JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL

EXPEDIENTE: SUP-JRC-144/2021 Y SUP-JDC-1139/2021 ACUMULADOS

MAGISTRADO PONENTE: FELIPE DE LA MATA PIZAÑA[1]

Ciudad de México, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno.

Sentencia por la que se modifica la resolución dictada por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, en el expediente TESLP/JNE/29/2021 y su acumulado, se modifica el cómputo de la elección de la Gobernatura del Estado de San Luis Potosí, y se confirma la declaración de validez de la elección y la expedición de la constancia de mayoría a favor de José Ricardo Gallardo Cardona, candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia en San Luis Potosí”, integrada por los partidos Verde Ecologista de México y del Trabajo.

GLOSARIO

I. ANTECEDENTES.

1. Jornada electoral. El seis de junio de dos mil veintiuno[2] se celebró la elección para la renovación de la gubernatura del estado de San Luis Potosí.

2. Cómputo estatal. El trece de junio tuvo lugar el cómputo estatal de la elección indicada; el cual arrojó los siguientes resultados:

3. Juicio local. El diecisiete de junio, los actores promovieron ante el Tribunal Local, juicio de nulidad electoral y juicio ciudadano, controvirtiendo la sesión de cómputo de la elección de la gubernatura, la declaración de validez de dicha elección y la entrega de la constancia de mayoría como Gobernador electo a José Ricardo Gallardo Cardona, candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia en San Luis Potosí”.

El treinta de julio, el Tribunal Local resolvió anular la votación de 31 casillas, modificó el cómputo de la elección y confirmó la declaración de validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría.

4. Juicio de revisión constitucional y juicio ciudadano federales.

4.1. Demanda. Inconformes con lo anterior, el tres de agosto los actores promovieron, respectivamente, juicio de revisión constitucional electoral y juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.

4.2. Desistimiento. Mediante escrito de cuatro de agosto del presente año, el PRI manifestó su voluntad de desistirse de la acción dentro del juicio de revisión constitucional que se resuelve.

4.3. Tercero interesado. Mediante escrito de seis de agosto compareció el PVEM como tercero interesado al presente juicio, formulando las alegaciones que a su derecho estima pertinentes.

4.4. Recepción y turno. El cuatro de agosto, se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior el expediente de los juicios en que se actúa.

En su oportunidad, el Magistrado Presidente de esta Sala Superior acordó integrar los expedientes SUP-JRC-144/2021 y SUP-JDC-1139/2021 y turnarlos a la ponencia del Magistrado Felipe de la Mata Pizaña.

4.5. Escritos de Amicus Curiae. El nueve de septiembre se recibió en la oficialía de partes de esta Sala Superior, los escritos presentados por Francisca Reséndiz Lara ostentándose como observadora ciudadana en la vía de amicus curiae o “amigo del tribunal” ofreciendo a esta Sala Superior su opinión en relación con la controversia.

4.6. Admisión, requerimiento y cierre de instrucción. En su oportunidad, el Magistrado Instructor admitió a trámite las demandas, requirió al OPLE y al Instituto Nacional Electoral, diversa documentación necesaria para resolver el presente medio de impugnación y ordenó el cierre de instrucción correspondiente, con lo que los juicios que se resuelven quedaron en estado de dictar sentencia.

II. COMPETENCIA

Esta Sala Superior es competente para resolver el presente juicio de revisión constitucional electoral, toda vez que la materia del juicio versa sobre una resolución, dictada por autoridad jurisdiccional electoral local, respecto de una controversia surgida dentro de un proceso electoral para la elección de la gubernatura de una entidad federativa.[3]

En el mismo sentido, se surte competencia a favor de esta Sala Superior para conocer del juicio ciudadano.[4]

III. ACUMULACIÓN

En las demandas existe conexidad en la causa, porque hay identidad en la autoridad responsable (Tribunal Local) y el acto impugnado (sentencia definitiva dictada dentro del expediente TESLP/JNE/29/2021 y su acumulado); por tanto, por economía procesal y para evitar el dictado de resoluciones contradictorias, procede acumular los asuntos.[5]

Por ello, se debe acumular el expediente SUP-JDC-1139/2021 al diverso SUP-JRC-144/2021, por ser este el primero que se registró en esta Sala Superior.

