputo, a dichos órganos les corresponde ejercer dos funciones esenciales: la primera consiste en concentrar y sumar los resultados obtenidos en las casillas, sobre la base de los resultados asentados en las actas de escrutinio y cómputo levantadas en las mesas directivas de casilla cuyo original, por disposición de la propia ley, debe constar en el paquete electoral, y los resultados de dicha acta obren en poder del presidente del consejo. La segunda función consiste en depurar las alteraciones de actas, la falta de éstas y los errores o inconsistencias, respecto de los resultados de la votación levantados en casilla.

De acuerdo con el artículo 248 citado, el cómputo municipal de la es (sic) el resultado de sumar las cifras obtenidas en cada casilla y se asentará en el acta correspondiente a esta elección.

La definición anterior parte del principio ontológico o manera ordinaria de ser de las cosas, pues efectivamente lo lógico y esperado es que en las actas de escrutinio y cómputo de casilla estén asentados, adecuada y correctamente, los datos obtenidos de la votación recibida por los funcionarios que integraron cada mesa electoral, pues como se ha explicado, en su elaboración confluyen una serie de requisitos o elementos coordinados para que así sea.

De esa manera, el cómputo está concebido para que simplemente se sumen las obtenidas de cada acta de escrutinio y cómputo. Sin embargo, el legislador no omitió considerar que a pesar de las formalidades establecidas para preservar la certeza surgen circunstancias susceptibles de frustrar el propósito, por lo que dentro del procedimiento previsto para llevar a cabo ese computó previo los mecanismos legales para superar las inconsistencias, mediante la fijación de la hipótesis en que la autoridad electoral, en ejercicio de una verdadera e importante labor de depuración, y con el fin de alcanzar la mayor certeza y transparencia, pueda corregir esas inconsistencias, en último extremo, con el recuento de la votación recibida en las casillas con datos incorrectos.

Al efecto, el artículo 251, el cual prevé el procedimiento que se debe seguir para la realización de todas las elecciones.

Destaca que dicho procedimiento se lleva acabo siempre con la presencia de los representantes de los partidos políticos, quienes tienen derecho de voz durante toda la sesión. Ese procedimiento es el siguiente:

(Insertar fracción I al VIII Artículo 251).

Por las medidas de segundad que la propia legislación establece para proteger la certeza de la votación, lo común es que en la sesión de cómputo se contabilice la votación sobre la base del cotejo y suma de los resultados mencionados; sin embargo, en virtud de la importancia que tiene la existencia de certeza y transparencia en los mismos, ya se dijo, que la propia ley establece los casos de excepción en los que los consejos se encuentran facultados para realizar, de nueva cuenta, el escrutinio y cómputo de la votación recibida en casilla, no obstante la presunción de validez que goza el escrutinio y cómputo realizado por los funcionarios de la mesa directiva de casilla, todo ello con el afán de recuperar cualquier inconsistencia que exista en relación con dichos resultados.

Ahora bien, las hipótesis normativas que deben actualizarse para la nueva realización del escrutinio y cómputo de la votación recibida en casilla son: 1. Que los resultados de las actas no coincidan, 2. Que se detecten alteraciones evidentes, aptas para generar duda fundada sobre el resultado de la elección en la casilla, 3. Que no exista acta en el expediente ni en poder del presidente del consejo, y 4. Que existan errores evidentes en las actas.

Los supuestos mencionados en los puntos, 2 y 4 se encuentran previstos en el artículo 251 citado. En estos casos la propia disposición establece el imperativo de que basta que se presente cualquiera de ellos, para que el congreso correspondiente esté obligado, de oficio, a realizar de nueva cuenta el escrutinio y cómputo.

Este imperativo encuentra su justificación racional, en la circunstancia de que los tres supuestos atañen, precisamente, a la certeza de los resultados de la votación, pues en el primero de los casos existe la incertidumbre de cuál de los datos asentados en las actas es el que corresponde a la realidad.

En el segundo caso, porque la alteración de las actas rompe la certeza del contenido del documento, ya que ésta, por sí misma, implica la posibilidad de que exista un cambio de esencia o forma, así como un daño o perturbación, lo que genera incertidumbre con relación a lo que asentado en ese documento corresponda efectivamente con la realidad.

