JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL.

EXPEDIENTE: SUP-JRC-115/2010.

ACTORES: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, COALICIÓN MEGAALIANZA TODOS POR QUINTANA ROO Y COALICION MEGAALIANZA TODOS CON QUINTANA ROO.

AUTORIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO.

MAGISTRADO PONENTE: CONSTANCIO CARRASCO DAZA.

SECRETARIOS: OMAR OLIVER CERVANTES Y LAURA ANGÉLICA RAMÍREZ HERNÁNDEZ.

México, Distrito Federal, a veintisiete de mayo de dos mil diez.

VISTOS, para resolver los autos del juicio de revisión constitucional electoral identificado al rubro, promovido por el Partido de la Revolución Democrática, la coalición Megaalianza Todos por Quintana Roo y la coalición Megaalianza Todos con Quintana Roo, contra el “Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por medio del cual se da cumplimiento al punto Resolutivo Segundo con relación a lo dispuesto en el Considerando Undécimo, en su numeral número 2, de la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de fecha veintinueve de abril de dos mil diez, dictada en los expedientes SUP-JRC-59/2010 y su acumulado SUP-JRC-65/2010.”, aprobado en sesión extraordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo el uno de mayo de dos mil diez; y

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. De lo narrado por el partido actor y de las constancias que obran en autos, se desprende lo siguiente:

1. Publicación del Decreto 184 de la XII Legislatura de Quintana Roo. El veintisiete de noviembre de dos mil nueve, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, el Decreto 184, emitido por la XII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, mediante el cual, entre otras cosas, se reformó el artículo 117 de la Ley Electoral de Quintana Roo, estableciéndose que los procesos electorales ordinarios darán inicio el dieciséis de marzo del año que corresponda.

2. Aprobación del Decreto 198. El diez de diciembre de dos mil nueve, la XII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, aprobó el Decreto 198, mediante el cual se reformaron los artículos segundo y tercero transitorios, del Decreto 100 emitido por la misma Legislatura, el cual fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el once de diciembre de dos mil nueve. En este Decreto, se estableció que de conformidad con la Ley Electoral de Quintana Roo, el proceso electoral ordinario local para renovar Gobernador, Diputados a la Legislatura local, y miembros de los Ayuntamientos, daría inicio el dieciséis de marzo de dos mil diez.

3. Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por medio del cual se aprueba la convocatoria para designar a consejeros presidentes, consejeros electorales, y vocales de los consejos distritales y municipal, juntas distritales y municipal ejecutivas del instituto durante el proceso electoral ordinario local dos mil diez. El diez de febrero de dos mil diez, el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, en sesión ordinaria aprobó, entre otras cosas, el “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA LA CONVOCATORIA PARA DESIGNAR A CONSEJEROS PRESIDENTES, CONSEJEROS ELECTORALES, Y VOCALES DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPAL, JUNTAS DISTRITALES Y MUNICIPAL EJECUTIVAS DEL INSTITUTO PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL DOS MIL DIEZ”.

4. Juicio de revisión constitucional electoral. Inconformes con lo anterior, el doce de febrero de dos mil diez, Jazmín Simental Franco y Jaime Miguel Castañeda Salas, quienes se ostentaron, respectivamente, como representante propietario y suplente del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, promovieron vía per saltum juicio de revisión constitucional electoral. Dicho asunto se radicó con la clave SUP-JRC-010/2010 y fue resuelto por esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el cinco de marzo del año que transcurre, en el sentido siguiente:

“… R E S U E L V E

PRIMERO. Se determina la inaplicación al caso concreto de la última parte del artículo 62 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, exclusivamente por lo que se refiere a la exigencia de la residencia distrital en relación a la integración de los Consejos Distritales de menor número, encargados de la elección de ayuntamientos, en los municipios de Benito Juárez y Othón P. Blanco, para los efectos precisados en esta ejecutoria.

SEGUNDO. Se modifica, en la parte impugnada, el Acuerdo por el que se aprueba la convocatoria para designar consejeros presidentes, consejeros electorales y vocales de los consejos distritales y municipal y juntas distritales y municipal ejecutivas para el proceso electoral ordinario local de dos mil diez, para quedar en los términos precisados en el Considerando Sexto de la presente resolución.

TERCERO. Se ordena al Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo hacer del conocimiento público la modificación ordenada en la presente ejecutoria.

CUARTO. La responsable deberá informar a esta Sala Superior sobre el cumplimiento que dé a la presente sentencia, dentro de las veinticuatro horas siguientes.

QUINTO. Infórmese a la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo relativo a la facultad de inaplicación ejercida por esta Sala Superior en este caso concreto.”

5. Cumplimiento de la ejecutoria SUP-JRC-010/2010. En cumplimiento a la ejecutoria SUP-JRC-010/2010, el seis de marzo de dos mil diez, el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, en sesión ordinaria aprobó el Acuerdo por medio del cual se modificó la Base Segunda de la Convocatoria precisada en el numeral 3 que antecede.

6. Recepción de solicitudes y documentación. El Instituto Electoral de Quintana Roo, por conducto de la Dirección de Organización, del quince al veintisiete de febrero del año en curso, llevó a cabo en los nueve Municipios del Estado de Quintana Roo, la recepción de solicitudes, así como de la documentación respectiva, correspondientes a los ciudadanos aspirantes a Consejeros Presidentes, Consejeros Electorales, propietarios y suplentes, de los Consejos Distritales y Municipal, así como Vocales de las quince Juntas Distritales y Municipal Ejecutivas, para el proceso electoral ordinario local dos mil diez.

7. Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por medio del cual se aprueba la ampliación del plazo para la recepción de solicitudes. El veintiséis de febrero de dos mil diez, el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, en sesión extraordinaria emitió un acuerdo, el cual se intituló: “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, POR MEDIO DEL CUAL SE DETERMINA AMPLIAR EL PLAZO PARA LA RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE LOS ASPIRANTES A LOS CARGOS DE CONSEJOS PRESIDENTES, CONSEJEROS ELECTORALES, Y VOCALES DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPAL, JUNTAS DISTRITALES Y MUNICIPAL EJECUTIVAS DEL INSTITUTO PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL DOS MIL DIEZ”.

8. Publicación de los folios de los aspirantes que cumplieron los requisitos de la convocatoria. El dieciséis de marzo de dos mil diez, se publicó en diversos medios impresos locales del Estado de Quintana Roo –“Diario de Quintana Roo”, “Respuesta”, “La verdad”, “El Quintanarroense” y “El Periódico”, página de Internet del Instituto, así como en sus Estrados- una lista que contenía únicamente los números de folio de los aspirantes, que según dicho del demandante, la autoridad responsable estimó que cumplieron con los requisitos establecidos en la convocatoria ya precisada.