IV. JUSTIFICACIÓN PARA RESOLVER EN SESIÓN NO PRESENCIAL

Esta Sala Superior emitió el Acuerdo 8/2020, en el cual, si bien reestableció la resolución de todos los medios de impugnación, en su punto de acuerdo segundo determinó que las sesiones continuarán realizándose por medio de videoconferencias, hasta que el pleno de esta Sala Superior determine alguna cuestión distinta. En consecuencia, se justifica la resolución del presente medio de impugnación de manera no presencial.

V.TERCERO INTERESADO

En su oportunidad, se reconoció al Partido Verde Ecologista de México, la calidad de tercero interesado en el presente juicio[6], debido a que sostiene un interés incompatible con las pretensiones de la parte actora y cumple los requisitos legales, conforme a lo siguiente:

1. Forma. En el escrito consta el nombre y denominación del tercero interesado y la firma de quien promueve en su representación, así como la razón del interés en que se funda y su pretensión concreta.

2. Oportunidad. El escrito de comparecencia se presentó el seis de agosto, esto es, dentro del plazo de publicitación del medio de impugnación[7], por lo que se le tiene por presentado oportunamente.

3. Pretensión del tercero interesado. Se cumple con este requisito, porque del escrito de comparecencia se advierte que aduce un derecho incompatible al de la parte actora, dado que su pretensión consiste en que se confirme la resolución impugnada.

VI. DESISTIMIENTO

Mediante escrito de cuatro de agosto del presente año, el PRI manifestó su voluntad de desistirse de la acción del juicio de revisión constitucional electoral que se resuelve,[8] acompañado de acta de ratificación del mismo, levantada por la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal Local, quien goza de fe pública.[9]

Al respecto, es improcedente el desistimiento, porque el ejercicio de la acción impugnativa, en ese caso, no es para la defensa de su interés jurídico en particular, como gobernado, sino para tutelar los derechos de la ciudadanía en general y para garantizar la vigencia plena de los principios rectores de la materia electoral, sustantiva y procesal.

Para la procedencia de los medios de impugnación electorales, previstos en la Ley de Medios, opera el principio de instancia de parte agraviada, que implica que quien resiente un perjuicio ejerza la acción respectiva para que este resuelva la controversia sometida a litigio.[10]

Si en cualquier etapa del proceso, antes de que se emita sentencia, la parte impugnante expresa su voluntad de desistirse del medio de impugnación iniciado con la presentación de su demanda, tal manifestación de voluntad impide la continuación del proceso, ya sea en la fase de instrucción o de resolución del medio de impugnación.

Al respecto, el Reglamento Interno, en relación con la Ley de Medios, establece que la Sala correspondiente tendrá por no presentado un medio de impugnación, cuando la parte promovente se desista expresamente por escrito[11] y, entre otros supuestos, el mismo haya sido ratificado ante fedatario.

Sin embargo, cuando un partido político promueve un medio de impugnación, en materia electoral, en ejercicio de la acción tuteladora de un interés difuso, colectivo o de grupo o bien del interés público, resulta improcedente su desistimiento, porque no es el titular único del interés jurídico afectado, el cual corresponde a toda la ciudadanía e incluso a toda la sociedad.

Lo cual implica que el órgano jurisdiccional debe iniciar o continuar la instrucción del juicio o recurso, hasta dictar la respectiva sentencia de mérito, a menos que exista alguna otra causal de improcedencia o de sobreseimiento, del medio de impugnación.[12]

Así, se debe tener por improcedente el desistimiento presentado por el PRI dentro del presente medio de impugnación, al tratarse de una impugnación directamente relacionada con la validez de la elección de una gubernatura, donde no sólo están involucrados los intereses del instituto político actor, sino también intereses colectivos, como son los derechos de la sociedad en general a elegir a sus representantes, así como el derecho político-electoral del candidato a ser votado, los cuales son de interés público[13].

Además, a ningún fin práctico llevaría declarar procedente el desistimiento del PRI, pues el objetivo de dicha figura es impedir la continuación del proceso, lo que en la especie no sucedería, considerando que la demanda que da origen al juicio de revisión constitucional que se resuelve fue promovida, de manera conjunta con el PRI, por los partidos PAN, PRD y PCP.

VII. ANÁLISIS DEL AMICUS CURIAE

Mediante sendos escritos presentados ante esta Sala Superior, Francisca Reséndiz Lara[14], compareció en vía de “amigo del tribunal”, con la finalidad de expresar consideraciones relacionadas, a su parecer, con presuntas irregularidades que supuestamente alteraron de manera muy significativa la certidumbre sobre los resultados.

