JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL

EXPEDIENTE: SUP-JRC-254/2011

ACTORA: COALICIÓN “UNIDOS PODEMOS MÁS”

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO

TERCEROS INTERESADOS: ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS Y COALICIÓN “UNIDOS POR TI”

MAGISTRADO PONENTE: MANUEL GONZÁLEZ OROPEZA

SECRETARIOS: GUILLERMO ORNELAS GUTIÉRREZ, GERARDO RAFAEL SUAREZ GONZÁLEZ, HÉCTOR RIVERA ESTRADA, ESTEBAN MANUEL CHAPITAL ROMO Y JESÚS GONZÁLEZ PERALES

México, Distrito Federal, a quince de septiembre de dos mil once.

VISTOS, para resolver los autos del expediente al rubro indicado, relativo al juicio de revisión constitucional electoral promovido por la Coalición “Unidos Podemos Más”, integrada por el Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo y Convergencia, a fin de impugnar la resolución dictada el treinta y uno de agosto de dos mil once, por el Tribunal Electoral del Estado de México en el juicio de inconformidad JI/29/2011, mediante la cual confirmó los resultados consignados en el acta de cómputo final de la elección de Gobernador del Estado de México, el Acuerdo IEEM/CG/129/2011 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de la entidad referida en el cual declaró la validez de la elección de Gobernador en el Estado de México, así como la entrega de la constancia de mayoría otorgada al candidato de la Coalición “Unidos por ti”, Eruviel Ávila Villegas; y,

R E S U L T A N D O S

I. Antecedentes. De la narración de hechos expuestos por la Coalición enjuiciante en su escrito de demanda, así como de las constancias que obran en autos, se advierten los siguientes antecedentes:

1. Inicio del proceso electoral. El dos de enero de dos mil once dio inicio el proceso electoral a fin de elegir Gobernador en el Estado de México.

2. Jornada electoral. El tres de julio del presente año, se llevó a cabo la jornada electoral para elegir al Gobernador del Estado de México.

3. Resultados preliminares y cómputos distritales. Una vez concluida la jornada electoral, y obtenidos los resultados preliminares correspondientes a la elección de Gobernador del Estado de México, el miércoles seis de julio del presente año los Consejos Electorales Distritales del Instituto Electoral de la citada entidad federativa procedieron a realizar los cómputos de la mencionada elección, levantaron las actas respectivas e integraron los expedientes electorales, los cuales fueron remitidos al Consejo General del referido instituto electoral local, para llevar a cabo el cómputo final.

4. Juicios de Inconformidad. En contra de los resultados consignados en las actas de cómputo distrital, levantadas por los Consejos Electorales Distritales de la elección antes precisada, se interpusieron diversos juicios de inconformidad, los cuales fueron tramitados por la autoridad responsable.

5. Resolución de los Juicios de inconformidad locales. Los días dos, cinco y diez de agosto del presente año el Tribunal Electoral del Estado de México resolvió los juicios de inconformidad presentados contra los cómputos distritales.

6. Declaración de validez de la elección. El quince de agosto de dos mil once el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México aprobó el Acuerdo número IEEM/CG/129/2011, “Declaraciones de Validez de la Elección del día 3 de julio de 2011 y de Gobernador Electo del Estado de México”. El resultado del cómputo final de la elección fue el siguiente:

II. Primer Juicio de revisión constitucional electoral. El diecinueve de agosto del año en curso, Horacio Duarte Olivares, representante suplente de la Coalición “Unidos podemos más”, ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México promovió, per saltum, juicio de revisión constitucional electoral, a fin de impugnar el Acuerdo señalado anteriormente.

III. Acuerdo de Sala. El veintidós de agosto de dos mil once la Sala Superior determinó que no procedía el per saltum, por lo que reencauzó el juicio de revisión constitucional a juicio de inconformidad y lo envío al Tribunal Electoral del Estado de México. Éste lo registró con el número de expediente JI/29/2011.

IV. Resolución impugnada. El treinta y uno de agosto pasado el Tribunal Electoral del Estado de México dictó resolución en el juicio de inconformidad JI/29/2011, determinando lo siguiente:

“[…]

ÚNICO. Se confirman los resultados consignados en el acta de cómputo final de la elección de Gobernador, lo mismo que el acuerdo IEEM/CG/129/2011 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México el quince de agosto de dos mil once, mediante el que se declara la validez de la referida elección, así como la entrega de la constancia de mayoría otorgada al candidato de la Coalición "Unidos por ti", Eruviel Ávila Villegas, en términos de los considerandos QUINTO a DÉCIMO QUINTO de esta sentencia.

[…]”

La resolución fue notificada a la actora el primero de septiembre de dos mil once.

V. Segundo Juicio de revisión constitucional electoral. El cinco de septiembre del año en curso, Horacio Duarte Olivares, representante suplente de la Coalición “Unidos podemos más”, ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México promovió, juicio de revisión constitucional electoral, a fin de impugnar la resolución señalada anteriormente.

VI. Recepción de expediente en Sala Superior. Mediante oficio TEEM/P/614/2011 de seis de septiembre de dos mil once, recibido en la misma fecha en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior, la autoridad responsable remitió el expediente JI/29/2011 integrado con la demanda de juicio de revisión constitucional electoral y anexos correspondientes, el informe circunstanciado y demás documentación necesaria para la resolución del asunto.

VII. Turno de expediente. Mediante acuerdo de seis de septiembre del año en curso, el Magistrado Presidente ordenó integrar el expediente respectivo y registrarlo en el Libro de Gobierno con la clave SUP-JRC-254/2011 y turnarlo a la Ponencia del Magistrado Manuel González Oropeza, para los efectos previstos en los artículos 19 y 92 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Dicho acuerdo fue cumplimentado mediante oficio TEPJF-SGA/7401/2011, de la misma fecha signado por el Secretario General de Acuerdos de esta Sala Superior.

VIII. Terceros interesados. Por escritos recibidos en la Oficialía de partes de la Sala Superior, en fechas ocho y nueve de septiembre del presente año, Eruviel Ávila Villegas y la Coalición “Unidos por ti”, a través de su representante legal, respectivamente presentaron escritos de tercero interesado.

IX. Admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad el Magistrado instructor admitió el juicio en el que se actúa y declaró cerrada la instrucción, quedando los autos en estado de dictar sentencia, y

C O N S I D E R A N D O S:

PRIMERO. Competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción, y esta Sala Superior es competente para conocer y resolver el medio de impugnación al rubro indicado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 99, párrafo cuarto, fracción IV, 41, base VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 186, fracción III, inciso b), y 189, fracción I, inciso d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 4, y 87, apartado 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un juicio de revisión constitucional electoral promovido por la Coalición “Unidos podemos más”, en contra de la resolución dictada el treinta y uno de agosto de dos mil once, por el Tribunal Electoral del Estado de México en el juicio de inconformidad JI/29/2011, mediante la cual confirmó los resultados consignados en el acto de cómputo final de la elección de Gobernador del Estado de México, el Acuerdo IEEM/CG/129/2011 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de la entidad referida en el cual declaró la validez de la elección de Gobernador en el Estado de México, así como la entrega de la constancia de mayoría otorgada al candidato de la Coalición “Unidos por ti”, Eruviel Ávila Villegas.

SEGUNDO. Causas de improcedencia. En su escrito de tercero interesado la Coalición “Unidos por ti” señala que la demanda presentada por la Coalición “Unidos podemos más” es improcedente en virtud de que la actora sólo expone afirmaciones subjetivas y generales, sin razonamientos lógico-jurídicos, lo que no permite deducir las consecuencias jurídicas que pretende la promovente. Además, la coalición “Unidos podemos más” parte de premisas falsas, indebidas apreciaciones de los hechos y equivocadas interpretaciones de los preceptos legales aplicables. Por lo anterior, el tercero interesado estima que la Coalición actora presentó en forma frívola y maliciosa, una serie de agravios defectuosos, desagregados, incoherentes y sin el debido sustento jurídico.

Esta Sala Superior estima que dicha causa de improcedencia debe desestimarse, por las razones siguientes:

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, un medio de impugnación es frívolo, cuando sea notorio el propósito del actor de interponerlo sin existir motivo o fundamento para ello, o aquél en el cual, evidentemente, no se puede alcanzar el objeto que se pretende; es decir, la frivolidad de un medio de impugnación significa que es totalmente intrascendente o carente de sustancia.

En el caso concreto, de la lectura integral de la demanda del juicio de revisión constitucional electoral, se advierte que la Coalición "Unidos podemos más" señala hechos y agravios específicos, encaminados a que este órgano jurisdiccional se pronuncie, entre otros aspectos, sobre la constitucionalidad y legalidad de la resolución impugnada, emitida por el Tribunal Electoral del Estado de México, en la que confirmó la declaración de validez de la elección de Gobernador de la entidad, así como la constancia de mayoría entregada a Eruviel Ávila Villegas.

Tales planteamientos permiten advertir que el presente juicio de revisión constitucional electoral no carece de sustancia o trascendencia, pues los agravios hechos valer por la enjuiciante versan sobre la pretendida ilegalidad de la resolución relativa a la validez de la elección de Gobernador del Estado de México, por la vulneración de principios que rigen los procesos electorales.

En todo caso, la eficacia de esos argumentos para alcanzar los extremos pretendidos será motivo de análisis en el fondo de la controversia.

De ahí que la causal de improcedencia bajo estudio deba desestimarse.

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia de esta Sala Superior, consultable a páginas ciento treinta y seis a ciento treinta y siete, de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, Tomo Jurisprudencia, cuyo texto y rubro son al tenor siguiente:

"FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE.— En los casos que requieren del estudio detenido del fondo para advertir su frivolidad, o cuando ésta sea parcial respecto del mérito, el promovente puede ser sancionado, en términos del artículo 189, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. El calificativo frívolo, aplicado a los medios de impugnación electorales, se entiende referido a las demandas o promociones en las cuales se formulen conscientemente pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo del derecho o ante la inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el supuesto jurídico en que se apoyan. Cuando dicha situación se presenta respecto de todo el contenido de una demanda y la frivolidad resulta notoria de la mera lectura cuidadosa del escrito, las leyes procesales suelen determinar que se decrete el desechamiento de plano correspondiente, sin generar artificiosamente un estado de incertidumbre; sin embargo, cuando la frivolidad del escrito sólo se pueda advertir con su estudio detenido o es de manera parcial, el desechamiento no puede darse, lo que obliga al tribunal a entrar al fondo de la cuestión planteada. Un claro ejemplo de este último caso es cuando, no obstante que el impugnante tuvo a su alcance los elementos de convicción necesarios para poder corroborar si efectivamente existieron irregularidades en un acto determinado, se limita a afirmar su existencia, y al momento de que el órgano jurisdiccional lleva a cabo el análisis de éstas, advierte que del material probatorio clara e indudablemente se corrobora lo contrario, mediante pruebas de carácter objetivo, que no requieren de interpretación alguna o de cierto tipo de apreciación de carácter subjetivo, lo que sucede en los casos en que el actor se limita a afirmar que en la totalidad de las casillas instaladas en un municipio o distrito, la votación fue recibida por personas no autorizadas, y del estudio se advierte que en la generalidad de las casillas impugnadas no resulta cierto. El acceso efectivo a la justicia, como garantía individual de todo gobernado y protegida tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en las leyes secundarias, no puede presentar abusos por parte del propio gobernado, pues se rompería el sistema de derecho que impera en un estado democrático. La garantía de acceso efectivo a la justicia es correlativa a la existencia de órganos jurisdiccionales o administrativos que imparten justicia, por lo que a esas instancias sólo deben llegar los litigios en los que realmente se requiera la presencia del juzgador para dirimir el conflicto. Por tanto, no cualquier desavenencia, inconformidad o modo particular de apreciar la realidad puede llevarse a los tribunales, sino que sólo deben ventilarse ante el juzgador los supuestos o pretensiones que verdaderamente necesiten del amparo de la justicia. Por tanto, si existen aparentes litigios, supuestas controversias, o modos erróneos de apreciar las cosas, pero al verificar los elementos objetivos que se tienen al alcance se advierte la realidad de las cosas, evidentemente tales hipótesis no deben, bajo ninguna circunstancia, entorpecer el correcto actuar de los tribunales; sobre todo si se tiene en cuenta que los órganos electorales deben resolver con celeridad y antes de ciertas fechas. En tal virtud, una actitud frívola afecta el estado de derecho y resulta grave para los intereses de otros institutos políticos y la ciudadanía, por la incertidumbre que genera la promoción del medio de impugnación, así como de aquellos que sí acuden con seriedad a esta instancia, pues los casos poco serios restan tiempo y esfuerzo a quienes intervienen en ellos, y pueden distraer la atención respectiva de los asuntos que realmente son de trascendencia para los intereses del país o de una entidad federativa, e inclusive el propio tribunal se ve afectado con el uso y desgaste de elementos humanos y materiales en cuestiones que son evidentemente frívolas. Tales conductas deben reprimirse, por lo que el promovente de este tipo de escritos, puede ser sancionado, en términos de la disposición legal citada, tomando en cuenta las circunstancias particulares del caso."

TERCERO. Requisitos de procedencia. En el presente juicio de revisión constitucional electoral se encuentran satisfechos los requisitos del artículo 9, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues el escrito de demanda se presentó ante la autoridad responsable y, en él consta la denominación de la actora; nombre, domicilio y firma autógrafa de la promovente; se encuentran identificados el fallo combatido y la autoridad emisora; los hechos base de la impugnación, y los agravios contra tal determinación.

Presupuestos procesales y requisitos especiales de procedibilidad. Se encuentran igualmente satisfechas las exigencias contempladas por los artículos 86 y 88, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, como a continuación se demuestra.

Oportunidad. La demanda fue presentada dentro de los cuatro días fijados por el artículo 8 de la referida ley procesal, toda vez que la resolución impugnada fue emitida por la autoridad responsable el treinta y uno de agosto de dos mil once, y notificada a la actora el primero de septiembre siguiente.

Consecuentemente, si la demanda en comento fue presentada ante la autoridad responsable el cinco de septiembre de dos mil once, resulta inconcuso que se tenga por satisfecho el requisito bajo estudio.

Legitimación y personería. Si bien, el artículo 88, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, dispone que el juicio de revisión constitucional electoral puede ser promovido por los partidos políticos, esta Sala Superior ha sostenido el criterio de que, toda vez que una Coalición se encuentra integrada por entes de interés público, éstos válidamente se encuentran en aptitud de promover medios de impugnación en materia electoral.

Lo anterior, se corrobora con el contenido de la Tesis de Jurisprudencia número S3ELJ 21/2002, identificada con el rubro "COALICIÓN, TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LOS MEDIOS IMPUGNATIVOS EN MATERIA ELECTORAL", consultable a páginas cuarenta y nueve y cincuenta de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, tomo Jurisprudencia.

En este orden de ideas, es evidente que, en el caso, se colman los extremos requeridos por el presupuesto procesal en comento, pues el presente medio de impugnación fue promovido por una Coalición integrada por los partidos políticos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia, y lo hizo a través de su representante legal, Horacio Duarte Olivares, cuya personería es reconocida por la responsable, en virtud de que fue la persona que promovió el juicio de inconformidad cuya sentencia ahora se impugna, por tanto, cuenta con personería en términos de lo previsto en el artículo 88, apartado 1, inciso b) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Interés jurídico. La Coalición actora cumple con el requisito de interés jurídico para instar ante esta instancia, en virtud de que fue ella quien interpuso el juicio de inconformidad al que recayó la resolución aquí impugnada. Además de que participó en el proceso electoral  para elegir gobernador en el Estado de México para el periodo dos mil once dos mil diecisiete, cuya declaración de validez fue impugnada en este juicio, de ahí que, de asistirle la razón, se vería colmada su pretensión, la cual radica en que se declare la invalidez de la elección y, en consecuencia, se revoque la constancia de mayoría correspondiente.

Actos definitivos y firmes. El requisito de definitividad y firmeza previsto en el artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y desarrollado en el artículo 86, apartado 1, incisos a) y f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, también se surte en la especie.

Lo anterior es así, pues para combatir la resolución impugnada no está previsto algún otro medio de impugnación en la legislación electoral de la referida entidad federativa, ni existe disposición o principio jurídico de donde se desprenda la autorización a alguna autoridad de esa entidad para revisar y, en su caso, revocar, modificar o anular oficiosamente el acto impugnado.

Por tanto, se satisface el requisito en cuestión.

Actos que violen algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En relación con el requisito de procedibilidad señalado en el párrafo 1, inciso b), del artículo 86 de la ley general en cita, en el caso, se advierte que, en su demanda, la enjuiciante señala que la resolución impugnada no se ajusta a los principios rectores tutelados, entre otros, por los artículos 14, 16, 17, 39, 41, 99, y 116, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En opinión de esta instancia jurisdiccional, lo anterior resulta suficiente para tener por satisfecho el requisito que se analiza, por ser éste de carácter formal, tal como se corrobora con la tesis de jurisprudencia cuyo rubro es "JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. INTERPRETACIÓN DEL REQUISITO DE PROCEDENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 86, PÁRRAFO 1, INCISO B) DE LA LEY DE LA MATERIA", visible en las páginas ciento cincuenta y cinco y ciento cincuenta y seis, de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997–2005, tomo Jurisprudencia.

La violación reclamada puede ser determinante para el desarrollo o el resultado del proceso electoral respectivo. En el caso, se cumple con el requisito previsto por el párrafo 1, inciso c), del artículo 86, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral pues, en la especie, la actora pretende que se revoque el acto impugnado, y que se declare la nulidad de la elección de Gobernador del Estado de México, circunstancia que evidencia el carácter determinante a que alude el precepto legal invocado, por lo tanto, de acogerse las pretensiones de la enjuiciante, ello traería como consecuencia que se anule la elección lo que, obviamente afectaría el resultado final de la misma.

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia S3ELJ 15/2002, sustentada por esta Sala Superior, consultable a foja trescientas once de la Compilación Oficial Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, tomo Jurisprudencia, cuyo rubro es del orden siguiente: "VIOLACIÓN DETERMINANTE EN EL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. SURTIMIENTO DE TAL REQUISITO".

La reparación solicitada es material y jurídicamente posible. Dentro del plazo electoral constitucional establecido en razón de que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69, de la Constitución Política del Estado de México, el Gobernador Electo de dicha entidad federativa deberá tomar posesión de su cargo el próximo dieciséis de septiembre.

Ahora bien, en razón de que se cumplió con los requisitos de procedibilidad y en virtud de que no se actualiza alguna de las causales de improcedencia o sobreseimiento previstas en la legislación aplicable, lo conducente es realizar el estudio del fondo de los motivos de impugnación expuestos por la enjuiciante en su escrito de demanda.

CUARTO. Resolución Impugnada. En virtud de que, los autos de este juicio quedaron a disposición de los magistrados de esta Sala Superior para su consulta y estudio directo, desde que fueron turnados al magistrado instructor y, adicionalmente, la sentencia dictada en el juicio de inconformidad impugnada y la demanda del presente juicio, fueron puestos a disposición de los Magistrados de la Sala Superior, al no tratarse de una formalidad exigida por las leyes en el dictado de las sentencias, se considera innecesario hacer la transcripción acostumbrada de las consideraciones del fallo reclamado, dado que sólo contribuiría a incrementar considerablemente el volumen de esta ejecutoria.

QUINTO. Acumulación. La Coalición “Unidos podemos más” solicita a esta Sala Superior que se acumule el juicio de revisión constitucional electoral promovido en contra de la resolución recaída al recurso de apelación número RA/89/2011 al presente juicio a fin de evitar la emisión de resoluciones incongruentes.

Dicha petición es improcedente.

El artículo 31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral dispone que, para la resolución pronta y expedita de los medios de impugnación, se podrá decretar su acumulación.

Al respecto, debe precisarse que el objetivo primordial de la acumulación de autos, es acatar el principio de economía procesal traducido en que en un solo momento se resuelvan dos o más juicios o procedimientos en donde exista identidad en las personas, acciones, bienes o causas; y evitar que se dicten sentencias contradictorias, resultando de lo anterior, que a pesar de la tramitación y de la resolución conjunta y simultánea, los juicios acumulados conservan su individualidad, es decir, sus características propias.

De lo anterior, se infiere que la circunstancia de que no se declare la acumulación de autos, de ninguna manera implica que se deje sin defensa a la accionante o que pueda influir de manera decisiva en la sentencia que se dicte en el presente juicio, y menos aún que no sea oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en éste conforme a la ley; ello, porque la acumulación no trae como consecuencia que los procedimientos acumulados pierdan su autonomía, ya que dicha figura jurídica no origina el fenómeno de fusión, pues no ocasiona que se alteren o modifiquen los derechos sustantivos que en cada uno de ellos tienen las partes, porque la acumulación solamente tiene efectos de carácter intraprocesal, por consiguiente, el aspecto sustantivo de uno no puede incidir en el otro para resolver el fondo de los asuntos.

Por otra parte, en términos del artículo 15, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, constituye un hecho notorio para esta Sala Superior, de modo que no requiere de prueba, que además del presente asunto, en esta Sala Superior se tramita el juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-246/2011, promovido por la Coalición “Unidos podemos más”, en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de México, el treinta y uno de agosto del año en curso, en el recurso de apelación RA/89/2011.

Ahora bien, del análisis preciso del escrito relativo al juicio de revisión mencionado, y del correspondiente al juicio en que se actúa, pone de manifiesto lo siguiente:

1. El actor es el mismo, así como la autoridad responsable.

2. En cada juicio constitucional se cuestionan diferentes actos, esto es, en el SUP-JRC-246/2011, se impugna la resolución emitida el treinta y uno de agosto pasado, en el recurso de apelación RA-89-2011, mediante la cual se confirmó la resolución emitida el doce de ese mes y año, por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, en el expediente CHIM/CUPM/EPN-ACN-EAV-MUVG-LCP-OAC-CUPT/097/2011/06; por lo que hace al SUP-JRC-254/2011 en que se actúa, se controvierte la diversa resolución de treinta y uno del mes próximo pasado, en el juicio de inconformidad JI/29/2011, promovido en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo final de la elección de Gobernador; la declaración de validez de dicha elección, así como la expedición de la constancia de mayoría otorgada al candidato de la coalición “Unidos por ti”.

3. Las pretensiones relacionadas con el acto electoral cuestionado, también difieren en sendos juicios, pues en el primero la pretensión es que se revoque la resolución reclamada y se sancione a los sujetos denunciados; mientras que en el segundo, consiste en la revocación de la sentencia impugnada y por ende, se declare la invalidez de dicha elección y se cancele la constancia de mayoría otorgada al candidato de la coalición “Unidos por ti”.

Las diferencias destacadas en cada juicio de revisión constitucional electoral, respecto del acto impugnado revelan que no existe riesgo de la emisión de sentencias contradictorias, lo cual pretende inhibirse con la acumulación, pues en cada juicio serán materia de juzgamiento actos, causas y objetos distintos.

Ante tal panorama, queda a la decisión del órgano jurisdiccional resolver la petición de acumulación que se someta a su potestad, con fines meramente instrumentales; es decir, con apoyo en el discernimiento sobre la economía procesal de los casos concretos, al valorar si se consigue mayor economía, sencillez y claridad con la acumulación o sin ella.

En este sentido, si se obsequiara la petición de acumulación solicitada, no se garantizaría necesariamente una mayor economía procesal, y por el contrario, traería dificultades para el manejo y operación de los expedientes, por su magnitud.

Además, complicaría la elaboración de la sentencia, por el cúmulo de información que se incluiría, la cantidad de precisiones que se tendría que hacer en relación con cada acto impugnado, al momento de emitir los puntos resolutivos, y las consecuentes dificultades al momento de dar seguimiento a su cumplimiento.

De lo anterior, se puede concluir válidamente que con la petición de acumulación de juicios solicitada, no se consigue algún beneficio procesal y, por el contrario, se presentarían serias dificultades de forma y hasta substanciales, de manera que se reitera su improcedencia.

SEXTO. Síntesis de agravios. La Coalición actora sustenta su demanda en torno a ocho agravios referentes a la violación de los principios constitucionales que rigen los procesos electorales y que son los siguientes:

1.                La actora señala que el tribunal responsable realizó una indebida interpretación de la litis que le fue planteada en la demanda del juicio de inconformidad, desacatando con ello las jurisprudencias relativas al principio de congruencia de las resoluciones.

2.                La Coalición se inconforma con la negativa de la responsable de acumular al juicio de inconformidad los diversos recursos de apelación que la misma presentó para impugnar las resoluciones del Instituto Electoral del Estado de México en las que se resolvieron diversas quejas relacionadas con el proceso de elección de gobernador de la entidad referida.

3.                Los actos que para la actora implicaron una violación de los principios constitucionales son:

a.                La realización de actos anticipados de campaña por parte del entonces candidato a Gobernador de la Coalición “Unidos por ti”, Eruviel Ávila Villegas, en virtud de que realizó diversos actos durante la etapa de precampaña, que según la actora, al haber sido el único precandidato del Partido de la Revolucionario Institucional no tenía derecho de realizar precampaña.

b.                El rebase de tope de gastos de campaña del candidato de la Coalición “Unidos por ti”, al estimar que de conformidad con lo establecido por esta Sala Superior en el SUP-JRC-169/2011, todos los actos de precampaña del candidato Eruviel Ávila Villegas, al ser actos prohibidos, deben contabilizarse en sus gastos de campaña; que con base en el Informe Final del Monitoreo a Medios de Comunicación Alternos se desprenden los gastos que erogó el candidato, lo que aunado a la prueba pericial aportada por la Coalición actora, el Tribunal responsable debía haber determinado el rebase de tope de gastos de campaña.

c.                 La permanencia de propaganda gubernamental estatal y municipal en 116 municipios durante la etapa de campaña electoral, lo que constituyó una violación de los artículos 41, apartado C, y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 129 de la Constitución local y 157 del Código Electoral del Estado de México.

d.                La actuación parcial de las autoridades electorales, por los siguientes motivos: la coacción e inducción al voto por parte del candidato de la Coalición “Unidos por ti” por haber firmado 6 000 compromisos ante notario público, y la dilación injustificada por parte del Instituto Electoral estatal en la substanciación y resolución de los procedimientos administrativos.

e.                La inequidad en medios de comunicación nacionales y estatales, agravio en el que la actora señala que en la resolución impugnada la responsable no hizo una debida fijación de la litis, valoró las pruebas de manera incorrecta, realizó un insuficiente estudio de fondo y una deficiente argumentación en torno a la libertad de expresión y el derecho a la información en el ámbito electoral.

f.                   La intervención de servidores públicos y del Gobierno del Estado de México en el proceso electoral favoreciendo indebidamente a la Coalición “Unidos por ti” y a su entonces candidato Eruviel Ávila Villegas, que fueron denunciados en su momento ante el Instituto Electoral.

4.                La Coalición actora sostiene que en base al cúmulo de irregularidades denunciadas y que acontecieron durante todo el proceso electoral, éstas inciden en el resultado de la elección porque no se respetaron los principios rectores de ésta, se vulneró la libertad del sufragio, por lo que contrariamente a lo determinado por el Tribunal responsable procedía declarar la nulidad de la elección conforme al artículo 299, fracciones II, IV, incisos b) y c) y VI, del Código Electoral del Estado de México.

SÉPTIMO. Estricto Derecho. Resulta importante destacar que la naturaleza extraordinaria del juicio de revisión constitucional electoral implica el cumplimiento irrestricto de ciertos principios y reglas establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Entre dichos principios destaca, en atención a lo previsto en el artículo 23, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que en los medios de impugnación como el que nos ocupa no procede la suplencia de la queja deficiente, en tanto que se está ante un juicio de estricto derecho, que impide a este órgano jurisdiccional suplir las deficiencias u omisiones en el planteamiento de los agravios, cuando éstos no puedan ser deducidos claramente de los hechos expuestos, imponiendo a las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el imperativo de resolver la controversia con sujeción estricta a los agravios expuestos por el enjuiciante.

En este sentido, como ha sostenido reiteradamente esta instancia jurisdiccional, si bien se ha admitido que la expresión de agravios se pueda tener por formulada con independencia de su ubicación en cierto capítulo o sección del escrito de demanda, así como de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea como silogismo jurídico o utilizando cualquier fórmula deductiva, inductiva o dialéctica, puesto que el juicio de revisión constitucional electoral no está sujeto a un procedimiento o formulario solemne, lo cierto es que, como requisito indispensable para tener por formulados los agravios, se exige la expresión clara de la causa de pedir, detallando la lesión o perjuicio que ocasiona el acto o sentencia impugnado, así como los motivos que originaron ese agravio.

Esto, para que con la argumentación expuesta por el enjuiciante, dirigida a demostrar la ilegalidad en el proceder de la autoridad responsable, este órgano jurisdiccional se ocupe de su estudio y resolución, conforme a los preceptos jurídicos aplicables.

De ahí, que los motivos de disenso deben estar encaminados a desvirtuar todas y cada una de las consideraciones o razones, de hecho y de Derecho, que la autoridad responsable tomó en cuenta al emitir su sentencia, esto es, el actor debe hacer patente que los argumentos en los que la autoridad enjuiciada sustentó el acto reclamado, conforme a los preceptos normativos que estimó aplicables, son contrarios a Derecho.

De lo contrario, los agravios formulados tendrán que ser declarados inoperantes, ya sea por su insuficiencia o inatendibilidad, por lo que deberán seguir subsistiendo los efectos legales del acto reclamado.

OCTAVO. Estudio de fondo. Previo a entrar al estudio de fondo procede señalar que los agravios de la Coalición “Unidos podemos más” serán estudiados en el orden propuesto por la actora. En primer lugar se estudiarán los dos primeros agravios y en uno segundo se analizarán todos los agravios directamente relacionados con la petición de nulidad de la elección.

I.    Indebida fijación de la litis.

La actora señala los siguientes agravios:

“[…]

CUESTIÓN PREVIA. INDEBIDA FIJACIÓN DE LA LITIS.

 Causa agravio a la coalición que represento, lo señalado por el Tribunal Electoral responsable en la consideración TERCERA de la resolución que por esta vía constitucional se impugna, y en la parte que considera que "de la lectura del escrito inicial se advierte con claridad, que la pretensión de la coalición actora consiste en que se declare la nulidad de la elección de Gobernador del Estado de México", estimando por ende, que "...la litis en el presente asunto consiste en determinar si, de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales aplicables en la materia, debe o no declararse la nulidad de la elección...con todos sus efectos ulteriores...", habida cuenta que ello constituye una plena conculcación a los principios de exhaustividad, justicia completa e imparcial, legalidad, certeza y profesionalismo contenidos en los artículos 17, 41 y 116 fracción IV de la Constitución General de la República, así como de diversas criterios de esa Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a los cuales, la responsable estaba constreñida a acatar, en términos del artículo 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mismas que específicamente serán citadas más adelante.

En efecto, tal como es posible constatar de la simple lectura del libelo de demanda que resolvió ¡legalmente la responsable, en los apartados de actos anticipados de campaña y de rebase de gastos de campaña, se hace puntual referencia a que en virtud de que en los numerales 355, fracción I, incisos a) y b) y 61, fracción IV, inciso e), segundo párrafo del Código Electoral del Estado de México, debió haberse cancelado el registro del candidato Eruviel Ávila Villegas, o bien, que se cancelara o revocara la constancia de mayoría que le fue otorgada, en virtud de la magnitud y gravedad de las conductas desplegadas en lo tocante específicamente, resulta inconcuso que el tribunal a quo, se desconoce si deliberadamente o por falta de profesionalismo o técnica jurídica, simplemente y sencillamente ignoró y pasó por alto estos puntos específicos a los que legalmente estaba obligada a dar respuesta puntual, en aras de respetar la impartición de una justicia completa e imparcial, dado que no es verdad que únicamente la causa última de pedir haya sido exclusivamente la anulación de la elección, en el entendido además, de que si se cancela o revoca la constancia de mayoría de Eruviel Ávila Villegas, daría como resultado que Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez fuera quien tomara posesión del cargo de Gobernador del Estado de México, lo cual lógicamente es favorable para los interese de mi representada

De esta manera, el tribunal responsable en pleno desacato a la tesis de jurisprudencia "EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE", visible en: Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 5, Año 2002, páginas 16 y 17, en donde se establece que este principio impone a los juzgadores, una vez constatada la satisfacción de los presupuestos procesales y de las condiciones de la acción, el deber de agotar cuidadosamente en la sentencia, todos y cada uno de los planteamientos hechos por las partes durante la integración de la litis, en apoyo de sus pretensiones; en tanto que también señala que si se trata de una resolución de primera o única instancia se debe hacer pronunciamiento en las consideraciones sobre los hechos constitutivos de la causa de pedir, y sobre el valor de los medios de prueba aportados o allegados legalmente al proceso, como base para resolver sobre las pretensiones, y si se trata de un medio impugnativo susceptible de abrir nueva instancia o juicio para revisar la resolución de primer o siguiente grado, es preciso el análisis de todos los argumentos y razonamientos constantes en los agravios o conceptos de violación y, en su caso, de las pruebas recibidas o recabadas en ese nuevo proceso impugnativo, lo cual fue irrelevante para dicho órgano juzgador.

Asimismo, hizo caso omiso a la tesis: "PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN", consultable en: Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, página 51, la que dispone que las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, cuyas resoluciones admitan ser revisadas por virtud de la interposición de un medio de impugnación ordinario o extraordinario, están obligadas a estudiar completamente todos y cada uno de los puntos integrantes de las cuestiones o pretensiones sometidas a su conocimiento y no únicamente algún aspecto concreto, por más que lo crean suficiente para sustentar una decisión desestimatoria, pues sólo ese proceder exhaustivo asegurará el estado de certeza jurídica que las resoluciones emitidas por aquéllas deben generar, concluyéndose que si no se procede de manera exhaustiva podría haber retraso en la solución de las controversias, que no sólo acarrearía incertidumbre jurídica, sino que incluso podría conducir a la privación irreparable de derechos, con la consiguiente conculcación al principio de legalidad electoral de los referidos artículos 41, fracción III; y 116, fracción IV, inciso b), constitucionales.

La responsable también inobservó lo dispuesto en la tesis "EXHAUSTIVIDAD, MODO DE CUMPLIR ESTE PRINCIPIO CUANDO SE CONSIDEREN INSATISFECHAS FORMALIDADES ESENCIALES", visible en: Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 3, Año 2000, páginas 45 a 47, lo anterior en virtud de que como señala en tal criterio jurisprudencial señala, en lo que interesa que si el fin perseguido con el principio de exhaustividad consiste en que las autoridades agoten la materia de todas las cuestiones sometidas a su conocimiento, mediante el examen y determinación de la totalidad de las cuestiones concernientes a los asuntos de que se ocupen, ello es a efecto de que no se den soluciones incompletas, imponiéndose, como consecuencia lógica y jurídica de ello, que cuando se advierta la existencia de situaciones que pueden impedir el pronunciamiento sobre alguno o algunos de los puntos sustanciales concernientes a un asunto, el principio en comento debe satisfacerse mediante el análisis de todas las demás cuestiones no comprendidas.

En esta tesitura, resulta evidente que la responsable también ignoró palmariamente la tesis: "MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR.", la cual es consultable en: Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 3, Año 2000, página 17, y en donde sustancialmente se precisa que en tratándose de medios de impugnación en materia electoral, el juzgador debe leer detenida y cuidadosamente el ocurso que contenga el que se haga valer, para que, de su correcta intelección y comprensión, advierta y atienda preferentemente a lo que se quiso decir y no a lo que aparentemente se dijo, con el objeto de determinar con exactitud la intención del promovente, ya que sólo de esta forma se puede lograr una recta administración de justicia en materia electoral, al no aceptarse la relación obscura, deficiente o equívoca, aspectos todos que la responsable pasó por alto, máxime si se considera que fueron aspectos expresamente expresados.

En consecuencia, como un aspecto previo, mí representada estima imprescindible la manifestación del presente motivo de disenso, a fin de que pueda ser analizado conforme a lo planteado.

[…]”

De lo anterior se advierte que la Coalición actora señala que la resolución impugnada viola los principios constitucionales de exhaustividad, justicia completa e imparcialidad, legalidad, certeza y profesionalismo. Ello en virtud de que la responsable realizó una indebida fijación de la litis al estudiar únicamente el tema de la nulidad de la elección de Gobernador, omitiendo pronunciarse sobre los agravios relativos a la aplicación de los artículos 355, fracción I, inciso a) y b) y 61, fracción IV, inciso e), segundo párrafo del Código Electoral del Estado de México. La actora señala que en virtud de las irregularidades denunciadas consistentes en la realización de actos anticipados de campaña y el rebase de tope de gastos de campaña por parte del candidato electo, la responsable debía cancelar el registro de Eruviel Ávila Villegas o cancelar o revocar la constancia de mayoría que le fue otorgada, lo que daría como resultado que el entonces candidato Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez fuese quien tomará posesión del cargo de Gobernador del Estado de México.

No obstante, la responsable no se pronunció sobre este tema, de manera deliberada o por falta de profesionalismo o técnica jurídica, desacatando con ello diversas jurisprudencias.

Previo a contestar el presente agravio es menester hacer referencia a lo que la Coalición actora dijo y pidió, sobre este tema, en su demanda de juicio de inconformidad.

En la página 13 de la demanda dice:

“…La multiplicidad de irregularidades graves en que la Coalición “Unidos por ti” y su candidato Eruviel Ávila Villegas incurrieron, mismas que han sido mencionadas y serán detalladas en cada agravio que se expresará, provocaron la alteración de las condiciones normales en que se debió llevar a cabo la elección de mérito, al vulnerar los principios electorales de legalidad, autenticidad y libertad del sufragio, certeza, equidad, seguridad jurídica, imparcialidad y profesionalismo de las autoridades electorales, así como los principios constitucionales que deben regir en toda elección que se tilde de democrática, actualizando de esa forma la hipótesis de nulidad de la elección de Gobernador previstas en las fracciones II, IV, incisos b) y c), y VI del artículo 299 del Código Electoral del Estado de México….”

Luego, en el agravio relativo a los actos anticipados de campaña (página 39), la promovente señala:

“…durante toda la etapa de precampaña, Eruviel Ávila Villegas incurrió en actos anticipados de campaña, lo que en forma determinante vulneró los principios constitucionales que deben regir en las elecciones democráticas, pues ilegalmente logró y obtuvo un posicionamiento indebido frente al electorado que se vio reflejado en la cantidad de votos obtenido en la jornada electoral, y hace viable jurídicamente hablando, que la elección ahora cuestionada, sea anulada en términos de los dispuesto en la fracción VI del precitado artículo 299 del Código comicial local, no debiendo pasar desapercibido que esta conducta grave por haberse presentado durante toda la etapa de precampaña estando prohibido, genera que el candidato que incurre en ello le sea retirado el registro.”

Finalmente, en el rubro del agravio referente al rebase de topes de gastos de campaña la actora dijo:

“…Ahora bien, conforme al artículo 61, fracción IV, antepenúltimo párrafo del Código Electora, si del análisis que realice el Órgano Técnico de Fiscalización, se desprenden conductas sancionables conforme al señalado código comicial o a otras leyes aplicables, el Consejo General lo notificará al Tribunal Electoral para los efectos legales conducentes, sin perjuicio de la aplicación de otras sanciones que llegasen a proceder, precisando que en el caso de que el partido 8º coalición) de que se trate rebase el tope de gastos de campaña…dicho Consejo, previa información al partido (o coalición) y satisfecha la garantía de audiencia del candidato o candidatos que hubiesen obtenido la constancia de mayoría en el proceso electoral respectivo, que en la especie, es la de Gobernador del Estado de México, aplicará las penas que en derecho procediesen, dentro de las que se contempla la cancelación de la constancia de mayoría respectiva.

El rebase de topes de campaña, independientemente de la sanción administrativa referida, se constituye como causal de nulidad de elección, estableciéndose en el artículo 299, fracción IV, inciso b) del Código Electoral del Estado de México, lo siguiente:…”

De lo anteriormente transcrito se advierte que la actora fundó esencialmente su demanda en la petición de anular la elección de Gobernador en base al artículo 299 del Código Electoral. No obstante, como lo señala en el juicio en el que se actúa, sólo en la expresión del agravio relativo al rebase de tope de gastos de campaña, pidió que se revocara la constancia de mayoría otorgada a Eruviel Ávila Villegas, sin indicar que su pretensión era que la misma se otorgará a Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez.

Por lo tanto, su agravio es infundado por lo siguiente.

En primer término se estima necesario hacer una presentación de las disposiciones legislativas locales que rigen el tema a estudio. El Código Electoral del Estado de México dispone:

“Artículo 61.- Los partidos políticos o coaliciones deberán presentar ante el Órgano Técnico de Fiscalización del Instituto, los informes del origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su aplicación y empleo, bajo las siguientes reglas:

IV. La presentación y revisión de los informes de los partidos políticos se sujetarán a las siguientes reglas:

a) En un plazo no mayor a sesenta días, el Órgano Técnico de Fiscalización deberá culminar el análisis y estudio de los informes anuales. Para los informes de gastos de campaña, dispondrá de noventa días;

b) Los partidos políticos estarán obligados a proporcionar la documentación necesaria para comprobar la veracidad de los reportes;

c) Cuando de la revisión de los informes se advierta la existencia de errores u omisiones técnicas, notificará al partido político de la misma, para que en un plazo no mayor a veinte días contados a partir de la notificación, presente las aclaraciones o rectificaciones conducentes;

d) A más tardar al vencimiento del término marcado en el inciso a) de esta fracción, el Órgano Técnico de Fiscalización deberá presentar un dictamen sobre los informes de los partidos políticos, el cual contendrá al menos, el resultado y conclusiones, los errores o irregularidades detectadas, las aclaraciones o rectificaciones y las recomendaciones contables; y

e) El Consejo General conocerá el dictamen y proyecto de acuerdo, que será discutido y en su momento aprobado, ordenándose su publicación en la Gaceta del Gobierno y su notificación a los partidos políticos.

Si el análisis que realice el Órgano Técnico de Fiscalización se desprenden conductas sancionables conforme a este Código o a otras leyes aplicables, el Consejo General lo notificará al Tribunal Electoral para los efectos legales conducentes, sin perjuicio de la aplicación de otras sanciones que, conforme a derecho, llegasen a proceder. En el caso de que el partido de que se trate rebase el tope de gastos de campaña, oculte o mienta con dolo o mala fe respecto a los datos o informes sobre el origen, monto o gastos realizados en la campaña en que se apliquen, el Consejo General, previa información al partido y satisfecha la garantía de audiencia del candidato o candidatos que hubiesen obtenido la constancia de mayoría en el proceso electoral respectivo, aplicará las penas que en derecho procediesen, las que podrán incluir la cancelación de la Constancia de Mayoría.

Artículo 355.- Los partidos políticos, sus dirigentes, precandidatos y candidatos, Independientemente de las responsabilidades en que incurran, podrán ser sancionados con:

II. Dirigentes o precandidatos:

a) Por realizar actos anticipados de precampaña con independencia de otras sanciones establecidas en este Código se aplicará multa del equivalente de cincuenta a mil días de salario mínimo general vigente en la capital del Estado de México. Si la violación fuese grave podrá, adicionalmente, sancionarse con la pérdida del derecho para ser postulado como candidato en la elección de que se trate o, en su caso, con la cancelación del registro como candidato, correspondiente; y

b) Por rebasar los topes de precampaña, con independencia de otras sanciones establecidas en este Código se aplicará multa de entre el doble y el triple de la cantidad erogada por encima del tope. Si la violación fuese grave podrá, adicionalmente, sancionarse con la pérdida del derecho para ser postulado como candidato en la elección de que se trate o, en su caso, con la cancelación del registro como candidato, correspondiente.

III. Dirigentes o candidatos:

a) Por realizar actos anticipados de campaña con independencia de otras sanciones establecidas en este Código se aplicará multa del equivalente de cincuenta a mil días de salario mínimo general vigente en la capital del Estado de México. Si la violación fuese grave podrá, adicionalmente, sancionarse con la pérdida del derecho para ser postulado como candidato en la elección de que se trate o, en su caso, con la cancelación del registro como candidato, correspondiente.

Artículo 299.- El Tribunal podrá declarar la nulidad de una elección de Gobernador, de diputado de mayoría relativa en un distrito electoral o de un ayuntamiento de un municipio, en los siguientes casos:

IV. Cuando en actividades o actos de campaña o durante la jornada electoral, en la entidad, el distrito uninominal o el municipio de que se trate, el partido político o coalición que obtenga la constancia de mayoría, realice conductas que actualicen alguno de los siguientes supuestos:

b) Exceder los topes para gastos de campaña establecidos por el presente Código de manera determinante para el resultado de la elección; y

Artículo 302 bis.- Durante el proceso electoral serán procedentes los siguientes medios de impugnación:

III. El juicio de inconformidad, exclusivamente durante la etapa de resultados y declaraciones de validez de las elecciones, que podrá ser interpuesto por los partidos políticos o coaliciones para reclamar:

a) En la elección de Gobernador:

1. Los resultados consignados en las actas de cómputo distritales, por nulidad de la votación recibida en una o varias casillas, o por error aritmético;

2. Los resultados consignados en el acta de cómputo final por error aritmético, que resulte determinante para el resultado de la elección; y

3. Las determinaciones sobre el otorgamiento de la constancia de mayoría y la declaración de validez, por nulidad de la elección….

Artículo 343.- Las resoluciones que recaigan a los juicios de inconformidad podrán tener los siguientes efectos:

V. Declarar, con base en lo previsto en la Constitución Particular y este Código, la inelegibilidad del candidato que hubiese obtenido la constancia de mayoría en la elección de Gobernador y, en consecuencia, declarar la nulidad de la elección;

VII. Declarar la nulidad de la elección de Gobernador, de diputados por el principio de mayoría relativa en un distrito electoral uninominal o de integrantes de un ayuntamiento y, en consecuencia, revocar la constancia o constancias expedidas y la declaración de validez emitida, por el Consejo General, distrital o municipal correspondiente, cuando se den los supuestos de nulidad de elección previstos en este Código;

…”

De las disposiciones anteriores, se advierte que el legislador del Estado de México dispuso que, con anterioridad a la jornada electoral, compete al Consejo General del Instituto Electoral cancelar el registro de un candidato, en la etapa de resultados el Tribunal Electoral de la entidad es el órgano competente para determinar si procede la cancelación de la constancia de mayoría o la nulidad de la elección.

Por lo tanto, en la etapa de calificación de la elección, en la que se encuentra actualmente el proceso electoral en el Estado de México, sólo procede, en caso de no confirmarse la elección, la revocación de la constancia de mayoría y la nulidad de la elección.

Ahora bien, lo infundado del agravio consistente en que el Tribunal responsable fijó de manera indebida la litis al centrarse esencialmente en la nulidad de la elección de Gobernador, omitiendo pronunciarse sobre la revocación de la constancia de mayoría, radica en que la Coalición “Unidos podemos más” parte de una premisa falsa, al realizar una interpretación errónea de la ley.

En efecto, el Código comicial establece, primero, que el juicio de inconformidad, en esta etapa del proceso electoral procede para impugnar las determinaciones sobre el otorgamiento de la constancia de mayoría de Gobernador y la declaración de validez, por nulidad de la elección. Es decir, que el Acuerdo por el que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, declaró la validez de la elección y otorgó la constancia de mayoría al candidato electo, sólo puede ser impugnado para pedir la nulidad de la elección, más el cambio de candidato ganador.

Luego, la ley dispone que las resoluciones que recaigan a los juicios de inconformidad promovidos contra la validez de la elección, pueden, de no confirmarla, ya sea declarar la inelegibilidad del candidato ganador, por las causas previstas en la ley, y, en consecuencia la nulidad de la elección; o bien, declarar la nulidad de la elección de Gobernador y, en consecuencia revocar la constancia de mayoría y la declaración de validez de la elección

Finalmente, el Código prevé el supuesto de nulidad de la elección de Gobernador en caso de rebase del tope de gastos de campaña cuando éste es determinante.

De lo anterior, se desprende que de conformidad con lo dispuesto por el legislador del Estado de México, una vez declarada válida la elección de Gobernador del Estado de México, por el Consejo General del Instituto Electoral estatal, los partidos políticos o coaliciones sólo pueden al impugnar el acuerdo respectivo del Consejo pedir la nulidad de la elección, mas no un cambio de ganador.

Además, contrariamente a lo sostenido por la actora en su demanda de juicio de inconformidad, de la interpretación de la legislación electoral local, se desprende que la nulidad de la elección de Gobernador y la revocación de la constancia de mayoría están estrechamente vinculadas, la declaración de la nulidad implica la revocación de la constancia y viceversa.

Por ello, lo solicitado por la Coalición promovente, consistente en que sólo se revoque la constancia de mayoría de Gobernador otorgada a Eruviel Ávila Villegas, candidato electo postulado por la Coalición “Unidos por ti”, mas no se anule la elección y, en consecuencia, se otorgue la referida constancia a Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, candidato postulado por la coalición actora, no procede en virtud de no estar previsto por la ley para la elección referida.

De ello, se concluye que el Tribunal responsable actuó de manera correcta al fijar la litis, consistente en la nulidad de la elección, ya que ésta es la única causa de pedir en el juicio de inconformidad promovido contra el Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México que declaró la validez de la elección y otorgó la constancia de mayoría de Gobernador electo a Eruviel Ávila Villegas, de ahí lo infundado del agravio.

Ahora bien, esta Sala Superior del Tribunal Electoral, como máximo órgano de justicia constitucional electoral, estima necesario precisar en este rubro, que el fin principal de toda elección reside en la constitución legítima de los poderes públicos, la cual tiene como fundamento el voto ciudadano, en los términos legales. Por ello, el juez electoral, al revisar la regularidad de un proceso electoral, debe procurar, dentro de los márgenes de la ley, preservar el sufragio expresado por el elector, siendo éste la base de toda democracia.

II.       Negativa de acumulación del juicio de inconformidad con los diversos recursos de apelación.

En su demanda la actora hace valer los siguientes motivos de inconformidad:

"QUINTA. CUESTIÓN PRELIMINAR"

 Causa agravio a mí representada, el considerando quinto de la resolución de fecha 31 de agosto del año que transcurre, en el cual la autoridad responsable estima improcedente la acumulación de los recursos de apelación sustanciados ante la misma, al respecto la autoridad responsable basa su actuar en las siguientes consideraciones:

...el artículo 302 bis, del Código Electoral del Estado de México señala que durante el proceso electoral serán procedentes tanto el recurso de apelación como el juicio de inconformidad; el primero de ellos, para combatir, los actos, omisiones y resoluciones de los órganos centrales del Instituto Electoral del Estado de México. Por su parte el juicio de inconformidad es el medio idóneo para reclamar, en la elección de gobernador, las determinaciones sobre el otorgamiento de la constancia de mayoría y la declaración de validez, por nulidad de la elección...

[…]

"... en ese orden de ideas, el recurso de apelación y el juicio de inconformidad no solo son de naturaleza distinta si no tiene fines distinto, de ahí que su resolución en el plano ordinario, sea en cuerdas separadas. No obstante a ello, la propia normatividad reguladora de los procesos comiciales en la entidad, instauran una causa de excepción regulada en el artículo 322 del multicitado reglamento, el cual impone que todos los recursos de revisión y apelación interpuestos dentro de cinco días anteriores a la elección, serán enviados al Tribunal para que sean resueltos junto con los juicios de inconformidad con los que guarden relación..."

La excepción en comento contempla dos elementos necesarios para que se pueda actualizar la acumulación entre recursos de diversa índole, a saber:

a).- Que sean interpuesto dentro de los cinco días anteriores a la elección.

b).- Que guarden relación con un juicio de inconformidad, en cuyo caso, sean resueltos de manera acumulada.

Al respecto, el artículo 322 del Código Electoral del Estado de México establece lo siguiente:

Podrán acumularse los expedientes de aquellos recursos de revisión o apelación en que se impugnen simultáneamente, por dos o más partidos políticos, el mismo acto o resolución; El Tribunal podrá acumular los expedientes de los juicios de inconformidad que considere que lo amerite.

Todos los recursos de revisión y apelación interpuestos dentro de cinco días anteriores a la elección, serán enviados al Tribunal para que sean resueltos junto con los juicios de inconformidad con los que guarden relación, el actor deberá señalar la conexidad de la causa en el juicio de inconformidad.

[…]

En ese tenor, si se acumularan los recursos de apelación al diverso juicio de inconformidad, generaría un imposibilidad para este Tribunal de que, en caso de resultar procedente, se sancione a los sujetos denunciados, por ende, aun y cuando se estima que existe conexidad entre los medios impugnación que menciona la coalición actora, no actualiza la excepción de acumulación contemplada en el diverso 322 del código, en razón de que ello afectaría de manera,-considerable uno de los fines del procedimiento administrativo sancionador impugnados mediante sendos recursos de apelación.

Por otro lado, al resolver por cuerdas separadas tanto los recursos de apelación como; el juicio.de inconformidad, siempre y cuando se resuelvan de manera progresiva (primero los recurso de apelación y después el juicio de inconformidad), ya que por un lado, se decidiría de manera independiente a uno-de' los recursos, la acreditación de la conducta, la responsabilidad de los denunciados y de ser el caso, la sanción correspondiente. Asimismo, lo resuelto en ellos y que tenga incidencia en la validez de la elección, es tomado en cuenta al momento de resolver el juicio de inconformidad correspondiente.

Esta conclusión es acorde con lo establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-JRC-227/2011 al ordenar reencauzar el presente medio de opugnación, en el cual ese órgano colegiado señaló:

Ahora bien, tomando en consideración que la toma de posesión del Gobernador en el Estado de México será el próximo dieciséis de septiembre, el Tribunal Electoral de la entidad referida deberá emitir resolución en el presente juicio a más tardar el próximo treinta y uno de agosto, habiendo resuelto previamente, todas las impugnaciones que tenga v que estén vinculadas, con la elección de gobernador referida.

En ese tenor, es dable estimar que la solución idónea para todos los motivos de impugnación planteados por la coalición actora, tanto en los recursos de apelación, como en este juicio, es resolver de manera previa e independiente cada uno de los recursos de apelación vinculados con la elección de Gobernador y, posteriormente, el juicio de inconformidad, tal como lo hizo este órgano jurisdiccional.

Es necesario precisar, que tal como se ha señalado, la finalidad del procedimiento sancionador de preconstituir pruebas, es independiente al de establecer una sanción para el denunciado; por tanto, lo que se resuelva en cada uno de los recursos de apelación con respecto a este último fin es independiente de que éste haya servido para constituir algún elemento probatorio que pueda ser acogido al momento de resolver cada uno de los agravios esgrimidos en este juicio.

Por tanto, debe decirse que, con independencia del sentido y consideraciones vertidas en cada uno de los recursos de apelación, de existir elementos que se encuentren vinculados con los agravios aquí vertidos éstos serán tomados en cuenta al momento de emitir las consideraciones jurídicas respectivas.

 Como puede observarse del contenido del arábigo que se cita en los acápites anteriores, el cual señala de manera precisa los supuestos en los cuales procede la acumulación de los juicios, en este sentido, la petición que hace mi representada respecto a la solicitud de acumulación de los recursos de apelación al juicio de inconformidad, es totalmente procedente, toda vez que los actos que se reclaman en los juicios de mérito, guardan relación con el juicio de inconformidad interpuesto por mi representada, puesto que, aun y cuando la autoridad responsable arguye que los mencionados medios impugnativos tienen que resolverse por cuerda separada, dada la naturaleza y fines de los mismos, es evidente que dicho argumento no es viable al caso concreto.

Toda vez que si tomamos en cuenta el contenido del numerario inserto en líneas anteriores, resulta procedente la acumulación solicitada, toda vez que dicho artículo esencialmente determina: "serán enviados al Tribunal para que sean resueltos junto con los juicios de inconformidad con los que guarden relación, el actor deberá señalar la conexidad de la causa en el juicio de inconformidad", situación que quedo colmada en las manifestaciones vertidas por mi representada en el juicio de inconformidad, que en su momento resolvió la autoridad responsable, en el sentido de que los hechos denunciados y materia de los procedimientos sancionatorios, fueron realizados dentro del proceso electoral, y que su acreditación implicaría la constitución de pruebas fehacientes, de la violación de los principios rectores de la materia electoral.

 Bajo el mismo tenor, cabe señalar a esta autoridad, que en el recurso de inconformidad promovido por mi representada se hizo referencia de manera precisa a la conexidad de la causa, toda vez que de manera puntual se señaló la relación que guardaban los recursos de apelación que en su momento se encontraban sustanciándose ante la autoridad responsable, tanto en los agravios como en los medios de probatorios anexos en autos, en este sentido, al tratarse de hechos vinculados al demerito de la calidad de la elección, acciones que siendo imputadas a la coalición "Unidos por Ti" y su candidato a gobernador, a las autoridades locales y municipales de la entidad, entre otros, razón, por el cual del estudio jurisdiccional conjunto en sendas vías (apelación e inconformidad en el juicio de inconformidad, permite evitar resoluciones contradictorias y resulta acorde al principio de economía procesal que rige en la materia electoral.

 Al respecto, Cipriano Gómez Lara, en su obra "Teoría General del Proceso", expone que la conexidad es: "Básicamente es una excepción dilatoria, que consiste básicamente en que el demandado alegue ante el juez del conocimiento que el asunto planteado está íntimamente relacionado o vinculado con otro u otros asuntos previamente presentados ante el mismo o ante otros jueces... Hay conexidad de la causa cuando hay identidad de personas y de acciones (pretensiones), aunque las cosas sean distintas; y cuando las acciones provengan de una misma causa."

 En este sentido, es de manifestar a esta autoridad electoral, que contrario a lo establecido por la autoridad resolutora, resultaba importante la acumulación de los recursos de apelación al juicio de inconformidad, toda vez que las infracciones denunciadas en los mismos, forman parte de las conductas irregulares denunciadas en su oportunidad, en virtud de ello, el contenido en autos de los juicios de apelación, contienen elementos probatorios que debió valorar la autoridad responsable al momento de resolver el juicio de inconformidad interpuesto por mi representada en contra de la declaratoria de validez de la elección, de ahí que al no haber hecho así, dicha resolución carece de certeza, por estar construida de forma sesgada a los medios probatorios expuestos por mi representada, tanto en los recursos de apelación identificados por la propia autoridad, y del juicio de inconformidad, con ello, resulta ser contraria al principio de exhaustividad, toda vez, que aun reconociendo la conexidad en los juicios, la responsable decide no resolver en una sola resolución los citados medios impugnativos.