9. Celebración de las etapas de capacitación, entrevista y examen de conocimientos. Los días diecinueve, veinte y veintiuno de marzo del año en curso, se llevaron a cabo, respectivamente, la celebración de las etapas de capacitación, entrevista y examen escrito de conocimientos a los aspirantes a Consejeros Presidentes, Consejeros Electorales, propietarios y suplentes, de los Consejos Distritales y Municipal, así como a Vocales de las Juntas, Distritales y Municipal Ejecutivas, para el proceso electoral ordinario local dos mil diez.

10. Proceso de calificación de las evaluaciones. En sesión celebrada el veintidós de marzo de dos mil diez, la Junta General del Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo, calificó las evaluaciones de los aspirantes a integrar los órganos desconcentrados del citado ente electoral local.

11. Sentencia dictada en el SUP-JRC-48/2010. El siete de abril del presente año se dictó sentencia en el juicio de revisión constitucional electoral 48/2010, promovido por el Partido de la Revolución Democrática en contra de las determinaciones de diversas autoridades electorales de Quintana Roo mediante las cuales se negó al referido partido político tanto el acceso a los nombres y los expedientes de los aspirantes a consejeros presidente, consejeros distritales y vocales de los consejos y juntas distritales y municipales, para el proceso electoral de dos mil diez, como la acreditación de determinados ciudadanos como observadores del proceso de designación mencionado.

En la referida sentencia esta Sala Superior decidió sobreseer en el juicio por lo que hizo a la negativa de acceso a los nombres y los expedientes de los aspirantes, por haber quedado sin materia, al haber sido atendida dicha solicitud posteriormente en sus términos y confirmó la determinación de negar la solicitud del partido actor de acreditar a determinados ciudadanos como observadores del proceso de designación.

12. Elaboración del listado de todos los aspirantes. El treinta de marzo siguiente, la Junta General del Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo, procedió a elaborar el listado por distrito electoral y Municipio con todos los nombres de los aspirantes a ser designados como integrantes de los órganos desconcentrados del Instituto durante el proceso electoral local ordinario dos mil diez.

13. Acuerdo del Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo por medio del cual se designan a los ciudadanos que integrarán los órganos desconcentrados del Instituto. El treinta y uno de marzo de dos mil diez, el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, aprobó el “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, POR MEDIO DEL CUAL SE DESIGNAN A LOS CIUDADANOS QUE OCUPARAN LOS CARGOS DE CONSEJEROS PRESIDENTES, CONSEJEROS ELECTORALES, PROPIETARIOS Y SUPLENTES, DE LOS QUINCE CONSEJOS DISTRITALES Y EL CONSEJO MUNICIPAL, ASÍ COMO A LOS VOCALES DE LAS QUINCE JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS Y DE LA JUNTA MUNICIPAL EJECUTIVA, DURANTE EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL DOS MIL DIEZ”, el cual se identificó con la clave IEQROO/CG/A-039-10.

14. Juicio de Revisión Constitucional Electoral. Inconforme con el mencionado acuerdo, el tres de abril de dos mil diez Alejandra Jazmín Simental Franco, en representación del Partido de la Revolución Democrática promovió, ante la responsable, per saltum, juicio de revisión constitucional electoral, el que fue radicado en esta Sala en el expediente identificado como SUP-JRC-59/2010.

15. Juicio de Revisión Constitucional Electoral. Por acuerdo dictado por la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, el dieciséis de abril de dos mil diez, se integró el expediente identificado con la clave SUP-JRC-65/2010 y mediante proveído de diecisiete de abril del año en curso, el Magistrado Instructor radicó y admitió el medio de impugnación y tuvo por rendido el informe circunstanciado de la responsable.

16.- Resolución del SUP-JRC-59/2010 y del SUP-JRC-65/2010. El veintinueve de abril de dos mil diez se dictó sentencia, en la que se resolvió lo siguiente:

“PRIMERO. Se acumula el expediente correspondiente al SUP-JRC-65/2010, al diverso SUP-JRC-59/2010, en consecuencia glósese copia certificada de la presente resolución al primer expediente citado.

SEGUNDO. Se modifica el acuerdo impugnado en los términos y para los efectos precisados en el último considerando de esta resolución.

TERCERO. Se ordena al Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo que facilite el acceso y entregue la información solicitada a la representante del Partido de la Revolución Democrática, en los términos precisados en el último considerando de esta resolución.”

17. Cumplimiento de la ejecutoria SUP-JRC-59/2010 y su acumulado SUP-JRC-65/2010. En cumplimiento a la ejecutoria antes citada, el uno de mayo de dos mil diez, el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, en sesión extraordinaria aprobó el “Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por medio del cual se da cumplimiento al punto Resolutivo Segundo con relación a lo dispuesto en el Considerando Undécimo, en su numeral número 2, de la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de fecha veintinueve de abril de dos mil diez, dictada en los expedientes SUP-JRC-59/2010 y su acumulado SUP-JRC-65/2010.”.

 Ese acuerdo fue notificado al actor el uno de mayo del año en curso.

II. Juicio de Revisión Constitucional Electoral.

 1. Inconforme, Alejandra Jazmín Simental Franco, ostentándose representante ante el Consejo General del Instituto electoral de Quintana Roo, del Partido de la Revolución Democrática, de la Coalición Megaalianza Todos por Quintana Roo y la coalición Megaalianza Todos con Quintana Roo, mediante escrito presentado el cuatro del actual ante la autoridad responsable, promovió juicio de revisión constitucional electoral contra el acuerdo citado en el resultando anterior.

2. Recibidas en la Sala Superior las constancias respectivas, por acuerdo de siete de mayo del presente año, el Magistrado Presidente por Ministerio de Ley ordenó turnar el expediente a la Ponencia del Magistrado Constancio Carrasco Daza para la sustanciación del juicio y la elaboración del proyecto de sentencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 92, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; proveído cumplimentado por el Secretario General de Acuerdos mediante oficio TEPJF-SGA-1376/10.