Ahora bien, esta Sala Superior ha sostenido que para que escritos de la naturaleza del que se analiza sean admitidos, deben presentarse: 1) por una persona física o jurídica ajena a los intereses de las partes de la controversia;[15] 2) antes de que se emita la sentencia respectiva;[16] 3) con la finalidad o intención de aportar elementos fácticos o conocimientos especializados, ya sean sobre una ciencia o técnica, que sean ajenos a este órgano jurisdiccional, pero pertinentes para una mejor toma de decisión judicial; y 4) con la documentación o manifestaciones idóneas de las que se adviertan que cuentan con la experiencia o pericia para aportar dichos elementos o conocimientos a este órgano jurisdiccional[17].

En el caso, es importante señalar que la persona que presenta el amicus curiae, no acompaña la documentación que acredite el carácter con el que se ostenta, como observadora ciudadana, y del estudio de sus escritos se advierte que no se trata de un documento imparcial que aporte una opinión fundada sobre el objeto del litigio que ayude a su resolución, sino que es un documento que manifiesta la existencia de presuntas irregularidades durante la jornada electoral.

En ese orden de ideas, se considera que los escritos presentados no reúnen las características de “amigo del tribunal”, por lo que es improcedente su admisión y análisis.

VIII. REQUISITOS PROCESALES

Ahora bien, por lo que hace al resto de los actores, se tiene lo siguiente en cuanto al cumplimiento de los requisitos procesales.

Requisitos generales.[18]

1. Forma. Se satisface porque las demandas se presentaron por escrito, se precisan nombre o denominación del actor, la firma -del representante en su caso-, hechos, agravios, acto impugnado y la autoridad responsable.

2. Oportunidad. Las demandas son oportunas, porque la sentencia impugnada se emitió el treinta de julio y aquéllas fueron presentadas el tres de agosto; es decir, dentro de los cuatro días previstos en la ley para impugnar de forma oportuna.

3. Legitimación y personería. Los institutos políticos actores están legitimados para promover el juicio, por ser partidos políticos nacionales y local, respectivamente.[19]

Por su parte, César Octavio Pedroza Gaitán cuenta con legitimación para presentar el presente juicio ciudadano, en virtud de que comparece en su carácter de candidato a la gubernatura de San Luis Potosí por parte de la coalición “Sí por San Luis Potosí”, conformada por los partidos políticos actores.

En lo concerniente a la personería, se tiene por cumplida, toda vez que quienes comparecen al presente juicio en representación de los actores, son las mismas personas que promovieron la instancia local y tienen reconocida su calidad por la autoridad responsable.

Lo anterior, de conformidad con el artículo 13, párrafo 1, inciso a), de la Ley de Medios.

4. Interés jurídico. Se cumple el requisito pues quienes promueven fueron actores en la instancia local y, en ese sentido, aducen que la sentencia reclamada vulnera su esfera jurídica.

5. Definitividad. El acto impugnado es definitivo y firme, debido a que no procede algún otro medio de defensa ordinario para confirmarlo o revocarlo.[20]

Por lo que corresponde al cumplimiento de los requisitos especiales de procedencia del juicio de revisión constitucional electoral, se tiene lo siguiente.

Requisitos especiales.

1. Vulneración a preceptos constituciones. Se cumple el requisito porque se afirma que se vulneran los artículos 1, 14, 16, 17, 41, de la Constitución, lo cual es suficiente para satisfacer el requisito formal.[21]

2. Violación determinante. Se colma el requisito toda vez que el acto impugnado confirmó la declaración de validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría; y se plantean agravios que, de resultar fundados, pueden incidir en la validez de la elección o sus resultados.[22]

3. Posibilidad y factibilidad de la reparación. Se satisface, porque de asistirle razón a los actores, puede revocarse la resolución impugnada con todas las consecuencias de Derecho que ello implique, máxime que, a la fecha, no se ha tomado posesión al cargo de la Gubernatura en el Estado de San Luis Potosí.