 Es ilustrativo de lo anterior, el concepto en relación a la figura de conexidad, que establece el Diccionario Jurídico Mexicano, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, décima edición, editorial Porrúa, México 1977, tomo A-CH y I-O, páginas 589 y 590 y 2053, que en lo conducente dice:

"CONEXIDAD. I. (Del latín connexus, a su vez del verbo conneciere, atar juntos.). Por conexidad debe entenderse la estrecha relación que existe entre dos o más procesos, por lo Que la resolución que se dicte en uno de ellos puede influir en los otros, y por ello, resulta conveniente que se sometan al mismo tribunal, evitando la posibilidad de sentencias contradictorias.- En la mayor parte de los casos, la conexidad procesal, ya sea que se trate de procesos o de pretensiones, desemboca en la acumulación de los juicios que se encuentran involucrados y se resuelven no sólo por el mismo juzgador sino también en una sola sentencia, aun cuando se transiten en expedientes separados

 En ese orden de ideas, la responsable dejó de realizar la debida valoración de todas y cada una de las probanzas, argumentos y agravios esgrimidos en el escrito primigenio y los diversos medios de convicción con lo que se expresó tenían conexidad, tanto en los hechos como en las pruebas. Por tal consideración es que acudo en esta vía con la finalidad de garantizar el acceso a la Justicia Electoral, así como para que se otorgue valor probatorio a los medios de convicción aportados, de igual forma de que se juzguen debida y exhaustivamente todas y cada uno de las partes de la demanda interpuesta.

 En este sentido, resulta claro que la autoridad responsable tiene la obligación de realizar un estudio exhaustivo de los argumentos vertidos por las partes, así también, de los medios probatorios ofrecidos por las mismas en el momento procesal oportuno, así también de las prestaciones que se pretendan hacer valer, toda vez que si bien es cierto que el recurso de apelación y el juicio de inconformidad son de naturaleza distintas, también es cierto que ambos forman parte del cúmulo de irregularidades desplegadas por la coalición "Unidos por Ti", en este sentido, y de acuerdo con el planteamiento de los hechos en juicio de inconformidad, la autoridad responsable debió de allegarse de todos los elementos de prueba, a efecto de resolver con forme a derecho corresponde, al no ser así, es evidente que no se cumple con el citado principio.

Sirve de aplicación el siguiente criterio de jurisprudencia:

Tercera Época.

Instancia: Sala Superior.

Fuente: Apéndice 1917-2000.

Tomo: Tomo VIII, Electoral, Sección Precedente relevante

Electoral.

Tesis: 101.

Página: 120.

Materia: Electoral.

Precedente relevante.

EXHAUSTIVIDAD PRINCIPIO DE. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN.- (Se transcribe)

 Así mismo se debe puntualizar, que la acumulación de los recursos trae como consecuencia que la autoridad resolutora emita una sola sentencia, en la cual sean consideradas todas las manifestaciones alegadas por las partes, en consecuencia tomar en cuenta las constancias y demás medios probatorios que le den mayores elementos al momento de resolver en definitiva las controversia puesta a su consideración, tomando en cuenta de manera prioritaria los principios de legalidad y certeza en su veredicto.

 En virtud de lo anterior, resulta claro que el actuar de la autoridad responsable es totalmente contrario a los argumentos vertidos en el cuerpo del presente agravio, aun y cuando la resolutora manifiesta que de las irregularidades que incurran los partidos políticos, dirigentes, precandidatos y candidatos, que para ello, desahogara un procedimiento administrativo sancionador, en este sentido, si bien es cierto que en el argumento vertido por la responsable determina que las irregularidades cometidas por los personajes que anteriormente se mencionan deberán dirimirse en un procedimiento especial, el cual se encuentra contemplado en el Código Electoral del Estado de México, así como en el Reglamento de Quejas y Denuncias, sin embargo, dicha determinación no es suficiente para tener por improcedente la acumulación que en su momento solicito mi representada, situación que en ningún momento genera la imposibilidad de que en el caso de resultar procedente los hechos denunciados en los recursos de apelación no pudiera imponerse la sanción correspondiente.

 En este sentido, es evidente que los procedimientos administrativos sancionadores tienen dos finalidades definidas, cuando se trate de irregularidades que pueden incidir en el resultado de un proceso electoral: por un lado imponer una sanción para inhibir una conducta ilegal y, por otro, la demostración de ciertos hechos que pueden incidir en la validez de la elección a fin de ser valorados al calificar tal aspecto, cuando el Tribunal competente estudie la impugnación de una elección.

 Bajo esta tesitura, el procedimiento administrativo sancionador además de su naturaleza esencialmente punitiva, se concibe como un medio idóneo para preconstituir pruebas sobre hechos irregulares que puedan incidir en la jornada electoral, los cuales deberán de analizarse y valorarse en la impugnación correspondiente, argumento emitido por la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación al resolver el expediente SUP-JRC-207/2011.

 Máxime, cuando la responsable jurisdiccional es conocedora del alcance de las sentencias recaídas en el expediente identificados a fojas y 29 de la resolución que por este juicio se combate, fueron resueltos con unos días de anticipación a la declaratoria de validez de la elección, por lo que fue técnicamente imposible que se siguiera la cadena impugnativa local y federal, a efecto de establecer una verdad jurídica definitiva sobre el acreditación o no de los hechos materia de las denuncias administrativas, y cuya acreditación de la irregularidad pudiera ser invocada como prueba plena y tomada en consideración para controvertir la validez de la elección.

 Por otro lado, tampoco le asiste la razón a la responsable jurisdiccional, respecto a que "si se acumularan los recursos de apelación al diverso juicio de inconformidad, generaría un imposibilidad para este Tribunal de que, en caso de resultar procedente, se sancione a los sujetos denunciados", lo anterior es así porque, tal y como lo reconoce la responsable, los fines del procedimiento sancionatorio y del juicio de inconformidad, son distintos atendiendo a las sanciones que cada procedimientos otorga dada su naturaleza, en virtud de que el primero, más cercano al ius punendi, tiene su objetivo de implementar un castigo en la esfera jurídica patrimonial del agente infractor; en tanto que el segundo, vinculado al sistema de nulidades en materia electoral, atiende a ser un mecanismo regulador de los principios rectores en la materia, ya que su conculcación implicara la determinación de invalidez del proceso en diversos grados, hasta concluir dada la gravedad de la conducta con la nulidad, como sanción máxima, sin que ello, implique la violación del principio non bis in idem.

 En torno a ello, cabe señalar que la doctrina y la jurisprudencia han reconocido en forma generalizada, de acuerdo con el régimen federal y estatal sancionatorio, según corresponda, la responsabilidad de un agente infractor, puede tipificarse en distintos ordenamientos jurídicos -según se trate de responsabilidad política, penal, administrativa o civil de los servidores públicos-, y su determinación e investigación pueden realizarse a través de procedimientos autónomos entre sí, en forma tal que las sanciones que pueden imponerse pueden ser diversas y también independientes unas de otras, con la única limitación de que por una misma conducta no se podrían aplicar dos sanciones de la misma naturaleza (atendiendo al principio general del derecho non bis in idem y que también se establece en el artículo 23 de la Constitución federal, aplicable en términos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 constitucional).

 Dicho principio jurídico está recogido en el artículo 23, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer que "nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene", encontrándose igualmente contemplado en los artículos 8, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

 La prohibición de una doble imputación y un doble juzgamiento o investigación por los idénticos hechos, supone una limitación al ius puniendi del Estado que tiene por objeto garantizar cierta seguridad jurídica para toda persona, a fin de que no se le someta a dos o más procedimientos por igual causa (cierta conducta ilícita de la cual sea responsable el sujeto), con independencia de que se le sancione o absuelva por esa razón.

  Sobre el particular la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, estableció sobre el particular dentro de la sentencia identificada como SUP-JRC-221/2003, lo siguiente:

"... el hecho de que se acredite una infracción, cualquiera que sea su naturaleza, así como la responsabilidad del agente, no impide o excluye la posibilidad de que la misma conducta sea objeto de un procedimiento de naturaleza diversa y una sanción distinta (como ocurre con una sanción invalidante o anulatoria en materia electoral), porque, se insiste, finalmente la misma conducta podría afectar bienes jurídicos distintos."

 Bajo esa tesitura, se reitera que no le asiste la razón a la autoridad responsable cuando manifiesta que los recursos de apelación no guardan ninguna relación con el juicio de inconformidad incoado por mi representada, máxime cuando en autos de los citados medios impugnativos, existen elementos probatorios que debieron ser considerados y valorados por la responsable al momento de emitir la resolución que en esta vía se impugna.

De la transcripción se advierte que la actora señala que la acumulación solicitada al Tribunal responsable era procedente en virtud de que de conformidad con la normativa aplicable los recursos de apelación serán enviados al tribunal para que sean resueltos junto con los juicios de inconformidad con los que guarden relación, debiendo señalar la conexidad de la causa en el juicio de inconformidad. La Coalición señala que en su demanda de inconformidad señaló la causa de conexidad, indicando que se trataba de hechos vinculados a la calidad de la elección y que el estudio en conjunto era conforme al principio de economía procesal. En efecto, dice la Coalición que la acumulación de los recursos al juicio era importante porque las infracciones denunciadas en los primeros formaban parte de las conductas irregulares impugnadas en el segundo. Así, los elementos probatorios contenidos en los recursos debían ser valorados también el juicio de inconformidad.

La negativa de acumular los medios de impugnación referidos implicó que la responsable dejará de realizar una debida valoración de todas y cada una de las probanzas, argumentos y agravios exprimidos, vulnerando con ello el principio de exhaustividad.

Señala la actora que, como esta Sala Superior lo ha señalado, en el SUP-JRC-207/2011, el procedimiento administrativo sancionador es además el medio idóneo para pre constituir pruebas sobre hechos irregulares que puedan incidir en la jornada electoral, los cuales serán analizados y valorados en la impugnación correspondiente.

Por lo tanto, la Coalición dice que si el Tribunal responsable sabía que diversos expedientes administrativos fueron resueltos pocos días antes de la declaración de validez de la elección era imposible terminar una cadena impugnativa con el fin de alcanzar la verdad jurídica sobre la irregularidad denunciada y así poder invocar dicha irregularidad como prueba plena para impugnar la validez de la elección.

La actora también controvierte lo sostenido por la responsable consistente en que de acordarse la acumulación solicitada ello impediría sancionar a los sujetos denunciados. Para ello, sostiene que ambos procedimientos tienen finalidades distintas, en tanto el primero tiende a sancionar económicamente, y el segundo tiende a regular los principios rectores del proceso electoral.

Los agravios hechos valer son infundados.

Previo a entrar al estudio de los agravios hechos valer, es menester señalar el marco jurídico que rige la acumulación en la legislación electoral del Estado de México:

“Artículo 322.- Podrán acumularse los expedientes de aquellos recursos de revisión o apelación en que se impugne simultáneamente, por dos o más partidos políticos, el mismo acto o resolución.

El Tribunal podrá acumular los expedientes de los juicios de inconformidad que considere lo ameriten.

Todos los recursos de revisión y apelación interpuestos dentro de los cinco días anteriores a la elección, serán enviados al Tribunal, para que sean resueltos junto con los juicios de inconformidad con los que guarden relación. El actor deberá señalar la conexidad de la causa en el juicio de inconformidad.

Cuando los recursos a que se refiere el párrafo anterior no guarden relación con un juicio de inconformidad, serán archivados como asuntos definitivamente concluidos.”

Del precepto anterior se advierte que, la ley establece que el tribunal podrá acumular los expedientes de los juicios de inconformidad que considere lo amerite, de ahí que se trate de una facultad potestativa.

Así, el tribunal local no tenía que acumular al juicio de inconformidad todos los recursos de apelación que se formaron con motivo de los juicios de revisión constitucional electoral, que se reencauzaron al tribunal local, relacionados con la impugnación de las resoluciones que recayeron a diversos procedimientos administrativos sancionadores.

Además la no acumulación de los asuntos referidos no le causa perjuicio a la Coalición actora, en virtud de que la actora pudo agotar la cadena impugnativa, tan es así que promovió juicios de revisión constitucional ante esta instancia para controvertir las sentencias recaídas a las apelaciones. Dichos juicios fueron sustanciados por esta Sala con anterioridad al presente juicio, y lo resuelto en ellos fue tomado en consideración al emitir la presente resolución.

Finalmente, es necesario señalar que esta Sala Superior en el acuerdo dictado el veintidós de agosto de dos mil once en el que determinó reencauzar el expediente SUP-JRC-227/2011, en el que la actora impugnaba el dictamen de validez de la elección de gobernador del Estado de México y el otorgamiento de la constancia de mayoría de gobernador a Eruviel Ávila Villegas, a juicio de inconformidad local, dispuso:

Ahora bien, tomando en consideración que la toma de posesión del Gobernador en el Estado de México será el próximo dieciséis de septiembre, el Tribunal Electoral de la entidad referida deberá emitir resolución en el presente juicio a más tardar el próximo treinta y uno de agosto, habiendo resuelto previamente todas las impugnaciones que tenga y que estén vinculadas con la elección de Gobernador referida.

Por lo tanto, el agravio bajo estudio resulta infundado.

III.- ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA.

La Coalición actora, formula los siguientes agravios en el tema referente a los actos anticipados de campaña por parte de Eruviel Ávila Villegas.

“…

 Irroga perjuicio a mi representada la ilegal resolución que por este medio se combate, dado que vulnera los artículos 14, 16, 17, 41, 116 fracción IV; 12 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 326, 327, 328, 329 y 332 del Código Electoral del Estado de México; en tanto que además de realizar una indebida fundamentación y fundamentación y falta de exhaustividad en la expresión de agravios, parte de premisas falsas por cuanto hace a la posible realización de actos de precampaña de manera indiscriminada, por parte de Eruviel Ávila Villegas dado que ello estaba acotado, tal como se detallará más adelante, en tanto que no justipreció en su exacta dimensión lo relativo a la actualización de actos anticipados de campaña durante todo el período de precampaña, además de que arriba a conclusiones absolutamente antijurídicas y desapegadas al marco jurídico aplicable y a la sentencia dictada al juicio de revisión constitucional electoral 169/2011.

 Ante todo, resulta imprescindible precisar lo siguiente:

 La responsable ignoró palmariamente que mediante la sentencia dictada al juicio de revisión constitucional electoral 169/2011, el derecho de realizar precampaña por parte de Eruviel Ávila Villegas se acotó, de manera estricta e indubitable, que ese tipo de actos estaban limitados de la siguiente manera:

 "a) Se realizaran dentro de los tiempos y formas establecidas en la ley y en la normativa partidaria conducente, y

 b) Tuvieran como única finalidad lograr la aprobación de su candidatura por parte del órgano partidario competente para ello, lo que supone que los actos de precampaña debieron circunscribirse a ese ámbito y dirigirse exclusivamente a los integrantes de ese órgano, es decir, a los Delegados, o bien, a los sectores, organizaciones y al movimiento territorial del partido político que constituyen las instancias previas, de las cuales surgen los correspondientes Delegados."

 En esta tesitura, de conformidad con la citada ejecutoria, en cada caso, y en atención a la normativa constitucional, legal y partidaria, así como a las condiciones o circunstancias que prevalecieron por cuanto hace a la categoría de precandidato único, la autoridad administrativa y, en este caso, la jurisdiccional debía determinar de manera individual si se trataba de un evento lícito o de una situación irregular, por sí misma considerada, o de un fraude a la ley.

 Así, esa máxima autoridad jurisdiccional electoral federal, advirtió que el proceso de designación de un candidato en el interior de los partidos políticos debía ser transparente o público, e indefectiblemente hacia la militancia, pero no de forma indiscriminada, sino que fue precisa en delimitar que la única finalidad que podía perseguir era la aprobación de la candidatura de Eruviel Ávila Villegas, por parte del órgano partidario competente para ello, no debiéndose confundir que el hecho de que se haya mencionado asimismo, "o bien, a los sectores, organizaciones y al movimiento territorial del partido político que constituyen las instancias previas, de las cuales surgen los correspondientes Delegados", tuviera los alcances de organizar verdaderas giras, recorridos, eventos masivos en multitud de municipios y en todas las regiones del Estado, instrumentación de mecanismos en internet, como twitter, facebook, y páginas electrónicas, entre otros medios, porque de lo contrario, como ocurrió en la especie, además de consumarse irremisiblemente actos anticipados de campaña, tendría lugar lo que se conoce ordinariamente como un fraude a la ley, en la inteligencia de que so pretexto de pretender la candidatura de su partido, se inició de manera anticipada una verdadera campaña electoral.

 En otras palabras, resulta evidente que si lo que realmente se pretendía era la aprobación de tal candidatura al interior del Partido Revolucionario Institucional, luego entonces, de acuerdo con su normatividad interna era más que suficiente con convocar a un solo evento en el que se hubiese emplazado al órgano partidario competente, esto es, a todos los delegados y/o a los representantes de los sectores, organizaciones y al movimiento territorial del partido político en el Estado, y que forman las instancias previas, para expresar en la Convención a la que se refiere el artículo 184 de los estatutos de dicho partido, su programa de trabajo y propuesta para darlas a conocer y lograr el respaldo de los delegados.

 Como es de advertirse, se resalta el que era uno u otro segmento, porque la expresión utilizada en la sentencia de mérito indica "... a los Delegados, o bien, a los sectores ... que constituyen las instancias previas, de las cuales surgen los correspondientes Delegados", es obviamente disyuntiva, lo que es de extrema relevancia, dado que quiere decir, que bastaba con convocar a los delegados del partido para que Eruviel Ávila Villegas pudiera ser electo.

 En este contexto, del análisis de la Convocatoria del 16 de marzo del presente año, emitida por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, para el proceso interno de selección y postulación del candidato a Gobernador del Estado de México, es posible advertir lo siguiente:

 El procedimiento de selección interna aprobado para elegir al candidato a Gobernador del Estado de México, fue la Convención de Delegados, el cual se rige, en lo que interesa, por los siguientes numerales del Estatuto del Partido Revolucionario Institucional, señalan:

"Artículo 181. (Se transcribe)

…

Artículo 184. (Se transcribe)

…”

 Ahora bien, además de los requisitos legales y partidarios aplicables que debían cumplir quienes aspiraran a la candidatura precisada, el procedimiento interno tuvo como objetivo postular como candidato a quien, por su capacidad y honestidad, garantizara, en el desempeño de sus funciones públicas, el cumplimiento de la Declaración de Principios, del Programa de Acción y del Código de Ética del Partido Revolucionario Institucional (Considerando 3, fracción III, de la Convocatoria).

 Se estableció como fecha para la realización de la Convención de Delegados el 7 de abril del año actual, disponiéndose que el padrón de delegados con derecho a participar en la Convención debía ser entregado a los precandidatos el 28 de marzo siguiente (Base novena, párrafo primero, y Base vigésima quinta, párrafo segundo, de la Convocatoria, respectivamente).

 Como se observa del trascrito numeral 184 de los estatutos de referencia, la Convención Estatal de Delegados, se integra por el cincuenta por ciento por los consejeros políticos nacionales residentes en el Estado de México y los consejeros políticos integrantes del Consejo Político del Estado de México, así como con los Delegados de los sectores, organizaciones y el movimiento territorial, electos en sus respectivas asambleas, en proporción a su participación en el Consejo Político estatal, y el cincuenta por ciento restante, por los delegados electos en las asambleas electorales territoriales (Base décima octava de la Convocatoria).

 Pues bien, resulta evidente que el mecanismo de "Convención de Delegados", era suficiente para determinar quien sería su candidato en el proceso electoral de mérito y si bien es cierto que en la Convocatoria, así como en la sentencia de la Sala Superior, se estableció que el precandidato único tenía el derecho de expresar en la Convención, su programa de trabajo y propuesta para darlas a conocer y lograr el respaldo de los delegados, también lo es, que ello en modo alguno quería decir que para lograrlo era imprescindible realizar una gira por todo el Estado, con recorridos en numerosos municipios y en todas las regiones con multitud de eventos masivos, porque ello implicó ni más ni menos que realizar actos anticipados de campaña.

 Una vez precisado lo anterior, causa agravio a mi representada las ilegales consideraciones de la responsable relativas a que ni en la totalidad del escrito de demanda ni en el apartado específico sobre actos anticipados de campaña, se precisan de manera clara las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron los supuestos actos anticipados de campaña que se le atribuyen a Eruviel Ávila Villegas, toda vez que la argumentación de las violaciones que se aducen se basan en la sentencia dictada al SUP-JRC-169/2011, en, la que se acreditó la existencia de actos anticipados de campaña los días 29 y 30 de marzo del presente año, así como en la queja con número de expediente EDOMEX/CUPM/EAV/128/2011/07 en que se denunciaron actos anticipados de campaña durante los días 28 y 31 de marzo y del 1 al 6 de abril del año en curso, en tanto que los ejemplos citados, solamente se hicieron a guisa referencial para hacer ver las irregularidades, pero que evidentemente no eran las únicas, como era de constatarse de todo el causal probatorio, y en ese tenor se apuntó la entrevista en radio 1000 AM realizad el 28 de marzo de este año, el comunicado de prensa de la presidenta municipal de Cuautitlán Izcalli, la nota del diario Reforma del 29 de marzo del año actual, en la que pide el voto ciudadano, la nota del Universal del 30 de marzo del año actual, en la que se indica que Eruviel Ávila Villegas retomará el "te lo firmo" de Enrique Peña Nieto, y que la argumentación toral de mi representada se centra en el posicionamiento indebido frente al electorado que se vio reflejado en la jornada electoral por lo que la elección debía ser anulada en términos de lo dispuesto por el artículo 299, fracción VI del código electoral local.

 Lo antijurídico de tales asertos deviene, primeramente, de que la responsable vulnera flagrantemente el principio de exhaustividad, en el entendido de que en la instancia previa a este juicio, se señaló que a pesar de que esa Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió, en el juicio de revisión constitucional electoral 169/2011, que las precampañas con precandidato único están prohibidas en el Estado de México, y que Eruviel Ávila Villegas realizó actos anticipados de campaña los días 29 y 30 de marzo del año actual; y que la autoridad administrativa, al valorar situaciones idénticas, había desestimado los actos anticipados de campaña durante los días 28 y 31 de marzo, y del 1 al 6 de abril de 2011, que fue materia de la queja identificada con la clave EDOMEX/CUPM/EAV/128/2011/07, siendo por ello que el tribunal responsable en atención a dicha ejecutoria y con base en el caudal probatorio que tuvo a la vista, probanzas que tienen el carácter de prueba plena en términos del artículo 328 del Código Electoral del Estado de México, fue producto de una serie de documentos públicos elaborados por autoridad competente, en tanto que la autoridad administrativa había incumplido con la debida fundamentación y motivación de toda resolución, no resolvió de forma imparcial, y había trasgredido los principios que rigen la función electoral, a saber: certeza, legalidad, objetividad y profesionalismo, al realizar una indebida valoración de los medios de prueba que se allegó y tuvo a la vista, dejando de lado la aplicación de las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, y sin considerar además que no son materia de prueba los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos por las partes, como lo aceptados expresamente por Eruviel Ávila Villegas, aduciendo el consejo electoral que los informes sobre el monitoreo a medios de comunicación, electrónicos, impresos, internet, así como alternos y cine proporcionados por parte de la Comisión respectiva de ese Instituto sólo le permitían visualizar datos genéricos, así como el número de eventos masivos, sin que de esa información le fuera posible desprender de manera detallada las circunstancias de modo tiempo y lugar en que "se llevaron a cabo los actos anticipados de campaña", indicando que en tales condiciones los informes no eran aptos para acreditar los supuestos denunciados, ni constituían pruebas idóneas para acreditar lo afirmado, porque en su concepto solamente se desprendían datos genéricos y sintetizados; que en relación con las 12 cédulas de identificación de propaganda de eventos masivos que sirvieron de base al informe final de monitoreo a medios de comunicación alternos, a las cuales también les había otorgado valor probatorio pleno, había indicado que se advertían eventos realizados en Toluca, Tianguistenco, Atizapán de Zaragoza, Nezahualcóyotl, Coacalco, Tultitlán y Cuautitlán Izcalli, y desde su óptica eran eventos de los que se apreciaba que fueron de tipo institucional y electoral, pero que no se desprendían elementos sobre el tipo de personas que asistieron ni el mensaje difundido, por lo que no pudo determinar si se trató de eventos masivos que trascendieran al público en general, en tanto que sobre las 10 "carpetas informativas electrónicas" emitidas por la Unidad de Comunicación Social del Instituto Electoral local, correspondientes a las fechas 28, 29, 30, y 31 de marzo, y de los días 1 al 6 de abril del presente año, que no era jurídicamente permitido que el candidato de la coalición "Unidos Por Ti" haya realizado reuniones y demás actividades masivas de precampaña en espacios públicos en las que haya tenido como objeto la promoción de su imagen personal ante la ciudadanía, por considerarse estos como actos anticipados de campaña, pero que tal cúmulo probatorio no resultaba suficiente para acreditar los motivos de la queja, puesto que sólo se desprendían hechos pero que la carga probatoria recaía sobre ésta, concluyendo que los actos de precampaña realizados por Eruviel Ávila Villegas, no constituyeron actos anticipados de campaña.

 Sobre tales imputaciones del consejo electoral local, mi representada manifestó que dicha autoridad administrativa, lejos de valorar adecuadamente el acervo probatorio, en forma por demás parcial y sesgada, vulnerando los principios de certeza, legalidad, objetividad y profesionalismo, además de los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, no fundó ni motivó la valoración que hizo sobre el acervo probatorio que obra en el expediente de mérito, porque contradictoriamente, le había otorgado un valor de prueba plena a las documentales supuestamente analizadas, para posteriormente señalar que sólo le permitieron visualizar datos genéricos, así como el número de eventos masivos, sin señalar las razones para desvirtuar todas las notas periodísticas, pruebas e información que tuvo a la vista, en donde claramente se advierte que los actos anticipados de campaña, se realizaron en lugares públicos, como en auditorios, plazas públicas, regiones de usos y costumbres, regiones campesinas, urbanas y de los volcanes, recorridos, etcétera, como más adelante se evidenciará, y que ilegalmente solamente se había constreñido a realizar apreciaciones genéricas, dogmáticas y subjetivas sobre los monitoreos y demás probanzas que tuvo a su alcance, sin que se desprendieran, en ninguno de los casos, razonamientos lógico-jurídicos para desestimarlos, limitándose a manifestar que eran pruebas no aptas, lo que riñe diametralmente con una adecuada fundamentación y motivación, en el entendido de que debió haber expuesto claramente las razones o motivos de por qué se trataba o no de actos anticipados de campaña, tal como lo exigían los principios inquisitivo y de legalidad, y no desestimar tales probanzas de manera arbitraria, sino que debió realizar un verdadero análisis del caudal probatorio recabado por dicha misma autoridad.

 En síntesis, la responsable sabía perfectamente qué circunstancias debía valorar con base en los criterios señalados en la ejecutoria dictada al juicio de revisión constitucional electoral 169/2011, de acuerdo con la normatividad partidista y evidentemente en atención al caudal probatorio consistentes en documentales que la propia autoridad administrativa había elaboradas a través de órganos especializados, por tanto, resulta evidente que es una falacia de la hoy responsable cuando señala que no se refirieron circunstancias de tiempo, modo y lugar, porque ésta sabía perfectamente qué situaciones y criterios debía ponderar para estar en aptitud de calificar el acto, tan es así, que en el caso del municipio de Netzahualcóyotl supo, sin lugar a dudas, que allí sí se había perpetrado un acto anticipado de campaña, siendo por ello que su argumentación es falaz, insostenible y no resiste la menor crítica, dado que en forma por demás ilógica, inverosímil y antijurídica, sólo en ese caso sí pudo apreciar circunstancias de tiempo, modo y lugar, cuando todo lo impugnado se hizo con base atendiendo a los mismos raseros, debiéndose al efecto valorar las pruebas allegadas por las propias autoridades competentes e incluso con base en el principio inquisitivo que rige los procedimientos electorales sancionatorios, habida cuenta de que las autoridades tenían elementos para continuar con sus indagatorias, máxime que se habían sancionado conductas idénticas; debiéndose considerar asimismo los criterios de la referida sentencia, lo cual le constreñía; sin embargo, ello lamentablemente deja al descubierto su inequívoca proclividad y predisposición para prejuzgar y desatender de manera oprobiosa el cometido institucional de impartición de justicia que tenía, con lo que vulneró abierta e indubitablemente el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que hizo caso omiso del señalado mandato constitucional allí contenido de impartir justicia de una manera completa e imparcial, pero además, porque la responsable vulnera palmariamente el principio de congruencia interna y externa que debe tener toda sentencia, porque entre otras cuestiones, en la especie, indebidamente se señalen determinadas premisas para ciertos efectos y éstas mismas para arribar a conclusiones diversas.

 Resulta ilegal la aseveración de la responsable, en la que afirma: "Luego, si legalmente se autoriza la utilización de propaganda, llevar a cabo reuniones públicas a las que pueden ocurrir, además de dirigentes y militantes, cualquier simpatizante, y poder llevar a cabo debates y entrevistas a los medios de comunicación, lo más usual es que dichas actividades trasciendan a la opinión pública, porque además, es común que tales eventos se conviertan en noticias de interés que son difundidas por los medios de comunicación, sin que ello signifique transgresión a las disposiciones antes indicadas". Lo anterior, por el absoluto desprecio hacia la sentencia dictada al juicio de revisión constitucional electoral 169/2011, en el entendido de que solamente hace referencia a lo que ordinariamente ocurre en una precampaña, desdeñando que en el caso se trataba de una cosa juzgada a la que tenía que ceñirse escrupulosamente para ponderar si se habían perpetrado los actos anticipados de campaña, en donde tales actos estaban perfectamente acotados en los términos descritos, siendo falso que estuviera permitido en el caso de Eruviel Ávila Villegas, siendo por ello que si las informaciones vinculadas con tales eventos permearon en el electorado, es inconcuso que tales circunstancias, como lo es su difusión masiva, ello afectó gravemente a los intereses de mi representada, por la sencilla razón de que tales actos no tenían razón de ser ni estaban soportados por la ley, como antijurídicamente lo señaló el tribunal a quo.

 Me causa agravio que la responsable haya incumplido con el principio de exhaustividad, toda vez que ignoró absolutamente el planteamiento de mi representada por cuanto a que se "debía considerar los monitoreos y demás probanzas que informaban el expediente de mérito, a fin de que llegara a la indefectible conclusión de que durante toda la precampaña, la multirreferida persona desplegó actos anticipados de campaña, en tanto que aquéllos se determinaron como ilícitos, siendo por ello que, ante la gravedad de los actos reprochables, lo procedente era cancelar el registro correspondiente", agravio que claramente se manifestó en la instancia previa a este juicio lo cual fue ignorado en claro desapego al principio de exhaustividad.

 De otra parte, resulta inconducente y tendenciosa la aseveración de la responsable por cuanto a que los artículos 297 y 299 del código electoral local establecen que para declarar la nulidad de la elección de gobernador, se requiere que las causas que se invoquen hayan sido plenamente acreditadas; que sean determinantes para los resultados de la elección; que estén expresamente señaladas en el propio código electoral; que sean irregularidades graves; que las irregularidades no hayan sido reparadas desde la preparación del proceso electoral hasta la conclusión de los cómputos relativos, y que en forma determinante vulneren los principios que deben regir en las elecciones democráticas, toda vez que de acuerdo con lo planteado basta con que se actualice lo señalado en la fracción VI del numeral 299 del ordenamiento invocado, que señala que tiene lugar la nulidad de la elección, en este caso de gobernador del Estado, cuando se acrediten irregularidades graves y no reparadas, desde la preparación del proceso electoral, hasta la conclusión de los cómputos respectivos y que en forma determinante vulneren los principios constitucionales que deben regir en las elecciones democráticas, en tanto que se manifestó que en la especie se surtían los extremos de dicha causal, en la inteligencia de que se consumó una irregularidad grave durante el periodo de precampañas y se había vulnerado de manera determinante los diversos axiomas electorales, destacadamente el de la equidad en la contienda.

 Si bien es cierto, como lo señala la responsable, que en la ejecutoria dictada al juicio de revisión constitucional electoral 169/2011, se resolvió respecto a la denuncia de actos anticipados de campaña, acreditándose la falta en los casos de Lerma y Cuautitlán Izcalli, determinándose que el impacto que tuvieron los mismos en la ciudadanía, no podía considerarse grave, porque ello no habían trascendido de manera determinante en el desarrollo del proceso electoral, no menos cierto es, que si se considera la actualización de actos anticipados de campaña registrados durante todo el período de precampaña, ello necesariamente debe traer consigo una mucho mayor gravedad y repercusión, baste considerar que con las diversas informaciones periodísticas y de diferentes medios electrónicos como internet, twitter, blogs y facebook, se desprende claramente que tuvieron lugar numerosos actos anticipados de campaña, elementos todos que tuvo a la vista la responsable y que fueron incorrectamente justipreciados, porque para calificar si se trata de indicios simples o de indicios de mayor grado convictivo, debió ponderar las circunstancias existentes en cada caso concreto, y realizar un ejercicio de adminiculación para determinar el grado de vinculación entre unas y otras, y entonces determinar su viabilidad para acreditar la irregularidad denunciada; así se tiene que existen varias notas, provenientes de distintos órganos de información, atribuidas a diferentes autores y coincidentes en lo sustancial, además de que no obra constancia alguna de que Eruviel Ávila Villegas, haya controvertido el contenido de lo que en las noticias se le atribuye, antes bien, existe en autos confesión expresa de que cometió tales actos proselitistas, y en la especie, además omite pronunciarse sobre la certeza o falsedad de los hechos consignados en ellos, al sopesar todas esas circunstancias con la aplicación de las reglas de la lógica, la sana crítica y las máximas de la experiencia, en términos del 328 del código comicial local, esto permite otorgar mayor calidad indiciaría a los citados medios de prueba, y por tanto, a que los elementos faltantes para alcanzar la fuerza probatoria plena sean menores que en los casos en que no medien tales circunstancias, tal como se lee en la tesis de jurisprudencia, visible en Justicia Electoral, Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, página 44, de rubro: "NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA INDICIARÍA", y a la cual la responsable debió haberse sujetado, en términos del artículo 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

 Más aún, si se toma en cuenta que el propio tribunal, ahora autoridad responsable, en el recurso de apelación local identificado con la clave RA-43/2011, razonó sobre cuestiones similares como lo son, actos anticipados de campaña de nuestro candidato Alejandro Encinas Rodríguez, y en cuanto a la valoración de pruebas asumió como criterio sobré notas periodísticas, lo siguiente:

"Este órgano considera que le asiste la razón al apelante cuando afirma que la autoridad responsable valoró indebidamente el caudal probatorio aportado en la queja

…

... para la investigación de un hecho infractor de la normativa electoral, la autoridad administrativa goza de libertad para emplear todos los medios no reprobados por la ley, a fin de estar en aptitud de demostrar sus elementos configurativos, por lo que al concluir el procedimiento y emitir la resolución atinente, le faculta para apreciar en conciencia el valor de los indicios hasta poder considerarlos conjuntamente como prueba plena, utilizando como base de su razonamiento lógico, la relación existente entre estos, desde la óptica lógica o causal.

…

Consecuentemente, los elementos constitutivos de un hecho ilícito o infractor, que no puede demostrase de manera directa, para tenerlo por acreditado indirectamente es necesario hacer uso de la prueba circunstancial, la que se apoya en el valor incriminatorio de los indicios y cuyo punto de partida son, hechos y circunstancias ya probados.

…

... la responsable debió tomar en consideración el criterio emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, contendió en la jurisprudencia 38/2002, de naturaleza vinculatoria...

NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA INDICIARÍA (se trascribe),

…

De la jurisprudencia citada se colige que para otorgar mayor valor probatorio a las notas periodísticas es necesario que concurran los elementos siguientes:

a. Que sean provenientes de diferentes órganos de información.

b. Que sean atribuidos a distintos autores.

c. Que sean coincidentes en lo sustancial.

d. Que no exista en el procedimiento administrativo, sancionador pronunciamiento por parte del denunciado sobre la certeza o falsedad de los hechos consignados en las notas periodísticas.

... El elemento señalado en el inciso a) se encuentra colmado toda vez que, de las constancias que obran en autos, se desprende que las notas periodísticas fueron difundidas por órganos de información diversos, los cuales se identifican bajo el nombre de El Universal Edomex, Alfa Diario, Proceso, La Prensa, El Porvenir y Milenio; las cuales constituyen medios periodísticos distintos entre sí.

... el elemento identificado con el inciso b) también se encuentra satisfecho, ya que en tres de los medios informativos se advierte la autoría de:

La nota contenida en la dirección electrónica ..., en la que se atribuye la información a "Laura Islas".

La nota contenida en la dirección electrónica ..., en la que funge como redactor "Edgar Juárez".

La nota contenida en la dirección electrónica …, en la que se atribuye su contenido a "Silvia Anahí Fuentes P".

No obstante en las restantes notas periodísticas no se aprecia la inserción del nombre del autor, ello no implica que sea insuficiente para la acreditación de la conducta ilegal, debido a que el valor indiciario de aquellas notas de las que se carece de autoría, tienen un valor indiciario menor de aquellas en las que se aprecia la autoría de las notas periodísticas.

... por lo que hace al elemento identificado con el inciso c) consistente en que las notas periodísticas sean coincidentes en lo sustancial, este se encuentra colmado. Ello se estima, ya que de la lectura del contenido de las referidas notas se aprecia que si bien no coinciden de manera textual, de las mismas se desprende concordancia en que el tres de abril..., se llevó a cabo un mitin por parte del Partido...

... queda evidenciado que la responsable, además de no tomar en consideración las notas mencionadas, tampoco efectuó en ninguna parte de la resolución un estudio conjunto sobre la totalidad de las impresiones de las notas periodísticas, así como del video desahogado mediante diligencia de inspección ocular...”

 Como claramente se observa, dicho tribunal, para el caso de declarar responsable al candidato de mi representada, Alejandro Encinas Rodríguez, atendió a notas periodísticas, asumiendo los criterios que se asientan en la tesis de jurisprudencia emitida por esa Sala Superior, de rubro "NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA INDICIARÍA". Estas, fueron claramente suficientes para que le causara convicción con un mucho menor número de notas, no omitiéndose mencionar que la propia autoridad electoral administrativa motu proprio, se allegó un video de una página de internet mediante una diligencia para robustecer su criterio.

 Al efecto, resulta evidente que la responsable utiliza un rasero diferente para la valoración de pruebas, según sea el candidato, lo cual causa agravio a mi representada, al recibir un tratamiento legal diferenciado y discriminatorio en este tópico, lo que vulnera asimismo el principio de equidad, en este caso procesal en la contienda, pues como queda palmariamente demostrado, en el caso de afectación a Alejandro Encinas Rodríguez, BASTAN INDICIOS para demostrar los hechos, pero en el caso de una probable afectación de Eruviel Ávila, hay que demostrar fehacientemente los extremos de los hechos denunciados. ELLO ES UNA PRUEBA MÁS DE LA PARCIALIDAD, FALTA DE PROFESIONALISMO, OBJETIVIDAD E INDEPENDENCIA CON LA QUE SE CONDUJO LA RESPONSABLE, siendo de destacarse que el criterio de valoración de notas periodísticas asumiendo por la responsable en relación con la denuncia presentada contra Encinas fue cosa juzgada, en tanto que la resolución emitida no se impugnó, razón que la obligaba a aplicar mutatis mutandis el principio de la eficacia refleja de la cosa juzgada y no buscar subterfugios jurídicos para favorecer ilegalmente a una de las partes en perjuicio de la otra.

 En efecto, lo anterior, pone en evidencia que la responsable, por la más elemental congruencia jurídica, debió ceñirse a este criterio; sin embargo, como esa máxima autoridad jurisdiccional electoral podrá claramente advertir, la responsable tenía diferentes varas para medir a los justiciables, dependiendo del actor que impugnara o promoviera, resaltándose que en los actos supuestamente de precampaña, en realidad se trató de verdaderos anticipados de campaña, resultando inconcuso que tales actividades desplegadas debió de haberlas tildado de ilegales, siendo por ello que se impone que esa Sala Superior, analice no solamente el acervo probatorio de autos, sino que, con base en los criterios señalados por la misma, en el juicio de revisión constitucional electoral 169/2011, y en la propia normatividad estatutaria del supracitado partido, sino que además realice el ejercicio de ponderación sobre los actos de cuenta que establece en dicha ejecutoria, en el entendido de que el tribunal responsable fue incapaz de hacerlo, por la presunta consigna o falta de profesionalismo que se torna en estos momentos más que evidente.

 Asimismo, al omitir la responsable la realización de acciones tendientes a corroborar los hechos denunciados, bajo un proceso lógico, objetivo e imparcial, hacen suponer fundadamente la aceptación plena del resultado antijurídico por parte de la autoridad electoral que debió valorar al momento de resolver y causar este agravio, dado que de los razonamientos de la autoridad se advierte que su ánimo no fue juzgar conforme a la ley, sino otorgar el mayor beneficio al denunciado, máxime si se tiene presente que se llevaron a cabo indebidamente actos anticipados de campaña, durante todo el referido período de precampaña, por lo que debió actuar en consecuencia estimando que la violación alegada fue determinante, si se considera que a lo largo de diez días, dicho candidato se posicionó de manera ilegal ante el electorado, en el entendido que, además de los mítines ilegales que llevó a cabo, los publicitó abiertamente a través de espectaculares, mensajes proselitistas en el cine, anuncios en prensa, radio y televisión, y de las menciones con el carácter de información periodística de sus actividades como precandidato único del Partido Revolucionario Institucional, en los medios de comunicación social en la entidad, especialmente, Internet, prensa, radio y televisión, situación que evidentemente vulneró irremisiblemente !os principios de legalidad, certeza, y de manera sustancial, el de equidad; porque está acreditado, la condición de Eruviel Ávila Villegas, como candidato único, y por ende su inminente asunción como candidato de su partido político, lo que permite concluir con claridad que las actividades realizadas por la infractora no estaban destinadas a difundir su imagen entre los militantes de ese partido. Cuestión que se confirma con el hecho irrefutable de que tal registro a favor de Eruviel Ávila Villegas, fue solicitado por la coalición "Unidos por Ti", integrada entre otros, por el Partido Revolucionario Institucional.

 Por otra parte, la utilización de medios de difusión de alto impacto social, permiten evidenciar que no estaban destinadas a afectar la voluntad del órgano partidario elector, esto es, de la Comisión Política del Partido Revolucionario Institucional, sino al conjunto del electorado.

 El conjunto de actividades determinadas como ilícitas, hacen evidente que existió una maquinación de la infractora para difundir su imagen entre la población en su conjunto por su candidatura.

 De hecho, debe llamar la atención de ese órgano colegiado, que la infractora no se limitó a una sola actividad de publicidad, sino que, a manera de una verdadera campaña electoral masiva, realizó una serie de actos concatenados que ineludiblemente generaron una amplia difusión de su imagen y discurso entre la población del Estado de México, escondiendo el gasto que ello generó como una violación mas al principio de equidad.

 Adicionalmente, debe resultar reprobable la permisibilidad por parte del Instituto Electoral del Estado de México, de la campaña de precampaña hecha por Eruviel Ávila Villegas, porque se permitió que su imagen y discurso penetrara a la ciudadanía de la entidad, mediante la utilización indirecta de los medios masivos de comunicación social, quienes difundían sus actividades proselitistas, al amparo de su ejercicio periodístico, mediante notas, entrevistas, panel de comentaristas, foros de discusión, et, aspectos que se abundará más adelante.

 Todas estas conductas evidencian que Eruviel Ávila y el Partido Revolucionario Institucional, establecieron una verdadera maquinación fraudulenta, con el objetivo de posicionar su imagen personal y su propuesta política, frente al electorado de la entidad, ante la certeza de él sería ungido como candidato de dicho partido político, y a la postre de la coalición "Unidos por Ti"; actos que deben estimarse determinantes para el proceso electoral; porque la infracción acreditada implica la violación directa del principio constitucional de equidad; y repercutió en el ánimo de los electores mexiquenses, aspectos que se reflejan en el demérito de la calidad del proceso electoral y de los resultados de las votaciones.

 Por tanto, es de considerarse, al efecto, que un elemento importante derivado de los actos anticipados de campaña tiene que ver con el hecho de que en forma determinante trascendieron al conocimiento de la comunidad.

 Asimismo, diversos medios de prensa hicieron obertura de tales eventos y lo reseñaron en sus respectivos rotativos, por lo que inobjetablemente los ilegales eventos de Eruviel Ávila Villegas, trascendieron al conocimiento de la comunidad, no constriñéndose a los militantes del referido instituto. Esto es, la información desplegada por los medios informativos, hizo lamentablemente posible que las reuniones de dicho candidato, hayan trascendido a la comunidad, obteniendo una ventaja indebida en el proceso electoral que a la postre fue determinante.

 De otra parte, resulta ilegal la aseveración de la responsable relativa a que "los agravios aducidos en el presente juicio de inconformidad, referentes a los actos anticipados de campaña que se le atribuyen a Eruviel Ávila Villegas realizados en diversos municipios del Estado de México, ya fueron objeto de resolución en el expediente RA-86/2011" señalando que al resolver dicho asunto "se realizó un estudio exhaustivo de la totalidad de las pruebas existentes en el expediente, respecto de aquellas que el impetrante señaló que no fueron tomados en cuenta" y que una vez realizado lo anterior, se había procedido a verificar la valoración de autoridad administrativa responsable, encontrándose que los agravios esgrimidos por mi representada resultaron parcialmente fundados, en razón de que se había acreditado un "acto de precampaña en un lugar público" el tres de abril del presente año en el municipio de Netzahualcóyotl, acto que fue realizado en la Plaza Unión de Fuerzas al que asistieron alrededor de diez mil priístas, pero que los actos celebrados en Toluca, Zumpango, Naucalpan, Tejupilco, Valle de Bravo, Texcoco, Tultitlán, La Paz, Metepec, Chalco, Ecatepec y Tlalnepantla, se realizó pronunciamiento desestimando los planteamientos hechos valer, debido a que las pruebas existentes en el expediente acreditaron que los actos de precampaña realizados por Eruviel Ávila Villegas habían respetado los límites establecidos por las disposiciones legales y legales y que para arribar a dicha conclusión había tomado las bases establecidas por esa Sala Superior.

 Pues bien, lo ilegal de tales asertos es que tanto en la resolución dictada al expediente identificado con el número RA-86/2011, como en resolución ahora cuestionada no fundó y menos aún motivó sus antijurídicos asertos, y sí en cambio estableció dogmáticamente como premisa en los actos que revisó que asistieron militantes priístas, sin que medie mayor razonamiento de cómo llegó a esta sesgada conclusión, que se advierte claramente conculcatoria de los principios de imparcialidad, independencia, profesionalismo y objetividad para favorecer a toda costa y sin ambajes al candidato Eruviel Ávila Villegas, lo cual es un oprobio para nuestra incipiente democracia, y sólo el actuar tendencioso de dicho órgano jurisdiccional local "justifica" su aberrante conclusión de asistencia priísta.

 Ahora bien, respecto a los diversos actos de campaña perpetrados por Eruviel Ávila Villegas, conviene reseñar lo siguiente;

 1. NAUCALPAN. En este evento llevado a cabo el 31 de marzo del presente año, como se observa del material probatorio que corre agregados a los autos del expediente de marras, más allá de que se hubiese celebrado llevado a cabo en un lugar cerrado, la responsable no ponderó, en desacato a la sentencia identificada con el número de expediente SUP-JRC-169/2011, sí el acto se realizó dentro de los tiempos y formas establecidas en la ley y en conformidad con la normativa partidaria conducente, y si fue dirigido a los Delegados, o bien, a los sectores, organizaciones y al movimiento territorial del partido político que constituyen las instancias previas, de las cuales surgen los correspondientes Delegados, es decir, dejó de valorar si tal acto sobrepasó la normatividad partidaria, en el entendido de lo preceptuado en el artículo 184 de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional, y si ello era necesario o resultaba superfluo que se llevara a cabo, en atención a la normativa constitucional, legal y partidaria, en el entendido que de una interpretación sistemática y funcional de la normativa de dicho partido político, se obtiene que es una sola la Convención la que debía llevarse a cabo, más no se colige que deban celebrarse un sinnúmero de reuniones o eventos masivos previos, esto es, si bien se estableció en la convocatoria que el precandidato único tenía derecho de expresar su programa de trabajo y propuesta para darlas a conocer y lograr el respaldo de los delegados, ello era en la propia Convención que tuvo lugar el 7 de abril del presente año, aspectos todos que no fueron considerados por la responsable.

 Asimismo, no atendió a las condiciones o circunstancias que prevalecieron, en el entendido de que la autoridad jurisdiccional debía determinar si se trataba de un evento lícito o de una situación irregular, por sí misma considerada, o de un fraude a la ley, pero ello considerando todo el marco atinente dado por la sentencia de mérito y la normatividad partidaria; de ahí que resulte ilegal lo considerado respecto a este municipio.

 2. TEJUPILCO. En este acto celebrado el 1 de abril del año actual, adonde acudieron más de tres mil personas, más allá de que se haya celebrado llevado a cabo en un lugar cerrado, la responsable no ponderó, en desacato a la sentencia identificada con el número de expediente SUP-JRC-169/2011, si el acto se realizó dentro de los tiempos y formas establecidas en la ley y en conformidad con la normativa partidaria conducente, y si fue dirigido a los Delegados, o bien, a los sectores, organizaciones y al movimiento territorial del partido político que constituyen las instancias previas, de las cuales surgen los correspondientes Delegados, es decir, dejó de valorar si tal acto sobrepasó la normatividad partidaria, en el entendido de lo preceptuado en el artículo 184 de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional, y si ello era necesario o resultaba superfluo que se llevara a cabo, en atención a la normativa constitucional, legal y partidaria, en el entendido que de una interpretación sistemática y funcional de la normativa de dicho partido político, se obtiene que es una sola la Convención que debe llevarse a cabo, más no se colige en modo alguno que para ello, deban existir un sinnúmero de reuniones o eventos masivos previos, esto es, si bien se estableció en la convocatoria que el precandidato único tenía derecho de expresar su programa de trabajo y propuesta para darlas a conocer y lograr el respaldo de los delegados, ello era en la propia Convención que tuvo lugar el 7 de abril del presente año, aspectos todos que no fueron considerados por la responsable.

 Asimismo, no atendió a las condiciones o circunstancias que prevalecieron, en el entendido de que la autoridad jurisdiccional debía determinar si se trataba de un evento lícito o de una situación irregular, por sí misma considerada, o de un fraude a la ley, pero ello considerando todo el marco atinente dado por la sentencia de mérito y la normatividad partidaria; de ahí que resulte ilegal lo considerado respecto a este municipio.

 3. VALLE DE BRAVO. En este acto llevado a cabo el 3 de abril del año actual, la responsable de igual manera, no ponderó, en desacato a la sentencia identificada con el número de expediente SUP-JRC-169/2011, si el acto se realizó dentro de los tiempos y formas establecidas en la ley y en conformidad con la normativa partidaria conducente, y si fue dirigido a los Delegados, o bien, a los sectores, organizaciones y al movimiento territorial del partido político que constituyen las instancias previas, de las cuales surgen los correspondientes Delegados, es decir, dejó de valorar si tal acto sobrepasó la normatividad partidaria, en el entendido de lo preceptuado en el artículo 184 de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional, y si ello era necesario o resultaba superfluo que se llevara a cabo, en atención a la normativa constitucional, legal y partidaria, en el entendido que de una interpretación sistemática y funcional de la normativa de dicho partido político, se obtiene que es una sola la Convención que debe llevarse a cabo, más no se colige en modo alguno que para ello, deban existir un sinnúmero de reuniones o eventos masivos previos, esto es, si bien se estableció en la convocatoria que el precandidato único tenía derecho de expresar su programa de trabajo y propuesta para darlas a conocer y lograr el respaldo de los delegados, ello era en la propia Convención que tuvo lugar el 7 de abril del presente año, aspectos todos que no fueron considerados por la responsable.

 Además, desatendió las condiciones o circunstancias que prevalecieron, en el entendido de que la autoridad jurisdiccional debía determinar si se trataba de un evento lícito o de una situación irregular, por sí misma considerada, o de un fraude a la ley, pero ello considerando todo el marco atinente dado por la sentencia de mérito y la normatividad partidaria; de ahí que resulte ilegal lo considerado respecto a este municipio, sin que se advierta cómo arribó a la conclusión de que el acto se habría llevado a cabo en un auditorio, sin valorar además que Eruviel Ávila Villegas dio a conocer los "ejes temáticos de su campaña", lo que implica de suyo una clara connotación de que se trata de un acto anticipado de campaña.

 4. TOLUCA. En este acto se pasa por alto que asistieron más de siete mil personas, lo que sobrepasa en mucho a los delegados de una convención para elegirlo como candidato, y a pesar de que fue aparentemente en un local del precitado partido, si la responsable reconoce que tuvo lugar en Unidad, es evidente que no se dio en un lugar cerrado, y la responsable de igual manera, no ponderó, en desacato a la sentencia identificada con el número de expediente SUP-JRC-169/2011, si el acto se realizó dentro de los tiempos y formas establecidas en la ley y en conformidad con la normativa partidaria conducente, y si fue dirigido a los Delegados, o bien, a los sectores, organizaciones y al movimiento territorial del partido político que constituyen las instancias previas, de las cuales surgen los correspondientes Delegados, es decir, dejó de valorar si tal acto sobrepasó la normatividad partidaria, en el entendido de lo preceptuado en el artículo 184 de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional, y si ello era necesario o resultaba superfluo que se llevara a cabo, en atención a la normativa constitucional, legal y partidaria, en el entendido que de una interpretación sistemática y funcional de la normativa de dicho partido político, se obtiene que es una sola la Convención que debe llevarse a cabo, más no se colige en modo alguno que para ello, deban existir un sinnúmero de reuniones o eventos masivos previos, esto es, si bien se estableció en la convocatoria que el precandidato único tenía derecho de expresar su programa de trabajo y propuesta para darlas a conocer y lograr el respaldo de los delegados, ello era en la propia Convención que tuvo lugar el 7 de abril del presente año, aspectos todos que no fueron considerados por la responsable.

 La responsable asimismo no atendió a las condiciones o circunstancias que prevalecieron en el evento, en el entendido de que la autoridad jurisdiccional debía determinar si se trataba de un evento lícito o de una situación irregular, por sí misma considerada, o de un fraude a la ley, pero ello considerando todo el marco atinente dado por la sentencia de mérito y la normatividad partidaria; de ahí que resulte ilegal lo considerado respecto a este municipio.

 5. OTUMBA. Como se observa, en este municipio, la responsable elude la pronunciarse si el evento se llevó a cabo en un lugar cerrado y sin embargo reconoce que el discurso fue pronunciado hacia gente sencilla, con lo que pone en evidencia que no necesariamente se trataba de militantes priístas ni tampoco se cercioró que el lugar fuese abierto o cerrado, pero además, la responsable de igual manera, no ponderó, en desacato a la sentencia identificada con el número de expediente SUP-JRC-169/2011, si el acto se realizó dentro de los tiempos y formas establecidas en la ley y en conformidad con la normativa partidaria conducente, y si fue dirigido a los Delegados, o bien, a los sectores, organizaciones y al movimiento territorial del partido político que constituyen las instancias previas, de las cuales surgen los correspondientes Delegados, es decir, dejó de valorar si tal acto sobrepasó la normatividad partidaria, en el entendido de lo preceptuado en el artículo 184 de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional, y si ello era necesario o resultaba superfluo que se llevara a cabo, en atención a la normativa constitucional, legal y partidaria, en el entendido que de una interpretación sistemática y funcional de la normativa de dicho partido político, se obtiene que es una sola la Convención que debe llevarse a cabo, más no se colige en modo alguno que para ello, deban existir un sinnúmero de reuniones o eventos masivos previos, esto es, si bien se estableció en la convocatoria que el precandidato único tenía derecho de expresar su programa de trabajo y propuesta para darlas a conocer y lograr el respaldo de los delegados, ello era en la propia Convención que tuvo lugar el 7 de abril del presente año, aspectos todos que no fueron considerados por la responsable.

 En esta tesitura, desatendió las condiciones o circunstancias que prevalecieron, en el entendido de que la autoridad jurisdiccional debía determinar si se trataba de un evento lícito o de una situación irregular, por sí misma considerada, o de un fraude a la ley, pero ello considerando todo el marco atinente dado por la sentencia de mérito y la normatividad partidaria; de ahí que resulte ilegal lo considerado respecto a este municipio.

 6. METEPEC. Resulta incongruente que por lo que hace a este acto anticipado de campaña, la responsable señale "Sin que sea posible desprender el lugar en que se llevó a cabo", y al mismo tiempo, que puntualmente señale que "asistieron únicamente consejeros políticos, presidentes municipales y militantes priístas del Partido Revolucionario Institucional y no público en general", lo que pone de manifiesto una vez más, la incongruencia y parcialidad obvia y evidente con la que se condujo en la valoración de pruebas, es decir, las probanzas le permitieron advertir detalles como quiénes participaron en el evento, excluyendo al público en general, pero le impidió ver dónde se llevó a cabo el evento, lo cual resulta ilógico y con independencia de que no consideró ni remotamente que un hecho conocido, podría haber llevado a la responsable a uno desconocido, existen las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica que la pudieron conducido a otro resultado, mismas que no aplicó, lo que deviene en una omisión que me irroga perjuicio; en el caso, la responsable igualmente no ponderó, en desacato a la sentencia identificada con el número de expediente SUP-JRC-169/2011, si el acto se realizó dentro de los tiempos y formas establecidas en la ley y en conformidad con la normativa partidaria conducente, y si fue dirigido a los Delegados, o bien, a los sectores, organizaciones y al movimiento territorial del partido político que constituyen las instancias previas, de las cuales surgen los correspondientes Delegados, es decir, dejó de valorar si tal acto sobrepasó la normatividad partidaria, en el entendido de lo preceptuado en el artículo 184 de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional, y si ello era necesario o resultaba superfluo que se llevara a cabo, en atención a la normativa constitucional, legal y partidaria, en el entendido que de una interpretación sistemática y funcional de la normativa de dicho partido político, se obtiene que es una sola la Convención que debe llevarse a cabo, más no se colige en modo alguno que para ello, deban existir un sinnúmero de reuniones o eventos masivos previos, esto es, si bien se estableció en la convocatoria que el precandidato único tenía derecho de expresar su programa de trabajo y propuesta para darlas a conocer y lograr el respaldo de los delegados, ello era en la propia Convención que tuvo lugar el 7 de abril del presente año, aspectos todos que no fueron considerados por la responsable.

 Igualmente, desatendió las condiciones o circunstancias que prevalecieron, en el entendido de que la autoridad jurisdiccional debía determinar si se trataba de un evento lícito o de una situación irregular, por sí misma considerada, o de un fraude a la ley, pero ello considerando todo el marco atinente dado por la sentencia de mérito y la normatividad partidaria; de ahí que resulte ilegal lo considerado respecto a este municipio.