3. El Magistrado Instructor, al advertir que se cumple con los requisitos de procedibilidad, admitió a trámite la demanda y agotada la instrucción la declaró cerrada, quedando los autos en estado de dictar sentencia.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y la Sala Superior es competente para conocer y resolver este asunto, conforme a lo previsto en los artículos 41, párrafo segundo, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 186, fracción III, inciso b), y 189, fracción I, inciso d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 86 y 87, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un medio de impugnación promovido por un partido político nacional contra un acuerdo dictado por un instituto electoral estatal relativo a la integración de sus órganos para el proceso electoral local de dos mil diez, en el cual se elegirán tanto gobernador como diputados locales y ayuntamientos.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 9/2010, aprobada por esta Sala Superior, en sesión pública celebrada el treinta y uno de marzo de dos mil diez, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:

“COMPETENCIA. CORRESPONDE A LA SALA SUPERIOR CONOCER DE LAS IMPUGNACIONES DE ACTOS DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS ELECTORALES ESTATALES, RELATIVOS A LA EMISIÓN O APLICACIÓN DE NORMAS GENERALES.—De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 189, fracciones I, inciso d), XIII y XVI, 195, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el numeral 87, párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se advierte que la distribución de competencias establecida por el legislador, para las Salas del Tribunal Electoral, con el objeto de conocer de los juicios de revisión constitucional electoral, dejó de prever expresamente a cuál corresponde resolver sobre la impugnación de actos o resoluciones relacionados con la emisión o aplicación de normas generales de las autoridades administrativas electorales de las entidades federativas, que no estén vinculados, en forma directa y específica, con una determinada elección; en consecuencia, a fin de dar eficacia al sistema integral de medios de impugnación en la materia, garantizando el acceso pleno a la justicia, y en razón de que la competencia de las Salas Regionales en el juicio                                                                                                                                                                                                                                                               de revisión constitucional electoral está acotada por la ley, debe concluirse que la Sala Superior es la competente para conocer de aquellos juicios.”

SEGUNDO. Per saltum. En la especie, el per saltum solicitado por el partido actor, se encuentra justificado conforme a lo siguiente.

En los artículos 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como 86, apartado 1, incisos a) y f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral se establece que el juicio de revisión constitucional electoral sólo procede contra actos y resoluciones definitivas y firmes, por lo que se exige el agotamiento de todas las instancias previas establecidas en la ley, en virtud del cual se puedan haber modificado, revocado o anulado.

Al respecto, esta Sala Superior ha sostenido que el principio de definitividad, rector del juicio de revisión constitucional electoral, se cumple cuando se agotan previamente a la promoción de aquél, las instancias que reúnan las dos siguientes características: a) que sean las idóneas, conforme a las leyes locales respectivas, para impugnar el acto o resolución electoral de que se trate, y b) que conforme a los propios ordenamientos sean aptas para modificar, revocar o anular a éstos.

En ese orden de ideas, la exigencia de agotar las instancias previas tiene como presupuesto que éstas sean idóneas, aptas, suficientes y eficaces para alcanzar las pretensiones de los justiciables en el pleno uso y goce del derecho presuntamente violado, pues sólo de esta manera se da cumplimiento a la máxima constitucional de justicia pronta, completa y expedita, además de otorgar racionalidad a la cadena impugnativa, en tanto que, para estar en aptitud de acudir a un órgano de jurisdicción excepcional y extraordinaria, los justiciables debieron acudir previamente a medios de defensa e impugnación viables.

Asimismo, este órgano jurisdiccional ha considerado que cuando el agotamiento previo de los medios de impugnación, se traduzca en una amenaza seria para los derechos sustanciales que son objeto del litigio, porque los trámites de que consten y el tiempo necesario para llevarlos a cabo puedan implicar la merma considerable o hasta la extinción del contenido de las pretensiones o de sus efectos o consecuencias, entonces debe tenerse por cumplido el requisito en cuestión.

Sirve de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias S3ELJ 23/2000 y S3ELJ 09/2001, consultables en las páginas 79-80 y 80-81 de la compilación oficial “Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005”, tomo Jurisprudencia, cuyos rubros son: “DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA CONSTITUYEN UN SOLO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DEL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL” y “DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA. SI EL AGOTAMIENTO DE LOS MEDIOS IMPUGNATIVOS ORDINARIOS IMPLICAN LA MERMA O EXTINCIÓN DE LA PRETENSIÓN DEL ACTOR, DEBE TENERSE POR CUMPLIDO EL REQUISITO”, respectivamente.

En el caso, se advierte que el proceso de selección de Consejeros Presidentes, Consejeros Electorales, propietarios y suplentes, de los Consejos Distritales y Municipal, así como Vocales de las quince Juntas Distritales y Municipal Ejecutivas, para el proceso electoral ordinario local dos mil diez, ha concluido, pues se han llevado a cabo las etapas de capacitación, examen escrito de conocimientos y designación, y toda vez que los órganos desconcentrados del Instituto Electoral de Quintana Roo deben estar debidamente integrados a fin de hacer frente a las cargas de trabajo que implican las etapas del proceso comicial, que formalmente dio inicio el dieciséis de marzo de dos mil diez, y la instalación de los órganos desconcentrados del Instituto Electoral de Quinta Roo se debe llevar a cabo hasta la primera semana del mes de abril del año de la elección, acorde a lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo; es incuestionable que cualquier retraso en la resolución del presente asunto podría incidir en el correcto desarrollo del referido proceso electoral en Quintana Roo, al no estar debidamente integrados los órganos desconcentrados del Instituto Electoral del propio Estado; lo anterior se corrobora con la premura de tiempo, puesto que las personas cuya designación se impugna han tomado ya posesión de su cargo y comenzado a ejercer las atribuciones inherentes a éste, y ante la proximidad de la jornada comicial, se hace necesario en el presente caso justificar el per saltum.

TERCERO. Procedibilidad. Previo al estudio de fondo del presente asunto, se procede a analizar, si se encuentran debidamente satisfechos los requisitos esenciales y los especiales de procedibilidad de los juicios de revisión constitucional electoral, en términos de los artículos 8, 9, 86 y 88 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

A. Requisitos de la demanda. Se cumplen los requisitos esenciales previstos en el artículo 9, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque en la demanda se satisfacen las exigencias formales previstas en ese precepto, a saber: el señalamiento del nombre de los actores, el del domicilio para recibir notificaciones, la identificación del acto o resolución impugnados y de la autoridad responsable, la mención de los hechos, de los agravios que los partidos actores dicen que le causa la resolución reclamada, el asentamiento de los nombres y la firma autógrafa de la promovente.

B. Oportunidad. El presente juicio de revisión constitucional electoral fue promovido oportunamente porque la autoridad emitió el acuerdo reclamado el uno de mayo de dos mil diez, fecha en la que se notificó a la promovente, por tanto, si la demanda fue presentada el cuatro de mayo siguiente, resulta  claro que lo hizo dentro del plazo de cuatro días hábiles posteriores a la emisión del acto materia de impugnación previstos para ello, conforme lo ordena el artículo 8 de la citada ley de medios. 

C. Legitimación. El juicio de revisión constitucional electoral fue promovido por parte legítima, pues conforme al artículo 88, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, corresponde instaurarlo exclusivamente a los partidos políticos y, en la especie, los que promueven son precisamente los partidos de la Revolución Democrática, y los que integran la coalición Megaalianza Todos por Quintana Roo y la coalición Megaalianza Todos con Quintana Roo.

