JUICIOS DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL.

EXPEDIENTES: SUP-JRC-334/2010 Y ACUMULADO SUP-JRC-339/2010.

ACTORES: COALICIÓN “UNIDOS POR LA PAZ Y EL PROGRESO” Y PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE OAXACA.

MAGISTRADO PONENTE: CONSTANCIO CARRASCO DAZA.

SECRETARIOS: DANIEL JUAN GARCÍA HERNÁNDEZ Y ADRIANA ARACELY ROCHA SALDAÑA.

México, Distrito Federal, a nueve de noviembre de dos mil diez.

VISTOS, para resolver los autos de los expedientes al rubro indicados, relativos a los juicios de revisión constitucional electoral promovidos por la coalición “Unidos por la Paz y el Progreso”, así como por el Partido Revolucionario Institucional, a fin de impugnar la resolución emitida el veintidós de septiembre de dos mil diez, por el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca, en el recurso de inconformidad identificado bajo el expediente RIN/GOB/XIII/15/2010 por medio del cual se impugnó el cómputo distrital que se realizó en el XIII Consejo Distrital del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca, con sede en Tlaxiaco, respecto de la elección de Gobernador del Estado; y,

R E S U L T A N D O

I. Antecedentes. De la narración de los hechos expuestos por los enjuiciantes en los escritos de demanda, así como de las constancias que obran en los autos de los expedientes de los juicios al rubro indicados, se advierten los antecedentes siguientes:

1. Inicio de proceso electoral. El doce de noviembre de dos mil nueve, mediante sesión especial, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca se instaló formalmente para dar inicio al proceso electoral, con el fin de renovar a los poderes ejecutivo, legislativo, así como concejales de los ayuntamientos.

2. Aprobación de convenios. El diecisiete de febrero de dos mil diez, en sesión especial, el citado Consejo General aprobó los convenios de coalición que presentaron los partidos políticos que participaron en el proceso electoral ordinario de dos mil diez.

3. Modificación de plazos para el registro de candidatos. El doce de abril de dos mil diez, el referido Consejo General modificó los plazos para el registro de candidatos a Gobernador, Diputados y concejales a los ayuntamientos.

4. Solicitud y constancia de registro del candidato de la coalición actora. El veintiuno de abril de dos mil diez, la coalición “Unidos por la Paz y el Progreso” presentó ante el Consejo General solicitud de registro de Gabino Cué Monteagudo, como candidato a Gobernador del Estado de Oaxaca. El primero de mayo del presente año, se obtuvo la constancia de registro.

5. Jornada Electoral, cómputo distrital y constancia de mayoría. El cuatro de julio de dos mil diez, se efectuó en el Estado de Oaxaca la jornada electoral, en el cual se eligieron al Gobernador del Estado, Diputados de mayoría relativa, de representación proporcional y concejales a los ayuntamientos.

6. Cómputo distrital. El siete de julio siguiente, se realizaron los cómputos distritales de la elección de Gobernador, entre otros, en el XIII Consejo Distrital con sede en Tlaxiaco, Oaxaca, la cual arrojó los siguientes resultados:

7. Cómputo general. El propio siete de julio del mismo año, el Consejo General hizo el cómputo general de la elección de Gobernador, declaró la validez de la elección y expidió la constancia de mayoría al candidato Gabino Cué Monteagudo.

8. Recurso de Inconformidad. El doce julio de dos mil diez, el representante del Partido Revolucionario Institucional ante el XIII Consejo Distrital con sede en Tlaxiaco, Oaxaca, presentó recurso de inconformidad contra el cómputo distrital que se realizó en el mencionado Consejo Distrital, respecto de la elección de gobernador.

9. Escrito del Tercero Interesado en el recurso de inconformidad. El quince de julio del presente año, el representante de la coalición “Unidos por la Paz y el Progreso”, presentó ante la autoridad responsable, escrito como tercero interesado.

10. Incidente sobre pretensión de nuevo escrutinio y cómputo. El dieciséis de septiembre de dos mil diez, se admitió el recurso de inconformidad planteado, se ordenó abrir incidente sobre la pretensión de nuevo escrutinio y cómputo respecto de las casillas precisadas en el escrito de inconformidad.

11. Resolución incidental. El veinte de septiembre del presente año, el Tribunal Electoral local declaró improcedente el incidente de nuevo escrutinio y cómputo; en la misma fecha se notificó dicha determinación al Partido Revolucionario Institucional.

12. Sentencia impugnada. El veintidós de septiembre posterior, el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca resolvió el recurso de inconformidad número de expediente RIN/GOB/XIII/15/2010, cuyos puntos resolutivos son del tenor siguiente:

“… PRIMERO. Este Tribunal es competente para conocer el presente recurso de inconformidad en los términos del considerando primero de esta resolución.

SEGUNDO. La legitimidad del Partido Revolucionario Institucional, como promovente en el presente medio de impugnación así como del Partido Convergencia en su carácter de Tercero Interesado, quedó acreditada; así también la personalidad de MAURICIO CRUZ MARTÍNEZ,, como Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional, y de JOSÉ ALEJANDRO LÓPEZ SÁNCHEZ representante propietario del Partido Convergencia, ante el XIII Consejo Distrital Electoral con sede en la Heroica Ciudad de Tlaxiaco,Oaxaca, así como la de VÍCTOR HUGO ALEJO TORRES ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, este último de los mencionados, como representante de la Coalición “Unidos por la Paz y el Progreso”, en términos del considerando segundo de este fallo.

TERCERO. El trámite dado al presente recurso de inconformidad fue el correcto.

CUARTO. Se declaran INFUNDADOS los agravios hechos valer por el recurrente, en términos de los considerandos CUARTO, QUINTO apartados A), B), C) D), E) ,F), G), H), I), J), K), L), M), N), O), P), Q) y R), SEXTO, SEPTIMO, OCTAVO apartado A) y NOVENO de esta resolución, respecto a las causales de nulidad establecidas en el artículo 66,párrafo I, incisos a), c), e), g) h) y k), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Oaxaca.

QUINTO. Se declaran FUNDADOS los agravios hechos valer por el recurrente en términos de los considerandos QUINTO apartado S) y OCTAVO apartado B) de la presente resolución, respecto de las causales de nulidad previstas en el artículo 66 párrafo 1, incisos c) y h) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral para el Estado de Oaxaca en relación a la votación recibida en las casillas 1304 contigua uno, 1356 básica, 1512 básica y 2263 contigua uno.

SEXTO. Se declara la nulidad de la votación recibida en las casillas 1304 contigua uno, 1356 básica, 1512 básica y 2263 contigua uno. y en consecuencia se modifican los resultados consignados en el acta respectiva de cómputo distrital, para quedar en los términos del considerando DECIMO de esta resolución, la cual sustituye a dicha acta de cómputo distrital.

SÉPTIMO. Remítase copia certificada de esta ejecutoria a la sección de ejecución que para tal efecto se abra al resolver el último de los recursos que se hubiere promovido en contra de la elección de Gobernador, en términos del artículo 58, sección 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Oaxaca …”

II. Juicios de revisión constitucional electoral. El veinticinco y veintisiete de septiembre del año en curso, la Coalición “Unidos por la Paz y el Progreso” y el Partido Revolucionario Institucional, respectivamente, promovieron juicios de revisión constitucional electoral a fin de impugnar la resolución señalada en el punto que antecede.

III. Recepción de los juicios constitucionales. El cuatro de octubre de dos mil diez, se recibieron en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior, los oficios TEE/SGA/2246/2010 y TEE/SGA/2405/2010 signados por el Secretario General del Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca, mediante los cuales remitió las demandas de los juicios de revisión constitucional electoral, los respectivos informes circunstanciados y la demás documentación que consideró necesaria para la resolución de los asuntos.

IV. Integración, registro y turno a Ponencia. El mismo cuatro de octubre de dos mil diez, la Magistrada Presidenta de esta Sala Superior acordó integrar, registrar y turnar a la ponencia del Magistrado Constancio Carrasco Daza, los expedientes de ambos juicios de revisión constitucional electoral.

Dichos acuerdos fueron cumplimentados mediante oficios TEPJF-SGA-3955/10 y TEPJF-SGA-3960/10, ambos de la fecha señalada, suscritos por el Secretario General de Acuerdos de la Sala Superior.

 V. Tercero interesado. En los asuntos en que se actúa no compareció tercero interesado.

VI. Admisión y cierre de instrucción. En el momento procesal oportuno, el Magistrado Instructor admitió a trámite las demandas en cuestión y, agotada su instrucción la declaró cerrada, por lo que los autos quedaron en estado de dictar sentencia; y,

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y la Sala Superior es competente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 y 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso b) y 189, fracción I, inciso d) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, 87, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para conocer y resolver los presentes medios de impugnación, en concreto los juicios de revisión constitucional electoral, promovidos contra una resolución del Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca que modifica los resultados de un cómputo distrital de la elección de Gobernador de esa entidad federativa.

SEGUNDO. Acumulación. Entre los expedientes registrados con las claves SUP-JRC-334/2010 y SUP-JRC-339/2010 existe conexidad, toda vez que fueron promovidos contra la misma sentencia, emitida el veintidós de septiembre de dos mil diez, por la misma autoridad, en concreto el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca, por tanto, con el fin de facilitar la pronta y expedita resolución de los juicios en mención, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y 73, fracciones VII y IX, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha lugar a decretar la acumulación del juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-339/2010 al SUP-JRC-334/2010, por ser éste el más antiguo.

TERCERO. Estudio de las causales de improcedencia del juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-339/2010. En su escrito de comparecencia, como tercera interesada, la Coalición “Unidos por la Paz y el Progreso” manifestó que, en el juicio SUP-JRC-339/2010, se actualizan las siguientes causales de improcedencia:

1. Falta de interés jurídico.

2. Falta de legitimación.

3. Falta de personería del promovente.

4. Frivolidad.

5. Violación no determinate.,

La Sala Superior considera que las alegaciones de la coalición tercera interesada son infundadas, de acuerdo a lo siguiente:

1. Falta de interés jurídico. La Coalición tercera interesada invoca como causal de improcedencia, la falta de interés jurídico del partido político actor, porque, en su concepto, el Partido Revolucionario Institucional no manifiesta en su escrito de demanda qué afectación le produce la sentencia controvertida, ni qué derecho sustancial le es vulnerado, en concepto de esta Sala Superior la aludida causal de improcedencia deviene infundada.

Contrariamente a lo afirmado por la tercera interesada, esta Sala Superior considera que el Partido Revolucionario Institucional, sí tiene interés jurídico para promover el juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-339/2010, toda vez que, fue precisamente ese instituto político el que promovió recurso de inconformidad, cuya sentencia se impugna en esta instancia federal.

En efecto, el Partido Revolucionario Institucional, impugnó en el recurso de inconformidad local, el cómputo distrital de la elección de Gobernador, en el distrito electoral local XIII, de Oaxaca, haciendo valer diversos conceptos de agravio.

En la sentencia controvertida, se determinó anular la votación recibida en las casillas 1304 contigua, 1356 básica, 1512 básica y 2263 contigua del citado distrito electoral local, lo que motivó la modificación del cómputo distrital respectivo.

Al respecto, el partido enjuiciante, aduce que le causa agravio la sentencia impugnada, porque en su concepto el Tribunal responsable vulneró el principio de exhaustividad, al no analizar los conceptos de agravio, planteados en la instancia local.

Por tanto, si fue el Partido Revolucionario Institucional el que promovió el recurso de inconformidad, y en el juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-339/2010, controvierte la sentencia dictada en el aludido medio de impugnación local, es indubitable para esta Sala Superior, que el partido político actor tiene interés jurídico, ello independientemente de que le asista o no la razón, en cuanto al fondo de la litis.

2. Falta de legitimación. La aludida Coalición argumenta que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 10, párrafo 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda vez que, en su concepto, el partido político actor, carece de legitimación para promover el juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-339/2010.

La causal de improcedencia en examen se considera infundada porque, contrariamente a lo aducido por la Coalición, el partido político sí tiene legitimación para promover el citado juicio de revisión constitucional electoral.

Lo anterior es así, porque conforme a lo establecido en al artículo 88, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, corresponde exclusivamente a los partidos políticos, promover el juicio de revisión constitucional electoral, por tanto, resulta evidente que en la especie, el Partido Revolucionario Institucional, al ser un partido político nacional, es evidente que tiene legitimación para promover el medio de impugnación en que se actúa, de ahí que no asista razón a la Coalición tercera interesada.

3. Falta de personería del promovente. Al respecto, la tercera interesada manifiesta que el juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-339/2010 es improcedente porque, en su concepto, Mauricio Cruz Martínez, representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el XIII Consejo Distrital con sede en Tlaxiaco, Oaxaca, carece de personería para comparecer en representación del Partido Revolucionario Institucional, ante esta instancia federal.

Lo anterior, porque a su juicio, conforme a lo estipulado en la cláusula Décima Quinta del convenio de coalición que celebraron los partidos políticos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, quienes están autorizados para interponer el recurso de inconformidad local son Elías Cortez López, del Partido Revolucionario Institucional, y Josué Said González Calvo, del Partido Verde Ecologista de México.

A juicio de esta Sala Superior la causal de improcedencia hecha valer por la tercera interesada es infundada, toda vez que, de conformidad con lo previsto en el artículo 88, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el juicio de revisión constitucional electoral podrá ser promovido por los partidos políticos, por conducto de sus representantes legítimos, entre los cuales están los que hayan interpuesto el medio de impugnación jurisdiccional al cual le recayó la resolución reclamada.

Ahora bien, en el escrito de demanda de inconformidad se advierte que Mauricio Cruz Martínez promovió el aludido medio de impugnación local, en su carácter de representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el XIII Consejo Distrital con sede en Tlaxiaco, Oaxaca.

La anterior constancia obra a fojas cuatro a ochenta y dos, del expediente principal del recurso de inconformidad clave RIN/GOB/XIII/15/2010, anexo al juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-339/2010.

Asimismo, en el expediente antes precisado, a foja ciento ochenta, obra copia certificada de la solicitud de acreditación de Mauricio Cruz Martínez, como representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el XIII Consejo Distrital con sede en Tlaxiaco, Oaxaca.

Finalmente, cabe destacar que el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca, al emitir la sentencia impugnada, así como al rendir el informe circunstanciado, le reconoció personería, además de que no está controvertido, y menos aún desvirtuado que Mauricio Cruz Martínez sea representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el XIII Consejo Distrital con sede en Tlaxiaco, Oaxaca.

Por tanto, para este órgano jurisdiccional especializado, Mauricio Cruz Martínez, quien promueve el juicio de revisión constitucional electoral SUP-339/2010, a fin de controvertir la sentencia recaída al recurso de inconformidad local, sí tiene personería para comparecer a este medio de impugnación en materia electoral federal, en términos del artículo 88, párrafo 1, inciso b), de la citada Ley General de Medios de Impugnación, de ahí que la causal de improcedencia relativa a la falta de personería del promovente sea infundada.

4. Frivolidad. Por lo que hace a la causal de improcedencia relativa a la frivolidad del juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-339/2010, esta Sala Superior considera que es infundada, como se explica a continuación.

Se debe tener en consideración que, un medio de impugnación es frívolo cuando, a juicio de esta Sala Superior, sea notorio el propósito del actor de interponerlo sin existir motivo o fundamento alguno para ello o aquél en el cual, evidentemente, no se puede alcanzar el objetivo que se pretende; de ahí que sea dable considerar que la frivolidad de un medio de impugnación significa que sea totalmente intrascendente o carente de sustancia.

En el caso concreto, de la lectura de la demanda de juicio de revisión constitucional electoral, identificado con la clave SUP-JRC-339/2010, se puede advertir que no se actualiza tal supuesto, en razón de que el partido político demandante señala hechos y conceptos de agravio específicos, encaminados a que este órgano jurisdiccional revoque la sentencia resolución impugnada, porque en su concepto el Tribunal responsable vulneró el principio de exhaustividad, lo que demuestra que no es una demanda carente de sustancia o trascendencia; en todo caso, la eficacia del concepto de agravio expresado por el partido político actor, para alcanzar su pretensión, será motivo de análisis, en el fondo de la controversia, de ahí que sea dable concluir que no le asiste la razón a la tercera interesada, al expresar la causal de improcedencia del juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-339/2010.

Sirve de apoyo a lo anterior, la ratio essendi contenida en la tesis de jurisprudencia sostenida por esta Sala Superior, consultable en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas ciento treinta y seis a ciento treinta y siete, volumen "Jurisprudencia", cuyo rubro es: “FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE”.

5. Violación no determinante. La Coalición tercera interesada también aduce como causa de improcedencia que la violación impugnada no es determinante para el resultado final de la elección de Gobernador del Estado de Oaxaca, porque “(…) atendiendo a los resultados de la votación emitida con fecha cuatro de julio de dos mil diez, se advierte que la diferencia de votos entre el primero y segundo lugar fue de 2,974 (dos mil novecientos setenta y cuatro), en este XII (sic) Distrito electoral, mientras que en las casillas anuladas en el recurso de inconformidad al que recayó la sentencia que al efecto impugnó, el total de votos anulados fue de 9 votos (nueve), luego entonces, aun con la anulación de las casillas 644 contigua 1, 1696 básica y 1773 extraordinaria, no resulta determinante para que en su caso se sobrepusiera el partido político actor a mi representada (…)”.

En el caso la Sala Superior considera que, contrariamente a lo sostenido por la Coalición tercera interesada, se cumple con el requisito previsto en el artículo 86, párrafo 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, relativo a que la violación reclamada pueda resultar determinante para el desarrollo del procedimiento electoral o para el resultado final de la elección de Gobernador de Oaxaca.

Se afirma lo anterior, porque los asuntos aquí acumulados se relacionan con uno de los veinticinco cómputos distritales de la elección de Gobernador del Estado de Oaxaca, pero debe tenerse presente que la determinancia no puede juzgarse desde el punto de vista cuantitativo respecto del resultado del cómputo distrital, porque no se trata de elecciones distritales, sino de la elección de Gobernador.

Esto, porque al llevar a cabo el cómputo general de dicha elección, de conformidad con el artículo 257 del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca, el Consejo General del Instituto electoral local se limitará a anotar el resultado de los cómputos distritales y realizar la sumatoria correspondiente, por lo que cualquier irregularidad que tenga lugar en un cómputo distrital no podrá reclamarse como irregularidad del cómputo general.

Por tanto, la única posibilidad de depurar el resultado de la votación y evitar que un cómputo irregular trascienda al resultado de la elección, es mediante la impugnación del cómputo distrital, de modo que las violaciones cometidas en éste trascienden al resultado del conteo general, de ahí que resulte determinante cualitativamente para el resultado de la misma.