IX. ESTUDIO DE FONDO

1. Temas planteados en los escritos de demanda y metodología general de estudio.

Del análisis de los respectivos escritos de demanda, se advierte que los actores formulan agravios relacionados con las siguientes temáticas:

a) Ampliación de demanda y pruebas supervenientes.

b) Análisis de nulidad de la votación recibida en diversas casillas por la supuesta actualización de la causal contemplada en la fracción VII, del artículo 51 de la Ley de Justicia Local, relativa a la recepción de la votación por personas no autorizadas por la ley.

c) La falta de folio en actas de escrutinio y cómputo no es ninguna irregularidad.

d) Supuesta falta de boletas electorales.

e) Supuesto llenado de actas de escrutinio y cómputo por una misma persona

f) Interrupción de sesiones de cómputo

g) Negativa del tribunal a requerir las pruebas referidas por el actor con posterioridad a la presentación de la demanda.

h) Violación al periodo de veda por parte de “influencers”.

i). Conferencias de prensa matutinas de un servidor público (coloquialmente conocidas como “mañaneras”).

j) Falta de exhaustividad respecto al supuesto rebase al tope de gastos de campaña.             

En la presente resolución los agravios serán analizados en el orden propuesto en el listado anterior, sin que ello le depare perjuicio a la parte actora.[23]

2. Análisis de los temas planteados en lo individual.

A) AMPLIACIÓN DE DEMANDA Y PRUEBAS SUPERVENIENTES.

Decisión: fue conforme a derecho que no se aceptara ampliación de demanda en la instancia local y pruebas supervenientes.

Esta Sala Superior considera ineficaces los agravios relacionados con la determinación del Tribunal local de no admitir los escritos de ampliación de demanda del juicio local y pruebas supervenientes y la supuesta omisión de tomar en cuenta sus propias resoluciones, porque con tales alegaciones no se controvierten las razones expuestas en la sentencia impugnada.

Agravios planteados

Violación a los principios de legalidad, congruencia y exhaustividad porque el Tribunal Local responsable no admitió los escritos de ampliación de demanda,[24] ni las pruebas relacionadas con hechos novedosos y desconocidos; no obstante que se obtuvieron con posterioridad a la presentación de la demanda.

Metodología.

El presente análisis se centra en dar respuesta a los dos planteamientos de la parte actora, en el orden propuesto, para demostrar que los argumentos de los actores no combaten las razones de la responsable, en el sentido de que por su naturaleza y contenido no se aceptó la ampliación de demanda y pruebas supervenientes presentados en la instancia local.

Marco jurídico.

La ley adjetiva electoral del Estado de San Luis Potosí adoptó un sistema procesal electoral de litis cerrada,[25] que implica que quien se asume como parte actora le corresponde la carga de formular sus pretensiones y establecer la causa de pedir; por tanto, cuando se ha fijado la litis con la presentación de la demanda, no puede variarse el objeto del proceso, pues el derecho a impugnar precluye con el ejercicio de la acción.

Es criterio de esta Sala Superior que la ampliación de demanda es admisible de forma excepcional, derivada del conocimiento o surgimiento de hechos novedosos estrechamente relacionados con aquellos en los que el actor sustentó sus pretensiones.[26]

Así, la ampliación de demanda no debe constituir una segunda oportunidad de impugnación respecto de hechos ya cuestionados, ni un obstáculo que impida resolver la controversia dentro de los plazos legalmente establecidos. 

En cuanto a las pruebas supervenientes, la ley aplicable[27] concuerda con la línea jurisprudencial[28] de esta Sala Superior, al establecer que se refieren a los medios de convicción surgidos después del plazo legal en que deban aportarse los elementos probatorios, y aquellos existentes desde entonces, pero que el promovente, el compareciente o la autoridad electoral, no pudieron ofrecer o aportar por desconocerlos o por existir obstáculos que no estaban a su alcance superar, siempre y cuando se aporten antes del cierre de la instrucción.

En consecuencia, el ofrecimiento de pruebas al margen de la ley y de la jurisprudencia debe rechazarse para evitar que las partes pretendan subsanar las deficiencias en el cumplimiento cabal y oportuno de la carga probatoria que la ley les impone. 

Justificación de la decisión

La parte actora no controvierte las razones de la responsable y no justifica que el escrito presentado en efecto era ampliación de demanda y la naturaleza de las pruebas supervenientes.

En relación con la supuesta violación a los principios de legalidad, congruencia y exhaustividad porque el Tribunal Local responsable no admitió los escritos de ampliación de demanda y pruebas supervenientes se tiene lo siguiente.

En el presente asunto, los actores omiten formular argumentos que combatan de manera directa las consideraciones de la responsable para desestimar los escritos de ampliación y las pruebas ofrecidas en ellos.

Para arribar a esa conclusión, en primer lugar es importante considerar que el contenido del escrito de ampliación de demanda local y de pruebas supervenientes, se relacionó documentos tales como un convenio de colaboración entre el INE y el OPLE de la entidad, acuerdos de la autoridad electoral relacionados con la agenda de distribución de paquetes electorales a las presidencias de mesas directivas de casilla, los nombres de las personas encargadas de realizar tal función, recibos de entrega, actas de la jornada electoral, y bitácora de entrega de paquetes electorales después de la elección.