D. Personería. El juicio fue promovido por conducto de representante con personería suficiente para hacerlo, en términos de lo dispuesto en el inciso a) del párrafo 1 del artículo 88 del ordenamiento antes invocado, puesto que fue hecho valer por Alejandra Jazmín Simental Franco, representante ante el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, del Partido de la Revolución Democrática, de la Coalición Megaalianza Todos por Quintana Roo y la coalición Megaalianza Todos con Quintana Roo, carácter que no se encuentra controvertido en autos y que le es reconocido por la autoridad responsable en su informe circunstanciado, en atención a lo dispuesto en el inciso a) del apartado 2 del artículo 18 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación.

E. Definitividad y firmeza. Tal y como se determinó en el considerando anterior, tal requisito se encuentra cumplido, porque si bien en la legislación electoral local se encuentra contemplado el juicio de inconformidad para impugnar este tipo de acuerdos, lo cierto es que, en el caso, en virtud de las pretensiones de los promoventes, se encuentra justificado el per saltum.

F. Violación a preceptos constitucionales. El requisito consistente en aducir violación a algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exigido por el artículo 86, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, quedó satisfecho en el caso, ya que al efecto, los partidos políticos actores alegan que el acto impugnado transgrede los preceptos 6, 8, y 35, fracción II, de ese ordenamiento superior.

Este requisito debe entenderse en un sentido formal, es decir, como un requisito de procedencia, no como el resultado del análisis de los agravios propuestos por el actor, en virtud de que ello implica entrar al fondo del juicio; en consecuencia, el requisito en comento debe estimarse satisfecho cuando, como en el caso a estudio, en el juicio de revisión constitucional electoral se hacen valer agravios en los que se exponen razones dirigidas a demostrar la afectación a tales preceptos constitucionales.

Encuentra apoyo el razonamiento anterior, en la tesis de jurisprudencia identificada con la clave S3ELJ 02/97, sustentada por esta Sala Superior, consultable en las páginas 150-157, de la compilación oficial “Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005”, tomo Jurisprudencia, de rubro: “JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. INTERPRETACIÓN DEL REQUISITO DE PROCEDENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 86, PÁRRAFO 1, INCISO B), DE LA LEY DE LA MATERIA”.

G. Violación determinante. Tal requisito se colma en el presente juicio, en atención a que la violación reclamada puede afectar la integración de los órganos administrativos desconcentrados del Instituto Electoral de Quintana Roo, que habrán de administrar y organizar los procesos electorales que se lleven a cabo en la entidad, lo que de manera indubitable resulta determinante para el desenvolvimiento de los mismos.

En la especie, es inconcuso que se está frente a un acto, genéricamente considerado, que es determinante para el desarrollo del proceso electoral respectivo, consistente en la designación de los aspirantes que integrarán los órganos electorales distritales y municipales de dicho instituto, los cuales se encargan, entre otras cuestiones, de la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales en los distritos uninominales electorales y en los municipios estatales, respectivamente, (tratándose de los consejos), o bien, auxilian en el ejercicio de dichas tareas (por lo que se refiere a las juntas) en términos de lo dispuesto en los artículos 59, 66, último párrafo, y 68 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo.

En esas condiciones, si las autoridades administrativas electorales a nivel local tienen una importante participación en la salvaguarda de los procesos electorales, mediante la organización de los mismos en la demarcación geográfica-electoral que les corresponde, entonces, es claro que la legal integración de esas autoridades es determinante para el desarrollo de los procesos electorales que se desarrollen en la entidad.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia S3ELJ 04/2001, visible a fojas 36 y 37 de la compilación oficial “Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005”, tomo Jurisprudencia, cuyo rubro es: “AUTORIDADES ELECTORALES LOCALES ENCARGADAS DE ORGANIZAR LAS ELECCIONES O DE RESOLVER LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LOS COMICIOS LOCALES. SU DESIGNACIÓN FORMA PARTE DE LA ORGANIZACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL (Legislación del Estado de Yucatán y similares)”.

H. Reparación factible. También se cumple la previsión del artículo 86, párrafo 1, incisos d) y e), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ya que la reparación solicitada es material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales, conforme a lo siguiente.

Ha sido criterio reiterado de esta Sala Superior, que el requisito de procedencia consistente en que la reparación reclamada sea factible de repararse antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios elegidos, debe entenderse referida a la instalación de órganos que hayan resultado electos a través de la emisión del voto universal, libre, directo y secreto depositado en las urnas, no de órganos administrativos o jurisdiccionales electorales a nivel local, como acontece en la especie, pues en el primer supuesto, se trata de órganos que constituyen los poderes mismos del Estado, que han de quedar debidamente integrados en las fechas fatales, constitucionalmente previstas.

Luego entonces, de acogerse las pretensiones de los partidos enjuiciantes, las situaciones de hecho que podrían resultar afectadas, forzosamente tendrían que desaparecer o modificarse, habida cuenta que la designación controvertida resultaría ilegal, aunado a ello, acorde con lo establecido en el artículo 64 de la citada ley orgánica, la instalación de los órganos desconcentrados del citado Instituto se realizó la primera semana del mes de abril del año de la elección, lo cual ocurrió entre el ocho y el diez de abril del presente año.

El anterior criterio se encuentra recogido en la tesis de jurisprudencia que obra bajo el rubro "REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. EL REQUISITO DE REPARABILIDAD SE ENCUENTRA REFERIDO A LOS ÓRGANOS Y FUNCIONARIOS ELECTOS POPULARMENTE", consultable en la página 214 de la citada compilación.

En la especie, los órganos que se han integrado no se renuevan mediante elecciones populares en las que participan los ciudadanos y los partidos políticos; adicionalmente, los ciudadanos cuyos nombramientos se impugnan tampoco son funcionarios electos, sino que son designados por un órgano máximo de decisión, sin que el hecho de que para la toma de sus decisiones dicho órgano máximo de decisión (el Consejo General de Instituto Electoral de Quintana Roo) siga la regla de la deliberación y la mayoría resultado de una votación de sus integrantes.

Cuando un nombramiento de dicha autoridad es impugnado por vicios propios o por vicios en el procedimiento seguido, el hecho de que los servidores públicos designados asuman el cargo y comiencen a ejercer las funciones inherentes a éste no convalida o purga los referidos vicios, sino que, si la designación o nombramiento es impugnado, permanecerá sub iudice hasta en tanto no se haga un pronunciamiento firme y definitivo sobre dicha impugnación, por lo que, si la impugnación es oportuna y fundada, se debe declarar la nulidad de dicho nombramiento o designación en cualquier momento, hasta en tanto la etapa del proceso electoral dentro de la cual se llevó a cabo no se clausure.

Las violaciones al debido procedimiento de selección y designación de los consejeros electorales y vocales distritales y municipales pueden ser impugnadas al cabo del mismo, puesto que dicho procedimiento se lleva dentro de la etapa de preparación de la elección, la cual no se clausura sino hasta el inicio de la jornada electoral, conforme al artículo 119 de la Ley Electoral de Quintana Roo.