En el tercer supuesto, porque se: está en presencia de la falta de elementos para conocer cuál fue la voluntad de la ciudadanía al emitir su voto, en virtud de que no existe documento que represente esa voluntad.

El supuesto en estudio, constituye la cuarta hipótesis en que procede realizar nuevo escrutinio y cómputo por parte del Consejo. Al respecto la normativa dispone que: ‘Cuando existan errores o alteraciones evidentes en las actas, el Consejo Municipal podrá acordar realizar nuevamente el escrutinio y cómputo en los términos señalados en la fracción anterior’.

Según el Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición, la palabra error tiene, entre otros significados, los siguientes; que al caso interesan: 1.Concepto equivocado o juicio falso, y 2. En física y matemática: Diferencia entre el valor medido o calculado y el real.

De acuerdo con la misma fuente, el adjetivo evidente significa “Cierto, claro, patente y sin la menor duda”.

Tomando en cuenta que en un acta de escrutinio y cómputo, preponderantemente lo que se asienta son números, relacionados con los votos obtenidos por los partidos políticos, entonces, la expresión “errores evidentes en las actas” tiene que entenderse referida a los elementos ahí asentados.

De esa manera, conforme a su definición gramatical, para estar en condiciones de establecer la existencia de un error entre el número o cifra que representa un conjunto de cosas y ese conjunto de cosas, a fin de determinar si existe una correspondencia, es decir, si el número representa en realidad al conjunto representado.

No obstante, la interpretación sistemática y funcional del artículo en mención, en donde se establecen los datos que se deben asentar en las actas de escrutinio y cómputo levantadas por la mesa directiva de casilla, así como su forma de obtención, revela que el concepto error empleado en la primera de las disposiciones citadas no se agota con el significado y extensión asignado a ese vocablo en el lenguaje ordinario y en los diccionarios, sino que se le dota de una significación especial y propia, con la cual se hace referencia a cualquier diferencia numérica que resulte de la comparación de los datos asentados en el acta de escrutinio y cómputo levantada en la casilla electoral, es decir, entre cantidades que se encuentran legalmente destinadas a tener una relación aritmética de plena correspondencia, en aplicación de los principios lógicos elementales, apreciable o percibido con una simple operación aritmética de sumar o restar, como es el caso del resultado de deducir al número de boletas entregadas en la casilla, el número de boletas sobrantes e inutilizadas, pues este resultado lógicamente debe corresponder con el número de ciudadanos que fueron a votar anotados en la lista nominal y éste, a su vez con el de votos depositados en la urna, en consideración a que cada ciudadano introduce un solo voto para cada elección, y los tres anteriores (boletas entregadas a los votantes, número de votantes y boletas depositadas en la urna) deben ser idénticos a la suma de los votos correspondientes a cada partido político o coalición, más los votos nulos y de candidatos no registrado que en conjunto se suele denominar votación total emitida, toda vez que esta última es la distribución entre los distintos conceptos indicados de la totalidad de los votos de los electores, consignados en las boletas empleadas en la casilla y depositados en la urna.

En estas condiciones, si el sistema está diseñado con este conjunto aritmético y lógico de datos en las actas de escrutinio y cómputo, resulta claro que el error a que se refiere el artículo aludido, deriva de la falta de correspondencia exacta entre los datos destinados de antemano a coincidir, pues sólo de esta manera resulta posible la aplicación en la realidad, del supuesto de la norma, relativo a la existencia de errores evidentes en el contenido del acta.

Es decir, a lo que se refiere la ley es a una operación comparativa de datos en los rubros para verificar su correlación aritmética y lógica, o la falta de ella, a partir de la documentación con que cuenta el Consejo, y sólo en caso de que tal verificación advierta alguna inconsistencia, incongruencia o irregularidad en las cifras o datos relacionados con la votación recibida en la casilla respectiva, deberá considerarse actualizado el error evidente, por lo que procederá la realización de nuevo escrutinio y cómputo.

De esa manera, un error en las actas de escritorio y cómputo se actualiza cuando existe alguna diferencia en cualquiera de los rubros que en dicha acta deben llenarse con los números correspondientes, que en modo alguno corresponden con la realidad, por ejemplo, cuando haya diferencia en rubros que, por sus números, al compararlos con otro u otros datos, necesariamente tuvieran que coincidir y diferir.