JUICIOs DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL

EXPEDIENTEs: SUP-JrC-301/2010 Y acumulado

actores: COALICIÓN “UNIDOS POR LA PAZ Y EL PROGRESO”  Y PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

AUTORIDAD rESPONSABle: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE OAXACA

TERCERO INTERESADO: COALICIÓN “UNIDOS POR LA PAZ Y EL PROGRESO”

MAGISTRADO PONENTE: manuel gonzález oropeza

SECRETARIOs: valeriano pérez maldonado y MARTÍN JUÁREZ MORA

México, Distrito Federal, a nueve de noviembre de dos mil diez.

VISTOS, para resolver los autos de los juicios de revisión constitucional electoral identificados con las claves SUP-JRC-301/2010 y SUP-JRC-302/2010, promovidos por la coalición “Unidos por la Paz y el Progreso” y el Partido Revolucionario Institucional, en contra de la sentencia dictada el quince de septiembre de dos mil diez, por el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca, en el recurso de inconformidad número RIN/GOB/XV/07/2010, instruido con motivo de la impugnación del cómputo de la elección de Gobernador en el XV Consejo Distrital Electoral con sede en Huajuapan de León, Oaxaca; y

R E S U L T A N D O S :

PRIMERO. Antecedentes. De lo narrado en la demanda y de las constancias que obran en autos, se desprende lo siguiente:

I. Jornada Electoral. El cuatro de julio de dos mil diez, en el Estado Libre y Soberano de Oaxaca se llevó a cabo la elección ordinaria para elegir al Gobernador Constitucional de dicha entidad, entre otros cargos.

II. Cómputo Distrital. El siete de julio del año en curso, el XV Consejo Distrital Electoral con sede en Huajuapan de León, Oaxaca, realizó el cómputo distrital de la elección de Gobernador constitucional de la mencionada entidad federativa, el cual arrojó los siguientes resultados:

SEGUNDO. Recurso de inconformidad. El doce julio de dos mil diez, inconforme con los resultados que han quedado precisados en el punto que antecede, el Partido Revolucionario Institucional, por conducto de su representante Othón Abel Sibaja Suárez, ante el XV Consejo Distrital Electoral con sede en Huajuapan de León, Oaxaca, interpuso recurso de inconformidad, mediante el cual hizo valer dos pretensiones: el recuento total y/o nuevo escrutinio y cómputo de las casillas instaladas en el distrito, y la nulidad de la votación recibida en diversas casillas.

Dicho recurso local el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca le asignó el expediente número RIN/GOB/XV/07/2010.

I. Tercero interesado. El quince de julio del año en curso, Víctor Hugo Alejo Torres, representante propietario de Convergencia ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca, presentó en nombre de la coalición “Unidos por la Paz y el Progreso”, escrito de tercero interesado.

II. Resolución incidental. El catorce de septiembre del presente año, el Tribunal Electoral local declaró improcedente el incidente de nuevo escrutinio y cómputo. Dicha determinación, fue notificada al Partido Revolucionario Institucional el quince de septiembre siguiente.

III. Sentencia impugnada. El quince de septiembre de dos mil diez, el referido tribunal electoral dictó sentencia en el recurso de inconformidad citado, con los resolutivos al tenor siguiente:

“..

R E S U E L V E:

PRIMERO. Este Tribunal es competente para conocer el presente recurso de inconformidad en los términos del Considerando Primero de esta resolución.

SEGUNDO. La legitimidad del Partido Revolucionario Institucional como promoverte en el presente medio, así como del partido Convergencia como tercero interesado quedó acreditada; así también la personalidad de Alonso Ávila Castillo y Víctor Hugo Alejo Torres, quienes se ostentaron como representantes propietarios del Partido Convergencia, ante el XV Consejo Distrital Electoral con sede en Huajuapan de León, Oaxaca, y ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral; así como el último de los mencionados como representante propietario de la Coalición "Unidos por la Paz y el Progreso" en términos del Considerando Segundo de este fallo.

TERCERO. Se declaran INFUNDADOS los agravios hechos valer por el Partido Revolucionario Institucional, en los que invoca las causales de nulidad de la votación recibida en casillas, previstas en los incisos a), c), e), g), h) y k), sección 1, del artículo 66 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Oaxaca; en términos de los Considerandos Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno de la presente resolución.

CUARTO.- Se declaran FUNDADOS los agravios hechos valer por el Partido Revolucionario Institucional, en los que invoca la causal de nulidad de la votación recibida en casilla, prevista en el inciso a), sección 1, del artículo 66 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Oaxaca, respecto de las en las casillas 202 Básica y 218 Contigua 2, en términos del Considerando Cuarto, apartado c), de la presente resolución, en consecuencia se anula la votación recibida en dichas casillas.

QUINTO. Se MODIFICAN los resultados consignados en la respectiva acta de cómputo Distrital, para quedar en los términos del Considerando Décimo de la presente sentencia.

SEXTO. Remítase copia certificada de esta ejecutoria a la sección de ejecución que para tal efecto se abra al resolver el último de los recursos que se hubiere promovido en contra de la elección de Gobernador, en términos del artículo 58, sección 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Oaxaca.

…”

TERCERO. Juicios de revisión constitucional electoral. El veinte de septiembre de dos mil diez, Víctor Hugo Alejo Torres, en su carácter de representante de la coalición “Unidos por la Paz y el Progreso”, presentó demanda de juicio de revisión constitucional electoral, en contra de la sentencia dictada el quince de septiembre de dos mil diez, por el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca, en el recurso de inconformidad número RIN/GOB/XV/07/2010.

También en la misma fecha, Othón Abel Sibaja Suárez, representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el XV Consejo Distrital Electoral con sede en Huajuapan de León, Oaxaca, presentó diversa demanda de juicio de revisión constitucional electoral en contra de la sentencia referida.

CUARTO. Trámite y sustanciación.

I. Recepción del expediente en Sala Superior. El veinticuatro de septiembre del presente año, se recibieron en esta Sala Superior las demandas, con sus anexos, así como los informes circunstanciados y la documentación relativa a la tramitación de los aludidos medios de impugnación.

II. Integración y turno de los expedientes. El veinticuatro de septiembre del año en curso, la Magistrada Presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, acordó integrar y registrar los expedientes SUP-JRC-301/2010 y SUP-JRC-302/2010, con motivo de las demandas presentadas por los representantes de la coalición “Unidos por la Paz y el Progreso”, y del Partido Revolucionario Institucional, respectivamente, así como turnarlos a la ponencia del Magistrado Manuel González Oropeza, para los efectos previstos en los artículos 19 y 92, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Los acuerdos de referencia se cumplimentaron mediante oficios números TEPJF-SGA-3862/10 y TEPJF-SGA-3863/10, ambos de esa misma fecha, suscritos por el Secretario General de Acuerdos de esta Sala Superior.

III. Tercero interesado. El veinticuatro de septiembre de dos mil diez, en el expediente del juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-302/2010, la coalición “Unidos por la Paz y el Progreso” compareció como tercero interesado.

IV. Admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad el Magistrado Instructor admitió a trámite los juicios de revisión constitucional electoral citados al rubro y, al no existir trámite pendiente de realizar, declaró cerrados su instrucción, dejando los autos en estado de dictar sentencia, y

C O N S I D E R A N D O S:

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y esta Sala Superior es competente, conforme a lo previsto en los artículos 17, 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso b), y 189, fracción I, inciso d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 87, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para conocer y resolver los presentes medios de impugnación, en virtud de que se tratan de dos juicios de revisión constitucional electoral, promovidos contra una sentencia dictada por un tribunal electoral local, mediante la cual modifica los resultados de un cómputo distrital de la elección de Gobernador de una entidad federativa.

SEGUNDO. Acumulación. Del examen de las demandas contenidas en los expedientes SUP-JRC-301/2010 y SUP-JRC-302/2010, esta Sala Superior advierte la conexidad en la causa, toda vez que existe identidad en el acto impugnado y en la autoridad responsable, esto es, la sentencia dictada en el recurso de inconformidad número RIN/GOB/XV/07/2010, por el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca.

En estas condiciones, a fin de resolver de manera conjunta, pronta y expedita los referidos juicios y para evitar la emisión de criterios contradictorios, con fundamento en los artículos 199, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 31, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 86 y 87, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo conducente es decretar la acumulación del juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-302/2010, al diverso SUP-JRC-301/2010, toda vez que este juicio fue el primero que se presentó, por lo tanto, el más antiguo.

En consecuencia, deberá glosarse copia certificada de los puntos resolutivos de la presente sentencia a los autos del juicio acumulado.

TERCERO. Causales de improcedencia. La Coalición "Unidos por la Paz y el Progreso", al comparecer en el juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-302/2010 como tercera interesada, aduce que el juicio promovido por el Partido Revolucionario Institucional es improcedente por falta de legitimación del impugnante, por falta de interés jurídico, frivolidad en el medio impugnativo, que no se expresa agravio alguno, sino que se trascribe e insertan los hechos valer en el recurso primigenio y obscuridad de la demanda.

Los primeros dos argumentos deben desestimarse, porque la legitimación para promover este juicio se encuentra satisfecha, mientras la requerida para hacer valer el medio de impugnación local constituye uno de los motivos de inconformidad formulados en la demanda de la coalición que, por tanto deberá ser analizado en el fondo.

Por cuanto al interés jurídico, que realmente se refiere al requisito especial de que la violación reclamada sea determinante para el desarrollo o resultado de la elección, en el caso se encuentra satisfecho.

Con el fin de no incurrir en repeticiones innecesarias, las consideraciones que sustentan lo afirmado en los dos párrafos precedentes se incluirán en el apartado siguiente de esta resolución, al ocuparse del análisis de los requisitos especiales de procedencia de este juicio relativos precisamente a la legitimidad y determinancia.

Ahora bien, de estimar que el interés jurídico no se circunscribe exclusivamente al requisito de determinancia, sino que se entiende planteado también de modo independiente en virtud de que la coalición actora asevera que la sentencia impugnada no afecta la esfera jurídica del citado partido político.

Igualmente, debe desestimarse tal planteamiento, por las siguientes razones.

Este órgano jurisdiccional ha desarrollado los elementos que integran el interés jurídico para promover los medios de impugnación, tal como se puede apreciar en la jurisprudencia S3ELJ07/2002, consultable en la Compilación Oficial “Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005”, tomo jurisprudencia, a páginas 152 y 153, de rubro: INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO.

En esa jurisprudencia básicamente se requiere como elementos de dicho interés: infracción a algún derecho sustancial; necesidad de la intervención del órgano jurisdiccional; que esa intervención sea útil para lograr la reparación de la conculcación.

En el caso se actualizan esos elementos, con lo que se evidencia el interés jurídico del Partido Revolucionario para impugnar la sentencia reclamada.

En efecto, en esta instancia constitucional, el actor se duele fundamentalmente de que el tribunal responsable no valoró los argumentos que hizo valer en su escrito de demanda de inconformidad, pues de haberlo realizado, hubiera resuelto declarar la nulidad de la votación recibida en varias casillas, como se solicitó en el medio de impugnación local.

Así, a criterio del Partido Revolucionario Institucional, el tribunal responsable no anuló votación de manera indebida, y ante la situación de que en el ámbito local, no existe medio de impugnación en contra de la sentencia ahora reclamada, es evidente a ese partido político sólo le queda acudir a esta instancia constitucional, que de conformidad con los artículos 86, párrafo 1 y 93, párrafo 1, inciso b), es apta para modificarla o revocarla y así, en su caso, lograr la reparación de las conculcaciones correspondientes.

Por ello, es claro que el Partido Revolucionario Institucional sí tiene interés jurídico para promover el presente juicio de revisión constitucional.

Tocante a las causas de improcedencia por frivolidad, falta de expresión de agravios y obscuridad en la demanda alegadas, por su estrecha relación se analizan en forma conjunta, en este sentido, de igual manera son de desestimarse, toda vez que se hacen consistir esencialmente en que el Partido Revolucionario Institucional se limitó a reiterar en este juicio los argumentos formulados en el recurso de inconformidad, es claro que esa cuestión sólo podría dilucidarse cuando se lleve a cabo el análisis de tales motivos de agravio, lo que es propio del estudio de fondo y no de la procedencia del juicio.

Aunado a lo anterior, conviene tener presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, un medio de impugnación es frívolo, cuando sea notorio el propósito del actor de interponerlo sin existir motivo o fundamento para ello, o aquél en el cual, evidentemente, no se puede alcanzar el objeto que se pretende; es decir, la frivolidad de un medio de impugnación significa que es totalmente intrascendente o carente de sustancia.

En el caso, la lectura de la demanda del juicio promovido por el Partido Revolucionario Institucional se evidencia que señala hechos y agravios específicos, sobre la legalidad de la resolución reclamada, específicamente controvierte la declaración de validez de la elección, de ahí que tal medio de impugnación no carece de sustancia o trascendencia, además, de la misma se desprenden conceptos de agravio y en todo la eficacia de los mismos sólo podrá valorarse, como se dijo, al abordar el fondo del asunto.