Conforme al principio de definitividad, los actos que en el desarrollo de cada una de las etapas de dicho proceso emitan y ejecuten las autoridades electorales adquieren, a la conclusión de cada una de dichas etapas en que dichos actos se emiten, la característica de invariables y ya no son susceptibles de cambio; ello tiene como finalidad esencial otorgarle certeza al desarrollo de los comicios, así como seguridad jurídica a los participantes en los mismos.

Así, una vez clausurada una etapa del proceso electoral, todos los actos de autoridad que dentro de dicha etapa se hayan llevado a cabo, no podrán ser modificados o sometidos a algún examen de legalidad o constitucionalidad posteriormente, ya que, al concluir la etapa electoral respectiva, los actos y resoluciones ocurridos durante la misma que hayan surtido plenos efectos y que no se hayan revocado o modificado dentro de la propia etapa, deberán tenerse por definitivos y firmes con el objeto de que los partidos políticos, ciudadanos y autoridades electorales se conduzcan conforme a ellos durante las etapas posteriores, adquiriendo por tales razones el carácter de irreparables, para los efectos de la procedencia de algún medio de impugnación.

Por lo tanto, los actos realizados dentro de cada una de las diferentes etapas del proceso electoral, que no sean impugnados dentro del plazo legal, no pueden ser revocados, modificados o sustituidos en una etapa posterior. Esto implica, incluso, que al momento de que se resuelva la procedencia de un medio de impugnación interpuesto oportunamente, se debe considerar que la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales, hasta en tanto no inicie la siguiente etapa del proceso comicial.

Por lo tanto, y tal como el presente medio de impugnación lo muestra, en tanto no se clausure la etapa de la elección dentro de la cual se ha llevado a cabo el acto impugnado, es factible, por regla general, su impugnación.

CUARTO. Acto impugnado. Se transcribe a continuación el acuerdo impugnado:

“…ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, POR MEDIO DEL CUAL SE DA CUMPLIMIENTO AL PUNTO RESOLUTIVO SEGUNDO CON RELACIÓN A LO DISPUESTO EN EL CONSIDERANDO UNDÉCIMO, EN SU NUMERAL 2, DE LA SENTENCIA EMITIDA POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DE FECHA VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIEZ, DICTADA EN LOS EXPEDIENTES SUP-JRC-59/2010 Y SU ACUMULADO SUP-JRC-65/2010.

ANTECEDENTES

I. Con fecha treinta y uno de marzo de dos mil diez, el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, llevó a cabo la sesión ordinaria en la que aprobó por unanimidad de votos, entre otros, el "Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por medio del cual se designan a los ciudadanos que ocuparán los cargos de Consejeros Presidentes, Consejeros Electorales, propietarios y suplentes, de los quince Consejos Distritales y el Consejo Municipal, así como a los Vocales de las quince Juntas Distritales Ejecutivas y de la Junta Municipal Ejecutiva durante el proceso electoral ordinario local dos mil diez.".

II. El tres de abril de dos mil diez, a las veintitrés horas con once minutos, la ciudadana Alejandra Jazmín Simental Franco, en su calidad de representante propietaria del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General de este Instituto, interpuso vía per saltum, ante la Oficialía de Partes de este Instituto, escrito de demanda de Juicio de Revisión Constitucional Electoral en contra del Acuerdo referido en el Antecedente inmediato anterior.

III. En el mismo tenor, el día diez de abril de dos mil diez, a las veintidós horas con doce minutos, los ciudadanos Alejandra Jazmín Simental Franco, Mayuli Latifa Martínez Simón y Mauricio Morales Beiza, en sus calidades de representantes propietarios del Partido de la Revolución Democrática, Partido Acción Nacional y Partido del Trabajo, respectivamente, ante el Consejo General de este Instituto, interpusieron   vía  per  saltum,   ante   la   Oficialía   de   Partes   de   este  Instituto, ampliación del escrito de demanda de Juicio de Revisión Constitucional Electoral en  relación al Acuerdo referido en el Antecedente I, del presente documento jurídico.

IV.- En fecha veintinueve de abril de dos mil diez, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aprobó por unanimidad de votos la sentencia correspondiente al Juicio  de Revisión Constitucional Electoral aludida en los Antecedentes II y III del presente Acuerdo, radicado y sustanciado en el expediente   número   SUP-JRC-059/2010  y  su   acumulado  SUP-JRC-065/2010, determinando en sus puntos resolutivos lo siguiente:

"PRIMERO. Se acumulan el expediente correspondiente al SUP-JRC-059/2010 y SUP-JRC-065/2010 en consecuencia glósese copia certificada de la presente resolución al primer expediente citado.

SEGUNDO. Se modifica el Acuerdo impugnado en los términos y para los efectos precisados en el último considerando de esta Resolución.

TERCERO. Se ordena al Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo que facilite el acceso y entregue la información solicitada a la representante del Partido de la Revolución Democrática en los términos precisados en el último considerando de esta Resolución.             

V. Que para efectos de las sustituciones que habrá de realizar esta autoridad electoral de los ciudadanos revocados para los cargos de los Consejeros Electorales y Vocales de las Juntas Distritales y Municipales, ésta se realizará en términos del procedimiento establecido en el considerando undécimo, en su numeral dos, de la ejecutoria SUP-JRC-59/2010 y su acumulada SUP-JRC-65/2010, misma que a la letra señala:

"2. En consecuencia, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de la presente sentencia, el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo deberá:

o Respecto del Distrito V:

Nombrar conforme al orden que las propias calificaciones establecen, de entre las personas que participaron en el procedimiento de selección y cuyos nombres aparecen entre las páginas 13 y 14 del acuerdo impugnado, excluyendo a las cuates se les ha revocado el nombramiento, a dos consejeros propietarios.

Nombrar conforme al orden que las propias calificaciones establecen, de entre las personas que participaron en el procedimiento de selección y cuyos nombres aparecen entre las páginas 13 y 14 del acuerdo impugnado, excluyendo a las cuales se les ha revocado el nombramiento, a la vocal de capacitación, al vocal de organización y a los tres consejeros suplentes.

o Respecto del Distrito VI:

o Nombrar, conforme al orden que las propias calificaciones establecen, de entre las personas que participaron en el procedimiento de selección y cuyos nombres aparecen entre las páginas 14 y 15 del acuerdo impugnado, excluyendo a la que se le ha revocado el nombramiento, a un consejero suplente.

o Respecto del Distrito VIl:

Nombrar conforme al orden que las propias calificaciones establecen, de entre las personas que participaron en el procedimiento de selección y cuyos nombres aparecen entre las páginas 15 y 16 del acuerdo impugnado, excluyendo a las cuales se les ha revocado el nombramiento, a los tres consejeros propietarios, al vocal de capacitación y a los tres consejeros suplentes.

o respecto del Distrito VIII:

Nombrar a los consejeros suplentes cuyos nombres aparecen en el acuerdo citado, como consejeros propietarios en sustitución de los consejeros propietarios

cuya designación se ha revocado. 