Asimismo, en el caso no se trata de cualquier irregularidad, incluso atendiendo al aspecto cuantitativo, ya que se pretende el recuento total de todas las casillas del distrito y se pretende la nulidad de la votación recibida en treinta ydos de las casillas instaladas en el mismo, de ahí que de acoger su pretensión, se podría modificar el cómputo distrital que hizo el Consejo Distrital Electoral, del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca, correspondiente al distrito electoral local XIII, con sede en Tlaxiaco, y, en consecuencia, modificar el cómputo general de la aludida elección de Gobernador, habida cuenta que no puede prejuzgarse en este análisis preliminar sobre si las pretensiones mencionadas podrán ser acogidas y tampoco sobre si su resultado implicará un cambio de ganador, pero la sola posibilidad del recuento total pone en duda todo el resultado del cómputo distrital, lo que evidentemente resulta determinante.

Así, el aspecto determinante de este medio de impugnación también se satisface respecto de la coalición actora, en virtud de que cuestiona la legitimación del Partido Revolucionario Institucional para controvertir los cómputos distritales de la elección de Gobernador en esa entidad federativa, en razón de que ese instituto político se sujetó a participar coaligado con diversa fuerza política, agravio que, de resultar fundado, podría dar lugar a revocar la resolución impugnada y, eventualmente a decretar la nulidad de todo lo actuado en el expediente del medio de impugnación primigenio, aspecto que resultaría determinante para el resultado de la elección, toda vez que con ello se establecería en definitiva el resultado del cómputo distrital respectivo que debe ser tomado en consideración para el cómputo final de dicha elección.

En mérito de lo anterior, es claro que, de ser fundados los agravios de uno y otro de los actores, podrían repercutir en el cómputo definitivo de dicha elección, lo que evidentemente hace determinante el resolver estos asuntos para el resultado final de la elección, o incluso ser causa de nulidad de la misma, de acuerdo con lo previsto en el artículo 67, apartado I, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación del Estado de Oaxaca, de ahí que se cumpla con el requisito en análisis.

En virtud de lo expuesto, toda vez que esta Sala Superior no advierte que se actualice alguna de las causas de improcedencia invocadas, lo procedente es realizar el estudio de los restantes requisitos esenciales de la demanda y los especiales de procedibilidad del presente juicio de revisión constitucional electoral.

CUARTO. Requisitos de las demandas, presupuestos procesales y requisitos especiales de procedibilidad de los juicios de revisión constitucional electoral SUP-JRC-334/2010 y SUP-JRC-339/2010. Los medios de impugnación mencionados reúnen los requisitos de procedencia previstos en los artículos 7, párrafo 1; 8, párrafo 1; 9, párrafo 1; 13, párrafo 1, inciso a), fracción I; 86, párrafo 1 y 88, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por lo siguiente:

a. Oportunidad. Los juicios de revisión constitucional electoral se promovieron dentro de los cuatro días a que alude el artículo 8, párrafo 1, de la invocada Ley General aplicable, ya que la resolución reclamada se emitió el veintidós de septiembre de dos mil diez, siendo notificada a los actores el veinticuatro siguiente, mientras que las respectivas demandas se presentaron el veinticinco y veintisiete del mismo mes y año ante la autoridad responsable, según se advierte de las constancias que obran en autos.

b. Requisitos de las demandas. Los juicios en estudio se presentaron por escrito ante la autoridad responsable, con la precisión del nombre del actor, el domicilio para oír y recibir notificaciones, así como la identificación del acto impugnado, la autoridad responsable, la mención de los hechos en que se basan las impugnaciones y los conceptos de agravio; asimismo, se hace constar el nombre y firma autógrafa de quien promueve, por lo que se cumplen los requisitos previstos en el artículo 9, párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

c. Definitividad y firmeza. Se cumple con este requisito, ya que la resolución combatida constituye un acto definitivo y firme, al no preverse en el Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, algún medio de impugnación por virtud del cual pueda ser revocada, nulificada o modificada, de tal suerte que se debe tener por agotada la cadena impugnativa local y satisfecho el requisito indicado, previsto en el artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el numeral 86, apartado 1, incisos a) y f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Lo expuesto encuentra apoyo, en lo sostenido por esta Sala en la jurisprudencia intitulada: "DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA, CONSTITUYEN UN SOLO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DEL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL", identificada con la clave S3ELJ23/2000, consultable a páginas setenta y nueve y ochenta, de la Compilación Oficial "Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005", volumen "Jurisprudencia".

d. Violación a preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El requisito exigido en el artículo 86, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se encuentra satisfecho en ambos casos, ya que los promoventes alegan que la resolución reclamada transgrede, entre otros, los artículos 14, 16, 17, 35, 39, 41 y 116, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Este requisito debe entenderse en un sentido formal, es decir, como un requisito de procedencia, no como el resultado del análisis de los agravios propuestos por los actores, en virtud de que ello implicaría entrar al fondo de los juicios; consecuentemente, tal requisito debe estimarse satisfecho cuando, como en los casos, se hacen valer agravios en los que se exponen razones dirigidas a demostrar la afectación a tales preceptos constitucionales.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia identificada con la clave S3ELJ 02/97, consultable en las páginas 155 a 157, de la compilación oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro: “JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. INTERPRETACIÓN DEL REQUISITO DE PROCEDENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 86, PÁRRAFO 1, INCISO B), DE LA LEY DE LA MATERIA”.

e. La reparación solicitada es material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales. Con relación al requisito contemplado en los incisos d) y e) del párrafo 1 del artículo 86 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la reparación solicitada es material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales, ya que la fecha para la toma de posesión del cargo de Gobernador en el Estado de Oaxaca, será el próximo primero de diciembre del presente año, en términos del artículo 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, por lo que existe el lapso suficiente para reparar las violaciones reclamadas, de resultar fundadas.

En consecuencia, en razón de que se cumplieron los requisitos esenciales así como los especiales de procedibilidad del presente juicio y, toda vez de que este órgano jurisdiccional no advierte que se actualice alguna causa de improcedencia o sobreseimiento de las previstas en la legislación aplicable que deba invocar de oficio, lo conducente es, previa transcripción de la parte considerativa de la sentencia impugnada y de los agravios alegados por las partes, levar a cabo el estudio de fondo del presente asunto.

QUINTO. Sentencia reclamada. La parte considerativa de la resolución que se reclama en los presentes juicios es del siguiente tenor:

“… C O N S I D E R A N D O

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Por ser de orden público y de estudio preferente, se analizará si en el caso se actualiza alguna causal de improcedencia, particularmente las que en concepto de la “Coalición Unidos por la Paz y el Progreso” se acreditan, pues de ser así, deberá decretarse el sobreseimiento del medio de impugnación al existir un obstáculo que impide la válida constitución del proceso y, con ello, imposibilite el pronunciamiento por parte de este Órgano jurisdiccional sobre el fondo de la controversia planteada.

El tercero interesado hace valer las causales de improcedencia previstas en el artículo 9, párrafo 1, inciso a), segunda parte, inciso b) y e) tercera parte, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Material Electoral para el Estado de Oaxaca, que establecen lo siguiente:

Artículo 9

1. Los medios de impugnación previstos en esta Ley serán improcedentes y por lo tanto serán desechados de plano cuando:

a) Se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten el interés jurídico del recurrente; que se hayan consumado de un modo irreparable o aquellos contra los cuales no se hubiese interpuesto el medio de impugnación respectivo dentro de los plazos señalados en esta Ley;

b) Que el promovente carezca de legitimación en los términos de la presente Ley;

…

e) Cuando el medio de impugnación no se presente ante la autoridad correspondiente, o incumpla cualquiera de los requisitos previstos por los incisos a) o h) del párrafo 1 del artículo anterior, resulte evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de las disposiciones del presente ordenamiento, se desechará de plano;

En primer término, de las causas de improcedencia hechas valer por el partido político tercero interesado, este Tribunal Electoral se avocará únicamente al estudio de las que hace manifestaciones al respecto, ello en virtud de que de su escrito, no se advierten razones o argumentos para el estudio de la causal de nulidad prevista en el numeral 9, párrafo 1, inciso a), de la Ley procesal electoral local.

Este Órgano Jurisdiccional estima que si bien es cierto que Mauricio Cruz Martínez, no está legitimado por la coalición indicada, también lo es que por sí se encuentra legitimado para hacer valer el presente recurso como representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el XIII Consejo Distrital, con cabecera en la ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, por las siguientes consideraciones:

Al respecto, cabe precisar que la legitimación en la causa se refiere a quiénes deben ser parte en un proceso determinado para que la actividad jurisdiccional se realice con eficacia, es decir, para que, en su caso, el derecho objetivo pueda actuar en el caso concreto. En este sentido, en los procesos contenciosos la legitimación en la causa consiste, respecto del demandante, en ser la persona que conforme a la ley sustancial está en aptitud para que, por sentencia de fondo, se resuelva si existe o no el derecho subjetivo o la relación jurídica sustancial pretendida en la demanda, y respecto del enjuiciado, en ser la persona que conforme con la ley sustancial está en condiciones para discutir u oponerse a dicha pretensión del demandante.

Entonces, en un proceso concreto la legitimación en la causa corresponde a la persona que en la demanda invoca en su favor la existencia de un derecho sustancial, respecto del cual es posible pretender la actuación del derecho en ese caso específico. En tal caso, la decisión sobre la existencia del derecho o de la relación jurídica sustancial discutida tiene lugar, cuando en el proceso concreto se emita la sentencia respectiva, mas la legitimación del promovente estará satisfecha, en tanto éste afirme en la demanda la titularidad del derecho subjetivo que señale como transgredido, violado o desconocido.

En el caso a estudio, el artículo 25, apartado B, de la Constitución Política del Estado de Oaxaca, dispone, en lo conducente, que los partidos políticos son entidades de interés público, y que su participación en los procesos electorales estará determinada y garantizada por la ley.

En tanto que, los artículos 40, párrafo 1, inciso e), 69, 70, 71, 72, 73, 74 y 75, párrafo 1, inciso g), del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado, disponen que los partidos políticos pueden formar coaliciones, entre otras, para la elección de Gobernador; que para ello, deben celebrar y registrar el convenio correspondiente en que se contendrá, entre otras cosas, la designación de quién ostentará la representación de la coalición para la interposición de los medios de impugnación.

También se establece que con independencia de la elección para la cual se realice la coalición, cada partido conserva su propia representación en los consejos del Instituto Estatal Electoral y ante las mesas directivas de casilla.

De las disposiciones constitucionales y legales a que se ha hecho mención, se deriva que los partidos políticos tienen el derecho de participar en la contienda electoral local en forma individual o coaligados y, cuando actúan en esta última forma, lo hacen como si se tratara de un sólo partido político, estableciéndose ciertas modalidades para el cumplimiento de sus obligaciones y el ejercicio de sus derechos, ya que al coaligarse se erige una nueva representación que, por regla general, pero no absoluta, sustituye para todos los efectos la de los partidos políticos coaligados, sin que ello implique que se prive de algún derecho a dichos partidos políticos o que se les libere del cumplimiento de alguna obligación, como se puede constatar en el resto de las disposiciones aplicables a las coaliciones.

Que las coaliciones, si bien es cierto, al promover los medios de impugnación de la materia, lo harán a través de quien ostente la representación en términos del convenio celebrado, al conservar cada partido político coaligado su representación ante los órganos desconcentrados del Instituto Estatal Electoral, también es verdad que se encuentran legitimados para interponer dichos medios de impugnación para controvertir los actos de dichos órganos, en lo individual. En cuyo caso, debe estarse a las reglas de la personería del artículo 12, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado.

En efecto, de una interpretación armónica, extensiva, sistemática y funcional de los mencionados artículos, con lo dispuesto en los numerales 11 y 12, párrafo 1, inciso b), de la Ley invocada, se colige el reconocimiento de la legitimación para presentar los recursos en materia electoral, tanto a los partidos políticos como a las coaliciones, así como para comparecer como terceros interesados en los mismos.

En ese sentido, en caso de que el acto, resolución o sentencia impugnada sólo repercuta en la esfera jurídica de la coalición, es inconcuso que la representación para efectos de la presentación del medio de impugnación corresponde a la coalición, a través de aquellos sujetos que se determinen en el convenio de coalición correspondiente. En ese mismo supuesto, no obstante que tanto el partido político o la coalición cuentan con legitimación en el proceso, también habría que analizar si cuentan con legitimación en la causa para comparecer como partido político en lo individual o en nombre de la coalición.

En cambio, si el acto, resolución o sentencia que se impugna únicamente causa perjuicio directo a los partidos políticos integrantes de la coalición, y no así a la propia coalición entonces deberán acudir dichos entes políticos en lo individual a defender sus derechos, a través del correspondiente representante.

Pero en el supuesto de que la materia de impugnación involucre aspectos que corresponden tanto a la esfera del partido político coaligado como a la de la propia coalición de la cual aquél es integrante, como ocurre en la especie, al pertenecer a ese instituto político el candidato postulado por la Coalición “Por la Transformación de Oaxaca”, debe concluirse que puede acudir como promovente en lo individual el partido político coaligado o por sí misma la coalición, o bien en forma simultánea aquél y la coalición, a través de sus respectivos representantes.

Lo anterior, encuentra sustento en el criterio jurisprudencial prevaleciente, por contradicción de tesis, pronunciado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente número SUP-CDC-6/2009, cuyo rubro es el siguiente: PERSONERÍA. PARA EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN EL CASO DE LAS COALICIONES. AL DETERMINARLA TAMBIÉN SE DEBE ATENDER A LA INTENCIÓN DE QUIENES SUSCRIBEN EL CONVENIO DE COALICIÓN.

En el caso a estudio, de las constancias de autos se llega al conocimiento de que el candidato postulado por la Coalición “Por la Transformación de Oaxaca” para esta elección pertenece al instituto político recurrente, por lo que el acto impugnado puede afectar tanto a esa coalición como al partido político inconforme, razón por la cual esa entidad política puede acudir individualmente a interponer el recurso en estudio, como así lo establece la Jurisprudencia invocada, la que es de observancia obligatoria.

Ahora en el caso concreto, por lo que se refiere a la personería de MAURICIO CRUZ MARTÍNEZ, quien presentó escrito de impugnación por el que promueve el recurso de inconformidad como representante legítimo del Partido Revolucionario Institucional ante el XIII Consejo Distrital Electoral con sede en la ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, se tiene por acreditada con la copia certificada del acuse de recibo de la sustitución del representante propietario de fecha veintinueve de mayo de dos mil diez, mediante el cual hace del conocimiento del Secretario del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, además de que la propia autoridad responsable al rendir su informe circunstanciado con fecha diecisiete de julio del presente año, le reconoce tal carácter.

Documental a la que se le concede valor probatorio pleno conforme a los artículos 13, sección 3, inciso b) y 15, párrafos 1 y 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Oaxaca, no obstante su naturaleza privada, pues su contenido y autenticidad no se encuentra desvirtuado en autos.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis S3EL 058/98 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, publicada en la Revista Justicia Electoral 1998, Tercera Época, suplemento 2, página 82, de texto y rubro siguientes:

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS. MOMENTO EN EL QUE SURTE EFECTOS SU ACREDITACIÓN (Legislación de Nuevo León). De la interpretación gramatical y sistemática de los artículos 43 y 44 de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, en relación con el artículo 8° del Reglamento de la Comisión Estatal Electoral y de las Comisiones Municipales Electorales del Estado de Nuevo León, se desprende una facultad expresa de los partidos políticos para designar y remover libremente en cualquier tiempo a sus representantes ante otros órganos electorales, ya que es facultad de los partidos políticos la acreditación de sus representes propietarios y suplentes, lo que surtirá efectos desde el momento de la recepción del escrito de designación, siempre y cuando en éste conste la hora y fecha en que se recibió y la firma del secretario o del funcionario del órgano electoral respectivo, por lo que no es jurídica la apreciación de deducir obligación alguna para los partidos políticos que, al designar a sus representantes ante los órganos electorales, éstos tengan que manifestar bajo protesta de decir verdad que no se encuentran impedidos para ocupar dicho cargo, ni mucho menos que la designación surta efectos a partir de dicha protesta, debido a que la manifestación de protesta en una práctica que no tiene un sustento legal que la soporte, por lo que implica, entonces, sólo una formalidad no obligatoria, a la que en ningún momento se le pueden atribuir efectos constitutivos o que, ante su ausencia, impida que surta efectos la acreditación respectiva.”

Ahora bien, en cuanto a lo manifestado por el tercero interesado, al considerar que el promovente carece de legitimación para interponer el presente medio de impugnación, porque la cláusula décima quinta del convenio de Coalición del Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, a través de la que se designa a los ciudadanos Elías Cortes López y Josué Said Gonzáles Calvo, conjunta o separadamente, para la promoción de medios de impugnación en representación de la Coalición “Por la Transformación de Oaxaca”, este Órgano colegiado considera que dicha cláusula no puede interpretarse como una limitación de la diversa representación concedida a los representantes de los Partidos Políticos acreditados ante los Consejos Distritales Electorales, porque esa lectura desconoce la naturaleza desconcentrada bajo la cual opera el Instituto Estatal Electoral de Oaxaca.

Ello es así porque dicho Instituto se integra por un órgano central, el Consejo General y veinticinco Consejos Distritales además de los respectivos Consejos Municipales, con facultades propias en su ámbito espacial para la preparación y calificación de las elecciones en el Estado, por lo que, el cuidado de los intereses de cada partido político o coalición mediante la representación ante los órganos desconcentrados, equivale al poder de mandato que los autoriza para actuar en su nombre y defensa, lo cual se traduce de manera natural en la posibilidad de acceder a la jurisdicción para lograrlo.

Al respecto, el artículo 84, inciso e) del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca, establece que cada partido político nacional o local designará un representante con voz, pero sin voto, ante el Consejo General; lo anterior también se establece para los Consejos Distritales y Municipales en los artículos 107, fracción IV, y 114 fracción III, del Código citado.

La razón por la que los representantes de los partidos políticos integran al órgano electoral reside en el hecho de que, como entidades de interés público, son copartícipes en la organización de las elecciones, así como de la vigilancia de que las actividades de las autoridades electorales se apeguen al marco constitucional y legal aplicable, pues la Constitución Federal (artículo 41, párrafo segundo, fracción I); la Constitución Particular del Estado (artículo 25, párrafo B) y el Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca (artículo 40, inciso a), los habilita para actuar no sólo en defensa de sus intereses particulares, sino en defensa del interés general de la sociedad, en tanto están legitimados para ejercer jurisdiccionalmente acciones en favor del interés difuso de la ciudadanía.