Ahora bien, la responsable desestimó la ampliación de demanda aludida y las pruebas anexas, sobre la base de que los hechos planteados no resultaban novedosos ni desconocidos, sino que surgieron desde que se originó el acto impugnado y su pretensión era la misma que formuló en su demanda inicial.

Por ello, señaló la responsable, la parte actora se encontraba impedida legalmente para promover un segundo escrito de demanda, a fin de controvertir el mismo acto reclamado, contra el mismo sujeto demandado.

Ahora bien, en la demanda que da origen al presente juicio, la parte actora reitera que si bien se trataba de hechos que acontecieron antes de la presentación de su demanda no conocía el contenido de los documentos aportados por la autoridad electoral, de ahí que estimen que tenían el derecho de ampliar lo expuesto en su escrito inicial.

Como puede observarse, tales alegaciones no tienden a controvertir las consideraciones que sustentan la parte conducente del fallo reclamado; no se enderezan para demostrar por qué fue erróneo que la responsable considerara que tales cuestiones fueron del conocimiento de los actores desde que se generaron, o que efectivamente se trató de cuestiones novedosas o desconocidas y que, por tanto, efectivamente no estuvo en posibilidad de aportarlas desde su origen.

Más aún, en el escrito de demanda los actores reconocen expresamente que al momento en que promovió el medio de impugnación ya habían ocurrido los hechos materia de la ampliación, pues surgieron inmediatamente después de la clausura de la casilla.

No es óbice a lo anterior lo alegado por la parte actora en el sentido de que la responsable no tomó en consideración las resoluciones de los juicios electorales TESLP-JE- 01/2021 y TESLP-JE-0112021, en los que el propio tribunal local tuvo por acreditada la omisión del Instituto Local de entregar diversa información.

Lo anterior, pues la parte actora no acredita que la información que se le proporcionó derivado de los fallos aludidos implicaran hechos novedosos o pruebas supervenientes.

Por el contrario, la información correspondiente implica copia de documentación electoral (actas de jornada) así como bitácoras de entrega recepción de paquetes, que surgieron el día de la jornada electoral y de los que la parte actora tuvo conocimiento al momento de su origen, por lo que, de forma evidente, no se trata de pruebas supervenientes.

Conclusión.

Los argumentos de la parte actora son ineficaces pues reitera lo alegado ante la responsable y, por ende, no tienden a combatir las razones que sustentan el fallo reclamado.

B) ANÁLISIS DE NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN DIVERSAS CASILLAS POR LA SUPUESTA ACTUALIZACIÓN DE LA CAUSAL CONTEMPLADA EN LA FRACCIÓN VII, DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE JUSTICIA LOCAL, RELATIVA A LA RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS NO AUTORIZADAS POR LA LEY.

Decisión: respecto de 16 casillas es fundado el agravio, el resto debe confirmarse al no actualizarse la causal de nulidad.

El agravio planteado por la parte actora es fundado, por lo que hace a 16 casillas, en las que se acredita que el análisis realizado por la responsable fue deficiente y se actualiza la causal de nulidad de la votación recibida en casilla alegada.

Por otra parte, el agravio resulta infundado respecto del resto de las casillas alegadas por la parte actora, como se demuestra a continuación.

Agravios planteados por la parte actora.

Si bien la responsable anuló la votación recibida en treinta y un casillas, lo cierto es que analizó de forma inadecuada los alegatos relacionados con la integración indebida de diversas casillas por falta de funcionarios.

A decir de la parte actora, la responsable no fue exhaustiva en analizar los supuestos de ausencia de funcionarios que se hicieron valer, pues en varios casos la tuvo por acreditada pero no decretó la nulidad correspondiente.

La autoridad responsable debió considerar que las ausencias de los funcionarios de casilla se deben analizar de forma diferenciada, pues no es lo mismo que falten escrutadores que quien presida la misma.

El Tribunal Local no cumple con el principio de exhaustividad pues no basta con que señalara que la ausencia de escrutadores en las casillas impugnadas no actualiza la nulidad, pues debió estudiar de manera completa casos en los que se presentaron ausencias de hasta tres funcionarios, ambos secretarios o, incluso, el presidente de estas.