Nombrar conforme al orden que las propias calificaciones establecen, de entre las personas que participaron en el procedimiento de selección y cuyos nombres aparecen entre las páginas 16 y 17 del acuerdo impugnado, excluyendo a las cuales se les ha revocado el nombramiento, dos consejeros propietarios.

Nombrar, de entre los consejeros propietarios, al consejero procedimiento. De selección y cuyos nombres aparecen entre las páginas  16 y 17 del acuerdo impugnado, excluyendo a las cuales se les ha revocado el nombramiento, a los consejeros suplentes.

o Respecto del Distrito IX:

Nombrar, conforme al orden que las propias calificaciones establece, de que entre las personas que participaron en el procedimiento de selección y cuyos nombres aparecen entre las páginas 17 y 18 del acuerdo impugnado, excluyendo a la que se le ha revocado el nombramiento, a la vocal de organización.

o Respecto del Distrito X:

Nombrar, al consejero suplente cuyo nombre aparece en el acuerdo citado en primer término, como consejero propietario.

Nombrar, de entre los consejeros propietarios, al consejero presidente.

Nombrar, conforme al orden que las propias calificaciones establecen, de entre las personas que participaron en el procedimiento de selección y cuyos nombres aparecen entres las páginas 19 y 20 del acuerdo impugnado, excluyendo a la que se le ha revocado el nombramiento, un consejero suplente.

o Respecto del Distrito XIII:

Nombrar, conforme al orden que las propias calificaciones establecen, de entre las personas que participaron en el procedimiento de selección y cuyos nombres aparecen en la página 22 del acuerdo impugnado, excluyendo a la que se le ha revocado el nombramiento, una vocal de organización.

o Respecto del Distrito XIV:

Nombrar, conforme al orden que las propias calificaciones establecen, de entre las personas que participaron en el procedimiento de selección y cuyos nombres aparecen en la página 23 del acuerdo impugnado, excluyendo a la que se le ha revocado el nombramiento, a la vocal de organización.

o Respecto del Distrito XV:

Nombrar, conforme al orden que las propias calificaciones establecen, de entre as personas que participaron en el procedimiento de selección y cuyos nombres parecen entre las páginas 23 y 24 del acuerdo impugnado, excluyendo a la que e le ha revocado el nombramiento, al vocal de capacitación.

o Respecto del Consejo Municipal:

Nombrar, al consejero suplente cuyo nombre aparece en el acuerdo citado en primer término, como consejero propietario.

Nombrar, conforme al orden que las propias calificaciones establecen, de entre las personas que participaron en el procedimiento de selección y cuyos nombres aparecen entre las páginas 18 y 19 del acuerdo impugnado, excluyendo a la que se le ha revocado el nombramiento, un consejero suplente.".

VI. El propio día veintinueve de abril de dos mil diez, a las veintiún horas con veintidós minutos, se notificó, vía fax, la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que motiva el Presente Acuerdo.

VIl. El día veintinueve de abril de dos mil diez, mediante atento oficio de número PRE/257/2010,   el   Licenciado   Jorge   Manriquez   Centeno,   en   su   calidad de Consejero Presidente del Consejo General de este Instituto, dirigido al Maestro Antonio Ignacio Manjarrez Valle, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del  Instituto Federal Electoral, el cual fue del tenor siguiente:

"Chetumal, Quintana Roo, a 29 de abril de 2010.- Oficio número: PRE/257/2010.- Asunto:   Se   solicita   apoyo   y   colaboración.-  MTRO.   ANTONIO  IGNACIO MANJARREZ    VALLE.-     VOCAL    EJECUTIVO     DE    LA    JUNTA LOCAL EJECUTIVA.- DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL EN QUINTANÁ ROO.- P R E S E N T E.- Por este conducto me dirijo a Usted, con la finalidad de solicitar su valioso apoyo y colaboración, a efecto de que pueda ser verificada la base de datos que contiene la  información  concerniente  a  los representantes de los partidos políticos acreditados ante los diversos órganos de ese Instituto Federal Electoral y ante las Mesas Directivas de Casilla, a fin de constatar si alguna o algunas de las personas que se encuentran enlistadas en el documento anexo a este oficio, han fungido durante los diez años próximos pasados, con tal calidad.- Lo anterior con motivo de que en la sentencia recaída al expediente SUP-JRC-059/2010 y su acumulado SUP-JRC-065/2010,  la  Sala Superior del Tribunal Electoral de! Poder Judicial de la Federación determinó la revocación de diversos ciudadanos que habían sido designados como Consejeros Electorales y Vocales de diversos Consejos Distritales, siendo que en algunos de los casos, la razón por la que se arribó a tal determinación, consistió en que los ciudadanos que fueron designados como tales, habían fungido anteriormente como representantes de algún partido político, con lo que se incumplía con uno de los requisitos previstos legalmente y en la Convocatoria respectiva, que consistía, precisamente, en '...no desempeñar ni haberse desempeñado como representante de partido político ante este Consejo General, los Consejos Municipales y los Consejos Distritales del Instituto Electoral de Quintana Roo, así como en los Órganos del Instituto Federal Electoral, en los últimos diez años anteriores a su designación.’.- En tal sentido, a fin de que este instituto proceda a realizar la toma de protesta de aquellos ciudadanos que sustituirán a los funcionarios electorales revocados y para actuar con la plena certidumbre en el cumplimiento a la sentencia de mérito, en el sentido de que los mismos no incurren en el supuesto prohibido antes mencionado, se requiere necesariamente  acudir a  su persona  para  solicitarle, respetuosa  y atentamente, tenga a bien verificar, a la brevedad posible, que los ciudadanos que se mencionan en el documento anexo al presente, no hayan sido representantes de partido ante alguno de los órganos y Mesas Directivas de Casilla de ese Instituto Electoral Federal.- Cabe señalar la urgencia del apoyo solicitado, en virtud del plazo máximo de cuarenta y ocho horas que se otorgaron en la sentencia en comento para realizar las sustituciones respectivas.- De antemano agradezco la atención   expedita  a  la  presente  solicitud.-  Sin  otro particular,   me  despido, enviándole    un   atento   y   cordial   saludo.-   ATENTAMENTE.-   LIC.   JORGE MANRIQUEZ CENTENO.- CONSEJERO PRESIDENTE.- C.c.p. Líe.  Guillermo Escamilla Ángulo.- Presidente de la Comisión de Organización y Consejero Electoral del Instituto Electoral de Quintana Roo.- C.c.p. Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo.- C.c.p. Antrop. Eríberto Gabriel Coot Chay.- Director de Organización del Instituto Electoral de Quintana Roo.- C.c.p. Lic. Juan Enrique Serrano Peraza.- Director Jurídico del Instituto Electoral de Quintana Roo.- C.c.p. Archivo…".