Es de mencionar también que los representantes de los partidos políticos se encuentran involucrados directamente en la preparación y emisión de los actos de los diversos órganos administrativo-electorales, por lo que se encuentran en una condición preferencial para advertir posibles afectaciones a la constitucionalidad y legalidad con su emisión, que afecten a los intereses del partido que representan y de la ciudadanía en general, por ello, otorgar legitimación a los representantes partidarios ante los distintos Consejos electorales obedece a la celeridad con la que se desarrolla el proceso electoral, el cual se integra por diversas etapas concatenadas entre sí, en el cual la precedente constituye la base de la subsecuente; de suerte tal que la impugnación jurisdiccional también se caracteriza por esa celeridad.

Por tanto, los representantes de los partidos políticos ante los órganos del instituto son los idóneos para presentar de forma oportuna y adecuada las impugnaciones encaminadas a combatir las determinaciones emitidas por esos órganos, al contar con la inmediatez y conocimiento necesarios para hacerlo.

Por ello, como ya se precisó, el hecho de que el convenio de la Coalición “Por la Transformación de Oaxaca” haga referencia expresamente a los representantes que cuentan con facultades para interponer los medios de impugnación que resultaran procedentes, pero omite mencionar lo respectivo a los representantes ante los Consejos Distritales o Municipales, no debe interpretarse como una renuncia al acceso a la jurisdicción de los representantes de los Partidos Políticos ante los distintos Consejos Distritales Electorales, porque dicho derecho no es renunciable.

En ese sentido se ha pronunciado la Sala Regional de la Tercera Circunscripción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en Xalapa, Veracruz, al resolver un asunto similar en el expediente identificado con la clave SX-JRC-106/2010.

En dicho expediente, la referida Sala interpretó que las cláusulas de los convenios de coalición deben armonizar la intención de los partidos políticos con el resto del sistema jurídico, pues es la que permite el máximo ejercicio del derecho de defensa, al reconocer la autorización de los acreditados para interponer los medios de impugnación para combatir los actos o resoluciones emitidos por dichos órganos y ser precisamente esa la razón por la cual se autorizan como representantes, esto es, velar porque los actos encomendados a la autoridad se ajusten al principio de legalidad.

Por todo ello, se reconoce la legitimación del Partido Revolucionario Institucional para interponer el presente medio de impugnación, así como la personería del ciudadano MAURICIO CRUZ MARTÍNEZ, como representante legítimo ante el XIII Consejo Distrital, con cabecera en la ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca.

En segundo lugar, el tercero interesado aduce que los agravios que expresó el partido político recurrente, en el escrito de demanda, es oscuro, toda vez que no se identifica con certeza el acto que el recurrente combate, pues por un lado alega la apertura de las casillas para un nuevo cómputo distrital y por otro plantea la nulidad de la totalidad de las casillas de la elección de Gobernador, acciones que se ejercitan en diversa vía por un lado mediante incidentes y por otro mediante el recurso de inconformidad.

A juicio de este Tribunal, el argumento anterior es infundado, porque la pretendida oscuridad, en la expresión de agravios, no constituye causal de improcedencia de un medio de impugnación, en términos de lo previsto en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Oaxaca.

Conforme a la citada Ley procesal, sólo la falta de expresión de agravios en el escrito de demanda cuando éstos no se pueden deducir de los hechos expuestos por el demandante, es causal de improcedencia, caso en el cual es conforme a Derecho desechar la demanda o sobreseer en el recurso promovido.

En el caso que se analiza, no se acredita la supuesta oscuridad en la expresión de los agravios del demandante, pues, de la simple lectura del escrito de impugnación, que da origen al recurso en que se actúa, se advierte que el recurrente expresa conceptos de agravio para controvertir el contenido de los resultados de cómputo distrital de la elección de Gobernador, de siete de julio de dos mil diez, que realizó el XIII Consejo Distrital Electoral con sede en la ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, misma que constituye el acto reclamado en el presente recurso, lo cual será objeto de estudio al resolver el fondo de la litis planteada.

En tercer lugar, el tercero interesado hace valer la improcedencia del recurso por falta de escrito de protesta, al respecto señala, en lo que interesa, lo siguiente:

“.. La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Oaxaca, prevén como requisitos de procedencia al ESCRITO DE PROTESTA del Recurso de Inconformidad, es decir dicha documental establece la existencia de presuntas violaciones durante el día de la jornada electoral, mismo que debe hacer el representante del partido político recurrente, como de innegable procedencia para la interposición del RECURSO DE INCONFORMIDAD…….. Así tenemos que por disposición legal, el ESCRITO DE PROTESTA es requisito indispensable y de procedencia para acceder al RECURSO DE INCOFORMIDAD, y que por lo tanto de omitirse tal elemento será causal absoluta para desechar de inmediato el medio de impugnación que se haga valer. En ese sentido, de la lectura integral al escrito por el cual se presenta el Recurso de Inconformidad, el actor reconoce no haber protestado ninguna casilla durante la jornada electoral, ni al término del escrutinio y cómputo de casilla o antes de que iniciara la sesión de cómputo distrital en el Consejo Distrital respectivo, no obstante que como hemos advertido en los preceptos arriba citados, la ley SI establece que con oportunidad los representantes de los partidos políticos ante las casilla y/o acreditados ante el Consejo Distrital, deberán presentar ESCRITO DE PROTESTA, mediante el cual realicen manifestaciones expresas respecto de irregularidades en el desarrollo de los comicios con el fin de dejar a salvo sus derechos. ………….Aunado a lo anterior, no debe pasar inadvertido a esta autoridad jurisdiccional las jurisprudencias que invoca incorrectamente el actor, pues no guardan relación alguna con la pretensión y agravios que esgrime en su escrito inicial de recurso, cuyos rubros se citan: ESCRITOS DE PROTESTA Y DE INCIDENTES, CUÁNDO CARECEN DE VALOR PROBATORIO; CAUSALES DE NULIDAD DE LA VOTACIÓN. LA FALTA DE OPOSICIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NO LAS CONVALIDA; PROTESTA, ESCRITO DE . NO ES REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD Y SU PRESENTACIÓN ES OPTATIVA. En ese orden de ideas, uno de los requisitos de procedibilidad del recurso de inconformidad es la presentación oportuna de los escritos de protesta, los cuales deben hacerse valer por los representantes de los partidos políticos ante las mesas directivas de casilla, sus representantes generales o sus representantes acreditados ante el consejo distrital electoral correspondiente, lo que constituye la premisa fundamental y encuentra su fuente en el artículo 186 y 188 del código de instituciones políticas y procedimientos electorales vigentes en el estado. Por otra parte, si bien es cierto, el escrito de protesta es propio de la jornada electoral, y cuya presentación debe hacerse en las mesas directivas de casilla, al concluir el escrutinio y cómputo realizado ante las mismas, por disposición expresa en artículo 52 numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el estado de Oaxaca, se puede efectuar su presentación antes del inicio de la sesión de cómputo distrital ante el consejo distrital, esto es en la eta posterior a la jornada electoral cuya finalidad es hacer del conocimiento del consejo distrital la existencia de presuntas violaciones al código electoral durante la jornada electoral. El escrito de protesta presentado por los representantes de los partidos políticos acreditados en los consejos distritales electorales, antes de iniciar la sesión de los cómputos distritales, debe contener como requisitos formales los previstos en el artículo 52 de la ley general de sistemas de medios de impugnación, debiéndose tener en cuenta que es principio general de derecho, que la interpretación de la ley, debe hacerse de tal manera, que todo lo prevenido en ella surta plenos efectos”.

Este Tribunal considera que no le asiste la razón al tercero interesado por las siguientes consideraciones y fundamentos de derecho:

En primer término, se debe precisar el marco normativo, sobre el particular.

Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca.

Artículo 188

Los representantes de los partidos políticos ante la casilla tendrán los siguientes derechos para ejercer sus cargos:

a) Participar en la instalación de casilla y permanecer hasta la conclusión del escrutinio, cómputo y clausura;

b) Firmar todas las actas que deban elaborarse en la casilla;

c) Firmar bajo protesta las actas, con mención de la causa que la motive;

d) Recibir copia legible de todas las actas elaboradas en la casilla;

e) Presentar escritos relacionados con la votación;

f) Presentar al término del escrutinio y cómputo el escrito de protesta como requisito de procedencia del recurso de inconformidad; y

g) Acompañar al Presidente y Representante de la casilla a los Consejos Distritales o Municipales electorales correspondientes para hacer la entrega del paquete electoral.

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Oaxaca.

Artículo 8

1. Para la interposición de los recursos se cumplirá con los siguientes requisitos:

a) Deberán presentarse por escrito ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnado;

b) Señalar domicilio para recibir notificaciones en la capital del Estado y, en su caso, a quien en su nombre las pueda oír y recibir. Si el promovente omite señalar domicilio para recibirlas, se llevarán a cabo por estrados;

c) En caso de que el recurrente no tenga acreditada la personalidad en el órgano del Instituto ante el que actúa, acompañará a su promoción los documentos necesarios para acreditarla;

d) Señalar la fecha en que fue dictado, notificado o se tuvo conocimiento del acto o resolución que se impugna;

e) Identificar el acto o resolución impugnado y a la autoridad responsable del mismo;

f) Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la impugnación, los agravios que cause el acto o resolución impugnado, y los preceptos presuntamente violados;

g) Ofrecer y aportar las pruebas dentro de los plazos para la interposición o presentación de los medios de impugnación previstos en la presente Ley; mencionar, en su caso, las que se habrán de aportar dentro de dichos plazos; y las que deban requerirse, cuando el promovente justifique que oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente, y éstas no le hubieren sido entregadas; y

h) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del recurrente.

Artículo 9

1. Los medios de impugnación previstos en esta Ley serán improcedentes y por lo tanto serán desechados de plano cuando:

a) Se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten el interés jurídico del recurrente; que se hayan consumado de un modo irreparable o aquellos contra los cuales no se hubiese interpuesto el medio de impugnación respectivo dentro de los plazos señalados en esta Ley;

b) Que el promovente carezca de legitimación en los términos de la presente Ley;

c) No se hayan agotado las instancias previas establecidas en la ley, para combatir los actos o resoluciones electorales, en virtud de las cuales se pudieran haber modificado, revocado o anulado;

d) En un mismo escrito se pretenda impugnar más de una elección;

e) Cuando el medio de impugnación no se presente ante la autoridad correspondiente, o incumpla cualquiera de los requisitos previstos por los incisos a) o h) del párrafo 1 del artículo anterior, resulte evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de las disposiciones del presente ordenamiento, se desechará de plano;

f) Cuando no se expresen los hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado sólo hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno; y

g) No se hayan agotado las instancias previas establecidas por las normas internas de los partidos políticos, para combatir los actos o resoluciones de éstos.

Artículo 52

1. El escrito de protesta por los resultados contenidos en el acta de escrutinio y cómputo de la casilla es un medio para establecer la existencia de presuntas violaciones durante el día de la jornada electoral.

2. El escrito de protesta deberá contener:

a) El partido político que lo presenta;

b) La mesa directiva de casilla ante la que se presenta;

c) La elección que se protesta;

d) La causa por la que se presenta la protesta;

e) Cuando se presente ante el Consejo Distrital o Municipal correspondiente, se deberán identificar, además, individualmente cada una de las casillas que se impugnan cumpliendo con lo señalado en los incisos c) y d) anteriores;

f) El nombre, la firma y cargo partidario de quien lo presenta; y

g) La narración sucinta de los hechos que se estimen violatorios de los preceptos legales que rigen el desarrollo de la jornada electoral

3. El escrito de protesta deberá presentarse ante la mesa directiva de casilla al término del escrutinio y cómputo o ante el Consejo Distrital o Municipal antes de que se inicie la sesión de cómputo correspondiente, en los términos que señale el Código.

4. Los funcionarios de la casilla o del Consejo Distrital o Municipal ante el que se presente el escrito de protesta deberán acusar recibo o razonar de recibida una copia del respectivo escrito.

Artículo Transitorio de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Oaxaca.

…

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al contenido de la presente Ley.

De la lectura de los artículos transcritos se advierte que el tercero interesado parte de una premisa falsa al considerar que el escrito de protesta es un requisito de procedibilidad para el recurso de inconformidad.

Esto es así, porque de una interpretación funcional y sistemática de los artículos transcritos, del contenido del artículo 8 de la Ley invocada, se aprecia claramente que para la interposición de los recursos no se exige como requisito para su admisión la presentación del escrito de protesta, y si bien, el artículo 188 del Código Electoral local, señala que los representantes de los partidos políticos tendrán ante la casilla, entre otros derechos para ejercer sus cargos, el de presentar al término del escrutinio y cómputo el escrito de protesta como requisito de procedencia del recurso de inconformidad, también lo es que este último precepto se opone al invocado en primer término, por tal razón se considera que en el caso, debe aplicarse el artículo 8° de la Ley General invocada, al establecer precisamente los requisitos que se deben cumplir para la interposición de los medios de impugnación, operando en consecuencia, la regla especial establecida en este último numeral, en atención al principio de que la regla especial prevalece sobre la general; a su vez, si el artículo 52 de la ley en comento, se refiere al escrito de protesta, el propio artículo lo reconoce como un medio para establecer la existencia de presuntas violaciones durante el día de la jornada electoral, lo que evidencia que no es el único medio para tal fin. Lo anterior, con fundamento en el contenido del artículo segundo transitorio de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado, que deroga todas las disposiciones que se opongan al contenido de la referida Ley adjetiva.

Al respecto, cabe mencionar que por Decreto 724, se promulgó la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, el ocho de noviembre de dos mil ocho; que si bien fue impugnada por el Partido de la Revolución Democrática, vía acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, formándose el expediente 125/2009; mediante resolución de diecisiete de septiembre de dos mil nueve, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó sobreseer respecto al decreto 724 en cuestión, cuyos puntos resolutivos de la acción de inconstitucionalidad son los siguientes:

“…PRIMERO. Es procedente pero infundada la presente acción de inconstitucionalidad.

SEGUNDO. Se sobresee respecto del Decreto 724 por medio del cual se promulgó la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Oaxaca, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, el ocho de noviembre de dos mil ocho, y respecto de los artículos 62, párrafo 1, inciso a), fracciones I y II; 80 párrafo 5, y 227, párrafo 2, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca.

TERCERO. Se reconoce la validez de los artículos 37, inciso f); 75, párrafo 2; 95, 99, 101, párrafos 1 y 3; 104, inciso b); 110, párrafo 14; 111, párrafo 3; 242, párrafo 3; 247, inciso b); y 251, inciso b), todos del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad, el ocho de noviembre de dos mil ocho.

 Notifíquese por medio de oficio a las partes interesadas y publíquese en el Diario Oficial de la Federación, así como en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta…”

Aunado a lo anterior, en la referida Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Oaxaca, específicamente en el artículo 9 que establece cuando serán improcedentes, y por tanto, desechados de plano los medios de impugnación, no se encuentra prevista como causal de improcedencia del recurso la falta de escrito de protesta, pues en tal disposición está claramente expresada la voluntad del legislador de establecer pormenorizada y casuísticamente, todas y cada una de las causales por las que serán desechados de plano los medios de impugnación, lo que nos permite concluir que el legislador no se orientó por determinar en la ley, al referido escrito de protesta como causal de improcedencia, ni como requisito indispensable para la interposición del recurso, por el contrario, el mencionado legislador tuvo la precaución de excluir terminantemente este requisito, acorde con la reforma constitucional a nivel Federal de dos mil siete.

A este respecto, cabe precisar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación considera que la exigencia del escrito de protesta como requisito de procedibilidad es violatorio del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, leído en el contexto de los artículos 41, 99 y 116 del mismo cuerpo constitucional, porque constituye una limitación al ejercicio del derecho fundamental de acceder a la administración de justicia impartida por los Tribunales Electorales del Estado Mexicano dado el contexto en el cual se encuentra definido el sistema, pues establece un obstáculo a la tutela judicial que no responde a la celeridad que está en la naturaleza de los procesos jurisdiccionales electorales ni a las finalidades que los inspiran, cuyo objeto es el de que mediante decisión jurisdiccional, se dé el control de la constitucionalidad y la legalidad de los actos y resoluciones propios de la materia, razones por las cuales no debe atribuírsele el carácter de requisito de procedibilidad de los medios de impugnación de que se trata, al multicitado escrito de protesta.

Este criterio se encuentra recogido en la tesis emitida por la Sala Superior, bajo el rubro y texto siguientes:

ESCRITO DE PROTESTA. EL ARTÍCULO 288 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES QUE LO EXIGE COMO REQUISITO DE PROCEDENCIA DEL RECURSO DE NULIDAD, ES INCONSTITUCIONAL.— La interpretación sistemática y funcional de los artículos 17, 41, 99 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permite estimar que el artículo 288 del Código Electoral del Estado de Aguascalientes que establece la carga de presentar un escrito para manifestar presuntas violaciones ocurridas durante la jornada electoral, como requisito de procedencia del recurso de nulidad, comúnmente conocido como escrito de protesta, constituye una exigencia que contraviene la garantía de acceso efectivo a la jurisdicción electoral y, por ende, es inconstitucional. En efecto, el artículo 17 constitucional impone la expedites en la actividad de los órganos jurisdiccionales responsables de impartir justicia, de manera que entre éstos y los gobernados no exista obstáculo para el pronto, completo e imparcial cumplimiento de la función jurisdiccional; por su parte, los artículos 41, fracción VI, 99 y 116, fracción IV, inciso l), establecen la jurisdicción especializada en materia electoral, la cual, además de los elementos definitorios exigidos por el artículo 17 citado, tiene como uno de sus elementos esenciales el principio de concentración en comento. En ese orden, la exigencia de procedencia que se establece en el referido numeral del código local citado se traduce en un obstáculo para el ejercicio del derecho de acceso a la justicia, al constituir una barrera extrajudicial que impide una relación directa e inmediata entre los gobernados y los órganos jurisdiccionales, lo cual imposibilita que se administre justicia con las características exigidas constitucionalmente; por lo que no es congruente con la naturaleza que identifica a los procesos jurisdiccionales electorales, ni a las finalidades que los inspiran, esto es, que mediante decisión jurisdiccional se controle la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones en materia electoral.