 7. TEXCOCO. En este acto anticipado de campaña, la responsable omite hacer referencia al lugar donde se llevó a cabo, bastándole para declararlo infundado que fue "ante la presencia de la militancia del Partido Revolucionario Institucional...", ello sin aportar mayor razonamiento. Al efecto, la responsable de igual modo que en los anteriores casos, no ponderó, en desacato a la sentencia identificada con el número de expediente SUP-JRC-169/2011, si el acto se realizó dentro de los tiempos y formas establecidas en la ley y en conformidad con la normativa partidaria conducente, y si fue dirigido a los Delegados, o bien, a los sectores, organizaciones y al movimiento territorial del partido político que constituyen las instancias previas, de las cuales surgen los correspondientes Delegados, es decir, dejó de valorar si tal acto sobrepasó la normatividad partidaria, en el entendido de lo preceptuado en el artículo 184 de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional, y si ello era necesario o resultaba superfluo que se llevara a cabo, en atención a la normativa constitucional, legal y partidaria, en el entendido que de una interpretación sistemática y funcional de la normativa de dicho partido político, se obtiene que es una sola la Convención que debe llevarse a cabo, más no se colige en modo alguno que para ello, deban existir un sinnúmero de reuniones o eventos masivos previos, esto es, si bien se estableció en la convocatoria que el precandidato único tenía derecho de expresar su programa de trabajo y propuesta para darlas a conocer y lograr el respaldo de los delegados, ello era en la propia Convención que tuvo lugar el 7 de abril del presente año, aspectos todos que no fueron considerados por la responsable.

 Asimismo, desatendió las condiciones o circunstancias que prevalecieron, en el entendido de que la autoridad jurisdiccional debía determinar si se trataba de un evento lícito o de una situación irregular, por sí misma considerada, o de un fraude a la ley, pero ello considerando todo el marco atinente dado por la sentencia de mérito y la normatividad partidaria; de ahí que resulte ilegal lo considerado respecto a este municipio, sin que se advierta cómo arribó a la conclusión de que el acto se habría llevado a cabo en un auditorio, sin valorar además que Eruviel Ávila Villegas dio a conocer los "ejes temáticos de su campaña", lo que implica de suyo una clara connotación de que se trata de un acto anticipado de campaña.

 8. TULTITLÁN. En relación con este acto anticipado de campaña, perpetrado el tres de abril del presente año, la responsable no advirtió que el discurso de Eruviel Ávila Villegas fue realizado ante siete mil personas en donde realizó una GIRA, en una plaza pública, lo que al declarar infundado lo allí ocurrido deja al descubierto su parcialidad y la falta de objetividad, así como de congruencia con el evento llevado a cabo en Netzahualcóyotl al que estimó como fundado, lo anterior en el entendido de que las circunstancias son prácticamente idénticas conforme a las probanzas existentes en ambos municipios; la responsable de igual manera, no ponderó, en desacato a la sentencia identificada con el número de expediente SUP-JRC-169/2011, si el acto se realizó dentro de los tiempos y formas establecidas en la ley y en conformidad con la normativa partidaria conducente, y si fue dirigido a los Delegados, o bien, a los sectores, organizaciones y al movimiento territorial del partido político que constituyen las instancias previas, de las cuales surgen los correspondientes Delegados, es decir, dejó de valorar si tal acto sobrepasó la normatividad partidaria, en el entendido de lo preceptuado en el artículo 184 de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional, y si ello era necesario o resultaba superfluo que se llevara a cabo, en atención a la normativa constitucional, legal y partidaria, en el entendido que de una interpretación sistemática y funcional de la normativa de dicho partido político, se obtiene que es una sola la Convención que debe llevarse a cabo, más no se colige en modo alguno que para ello, deban existir un sinnúmero de reuniones o eventos masivos previos, esto es, si bien se estableció en la convocatoria que el precandidato único tenía derecho de expresar su programa de trabajo y propuesta para darlas a conocer y lograr el respaldo de los delegados, ello era en la propia Convención que tuvo lugar el 7 de abril del presente año, aspectos todos que no fueron considerados por la responsable.

 Además, desatendió las condiciones o circunstancias que prevalecieron, en el entendido de que la autoridad jurisdiccional debía determinar si se trataba de un evento lícito o de una situación irregular, por sí misma considerada, o de un fraude a la ley, pero ello considerando todo el marco atinente dado por la sentencia de mérito y la normatividad partidaria; de ahí que resulte ilegal lo considerado respecto a este municipio. No se omite mencionar que en este caso, la responsable señaló dogmáticamente que "no se puede determinar el lugar en el que se verificó el mencionado acto de precampaña, es importante destacar que a dicho acto únicamente asistió la militancia del Partido Revolucionario Institucional...", lo que pone una vez más en evidencia la parcialidad e incongruencia, al justipreciar el material probatorio que tuvo a la vista, sin mediar mayor razonamiento al respecto.

 La responsable de igual manera, no ponderó, en desacato a la sentencia identificada con el número de expediente SUP-JRC-169/2011, si el acto se realizó dentro de los tiempos y formas establecidas en la ley y en conformidad con la normativa partidaria conducente, y si fue dirigido a los Delegados, o bien, a los sectores, organizaciones y al movimiento territorial del partido político que constituyen las instancias previas, de las cuales surgen los correspondientes Delegados, es decir, dejó de valorar si tal acto sobrepasó la normatividad partidaria, en el entendido de lo preceptuado en el artículo 184 de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional, y si ello era necesario o resultaba superfluo que se llevara a cabo, en atención a la normativa constitucional, legal y partidaria, en el entendido que de una interpretación sistemática y funcional de la normativa de dicho partido político, se obtiene que es una sola la Convención que debe llevarse a cabo, más no se colige en modo alguno que para ello, deban existir un sinnúmero de reuniones o eventos masivos previos, esto es, si bien se estableció en la convocatoria que el precandidato único tenía derecho de expresar su programa de trabajo y propuesta para darlas a conocer y lograr el respaldo de los delegados, ello era en la propia Convención que tuvo lugar el 7 de abril del presente año, aspectos todos que no fueron considerados por la responsable.

 En este contexto, desatendió asimismo las condiciones o circunstancias que prevalecieron, en el entendido de que la autoridad jurisdiccional debía determinar si se trataba de un evento lícito o de una situación irregular, por sí misma considerada, o de un fraude a la ley, pero ello considerando todo el marco atinente dado por la sentencia de mérito y la normatividad partidaria; de ahí que resulte ilegal lo considerado respecto a este municipio.

 9. LA PAZ. En este acto anticipado de campaña, llevado a cabo el 4 de abril del presente año, resulta evidente la parcialidad de la responsable al señalar para declarar infundado lo ocurrido en dicho municipio, que: "los medios de prueba existentes en el expediente no son suficientes para tener por acreditado el tipo de lugar en el cual se realizó el acto proselitista", lo que revela una falta de exhaustividad y de aplicación de las reglas de la lógica, la sana crítica y la sana crítica, y con independencia de que no motiva adecuadamente sus asertos, omite ponderar, en desacato a la sentencia identificada con el número de expediente SUP-JRC-169/2011, sí el acto se realizó dentro de los tiempos y formas establecidas en la ley y en conformidad con la normativa partidaria conducente, y si fue dirigido a los Delegados, o bien, a los sectores, organizaciones y al movimiento territorial del partido político que constituyen las instancias previas, de las cuales surgen los correspondientes Delegados, es decir, dejó de valorar si tal acto sobrepasó la normatividad partidaria, en el entendido de lo preceptuado en el artículo 184 de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional, y si ello era necesario o resultaba superfluo que se llevara a cabo, en atención a la normativa constitucional, legal y partidaria, en el entendido que de una interpretación sistemática y funcional de la normativa de dicho partido político, se obtiene que es una sola la Convención que debe llevarse a cabo, más no se colige en modo alguno que para ello, deban existir un sinnúmero de reuniones o eventos masivos previos, esto es, si bien se estableció en la convocatoria que el precandidato único tenía derecho de expresar su programa de trabajo y propuesta para darlas a conocer y lograr el respaldo de los delegados, ello era en la propia Convención que tuvo lugar el 7 de abril del presente año, aspectos todos que no fueron considerados por la responsable.

 Asimismo, desatendió las condiciones o circunstancias que prevalecieron, en el entendido de que la autoridad jurisdiccional debía determinar si se trataba de un evento lícito o de una situación irregular, por sí misma considerada, o de un fraude a la ley, pero ello considerando todo el marco atinente dado por la sentencia de mérito y la normatividad partidaria; de ahí que resulte ilegal lo considerado respecto a este municipio.

 10. ECATEPEC. En este acto que representó "el cierre de precampaña", que no fue otra cosa que un acto anticipado de campaña, perpetrado el 6 de abril del año actual, la responsable nuevamente con una marcada y notoria parcialidad indica ilegalmente "Que de las notas periodísticas no es posible establecer el lugar preciso en que el evento fue realizado" y que "De la totalidad de los medios de prueba no es posible desprender la cantidad de asistentes al evento", aspectos que nuevamente ponen en evidencia la parcialidad y falta de profesionalismo de la responsable, si se considera que en claro desapego al principio de exhaustividad y a las reglas de la lógica, la sana crítica y la costumbre dice que no le permitieron llegar a dichas conclusiones, no obstante del material probatorio que obra en autos sí es posible advertir que se realizó en un lugar abierto y público, como dieron cuenta todos los medios masivos de comunicación, pero además de que dogmáticamente así lo señala, sin mayor razonamiento la responsable igualmente, dejó de ponderar, en desacato a la sentencia identificada con el número de expediente SUP-JRC-169/2011, si el acto se realizó dentro de los tiempos y formas establecidas en la ley y en conformidad con la normativa partidaria conducente, y si fue dirigido a los Delegados, o bien, a los sectores, organizaciones y al movimiento territorial del partido político que constituyen las instancias previas, de las cuales surgen los correspondientes Delegados, es decir, dejó de valorar si tal acto sobrepasó la normatividad partidaria, en el entendido de lo preceptuado en el artículo 184 de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional, y si ello era necesario o resultaba superfluo que se llevara a cabo, en atención a la normativa constitucional, legal y partidaria, en el entendido que de una interpretación sistemática y funcional de la normativa de dicho partido político, se obtiene que es una sola la Convención que debe llevarse a cabo, más no se colige en modo alguno que para ello, deban existir un sinnúmero de reuniones o eventos masivos previos, esto es, si bien se estableció en la convocatoria que el precandidato único tenía derecho de expresar su programa de trabajo y propuesta para darlas a conocer y lograr el respaldo de los delegados, ello era en la propia Convención que tuvo lugar el 7 de abril del presente año, aspectos todos que no fueron considerados por la responsable.

 De este modo, desatendió asimismo las condiciones o circunstancias que prevalecieron, en el entendido de que la autoridad jurisdiccional debía determinar si se trataba de un evento lícito o de una situación irregular, por sí misma considerada, o de un fraude a la ley, pero ello considerando todo el marco atinente dado por la sentencia de mérito y la normatividad partidaria; de ahí que resulte ilegal lo considerado respecto a este municipio.

 11. CHALCO. Este acto anticipado de campaña realizado el 3 de abril del año en curso, la responsable haciendo gala una vez más de su notoria parcialidad y carente de profesionalismo y objetividad señaló en su ilegal resolución, que: "existe incertidumbre respecto al lugar específico en que se realizó el acto", y que en el acto se habían reunido diez mil priístas, sin motivar el por qué de estas aseveraciones, en tanto que, por una parte, señala que en se concentraron en un campo deportivo de la demarcación y que las probanzas solamente arrojan indicios, sin tomar en cuenta que en la localidad no hay auditorios ni lugares cerrados que sean capaces de albergar a DIEZ MIL PERSONAS, siendo por ello que, con el propósito inequívoco de favorecer a Eruviel Ávila Villegas, aduce que existió tal incertidumbre, sin embargo, lo cierto es que cualquiera de los sitios que se desprenden de las probanzas de autos, en ninguno se habla de un lugar cerrado, por la sencilla razón de que además de que no existe un lugar con tales características, quizás en todo el país, de acuerdo con las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, debió haber considerado como un lugar abierto, pero además, la responsable de igual manera, no ponderó, en desacato a la sentencia identificada con el número de expediente SUP-JRC-169/2011, si el acto se realizó dentro de los tiempos y formas establecidas en la ley y en conformidad con la normativa partidaria conducente, y si fue dirigido a los Delegados, o bien, a los sectores, organizaciones y al movimiento territorial del partido político que constituyen las instancias previas, de las cuales surgen los correspondientes Delegados, es decir, dejó de valorar si tal acto sobrepasó la normatividad partidaria, en el entendido de lo preceptuado en el artículo 184 de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional, y si ello era necesario o resultaba superfluo que se llevara a cabo, en atención a la normativa constitucional, legal y partidaria, en el entendido que de una interpretación sistemática y funcional de la normativa de dicho partido político, se obtiene que es una sola la Convención que debe llevarse a cabo, más no se colige en modo alguno que para ello, deban existir un sinnúmero de reuniones o eventos masivos previos, esto es, si bien se estableció en la convocatoria que el precandidato único tenía derecho de expresar su programa de trabajo y propuesta para darlas a conocer y lograr el respaldo de los delegados, ello era en la propia Convención que tuvo lugar el 7 de abril del presente año, aspectos todos que no fueron considerados por la responsable.

 Asimismo, desatendió asimismo las condiciones o circunstancias que prevalecieron, en el entendido de que la autoridad jurisdiccional debía determinar si se trataba de un evento lícito o de una situación irregular, por sí misma considerada, o de un fraude a la ley, pero ello considerando todo el marco atinente dado por la sentencia de mérito y la normatividad partidaria; de ahí que resulte ilegal lo considerado respecto a este municipio.

 12. TLALNEPANTLA. Sobre este acto anticipado de campaña, realizado el 31 de marzo de la presente anualidad, la responsable indebidamente razona que "no es posible establecer el lugar preciso en que el evento fue realizado" y que aun cuando no era posible establecer el número de personas, en la nota periodística del Gráfico se indicaba que "asistieron miles de priístas", lo cual convalida la responsable, de lo que se obtiene que además de una falta de exhaustividad, insuficiente fundamentación y motivación por lo dogmático de sus asertos, La responsable de igual manera, no ponderó, en desacato a la sentencia identificada con el número de expediente SUP-JRC-169/2011, si el acto se realizó dentro de los tiempos y formas establecidas en la ley y en conformidad con la normativa partidaria conducente, y si fue dirigido a los Delegados, o bien, a los sectores, organizaciones y al movimiento territorial del partido político que constituyen las instancias previas, de las cuales surgen los correspondientes Delegados, es decir, dejó de valorar si tal acto sobrepasó la normatividad partidaria, en el entendido de lo preceptuado en el artículo 184 de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional, y si ello era necesario o resultaba superfluo que se llevara a cabo, en atención a la normativa constitucional, legal y partidaria, en el entendido que de una interpretación sistemática y funcional de la normativa de dicho partido político, se obtiene que es una sola la Convención que debe llevarse a cabo, más no se colige en modo alguno que para ello, deban existir un sinnúmero de reuniones o eventos masivos previos, esto es, si bien se estableció en la convocatoria que el precandidato único tenía derecho de expresar su programa de trabajo y propuesta para darlas a conocer y lograr el respaldo de los delegados, ello era en la propia Convención que tuvo lugar el 7 de abril del presente año, aspectos todos que no fueron considerados por la responsable.

Además, desatendió las condiciones o circunstancias que prevalecieron, en el entendido de que la autoridad jurisdiccional debía determinar si se trataba de un evento lícito o de una situación irregular, por sí misma considerada, o de un fraude a la ley, pero ello considerando todo el marco atinente dado por la sentencia de mérito y la normatividad partidaria; de ahí que resulte ilegal lo considerado respecto a este municipio.

 Luego entonces, queda puesto en evidencia que la sentencia carece de la debida exhaustividad en el análisis de los agravios esgrimidos, además de incumplir el principio de congruencia interna y externa lo que conduce a la exposición de conclusiones imprecisas y contradictorias, en el entendido que adolece de la debida valoración del cúmulo probatorio que obra en autos.

 Como se aprecia, las ilegales conclusiones vertidas en la resolución que ahora se cuestiona procesalmente, ciertamente tienen su origen en las inexactas apreciaciones realizadas en el recurso de apelación número 86/2011, y que ahora me irrogan perjuicio, porque lo único que ilegalmente hace la responsable, es remitir a dicha resolución, como si se tratara de un anexo o de una sola sentencia, lo que es conculcatorio del artículo 17 constitucional, como esa Sala Superior diáfanamente advertirá, y en donde resolvió que los agravios enderezados por mi representada resultaron parcialmente fundados, únicamente por cuanto hace a la acreditación de los actos anticipados de campaña respecto del municipio de Netzahualcóyotl, Estado de México; pero por cuanto hace a los hechos denunciados en los demás municipios se declararon infundados, resultando evidente que la falta de exhaustividad en el ejercicio de la facultad de investigación por parte de la autoridad administrativa electoral, debió declararse fundado en la sentencia recaída a dicho recurso.

 En este contexto, resulta claro que en los expedientes que tuvo a la vista el tribunal responsable, se localizan indicios más que suficientes para que, en atención a lo preceptuado por los artículos 356 del Código Electoral del Estado de México, 44 y 51 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral del Estado de México se desplegaran las amplias facultades de investigación conferidas a los órganos facultados para sustanciar el procedimiento administrativo sancionador electoral, criterio que además ha sido sostenido por el tribunal local al resolver el 13 de julio del presente año, los recursos de apelación 45 y su acumulado, el 70 y el 85 todos del presente año.

 Así, de haberse atendido a las tres etapas que conforman la facultad de investigación mencionadas en los recursos que se citan como precedentes, el tribunal responsable habría realizado diligencias adicionales que lo llevaran a obtener nuevos elementos probatorios para resolver la queja primigenia con suficiencia, y sobre todo, con apego a los principios de legalidad, certeza, imparcialidad y profesionalismo a los que está obligado.

 Lo anterior queda palmariamente al descubierto cuando en la resolución ahora impugnada se refiere que "no hay elementos de convicción de los cuales se pueda arribar a la conclusión de que los hechos acreditados tuvieron un impacto significativo entre la ciudadanía del Estado de México que acudió a emitir su sufragio ..., lo cual, implica que no es posible considerar las irregularidades como determinantes cuantitativamente ni cualitativamente para trascender al resultado de la elección, y consecuentemente, no pueden dar lugar, por sí mismas, para que se pueda declarar la nulidad de la elección de gobernador en el Estado de México", es decir, se parte de la falsa premisa de la falta de material probatorio provocada por las omisiones de la responsable, situación que debió haber sido subsanada por el tribunal local al resolver el recurso de apelación correspondiente 86 del presente año.

 En este contexto, resulta evidente la indebida adminiculación y valoración de pruebas por parte de la autoridad responsable; lo cual la llevó a calificar incorrectamente el acervo probatorio que tuvo a la vista en la resolución que fue combatida en el recurso de apelación 86/2011 como en la resolución que ahora se combate, es evidente la omisión de adminicular y valorar las pruebas del expediente de marras, como lo son los monitoreos de los medios de comunicación de todo el periodo de precampaña, que obraban en los archivos del Instituto Electoral del Estado de México; el informe final de monitoreo a medios de comunicación alterno, durante el periodo de precampaña; el concentrado de notas periodísticas; la instrumental de actuaciones y la prueba presuncional, porque si bien en el referido expediente se señala un pronunciamiento respecto de que la responsable adminiculó correctamente las probanzas, debe destacarse, conforme a lo expuesto que en el referido recurso, resulta evidente que solamente se tomaron en cuenta algunas "notas periodísticas", sin que la responsable se hubiera allegado de elementos adicionales; situación diametralmente opuesta a la congruencia y exhaustividad que debe existir en toda sentencia, haciéndose notar a esa máxima autoridad jurisdiccional electoral que el tribunal responsable únicamente reprodujo, sin mayor razonamiento, las argumentaciones de la autoridad electoral administrativa, y basándose exclusivamente en el mismo material probatorio con el que contó aquélla para "resolver" lo planteado en la instancia previa a este juicio, con lo que a nuestro juicio, queda demostrado el agravio que ahora se aduce.

 Es de insistirse sobre la errónea interpretación que la responsable hace del juicio de revisión constitucional 169/2011, toda vez que lo hace de forma extensiva y sesgada sin justificación alguna, situación que se evidencia cuando se señala que "el límite legal establecido para la realización de actos de precampaña de Eruviel Ávila Villegas, es la prohibición para realizar reuniones, entrevistas y demás actividades masivas en espacios públicos con el objeto de promover su imagen ante la ciudadanía o el electorado en general."; siendo que en la referida sentencia federal, el Tribunal Electoral delimitó ese tipo de actos a que tuvieran como única finalidad lograr la aprobación de su candidatura por parte del órgano partidario competente para ello, por lo que los actos de campaña debieron circunscribirse a ese ámbito y dirigirse exclusivamente a los integrantes de ese órgano o bien a los sectores, organizaciones y al movimiento territorial del partido político que constituyen las instancias previas de las cuales surgen los correspondientes delegados. Por ello, se insiste, en que los actos denunciados debieron haberse circunscrito exclusivamente al órgano encargado de elegir al candidato a gobernador, y no ampliarse a militantes o simpatizantes como se sostiene en la sentencia del presente recurso.

 En este contexto, la resolución reclamada se basa en una serie de estimaciones que son de considerarse subjetivas, dogmáticas, absolutamente parciales y sin sustento probatorio alguno tal es el caso de la ilegal aseveración de que no debía perderse de vista que los "actos anticipados de precampaña, no obstante se llevaron a cabo en lugares públicos donde la ciudadanía en general tiene acceso, en esencia, éstos se encontraban dirigidos a los militantes y simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional, lo que lleva a desvanecer la gravedad de la falta, en razón de que, de acuerdo con las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y de la sana crítica, la mayoría de las personas que acuden a la realización de eventos masivos partidistas son, generalmente, personas militantes o simpatizantes del instituto político que lo organiza" y que de manera eventual acude un "número ínfimo de ciudadanos ... que ocurren en calidad de curiosos o, en razón del lugar público en que el evento se lleva a cabo...", razonamiento gracioso y dogmático que no apoya en prueba alguna.

 Lo ilegal de tales asertos es que se corrobora, por enésima ocasión, la notoria parcialidad que llevaron a la responsable a expresar tales asertos, sin considerar que incluso ya eran cosa juzgada con el propósito inequívoco de beneficiar y diluir la responsabilidad manifiesta de Eruviel Ávila Villegas.

 En efecto, como claramente es de advertirse, a la luz del material probatorio que obra en el expediente, las aseveraciones que formula la responsable, no cuentan con probanza alguna, siendo recurrente que se invoque a las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, para pretender sostener apreciaciones subjetivas. En efecto, sin contar con elementos probatorios se realizan aseveraciones dogmáticas y afirmaciones subjetivas, tales como que dichos actos se llevaron a cabo en lugares específicos y cerrados, que asistieron exclusivamente consejeros políticos, presidentes, militantes o simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional, como ya ha sido puesto de relieve.

 Otros asertos que se encuentran en el mismo temor son las siguientes:

1.                       ""..., en los tres eventos acreditados que se realizaron en lugares abiertos, si bien hay certeza de que asistieron un número importante de ciudadanos;... se insiste, por la misma naturaleza de tales eventos, concurrieron en su gran mayoría militantes, simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional,..." ¿Cómo llegó a esta conclusión?, solo su aceptación por parte del gobierno estatal lo justifica.

2.                       "El acto de precampaña realizado por Eruviel Ávila se llevó a cabo en Valle de Bravo en un lugar cerrado, el auditorio denominado Carios Pichardo".

3.                       "Se tiene por acreditado que se llevó a cabo un evento realizado en el municipio de Toluca, Estado de México en la Plaza de la Unidad del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional"

 Es de resaltarse la notoria parcialidad de la responsable para convalidar los ilegales actos sin arribajes ni recato alguno, por la sencilla razón de que o no contaba con los elementos probatorios para señalar que se trataba de lugares no prohibidos y que los auditorios de personas eran de militantes priístas.

 Son de resaltarse asimismo las evidentes incongruencias que existen en la resolución ahora combatida, lo que queda evidenciado cuando por una parte, se afirma que quienes asistieron a los actos organizados fueron los propios militantes del Partido Revolucionario Institucional; mientras que en líneas subsecuentes se realiza un estudio en los siguientes términos: "Por lo anterior, el hecho de considerar como cierta la posible influencia que tales eventos tuvieron en los ciudadanos y que se presume afectó el principio de equidad en la contienda electoral, es tan sólo para descartar si fue determinante cuantitativamente o no. Sin embargo, para el efecto de acreditar si tales irregularidades fueron transcendentes cualitativamente, los elementos a considerar en este agravio por sí mismos, no son relevantes portas consideraciones señaladas...".

 Se vulnera asimismo el principio de congruencia, si se considera que la resolución ahora combatida se soporta en el recurso de apelación 86 del presente año, y ahora la incongruencia deviene de que se valoró primigeniamente, pero ello fue confirmado por la ahora responsable, de manera diferenciada los mismos elementos indiciarios; esto es, por una parte, los monitoreos fueron calificados como "indicios genéricos", con los cuales supuestamente no se podían comprobar los hechos denunciados, y por la otra, se les otorgó pleno valor probatorio para desvirtuar los mismos acontecimientos., por lo que al retomar de manera indiscriminada y sin mayor razonamiento, lo resuelto en el multicitado recurso de apelación trajo inexorablemente como consecuencia que en la resolución ahora combatida se reprodujeran los vicios, incorrecciones y omisiones de aquella resolución.

 Resulta ilegal lo razonado por la responsable para pretender justificar que no se actualiza la determinancia cuantitativa, al señalar que en los tres eventos acreditados como actos anticipados de campaña, pudieron haber concurrido, en el mayor de los casos alrededor de diez mil personas en cada uno, cantidad que no resulta significativa para la elección de gobernador, "toda vez que, de acuerdo al número de votos los obtenidos por el candidato que obtuvo el primer lugar de la votación 3, 018, 588 ... y el número de votos alcanzado por el segundo lugar en la contienda 1, 020, 857, la cantidad de votos de 30, 000 ...es mínima y de ninguna manera puede ser considerada como determinante para el resultado de la elección", agregando que tal cantidad representaba solamente el 0.99 por ciento, en tanto que la diferencia entre la coalición ganadora y aquélla que obtuvo el segundo lugar es de 41.01 por ciento, lo cual representa 1, 997, 718 votos, por lo que estimó que los actos anticipados de campaña probados no eran determinantes cuantitativamente.

 Al respecto, de inicio, es de hacerse notar que en el caso del juicio de revisión constitucional electoral 221/2003, correspondiente a la sentencia relativa a la elección de gobernador en el Estado de Colima, para declarar la nulidad de dicho proceso comicial, dentro de las cuestiones que fueron consideradas de trascendental relevancia para tales efectos fue la presencia del gobernador en el acto de cierre de campaña "al cual asistieron cerca de cinco mil personas", según consta en autos de dicho expediente, es decir, no fue tomada en consideración la determinancia cuantitativa, respecto al número de personas asistentes a dicho evento, sino que lo fue la determinancia cualitativa, razonándose que a través de las conductas desplegadas por el gobernador en funciones de dicha entidad federativa, se había impedido la coexistencia de condiciones para la realización de un proceso democrático que fuera la expresión de la soberanía popular, a través de elecciones libres y auténticas, por medio del voto universal, igual, libre y secreto, conculcándose con tales conductas, los principios rectores de la función electoral legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia, así como el principio de igualdad, por lo que la Sala Superior, determinó declarar la nulidad de dicha elección, en donde por cierto, hace referencia a la debida adminiculación de las probanzas y de la adecuada aplicación de las reglas sobre valoración de las mismas:

"... razón por la cual se concluye que tales irregularidades tienen el carácter de graves o de violaciones sustanciales y, por tanto, susceptibles de ser cualitativamente determinantes para el resultado de la elección de Gobernador del Estado de Colima.

Dichas conductas están acreditadas a través de la adminiculación de documentales públicas (copias certificadas de actuaciones relativas a averiguaciones previas, de oficios y del informe de la comisión de consejeros y representantes de partido de un órgano colegiado electoral federal...

…

Efectivamente, aplicando las reglas de la lógica, la sana critica y la experiencia, en razón, además, de la adminiculación de las diversas pruebas y elementos indiciarios existentes en autos que, atendiendo a su contenido, la relación con los hechos afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, no se contraponen ni son inconsistentes, en los términos precisados en el pasado considerando y en los párrafos precedentes del presente ... se llega a la convicción de que efectivamente se cometieron los hechos que ahora son causa de la nulidad que debe decretarse en cuanto a la elección de Gobernador del Estado de Colima."

 Por las razones y consideraciones expuestas, es Sala Superior está obligada a actuar en congruencia con sus propios criterios, y no como lo hace la responsable, con criterios diferenciados según sea el impugnante.

 Asimismo, ¡legalmente indica que tampoco las irregularidades aducidas por mi representada son cualitativamente determinantes, porque el hecho de que se hayan realizado actos anticipados de campaña en tres municipios y con ello se tenga por cierto que "todos los asistentes fueron influenciados de manera contundente para votar a favor de la coalición "Unidos por ti", es un hecho indeterminado, si se atiende a las reglas de la lógica, la sana crítica y las máximas de la experiencia" y que si bien se presumía que todos los asistentes fueron convencidos, no significaba que ello fuera contundente, en razón de que un ciudadano que emite un voto a favor de un candidato, "era el producto de un cúmulo de circunstancias sociales, económicas, ideológicas y políticas ... para el efecto de acreditar si tales irregularidades fueron trascendentes cualitativamente, los elementos a considerar en este agravio por sí mismos, no son relevantes por las consideraciones señaladas"

 Lo incongruente e ilegal de tales asertos deviene, por una parte, de que en conformidad con el criterio sostenido por esa Sala Superior en la tesis XXXI/2004 cuyo rubro es: "NULIDAD DE ELECCIÓN. FACTORES CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL CARÁCTER DETERMINANTE DE LA VIOLACIÓN O IRREGULARIDAD"; el criterio cuantitativo no es el único que permite concluir que existió determinancia en una irregularidad, sino que también puede deducirse desde la óptica cualitativa de las faltas denunciadas.

 En este contexto al construir el razonamiento hipotético citado, se incurre en una contradicción, ya que se afirma tácitamente, que hubo vulneración al principio constitucional de equidad en la contienda (determinancia cualitativa), pero que ello no fue determinante (determinancia cuantitativa) para los resultados; situación contraria a lo sostenido por ese máximo órgano jurisdiccional en materia electoral del país, que ha considerado que se actualiza la determinancia cualitativa con la simple vulneración al precitado principio de equidad, con independencia de que no pueda determinarse la cantidad de ciudadanos que se vieron impactados.

 Robustece lo anteriormente manifestado la tesis de jurisprudencia 28/2009, cuyo rubro es: "CONGRUENCIA EXTERNA E INTERNA. SE DEBE CUMPLIR EN TODA SENTENCIA".

 Por otra parte, resultan irrelevantes las tendenciosas cifras que aporta la responsable por la sencilla razón de que por más avasalladora o abrumadora que haya sido la diferencia entre la votación entre el primero y segundo lugar, o el número de ciudadanos pudieron ser impactados, lo cierto es que ante la vulneración a principios constitucionales, de acuerdo con lo razonado por esa Sala Superior en el multicitado juicio de revisión constitucional 165/2008, el proceso electoral se vicia y ello genera que no puede validarse una elección ilegal.

 En este sentido, AB EXEMPLO, y toda proporción guardada, resulta ilustrativo el caso de que un atleta en una carrera obtenga una abrumadora diferencia en relación con el segundo lugar, pero cuando se le realiza la prueba antidopaje resulta que da positivo y se le descalifica, o bien, el reciente caso del renombrado atleta Usaín Bolt, quien en virtud de que arrancó o inició antes de tiempo, fue descalificado, a pesar de que ciertamente pudo haber batido un récord mundial, lo que en el caso resultaba irrelevante. Pues bien, lo mismo ocurre mutatis mutandis en el presente caso, porque resulta que el seflor Eruviel Ávila Villegas, al quebrantar flagrantemente las reglas de la contienda electoral, simple y sencillamente ya no tenía derecho a seguir participando en la competencia, debiéndole haber sido cancelado su registro como candidato, tal como lo ordena expresamente el artículo 355, fracción II, inciso a) in fine, al considerar que, de acuerdo con los criterios anotados por esa Sala Superior y de las probanzas que obran en autos, es claro que todos y cada uno de los diez días que duró la precampaña de cuenta, se desplegaron los actos reprochables, lo que conduce necesariamente a considerar en su conjunto como una violación particularmente grave, es decir, qué mayor gravedad puede existir si todos los días se actualizaron las conductas tildadas de ilegales, como es de corroborarse, porque en su caso, considerar lo contrario, sería colocar tal hipótesis como de imposible realización, lo que trastoca las reglas de la hermenéutica jurídica y de la posibilidad factual de que se surtan los extremos de la norma, máxime cuando ello, se localiza ni más ni menos, en la apreciación jurídica del juzgador.

 De otra parte, no se omite mencionar, a guisa referencial, pero que dibuja la lastimosa actuación de las autoridades electorales locales que, en el colmo de la mala fe y presuntivamente con el avieso fin de obstaculizar a toda costa nuestra labor de defensa a nuestros derechos constitucionales, así como en franca violación a los principios de transparencia y publicidad de los actos administrativos y jurisdiccionales, por inverosímil que parezca, las resoluciones atinentes para la presente impugnación en archivos electrónicos, tanto del consejo electoral como el tribunal local, simplemente no pueden consultarse, en un caso, de plano quitaron la página del órgano jurisdiccional, y solamente se puede entrar a la información general con la dirección electrónica 187.174.203.8, sin embargo, si se pretende consultar los archivos trascendentes, como es el caso del "Jl 29/2011", o bien, de los recientes recursos de apelación, se señala que los archivos se encuentran dañados y, por tanto, no pudieron consultarse por este medio, lo cual puede ser fácilmente corroborado por esa Sala Superior.

 Estas razones impelen a mi representada a cuestionar el actuar del órgano jurisdiccional señalando como autoridad responsable, sin que se requiera de un análisis profundo para arribar a la conclusión de su falta de profesionalismo, legalidad, objetividad e independencia del gobierno estatal.

 Por último, es de resaltarse que, tal como se señala en el VOTO PARTICULAR del Magistrado Héctor Romero Bolaños, formulado en contra de la resolución que ahora se impugna y, desde luego, en concepto de mi representada, con base en una adecuada justipreciación de todos los elementos que debieron y ahora deben ser valorados los actos anticipados de campaña, perpetrados por Eruviel Ávila Villegas, lo cual ha sido profusamente detallado a lo largo de la exposición del presente agravio, es inconcuso que los actos desplegados por dicho candidato, no era ni es posible jurídicamente que puedan considerarse como amparados por la Constitución, la ley, la normativa partidaria y por supuesto, con base en lo resuelto por esa máxima autoridad jurisdiccional electoral federal en la sentencia dictada al juicio de revisión constitucional 169/2011, lo que debe acarrear lo efectos jurídicos conducentes, si se estima que se trata de una violación grave no reparable y que conculcó severamente el principio de equidad en el proceso electoral de gobernador en el Estado de México.”

Previo a entrar al estudio de los agravios hechos valer por la actora, es menester señalar que el Tribunal responsable al contestar los agravios que sobre este mismo tema hizo valer la Coalición ante él, primero llevo a cabo una síntesis de dichos motivos de inconformidad, luego hizo un análisis del marco constitucional y legal que regula las precampañas en la entidad (páginas 35 a 41), posteriormente, estudió lo resuelto por esta Sala Superior en el SUP-JRC-169/2011 (Páginas 41 a 44), así como de lo resuelto por la misma responsable en el RA-86/2011 (páginas 44 a 47).

Una vez realizado dichos estudios determinó lo siguiente:

“…

Establecido lo anterior, por lo que respecta a si las irregularidades acreditadas resultan determinantes para el resultado de la elección de Gobernador constitucional para el periodo 2011-2017, este órgano colegiado, considera lo siguiente:

Tal y como se ha razonado a lo largo del estudio del presente agravio, la prohibición de los actos anticipados de campaña tiene como bienes jurídicos tutelados a la equidad y a la igualdad en la contienda electoral, a fin de que los candidatos; participen bajo las mismas condiciones en la contienda electoral, evitando que alguno de los candidatos obtenga una ventaja indebida respecto del resto de los contrincantes.

Una vez precisado lo anterior, este órgano colegiado concluye que no hay elementos de convicción de los cuales se pueda arribar a la conclusión de que los hechos acreditados tuvieron un impacto significativo entre la ciudadanía del Estado de México que acudió a emitir su sufragio el primer domingo de julio del presente año, lo cual, implica que no es posible considerar las irregularidades como determinantes cuantitativamente ni cualitativamente para trascender al resultado de la elección y, consecuentemente, no pueden dar lugar, por sí mismas, para que se pueda declarar la nulidad de la elección de gobernador en el Estado de México.

Se llega a tal determinación, ya que de los actos jurídicamente reprochables y acreditados al candidato de la Coalición "Unidos por ti" Eruviel Ávila Villegas, ocurrieron en tres de los diez días del periodo de precampaña, concretamente el veintinueve y treinta de marzo, y el tres de abril de la presente anualidad; y en tan sólo tres de los ciento veinticinco municipios que componen al Estado de México (Lerma, Cuautitlán Izcalli y Nezahualcóyotl).

Por ello, no debe perderse de vista que los actos anticipados de precampaña, no obstante se llevaron a cabo en lugares públicos donde la ciudadanía en general tiene acceso, en esencia, éstos se encontraban dirigidos a los militantes y simpatizantes del Partido Revolucionario institucional, lo que lleva a desvanecer la gravedad de la falta, en razón de que, de acuerdo con las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y la sana crítica, la mayoría de las personas que acuden a la realización de eventos masivos partidistas son, generalmente, personas militantes o simpatizantes del instituto político que lo organiza y, de manera eventual, acude un número ínfimo de ciudadanos que, sin tener militancia o simpatía con las propuestas políticas de dicho partido, ocurren ocasionalmente en calidad de curiosos o, en razón del lugar público en que el evento se lleva a cabo, al caminar cerca de tales lugares pueden llegar a escuchar las propuestas partidistas que en el evento se emiten.

En efecto, en los tres eventos acreditados que se realizaron en lugares abiertos, si bien hay certeza de que asistieron un número importante de ciudadanos; las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, se insiste, por la misma naturaleza de tales eventos, concurrieron en su gran mayoría, militantes y simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional, los cuales en el mayor de los casos, pudieron asistir alrededor de diez mil personas en cada uno, resultando un total de treinta mil aproximadamente, reiterándose que, por ser un acto de precampaña, resulta evidente, que una gran mayoría de asistentes, son militantes y simpatizantes del mencionado instituto político, mismos que de manera alguna pudieron ser influenciados para emitir el sentido de su sufragio hacia el partido político en comento, precisamente en razón del carácter de simpatizantes y militantes de tal instituto político.

Señaladas estas cantidades, aun en el caso extremo de considerar que todos estos asistentes no sean militantes y simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional y que, por virtud de su asistencia a dichos eventos pudieron ser influenciados para emitir su voto por dicho candidato; tal cantidad no resulta significativa para los resultados de la elección de Gobernador; toda vez que, de acuerdo al número de votos obtenidos por el candidato que obtuvo el primer lugar en la votación 3,018,588 (tres millones dieciocho mil quinientos ochenta y ocho) y el número de votos alcanzado por el segundo lugar en la contienda 1,020,857 (un millón veinte mil ochocientos cincuenta y siete), la cantidad de 30,000 (treinta mil votos) es mínima y de ninguna manera puede ser considerada como determinante para el resultado de la elección.

Entonces, resulta que el número de ciudadanos que participó en los eventos considerados ilegales, que posiblemente pudieron ser influidos para emitir su voto a favor del entonces precandidato de la Coalición "Unidos por ti", aun en el supuesto de considerar que tal evento fue trascendente para que los asistentes votaran el día de la jornada electoral a favor del señalado candidato de la Coalición "Unidos por ti", tan solo representa el 0.99% (cero punto noventa y nueve por ciento) de la votación emitida a favor del candidato de la coalición que resultó favorecido por la ciudadanía.

Ahora bien, si se considera que según cifras oficiales emitidas por el Instituto Electoral del Estado de México en su página de internet, en el que se incluyen los votos anulados en las resoluciones que este órgano jurisdiccional emitió en los juicios de inconformidad, en relación a los cómputos distritales electorales de la elección; la diferencia entre la coalición ganadora y aquella que obtuvo el segundo lugar en porcentaje es de 41.01%, (cuarenta y uno punto cero uno por ciento) lo cual representa 1,997,718 (un millón novecientos noventa y siete mil setecientos dieciocho votos), según la Votación Total Emitida en la elección.[1]

Por lo anterior, este Tribunal electoral considera que los actos anticipados de campaña probados por el actor no son determinantes cuantitativamente para el resultado de la elección, en razón de que el número de votos obtenidos por coalición "Unidos por ti" para obtener el primer lugar de la votación no fue rebasado por el número de votos que se obtienen de las irregularidades por actos anticipados de campaña que resultaron fundados.

Robustece el anterior razonamiento, el criterio emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en sesión celebrada el doce de agosto de dos mil cuatro, mediante tesis XXXI/2004 cuyo rubro es "NULIDAD DE ELECCIÓN. FACTORES CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL CARÁCTER DETERMINANTE DE LA VIOLACIÓN O IRREGULARIDAD"'.[2]

Por otra parte, tampoco se tiene por acreditado que las irregularidades señaladas sean determinantes cualitativamente para el resultado de la elección. Se estima lo anterior, porque el hecho de que se hayan realizado actos anticipados de campaña en tres municipios del Estado de México y con ello se tenga por cierto que, en dichos actos, todos los asistentes fueron influenciados de manera contundente para votar a favor del candidato de la coalición "Unidos por ti", es un hecho indeterminado, y si, como se ha señalado, se atiende a las reglas de la lógica, la sana crítica y las máximas de la experiencia.

De manera que, si bien se presume que todos los asistentes a tales eventos fueron convencidos a votar a favor del candidato denunciado, esto, no significa que tal criterio sea contundente, en razón de que es evidente que un ciudadano emite su sufragio a favor de un determinado candidato derivado del producto de un cúmulo de circunstancias sociales, económicas, ideológicas y políticas para tal efecto.

Por lo anterior, el hecho de considerar como cierta la posible influencia que tales eventos tuvieron en los ciudadanos y que se presume afectó el principio de equidad en la contienda electoral, es tan sólo para descartar si fue determinante cuantitativamente o no. Sin embargo, para el efecto de acreditar si tales irregularidades fueron transcendentes cualitativamente, los elementos a considerar en este agravio por sí mismos, no son relevantes por las consideraciones señaladas.

En consecuencia, este Tribunal Electoral considera infundado el agravio esgrimido por el impetrante para declarar la nulidad de la elección de gobernador constitucional del Estado de México para el periodo 2011-2017.”

Por lo tanto los agravios de la actora deben estar encaminados a controvertir las consideraciones de fondo del Tribunal responsable, de no ser así los mismos se vuelven inoperantes.

La actora esgrimió una serie de agravios al respecto que, para efecto de su resolución, han sido agrupados en tres bloques, atendiendo al sentido en que habrán de ser resueltos.

Es necesario indicar que dicho proceder no causa perjuicio a la actora, porque no es la forma como los agravios se analizan lo que puede originar una lesión, sino que, lo trascendental, es que todos sean considerados al momento de resolver la litis. Este criterio ha sido sostenido por esta Sala Superior y se encuentra establecido en la tesis de jurisprudencia número 4/2000, cuyo rubro es, “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”, visible en la página ciento diecinueve de la Compilación 1997-2010, de Jurisprudencia y tesis en materia electoral.

A.  Agravios que son inoperantes, en razón de que constituyen una reiteración de lo que fue expuesto ante el Tribunal Electoral del Estado de México, en el juicio de inconformidad JI/29/2011.

Entre la diversidad de agravios que adujo la actora, algunos son inoperantes, porque constituyen una reiteración -sin desglose argumentativo adicional que pudiera justificar su atención-, de lo que fue expuesto ante el tribunal responsable.

Es necesario indicar que, si bien esta Sala Superior considera  que es posible que en algunos casos pudieran existir agravios cuya simple reiteración no implique una inoperancia, en tanto que la litis planteada pudiera reiterarse en la sede de revisión, dicha circunstancia no acontece en el caso concreto, porque los agravios en cuestión están referidos a temáticas (valoración de pruebas en un procedimiento de queja y omisión en el ejercicio de atribuciones por parte de la autoridad administrativa electoral) que han sido agotadas en la sede de jurisdicción local, e incluso por esta autoridad jurisdiccional, sin que se advierta motivo por el que los agravios mantengan su vigencia y ameriten ser analizados.

Los agravios que son inoperantes, se muestran en el siguiente cuadro, para mayor claridad.

Los agravios anteriores son inoperantes en virtud de que la actora se limitó a reproducir en la demanda del presente juicio los motivos de inconformidad que hizo valer ante la responsable.

Al respecto, es aplicable, por analogía, el criterio  establecido por esta Sala Superior en la tesis número XXVI/97, con el rubro “AGRAVIOS EN RECONSIDERACIÓN. SON INOPERANTES SI REPRODUCEN LOS DEL JUICIO DE INCONFORMIDAD”, en la que se establece que son inoperantes los argumentos que se expresen para combatir la sentencia dictada en primera instancia, cuando sólo constituyen la reproducción textual de los agravios expuestos en la misma, en razón de que el cometido legal del recurso del recurso de alzada consiste en analizar la constitucionalidad y la legalidad de las resoluciones de fondo emitidas en el juicio primigenio, y que el medio técnico adecuado para ese objetivo radica en la exposición de argumentos enderezados a demostrar ante el tribunal ad quem, que la resolución de primera instancia incurrió en infracciones por sus actitudes y omisiones, en la apreciación de los hechos y de las pruebas, o en la aplicación del derecho, lo cual no se satisface con una mera reiteración de lo manifestado como agravios, porque la segunda instancia no es una repetición o renovación de la primera, sino sólo una continuación que se inicia, precisamente, con la solicitud del ente legitimado en la forma que exija la ley, y la exposición de los motivos fundados que tiene para no compartir la del a quo.

B. Agravios que son inoperantes porque fueron planteados con anterioridad ante esta autoridad jurisdiccional.

La actora esgrimió una serie de agravios que, una vez identificados, se advierte que ya fueron sometidos al ejercicio jurisdiccional de esta Sala Superior; se trata de los siguientes:

a.    Que le irroga perjuicio el que la resolución impugnada se encuentre indebidamente fundada y motivada, adolezca de exhaustividad, parta de premisas falsas (por cuanto hace a la posible realización de actos de precampaña, de manera indiscriminada, por parte de Eruviel Ávila Villegas) y, en consecuencia, arribe a conclusiones antijurídicas y desapegadas al marco jurídico aplicable, así como a lo establecido en la sentencia dictada en el juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-169/2011, dictada por esta Sala Superior.

Para explicar este agravio, la actora señaló que el tribunal responsable ignoró que, mediante la sentencia referida, el derecho de realizar precampaña por parte de Eruviel Ávila Villegas, se acotó de manera estricta e indubitable, a que dichos actos satisficieran los siguientes elementos: a) se realizaran dentro de los tiempos y formas establecidas en la ley y en la normativa partidaria conducente, y b) tuvieran como única finalidad lograr la aprobación de su candidatura por parte del órgano partidario competente para ello, lo que supone que los actos de precampaña debieron circunscribirse a ese ámbito y dirigirse exclusivamente a los integrantes de ese órganos, es decir, a los Delegados; o bien, a los sectores, organizaciones y al movimiento territorial del partido político, que constituyen las instancias previas, de las cuales surgen los correspondientes Delegados.

En dicha lógica, indicó la actora que será en cada caso, atendiendo a las particularidades del mismo (fundamentalmente si existe un único precandidato), así como a la normativa constitucional, legal y partidaria aplicable, que las autoridades administrativas y judiciales electorales, determinarán si se dieron actos irregulares, ilícitos o de fraude a la ley.

Para el caso de Eruviel Ávila Villegas, indicó la actora, esta Sala Superior fue precisa en establecer que, la única finalidad que podía perseguir la precampaña, era la aprobación de la candidatura, por parte del órgano partidario competente para ello, sin que debiera concluirse que se tuvieran los alcances de organizar verdaderas giras, recorridos, eventos masivos en multitud de municipios y en todas las regiones del Estado, instrumentación de mecanismos en Internet, entre otros medios, porque de lo contrario, como ocurrió en la especie, además de consumarse actos anticipados de campaña, tendría lugar un fraude a la ley, al iniciarse, de manera anticipada e indebida, la campaña electoral.

De lo anterior se desprende, a juicio de la actora, que si lo que se pretendía por parte de Eruviel Ávila Villegas, era la aprobación de la candidatura, de acuerdo con la normativa interna del Partido Revolucionario Institucional, era suficiente convocar a un solo evento en el que se hubiese emplazado al órgano partidario competente –a todos los delegados- y/o a los representantes de los sectores, organizaciones y al movimiento territorial del partido político en el Estado, y que constituyen las instancias previas de las que surgen los correspondientes delegados, para expresar, en la Convención a que se refiere el artículo 184 de los estatutos del referido partido político, su programa de trabajo, a fin de lograr el respaldo de los delegados.

Siendo así, indica la actora, es evidente que el mecanismo de “Convención de Delegados” era suficiente para determinar quién sería el candidato en el proceso electoral de mérito.

Finalmente, indicó que si bien es cierto que en la Convocatoria emitida para tal efecto por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, así como en la sentencia ya referida (SUP-JRC-169/2011), emitida por esta Sala Superior, se estableció que el precandidato tenía derecho de expresar en la Convención su programa de trabajo y propuesta para darlas a conocer y lograr el respaldo de los delegados, esto en modo alguno implicaba que para lograrlo era imprescindible realizar una gira por todo el Estado, realizando eventos masivos, que constituyeron actos anticipados de campaña.

b. Aquellos relativos a supuestos actos de campaña realizados por Eruviel Ávila Villegas, en los municipios de Naucalpan, Tejupilco, Valle de Bravo, Toluca, Otumba, Metepec, Texcoco, Tultitlán, La Paz, Ecatepec, Chalco y Tlalnepantla, en fechas determinadas (fojas de la cuarenta a la cincuenta y uno de la demanda).

Al respecto, la actora adujo que el tribunal responsable no ponderó, en desacato de la sentencia emitida por esta Sala Superior en el juicio SUP-JRC-169/2011, si cada uno de los actos se realizaron dentro de los tiempos y formas establecidas en la ley y de conformidad con la normativa partidaria conducente; así como si fue dirigido a los delegados o a los sectores, organizaciones y al movimiento territorial del partido político (que constituyen las instancias previas, de las cuales surgen los correspondientes Delegados); es decir, dejó de valorar si tales actos sobrepasaron la normatividad partidaria, en el entendido de lo preceptuado en el artículo ciento ochenta y cuatro de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional y, si ello era necesario o resultaba superfluo que se llevara a cabo, en atención a la normativa constitucional, legal y partidaria, en el entendido que de una interpretación sistemática y funcional de la normativa de dicho partido político, se obtenía que era una sola la Convención la que debía llevarse a cabo, y no se colige que debían celebrarse un sinnúmero de reuniones o eventos masivos previos, esto es, si bien se estableció en la convocatoria que el precandidato único tenía derecho de expresar su programa de trabajo y propuesta para darlas a conocer y lograr el respaldo de los delegados, ello era en la propia Convención que tuvo lugar el siete de abril del presente año, aspectos que no fueron considerados por la responsable.

Asimismo, adujo la actora que el tribunal responsable no atendió a las condiciones o circunstancias que prevalecieron, en el entendido de que la autoridad jurisdiccional debía determinar si se trataba, en cada caso, de un evento lícito o de una situación irregular, por sí misma considerada, o de un fraude a la ley, pero ello considerando todo el marco atinente dado por la sentencia de mérito y la normatividad partidaria.

También planteó cuestiones referidas a que el tribunal responsable: no justificó cómo llego a conclusiones relativas al tipo de recinto en que se habrían llevado a cabo los eventos; no valoró que en los mismos, Eruviel Ávila Villegas hubiera dado a conocer los ejes temáticos de su campaña; no consideró relevante la cantidad de personas que acudieron a algunos de los eventos, misma que no guardaba lógica con el número de delegados a participar en la designación de candidato; no consideró la similitud de algunos de dichos eventos, con el celebrado en Nezahualcoyotl, que había sido reconocido como acto anticipado de campaña; y, finalmente, que valoró con parcialidad las pruebas relativas.

Como ha sido indicado, los agravios referidos son inatendibles.

Lo anterior, considerando que el treinta y uno de agosto del año en curso, el Tribunal Electoral del Estado de México, emitió resolución en el recurso de apelación identificado con la clave RA/86/2011,misma que fue impugnada ante esta Sala Superior, mediante juicio de revisión constitucional electoral, al que correspondió la clave SUP-JRC-244/2011, cuya ejecutoria se emitió en la presente sesión.

Los antecedentes en el presente caso son los siguientes:

El dieciséis de junio de dos mil once, la Coalición “Unidos podemos más” presentó, ante el Instituto Electoral del Estado de México, denuncia en contra de Eruviel Ávila Villegas, candidato a Gobernador de la mencionada entidad federativa, postulado por la Coalición “Unidos por ti”, por presuntos hechos constitutivos de infracción a la normativa electoral, consistentes en actos anticipados de campaña; la denuncia quedó registrada ante la autoridad administrativa electoral estatal, con la clave EDOMEX/CUPM/EAV/128/2011/07.

El doce de agosto de dos mil once, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, dictó resolución en el referido procedimiento, declarando infundada la queja en cuestión.

Con fecha dieciséis de agosto de dos mil once, la Coalición “Unidos podemos más” promovió, per saltum, juicio de revisión constitucional electoral, al que correspondió, en esta Sala Superior, la clave de identificación SUP-JRC-223/2011.

Mediante acuerdo de Sala de fecha dieciocho de agosto de dos mil once, esta Sala Superior determinó reencauzar el referido juicio, para que se sustanciara y resolviera como recurso de apelación, previsto en el Código Electoral del  Estado de México; al referido recurso de apelación correspondió la clave de identificación RA/86/2011.

El treinta y uno de agosto de dos mil once, el Tribunal responsable emitió sentencia en el referido recurso de apelación, determinando modificar la resolución de doce de agosto de dos mil once, emitida por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, por la que se declaró infundada la queja EDOMEX/CUPM/EAV/128/2011/07 y, en plenitud de jurisdicción, impuso una multa a Eruviel Ávila Villegas, al haberse acreditado la realización, por parte del entonces precandidato, de un acto anticipado de campaña, el tres de abril del año en curso, en la Plaza Cívica “Unión de las Fuerzas”, del Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

En contra de dicha determinación, el seis de agosto de dos mil once, la actora promovió el juicio de revisión constitucional al que correspondió, en esta Sala Superior, la clave SUP-JRC-244/2011, y a su vez, Eruviel Ávila Villegas, promovió el SUP-JDC-5069/2011, los que fueron resueltos en la sesión celebrada el día de hoy, en el sentido de confirmar el acto reclamado.

En efecto, en la referida sentencia, esta Sala, respecto de los agravios encaminados a controvertir la incorrecta interpretación de la ejecutoria recaída al expediente SUP-JRC-169/2011, determinó declararlos infundados, en razón de que la Coalición “Unidos podemos más” partió de la premisa incorrecta de que el criterio sostenido en el SUP-JRC-169/2011, consistía en que Eruviel Ávila Villegas, al ser precandidato único del Partido Revolucionario Institucional, debía realizar actos de precampaña únicamente encaminados a obtener la aprobación de los delegados que lo fueran a aprobar en la Convención prevista, tanto en la Convocatoria, como en la normativa partidista.

En este sentido, se reiteró a la actora que, el derecho de Eruviel Ávila Villegas de realizar precampaña, se limitó a que difundiera su propuesta y plan de trabajo con el inequívoco propósito de obtener el voto favorable de los Delegados, o bien, de los miembros del partido que participan en los procesos previos en los que se designan o eligen los mismos, sin que lo dicho implicara que los actos de precampaña debían dirigirse únicamente a los Delegados de la Convención en que sería aprobada la candidatura a Gobernador del Estado de México (foja 32 de la ejecutoria).

Siendo así, se resolvió que era a partir de dicho parámetro desde donde se debió controvertir la resolución del tribunal responsable, y no de la premisa errónea referida con anterioridad, lo que también impidió que se controvirtiera debidamente la valoración probatoria que llevó a cabo el tribunal responsable.

Por otra parte, los agravios dirigidos a controvertir la valoración probatoria que realizó el tribunal responsable, a fin de determinar si los actos ocurridos en Naucalpan, Tejupilco, Valle de Bravo, Toluca, Otumba, Metepec, Texcoco, Tultitlán, La Paz, Ecatepec, Chalco y Tlalnepantla, eran o no, anticipados de campaña, se declararon fundados por un parte e inoperantes por otra.

Lo infundado resultó de que la actora insistió en fincar su concepto de violación, de la premisa equivocada que ya ha sido explicada.

Lo inoperante de los agravios devino, en cambio, de que la actora se limitó a externar, de manera genérica y subjetiva, que del material probatorio agregado en autos se podía desprender un desacato a lo resuelto en el SUP-JRC-169/2011, y que la autoridad no había atendido las condiciones o circunstancias que prevalecieron en los referidos actos.

En el mismo sentido, se declararon inoperantes por genéricas y subjetivas, las consideraciones donde la actora aduce que la responsable tuvo dos varas para medir a los justiciables; lo anterior, porque la actora se limitó a transcribir párrafos aislados  de lo que identificó como presuntas consideraciones, expuestas por el responsable en distintas resoluciones, omitiendo tomar en cuenta, sin embargo, el contexto y los aspectos específicos que rigieron los hechos particulares.

Por lo tanto, ya se agotó la cadena  impugnativa relativa a la supuesta realización, por parte de Eruviel Ávila Villegas, de actos anticipados de campaña y se determinó, de manera definitiva que sólo uno de los hechos denunciados tenía tal carácter.

De lo anterior se evidencia que el objeto último de la impugnación en el juicio referido y en el que se actúa, es idéntico, en tanto que ambos se refieren al estudio y determinación del contenido de la denuncia presentada por la Coalición actora identificada con la clave EDOMEX/CUPM/EAV/128/2011/07, relativa a la supuesta realización de actos anticipados de campaña por parte de Eruviel Ávila Villegas.

Es de advertirse que si en el SUP-JRC-244/2011 la Sala Superior confirmó la resolución impugnada consistente en que sólo se había acreditado un acto anticipado de campaña en el Municipio de Netzahualcóyotl, este pronunciamiento es definitivo e inatacable, en términos de los señalado en el artículo 99 de la Constitución federal y debe surtir efectos a manera de verdad jurídica inobjetable.

Por lo que son inoperantes los agravios de la parte actora, ya que mediante ellos pretende, en última instancia, evidenciar que los actos de precampaña del precandidato del Partido Revolucionario Institucional eran ilícitos, cuestión que según lo antes demostrado, ya ha quedado definido por este cuerpo colegiado, en sentido contrario a las pretensiones de la Coalición actora.