VIII. En respuesta al oficio referido en el Antecedente inmediato anterior, se recepcionó el día treinta de abril de dos mil diez, el oficio de número JLE-QR/2331/10, signado y remitido por el Maestro Antonio Ignacio Manjarrez Valle, su calidad de Vocal Ejecutivo de la Junta Local del Instituto Federal Electoral en el Estado Quintana Roo, mismo que fue del tenor siguiente:

"JUNTA   LOCAL  EJECUTIVA   EN.-   QUINTANA  ROO.-   VOCALÍA   EJECUTIVA OFICIO NÚM.  JLE-QR/2331/10.- Chetumal,  Q. Roo,  30 de abril de 2010.- LIC. JORGE  MANRÍQUEZ  CENTENO.-  CONSEJERO  PRESIDENTE  DEL   CONSEJO GENERAL.- DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO.- P R E S E N T E.- En atención a su oficio número PRE/257/2010, recibido en esta Junta Local Ejecutiva el día de hoy, mediante el cual solicita se le informe si los ciudadanos que enlista, fungieron como representantes de algún partido político ante los diversos órganos de este Instituto; me permito comentarle que después de haber efectuado una exhaustiva revisión a la base de datos correspondiente a los procesos electorales 2003, 2006 y 2009, se encontró que participaron como representantes de partido político los siguientes ciudadanos:

No obstante lo anterior y para mayor certeza, adjunto al presente remito a usted un disco compacto que contiene la base de datos en comento.- Sin otro particular y en espera de que la información proporcionada sea de utilidad para los fines institucionales requeridos,   le  envió  un  cordial saludo.- EL  VOCAL  EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL.- MTRO.  ANTONIO IGNACIO  MANJARREZ VALLE.-LEONARDO VALDES ZURITA.- Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral. LIC.   EDMUNDO   JACOBO   MOLINA.-   Secretario   Ejecutivo   del   Instituto   Federal Electoral.- Expediente.- Minutario.- AIMV/dysc".

En consecuencia, el presente Acuerdo es presentado por conducto del Consejero Presidente del Consejo General, a la consideración del órgano superior de dirección del Instituto Electoral de Quintana Roo, conforme a los siguientes:

CONSIDERANDOS

  1. Que de conformidad con el artículo 49, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, el Instituto Electoral de Quintana Roo, es el organismo público, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, que goza de plena autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, con el carácter de permanente y profesional en su desempeño; autoridad en materia electoral en el Estado, depositario de la función estatal de preparar, organizar, desarrollar y vigilar los procesos electorales para las elecciones de Gobernador, Diputados a la Legislatura estatal y miembros de los Ayuntamientos; así como de la instrumentación de las formas de participación ciudadana que señala la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo; siendo que además tiene a su cargo, en forma integral y directa, además de las que determine la Ley Electoral de Quintana Roo, las actividades relativas a la preparación de la jornada electoral.

De igual forma, podrá coadyuvar en la organización de las elecciones de las alcaldías,  delegaciones  y  subdelegaciones  municipales  en   los  términos  que señalan los artículos 25 fracción III y 34 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo.

2. Que en apego a lo establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, el Instituto Electoral de Quintana Roo, es el organismo público, depositario de la autoridad electoral, responsable de la función estatal de preparar, desarrollar, organizar y vigilar las elecciones locales y de instrumentar las formas de participación ciudadana que señala la Ley Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo; independiente en sus decisiones, autónomo en su funcionamiento  y  profesional en  su  desempeño,  con  personalidad jurídica y patrimonio propios;  contando para el cumplimiento de sus fines con órganos permanentes y temporales, centrales y desconcentrados; siendo que, de igual forma, podrá coadyuvar en la organización de las elecciones para elegir a los integrantes de las alcaldías, delegaciones y subdelegaciones municipales en los  términos que señalan los artículos 25 fracción III y 34 de la Ley de los Municipios  del Estado de Quintana Roo.

3. Que con fundamento en el artículo 49,  fracción  II,  párrafo cuarto de  la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en relación con el artículo 6 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, las actividades del Instituto se rigen por los principios de constitucionalidad, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, equidad y transparencia.

4. Que acorde a lo señalado por el artículo 5 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, son fines del Instituto, el contribuir al desarrollo de la vida democrática; contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos; garantizar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; garantizar la celebración periódica y pacífica de   las   elecciones de Gobernador, Diputados   y   miembros   de   los Ayuntamientos; velar por la autenticidad y efectividad del voto; y coadyuvar en la promoción y difusión de la cultura política y democrática de la entidad; así como las demás que señala la Ley respectiva.

5. Que conforme a lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, el Consejo General es su órgano máximo de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque las actividades del Instituto se guíen por los principios rectores de la función electoral estatal.

6. Que la fracción XL del artículo 14 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana  Roo,  disponen  expresamente que el  Consejo  General tiene como atribuciones,  entre otras más,  el dictar los acuerdos necesarios para  hacer efectivas sus atribuciones y las demás que le confieren la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, la propia Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, y los demás ordenamientos electorales vigentes en la entidad; por lo tanto, el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo es competente para emitir el presente Acuerdo.

7. Que como ha quedado expresado en el Antecedente IV del presente Acuerdo, en la sentencia emitida, en autos de los expedientes SUP-JRC-059/2010 y su acumulado SUP-JRC-065/2010, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial   de   la   Federación, determinó revocar la designación de diversos Consejeros Electorales y Vocales de los Consejos Distritales y Municipal, así como de las Juntas Distritales y Municipal Ejecutivas, efectuada mediante el acuerdo del Consejo General de este Instituto de fecha treinta y uno de marzo de dos mil diez, toda vez que quedó probado en autos de la sentencia de mérito, que los ciudadanos que se enlistan a continuación, no cumplieron a cabalidad con los requisitos solicitados en  la Convocatoria emitida  para tal efecto por esta autoridad electoral.