Así también, respecto al escrito de protesta, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, sustentó la tesis S3EL 043/97, bajo el rubro y texto siguientes:

PROTESTA, ESCRITO DE. NO ES REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD Y SU PRESENTACIÓN ES OPTATIVA (Legislación de Querétaro).—Conforme a lo dispuesto en la Ley Electoral del Estado de Querétaro, la presentación del escrito de protesta para poner de relieve la existencia de presuntas violaciones durante la jornada electoral tiene un carácter optativo para los partidos, por lo que no constituye un requisito de procedibilidad para la interposición del recurso de apelación, por las siguientes razones: a) Los artículos 265 y 267 de la ley invocada establecen, respectivamente, que: Cuando el recurso de apelación impugne los resultados obtenidos en el escrutinio y cómputo de las mesas de casilla por irregularidades durante la jornada electoral, los representantes de los partidos políticos podrán presentar escrito de protesta y que: El escrito de protesta podrá presentarse ante la mesa directiva de casilla al término del escrutinio y cómputo, o bien ante el consejo distrital o municipal correspondiente, antes de dar inicio la sesión de cómputo; del texto anterior se desprende claramente que ambas disposiciones emplean la expresión podrá(n) que, de acuerdo con su sentido gramatical y su relación con las demás disposiciones legales aplicables, significa la facultad o posibilidad de hacer alguna cosa; b) Ninguna disposición de la ley electoral en cita establece que el referido escrito de protesta sea un requisito de procedibilidad para el recurso de apelación; c) El artículo 255 de la propia ley electoral tampoco incluye a la falta de presentación de tales escrito de protesta entre las causales de desechamiento de los recursos, incluido el de apelación, y d) En el artículo 266 de la multicitada ley se pone de manifiesto que el escrito de protesta tiene como objeto establecer a favor de quien lo presenta la presunción de la existencia de las violaciones ocurridas durante la jornada electoral y alegadas en dicho escrito, por lo que el hecho de que no se haya presentado, únicamente trae como consecuencia en perjuicio del partido político que interpone un recurso de apelación, que no se genere dicha presunción.

En ese sentido, se concluye que de tener aplicación la disposición jurídica que invoca el tercero interesado, ello, impediría el acceso a la justicia electoral a cargo de este Tribunal y, en consecuencia, vulneraría lo previsto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque no responde a celeridad que constituye una parte esencial de la naturaleza de los procesos jurisdiccionales electorales.

Tampoco responde a los valores y finalidades del sistema de justicia electoral, cuyo objeto es que, por medio de una sentencia de fondo se controle la legalidad y constitucionalidad de los actos y resoluciones en materia electoral, razón por la cual, no puede atribuírsele al escrito de protesta el carácter de requisito de procedibilidad del recurso de inconformidad.

En consecuencia, por su contravención a lo previsto en los artículos 8 y 9 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Oaxaca (regla especial), que establecen los requisitos para la interposición de los recursos, y las causales de improcedencia de un medio de impugnación, respectivamente, y además porque contraviene al derecho a una tutela judicial efectiva, se considera que el escrito de protesta no es requisito de procedibilidad del recurso de inconformidad prevista en la ley, de ahí que no le asista la razón al tercero interesado.

 Ahora bien, en el caso concreto no se actualizan causales de improcedencia o sobreseimiento de las previstas en los artículos 9, en relación con el 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Oaxaca, dado que, tanto los presupuestos procesales como los requisitos sustanciales del recurso de mérito, indispensables para emitir un pronunciamiento de fondo sobre la controversia planteada, se encuentran satisfechos, como se verá a continuación.

 Legitimación: En relación con los medios de impugnación, la legitimación del impugnante y del tercero interesado que intervienen en el presente recurso, es conveniente precisar lo siguiente:

 Son partes en el procedimiento: el recurrente, que será quien estando legitimado lo presente por sí mismo o, en su caso, a través de representante, y el tercero interesado que, entre otros, podrá ser un partido político o coalición, con un interés legítimo en la causa derivado de un derecho incompatible con el que pretende el inconforme, el candidato podrá participar como coadyuvante del mismo precepto según lo establece el artículo 11, sección 1, incisos a), b) y c), y sección 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Oaxaca.

 Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12, sección 1, inciso b) de la mencionada Ley, el recurso de inconformidad podrá ser promovido por los partidos políticos.

 En tal virtud, la legitimación del recurrente y del tercero interesado que intervienen en el presente recurso, es de reconocerse por tratarse de partidos políticos, con intereses derivados de derechos incompatibles.

 Por lo que se refiere a la personería de JOSÉ ALEJANDRO LÓPEZ SÁNCHEZ, en su carácter de representante propietario del Partido Convergencia ante el XIII Consejo Distrital Electoral, por las mismas razones de derecho que se asentaron en líneas anteriores para el representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante dicho Consejo, se tiene por acreditada, con la copia certificada del escrito de diez de noviembre y diecisiete de diciembre ambos del dos mil nueve, por medio del cual el Presidente y Secretario General del Comité Directivo Estatal del Partido Convergencia, respectivamente, acreditan al mencionado ciudadano como representante propietario del aludido partido.

 En relación a la personería de VÍCTOR HUGO ALEJO TORRES, en su carácter de representante propietario del Partido Convergencia, ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, se tiene por acreditada, toda vez que el órgano responsable en su informe circunstanciado, rendido en los términos del artículo 17, numeral 1, inciso e) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Oaxaca, le reconoció tal carácter y además, aquel exhibe copia certificada por el Secretario General del Instituto Estatal Electoral, del acuse de recibo del escrito de diez de noviembre del dos mil nueve, signado por el Presidente y Secretario del Comité Directivo Estatal del Partido Convergencia, respectivamente, y dirigido al Director General del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca, por medio del cual se registra a aquél y a ANGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, como representantes propietario y suplentes de ese Partido Político.

 Lo anterior, con independencia de reconocerle al mencionado VÍCTOR HUGO ALEJO TORRES, el carácter de representante de la coalición “Unidos por la Paz y el Progreso”, con base en el contenido de la copia certificada del Convenio de Coalición Electoral, pactado por los partidos políticos nacionales Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia, de diez de febrero del año dos mil diez, donde se precisa en la cláusula décima, inciso a), que tratándose de la elección de gobernador, los representantes propietarios y/o suplentes, ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, del Partido Político que lo postule, podrán interponer los medios de impugnación y con mucha mayor razón oponer excepciones y defensas.

 Documentales antes precisadas a las que se le concede valor probatorio pleno conforme a los artículos 13, sección 3, inciso b) y 15, párrafos 1 y 2 de la Ley adjetiva electoral.

 Con relación a los requisitos sustanciales que debe satisfacer el escrito recursal, se advierte que éstos se encuentran cubiertos, ya que el mismo fue presentado ante la autoridad responsable, y en él, consta el nombre del impugnante.

 Así mismo, el promovente hizo constar su nombre y firma, identificó el cómputo y la elección que se impugna; expresó agravios, los hechos en que basa su impugnación, y mencionó en forma individualizada las casillas cuya votación solicita sea anulada.

 Con base en lo anterior, se debe estimar que la parte accionante dio cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 56, sección 2, y 53, secciones 1 y 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Oaxaca.

 Por cuanto hace a la oportunidad en la presentación de su escrito, el artículo 56 de la Ley en cita, dispone que debe presentarse dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente en que concluya la práctica del cómputo distrital materia de la inconformidad. En el caso, el medio de impugnación fue presentado dentro del plazo legal, pues en el acta circunstanciada de la sesión del cómputo distrital que se impugna, se hizo constar que dicho cómputo concluyó a las diecinueve horas con quince minutos del día ocho de julio de dos mil diez, y el recurso fue presentado el doce del mismo mes y año, según consta en el acuse de recepción de la misma, esto es, dentro del plazo de cuatro días siguientes de que concluya la práctica del cómputo.

 Respecto a los requisitos que debe satisfacer el escrito del tercero interesado, en atención a lo dispuesto por el artículo 16, sección 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Oaxaca, se advierte que fue presentado ante la autoridad responsable dentro de las setenta y dos horas siguientes a la publicación de la presentación del medio de impugnación, como se deriva de la razón de fijación de la cédula de notificación en estrados, en la que se indica, como hora de fijación, las quince horas del día trece de julio del año en curso, y del acuse de recepción del escrito del tercero interesado, se observa que fue recibido el quince de julio de dos mil diez, sin que conste la hora de recepción.

En cuarto lugar: el tercero interesado hace valer la improcedencia alegando que el recurso es frívolo, para lo cual precisa lo siguiente:

“Con fundamento en el artículo 9 número 1 inciso e de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Oaxaca, ésta representación alega de frívolo el presente Recurso de Inconformidad al cual comparezco como tercero interesado, toda vez que suponiendo sin conceder que el C. MAURICIO CRUZ MARTÍNEZ, sea representante legítimo para promover MEDIO DE IMPUGNACIÓN a favor del Partido Revolucionario Institucional y de la Coalición denominada “Por la Transformación de Oaxaca” ante el XIII Consejo Distrital Electoral; de la sola lectura del escrito consistente en recurso de inconformidad, el compareciente advierte que las consideraciones formuladas por aquélla supuesta representación carecen de materia, de importancia y versan sobre cuestiones insustanciables; luego entonces, de los agravios hechos valer por el C. MAURICIO CRUZ MARTÍNEZ, se constata que sus peticiones no revisten de trascendencia al no encontrarse dentro de ningún supuesto normativo que amerite la apertura de los paquetes electorales señalados en el de cuenta, y en consecuencia provoque un nuevo escrutinio y cómputo, puesto que no se demuestra con pruebas fehacientes e indubitables que el Consejo Distrital haya omitido llevarlo a cabo en aquellas casillas electorales que reclama, y mucho menos exhibió las actas de escrutinio y cómputo para que esta autoridad electoral, estuviera en posibilidad de realizar bajo causa justificada uno nuevo, en consecuencia, esta representación acusa de frívolas las pretensiones vertidas por el actor, MAXIME que no funda ni motiva debidamente el error, dolo o realización de la elección de fecha distinta como menciona en su escrito inicial de recurso. …… de este modo, el recurso que ahora se combate, deberá considerarse evidentemente frívolo y en consecuencia improcedente, toda vez que pretende activar los mecanismos de la impartición de justicia para tramitar, substanciar y resolver situaciones cuya finalidad NO se puede conseguir, y más aun cuando el actor basa su pretensión en hechos futuros de realización incierta, como es el caso de alegar que “puede suceder que en el momento en que el Consejo Distrital efectúe el cómputo distrital mencionado, se encuentra con algunas situaciones que pongan en duda la certeza de la votación recibida en tales casilla y que, en consecuencia, deba tomar las medidas necesarias de que dicho elemento de certeza no se pierda” , manifestación que a juicio de ésta representación es a todas luces insubstancial, pues no se trata de algún supuesto jurídico tutelado en la norma, por el contrario, atiende a circunstancias fácticas inexistentes, carentes de sustancia, objetividad y seriedad, reiterando que en el momento oportuno para hacerlo lo era al final del escrutinio y cómputo de la casilla el día de la jornada electoral, o bien hasta antes del cómputo distrital, basándose para ello en pruebas documentales que demostraran las irregularidades durante los momentos.

Este Tribunal estima que la causal de improcedencia hecha valer por el tercero interesado resulta infundada en atención a las siguientes consideraciones:

El artículo 9, párrafo I, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Oaxaca, establece:

Artículo 9

1. Los medios de impugnación previstos en esta Ley serán improcedentes y por lo tanto serán desechados de plano cuando:

…

e) Cuando el medio de impugnación no se presente ante la autoridad correspondiente, o incumpla cualquiera de los requisitos previstos por los incisos a) o h) del párrafo 1 del artículo anterior, resulte evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de las disposiciones del presente ordenamiento, se desechará de plano;…

De la intelección del mencionado precepto, se advierte que en materia de medios de impugnación electoral, procederá desechar de plano el medio de impugnación cuando el recurso o juicio instado resulte evidentemente frívolo.

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, vigésima segunda edición (Madrid, 2001, página 739), la palabra frívolo, en su primera acepción, significa "ligero, veleidoso, insustancial".

A la luz de la anterior definición, se puede apreciar que el vocablo frívolo contenido en el invocado artículo 9, párrafo I, de la Ley en comento, se emplea para calificar un recurso cuando en forma incuestionable resulte inconsistente, insustancial o de poca substancia.

De este modo, se colige que un medio de impugnación podrá estimarse frívolo cuando carezca de materia o se centre en cuestiones irrelevantes, esto es, sin fondo o substancia.

Por tanto, para que en términos de lo dispuesto en el artículo 9, párrafo 1, inciso e) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Oaxaca, pueda considerarse que un medio de impugnación es frívolo, es menester que resulte notorio el propósito del actor de interponerlo sin existir motivo o fundamento para ello, o bien, que aquél no pueda alcanzar su objeto. Esto es así, pues la frivolidad implica que el medio de defensa sea totalmente inconsistente, insubstancial, intrascendente o se contraiga a cuestiones sin importancia, y por ello, es que para desechar un recurso por esa causa, es necesario que esa frivolidad sea evidente y notoria de la sola lectura de la demanda, lo cual no sucede con el escrito presentado por la parte actora, en tanto que señala hechos y agravios específicos, encaminados a demostrar que, en su opinión, respecto a la elección de Gobernador, se presentaron irregularidades que trascienden a la certeza de la elección, que no permiten conocer la expresión de la voluntad ciudadana expresada por los oaxaqueños, ya que existen boletas de más o de menos en las casillas, votos de más o de menos computados de las casillas y dudas en la adecuada calificación de los votos nulos; y su objeto es que este órgano jurisdiccional proceda a la apertura de los paquetes electorales para el recuento de los votos, para evitar una indebida calificación generalizada, y transparentar que el triunfo o la derrota de los participantes se encuentra fundada constitucional y legalmente; sin que sea dable analizar, para el efecto de determinar la procedencia del presente juicio, el contenido sustancial de los agravios expresados, tampoco si las aseveraciones contenidas en ellas quedan demostradas, en tanto que este punto corresponde al estudio de fondo de la cuestión planteada.

En esta tesitura, en relación a la frivolidad, este Tribunal considera que es obligación de los órganos jurisdiccionales del Estado, cumplir con la garantía de acceso a la justicia, es decir, el derecho a la tutela judicial o a la jurisdicción, consignado en los artículos 41, segundo párrafo, base VI, en relación con los tres primeros párrafos del artículo 17 de la Constitución Federal, pues la finalidad esencial de la función jurisdiccional es que los tribunales estén expeditos para impartir justicia y resolver en forma definitiva, firme, pronta, completa e imparcial el medio de impugnación de que se trate, como un derecho de carácter instrumental, sencillo, rápido y efectivo, que permita controlar la constitucionalidad y legalidad de los actos o resoluciones de las autoridades.

TERCERO. El Partido recurrente hace valer a través del medio de impugnación que nos ocupa, la nulidad de la votación recibida en las casillas 104 básica, 104 contigua uno, 105 básica, 106 básica, 107 básica, 107 contigua uno, 108 básica, 109 básica, 110 básica, 377 básica, 377 contigua uno, 735 básica, 789 básica, 789 contigua uno, 847 básica, 847 contigua uno, 848 básica, 849 básica, 850 básica, 1205 contigua uno, 1207 contigua uno, 1208 básica, 1209 básica 1283 básica, 1284 contigua uno, 1284 extraordinaria uno, 1304 básica, 1304 contigua uno, 1305 básica, 1355 básica, 1356 básica, 1358 básica, 1438 extraordinaria uno, 1439 básica, 1512 básica 1679 básica, 1680 básica, 1681 básica, 1702 contigua uno, 1702 extraordinaria uno, 1707 extraordinaria uno, 1936 extraordinaria uno, 1937 básica, 1937 contigua uno, 1938 contigua uno, 1938 contigua dos, 2084 básica, 2085 básica, 2086 básica, 2158 contigua uno, 2160 contigua uno, 2162 contigua uno, 2262 básica, 2263 contigua uno, 2367 contigua dos, 2368 básica, 2368 especial, 2369 básica, 2370 básica, 2370 contigua uno 2371 básica, 2371 contigua uno, 2372 básica, 2372 contigua uno, 2373 básica, 2373 contigua dos, 2374 básica, 23 uno 2377 básica, 2380 básica, 2381 contigua uno, 2382 básica, 2383 básica y 2383 contigua uno; por lo que este Tribunal, procederá a estudiar los agravios tal y como los expresó el demandante en el escrito mediante el cual promovió el juicio de inconformidad, siempre y cuando manifieste agravios tendentes a combatir el acto o resolución impugnado, o bien, señale con claridad la causa de pedir, esto es, precise la lesión, agravio o concepto de violación que le cause el acto o resolución que impugna, así como los motivos que lo originaron, pudiendo deducirse dichos agravios de cualquier parte, capítulo o sección del escrito de demanda o de su presentación, con independencia de su formulación o construcción lógica, ya sea como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, para que este Órgano jurisdiccional, aplicando los principios generales de derecho iura novit curia y da mihi factum dabo tibi jus el juez conoce el derecho y dame los hechos yo te daré el derecho, supla la deficiencia en la formulación de los agravios correspondientes, proceda a su estudio y emita la sentencia a que haya lugar. Este criterio ha sido sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la jurisprudencia S3ELJ 03/2000, publicado en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 21-22 cuyo rubro dice:

AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR.—En atención a lo previsto en los artículos 2o., párrafo 1, y 23, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que recogen los principios generales del derecho iura novit curia y da mihi factum dabo tibi jus (el juez conoce el derecho y dame los hechos y yo te daré el derecho), ya que todos los razonamientos y expresiones que con tal proyección o contenido aparezcan en la demanda constituyen un principio de agravio, con independencia de su ubicación en cierto capítulo o sección de la misma demanda o recurso, así como de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, puesto que el juicio de revisión constitucional electoral no es un procedimiento formulario o solemne, ya que basta que el recurrente exprese con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le causa el acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese agravio, para que, con base en los preceptos jurídicos aplicables al asunto sometido a su decisión, la Sala Superior se ocupe de su estudio.

Asimismo, en cumplimiento al principio de exhaustividad que impone al juzgador analizar todos y cada uno de los planteamientos formulados por las partes en apoyo a sus pretensiones, este órgano jurisdiccional procederá al análisis de todos los argumentos y razonamientos expuestos en los agravios o conceptos de violación y, en su caso, de las pruebas aportadas, examinándolos en su conjunto, separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno, en el orden propuesto por el partido recurrente o en orden diverso de los hechos y agravios mencionados en su escrito de demanda, en términos de la tesis jurisprudencial S3ELJ 12/2001, emitida por la Sala Superior, publicada en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a foja 126, bajo el rubro y texto siguiente:

EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE. Este principio impone a los juzgadores, una vez constatada la satisfacción de los presupuestos procesales y de las condiciones de la acción, el deber de agotar cuidadosamente en la sentencia, todos y cada uno de los planteamientos hechos por las partes durante la integración de la litis, en apoyo de sus pretensiones; si se trata de una resolución de primera o única instancia se debe hacer pronunciamiento en las consideraciones sobre los hechos constitutivos de la causa pretendí, y sobre el valor de los medios de prueba aportados o allegados legalmente al proceso, como base para resolver sobre las pretensiones, y si se trata de un medio impugnativo susceptible de abrir nueva instancia o juicio para revisar la resolución de primer o siguiente grado, es preciso el análisis de todos los argumentos y razonamientos constantes en los agravios o conceptos de violación y, en su caso, de las pruebas recibidas o recabadas en ese nuevo proceso impugnativo.

Ahora bien, antes de proceder al estudio de los agravios hechos valer por el partido recurrente en su escrito de interposición de recurso conviene hacer las precisiones siguientes:

De la lectura integral del escrito recursal, se advierte que el recurrente impugna los resultados consignados en el acta del cómputo distrital que se realizó en el XIII Consejo Distrital del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca, respecto de la elección de Gobernador del Estado, por nulidad de votación recibida en diversas casillas por las causales previstas en los incisos a); c), e), g) h) y k), del artículo 66 párrafo 1, de la Ley adjetiva electoral, al expresar que las casillas; se instalaron en un lugar diverso al autorizado; hubo error o dolo al computarse los votos; que el escrutinio y cómputo se llevó a cabo en local diferente al determinado por la autoridad electoral; porque se recibió la votación en fecha distinta a la señalada por la Ley; además que la votación fue recibida por personas distintas a las facultadas por la Ley y hubo irregularidades en el proceso electoral, en las casillas siguientes:

104 básica, 104 contigua uno, 105 básica, 106 básica, 107 básica, 107 contigua uno, 108 básica, 109 básica, 110 básica, 377 básica, 377 contigua uno, 735 básica, 789 básica, 789 contigua uno, 847 básica, 847 contigua uno, 848 básica, 849 básica, 850 básica, 1205 contigua uno, 1207 contigua uno, 1208 básica, 1209 básica 1283 básica, 1284 contigua uno, 1284 extraordinaria uno, 1304 básica, 1304 contigua uno, 1305 básica, 1355 básica, 1356 básica, 1358 básica, 1438 extraordinaria uno, 1439 básica, 1512 básica 1679 básica, 1680 básica, 1681 básica, 1702 contigua uno, 1702 extraordinaria uno, 1707 extraordinaria uno, 1936 extraordinaria uno, 1937 básica, 1937 contigua uno, 1938 contigua uno, 1938 contigua uno, 2160 contigua uno, 2162 contigua uno, 2262 básica, 2263 contigua uno, 2367 contigua uno, 2368 básica, 2368 especial, 2369 básica, 2370 básica, 2370 contigua uno, 2371 básica, 2371 contigua uno, 2372 básica, 2372 contigua uno, 2373 básica, 2373 contigua dos, 2374 básica, 2374 contigua dos, 2375 básica, 2375 contigua uno, 2376 contigua uno, 2377 básica, 2380 básica, 2381 contigua uno, 2382 básica, 2383 básica y 2383 contigua uno,

A). La parte recurrente hace valer la causal de nulidad prevista en el artículo 66, sección 1, inciso a) de la Ley Adjetiva Electoral, respecto de la votación recibida en la casilla 107 CONTIGUA UNO.

B). También invoca la causal de nulidad prevista en el inciso c), del artículo 66 del ordenamiento legal invocado respecto de la votación recibida en las casillas 104 básica, 104 contigua uno, 105 básica, 106 básica, 107 básica, 107 contigua uno, 108 básica, 109 básica, 110 básica, 377 básica, 377 contigua uno, 735 básica, 789 básica, 789 contigua uno, 847 básica, 847 contigua uno, 850 básica, 1205 contigua uno, 1207 contigua uno, 1208 básica, 1209 básica, 1284 extraordinaria uno, 1304 básica, 1304 contigua uno, 1356 básica, 1358 básica, 1438 extraordinaria uno, 1439 básica, 1512 básica, 1679 básica, 1702 contigua uno, 1702 extraordinaria uno, 1936 extraordinaria uno, 1937 básica, 1937 contigua uno, 1938 contigua uno, 2084 básica, 2086 básica, 2158 contigua uno, 2160 contigua uno, 2162 contigua uno, 2262 básica, 2368 especial, 2369 básica, 2371 básica, 2371 contigua uno, 2372 contigua uno, 2373 contigua dos, 2374 básica, 2374 contigua dos, 2375 contigua uno, 2377 básica, 2380 básica, 2382 básica, 2383 básica y 2383 contigua uno.

C) El recurrente hace valer la causal de nulidad prevista en el inciso e), del artículo antes referido de la citada ley, respecto de las votaciones emitida en la casilla 107 contigua uno.

D). La parte recurrente invoca la causal de nulidad prevista, en el inciso g), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Oaxaca, consistente en haber recibido la votación en fecha distinta a la señalad y 16 a para la celebración de la elección en las casillas 849 básica y 1680 básica.

E) El impugnante, en su escrito de inconformidad también hace valer la causal de nulidad de votación recibida en casilla, prevista en el inciso h), del artículo 66 la Ley invocada, respecto de un total de veintisiete casillas, mismas que a continuación se señalan: 105 básica, 107 básica, 107 contigua uno, 848 básica, 1283 básica, 1305 básica, 1355 básica, 1681 básica, 1702 contigua uno, 1707 extraordinaria uno, 1938 contigua dos, 2263 contigua uno, 2367 contigua dos, 2368 básica, 2368 especial, 2369 básica, 2370 básica, 2370 contigua uno, 2371 básica, 2371 contigua uno, 2372 básica, 2372 contigua uno, 2373 básica, 2374 básica, 2375 básica, 2375 contigua uno y 2376 contigua uno.

F) En otro aspecto, el impetrante invoca la causal de nulidad prevista en el inciso k), párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Oaxaca, por lo que hace a las casillas 107 contigua uno, 848 básica, 1284 contigua uno, 1355 Básica, 2085 Básica, 2263 contigua uno y 2381 contigua uno; al manifestar que el número de votos nulos es mayor a la diferencia del primero y segundo lugar.

G) Por otra parte manifiesta que se actualiza la causal prevista en el inciso k) del mencionado ordenamiento legal, respecto a las casillas 104 básica, 377 básica, 850 básica, 1208 básica, 1209 básica, 1512 básica y 1937 contigua uno, al considerar que existen espacios en blanco en el rubro “total de boletas extraídas de la urna” o en su caso aparece en blanco el espacio relativo al “número de boletas sobrantes no utilizadas” y que fueron inutilizadas por el Secretario de la mesa directiva de casilla, lo que quebranta en perjuicio de la coalición que representa los principios en que se sustentan los procesos electorales, esencialmente los de certeza y legalidad.

Al respecto, este órgano jurisdiccional, está obligado a ordenar la práctica de actos o diligencias encaminadas a abatir la duda en caso de que se presente, por tal motivo, este Tribunal Electoral, considera que el planteamiento que hace el actor, respecto de este último grupo de casillas citadas, no encuadra en la hipótesis prevista en el inciso k) del numeral 66 de la Ley Adjetiva Electoral, pero si encuadra en los hechos que especifica el inciso c) sección 1, del artículo 66 de la Ley General del sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Oaxaca, por consiguiente, este Tribunal estudiará los agravios expuestos, a través de la hipótesis prevista en la causal c), sección 1, del artículo 66 del Código de la materia, en razón de lo siguiente:

“…Por haber mediado error grave o dolo manifiesto en el computo de los votos, que beneficie a uno de los candidatos que sea determinante para el resultado de la votación…”

De lo anterior, atendiendo al Principio “Dame los Hechos y yo te daré el derecho”, este Tribunal considera que los agravios expuestos, se estudiarán a través de la hipótesis prevista en las causales C) y K) respectivamente, sección 1, del artículo 66 del Código de la materia, en razón de lo siguiente:

1. El procedimiento de escrutinio y cómputo de la votación recibida en una casilla está compuesto de reglas específicas que se llevan a cabo de manera sistemática y se conforma de etapas sucesivas que se desarrollan de manera continua y ordenada, sin intervalos entre una y otra, y concluye con la obtención de varios datos que se asientan en los distintos rubros del acta de escrutinio y cómputo, cuyo objeto común es obtener y constatar los votos recibidos en una casilla, siendo aplicable al caso el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la tesis de jurisprudencia S3ELJ 44/2002, publicado en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 246-247, cuyo rubro y texto es al tenor siguiente:

PROCEDIMIENTO DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. SUS FORMALIDADES DOTAN DE CERTEZA AL RESULTADO DE LA VOTACIÓN.—El procedimiento de escrutinio y cómputo de la votación recibida en casilla está compuesto de reglas específicas, que se llevan a cabo de manera sistemática, y se conforma de etapas sucesivas que se desarrollan de manera continua y ordenada, sin intervalos entre una y otra; en cada etapa intervienen destacadamente uno o varios funcionarios de la mesa directiva de casilla, siempre con la presencia de los representantes de los partidos políticos, y sus actividades concluyen en la obtención de varios datos que se asientan en los distintos rubros del acta de escrutinio y cómputo, cuyo objeto común es obtener y constatar los votos recibidos en la casilla. Lo anterior constituye una forma de control de la actividad de cada uno de los funcionarios de casilla entre sí, así como de la actuación de todos estos por los representantes de los partidos políticos que se encuentran presentes, y un sistema de evaluación sobre la certeza, eficacia y transparencia de sus actos, que se ve acreditado con la concordancia de los datos obtenidos en cada fase, una vez hechas las operaciones aritméticas necesarias; por lo que la armonía entre los resultados consignados en el acta de escrutinio y cómputo sirve como prueba preconstituida de que esa actuación electoral se llevó a cabo adecuadamente.

2. De la interpretación de los Tribunales Electorales ha surgido y se ha acrecentado la tendencia a considerar que cuando un solo dato esencial de las actas de escrutinio y cómputo se aparte o difiera de los demás y éstos encuentren plena coincidencia y armonía sustancial entrelazados de distintas maneras, aunado a la inexistencia de manifestaciones o elementos demostrativos de que el escrutinio y cómputo enfrentó situaciones que pudieran poner en duda su desarrollo pacífico y normal, se debe considerar válido, lógica y jurídicamente, calificar la discordancia como un mero producto de error en la anotación y no en el acto electoral, siendo aplicable la tesis de jurisprudencia publicada bajo el número S3ELJ 16/2002, en la Compilación Oficial de jurisprudencia y tesis relevantes 1994-2005, Páginas 11 a 13, cuyo rubro y texto es al tenor siguiente:

ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. SU VALOR PROBATORIO DISMINUYE EN PROPORCIÓN A LA IMPORTANCIA DE LOS DATOS DISCORDANTES O FALTANTES.—Cuando en contravención al deber ser, existe discordancia entre rubros del acta de escrutinio y cómputo, esto merma su poder de convicción en proporción a la importancia del o los datos que no cuadren con los demás. Así, si el número de ciudadanos que votó conforme a la lista nominal es mayor que los otros dos datos fundamentales: boletas extraídas de la urna y votación total emitida, el valor probatorio del acta disminuye en forma mínima, en cuanto encuentra explicación de lo que posiblemente pudo ocurrir en el desarrollo de la jornada electoral, consistente en que algunos electores pueden asistir al centro de votación, registrarse en la casilla, recibir su boleta y luego retirarse con ella o destruirla sin depositarla en la urna, de tal manera que el indicio sobre posibles irregularidades en el escrutinio resulta realmente insignificante; la falta de armonía entre el número de boletas recibidas y el número de boletas sobrantes e inutilizadas con cualquiera de las otras anotaciones, tiene una fuerza escasa, pero mayor que la anterior, para poner en duda la regularidad del escrutinio y cómputo, en tanto que en el campo de las posibilidades también puede deberse a un hecho distinto al cómputo mismo, como es que se haya realizado un conteo incorrecto de las boletas sobrantes, que se hayan traspapelado o perdido algunas, pero no depositado en la urna de esa casilla, u otras similares. Las discrepancias entre el número de personas que votaron conforme a la lista nominal con cualquiera de los otros datos fundamentales, cuando alguno de éstos, o los dos, resulte mayor que la primera, se considera generalmente error grave, porque permite presumir que el escrutinio y cómputo no se llevó a cabo adecuadamente con transparencia y certeza. Empero, como el acto electoral en comento se realiza por ciudadanos a los que se proporciona una instrucción muy elemental y en ocasiones ninguna, cuando se designa a personas de la fila de la casilla o sección, ante la ausencia de los designados originalmente, existe la conciencia, en el ánimo general, de la posibilidad de que existan anotaciones incorrectas en el acta, que sólo sean producto de descuido o distracción al momento de llenar el documento, o de la falta de comprensión de lo exigido por la autoridad electoral en los formatos, sin corresponder al resultado de los actos llevados a cabo que ahí se pretenden representar; por esto, en la interpretación de los tribunales electorales ha surgido y se ha acrecentado la tendencia a considerar que, cuando un solo dato esencial de las actas de escrutinio y cómputo se aparte de los demás, y éstos encuentren plena coincidencia y armonía sustancial entrelazados de distintas maneras, aunado a la inexistencia de manifestaciones o elementos demostrativos de que el escrutinio y cómputo enfrentó situaciones que pudieran poner en duda su desarrollo pacífico y normal, se debe considerar válido, lógica y jurídicamente, calificar la discordancia como un mero producto de error en la anotación y no en el acto electoral, y enfrentar por tanto la impugnación que se haga de la votación recibida en esa casilla por la causal de error en el cómputo, con los demás datos sustancialmente coincidentes.

3. De advertir el órgano jurisdiccional en las actas de escrutinio y cómputo la existencia de datos en blanco, ilegibles o discordancia entre apartados que deberían consignar las mismas cantidades, en aras de privilegiar la recepción de la votación emitida y la conservación de los actos de las autoridades electorales válidamente celebrados, se imponen algunas soluciones, tales como comparar los rubros "total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal", "resultado de la elección", y "total de boletas extraídas de la urna" por estar estrechamente vinculados, debiendo existir congruencia y racionalidad entre ellos; sin embargo en determinados casos resulta necesario relacionar los rubros mencionados con el de "total de boletas sobrantes" para confrontar su resultado final, con el número de "boletas recibidas" y, concluir si se acredita que un error sea determinante para el resultado de la votación, ello es así, porque la simple omisión del llenado de un apartado del acta de escrutinio y cómputo, no obstante de que constituye un indicio no es prueba suficiente para acreditar fehacientemente los extremos del supuesto contenido en el artículo 66, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Oaxaca; siendo aplicable la tesis de jurisprudencia S3ELJ 08/97, publicada en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 113 a 116, cuyo rubro y texto es al tenor siguiente:

ERROR EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. EL HECHO DE QUE DETERMINADOS RUBROS DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO APAREZCAN EN BLANCO O ILEGIBLES, O EL NÚMERO CONSIGNADO EN UN APARTADO NO COINCIDA CON OTROS DE SIMILAR NATURALEZA, NO ES CAUSA SUFICIENTE PARA ANULAR LA VOTACIÓN.—Al advertir el órgano jurisdiccional en las actas de escrutinio y cómputo la existencia de datos en blanco, ilegibles o discordancia entre apartados que deberían consignar las mismas cantidades, en aras de privilegiar la recepción de la votación emitida y la conservación de los actos de las autoridades electorales válidamente celebrados, se imponen las siguientes soluciones: a) En principio, cabe revisar el contenido de las demás actas y documentación que obra en el expediente, a fin de obtener o subsanar el dato faltante o ilegible, o bien, si del análisis que se realice de los datos obtenidos se deduce que no existe error o que él no es determinante para el resultado de la votación, en razón de que determinados rubros, como son TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA NOMINAL, TOTAL DE BOLETAS EXTRAÍDAS DE LA URNA y VOTACIÓN EMITIDA Y DEPOSITADA EN LA URNA, están estrechamente vinculados, debiendo existir congruencia y racionalidad entre ellos, porque en condiciones normales el número de electores que acuden a sufragar en determinada casilla debe ser la misma cantidad de votos que aparezcan en ella; por tanto, las variables mencionadas deben tener un valor idéntico o equivalente. Por ejemplo: si el apartado TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA NOMINAL aparece en blanco o es ilegible, él puede ser subsanado con el total de boletas extraídas de la urna o votación total emitida (ésta concebida como la suma de la votación obtenida por los partidos políticos y de los votos nulos, incluidos, en su caso, los votos de los candidatos no registrados), entre otros, y si de su comparación no se aprecian errores o éstos no son determinantes, debe conservarse la validez de la votación recibida; b) Sin embargo, en determinados casos lo precisado en el inciso anterior en sí mismo no es criterio suficiente para concluir que no existe error en los correspondientes escrutinios y cómputos, en razón de que, a fin de determinar que no hubo irregularidades en los votos depositados en las urnas, resulta necesario relacionar los rubros de TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA NOMINAL, TOTAL DE BOLETAS EXTRAÍDAS DE LA URNA, VOTACIÓN EMITIDA Y DEPOSITADA EN LA URNA, según corresponda, con el de NÚMERO DE BOLETAS SOBRANTES, para confrontar su resultado final con el número de boletas entregadas y, consecuentemente, concluir si se acredita que el error sea determinante para el resultado de la votación. Ello es así, porque la simple omisión del llenado de un apartado del acta del escrutinio y cómputo, no obstante de que constituye un indicio, no es prueba suficiente para acreditar fehacientemente los extremos del supuesto contenido en el artículo 75, párrafo 1, inciso f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; c) Por las razones señaladas en el inciso a), en el acta de escrutinio y cómputo los rubros de total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal, total de boletas extraídas de la urna y votación emitida y depositada en la urna, deben consignar valores idénticos o equivalentes, por lo que, al plasmarse en uno de ellos una cantidad de cero o inmensamente inferior a los valores consignados u obtenidos en los otros dos apartados, sin que medie ninguna explicación racional, el dato no congruente debe estimarse que no deriva propiamente de un error en el cómputo de los votos, sino como un error involuntario e independiente de aquél, que no afecta la validez de la votación recibida, teniendo como consecuencia la simple rectificación del dato. Máxime cuando se aprecia una identidad entre las demás variables, o bien, la diferencia entre ellas no es determinante para actualizar los extremos de la causal prevista en el artículo mencionado. Inclusive, el criterio anterior se puede reforzar llevando a cabo la diligencia para mejor proveer, en los términos del inciso siguiente; d) Cuando de las constancias que obren en autos no sea posible conocer los valores de los datos faltantes o controvertidos, es conveniente acudir, mediante diligencia para mejor proveer y siempre que los plazos electorales lo permitan, a las fuentes originales de donde se obtuvieron las cifras correspondientes, con la finalidad de que la impartición de justicia electoral tome en cuenta los mayores elementos para conocer la verdad material, ya que, como órgano jurisdiccional garante de los principios de constitucionalidad y legalidad, ante el cuestionamiento de irregularidades derivadas de la omisión de asentamiento de un dato o de la discrepancia entre los valores de diversos apartados, debe determinarse indubitablemente si existen o no las irregularidades invocadas. Por ejemplo: si la controversia es respecto al rubro TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA NOMINAL, deben requerirse las listas nominales de electores correspondientes utilizadas el día de la jornada electoral, en que conste el número de electores que sufragaron, o bien, si el dato alude a los votos extraídos de la urna, puede ordenarse el recuento de la votación en las casillas conducentes, entre otros supuestos.

 Toda vez que, el sistema de nulidades en materia electoral se encuentra construido de tal manera, que solamente existe la posibilidad de anular la votación recibida en una casilla por alguna de las causas señaladas limitativamente por los artículos que prevén las causas de nulidad relativas, ya que cada una se ubica, se integra y conforma específica e individualmente, por lo que no es válido pretender que al generarse una causa de nulidad, esta sea aplicable a todas las casillas que se impugnen por igual o que la suma de irregularidades ocurridas en varias de ellas, de como resultado su anulación, pues es principio rector del sistema de nulidades en materia electoral que la nulidad de lo actuado en una casilla, solo afecta de modo directo a la votación recibida en ella, siendo aplicable la tesis de jurisprudencia numero S3ELJ 21/2000, publicada en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, página 302, cuyo rubro y texto es el siguiente:

SISTEMA DE ANULACIÓN DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA CASILLA, OPERA DE MANERA INDIVIDUAL.—En términos generales el sistema de nulidades en el derecho electoral mexicano, se encuentra construido de tal manera que solamente existe la posibilidad de anular la votación recibida en una casilla, por alguna de las causas señaladas limitativamente por los artículos que prevén las causales de nulidad relativas, por lo que el órgano del conocimiento debe estudiar individualmente, casilla por casilla, en relación a la causal de nulidad que se haga valer en su contra, ya que cada una se ubica, se integra y conforma específica e individualmente, ocurriendo hechos totalmente diversos el día de la jornada electoral, por lo que no es válido pretender que al generarse una causal de nulidad, ésta sea aplicable a todas las casillas que se impugnen por igual, o que la suma de irregularidades ocurridas en varias de ellas dé como resultado su anulación, pues es principio rector del sistema de nulidades en materia electoral, que la nulidad de lo actuado en una casilla, sólo afecta de modo directo a la votación recibida en ella; de tal suerte que, cuando se arguyen diversas causas de nulidad, basta que se actualice una para que resulte innecesario el estudio de las demás, pues el fin pretendido, es decir, la anulación de la votación recibida en la casilla impugnada se ha logrado y consecuentemente se tendrá que recomponer el cómputo que se haya impugnado.

 Atendiendo a lo anterior, y una vez efectuada la clasificación correcta de los agravios y hechos en las causales de nulidad de votación recibida en casilla, se procederá al estudio conforme al cuadro convincente que enseguida se presenta y que contiene la relación de las casillas cuya votación se impugna y la causal de nulidad por la cual será estudiada.

Resulta pertinente aclarar, que dentro del análisis de los diferentes supuestos relativos a las causales de nulidad de votación recibida en casilla, este órgano colegiado, tomará en cuenta el principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados que recoge el aforismo "lo útil no debe ser viciado por lo inútil", y el cual fue adoptado en la tesis de jurisprudencia S3ELJD 01/98, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, publicada en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 231 a 233, cuyo rubro y texto son los siguientes:

PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN. Con fundamento en los artículos 2, párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 3, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, atendiendo a una interpretación sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 41, base tercera, párrafo primero y base cuarta, párrafo primero y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 69, párrafo 2 del Código de la materia; 71, párrafo 2 y 78, párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 184 y 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el principio general de derecho de conservación de los actos válidamente celebrados, recogido en el aforismo latino "lo útil no debe ser viciado por lo inútil", tiene especial relevancia en el Derecho Electoral Mexicano, de manera similar a lo que ocurre en otros sistemas jurídicos, caracterizándose por los siguientes aspectos fundamentales: a) La nulidad de la votación recibida en alguna casilla y/o de determinado cómputo y, en su caso, de cierta elección, sólo puede actualizarse cuando se hayan acreditado plenamente los extremos o supuestos de alguna causal prevista taxativamente en la respectiva legislación, siempre y cuando los errores, inconsistencias, vicios de procedimiento o irregularidades detectados sean determinantes para el resultado de la votación o elección; y b) La nulidad respectiva no debe extender sus efectos más allá de la votación, cómputo o elección en que se actualice la causal, a fin de evitar que se dañen los derechos de terceros, en este caso, el ejercicio del derecho de voto activo de la mayoría de los electores que expresaron válidamente su voto, el cual no debe ser viciado por las irregularidades e imperfecciones menores que sean cometidas por un órgano electoral no especializado ni profesional, conformado por ciudadanos escogidos al azar y que, después de ser capacitados, son seleccionados como funcionarios a través de una nueva insaculación, a fin de integrar las mesas directivas de casilla; máxime cuando tales irregularidades o imperfecciones menores, al no ser determinantes para el resultado de la votación o elección, efectivamente son insuficientes para acarrear la sanción anulatoria correspondiente. En efecto, pretender que cualquier infracción de la normatividad jurídico-electoral diera lugar a la nulidad de la votación o elección, haría nugatorio el ejercicio de la prerrogativa ciudadana de votar en las elecciones populares y propiciaría la comisión de todo tipo de faltas a la ley dirigidas, a impedir la participación efectiva del pueblo en la vida democrática, la integración de la representación nacional y el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público.

El principio contenido en la tesis transcrita debe entenderse en el sentido de que, sólo debe decretarse la nulidad de votación recibida en casilla, cuando las causales previstas en la ley se encuentren plenamente probadas y siempre que los errores, inconsistencias, vicios de procedimiento o irregularidades, sean determinantes para el resultado de la votación. Es decir, las imperfecciones menores que puedan ocurrir antes, durante la etapa de la jornada electoral o incluso después de terminada ésta, no deben viciar el voto emitido por la mayoría de los electores de una casilla.

Para tal efecto, se debe tener presente que en toda causal de nulidad de votación recibida en casilla está previsto el elemento determinante, siendo que únicamente se encuentra regulado de manera expresa, en las siguientes causales, como es el caso previsto por el artículo 66, sección 1 en los incisos c) y f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Oaxaca; en tanto que, en otras causales de nulidad de votación, dicho requisito se encuentra implícito, como ocurre con las reguladas en los incisos a), b), d), e), g), h) e i), del mismo precepto.

Esta diferencia no impide que, en el último caso, no se deba tomar en cuenta ese elemento, puesto que su referencia expresa o implícita repercute únicamente en la carga de la prueba.

Así, tratándose de las primeras, para declarar la nulidad de la votación recibida en casilla, se deben acreditar los supuestos normativos que integran la causal respectiva, pero además, será necesario valorar los errores, inconsistencias o irregularidades, con el objeto de ponderar si son o no determinantes para el resultado de la votación; mientras que en las segundas, existe una presunción iuris tantum de que las respectivas causas que provocan la sanción anulatoria, son determinantes para el resultado de la votación, salvo prueba en contrario.

Por ello, en el caso de que se acrediten los extremos de los supuestos que integran las causales de nulidad de votación recibida en casilla a que se refieren los incisos a), b), d), e), g), h) e i) del precepto legal citado, se estima que la irregularidad no será determinante para el resultado de la votación, cuando de las constancias de autos, se desprenda que con su actualización no se vulneró el principio de certeza tutelado por la respectiva hipótesis normativa.

Tal criterio ha sido sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis jurisprudencial número S3ELJ 13/2000, publicada en las páginas 202 y 203 de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, bajo el rubro y texto al tenor siguiente:

NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AUN CUANDO EN LA HIPÓTESIS RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE MENCIONE EXPRESAMENTE (Legislación del Estado de México y similares).—La declaración de nulidad de los sufragios recibidos en una casilla se justifica solamente, si el vicio o irregularidad a que se refiere la causa invocada es determinante para el resultado de la votación. Esta circunstancia constituye un elemento que siempre está presente en las hipótesis de nulidad, de manera expresa o implícita. En efecto, de acuerdo con la interpretación sistemática y funcional de los artículos 41, fracción III, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 297 y 298 del Código Electoral del Estado de México, la finalidad del sistema de nulidades en materia electoral consiste en eliminar las circunstancias que afecten a la certeza en el ejercicio personal, libre y secreto del voto, así como su resultado; por consiguiente, cuando este valor no es afectado sustancialmente y, en consecuencia, el vicio o irregularidad no altera el resultado de la votación, deben preservarse los votos válidos, en observancia al principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados. Constituye una cuestión diferente, el hecho de que en algunas hipótesis de nulidad se mencione expresamente, que el vicio o irregularidad sea determinante para el resultado de la votación, en tanto que en otras hipótesis no se haga señalamiento explícito a tal elemento. Esta diferencia no implica que, en el último caso, no se deba tomar en cuenta ese elemento, puesto que su referencia expresa o implícita repercute únicamente en la carga de la prueba. Así, cuando el supuesto legal cita expresamente el elemento en cuestión, quien invoque la causa de nulidad debe demostrar, además del vicio o irregularidad previstos en dicho supuesto, que ese vicio o irregularidad es determinante para el resultado de la votación. En cambio, cuando la ley omite mencionar el requisito, la omisión significa, que dada la magnitud del vicio o irregularidad, o la dificultad de su prueba, existe la presunción iuris tantum de la determinancia en el resultado de la votación. Sin embargo, si en el expediente se encuentran elementos demostrativos de que el vicio o irregularidad alegados no son determinantes para el resultado de la votación, no se justifica el acogimiento de la pretensión de nulidad.

Una vez efectuadas las precisiones anteriores, este Tribunal considera que la litis en el presente recurso se constriñe a determinar, si ha lugar o no, a decretar la nulidad de la votación recibida en las casillas cuya votación se ha impugnado a través del recurso de inconformidad que nos ocupa y, como consecuencia, si deben modificarse los resultados asentados en el acta de cómputo distrital de la elección de de Gobernador correspondiente al XIII Distrito Electoral, con sede en la Heroica ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, para en su caso, declarar los efectos que resulten pertinentes de conformidad con lo dispuesto por el artículo 57, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Oaxaca.

Consecuentemente procede entrar al estudio de fondo para lo cual, por cuestión de método, este órgano jurisdiccional estudiará las casillas cuya votación se impugna agrupándolas en considerandos conforme al orden de las causales de nulidad establecido en el artículo 66 del ordenamiento legal en consulta.

CUARTO. La parte recurrente hace valer la causal de nulidad prevista en el artículo 66, sección 1, inciso a) de la Ley Adjetiva Electoral, respecto de la votación recibida en la casilla 107 contigua uno.

 En su escrito de interposición del recurso el impugnante manifiesta como agravio los siguientes:

“Que la casilla 107 C1, debió ubicarse en AVENIDA INDEPENDENCIA ESQUINA BENITO JUÁREZ S/N., CENTRO, CHALCATONGO DE HIDALGO, OAXACA, 71100, BANQUETA DE LA CASA DE LA SEÑORA CATALINA JIMÉNEZ NICOLÁS, y no obstante ello en el acta de jornada electoral aparece, se instaló en: “SIN DIRECCIÓN”

 Por su parte, la autoridad responsable, en la parte conducente de su informe circunstanciado, expuso lo siguiente:

“…no es cierto el acto reclamado, toda vez que el día de la jornada electoral el 100% de las casillas aprobadas fueron instaladas en los lugares propuestos y aprobados por el pleno de este Consejo Distrital…”

 En lo relativo, el tercero interesado VÍCTOR HUGO ALEJO TORRES, en su calidad de representante propietario del Partido Convergencia ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca, no vertió manifestación alguna.

 Expuestos los argumentos que hacen valer las partes, se estima conveniente precisar el marco normativo en que se sustenta la causal de nulidad de mérito.

 De conformidad con lo dispuesto por el numeral 178, apartados 1 y 2, de la legislación electoral vigente para el Estado, las casillas deben instalarse, esencialmente, en lugares de fácil y libre acceso para los electores, que garanticen la libertad y el secreto del voto; debiendo preferirse los locales ocupados por escuelas u oficinas públicas.

 Con el objeto de que los electores conozcan la ubicación de la casilla en la que emitirán su voto, el artículo 81, sección 2 del Código de la materia, establece que los Consejos Distritales o Municipales deberán dar publicidad, a más tardar treinta días antes de la fecha de la elección, a las listas de los lugares en que serán instaladas, para lo cual, deberán fijarlas en los edificios y lugares públicos de mayor concurrencia en el distrito.

 De la lectura de los anteriores dispositivos se advierte que el establecimiento y publicación de un lugar determinado para la instalación de la casilla, tutela, especialmente, el principio de certeza que permite a los electores conocer el lugar en donde deberán ejercer el derecho al sufragio.

 Sin embargo, el día de la jornada electoral, en la fase de la instalación de las casillas, pueden presentarse diversas circunstancias que obliguen a los funcionarios de las mesas directivas de casilla a cambiar su ubicación, como son: a) que no exista el local indicado; b) que se encuentre cerrado o clausurado; c) que se trate de un lugar prohibido por la ley; d) que no permita asegurar la libertad o el secreto del voto o el fácil y libre acceso de los electores; e) que no garantice la realización de las operaciones electorales en forma normal; o, f) que el consejo distrital así lo disponga por causa de fuerza mayor o caso fortuito.

 Estos supuestos, se consideran causas justificadas para la instalación de una casilla en un lugar distinto al señalado, y se encuentran previstas en el artículo 206 del ordenamiento legal en consulta, y el dispositivo 207 de la misma ley, establece que en cualesquiera de dichos casos, la casilla deberá quedar instalada en la misma sección y en el lugar adecuado más próximo, debiéndose dejar aviso de la nueva ubicación en el exterior del lugar original que no reunió los requisitos.

En términos de lo previsto en el artículo 66, sección 1, inciso a) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Oaxaca, la votación recibida en una casilla será nula, cuando se acrediten los supuestos normativos siguientes:

a) Que la casilla se instale en un lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital Electoral respectivo y;

b) Que el cambio de ubicación se realice sin justificación legal para ello.

Para que se acredite el primer supuesto normativo de la causal de nulidad en análisis, será necesario que la parte impugnante pruebe que el lugar donde se instaló la casilla es distinto al que aprobó y publicó el Consejo Distrital o Municipal respectivo.

En cuanto al segundo supuesto normativo, se deberán analizar las razones que, en su caso, haga valer la autoridad responsable para sostener que el cambio de ubicación de casilla atendió a la existencia de una causa justificada prevista en el citado numeral 206 del ordenamiento legal en consulta; valorando aquellas constancias que aporte para acreditarlo.

Luego entonces, la votación recibida en casilla se declarará nula, cuando se actualicen los dos supuestos normativos que integran la causal en estudio, salvo que de las propias constancias de autos quede demostrado que no se vulneró el principio de certeza protegido por la causal, respecto del conocimiento que deben tener los electores del lugar donde deben ejercer su derecho al sufragio, es decir, que las irregularidades aducidas no fueron determinantes para el resultado de la votación.

En el presente caso, para determinar la procedencia de la pretensión del recurrente es necesario analizar las constancias que obran en autos, en particular, las que se relacionan con los agravios en estudio, y que son: a) listas de ubicación e integración de las mesas directivas de casilla publicadas el veinticuatro de junio del año en curso, comúnmente llamadas encarte; b) acta de la jornada electoral; c) acuerdo del XIII Consejo Distrital Electoral, por el que se aprueba el proyecto de lista de Ciudadanos que integraran la mesa directiva y los lugares de ubicación de las mismas de fecha dos de junio del año en curso; d) acuerdo del XIII Consejo Distrital Electoral, por el que se realizan los cambios de integrantes y lugares de ubicación de mesas directivas de fecha veinticuatro de junio del año en curso; e) Informe rendido por el Consejero Presidente del XIII Consejo Distrital electoral. Documentales que al tener el carácter de públicas y no existir prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren, se les concede valor probatorio pleno, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 13, sección 1, inciso a) y 15 sección 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Oaxaca; además de los diversos medios de convicción que aporten las partes, que serán analizados en relación a la casilla respecto de la cual fueron ofrecidos y cuyo valor probatorio se determinará con base en lo dispuesto en los artículos 13 y 15 de la invocada Ley.

Ahora bien del análisis preliminar de las constancias antes aludidas, y con el objeto de sistematizar el estudio de los agravios formulados por la parte impugnante, a continuación se presenta un cuadro comparativo en el que se consigna la información relativa al número de casilla; la ubicación de las casillas publicadas en el encarte del veinticuatro de junio de dos mil diez, así como la precisada en las actas de la jornada electoral; y, por último, se incluye un apartado referente a observaciones, en el cual quedarán señaladas las circunstancias especiales que puedan ser tomadas en cuenta para la resolución de los casos concretos. De acuerdo a lo anterior, se obtienen los datos siguientes:

 Con base en la información precisada en el cuadro que antecede, se procederá a ponderar si, en la casilla cuya votación se impugna, se acreditan los supuestos normativos que integran la causal de nulidad invocada, atendiendo a las características similares que presentan, las particularidades de su ubicación y a los supuestos que se deriven.

Del cuadro que antecede se observa que los datos del lugar en que fue ubicada la casilla 107 contigua uno, coinciden con los publicados y aprobados en el encarte por el Consejo Distrital, con la aclaración que en el acta de jornada electoral, involuntariamente los funcionarios de casilla omitieron asentar el domicilio en el cual se instaló la casilla en el apartado correspondiente, pero si se anotó en las actas de escrutinio y cómputo de casilla y acta de cómputo de casilla levantada ante el XIII Consejo Distrital, mismo que corresponde al autorizado por dicho Consejo y que es el que se publicó y que aparece en el encarte.

Tal situación constituye una simple omisión formal por parte de los funcionarios de casilla, ya que, del estudio de las aludidas documentales, no se advierte que la casilla hubiera funcionado en un lugar distinto al determinado por el Consejo Distrital. En todo caso, la referida acta demuestra únicamente, que existió omisión en la especificación del lugar de instalación de la casilla, más no que se instalaran y funcionaran en un sitio diverso al publicado, Lo anterior, permite deducir que la casilla en estudio se instaló en el lugar indicado por el Consejo Distrital, máxime si del análisis de las Actas de escrutinio y computo de la casilla 107 contigua uno, se advierte claramente que dicha casilla fue instalada en el lugar indicado en el encarte.

En consecuencia, puede concluirse que los funcionarios de casilla al no señalar, en la respectiva acta de la jornada electoral, el domicilio de la casilla cuya votación se impugna, incurrieron en una omisión; empero, tal circunstancia no significa necesariamente que la misma se ubicó en un lugar distinto al publicado en la lista de ubicación e integración de las mesas directivas de casilla, lo cual genera la convicción de este Órgano Electoral, de que la casilla en estudio fue instalada en el lugar autorizado por el Consejo Distrital correspondiente.

Sirve de sustento a lo anterior el criterio sustentado por el Tribunal Electoral del Estado de México en la tesis cuyo rublo es del tenor siguiente:

ACTAS ELECTORALES. LOS ERRORES E IMPERFECCIONES EN SU LLENADO SON INSUFICIENTES PARA DECLARAR LA NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA CASILLA. El ejercicio del derecho al voto de los electores no puede ser viciado por los errores e imperfecciones que sean cometidos por un órgano electoral desconcentrado, no especializado, ni profesional, como lo son las mesas directivas de casilla. En consecuencia, el incorrecto llenado de las actas o formatos electorales son irregularidades que resultan insuficientes para declarar la sanción anulatoria de la votación recibida en una casilla. Del análisis e interpretación de las hipótesis contenidas en el artículo 298 del Código Electoral del Estado de México, el Legislador no estableció como causa de nulidad de la votación recibida en una casilla, el que cuando alguno de los funcionarios de casilla comete errores al llenar los documentos electorales, pues es un hecho del conocimiento general de la población, que los funcionarios que integran las casillas electorales son ciudadanos particulares que no son expertos en los trabajos cívico-electorales que se le encomiendan, y aún cuando son capacitados por el Instituto Electoral del Estado de México, es frecuente que involuntariamente cometan errores al llenar los formatos electorales. Lo anterior, aunado a que los espacios que deben llenar los miembros que integran la mesa directiva de casilla, no son requisitos solemnes, sino formales, por ello, este Tribunal estima que generalmente los errores que se contienen en la documentación electoral, no son de tipo doloso, sino más bien accidentales. Por esta razón, si los errores no trascienden al resultado de la votación, no existe causa para anular la votación recibida, ya que es un principio de la justicia electoral privilegiar el respeto al voto y no anularlo por errores de forma.

Segunda Época.

Juicio de Inconformidad JI/24/2000. 15 de julio de 2000. Unanimidad de Votos.
Juicio de Inconformidad JI/61/2000. 17 de julio de 2000. Unanimidad de Votos.
Juicio de Inconformidad JI/76/2000. 19 de julio de 2000. Unanimidad de Votos.

 En tal virtud y dado que el inconforme no ofreció prueba alguna para acreditar que la casilla de referencia se instaló en un lugar distinto al autorizado, pues como lo establece el numeral 14 sección 2, de la Ley General del sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Oaxaca, el que afirma está obligado a probar y con apoyo además en, el contenido de la tesis de jurisprudencia S3ELJ 14/2001, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consultable en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, páginas 112-114, cuyo rubro es el siguiente: INSTALACIÓN DE CASILLA EN LUGAR DISTINTO. NO BASTA QUE LA DESCRIPCIÓN EN EL ACTA NO COINCIDA CON LA DEL ENCARTE, PARA ACTUALIZAR LA CAUSA DE NULIDAD; se concluye que, en la especie, no se acredita el primer elemento de la causal de nulidad prevista en el artículo 66 sección 1, inciso a) de la Ley en consulta; en consecuencia, resulta INFUNDADO el agravio esgrimido por el promovente.

 QUINTO. La parte recurrente invoca la causal de nulidad prevista en el precepto 66, apartado 1, inciso c), de la Ley Adjetiva Electoral, respecto de la votación recibida en 56 casillas que son las siguientes; 104 básica, 104 contigua uno, 105 básica, 106 básica, 107 básica, 107 contigua uno, 108 básica, 109 básica, 110 básica, 377 básica, 377 contigua uno, 735 básica, 789 básica, 789 contigua uno, 847 básica, 847 contigua uno, 850 básica, 1205 contigua uno, 1207 contigua uno, 1208 básica, 1209 básica, 1284 extraordinaria uno, 1304 básica, 1304 contigua uno, 1356 básica, 1358 básica, 1438 extraordinaria uno, 1439 básica, 1512 básica, 1679 básica, 1702 contigua uno, 1702 extraordinaria uno, 1936 extraordinaria uno, 1937 básica, 1937 contigua uno 1938 contigua uno, 2084 básica, 2086 básica, 2158 contigua uno, 2160 contigua uno, 2162 contigua uno 2262 básica, 2368 especial, 2369 básica, 2371 básica, 2371 contigua uno, 2372 contigua uno, 2373 contigua dos, 2374 básica, 2374 contigua dos, 2375 contigua uno, 2377 básica, 2380 básica, 2382 básica, 2383 básica y 2383 contigua uno.

El recurrente en su escrito inicial esencialmente manifiesta lo siguiente:

"Que los votos emitidos por los partidos políticos, no corresponden con las boletas extraídas de la urna, lo que hace una diferencia e implican un beneficio indebido para la Coalición Unidos por la Paz y el Progreso y un perjuicio a su representado, lo que a su vez es determinante para el resultado de la elección, ya que si la sumatoria careciera de errores su representado habría obtenido más votos y alcanzado el triunfo en esa casilla”

“que en términos del escrutinio y cómputo existe una cantidad de votos anulados mayor a la diferencia que en votos existe entre el primero y segundo lugar de las coaliciones que contendieron para Gobernador del Estado”

 La autoridad electoral responsable en su informe circunstanciado manifestó que:

"Los funcionarios de casilla son los facultados para realizar las operaciones necesarias para contabilizar los votos y asentarlos en el acta de escrutinio y cómputo de la casilla”

”Por lo que, si por error aritmético asentó un número equivocado, se puede comprobar con las boletas sobrantes que obran en el paquete electoral correspondiente”

 En lo relativo, el tercero interesado en lo que interesa señaló que:

“Es infundado el agravio esgrimido por la parte actora, toda vez que sus afirmaciones son inexactas e incorrectas y carecen de sustento jurídico.”

 Ahora bien, para determinar si en el presente caso se actualiza la causal de nulidad en estudio, respecto de las casillas cuya votación se impugna, se formulan las precisiones siguientes:

 El escrutinio y cómputo es el procedimiento por el cual, los integrantes de cada una de las mesas directivas de casilla, determinan: a) el número de electores que votó en la casilla; b) el número de votos emitidos en favor de cada uno de los partidos políticos (coaliciones o candidatos); c) el número de votos anulados por la mesa directiva de casilla; y, d) el número de boletas sobrantes de cada elección, atento a lo dispuesto en el artículo 221 del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca.

 Los numerales 223 y 224 sección1, inciso a) del Código en consulta, señalan lo que debe entenderse por voto nulo; el orden en que se lleva a cabo el escrutinio y cómputo; las reglas conforme a las cuales se realiza, así como aquéllas mediante las que se determina la validez o nulidad de los votos.

 Concluido el escrutinio y el cómputo de todas las votaciones, se levantará el acta correspondiente para cada elección, la que deberán firmar, sin excepción, todos los funcionarios y representantes de los partidos políticos o coaliciones que actuaron en la casilla, de acuerdo con lo previsto en los preceptos 226 y 227 del Código de la materia.

De las disposiciones en comento, se puede concluir que sancionar la inexacta computación de los votos, tutela el valor de certeza respecto del resultado electoral obtenido en cada casilla, garantizando que éste refleje con fidelidad la voluntad de los electores que sufragaron.

De acuerdo a lo expuesto y de conformidad con lo previsto en el artículo 66, sección 1, inciso c), de la Ley antes citada, la votación recibida en una casilla será nula, cuando se acrediten los supuestos normativos siguientes:

 a) Que haya mediado error o dolo en la computación de los votos y

 b) Que sea determinante para el resultado de la votación.

En cuanto al primer supuesto normativo debe precisarse que el "error", debe entenderse en el sentido clásico de cualquier idea o expresión no conforme con la verdad o que tenga diferencia con el valor exacto y que, jurídicamente, implica la ausencia de mala fe. Por el contrario, el "dolo" debe ser considerado como una conducta que lleva implícita el engaño, fraude, simulación o mentira.

Si bien el legislador electoral no determinó el significado de la dicción dolo, también es cierto que resulta aplicable el concepto elaborado por los tratadistas del Derecho Civil, en el sentido de que consiste en una serie de maquina­ciones o artificios (conductas activas y voluntarias), realizados con la finalidad de engañar a una persona o mantenerla engañada, es decir, para inducirla o mantenerla en el error, en la discordancia entre la realidad objetiva y el conocimiento, noción o concepto personal que de ella se pueda tener.

Por ende, la conducta dolosa no es factible de ser admitida y menos aún de tenerla por comprobada a partir de simples indicios o presunciones; el dolo debe quedar fehacientemente demostrado, siempre que se invoque su existencia, con relación al escrutinio y cómputo de la votación emitida-recibida en una determinada mesa directiva de casilla.

A lo expuesto con antelación, cabe agregar que el dolo no es un vicio autónomo de la voluntad, sino tan sólo un medio para inducir o mantener en el error; es el error el auténtico vicio de la voluntad, causa de nulidad de la votación recibida en casilla.

Como causal de nulidad, el dolo no tiene vida jurídica autónoma, antes bien, está vinculado, necesaria e invariablemente, al error, ya sea para producirlo o para conservarlo; es el error auténtico vicio que contraviene el principio constitucional de certeza, indispensable para la validez de la votación, como acto jurídico complejo, de naturaleza electoral.

Por tanto, el dolo jamás se puede presumir sino que tiene que acreditarse plenamente y que, por el contrario, existe la presunción iuris tantum de que la actuación de los miembros de las mesas directivas de casilla es de buena fe; entonces, en los casos en que el recurrente, de manera imprecisa, señale en su recurso que existió "error o dolo" en el cómputo de los votos, el estudio de la impugnación de mérito se hará sobre la base de un posible error en dicho procedimiento, salvo cuando se aporten los medios de convicción idóneos y suficientes para acreditar el dolo.

 En lo que respecta al estudio del diverso elemento que integra la causal de nulidad en estudio, consistente en que el error "sea determinante" para el resultado de la votación, se ha atendido preferentemente a dos criterios: el cuantitativo o aritmético, y el cualitativo.

 Conforme con el criterio cuantitativo o aritmético, el error será determinante para el resultado de la votación cuando el número de votos computados de manera irregular, resulte igual o mayor a la diferencia numérica de los votos obtenidos por los (Partidos Políticos o Coaliciones), que ocuparon el primero y segundo lugar de la votación, ya que de no haber existido ese error, el partido o coalición que le correspondió el segundo lugar, podría haber alcanzado el mayor número de votos.

 Por otra parte, de acuerdo con el criterio cualitativo, el error será determinante para el resultado de la votación, cuando en las actas de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo, se adviertan alteraciones evidentes o ilegibilidad en los datos asentados o en su caso, espacios en blanco o datos omitidos, que no puedan ser inferidos de las cantidades asentadas en las demás actas o subsanados con datos que se obtengan de algún otro documento que obre en el expediente y con esto se ponga en duda el principio de certeza de los resultados electorales.

 Precisado lo anterior, para el análisis de la causal de nulidad que nos ocupa, este Tribunal toma en consideración: a) las actas de la jornada electoral; b) las actas de escrutinio y cómputo de casilla; c) hojas de incidentes; d) las actas de escrutinio y cómputo levantadas en el Consejo Distrital; e) las listas nominales de electores que se utilizaron el día de la jornada electoral, en las casillas cuya votación se impugna; f) lista de folios correspondientes a las boletas otorgadas a cada casilla impugnada; documentales, que por tener el carácter de públicas de conformidad con los numerales 13, apartado 2, incisos a) y b), 15, sección 2, de la Ley adjetiva electoral, y al no existir prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren, este Tribunal les otorgan valor probatorio pleno.

 En su caso, serán tomados en cuenta los escritos de protesta y de incidentes, así como cualquier otro elemento probatorio presentado por las partes, que en concordancia con el citado precepto 15, sección 3, del ordenamiento legal en consulta, sólo harán prueba plena cuando a juicio de este Órgano Colegiado, los demás elementos que obran en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.

 Del análisis preliminar de las constancias antes aludidas, y con el objeto de apreciar con claridad la existencia de algún error en la computación de los votos y evaluar si dicho error es determinante para el resultado de la votación, se presenta un cuadro comparativo en que, con relación a todas y cada una de las casillas cuya votación se impugna por la causal de nulidad en estudio, se precisan los datos numéricos siguientes:

En la columna identificada bajo el número 1, se hace referencia a la cantidad de boletas recibidas para la elección que se impugna, y que comprende aquéllas que se entregan al presidente de casilla, para recibir la votación de los ciudadanos inscritos en la lista nominal y adicional, así como las que corresponden a los representantes de los partidos políticos o coaliciones acreditados ante la casilla; dato que se obtiene del apartado correspondiente del acta de la jornada electoral o, en su caso, de los recibos de documentación y materiales electorales entregados al presidente de la casilla.

En la columna señalada con el número 2, se hace referencia a la cantidad de boletas sobrantes, que son aquellas que, al no ser usadas por los electores el día de la jornada electoral, fueron inutilizadas por el secretario de la mesa directiva de casilla, dato que se toma del apartado respectivo del acta de escrutinio y cómputo.

En la columna que se identifica con el número 3, se consigna la cantidad que resulta de restar a las boletas recibidas las boletas sobrantes, y que se infiere representa el número de boletas que fueron utilizadas por los electores para emitir su voto en la casilla, razón por la cual, dicha cantidad servirá de comparativo con las anotadas en los subsecuentes tres rubros de la tabla, con los que guarda especial relación.

Así, en la columna señalada bajo el número 4, se anota el total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal; mientras que, en la columna número 5, se precisa el total de boletas extraídas de la urna y que son aquéllas que fueron encontradas en la urna de la casilla; cantidades que se obtienen de los recuadros respectivos del acta de escrutinio y cómputo.

En la columna identificada con el número 6, se anotan los resultados de la votación, cantidad que se obtiene de sumar los votos emitidos en favor de cada partido político o coalición, los relativos a los candidatos no registrados, así como los votos nulos, de acuerdo con los datos asentados en el acta de escrutinio y cómputo respectiva.

En la columna marcada con la letra A, se anotará la diferencia máxima que se advierta de comparar los valores consignados en las columnas 3, 4, 5 y 6, que se refieren a BOLETAS RECIBIDAS MENOS BOLETAS SOBRANTES, TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA NOMINAL, TOTAL DE BOLETAS EXTRAIDAS DE LA URNA y RESULTADOS DE LA VOTACIÓN.

En este sentido, se hace notar que las cantidades señaladas en las columnas de referencia, en condiciones normales deben consignar valores idénticos o equivalentes, debiendo existir congruencia y racionalidad entre ellas, en atención a que están estrechamente vinculadas entre sí, pues es lógico pensar que el número de boletas que se utilizaron en una casilla, debe coincidir tanto con la cantidad de ciudadanos que sufragaron en ella, como con el total de boletas extraídas de la urna y que fueron los votos emitidos por los propios electores, y que constituyen la votación recibida por cada uno de los partidos políticos o coaliciones contendientes; así como, en su caso, los votos emitidos a favor de candidatos no registrados y los votos nulos.

En consecuencia, si las cantidades anotadas en las columnas 3, 4, 5 y 6 son idénticas, se podrá afirmar que no existe error en el cómputo de los votos, puesto que todas ellas concuerdan entre sí; sin embargo, cuando las referidas columnas contengan cantidades discrepantes, se considerará que existe un error en la computación de los votos, en estos casos, como se precisó, la diferencia máxima, deberá anotarse en la columna identificada con la letra A.

En la columna B, se indica la cantidad que corresponde a la diferencia numérica de los votos obtenidos por las coaliciones que ocuparon el primero y segundo lugares de la votación de la casilla respectiva.

Dicha cantidad resulta de deducir a la coalición que obtuvo la votación más alta, la que corresponde al segundo lugar, tomando como base las cifras anotadas en el apartado respectivo del acta de escrutinio y cómputo.

Ahora bien, con el objeto de dilucidar si el error detectado es o no determinante para el resultado de la votación, éste deberá compararse con la diferencia existente entre el primero y segundo lugares de la votación, anotada en la columna B.

De tal suerte que, si la diferencia máxima asentada en la columna A, es igual o mayor a la diferencia de votos existente entre el primero y segundo lugares, se considerará que el error es determinante para el resultado de la votación, pues debe estimarse que de no haber existido dicho error, la coalición que obtuvo el segundo lugar de la votación podría haber alcanzado el mayor número de votos, en este caso, en la columna identificada con la letra C, se anotará la palabra SI. Por el contrario, cuando el error no sea determinante, en la mencionada columna, se escribirá la palabra NO.

Es menester precisar que la existencia de datos en blanco, ilegibles o discordantes entre apartados que deberían consignar las mismas cantidades, como son los rubros de: BOLETAS RECIBIDAS MENOS BOLETAS SOBRANTES, TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA NOMINAL, TOTAL DE BOLETAS EXTRAIDAS DE LA URNA, O RESULTADOS DE LA VOTACIÓN, no siempre constituye causa suficiente para anular la votación recibida en casilla por la causal en estudio, acorde con lo sostenido, en lo conducente, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Tesis de Jurisprudencia: S3ELJ 08/97, publicada en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 113 a 116, bajo el rubro:

ERROR EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. EL HECHO DE QUE DETERMINADOS RUBROS DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO APAREZCAN EN BLANCO O ILEGIBLES, O EL NÚMERO CONSIGNADO EN UN APARTADO NO COINCIDA CON OTROS DE SIMILAR NATURALEZA, NO ES CAUSA SUFICIENTE PARA ANULAR LA VOTACIÓN.—Al advertir el órgano jurisdiccional en las actas de escrutinio y cómputo la existencia de datos en blanco, ilegibles o discordancia entre apartados que deberían consignar las mismas cantidades, en aras de privilegiar la recepción de la votación emitida y la conservación de los actos de las autoridades electorales válidamente celebrados, se imponen las siguientes soluciones: a) En principio, cabe revisar el contenido de las demás actas y documentación que obra en el expediente, a fin de obtener o subsanar el dato faltante o ilegible, o bien, si del análisis que se realice de los datos obtenidos se deduce que no existe error o que él no es determinante para el resultado de la votación, en razón de que determinados rubros, como son: TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA NOMINAL, TOTAL DE BOLETAS EXTRAÍDAS DE LA URNA y VOTACIÓN EMITIDA Y DEPOSITADA EN LA URNA, están estrechamente vinculados, debiendo existir congruencia y racionalidad entre ellos, porque en condiciones normales el número de electores que acuden a sufragar en determinada casilla debe ser la misma cantidad de votos que aparezcan en ella; por tanto, las variables mencionadas deben tener un valor idéntico o equivalente. Por ejemplo: si el apartado: TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA NOMINAL aparece en blanco o es ilegible, él puede ser subsanado con el total de boletas extraídas de la urna o votación total emitida (ésta concebida como la suma de la votación obtenida por los partidos políticos y de los votos nulos, incluidos, en su caso, los votos de los candidatos no registrados), entre otros, y si de su comparación no se aprecian errores o éstos no son determinantes, debe conservarse la validez de la votación recibida; b) Sin embargo, en determinados casos lo precisado en el inciso anterior en sí mismo no es criterio suficiente para concluir que no existe error en los correspondientes escrutinios y cómputos, en razón de que, a fin de determinar que no hubo irregularidades en los votos depositados en las urnas, resulta necesario relacionar los rubros de: TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA NOMINAL, TOTAL DE BOLETAS EXTRAÍDAS DE LA URNA, VOTACIÓN EMITIDA Y DEPOSITADA EN LA URNA, según corresponda, con el de: NÚMERO DE BOLETAS SOBRANTES, para confrontar su resultado final con el número de boletas entregadas y, consecuentemente, concluir si se acredita que el error sea determinante para el resultado de la votación. Ello es así, porque la simple omisión del llenado de un apartado del acta del escrutinio y cómputo, no obstante de que constituye un indicio, no es prueba suficiente para acreditar fehacientemente los extremos del supuesto contenido en el artículo 75, párrafo 1, inciso f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; c) Por las razones señaladas en el inciso a), en el acta de escrutinio y cómputo los rubros de total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal, total de boletas extraídas de la urna y votación emitida y depositada en la urna, deben consignar valores idénticos o equivalentes, por lo que, al plasmarse en uno de ellos una cantidad de cero o inmensamente inferior a los valores consignados u obtenidos en los otros dos apartados, sin que medie ninguna explicación racional, el dato no congruente debe estimarse que no deriva propiamente de un error en el cómputo de los votos, sino como un error involuntario e independiente de aquél, que no afecta la validez de la votación recibida, teniendo como consecuencia la simple rectificación del dato. Máxime cuando se aprecia una identidad entre las demás variables, o bien, la diferencia entre ellas no es determinante para actualizar los extremos de la causal prevista en el artículo mencionado. Inclusive, el criterio anterior se puede reforzar llevando a cabo la diligencia para mejor proveer, en los términos del inciso siguiente; d) Cuando de las constancias que obren en autos no sea posible conocer los valores de los datos faltantes o controvertidos, es conveniente acudir, mediante diligencia para mejor proveer y siempre que los plazos electorales lo permitan, a las fuentes originales de donde se obtuvieron las cifras correspondientes, con la finalidad de que la impartición de justicia electoral tome en cuenta los mayores elementos para conocer la verdad material, ya que, como órgano jurisdiccional garante de los principios de constitucionalidad y legalidad, ante el cuestionamiento de irregularidades derivadas de la omisión de asentamiento de un dato o de la discrepancia entre los valores de diversos apartados, debe determinarse indubitablemente si existen o no las irregularidades invocadas. Por ejemplo: si la controversia es respecto al rubro: TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA NOMINAL, deben requerirse las listas nominales de electores correspondientes utilizadas el día de la jornada electoral, en que conste el número de electores que sufragaron, o bien, si el dato alude a los votos extraídos de la urna, puede ordenarse el recuento de la votación en las casillas conducentes, entre otros supuestos.

 Cabe advertir que, en ocasiones, ocurre que aparezca una diferencia entre los rubros del cuadro de estudio, cuya explicación puede obedecer, por ejemplo, a que algunos electores hayan destruido las boletas que se les entregaron o que se las lleven sin depositarlas en las urnas, asimismo, entre otros supuestos, también puede ocurrir que los funcionarios de la mesa directiva de casilla no incluyan entre los electores que votaron conforme a la lista nominal, a algún ciudadano por descuido, o bien, a los representantes de los partidos políticos y coaliciones acreditados ante la respectiva casilla y que también hayan votado, ni aquellos ciudadanos que, en su caso, votaron por contar con resolución favorable emita por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para tal efecto, y que de haber ocurrido así, obviamente aparecería que hubo un mayor número de boletas depositadas en la urna, que el total de ciudadanos inscritos en la lista nominal que votaron.

 En tal virtud, en aras de privilegiar la recepción de la votación emitida y la conservación de los actos de las autoridades electorales válidamente celebrados, en el supuesto de que se actualice alguna de las situaciones antes comentadas, se estará a lo siguiente:

 Tomando en cuenta lo ya expresado, en el sentido de que, en condiciones normales, los rubros de BOLETAS RECIBIDAS MENOS BOLETAS SOBRANTES, CIUDADANOS QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA NOMINAL, TOTAL DE BOLETAS EXTRAIDAS DE LA URNA y RESULTADOS DE LA VOTACIÓN, deben consignar valores idénticos o equivalentes, cuando en uno de ellos conste una cantidad de cero o inmensamente inferior o superior a los valores anotados u obtenidos en los otros apartados, sin mediar explicación racional alguna, debe estimarse que el dato incongruente no deriva propiamente de un error en el cómputo de los votos, sino que se trata de una indebida anotación, que no afecta la validez de la votación recibida, y tiene como consecuencia la simple rectificación del dato, máxime cuando se aprecia una identidad entre las demás variables, o bien, la diferencia existente no es determinante para actualizar los extremos de la causal de nulidad en estudio.

 Por otra parte, cuando en los documentos de los que se obtiene la información consignada en las diversas columnas del cuadro que se describe, aparezcan datos en blanco o ilegibles, se analizará el contenido de las demás actas y constancias que obren en el expediente, con el objeto de su obtención o rectificación, y determinar si existe o no error en el cómputo de los votos y, en su caso, si es o no determinante para el resultado de la votación.

 De forma que, si de las constancias que obran en autos se puede obtener el dato faltante o ilegible, pero éste no coincide con alguno de los asentados en cualesquiera de las columnas identificadas con los números 3, 4, 5 ó 6 del cuadro que se comenta, para establecer la existencia de la determinancia del error correspondiente, se deben considerar los dos datos legibles o conocidos con relación al obtenido mediante diversa fuente.

 Si esto no es posible, entonces deberá verificarse si la cifra correspondiente al rubro que aparece inscrito, coincide con el valor correspondiente a su similar, ya sea BOLETAS RECIBIDAS MENOS BOLETAS SOBRANTES, TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA NOMINAL, TOTAL DE BOLETAS EXTRAIDAS DE LA URNA O RESULTADOS DE LA VOTACIÓN, según sea el caso; si ambos rubros son iguales, se presumirá que el dato faltante o ilegible es igual a aquellos y, por ende, que no existe error, máxime si el valor idéntico en ambos rubros, es igual al número de BOLETAS RECIBIDAS MENOS EL NÚMERO DE BOLETAS SOBRANTES.

 Ahora bien, en el supuesto de que los dos rubros conocidos o legibles, relativos al cómputo de votos, resulten discordantes, la diferencia o margen de error se deberá establecer con base en su comparación con la diferencia entre el primero y segundo lugares, si dicho error no resulta determinante para el resultado de la votación, entonces deberá conservarse la validez de la votación recibida.

 Asimismo, cuando sólo se esté en presencia de espacios en blanco y, además, no sea posible la obtención de esos datos, a partir de diversa fuente para los efectos de su rectificación o deducción; entonces, se considerará que las omisiones de referencia, relacionadas con el procedimiento de escrutinio y cómputo ponen en duda la imparcialidad de los funcionarios de casilla, la certeza en el resultado de la votación, y, por ende, son determinantes para la misma, toda vez que no es posible conocer cuál es la voluntad del electorado.

Explicado lo anterior, a continuación se agrega el siguiente cuadro ilustrativo para proceder al estudio de las casillas impugnadas por la causal de referencia.

 - Las cantidades con * (asterisco), fueron obtenidas de documentos diversos a las actas de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo.

- Las cifras entre () (paréntesis), se subsanaron por la relación existente con otros rubros, o con de autos.

- Las cantidades (subrayadas), son desproporcionadas e ilógicas, no ajustada a la realidad.

 Del análisis del cuadro que antecede, se debe atender a las coincidencias o discrepancias en el escrutinio y cómputo de los votos, este órgano colegiado estima lo siguiente:

A) En las casillas: 108 básica y 1438 Extraordinaria uno, se observa que no existe error, puesto que las cantidades precisadas en los rubros correspondientes a "boletas recibidas menos boletas sobrantes", "total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal", "total de boletas extraídas de la urna" y "resultados de la votación", coinciden plenamente.

En consecuencia, al no acreditarse el primer supuesto normativo de la causal de nulidad prevista en el artículo 66, sección 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Oaxaca, deviene INFUNDADO el agravio planteado por el partido impugnante, respecto de las referidas casillas.

B). Del citado cuadro comparativo, se advierte que en las casillas siguientes: 104 contigua uno,105 básica, 106 básica, 107 básica, 109 básica, 110 básica, 377 contigua uno, 789 contigua uno, 847 básica, 847 contigua uno, 1205 contigua uno, 1284 extraordinaria uno, 1679 básica, 1702 contigua uno, 1702 extraordinaria uno, 1936 extraordinaria uno, 1937 básica, 1938 contigua uno, 2084 básica, 2158 contigua uno, 2162 contigua uno, 2262 básica, 2368 especial, 2369 básica, 2371 básica, 2371 contigua uno, 2372 contigua uno, 2373 contigua dos, 2374 básica, 2374 contigua dos, 2375 contigua uno, 2377 básica, 2382 básica, 2383 básica y 2383 contigua uno, existen diferencias o discrepancias numéricas entre los rubros de "boletas recibidas menos boletas sobrantes", "total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal", "total de boletas extraídas de la urna" y "resultados de la votación".

Sin embargo, en el caso, no se actualiza la causal de nulidad de votación, en virtud de que la máxima diferencia entre tales rubros, es menor a la diferencia de los votos obtenidos por las coaliciones que ocupan el primero y segundo lugares de la votación, por lo que se considera que el error no es determinante para el resultado de la votación.

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Tesis de Jurisprudencia S3ELJ 10/2001, publicada en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, página 116, bajo el rubro:

ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUÁNDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN (Legislación de Zacatecas y similares).—No es suficiente la existencia de algún error en el cómputo de los votos, para anular la votación recibida en la casilla impugnada, sino que es indispensable que aquél sea grave, al grado de que sea determinante en el resultado que se obtenga, debiéndose comprobar, por tanto, que la irregularidad revele una diferencia numérica igual o mayor en los votos obtenidos por los partidos que ocuparon el primero y segundo lugares en la votación respectiva.

En consecuencia, al no acreditarse el segundo de los supuestos normativos de la causal contenida en el artículo 66, sección 1, inciso c) de la Ley de la materia, se declara INFUNDADO el agravio que al respecto hace valer el impugnante.

C) En cuanto a la casilla 104 básica, se observa en el acta de escrutinio y cómputo de casilla que contiene datos incorrectos en el apartado de total de boletas sobrantes 123, y omisión en el rubro de boletas extraídas de la urna, por los funcionarios de la casilla en estudio, porque si se suman esas boletas sobrantes con el total de ciudadanos que votaron verificando la lista nominal (282) nos dan 405, que restados al total de boletas recibidas (468), resulta una diferencia de 63 boletas, lo que no es congruente, por lo que para corregir ese error, se toma como base los 282 ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal, que al restarlas a las boletas recibidas se obtienen 186 boletas sobrantes, cantidad que al ser restada a las 468 boletas recibidas, nos resultan 282 boletas, así de esta manera se subsana el número de boletas sobrantes siendo el dato correcto 186, así mismo, el número de boletas recibidas menos boletas sobrantes es de 282, el total de boletas extraídas de la urna 282; datos que se subsanaron verificando y valorando la lista nominal de electores, acta de jornada electoral, acta de escrutinio y cómputo de casilla, y folios recibidos por los funcionarios de casilla y en atención a que el rubro 6, relativo a resultados de la votación es de 285 se advierte que, entre este y los rubros 3, 4, y 5, existe una diferencia de 3 votos; sin embargo, tal error no es determinante para el resultado de la votación, en razón de que entre la coalición que ocupó el primero y segundo lugar hay una diferencia de 26 votos.

 D) Por lo que hace a la casilla 107 contigua uno, en el acta de escrutinio y cómputo de casilla, se anotó por los funcionarios encargados, 250 boletas extraídas de la urna, cantidad que coincide con el de total de ciudadanos que votaron verificados en la lista nominal (250), que restados a las 501 boletas recibidas, nos resultan 251 boletas sobrantes, dato que omitieron asentar los citados funcionarios en la referida acta, quedando subsanado dicho rubro, de tal manera que si ahora comparamos los rubros 3, 4 y 5, que son de 250, con el rubro 6, relativo a resultados de la votación que es de 252 votos, existe una diferencia de 2, lo que no es determinante para el resultado de la votación, en razón de que entre la coalición que ocupó el primero y segundo lugar hay una diferencia de 4 votos. Precisando que los citados rubros se subsanaron verificando y valorando la lista nominal de electores, acta de jornada electoral, acta de escrutinio y cómputo de casilla, y folios recibidos por los funcionarios de casilla.

 E) Con respecto a la casilla 377 básica, en el acta de jornada electoral en el rubro relativo a los folios de las boletas recibidas por los funcionarios de casilla, se advierte que se recibieron 410 boletas, así mismo, en el acta de escrutinio y cómputo de casilla, se asentó que la votación emitida y depositada en la urna fue de 167 votos, dato que se corrobora con el anotado en el acta de cómputo de casilla levantada en el Consejo Distrital, en la sumatoria de esos votos, así como con el apartado de esa acta relativa al total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal que fueron 167, por lo que al restarse este número al de 410 que fueron las boletas recibidas, se obtienen 243, que es el que corresponde al de boletas sobrantes, con lo que se subsana ese rubro, que restados al de 410 de boletas recibidas nos arroja 167, cantidad que corresponde al rubro de boletas recibidas menos boletas sobrantes, y a su vez en igual número al de boletas extraídas de la urna y al total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal, motivo por el no existe diferencia entre los rubros 3, 4, 5 y 6, y al haber una diferencia entre el primer y segundo de 80 votos, dicho resultado no es determinante, contrario a lo alegado por el recurrente.

F) En relación a la casilla 735 básica, no existe realmente la diferencia de 115 votos que aduce el impugnante entre las boletas extraídas de la urna 162 y votos computados 277, ya que este último es errado, porque los funcionarios de casilla, asentaron en el acta de escrutinio y cómputo de la casilla en estudio en el apartado relativo a la votación para las coaliciones, las cifras de 66 para “ Unidos por la paz y el progreso” y 49 para la “Transformación de Oaxaca”, cuando en esos espacios se debió anotar cero, porque las cantidades de 66 y 49 corresponde a la suma de votos obtenidos para cada una de esas coaliciones, como así se aprecia claramente en el acta de cómputo de casilla levantada ante el Consejo Distrital en los apartados correspondientes, de 66 y 49, que sumados a los 162, que son los realmente computados da el número de 277, en que erróneamente se basa el actor para sostener la diferencia de 115, que como ya se demostró no se actualiza, de tal manera que los rubros son: boletas recibidas 369, menos 207 boletas sobrantes igual a 162, cifra que coincide con los rubros 4, 5 y 6 en esa misma cantidad, no existiendo diferencia entre dichos rubros, y como hay una diferencia de 17 votos entre el primero y segundo lugar en la votación, no es determinante para el resultado. Se analizaron y valoraron las documentales que se citan.

G) Referente a la casilla 789 básica, verificando la lista nominal de electores se tiene que votaron 164 ciudadanos, cifra que coincide con el rubro de resultados de la votación en 164, que restados a 403 boletas recibidas resultan 239 boletas sobrantes, lo que es erróneo y discordante con los datos asentados en el acta de escrutinio y cómputo de casilla, en donde se advierte que el apartado de boletas extraídas de la urna se anotó 237, y en el de boletas sobrantes 164, por ello este Tribunal subsana esos errores y por lo tanto tenemos como boletas sobrantes 239, y extraídas de la urna 164, lo que se traduce en que no exista diferencia entre los rubros 3, 4, 5, y 6 de esta casilla en el recuadro que se esquematiza, por lo tanto no se actualiza el supuesto que argumenta el actor; aunado a ello se advierte que existe una diferencia de 21 votos entre el primero y el segundo lugar, lo cual no resulta determinante para anular la votación.

H) En relación a la casilla 850 básica de acuerdo con el acta de jornada electoral y de los folios entregados a los funcionarios de casilla, se advierte que se recibieron 521 boletas, y en las actas de escrutinio y cómputo de casilla y de cómputo de casilla levantada ante el Consejo Distrital, se anotó en el apartado respectivo 244 boletas sobrantes, pero se omitió asentar el número de boletas extraídas de la urna, mismo que debe corresponder al total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal, en ese sentido, para subsanar dicha omisión, se toma en cuenta que si sumamos 277 votos computados con 244 boletas sobrantes, nos arroja 521 votos, cantidad que corresponde al total de boletas recibidas para esa casilla, por lo que es razonable entonces establecer que si restamos las boletas sobrantes a las recibidas se obtiene 277 boletas, cifra con la cual subsana el número de boletas extraídas de la urna, que es congruente con el cómputo de la votación, boletas sobrantes menos boletas recibidas, situación que resuelve el rubro en cero de boletas extraídas alegado por el actor y por lo tanto no existe diferencia entre los rubros 3, 4, 5 y 6; aunado a ello entre las coaliciones que ocuparon el primero y segundo lugar en la votación hay una diferencia de 5 votos, lo que no es determinante para el resultado.

I) En cuanto a la casilla 1207 contigua 1, tenemos que fueron 507 boletas recibidas, 358 sobrantes, 149 boletas recibidas menos sobrantes, 139 de total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal de electores, 139 boletas extraídas de la urna y 141 de resultados de la votación, lo que provoca que exista una diferencia entre los rubros 3, 4, 5 y 6 de 10 votos, pero como la diferencia entre el primero y segundo lugar en la votación es de 65 votos, no es determinante, por lo que aún cuando se tomara en cuenta la diferencia de 10 votos que alega el impugnante entre los rubros de boletas extraídas, sobrantes y boletas recibidas, no cambiaría el sentido de la votación; cabe precisar que los datos y cifras que se menciona se obtuvieron al analizar y valorar la lista de folios de boletas recibidas, acta de jornada electoral, acta de escrutinio y cómputo de casilla, así como la levantada ante el Consejo Distrital.