Finalmente, la parte actora se duele de que la responsable no anulara 385 casillas en las que de manera genérica se establece que las personas cuestionadas “se encontraban en la lista nominal”, sin ser más específica al respecto.

Metodología.

Derivado de los agravios planteados, esta Sala Superior advierte la existencia de falta de exhaustividad e indebido análisis de la actualización de nulidad de la votación en casilla por parte del Tribunal Local, por lo que en este caso, atendiendo a los tiempos y dada la proximidad de la toma de posesión del cargo de Gobernador en la entidad, se considera pertinente realizar el análisis correspondiente respecto de las 584 casillas alegadas en la instancia primigenia.

En efecto de la lectura de la resolución reclamada se advierte que la responsable incumplió con su obligación de llevar a cabo un análisis completo y detallado de las casillas e irregularidades que fueron sometidas a su consideración, lo que redundó en un estudio deficiente, pues no se pronunció de forma integral respecto de los alegatos planteados (por ejemplo, análisis de integración indebida de casillas).

Por lo anterior, eta Sala se avocará al estudio correspondiente atendiendo a las alegaciones de la parte actora conforme a lo considerado con anterioridad.

Ahora bien, el análisis correspondiente se realizará de la siguiente forma.

a) Casillas que ya fueron anuladas por el Tribunal Local.

b) Casillas en las que la parte actora no aporta en la demanda elementos mínimos para sustentar la causa de pedir y, por tanto, no es posible que esta Sala Superior lleve a cabo el análisis correspondiente.

c) Casillas en las que la parte actora se duele de falta de firma en actas de uno o de varios integrantes de la mesa directiva, o que en las mismas los datos son ilegibles o aparecen en blanco.

d) Casillas respecto de las que la parte actora se duele de la ausencia de uno o de varios integrantes de la mesa directiva el día de la jornada.

e) Casillas en las que la persona que supuestamente actuó de forma indebida aparece en el encarte.

f) Casillas en las que la persona que supuestamente actuó de forma indebida aparece en la lista nominal.

g) Casillas en las que se demuestra que la votación fue recibida por personas no autorizadas por la ley.

Es importante recalcar que algunas casillas serán analizadas en más de uno de los incisos antes descritos, en atención a los alegatos formulados, en cada caso, por la parte actora.

Para el análisis de las alegaciones de la parte actora, se valorarán los siguientes elementos que obran en el expediente[29]:

- Encarte publicado por la autoridad administrativa electoral respecto de la integración de mesas directivas de casilla.

- Originales y copias certificadas de actas de jornada electoral y de actas de escrutinio y cómputo.

- Copias certificadas de listas nominales.

Aunado a ello, esta Sala Superior se allegó de mayores elementos probatorios para resolver, en aras de realizar un estudio exhaustivo de las alegaciones de la parte actora y dotar de plena certeza los resultados de la elección cuestionada[30].

Marco jurídico.

La Constitución y la Ley Electoral establecen que la renovación de los poderes ejecutivo y legislativo de la federación, así como de los correspondientes a las entidades federativas, se llevará a cabo mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, por el sufragio universal, libre, secreto y directo de los ciudadanos.

En este sentido, una de las medidas que se deben cumplir para asegurar el adecuado desarrollo de la jornada electoral es que la recepción de la votación se realice por la mesa directiva de casilla, que debe estar debidamente integrada mediante el procedimiento establecido en la ley.

En este contexto, las mesas directivas de casilla son órganos de autoridad electoral que se integran, mediante insaculación, por ciudadanos, a quienes se les faculta para recibir la votación el día de la jornada electoral, así como para llevar a cabo el correspondiente escrutinio y cómputo.

Se integran con un presidente, un secretario, dos escrutadores y tres suplentes generales, salvo en los procesos en que concurran elecciones federales y locales, caso en el cual, el Consejo General del INE debe instalar una mesa directiva de casilla única para ambos tipos de elección, designando un secretario y un escrutador adicionales.

Dado que los trabajos en una casilla electoral son llevados a cabo por ciudadanos que no se dedican profesionalmente a esas labores, es de esperarse que se cometan errores no sustanciales que evidentemente no justificarían dejar sin efectos los votos ahí recibidos. Por ello, se requiere que la irregularidad respectiva sea grave y determinante, esto es, de tal magnitud que ponga en duda la autenticidad de los resultados.