Además, si bien el juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-244/2011, no tenía los alcances -en cuanto a la pretensión de la actora-, que sí tiene el medio de impugnación que ahora se resuelve, es indudable que lo que se pretende es, sustentar la petición actual, en las mismas premisas y razones que ya se expusieron en el juicio referido, y que fueron determinadas inoperantes, en tanto que estaban dirigidas a acreditar que Eruviel Ávila Villegas había realizado actos anticipados de campaña.

Siendo así, es una consecuencia lógica que  la invocación de los referidos argumentos, en este nuevo juicio, no podría sustentar la pretensión de la actora, ya que ha quedado previamente definido por esta Sala Superior que las irregularidades denunciadas no quedaron acreditadas.

En efecto, si la Coalición no pudo acreditar en el procedimiento administrativo sancionador que el entonces candidato de la Coalición “Unidos por ti” realizó actos anticipados de campaña, y dicha situación jurídica fue confirmada por esta Sala Superior, en obvio de razones sus agravios no son procedentes para acreditar la nulidad de la elección de Gobernador del Estado de México.

Por lo tanto es viable concluir que el entonces precandidato Eruviel Ávila Villegas, realizó tres actos anticipados de campaña los días veintiocho y treinta de marzo, y tres de abril del presente año, en los municipios de Lerma, Cuautitlán Izcalli y Nezahualcóyotl, con la asistencia aproximada de treinta mil personas en su conjunto.

Así las cosas, en la medida en que la Coalición actora no esgrimió agravios para controvertir las razones esgrimidas por el tribunal responsable, relativas a que la irregularidad consistente en la realización de actos anticipados de campaña no puede ser calificada de determinante para proceder a anular la elección de Gobernador del Estado de México, estas deben quedar firmes.

Por lo tanto, para efectos del presente juicio de revisión constitucional electoral, se declaran inoperantes los agravios de mérito.

C. Agravios que no se encuentran en los supuestos anteriores.

La actora aduce que le causa agravio el que el tribunal responsable, únicamente se remitiera a lo que fue resuelto en el recurso de apelación 86/2011, porque esa es la causa de que arribara a conclusiones ilegales.

Este agravio es infundado, porque la actora parte de dos supuestos incorrectos: primero, que el tribunal hubiera realizado una remisión simple a lo que fue establecido en la resolución del recurso de apelación referido y, segundo, porque asume que la referida resolución contiene apreciaciones inexactas.

En cuanto a la remisión que supuestamente hiciera el tribunal responsable, a lo resuelto en la sentencia del recurso de apelación 86/2011, de la lectura de la resolución impugnada se advierte, como ya fue indicado con anterioridad, que el tribunal responsable estructuró su análisis en diversos ejes temáticos y, uno de ellos solamente, lo refirió al estudio de la referida sentencia precedente.

Esto, por principio, ya impide dar la razón a la actora, porque dicho elemento que fue objeto de análisis en la resolución, no es la única base sobre la que el tribunal responsable construyó su decisión.

En segundo término, es de advertir que al momento de realizar el estudio respectivo, el tribunal responsable  no sólo hace una remisión a lo ya resuelto, sino que explica cuál fue la materia de aquella litis (hechos imputados al entonces precandidato de la coalición “Unidos por ti”, respecto a la presunta comisión de actos anticipados de campaña), cuál fue su proceder en dicho procedimiento (estudiar  exhaustivamente las pruebas existentes en el expediente y verificar la valoración que de las mismas había hecho la autoridad administrativa electoral, y pronunciarse al respecto). Hecho lo anterior, procedió a traer a colación lo que había sido resuelto (que los agravios habían sido parcialmente fundados), lo cual le permitió determinar con seguridad (junto con el análisis de lo resuelto por esta Sala Superior en el expediente SUP-JRC-169/2011) cuáles eran y qué características tenían (en cuanto a la gravedad, fundamentalmente)  los actos anticipados de campaña que habían sido, jurisdiccionalmente, atribuidos a Eruviel Ávila Villegas.

Este proceder del tribunal responsable no sólo fue adecuado, sino que resultaba necesario, atendiendo a que la litis que se le había planteado –la nulidad de la elección por realización de actos anticipados de campaña- ameritaba, para su resolución, considerar lo resuelto con anterioridad al respecto.

Por otra parte, referir que la resolución emitida en el recurso de apelación RA/86/2011, contiene apreciaciones inexactas, es una aseveración que se emitió sin aportar sustento alguno, de tal forma que se traduce en una opinión que es suficiente para sostener el agravio esgrimido.

Asimismo, la actora expuso los siguientes conceptos de agravio:

Que le causa agravio la consideración del tribunal responsable, relativa a que en el escrito de demanda no se hubieran precisado de manera clara, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron los supuestos actos anticipados de campaña atribuibles a Eruviel Ávila Villegas, considerando el referido tribunal, que la argumentación de la apelante se había sustentado en: a) en la sentencia dictada por esta Sala Superior, en el juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-169/2011, en la que se acreditó la ocurrencia de actos anticipados de campaña, los días veintinueve y treinta de marzo del presente año; y b) en la queja con número de expediente EDOMEX/CUPM/EAV/128/2011/07, en la que se denunciaron actos anticipados de campaña  ocurridos los días veintiocho y treinta y uno de marzo, y del primero al seis de abril del año en curso.

Lo anterior, aduce la actora que le causa agravio, porque  los eventos citados a manera de ejemplo, sólo fueron una referencia, pero evidentemente no se trataba de los únicos casos, lo cual habría de constatarse con el caudal probatorio.

En síntesis, expone la actora, el tribunal responsable sabía qué circunstancias debía valorar, con base en los criterios señalados en la ejecutoria del juicio de revisión constitucional electoral  SUP-JRC-169/2011, de acuerdo con la normativa partidista y en atención al caudal probatorio consistente en documentales que la propia autoridad administrativa había elaborado, a través de sus órganos especializados.

La actora señala que le causa agravio, la aseveración realizada por el tribunal responsable, de que “si legalmente se autoriza la utilización de propaganda, llevar a cabo reuniones públicas a las que pueden ocurrir, además de dirigentes y militantes, cualquier simpatizante, y poder llevar a cabo debates y entrevistas a los medios de comunicación, lo más usual es que dichas actividades trasciendan a la  opinión pública, porque además, es común que tales eventos se conviertan en noticias de interés que son difundidas por los medios de comunicación, sin que ello signifique transgresión a las disposiciones antes indicadas”. Indica la actora, que dicha aseveración no atiende lo resuelto por esta Sala Superior en el juicio de revisión constitucional SUP-JRC-169/2011 y que, “si las informaciones vinculadas con tales eventos permearon en el electorado, ello afectó gravemente” sus intereses.

La actora aduce como agravio, el que el tribunal responsable hubiera incumplido con el principio de exhaustividad, al ignorar el planteamiento relativo a que se “debía considerar los monitoreos y demás probanzas que informaban el expediente de mérito, a fin de que llegara a la indefectible conclusión de que durante toda la precampaña, la multirreferida persona desplegó actos anticipados de campaña, en tanto que aquellos se determinaron como ilícitos, siendo por ello que, ante la gravedad de los actos reprochables, lo procedente era cancelar el registro correspondiente”.

Aduce la actora que, si bien, como lo indicó el tribunal responsable, en la ejecutoria del juicio SUP-JRC-169/2011 se acreditaron actos anticipados de campaña en Lerma y Cuautitlán Izcalli, determinándose que el impacto que los mismos tuvieron en la ciudadanía no podía considerarse grave, “si se considera la actualización de actos anticipados de campaña registrados durante todo el periodo de precampaña, ello necesariamente debe traer consigo una mucho mayor gravedad y repercusión, en los términos en que el artículo 299, fracción VI del código electoral local requiere para que se declare la nulidad de la elección de gobernador.

Dicho lo anterior, la actora indicó que, considerando las diversas informaciones periodísticas y de diferentes medios electrónicos, se desprende claramente que tuvieron lugar numerosos actos anticipados de campaña y que, sin embargo, y es lo que le causa agravio, los elementos demostrativos fueron incorrectamente justipreciados por el tribunal responsable.

La actora aludió a la existencia de diversas notas provenientes de distintos órganos de información, atribuidas a distintos autores y que son coincidentes en lo sustancial; resaltó que no obra constancia de que Eruviel Ávila Villegas hubiera controvertido el contenido de las noticias en las que se alude a su persona, sino que incluso existe en autos confesión expresa de que cometió tales actos.

El agravio se da, indica la actora, porque para calificar si se trataba de indicios simples o de mayor grado de convicción, se debieron ponderar las circunstancias existentes en cada caso concreto y realizar un ejercicio de adminiculación y, entonces, determinar su viabilidad para acreditar la irregularidad denunciada. Al sopesar todas estas circunstancias, debió aplicar las reglas de la lógica, la sana crítica y las máximas de la experiencia, para otorgar mayor calidad indiciaria a los citados medios de prueba. Asimismo, el tribunal responsable omitió pronunciarse respecto de la certeza o falsedad de los hechos consignados.

En este sentido, la actora también argumentó una incongruencia en la valoración de notas periodísticas, considerando la manera en que dichos elementos de convicción fueron apreciados al resolver, por parte del propio tribunal responsable, el recurso de apelación RA/43/2011. A juicio de la actora, el tribunal realizó un tratamiento diferenciado y discriminatorio, que vulnera el principio de equidad en la contienda procesal.

Por lo expuesto, la actora solicita que esta Sala Superior analice al acervo probatorio, considerando los criterios establecidos en la ejecutoria del juicio SUP-JRC-169/2011, así como  la normativa estatutaria del Partido Revolucionario Institucional y realice el ejercicio de ponderación correspondiente.

La Coalición actora se inconforma con lo razonado por el tribunal para justificar que no se actualizaba la deterrminancia cuantitativa en virtud de que el número de personas que asistieron a los tres actos anticipados de campaña, no resultó significativa para la elección de gobernador.

Los agravios referidos son inoperantes  e infundados por lo siguiente:

En efecto, la inoperancia deriva de que de la lectura de los referidos agravios no se advierte que configuren argumentaciones frontales a contrariar las razones esgrimidas en la resolución que se reclama, para confirmar los resultados consignados en el acta de cómputo final de la elección de Gobernador, lo mismo que el acuerdo IEEM/CG/129/2011, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, mediante el que se declara la validez de la elección, así como la entrega de la constancia de mayoría otorgada al candidato de la coalición “Unidos por ti”.

Al ser el juicio de revisión constitucional electoral un medio de estricto derecho, es indispensable que los agravios planteados en el mismo estén dirigidos a controvertir la validez de las consideraciones de la autoridad responsable, que sustentan la determinación que se reclama, y si no es así, los argumentos expuestos devienen inoperantes, como ocurre en el caso que se analiza.

En efecto, el Tribunal responsable señaló en la parte conducente de su resolución que los tres actos anticipados de campaña que realizó Eruviel Ávila Villegas, no eran determinantes ni cualitativa ni cuantitativamente  para trascender al resultado de la elección. Ello en virtud de que se cometieron sólo en tres de los diez días del periodo de precampaña, y en solo tres de los ciento veinticinco municipios. Que en dichos actos, se presupone que pudieron asistir diez mil personas a cada uno, es decir, treinta mil en total, cantidad que no resulta significativa para los resultados de la elección de Gobernador, ya que éstos sólo representan el 0.99% de la votación emitida a favor del candidato mencionado.

Por otra parte, lo infundado de los agravios radica en que, con independencia que dio el tribunal responsable, la Coalición actora no demuestra ante esta instancia de qué manera los tres actos calificados como anticipados de campaña, repercutieron en el electorado en general, y con ello trascendieron al resultado final de la elección.

Dichos argumentos de la responsable no son controvertidos en momento alguno por la actora.

La Coalición impetrante plantea como agravio adicional, que el tribunal responsable violó el principio de congruencia interna y externa de las sentencias porque, entre otras cuestiones, indebidamente señala las mismas premisas, para arribar a conclusiones diversas.

Este agravio es inoperante, en tanto que no se indica a qué otras cuestiones de incongruencia se refiere, ni precisa en qué consistió la supuesta contradicción de conclusiones.

Por otra parte, la actora se queja de que fue tendenciosa la aseveración del tribunal responsable, en cuanto a que los artículos 297 y 299 del código electoral local, establecen que para declarar la nulidad de la elección de gobernador, se requiere que las causas que se invoquen hayan sido plenamente acreditadas; que sean determinantes para los resultados de la elección; que estén expresamente señaladas en el propio código electoral; que sean irregularidades graves; que no hayan sido reparadas y que en forma determinante vulneren los principios que deben regir las elecciones. A juicio de la actora, esta afirmación del tribunal responsable no considera que la petición se sustentó en lo dispuesto por la fracción VI del artículo 299 del código electoral local.

El agravio es inoperante, en tanto que la misma actora indica que la invocación normativa que realizó el tribunal responsable, resultó inconducente; en esta lógica, la actora no indica el perjuicio que le causa la manifestación que somete a análisis de esta autoridad jurisdiccional.

Finalmente, le resultan inoperantes la serie de agravios que a continuación se sintetizan, pues en ellos se insiste en mantener abierta una litis que ya ha sido debidamente sustanciada, primero, en el expediente de queja tramitado ante la autoridad administrativa electoral, después, ante tribunal electoral local e incluso en sede de revisión constitucional.

En este sentido, pretender que en el presente juicio de revisión constitucional electoral, que tiene por objeto analizar la constitucionalidad de la resolución por la que se confirman los resultados consignados  en el acta de cómputo final de la elección de gobernador, lo mismo que el acuerdo emitido por el Instituto Electoral del Estado de México, mediante la cual se declara la validez de la referida elección, así como la entrega de la constancia de mayoría otorgada al candidato de la coalición “Unidos por ti”, no atiende a la naturaleza y finalidad natural de la presente instancia terminal.

Los agravios que son inoperantes, por las razones indicadas, fueron planteados de la siguiente manera:

Que el tribunal responsable, atendiendo a los indicios más que suficientes que tuvo a la vista,  no hubiera desplegado las facultades de investigación, que lo llevaran a obtener nuevos elementos probatorios para resolver la queja primigenia con suficiencia.

Que se hubiera realizado una indebida adminiculación y valoración de pruebas, que llevó a calificar incorrectamente el acervo probatorio que tuvo a la vista, al resolver el recurso de apelación RA-86/2011 y el que ahora se impugna.

Que en el supuesto ejercicio de adminiculación únicamente se hubieran tomado en cuenta algunas notas periodísticas, sin allegarse de elementos adicionales.

Que se limitó a reproducir, sin mayor razonamiento, las argumentaciones de la autoridad administrativa electoral, basándose en el mismo material probatorio con el que contó aquella para resolver.

Que se realizó una errónea interpretación de la ejecutoria dictada  por esta Sala Superior, en el juicio de revisión constitucional SUP-JRC-169/2011, porque lo hace de forma extensiva y sesgada, cuando esta autoridad jurisdiccional delimitó que los actos de precampaña, para el caso de Eruviel Ávila Villegas, a aquellos que tuvieran como única finalidad lograr la aprobación de la candidatura por parte del órgano partidario competente.

Que atendiendo a dicha interpretación, los actos denunciados debieron haberse circunscrito exclusivamente al órgano encargado de elegir al candidato a gobernador y no ampliarse a militantes o simpatizantes, como se sostiene en la sentencia.

La actora aduce como agravio que la resolución impugnada se basa en una serie de estimaciones que son de considerarse  subjetivas , dogmáticas, parciales y sin sustento probatorio alguno, las aseveraciones del tribunal responsable, relativas a que no debía perderse de vista que los “actos anticipados de precampaña, no obstante se llevaron a cabo en lugares públicos donde la ciudadanía en general tiene acceso, en esencia, éstos se encontraban dirigidos a los militantes y simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional, lo que lleva a desvanecer la gravedad de la falta, en razón de que, de acuerdo con las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y de la sana crítica, la mayoría de las personas que acuden a la realización de eventos masivos partidistas son, generalmente, personas militantes o simpatizantes del instituto político que lo organiza” y que de manera eventual acude un “número ínfimo de ciudadanos…que ocurren en calidad de curiosos o, en razón del lugar público en que el evento se lleva a cabo”.

En el mismo sentido, alude a otra serie de expresiones realizadas por el tribunal responsable, respecto de la circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se realizaron los eventos que implicaron la actos anticipados de campaña, aduciendo, o que son subjetivos y no probados, o que son contradictorios.

Que en la ponderación de los elementos probatorios, sólo se atendió al criterio de determinancia cuantitativa (número de asistentes al evento), pero no a la cualitativa, como se ha hecho en asuntos precedentes, por parte de esta Sala Superior.

Que el tribunal responsable aseveró que los agravios referentes a los actos anticipados de campaña que se atribuyeron a Eruviel Ávila Villegas, realizados en diversos municipios del Estado de México, habían sido objeto de la resolución emitida en el expediente del recurso de apelación RA-86/2011 y que, en dicho medio de impugnación, se había realizado un estudio exhaustivo de la totalidad de las pruebas existentes en el expediente, valorándose las mismas y resultando que los agravios resultaron parcialmente fundados, en razón de que se había acreditado un acto de precampaña en un lugar público (el tres de abril de dos mil once, en Nezahualcóyotl), pero que respecto de los actos celebrados en Toluca, Zumpango, Naucalpan, Tejupilco, Valle de Bravo, Texcoco, Tultitlán, La Paz, Metepec, Chalco, Ecatepec y Tlalnepantla, se había realizado un pronunciamiento desestimando los planteamientos hechos valer, debido a que las pruebas acreditaron que dichos actos habían respetado los límites establecidos en las disposiciones legales y que, para arribar a dicha conclusión, se habían considerado los parámetros establecidos en la ejecutoria dictada por esta Sala Superior, en el expediente SUP-JRC-169/2011. El agravio se causa, afirma la actora, porque el tribunal responsable no fundo ni motivó sus asertos, sino que estableció, de manera dogmática, la premisa de que en los actos de precampaña analizados, asistieron militantes priistas, sin que mediara mayor razonamiento de cómo arribó a dicha conclusión.

Estos agravios han sido, se reitera, suficientemente analizados, pues desde la sentencia dictada en el recurso de apelación identificado con la clave RA/86/2011, se estableció que de la lectura de la demanda, se advertía que la pretensión de la entonces apelante se sustentaba en estimar que se había llevado a cabo una indebida valoración del material probatorio y, además, que la autoridad administrativa electoral había sido omisa en ejercer su facultad de investigación, lo cual, de no haber sido así, hubiese derivado en tener por acreditado los actos anticipados de campaña del candidato de la coalición “Unidos por ti” (foja ocho de la referida sentencia).

La litis de dicho recurso de apelación fue, determinar “si la autoridad responsable ejerció su facultad investigadora o no, para allegarse de nuevos medios de prueba relacionados con los hechos denunciados y si fundó y motivó su resolución, si ésta valoró adecuadamente los medios de prueba y finalmente si al dictar su fallo transgredió los principios de legalidad, exhaustividad y congruencia”.

Es decir, precisamente la misma litis que ahora se pretende abrir y que, además, es necesario resaltar, ya fue resuelta por esta Sala Superior, en revisión constitucional, al sustanciar el expediente con clave SUP-JRC-244/2011, en el que la ahora actora estuvo en plenitud de argüir lo que resultara beneficioso para sus intereses, respecto de los tópicos indicados.

Siendo así, admitir el análisis de los agravios referidos, implicaría necesariamente, para esta autoridad jurisdiccional, reabrir una litis resuelta en definitiva.

En razón de lo expuesto, al estar definido que son infundados o inoperantes los argumentos esgrimidos para controvertir las determinaciones del tribunal responsable, respecto de la realización de actos anticipados de campaña por parte de Eruviel Ávila Villegas, en el periodo de precampaña, es de concluir que dicho aspecto de la impugnación  no puede aportar elementos en cuanto a la actualización de la causal de nulidad de la elección, que pretende la actora.

IV.             REBASE DE TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA.

Los agravios hechos valer por la Coalición actora son los siguientes:

 “ PRIMERO.- Causa agravio a la coalición que represento, la consideración SÉPTIMA de la resolución impugnada, a través de la cual el Tribunal responsable, considera infundados los motivos de inconformidad expuestos y referentes a que la coalición "Unidos por ti" y su candidato Eruviel Ávila Villegas, rebasaron el tope de gastos de campaña hasta por un monto de $205,601,688.37 (DOSCIENTOS CINCO MILLONES, SEISCIENTOS UN MIL, SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 37/100 M. N), porque en su concepto no es factible sumar "...la totalidad de las erogaciones efectuadas por la coalición "Unidos por ti" en la etapa de precampaña, a la de campaña", dado que el referido candidato "...se encontraba en aptitud de realizar actos de precampaña, con el objeto de obtener la candidatura para contender al cargo de Gobernador de la entidad", amén de que "...atendiendo al principio de definitividad, firmeza y segundad jurídica, no resulta dable modificar como pretende la coalición adora la determinación contenida en el acuerdo IEEM/CG/50/2011, en el que la autoridad administrativa electoral aprobó el Dictamen Consolidado que emite el órgano Técnico de Fiscalización sobre el origen, monto, aplicación y destino del financiamiento público y privado que los partidos políticos ejercieron durante los procesos internos de selección de candidatos a Gobernador 2011".

 La determinación así asumida es violatoria de los principios de legalidad, certeza, equidad e imparcialidad contenidos en los artículos 41 y 116 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que además, hace nugatorio el derecho establecido en el artículo 299, fracción IV, inciso b) del Código Electoral del Estado de México.

 A través del medio de impugnación primigenio, lo que se planteó a la autoridad enjuiciada, fue ciertamente que a la cantidad que en vía de revisión precautoria se estableció como gastos de campaña erogados por la coalición "Unidos por ti", se sumara aquella que por concepto de gastos de precampaña fue informada y aprobada al Partido Revolucionario Institucional y su candidato Eruviel Ávila Villegas, partiendo de la base de que éste último indebidamente realizó actos de precampaña. Es decir, si conforme a lo establecido en su momento por la autoridad electoral administrativa, el tope de gastos de campaña es la cantidad de $203,893,207.94 (DOSCIENTOS TRES MILLONES, OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL, DOSCIENTOS SIETE PESOS 94/100 M. N.), y la coalición "Unidos por ti" en la revisión precautoria del Órgano Técnico de Fiscalización de dicha autoridad erogó por tal concepto la suma de $197,576,692.31 (CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES, QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL, SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 31/100 M. N.), así como que respecto al rubro de gastos de precampaña se determinó que la erogación ascendía a $8,024,996.06 (OCHO MILLONES, VEINTICUATRO MIL, NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 06/100 M. N.), es inconcuso que los gastos totales por concepto de campaña electoral, ascienden a la cantidad de $205,601,688.37 (DOSCIENTOS CINCO MILLONES, SEISCIENTOS UN MIL, SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 37/100 M. N), cantidad ésta superior a la establecida como tope de gastos de campaña, lo que indudablemente constituye una de las múltiples violaciones que se dieron en el proceso electoral que se cuestiona y conduce a anular la elección de que se trata.

 Ello es así, por varias razones. La primera, porque de acuerdo a lo establecido por esa Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el juicio de revisión constitucional electoral identificado bajo la clave SUP-JRC-169/2011, se estableció que si bien Eruviel Ávila Villegas estaba en aptitud de realizar actos de precampaña, ello estaba acotado a que los mismos estuvieran enfocados o dirigidos exclusivamente a los Delegados a la Convención que finalmente determinaría su nombramiento como candidato; de manera que si los actos proselitistas de Eruviel estaban dirigidos hacia personas distintas a los Delegados -como pudieran ser los encaminados a convencer a los militantes y ciudadanos en general-, ello es ¡legal y por ende, encuadran dentro de actos anticipados de campaña. Luego entonces, si se denunció y se acredita no solo en el juicio constitucional antes citado, sino además en la queja EDOMEX/CUPM/EAV/128/2011/07, que Eruviel Ávila Villegas durante toda la etapa de precampaña: del 28 de marzo al 6 de abril del presente año, desplegó actos distintos a los precisados por esa máxima autoridad electoral del país, considerados como anticipados de campaña, es inconcuso que los gastos erogados con ese motivo, contrariamente a lo considerado por el tribunal responsable, sí deben ser sumados a los gastos de campaña a efecto de establecer si se rebasó el tope de éstos últimos o no. Ello es así, porque si los actos desplegados como anticipados de campaña, resultan ser ilegales, entonces, la única posibilidad existente es que se consideren como actos anticipados de campaña y las erogaciones relativas deben ser contabilizadas a gastos de campaña y por ende, repercutir en el tope establecido para los mismos. El financiamiento para actos de precampaña está etiquetado de manera específica para atender esta etapa cuando exista contienda interna, de donde resulta lógico arribar a la conclusión de que al no existir ésta y haberse erogado gastos, éstos se incluyen en los gastos de campaña, con independencia de la sanción que por esta irregularidad se genera, admitir lo contrario, como lo pretende la responsable es ubicarse en violación al principio de equidad, puesto que quien se beneficia con tal irregularidad, contraría, además, con un mayor financiamiento para campaña, cuyo fin es posicionar a los candidatos ante el electorado, y no al precandidato frente a los integrantes de su partido.

 La segunda, porque opuestamente a lo estimado por el tribunal enjuiciado, el hecho de que el acuerdo identificado con la clave IEEM/CG/50/2011 en el cual el Consejo General del Instituto Electoral local aprobó el Dictamen Consolidado emitido por el Órgano Técnico de Fiscalización, relativo a los gastos de precampaña del Partido Revolucionario Institucional y Eruviel Ávila Villegas, haya quedado firme en su momento, no quiere decir en modo alguno, que lo ahí aprobado no pueda ser sujeto de nueva revisión y cuestionamiento, dado que de conformidad con el sistema adoptado por la legislación electoral del Estado de México, ello es perfectamente factible si se atiende a diversas cuestiones: que se esté frente a hechos supervenientes, como acontece en el caso en que fue hasta el 29 de junio de 2011 en que esa Sala Superior emitió resolución en el expediente SUP-JRC-169/2011 y determinó el criterio a seguir para establecer si Eruviel Ávila Villegas incurrió o no en actos anticipados de campaña y asimismo, estableció que los días 29 y 30 de marzo pasados, dicho candidato desplegó dichos actos; que de admitir la firmeza en la forma y términos en que lo conceptúa el tribunal responsable, ello haría nugatorio el derecho de demandar la nulidad de la elección contenido en el artículo 299, fracción IV, inciso b) del Código Electoral del Estado de México, pues existiría imposibilidad jurídica de que ante actos anticipados de campaña, los correlativos gastos erogados bajo este concepto, no pudieran ser sumados a los gastos de campaña, porque a decir de la responsable, ya son cuestiones firmes al haber sido aprobados en su momento por la autoridad electoral administrativa, lo que sin duda entrañaría un fraude a la ley; y porque en el caso concreto, no debe perderse de vista que con la debida antelación a que se emitiera el citado Dictamen Consolidado, el Partido de la Revolución Democrática ya habla presentado queja por la realización de actos anticipados de campaña por parte de Eruviel Ávila Villegas, lo que consta en las actuaciones de la denuncia EDOMEX/PRD/EAV/013/2011/03, del índice del Instituto Electoral del Estado de México, pero que sin embargo por el actuar negligente, tardío, parcial y de falta de profesionalismo del mismo, no fue resuelto en definitiva sino hasta que lo hizo esa Sala Superior el 29 de junio, esto es, casi 3 meses después, por lo que en ese tenor, no se contaba con el criterio acerca de lo que en el caso debía considerarse como acto anticipado de campaña de Eruviel Ávila Villegas; luego entonces, la referida firmeza no puede tener los efectos que pretende el tribunal enjuiciado.

 La tercera, porque con independencia de lo estimado en el párrafo precedente, la firmeza a que alude la responsable, no tiene los alcances que le otorga. En el caso específico que nos ocupa y como se advierte de la correcta intelección de los hechos aducidos por mi representada en la queja EDOMEX/CUPM/EAV/129/2011/07, fueron en el sentido de que el informe de gastos de precampaña del Partido Revolucionario Institucional y Eruviel Ávila Villegas, el Dictamen Consolidado emitido al respecto por el Órgano Técnico de Fiscalización y la ulterior aprobación por parte del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, era la prueba preconstituida más irrefutable de que en la etapa de precampaña se habían erogado gastos y que por lo tanto, a la luz del criterio establecido por esa Sala Superior en el expediente SUP-JRC-169/2011, debía realizarse una investigación exhaustiva respecto de todos y cada uno de los actos y gastos desplegados por el referido ahora candidato, del 28 de marzo al 6 de abril pasados, habida cuenta que existen indicios suficientes para suponer que durante toda esa etapa llevó a cabo actos anticipados de campaña y por ende, los gastos informados y aprobados por la autoridad electoral administrativa, no se encontraban en modo alguno, justificados y por ende, debían ser sumados y contabilizados a los gastos de campaña.

 En efecto, como esa Sala podrá advertir, en ningún momento se cuestionó o puso en duda la firmeza del citado Dictamen Consolidado y aprobación del Instituto Electoral, sino que lo que se sostuvo siempre por parte de mi representada, es que precisamente esa firmeza es la prueba más incontrovertible de que en la especie el Partido Revolucionario Institucional y Eruviel Ávila Villegas, reportaron gastos como de precampaña y que dado al criterio establecido por la Sala Superior en la ejecutoria de mérito y previo el establecimiento de que en efecto, son actos anticipados de campaña, el importe respectivo reportado como gastos de precampaña, se consideraba sin duda como rebase de topes de gastos de precampaña, y por ende, es lógico que ello genere la única consecuencia posible: que esos gastos se sumen a los de campaña a efecto de establecer si la coalición "Unidos por ti" y Eruviel Ávila Villegas, rebasaron o no el tope de $203,893,207.94 (DOSCIENTOS TRES MILLONES, OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL, DOSCIENTOS SIETE PESOS 94/100 M. N.), establecido por la autoridad electoral administrativa.

 Y la cuarta, porque en el caso concreto que nos ocupa, no debe perderse de vista que el propio Tribunal Electoral responsable, en el recurso de apelación identificado con la clave RA/86/2011, ha determinado que Eruviel Ávila Villegas, también el 3 de abril anterior, incurrió en actos anticipados de campaña, lo que sumados a los días 29 y 30 de abril del mismo año, que esa Sala Superior en el expediente SUP-JRC-169/2011 determinó también como anticipados de campaña, se obtiene que ya son 3 días en los que ¡legalmente el referido candidato realizó actos de precampaña; de suerte que los gastos con ese motivo erogados, son ilegales y necesariamente deben ser contabilizados en el rubro de gastos de campaña.

 Pero además, si a ello se suma el hecho de que por cuanto hace a los demás días, es decir, al 28 y 31 de marzo, 1, 2, 4, 5 y 6 de abril de este año, existe denuncia precisa y pruebas irrefutables de que Eruviel Ávila Villegas realizó actos anticipados de campaña, tal y como consta de las actuaciones de la queja EDOMEX/CUPM/EAV/129/2011/07, del expediente del índice de la responsable RA/86/2011 y del juicio de revisión constitucional electoral que en contra de la resolución dictada en este último medio impugnativo se promovió, es inconcuso que el importe de los gastos reportados por el Partido Revolucionario Institucional y Eruviel Ávila Villegas, revisados y aprobados por el Instituto Electoral del Estado de México, bajo el rubro de gastos de precampaña, al constituir en realidad actos anticipados de campaña, deben ser contabilizados, sumados al rubro de gastos de campaña, pues en el fondo, existió un posicionamiento indebido de dicha persona frente al electorado, viéndose trastocado el principio constitucional de equidad, tan es así, que se vio reflejado no solo en el rebase del tope de gastos de campaña, sino en el resultado de la elección.

 En el tenor de lo hasta aquí expuesto, no le asiste la razón a la responsable cuando señala que "...al no haber impugnado el acuerdo mediante el cual se declaró que el Partido Revolucionario Institucional no había excedido el tope de gastos de precampaña, es indudable que éste ha quedado firme, produciendo las consecuencias jurídicas que se crearon con su definitividad...; por lo que no resulta legal la pretensión de la actora en el sentido de sumar los gastos erogados por concepto de precampaña a los gastos de campaña, ya que dicho objetivo traería como consecuencia la modificación de una determinación que ha adquirido firmeza, produciendo incertidumbre sobre los derechos de los sujetos que ya fueron fiscalizados en la etapa de precampaña y de los cuales se determinó que no habían excedido los topes de gastos de precampaña"; habida cuenta como ya quedó razonado, a través de la denuncia registrada bajo la clave EDOMEX/CUPM/EAV/129/2011/07 y posteriormente el recurso de apelación RA/88/2011, en modo alguno se pretende cuestionar las actuaciones del procedimiento realizado a que alude el tribunal responsable, sino que lo que mi representada ha venido argumentando es que esas actuaciones: del Partido Revolucionario Institucional, de Eruviel Ávila Villegas, al rendir un informe de gastos de precampaña, del órgano Técnico de Fiscalización al rendir su Dictamen Consolidado y del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México al aprobarlo, son la prueba más firme, más plena, más idónea e irrefutable, de que en esa etapa se gastó la suma de $8,024,996.06 (OCHO MILLONES, VEINTICUATRO MIL, NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 06/100 M. N.), y de que si con posterioridad a ello, como ya está demostrado al menos en tres días de los diez de que consta la etapa de precampaña, se demuestra que Eruviel Ávila Villegas incurrió en actos anticipados de campaña, indudablemente que eso quiere decir que el tope de gastos de precampaña quedó rebasado, puesto no estando dentro del supuesto de realización de esos actos al ser precandidato único, pues su designación solamente dependía de la Convención de Delegados de su partido, todos y cada uno de los gastos efectuados del 28 de marzo al 6 de abril pasados, deben ser sumados a los gastos de campaña que en el caso de la coalición "Unidos por ti", conforme lo estableció también la propia autoridad electoral administrativa, asciende a la suma de $197,576,692.31 (CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES, QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL, SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 31/100 M. N.), de suerte que sumadas ambas cantidades, se obtiene el total de $205,601,688.37 (DOSCIENTOS CINCO MILLONES, SEISCIENTOS UN MIL, SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 37/100 M. N), cantidad ésta superior a la de los $203,893,207.94 (DOSCIENTOS TRES MILLONES, OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL, DOSCIENTOS SIETE PESOS 94/100 M. N.) establecidos como tope por el órgano electoral administrativo estatal, lo que sumado a las demás irregularidades denunciadas y que muestran un proceso electoral desaseado, donde las autoridades locales actuaron parcialmente, favoreciendo al candidato Eruviel sin ambages y donde el avasallamiento de las autoridades locales fue brutal y con nulo respeto a la ley y a las resoluciones jurisdiccionales, justifica sin lugar a dudas, de que se anule la elección en los términos solicitados por la coalición enjuiciante, dado el valor probatorio pleno de las pruebas en que se basa tal determinación, pues como se ve, en ambos casos provienen del propio Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México.

 En las relatadas circunstancias, resulta irrelevante lo estimado por el tribunal responsable en el sentido de que la pretensión de mi representada es improcedente porque "...existe independencia entre ambas etapas electorales (precampaña y campaña), tanto en las reglas normativas aplicables a cada una, como en las sanciones para las infracciones que se cometan", porque independientemente de que le asista la razón en cuanto a la diferencia de ambas etapas procesales, las disposiciones legales aplicables y las consecuencias que se pudieran generar, ello no tiene mayor importancia en lo aducido por la coalición accionante, puesto que lo que se pretende es que a partir de que se declare que los actos realizados por Eruviel Ávila Villegas durante la etapa de precampaña, en realidad constituyen actos anticipados de campaña, la consecuencia lógica y jurídica no puede ser otra más que además de que se declare que se rebasó el tope de gastos de campaña, la cantidad resultante necesariamente deberá ser adicionada a la de gastos de campaña, pues de otra forma se estaría incurriendo en un fraude a la ley, en el que el monto de dichos gastos indebidamente efectuados, no tuvieran consecuencia jurídica alguna, y ello es inadmisible.

 De aceptar la lógica de la responsable, equivaldría a establecer que transcurrida cualquier etapa electoral, lo ahí acontecido en la forma en que haya sido, bajo el pretexto de que ha quedado firme, ya no podría ser revisado, ni generaría consecuencias jurídicas como en el caso el derecho previsto en el artículo 299, fracción IV, inciso del Código comicial, esto es, quedaría en la total impunidad. Aunque claro, en la responsable se justifica porque como se expone en diversos motivos de inconformidad, su línea argumentativa durante todo el proceso electoral junto con el Instituto Electoral, ha sido encaminada a favorecer sin recato alguno a Eruviel Ávila Villegas, en evidente desdoro del principio de justicia imparcial a que le obligan las disposiciones constitucionales ya señaladas, y sería contrario tal razonamiento al criterio sostenido por esa Sala Superior, cuando decide examinar violaciones a principios constitucionales no acotados a la jornada electoral, sino a todo el proceso

 En otra parte considerativa de la resolución que nos ocupa, el tribunal responsable sostiene que no sería procedente la pretensión de mi representada de declarar la nulidad de la elección de Gobernador en el Estado de México, porque aun sumando los tres actos anticipados de campaña -Lerma, Cuautitlán Izcalli y Netzahualcóyotl-, hasta el momento demostrados, "...aun así, no existiría rebase en tope de gastos de campaña, y si lo hubiera, tal conducta no sería determinante" y para ello, reproduce un ejercicio aritmético aportado por la coalición Tercera Interesada en el que obtiene un promedio acerca de cada evento y lo multiplica por tres, obteniendo la cantidad de $ 763,744.17 como gastos de esos 3 actos anticipados de campana, para concluir que sumados a los $197,576,692.31 (CIENTONOVENTA Y SIETE MILLONES, QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL, SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 31/100 M. N.), no actualiza el rebase de tope establecido por la autoridad electoral administrativa.

 Lo así estimado por la responsable resulta violatorio de los principios de legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad y profesionalismo contenidos en los artículos 41 y 116 fracción IV de la Constitución General de la República, porque en vez de realizar un ejercicio hipotético aritmético con los datos aportados por mi representada, lo hace con aquellos que arbitrariamente le aportó la Tercera Interesada, sin explicar el porqué de ese proceder, esto es, sin fundar ni motivar su determinación; pero más aún, a efecto y en aras de mayor certeza, imparcialidad, objetividad y profesionalismo, bien pudo decretar diligencias para mejor proveer en términos de lo señalado en el artículo 341 del Código Electoral del Estado de México, máxime que en tratándose de medios impugnativos está contemplada la suplencia de la queja deficiente, y se está frente a una queja administrativa en donde la autoridad primigenia tenía la ineludible obligación de indagar lo denunciado, así como llevar a cabo las diligencias necesarias para ello, pues por la materia de la queja, el trámite debía seguirse mediante un procedimiento inquisitivo, no debiendo pasar por alto que se ha solicitado reiteradamente por la coalición accionante y así consta de las actuaciones de las quejas EDOMEX/CUPM/EAV/128/2011/07 y EDOMEX/CUPM/EAV/129/2011/07, así como en los recursos de apelación RA/86/2011 y RA/88/2011, sustanciadas ante las autoridades administrativa y jurisdiccional estatales, y los sendos juicios de revisión constitucional electoral que en contra de las decisiones de éstos últimos recursos se promovieron, es que se investiguen exhaustivamente todos los gastos que con motivo de los diversos actos anticipados de campaña en que incurrió Eruviel Ávila Villegas, se efectuaron, y no que con base en lo que aduzca la Tercera Interesada, se resuelva lo conducente, porque ello, equivale como ya se dijo, a apartarse de los principios rectores de la función electoral y solo evidencia la parcialidad con que hacia mi representada y su candidato Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, se han conducido las autoridades electorales locales, en aras de favorecer a Eruviel Ávila Villegas.

 En esas circunstancias, lo que las autoridades electorales del Estado de México debieron hacer en cumplimiento al deber y atribuciones contempladas en la normatividad que les rige, era proceder de inmediato a investigar exhaustiva y pormenorizadamente acerca del rebase de topes de gastos de precampaña en que incurrió Eruviel Ávila Villegas, a efecto de estar en aptitud de establecer la cantidad indebidamente reportada como gastos de precampaña, y sumarla a los gastos de campaña que, en el caso, ascienden a la cantidad de $205,601,688.37 (DOSCIENTOS CINCO MILLONES, SEISCIENTOS UN MIL, SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 37/100 M. N), si se toma en cuenta que, por los razonamientos de esa Sala Superior, todos los días de la etapa de precampaña -del 28 de marzo al 6 de abril de 2011-, Eruviel Ávila Villegas incurrió en actos anticipados de campaña, y por ende, como lo sostiene la coalición enjuiciante, la cantidad indebidamente reportada y aprobada como gastos de precampaña debe ser sumada a aquella hasta el momento establecida como gastos de campaña efectuados por la coalición "Unidos por ti" y su candidato Eruviel Ávila Villegas", para establecer como única conclusión: que en la especie se rebasó el tope de gastos de campaña, con las consecuencias que de ello se derivan, al sumarse a las demás irregularidades, también trascendentes, que se exponen en vía de agravio en este juicio.

 En la parte considerativa que nos ocupa en este agravio, la autoridad jurisdiccional responsable sostiene que en todo caso, si bien existiría un rebase de tope de gastos de campaña, éste no sería determinante, y para ello, establece que la diferencia de rebase sería la cantidad de $ 1,708,480.43 (UN MILLÓN, SETECIENTOS OCHO MIL, CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 40/100 M. N.), misma que no es determinante para el resultado final de la elección, ya que sólo representa un rebase del 0.8%; que dicha cantidad es mínima si se toma en consideración la amplia diferencia existente entre el primer y segundo lugar, de un 43% que equivale a 1,998,758 votos, por lo que concluye que un rebase del orden de menos ocho por ciento, no resulta determinante.

 Lo así razonado por la autoridad jurisdiccional enjuiciada, transgrede los principios de legalidad, certeza y equidad contenidos en los artículos 41 y 116 fracción IV de la Carta Fundamental, en tanto que parte del parcial y erróneo criterio de que para que proceda la anulación de la elección de Gobernador por haber rebasado el tope de gastos de campaña, la determinancia a que alude el artículo 299, fracción IV, inciso b) del Código Electoral del Estado de México, es solamente cuantitativa.

 Al respecto, esa propia Sala Superior en la tesis relevante S3EL 031/2004, que obra bajo el rubro: "NULIDAD DE ELECCIÓN. FACTORES CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL CARÁCTER DETERMINANTE DE LA VIOLACIÓN O IRREGULARIDAD", ha determinado que el carácter determinante supone necesariamente la concurrencia de dos elementos: el factor cuantitativo y el cualitativo; y que este último atiende a la naturaleza, los caracteres, rasgos o propiedades peculiares que reviste la violación o irregularidad en la medida en que conculca determinados principios o la vulneración de ciertos valores fundamentales constitucionalmente previstos e indispensables para estimar que se está en presencia de una elección libre y auténtica de carácter democrático; de suerte que si como acontece en el caso, se incurre en rebase de topes de gastos de campaña, es inconcuso que ello vulnera principios o valores fundamentales como lo es el de la equidad en la contienda electoral, que se ve trastocada por la particular circunstancia de que uno de los contendientes se excede respecto del máximo establecido por la autoridad electoral administrativa como gastos de campaña, obteniendo con ello una ventaja indebida frente al electorado, razonamiento que debe ser concordante y congruente con lo sostenido igualmente por ese máximo órgano jurisdiccional al resolver el juicio de revisión constitucional identificado con la clave SUP-JRC-165/2008.

 Y en este supuesto, es evidente que no se requiere que se esté frente a una determinancia cuantitativa como pretende establecerlo la autoridad responsable, sino que debe atenderse al factor cualitativo, en tanto que lo que se está transgrediendo es un principio y valor constitucional, como lo es la equidad.

 Sobre el particular, a mayor abundamiento, si a través del rebase de tope de gastos de campaña se está vulnerando el principio de equidad en la contienda electoral, contenido precisamente en los artículos 41 y 116 fracción IV de la Constitución Federal, es indudable que el acto generador de esa inequidad no debe producir efecto jurídico alguno, a fin de que pueda restablecerse el orden constitucional, de otra forma se llegaría al absurdo de que no obstante que algún acto contrariara los principios constitucionales o valores fundamentales, si este no era determinante cuantitativamente, el acto produciría sus plenos efectos, lo que evidentemente no es así, puesto que el reconocimiento de que un acto determinado contraviene disposiciones constitucionales, significa declarar que no puede producir los efectos jurídicos que le son propios.

 En ese tenor, una vez establecido que un acto es contrario a la Ley Suprema, la consecuencia legal ineludible es privarlo de efectos, pues un puede sostenerse la validez ni reconocerle surtimiento de efectos a un acto contraventor de la Constitución.

 Tal ha sido el criterio sustentado por esa Sala Superior al pronunciar resolución en el juicio de revisión constitucional electoral identificado bajo la clave SUP-JRC-604/2007, en base al cual, si la coalición "Unidos por ti" y su candidato Eruviel Ávila Villegas, rebasó el tope de gastos de campaña, por esa sola circunstancia es evidente que se vulnera de manera directa el principio de equidad contenido en la fracción II del artículo 41 e inciso g), de la fracción IV, del 116, ambos de la Constitución General de la República, la consecuencia jurídica ineludible, es privar de efectos al acto que subyace en ese rebase de tope de gastos de campaña, con mayor razón si tal proceder se adecúa a lo que dispone el artículo 299, fracción IV, inciso b) del Código Electoral del Estado de México; ya que en los términos precisados, la determinancia a que alude esta última disposición legal local, es del orden meramente cualitativo.

 Permitir que pese al haberse rebasado los topes de gastos de campaña, subsista el acto electivo impugnado, significa premiar la conducta vulneradora del principio de equidad contenido en la Carta Magna, bajo el argumento de que fue "poquito", "que la violación constitucional no fue proporcional a la diferencia entre primero y segundo lugar", que como lo aduce la responsable, es amplia la "diferencia existente entre el primer y segundo lugar", resulta inadmisible en un sistema jurídico como el nuestro. La permisibilidad en que proliferen las conductas tendientes a rebasar el tope de gastos de campaña y que nada suceda porque al fin y al cabo el rebase no es significativo, significa otorgar un pasaporte a la impunidad electoral, en detrimento de la supremacía de los principios y valores contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 Por ello es que si, como acontece en el caso, se encuentra demostrado que la coalición "Unidos por ti" y su candidato Eruviel Ávila Villegas, rebasaron el tope de gastos de campaña establecido por la autoridad electoral administrativa, afectando con ello el principio de equidad contenido en la Carta Magna, es inconcuso que opuestamente a lo considerado por el tribunal responsable, ello es determinante para el resultado de la elección, puesto que se está frente a un factor de tipo cualitativo y no cuantitativo, y por lo tanto, debe privarse de efectos al acto que subyace bajo ese rebase, la elección de Gobernador en el Estado de México.

 SEGUNDO.- Causa agravio a la coalición que represento, la consideración SÉPTIMA de la resolución impugnada, a través de la cual el Tribunal responsable, considera infundados los motivos de inconformidad expuestos y referentes a que la coalición "Unidos por ti" y su candidato Eruviel Ávila Villegas, rebasaron el tope de gastos de campaña hasta por un monto de $571,094,524.42 (QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES, NOVENTA Y CUATRO MIL, QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 42/100 M. N.), porque en su concepto es una apreciación errónea el "...estimar que los elementos propagandísticos en medios alternos utilizados en las etapas de precampaña e intercampaña deben formar parte del cúmulo de medios alternos utilizados en la etapa de campaña", lo que a su consideración no es posible adicionar aquéllos a éstos, pues existirían inconsistencias en la fiscalización de los recursos erogados por los partidos políticos.

 Tal consideración es violatoria de los principios de legalidad, certeza y equidad establecidos en los artículos 41 y 116 fracción IV de la Constitución General de la República, porque la autoridad enjuiciada parte de la falsa premisa de que los gastos erogados durante las etapas de precampaña e intercampaña, son legales lo cual no es así, como se razonará en párrafos subsecuentes.

 Cabe precisar de que la afirmación de mi representada en el sentido de que la coalición "Unidos por ti" y Eruviel Ávila Villegas, había rebasado el tope de gastos de campaña hasta en la suma de $367,201,316.48 (TRESCIENTOS SESENTA Y SISTE MILLONES, DOSCIENTOS UN MIL, TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS 48/100 M. N.), lo que representa el 180.1% más, respecto del tope de $203,893,207.94 (DOSCIENTOS TRES MILLONES, OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL, DOSCIENTOS SIETE PESOS 94/100 M. N.), establecido por la autoridad electoral administrativa local, tiene como sustento el Informe Final del Monitoreo a Medios de Comunicación Alternos, realizado por la Comisión de Acceso a Medios, Propaganda y Difusión del Instituto Electoral del Estado de México, mismo que en términos de los artículos 326, fracción I y 327, fracción I, incisos a) y b) del Código Electoral de dicha entidad, es una documental pública con pleno valor probatorio, al haber sido expedida por un órgano electoral en las formas aprobadas por el Consejo General del Instituto y se refieren al proceso electoral que se vive en ese Estado.

 Ahora bien, la aludida consideración de la responsable parte del falso supuesto de que las erogaciones con motivo de los elementos propagandísticos desplegados durante la etapa de precampaña e intercampaña, no pueden ser sumados a los de campaña, pues el financiamiento es distinto; habida cuenta de que ello es en un caso ordinario, más no aplica en una situación extraordinaria como la que acontece en la especie en que como ha sido demostrado en actuaciones y a partir de la ejecutoria pronunciada por esa Sala Superior en el expediente identificado con la clave SUP-JRC-169/2011, Eruviel Ávila Villegas, desplegó actos anticipados de campaña, y por ende, los gastos bajo esa situación efectuados, caen dentro de esa categoría, es decir, como de campaña; de ahí que los gastos así realizados, deben ser sumados a los de campaña, pues de otra manera, se estaría propiciando un fraude a la ley, bajo el insostenible argumento de que son financiamientos distintos o independientes, como estima la responsable.

 Luego entonces, si en el caso el referido candidato durante la etapa de precampaña desplegó elementos propagandísticos de manera indebida, es indudable que los gastos con tal motivo efectuados, deben ser contabilizados en gastos de campaña, no siendo motivo suficiente de justificación lo alegado por la autoridad enjuiciada en el sentido de que ello originaría una inconsistencia en la fiscalización de los recursos de los partidos políticos, porque no es materia de examen las inconsistencias derivadas de la pura fiscalización de los recursos financieros de los institutos políticos, sino la determinación de si al aplicar de tal o cual forma los recursos, rebasaron o no el tope de gastos de campaña, cuestión ciertamente distinta, con consecuencias legales diferentes.

 Por otra parte, la responsable pretende tergiversar las razones que llevaron a mi representada a denunciar el rebase de tope de gastos de campaña por parte de la coalición "Unidos por ti" y su candidato, al hacer mención de que la disparidad observada en el Informe Final del Monitoreo a Medios de Comunicación Alternos mencionado, en cuanto a la cantidad de elementos propagandísticos desplegados por la referida coalición en relación a los de mi representada, no constituye el elemento idóneo para acreditar la erogación relativa a los gastos denunciados, porque ello puede deberse a la organización que cada coalición tuvo para la contratación de los diferentes medios alternos para su campaña.

 Lo erróneo de la apreciación del tribunal enjuiciado, deriva de la circunstancia de que de una lectura e interpretación integral de la inconformidad planteada por la coalición accionante ante la responsable, se advierte que el motivo de inconformidad no consiste en denunciar el rebase de topes de gastos de campaña en que incurrió la coalición "Unidos por ti" y su candidato Eruviel Ávila Villegas, con base en que existe una notoria discrepancia en el despliegue propagandístico y que ello justifica el aludido rebase; sino que como se aprecia, lo que en realidad sirve de sustento a la queja de rebase planteada, es el costo unitario y en su conjunto de esa cantidad de elementos propagandísticos, tan es así que se aportó una pericial en materia de valuación para determinar el monto que la misma constituía y que es precisamente este último que arroja la cantidad de $571,094,524.42 (QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES, NOVENTA Y CUATRO MIL, QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 42/100 M. N.), más no la discordancia de despliegue de elementos propagandísticos.

 Como podrá advertir esa Sala, la referida discrepancia hecha notar por mi representada, únicamente consistió en hacer notar que era inverosímil que la coalición "Unidos por ti" y su candidato, hubieran desplegado tan poca propaganda, pero que sin embargo, aun partiendo de esas irrisorias cantidades, la valoración y cuantificación de esos elementos propagandísticos desplegados por dicha coalición y su candidato, y contenidos en el referido Informe del órgano electoral, por sí mismo y en un modesto acercamiento a la realidad de la actividad propagandística desplegada por los denunciados, ascendían a la referida cantidad, representativa del 180.1% más, sobre el tope de gastos de campaña establecido por la autoridad electoral.

 Al no haberlo apreciado así la autoridad responsable, es evidente que dejó de ser exhaustiva y congruente entre lo realmente planteado por mi representada y lo resuelto.

 Para declarar infundadas las pretensiones de mi representada, el tribunal responsable inadmite la pericial en materia de valuación aportada, bajo el argumento de que la única prueba aceptable en materia electoral, lo es la pericial contable, de manera que como no advierte que la información que se contiene en el dictamen exhibido, haya sido obtenida de documentos contables, libros y registros contables, amén de que dada la celeridad con que debe resolverse el juicio de inconformidad, no la admite porque, en su concepto no resulta idónea, señalando que a lo sumo, podría aceptarse como documental privada. Asimismo, indica que ello no le causa perjuicio a mi representada, porque tanto la documental privada como la pericial, adquieren el mismo valor indiciario.

 Lo así considerado resulta violatorio del principio de legalidad contenido en los artículos 41 y 116 fracción IV constitucionales, porque tal aseveración no se encuentra debidamente fundada ni motivada, e impide a la coalición accionante, acreditar los hechos y afirmaciones en que descansa el agravio oportunamente sometido a su consideración y que versa sobre el rebase de tope de gastos de campaña en que incurrió la coalición "Unidos por ti" y su candidato Eruviel Ávila Villegas.

 Contrariamente a lo estimado por el tribunal enjuiciado, en la materia electoral y en específico en la legislación del Estado de México, sí se encuentra permitida y es admisible la pericial ofrecida y aportada por la coalición accionante, habida cuenta que el artículo 326 fracción IV del Código Electoral, claramente establece que para la resolución de los medios de impugnación previstos en ese ordenamiento legal, podrán ser ofrecidas y admitidas como pruebas, entre otras, las periciales. Luego entonces, es inexacto que, como lo sostiene la responsable, la única pericial admisible sea la contable, atento a que el propio legislador estatal no estableció limitación alguna a qué clase de periciales se podían ofrecer admitir, de donde se infiere que las partes están en aptitud de ofrecer y la autoridad tiene la obligación de admitir, toda clase de periciales, como en el caso la de valuación, porque donde la ley no distingue, el juzgador no puede válidamente distinguir. Y si bien es cierto que también se contempla la pericial contable, según se observa de lo dispuesto en los artículos 327, fracción IV y 328 párrafo tercero del referido ordenamiento legal, ello en modo alguno quiere decir que sea la única prueba admisible, porque de ser así, entonces en el citado artículo 326, fracción IV, únicamente se hubiera hecho una referencia en singular -pericial-, y no plural -periciales-.

 En esa tesitura, el tribunal responsable procede de manera ilegal cuan no admite la pericial aportada por la accionante, bajo el diverso argumento de que no se advierte que la información que se contiene en el dictamen, provenga de documentos contables, libros y registros contables, porque precisamente no se trata de una pericial contable, sino de una de valuación, misma que debe ser admitida pues amén de que constituye la base probatoria sobre la que descansa la afirmación de que la coalición "Unidos por ti" y Eruviel Ávila Villegas, erogaron por concepto de gastos de campaña, la suma de $571,094,524.42 (QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES, NOVENTA Y CUATRO MIL, QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 42/100 M. N.), lo cierto es que con dicho elemento de convicción se esclarecen los hechos sometidos al conocimiento de la autoridad jurisdiccional, se llega de la verdad conocida a la que se busca.

 La inadmisión que de dicha probanza hace el tribunal local, solamente conduce a hacer nugatorio el derecho que tiene mi representada de en términos del artículo 332 del Código Electoral del Estado de México, acreditar los hechos constitutivos de sus pretensiones.

 No es óbice a la admisión de dicha prueba, la circunstancia de que los plazos electorales en el juicio de inconformidad sean breves, porque al respecto y como ha sido criterio reiterado por esa Sala Superior en múltiples ejecutorias, en la materia electoral se justifica el acortamiento de esos plazos a cuestión de horas, y en ese tenor, la celeridad con que se debe sustanciar y resolver el medio de impugnación ante la autoridad responsable, no justifica en modo alguno que por esa razón inadmita una prueba a la que tiene derecho mi representada de aportar para acreditar los hechos constitutivos de sus pretensiones, pues en todo caso, lo que se tiene que hacer para efectos de desahogarla adecuadamente, es disminuir considerablemente los plazos y términos, pero no dejar de admitirla en los términos en que lo hace, a menos que su pretensión sea la de negar a mi representada una recta administración e impartición de justicia, como ciertamente lo ha venido haciendo a lo largo del proceso electoral.

No resulta ajustada a derecho la consideración de la responsable en el sentido de que el Dictamen de Valuación de Bienes Inmuebles de dieciséis de agosto último, no resulta apto para generar convicción sobre el rebase de topes de gastos de campaña alegado, dado que no se acreditó que el emitente tenga la especialidad necesaria para rendir este tipo de informes, por un lado porque la responsable omite valorar en forma conjunta las constancias que se acompañaron a dicho documento de las que se desprende que efectivamente dicha persona ha fungido como perito en órganos jurisdiccionales y que forma parte del Instituto Mexicano de Valuación que es precisamente un organismo relacionado con la valuación de bienes que es la matera del dictamen.

Pero con independencia de ello, la documental en comento constituye una opinión cuyo sustento se basa en datos y cálculos elementales, cuya fuente de información se precisa en cada caso, siendo verificable cada estimación y conclusión, sin que para ello ser requiera un grado de especialización elevado o complejo pues se basa en costos obtenidos de distintos proveedores de tales productos y servicios, que permite estimar los gastos erogados en forma precisa y detallada, derivado de un proceso que puede realizarse incluso por una persona no especializada.

Incluso, si en todo caso se valora como una documental privada, de cualquier forma el estudio se sustenta en una comparación de mercado con el objeto de evaluar los costos de los elementos a evaluar, pues como se precisó en la demanda, es decir, lo que interesa fundamentalmente es la metodología comparativa empleada y las fuentes verificables de cálculo básico, siendo datos objetivos pues provienen de proveedores de tales bienes que son precisamente los que establecen los costos y precios en el mercado de donde se obtienen.