Por tanto, deben desestimarse estas causas de improcedencia.

En virtud de lo expuesto, toda vez que esta Sala Superior no advierte que se actualice alguna de las causas de improcedencia invocadas, lo procedente es realizar el estudio de los restantes requisitos esenciales de la demanda y los especiales de procedibilidad del presente juicio de revisión constitucional electoral.

CUARTO. Requisitos de las demandas, presupuestos procesales y requisitos especiales de procedibilidad. Los requisitos enunciados se satisfacen, tal como se demuestra enseguida:

1. Forma. Las demandas se presentaron por escrito ante la autoridad responsable y en ellas consta el nombre y firma del representante de la coalición “Unidos por la Paz y el Progreso”, así como del Partido Revolucionario Institucional, respectivamente; se identifica el acto impugnado y la autoridad responsable; se mencionan los hechos materia de la impugnación y se expresan los agravios que se estiman pertinentes.

2. Oportunidad. Las demandas se interpusieron dentro del plazo de cuatro días fijado por el artículo 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues la notificación de la sentencia impugnada tanto a la coalición “Unidos por la Paz y el Progreso” y al Partido Revolucionario Institucional, se realizaron el día dieciséis de septiembre del año en curso, por lo que, considerando que en el Estado de Oaxaca se encuentra en curso un proceso electoral local, todos los días y horas son hábiles, de ahí que dicho plazo trascurrió del diecisiete al veinte de septiembre, siendo en este último día cuando las demandas de mérito fueron presentadas, según se advierte en autos.

3. Legitimación. En cuanto al juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-301/2010, está promovido por parte legítima, pues conforme con el artículo 88, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como en la Jurisprudencia S3ELJ 21/2002, de rubro: “COALICIÓN. TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LOS MEDIOS IMPUGNATIVOS EN MATERIA ELECTORAL”, consultable en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 49 a 50, de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, corresponde instaurarlo a los partidos políticos y a las coaliciones y, en la especie, la que promueve es precisamente la coalición “Unidos por la Paz y el Progreso”.

Por cuanto hace al juicio de revisión constitucional SUP-JRC-302/2010, con relación al cumplimiento de este requisito por lo que se refiere al Partido Revolucionario Institucional, lo conducente se determinará al examinar el fondo de los presentes asuntos, pues precisamente uno de los agravios hechos valer por la coalición actora, estriba en que la responsable indebidamente le reconoció legitimación al Partido Revolucionario Institucional, para impugnar el computo distrital de la elección de Gobernador que fue realizado por el XV Consejo Distrital del Instituto Estatal Electoral, con sede en Huajuapan de León, Oaxaca.

Luego, como tal aspecto forma parte de los agravios de uno de los inconformes, dicho tema será motivo de pronunciamiento, pero en el estudio de fondo de los presentes asuntos.

4. Personería. En el caso se cumple con el requisito previsto en el artículo 88, párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ya que el juicio a estudio fue promovido por la coalición “Unidos por la Paz y el Progreso”, a través de Víctor Hugo Alejo Torres, en su carácter de representante propietario del Partido Convergencia quien ostenta, además la representación de la referida coalición, en términos de la clausula DÉCIMA del respectivo convenio de coalición.

En lo que toca al Partido Revolucionario Institucional, debe tenerse por satisfecho el requisito, toda vez que dicho aspecto forma parte del fondo del asunto que se somete a consideración de este órgano jurisdiccional.

5. Actos definitivos y firmes. El requisito de definitividad y firmeza previsto en el artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se desarrolla en el artículo 86, párrafo 1, incisos a) y f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, también se surte en la especie, pues en contra de la sentencia impugnada no está previsto ningún otro medio de impugnación en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Oaxaca, ni existe disposición o principio jurídico de donde se desprenda la autorización respecto de alguna autoridad de esa entidad para revisar y, en su caso, revocar, modificar o nulificar oficiosamente el acto impugnado.

Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia número S3ELJ 023/2000 emitida por esta Sala Superior, consultable en páginas 79 y 80 de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, cuyo rubro señala: “DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA, CONSTITUYEN UN SOLO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DEL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL.”

6. Violación de algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la demanda se aduce la violación de los artículos 14; 16; 17; 35; 39; 41 y 116, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual es suficiente para tener por satisfecho el requisito en comento, toda vez que dicha exigencia es de naturaleza formal, de manera que para su cumplimiento basta el señalamiento de que el acto o resolución impugnados vulneran determinados preceptos constitucionales, al margen de que se actualice o no tal violación, porque esto último constituye la materia de fondo de la controversia planteada.

Lo anterior se apoya en el criterio contenido en la jurisprudencia número S3ELJ 02/97, emitida por esta Sala Superior y consultable de las páginas 155 a 157 de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, cuyo rubro señala: “JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. INTERPRETACIÓN DEL REQUISITO DE PROCEDENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 86, PÁRRAFO 1, INCISO B), DE LA LEY DE LA MATERIA.”

7. La violación reclamada puede ser determinante para el resultado final de la elección. Dicho requisito se colma en la especie, de conformidad con lo siguiente:

Los asuntos aquí acumulados se relacionan con uno de los veinticinco cómputos distritales de la elección de Gobernador del Estado de Oaxaca, pero debe tenerse presente que la determinancia no puede juzgarse desde el punto de vista cuantitativo respecto del resultado del cómputo distrital, porque no se trata de elecciones distritales, sino de la elección de Gobernador.

Esto, porque al llevar a cabo el cómputo general de dicha elección, de conformidad con el artículo 257 del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca, el Consejo General del Instituto electoral local se limitará a anotar el resultado de los cómputos distritales y realizar la sumatoria correspondiente, por lo que cualquier irregularidad que tenga lugar en un cómputo distrital no podrá reclamarse como irregularidad del cómputo general.

Por tanto, la única posibilidad de depurar el resultado de la votación y evitar que votación irregular trascienda al resultado de la elección es mediante la impugnación del cómputo distrital, de modo que las violaciones del cómputo distrital trascienden al resultado del cómputo general, de ahí que resulte determinante cualitativamente para el resultado de la misma.

Asimismo, en el caso no se trata de cualquier irregularidad, incluso atendiendo al aspecto cuantitativo, pues se pretende el recuento total de todas las casillas del distrito y se pretende la nulidad de la votación recibida en 159 de las casillas instaladas en el mismo, de ahí que de acoger su pretensión, se podría modificar el cómputo distrital que hizo el Consejo Distrital Electoral, del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca, correspondiente al Distrito Electoral Local XVIII, con sede en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca y, en consecuencia, modificar el cómputo general de la aludida elección de Gobernador, pues no puede prejuzgarse en este análisis preliminar sobre si las pretensiones mencionadas podrán ser acogidas y tampoco sobre si su resultado implicará un cambio de ganador, pero la sola posibilidad de un recuento total pone en duda todo el resultado del cómputo distrital, lo que evidentemente resulta determinante.

En mérito de lo anterior, es claro que, de ser fundados los agravios de uno y otro de los actores, podrían repercutir en el cómputo definitivo de dicha elección, lo que evidentemente sería determinante para el resultado final de la elección, o incluso ser causa de nulidad de la misma, de acuerdo con lo previsto en el artículo 67, apartado I, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación del Estado de Oaxaca, de ahí que se cumpla con el requisito en análisis.

8. Posibilidad y factibilidad de la reparación. En relación al requisito contemplado en los incisos d) y e) del artículo 86, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la reparación solicitada es material y jurídicamente posible, en tanto que en términos de lo dispuesto por el artículo 69, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, el Gobernador electo tomará protesta de su cargo el uno de diciembre del año de su renovación, es decir, del presente año, por lo que existe plena factibilidad, en su caso, de reparar la presunta violación reclamada antes de la citada fecha.

Lo anterior, se corrobora con el criterio contenido en la jurisprudencia identificada con la clave S3ELJ 51/2002, emitida por esta Sala Superior y publicada en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, visible en la página 203, cuyo rubro es: “REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. EL REQUISITO DE REPARABILIDAD SE ENCUENTRA REFERIDO A LOS ÓRGANOS Y FUNCIONARIOS ELECTOS POPULARMENTE.”

En tal virtud, y toda vez que esta Sala Superior no advierte que se actualice alguna causa de improcedencia, procede a realizar el estudio de fondo de la controversia planteada por el partido político actor.

QUINTO. Sentencia impugnada. La sentencia controvertida, cuya parte que interesa, es del tenor siguiente:

“…

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Por ser de orden público y de estudio preferente, se analizará si en el caso se actualiza alguna causal de improcedencia, particularmente las que en concepto de la "Coalición Unidos por la Paz y el Progreso" se acreditan, pues de ser así, deberá decretarse el sobreseimiento del medio de impugnación al existir un obstáculo que impide la válida constitución del proceso y, con ello, imposibilite el pronunciamiento por parte de este órgano jurisdiccional sobre el fondo de la controversia planteada.

El tercero interesado hace valer las causales de improcedencia previstas en el artículo 9, párrafo 1, inciso a), segunda parte, inciso b) y e) tercera parte, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Material Electoral para el Estado de Oaxaca, que establecen lo siguiente:

Artículo 9.- (Se transcribe)

En primer término, el tercero interesado señala que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 9, párrafo 1, inciso b) de la Ley invocada, porque a su entender quien promueve el presente recurso carece de personalidad para interponer el medio de impugnación, en nombre de la Coalición "Por la Transformación de Oaxaca".

Este Órgano Jurisdiccional estima que si bien es cierto que no está legitimado por la coalición indicada, también lo es que por sí se encuentra legitimado para hacer valer el presente recurso como representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el XV Consejo Distrital, con cabecera en Huajuapan de León, Oaxaca, por las siguientes consideraciones:

Al respecto, cabe precisar que la legitimación en la causa se refiere a quiénes deben ser parte en un proceso determinado para que la actividad jurisdiccional se realice con eficacia, es decir, para que, en su caso, el derecho objetivo pueda actuar en el caso concreto. En este sentido, en los procesos contenciosos la legitimación en la causa consiste, respecto del demandante, en ser la persona que conforme a la ley sustancial está en aptitud para que, por sentencia de fondo, se resuelva si existe o no el derecho subjetivo o la relación jurídica sustancial pretendida en la demanda, y respecto del enjuiciado, en ser la persona que conforme con la ley sustancial está en condiciones para discutir u oponerse a la pretensión del demandante.

Entonces, en un proceso concreto la legitimación en la causa corresponde a la persona que en la demanda invoca en su favor la existencia de un derecho sustancial, respecto del cual es posible pretender la actuación del derecho en ese caso específico. En tal caso, la decisión sobre la existencia del derecho o de la relación jurídica sustancial discutida tiene lugar, cuando en el proceso concreto se emita la sentencia respectiva, mas la legitimación del promovente estará satisfecha, en tanto éste afirme en la demanda la titularidad del derecho subjetivo que señale como transgredido, violado o desconocido.

En el caso a estudio, el artículo 25, apartado B, de la Constitución Política del Estado de Oaxaca, dispone, en lo conducente, que los partidos políticos son entidades de interés público, y que su participación en los procesos electorales estará determinada y garantizada por la ley.

En tanto que, los artículos 40, párrafo 1, inciso e), 69, 70, 71, 72, 73 y 75, párrafo 1, incisos b) y g), del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado, disponen que los partidos políticos pueden formar coaliciones, entre otras, para la elección de Gobernador; que para ello, deben celebrar y registrar el convenio correspondiente en que se contendrá, entre otras cosas, la designación de quién ostentará la representación de la coalición para la interposición de los medios de impugnación.

También se establece que con independencia de la elección para la cual se realice la coalición, cada partido conserva su propia representación en los consejos del Instituto Estatal Electoral y ante las mesas directivas de casilla.

De las disposiciones constitucional y legales a que se ha hecho mención, se deriva que los partidos políticos tienen el derecho de participar en la contienda electoral local en forma individual o coaligados y, cuando actúan en esta última forma, lo hacen como si se tratara de un solo partido político, estableciéndose ciertas modalidades para el cumplimiento de sus obligaciones y el ejercicio de sus derechos, ya que al coaligarse se erige una nueva representación que, por regla general, pero no absoluta, sustituye para todos los efectos la de los partidos políticos coaligados, sin que ello implique que se prive de algún derecho a dichos partidos políticos o que se les libere del cumplimiento de alguna obligación, como se puede constatar en el resto de las disposiciones aplicables a las coaliciones.

Que las coaliciones, si bien es cierto, al promover los medios de impugnación de la materia, lo harán a través de quien ostente la representación en términos del convenio celebrado, al conservar cada partido político coaligado su representación ante los órganos desconcentrados del Instituto Estatal Electoral, también es verdad que se encuentran legitimados para interponer dichos medios de impugnación para controvertir los actos de dichos órganos, en lo individual. En cuyo caso, debe estarse a las reglas de la personería del artículo 12, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado.