Con base en lo anterior, solamente deberá anularse la votación recibida en casilla, cuando se presente alguna de las hipótesis siguientes:

        Cuando se acredite que una persona actuó como funcionario de la mesa receptora sin haber sido designada por la autoridad o pertenecer a la sección electoral de la casilla respectiva.[31]

        Cuando el número de integrantes ausentes de la mesa directiva haya implicado, dadas las circunstancias particulares del caso, multiplicar excesivamente las funciones del resto de los funcionarios, a tal grado que se haya ocasionado una merma en la eficiencia de su desempeño y de la vigilancia que corresponde a sus labores.

        Cuando con motivo de una sustitución, se habilita a representantes de partidos o candidatos independientes.[32]

Por otro lado, la Sala Superior ha sostenido[33] que la integración de las mesas directivas de casillas se rige, entre otros aspectos, por lo siguiente:

•     La ley prevé la debida integración de las mesas directivas de casilla para que funcionen en condiciones óptimas.

•     El número de funcionarios de casilla no se estableció con base en la máxima posibilidad de desempeño de todos y cada uno de ellos, sino que se dejó un margen para adaptarse a las modalidades y circunstancias de cada caso, de modo que, de ser necesario, pudieran aplicar un esfuerzo adicional.

•     El adecuado funcionamiento de las mesas directivas de casilla se rige por los principios de división de trabajo y de jerarquización, así como por el de plena colaboración.

•     Todas las tareas inherentes a la recepción del sufragio corresponde realizarlas preponderantemente al presidente y a los secretarios, siendo que, en esa etapa, las actividades de los escrutadores son de mero auxilio.

•     Son atribuciones de los presidentes de las mesas directivas de casilla, entre otras, practicar, con el auxilio del secretario y de los escrutadores y ante los representantes de los partidos políticos presentes, el escrutinio y cómputo.

La finalidad del sistema de nulidades en materia electoral consiste en eliminar las circunstancias que afecten a la certeza en el ejercicio personal, libre y secreto del voto, así como su resultado, por lo que cuando ese valor no se encuentre afectado sustancialmente, se deben preservar los votos válidos, en observancia al principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados.

Justificación de la decisión.

- Universo de casillas a analizar.

En primer lugar, las casillas respecto de las que el actor alega la irregularidad correspondiente son las siguientes:

- Casillas que ya fueron anuladas por la autoridad responsable y, por tanto, no serán materia de análisis en el presente caso.

Las casillas que se enlistan a continuación no serán analizadas en el presente juicio, pues respecto de ellas la parte actora alcanzó su pretensión, toda vez que fueron anuladas por la responsable.

- Casillas alegadas en la demanda de juicio de revisión constitucional electoral que no fueron materia de estudio en la instancia local.

De la lectura del escrito de demanda se advierte que la parte actora pretende la nulidad de la votación en las casillas 14 C1, 289 B, 774 C, 775 E1, 775 C1, 852 C2, 956 C1, 1069 C8, 1298 B, 1304 C2 y 1305 C13.

Respecto de dichas casillas el agravio es inoperante por tratarse de cuestiones novedosas, pues no fueron materia de los agravios planteados en la instancia local por la parte actora y, por ende, no formaron parte de la litis resuelta por parte de la autoridad responsable y controvertida en esta instancia.

- Casillas respecto de las que la parte actora no sustenta su causa de pedir.

Es criterio de esta Sala Superior, que tratándose de nulidad de la votación recibida en casilla, es obligación de quien reclama cumplir con la carga de la prueba, que implica, entre otras cuestiones, expresar los hechos que motivan la solicitud de nulidad, sin que para ello sea suficiente señalar, de manera vaga, general e imprecisa, las irregularidades que se pretenden hacer valer.

Si los demandantes son omisos en narrar los eventos en que descansan sus pretensiones, falta la materia de la prueba, pues se permitiría que a través de los medios de convicción se dieran a conocer hechos no aducidos, integradores de causales de nulidad no alegadas de manera clara y precisa.[35]

Ahora bien, en las casillas que se analizan a continuación, la parte actora sustenta sus alegaciones en hechos que resultan vagos, generales o imprecisos, de forma que no se cumple con la carga de la prueba.

- En las casillas que se enlistan a continuación, la parte actora no aporta datos suficientes para analizar la actualización de la causal de nulidad alegada:

Por cuanto hace a las casillas descritas con anterioridad, el alegato de la parte actora es ineficaz, pues para identificar a la persona que supuestamente recibió la votación de forma indebida, aporta únicamente nombre de pila o iniciales, que no son suficientes para que esta Sala Superior pueda realizar un contraste con el material probatorio disponible a efecto de determinar si se actualiza la irregularidad alegada.