Tampoco era indispensable describir la forma en que fueron analizadas las documentales señalando todos y cada uno de los pasos cognitivos como lo pretende la responsable, pues dicho proceso de valoración deriva precisamente de los datos que se someten al análisis y que generan las conclusiones lógicas contenidas en el documento que se analiza, máxime que se trata de información que hizo suya mi representada, y en última instancia tendían que interpretarse como argumentos propios plasmados en una documental privada, equiparándose a principios de agravio y de prueba que debió ser complementado o subsanado por la responsable a través de la corroboración de la información proporcionada, como por ejemplo requiriendo a la primigenia para que se allegara de mayores elementos, o realizándolo directamente la responsable mediante diligencias para mejor proveer.

 Tal cuestión fue señalada desde la demanda ante la responsable, cuando se alegó que además de la calidad del emitente, el dictamen pericial que se ofreció y aportó, contiene los elementos intrínsecos y externos que deben contener los de su clase, tales como la precisión del problema planteado; el material de estudio a utilizar; la metodología utilizada; los criterios y procedimientos utilizados y relacionados con la valuación de bienes muebles y servicios; los valores de mercado; sus acreditaciones curriculares; la descripción de los bienes y servicios objeto del dictamen; el resultado del examen, análisis, investigación y enfoque comparativo de mercado, con descripción exhaustiva de los bienes y servicios objeto de la valuación; y la conclusión a la que arriba como consecuencia del estudio profesional, serio y minucioso. Amén de que no debe perderse de vista de que como material de estudio, examinó los documentos idóneos para el fin perseguido, esto es, contó entre su material de trabajo, con el oficio IEEM/UCS/906/2011 al que se anexa el Plan de Medios 2011, de la Unidad de Comunicación Social, Informe sobre Montos Ejercidos en medios de comunicación, suscrito por el Jefe de dicha Unidad, del Instituto Electoral del Estado de México; el Informe Final del Monitoreo a Medios de Comunicación Alternos de la Comisión de Acceso a Medios, Propaganda y Difusión; el resultado de la Revisión Precautoria de gastos de campaña de la coalición "Unidos por ti", del Órgano Técnico de Fiscalización del citado Instituto Electoral; y relevantemente, con el Informe Sobre Montos Ejercidos en Medios de Comunicación Alternos 2011, emitido por la Unidad de Comunicación Social del Instituto Electoral del Estado de México, que constituye una documental pública en términos del artículo 328 del Código Electoral y que es la base principal de los cálculos que se hacen en dicho Dictamen pericial que, en esas condiciones, solamente tiene como sustento los propios precios oficiales bajo los cuales contrata el órgano electoral administrativo. Mayor confiabilidad en un dictamen pericial no puede encontrarse.

 Así, el tribunal local soslayó que los contenidos de la documental en comento son suficientes para valorarse incluso como indicios de cuya valoración conjunta es válido desprender las conclusiones ahí plasmadas, máxime cuando se sustentó en documentos que estaban al alcance de la juzgadora por formar parte de los expedientes administrativos objeto de su resolución.

 Siendo inexacto que del dictamen señalado no se advierta el origen de las cantidades tomadas en cuenta para realizar los cálculos respectivos, pues ello se desprende de la adminiculación de los documentos que sirvieron de fuente al dictamen con los rubros que se asientan en dicho dictamen, pues como lo ejemplifica la responsable sí se expresaron las cantidades y tipo de elementos propagandísticos objeto de valuación, su costo unitario y valor total de mercado, por lo que deben ser valorados en términos del artículo 328 del Código Electoral del Estado de México, de acuerdo a las reglas de la lógica y de la experiencia, amén de que la mayoría de ellos tienen pleno valor probatorio por provenir de la propia autoridad electoral administrativa.

 Es importante apuntar que la responsable se limita a analizar sólo un caso del cuadro inserto en la documental en comento, y con base en ello generalizar respecto de todo su contenido, cuando que por el principio de exhaustividad razonar respecto de todos los contenidos en los cuadros contenidos en la demanda, cuya omisión constituye una violación que debe ser reparada por esa sala.

 Posteriormente, tales cuestiones en todo caso deberán analizarse a la luz de las reglas de valoración de la prueba indirecta, pues en estos casos, la información no siempre está resulta completa y asequible dentro de los cortos plazos electorales, es por ello que se realizan estimaciones con elementos objetivos y verificables por la propia autoridad electoral.

 Sobre el particular debe tenerse presente que en un procedimiento, cualquier hecho o cualquier cosa puede tener el carácter de prueba respecto de la hipótesis, cuya verdad o falsedad se pretenda demostrar, siempre que se cumpla con las siguientes condiciones:

1)                      Que se trate de una cosa o de un hecho, a partir de los cuales se puedan obtener conclusiones válidas acerca de la hipótesis principal, y

2)                      Que la cosa o el hecho no se encuentre dentro de las pruebas prohibidas o restringidas por el ordenamiento legal.

  Así, una prueba es directa cuando su contenido guarda relación inmediata con la esencia de los enunciados que integran la hipótesis del hecho principal que es objeto del procedimiento y cuando mediante ella se demuestra la existencia de un hecho diverso a aquel que es afirmado en la hipótesis del procedimiento. La condición para que tenga el efecto de prueba estriba en que a partir de la demostración de la existencia de ese hecho secundario sea posible extraer inferencias, que afecten a la fundamentación de la hipótesis del hecho principal.

 En ese sentido, la prueba indirecta ofrece elementos de confirmación de la hipótesis del hecho principal, pero a través de un paso lógico que va de un hecho probado (el hecho secundario) al hecho principal, por lo que el grado de apoyo que la hipótesis a probar reciba de la prueba indirecta dependerá de dos cosas:

a)                      Del grado de aceptación de la existencia del hecho secundario; es decir, si la existencia del referido hecho secundario está suficientemente probada, y

b)                      Del grado de aceptación de la inferencia que se funda en el hecho secundario, cuya existencia ha sido aprobado.

 Para determinar el grado de aceptación de la inferencia que parte del hecho secundario hacia el hecho principal, es necesario conocer el criterio de dicha inferencia. Se trata de lo que el procesalista teórico italiano Michele Taruffo denomina "evidencias en cascada".

 Esta figura se presenta cuando el elemento de confirmación de la hipótesis principal deriva de una cadena de pasos inferenciales, obtenidos de hechos secundarios. Cada hecho secundario es idóneo para fundar inferencias sobre el hecho sucesivo.

 La conclusión se obtiene por la inferencia que va del último hecho secundario de la cadena, a la hipótesis del hecho principal.

 La cadena de inferencias puede ser formulada válidamente, hasta llegar a la conclusión del hecho principal, sólo si cada inferencia produce conclusiones dotadas de un grado de confirmación fuerte.

 No importa la longitud de la cadena, siempre que cada uno de los eslabones esté debidamente sostenido en la base de la inferencia precedente. El grado de confirmación del hecho principal no es en función de todas las inferencias que componen la cadena, sino sólo en función de la última inferencia y del criterio en el que ésta se fundamente. Ninguna de las inferencias de la cadena debe tener un margen de duda tal que haga irrazonable su adopción como hipótesis verdadera sobre el hecho secundario. Cada hecho o circunstancia que se tenga por cierto constituye la premisa de la que se parte para conectar con el siguiente eslabón.

Con relación a la prueba indiciaría, Marina Gascón Abellán (Los hechos en el derecho. Bases arguméntales de la prueba, Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, 2003), sostiene que los términos prueba indirecta o indiciaría suelen reservarse para el ámbito penal, sin embargo, su estructura es la misma que la denominada, en el ámbito civil, prueba presuntiva o presunciones simples; y asimismo, que el grado de convicción de los indicios, depende del cumplimiento de ciertos requisitos, a saber:

- La Certeza del indicio. El indicio o hecho conocido debe estar fehacientemente probado mediante los medios de prueba procesalmente admitidos. Con este requisito se evitan las meras sospechas o intuiciones del juez para fundar la prueba del indicio. El requisito de la certeza de los indicios suele excluir también la posibilidad de usar como indicios aquellos hechos de los que sólo quepa predicar su probabilidad y no su certeza incuestionable.

En el caso, existe certeza de la existencia de los elementos propagandísticos y de su valor en el mercado.

- Precisión o univocidad del indicio. Otro de los requisitos que, según una opinión clásica, debe reunir el indicio es la precisión o univocidad: el indicio es unívoco o preciso cuando conduce necesariamente al hecho desconocido; es, por el contrario, equívoco o contingente cuando puede ser debido a muchas causas o ser causa de muchos efectos. Esta distinción se proyecta sobre la teoría de la prueba exigiendo eliminar la equivocidad de los segundos para poder ser usados como elementos de prueba.

La existencia de los bienes objeto de evaluación, su cantidad y su valuación con base en datos objetivos de mercado, conducen necesario a establecer la estimación de costos real de acuerdo a las condiciones mercantiles dadas en un contexto determinado.

- Pluralidad de indicios. Este requisito expresa la exigencia de que, precisamente por el carácter contingente o equívoco de los indicios, es necesario que la prueba de un hecho se funde en más de un indicio. Además, este requisito suele acompañarse de la concordancia o convergencia: los (plurales) indicios han de concluir en una reconstrucción unitaria del hecho al que se refieran.

En el caso concreto, de la valoración conjunta de las diversas cantidades de elementos propagandísticos, su descripción, su costo y valor de mercado, se acredita el exceso de gastos anotado y por tanto la inequidad planteada por el actor, porque tales elementos se encontraban adminiculadas con diversos medios probatorios que tuvieran un valor suficiente para generar la convicción de que los hechos sucedieron como los narra el recurrente.

Esto es, si de las pruebas de que se trata, técnica y jurídicamente analizadas, es posible extraer un valor de persuasión indiciarlo, luego, la existir la certeza, univocidad e incluso, pluralidad de indicios, cuyo grado de convicción aumenta, y llega al grado de prueba plena, al estar relacionado con otros indicios, provenientes de diversas fuentes, o bien, con otros medios de pruebas, tales como los documentos emitidos por la propia primigenia

Por otro lado, no es dable sostener como lo hace el tribunal local, que la propaganda distribuida en medios alternos por los entes políticos que señala, ya que no tuvo como efecto promocionar de manera indebida al candidato de la coalición tercera interesada.

Y menos aún es viable concluir como se hace a fojas 92 de la sentencia de mérito, que la información contenida en el dictamen se encuentra sustentada en elementos generales y subjetivos que impiden determinar estándares de mercado "que permitan deducir el precio real de los elementos propagandísticos en el mercado", y que no existen datos para fijar un costo de mercado objetivo y razonable, pues las cotizaciones debieron referirse a proveedores de todos los municipios de la entidad, dado que no explica ni acredita que existan diferencias sustanciales en los precios considerados frente a otros de diversos proveedores, y además constituye una carga excesiva que no corresponde a mi representada, sino a la autoridad como facultad verificadora administrativa o como diligencias jurisdiccionales para mejor proveer.

Además, la determinación de los precios reales de la propaganda cuestionada, tal como lo afirma el tribunal local, admite ser deducida, es decir que se obtiene a través de inferencias, las cuales tiene que ser construidas con indicios pues en este tipo de conductas, normalmente no existe prueba directa, máxime que al tratarse de una posible infracción a la norma electoral, resulta común que los infractores oculten, alteren o simulen hechos para evitar la cuantificación real que derivaría en un rebase de topes de gastos, lo que lleva a tener que valorar los hechos en un escenario de fraude a la ley por parte de la coalición que supuestamente ganó la elección.

Sin que este beneficio inferencial sea válido en el caso de las suposiciones vagas que realiza la responsable cuando sostiene que la coalición tercero interesada pudo obtener costos más beneficios a los plasmados en el dictamen, mediante ofertas o promociones comerciales, ya que es una afirmación dogmática respecto de la cual no existe prueba alguna.

Asimismo, contrario a lo señalado en la sentencia el dictamen de mérito sí contiene un debido análisis del problema, aplicando reglas técnicas y de la experiencia y se llega a conclusiones fundadas y motivadas, como lo reconoce la propia responsable cuando señala que se aplicó una metodología concreta.

Al efecto, tal como se expresó previamente, el dictamen contiene los elementos intrínsecos y externos que deben contener los de su clase, tales como la precisión del problema planteado; el material de estudio a utilizar; la metodología utilizada; los criterios y procedimientos utilizados y relacionados con la valuación de bienes muebles y servicios; los valores de mercado; sus acreditaciones curriculares; la descripción de los bienes y servicios objeto del dictamen; el resultado del examen, análisis, investigación y enfoque comparativo de mercado, con descripción exhaustiva de los bienes y servicios objeto de la valuación; y la conclusión a la que arriba como consecuencia del estudio profesional, serio y minucioso. Amén de que no debe perderse de vista de que como material de estudio, examinó los documentos idóneos para el fin perseguido, esto es, contó entre su material de trabajo, con el oficio IEEM/UCS/906/2011 al que se anexa el Plan de Medios 2011, de la Unidad de Comunicación Social, Informe sobre Montos Ejercidos en medios de comunicación, suscrito por el Jefe de dicha Unidad, del Instituto Electoral del Estado de México; el Informe Final del Monitoreo a Medios de Comunicación Alternos de la Comisión de Acceso a Medios, Propaganda y Difusión; el resultado de la Revisión Precautoria de gastos de campaña de la coalición "Unidos por ti", del Órgano Técnico de Fiscalización del citado Instituto Electoral; y relevantemente, con el Informe Sobre Montos Ejercidos en Medios de Comunicación Alternos 2011, emitido por la Unidad de Comunicación Social del Instituto Electoral del Estado de México, que constituye una documental pública en términos del artículo 328 del Código Electoral y que es la base principal de los cálculos que se hacen en dicho Dictamen pericial que, en esas condiciones, solamente tiene como sustento los propios precios oficiales bajo los cuales contrata el órgano electoral administrativo.

 Sin que la responsable razone conforme a derecho, porqué cada uno de esos elementos es insuficiente para arrojar datos objetivos tanto en forma individual como en una valoración conjunta.

 Luego entonces, el estudio y conclusión a que llega dicho especialista en la materia resulta totalmente verosímil, porque además, del dictamen de mérito, se advierte que tomó en cuenta para rendir su opinión una serie de proveedores, cuya especialidad, nombre o razón social, domicilio y números telefónicos señala, esto es, son plenamente comprobables y verificables los precios unitarios y valor de mercado que señala en el mencionado Dictamen.

 En ese tenor y ante lo inobjetable del dictamen pericial que nos ocupa, resulta ajustado a derecho que se tenga como total de gastos erogados por la coalición "Unidos por ti" y Eruviel Ávila Villegas, en la campaña electoral de Gobernador en el Estado de México, durante el proceso electoral de 2011, la cantidad de $571,094,524.42 (QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES, NOVENTA Y CUATRO MIL, QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 42/100 M. N.) que, estando situada muy por arriba del tope de $203,893,207.94 (DOSCIENTOS TRES MILLONES, OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL, DOSCIENTOS SIETE PESOS 94/100 M. N.), establecidos por la autoridad electoral administrativa, la consecuencia jurídica es ineludible: debe declararse nula la elección de Gobernador en el Estado de México, en términos del artículo 299, fracción IV, inciso b) del Código Electoral en la entidad.

 Lo anterior es así, porque además, no debe perderse de vista que ese desfase en el rebase de topes de gastos de campaña, representa más del cien por ciento, concretamente, el 180.1%, lo cual no se requiere ser un experto en impacto mediático de masas para percatarse de que ello repercutió y fue determinante en el resultado del proceso electoral, pues de no haber existido tal avasallamiento de despliegue y despilfarro de recursos económicos, Eruviel Ávila Villegas no hubiera obtenido el triunfo.

Todo lo cual soslayó la responsable utilizando suposiciones sin. sustento en el acervo probatorio que obra en autos, como es que los documentos que se tomaron como base no sirven para obtener las erogaciones citadas, porque no hay certeza de que tipo de publicidad fue contratada y que fue con las mismas empresas que brindaron sus servicios al instituto, dado que esa información con tal grado de exactitud ni siquiera la tenía la autoridad electoral administrativa quien debía vigilar el respeto al tope de gastos de campaña, y en cambió se le exige a la hoy actora que ejerciera funciones de investigación y de fiscalización que le eran imposible obtener pues no podría recabar facturas y contratos de la coalición infractora ni de los proveedores respetivos, ya que no tiene esas atribuciones que jurídicamente están reservadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a las autoridades electorales fiscalizadoras, y por tanto resulta suficiente aportar una estimación con base en cotizaciones objetivas y verificables, pues es la única carga posible de cumplir de acuerdo con la naturaleza de la actora.

Ahora bien con relación a la actualización de la causal de nulidad de la elección con base en la totalidad del caudal probatorio aportado por mi representada, cabe señalar que resulta incorrecto lo que se sostiene en el fallo reclamado en cuanto a que no se estableció la relación de las pruebas aportadas con los hechos que se pretenden acreditar.

 Ello es así, pues en la demanda se expresó que "si se toma en cuenta el contenido y revisión efectuada al Informe final del "Monitoreo a medios de comunicación alternos", efectuado por la Comisión de Acceso a Medios, Propaganda y Difusión del Instituto Electoral del Estado de México, en el periodo del 17 de marzo al 3 de julio de este año; el resultado de la revisión precautoria de gastos de campaña de la coalición "Unidos por ti", efectuada por el órgano Técnico de Fiscalización del Instituto Electoral del Estado de México; el contenido de la página electrónica de internet: http://eruviel.com.mx; el instrumento notarial 21,573 de 3 de agosto de este año que contiene la fe de hechos respecto del contenido de dicha página de internet, realizada por el Notario Público 171 del Distrito Federal, Licenciado Juan José A. Barragán Abascal; el informe rendido por la Unidad de Comunicación Social del Instituto Electoral del Estado de México, respecto del seguimiento cronológico en medios impresos acerca de los eventos políticos realizados por Eruviel Ávila Villegas, durante toda la etapa de campaña, es decir, del 16 de mayo al 29 de junio; el informe detallado sobre los costos unitarios y totales de la propaganda contratada por el Instituto Electoral del Estado de México en medios de comunicación y las diversas fotografías que corren agregadas a las carpetas que se anexan como pruebas en esta demanda; se obtiene de todos esos elementos de convicción, valorados en términos del artículo 328 del Código Electoral del Estado de México, de acuerdo a las reglas de la lógica y de la experiencia, amén de que la mayoría de ellos tienen pleno valor probatorio por provenir de la propia autoridad electoral administrativa y de un Notario Público, se llega al pleno conocimiento de que el monto de gastos ejercido por la coalición "Unidos por ti" y su candidato Eruviel Ávila Villegas, del 28 de marzo al 29 de junio de este año, en los rubros tan solo de elementos propagandísticos en medios alternos, de transporte, testimoniales y eventos masivos, ascendió a la suma de $1.612.403.654.35 (UN MIL SEISCIENTOS DOCE MILLONES, CUATROCIENTOS TRES MIL, SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 35/100 M. N.), cantidad que en forma evidente rebasa el tope establecido por la autoridad electoral administrativa que es de $203,893,207.94 (DOSCIENTOS TRES MILLONES, OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL, DOSCIENTOS SIETE PESOS 94/100 M. N.).

 Se corrobora tal aserto, con el dictamen en materia de valuación de bienes muebles, rendido por Francisco Fuentes Villalón, el 16 de agosto de este año, quien determina de manera concluyente que el valor estimado de mercado de los bienes que se detallan en dicho documento, asciende a la cantidad de $1,612,403,654.35 (UN MIL SEISCIENTOS DOCE MILLONES, CUATROCIENTOS TRES MIL, SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 35/100 M. N.).

 Dicha opinión pericial merece pleno valor probatorio, atento a las consideraciones que sobre dicho perito han quedado precisadas en el numeral que antecede (en la primer demanda) y que se solicita se tengan aquí por reproducidas como si se insertasen a la letra en obvio de innecesarias repeticiones, amén de que debe tenerse presente el cúmulo de documentos o material de estudio que tuvo a la vista y examinó para poder llegar a la conclusión señalada.

Ciertamente, entre dichos documentos que tuvo a la vista, se encuentra el contenido de la página de internet de Eruviel Ávila Villegas, a que se refiere la fe de hechos notarial y la cronología de eventos políticos de dicho candidato durante la etapa de campañas, ya mencionadas con antelación, en donde pudo apreciar la asistencia masiva de personas a dichos actos que, por el seguimiento cronológico que se dio a los mismos y que se contienen en las notas periodísticas que proporcionó el propio Instituto Electoral responsable, se advierte que fueron un total de 950 mil personas, quienes en la generalidad portaban artículos propagandísticos de campaña, en color rojo. Lo anterior, junto con los elementos propagandísticos alternos, en medios de transporte, en objetos testimoniales, en cine, en producción de spots de radio y televisión, inserciones en prensa, internet (google, Hotmail, yahoo, youtube, Facebook, portales de periódicos, milenio, universal) y costo de 6,000 compromisos firmados ante Notario Público, condujeron a dicho perito a determinar en un cuadro, la cantidad de bienes o servicios, el costo unitario de cada uno de ellos y el valor de mercado respectivo ...", tal y como se especificó en un cuadro descriptivo que contenía la cantidad, descripción, costo unitario y valor de mercado de la propaganda ilegal,.

Como se advierte de las partes resaltadas, se mencionan todos los elementos convictivos que se tomaron en cuenta, e incluso respecto de algunos de ellos se hace una remisión de lo argumentado respecto de los hechos que acreditan en párrafos anteriores de aquélla demanda, lo cual omite considerar la responsable.

De igual manera, se precisó que se pretendía acreditar, la cronología de eventos políticos de dicho candidato durante la etapa de campañas, entre otros actos, la asistencia masiva de personas a dichos actos que, por el seguimiento cronológico que se dio a los mismos y que se contienen en las notas periodísticas que proporcionó el propio Instituto Electoral responsable, se advierte que fueron un total de 950 mil personas, quienes en la generalidad portaban artículos propagandísticos de campaña, en color rojo. Lo anterior, junto con los elementos propagandísticos alternos, en medios de transporte, en objetos testimoniales, en cine, en producción de spots de radio y televisión, inserciones en prensa, internet (google, Hotmail, yahoo, youtube, Facebook, portales de periódicos, milenio, universal) y costo de 6,000 compromisos firmados ante Notario Público, condujeron a dicho perito a determinar en un cuadro, la cantidad de bienes o servicios, el costo unitario de cada uno de ellos y el valor de mercado respectivo.

De ahí que sea falso lo aseverado por la responsable, quien faltó al principio de exhaustividad aduciendo argumentos falaces como ha quedado demostrado con antelación, pues sí se razona qué hechos se pretenden probar y con qué elementos convictivos.

Respecto al Informe Final de Monitoreo a Medios de Comunicación Alterno contrariamente a lo señalado por la responsable sí tiene valor probatorio pleno al ser emitido por la autoridad electoral local, y también está adminiculado con la pruebas que se mencionaron en la demanda, es decir se concatena con las probanzas multicitadas, pues todas ellas se dirigen a demostrar como hechos comunes, la cuantificación de elementos de propaganda que sumados constituyen un rebase del tope de gastos respectivos, de ahí que sea inexacto que el informe sobre monitoreo no se encuentre adminiculado y sea un indicio aislado; asimismo, si bien se realiza una estimación de los costos, debe servir como referente y prueba indirecta pues como se dijo no es factible contar con prueba exacta lo cual constituiría una prueba diabólica de imposible cumplimento, con base en los argumentos expresados en el apartado anterior.

Siendo que respecto a la valoración dicha documental y del resto de probanzas, relativas tanto a este apartado de la demanda como a los anteriores, la autoridad responsable, si consideraba que sólo existían indicios como lo dice ahora en su sentencia, debió valorarlos aplicando la teoría del fraude a la ley y del abuso del Derecho, pues la coalición ganadora se valió de la simulación para rebasar el tope de gastos referido, y la única forma de demostrar el valor real de la propaganda es a través de la prueba indirecta reconocida y validada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La noción de fraude a la ley, ha sido acogida, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia. Así, todo fraude supone la realización de un acto intencional, eludiendo una disposición legal, desconociendo un derecho ajeno, perjudicando a un tercero o vulnerando los principios sobre los que se sostiene el Estado de Derecho.

Desde el punto de vista penal, el fraude supone siempre la mala fe, como en el caso de mediar engaño, pero desde el punto de vista del Derecho Civil, puede considerarse como fraudulento todo acto jurídico que aun cuando válido en sí mismo, se otorgue con la finalidad de evitar la aplicación de una disposición legal.

Diversos autores han tratado de invocar una definición al respecto, para Joaquín Escriche, el fraude "no es otra cosa que el hecho de frustrar la ley, o los derechos que de ella se nos derivan; esto es, el hecho de burlar, eludir o dejar sin efecto la disposición de la ley". Según Leonel Pérez-Nieto, el fraude a la ley "consiste en la utilización del mecanismo conflictual para lograr un resultado que, de otra manera, normalmente no sería posible".

En tanto que para Ricardo Balestra, es "la realización de actos que aisladamente serían válidos, pero que se hallan presididos en su comisión por una intención dolosa del agente con la finalidad de alcanzar un resultado prohibido por el derecho y más específicamente por la norma de derecho". El mismo autor abunda -citando a Bartin- que "el concepto de fraude está incluido en el orden público, porque las leyes imperativas no están sujetas a la autonomía de la voluntad, siendo inadmisible la exportación o asimilación fraudulenta de un derecho". Cuando esto ocurre debe aplicarse una sanción.

Para el jurista Manuel Atienza, en su obra "ilícitos atípicos", señala cuándo y porqué surge el fraude a la Ley, señalando de manera literal lo siguiente: "La figura del fraude a la ley guarda analogías evidentes con la del abuso del derecho: El fraude (la prohibición del fraude de ley y la anulación o evitación de los efectos logrados en esa forma), es un mecanismo para combatir el formalismo jurídico (para asegurar la coherencia valorativa de las decisiones jurídicas); 'fraude' o 'fraude a la ley', es una expresión que designa una propiedad valorativa; los supuestos de 'fraude de ley', son supuestos de 'laguna axiológica' en el nivel de las reglas; y el análisis adecuado de la figura exige partir de que la dimensión regulativa del derecho está compuesta por dos niveles, el de las reglas y el de los principios: los actos en fraude de ley están permitidos prima facie, por una regla pero resultan, consideradas todas las circunstancias, prohibidos como consecuencia de la acción de los principios que delimitan el alcance justificado de la regla en cuestión".

Asimismo, el mismo autor, en la obra referida, al hablar sobre "la estructura de fraude de ley", comenta: "El fraude de ley suele presentarse como un supuesto de infracción indirecta de la ley, a diferencia de los ilícitos que nosotros hemos llamado 'típicos1, en los que se da un comportamiento que se opone directamente a (infringe directamente) una ley. La estructura del fraude consistiría, así, en una conducta que aparentemente es conforme a la norma (a la llamada 'norma de cobertura1), pero que produce un resultado contrario a otra u otras normas o al ordenamiento jurídico en su conjunto ('norma defraudada')".

En tanto que, Diez-Picazo y Gullón, en su conocida e influyente Sistema de Derecho Civil, lo define así: "el fraude de ley se caracteriza por implicar la vulneración de una norma imperativa o prohibitiva oblicuamente. Se realiza un determinado acto o actos con el propósito de conseguir un resultado que prohíbe aquella norma, buscando la cobertura y amparo de la que regula el acto y protege el resultado normal de él, que en el caso concreto satisface el interés de las partes por ser coincidente en última instancia con el vedado".

Por otra parte, Atienza, sostiene al hablar de una definición de fraude a la ley, lo siguiente: "Ahora bien, con independencia a lo que ocurre en relación a un Derecho Positivo, nos parece que, en el plano de la teoría general, no hay razones para reducir el fraude a los términos a que lo hace la concepción subjetiva. El sentido de la institución, es el de contribuir a la coherencia del derecho, al ajuste entre las reglas y los principios que las fundamentan y las limitan; o, más exactamente, a evitar a que se produzcan ciertas consecuencias contrarias a principios jurídicos.

Pero eso puede producirse también sin que exista intención por parte del agente. No es, o no es sólo, el principio de la buena fe, sino el de también, el de evitar daños injustificados, el que justifica la figura del fraude (al igual, por otro lado, que ocurre con el abuso del derecho o con la desviación del poder)".

El mismo autor refiere: "Tampoco existe razón alguna para reducir la figura al ámbito de los actos negociales: se puede cometer fraude, en principio, utilizando cualquier norma-principio- que confiere poder, bien sea el poder de naturaleza privada o pública; otra cosa, como luego veremos es que los fraudes vinculados con el ejercicio de poderes públicos reciban otro nombre (y tengan, claro está, ciertas peculiaridades)".

Así, con respecto a la naturaleza jurídica de esta figura, puede distinguirse: a) al fraude como una violación indirecta de la ley (elemento material); b) al fraude por la voluntad culposa del agente; y, c) la existencia del fraude a partir de la concurrencia de los elementos material e intencional.

Las condiciones fácticas de su realización serán las siguientes: a) la utilización de medios lícitos; b) la obtención de resultados ilícitos; y, sobre todo, c) la intención fraudulenta de burlar la ley. Es decir, la actitud dolosa para vulnerar la ley y lograr un propósito cuyos fines son contrarios a la norma jurídica.

De esta forma, en el derecho el fraude tiende a burlar la ley que contiene una disposición que prohíbe realizar un determinado acto, sometiéndose al imperio de una ley o principio más tolerante o al abuso de éstos. El grado de imputabilidad o elemento psicológico será juzgado por el Juez, quien apreciará si la intencionalidad es burlar la ley, ya que el fraude a la ley se reduce a burlar un precepto imperativo del derecho, mediante un uso artificial de la norma de conflicto.

El fraude, por definición, importa un elemento subjetivo, intencional. El acto es intrínsecamente lícito; pero él está viciado por su fin ilícito que es lo que entraña su ineficacia. Sin embargo, se ha llegado a sostener que el Juez no debería preocuparse sino de los hechos y no de las intenciones, en razón de la inviolabilidad de las conciencias. Es fácil responder que en ninguna de las ramas del derecho es así, especialmente en el Derecho Civil, y porque no decirlo también, en materia del administrativo sancionador, puesto que se tiene en cuenta el error, el dolo, la ilicitud de la causa, todos ellos, elementos puramente subjetivos.

De esta forma para que el fraude a la ley pueda ser cometido, es necesario la voluntad de los individuos, la realización de actos tendientes a establecer la conexión con el ordenamiento jurídico (elemento material), el propósito o la intención de burlar la ley a la cual se está o se ha estado normalmente conectado (elemento psicológico), la diferencia frente a las disposiciones aplicables (elemento legal) y la obtención de un beneficio como consecuencia de la evasión fraudulenta del derecho (elemento real).

Entre las características del fraude a la ley, se puede mencionar las siguientes:

a) Existe una manipulación del factor de conexión (frente al conflicto existen varias leyes susceptibles de ser aplicadas, es el factor de conexión el que decide cual es la ley a aplicarse en base a las circunstancias y la pretensión del actor. El agente, modifica esas circunstancias, sin que exista variación en la regla de conflicto, por lo que existe una legalidad aparente por cuanto a que la regla de conflicto no ha variado. Lo que ha variado han sido las circunstancias, en virtud de la manipulación del agente). En consecuencia, cuando hablamos de una manipulación del factor de conexión, no nos referimos al acto de cambiar los factores de conexión, que en este caso sería un acto propio al legislador, sino al acto de modificar las circunstancias sobre los cuales se basa el factor de conexión para abusar de la ley aplicable o incumplirla;

b) Existe intencionalidad del agente: No puede existir fraude a la ley, si es que no existe una "intencionalidad dolosa". Es decir, lo que llamamos "mala fe" del agente. Probar la intencionalidad del fraude en forma directa es muy difícil, puesto que se trata de un elemento subjetivo. Se debe probar aquí también la relación de causalidad entre la "voluntad dolosa" y el resultado.

En estos casos, las pruebas indiciarías son las que resultan las más idóneas para acreditar las conductas ilícitas, donde ordinariamente los actores evitan dejar rastro alguno. Criterio que es recogido por la siguiente tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es el siguiente: "PRUEBAS INDIRECTAS. SON IDÓNEAS PARA ACREDITAR ACTIVIDADES ILÍCITAS REALIZADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS."

Siendo la "intencionalidad" un elemento subjetivo la jurisprudencia y la doctrina concuerdan que la única manera de probarla es en base a indicios objetivos, que en su conjunto, permite apreciar esa intencionalidad.

c) Existe una norma prohibitiva o imperativa. El agente se encuentra en una situación jurídica inmutable según la ley que le corresponde normalmente, por lo que cambiándose al régimen de la ley de otro Estado o de otra materia, o inclusive alegando principios como, en este caso a la libertad de expresión, le permitiría que su situación jurídica varíe en la apreciación del juzgador.

Pero hay que tener en cuenta que en el fraude a la ley, lo que se castiga es la "intencionalidad" del sujeto, de querer sustraerse de una ley, para situarse dentro de otra ley o supuesto normativo que le convenga mejor a sus intereses. La diferencia entre el conflicto móvil y el fraude a la ley depende de este punto. Ahora bien, si es que la intención no existe o no se puede probar, entonces estaremos frente a un caso de conflicto móvil. Si la "mala fe" llegara a probarse, entonces nos encontramos frente a un caso de fraude a la ley.

Respecto a la sanción del fraude a la ley existen controversias doctrinales. Unos opinan que debe declararse nulos, tanto el "acto" cometido fraudulentamente, como sus "efectos legales". Otros opinan en cambio, que la sanción debe ser únicamente respecto a los "efectos legales". En consecuencia, el juzgador se encuentra limitado a su propio ordenamiento jurídico.

La aplicación de la examinada figura de derecho ha sido recurrente en las ejecutorias del tribunal federal de la materia, como se observa de los siguientes precedentes jurisdiccionales.

A guisa de ejemplo, se citan diversas sentencias dictadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entre los cuales destaca, el relativo al Recurso de Apelación 034 y 035, Acumulados del 2003, en el que se sostuvo:

"Es importante señalar que cuando la responsable califica la conducta del Partido de la Sociedad Nacionalista, como un fraude a la ley, ello debe entenderse en el sentido de que las consecuencias de la conducta del partido político, transgreden el derecho objetivo (normas defraudadas), pretendiendo su inobservancia al amparo de otra norma distinta (norma de cobertura) -principio-. En el caso, las normas defraudadas son las disposiciones invocadas de la ley federal electoral y las normas de cobertura, lo son las normas legales que consagran la libertad de comercio o la libertad de contratación", en el caso de estudio, normas legales que consagran la libertad de expresión.

…

"Es claro, sin embargo, que partido político nacional alguno puede prevalecerse de estas libertades para realizar determinadas conductas, cuyas consecuencias directas e inmediatas transgreden el orden jurídico, toda vez que, como ha quedado demostrado con las constancias existentes autos, el Partido de la Sociedad Nacionalista, una entidad de interés público, que -por definición- debe ser transparente, adquirió a título oneroso, en diferentes ejercicios en que recibió financiamiento público, bienes y servicios de empresas, cuyos únicos accionistas son altos dirigentes del propio partido político, obteniendo éstos ganancias o ventajas indebidas que tiene su fuente última en el financiamiento público".

"Lo cierto es que la responsable sostiene que una conducta puede no estar expresamente prohibida, lo que significa que, aunque puede estar, prima facie, permitida, no lo está, considerando todos los factores relevantes, lo que incluye otras normas jurídicas aplicables y otros hechos relevantes del caso, ya que cabe la posibilidad de que esa conducta produzca un resultado contrario a otra u otras normas. En el caso, la conducta que no está expresamente prohibida, a primera vista, es que dirigentes del Partido de la Sociedad Nacionalista sean propietarios de empresas proveedoras del propio partido. No obstante, considerando todos los factores relevantes y otros hechos relevantes del caso, lo cierto es que las consecuencias de esa conducta, producen un resultado contrario a la norma establecida....", "lo cual es suficiente para que se actualice la hipótesis normativa y deba aplicarse la sanción.

Proceder de otra manera implicaría que la autoridad administrativa electoral, evaluar la conducta de los sujetos normativos, a la luz de disposiciones aisladas e inconexas que aparentemente permiten la conducta en cuestión, soslayando el carácter sistemático del derecho."

Asimismo, en diverso precedente jurisdiccional, emitido también por la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, identificado con la clave SUP-RAP-248/2008, se señala con respecto al tema que nos ocupa, lo siguiente:

"Conforme con lo anterior, dicho tipo de conductas transgresoras del orden jurídico pueden identificarse con la figura que se ha denominado en la doctrina como fraude a la ley, la que sustancialmente puede describirse como aquella conducta que aparentemente se encuentra permitida en el orden jurídico, pero su comisión activa o pasiva por el agente o agentes, se encuentra dirigida a trasgredir el orden jurídico, configurando con ello, una infracción articulada con conductas aparentemente lícitas pero cuyo resultado genera consecuencias conculcatorias de la norma".

"Partiendo de dicha figura, puede válidamente concluirse que es posible configurarse una violación en materia político-electoral, a lo dispuesto en los párrafos séptimo y octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando un funcionario público u órgano de gobierno federal, local o municipal, directamente o a través de terceros, orquesten la difusión de la imagen de los propios servidores, con base en los actos realizados en ejercicio de la función pública que desempeñan, verbigracia, que se contrate, se instruya, se promueva o se presione de cualquier forma a los medios de comunicación para difundir las actividades de un funcionario público", en la especie "candidato".

"... Lo anterior porque, el objeto del constituyente y del legislador fue evitar que se difunda la imagen de los servidores públicos con base en recursos públicos, así como salvaguardar la equidad en la contienda electiva, de donde se desprende que la finalidad de la norma es evitar, precisamente, que se generen situaciones de inequidad en la contienda por la investidura y recursos de que disponen los funcionarios públicos".

Otro caso, se refiere a la vulneración de la norma al permitir publicidad en televisión, argumentando el ejercicio de la libertad de expresión. Se trata del recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-201/2009, en cuyo contenido se expresan los siguientes argumentos:

"De conformidad con el artículo 41, párrafo segundo, fracción III, apartado A, párrafos tercero y cuarto, de la Constitución Federal, los partidos políticos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión, y ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular y queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el extranjero.

El referido párrafo tercero, del Apartado A, de la fracción III, del párrafo segundo, del artículo 41, constitucional establece una prohibición de contratar o adquirir tiempos en cualquier modalidad de radio o televisión, cuando esté dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, a favor o en contra de los partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular.

La actividad de los medios de comunicación masiva (radio, televisión, prensa, internet, etcétera) está sujeta a ciertas disposiciones jurídicas, en forma tal que, entre los elementos que condicionan su actividad, figuran las limitaciones establecidas o derivadas por la propia Constitución y desarrolladas en la ley.

Por ello, no sería válido pretextar el ejercicio de una libertad de expresión o imprenta, o el derecho a la información, cuando a través de su práctica durante los procesos electorales, se infrinjan las reglas que garantizan el debido acceso a las frecuencias de radio y canales de televisión por parte de los partidos políticos.

En efecto, el ejercicio de ciertas garantías fundamentales no puede servir de base para promocionar indebidamente en los canales de televisión, en su caso, a un partido político, porque no sería válido extender el ámbito protector de las normas de cobertura previstas en los artículos 6 y 7 de la Constitución, hasta el grado de quebrantar las prohibiciones previstas en la propia constitución, en su artículo 41, aplicables a los partidos políticos respecto de su derecho a promocionarse en los espacios televisivos, dado que la administración única de estos tiempos corresponde al Instituto Federal Electoral.

…

Por lo anterior, no constituye un acto de censura previa el exigir a los concesionarios o permisionarios de radio o televisión, abstenerse de difundir promocionales que favorezcan a un partido político.

Los concesionarios de radio y televisión, tienen una obligación especial de no vulnerar el orden constitucional y legal. En ese sentido, el ejercicio de las libertades comercial, de expresión, de información y de imprenta, se debe sujetar a la limitante constitucional de no contratar, difundir o transmitir propaganda de contenido político-electoral que favorezca a un partido político.

Como ya se dijo, la Constitución Federal, en sus artículos 6 y 7 establece las restricciones tocantes a las libertades de expresión e imprenta; sin embargo, no debe perderse de vista la propia norma constitucional, en su artículo 1°, primer párrafo, dispone que: "En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece".

En ese sentido es útil lo expresado en el siguiente criterio de la Sala Superior, cuyo rubro es el siguiente: "PROPAGANDA ELECTORAL. COMPRENDE LA DIFUSIÓN COMERCIAL QUE SE REALIZA EN EL CONTEXTO DE UNA CAMPAÑA COMICIAL CUANDO CONTIENE ELEMENTOS QUE REVELAN LA INTENCIÓN DE PROMOVER UNA CANDIDATURA ANTE LA CIUDADANÍA".

En la especie, respecto de la conducta consistente en colocar propaganda electoral equivalente a un monto dentro de los límites legales, aunque puede estar, prima facie, considerada como lícita, no lo está si se trata de una simulación sobre el costo real de dichos elementos propagandísticos. Dicha conducta que no constituiría un rebase al tope de gastos de campaña, a primera vista, una vez examinados y cuantificados tales elementos a la luz de las pruebas aportadas y todos y cada uno de los razonamientos expresados en la demanda, lo cual omitió analizar la responsable, considerando todos los factores relevantes derivados de las probanzas, lo cierto es que las consecuencias de esa conducta, producen un resultado contrario a la norma establecida, es decir, que tal propaganda excede el monto autorizado como gastos para tal efecto, por consiguiente, debe contabilizarse con las estimación aportada para efectos del cálculo del rebase del tope de gastos de la campaña respectiva.

La actividad de los candidatos durante las campañas electorales está sujeta a dicho tipo de disposiciones jurídicas, en forma tal que, entre los elementos que inciden en su actividad, figuran las características legales de algunos de sus actos que los enmarcan dentro de una actividad propagandística, que produce consecuencias jurídicas específicas, tales como que su costo sea cuantificado y contabilizado en forma objetiva y a través repruebas indirectas para efectos del estudio sobre rebase de topes de gastos de campaña.

Lo anterior para evitar que de manera artificiosa se infrinjan las reglas que garantizan el principio de la equidad en la contienda.

En efecto, el ejercicio de ciertas garantías fundamentales o derechos sustantivos no puede servir de base para promocionar indebidamente la candidatura de un conteniente, porque no sería válido extender el ámbito protector de tales derechos hasta el grado de evadir el encuadramiento de una conducta en la definición legal de un acto de propaganda electoral que rebasa el tope de gastos autorizado, con todas las consecuencias jurídicas que ello debe conllevar, pues éstas se relacionan además con el respeto irrestricto al principio de equidad y a la prescripción de topes de gastos de campaña cuyo propósito tiene un carácter fundamental para el Estado democrático de derecho.

En ese tenor, como ha quedado evidenciado en los hechos que se deben tener por acreditados, en términos de lo razonado en párrafos precedentes, se tiene lo siguiente.

De la valoración conjunta de las probanzas es que se logra concluir que se erogaron cantidades excedentes del tope de gastos citado, por lo que no resulta dable que la responsable valore aisladamente las pruebas que señala en la páginas 101 a 110, pues como se dijo se encuentran relacionadas unas con otras en los argumentos de la demanda, por lo que la valoración debió realizarse a partir de su vinculación y concatenación.

Resulta errónea que la responsable reste valor a la página de internet y fotografías respectivas porque pudieron ser manipuladas, de lo cual no existe prueba alguna, además de que tal argumento se destruye con la suma de indicios consistentes y coincidentes en lo sustancial, valorados con base en las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, en los términos expuestos ante la propia juzgadora natural.

Es decir, que del contenido del universo de pruebas aportadas es como se llega a la convicción de que se llega al pleno conocimiento de que el monto de gastos ejercido por la coalición "Unidos por ti" y su candidato Eruviel Ávila Villegas, del 28 de marzo al 29 de junio de este año, en los rubros tan solo de elementos propagandísticos en medios alternos, de transporte, testimoniales y eventos masivos, ascendió a la suma de $1,612,403,654.35.

Lo anterior con base en la valoración conjunta del Informe final del "Monitoreo a medios de comunicación alternos", efectuado por la Comisión de Acceso a Medios, Propaganda y Difusión del Instituto Electoral del Estado de México, en el periodo del 17 de marzo al 3 de julio de este año; el resultado de la revisión precautoria de gastos de campaña de la coalición "Unidos por ti", efectuada por el órgano Técnico de Fiscalización del Instituto Electoral del Estado de México; el contenido de la página electrónica de internet: http://eruviel.com.mx; el instrumento notarial 21,573 de 3 de agosto de este año que contiene la fe de hechos respecto del contenido de dicha página de internet, realizada por el Notario Público 171 del Distrito Federal, Licenciado Juan José A. Barragán Abascal; el informe rendido por la Unidad de Comunicación Social del Instituto Electoral del Estado de México, respecto del seguimiento cronológico en medios impresos acerca de los eventos políticos realizados por Eruviel Ávila Villegas, durante toda la etapa de campaña, es decir, del 16 de mayo al 29 de junio; el informe detallado sobre los costos unitarios y totales de la propaganda contratada por el Instituto Electoral del Estado de México en medios de comunicación y las diversas fotografías que corren agregadas a las carpetas que se anexan como pruebas en esta demanda; se obtiene de todos esos elementos de convicción, valorados en términos del artículo 328 del Código Electoral del Estado de México, de acuerdo a las reglas de la lógica y de la experiencia, independientemente de la responsable les niegue valor probatorio pleno a algunas de ellas, porque en su concepto no son documentales públicas.

Sin que en todo caso ello sea relevante para su valoración, porque lo que en todo caso demuestra el rebase de tope de gastos es la prueba circunstancial o indirecta y no propiamente que existan documentales públicas en todos los casos.

Tal ejercicio inferencial incluso lo adopta en algunos casos la responsable, cuando señala que al calcular directamente los asistentes a los eventos masivos alegados suman 473,828 y no 950,000 personas, lo que en todo caso da lugar al ajuste de la discordancia y a la corrección en las cuentas estimadas, pero no a negarle valor alguno a tales probanzas, sino a realizar una nueva cuantificación a fin de determinar si existió el rebase alegado.

En cuanto a los elementos fotográficos aportados, la responsable debió analizarlos a la luz de las reglas de la prueba inferencial ya referidas y no con criterios restrictivos que las considera en forma aislada.

Asimismo, el tribunal pretendió realizar un supuesto análisis conjunto desestimando el valor de todas las probanzas con el simple argumento de que su respaldo era subjetivo y genérico, lo cual ya quedó controvertido en párrafos atrás al señalarse que sí se expresó la fuente, el contenido, el alcance y la relación entre ellas de todas y cada una de las pruebas ofrecidas, de ahí lo inexacto de lo concluido por la resolutora.”

Por cuestión de método los agravios transcritos serán analizados en un orden diverso al propuesto por la coalición actora y atendiendo a la temática que refieren, de ahí que puedan clasificarse bajo los siguientes rubros:

-                     Sumatoria de gastos de precampaña a campaña.

-                     Violaciones no determinantes.

-                     Elementos propagandísticos.

-                     Valoración de medios convictivos.

Precisado lo anterior, se procede a realizar el estudio y análisis de los motivos de inconformidad hechos valer por la coalición actora que se identifican con el primero de los tópicos enunciados.

Sumatoria de gastos de precampaña a campaña

La Coalición señala que le causa agravio la consideración séptima de la resolución impugnada, al estimar infundados los motivos de inconformidad referentes a que la Coalición “Unidos por ti” y su candidato Eruviel Ávila Villegas, rebasaron el tope de gastos de campaña, porque en concepto de la responsable no es factible sumar la totalidad de las erogaciones efectuadas por la indicada coalición en la etapa de precampaña a la de campaña, bajo el argumento de que no era dable modificar el Acuerdo IEEM/CG/50/2011, en el que la autoridad administrativa electoral aprobó el Dictamen Consolidado que emitió el Órgano Técnico de Fiscalización sobre el origen, monto, aplicación y destino del financiamiento público y privado que los partidos políticos ejercieron durante los procesos internos de selección de candidatos a Gobernador 2011.

Tal determinación es violatoria de los principios de legalidad, certeza, equidad e imparcialidad contenidos en los artículos 41 y 116, fracción IV de la Constitución Federal, en tanto que hace nugatorio el derecho establecido en el artículo 299, fracción IV, inciso b) del Código electoral local, relativo a la declaración de nulidad de una elección de Gobernador, por exceder los topes de gastos de campaña establecidos en el propio ordenamiento electoral, de manera determinante para el resultado de la misma.

Lo anterior es así, por las siguientes razones:

a) Porque a los gastos de campaña deben ser sumados los gastos erogados con motivo de actos anticipados de campaña, con motivo de lo resuelto por esta Sala Superior en el diverso expediente SUP-JRC-169/2011, ya que admitir lo contrario, como lo pretende la autoridad responsable, sería ubicarse en violación al principio de equidad en la contienda.

Ello es así, sigue diciendo la actora, porque partiendo de lo establecido por la propia autoridad administrativa electoral, el tope de gastos de campaña fue la cantidad de $203,893,207.94 (doscientos tres millones, ochocientos noventa y tres mil doscientos siete pesos 94/100 M.N.) y la Coalición “Unidos por ti”, en la revisión precautoria del Órgano Técnico de Fiscalización de dicha autoridad erogó por tal concepto la suma de $ 197,576,692.31 (noventa y siete millones, quinientos setenta y seis mil seiscientos noventa y dos pesos 31/100 M.N.), por lo que si se suma a ésta última cifra los gastos de precampaña determinados en $ 8,024,996.06 (ocho millones veinticuatro mil novecientos noventa y seis pesos 06/100 M.N.), trae como consecuencia la suma total de $ 205,601,688.37 (doscientos cinco millones seiscientos un mil seiscientos ochenta y ocho pesos 37/100 M.N.), cantidad que es superior a la establecida como tope de gastos de campaña.

b) Opuestamente a lo sostenido por la responsable, el hecho de que mediante el acuerdo IEEM/CG/50/2011 se haya aprobado el dictamen relativo a los gastos de precampaña del Partido Revolucionario Institucional y de Eruviel Ávila Villegas, y por ende haya quedado firme en su momento, no significa que dicho acuerdo no pueda ser sujeto nuevamente a revisión y cuestionamiento, dado que de conformidad con el sistema adoptado por la legislación electoral del Estado de México, existe la posibilidad de que ante actos anticipados de campaña, se pueda demandar la nulidad de la elección, de ahí que la firmeza a la que alude la autoridad responsable no puede tener los efectos que pretende.

c) Además de que, con independencia de la firmeza a la que alude la autoridad responsable, ésta no tiene los alcances que le pretende otorgar la autoridad responsable, puesto que en el caso específico y como se advierte de la correcta intelección de los hechos aducidos por la actora en la queja EDOMEX/CUPM/EAV/129/2011/07, era necesario que se realizara una investigación exhaustiva a la luz del criterio establecido en el mencionado expediente SUP-JRC-169/2011, habida cuenta que existen indicios suficientes para suponer que durante toda la precampaña se llevaron a cabo actos anticipados de campaña y, por ende, los gastos informados y aprobados por la autoridad administrativa electoral no se encontraban justificados, en consecuencia debían ser sumados y contabilizados a los gastos de campaña.

d) La autoridad responsable soslayó lo acreditado en el recurso de apelación RA/86/2011, así como en el citado juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-169/2011, en los cuales se tuvieron por acreditados tres actos anticipados de campaña, por lo que los gastos por ese motivo erogados, debieron haber sido contabilizados en el rubro de gastos de campaña.

A fin de dar respuesta al motivo de disenso identificado con el inciso a) del agravio en estudio, se estima conveniente referir, en lo que interesa, el contenido de la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro del diverso SUP-JRC-169/2011, dado que dicha resolución sirvió de base a la coalición actora para formular la impugnación que ahora se resuelve.

“Por tanto, en atención a lo hasta aquí razonado, en el supuesto de que un precandidato único o candidato electo por designación directa, realice actos de precampaña que trasciendan al conocimiento de la comunidad y cuya finalidad consista en solicitar el voto ciudadano a favor de un candidato, para acceder a un cargo de elección popular, publicitar sus plataformas electorales o programas de gobierno, o bien, posicionar su imagen frente al electorado,  es dable concluir que se trata de actos anticipados de campaña, pues constituyen una ventaja frente al resto de los contendientes que se encuentran en una contienda interna en su respectivo partido político, con lo que se vulnera el principio de igualdad, rector de los procesos electorales.

…

Esta situación especial derivada de la naturaleza y reglas específicas del procedimiento interno de elección, lleva a concluir que en el caso de la postulación de Eruviel Ávila Villegas sí estaba justificada la realización de actos de precampaña, toda vez que no bastaba con su registro como precandidato único para lograr la postulación correspondiente, sino que requería de una votación favorable la cual se consigue con la difusión y exposición de ideas y propuestas por parte de quien busca ser postulado.

Tan es así, que en la Convocatoria se estableció expresamente que el precandidato único tenía el derecho de expresar en la Convención su programa de trabajo y propuesta para darlas a conocer y lograr el respaldo de los delegados.

Lo anterior pone de manifiesto el derecho del aspirante único de realizar las acciones necesarias a efecto de obtener la nominación como candidato del partido político, pero acotado a que ese tipo de actos:

a.      Se realizaran dentro de los tiempos y formas establecidas en la ley y en la normativa partidaria conducente, y

b.      Tuvieran como única finalidad lograr la aprobación de su candidatura por parte del órgano partidario competente para ello, lo que supone que los actos de precampaña debieron circunscribirse a ese ámbito y dirigirse exclusivamente a los integrantes de ese órgano, o bien, a los sectores, organizaciones y al movimiento territorial del partido político que constituyen las instancias previas, de las cuales surgen los correspondientes delegados.

Es decir, en cada caso, en atención a la normativa constitucional, legal y partidaria, así como a las condiciones o circunstancias que prevalezcan en relación con el precandidato único, la autoridad administrativa y, en su caso, la jurisdiccional debe determinar sí se trata de un evento lícito o de una situación irregular, por si misma considerada, o porque se trate de un fraude a la ley.

…

En este sentido, lo razonable es que el precandidato único se limite a difundir su propuesta y plan de trabajo con el inequívoco propósito de obtener el voto favorable de los Delegados, o bien, de los miembros del partido que participan en los procesos previos en los que se designan o eligen a los mismos pero, se insiste, no es jurídicamente permitido que el precandidato único realice reuniones, entrevistas y demás actividades masivas en espacios públicos que tengan por objeto promover su imagen personal ante la ciudadanía o el electorado en general, toda vez que esos destinatarios son totalmente ajenos al mecanismo de elección de candidatos a través de la Convención de Delegados, cuando se registra una sola  precandidatura.

Además, debe tenerse presente que en la Convocatoria se estableció la obligación de dar a conocer a los precandidatos el padrón de Delegados con derecho a participar en la Convención, lo que sirve para presumir que Eruviel Ávila Villegas estuvo en posibilidad de adecuar su precampaña a efecto de que fueran esos Delegados y no el electorado en general los receptores de su mensaje y plan de trabajo.

Bajo estas consideraciones, procede revisar si los actos de precampaña realizados por el citado ciudadano encuadran o no dentro de los límites permitidos.

…

De los elementos de prueba valorados, es posible desprender que el precandidato Eruviel Ávila Villegas realizó durante los días veintinueve y treinta de marzo del año en curso, ciertos actos de precampaña, en especifico, los realizados en la zona industrial de Lerma, y en la explanada del Palacio Municipal de Cuautitlán Izcalli, los cuales si bien fueron dirigidos a los militantes y simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional, lo cierto es que se llevaron a cabo en lugares públicos a los cuales tiene acceso la ciudadanía en general y por ello no necesariamente se circunscribían a un ámbito interno partidario.

En consecuencia, de la adminiculación de los medios de prueba valorados, esta Sala Superior estima que los actos de precampaña realizados por Eruviel Avila Villegas en los municipios de Lerma y Cuautitlán Izcalli escapan del límite permitido a fin de difundir su propuesta y plan de trabajo con el inequívoco propósito de obtener el voto favorable de los Delegados asistentes a la Convención donde se aprobará su candidatura a Gobernador del Estado de México, pues, como ya se mencionó, fue precandidato único del Partido Revolucionario Institucional, lo que implica que constituyen actos anticipados de campaña.

…

En ese sentido, a fin de determinar la sanción que corresponda respecto de los actos anticipados de campaña (los cuales se llevaron a cabo en Lerma y Cuautitlán Izcalli) en que incurrió el precandidato Eruviel Ávila Villegas, es necesario tener en cuenta que:

a.      Se realizaron en dos de los ciento veinticinco municipios que componen el Estado de México (Lerma y Cuautitlán Izcalli).

b.      Tuvieron lugar durante los dos primeros días de la precampaña electoral, misma que tiene una duración de diez días, del veintiocho de marzo al seis de abril del presente año.

c.      Se dirigieron a los militantes y simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional, sin embargo, se llevaron a cabo en lugares públicos a los que la ciudadanía tiene acceso.

…”

De los razonamientos anteriores, se advierte que esta Sala Superior arribó a las siguientes conclusiones:

Que, en principio, cuando se trate de un precandidato único o candidato electo por designación directa que realice actos de precampaña que transciendan al conocimiento de la comunidad y tengan por objeto solicitar el voto, publicitar sus plataformas electorales o programas de gobierno, o bien posicionar su imagen, se trata de actos anticipados de campaña.

Que dada la naturaleza y reglas específicas en el caso de la postulación de Eruviel Ávila Villegas, se encontraba justificada la realización de actos de precampaña, toda vez que no bastaba con su registro de precandidato único, sino que requería de una votación favorable de los participantes en la Convención de Delegados, por lo que se requería la difusión y exposición de sus ideas y propuestas al interior de su partido político.

Que el derecho del aspirante único a realizar las acciones necesarias a efecto de obtener la nominación como candidato de un partido político, se encuentra acotado a que ese tipo de actos se realicen dentro de los tiempos y formas establecidas en la Ley y en la normativa partidaria; que tengan como única finalidad lograr la aprobación de su candidatura por parte del órgano partidario competente, lo que supone que los actos de precampaña deben circunscribirse a ese ámbito y dirigirse exclusivamente a los integrantes de ese órgano o bien a los sectores, organizaciones y al movimiento territorial del partido político que constituyen las instancias previas, de las cuales surgen los correspondientes Delegados.

Que en cada caso y atendiendo a la normativa constitucional, legal y partidaria, así como a las condiciones o circunstancias que prevalezcan, la autoridad administrativa y, en su caso, la jurisdiccional, deben determinar si se trata de un evento lícito, de una situación irregular por sí misma considerada o de un fraude a la Ley.

Que el precandidato único se debe limitar a difundir su propuesta y plan de trabajo con el inequívoco propósito de obtener el voto favorable de sus delegados o de los miembros del partido que participen en los procesos previos, sin que sea permitido que se realicen reuniones, entrevistas y demás actividades masivas, en espacios públicos que tengan por objeto promover su imagen personal ante la ciudadanía o el electorado.

Que conforme a las consideraciones anteriores, se estimó que debían revisarse los actos de precampaña llevados a cabo por el citado precandidato, a efecto de determinar si encuadraban o no dentro de los límites permitidos.

Que de los elementos de prueba valorados se desprendía que Eruviel Ávila Villegas, durante los días veintinueve y treinta de marzo de dos mil once, en los Municipios de Lerma y Cuautitlán Izcalli Estado de México, había llevado a cabo actos de precampaña en lugares públicos a los cuales tenía acceso la ciudadanía en general.

Que de la adminiculación de los medios de prueba valorados, esta Sala Superior arribó a la conclusión de que los referidos actos escapaban al límite permitido por la normativa electoral.

Que derivado de lo descrito en el párrafo anterior, y considerando que la irregularidad acreditada únicamente se había actualizado en dos de los ciento veinticinco municipios que componen el Estado de México (Lerma y Cuautitlán), la conducta imputada no resultaba grave.

De lo anterior, tal y como se desprende del motivo de inconformidad que se estudia, la coalición actora sostiene que a los gastos de campaña realizados por la Coalición “Unidos por ti” y su candidato a Gobernador Eruviel Ávila Villegas, deben ser sumados los gastos erogados con motivo de que todos los actos de precampaña constituían actos anticipados de campaña.

Al respecto, este órgano jurisdiccional electoral federal estima infundado el motivo de disenso identificado con el inciso a) del agravio en análisis, relativo a la suma de los gastos erogados con motivo de los actos anticipados de campaña que se atribuyen a la Coalición “Unidos por ti” y a su candidato a gobernador, dado que si bien le asiste la razón a la impetrante respecto de lo resuelto en el diverso SUP-JRC-169/2011, en cuanto a la acreditación de las conductas imputadas, no menos cierto resulta que por dicha circunstancia deba sumarse el monto total de los gastos de precampaña determinados en $8,024,996.06 (ocho millones veinticuatro mil novecientos noventa y seis pesos 06/100 M.N.), a la Coalición “Unidos por ti”, a la cantidad de $197,576,692.31 (ciento noventa y siete millones, quinientos setenta y seis mil seiscientos noventa y dos pesos 31/100 M.N.), derivada de la Revisión Precautoria del Órgano Técnico de Fiscalización del referido Instituto Electoral local, emitida en cumplimiento a los Acuerdos IEM/CG/97/2011 e IEEM/CG/116/2011, lo que asciende a la cantidad de $205,601,688.37 (doscientos cinco millones seiscientos un mil seiscientos ochenta y ocho pesos 37/100 M.N.).

De ahí que, bajo el argumento que sostiene la actora, considera que el citado candidato rebasó el tope de gastos de campaña aprobado mediante Acuerdo IEEM/CG/08/2011, el cual fue fijado por un monto de $203,893,207.94 (doscientos tres millones ochocientos noventa y tres mil doscientos siete 00/94 M.N.).

Lo anterior es así, toda vez que se estima que el ejercicio aritmético que propone la actora rebasa el principio de proporcionalidad inherente a la individualización de toda sanción, ya que las conductas acreditadas en el expediente SUP-JRC-169/2011 únicamente acontecieron en dos Municipios (Lerma y Cuautitlán Izcalli), y en el municipio de Nezahualcóyotl, de conformidad con lo establecido en la resolución recaída al recurso de apelación local identificado con la clave RA-86/2011, confirmada por esta Sala Superior en el

diverso SUP-JRC-244/2011.

Por lo que pretender sumar el total del tope de gastos de precampaña a los de campaña, resulta contrario a Derecho, ya que debe atenderse a la calificación que esta Sala Superior y el tribunal electoral estatal, hicieron de los hechos denunciados,

En este orden de ideas, resulta incuestionable que sólo en aquellos casos en que se dé la concurrencia de los elementos descritos en el párrafo anterior, cabría la posibilidad de aceptar como válido y proporcional el argumento que expone la impetrante, aunado a que como quedó precisado en párrafos anteriores, esta Sala Superior al emitir la sentencia en el expediente SUP-JRC-169/2011, nunca se pronunció en el sentido de que Eruviel Ávila Villegas no podía realizar actos de precampaña, lo que estableció esta Sala fueron los parámetros a los que los actos de precampaña del referido precandidato debían sujetarse de conformidad con la normativa estatal y con la convocatoria emitida por el Partido Revolucionario Institucional.  Por ende, todos los gastos de precampaña del precandidato Eruviel Ávila Villegas, son válidos, con excepción de los vinculados con los tres actos calificados como anticipados de campaña.

Consecuentemente, tampoco se precisó en la sentencia señalada que todos los gastos de precampaña del referido precandidato debían sumarse a los de campaña.

Por otra parte, esta Sala Superior estima inoperante el motivo de disenso identificado con el inciso b), en el que la coalición actora argumenta que, opuestamente a lo sostenido por la responsable, el hecho de que mediante el acuerdo IEEM/CG/50/2011 se haya aprobado el dictamen relativo a los gastos de precampaña del Partido Revolucionario Institucional y de Eruviel Ávila Villegas, mismo que en modo alguno fue impugnado y por ende quedó firme en su momento, no significa que lo relativo a los gastos de campaña no pueda ser sujeto nuevamente a revisión y cuestionamiento, dado que de conformidad con el sistema adoptado por la legislación electoral del Estado de México, existe la posibilidad de que ante actos anticipados de campaña, se pueda demandar la nulidad de la elección, de ahí que la firmeza a la que alude la autoridad responsable no puede tener los efectos que pretende.

La inoperancia del agravio radica en el hecho de que la Coalición actora pretende que se revise en esta instancia lo relativo a la firmeza del dictamen de gastos de precampaña, cuestión que ya fue resuelta por esta Sala Superior de manera definitiva e inatacable, al aprobar en sesión pública del día de hoy, el SUP-JRC-245/2011.

Los antecedentes del juicio de revisión constitucional electoral señalado anteriormente, son los siguientes:

La Coalición actora presentó la queja EDOMEX/CUPM/EAV/129/2011/07, ante el Instituto Electoral estatal, denunciando hechos relacionados con el rebase de topes de precampaña de Eruviel Ávila Villegas, porque la denunciante estimó que de conformidad con lo establecido en el SUP-JRC-169/2011, el ciudadano mencionado no podía realizar actos de precampaña por lo que toda erogación realizada por él como gastos de precampaña, implicaba el rebase del tope de dichos gastos.

En una primera resolución, el Secretario Ejecutivo General del Instituto, desechó la queja. Inconforme la Coalición interpuso el juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-205/2011, en el cual esta Sala determinó revocar el acuerdo impugnado y  ordenó a la responsable emitir uno nuevo.

En cumplimiento a dicha resolución, el Consejo General del Instituto, resolvió desechar la queja. Resolución que fue impugnada mediante el SUP-JRC-214/2011, en el que se revocó el acuerdo impugnado, se ordenó emplazar al denunciado y resolver lo conducente.

Una vez emplazado el denunciado, el Consejo General del Instituto Electoral local, aprobó declarar infundada la queja. En dicha resolución el Consejo determinó:

Desde el punto de vista anterior, los hechos motivos de la queja resultan injustificados atendiendo que la presentación del informe de gastos de precampaña del candidato Eruviel Ávila Villegas, al ser motivo de examen en el correspondiente Dictamen Consolidado emitido por el Órgano Técnico de Fiscalización del Instituto.

Además, debe considerar que a la fecha, lo relativo a la revisión de los gastos de precampaña en el actual proceso electoral, ha quedado firme después de que fueron resueltos los diversos medios de impugnación presentados en contra de la resolución respectiva emitida por el Consejo General de este Instituto.

Contra dicha resolución la coalición actora interpuso el SUP-JRC-225/2011, vía per saltum, el cual no fue aceptado por esta Sala que determinó reencauzarla a recurso de apelación local, reenviándolo al tribunal electoral estatal. Éste lo radicó con la clave RA/88/2011, en donde determinó confirmar la resolución impugnada.

En el recurso de apelación local señalado en el párrafo anterior, se estableció en el rubro “firmeza del informe de gastos de precampaña”, que la firmeza a la que hizo alusión el Consejo General se refiere a que el Dictamen objeto de estudio ya no puede ser controvertido respecto a su contenido, porque fue aprobado por el órgano máximo de dirección y confirmado por las instancias jurisdiccionales, por lo que resulta firme y definitivo. Por lo que se confirmó la resolución impugnada.

La Coalición actora impugnó la referida determinación mediante SUP-JRC-245/2011, el cual fue resuelto en la sesión pública del día de hoy, determinando confirmar la resolución impugnada.

En su sentencia, esta Sala Superior confirmó la resolución de la autoridad jurisdiccional local por la que se declaró la firmeza y definitividad del Dictamen de gastos de precampaña. Por lo tanto, toda vez que en aquél asunto no se modificó situación jurídica alguna, es por ello que tal dictamen queda firme.

De lo anterior, se colige que en el expediente indicado ha quedado definido que el dictamen de gastos de precampaña aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, ha adquirido firmeza y definitividad por lo que no puede ser objeto de modificación.

Es de advertirse que al contenerse tal pronunciamiento en una sentencia emitida por esta Sala Superior, este es definitivo en términos del artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y debe surtir los efectos de cosa juzgada.

Por lo tanto, los agravios aquí estudiados son inoperantes.

Por otra parte, esta Sala Superior estima por una parte infundado y, por otra inoperante, el motivo de disenso identificado con el inciso c), consistente en que en opinión de la coalición actora, con independencia de la firmeza a la que alude la autoridad responsable, ésta no tiene los alcances que le pretende otorgar, puesto que en el caso específico y como se advierte de la correcta intelección de los hechos aducidos por la actora en la queja EDOMEX/CUPM/EAV/129/21011/07, era necesario que se realizara una investigación exhaustiva a la luz del criterio establecido en el mencionado expediente SUP-JRC-169/2011, habida cuenta que existen indicios suficientes para suponer que durante toda la precampaña se llevaron a cabo actos anticipados de campaña y, por ende, los gastos informados y aprobados por la autoridad administrativa electoral no se encontraban justificados, en consecuencia debían ser sumados y contabilizados a los gastos de campaña.

Lo infundado del agravio radica en que, contrariamente a lo sostenido por la coalición actora, esta Sala Superior en modo alguno al emitir la sentencia dentro del expediente SUP-JRC-169/2011, se pronunció en los términos que afirma la impetrante.

En efecto, a foja 46 de la citada sentencia, se expresó, en lo que interesa, lo siguiente:

“…

Además, debe tenerse presente que en la Convocatoria se estableció la obligación de dar a conocer a los precandidatos el padrón de Delegados con derecho a participar en la Convención, lo que sirve para presumir que Eruviel Ávila Villegas estuvo en posibilidad de adecuar su precampaña a efecto de que fueran esos Delegados y no el electorado en general los receptores de su mensaje y plan de trabajo.

Bajo estas consideraciones, procede revisar si los actos de precampaña realizados por el citado ciudadano encuadran o no dentro de los límites permitidos.

…”

De lo transcrito se puede advertir que la coalición actora realiza una inadecuada interpretación respecto de lo expresado por este órgano jurisdiccional electoral federal, al suponer que se ordenó una investigación exhaustiva de los actos realizados por Eruviel Ávila Villegas durante toda la etapa de precampaña.

Lo anterior es así, toda vez que la afirmación que pretende hacer valer la realizó fuera de todo contexto, pues de manera específica el medio impugnativo en comento se refirió a las posibles conductas imputadas al citado candidato, dentro de los municipios de Toluca, Lerma, Cuautitlán Izcalli y Atlacomulco, de ahí que esta Sala Superior al utilizar la expresión “…procede revisar si los actos de precampaña realizados por el citado ciudadano encuadran o no dentro de los límites permitidos.”, se circunscribió únicamente a los Municipios antes referidos.

En tanto que, la inoperancia del motivo de inconformidad deviene del hecho de que esta Sala Superior, en el diverso SUP-JRC-245/2011, interpuesto por la actora para impugnar la resolución dictada dentro del expediente RA/88/2011, que determinó confirmar la resolución del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México por la cual declaró infundada la queja presentada por la propia impetrante en contra de Eruviel Ávila Villegas, por cuanto hace al rebase de tope de gastos de precampaña electoral y la conculcación al artículo 144 G del Código Electoral de la citada entidad federativa, se pronunció sobre la correcta o no intelección de los hechos aducidos por la actora en la queja primigenia identificada con el número de expediente EDOMEX/CUPM/EAV/129/2011/07, en el sentido de que no le asistía la razón respecto del supuesto equívoco en que había incurrido el citado Tribunal Electoral local al determinar la litis a resolver, puesto que lo que en realidad controvertía a través de la citada queja, era el informe de gastos de precampaña, el dictamen consolidado y su posterior aprobación por parte del órgano administrativo electoral local.

Además, en el juicio de revisión constitucional electoral arriba mencionado, esta Sala determinó que de la demanda de la queja presentada ante la autoridad administrativa electoral local, no se advirtió que la denunciante aquí actora, hubiese solicitado una nueva investigación.

Por otra parte, esta Sala Superior estima fundado el motivo de disenso identificado con el inciso d), consistente en que la autoridad responsable soslayó lo acreditado en el recurso de apelación RA/86/2011, así como en el citado juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-169/2011, en los cuales se tuvieron por acreditados tres actos anticipados de campaña, por lo que los gastos por ese motivo erogados debieron haber sido contabilizados en el rubro de gastos de campaña, siendo que, en la especie, dicha circunstancia no fue atendida por la autoridad responsable.

Lo fundado del agravio radica en que esta Sala Superior en la sentencia dictada en el SUP-JRC-169/2011, determinó que el candidato Eruviel Ávila Villegas, había realizado durante su precampaña dos actos  anticipados de campaña, a su vez, el tribunal electoral estatal, en la resolución del RA/88/2011, estableció que el referido candidato había realizado otro acto anticipado de campaña.

En virtud de que, por una parte, la coalición actora pretende que se anule la elección de gobernador en el Estado de México de conformidad con el artículo 299, fracción IV, inciso b) del código comicial local, que dispone que en caso de que el candidato electo rebase el tope de gastos de campaña se anula la elección. Por otra parte, de conformidad con las sentencias arriba mencionadas que determinaron la existencia de tres actos anticipados de campaña, por parte del candidato de la Coalición “Unidos por ti”, por lo que los gastos erogados con motivo de dichos actos, contabilizados en el informe de gastos de precampaña, deben ser sumados a los gastos de campaña, y consecuentemente restados de los gastos de precampaña.

Si bien en la sentencia impugnada la responsable realizó un ejercicio hipotético en caso de que hubiese sido fundado el agravio esgrimido (la parte conducente de la sentencia se transcribe en el siguiente motivo de inconformidad), este argumento al haber sido a mayor abundamiento, no tiene efectos vinculatorios.

Por lo tanto, el tribunal responsable debía realizar el ejercicio respectivo, es decir, adicionar a los gastos reportados por la Coalición “Unidos por ti” por concepto de gastos de campaña, las cantidades derivadas de las conductas acreditadas como gastos anticipados de campaña, respecto de los Municipios de Lerma, Cuautitlán Izcalli y Nezahualcóyotl, determinadas y confirmadas por esta Sala Superior al resolverse los diversos SUP-JRC-244/2011 y acumulado, y SUP-JRC-169/2011.

En consecuencia, para estar en posibilidades de determinar si se acredita la causa de nulidad prevista en el artículo 299, fracción IV, inciso d), del Código Electoral estatal, se procede a  realizar  el citado ejercicio.

De las constancias que obran en autos, se tiene:

El Acuerdo número IEEM/CG/08/2011, del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, relativo al tope de gastos de precampaña y campaña para el proceso electoral de gobernador 2011.

El Informe de Resultados Finales de la revisión precautoria de los partidos políticos, coaliciones sobre el cumplimiento de los topes de gastos de campaña en la elección de gobernador 2011 del Estado de México, que emite el Órgano Técnico de Fiscalización en acatamiento a los acuerdos IEEM/CG/97/2011 e IEEM/CG/116/2011, emitido el diez de agosto de la presente anualidad.

El Informe de Precampaña en el proceso interno de selección de candidato a gobernador 2011, presentado por el Partido Revolucionario Institucional, ante el Instituto Electoral del Estado de México, el veintiuno de abril de dos mil once.

De las anteriores constancias, se desprende que las dos primeras tienen el carácter de documentales públicas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 14, párrafo 4, inciso b) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al tratarse de documentos expedidos por los órganos electorales dentro del ámbito de su competencia´.

La última de las constancias señaladas, se le otorga el valor de documental privada en términos de lo señalado en el párrafo 5 del citado dispositivo legal, al tratarse de un documento elaborado por el Partido Revolucionario Institucional.

Respecto del Acuerdo número IEEM/CG/08/2011, del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, respecto del tope de gastos de precampaña y campaña para el proceso electoral de gobernador 2011, se desprende que se fijó como tope de gastos para la precampaña $32,514,105.72 (treinta y dos millones quinientos catorce mil ciento cinco pesos 72/100, moneda nacional), y para la campaña $203,893,207.94 (doscientos tres millones ochocientos noventa y tres mil doscientos siete pesos 94/100 moneda nacional).

El artículo 58 del Código Electoral del estado, establece las bases para la distribución del financiamiento para las precampañas y campañas en los siguientes términos:

Artículo 58.- El financiamiento de los partidos políticos se sujetará a las bases siguientes:

II. El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades permanentes, para la obtención del voto, para la realización de procesos internos de selección de candidatos y para actividades específicas, se entregará a las direcciones estatales de los partidos, legalmente registradas ante el Instituto, y se fijará en la forma y términos siguientes:

a) El financiamiento ordinario se fijará anualmente conforme a los siguientes criterios:

La cantidad base para asignar el financiamiento público, será la que resulte de multiplicar el 40% del salario mínimo vigente en la capital del Estado, por el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral de la entidad, con corte al treinta y uno de diciembre del año anterior al que deba realizarse el cálculo correspondiente.

La forma de asignar y distribuir la cantidad resultante será la siguiente:

1. El 15% de la cantidad resultante se distribuirá de forma paritaria entre los partidos políticos;

2. El restante 85% se distribuirá en forma proporcional directa de la votación válida efectiva de cada partido político, en la última elección de diputados locales por el principio de mayoría relativa.

b) El financiamiento para la obtención del voto en campañas electorales, será el equivalente al ciento ochenta por ciento del monto del financiamiento que corresponda a cada partido político por actividades ordinarias, durante el año del proceso, el cual deberá aplicarse precisamente al desarrollo de las actividades directamente relacionadas con la obtención del voto en el proceso electoral de que se trate;

El Consejo General, a través del Órgano Técnico de Fiscalización, vigilará que los partidos destinen dicho financiamiento exclusivamente a las actividades señaladas en el párrafo inmediato anterior. Las cantidades no ejercidas conforme a lo señalado, deberán reintegrarse a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.

El financiamiento público para la obtención del voto durante los procesos electorales, será entregado en parcialidades de la siguiente manera: 40% en la fecha del otorgamiento del registro de los candidatos que correspondan y dos exhibiciones del 30%, que se entregarán un día después de transcurridos el primero y el segundo tercios de las campañas electorales, respectivamente.

c) Adicionalmente se otorgará a los partidos políticos, financiamiento para la organización de sus procesos internos de selección de candidatos, equivalentes al 5% del monto total que resulte por concepto de financiamiento para la obtención del voto. Esta cantidad será asignada y distribuida en la proporción establecida en los numerales 1 y 2 del inciso a) de esta fracción.

El financiamiento para la organización de procesos internos de selección de candidatos será entregado en el mes en que dé inicio el proceso electoral que corresponda.

De conformidad con dicha disposición el Instituto Estatal Electoral, dispuso que el Partido Revolucionario Institucional, tenía derecho a un financiamiento para su precampaña de $5,760,712.10 (cinco millones setecientos sesenta mil setecientos doce pesos 10/100 moneda nacional).

Ahora bien, del informe rendido por el partido político, se advierte que éste, además del financiamiento público para la precampaña señalado en el párrafo anterior, obtuvo $2,235,149.13 (dos millones doscientos treinta y cinco mil ciento cuarenta y nueve pesos 18/100 moneda nacional), como financiamiento de sus militantes y $29,134.83 (veintinueve mil ciento treinta y cuatro pesos 83/100 moneda nacional), como aportación de sus simpatizantes, lo que sumó un total de $8,024,996.06 (ocho millones veinticuatro mil novecientos noventa y seis pesos 06/100 moneda nacional).

Del Informe de Gastos de Precampaña rendido por el partido político, se advierte que éste gastó $7,621,801.03 (siete millones seiscientos veintiún mil ochocientos un pesos 03/100 moneda nacional). El Informe presentado por el partido fue validado por Órgano Técnico de Fiscalización, así como, por el Consejo General del Instituto Electoral del estado que determinó que el Partido Revolucionario Institucional no rebasó los gastos de precampaña.

De dicho Informe no se puede desprender cuánto gastó el partido en sus diversos actos de precampaña.

Por lo tanto, para poder cuantificar el monto erogado por el partido político de referencia en los actos de precampaña celebrados en los Municipios de Lerma, Cuautitlán Izcalli y Nezahualcóyotl, los días veintinueve y treinta de marzo y tres de abril, los únicos elementos que se tienen son las cifras reportadas por la Coalición “Unidos por ti” en su escrito de tercero interesado presentado ante esta Sala Superior, que son del tenor siguiente:

Municipio de Lerma

Municipio de Cuautitlán Izcalli

Municipio de Nezahualcóyotl

Cabe señalar que la cuantificación del costo de los dos primeros actos de precampaña señalados en párrafos anteriores, fue aportada también por la Coalición “Unidos por ti”, en su escrito de tercero interesado en el juicio de inconformidad local. El tribunal responsable, en la sentencia impugnada, realizó en la foja 75, un estudio hipotético, a mayor abundamiento, para cuantificar dichos actos a partir de los datos aportados por el tercero interesado. La Coalición actora no aportó elementos para controvertir dichas cifras.

De las tablas anteriores, se desprende que el evento llevado a cabo en el Municipio de Lerma, tuvo un costo total de $78,426.00 (setenta y ocho mil cuatrocientos veintiséis pesos 00/100 moneda nacional), en el Municipio de Cuautitlán Izcalli, $430,736.38 (cuatrocientos treinta mil setecientos treinta y seis mil pesos 38/100 moneda nacional), y el celebrado en el Municipio de Nezahualcóyotl ascendió a $436,928.24 (cuatrocientos treinta y seis mil novecientos veintiocho pesos 24/100 moneda nacional), lo que asciende a un total de $946,090.62 (novecientos cuarenta y seis mil noventa pesos 62/100 moneda nacional).

Ahora bien, de la constancia relativa a los Resultados Finales de la Revisión Precautoria de los partidos políticos, coaliciones sobre el cumplimiento de los topes de gastos de campaña en la elección de gobernador 2011 del Estado de México, que emite el Órgano Técnico de Fiscalización en acatamiento a los acuerdos IEEM/CG/97/2011 e IEEM/CG/116/2011, emitido el diez de agosto de la presente anualidad, se advierte que el Órgano Técnico aludido determinó que la Coalición “Unidos por ti”, erogó durante la etapa de campaña electoral $197,576,692.31 (ciento noventa y siete millones quinientos setenta y seis mil seiscientos noventa y dos pesos 31/100 moneda nacional), por lo que no rebasó el tope de gastos de campaña de $203,893,207.94 (doscientos tres millones ochocientos noventa y tres mil doscientos siete pesos 94/100 moneda nacional).

A partir de las cantidades antes determinadas, aún en la hipótesis de que se sumaran las erogaciones realizadas con motivo de los tres actos anticipados de campaña, al monto de gastos de campaña de la Coalición “Unidos por ti” determinado de manera precautoria, es evidente que no se rebasaría el tope de gastos de campaña fijado por la autoridad electoral local.

Por lo tanto, a la cantidad que la Coalición erogó durante la campaña, se le deben aumentar los $946,090.62 (novecientos cuarenta y seis mil noventa pesos 62/100 moneda nacional), correspondientes a los tres actos anticipados de campaña, debiendo consecuentemente restarse éstos a los gastos de precampaña. Por ello, el Órgano Técnico de Fiscalización del Instituto Electoral del Estado de México, debería realizar las operaciones correspondientes en el Informe Consolidado de Gastos de Campaña.

Violaciones no determinantes.

En otro de los agravios, la actora señala que no asiste la razón a la autoridad responsable, en cuanto afirma que aún y cuando sumando los tres actos anticipados de campaña que quedaron acreditados, no existiría rebase de tope de gastos de campaña y si la hubiera tal conducta no sería determinante, ello en virtud de que se basa en un ejercicio aritmético con información proporcionada por el tercero interesado, siendo que debió también tomar en cuenta los datos aportados por la propia impetrante, además de que pudo decretar las diligencias para mejor proveer a fin de corroborar la información atinente y concluir que se violaron los principios de legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad y profesionalismo, así como el de equidad en la contienda.

Al respecto, esta Sala Superior estima inoperante el citado motivo de inconformidad, en virtud de que como se señaló se desprende del escrito de demanda, que la coalición actora no cuestiona frontalmente lo expresado por la autoridad responsable al emitir la resolución impugnada, esto es, ejemplificándolo como mayor abundamiento para apoyar su argumento toral en el sentido de que no existió rebase del tope de gastos de campaña por parte de la Coalición “Unidos por ti” y su candidato a Gobernador Eruviel Ávila Villegas.

Además, la inoperancia de dicho motivo de inconformidad deriva de que en el agravio anterior, al haber sido declarado fundado, ésta Sala procedió a evaluar el costo de los tres actos calificados como anticipados de campaña determinando que la Coalición “Unidos por ti” y su candidato no habían rebasado el tope de los gastos de campaña, aún en el supuesto de sumar dichos gastos a los de campaña.

Elementos propagandísticos.

La Coalición actora señala que le causa agravio la consideración de la autoridad responsable al estimar infundados los agravios relativos a que la coalición “Unidos por ti” y su candidato Eruviel Ávila rebasaron el tope de gastos de campaña hasta por un monto de $ 571,094,524.42 (quinientos setenta y un millones noventa y cuatro mil quinientos veinticuatro pesos 42/100 M.N.), pues en concepto de la responsable los elementos propagandísticos en medios alternos utilizados en las etapas de precampaña e intercampaña, debían formar parte del cúmulo de medios alternos utilizados en la etapa de campaña, lo que en opinión de la autoridad responsable no se podían adicionar aquéllos a éstos, pues se presentarían inconsistencias en el financiamiento y en la fiscalización de los recursos erogados por los partidos políticos.

Lo anterior, porque ello es en un caso ordinario, en tanto que no aplica en una situación extraordinaria como la que acontece en la especie, además de que no es materia de examen las inconsistencias derivadas de la fiscalización de los recursos financieros de los institutos políticos, sino la determinación de si al aplicar de tal o cual forma los recursos, rebasaron o no el tope de gastos de campaña, cuestión distinta y con consecuencias legales diversas.

Al respecto, esta Sala Superior estima inoperante el motivo de disenso, toda vez que, como la responsable señaló en su resolución que los datos del monitoreo a medios s alternos, solo podía ser un indicio de la cantidad de elementos propagandísticos utilizados por las coaliciones y partidos políticos, y que, por lo tanto, no era suficiente para acreditar los gastos realizados en cada una de las etapas señaladas. Asimismo, señaló que las cantidades de elementos propagandísticos contenidas en el informe no trae como consecuencia el rebase de los topes de gastos de campaña ya que esto puede deberse a diversos factores.

De lo anterior, se advierte que la responsable determinó que la prueba referida no resultaba suficiente, argumentos que no son combatidos eficazmente por la actora en el presente juicio.

Valoración de medios convictivos

La coalición enjuiciante, menciona como motivo de inconformidad  el hecho de que la responsable no hubiere admitido la prueba pericial en materia de valuación aportada por la enjuiciante, bajo el argumento erróneo que únicamente podría aceptarse la pericial contable, con independencia de ello, tanto la documental privada como la pericial, adquirían el mismo valor indiciario.

Lo anterior, porque tal aseveración no se encuentra fundada ni motivada, dado que el artículo 326, fracción IV del Código electoral local, no distingue sobre qué clase de pericial se pueden ofrecer y admitir, de ahí que resulte inexacto lo afirmado por la autoridad responsable, en el sentido de que la única pericial admisible sea la contable, atendiendo al principio de que donde la ley no distingue, el juzgador no puede válidamente distinguir.

Además, por tratarse de una valuación debió ser admitido, por reunir datos y cálculos elementales, cuya fuente de información se precisa en cada caso, sin que para ello se requiera un grado de especialización elevado o complejo, pues se basa en costos obtenidos de distintos proveedores de productos y servicios.

Por lo que siendo datos objetivos los contenidos en la citada prueba pericial, debió en todo caso ser complementado o subsanado por la responsable, mediante diligencias para mejor proveer, ya que reúne los elementos intrínsecos y externos que deben contener tales periciales. Aunado a que, solamente tomó como sustento los precios oficiales contratados por la propia autoridad electoral administrativa, ajustándose a los rubros y demás requisitos metodológicos contenidos en el Informe sobre montos ejercidos sobre medios de comunicación alternos 2011, emitido por la Unidad de Comunicación Social del Instituto Electoral del Estado de México.

De ahí que, contrariamente a lo sostenido por la responsable, los elementos contenidos en la prueba pericial en comento, eran suficientes para valorarse como indicios que en forma conjunta con los demás elementos a su alcance, se acreditaban los hechos denunciados.

Al respecto, esta Sala Superior estima infundado el motivo de disenso, por las siguientes razones:

El Tribunal Electoral del Estado de México, mediante acuerdo de treinta y uno de agosto del año en curso, en relación con la prueba pericial ofrecida por la coalición actora, determinó reservar para el momento procesal oportuno su admisión y desahogo.

Por otra parte, en resolución impugnada, la autoridad responsable señaló lo siguiente:

“Conforme con lo anterior, en el caso, el actor pretende introducir un documento pericial de valuación, que no resulta admisible como técnica, dado que la única prueba de ese tipo aceptable en la materia electoral es la pericial contable, la cual se trata de dictámenes de tipo contable, realizados por personas especializadas en esa disciplina o ciencia, definida como aquella que utiliza normas que para medir, registrar, interpretar, clasificar, ordenar y analizar un patrimonio, hechos económicos y operaciones mercantiles, quienes por excelencia deben ser contadores públicos; asimismo, ésta probanza se encuentra acotada al resultado del examen de documentos, libros y registros contables.

Por su parte, el medio convictivo aportado por la coalición es un documento de valuación emitido por una persona presuntamente especialista en la materia, con la finalidad de demostrar el costo o valor estimado de mercado de determinados objetos y servicios; y no el estado financiero de una determinada entidad.

Asimismo, de la propia narración de la accionante y del análisis del referido dictamen, se advierte que la información que en el mismo se contiene no fue obtenida de documentales contables, libros y registros contables, sino que el dictamen de marras fue derivado de un comparativo entre el Informe Final del Monitoreo de Medios Alternos, que no se constituye en un documento de naturaleza contable, sino fiscalizadora cuya realización tiene como fin último la fiscalización de actividades de los partidos políticos.

Al margen de lo anterior, también resulta inadmisible, en razón de las características propias del juicio de inconformidad, la celeridad con que éste se debe sustanciar y resolver, en comparación con los plazos y etapas que los medios probatorios de esta índole necesitan.

En efecto, conforme con las reglas generales del proceso, la prueba pericial es ofrecida por las partes, designando para ello el perito que cada parte considere o estime pertinente y, en algunos casos, el juez puede designar perito sustituto o en rebeldía (cuando una de las parte no lo hizo) o un perito tercero en discordia (cuando los dictámenes de los peritos ofrecidos por las parte sean contradictorios); todos ellos deben comparecer a fin de aceptar el cargo y que éste le sea discernido; una vez hecho esto, si es que no son recusados, el perito o peritos contaran con un plazo para recusados su dictamen; finalmente las partes podrán interrogar a los peritos en la audiencia en la que se lleve a cabo la junta de peritos.

Como puede apreciarse, el desahogo correcto de una prueba pericial necesita el agotamiento de diferentes etapas, como son, la designación de peritos, su protesta, plazo para elaboración de dictamen, recusación y audiencia; todas esas etapas traen aparejados actos procesales inherentes, como la respectiva notificación a las partes, así como el otorgamiento de un tiempo razonable para cada una de las etapas; todo ello, en comparación con los plazos que se tienen para la resolución de los juicios de inconformidad, hace que esta probanza no resulte idónea en el juicio de inconformidad.

Finalmente, como se especificó, el valor probatorio de una pericial por sí solo no es pleno, ya que al igual que las documentales privadas, técnicas y presuncional, necesitan ser concatenadas con los demás elementos que obren en el expediente, los hechos afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio, pues sólo de esa manera pueden generar convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.

En ese orden de ideas, la pericial que aporta la enjuiciante, no puede ser admitida como tal, y menos aún, brindarle valor probatorio pleno, pues no existe base jurídica para ello. Lo más que podría aceptarse con tal probanza, sería el carácter de documental privada, ya que no es expedida formalmente por órganos electorales, por autoridades federales, estatales y municipales en el ejercicio de sus funciones, ni tampoco por persona investida de fe pública.

Tal determinación, además, no le irroga perjuicio al actor, dado que tratándose de valoración de pruebas dentro del sistema electoral de la entidad, tanto las documentales privadas como la pericial adquieren el mismo valor indiciario.”

De lo transcrito se advierte lo siguiente:

1.- No admitir como prueba técnica la documental pericial en cuestión, dado que la única prueba de este tipo aceptable en la materia electoral, es la pericial contable.

2.- Que para el desahogo correcto de una prueba pericial, se requiere el agotamiento de diferentes etapas, entre otras, la designación de peritos, su protesta, plazo para la elaboración del dictamen, recusación y audiencia.

3.- Que para el desahogo correcto de una prueba pericial, se requiere de un tiempo razonable por cada una de las etapas referidas, por lo que en el caso concreto, al tratarse de la resolución de un juicio de inconformidad, la probanza en cuestión no resulta idónea para el referido medio impugnativo.

4.- Que el valor probatorio de una pericial por sí solo no es pleno, ya que al igual que las documentales privadas, técnicas y presuncional, necesitan ser concatenadas con los demás elementos que obren en el expediente, los hechos afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio, pues sólo de esa manera pueden generar convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.

5.- Que la pericial aportada por la enjuiciante no podía ser admitida como tal y menos aún brindarle valor probatorio pleno.

6.- Que al medio convictivo aportado por la actora, le otorgaba un carácter de documento de valuación de naturaleza privada, tendente a demostrar el costo o valor estimado de mercado de determinados objetos y servicios y no el estado financiero de una determinada entidad.

Ahora bien, a fin de pronunciarse respecto de si le asiste o no la razón a la actora respecto del motivo de inconformidad bajo estudio, resulta oportuno transcribir, en lo que interesa, la normativa electoral local que regula los medios de prueba aceptados en el Estado de México.

Código Electoral del Estado de México.

“Artículo 326.- Para la resolución de los medios de impugnación previstos por este Código, podrán ser ofrecidas y admitidas las siguientes pruebas:

…

IV. Periciales

…”

“Artículo 327.- Para los efectos de este Código:

I. Serán pruebas documentales públicas:

a) La documentación expedida formalmente por los órganos electorales y las formas oficiales aprobadas por el Consejo General del Instituto, en las que consten actuaciones relacionadas con el proceso electoral;

b) Los demás documentos originales o certificados que legalmente se expidan por los órganos o funcionarios electorales, dentro del ámbito de su competencia;

c) Los documentos expedidos por las demás autoridades federales, estatales y municipales en ejercicio de sus facultades; y

d) Los documentos expedidos por quienes estén investidos de fe pública de acuerdo con la Ley, siempre y cuando en ellos se consignen hechos que les consten;

II. Serán pruebas documentales privadas todas las demás actas o documentos que aporten las partes, siempre que resulten pertinentes y se relacionen con sus pretensiones;

III. Serán pruebas técnicas todos aquellos medios de reproducción de imágenes y sonidos que tengan por objeto crear convicción en el juzgador acerca de los hechos controvertidos. En estos casos, el oferente deberá señalar concretamente aquello que pretende probar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba;

IV. Será prueba pericial contable aquella prueba que conste en dictamen elaborado por contador público que cuente con título profesional, como resultado del examen de documentos, libros y registros contables; y

V. Serán pruebas instrumentales todas las actuaciones que consten en el expediente.”

Ahora bien, por cuanto hace a la valoración de los medios de prueba antes precisados, el ordenamiento normativo en comento establece lo siguiente:

“Artículo 328.- En la valoración de los medios de prueba, el Consejo General y el Tribunal, aplicarán las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, y tomarán en cuenta las disposiciones señaladas en el presente Capítulo.

Las documentales públicas tendrán pleno valor probatorio, salvo prueba en contrario.

Las documentales privadas, las técnicas, la pericial contable, la Instrumental, los reconocimientos o inspecciones oculares y la presuncional sólo harán prueba plena cuando a juicio del Consejo General o del Tribunal, adminiculadas con los demás elementos que obren en el expediente, los hechos afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.

De una interpretación sistemática y funcional de la normativa electoral transcrita, esta Sala Superior arriba a la conclusión de que, contrariamente a lo sostenido por la coalición actora, la actuación cuestionada del Tribunal Electoral del Estado de México se encuentra apegada a Derecho, toda vez que si bien el artículo 326, fracción IV del indicado ordenamiento legal, establece que la para la resolución de los medios de impugnación  previstos en la referida legislación, puede ofrecerse, entre otras probanzas, la pericial, no menos cierto resulta que en términos de los dispositivos 327 y 328 del mismo cuerpo normativo, se regula específicamente la prueba pericial contable.

En este orden de ideas, resulta incuestionable que el artículo 326 en comento, sólo refiere de manera enunciativa los medios de prueba que pueden ofrecerse dentro de los medios de impugnación y es, específicamente, en los artículos 327 y 328, donde se precisa el tipo de pericial que el legislador local dispuso para la materia electoral, como lo es la pericial contable.

Ello es así, porque en los citados preceptos legales, se detallan cada una de las probanzas listadas en el numeral 326, de ahí que resulte inconcuso que la única prueba en materia electoral que puede ser ofrecida y admitida dentro de los medios impugnativos locales, es la pericial contable, la cual se encuentra sujeta a determinadas formalidades y requisitos, a saber:

a)                Que conste en un dictamen elaborado por un Contador Público, que cuente con título profesional, y

b)               Que los resultados que consignen deriven del examen de documentos, libros y registros contables.

Similar criterio fue sostenido por esta Sala Superior, al resolver el diverso SUP-JRC-87/2006

Por lo anteriormente señalado, el Dictamen en materia de valuación, emitido por el licenciado Francisco Fuentes Villalón, que fue ofrecido por la impetrante para acreditar el supuesto rebase de tope de gastos de campaña, en modo alguno puede tener el carácter de prueba documental contable en los términos de la legislación electoral de la citada entidad federativa.

De ahí que, se estime correcta la conclusión a la que arribó la autoridad responsable al considerar que dicho dictamen en el mejor de los supuestos para los intereses de la actora tenía el carácter de documental privada y consecuentemente resulta inexacto que en este aspecto la resolución impugnada carezca de la debida fundamentación y motivación a que alude la impetrante y, por lo mismo, el agravio bajo estudio deviene infundado.

La actora se inconforma de lo afirmado por la autoridad responsable cuando sostiene que debido a la disparidad observada en el Informe Final de Monitoreo a Medios de Comunicación Alternos en cuanto a la cantidad de elementos propagandísticos desplegados por la coalición denunciada, en relación a los de la impetrante, no constituían elemento idóneo para acreditar la erogación de los gastos denunciados.

Ello, debido a que lo que en realidad se planteó en la queja primigenia es el rebase de topes de gastos de campaña, tomando en consideración el costo unitario y el conjunto de esa cantidad de elementos propagandísticos, tan es así que la coalición actora aportó una prueba pericial en materia de valuación que arroja el monto de $ 571,094,524.42 (quinientos setenta y un millones noventa y cuatro mil quinientos veinticuatro pesos 42/100 M.N.) para efecto de determinar el monto que demostraba el rebase de gastos de campaña y no así la discordancia de despliegue de elementos propagandísticos.

Por lo que, en tales circunstancias, resulta evidente que la responsable dejó de ser exhaustiva y congruente entre lo que realmente planteó la actora y lo resuelto por ésta última.

Al respecto, esta Sala Superior estima infundado el motivo de disenso, ello en virtud de que, contrariamente a lo sostenido por la coalición actora, en el escrito primigenio de impugnación del que derivó el presente asunto, la Coalición “Unidos podemos más” expresamente refirió, en lo que interesa, lo siguiente:

“Con independencia de lo cuestionable que resulta el referido informe al haberse quedado corto en su apreciación, lo cierto es que aún y en el ánimo conservador teniéndolo por veraz, del análisis de dicha prueba documental se advierte con toda claridad, la exorbitante e insultante disparidad que en relación a la actividad propagandística electoral desplegó la Coalición “Unidos por Ti” y su candidato Eruviel Ávila Villegas, en relación a la realizada por mi representada y su candidato Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez lo que indudablemente se tradujo en la inequidad en la contienda electoral y sus resultados.

…

Lo que revela un altísimo grado de desproporción propagandística de inequidad en la contienda, de una avasallamiento económico que, finalmente, se tradujo en el resultado de la elección, y que por ende vulnera los principios fundamentales que deben observarse en toda elección que se ufane de ser democrática.

Aún en la hipótesis de tener por veraz, creíble y contundente dicho informe de elementos propagandísticos, en el caso en lo concerniente a la coalición “Unidos por ti” y su candidato Eruviel Ávila Villegas, lo cierto es que solamente con lo irrisoriamente advertido en dicho documento público, se rebasa el tope de gastos de campaña establecido por la autoridad electoral, pues un examen de tales elementos, llevan a concluir que lo erogado en los mismos por la referida coalición y su candidato, ascienden a la cantidad de $571,094,524.42 (QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES, NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 42/100 M.N.), cifra que rebasa en mucho el tope de gastos fijado y referido, lo cual no fue considerado por la responsable en un afán desmedido de proteger ilegalmente al candidato Eruviel Ávila Villegas.”

De lo anteriormente transcrito resulta inconcuso que, contrariamente a lo afirmado por la coalición actora, el Tribunal Electoral responsable interpretó conforme al decir de ésta última, el presente motivo de inconformidad, pues con meridiana claridad se advierte que el motivo de su disenso que derivó en el aducido rebase de tope de gastos de campaña, tuvo como sustento la cantidad de elementos propagandísticos desplegados por la Coalición “Unidos por ti”, de lo que se concluye que en modo alguno pueda acreditarse la falta de exhaustividad y congruencia que se pretende.

Por otra parte, la impetrante estima incorrecto lo sostenido por la responsable, en el sentido de que no se estableció la relación de las pruebas aportadas con los hechos que se pretenden acreditar, en virtud de que si se toma en cuenta el contenido y revisión efectuada al Informe final del Monitoreo a medios de comunicación alternos, efectuado por la Comisión de Acceso a Medios, Propaganda y Difusión del Instituto Electoral del Estado de México, en el periodo comprendido del diecisiete de marzo al tres de julio del presente año, así como el resultado de la revisión precautoria de gastos de campaña de la Coalición “Unidos por ti”, así como los demás elementos que tuvo a su alcance la autoridad responsable, se llega al pleno conocimiento de que el monto de gastos ejercido por la coalición denunciada y su candidato Eruviel Ávila Villegas, del veintiocho de marzo al veintinueve de junio del presente año, en los rubros tan solo de elementos propagandísticos en medios alternos, rebasaron el tope legalmente previsto, hasta por $1,612,403,654.35 (un mil seiscientos doce millones cuatrocientos tres mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 35/100 M.N.), cantidad que en forma evidente rebasa el tope establecido por la autoridad administrativa electoral, corroborándose con el dictamen en materia de valuación de bienes muebles rendido por Francisco Fuentes Villalón, que merece pleno valor probatorio.

Al respecto, esta Sala Superior estima inoperante el motivo de disenso expresado por la coalición actora, porque constituye una reiteración de los argumentos expuestos en la demanda primigenia, omitiendo externar nuevos razonamientos lógico-jurídicos, aún como principios de agravios encaminados a combatir y desvirtuar las consideraciones que adujo el Tribunal Electoral del Estado de México para arribar a la conclusión de que no se había establecido la relación de las pruebas aportadas con los hechos que se pretendían acreditar.

Efectivamente, una vez confrontados ambos escritos de demanda, se puede observar que la coalición actora, en el presente juicio de revisión constitucional, sostiene el mismo agravio que en su oportunidad expuso ante la autoridad responsable, situación que permite arribar a la conclusión de que se reproduce íntegramente lo señalado en su demanda primigenia.

En este sentido, y relacionado con la naturaleza del juicio de revisión constitucional electoral, si la actora pretende controvertir las consideraciones de la sentencia que reclama, argumentando como razones las mismas que expuso en su demanda original, los agravios en cuestión deben declararse como inoperantes, dado su planteamiento insuficiente.

Lo anterior se evidencia en el siguiente cuadro:

Esta Sala Superior considera que los argumentos que se expresan por la coalición actora, deben demostrar la ilegalidad de la resolución que se impugna, siendo ello indispensable para que sea factible examinar los vicios que pudiera llegar a tener la determinación del órgano responsable, en el entendido que el presente juicio de revisión constitucional electoral no constituye una reiteración de la instancia, sino que tiene como finalidad constitucional restituir los derechos que se estimen vulnerados, siempre y cuando se evidencie, con razonamientos jurídicos eficaces, la violación a éstos, ya sea por un actuar indebido del órgano responsable, o por la carencia u omisión en el análisis de los argumentos y medios probatorios aportados por el impugnante, lo que no se logra con la simple repetición de los argumentos que hizo valer en la instancia primigenia.

Del análisis comparativo de los conceptos de agravio antes transcritos, se puede advertir que son sustancialmente idénticos, sin que se hayan introducido razonamientos, tendentes a destruir y combatir lo razonado por la responsable.

Así, la reiteración de lo alegado en la instancia anterior, no se puede considerar como conceptos de agravio debidamente configurados, tendentes a demostrar la ilegalidad de la resolución reclamada, pues con ello no cumple con carga procesal de fijar su posición argumentativa frente a la asumida por el Tribunal Electoral del Estado de México, con elementos orientados a evidenciar y poner de manifiesto, que lo razonado por el citado Tribunal, no se encuentra ajustado a Derecho, por haber aplicado o interpretado de manera incorrecta o bien por haber valorado indebidamente las pruebas aportadas o por una incorrecta apreciación de los hechos sometidos a su conocimiento y decisión.

En esta tesitura, si el concepto de agravio expresado por la coalición actora no es más que una reproducción o reiteración casi textual de lo expuesto ante el Tribunal responsable, resulta inconcuso que éstos no son eficaces para combatir y desvirtuar las consideraciones torales en que se apoya el sentido de la resolución impugnada y, por ende, que se deben declarar inoperantes.

Sirve de apoyo a lo anterior, en cuanto al fondo del criterio sustentado, la tesis S3EL 026/97, de esta Sala Superior, consultable en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, volumen "Tesis Relevantes", páginas trescientas treinta y cuatro a trescientas treinta y cinco, cuyo rubro y texto es al tenor siguiente:

“AGRAVIOS EN RECONSIDERACIÓN. SON INOPERANTES SI REPRODUCEN LOS DEL JUICIO DE INCONFORMIDAD.- Son inoperantes los argumentos que se expresen para combatir la sentencia dictada en el juicio de inconformidad mediante recurso de reconsideración cuando sólo constituyen la reproducción textual de los agravios expuestos en primera instancia, en razón de que el cometido legal del recurso de reconsideración consiste en analizar la constitucionalidad y la legalidad de las resoluciones de fondo emitidas en el recurso de inconformidad, y que el medio técnico adecuado para ese objetivo radica en la exposición de argumentos enderezados a demostrar ante el tribunal ad quem que la resolución de primera instancia incurrió en infracciones por sus actitudes y omisiones, en la apreciación de los hechos y de las pruebas, o en la aplicación del derecho, lo cual no se satisface con una mera reiteración de lo manifestado como agravios en el juicio de inconformidad, porque esta segunda instancia no es una repetición o renovación de la primera, sino sólo una continuación de aquélla que se inicia precisamente con la solicitud del ente legitimado en la forma que exija la ley, y la exposición de los motivos fundados que tiene para no compartir la del a quo, estableciéndose así la materia de la decisión entre el fallo combatido, por una parte, y la sentencia impugnada por el otro, y no entre la pretensión directa del partido que fue actor, frente al acto de la autoridad electoral.”

En consecuencia, como se adelantó, el agravio bajo estudio deviene inoperante.

En otro motivo de inconformidad la actora señala respecto del Informe Final de Monitoreo a Medios de Comunicación Alterno, que contrariamente a lo señalado por la autoridad responsable, sí tiene valor probatorio pleno al ser emitido por la autoridad electoral local y también se encuentra adminiculado con las pruebas que se indican en el escrito de demanda, por lo que resulte inexacto lo afirmado por la responsable en el sentido de que dicho Informe sobre Monitoreo no se encuentre adminiculado y sea un indicio aislado.

Además, de que si la autoridad responsable consideraba que sólo existían indicios, debió entonces valorarlos aplicando la teoría del fraude a la ley y del abuso del Derecho, ya que la coalición ganadora se valió de la simulación para rebasar el tope de gastos de campaña y la única forma de demostrar el valor real de la propaganda es a través de la prueba indirecta.

Que de la valoración conjunta de las probanzas que obran en el expediente, se logra concluir que se erogaron cantidades excedentes del tope de gastos de campaña, por lo que no resulta dable que la autoridad responsable valore aisladamente las pruebas que refiere a fojas 101 a 110, ya que se encuentran relacionadas unas con otras en los argumentos de la demanda, por lo que la valoración debió realizarse a partir de su vinculación y concatenación, de ahí que resulte erróneo que la responsable hubiere restado valor a la página de Internet y fotografías aportadas por la actora, bajo el argumento de que pudieron ser manipuladas, dado que no existe ninguna prueba que así lo demuestre, además de que tal argumento se destruye con la suma de indicios consistentes y coincidentes en lo sustancial.

Que por cuanto hace a los elementos fotográficos aportados con su demanda, la impetrante estima que éstos debieron haber sido analizados por la responsable a la luz de las reglas de la prueba inferencial y no con criterios restrictivos que las considere en forma aislada.

Finalmente, en opinión de la impetrante, resulta inexacto lo concluido por la autoridad responsable, al desestimar el valor de todas las probanzas ofrecidas por ella, con el simple argumento de que su respaldo era subjetivo y genérico, lo cual no resulta correcto, pues la actora sí expresó la fuente, el contenido, el alcance y la relación entre ellas. 

Al respecto, esta Sala Superior estima infundados por una parte e inoperantes por la otra, los motivos de disenso planteados por la coalición actora, por las siguientes razones:

Por lo que se refiere al agravio relativo a que el Informe Final de Monitoreo a Medios de Comunicación Alternos tiene valor probatorio pleno, en opinión de la coalición actora, esta Sala Superior estima infundado el motivo de inconformidad.

Al respecto, en la resolución impugnada la autoridad responsable señaló que conforme a lo dispuesto por el artículo 162 del Código Electoral del Estado de México, el monitoreo tenía entre otras finalidades, el garantizar la equidad en la difusión de los actos proselitistas de los partidos políticos, coaliciones y candidatos, así como apoyar la fiscalización de los mismos y prevenir el tope de gastos de campaña.

De lo anterior, estableció como premisa que el monitoreo es un procedimiento o técnica de investigación que permite medir la cantidad y calidad de los mensajes publicados en los medios de comunicación alternos, realizando inferencias por medio de una identificación sistemática y objetiva.

De ahí que, en el caso concreto, el documento en comento permitía constatar hechos concretos relacionados con la colocación de propaganda y analizar las tendencias de los medios alternos, sobre la base de una metodología previamente ordenada por la autoridad encargada de organizar los comicios.

De lo descrito anteriormente arribó a la conclusión de que, el documento en cuestión constituía únicamente un indicio y no una prueba plena, para determinar el probable rebase de topes de gastos de campaña atribuido a la coalición “Unidos por ti”, por lo que resultaba necesario vincularlo con mayores elementos probatorios eficaces para acreditar su dicho.

Ahora bien, de lo resuelto por el Tribunal electoral responsable, se advierte que éste únicamente arribó al convencimiento de que el citado monitoreo a medios de comunicación alternos, constituía un indicio, sin hacer un pronunciamiento frontal en torno a su naturaleza jurídica, esto es si se trataba de una documental pública o privada, limitándose a expresar el valor probatorio del mismo, de ahí lo infundado del motivo de inconformidad.

Igualmente, lo infundado del agravio en cuestión radica en el hecho de que la autoridad responsable realizó el análisis de las pruebas aportadas por la coalición actora (el informe final de monitoreo a medios de comunicación alternos; la página electrónica de Eruviel Ávila Villegas, contenida en el instrumento notarial 21,573 del notario público 171 del Distrito Federal; y el informe rendido por la Unidad de Comunicación Social del Instituto electoral local), a fin de dotar de mayor eficacia al citado informe de monitoreo, arribando a la conclusión de que las dos últimas probanzas citadas, no tenían el peso suficiente para acreditar la pretensión de la impetrante, de ahí que en concepto de la autoridad responsable no resultaba procedente la conjunción pretendida por la coalición actora.

Asimismo, resulta infundado el motivo de disenso relativo a que la responsable valoró aisladamente las pruebas aportadas, por lo que en su concepto dicha valoración debió realizarse a partir de su vinculación y concatenación.

Ello es así, porque contrariamente a lo sostenido por la actora, de la lectura integral de la resolución impugnada, se advierte que la autoridad responsable analizó las pruebas aportadas a efecto de determinar su alcance probatorio, señalando las consideraciones que estimó pertinentes, las cuales además no son controvertidas por la propia coalición actora.

En relación con el estudio realizado por la autoridad responsable de los elementos fotográficos aportados por la actora se estima inoperante, pues se trata de argumentos subjetivos y genéricos, dado que no señala de qué manera la responsable, en su opinión, debió de haber aplicado las reglas de la prueba inferencial ni en cuáles de éstas, ni tampoco los criterios que, en su caso, aplicó restrictivamente el Tribunal Electoral del Estado de México.

Finalmente, por lo que hace al agravio relativo a la desestimación de las probanzas ofrecidas por la impetrante, se infundado, por las siguientes razones.

Del análisis de la resolución impugnada, particularmente del apartado denominado de “Valoración conjunta de los medios probatorios”, visible a fojas 196 a 198, se demuestra que en modo alguno la autoridad responsable desestimó el valor probatorio de dichas probanzas, bajo el argumento de que su respaldo era subjetivo y genérico, en los términos que propone este agravio la coalición actora, pues dicha expresión únicamente la refirió al dictamen respectivo (foja 92), por el contrario, arribó a la conclusión de que de ninguna de ellas se desprendía, ni siquiera de manera indiciaria, elementos para acreditar que se había excedido la cantidad que como tope de gastos de campaña asignado a la Coalición “Unidos por ti” y su candidato, consideración que, aunado a lo anterior, no son confrontadas por la accionante.

La coalición señala como otro agravio, que es inexacto, como lo sostiene la autoridad responsable, que del dictamen elaborado por el perito José Francisco Fuentes Villalón, contratado por la coalición actora, no se advierta el origen de las cantidades tomadas en cuenta para realizar los cálculos respectivos, pues ello se desprende de la adminiculación de los documentos que sirvieron de fuente al dictamen con los rubros que se asientan en el mismo.

Además, en opinión de la actora, la autoridad responsable se limita a analizar un solo caso del cuadro inserto en el dictamen en comento y con base en ello generaliza respecto de todo su contenido, cuando por el principio de exhaustividad debió razonar respecto de todos los contenidos precisados en el mismo. Siendo que tales cuestiones deben analizarse a la luz de la valoración de la prueba indirecta, pues en estos casos, la información no siempre resulta completa, siendo por ello que se realizan estimaciones con elementos objetivos y verificables por la propia autoridad electoral.

Sigue diciendo la actora, que menos aún es válido concluir, como lo hizo la autoridad responsable en la sentencia impugnada, a fojas 92, que la información contenida en el dictamen se encuentra sustentada en elementos generales y subjetivos que impiden determinar estándares de mercado que permitan deducir el precio real de los elementos propagandísticos en el mercado y que no existen datos para fijar un costo de mercado objetivo y razonable, pues las cotizaciones debieron referirse a proveedores de todos los municipios de la entidad, dado que no explica ni acredita que existan diferencias sustanciales en los precios considerados frente a otros de diversos proveedores y además, constituye una carga excesiva que no corresponde a la actora, sino a la autoridad como facultad verificadora administrativa o como diligencias para mejor proveer.

Además, sostiene la impetrante, que la determinación de los precios reales de la propaganda cuestionada, admite ser deducida, obtenida a través de inferencias, sin que sea válido sostener que la coalición tercera interesada pudo obtener costos más benéficos a los plasmados en el dictamen, mediante ofertas o promociones comerciales, pues tal consideración representa una afirmación dogmática respecto de la cual no existe prueba alguna, concluyendo la actora que el dictamen contiene los elementos intrínsecos y externos que deben contener los de su clase, por lo que resulta totalmente verosímil el estudio y conclusión a que llega dicho especialista.

Alega la impetrante que todo lo anteriormente señalado en relación con el contenido del dictamen emitido por el perito por ella aportado, fue soslayado por la autoridad responsable, utilizando suposiciones sin sustento en el acervo probatorio, porque no hay certeza de qué tipo de publicidad fue contratada y que fue con las mismas empresas que brindaron sus servicios al Instituto Electoral del Estado de México, dado que esa información con tal grado de exactitud ni siquiera la tenía la propia autoridad responsable y, en cambio, sí se le exige a la actora, pues no podía recabar facturas y contratos de la coalición infractora ni de los proveedores respectivos.

Al respecto, esta Sala Superior estima infundados los motivos de disenso hechos valer por la coalición actora, por las siguientes razones:

La impetrante sostiene que resulta inexacto lo afirmado por la autoridad responsable en el sentido de que del dictamen en cuestión, no se advierte el origen de las cantidades tomadas en cuenta para realizar los cálculos respectivos, pues ello se desprende de los documentos que sirvieron de fuente al dictamen con los rubros que se asientan en el mismo.

Por su parte, el Tribunal Electoral del Estado de México refiere que si bien se precisa en el dictamen que éste se basó en los instrumentos que le sirvieron de fuente (Plan de Medios 2011, Unidad de Comunicación Social; Informe sobre montos ejercidos en medios de comunicación; Informe Final de Monitoreo a Medios de Comunicación a Medios; y, Resultado del proceso de revisión precautoria de la Coalición “Unidos por ti” del Instituto Electoral del Estado de México), también lo es de tales documentos no se advierte el origen de las cantidades tomadas en cuenta para realizar el cálculo aproximado de los elementos propagandísticos asentados en el instrumento, pues no existe coincidencia alguna entre las cantidades.

Esta Sala Superior estima que no le asiste la razón a la coalición actora, toda vez que del estudio realizado al Informe Final de Monitoreo a Medios de Comunicación Social Alternos, del diecisiete de marzo al tres de julio del presente año, de la Comisión de Acceso a Medios, Propaganda y Difusión del Instituto Electoral del Estado de México, únicamente se desprenden las fuentes de propaganda en medios alternos, como son, entre otras, las barda, los espectaculares, la vinilona, la manta, el gallardete, el pendón, el pasacalle, el cartel, el parabus, la pantalla virtual, la publicidad móvil, el mupi y la publivalla; sin embargo, las cantidades en él asentadas no son coincidentes con las contenidas en el dictamen en cuestión, así, por ejemplo, en tratándose de propaganda en bardas, se asienta la suma de 12,378 elementos propagandísticos de la Coalición “Unidos por ti”, mientras que en el dictamen de que se trata, se consigna la cantidad de 13,210, de ahí que le asista la razón a la autoridad responsable al afirmar que no se advierte el origen de las indicadas cantidades.

Al efecto, esta Sala Superior del análisis anteriormente descrito, se advierte que efectivamente la cantidad consignada de 13,210 elementos propagandísticos (en barda), corresponde a la sumatoria realizada por el perito aportado por la coalición actora, a las menciones en barda que obtuvo no sólo la coalición denunciada, sino que se le adicionan las cantidades que correspondieron a los partidos Revolucionario Institucional (529), Verde Ecologista de México (7) y Partido Nueva Alianza (296).

Sin embargo, de la resolución impugnada se desprende que el Tribunal Electoral del Estado de México realizó la misma operación, no obstante que la coalición actora no proporcionó información alguna que permitiera de manera sencilla y fluida cómo había arribado a las conclusiones que apunta en su dictamen; asimismo, la responsable señaló de manera contundente que tal ejercicio aritmético llevado a cabo por el perito en cuestión era incorrecto, dado que tales cantidades debían ser contabilizadas de manera individual, pues en ese periodo aún no se conformaba la coalición “Unidos por ti”., de ahí se estime que le asiste la razón a la autoridad responsable y, por lo mismo, el presente agravio deviene infundado.

Por cuanto hace al motivo de disenso referente a que, en opinión de la coalición actora, la autoridad responsable se limita a analizar un solo caso del cuadro inserto en el dictamen en comento, cuando debió hacerlo de todo su contenido, se estima infundado, toda vez que la autoridad responsable únicamente refirió, a guisa de ejemplo, la primera fila del cuadro inserto en el dictamen en cuestión, para demostrar, entre otras, que las cantidades asentadas en el citado documento no eran correctas, sin que por ello necesariamente deba concluirse que tal observación no deba hacerse extensiva a todo el documento; por el contrario, a foja 90 de la sentencia impugnada, se señala expresamente que “… no se advierte coincidencia entre la cantidad de elementos propagandísticos contabilizados en la etapa de campaña y aquéllos asentados en la documental privada ofrecida por la coalición enjuiciante…”, por lo que resulta inconcuso que la autoridad responsable analizó en su integridad el dictamen referido, de ahí que no pueda afirmarse que dicha autoridad haya violado el principio de exhaustividad con su actuar.

Por otra parte, resultan igualmente infundados los motivos de inconformidad relativos a la determinación de los estándares de mercado para deducir el precio real de los elementos propagandísticos.

Ello es así, porque en opinión de la coalición actora, la autoridad responsable no explica ni acredita que existan diferencias sustanciales en los precios considerados frente a otros diversos proveedores y que, además, tal exigencia constituye una carga excesiva que, en todo caso, debe corresponder a la autoridad y no a ella.

Sin embargo, contrariamente a lo sostenido por la impetrante, la autoridad responsable, a fojas 92 y 93 de la sentencia impugnada, refiere que es necesario la existencia de datos que sirvan para fijar un costo de mercado objetivo y razonable aplicable a un Estado de amplia extensión territorial como lo es el Estado de México, por lo que cualquier cotización de producción de propaganda debió haberse referido a diversas personas morales que presten tales servicios en la totalidad de los municipios de dicha entidad federativa o en otras ciudades de la República Mexicana, puesto que es necesario tener la certeza de que la Coalición “Unidos por ti”, pudo o no obtener costos más benéficos que los plasmados en la documentación en cuestión, por diversas razones de tipo comercial, verbigracia, la habilidad de un agente o gestor comercial, una oferta por cualquier motivo, una consideración personal o institucional, o una adquisición de publicidad en paquete.

De ahí que, contrariamente a lo sostenido por la coalición actora, la autoridad responsable sí refirió diferencias sustanciales en los precios considerados frente a otros diversos proveedores.

Cabe señalar, que ha sido criterio de esta Sala Superior el considerar que para determinar los costos de la contratación del servicio para la organización de eventos y adquisición de artículos promocionales, se debe ponderar diversos factores como la negociación que se lleve a cabo entre el prestador del servicio y el contratante, dado que los costos que se otorgan a los consumidores pueden variar en atención a diversos aspectos, entre los que se encuentran: el número de personas asistentes, las condiciones de modo, lugar y tiempo en las cuales se debe prestar el servicio; el tiempo de duración del evento; la premura en la contratación y de la adquisición de los materiales; el costo de los mismos; la decisión de aplicar o no descuentos preferenciales; la calidad de los artículos; las condiciones de demanda de esos servicios; y la relación comercial preexistente, etcétera.

De ahí que tampoco le asista la razón a la impetrante, al sostener que la anterior exigencia constituya una carga excesiva que no deba corresponder a la actora sino a la autoridad, ello en virtud de que se trata de una actividad comercial cuyo conocimiento es de quienes intervienen en ella y porque debe corresponder a quienes desean realizar tales operaciones, el aportar los elementos necesarios para acreditar el mejor costo de mercado posible, como son, entre otras, las facturas y contratos.

Por lo anterior, es que le asiste la razón a la autoridad responsable, al sostener que el dictamen en cuestión no fija un costo de mercado objetivo y razonable, de ahí que, como se adelantó, los motivos de disenso devienen en infundados.

V. PROPAGANDA GUBERNAMENTAL ESTATAL Y MUNICIPAL

En su demanda la Coalición actora, hace valer los siguientes motivos de inconformidad:

“…

Lo constituye el considerando denominado OCTAVA. PROPAGANDA GUBERNAMENTAL (ESTATAL Y MUNICIPAL), de la sentencia emitida el treinta y uno de agosto de dos mil once, por el Tribunal Electoral del Estado de México, toda vez que la autoridad responsable determino que la propaganda gubernamental del gobierno del Estado de México y de los ayuntamientos que lo conforman, misma que fue difundida durante la etapa de campañas de la elección de gobernador del presente año, no fue violatorio de los artículos 41, apartado C, 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 129 de la Constitución Local y 157 del Código Electoral del Estado de México.

Causa agravio a mi representada la violación a los principios de exhaustividad y congruencia en la sentencia emitida por la autoridad responsable el treinta y uno de agosto de dos mil once, toda vez que durante el desarrollo del resultando que se combate mediante el presente agravio, la autoridad responsable determino que mi representada si acredito la existencia y permanencia de la propaganda gubernamental que denuncio mediante veintidós quejas ante el Instituto Electoral del Estado de México, sin embargo determina que toda vez que la propaganda materia de la inconformidad de mi representada se refiere única y exclusivamente a propaganda gubernamental difundida en medios alternos, no se ajusta a la hipótesis prohibitiva contemplada en los artículos artículo 41, apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 12 de la Constitución Local y 157 del Código Electoral del Estado de México.

En el juicio de inconformidad que dio origen a la sentencia que se combate mi representada se dolió de que el Gobierno del Estado de México, así como los 125 Ayuntamientos que conforman nuestro Estado, estuvieron difundiendo propaganda gubernamental durante la etapa de campañas de Gobernador, misma que comprendió del dieciséis de mayo al veintinueve de junio de dos mil once, acciones que en la especie son violatorias del artículo 41, apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 157 del Código Electoral del Estado de México.

Por su parte, la autoridad responsable en el contenido del resultando que se combate mediante el presente agravio, señaló lo siguiente:

"Conforme lo anterior, se puede establecer válidamente que la infracción a la que alude la Coalición adora sólo puede actualizarse cuando se den los siguientes supuestos:

a) Tipo de propaganda. Que sea de tipo gubernamental; esto es que sea difundida y/o producida por autoridades estatales o municipales cuyo contenido esté relacionado con informes, logros de gobierno, avances o desarrollo económico, social, cultural o político, o beneficios y compromisos cumplidos.

b) Contenido. En ningún caso podrá ser de carácter electoral, esto es que debe abstenerse de estar dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular.

c) Temporalidad. Que sea difundida en el entorno de un proceso electoral, durante los periodos que comprenden las etapas de campaña electoral, periodo de reflexión y jomada electoral.

d) Excepción. Que no se trate de campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a los servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil en caso de emergencia."

En este sentido, la autoridad responsable señaló lo siguiente:

"Así es necesario precisar que el tipo de propaganda a que se refiere el actor es, como lo sostiene, de tipo gubernamental, pues encuadra en la definición que al respecto brinda el artículo 15 del Reglamento de Propaganda Política y Electoral, ya que tal precepto menciona que la propaganda gubernamental es la que producen y difunden las autoridades estatales y municipales, así como los legisladores locales, para la difusión de sus logros o programas de gobierno."

"Para que pueda hablarse que la difusión de propaganda gubernamental incidió en el transcurso de un proceso electoral, no basta que haya quedado demostrado la existencia de la misma, sino que el contenido en esa propaganda era aquella que incitaba a tomar determinada actuación a favor o en contra de un candidato. Esto es, que el contenido de esa propaganda contenía elementos inequívocos que hacían referencia al proceso electoral, induciendo a la ciudadanía a tomar partido a favor o en contra de un candidato o un partido político."

En el contenido de la resolución que se combate, la autoridad responsable emite sus consideraciones de manera inequívoca, debido a que realiza su análisis a partir de la idea de que si la propaganda gubernamental difundida durante la etapa de campas del proceso electoral de gobernador del presente año, no incitaba a tomar determinada actuación a favor o en contra de un candidato, entonces la misma no es violatoria de la legislación electoral, análisis que en la especie es totalmente erróneo debido a que la hipótesis prohibitiva, misma que se encuentra en el artículo 41, apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 12 de la Constitución Local y 157 del Código Electoral del Estado de México, es muy clara al señalar que durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social toda propaganda gubernamental, siendo que las únicas excepciones a esta regla, son las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia, por lo que en ninguna parte del precepto jurídico invocado se señala que solamente se dejara de difundir la propaganda gubernamental que incite al ciudadano a votar a favor de un candidato, partido político o coalición, tal y como lo quiere hacer valer la autoridad responsable.

Como puede observarse la autoridad responsable se pronuncia respecto de los agravios que mi representada hizo valer ante ella, sin realizar un estudio minucioso y correcto de los hechos que se hicieron de su conocimiento, consideración a la que arriba mi representada después de observar la interpretación que la autoridad responsable realiza de los preceptos jurídicos que ya fueron señalados con anterioridad, al señalar los siguiente:

"En la especie de la valoración de la pruebas aportadas al juicio, en especifico del contenido de la propaganda calificada como gubernamental, no se encuentran elementos que contengan expresiones vinculatorias con algún proceso electoral, ni mensajes con los cuales se invite a la emisión del voto; por el contrario, sólo se observa la difusión de diversos programas y logros implementados por el gobierno estatal y municipal".

Es evidente, que la autoridad responsable tiene cierto la existencia de propaganda gubernamental del Gobierno del Estado de México, así como de los ayuntamientos que conforman el mismo, de igual forma es notorio que dicha autoridad tiene como acreditado que esta propaganda estuvo difundida durante la etapa correspondiente a las campañas electorales, sin embargo, señala que para que dicha propaganda sea violatoria del artículo 41, apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 12 de la Constitución Local y 157 del Código Electoral del Estado de México, la misma debía incitar al ciudadano a votar por un candidato en específico, en este sentido la autoridad responsable está dando una interpretación errónea a los preceptos jurídicos que protegen el principio de equidad que debe prevalecer en una contienda electoral.

Por otra parte, la autoridad responsable señala lo siguiente:

"En el presente caso, la propaganda materia de inconformidad se refiere exclusivamente a la difusión de propaganda gubernamental, por lo que no existe algún elemento que pudiera relacionarse con el proceso electoral en curso, con el cual pudiera considerarse que contraría al texto del artículo 134 constitucional, toda vez que en su esencia, tiende a informar las acciones que ha realizado el gobierno estatal y municipal durante determinado lapso de la gestión de esa administración

Es decir, para que se acreditara dicha violación fue determinante para el resultado de la elección, además de quedar probado la existencia de dicha propaganda, debería de existir menciones tales como:

La mención de que un servidor público aspira a ser precandidato, la mención de que un servidor público aspira a algún cargo de elección popular, la mención de cualquier fecha de proceso electoral, campaña jornadas de elección o de cómputo y calificación, u otras similares, otro tipo de contenidos que tiendan a promover la imagen personal de algún servidor público, o cualquier otro mensaje similar destinado a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, a favor o en contra de aspirantes, precandidatos, candidatos o partidos políticos".

Como puede observarse la autoridad responsable nuevamente parte de un análisis equivocado, toda vez que mi representada en ningún momento se quejó de que la propaganda denunciada contuviera la imagen o nombre de algún servidor público, sino de la inequidad que la propaganda gubernamental difundida durante todo el período de campañas causo en la competencia que se dio entre los candidatos a gobernador del Estado de México, es claro que con la reforma electoral la intención del legislador, fue que no existiera ningún elemento que pudiera causar en el ciudadano un impacto de manera consciente o inconsciente para que tomara una decisión al momento de emitir su voto, en este sentido, es sabido que no necesariamente tiene que incluirse en la propaganda gubernamental el llamado o invitación a que se vote por un candidato en específico, ya que la propaganda gubernamental del Gobierno y de los ayuntamientos del Estado de México, contenían la frase "Compromiso cumplido", situación que al vincular los ciudadanos que el actual Gobierno del Estado de México, accedió a dicho cargo mediante una coalición que se encontraba conformada por los partidos políticos Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México, tienen un margen de análisis mediante el cual pueden arribar a la conclusión de que votar por un candidato que se encuentra postulando una Coalición que se encuentra integrada por dichos partidos políticos, sería una buena opción, debido a que sí cumple con los compromisos que hizo con la ciudadanía, es por ello que con la reforma electoral se insertó la prohibición de la difusión de propaganda gubernamental durante el tiempo que transcurrieran las campañas electorales, con el propósito de salvaguardar el principio de equidad entre los partidos políticos, en el desarrollo de un proceso electoral, en este sentido es erróneo el análisis que realiza la autoridad responsable al señalar que como la propaganda gubernamental del Gobierno y de los Ayuntamientos del Estado de México, no contenía el nombre de dicho servidor público, la misma no viola los preceptos jurídicos invocados por mi representada.

Lo anterior, partiendo del análisis de que lo que agravia a mi representada, no es que la propaganda ya referida tuviera inserta la alguna leyenda que señalara el nombre de un servidor público, o que la misma incitará o invitara a la ciudadanía a votar por un candidato en específico, sino el hecho de que dicha propaganda se estuvo difundiendo durante el periodo de campañas electorales, acción que está prohibida por nuestra Carta Magna, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y por nuestro Código, ya que única y exclusivamente se señalan tres excepciones a la regla, las cuales son:

• Las campañas de información de las autoridades electorales,

• Las relativas a servicios educativos y de salud, o

• Las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

Situación que en el caso que nos ocupa, no aplican debido a que la propaganda que formo parte de nuestro agravio no se encontraba en ninguno de los tres supuestos arriba citados.

Posteriormente la autoridad responsable señaló lo siguiente:

"En efecto, si atendemos al sentido gramatical de la norma prohibitiva contenida en el diverso numeral 157del código comicial, el cual impone a las autoridades estatales y municipales (sujetos obligados), el imperativo de suspender la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental (conducta a adoptar), ello, desde el inicio de las campañas electorales y hasta la conclusión de la jomada electoral (temporalidad de la norma); se hace palpable que la transgresión a la normatividad no estriba en dejar colocada propaganda gubernamental sino más bien continuar con actos de difusión de ésta.

Esto porque el imperativo contenido en la norma es suspender, lo que se entiende conforme al significado de la Real Academia Española como Detener o diferir por algún tiempo una acción u obra, esto se traduce en un "dejar de hacer o aplazar una acción", es decir que los sujetos obligados infringirán las normas si es que continúan difundiendo la propaganda gubernamental una vez que inician las campañas electorales."

En este sentido, la autoridad responsable manifiesta que la propaganda gubernamental que nos ocupa no viola las disposiciones jurídicas invocadas con anterioridad, toda vez que para que la misma cumpliera con la hipótesis prohibitiva debía ser difundida después del dieciséis de mayo de dos mil once, y que como no se tiene la certeza de que así haya sido, entonces la misma no violo ninguna disposición legal porque no cumple con los requisitos establecidos por la norma que las regula, por lo que cobra relevancia recurrir a los significados de las palabras suspender y difundir:

Según el Diccionario de la Real Academia Española, suspender y difundir significa:

"Suspender. (Del lat. suspenderé). Detener o diferir por algún tiempo una acción u obra".

Difundir. (Del lat. diffundére). Extender, esparcir, propagar físicamente. Propagar o divulgar conocimientos, noticias, actitudes, costumbres, modas, etc.".

Por otra parte el Reglamento de Propaganda Política y Electoral del Instituto Electoral del Estado de México, señala que propaganda electoral es:

"Artículo 15.- (Se transcribe)

Después de saber el significado de las palabras suspender y difundir, podemos decir que la palabra suspender se refiere a que durante un tiempo determinado se deje de realizar una acción y difundir se refiere a divulgar conocimientos, noticias, actitudes, entre otras, por lo tanto cuando el legislador establece que deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, se refiere a que no deberá de darse a conocer durante la etapa de campañas electorales ningún logro o programa de gobierno, entendiéndose como tal, el simple hecho de que cualquier ciudadano tenga conocimiento, o se le esté informando de las acciones que realizó o realiza una autoridad, por lo tanto es errónea la hipótesis que formula la autoridad responsable al señalar que la propaganda gubernamental del gobierno y de los ayuntamientos del Estado de México, que no fue colocada con anterioridad al plazo de las campañas electorales y que no fue retirada durante el mismo, no entra en la hipótesis prohibitiva contemplada en los artículos 41, apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 12 de la Constitución Local y 157 del Código Electoral del Estado de México, toda vez que en caso de que así hubiera sido, esto no significa que dicha propaganda deje de informar los logros de gobierno, ya que cualquier persona que lea dicha propaganda obtendrá el mismo mensaje, sea colocada la propaganda con anterioridad al periodo de la campaña electoral o durante la misma, debido a que se sigue tratando de propaganda gubernamental y por ser colocada con antelación o durante el período de campaña electoral, sus características no cambian y por lo tanto no deja de ser propaganda gubernamental, en este sentido arribar a la conclusión de que si dicha propaganda se colocó antes del período de campaña y no se retiró durante toda la campaña electoral, entonces no constituyo violación a la legislación electoral, sería erróneo y esta autoridad estaría sentando criterios contradictorios y alejados del espíritu de la norma, porque no estaría salvaguardando el derecho de, equidad e imparcialidad que el legislador trato de salvaguardar en los preceptos jurídicos ya citados.

Por lo tanto, la autoridad responsable se equivoca, cuando señala lo siguiente:

"Esto demuestra que, contrario a lo aseverado por la coalición adora, en la especie, las autoridades denunciadas mediante las quejas referidas por ésta, no colmaron los extremos prohibitivos, ya que no acredita que éstas hayan continuado difundiendo la propaganda gubernamental, esto es, que una vez iniciada la etapa de campaña electoral, alguna de ellas realizara un acto de difusión de logros de gobierno..."

Dicha aseveración es errónea, toda vez que al permanecer colocada la propaganda gubernamental denunciada por mi representada, se seguían difundiendo los logros de gobierno, ya que la misma no era retirada, siendo que durante el período comprendido del dieciséis de mayo al veintinueve de junio de dos mil once, no debía darse a conocer ningún logro de gobierno a los ciudadanos del Estado de México, por lo tanto, contrario a lo expresado por la autoridad responsable se puede advertir que si se colmaron los extremos prohibitivos que señalan que durante las campañas electorales deberá de suspenderse la difusión de la propaganda gubernamental.

Situación por la que la autoridad responsable se extralimita, al resolver el juicio de inconformidad que nos ocupa, toda vez que desvirtúa el estudio de la litis, lo que la lleva a que no resuelva lo planteado por mi representada, al señalar:

"En efecto, la responsable estableció que la propaganda gubernamental cuya existencia quedó demostrada con contenido que difunde logros y programas de gobierno en medios alternos, no entraña violación alguna a los artículos invocados por los denunciantes, por no existir precepto alguno que lo establezca, como infracción para lo cual corresponda alguna sanción ni mucho menos que se pueda sancionar a determinado servidor público por algo que es lícito y de la revisión minuciosa realizada de las quejas presentadas se constató que no existe elemento alguno para considerar la posible violación a los artículos invocados por los denunciantes.

…

En ese tenor, queda demostrado que la permanencia de la propaganda gubernamental estatal y municipal durante la campaña electoral que fue denunciada mediante veintidós quejas, no violó la prohibición del artículo 157 del Código Electoral del Estado de México.

En el mismo orden de ideas, tampoco puede decirse que la propaganda gubernamental que difunde logros de gobierno en medios de comunicación alternos en modo alguno trastoca el principio de equidad".

La palabra Comunicación proviene del latín communis que significa común. Tanto el latín como los idiomas romances han conservado el especial significado de un término griego, el de "Koinoonia", que significa a la vez comunicación y comunidad. También en castellano el radical "común" es compartido por los términos comunicación y comunidad. Ello indica, como punto etimológico, la estrecha relación entre "comunicarse" y "estar en comunidad". En pocas palabras, se "está en comunidad" porque "se pone algo en común" a través de la “comunicación”

Antonio Pasquali[3] afirma que la comunicación aparece en el instante mismo en que la estructura social comienza a configurarse, justo como su esencial ingrediente estructural, y que donde no hay comunicación no puede formarse ninguna estructura social.

Para Pasquali el término comunicación debe reservarse a la interrelación humana, al intercambio de mensajes entre hombres, sean cuales fueren los aparatos intermediarios utilizados para facilitar la interrelación a distancia., Luego de un gran esfuerzo de abstracción definitoria concluye considerando a la comunicación de esta manera: "la relación comunitaria humana consiste en la emisión-recepción de mensajes entre interlocutores en estado de total reciprocidad, siendo por ello un factor esencial de convivencia y un elemento determinante de las formas que asume la sociabilidad del hombre".

Carlos Fernández[4] considera que para que haya comunicación es necesario un sistema compartido de símbolos referentes, lo cual implica un intercambio de símbolos comunes entre las personas que intervienen en el proceso comunicativo. Quienes se comunican deben tener un grado mínimo de experiencia común y de significados compartidos.

Este sentido se entiende a la comunicación también como un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre emisor y receptor. Recordando el modelo de Haroll Lasswell; ¿Quién dice que, en que canal, a quien y con qué efecto?

Desde la perspectiva del investigador Francés Dominique Wolton[5], de la palabra comunicación pueden distinguirse tres sentidos principales: directa, técnica y funcional.

La comunicación directa se simplifica al intercambio con el otro. Desde esta perspectiva la comunicación se percibe como una experiencia antropológica, dónde ésta juega un papel preponderante para la vida individual y colectiva. En este sentido Dominique Wolton señala:

La comunicación técnica se entiende como el proceso de transmisión de información a través de herramientas tecnológicas o en otras palabras "el intercambio a distancia mediatizado por las técnicas (teléfono, televisión, radio, informática, telemática, entre muchas otras)..."

Hoy en día la innovación en el ámbito de dispositivos de comunicación o para la comunicación van en aumento. El valor de uso de los componentes hace que el mercado crezca cada vez más. Aunque es importante distinguir entre este concepto de medio, con el proceso mismo de la comunicación.

Para ello la definición de comunicación funcional que propone Wolton permite tener una visión más crítica de este proceso. El investigador plantea que "la comunicación, se volvió una necesidad social funcional para las economía interdependientes. Desde el momento en que el modelos dominante es el de la apertura, tanto para el comercio como para los intercambios y la diplomacia, las técnicas desempeñan un papel objetivo indispensable."[6]

En este contexto nos aproximamos una valorización de la comunicación en torno al interés inmediato y pragmático. Ya sea para el comercio o bien para la política, el objetivo siempre es persuadir.

Sin embargo los tres conceptos: directo, técnico y funcional tiene como punto en común la interacción. Y precisamente es la propia interacción la que define la comunicación, porque en impensable su aislamiento.

En resumen la comunicación siempre tiene un interés. Al transmitir un mensaje, se transmite más que información. Los objetivos de la comunicación pueden ser diversos: persuadir, entretener, informar, imponer, pero siempre hay uno.

CONCEPTO DE MEDIO

Medio es el instrumento, herramienta o vehículo que facilita el logro o aplicación de un objetivo.

CONCEPTO DE MEDIO DE COMUNICACIÓN

En este sendio un medio de comunicación es aquél instrumento, herramienta o vehículo que facilita el logro de la comunicación, entendiendo esta como el proceso de recepción de un mensaje ente el emisor y el receptor.

EL CONCEPTO COMUNICACIÓN SOCIAL

El término "comunicación social" fue utilizado por primera vez en los documentos del Concilio Vaticano II y especialmente en el Decreto ínter Mirifica, sobre los medios de comunicación social (1963), proclamado por el Papa Pablo VI. Y en los términos más básicos se refería a la comunicación que llegaba a la sociedad. La iglesia católica veía en este proceso la oportunidad de difundir su doctrina.

Por lo que en términos claros la "comunicación social" se refiere a la comunicación entre una agrupación humana que comparte valores, costumbres, legua e identidad llamada "sociedad". Toda comunicación pública constituye comunicación social.

CONCEPTO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL

En este sentido un medio de comunicación es aquél instrumento, herramienta o vehículo que facilita el logro de la comunicación, entendiendo esta como el proceso de recepción de un mensaje ente el emisor y el receptor, miembros de una colectividad social, que comparten un grado mínimo de experiencia común, símbolos y referentes de significados compartidos.

Después de haber realizado el estudio anterior, se puede concluir que en relación a la interpretación que realiza la responsable respecto de que un medio alterno, no es un medio de comunicación social; se considera que ante todo, que si un medio alterno comunicar a la sociedad algo, no deja de ser un medio de comunicación social por ser alterno, ya que limitamos a la interpretación de que sólo se trata de radio y televisión, nos conduciría al absurdo de interpretar que estos últimos son masivos y los primeros no, lo cual es erróneo. Ya que podría darse el caso que una manta o espectacular en una avenida muy transitada tenga mayor impacto que la radio y televisión, y que por encontrarse en un medio alterno, no vulnera la equidad en la contienda y por tanto no hay responsabilidad para alguien.

Aunado a ello, existe criterio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pronunciado al resolver el Juicio de Revisión Constitucional ST-JRC-25/2008, en donde se analizó la parte que interesa del artículo 134 de la constitución federal, exponiendo:

 "La segunda obligación refiere que la propaganda gubernamental, emitida bajo cualquier modalidad de comunicación social, debe tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. Con ello, se busca que la comunicación social del gobierno, en cualquier nivel, no sea tendenciosa ni empleada con fines electorales, en síntesis, que no rompa la equidad en el proceso electoral, sino que, por el contrario, su difusión persiga un interés general y no uno particular.

 En este sentido, debe considerarse que la frase "cualquier modalidad de comunicación social" debe entenderse en dos sentidos: el instrumental (los mecanismos utilizados para socializar la información) y el material (los modelos de mensajes utilizados). Respecto de la instrumental, por "cualquier modalidad de comunicación social", debe entenderse un ámbito material de validez de la norma mayor al señalado en el artículo 41 constitucional para efectos de la contratación de propaganda electoral en medios de comunicación masiva, por lo que, dentro de estas modalidades debe Incluirse no sólo la radio y la televisión. sino también la prensa escrita, la difusión con publicaciones propias, el internet e. incluso, los espectaculares. trípticos o volantes. Respecto del sentido material, debe entenderse el tipo de mensaje utilizado (desde un comunicado de prensa hasta un spot televisivo que promuevan la actividad gubernamental.

Entonces, afirmar que no existe fundamento jurídico, ni interpretación alguna para sostener o considerar que el constituyente se refirió también a otro tipo de medios de comunicación, que no sea la radio y la televisión, es una interpretación incorrecta de los medios de comunicación social, por tanto la difusión de la propaganda gubernamental durante el periodo de campañas, contrariamente a lo sostenido por la autoridad electoral administrativa y confirmado por el Tribunal responsable si actualiza una violación a las disposiciones constitucionales y legales que ya han sido citadas.

En este orden, toda vez que la responsable concluyo en la sentencia que se combate que dicha difusión no se encontraba prohibida, y toda vez que se ha expuesto el indebido razonamiento, resulta evidente que en este momento mi representada no cuenta con el pronunciamiento jurisdiccional sobre la violación al principio de equidad por la difusión de la propaganda gubernamental denunciada, por tanto reviste suma importancia el estudio en plenitud de jurisdicción que ese máximo Tribunal realice a los agravios expuestos por mi mandante en el escrito primigenio y en el presente ocurso.

AGRAVIO RELACIONADO AL CONSIDERANDO OCTAVO. PROPAGANDA GUBERNAMENTAL (ESTATAL Y MUNICIPAL)

 Causa agravio a mi representada, las argumentaciones realizadas por la responsable, dentro del estudio de la inequidad en la contienda electoral como consecuencia de la difusión de la propaganda gubernamental del Gobierno del Estado de México, y de la correspondiente a los municipios que conforman la entidad, la cual no fue retirada durante la etapa comprendida del dieciséis de mayo al veintinueve de junio de dos mil once, lapso en que transcurrieron las campañas electorales para renovar al Titular del poder Ejecutivo del Estado de México, trasgrediendo con ello, los artículos 41, apartado C, 116 y 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, 11, 12 y 129 de la Constitución Política Local, así como los artículos 1, 2,3, 5, 81, 82 y 157 del Código Electoral de la entidad.

 En primer lugar, la responsable hace un estudio teleológico relacionado a bases constitucionales y legales del uso y destino de la propaganda o publicidad gubernamental, dentro del proceso electoral, expresándose de la siguiente forma:

"... el estudio, en el presente considerando se esquematizará el agravio en dos apartados, el primero para abordar la permanencia de la propaganda gubernamental y su eventual transgresión el artículo 157 del Código Electoral del Estado de México así como del principio de equidad [apartado 1 y 3], posteriormente la actualización de la autoridad administrativa electoral ante tal irregularidad [apartados 2 y 4]

[…]

"... Aunado a ello también preceptúa que desde el inicio de las campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada electoral, las autoridades estatales y municipales, así como los legisladores locales, deberán suspender la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a los servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

El párrafo tercero menciona que durante los treinta días anteriores al de la jornada electoral, las autoridades estatales y municipales así como los legisladores locales se abstendrán de establecer y operar programas de apoyo social o comunitario que impliquen la estrecha a la población de materiales alimentos o cualquier elemento que forme parte de sus programas asistenciales o de promoción y desarrollo social, salvo en los casos de extrema urgencia debido a enfermedades, desastres naturales, siniestros u otros eventos de igual naturaleza.

De las trasuntas disposiciones se observa que durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial se debe suspender la difusión en medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental de los poderes federales y estatales de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público.

Sin embargo la restricción en comento, no es absoluta, ya que admite como excepciones de tal proscripción, la posibilidad de que se continúen difundiendo:

• Las campañas de información de las autoridades electorales.

• Las relativas a servicios educativos.

• Las atinentes a los servicios de salud.

• Las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

De las premisas normativas se puede establecer válidamente que la difusión de propaganda gubernamental está prohibida durante la fase de campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada electoral en los procesos comiciales federales y locales, con la finalidad de evitar que su difusión influya o pueda influir en las preferencias electorales de los ciudadanos ya sea a favor o en contra de determinado partido político o de su candidato, en tanto el sistema democrático mexicano ha sido diseñado para que los poderes, públicos, los órganos de los tres niveles de gobierno y cualesquiera entes públicos, observa una conducta imparcial en las elecciones.

[…]

.... la Sala Superior interpretó que al adicionar el dispositivo constitucional invocado, el Poder Reformador de la Ley Fundamental pretendió, entre otras cosas cuestiones, establecer como norma de rango constitucional la imparcialidad de los tres órdenes de gobierno respecto de la competencia electoral.

Además, incorporó el derecho de suspender la difusión de propaganda gubernamental durante las campañas electorales, periodo de reflexión y hasta la conclusión de la jornada electoral, a fin de desterrar las añejas prácticas que se servían de publicidad como la prohibida, con el objetivo de proporcionar o perjudicar a un partido político o candidato y para lograr una posición de ventaja indebida en la campaña electoral.

Es decir, estimó como lesivo de la democracia: a) que el ejercicio del poder sea usado para favorecer o afectar a las distintas fuerzas y actores políticas; y, b) que la propaganda gubernamental sea utilizada con fines distintos a los de tipo institucional de seguridad, salud, educativos y de protección civil-

[…]

Tomando como base los razonamientos plasmados en los párrafos anteriores y los postulados generados al respecto, la prohibición de difundir propaganda gubernamental durante la campaña electoral está recogida en nuestra legislación local, en los artículos 12 y 129 de la constitución del estado, 157 del Código Electoral Local y 15 del Reglamento de Propagandas Política Electoral, los cuales imponen:

[…]

d).- obligación de suspender toda la propaganda gubernamental desde el inicio de las campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada electoral con excepción de las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a los servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil en caso de emergencia.

Lo anterior permite colegiar que, en el orden local queda proscrito para las autoridades de todas las ordenes, incluidas desde luego las estatales o municipales, la difusión de propaganda gubernamental, desde un momento preciso, marcado por el inicio de las campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada electoral.

[…]

Tocante al concepto de propaganda gubernamental se toma en cuenta lo preceptuado en el artículo 15 del Reglamento de Propaganda Política y electoral, así como lo sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el expediente SUP-RAP-71/2010, con la cual se tiene que la propaganda de tipo gubernamental es aquella difundida, publicada o suscrita por cualquiera de los poderes estatales y municipales, cuyo contenido está relacionado con informes, logros de gobiernos, avances o desarrollo económico, social, cultural o político o beneficios o compromisos cumplidos.

[…]

En tales asuntos se concluyó que a fin de salvaguardar los principios de imparcialidad y equidad en la contienda, la difusión de la propaganda gubernamental que realicen los medios de comunicación social de los poderes públicos federales, estatales o municipales, los órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y en general, todos los servidores, funcionarios y entes públicos, se encuentran limitadas por razones de contenido y temporalidad.

En cuanto al contenido se estableció que en ningún caso podrá ser de carácter electoral, esto es que debe de abstenerse de estar dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos a favor o en contra de partidos políticos o candidatos a cargo de elección popular.

Por lo que hace a la temporalidad, no puede difundirse en el entorno de un proceso electoral, durante los periodos que comprenden las etapas de campaña electoral, periodo de reflexión, conformado por los tres días previos a la elección, y hasta el fin de la jornada electoral, salvo en los casos previstos expresamente en el artículo 41, base III, apartado C in fine, de la Carta Magna.

Estimar lo contrario, implicaría que la difusión de propaganda gubernamental pudiese constituir propaganda que influyera en las preferencias electorales de los ciudadanos y, con ello, transgredir el principio democrático conforme con el cual los poderes públicos de todos los órdenes de gobierno y los entes públicos deben observar una conducta imparcial en los procesos comiciales.

La intelección sistemática de los artículos 41, base III, apartado c, del nuestra Carta Magna, en relación con el 12 de la Constitución local, 157 del Código Electoral de la entidad y del otrora criterio jurisprudencial, permite concluir que la prohibición dada para los poderes públicos d cualquier nivel de gobierno consiste en el impedimento de difundir cualquier tipo de propaganda gubernamental que pueda afectar los principios que rigen la materia electoral, más específicamente, los de equidad e imparcialidad en la contienda entre partidos políticos o candidatos.

Asimismo, puede concluirse que la propaganda gubernamental que debe dejarse de difundir, es aquella que está dirigida o pueda influir de alguna forma en las preferencias del electorales de los ciudadanos, a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargo de elección popular, esto se deduce, precisamente de los principios que tutela la normatividad de la materia, para considerar los comicios como verdadero ejercicio democrático y producto de la soberanía popular.

 Hasta aquí, las consideraciones expresadas por la responsable resultan acordes a las manifestadas por mi representada, dentro del capítulo respectivo del Juicio de Inconformidad, pues desarrollan, la esencia del principio constitucional de equidad en la contienda, al evitar que los entes públicos de los tres órdenes de gobierno, utilicen el dinero público de manera expresa o mediante encubiertos actos de comunicación (publicidad) dirigidos a la ciudadanía, a efecto de publicitar a cierta persona, servidor público, partido político y en general, estimular una posición favorable de un hecho o tema frente al ciudadano.

 En este sentido, es importante destacar que la Sala Superior, en sentencia dictada en los expedientes SUP-RAP-098/2003, SUP-RAP-099/2003, SUP-RAP-100/2003, SUP-RAP-101/2003 y SUP-RAP-102/2003 ACUMULADOS, estableció que la propaganda en sentido amplio, se entiende, como una forma de comunicación persuasiva, que trata de promover o desalentar actitudes en pro o en contra de una organización, un individuo o una causa, en tal concepto debe incluirse cualquier esfuerzo sistemático para influir la opinión, conforme con un plan deliberado que incluye la producción y la transmisión de textos y mensajes específicamente estructurados, mediante todos los medios de comunicación disponibles para llegar a la audiencia más amplia o audiencias especiales y provocar los efectos calculados.

 Fijó además, que "el propósito de la propaganda electoral es ejercer influencia sobre los pensamientos, emociones o actos de un grupo de personas para que actúen de determinada manera, adopten ciertas ideologías o valores, cambien, mantengan o refuercen sus opiniones sobre temas específicos. La propaganda se caracteriza por el uso de mensajes emotivos más que objetivos y porque trata de estimular la acción; se dice qué pensar, no enseña a pensar, esto es, la propaganda fuerza a las personas a pensar y hacer cosas del modo que no lo harían si se les hubiera dejado decidir por sus propios medios."

 En este sentido, mí representada está conforme respecto a la conclusión que realiza la responsable, respecto:

1.                       Que de la intelección sistemática de los artículos 41, base III, apartado c, de nuestra Carta Magna, en relación con los artículos 12 y 129 de la constitución del estado, 157 del Código Electoral Local y 15 del Reglamento de Propagandas Política Electoral, permite concluir que la prohibición dada para los poderes públicos d cualquier nivel de gobierno consiste en el impedimento de difundir cualquier tipo de propaganda gubernamental que pueda afectar los principios que rigen la materia electoral, más específicamente, los de equidad e imparcialidad en la contienda entre partidos políticos o candidatos.

2.                       Que de disposiciones en cita, se observa que durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial se debe suspender la difusión en medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental de los poderes federales y estatales de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público.

3.                       Sin embargo la restricción en comento, no es absoluta, ya que admite como excepciones de tal proscripción, la posibilidad de que se continúen difundiendo:

• Las campañas de información de las autoridades electorales.

• Las relativas a servicios educativos.

• Las atinentes a los servicios de salud.

• Las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

4.                       Que la difusión de propaganda gubernamental está prohibida por mandamiento constitucional durante la fase de campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada electoral en los procesos comiciales federales y locales, con la finalidad de evitar que su difusión influya o pueda influir en las preferencias electorales de los ciudadanos ya sea a favor o en contra de determinado partido político o de su candidato, en tanto el sistema democrático mexicano ha sido diseñado para que los poderes, públicos, los órganos de los tres niveles de gobierno y cualesquiera entes públicos, observa una conducta imparcial en las elecciones, a fin de desterrar las añejas prácticas que se servían de publicidad como la prohibida, con el objetivo de proporcionar o perjudicar a un partido político o candidato y para lograr una posición de ventaja indebida en la campaña electoral.

5.                       Tocante al concepto de propaganda gubernamental se toma en cuenta lo preceptuado en el artículo 15 del Reglamento de Propaganda Política y electoral, así como lo sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el expediente SUP-RAP-71/2010, con la cual se tiene que la propaganda de tipo gubernamental es aquella difundida, publicada o suscrita por cualquiera de los poderes estatales y municipales, cuyo contenido está relacionado con informes, logros de gobiernos, avances o desarrollo económico, social, cultural o político o beneficios o compromisos cumplidos.

 Por otra parte, por no estar controvertido, la responsable aduce de manera categórica que dentro del expediente de origen mi representada acredito que la propaganda denunciada de carácter estatal y municipal, se encuentra (en presente) diseminada en el territorio del Estado de México, puede considerarse válidamente como gubernamental, al sostener lo siguiente:

Así, es necesario precisar que el tipo de propaganda a que se refiere el actor es, como lo sostiene, de tipo gubernamental, pues encuadra en la definición que al respecto brinda el artículo 15 del Reglamento de Propaganda Política y Electoral, ya que tal precepto menciona que la propaganda gubernamental es la que producen y difunden las autoridades estatales y municipales así como los legisladores locales, para la difusión de sus logros o programas de gobierno.

En efecto, la propaganda en estudio fue denunciada a través de veintidós quejas, agrupadas en dos tópicos, propaganda gubernamental estatal y municipal, algunas de ellas fueron resueltas de manera acumulada por el Instituto Electoral el pasado doce de agosto, dentro del expediente ECA/PAN/AME/050/2011/05 y sus acumulados, cuya resolución se invoca en la presente ejecutoria como una documental pública que conforme al artículo 327 en relación con el diverso 328, párrafo segundo, ambos del código comicial, adquiere valor pleno por no existir prueba en su contra, y en la cual, la autoridad administrativa resolutoria clasificó y verificó la existencia de la propaganda denunciada en los diferentes expedientes acumulados.

La información que obtuvo el Instituto Electoral del Estado de México, a través del Monitoreo a la Propaganda de los Partidos Políticos, Coaliciones y sus Actores Políticos, Precampañas, Intercampañas y campañas Electorales, que se hicieron constar en las cédulas de identificación de medios alternos, fue clasificada por este Tribunal para su análisis de la siguiente manera:

a) Obra Pública....

b) Infraestructura Vial. ...

c) Programas Sociales....

d) Sistema Educativo. ...

e) Sistema de Salud. ...

a)                      Conservación del Medio Ambiente. ...

[…]

Así de las novecientas restantes, se advierte que si bien informan logros de gobiernos, estos se refieren a tópicos propios de la rendición de cuentas que realiza el gobierno ya que, como se aprecia en el cuadro antes inserto, comunican logros respecto a obra pública, infraestructura vial, programas sociales y otros aspectos, sin que ninguno de ellos contenga frases que influyan en el electorado a fin de que éste emita su voto hacia una fuerza política en específico.

[…]

En estas diez quejas al igual que las anteriores la propaganda no está vinculada con elementos que tiendan a influenciar el voto hacia determinado candidato.

[…]

De los cuadros antes insertos, se colige la existencia de un total de dos mil quinientos treinta y siete elementos considerados por la autoridad responsable como elementos propagandísticos de tipo gubernamental, que configuran el elemento del tipo.

Ahora bien tomando en cuenta un aspecto ya definido, el que la propaganda denunciada es de tipo gubernamental, los mismos cuadros nos indican que la totalidad de elementos estimados como propaganda gubernamental, son de carácter informativo dirigido a la ciudadanía para informar o comunicar los distintos logros alcanzados por la actual administración tanto estatal como municipal, sin que de ello se desprenda o advierta alguna influencia en las preferencias electorales.

Lo anterior es de suyo importante, para efectos de poder acreditar la actividad como una violación grave y, que la postre pudiera calificarse como determinante.

En efecto, como ha quedado establecido en párrafos anteriores, la prohibición de la difusión de la propaganda gubernamental, trata de salvaguardar los principios de equidad e imparcialidad en la contienda, al impedir que cualquiera de los poderes públicos en cualquier nivel de gobierno, pueda incidir en el curso de un proceso electoral.

 Las consideraciones vertidas, establecen con meridiana claridad, lo siguiente:

1.                       Que el tipo de propaganda a que se refiere mi representada es de tipo gubernamental, pues encuadra en la definición que al respecto brinda el artículo 15 del Reglamento de Propaganda Política y Electoral, ya que tal precepto menciona que la propaganda gubernamental es la que producen y difunden las autoridades estatales y municipales así como los legisladores locales, para la difusión de sus logros o programas de gobierno.

2.                       Que la propaganda en estudio fue denunciada a través de veintidós quejas, agrupadas en dos tópicos, propaganda gubernamental estatal y municipal, algunas de ellas fueron resueltas de manera acumulada por el Instituto Electoral el pasado doce de agosto, dentro del expediente ECA/PAN/AME/050/2011/05 y sus acumulados, cuya resolución se invoca en la presente ejecutoria como una documental pública que conforme al artículo 327 en relación con el diverso 328, párrafo segundo, ambos del código comicial, adquiere valor pleno por no existir prueba en su contra, y en la cual, la autoridad administrativa resolutoria clasificó y verificó la existencia de la propaganda denunciada en los diferentes expedientes acumulados.

3.                       La información que obtuvo el Instituto Electoral del Estado de México, a través del Monitoreo a la Propaganda de los Partidos Políticos, Coaliciones y sus Actores Políticos, Precampañas, Intercampañas y campañas Electorales, que se hicieron constar en las cédulas de identificación corresponden a la difusión de acciones gubernamentales de: Obra Pública, Infraestructura Vial, Programas Sociales, Sistema Educativo, Sistema de Salud, y Conservación del Medio Ambiente.

4.                       Que existen novecientas cédulas de identificación en las que se advierte que si bien informan logros de gobiernos, estos se refieren a tópicos propios de la rendición de cuentas que realiza el gobierno ya que, como se aprecia en el cuadro antes inserto, comunican logros respecto a obra pública, infraestructura vial, programas sociales y otros aspectos.

5.                       Que está acreditada la existencia de un total de dos mil quinientos treinta y siete elementos considerados por la autoridad responsable como elementos propagandísticos de tipo gubernamental, en 85 circunscripciones territoriales municipales de la entidad.

 Sin embargo, causa agravio a mi representada, el hecho de que la responsable considere que para que la propaganda gubernamental tenga un carácter ilícito, es menester que en su construcción se incorporen elementos visuales relacionados al proceso electoral, candidato o partido político, al sostener lo siguiente:

Ahora bien tomando en cuenta un aspecto ya definido, el que la propaganda denunciada es de tipo gubernamental, los mismos cuadros nos indican que la totalidad de elementos estimados como propaganda gubernamental, son de carácter informativo dirigido a la ciudadanía para informar o comunicar los distintos logros alcanzados por la actual administración tanto estatal como municipal, sin que de ello se desprenda o advierta alguna influencia en las preferencias electorales.

Lo anterior es de suyo importante, para efectos de poder acreditar la actividad como una violación grave y, que la postre pudiera calificarse como determinante.

En efecto, como ha quedado establecido en párrafos anteriores, la prohibición de la difusión de la propaganda gubernamental, trata de salvaguardar los principios de equidad e imparcialidad en la contienda, al impedir que cualquiera de los poderes públicos en cualquier nivel de gobierno, pueda incidir en el curso de un proceso electoral.

Para que pueda hablarse que la difusión de propaganda gubernamental incidió en el transcurso de un proceso electoral, no basta que haya quedado demostrada la existencia de la misma, si no que el contenido en esa propaganda era aquella que incitaba a tomar determinada actuación a favor o en contra de un candidato, esto es, que el consentido de esa propaganda contenía elementos inequívocos que hacían referencia al proceso electoral, induciendo a la ciudadanía a tomar partido a favor o en contra de un candidato o un partido político.

Esta característica es la que permitiría calificar como grave la actuación de determinado orden de gobierno, y que a, la postre pueda ser calificada como determinante para el desarrollo del proceso electoral.

Lo anterior es así, puesto que recordemos que en materia electoral, no solo basta el acreditamiento de la irregularidad, sino que aquella debe de ser de tal magnitud que pueda afectar el desarrollo de la contienda, puesto que no demostrarse ese factor, en atención al principio jurídico de la conservación de los actos públicos válidamente celebrados, y del aforismo latino lo útil no puede ser viciado por lo inútil, es que debe conservarse tales actos. Este elemento, es el que es calificado como factor determinante.

En la especie, de la valoración de las pruebas aportadas al juicio, en específico del contenido de la propaganda calificada como gubernamental, no se encuentran elementos que contengan expresiones vinculatorias con algún proceso electoral, ni mensaje por los cuales se invite a la emisión del voto; por el contrario, sólo se observar la difusión de diversos p programas y logros implementados por el gobierno estatal y municipal elementos que en un principio pudieran considerarse como violatorios de la norma, sin embargo, para poder acreditar el elemento determinante que pudiera haber incidido en el resultado de la elección, se debió probar para que en es propaganda gubernamental era de aquella que incitaba al ciudadano a votar a favor de determinado candidato, o que el mensaje tuviera elementos que pudieran coaccionarlo para votar por los candidatos a fines con las autoridades que se promocionaban a través de esa propaganda.

En el presente caso, la propaganda materia de la inconformidad se refiere exclusivamente a la difusión de la propaganda gubernamental por lo que no existe algún elemento que pudiera relacionarse con el proceso electoral en curso, con cual pudiera considerarse que contraria al texto del artículo 134 constitucional, toda vez que en su esencia, tiende a informar las acciones que ha realizado el gobierno estatal o municipal durante determinado lapso de la gestión de esa administración.

En este orden de ideas, si en el presente asunto no se encuentran elementos relacionados con el proceso electoral de gobernador del estado, ni expresiones que inciten al voto o denostaciones o calumnias en contra de algún candidato, no hace alusión alguna a la obtención del voto a favor de algún servidor público, un tercero, algún partido político, aspirante, precandidato o candidato, o cualquier otro similar vinculada con el proceso electoral, es que no puede calificarse que la propaganda gubernamental que aunque hubiera estado presente durante el desarrollo del proceso electoral, fue determinante para el resultado de la elección.

Es decir que para que se acreditara dicha violación fuera determinante para el resultado de la elección, además de quedar demostrado la existencia de dicha propaganda, debería de existir menciones tales como:

La mención de que un servidor público aspire a ser precandidato, la mención de que algún servidor público aspire a algún cargo de elección popular, la mención de cualquier fecha de proceso electoral, campaña, jornada de elección o cómputo y calificación, u otro similar, otro tipo de contenidos que tiendan a promover la imagen personal de algún servidor público, o cualquier otro mensaje similar destinado a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos a favor o en contra de aspirantes, precandidatos, candidatos o partidos políticos.

Por tanto, si con el material probatorio existente en autos no es posible acreditar que el contenido de la propaganda gubernamental, promoviera de forma directa alguna candidatura con el objeto de obtener el voto de la ciudadanía en el proceso electoral y, menos aún, difunde alguna plataforma, programas o acciones de carácter electoral, este órgano colegiado no puede calificar la irregularidad como determinante para el resultado de la elección.

 Lo desacertado de la responsable estriba, en los alcances injustificados de su interpretación normativa que realiza sobre el tópico propaganda gubernamental-principio de equidad en la contienda.

 A lo largo, de diversos precedentes esa Sala Superior ha establecido que la interpretación de la normas jurídicas debe respetarse en lo posible, el alcance del texto original y solo en aquellos casos, en que su interpretación gramatical sea obscura o vaga, será necesaria la hermenéutica jurídica para desentrañar los alcances de la norma. (1)

 (1) Ver expediente SUP-JRC-310/2010.

 Al respecto, también cabe tener presente las siguientes tesis como criterios orientadores:

Novena Época

No. Registro: 177274

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tesis Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y

su Gaceta

XXII, Septiembre de 2005

Materia(s): Civil

Tesis: l.6°.C357 C

Página: 1482

INTERPRETACIÓN DE LA LEY EN MATERIA CIVIL, EN CUMPLIMIENTO A LA GARANTÍA DE LEGALIDAD. ALCANCES QUE AL EFECTO ESTABLECE EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL.- (Se transcribe)

Novena Época

No. Registro: 181320

Instancia: Primera Sala

Tesis Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y

su Gaceta

XIX, Junio de 2004

Materia(s): Común

Tesis: 1a. LXXII/2004

Página: 234

INTERPRETACIÓN DE LA LEY. SI SU TEXTO ES OSCURO O INCOMPLETO Y NO BASTA EL EXAMEN GRAMATICAL, EL JUZGADOR PODRÁ UTILIZAR EL MÉTODO QUE CONFORME A SU CRITERIO SEA EL MÁS ADECUADO PARA RESOLVER EL CASO CONCRETO.- (Se transcribe)

Octava Época

No. Registro: 220568

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tesis Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

IX, Febrero de 1992

Materia(s): Común

Tesis:

Página: 209

INTERPRETACIÓN DE LA LEY. CUANDO NO HAY NECESIDAD DE HACERLA.- (Se transcribe)

 En el caso que nos ocupa, y conforme a lo expuesto en este escrito, el tema de la regulación de la propaganda gubernamental es un principio constitucional contemplado a nivel federal y local, y reglamentado en materia electoral en el Estado de Guerrero, en el artículo 157 del Código Electoral, que a la letra dice:

Artículo 157.- (Se transcribe)

 Como puede advertirse, contrario a lo sostenido por la responsable la construcción del cuerpo normativo de la irregularidad de difusión de propaganda gubernamental, que establecido su principio regulador con rango constitucional, no establece dentro de su marco reglamentario como elemento para su actualización, que esta contenga signos vinculados al proceso electoral, pues la norma conlleva implícitamente la consecuencia jurídica, pues resulta inconcuso que al tenerse por confirmado la violación de la norma, esto es, la difusión dentro del plazo de veda, sin estar justificada las excepciones que la misma ley prevé, la consecuencia jurídica que ha de imponerse, es la relativa a la privación de los efectos legales del acto o resolución que se encuentre viciado, por estar conjunto de forma indisoluble al principio de equidad en materia electoral.

 Por ello, es que si la responsable encontró por acreditada, que efectivamente toda y cada una de la publicidad denunciada en las quejas de origen, constituían propaganda gubernamental, y que esta se mantuvo dentro del plazo prohibido que establece el artículo 157 del Código Electoral, dentro de la jurisdicción territorial de la mayor parte de los Municipios de la entidad, y no estaba justificada bajo las hipótesis de excepción legal, es claro que dicha conducta debió estimarse como grave, pues resultaba violatoria al principio constitucional de equidad en el proceso electoral, en su vertiente de neutralidad de los órganos del Estado, pues la acreditación de la conducta reprochable, conlleva per sé a la aplicación ilegal de recursos públicos en la difusión de propagada prohibida por la constitución y por la ley, atendiendo al elemento temporal de su difusión.

 Sobre el particular, resulta interesante lo sostenido por este Tribunal Electoral, al resolver el expediente SUP-JRC-604/2007, al señalar lo siguiente:

“… la Constitución Política establece mandamientos respecto de las cuales debe ceñirse la actividad del Estado, en ellas en forma general se establecen valores que son inmutables y que garantizan la existencia misma de una sociedad, y a la vez consigna disposiciones que son producto de la experiencia histórica propia del Estado. Dichas disposiciones pueden consignarse en forma de directrices que definen el rumbo, forma e integración del Estado, por lo cual aun cuando son generales y abstractas, en ellas subyacen normas particulares aplicables a la función estatal, porque establecen también normas permisivas, prohibitivas y dispositivas, respecto de la actividad que lleva a cabo el Estado, en tanto son eficaces y vigentes para garantizar la subsistencia del mismo, así como del orden público.

Las normas constitucionales, en tanto derecho vigente, vinculan a los sujetos a los que se dirigen; en este sentido, al ser continentes de derechos y obligaciones, se tienen que hacer guardar por las autoridades garantes de su cumplimiento, así como por aquellos sujetos corresponsables de su observancia.

Así, las disposiciones constitucionales no sólo son mandamientos abstractos que fijan la dirección o proyección de la función estatal, sino que, también contienen normas vigentes y exigibles.

Así, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 41, establece que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión y a través de los poderes ejecutivo y legislativo de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores.

En lo que respecta a la renovación de los poderes públicos, establece, que para que una elección se considere producto del ejercicio popular de la soberanía, dentro del sistema jurídico-político construido en la Carta Magna y en las leyes electorales estatales, resulta imprescindible la garantía de elecciones libres, auténticas y periódicas; el sufragio universal, libre, secreto y directo; que en el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales prevalezcan los recursos públicos sobre los de origen privado; la organización de las elecciones a través de un organismo público y autónomo; la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad como principios rectores del proceso electoral, el establecimiento de condiciones de equidad para todos los partidos políticos; y, el control de la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales.

Como consecuencia de lo anterior, si la Constitución Política prevé esas normas como presupuesto de validez de una elección libre, auténtica y periódica, es admisible arribar a la conclusión de que una elección resulta contraria a derecho cuando se constate que las normas antes señaladas no fueron observadas en una contienda electoral.

Por tanto, las disposiciones constitucionales que determinan la capacidad legitimadora de las elecciones son:

1) la propuesta electoral que, por un lado, está sometida a los mismos requisitos de la elección (debe ser libre, competitiva) y, por otro, no puede sustituir a la decisión selectiva del electorado;

2) la competencia entre candidatos, los cuales se vinculan en una contienda entre posiciones y programas políticos;

3) la igualdad de oportunidades en el ámbito de la candidatura (candidatura y campaña electoral);

4) la autenticidad de elección que se asegura, entre otras cosas, a través de la emisión libre y secreta del voto;

5) el sistema electoral (reglas para la conversión de votos en escaños) no debe provocar resultados electorales peligrosos para la democracia o que obstaculicen la dinámica política;

6) la decisión electoral limitada en el tiempo sólo para un período electoral.

Por tanto, resulta obvia la importancia que tiene el respetar las normas constitucionales dentro de una elección, como la relativa a acceder en condiciones equitativas a una contienda electoral, las cuales generan el ambiente propicio para la emisión libre del sufragio.

Así, al tener el carácter de ley, vincula en cuanto a su observancia tanto a las autoridades electorales, como a aquellos sujetos que están obligados a cumplirlas, derivada de su situación particular.

  En este sentido, ha sido criterio sostenido por ese órgano jurisdiccional que, la difusión de publicidad gubernamental dentro de los procesos electorales, constituye indudablemente mecanismos de persuasión hacia el elector, los cuales tienen efectos perniciosos, pues la reiteración de su difusión permite la inducción del voto, pues por un lado, se magnifican los logros y acciones de una administración de gobierno cuyo origen invariablemente proviene de un partido político, agente político quien tiene el objetivo de resulta beneficiado por sí mismo o a través de sus candidatos; y por el otro, dicha actividad de comunicación se realiza con recursos del erario público, en detrimento de los demás contendientes que participan dentro de un proceso electoral, que se ven imposibilitados de acceder a dicha fuente de financiamiento para estimular su campaña. Véase los precedentes SUP-JRC-065/2004 y SUP-JRC-099/2004.

Sirve de aplicación el siguiente criterio jurisprudencial:

PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 41. BASE III. APARTADO C. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. DEBEN CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD E IMPARCIALIDAD. — (Se transcribe)

 Por otro lado, también resulta ilegal lo sostenido por la responsable jurisdiccional, al establecer lo siguiente:

Además de lo anterior, este Tribunal Electoral, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana critica, no advierte de qué modo, solo la colocación o falta de retiro de la publicidad, haya tenido como consecuencia que los ciudadanos pudieron haber cambiado de parecer el sentido de su voto, esto es, con el caudal probatorio, no hay elementos objetivos ni racionales para constatar que la tendencia electoral primigenia haya cambiado con solo la publicitación de los logros de gobierno en la cantidad que ha sido probada.

Pues es un hecho notorio que la mayoría de las personas no se toman el tiempo suficiente para analizar y constatar que los logros difundidos a través de espectaculares, pinta de bardas, etc. Hayan sido realizados de forma en que ahí se mencionan, y más aún que derivado de esa lectura {que en la mayoría de los casos no sucede) defina el sentido de su voto.

[…]

 Lo anterior es así, es insostenible la dogmática conclusión de que no existe razón para sostener que la comprobación cuantitativa de la simple publicitación de los logros de gobierno, defina el sentido del voto del ciudadano, pues a su juicio es un "hecho notorio" que las personas no se toman el tiempo para analizar y constatar los logros gubernamentales cuando esta comunicación proviene de espectaculares, bardas, etc.

 Lo equivocado, de esta tesis proviene de la condición dogmática en que se sustenta, pues nunca explica en razón que base científica o legal utiliza para su apoyo argumentativo, razón que debería ser suficiente, para revocar en esta parte de la sentencia impugnada; sin embargo, resulta importante destacar que conforme lo expresado, basta la conculcación del contenido del artículo 157 del Código Electoral, para establecer la declaratoria de violación al principio de equidad electoral, por ser un regulador normativo básico en la construcción de validez de una elección. La misma suerte corre la mención al "hecho notorio", pues dicha referencia debe estar reservada a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por la generalidad de los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión.

 Se considera, como regla general, que cuando el hecho es notorio, la ley exime de su prueba en procesos jurisdiccionales, porque pertenece al conocimiento público en el medio social donde ocurrió el hecho o donde se tramita el procedimiento.

 Para determinar si un hecho es notorio y, por lo tanto, no requiera de mayores elementos probatorios, es necesario someter los datos o indicios al siguiente examen:

a)                      Que estén plenamente acreditados (fiabilidad)

b)                      Que concurra una pluralidad y variedad de indicios (cantidad)

c)                       Que tengan relación con el hecho ilícito y su agente (pertinencia)

d)                      Que tengan armonía o concordancia (coherencia)

e)                      Que el enlace entre los indicios y los hechos constitutivos del ilícito se ajuste a las reglas de la lógica y a las máximas de experiencia (garantía bien fundada)

f) Que se eliminen hipótesis alternativas

g)                      Que no existan contraindicios (no refutación)

  Aspectos que no fueron abordados por la responsable, y que hacen ilegales los razonamientos combatidos.

 Por otro lado, la responsable, pretende sostener su fallo, en el análisis interpretativo que realiza del vocablo "suspender" como verbo nuclear de la irregularidad que pretende regular la norma jurídica en su artículo 157, del Código Electoral, y de la conducta probada realizada por las autoridades gubernamentales estatal y municipales al haber difundido los logros de su administración pública dentro del periodo de veda legal.

 Señala la responsable:

Esto último por que el imperativo contenido de la norma es suspender, lo que se entiende conforme al significado de la Real Academia de la Lengua Española como detener o definir por algún tiempo una acción u obra, esto se traduce en un dejar de hacer o aplastar una acción", es decir, que los sujetos obligados infringieran la norma si es que continúan difundiendo la propaganda gubernamental una vez que inicien las campañas electorales.

De lo anterior se colige que, efectivamente lo que el legislador esta prohibiendo es la realización o suspensión de actos que ordinariamente lleven a cabo los actores políticos, como son la rendición de cuentas a través de la difusión de los logros, la puesta en marcha de programas sociales, de apoyo comunitarios; la inauguración de obras, etc., puesto que consideró que ese quehacer político podría en determinado momento, influir en el desarrollo de un proceso electoral. Amén de la tentación de aprovechar la difusión de los logros de gobierno con la de incluir un mensaje de tipo electoral.

Se sigue que, la conducta prohibida está encaminada a la suspensión temporal de la actividad política de los tres órdenes de gobierno, y no en sí el retiro de la propaganda puesta con antelación. A esta conclusión se llega, pues se estima que si ese hubiera sido la intención del legislador así lo habría dejado de manifiesto en la redacción del artículo, el cual en su defecto podría haber contextualizado de la siguiente manera:

"desde el inicio de las campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada electoral, las autoridades estatales y municipales, así como los legisladores locales, deberán suspender la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, además deberán retirar la que hubieren puesto con antelación…..

….

La redacción propuesta no dejaría duda de la intención del legislador, sin embargo esta no está contenida en la redacción del artículo vigente.

[…]

En efecto, el principio de legalidad, implica para el ciudadano que aquello que no se encuentra legalmente prohibido, se encuentra legalmente permitido. Sin embargo, para la autoridad el principio establece que solo lo que se encuentra legalmente facultado a realizar aquello que está expresamente se encuentra normado.

En la especie la norma le prohíbe la realización o suspensión de ciertos actos en una temporalidad determinada. En todo caso para hablar de que la autoridad la faltado a la norma, se debe acreditar que la actuación o realización de la prohibición se realizó durante el periodo prohibido y no solo la existencia de propaganda gubernamental.

Aquí el acreditamiento de la fecha era de suma importancia, sin embargo, lo anterior con las pruebas que se tiene, no es posible determinarlo.

Veamos pues en los hechos denunciados por la coalición actora mediante los diferentes procedimientos administrativos sancionadores, y retomando en vía de agravio en el presente juicio de inconformidad, alude a una permanencia de la propaganda gubernamental (estatal o gubernamental) durante la campaña electoral, lo que llevaría implícito el reconocimiento de que dicha propaganda fue colocada con anterioridad al inicio de esta etapa, tiempo en que la norma no lo prohibía y que, en su caso, la autoridad ya sea estatal o municipal, se abstuvo de retirarla; sin embargo, ello no quiere decir que hayan realizado algún acto adicional de difusión

Esta conclusión encuentra refuerzo en el activismo político que es lo que realmente proscribe la norma, ya que los procesos electorales y más aún las campañas electorales son etapas temporales que forman parte de la vida cotidiana de toda la sociedad democrática, durante las cuales, la ciudadanía, el gobierno y los poderes fácticos, asumen una conducta determinada de abstención política, que garantiza elecciones libres y equitativas.

Estas conductas de sumisión política debe entenderse únicamente durante el plazo contenido en la norma, y no más allá, en razón de que, a diferencia de los procesos comiciales, la política es una actividad constante que forma parte de la vida misma de la sociedad. El fenómeno de la política es una actividad humana cuya finalidad es el gobierno de o dirección del estado en beneficio de la sociedad; aquí encontramos las políticas públicas mediante las cuales los diferentes entes de gobierno alcanzan un objetivo o meta especifico, siempre en beneficio de los gobernados.

..., ya que a través de esta comunicación, se informa a la ciudadanía de los logros o metas alcanzadas por un determinado ente de gobierno, lo cual no necesariamente es para que los institutos políticos que los postularon detente el poder en futuros comicios, sino como se menciono, para que la ciudadanía constate el trabajo del gobierno que ellos mismos eligieron a través del correcto sufragio.

En esa línea, la idea que esta difusión de logros pudiese influir en la equidad de los comicios electorales fue previsto por el legislador tanto federal como local, ya que prohibió en un lapso especifico, que se suspendiera esa comunicación entre gobierno y gobernado; ese plazo de receso de receso propagandístico debe ser acorde al espacio de tiempo en que el mismo ciudadano reciba nuevas propuestas electorales, ello por que, precisamente la suspensión a que se refiere la norma encuentra motivo de ser en la vinculación del ciudadano pueda hacer entre las diferentes propagandas gubernamental y electoral.

De manera que, esta relación entre ambas propagandas se da mediante la difusión masiva de las mismas, ya que es ese elemento lo que precisamente genera esa confusión, por ejemplo, que el ciudadano perciba dos mensajes televisivos o de radio, uno de tipo electoral y otro gubernamental. Cuestión diferente es que el mismo ciudadano presencie en un momento dado, un espectacular o cartel previamente fijado con propaganda gubernamental y, posteriormente advierta uno nuevo de propaganda electoral; ahí el efecto es distinto ya que en primer término, ese ciudadano ya estaba familiarizado con la propaganda gubernamental, pues esta fue colocada en un momento en que no estaba prohibido y, por ende, ya no tiene el mismo impacto que en su caso, tendría si fuera colocada a la par de la propaganda electoral.

…….

……

Pero tal prohibición no debe ser extendida, como lo pretende la inconforme, para estimar que la propaganda gubernamental colocada con antelación al inicio de la campaña electoral, y con la que se insiste, el ciudadano se encuentre familiarizado, genere un impacto a favor o en contra de alguna fuerza política.

.... en la especie, de autos no se advierte ni se demuestra que los actos propagandísticos denunciados hayan sido colocados con posterioridad al inicio de la campaña electoral; por el contrario, se aprecia que la mayoría de ellos estaban colocadas con una antelación no solo a la etapa vedada por la norma, sino al propio proceso electoral, lo que lejos de acreditar que su colocación tenga como fin la influencia en el electorado, demuestra que son propias del proceso de información y comunicación de logros que los ayuntamientos y el propio gobierno estatal realizan de manera ordinaria.

.... ya que no se acredita que estas hayan continuado difundiendo la propaganda gubernamental, esto es, que una vez iniciada la etapa de campaña electoral, alguna de ellas realizara un acto de difusión de logros de gobierno, como por ejemplo, mediante pinta de bardas o colocación de espectaculares, etcétera.

 Como puede advertirse, el fallo impugnado está basado bajo la idea esencial de que la norma establecida en el artículo 157 del Código Electoral, prohíbe esencialmente el activismo político de las autoridades gubernamentales de establecer un mecanismo sostenido y novedoso de comunicación social de los logros durante el periodo de veda; de tal suerte que los mecanismos de difusión tales como carteles, bardas, espectaculares etc., que hubieran sido colocados o fijados previamente a este periodo prohibido, escapan a la regulación legal, por lo que su permanencia y efectos frente al electorado deben considerarse válidos, pues lo que la norma tutela es la cesación de dicha comunicación persuasiva durante la campaña electoral, pues la ratio legis está encaminada a evitar que el elector sufra de confusión en los eventos que se le presentan sucesivamente mediante la propaganda gubernamental.

 Las consideraciones vertidas, resultan aberrantes jurídicamente, pues su convalidación de este órgano superior electoral, propiciaría que las autoridades gubernamentales implementaran una estrategia de comunicación intensa en medios impresos (espectaculares, bardas, gallardetes, etc.) de forma previa al periodo de campaña, con las características y fines de la propaganda gubernamental, consientes que no tienen debe jurídico de retirarla, por lo que válidamente puede permanecer durante el periodo de campaña electoral, evidentemente generaría por razones obvias un fraude a la ley.

 Esa Sala Superior, ha establecido los fines de la prohibición de difusión propaganda gubernamental, al sostener dentro del expediente SUP-RAP-123/2011, lo siguiente:

"... este órgano jurisdiccional ha sostenido de forma reiterada, que la finalidad de la prohibición de difundir propaganda gubernamental durante la fase de campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada electoral en los procesos comiciales federales y locales, tiene por objeto evitar que pueda influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, a favor o en contra de determinado partido político o candidato, teniendo en cuenta que el sistema democrático mexicano ha sido diseñado para que los poderes públicos, los órganos de los tres niveles de gobierno y cualquier ente público, observen una conducta imparcial en las elecciones, dado que la reforma electoral tuvo como origen la necesidad de fijar un nuevo marco normativo, con la finalidad de salvaguardar los principios de imparcialidad y da equidad rectores de los procesos comiciales.

Lo destacado en el párrafo que antecede, se ve corroborado con el contenido de la iniciativa con proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia electoral, de treinta y uno de agosto de dos mil siete, en la que se plasmó: "El tercer objetivo que se persigue con la reforma constitucional propuesta es de importancia destacada:... así como elevar a rango de norma constitucional las regulaciones a que debe sujetarse la propaganda gubernamental, de todo tipo, tanto durante las campañas electorales como en periodos no electorales... Es por ello que proponemos llevar al texto de nuestra Carta Magna las normas que impidan el uso del poder público a favor o en contra de cualquier partido político o candidato a cargo de elección popular, y también el uso del mismo poder para promover ambiciones personales de índole política... En quienes ocupan cargos de gobierno: total imparcialidad en las contiendas electorales...".

De igual forma, el proyecto de decreto que se sometió a las distintas comisiones del Senado de la República, las cuales emitieron el Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos, de doce de septiembre de dos mil siete, en el cual plasmaron en lo que al caso interesa, que "...se determina la obligada suspensión de toda propaganda gubernamental durante las campañas electorales y hasta la conclusión de las jornadas comiciales, señalando las únicas excepciones admisibles..."

De lo anterior se desprende con nitidez, que el Poder Reformador de la Constitución como el legislador federal, advirtieron la necesidad de excluir del límite temporal en que se prohíbe la difusión de propaganda gubernamental, aquélla que a virtud de su naturaleza, carece de fuerza para influir en las preferencias electorales y, por tanto, de trastocar los principios de imparcialidad y equidad rectores de los procesos electorales, y que por su especial importancia y trascendencia para la sociedad, se consideró necesario permitir su difusión; de ahí que hubiera exceptuado a las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia."

 En este sentido, no existe controversia respecto a los fines de la prohibición aludida, sin embargo, la interpretación que hace la responsable respecto a la permanencia de dicha propaganda gubernamental durante el periodo de campaña, cuando se acredite que fue colocada previo a dicho periodo, es ilegal, porque resulta contrario a la esencia que pretende vigilar la norma en estudio.

 En efecto, siendo la propaganda de forma general, es una forma de comunicación persuasiva cuyo objetivo es influir en el ánimo del recipiendario de dicha información, en este caso, dada la materia que nos ocupa, el elector.

 Ahora bien, ya se ha dicho, que el artículo 41, párrafo segundo, base III, apartado C, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la jornada electoral, se deberá suspender la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federa!, sus demarcaciones territoriales y cualquier otro ente público.

 Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

 De ahí que, toda propaganda gubernamental que se difunda en algún medio de comunicación social, como puede ser la televisión, radio, prensa escrita o el Internet, entre otros, durante el periodo de campaña electoral hasta la jornada electoral, debe ser considerada como contraventora de! orden constitucional y legal, en materia electoral.

 Es decir, para tener por acreditada la infracción, se requiere de dos elementos: 1) La difusión de cualquier tipo de propaganda gubernamental, entendida por tal, como la emanada de los autoridades federales, estatales y municipales; con las excepciones que establece el propio orden normativo, relativas a las campañas de información de las autoridades electorales, educación, salud o las necesarias para la protección civil y 2) Que tal difusión se lleve a cabo durante el periodo que comprende las campañas electorales federales y locales y hasta el día de la jornada electoral.

 En este orden de ideas, el vocablo "difusión" está construido sobre la base de permanencia actual de comunicar, independientemente que la propaganda hubiera sido colocada previamente al periodo de veda, pues la autoridad jurisdiccional no podía sustraerse de las implicaciones inherentes e implícitas de la persistencia de dicha publicidad gubernamental, la cual está relacionada al efecto pernicioso sobre la voluntad del elector, pues se estaría en el absurdo de que esta comunicación pudiera ser accesible para el elector dentro de la misma jornada electoral, sobre el particular esta Sala Superior ha señalado lo siguiente dentro del expediente SUP-JRC-83/2008.

En cuanto a la conducta debe precisarse que la misma consiste en la difusión, entendida como la acción y efecto de propagar o divulgar logros o programas de gobierno. La difusión no puede conceptuarse como equivalente a colocación o fijación, porque de explicarlos como expresiones sinónimas, se desconocería la finalidad de la norma jurídica de referencia que es impedir la realización de conductas que, en forma directa y actual, o bien, de manera indirecta o por sus efectos, impidan la vigencia de los principios de imparcialidad de los servidores públicos y de equidad de la competencia entre los partidos políticos, según se prevé en los artículos 116, fracción IV, incisos b) y g), y 134, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución General de la República.

En consecuencia, es suficiente con demostrar que la difusión de los logros o programas ocurrió dentro del plazo de restricción o veda (treinta y cinco días anteriores al de la jornada electoral), para que se colme el elemento normativo de referencia. Por ello, es intrascendente la circunstancia de que la colocación o fijación de logros o programas, cuando sea a través de medios fijos (como sucede con los espectaculares, mamparas, pendones, pintas en elementos firmes o permanentes, o bien, móviles, como lo son los vehículos) o electrónicos (como lo sería internet), hubiere ocurrido en forma anterior al plazo, porque la conducta prohibida es la "acción y efecto de difundir".

El elemento normativo relativo a los sujetos activos, también, de acuerdo con la interpretación funcional de la norma jurídica precisada, comprende a toda persona individual o colectivamente considerada. Es decir, se trata de un sujeto común o indiferente y no propio o exclusivo. Esto es, está prohibido que cualquier persona realice actos de difusión de logros o programas de gobierno y que de esa forma impida que prevalezcan condiciones equitativas en el desarrollo de los procesos electorales y que, por el contrario, se afecten sus resultados en perjuicio de los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos.

En suma, es independiente que el servidor público sea un autor material o intelectual e, incluso, que no sea responsable de la difusión de los logros o programas de gobierno, puesto que se debe atender a la finalidad de la norma en cuestión, lo cual coincide con la necesidad de proteger ciertos bienes jurídicos constitucionales de relevancia fundamental, como se anticipó. De una manera distinta, se desconocería una prohibición implícita y admitiría la realización de un fraude a la ley.

Cuando se establece que la prohibición está dirigida a los logros o los programas de gobierno, también debe incluirse a los programas legislativos, ya que al también estar dirigida tal limitación a "los legisladores locales", debe considerarse que el equivalente a "programas de gobierno" lo es "programas legislativos".

Aunque es claro que la restricción está sujeta a un plazo (treinta y cinco días anteriores al día de la jornada electoral), esa referencia normativa no puede entenderse como una autorización para válidamente realizar actos de difusión de logros o programas de gobierno el día de la jornada electoral, porque derivado del principio de constitucionalidad y legalidad, las autoridades electorales no pueden desconocer las prohibiciones implícitas que derivan de la misma Constitución General de la República, como lo son los principios de imparcialidad de los servidores públicos y equidad en la contienda electoral.

La necesidad de preservar condiciones jurídicas y fácticas que permitan la vigencia de dichos principios justifica que también en el día en que los ciudadanos sufragan, también persista esa restricción legal, porque los electores deben ejercer su derecho de votar, de manera universal, libre, secreta y directa, y los candidatos, los partidos políticos y las coaliciones deben ser votados en forma libre, auténtica y periódica. No podría predicarse que una elección es auténtica si los ciudadanos están sujetos a la difusión, en plena jornada electoral, de mensajes gubernamentales o de los legisladores, y que los electores ejercieron su voto en forma enteramente libre, cuando estuvieron sujetos a una suerte de presión.

 Por todo ello, el hecho de que la propia responsable jurisdiccional reconozca que la propaganda electoral se mantuvo durante la campaña electoral e inclusive dentro de la jornada electoral, este evento constituye una violación directa a principios rectores en materia electoral, el cual debe ser valorado como un elemento cualitativo de primer orden esto es, una irregularidad grave no reparada para tener por invalida la elección de Gobernador del Estado de México, pues la gravedad de la conducta realizada por las autoridades de gobierno estatal y municipales de dicha entidad, está íntimamente relacionada al hecho incontrovertible que la misma estuvo colocada dentro de la mayor parte del territorio del Estado de México.

 Por otro lado, la responsable estima que tampoco existe violación a los dispositivos constitucionales y legales que sustentan la regulación de propaganda gubernamental, toda vez que a su juicio esta no se verifico en medios de comunicación social, sino en "medios alternos", la responsable lo justifica de la siguiente forma:

...debe sumarse que tal y como lo refiere el actor, la mayor parte de la propaganda gubernamental denunciadas en sendos procedimientos administrativos sancionadores fue resuelta de manera conjunta por el Instituto Electoral del Estado de México el pasado doce de agosto, en el sentido de que esta informa sobre obras y programas de gobierno, y no se hizo sobre medios de comunicación social, sino mas bien, sobre medios de comunicación alternos.

... la condición apuntada por el Instituto Electoral Local respecto a que la propaganda gubernamental denunciada fue difundida en medios alternos y no en medios de comunicación social, es una cuestión que el enjuiciante no controvierte en el presente juicio de inconformidad.

Así, que el procedimiento administrativo sancionador electoral, además de su naturaleza esencialmente punitiva, se concibe como medio idóneo para preconstituir pruebas sobre hechos irregulares que puedan incidir en la jornada electoral, ello no quiere decir que el denunciante y ahora enjuiciante este impedido para esgrimir agravios sobre cuestiones hechas valer en un recurso de apelación, con relación intrínseca a la validez de la elección.

En esa ejecutoria se estableció además, que los partidos políticos tienen la carga de presentar denuncias y quejas necesarias, así como aportar los medios de prueba para acreditar los hechos denunciados que se presenten durante la etapa de preparación de la elección, puesto que de no hacerlo ya no se encuentran en condiciones de hacerlo al momento de impugnar la elección, pues no cumplieron con la obligación compartida con la autoridad administrativa electoral de vigilar el proceso electoral en su calidad de instituciones de interés público.

……

…….

Por ende, mientras que en el juicio de inconformidad, la acreditación plena de una irregularidad puede, en la medida que esta resulte determinante, generar la nulidad de la elección controvertida; en el recurso de apelación, además de la revocación del acto impugnado, puede dar paso a una sanción para el responsable de tal conducta.

En este tenor, queda demostrado que la permanencia de la propaganda gubernamental estatal y municipal durante la campaña electoral que fue denunciada mediante veintidós quejas, no violo la prohibición del artículo 157 del Código Electoral del Estado de México.

En el mismo orden de ideas, tampoco puede decirse que la propaganda gubernamental que difunde logros de gobierno en medios de comunicación alternos en modo alguno trastoca el principio de equidad.

….. se concluye válidamente que en modo alguno las expresiones o imágenes hacen alusión al proceso comicial, a sus contendientes, como tampoco a las propuestas electorales que representa el candidato de la coalición "Unidos Por Ti", de la cual forma parte del Partido Revolucionario Institucional.

Tampoco se enaltecen las obras realizadas, como logros personales del gobernador, o de los gobiernos emanados de ese instituto político, de manera tal que se pudiera, con objetividad, señalar que la propaganda denunciada tenía el carácter electoral.

En el caso, no son identificables indicios básicos que permitan, una vez concatenados, colegir de los datos contenidos en los testigos de grabación y demás documentos probatorios, la implícita intención de mostrar a la ciudadanía la conveniencia de votar por el candidato propuesto por el Partido Revolucionario Institucional vía coalición "Unidos por Ti".

A lo anterior, debe añadirse que la actora solo menciona que la equidad en la contienda electoral fue trastocada puesto que la permanencia de la propaganda gubernamental trastoco el artículo 157 del código local, sin expresar algún otro razonamiento que origine a este cuerpo colegiado la percepción de que tal conducta había trastocado el principio electoral o que esta haya influido en la voluntad del ciudadano.

……

……

.... De este modo es dable sostener que la propaganda gubernamental difundida no debe entenderse como un acto exclusivo que altere o modifica la voluntad de los ciudadanos que acudan a sufragar.

Asimismo, debe tenerse presente que la propaganda gubernamental si bien podría tener un grado de influencia (ya sea en mayor o menor), esta puede ser tanto de manera positiva como negativa para los candidatos postulados por el Partido o Coalición del cual emergió el titular de ese gobierno, por tanto, su intervención es un proceso electoral a través de la propaganda que difunde sus logros, puede beneficiar o perjudicar a esos candidatos.

 Como puede observarse, más que estudiar el agravio hecho valer por mi representada, la responsable descalifica las argumentaciones vertidas, sin embargo, más allá de esta condición, el razonamiento tendiente a demostrar que la validez de la propaganda gubernamental está sustentada en su difusión en medios alternos y no de comunicación social, en este sentido, la argumentación es deficiente, pues no explica la diferenciación entre una forma y otra, pues solo se limita a validar lo expresado por la autoridad administrativa electoral, lo que la hace ilegal por estar en contra del principio de motivación y fundamentaron de cualquier acto e autoridad.

 Sin embargo, conforme a los precedentes judiciales invocados en este escrito, se tiene que dentro del expediente SUP-JRC-83/2008, esta Sala Superior estableció con meridiana claridad lo siguiente:

En consecuencia, es suficiente con demostrar que la difusión de los logros o programas ocurrió dentro del plazo de restricción o veda (treinta y cinco días anteriores al de la jornada electoral), para que se colme el elemento normativo de referencia. Por ello, es intrascendente la circunstancia de que la colocación o fijación de logros o programas, cuando sea a través de medios fijos (como sucede con los espectaculares, mamparas, pendones, pintas en elementos firmes o permanentes, o bien, móviles, como lo son los vehículos) o electrónicos (como lo sería internet), hubiere ocurrido en forma anterior al plazo, porque la conducta prohibida es la "acción y efecto de difundir".

 De la misma forma, dentro del expediente ST-JRC-25/2008, se estableció lo siguiente:

La segunda obligación refiere que la propaganda gubernamental, emitida bajo cualquier modalidad de comunicación social, debe tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. Con ello, se busca que la comunicación social del gobierno, en cualquier nivel, no sea tendenciosa ni empleada con fines electorales, en síntesis, que no rompa la equidad en el proceso electoral, sino que, por el contrario, su difusión persiga un interés general y no uno particular.

En este sentido, debe considerarse que la frase "cualquier modalidad de comunicación social" debe entenderse en dos sentidos: el instrumental {los mecanismos utilizados para socializar la información) y el material (los modelos de mensajes utilizados). Respecto de la instrumental, por "cualquier modalidad de comunicación social" debe entenderse un ámbito material de validez de la norma mayor al señalado en el artículo 41 constitucional para efectos de la contratación de propaganda electoral en medios de comunicación masiva, por lo que, dentro de estas modalidades debe incluirse no sólo la radio y la televisión, sino también la prensa escrita, la difusión con publicaciones propias, el internet e, incluso, los espectaculares, trípticos o volantes. Respecto del sentido material, debe entenderse el tipo de mensaje utilizado (desde un comunicado de prensa hasta un spot televisivo que promuevan la actividad gubernamental).

La tercera obligación, dirigida a los congresos legislativos, federal y locales, señala que las leyes garantizarán el estricto cumplimiento de las restricciones a la propaganda gubernamental, la equidad en la contienda electoral y la imparcialidad de los servidores públicos.

Respecto a la prohibición, la Constitución General de la República refiere que la comunicación social, en ningún momento podrá difundir imágenes, símbolos, nombres o voces de los servidores públicos, con lo que se cierra el círculo para impedir que los servidores públicos difundan su imagen con medios oficiales, privilegiando el principio de equidad en la contienda. Paralelamente, se busca que los programas públicos no influyan en la competencia electoral. Para proteger los principios del numeral en comento, el poder revisor de la Constitución y el legislador han desarrollado un sistema de control, el cual se encuentra tutelado por dos tipos de órdenes jurídicos: el federal y los locales. Con independencia de si un orden jurídico, sea el federal o el de una entidad federativa, regula de manera integral todos los supuestos plasmados a nivel constitucional, lo cierto es que cualquier irregularidad que vulnere los principios de la Carta Magna permite a las autoridades competentes imponer una sanción a los responsables. Por ello, es preciso revisar, en primer término, si existe una infracción a los principios constitucionales o, en su caso, a la normatividad infraconstitucional, para después, analizar qué instancia es competente para imponer las sanciones que, en tal supuesto, resulten aplicables.

Como ha quedado expuesto, para acreditar la violación a lo dispuesto en el artículo 134 constitucional, debe analizarse si la intervención de los servidores públicos afecta los principios de imparcialidad y equidad en la contienda, a partir de la injerencia que pudiera tener el empleo de recursos públicos para fines partidistas, independientemente de que el sujeto activo sea un servidor público o un militante partidista. Lo anterior, con base en la interpretación teleológica del precepto constitucional en comento, toda vez que en la exposición de motivos de la reforma constitucional de trece de noviembre de dos mil siete, se sostuvo que: "...

“… Es por ello que proponemos llevar al texto de nuestra Carta Magna las normas que impidan el uso del poder público a favor o en contra de cualquier partido político o candidato a cargo de elección popular, y también el uso del mismo poder para promover ambiciones personales de índole política."

Es decir, el poder revisor de la Constitución Federal planteó dos hipótesis de aplicación del numeral 134: la primera, impedir el uso del poder público a favor o en contra de cualquier partido político o candidato y, por otra parte, limitar el uso del poder para promocionar a un determinado servidor público.

En ese tenor, la propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, debe analizarse como atentatoria al artículo 134 constitucional, cuando pueda influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos o cuando dicha propaganda incluya nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público o partido político. En ambos casos es susceptible de control y vigilancia, siempre y cuando pudiera constituir una influencia en las preferencias electorales de los ciudadanos. En el caso en comento, se podría estar en presencia del primer supuesto toda vez que el partido político actor se queja de que la propaganda gubernamental introduce un elemento de inequidad en el proceso electoral, por incluir símbolos que pueden significar promoción a una coalición, en perjuicio de los demás partidos políticos contendientes.

En ese orden de ideas, esta Sala Regional considera como propaganda político-electoral contraria a la ley, es decir, aquella susceptible de control y vigilancia en el marco del Derecho Electoral, la contratada con recursos públicos, difundida por instituciones y poderes públicos de cualquier nivel de gobierno, a través de radio, televisión, prensa, mantas, bardas, anuncios espectaculares, volantes u otros medios similares, que tiene como objetivo cualquiera de las siguientes acciones: promocionar la imagen de un determinado servidor público, apoyar a un determinado instituto político, o que incluya símbolos, lemas o frases que en forma sistemática o repetitiva conduzcan a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos. Este tipo de propaganda vulnera el derecho que tienen los ciudadanos para elegir de manera libre, consciente, informada y razonada, a quienes ocuparán los cargos de elección popular.

En casos en los que se actualice este tipo de propaganda, la autoridad local o partido político beneficiado incurrirán en una infracción al principio constitucional aludido en el presente estudio, con independencia de las responsabilidades legales que se contemplen en la normatividad secundaria, sea ésta de carácter federal o local.

 Como puede advertirse, dicha divergencia ya ha sido materia de estudio por ese Poder Judicial de la Federación, y contrario a lo sostenido, el elemento que protege la norma es que la difusión de la propaganda gubernamental se realice conforme a los lineamientos establecidos constitucionalmente y legalmente, siendo intrascendente el mecanismo de socializar dicha información, ya sea de forma escrita o electrónica, tal y como lo sostiene la responsable, de ahí lo ilegal del fallo en la parte que se combate.

 En cuanto hace al argumento vertido por la responsable, en el sentido de que no hay agravio para mi representada por la omisión de acumular los recursos de apelación vinculados al juicio de inconformidad de origen, pues en su óptica, mi representada tiene expedita la cadena impugnativa a nivel federal para controvertir el resultado emitido, es de manifestarse que en capítulo por separado, se ha demostrado la ilegalidad de dicha determinación y que de manera general tienen como esencia el hecho de que la resolución que se combate es incongruente, porque omite el estudio de consideraciones jurídicas expresadas y material probatorio ofrecido en los recursos de apelación de mérito, en tanto que por una negligencia de una autoridad administrativa, no fue posible acudir a la cadena impugnativa y ofrecer el resultado jurisdiccional como un elemento de prueba pleno, de ahí que estaba obligada a acumular el recurso al juicio de inconformidad para establecer un sentencia uniforme. Argumentos que solicito sean reproducidos a la letra como si aquí se hubiesen insertado por obvio de inútil repeticiones.

 En relación a las consideraciones hechas valer por la responsable en el sentido de que la propaganda gubernamental no es un elemento determinante para definir los resultados en una elección pues no existe base sustentable para concluir que el ciudadano pueda ser influido por su contenido, y para soportar esta afirmación hace suyo las argumentaciones del tercero interesado en el sentido de que el Gobierno Federal difundió en radio y televisión más de 55 mil spots de propaganda, y que no existió influencia a favor del Partido Acción Nacional, lo que resulta ilógico que se sostenga que la propaganda gubernamental estatal y municipal, si influyo en la contienda electoral local, y la propaganda federal no tuvo este efecto.

 Lo ilegal de estas consideraciones, estriba en que la responsable realiza las aseveraciones sin ningún tipo de sustento, método o base legal para realizar las conclusiones apuntadas, lo que constituye que dichas argumentaciones deban de ser consideradas como dogmáticas, por la deficiencia en su contenido.

 Sin embargo, resulta oportuno destacar, que contrario a lo sostenido por la responsable, la conculcación al principio de equidad en la contienda, en su vertiente de neutralidad de las autoridades de gobierno en un proceso electoral, por ser una axioma constitucional regulado tanto por la Constitución Federal como por Constitución de la entidad, está fuera de una valoración cuantitativa para su actualización, pues hasta que la infracción sea demostrada con la existencia de la propaganda gubernamental, y de que esta haya sido difundida en el periodo de veda que obliga las legislaciones en cada entidad. En este sentido, lo errado de lo manifestado por la responsable queda en evidencia, al comprender lo efectos implícitos de la protección constitucional que regula este tópico, que es en esencia que el elector se encuentre libre de cualquier afectación que pueda tener su voluntad y evitar la influencia indebida a favor de un candidato o partido político, con motivo de la difusión de publicidad de gobierno que invariablemente corresponderá a la vinculación de un partido político, dado el diseño constitucional que monopoliza el acceso al poder público a favor de dichos entes políticos; y por otro lado garantizan que el erario público no sea desviado a favorecer a un actor político dentro de la campaña electoral con la contratación o instrumentación de publicidad que exalte la difusión de obra o acciones de gobierno, en medios de comunicación sociales, sean escritos electrónicos, radio o televisión.

 Máxime que como es sostenido en el juicio natural, la propaganda gubernamental estatal y mayoritariamente en el ámbito municipal, provino de administraciones emanadas del Partido Revolucionario Institucional, cuyo candidato dentro del actual proceso electoral Eruviel Ávila Villegas fue declarado ilegalmente ganador, aspecto del cual la responsable no hizo pronunciamiento alguno lo cual constituye violación al principio de congruencia en toda resolución y deja inaudita a mi representada en su causa de pedir, aspecto que pido sean superados por este órgano jurisdiccional al momento de dictar sentencia.

 Por todas las consideraciones vertidas es que pido a esta autoridad que se revoque las partes considerativas del fallo que se combate y se declare fundados las consideraciones de agravio hechas valer dictado una nueva resolución sobre el particular.

 AGRAVIO RELACIONADO AL CONSIDERANDO QUE ESTUDIA LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE EQUIDAD ELECTORAL POR LA INEJECUCIÓN A LOS ALCANCES DE LA EJECUTORIA QUE ORDENA EL RETIRO DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL.

 Causa agravio a mí representada las consideraciones vertidas por el Tribunal Electoral del Estado de México, dentro del estudio de violación al principio de equidad electoral por la inejecución a los alcances de la ejecutoria que ordena el retiro de propaganda gubernamental, visible de la foja 245 a la foja 268 de la resolución que se combate y que son del tenor siguiente:

C. VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE EQUIDAD ELECTORAL POR LA INEJECUCIÓN A LOS ALCANCES DE LA EJECUTORIA QUE ORDENA EL RETIRO DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL.

La coalición adora aduce una presunta inejecución de la ejecutoría relativa al Juicio de Revisión Constitucional Electoral con clave SUP-JRC-177/2011; ello porque, según afirma, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México no dio cumplimiento respecto a informar a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de las actividades que realizaron los Consejos Distritales a efecto de dar cumplimiento en los términos y condiciones desarrollados en la sentencia relativa al referido medio de impugnación federal, pues arguye que no existe constancia de que ese evento se haya realizado.

Así, estima que la inacción del Instituto Electoral del Estado de México en el retiro de la propaganda gubernamental municipal de la entidad significa una violación grave, pues se transgrede el principio de certeza electoral, al impedirse verificar el retiro efectivo de dicha publicidad, así como que también se violenta el principio de legalidad en la materia pues, según su óptica, el órgano electoral desacató los lineamientos que sobre el particular emitió la Sala Superior para hacer respetar el contenido de una disposición estipulada en la normatividad electoral, propiciando la violación del principio de equidad, al permitir que la ciudadanía tuviera contacto con una forma de comunicación persuasiva generada por entes del poder público, en que se difunde y dan a conocer logros, obras o programas de los gobiernos municipales, generándose una coacción en la voluntad de los electores dentro de la jornada electoral.

Con base en ello, estima que tales cuestiones deben ser declaradas jurisdiccionalmente reprochables y conducir a la nulidad de la elección, por haberse conculcado bs principios constitucionales en que descansan los procesos democráticos de renovación de los poderes públicos en México.

Previo a la contestación de tales motivos de disenso, se estima pertinente realizar algunas precisiones de tipo normativo.

Tal como ha quedado precisado en considerandos anteriores, respecto a la difusión de propaganda gubernamental durante el periodo de campañas electorales, el artículo 41, Apartado C, párrafo segundo, de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva campaña comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público, siendo las únicas excepciones a lo anterior, las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en caso de emergencia.

Es decir, se establece una prohibición a nivel constitucional federal, a fin de que los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de Gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público, limiten la difusión de su propaganda gubernamental durante la campaña electoral y hasta la finalización de la jornada electoral en el Estado de México, en la Constitución de esta entidad, también se encuentra establecida la prohibición a los poderes estatales (a nivel ejecutivo, judicial y legislativo) y municipales, así como los órganos autónomos y los legisladores locales, que desde el inicio de las campañas y hasta la finalización de la jornada electoral, no difundan propaganda gubernamental.

Asimismo, no puede dejar de desconocerse que de conformidad con el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho a la información debe ser garantizado por el Estado, esto es, que el mismo tiene la obligación de proporcionaría. Sin embargo, tal derecho debe ser entendido e interpretado de conformidad con la propia Constitución Federal.

En tal sentido, si la información que se proporciona por parte del Estado se ubica en el supuesto de tratarse de propaganda gubernamental, la misma tendrá que sujetarse a las limitaciones que para tal efecto señale la normatividad atinente; ello permite, por una parte, que se garanticen los principios de equidad e imparcialidad en los procesos electorales y, por otra, que los gobernados cuenten con información relativa a temas de interés estatal, municipal e incluso de su localidad.

Consecuentemente, al ser obligación del Estado salvaguardar dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el derecho a la información no puede tener un carácter absoluto, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones pues, como se ha puntualizado, se encuentra regulada la necesidad de que cierta información se siga difundiendo, sin Importar si está o no en desarrollo un procedimiento electoral, en específico, la etapa de campaña electoral.

Así, constituyen excepciones a la prohibición en comento, las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

No obstante la existencia de normas que regulan la propaganda gubernamental y electoral que difunden los entes públicos como los partidos políticos, respectivamente, es claro que el legislador previo que el sistema normativo electoral en esa materia puede ser vulnerado mediante diversas conductas, razón por la cual, una vez establecidos los principios ontológicos de las disposiciones en estudio, es necesario establecer los elementos que la integran, para así estar en aptitud de establecer si estamos ante una; propaganda que es ilegal.

Como claramente se puede advertir, el objetivo de la suspensión constitucional consiste en impedir que actores ajenos al proceso electoral incidan en las campañas electorales y sus resultados, lo cual obedece a la necesidad de que los poderes públicos, en todos los órdenes, observen en todo tiempo una conducta de imparcialidad respecto a la competencia electoral, así como a impedir el uso del poder público a favor o en contra de cualquier partido político o candidato a cargo de elección popular.

Además, al no hacer algún distingo la suspensión de mérito, es viable sostener que la restricción trasciende hacia toda la propaganda gubernamental que provenga de cualquiera de los poderes federales, estales, municipales y órganos del Distrito Federal.

Todo lo anterior, lleva a establecer, que el hecho de que en la normatividad electoral del Estado de México se hayan establecido limitaciones respecto de la propaganda gubernamental, esto no resulta ajeno a un sistema en donde la propia norma fundamental establece límites respecto de determinados derechos, en atención a otros valores tutelados en la misma.

En la misma tesitura, el artículo 157, del Código Electoral del Estado de México, obliga a las autoridades estatales y municipales, así como a los legisladores locales a suspender la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, a partir del inicio de las campañas-electorales y hasta la conclusión de la jornada electoral.

Del análisis de esa disposición normativa, podemos colegir que la misma salvaguarda: los principios de imparcialidad y equidad en la contienda electoral, toda vez que la norma, al prohibir la difusión de propaganda gubernamental en medios de comunicación social a partir del inicio de las campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada electoral, por parte de servidores públicos en los tres niveles de gobierno, limita la difusión de la propaganda por cuestiones de contenido y temporalidad.

En efecto, la propaganda gubernamental en ningún caso podrá estar dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ya sea para beneficiar o vulnerar los derechos de los partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular que participan en el proceso electoral, y la difusión está prohibida durante los periodos comprendidos a las campañas electorales, el de reflexión, comprendiendo los tres días previos a la elección, así como el día de la jornada electoral.

Ahora bien, en razón de la inconformidad planteada, debe señalarse que, de conformidad con lo previsto en el artículo 11, párrafo primero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de Gobernador, Diputados a la Legislatura del Estado y miembros de los Ayuntamientos, es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado Instituto Electoral del Estado de México.

En el ejercicio de esa función serán principios rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y el profesionalismo.

Dicho numeral de la normativa constitucional local dispone que el Instituto Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en, su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos, operativos y de vigilancia.

Por su parte, el párrafo décimo segundo del artículo 11 en comento, dispone que la ley determinara las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos del Instituto Electoral del Estado de México, así como las relaciones jerárquicas y administrativas entre estos.

Incluso, el párrafo antepenúltimo, del citado dispositivo constitucional estatal, señala qué el Instituto tendrá a su cargo, además de las que determine la ley, entre otras, las actividades relativas a la preparación de la jornada electoral; los cómputos, declaraciones de validez y otorgamiento de constancias de mayoría en la elección de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos; así como la expedición de las constancias de representación proporcional en los términos que señale la ley.

Tales previsiones constitucionales se encuentran recogidas en los numerales 78, 79, 81 y 82 del Código Electoral del Estado de México.

De las disposiciones constitucionales y legales del Estado de México antes precisadas en posible concluir, que el Instituto Electoral de la entidad es la autoridad que tiene a su cargo la función estatal de organizar y vigilar que los procesos comiciales para la renovación de los cargos de Gobernador, Diputados e integrantes de los Ayuntamientos, se desarrollen con estricto apego a la Constitución y la ley.

Ahora bien, para efecto de sancionar las faltas a la normativa electoral del Estado de México ocurridas durante el desarrollo de los procesos comiciales, el artículo 95, fracciones XXXV, XXXV Bis y Ll, del código electoral local, dispone que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México tendrá las atribuciones relativas: a conocer y resolver sobre las sanciones que le corresponda aplicar a los partidos políticos, coaliciones, dirigentes, candidatos o precandidatos, y a quienes infrinjan las disposiciones de dicho Código, así como determinar e individualizar cada una de ellas, debiendo considerar las circunstancias de modo, tiempo y lugar para la ejecución de la infracción, la gravedad de la falta y el beneficio obtenido; así como resolver y, en su caso, imponer las sanciones derivadas del procedimiento administrativo sancionados respectivamente.

En el cumplimiento de dicha atribución sancionadora, al Secretario Ejecutivo General del Instituto le corresponde, de acuerdo con el artículo 102, fracción XXXII, del código en comento, llevar a cabo la sustanciación en los procedimientos administrativos sanción adores, en términos de lo dispuesto en el artículo 356 de ese código. Conforme al párrafo décimo del citado numeral 356, la sustanciación de las quejas estará a cargo de la Secretaría Ejecutiva General, quien deberá realizar todas las diligencias necesarias para poner los asuntos en estado de resolución, y contará con atribuciones para realizar diligencias para mejor proveer.

De acuerdo con los artículos 356, párrafo penúltimo, del dispositivo legal en estudio, así como 28 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral del Estado de México, en la sustanciación y elaboración del proyecto de resolución correspondiente, la Secretaría Ejecutiva General o, en su caso, la Junta General, contarán con el auxilio o apoyo de la Dirección Jurídico- Consultiva del Instituto.

importante destacar que, con el objeto de evitar que se produzcan daños irreparables a los actores políticos, se vulneren los principios rectores del Proceso electoral y, en general, se afecten bienes jurídicos tutelados constitucional y legalmente, el artículo 3 del Reglamento de Quejas y Denuncias establece que el Consejo General o, en su caso, el Secretario Ejecutivo General, en todo momento procederán a la inmediata implementación de medidas cautelares a través de las acciones que consideren pertinentes.

Ahora bien, para el adecuado cumplimiento de sus funciones en la materia de organización de los procesos electorales locales, el Instituto Electoral del Estado de México contará, en términos de lo previsto en los artículos 110, 111 y 113 del código electoral local, con órganos desconcentrados en cada uno de los distritos electorales, cuyos Consejos Distritales Electorales tienen las atribuciones de vigilar la observancia de dicho código, así como intervenir en la organización, desarrollo y vigilancia de la elección de Gobernador, por ser ésta la que al caso interesa, en sus respectivos ámbitos, en términos de lo dispuesto en el numeral 117, fracciones I y II, del citado código.

La participación de los órganos desconcentrados mencionados en el cumplimiento de los fines asignados al Instituto Electoral del Estado de México queda una vez más de relieve cuando, además de las atribuciones antes precisadas, los artículos 356, párrafo tercero, del código electoral local, tratándose del procedimiento administrativo sancionador, previene que los órganos desconcentrados que reciban una queja o denuncia sobre cualquier materia, procederán a enviar el escrito a la Secretaría Ejecutiva General dentro del plazo de cuarenta y ocho horas. Asimismo realizarán las acciones necesarias para impedir el ocultamiento, menoscabo o destrucción de pruebas, así como para allegarse de elementos probatorios adicionales que estimen pudieran aportar elementos para la investigación, sin que dichas medidas impliquen el inicio anticipado de la misma.

En este sentido, los numerales 3, in fine, y 39 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral del Estado de México establecen, por un lado, que los órganos desconcentrados deberán dejar constancia del hecho y dar vista inmediata a la Secretaría, con independencia del resultado que arroje la investigación correspondiente; así como, que cuando la queja o denuncia se presente ante los órganos desconcentrados, éstos deberán hacerlo del conocimiento inmediato de la Secretaría, y de oficio realizar las acciones necesarias para verificar hechos, impedir el ocultamiento, menoscabo o desaparición de pruebas o indicios que sean el sustento de la misma y remitirla dentro del plazo de cuarenta y ocho horas a la Oficialía de Partes, para el control administrativo correspondiente, misma que lo turnará de inmediato a la Secretaría para su trámite y sustanciación.

De este modo, queda en evidencia que el Instituto Electoral del Estado de México cuenta con toda una estructura para el eficaz y efectivo cumplimiento de sus diversas y variadas funciones constitucionales y legales, estructura que podrá apoyar al Secretario Ejecutivo General, en su carácter de autoridad competente y responsable en la inmediata implementación de medidas cautelares, a través de las acciones que aquél considere pertinentes, de acuerdo con las características y necesidades de cada caso particular.

La colaboración de los órganos desconcentrados en el trámite de las quejas o denuncias que reciben, obedece a la lógica de que los órganos desconcentrados tienen como finalidad, junto con los órganos centrales, según lo previsto en el artículo 83 de dicho código, que el Instituto Electoral del Estado de México ejerza sus funciones en todo el territorio del Estado, lo que entraña la posibilidad de actuar con la mayor prontitud y cercanía posibles, tal como ocurre cuando se denuncian hechos que se encuentran fuera de la ciudad sede de los órganos centrales de ese Instituto.

Establecido lo anterior, se procede al análisis de los agravios planteados por la Coalición "Unidos podemos más", en que se queja de la presunta inejecución de la sentencia relativa al Juicio de Revisión Constitucional Electoral con clave SUP-JRC-177/2011, por parte del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México.

El agravio de mérito resulta INFUNDADO, en razón de las consideraciones que se señalan a continuación.

El veintiuno de junio del año dos mil once, la coalición "Unidos podemos más" presentó escrito de queja en contra de los 125 Ayuntamientos del Estado de México, por la probable comisión de actos violatorios a los artículos 12, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 157, del Código Electoral del Estado de México, aduciendo la difusión de propaganda gubernamental municipal durante el periodo de campañas electorales, misma que fue registrada con el número de expediente EDOMEX/CUPM/EA V-CUPT/093/2011/06.

En el mismo proveído de radicación, se previno a la quejosa para que en un plazo de tres días realizara la narración clara de los hechos en los que sustentaba su queja, a efecto de que señalara la ubicación, características y particularidades de la propaganda gubernamental municipal en medios alternos motivo de su queja, y que especificara los ayuntamientos de la entidad a los que señalaba como presuntos infractores, mandato al que la entonces quejosa dio cumplimiento.

Mediante acuerdo del veinticuatro de junio de la presente anualidad, la Secretaría Ejecutiva General instituto admitió la queja, mandó emplazar a los probables infractores, acordó provisionalmente la implementación de las medidas cautelares solicitadas, ordenándose el retiro de la propaganda gubernamental que difunde logros, obras y programas del gobierno municipal, ubicadas en ciento dieciséis municipios de la entidad:

Inconforme con el proveído mencionado, el veintiséis de junio del presente año, la Coalición entonces quejosa interpuso, vía per saltum, un Juicio de Revisión Constitucional Electoral ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mismo que se resolvió el veintiocho siguiente.

En la sentencia del referido medio de impugnación electoral federal, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia determinó lo siguiente:

PRIMERO. Se modifica, en lo que fue materia de impugnación, el punto SEXTO del Acuerdo dictado por el Secretario Ejecutivo General del Instituto Electoral del Estado de México, por el que se dictaron medidas cautelares respecto de la difusión de propaganda gubernamental en ciento dieciséis Municipios de esa entidad federativa, en los términos de la presente ejecutoria.

SEGUNDO. Los Consejos Distritales del instituto Electoral del Estado de México deberán notificar de inmediato a los Ayuntamientos ubicados dentro de su jurisdicción, la propaganda que, en su caso, deberán retirar de inmediato.

TERCERO. Queda vinculado el Secretario Ejecutivo General a informar a esta Sala Superior sobre el cumplimiento dado a esta sentencia, dentro de las veinticuatro horas.

En cumplimiento a la sentencia de mérito, emitida el veintiocho de junio de dos mil once, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Consejo General emitió un nuevo acuerdo, realizando la modificación ordenada en la ejecutoria.

Una vez notificada la sentencia al Secretario Ejecutivo General, el acuerdo respectivo fue notificado a los Consejos. Distritales Electorales del Instituto Electoral del Estado de 'México, remitiéndoles copia de los discos compactos en que se contenía la información relativa a la propaganda municipal, para que procedieran a realizar la clasificación de la propaganda gubernamental municipal que difunde logros de gobierno, requiriéndoseles para que una vez hecho lo anterior, notificarán a los ayuntamientos de su jurisdicción sobre la propaganda gubernamental que debían retirar de inmediato, imponiéndose a tales entes gubernamentales la obligación de informar a dichos Consejos respecto del cumplimiento de la determinación dentro del plazo de doce horas siguientes al retiro y, en consecuencia, los Consejos Distritales, remitir al Secretario Ejecutivo las contestaciones relativas al retiro de la propaganda hecha por los Ayuntamientos.

Mediante oficio IEEM/SEG/6995/2011, el veintinueve de junio del año en curso, el Secretario Ejecutivo General del Instituto Electoral del Estado de México, informó a la Sala Superior lo siguiente:

Véase oficio foja 279 de la sentencia que se combate

Por auto del treinta de junio de dos mil once, la Magistrada instructora de la Sala Superior proveyó tener por recibida la información respectiva con sus anexos, y, con motivo de lo informado por el Secretario Ejecutivo, determinó requerir a la autoridad responsable para que informara de inmediato a la Sala Superior, sobre las acciones tomadas con posterioridad a lo informado mediante oficio IEEM/SEG/6995/2011, para cumplimentar totalmente lo ordenado en la sentencia dictada dentro del expediente SUP-JRC-177/2011, en especial lo relativo a los Consejos Distritales que no se encuentran mencionados dentro del oficio antes aludido.

Mediante diverso oficio IEEM/SEG/7115/2011, recibido en la oficialía de partes de la Sala Superior el primero de julio del año en curso, el Secretario Ejecutivo General del Instituto Electoral del Estado de México, comunicó a dicha autoridad lo siguiente:

Véase oficio foja 280 y 281 de la sentencia que se combate

Atento al contenido de los referidos informes/tomando en consideración la proximidad de la jornada comicial en el Estado de México para la elección del titular del Poder Ejecutivo estatal, el uno de julio de la anualidad en curso, la Sala Superior emitió resolución interlocutoria, en los términos siguientes:

PRIMERO. Es fundado el incidente de incumplimiento de sentencia.

SEGUNDO. El Secretario Ejecutivo General del Instituto Electoral del Estado de México queda vinculado a cumplir de inmediato la sentencia dictada en el juicio de revisión constitucional electoral en que se actúa, en sesión pública del veintiocho de junio de dos mil once.

TERCERO. Queda vinculado el mencionado secretario para informar inmediatamente a esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sobre el cabal cumplimiento de la sentencia señalada.

[…]

Mediante acuerdo de ocho de julio de dos mil once, en términos de las copias certificadas de los oficios IEEM/SEG/6995/2011, IEEM/SEG/7079/2011, IEEM/SEG/7115/2011, IEEM/SEG/7137/2011 enviado vía fax, IEEM/SEG/7137/2011, IEEM/SEG/7222/2011 y anexos, IEEM/SEG/7282/2011 y IEEM/SEG/7328/2011, el Secretario Ejecutiva General del Instituto informó a la entonces Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; respecto del Cumplimiento de lo ordenado en la sentencia de dicho órgano jurisdiccional federal.

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que en la sentencia del juicio de revisión constitucional electoral identificado con clave SUP-JRC- 177/2011, la Sala Superior determinó lo siguiente:

"[...]

PRIMERO. Se modifica, en lo que fue materia de impugnación, el punto SEXTO del Acuerdo dictado por el Secretario Ejecutivo General del Instituto Electoral del Estado de México, por el que se dictaron medidas cautelares respecto de la difusión de propaganda gubernamental en ciento dieciséis Municipios de esa entidad federativa, en los términos, de la presente ejecutoria.

SEGUNDO. Los Consejos Distritales del Instituto Electoral del Estado de México deberán notificar de inmediato a los Ayuntamientos ubicados dentro de su jurisdicción, la propaganda que, en su caso, deberán retirar de inmediato.

TERCERO. Queda vinculado el Secretario Ejecutivo General a informar a esta Sala Superior sobre el cumplimiento dado a esta sentencia, dentro de las veinticuatro horas siguientes.

[…]

Al respecto, la coalición actora aduce que los lineamientos y plazos desarrollados por la Sala Superior, dentro de la resolución del expediente SUP-JRC-177/2011, no fueron cumplidos, violentándose con ello de forma directa los principios de legalidad en materia electoral y el de acceso a la justicia, contemplados, respectivamente, en los artículos 41 y 17 de la Carta Magna del país.

Así, argumenta que la Secretaría Ejecutiva General del Instituto tenía el deber de que, en cuanto fuera notificado de la resolución de la Sala Superior debía ordenar a todos y cada uno de los Consejos Distritales, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la referida notificación, respecto a que quedaban vinculados a dicha ejecutoria.

Afirma que, debido a la vinculación apuntada, tales consejos debían notificar y comunicar a los ciento dieciséis municipios de la Entidad para que procedieran en el ámbito de su jurisdicción al retiro inmediato de la propaganda gubernamental municipal colocada en el ámbito de sus territorios, debiendo informar a la Sala Superior del cumplimiento de dicha determinación dentro del plazo de veinticuatro horas.

Refiere que esos mandamientos no fueron verificados en los plazos ordenados por la ejecutoria, habida cuenta que, aduce, es un hecho notorio que la Sala: Superior declaró "[...] como cumpliendo parcialmente al Secretario Ejecutivo General del Instituto Electoral del Estado de México, dentro del incidente de inejecución de la sentencia del juicio de revisión constitucional SUP-JRC-177/2011 [...]"

Manifiesta que, en consecuencia, en aquellos consejos distritales, en que son se verifico dicha notificación dentro de los plazos ordenados en la ejecutoria, existió una dilación innecesaria en el cumplimiento de las medidas cautelares del retiro de la propaganda gubernamental municipal, por lo que no se cumplieron las finalidades de que dicha propaganda fuera retirada antes del periodo de veda electoral, lo que tiene un efecto pernicioso en el proceso electoral.

Continúa afirmando que no existe constancia legal de que los Consejos Distritales que recibieron las cédulas de identificación hayan realizado, mediante sesiones de trabajo formales de su colectivo, la determinación de cuál propaganda debería ser retirada de los municipios de su demarcación, justificando en cada caso las razones o parámetros para su inclusión o exclusión de las hipótesis del artículo 157 del Código Electoral de la Entidad; aspectos que, a su juicio, no obran en el expediente, dado que no existen los acuerdos o resolución correspondiente que acrediten que dichos Consejos hubieran realizado las acciones aludidas.

Argumenta que tampoco está acreditado que los Consejos Distritales, una vez determinado cuál propaganda gubernamental debía ser retirada en los municipios de la Entidad, hubieran notificado a los ayuntamientos de sus demarcaciones, la forma, día, plazos o modalidad, en que se verificaría dicho retiro pues, afirma, que no debe olvidarse que la materialización del retiro de dicha propaganda debería ser una ejecución realizada por los Consejos Distritales, con apoyo de los propios ayuntamientos.