En efecto, de una interpretación armónica, extensiva, sistemática y funcional de los mencionados artículos, con lo dispuesto en los numerales 11 y 12, párrafo 1, inciso b), de la Ley invocada, se colige el reconocimiento de la legitimación para presentar los recursos en materia electoral, tanto a los partidos políticos como a las coaliciones, así como para comparecer como terceros interesados en los mismos.

En ese sentido, en caso de que el acto, resolución o sentencia impugnada sólo repercuta en la esfera jurídica de la coalición, es inconcuso que la representación para efectos de la presentación del medio de impugnación corresponde a la coalición, a través de aquellos sujetos que se determinen en el convenio de coalición correspondiente. En ese mismo supuesto, no obstante que tanto el partido político o la coalición cuentan con legitimación en el proceso, también habría que analizar si cuentan con legitimación en la causa para comparecer como partido político en lo individual o en nombre de la coalición.

En cambio, si el acto, resolución o sentencia que se impugna únicamente causa perjuicio directo a los partidos políticos integrantes de la coalición, y no así a la propia coalición entonces deberán acudir dichos entes políticos en lo individual a defender sus derechos, a través del correspondiente representante.

Pero en el supuesto de que la materia de impugnación involucre aspectos que corresponden tanto a la esfera del partido político coaligado como a la de la propia coalición de la cual aquél es integrante, como ocurre en la especie, al pertenecer a ese instituto político la fórmula de candidatos postulada por la Coalición "Por la Transformación de Oaxaca", debe concluirse que puede acudir como promovente en lo individual el partido político coaligado o por sí misma la coalición, o bien en forma simultánea aquél y la coalición, a través de sus respectivos representantes.

Lo anterior, encuentra sustento en el criterio jurisprudencial prevaleciente, por contradicción de tesis, pronunciado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente número SUP-CDC-6/2009, cuyo rubro es el siguiente: PERSONERÍA. PARA EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN EL CASO DE LAS COALICIONES. AL DETERMINARLA TAMBIÉN SE DEBE ATENDER A LA INTENCIÓN DE QUIENES SUSCRIBEN EL CONVENIO DE COALICIÓN.

En el caso a estudio, de las constancias de autos se llega al conocimiento de que la fórmula de candidatos postulada por la Coalición "Por la Transformación de Oaxaca" para esta elección pertenece al instituto político recurrente, por lo que el acto impugnado puede afectar tanto a esa coalición como al partido político inconforme, razón por la cual esa entidad política puede acudir individualmente a interponer el recurso en estudio, como así lo establece la Jurisprudencia invocada, la que es de observancia obligatoria.

Ahora, en el caso concreto, por lo que se refiere a la personería de Othón Abel Sibaja Suárez, quien presentó escrito de impugnación por el que promueve el recurso de inconformidad como representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el XV Consejo Distrital Electoral con sede en Huajuapan de León, Oaxaca, se tiene por acreditada con la copia certificada del acuse de recibo de la sustitución del representante propietario, de fecha diez de febrero de dos mil diez, mediante el cual se hace del conocimiento del Secretario del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de tal sustitución, además de que la propia autoridad responsable al rendir su informe circunstanciado con fecha dieciséis de julio del presente año, le reconoce tal carácter.

Documento al que se le concede valor probatorio pleno conforme a los artículos 13, sección 3, inciso b) y 15, párrafos 1 y 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Oaxaca, no obstante su naturaleza privada, pues su contenido y autenticidad no se encuentra desvirtuado en autos.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis S3EL 058/98 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, publicada en la Revista Justicia Electoral 1998, Tercera Época, suplemento 2, página 82, de texto y rubro siguientes:

“REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS. MOMENTO EN EL QUE SURTE EFECTOS SU ACREDITACIÓN (Legislación de Nuevo León).” (Se transcribe)

Ahora bien, en cuanto a lo manifestado por el tercero interesado, al considerar que el promovente carece de legitimación para interponer el presente medio de impugnación, porque la cláusula decima quinta del convenio de Coalición del Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, a través de la que se designa a los ciudadanos Elías Cortes López y Josué Said Gonzales Calvo, conjunta o separadamente, para la promoción de eventuales medios de impugnación, en representación de la coalición "Por la Transformación de Oaxaca", este órgano colegiado considera que dicha clausula no puede interpretarse como una limitación de la diversa representación concedida a los representantes de los Partidos Políticos acreditados ante los Consejos Distritales Electorales, porque esa lectura desconoce la naturaleza desconcentrada bajo la cual opera el Instituto Estatal Electoral de Oaxaca.

Ello es así porque dicho Instituto se integra por un órgano central, el consejo general y veinticinco consejos distritales además de los respectivos consejos municipales, con facultades propias en su ámbito espacial para la preparación y calificación de las elecciones en el Estado, por lo que, el cuidado de los intereses de cada partido político o coalición mediante la representación ante los órganos desconcentrados, equivale al poder de mandato que los autoriza para actuar en su nombre y defensa, lo cual se traduce de manera natural en la posibilidad de acceder a la jurisdicción para lograrlo.

Al respecto, el artículo 84 inciso e) del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca, establece que cada partido político nacional o local designará un representante con voz, pero sin voto, ante el Consejo General; lo anterior también se establece para los consejos distritales y municipales en los artículos 107, fracción IV, y 114 fracción III, del Código citado.

La razón por la que los representantes de los partidos políticos integran al órgano electoral reside en el hecho de que, como entidades de interés público, son copartícipes en la organización de las elecciones, así como de la vigilancia de que las actividades de las autoridades electorales se apeguen al marco constitucional y legal aplicable, pues la Constitución Federal (artículo 41, párrafo segundo, fracción I); la Constitución Particular del Estado (artículo 25, párrafo B) y el Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca (artículo 40, inciso a), los habilita para actuar no sólo en defensa de sus intereses particulares, sino en defensa del interés general de la sociedad, en tanto están legitimados para ejercer jurisdiccionalmente acciones en favor del interés difuso de la ciudadanía.

Es de mencionar también que los representantes de los partidos políticos se encuentran involucrados directamente en la preparación y emisión de los actos de los diversos órganos administrativo-electorales, por lo que se encuentran en una condición preferencial para advertir posibles afectaciones a la constitucionalidad y legalidad con su emisión, que afecten a los intereses del partido que representan y de la ciudadanía en general, por ello, otorgar legitimación a los representantes partidarios ante los distintos Consejos electorales obedece a la celeridad con la que se desarrolla el proceso electoral, el cual se integra por diversas etapas concatenadas entre sí, en el cual la precedente constituye la base de la subsecuente; de suerte tal que la impugnación jurisdiccional también se caracteriza por esa celeridad.

Por tanto, los representantes de los partidos políticos ante los órganos del instituto son los idóneos para presentar de forma oportuna y adecuada las impugnaciones encaminadas a combatir las determinaciones emitidas por esos órganos, al contar con la inmediatez y conocimiento necesarios para hacerlo.

Por ello, como ya se precisó, el hecho de que el convenio de la Coalición "Por la Transformación de Oaxaca" haga referencia expresamente a los representantes que cuentan con facultades para interponer los medios de impugnación que resultaran procedentes, pero omite mencionar lo respectivo a los representantes ante los consejos distritales o municipales, no debe interpretarse como una renuncia al acceso a la jurisdicción de los representantes de los Partidos Políticos ante los distintos Consejos Distritales Electorales, porque dicho derecho no es renunciable.

En ese sentido se ha pronunciado la Sala Regional de la Tercera Circunscripción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en Xalapa, Veracruz, al resolver un asunto similar en el expediente identificado con la clave SX-JRC-106/2010.

En dicho expediente, la referida Sala interpretó que las cláusulas de los convenios de coalición deben armonizar la intención de los partidos políticos con el resto del sistema jurídico, pues es la que permite el máximo ejercicio del derecho de defensa, al reconocer la autorización de los acreditados para interponer los medios de impugnación para combatir los actos o resoluciones emitidos por dichos órganos y ser precisamente esa la razón por la cual se autorizan como representantes, esto es, velar porque los actos encomendados a la autoridad se ajusten al principio de legalidad.

Por todo ello, se reconoce la legitimación del Partido Revolucionario Institucional para interponer el presente medio de impugnación, así como la personería del ciudadano Othón Abel Sibaja Suárez, como su representante propietario ante el XV Consejo Distrital, con cabecera en Huajuapan de León, Oaxaca.

En segundo lugar la parte tercera interesada aduce que los agravios que expresó el partido político actor, en el escrito de demanda, es oscuro, toda vez que no se identifica con certeza el acto que el recurrente combate, pues por un lado alega la apertura de las casillas para un nuevo cómputo distrital y por otro plantea la nulidad de la totalidad de las casillas de la elección de Gobernador, acciones que se ejercitan en diversa vía por un lado mediante incidentes y por otro mediante el recurso de inconformidad.

A juicio de este Tribunal, el argumento anterior es infundado, porque la pretendida oscuridad, en la expresión de agravios, no constituye causal de improcedencia de un medio de impugnación, en términos de lo previsto en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Oaxaca.

Conforme a la citada Ley procesal, sólo la falta de expresión de agravios en el escrito de demanda cuando éstos no se pueden deducir de los hechos expuestos por el demandante, es causal de improcedencia, caso en el cual es conforme a Derecho desechar la demanda o sobreseer en el recurso promovido.

En el caso que se analiza, no se acredita la supuesta oscuridad en la expresión de los agravios del demandante, pues, de la simple lectura del escrito de demanda, que da origen al recurso en que se actúa, se advierte que el recurrente expresa conceptos de agravio para controvertir el contenido de los resultados de cómputo distrital de la elección de Gobernador, de siete de julio de dos mil diez que realizó el XV Consejo Distrital Electoral con sede en Huajuapan de León, Oaxaca, misma que constituye el acto reclamado en el presente recurso, lo cual será objeto de estudio al resolver el fondo de la litis planteada.

En tercer lugar el tercero interesado hace valer la improcedencia del recurso por falta de escrito de protesta, al respecto señala, en lo que interesa, lo siguiente:

"… en cuanto que procedencia es origen, principio ó fundamento legal de un Recurso Legal, por lo que adminiculado con la ley electoral de Oaxaca vigente que ordena en su diverso "4" la interpretación de las disposiciones legales bajo los criterios gramatical, sistemático y funcional, los preceptos 188 inciso f, 226 párrafo 1 incisos d, e y f, 245, 247 del Código de Instituciones Políticos y Procedimientos Electorales de Oaxaca en relación con los artículos 4 párrafo 3 inciso c fracción 1, 50, 51 inciso a fracción 1, 52 y 53 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el estado de Oaxaca, PREVEN como requisito de procedencia al ESCRITO DE PROTESTA, del Recurso de Inconformidad, es decir, dicha documental establece la existencia de presuntas violaciones durante el día de la Jornada Electoral, mismo que debe hacer valer el Representante del Partido Político recurrente, como de innegable procedencia para la interposición del RECURSO DE INCONFORMIDAD...

... uno de los requisitos de procedibilidad del Recurso de Inconformidad es la presentación oportuna de los escritos de protesta, los cuales deben hacerse valer por los representantes de los partidos políticos ante las mesas directivas de casilla, sus representantes generales o sus representantes acreditados ante el consejo distrital electoral correspondiente, lo que constituye la premisa fundamental y encuentra su fuente en el artículo 186 y 188 del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales vigente en el estado..."

Este Tribunal considera que no le asiste la razón al tercero interesado, por las siguientes consideraciones y fundamentos de derecho:

En primer término, se debe precisar el marco normativo, sobre el particular.

Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca.

“Artículo 188.-“(Se transcribe)

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Oaxaca.

“Artículo 8.-“(Se transcribe)

“Artículo 9.-“(Se transcribe)

“Artículo 52.-“(Se transcribe)

Artículo Transitorio de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Oaxaca.

“SEGUNDO.-“(Se transcribe)

De la lectura de los artículos transcritos se advierte que el tercero interesado parte de una premisa falsa al considerar que el escrito de protesta es un requisito de procedibilidad para el recurso de inconformidad.

Esto es así, porque de una interpretación funcional y sistemática de los artículos transcritos, del contenido del artículo 8 de la Ley invocada, se aprecia claramente que para la interposición de los recursos no se exige como requisito para su admisión la presentación del escrito de protesta, y si bien, el artículo 188 del Código Electoral local, señala que los representantes de los partidos políticos tendrán ante la casilla, entre otros derechos para ejercer sus cargos, el de presentar al término del escrutinio y cómputo el escrito de protesta como requisito de procedencia del recurso de inconformidad, también lo es que este último precepto se opone al invocado en primer término, por tal razón se considera que en el caso, debe aplicarse el artículo 8° de la Ley General invocada, al establecer precisamente los requisitos que se deben cumplir para la interposición de los medios de impugnación, operando en consecuencia, la regla especial establecida en este último numeral, en atención al principio de que la regla especial prevalece sobre la general; a su vez, si el artículo 52 de la ley en comento, se refiere al escrito de protesta, el propio artículo lo reconoce como un medio para establecer la existencia de presuntas violaciones durante el día de la jornada electoral, lo que evidencia que no es el único medio para tal fin. Lo anterior, con fundamento en el contenido del artículo segundo transitorio de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado, que deroga todas las disposiciones que se opongan al contenido de la referida Ley adjetiva.

Al respecto, cabe mencionar que por Decreto 724, se promulgó la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, el ocho de noviembre de dos mil ocho; que si bien fue impugnada por el Partido de la Revolución Democrática, vía acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, formándose el expediente 125/2009; mediante resolución de diecisiete de septiembre de dos mil nueve, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó sobreseer respecto al decreto 724 en cuestión, cuyos puntos resolutivos de la acción de inconstitucionalidad son los siguientes:

"...PRIMERO. Es procedente pero infundada la presente acción de inconstitucionalidad.

SEGUNDO. Se sobresee respecto del Decreto 724 por medio del cual se promulgó la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Oaxaca, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, el ocho de noviembre de dos mil ocho, y respecto de los artículos 62, párrafo 1, inciso a), fracciones I y II; 80 párrafo 5, y 227, párrafo 2, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca.

TERCERO. Se reconoce la validez de los artículos 37, inciso f); 75, párrafo 2; 95, 99, 101, párrafos 1 y 3; 104, inciso b); 110, párrafo 14; 111, párrafo 3; 242, párrafo 3; 247, inciso b); y 251, inciso b), todos del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad, el ocho de noviembre de dos mil ocho.

Notifíquese por medio de oficio a las partes interesadas y publíquese en el Diario Oficial de la Federación, así como en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta..."

Aunado a lo anterior, en la referida Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado, específicamente en el artículo 9 que establece cuando serán improcedentes, y por tanto, desechados de plano los medios de impugnación, no se encuentra prevista como causal de improcedencia del recurso la falta de escrito de protesta, pues en tal disposición está claramente expresada la voluntad del legislador de establecer pormenorizada y casuísticamente, todas y cada una de las causales por las que serán desechados de plano los medios de impugnación, lo que nos permite concluir que el legislador no se orientó por determinar en la ley, al referido escrito de protesta como causal de improcedencia, ni como requisito indispensable para la interposición del recurso, por el contrario, el mencionado legislador tuvo la precaución de excluir terminantemente este requisito, acorde con la reforma constitucional a nivel federal de dos mil siete.

A este respecto, cabe precisar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación considera que la exigencia del escrito de protesta como requisito de procedibilidad es violatorio del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, leído en el contexto de los artículos 41, 99 y 116 del mismo cuerpo constitucional, porque constituye una limitación al ejercicio del derecho fundamental de acceder a la administración de justicia impartida por los tribunales electorales del Estado mexicano dado el contexto en el cual se encuentra definido el sistema, pues establece un obstáculo a la tutela judicial que no responde a la celeridad que está en la naturaleza de los procesos jurisdiccionales electorales ni a las finalidades que los inspiran, cuyo objeto es el de que mediante decisión jurisdiccional, se dé el control de la constitucionalidad y la legalidad de los actos y resoluciones propios de la materia, razones por las cuales no debe atribuírsele el carácter de requisito de procedibilidad de los medios de impugnación de que se trata, al multicitado escrito de protesta.

Este criterio se encuentra recogido en la tesis emitida por la Sala Superior, bajo el rubro y texto siguientes:

ESCRITO DE PROTESTA. EL ARTÍCULO 288 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES QUE LO EXIGE COMO REQUISITO DE PROCEDENCIA DEL RECURSO DE NULIDAD, ES INCONSTITUCIONAL.- (Se transcribe)

Así también, respecto al escrito de protesta, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, sustentó la tesis S3EL 043/97, bajo el rubro y texto siguientes:

PROTESTA, ESCRITO DE. NO ES REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD Y SU PRESENTACIÓN ES OPTATIVA (Legislación de Querétaro).- (Se transcribe)

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997­2005, páginas 825-826.

En ese sentido, se concluye que de tener aplicación la disposición jurídica que invoca el tercero interesado, ello, impediría el acceso a la justicia electoral a cargo de este Tribunal y, en consecuencia, vulneraría lo previsto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque no responde a celeridad que constituye una parte esencial de la naturaleza de los procesos jurisdiccionales electorales.

Tampoco responde a los valores y finalidades del sistema de justicia electoral, cuyo objeto es que, por medio de una sentencia de fondo se controle la legalidad y constitucionalidad de los actos y resoluciones en materia electoral, razón por la cual, no puede atribuírsele al escrito de protesta el carácter de requisito de procedibilidad del recurso de inconformidad.

En consecuencia, por su contravención a lo previsto en los artículos 8 y 9 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado (regla especial), que establecen los requisitos para la interposición de los recursos, y las causales de improcedencia de un medio de impugnación, respectivamente, y además porque contraviene al derecho a una tutela judicial efectiva, se considera que el escrito de protesta no es requisito de procedibilidad del recurso de inconformidad prevista en la ley, de ahí que no le asista la razón al tercero interesado.

Ahora bien, en el caso concreto no se actualizan causales de improcedencia o sobreseimiento de las previstas en los artículos 9, en relación con el 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Oaxaca, dado que, tanto los presupuestos procesales como los requisitos sustanciales del recurso de mérito, indispensables para emitir un pronunciamiento de fondo sobre la controversia planteada, se encuentran satisfechos, como se verá a continuación.

Legitimación: En relación con los medios de impugnación, la legitimación del impugnante y del tercero interesado que intervienen en el presente recurso, es conveniente precisar lo siguiente:

Son partes en el procedimiento: el recurrente, que será quien estando legitimado lo presente por sí mismo o, en su caso, a través de representante, y el tercero interesado que, entre otros, podrá ser un partido político o coalición, con un interés legítimo en la causa derivado de un derecho incompatible con el que pretende el inconforme, el candidato podrá participar como coadyuvante del mismo precepto según lo establece el artículo 11, sección 1, incisos a), b) y c), y sección 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Oaxaca.

Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12, sección 1, inciso b) de la mencionada Ley, el recurso de inconformidad podrá ser promovido por los Partidos Políticos.

En tal virtud, la legitimación del recurrente y del tercero interesado que intervienen en el presente recurso, es de reconocerse por tratarse de Partidos Políticos, con intereses derivados de derechos incompatibles.

Por lo que se refiere a la personería de Alonso Ávila Castillo, en su carácter de representante propietario del Partido Convergencia ante el XV Consejo Distrital Electoral y por las mismas razones de derecho que se asentaron en líneas anteriores para el representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante dicho Consejo, se tiene por acreditada, con la copia certificada del escrito de diecisiete de diciembre del año dos mil nueve, por medio del cual el Presidente y Secretario General del Comité Directivo Estatal del Partido Convergencia, respectivamente, acreditan al mencionado ciudadano como representante propietario del aludido partido.

En relación a la personería de VÍCTOR HUGO ALEJO TORRES, en su carácter de representante propietario del Partido Convergencia, ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, se tiene por acreditada, toda vez que exhibe copia certificada por el Secretario General del Instituto Estatal Electoral, del acuse de recibo del escrito de diez de noviembre del dos mil nueve, signado por el Presidente y Secretario del Comité Directivo Estatal del Partido Convergencia, respectivamente, y dirigido al Director General del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca, por medio del cual se registra a aquél y a ANGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, como representantes propietario y suplentes de ese Partido Político.

Lo anterior, con independencia de reconocerle al mencionado VÍCTOR HUGO ALEJO TORRES, el carácter de representante de la coalición "Unidos por la Paz y el Progreso", con base en el contenido de la copia certificada del Convenio de Coalición Electoral, pactado por los partidos políticos nacionales Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia, de diez de febrero del año dos mil diez, donde se precisa en la clausula décima, inciso a), que tratándose de la elección de gobernador, los representantes propietarios y/o suplentes, ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, del Partido Político que lo postule, podrán interponer los medios de impugnación y con mucha mayor razón oponer excepciones y defensas.

Documentales antes precisadas a las que se le concede valor probatorio pleno conforme a los artículos 13, sección 3, inciso b) y 15, párrafos 1 y 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Oaxaca.

Con relación a los requisitos sustanciales que debe satisfacer el escrito recursal, se advierte que éstos se encuentran cubiertos, ya que el mismo fue presentado ante la autoridad responsable, y en él, consta el nombre del impugnante.

Así mismo, el promovente hizo constar su nombre y firma, identificó el cómputo y la elección que se impugna; expresó agravios, los hechos en que basa su impugnación, y mencionó en forma individualizada las casillas cuya votación solicita sea anulada.

Con base en lo anterior, se debe estimar que la parte accionante dio cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 56, sección 2, y 53, secciones 1 y 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Oaxaca

Por cuanto hace a la oportunidad en la presentación de su escrito, el artículo 56 de la Ley en cita, dispone que debe presentarse dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente en que concluya la práctica del cómputo distrital materia de la inconformidad. En el caso, el medio de impugnación fue presentado dentro del plazo legal, pues en el acta circunstanciada de la sesión del cómputo distrital que se impugna, se hizo constar que dicho cómputo concluyó a las tres horas del ocho de julio de dos mil diez, y el recurso fue presentado el doce del mismo mes y año, según consta en el acuse de recepción de la misma.

Respecto a los requisitos que debe satisfacer el escrito del tercero interesado, en atención a lo dispuesto por el artículo 16, sección 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Oaxaca, se advierte que fue presentado ante la autoridad responsable dentro de las setenta y dos horas siguientes a la publicación de la presentación del medio de impugnación, como se deriva de la razón de fijación de la cédula de notificación en estrados, en la que se indica, como hora de fijación, las veintitrés horas con cuarenta y cinco minutos del doce de julio y del acuse de recepción del escrito del tercero interesado, se observa que fue recibido a las dieciséis horas con veinticinco minutos del día quince de julio de dos mil diez.

En cuarto lugar la Coalición "Unidos por la Paz", invoca como causal de improcedencia la prevista en el artículo 9, párrafo 1, inciso e) tercera parte, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Material Electoral para el Estado de Oaxaca, al respecto señala lo siguiente:

"... ésta Representación alega de frívolo el presente Recurso de Inconformidad al cual comparezco como TERCERO INTERESADO, toda vez que, suponiendo sin conceder que el C OTON ABEL SIBAJA JUÁREZ, sea Representante Legítimo para promover MEDIO DE IMPUGNACIÓN a favor del Partido Revolucionario Institucional y de la Coalición denominada "Por la Transformación de Oaxaca" ante el XV Consejo Distrital Electoral; de la sola lectura del escrito consistente en el Recurso de Inconformidad, el compareciente advierte que las consideraciones formuladas por aquella supuesta Representación, carecen de materia. de importancia v versan sobre cuestiones insustanciales; luego entonces, de los agravios hechos valer por el C. OTON ABEL SIBAJA JUÁREZ, se constata que sus peticiones no revisten de trascendencia al no encontrarse dentro de ningún supuesto normativo que amerite la apertura de los paquetes electorales señalados en el de cuenta, y en consecuencia provoque un nuevo escrutinio y cómputo, puesto que no se demuestra con pruebas fehacientes e indubitables que el Consejo Distrital haya omitido llevarlo a cabo en aquellas Casillas Electorales que reclama, y mucho menos exhibió las actas de Escrutinio y Cómputo para que ésta Autoridad Electoral, estuviera en posibilidad de realizar bajo causa justificada uno nuevo, en consecuencia, ésta representación acusa de frívolas las pretensiones vertidas por el actor, MAXIME que no funda ni motiva debidamente el error, dolo o realización de la elección de fecha distinta como menciona en su escrito inicial de recurso.

... De este modo, el Recurso que ahora se combate, deberá considerarse evidentemente frívolo y en consecuencia improcedente, toda vez que pretende activar los mecanismos de la impartición de justicia para tramitar, substanciar y resolver situaciones cuya finalidad NO se puede conseguir, y más aún cuando el actor basa su pretensión en hechos futuros de realización incierta, como es el caso de alegar que "puede suceder que en el momento Que el Consejo Distrital efectúe el cómputo distrital mencionado, se encuentre con al, situaciones Que pongan en duda la certeza de la votación recibida en tales casillas en consecuencia, deba tomar las medidas necesarias de Que dicho elemento de certeza no se pierda"; manifestación que a juicio de ésta Representación es a todas luces insubstancial, pues no se trata de algún supuesto jurídico tutelado en la norma, por el contrario, atiende a circunstancias fácticas inexistentes, carentes de sustancia, objetividad y seriedad, reiterando que el momento oportuno para hacerlo lo era al final del Escrutinio y Cómputo de la Casilla el día de la Jornada Electoral, o bien, hasta antes del cómputo distrital, basándose para ello en pruebas documentales que demostraran las irregularidades existentes durante la Jornada Electoral..."

Este Tribunal estima que la causal de improcedencia hecha valer por el tercero interesado resulta infundada en atención a las siguientes consideraciones:

El artículo 9, párrafo I, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Oaxaca, establece:

Artículo 9.- (Se transcribe)

De la intelección del mencionado precepto, se advierte que en materia de medios de impugnación electoral, procederá desechar de plano la demanda cuando el recurso o juicio instado resulte evidentemente frívolo.

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, vigésima segunda edición (Madrid, 2001, página 739), la palabra frívolo, en su primera acepción, significa "ligero, veleidoso, insustancial".

A la luz de la anterior definición, se puede apreciar que el vocablo frívolo contenido en el invocado artículo 9, párrafo I, de la Ley en comento, se emplea para calificar un recurso cuando en forma incuestionable resulte inconsistente, insustancial o de poca substancia.

De este modo, se colige que un medio de impugnación podrá estimarse frívolo cuando carezca de materia o se centre en cuestiones irrelevantes, esto es, sin fondo o substancia.

Por tanto, para que en términos de lo dispuesto en el artículo 9, párrafo 1, inciso e) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado, pueda considerarse que un medio de impugnación es frívolo, es menester que resulte notorio el propósito del actor de interponerlo sin existir motivo o fundamento para ello, o bien, que aquél no pueda alcanzar su objeto. Esto es así, pues la frivolidad implica que el medio de defensa sea totalmente inconsistente, insubstancial, intrascendente o se contraiga a cuestiones sin importancia, y por ello, es que para desechar un recurso por esa causa, es necesario que esa frivolidad sea evidente y notoria de la sola lectura de la demanda, lo cual no sucede con el escrito presentado por la parte actora, en tanto que señala hechos y agravios específicos, encaminados a demostrar que, en su opinión, respecto a la elección de Gobernador, se presentaron irregularidades que trascienden a la certeza de la elección, que no permiten conocer la expresión de la voluntad ciudadana expresada por los oaxaqueños, ya que existen boletas de más o de menos en las casillas, votos de más o de menos computados de las casillas y dudas en la adecuada calificación de los votos nulos; y su objeto es que este órgano jurisdiccional proceda a la apertura de los paquetes electorales para el recuento de los votos, para evitar una indebida calificación generalizada, y transparentar que el triunfo o la derrota de los participantes se encuentra fundada constitucional y legalmente; sin que sea dable analizar, para el efecto de determinar la procedencia del presente juicio, el contenido sustancial de los agravios expresados, tampoco si las aseveraciones contenidas en ellas quedan demostradas, en tanto que este punto corresponde al estudio de fondo de la cuestión planteada.

En esta tesitura, en relación a la frivolidad, este Tribunal considera que es obligación de los órganos jurisdiccionales del Estado, cumplir con la garantía de acceso a la justicia, es decir, el derecho a la tutela judicial o a la jurisdicción, consignado en los artículos 41, segundo párrafo, base VI, en relación con los tres primeros párrafos del artículo 17 de la Constitución Federal, pues la finalidad esencial de la función jurisdiccional es que los tribunales estén expeditos para impartir justicia y resolver en forma definitiva, firme, pronta, completa e imparcial el medio de impugnación de que se trate, como un derecho de carácter instrumental, sencillo, rápido y efectivo, que permita controlar la constitucionalidad y legalidad de los actos o resoluciones de las autoridades.

TERCERO. El partido recurrente hace valer a través del medio de impugnación que nos ocupa, la nulidad de la votación recibida en diversas casillas, por lo que este Tribunal, procederá a estudiar los agravios tal y como los expresó el recurrente en el escrito mediante el cual promovió el recurso de inconformidad, siempre y cuando manifieste agravios tendentes a combatir el acto o resolución impugnado, o bien, señale con claridad la causa de pedir, esto es, precise la lesión, agravio o concepto de violación que le cause el acto o resolución que impugna, así como los motivos que lo originaron, pudiendo deducirse dichos agravios de cualquier parte, capítulo o sección de su escrito recursal o el de su presentación, con independencia de su formulación o construcción lógica, ya sea como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, para que este órgano jurisdiccional, aplicando los principios generales de derecho iura novit curia y da mihi factum dabo tibi jus (el juez conoce el derecho y dame los hechos yo te daré el derecho) proceda a su estudio y emita la sentencia a que haya lugar.

Este criterio ha sido sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la jurisprudencia S3ELJ 03/2000, publicado en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 21 y 22 cuyo rubro dice:

AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR.- (Se transcribe)

Asimismo, en cumplimiento al principio de exhaustividad que impone al juzgador analizar todos y cada uno de los planteamientos formulados por las partes en apoyo a sus pretensiones, este Órgano jurisdiccional procederá al análisis de todos los argumentos y razonamientos expuestos en los agravios o conceptos de violación y, en su caso, de las pruebas aportadas, examinándolos en su conjunto, separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno, en el orden propuesto por el partido recurrente o en orden diverso, de los hechos y agravios mencionados en su escrito recursal, e inmediatamente los argumentos expresados por la autoridad responsable, referidos en la parte conducente de su informe circunstanciado, en términos de la tesis jurisprudencial S3ELJ 12/2001, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, publicada en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, a foja 126, bajo el rubro y texto siguiente:

EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE.- (Se transcribe)

Ahora bien, antes de proceder al estudio de los agravios hechos valer por el partido recurrente en su escrito de interposición del recurso, conviene hacer las precisiones siguientes:

De la lectura integral del escrito recursal, se advierte que el inconforme impugna los resultados consignados en el Acta de Cómputo Distrital de la elección de Gobernador del Estado de Oaxaca, por el XV Consejo Distrital Electoral con sede en la Heroica ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca, por nulidad de votación recibida en las siguientes casillas: 42 básica, 146 básica, 201 básica, 201 contigua 1, 202 básica, 202 contigua 1, 203 básica, 203 contigua 1, 203 contigua 2, 204 básica, 204 contigua 1, 205 contigua 2, 206 contigua 1, 206 contigua 2, 206 contigua 3, 207 contigua 1, 207 contigua 2, 208 básica, 209 básica, 209 contigua1, 209 contigua 2, 210 contigua 1, 211 básica, 211 contigua 1, 212 básica, 212 contigua 1, 212 especial, 213 básica, 213 contigua 1, 214 básica, 215 básica, 216 básica, 216 contigua 1, 216 contigua 2, 217 básica, 217 contigua 1, 217 contigua 3, 218 básica, 218 contigua 1, 218 contigua 2, 218 contigua 3, 219 básica, 219 contigua 1, 220 básica, 220 contigua 2, 220 contigua 3, 221 contigua 1, 223 básica, 225 básica, 226 básica, 227 básica, 227 contigua 1, 228 básica , 228 contigua 1, 228 contigua 2, 231 básica, 231 contigua 1, 389 contigua 1, 390 básica, 391 básica, 393 básica, 394 básica, 395 básica, 743 básica, 924 básica, 925 básica, 942 básica, 1005 básica, 1278 básica, 1279 básica, 1294 contigua 1, 1324 contigua 1, 1325 básica, 1325 contigua 1, 1326 básica, 1326 contigua 1, 1327 básica, 1328 básica, 1329 básica, 1331 básica, 1599 básica, 1600 básica, 1636 básica, 1636 contigua 2, 1704 contigua 1, 1705 contigua 1, 1787 básica, 1788 básica, 1973 básica, 1978 contigua 1, 1995 básica, 2070 básica, 2237 básica, 2238 básica, 2238 contigua 1, 2239 básica, 2239 contigua 1, 2240 básica, 2241 básica, 2242 básica, 2242 contigua 1, 2242 contigua 2, 2243 básica, 2243 contigua 1, 2274 básica, 2340 básica, 2341 básica, 2341 contigua 1, 2342 básica, 2343 básica, 2344 básica, 2345 básica, 2345 contigua 1, 2348 básica, 2350 básica, 2351 básica y 2435 contigua 1.

Los hechos en los que el partido recurrente encuadra las causales de nulidad de votación recibida en cada una de las casillas, son los siguientes:

A) En su escrito inicial hace valer como agravio que las casillas 202 básica, 206 contigua 1, 212 básica, 212 contigua 1 y 218 contigua 2, fueron instaladas en lugar distinto al autorizado por el Consejo Distrital, lo cual encuadra en la hipótesis de la causal de nulidad prevista en el artículo 66, sección 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia Electoral para el Estado de Oaxaca.

B) En su escrito recursal impugna la votación recibida en las casillas 146 básica, 201 contigua 1,202 contigua 1, 203 básica, 203 contigua 1, 204 contigua 1, 206 contigua 2, 206 contigua 3, 207 contigua 1, 208 básica, 209 básica, 209 contigua 2, 210 contigua 1, 211 contigua 1, 212 básica, 212 contigua 1, 212 especial, 213 contigua 1, 214 básica, 215 básica, 216 básica, 216 contigua 2, 217 básica, 217 contigua 1, 217 contigua 3, 218 básica, 218 c contigua 1, 218 contigua 2, 218 contigua 3, 219 básica, 220 básica, 220 contigua 2, 220 contigua 3, 221 contigua 1, 223 básica, 225 básica, 226 básica, 227 básica, 227 contigua 1, 228 básica , 228 contigua 1, 228 contigua 2, 231 básica, 231 contigua 1, 389 contigua 1, 391 básica, 393 básica, 394 básica, 395 básica, 743 básica, 924 básica, 925 básica, 942 básica, 1005 básica, 1278 básica, 1279 básica, 1294 contigua 1, 1324 contigua 1, 1325 básica, 1325 contigua 1, 1326 básica, 1326 contigua 1, 1327 básica, 1328 básica, 1329 básica, 1331 básica, 1599 básica, 1600 básica, 1636 básica, 1636 contigua 2, 1704 contigua 1, 1705 contigua 1, 1787 básica, 1788 básica, 1973 básica, 1978 contigua 1, 1995 básica, 2070 básica, 2237 básica, 2238 básica, 2239 básica, 2239 contigua 1, 2240 básica, 2241 básica, 2242 básica, 2242 contigua 1, 2242 contigua 2, 2243 básica, 2243 contigua 1, 2274 básica, 2340 básica, 2341 básica, 2341 contigua 1, 2342 básica, 2343 básica, 2344 básica, 2345 básica 2345 contigua 1, 2348 básica, 2350 básica, 2351 básica, 2435 contigua 1, invocando la causal prevista en el inciso c), sección 1, del artículo 66 de la citada ley, haciendo valer como agravios que existió error grave en el cómputo de los votos.

C) En su escrito de impugnación hace valer como agravio que en las casillas 202 básica, 206 contigua 1, 212 básica, 212 contigua 1 y 218 contigua 2, se realizó sin causa justificada el escrutinio y cómputo en local diferente al que determinó el órgano electoral, hechos que encuadran en la hipótesis de la causal de nulidad prevista en el artículo 66, sección 1, inciso e) de la ley de la materia.

D) El recurrente impugna la votación recibida en las casillas 220 básica, 1278 básica y 2238 contigua 1, aduciendo que la votación se recibió en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección, hechos que configuran la hipótesis contenida en el inciso g), sección 1, del artículo 66 de la ley comicial.

E) En el escrito de impugnación, hace valer como agravios que en las casillas 201 básica, 202 básica, 203 contigua 2, 204 básica, 205 contigua 2, 206 contigua 3, 207 contigua 1, 209 contigua 1, 211 básica, 211 contigua 1, 212 básica, 212 especial, 213 básica, 214 básica, 216 contigua 1, 216 contigua 2, 218 contigua 1, 218 contigua 3, 219 contigua 1, 220 básica, 220 contigua 2, 220 contigua 3, 221 contigua 1, 228 contigua 2, 390 básica, 1995 básica, 2238 contigua 1 y 2239 contigua 1, se recibió la votación por personas distintas a las facultadas por el consejo distrital, hechos que encuadran en la hipótesis prevista en el artículo 66, sección 1, inciso h), de la ley adjetiva electoral.

F) En el escrito recursal, impugna la votación recibida en las casillas 218 contigua 2, 1325 contigua 1 y 2348 básica, en virtud de que aparece en blanco el rubro de boletas extraídas de la urna y/o boletas sobrantes de las Actas de escrutinio y cómputo, hechos que el inconforme encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 66, sección 1, inciso k), de la ley adjetiva electoral; sin embargo, éste Órgano resolutor, aprecia que tales hechos encuadran en la hipótesis de nulidad de votación recibida en casilla prevista en el inciso c), sección 1, del artículo 66 de la ley de la materia, por cuanto que se trata de errores en la computación de los votos, por lo que la misma será estudiada por la causal de error en el cómputo, aplicando el principio general de derecho "iura novit curia y da mihi factum dabo tibi jus" <el juez conoce el derecho y dame los hechos yo te daré el derecho>.

G) En el escrito recursal impugna la votación recibida en las casillas 42 básica, 201 contigua 1, 204 contigua 2, 207 contigua 2, 1787 básica, 2243 contigua 1 y 2345 contigua 1, en virtud de que el número de votos nulos son mayores a la diferencia que existe entre el primero y segundo lugar, hechos que encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 66, sección 1, inciso k), de la ley adjetiva electoral.

Atendiendo a lo anterior, y una vez efectuada la clasificación correcta de los agravios y hechos en las causales de nulidad de votación recibida en casilla, se procederá al estudio conforme al cuadro que enseguida se presenta y que contiene la relación de las casillas cuya votación se impugna y la causal de nulidad por la cual será estudiada.

Resulta pertinente aclarar, que dentro del análisis de los diferentes supuestos relativos a las causales de nulidad de votación recibida en casilla, este Órgano colegiado tomará en cuenta el principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados que recoge el aforismo "lo útil no debe ser viciado por lo inútil", y el cual fue adoptado en la tesis de jurisprudencia S3ELJD 01/98, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, publicada en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 231 a 233, cuyo rubro y texto son los siguientes:

PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN.- (Se transcribe)

El principio contenido en la tesis transcrita, debe entenderse en el sentido de que sólo debe decretarse la nulidad de votación recibida en casilla cuando las causales previstas en la ley se encuentren plenamente probadas, y siempre que los errores, inconsistencias, vicios de procedimiento o irregularidades sean determinantes para el resultado de la votación. Es decir, las imperfecciones menores que puedan ocurrir antes, durante la etapa de la jornada electoral o incluso después de terminada ésta, no deben viciar el voto emitido por la mayoría de los electores de una casilla.

Para tal efecto, se debe tener presente que en toda causal de nulidad de votación recibida en casilla está previsto el elemento determinante, siendo que únicamente se encuentra regulado de manera expresa en las siguientes causales, como es el caso previsto por el artículo 66, sección 1, en los incisos c), f), j) y k) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Oaxaca; en tanto que, en otras causales de nulidad de votación, dicho requisito se encuentra implícito, como ocurre con las reguladas en los incisos a), b), d), e), g), h) e i), del mismo precepto.

Esta diferencia no impide que, en el último caso, no se deba tomar en cuenta ese elemento, puesto que su referencia expresa o implícita repercute únicamente en la carga de la prueba.

Así, tratándose de las primeras, para declarar la nulidad de la votación recibida en casilla, se deben acreditar los supuestos normativos que integran la causal respectiva, pero además, será necesario valorar los errores, inconsistencias o irregularidades, con el objeto de ponderar si son o no determinantes para el resultado de la votación; mientras que en las segundas, existe una presunción iuris tantum de que las respectivas causas que provocan la sanción anulatoria, son determinantes para el resultado de la votación, salvo prueba en contrario.

Por ello, en el caso de que se acrediten los extremos de los supuestos que integran las causales de nulidad de votación recibida en casilla a que se refieren los incisos a), b), d), e), g), h) e i) del precepto legal citado, se estima que la irregularidad no será determinante para el resultado de la votación, cuando de las constancias de autos se desprenda que con su actualización no se vulneró el principio de certeza tutelado por la respectiva hipótesis normativa.

Tal criterio ha sido sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis jurisprudencial número S3ELJ 13/2000, publicada en las páginas 202 y 203 de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, bajo el rubro y texto al tenor siguiente:

“NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AUN CUANDO EN LA HIPÓTESIS RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE MENCIONE EXPRESAMENTE (Legislación del Estado de México y similares).-“ (Se transcribe)

Una vez efectuadas las precisiones anteriores, este Tribunal considera que la litis en el presente recurso se constriñe a determinar si ha lugar o no a decretar la nulidad de la votación recibida en las casillas cuya votación se ha impugnado a través del recurso de inconformidad que nos ocupa y, como consecuencia, si deben modificarse los resultados asentados en el Acta de Cómputo Distrital de la elección de Gobernador del Estado, efectuada por el XV Consejo Distrital Electoral con sede en Huajuapan de León, Oaxaca, para en su caso, declarar los efectos que resulten pertinentes de conformidad con lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Oaxaca.

Consecuentemente, se procede entrar al estudio de fondo para lo cual, por cuestión de método, este órgano jurisdiccional estudiará las casillas cuya votación se impugna agrupándolas en considerandos conforme al orden de las causales de nulidad establecido en el artículo 66, sección 1, del ordenamiento legal en consulta.

CUARTO. La parte recurrente hace valer la causal de nulidad prevista en el artículo 66, sección 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Oaxaca, respecto de la votación recibida en un total de cinco casillas, mismas que se señalan a continuación: 202 básica, 206 contigua 1, 212 básica, 212 contigua 1, 218 contigua 2.

En su escrito de interposición del recurso, el partido impugnante manifiesta básicamente como hechos y agravios los siguientes: Que sin causa justificada se instaló la casilla en lugar distinto al señalado por la autoridad.

Por su parte, la autoridad responsable así como el partido político como tercero interesado no argumentaron nada al respecto.

Expuestos los argumentos que hace valer el impugnante, se estima conveniente precisar el marco normativo en que se sustenta la causal de nulidad de mérito.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 178, secciones 1 y 2, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales vigente en la Entidad, las casillas deben instalarse, esencialmente, en lugares de fácil y libre acceso para los electores, que garanticen la libertad y el secreto del voto; debiendo preferirse los locales ocupados por escuelas u oficinas públicas.

Con el objeto de que los electores conozcan la ubicación de la casilla en la que emitirán su voto, el artículo 81, sección 2 del código de la materia, establece que los consejos distritales o municipales deberán dar publicidad, a más tardar treinta días antes de la fecha de la elección, a las listas de los lugares en que serán instaladas, para lo cual, deberán fijarlas en los edificios y lugares públicos de mayor concurrencia en el distrito o municipio.

De la lectura de los anteriores dispositivos se advierte que el establecimiento y publicación de un lugar determinado para la instalación de la casilla, tutela, especialmente, el principio de certeza que permite a los electores conocer el lugar en donde deberán ejercer el derecho al sufragio.

Sin embargo, el día de la jornada electoral, en la fase de la instalación de las casillas, pueden presentarse diversas circunstancias que obliguen a los funcionarios de las mesas directivas de casilla a cambiar su ubicación, como son: a) que no exista el local indicado; b) que se encuentre cerrado o clausurado; c) que se trate de un lugar prohibido por la ley; d) que no permita asegurar la libertad o el secreto del voto o el fácil y libre acceso de los electores; e) que no garantice la realización de las operaciones electorales en forma normal; o, f) que el consejo distrital así lo disponga por causa de fuerza mayor o caso fortuito.

Estos supuestos, se consideran causas justificadas para la instalación de una casilla en un lugar distinto al señalado, y se encuentran previstas en el artículo 206 del ordenamiento legal en consulta, y el dispositivo 207 de la misma ley, establece que en cualesquiera de dichos casos, la casilla deberá quedar instalada en la misma sección y en el lugar adecuado más próximo, debiéndose dejar aviso de la nueva ubicación en el exterior del lugar original que no reunió los requisitos.

En términos de lo previsto en el artículo 66, sección 1 de la Ley General del sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Oaxaca, la votación recibida en una casilla será nula, cuando se acrediten los supuestos normativos siguientes:

Que la casilla se instale en un lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital Electoral o Municipal respectivo y;

Que el cambio de ubicación se realice sin justificación legal para ello.

Para que se acredite el primer supuesto normativo de la causal de nulidad en análisis, será necesario que la parte impugnante pruebe que el lugar donde se instaló la casilla es distinto al que aprobó y publicó el Consejo Distrital o Municipal respectivo.

En cuanto al segundo supuesto normativo, se deberán analizar las razones que, en su caso, haga valer la autoridad responsable para sostener que el cambio de ubicación de casilla atendió a la existencia de una causa justificada prevista en el citado artículo 206 del ordenamiento legal en consulta; valorando aquellas constancias que aporte para acreditarlo.

Luego entonces, la votación recibida en casilla se declarará nula, cuando se actualicen los dos supuestos normativos que integran la causal en estudio, salvo que de las propias constancias de autos quede demostrado que no se vulneró el principio de certeza protegido por la causal, respecto del conocimiento que deben tener los electores del lugar donde deben ejercer su derecho al sufragio, es decir, que las irregularidades aducidas no fueron determinantes para el resultado de la votación.

En el presente caso, para determinar la procedencia de la pretensión del recurrente es necesario analizar las constancias que obran en autos, en particular, las que se relacionan con los agravios en estudio, y que son: a) listas de ubicación de casilla, comúnmente llamadas encarte; b) relación de los representantes de los partidos acreditados en las mesas directivas de casilla; c) actas de Jornada electoral, y d) hojas de incidentes que se levantaron el día de la jornada electoral, respecto de aquellas casillas cuya votación se impugna y en las cuales consten hechos relacionados con la causal en análisis; documentales que al tener el carácter de públicas y no existir prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren, se les concede valor probatorio pleno, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 13, sección 1, inciso a) y 15, sección 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Oaxaca; además de los diversos medios de convicción que aporten las partes, que serán analizados en relación a la casilla respecto de la cual fueron ofrecidos y cuyo valor probatorio se determinará con base en lo dispuesto en los artículos 13 y 15 de la invocada Ley.

Ahora bien del análisis preliminar de las constancias antes aludidas, y con el objeto de sistematizar el estudio de los agravios formulados por la parte impugnante, a continuación se presenta un cuadro comparativo en el que se consigna la información relativa al número de casilla; la ubicación de las casillas publicadas en el encarte del cuatro de julio de dos mil diez, así como la precisada en las actas de la jornada electoral; y, por último, se incluye un apartado referente a observaciones, en el cual quedarán señaladas las circunstancias especiales que puedan ser tomadas en cuenta para la resolución de los casos concretos. De acuerdo a lo anterior, se obtienen los datos siguientes:

a). La casilla 206 contigua 1, de acuerdo al cuadro esquemático que antecede se advierte que fue ubicada en Nuyoo número 69, Colonia El Calvario.

De acuerdo a la copia certificada del encarte de ubicación de casilla, la cual fue valorada en líneas que anteceden, se deduce que el lugar señalado para que fuera ubicada la casilla en estudio lo fue: Nuyoo número 69, Col. El Calvario, C.P. 69005, Academia Comercial Rafael Gutiérrez Maza, entre las calles Campillo y Venustiano Carranza; asimismo, de la copia autorizada del acta de Jornada Electoral y acta de Escrutinio de computo ante casilla, documentos que fueron valorados en líneas que anteceden, se advierte que la casilla fue ubicada en Nuyoo número 69; Colonia el Calvario, datos que coinciden con los publicados y aprobados en el encarte por el Consejo Distrital.

En tal virtud y dado que el inconforme no ofreció prueba alguna para acreditar que la casilla de referencia se instaló en un lugar distinto al autorizado, pues como lo establece el artículo 14, sección 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Oaxaca, que el que afirma está obligado a probar, por lo que el inconforme dejó de cumplir con la carga procesal; por ello, se concluye que en la especie no se acredita el primer elemento de la causal de nulidad prevista en el artículo 66, sección 1, inciso a) de la Ley en consulta; en consecuencia, resulta INFUNDADO el agravio esgrimido por el promovente, respecto de esta casilla 206 c1.

b) En las casillas 212 básica y 212 contigua 1, de acuerdo al cuadro esquemático que antecede se advierte que la primera fue ubicada en Tapia número 1. Col. Centro y la segunda en Tapia esquina Los Fuertes; lugares distintos a los designados por el Consejo Distrital.

Ahora bien, al analizar la copia certificada del encarte de ubicación de casillas, la cual fue valorada en líneas que anteceden, se deduce que el lugar señalado para que fueran ubicadas las casillas: 212 básica y 218 contigua 2 lo fue en calle Tapia número 8. Col. Centro. C.P. 69000. Escuela Primaria "Trabajadores del Campo"; asimismo, de la copia autorizada del acta de Jornada Electoral y acta de Escrutinio de computo ante casilla, documentos que se le otorgó valor en líneas que anteceden, se advierte que la casilla 212 básica fue ubicada en Tapia número 1. Col. Centro y la 212 contigua 1, se ubicó en Tapia esquina Los Fuertes, lugares diversos al señalado por la autoridad electoral en el encarte, acreditándose el primer elemento que integra la causal de nulidad en análisis.

Sin embargo, este hecho por sí solo no es causa suficiente para anular la votación recibida en las casillas en cuestión, ya que si las mismas se instalaron en un lugar distinto, ello obedeció a una causa justificada de las que contempla el Código electoral en cita.

Lo anterior es así, toda vez que en las actas de jornada electoral de las casillas 212 básica y 212 contigua 1, en el rubro de: "La casilla se instala en lugar diferente al aprobado por el Consejo Distrital, explique la causa", por lo que respecta a la casilla 212 básica se asentó que no se abrió la escuela Trabajadores del Campo; asimismo, en la casilla 212 contigua 1 se especificó "el lugar original estuvo cerrado; de igual forma, en las hojas de incidentes a las que se les concedió valor probatorio pleno, se hizo constar que las referidas casillas se instalaron en lugar diverso en virtud de que el lugar que fue designado originalmente se encontraba cerrado.

En estas condiciones, debe considerarse que la decisión tomada por los funcionarios de las respectivas mesas directivas y los representantes de los partidos políticos o coaliciones acreditados, para instalar las casillas citadas en un sitio diverso al publicado en el encarte, estuvo apegada a derecho, toda vez que tales determinaciones atendieron a causas justificadas que se encuentran previstas en el inciso b), del artículo 206 del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca.

Además, en dicho cambio se observaron las formalidades previstas en el artículo 207 del Código en comento, toda vez que como se desprende de las respectivas actas de jornada electoral las casillas en estudio se instalaron en la misma sección del sitio publicado en el encarte y en el lugar adecuado más próximo, como lo fue la misma calle denominada Tapia.

De igual forma, los representantes de los Partidos Políticos no presentaron escritos de protesta o de incidentes relacionados con el cambio de ubicación de las respectivas casillas.

Asimismo, el impugnante tampoco aportó otro medio de convicción con el cual apoyara la razón de su dicho, por lo cual incumple con la carga procesal prevista en el artículo 14, sección 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Oaxaca.

Consecuentemente, resultan INFUNDADOS los agravios expresados por la parte impugnante por estas casillas.

c) En cuanto a las casillas 202 básica y 218 contigua 2, del cuadro comparativo como lo esgrime el recurrente, su ubicación se realizó en un local diferente al lugar señalado por el XV Consejo Distrital con sede en Huajuapan de León, Oaxaca, sin que se advierta causa de justificación alguna.

En efecto, del encarte de ubicación de casillas, el cual fue valorado en líneas precedentes se advierte que la casilla 202 básica se debió de instalar en "la calle Sonora sin número, Colonia Santa Rosa, Huajuapan de León, Oaxaca, C.P. 69006, Escuela Primaria " 23 de Julio, entre las calles de Jalisco y Coahuila "; asimismo, la casilla 218 contigua 2, se debió de instalar en "Tepecoacuilco sin número. Colonia Aviación Primera Sección. C.P. 69007, explanada del tianguis, frente al centro de salud urbano".

Ahora bien, del análisis del acta de jornada electoral y escrutinio y cómputo de las casillas en estudio, documentales ya valoradas, se puede apreciar claramente que la casilla 202 básica se instaló en "calle Colima número 278, Santa Rosa, Primera Sección, Huajuapan de León Oaxaca", asimismo, la casilla 218 contigua 2 se ubicó en "carretera a Mariscala"; por lo tanto se infiere que el lugar en donde se recibió la votación de la jornada electoral no era el lugar señalado por la autoridad competente, además no existe consignada alguna causa que justificara el cambio del lugar, pues como bien se puede apreciar de los elementos que obran en el expediente, durante el transcurso de la jornada electoral no se presentaron incidentes que hubieran expuesto la seguridad e integridad de los materiales electorales, consecuentemente, se actualiza el segundo de los supuestos de la causa de nulidad invocada.

Para tal efecto, en términos del artículo 15, sección 1, de la ley Electoral para el Estado y de acuerdo con las reglas de la lógica y de la experiencia, en particular con el principio ontológico en materia probatoria conforme al cual lo ordinario se presume y lo extraordinario se prueba, se tiene que es un hecho conocido y cierto que en el Estado son excepcionales las casillas que alcanzan el cien por ciento de participación ciudadana, dado que en los procesos electorales constituye una circunstancia reiterada que sólo un porcentaje del electorado acude a sufragar.

Por tal motivo, para determinar si el cambio de ubicación vulneró el principio de certeza, se deben tomar en cuenta las circunstancias y hechos que rodean el ámbito de participación ciudadana en las casillas cuya votación se solicita sea anulada.

Para ello, resulta necesario establecer un parámetro, es decir, un porcentaje de votación que se considere la muestra más representativa de la participación del electorado en una elección dentro de un ámbito territorial determinado.

A partir de esta idea, el parámetro idóneo para analizar la causal en estudio, en este caso, es el porcentaje de votación recibida a nivel distrital de la elección impugnada, toda vez que un distrito uninominal estadísticamente es el ámbito territorial que puede aportar una información más apegada a la realidad acerca de la participación de los votantes en las casillas que lo integran.

En el asunto a estudio, el referido porcentaje de la votación emitida en el XV Distrito Electoral en el Estado, es el resultado de multiplicar la cantidad que representa el total de ciudadanos que votaron en el Distrito, por cien, y dividirlo entre el total de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores correspondiente a dicho Distrito.

Conforme al dato precisado en la lista de folios que obra en el tomo II, la cantidad del total de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores del XV Distrito Electoral en donde se impugnaron casillas es de ciento cuatro mil ciento veinte (104, 120) personas.

En tanto que, en el acta de cómputo distrital de la elección de Gobernador correspondiente al XV Distrito Electoral en donde se impugnaron casillas, aparece que la votación total emitida asciende a: cincuenta mil quinientos trece (50,513) votos.

Acorde con los datos anteriores y una vez efectuada la operación de referencia, se tiene que el porcentaje de votación emitida en el XV Distrito Electoral en el Estado, es de 48.51 %.

Determinado el porcentaje de votación recibida a nivel distrital en la elección impugnada y con el objeto de precisar si el cambio de ubicación de las casillas sin causa justificada provocó confusión o desorientación en el electorado, a continuación se presenta un cuadro comparativo el cual se encuentra integrado de la forma siguiente:

En la primera columna, se señala el número y tipo de la casilla cuya votación se solicita sea anulada; en la segunda, se hace referencia al total de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores de las casillas en cuestión, dato que se obtiene de la copia certificada de la lista de folios de boletas para la elección de Gobernador; en la tercera columna, se anota el número de electores que votaron en las casillas según el acta de escrutinio y cómputo de casilla ante el Consejo Distrital, dato que se obtiene del recuadro de tal acta que dice: "Total de ciudadanos que votaron incluidos en la lista nominal, en las sentencias del Tribunal Electoral, y los representantes de los partidos políticos o coaliciones.

En la cuarta columna se alude al porcentaje de votación en las casillas, el cual, es el resultado de multiplicar el número de electores que votaron en la casilla según el acta de escrutinio y cómputo, por cien, y dividirlo entre el total de ciudadanos incluidos en la lista nominal de electores de la misma.

En la quinta, se establece el porcentaje de votación distrital de la elección impugnada. Cabe precisar que, cuando exista una correspondencia entre ambos porcentajes, o bien, el porcentaje de votación en la casilla sea superior al distrital, se entenderá que el referido cambio de ubicación de la casilla no generó confusión o desorientación en los electores respecto del lugar al que debían acudir para ejercer su derecho al voto, toda vez que se acreditó una afluencia importante de votantes igual o superior al porcentaje de votación en el Distrito.

Empero, cuando el porcentaje de votación en la casilla sea inferior al emitido en el Distrito, se considerará que el referido cambio de ubicación de la casilla provocó confusión en los electores, en relación al lugar exacto en donde debieron sufragar, ya que la afluencia de votantes fue menor al porcentaje de votación a nivel distrital.

Por lo que hace a las referidas casillas, del cuadro comparativo se desprende que el porcentaje de la votación recibida, resulta inferior al porcentaje de votación distrital; no obstante, para tener por acreditada la causal de nulidad invocada, debe establecerse si la irregularidad aducida por la parte impugnante en el presente recurso es determinante, toda vez que atento al principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados cuando no quede fehacientemente probado que el cambio de ubicación originó que los electores dejaran de sufragar, debe privilegiarse la votación recibida.

Para cumplir con la finalidad anterior, se elabora un cuadro que contiene las columnas siguientes: el número de la casilla; los ciudadanos incluidos en la lista nominal de la casilla de que se trate; el número de electores que votaron en la casilla según el acta de escrutinio y cómputo respectiva o, en su caso, de la lista nominal de electores de la casilla respectiva; los posibles electores que en condiciones normales debieron votar, para lo cual se multiplica el total de ciudadanos de la lista nominal por el porcentaje de votación distrital, que en el caso concreto fue de 48.51%, dividiéndose entre cien.

Para obtener el número de electores a los que se les provocó confusión respecto del sitio en donde debían sufragar, con motivo del cambio de ubicación de casilla y por ende se les impidió el ejercicio del derecho al voto, a la cantidad que resulte de la operación anterior, se le deducirá el total de ciudadanos que votaron, anotándose el resultado en su respectiva columna.

Se anotará la diferencia que existe entre el número de votos entre el primero y segundo lugar de la votación de la casilla respectiva, la cantidad anotada se comparará con la precisada en la columna anterior, si el número de ciudadanos a los que se les provocó desorientación respecto del lugar de ubicación de la casilla y, en consecuencia, no se les permitió votar, es igual o mayor a la diferencia de votos entre el primero y segundo lugar, se considerará que el cambio de ubicación de la casilla sin causa justificada, repercutió en el resultado de la votación y, en consecuencia, procederá decretar la nulidad de la votación recibida; ya que se debe presumir, que de no haber existido el cambio citado, la coalición que obtuvo el segundo lugar de la votación podría haber alcanzado el mayor número de votos.

Atendiendo al cuadro anterior, este Órgano Colegiado estima necesario realizar las consideraciones siguientes:

Como se puede apreciar de los datos consignados en el cuadro comparativo de referencia, al ubicarse las casillas mencionadas en lugares distintos a los señalados por el XV Consejo Distrital, sin que existiera causa justificada para ello, se violó el principio de certeza, toda vez que provocó confusión y desorientación en el electorado respecto del lugar exacto en donde debían sufragar. Tal situación se ve reflejada en la diferencia existente entre los electores que debieron votar y los que votaron, la cual, es superior a la diferencia que existe entre el primero y segundo lugares de la votación.

En el caso concreto, se estima que el cambio de ubicación de la casilla sin causa justificada, trascendió al resultado de la votación, ya que de no haberse efectuado, la coalición a la que le correspondió el segundo lugar de la votación podría haber obtenido el mayor número de votos. En consecuencia, devienen FUNDADOS los agravios esgrimidos por la parte recurrente respecto de las casillas de que se trata.

QUINTO. El recurrente hace valer la causal prevista en el artículo 66 sección 1, inciso c) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para nuestra Entidad, en donde refiere haber mediado error manifiesto en el computo de votos, que benefició al candidato ganador por ser determinante para el resultado de la votación, respecto de las casillas 146 básica, 201 contigua 1,202 contigua 1, 203 básica, 203 contigua 1, 204 contigua 1, 206 contigua 2, 206 contigua 3, 207 contigua 1, 208 básica, 209 básica, 209 contigua 2, 210 contigua 1, 211 contigua 1, 212 básica, 212 contigua 1, 212 especial, 213 contigua 1, 214 básica, 215 básica, 216 básica, 216 contigua 2, 217 básica, 217 contigua 1, 217 contigua 3, 218 básica, 218 contigua 1, 218 contigua 2, 218 contigua 3, 219 básica, 220 básica, 220 contigua 2, 220 contigua 3, 221 contigua 1, 223 básica, 225 básica, 226 básica, 227 básica, 227 contigua 1, 228 básica , 228 contigua 1, 228 contigua 2, 231 básica, 231 contigua 1, 389 contigua 1, 391 básica, 393 básica, 394 básica, 395 básica, 743 básica, 924 básica, 925 básica, 942 básica, 1005 básica, 1278 básica, 1279 básica, 1294 contigua 1, 1324 contigua 1, 1325 básica, 1325 contigua 1, 1326 básica, 1326 contigua 1, 1327 básica, 1328 básica, 1329 básica, 1331 básica, 1599 básica, 1600 básica, 1636 básica, 1636 contigua 2, 1704 contigua 1, 1705 contigua 1, 1787 básica, 1788 básica, 1973 básica, 1978 contigua 1, 1995 básica, 2070 básica, 2237 básica, 2238 básica, 2239 básica, 2239 contigua 1, 2240 básica, 2241 básica, 2242 básica, 2242 contigua 1, 2242 contigua 2, 2243 básica, 2243 contigua 1, 2274 básica, 2340 básica, 2341 básica, 2341 contigua 1, 2342 básica, 2343 básica, 2344 básica, 2345 básica 2345 contigua 1, 2348 básica, 2350 básica, 2351 básica, 2435 contigua 1.

En efecto, para determinar si en el presente caso se actualiza la causal de nulidad en estudio, respecto de la votación de las casillas cuya votación se impugna, se formulan las precisiones siguientes:

El escrutinio y cómputo es el procedimiento por el cual, los integrantes de cada una de las mesas directivas de casilla, determinan: a) el número de electores que votó en la casilla; b) el número de votos emitidos en favor de cada uno de los partidos políticos (coaliciones o candidatos); c) el número de votos anulados por la mesa directiva de casilla; y, d) el número de boletas sobrantes de cada elección, atento a lo dispuesto en el artículo 221 del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca.

Los artículos 223 y 224 sección1, inciso a) del código en consulta, señalan lo que debe entenderse por voto nulo; el orden en que se lleva a cabo el escrutinio y cómputo; las reglas conforme a las cuales se realiza, así como aquéllas mediante las que se determina la validez o nulidad de los votos.

Concluido el escrutinio y el cómputo de todas las votaciones, se levantará el acta correspondiente para cada elección, la que deberán firmar, sin excepción, todos los funcionarios y representantes de los partidos políticos o coaliciones que actuaron en la casilla, de acuerdo con lo previsto en los artículos 226 y 227 del código de la materia.

De las disposiciones en comento, se puede concluir que sancionar la inexacta computación de los votos, tutela el valor de certeza respecto del resultado electoral obtenido en cada casilla, garantizando que éste refleje con fidelidad la voluntad de los electores que sufragaron.

De acuerdo a lo expuesto y de conformidad con lo previsto en el artículo 66, sección 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de medios de Impugnación en materia electoral para el Estado de Oaxaca, la votación recibida en una casilla será nula, cuando se acrediten los supuestos normativos siguientes:

a) Que haya mediado error o dolo en la computación de los
votos y;

b) Que sea determinante para el resultado de la votación.

En cuanto al primer supuesto normativo debe precisarse que el "error", debe entenderse en el sentido clásico de cualquier idea o expresión no conforme con la verdad o que tenga diferencia con el valor exacto y que, jurídicamente, implica la ausencia de mala fe. Por el contrario, el "dolo" debe ser considerado como una conducta que lleva implícita el engaño, fraude, simulación o mentira.

Si bien el legislador electoral no determinó el significado de la dicción dolo, también es cierto que resulta aplicable el concepto elaborado por los tratadistas del Derecho Civil, en el sentido de que consiste en una serie de maquinaciones o artificios (conductas activas y voluntarias), realizados con la finalidad de engañar a una persona o mantenerla engañada, es decir, para inducirla o mantenerla en el error, en la discordancia entre la realidad objetiva y el conocimiento, noción o concepto personal que de ella se pueda tener.

Por ende, la conducta dolosa no es factible de ser admitida y menos aún de tenerla por comprobada a partir de simples indicios o presunciones; el dolo debe quedar fehacientemente demostrado, siempre que se invoque su existencia, con relación al escrutinio y cómputo de la votación emitida-recibida en una determinada mesa directiva de casilla.

A lo expuesto con antelación cabe agregar que el dolo no es un vicio autónomo de la voluntad, sino tan sólo un medio para inducir o mantener en el error; es el error el auténtico vicio de la voluntad, causa de nulidad de la votación recibida en casilla.

Como causal de nulidad, el dolo no tiene vida jurídica autónoma, antes bien, está vinculado necesaria e invariablemente al error, ya sea para producirlo o para conservarlo; es el error auténtico vicio que contraviene el principio constitucional de certeza, indispensable para la validez de la votación, como acto jurídico complejo, de naturaleza electoral.

Por tanto, el dolo jamás se puede presumir sino que tiene que acreditarse plenamente y que, por el contrario, existe la presunción iuris tantum de que la actuación de los miembros de las mesas directivas de casilla es de buena fe; entonces, en los casos en que el recurrente, de manera imprecisa, señale en su recurso que existió "error o dolo" en el cómputo de los votos, el estudio de la impugnación de mérito se hará sobre la base de un posible error en dicho procedimiento, salvo cuando se aporten los medios de convicción idóneos y suficientes para acreditar el dolo.

En lo que respecta al estudio del diverso elemento que integra la causal de nulidad en estudio, consistente en que el error "sea determinante" para el resultado de la votación, se ha atendido preferentemente a dos criterios: el cuantitativo o aritmético, y el cualitativo.

Conforme con el criterio cuantitativo o aritmético, el error será determinante para el resultado de la votación cuando el número de votos computados de manera irregular, resulte igual o mayor a la diferencia numérica de los votos obtenidos por los (partidos políticos o coaliciones), que ocuparon el primero y segundo lugares de la votación, ya que de no haber existido ese error, el partido o coalición que le correspondió el segundo lugar, podría haber alcanzado el mayor número de votos.

Por otra parte, de acuerdo con el criterio cualitativo, el error será determinante para el resultado de la votación, cuando en las actas de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo, se adviertan alteraciones evidentes o ilegibilidad en los datos asentados o en su caso, espacios en blanco o datos omitidos, que no puedan ser inferidos de las cantidades asentadas en las demás actas o subsanados con datos que se obtengan de algún otro documento que obre en el expediente y con esto se ponga en duda el principio de certeza de los resultados electorales.

Precisado lo anterior, para el análisis de la causal de nulidad que nos ocupa, este Tribunal toma en consideración: a) actas de la jornada electoral; b) actas de escrutinio y cómputo levantada ante la casilla; c) hojas de incidentes; d) actas de escrutinio y cómputo levantadas en el Consejo Distrital; e) listas nominales de electores que se utilizaron el día de la jornada electoral, en las casillas cuya votación se impugna) y; f) lista de folios correspondientes a las boletas de la elección de Gobernador del Estado; documentales, que por tener el carácter de públicas de conformidad con el artículo 13, sección 2, incisos a) y b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Oaxaca, y al no existir prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren, tienen pleno valor probatorio de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15, sección 2 de la ley en cita.

Del análisis preliminar de las constancias antes aludidas y con el objeto de apreciar con claridad la existencia de algún error en la computación de los votos, y evaluar si dicho error es determinante para el resultado de la votación, se presenta un cuadro comparativo que con relación a todas y cada una de las casillas cuya votación se impugna por la causal de nulidad en estudio, se precisan los datos numéricos siguientes:

En la columna identificada bajo el número 1, se hace referencia a la cantidad de boletas recibidas para la elección que se impugna y que comprende aquéllas que se entregan al presidente de casilla, para recibir la votación de los ciudadanos inscritos en la lista nominal y adicional, así como las que corresponden a los representantes de los partidos políticos o coaliciones acreditados ante la casilla; dato que se obtiene del apartado correspondiente del acta de la jornada electoral o, en su caso, de los recibos de documentación y materiales electorales entregados al presidente de la casilla.

En la columna señalada con el número 2, se hace referencia a la cantidad de boletas sobrantes, que son aquellas que, al no ser usadas por los electores el día de la jornada electoral, fueron inutilizadas por el secretario de la mesa directiva de casilla, dato que se toma del apartado respectivo del acta de escrutinio y cómputo.

En la columna que se identifica con el número 3, se consigna la cantidad que resulta de restar a las boletas recibidas las boletas sobrantes, y que se infiere representa el número de boletas que fueron utilizadas por los electores para emitir su voto en la casilla, razón por la cual, dicha cantidad servirá de comparativo con las anotadas en los subsecuentes tres rubros de la tabla, con los que guarda especial relación.

Así, en la columna señalada bajo el número 4, se anota el total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal; mientras que, en la columna número 5, se precisa el total de boletas depositadas en la urna y que son aquéllas que fueron encontradas en la urna de la casilla; cantidades que se obtienen de los recuadros respectivos del acta de escrutinio y cómputo.

En la columna identificada con el número 6, se anotan los resultados de la votación, cantidad que se obtiene de sumar los votos emitidos en favor de cada partido político o coalición, los relativos a los candidatos no registrados, así como los votos nulos, de acuerdo con los datos asentados en el acta de escrutinio y cómputo respectiva.

En la columna marcada con la letra A, se anotará la diferencia máxima que se advierta de comparar los valores consignados en las columnas 3, 4, 5 y 6, que se refieren a BOLETAS RECIBIDAS MENOS BOLETAS SOBRANTES, TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA NOMINAL, TOTAL DE BOLETAS DEPOSITADOS EN LA URNA y RESULTADOS DE LA VOTACIÓN.

En este sentido, se hace notar que las cantidades señaladas en las columnas de referencia, en condiciones normales deben consignar valores idénticos o equivalentes, debiendo existir congruencia y racionalidad entre ellas, en atención a que están estrechamente vinculadas entre sí, pues es lógico pensar que el número de boletas que se utilizaron en una casilla, debe coincidir tanto con la cantidad de ciudadanos que sufragaron en ella, como con el total de boletas depositadas en la urna y que fueron los votos emitidos por los propios electores, y que constituyen la votación recibida por cada uno de los partidos políticos o coaliciones contendientes, así como en su caso, los votos emitidos a favor de candidatos no registrados y los votos nulos.

En consecuencia, si las cantidades anotadas en las columnas 3, 4, 5 y 6 son idénticas, se podrá afirmar que no existe error en el cómputo de los votos, puesto que todas ellas concuerdan entre sí; sin embargo, cuando las referidas columnas contengan cantidades discrepantes, se considerará que existe un error en la computación de los votos, en estos casos, como se precisó, la diferencia máxima, deberá anotarse en la columna identificada con la letra A.

En la columna B, se indica la cantidad que corresponde a la diferencia numérica de los votos obtenidos por las coaliciones que ocuparon el primero y segundo lugares de la votación de la casilla respectiva.

Dicha cantidad resulta de deducir a la coalición que obtuvo la votación más alta, la que corresponde al segundo lugar, tomando como base las cifras anotadas en el apartado respectivo del acta de escrutinio y cómputo.

Ahora bien, con el objeto de dilucidar si el error detectado es o no determinante para el resultado de la votación, éste deberá compararse con la diferencia existente entre el primero y segundo lugares de la votación anotada en la columna B.

De tal suerte que si la diferencia máxima asentada en la columna A es igual o mayor a la diferencia de votos existente entre el primero y segundo lugares, se considerará que el error es determinante para el resultado de la votación, pues debe estimarse que de no haber existido dicho error, la coalición que obtuvo el segundo lugar de la votación podría haber alcanzado el mayor número de votos, en este caso, en la columna identificada con la letra C, se anotará la palabra SI. Por el contrario, cuando el error no sea determinante, en la mencionada columna, se escribirá la palabra NO.

Es menester precisar que la existencia de datos en blanco, ilegibles o discordantes entre apartados que deberían consignar las mismas cantidades, como son los rubros de: BOLETAS RECIBIDAS MENOS BOLETAS SOBRANTES, TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA NOMINAL, TOTAL DE BOLETAS DEPOSITADAS EN LA URNA, O RESULTADOS DE LA VOTACIÓN, no siempre constituye causa suficiente para anular la votación recibida en casilla por la causal en estudio, acorde con lo sostenido, en lo conducente, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Tesis de Jurisprudencia: S3ELJ 08/97, publicada en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 113 a 116, bajo el rubro:

ERROR EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. EL HECHO DE QUE DETERMINADOS RUBROS DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO APAREZCAN EN BLANCO O ILEGIBLES, O EL NÚMERO CONSIGNADO EN UN APARTADO NO COINCIDA CON OTROS DE SIMILAR NATURALEZA, NO ES CAUSA SUFICIENTE PARA ANULAR LA VOTACIÓN.— (Se transcribe)

Cabe advertir que en ocasiones ocurre que aparezca una diferencia entre los rubros del cuadro de estudio, cuya explicación puede obedecer, por ejemplo, a que algunos electores hayan destruido las boletas que se les entregaron o que se las lleven sin depositarlas en las urnas, asimismo, entre otros supuestos también puede ocurrir que los funcionarios de la mesa directiva de casilla no incluyan entre los electores que votaron conforme a la lista nominal, a algún ciudadano por descuido, o bien, a los representantes de los partidos políticos y coaliciones acreditados ante la respectiva casilla y que también hayan votado ni aquellos ciudadanos que, en su caso, votaron por contar con resolución favorable emita por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para tal efecto, y que de haber ocurrido así, obviamente aparecería que hubo un mayor número de boletas depositadas en la urna, que el total de ciudadanos inscritos en la lista nominal que votaron.

En tal virtud, en aras de privilegiar la recepción de la votación emitida y la conservación de los actos de las autoridades electorales válidamente celebrados, en el supuesto de que se actualice alguna de las situaciones antes comentadas, se estará a lo siguiente:

Tomando en cuenta lo ya expresado, en el sentido de que, en condiciones normales, los rubros de BOLETAS RECIBIDAS MENOS BOLETAS SOBRANTES, CIUDADANOS QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA NOMINAL, TOTAL DE BOLETAS DEPOSITADAS EN LA URNA y RESULTADOS DE LA VOTACIÓN, deben consignar valores idénticos o equivalentes, cuando en uno de ellos conste una cantidad de cero o inmensamente inferior o superior a los valores anotados u obtenidos en los otros apartados, sin mediar explicación racional alguna, debe estimarse que el dato incongruente no deriva propiamente de un error en el cómputo de los votos, sino que se trata de una indebida anotación, que no afecta la validez de la votación recibida, y tiene como consecuencia la simple rectificación del dato, máxime cuando se aprecia una identidad entre las demás variables, o bien, la diferencia existente no es determinante para actualizar los extremos de la causal de nulidad en estudio.

Por otra parte, cuando en los documentos de los que se obtiene la información consignada en las diversas columnas del cuadro que se describe, aparezcan datos en blanco o ilegibles, se analizará el contenido de las demás actas y constancias que obren en el expediente, con el objeto de su obtención o rectificación, y determinar si existe o no error en el cómputo de los votos y, en su caso, si es o no determinante para el resultado de la votación.