A continuación se señalan los nombramientos revocados:

DISTRITO V

DISTRITO VI

DISTRITO VIl

DISTRITO VIIl

DISTRITO IX

DISTRITO X

DISTRITO XIII

DISTRITO XIV

DISTRITO XV

CONSEJO MUNICIPAL

8. Que además de los funcionaros electorales señalados en el considerando que antecede cuyos nombramientos fueron revocados, resulta necesario considerar para efecto de las sustituciones respectivas que este órgano electoral procederá realizar mediante el presente Acuerdo, a todos aquellos servidores electorales distritales   que   al   momento   en   que   fue   interpuesto   el   Juicio de Revisión Constitucional Electoral que motiva el presente Acuerdo y la fecha de emisión de la sentencia respectiva, presentaron sendas cartas de renuncia a los cargos de Consejeros y Vocales, según el caso. Los ciudadanos que se encuentran en dicho supuesto son los que a continuación se enlistan:

9. Que para realizar las sustituciones ordenadas en la ejecutoria de mérito, así como las relativas a las renuncias presentadas, se debe proceder en términos del procedimiento señalado en el Antecedente V del presente documento jurídico, considerando en cada caso realizar un análisis exhaustivo de los expedientes de los ciudadanos a quienes les correspondería acceder a los cargos electorales vacantes, a fin de verificar que los mismos cumplan a cabalidad con los requisitos legales y previstos en la Convocatoria respectiva, y considerando en tal revisión los criterios adoptados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia que nos ocupa.

Cabe señalar que en el caso específico de los Distritos V, VIl y VIH resulta necesario plasmar en este Acuerdo los nombres de todos y cada uno de los ciudadanos que participaron en el proceso de selección respectivo para los cargos de Consejeros y Vocales, en razón de que la sentencia en comento determinó la revocación de todos o bien la mayoría, de quienes habían sido designados como integrantes de dichos Consejos Distritales.

Dicho listado, se presenta a continuación en los términos en que fue aprobado por esta autoridad comicial, mediante Acuerdo el día treinta y uno de marzo de dos mil diez:

De las listas anteriores, y una vez que fue realizado el análisis exhaustivo a los expedientes correspondientes, se advirtió que existen ciudadanos a quienes correspondía en orden de prelación acceder a los cargos vacantes, que no cumplieron a cabalidad con los requisitos señalados en el artículo 62 en relación al precepto 11, ambos de la Ley Electoral de Quintana Roo, así como lo establecido en la convocatoria respectiva, con base en el criterio adoptado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En razón a lo anterior, lo procedente fue que los ciudadanos que se encontraran en supuestos similares a los de los ciudadanos revocados, no pudieran ser considerados para acceder a los cargos de Consejeros y Vocales vacantes, a fin de estar acorde a lo determinado en la Ejecutoria a la que se le da cumplimiento con este Acuerdo.

Así bien, no satisfacen a cabalidad el requisito de residencia y vecindad, los ciudadanos siguientes:

DISTRITO VIl

1. Uc Tec Esteban Donaldo.

2. Poot Chi Lorenzo.

3. Alejandro Antonio Cahuich Alonso.

4. Nauath May Noé Israel.

5. Hernández Gómez Martha Patricia.

6. Uiuac Ku Daniel.

7. Pat Noh Juan Francisco.

8. Cervantes Marín Luis Hernán.

9. Poot Chan Manuel de Atocha.

DISTRITO VIII

1. Lope Mena Diego Roberto.

2. Jesús Ariel Cabrera Pech.

3. Domínguez Schultz Alejandro.

4. Julissa Guadalupe Carreño González,

5. Blanca Estela Alarcón Becerríl.

6. Sergio Santos Ávalos.

7. Yanelly Yazmín Chulim Carbajal.

8. Del Real Medina Francisco Javier.

9. Gonzalo Puga Moreno.

10. Gloria Candelaria Uicab Rosado.

11. Roymel Adrián López Arjona.

12. Gutiérrez Díaz José Ricardo.

13. Martha Isabel Valdés Noyola.

14. Irene Evelyn Novelo Manzanero.

15. Bogar Rafael Pool Arce.

16. María Eugenia Santiago Santiago.

17. Burgos Chan Guadalupe del Socorro

18. Belez Alarcón Gabriel.    

19. Anima Santillán Luis Israel.

20. Pérez González Joel.

21. Cortés Aramburu Miguel Ángel.

22. María Teresa Hernández Rodríguez.

Por otra parte, considerando la información proporcionada por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local del Instituto Federal Electoral, Maestro Antonio Ignacio Manjarrez Valle, mediante el oficio señalado en el antecedente VIII de este documento, se detectó que diversos ciudadanos que participaron en el procedimiento de selección fungieron como representantes de partido en los procesos electorales federales dos mil tres, dos mil seis y dos mil nueve, siendo los ciudadanos que a continuación se relacionan:

10. Que atendiendo a lo determinado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del  Poder Judicial  de  la  Federación,  debe  precisarse  que  en términos  del Antecedente V del presente Acuerdo, por cuanto a los Distritos V, VIIl y X, en lo atinente a  la  designación  del ciudadano que habrá de  ser  nombrado Consejero   Presidente   de   dichos   órganos   desconcentrados,   esta   autoridad electoral   ha   determinado  que   el   criterio   a   utilizar  para   efectos   de  dichas designaciones, será tomando en consideración la calificación  más alta y que cumplan con todos y cada uno de los requisitos respectivos.

11. Que   una  vez   precisado   lo  anterior,   resulta   procedente  designar  a   los ciudadanos  que   habrán  de  ser quienes  ocupen   los  Cargos  de   Consejeros Electorales y Vocales, según corresponda, que a la fecha se encuentran vacantes, por lo que a continuación se enlista a los ciudadanos que habiendo cumplido a cabalidad con los requisitos respectivos, este órgano superior de dirección tiene a bien proponer su designación:

DISTRITO IV

DISTRITO V

DISTRITO VI

DISTRITO VIl

DISTRITO VIIl

DISTRITO IX

DISTRITO X

DISTRITO XIII

DISTRITO XIV

DISTRITO XV

CONSEJO MUNICIPAL

12. Que en el caso específico del Consejo Distrital V correspondiente al Municipio de Othón P. Blanco, con cabecera en la ciudad Bacalar, es de señalarse que al haberse agotado la lista de los ciudadanos que participaron para ocupar alguno de los cargos como servidores electorales del órgano desconcentrado correspondiente al Distrito V, en razón de que una vez efectuadas las sustituciones de este órgano comicial y dado que el resto de los ciudadanos no cumplen a cabalidad con los requisitos previstos legalmente y en la convocatoria respectiva, resulta necesario que esta autoridad determine que la Dirección de Organización de este Instituto tome las medidas pertinentes a efecto de que, a la brevedad, emita una convocatoria pública, para la designación de los suplentes respectivos, en términos de lo dispuesto en los artículos 60, 62 y 63 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo.

13. Que una vez que han sido propuestas las designaciones respectivas, a continuación se presenta la conformación final de los Consejos Distritales IV, V, VI, VIl, VIII, IX, X, XIII, XIV, XV y el Consejo Municipal:

DISTRITO IV

DISTRITO V

DISTRITO VI

DISTRITO VII

DISTRITO VIIl

DISTRITO lX

DISTRITO X

DISTRITO XIII

DISTRITO XIV