Resulta de igual forma ineficaz lo alegado por la parte actora respecto de las casillas 775 E2 y 1228 C4, pues del análisis del material probatorio se advierte que las mismas no existen, por lo que no es posible que se actualizara irregularidad alguna.

- No se actualiza la nulidad de la votación en las casillas que se señalan a continuación, pues las personas que controvierte la parte actora no formaron parte de las respectivas mesas directivas ni recibieron la votación.

Respecto de las casillas precisadas en la tabla anterior, el agravio es ineficaz, pues del análisis del material probatorio correspondiente, particularmente de las actas de jornada electoral y de las actas de escrutinio y cómputo, se advierte que las personas de las que el actor se duele, no participaron como integrantes de las mesas directivas de las casillas que se señalan.

Así, lo alegado por la parte actora es general e impreciso, por lo que no se cumple la carga de la prueba correspondiente, lo que acarrea la ineficacia de lo alegado.

- No se actualiza la causa de nulidad en las casillas con falta de firma de funcionarios en actas o en las que aparecen datos ilegibles o en blanco.

En su escrito de demanda la parte actora reclama la nulidad de la votación de las siguientes casillas:

Falta de firma: 222 C1, 232 C1, 388 B, 391 B, 532 C1, 774 C7, 775 C5, 778 C2, 779 C2, 779 C5, 780 C, 783 C, 783 C2, 785 B, 794 C, 794 C3, 833 C, 862 C, 897 B, 1244 B, 1247 C11, 1251 C2, 1253 C3, 1253 C4, 1253 C5, 1253 C8, 1253 C9, 1253 C11, 1255 B, 1256 C2, 1257 C, 1260 B, 1263 C7, 1268 C, 1304 C8, 1315 C2, 1342 E1, 1539 C, 1587 E1, 1596 B, 1598 B, 1598 C, 1605 C y 1817 C8.

Datos ilegibles o en blanco: respecto de las casillas que se refieren a continuación, la parte actora señala que en las actas se encuentra en blanco el nombre uno o varios funcionarios de casilla, o que los mismos son ilegibles; 250 B, 965 C, 1271 C, 1274 B, 1279 C2, 1287 C6, 1293 C y 1308 B.

En relación con las casillas referidas, el agravio es ineficaz, pues la parte actora parte de la premisa equivocada que la sola situación descrita es suficiente para decretar la nulidad de la votación recibida en casilla.

No obstante, la narrativa del partido actor no basta, en sí misma, para demostrar la ausencia de funcionarios de mesa directiva de casilla o la existencia de una irregularidad grave como para acarrear la nulidad de la votación.

En efecto, la Sala Superior se ha pronunciado reiteradamente en el sentido de que la falta de firma no implica necesariamente la ausencia de funcionarios, toda vez que la falta de firma puede tener origen en un sinnúmero de factores que no implican, necesariamente, una irregularidad. [36]

Al respecto, es importante recordar que las mesas directivas de casilla se integran por ciudadanos capacitados por la autoridad administrativa para el efecto o por personas que se encuentran en la fila para votar, en caso de ausencia de aquellos.

Así, quienes fungen como funcionarios no son personas especializadas en el tema a quienes pueda exigirse un grado de precisión máximo en el cumplimiento de las tareas técnicas que implica la dirección de una mesa receptora de la votación.

Por tanto, es dable que se presenten inconsistencias, por ejemplo, en el llenado de las actas, que no implican, en sí mismas, la existencia de irregularidades que ameriten la nulidad de la votación correspondiente.

Al respecto, es importante señalar que el análisis de la documentación de las casillas 320 C2, 958 C1, 969 C, 970 C, 1062 C, 1259 B, 1273 C2, 1273 C6, 1273 C9, 1275 C2 y 1818 C, las actas correspondientes aparecen en blanco, ya sea en su totalidad o el espacio relativo a la persona que, a decir del actor, indebidamente integró la mesa directiva de casilla; respecto de ellas, esta autoridad no cuenta con elementos para contrastar si las personas alegadas por la parte actora fungieron como funcionarios de mesa directiva de casilla, siendo que, en sí mismo, la situación descrita no implica la nulidad automática de los centros de votación referidos.

- No se demuestra la actualización de la causal de nulidad por ausencia de uno o de varios integrantes de la mesa directiva el día de la jornada electoral.

Casillas en las que se alega la falta de uno o dos funcionarios: