JUICIOS DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL

EXPEDIENTES: SUP-JRC-506/2007 Y SUP-JRC-507/2007 ACUMULADOS

ACTORES: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y COALICIÓN “ALIANZA FIDELIDAD POR VERACRUZ”

AUTORIDAD RESPONSABLE: SALA ELECTORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

TERCEROS INTERESADOS: COALICIÓN “ALIANZA FIDELIDAD POR VERACRUZ” Y PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

MAGISTRADO PONENTE: FLAVIO GALVÁN RIVERA

SECRETARIO: ALEJANDRO DAVID AVANTE JUÁREZ

 México, Distrito Federal, a veintiocho de diciembre de dos mil siete.

VISTOS para resolver los autos de los juicios de revisión constitucional electoral, identificados con las claves SUP-JRC-506/2007 y SUP-JRC-507/2007, promovidos por el Partido Acción Nacional y la Coalición “Alianza Fidelidad por Veracruz”, respectivamente, en contra de la Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para impugnar la sentencia de dieciocho de noviembre de dos mil siete, dictada en los recursos de inconformidad radicados en los expedientes acumulados RIN/177/03/188/2007 y RIN/179/01/188/2007, y

R E S U L T A N D O :

 I. Antecedentes. De las constancias que integran el expediente, se advierte lo siguiente:

a) Inicio de procedimiento electoral. El diez de enero de dos mil siete, inició el procedimiento electoral en el Estado de Veracruz, para elegir diputados a integrar el Congreso local, así como a los miembros para integrar los Ayuntamientos de esa entidad federativa.

b) Jornada electoral. El dos de septiembre de dos mil siete, se celebró en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la jornada electoral para elegir a los miembros del Congreso local e integrantes de los Ayuntamientos de esa entidad federativa.

c) Cómputo Municipal. El día cinco de septiembre del año en curso, el Consejo Municipal del Instituto Electoral Veracruzano, con sede en Tuxpan, Veracruz de Ignacio de la Llave, realizó el cómputo municipal correspondiente, cuyos resultados fueron los siguientes:

Al finalizar el cómputo, el citado Consejo Municipal Electoral declaró la validez de la elección, haciendo entrega de la constancia de mayoría y validez a la fórmula de candidatos postulada por la Coalición “Alianza Fidelidad por Veracruz”.

d) Recursos de inconformidad. El nueve de septiembre del año en curso, Lauro Hugo López Zumaya, en representación del Partido Acción Nacional, y Edgar Hernández Hernández, en representación del Partido de la Revolución Democrática, presentaron sendas demandas de recurso de inconformidad en contra del mencionado Consejo Municipal Electoral, para controvertir los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección de ayuntamiento, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la respectiva constancia de mayoría y validez, a favor de los candidatos de la Coalición “Alianza Fidelidad por Veracruz”.

e) Resolución de los recursos. El dieciocho de noviembre del año en curso, la Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave dictó sentencia en los recursos de inconformidad radicados en los expedientes acumulados, cuyas claves de identificación son RIN/177/03/188/2007 y RIN/179/01/188/2007. Las consideraciones y puntos resolutivos de la sentencia, en lo que interesa, son al tenor siguiente:

QUINTO. Análisis del Recurso de Inconformidad interpuesto por el Partido Acción Nacional. El promovente hace valer en su ocurso, la nulidad de votación recibida en diversas casillas, en la elección de miembros del Ayuntamiento del Municipio de Tuxpan de Rodríguez Cano Veracruz, por lo que, este órgano electoral, procederá a estudiar los agravios tal y como los expresó el demandante teniéndose en cuenta que por igual invoca AD CAUTELAM, la nulidad de la elección, siempre y cuando sus pretensiones respecto a los agravios relativos a la nulidad de votación recibida en casilla, prosperen, por lo que siempre y cuando manifieste agravios tendientes a combatir el acto o resolución impugnada, o bien, señale con claridad la causa de pedir, esto es, precise la lesión, agravio o concepto de violación que le cause, así como los motivos que lo originaron, pudiendo deducirse dichos agravios de cualquier parte, capítulo o sección del escrito de demanda, con independencia de su formulación o construcción lógica, ya sea como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, para que este órgano jurisdiccional, aplicando los principios generales de derecho iura novit curia y da mihi factum dabo tibi jus <el juez conoce el derecho y dame los hechos yo te daré el derecho>, supla la deficiencia en la formulación de los agravios correspondientes, proceda a su estudio y emita la sentencia a que haya lugar.

Previamente, cabe precisar lo siguiente:

En los argumentos vertidos en el medio de impugnación, aparece que el partido inconforme impugna la nulidad de votación recibida en la casilla 4170 B, porque en su concepto se actualiza la causal de nulidad prevista en la fracción IV, del artículo 314 del Código Electoral, que establece que la votación recibida en casilla será nula cuando se reciba en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección, aduciendo que como a las ocho de la mañana no se presentaron el presidente y escrutador de la casilla, hubo corrimiento de funcionarios, por lo que el secretario ocupó el cargo de presidente, un suplente general subió a secretario y se designó a Cira Nicolás Maldonado como escrutadora, siendo que el susodicho secretario no estaba facultado para fungir como presidente de la casilla, “en caso de ausencia de éste sino hasta las 8:15”; empero, esta Sala estima que tales hechos no tienen nada que ver con la causal que invoca, sino que más bien, en puridad jurídica, están relacionados con la diversa causal de nulidad establecida en la fracción V ibídem referente a que la votación en casilla será nula cuando se reciba por personas u organismos distintos a los facultados por la ley; de ahí que este órgano colegiado reencauzando el hecho expuesto, hará el análisis de dicha casilla, pero sólo por la causal invocada y no por la que primigeniamente se invocó.

En vista de lo anterior, y una vez efectuada la reclasificación correcta de los agravios y hechos en las causales de nulidad de votación recibida en casilla, se procederá al estudio conforme al cuadro que enseguida se presenta y que contiene la relación de las casillas impugnadas y la causal de nulidad por la cual será estudiada.

Resulta pertinente aclarar, que dentro del análisis de los diferentes supuestos relativos a la causal de nulidad de votación recibida en casilla, este órgano colegiado tomará en cuenta el principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados que recoge el aforismo “lo útil no debe ser viciado por lo inútil”, y el cual fue adoptado en la jurisprudencia S3ELJD 01/98, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, publicada en las páginas 231 y 232 de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, Tercera Época, cuyo rubro y texto son los siguientes:

“PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN.” (Se transcribe).

El principio contenido en la jurisprudencia transcrita debe entenderse en el sentido de que, sólo debe decretarse la nulidad de la votación recibida en casilla, cuando las causales previstas en la ley se encuentran plenamente probadas y siempre que los errores,  inconsistencias, vicios de procedimiento o irregularidades, sean determinantes para el resultado de la votación. Es decir, las imperfecciones menores que puedan ocurrir antes, durante la etapa de la jornada electoral o incluso después de terminada ésta, no deben viciar el voto emitido por la mayoría de los electores de una casilla.

Para tal efecto, se debe tener presente que en toda causal de nulidad de votación recibida en casilla está previsto el elemento determinante, sólo que en algunos supuestos, éste se encuentra regulado de manera expresa, como es el caso de las causales de nulidad da votación recibida en casilla, previstas en las fracciones VI, VII, VIII), IX, X, y XI, del artículo 314, del Código Electoral para el Estado de Veracruz; en tanto que en otras causales de nulidad de votación, dicho requisito está implícito, como ocurre con las reguladas en las fracciones I, II, III, IV y V, del mismo precepto.

Esta diferencia no impide que, en el último caso, no se deba tomar en cuenta ese elemento, puesto que su referencia expresa o implícita repercute únicamente en la carga de la prueba.

Así, tratándose de las primeras para declarar la nulidad de la votación recibida en casilla, se deben acreditar los supuestos normativos que integran la causal respectiva, pero además, será necesario valorar los errores, inconsistencias o irregularidades, con el objeto de ponderar si son o no determinantes para el resultado de la votación; mientras que en las segundas, existe una presunción iuris tantum de que las respectivas causas que provocan la sanción anulatoria, son determinantes para el resultado de la votación, salvo prueba en contrario.

Por ello, en el caso de que se acrediten los extremos de los supuestos que integran las causales de nulidad de votación recibida en casilla a que se refieren los incisos I, II, III, IV y V, del precepto legal citado, se estima que la irregularidad no será determinante para el resultado de la votación, cuando de las constancias de autos, se desprenda que con su actualización no se vulneró el principio de certeza tutelado por la respectiva hipótesis normativa.

Tal criterio ha sido sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia número S3ELJ 13/2000, publicada en las páginas 202 y 203, de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, Tercera Época, que dice:

“NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AUN CUANDO EN LA HIPÓTESIS RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE MENCIONE EXPRESAMENTE (Legislación del Estado de México y similares)”. (Se transcribe).

Una vez efectuadas las precisiones anteriores, esta Sala Electoral considera que la litis en el presente estudio se constriñe a determinar, si ha lugar o no, a decretar la nulidad de la votación recibida en las casillas cuya votación se ha impugnado a través del recurso de inconformidad que nos ocupa y, como consecuencia, si deben modificarse los resultados asentados en el acta de cómputo municipal de la elección de Ayuntamiento emitida por el Consejo Municipal de Tuxpan, Veracruz, para en su caso, declarar los efectos que resulten pertinentes de conformidad con lo dispuesto por el artículo 303, del Código Electoral para el Estado  de Veracruz.

Consecuentemente, se procede al estudio de fondo de las casillas cuya votación se impugna, en el orden establecido de las causales de nulidad de votación recibida en casilla, previstas en el artículo 314 del Código Electoral.

Sexto. Fracción I. La parte actora invoca la causal de nulidad prevista en el artículo 314, fracción I del Código Electoral para el Estado de Veracruz, que prescribe que la votación recibida en casilla será nula cuando se instale la casilla, sin causa justificada, en un lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital respectivo, en relación con un total de 4 casillas, mismas que a continuación se señalan: 4156B, 4156C1, 4156C2 y 4156C3.

En su escrito de impugnación el promovente argumenta, en esencia, que las casillas indebidamente se ubicaron en un lugar distinto al autorizado, ya que éstas, según el encarte, se debieron instalar en la facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, sito en la carretera Tuxpan-Tampico kilómetro 7.5 Colonia Universitaria, pero la mesa directiva sin mediar causa justificada las ubicó en la escuela primaria Emiliano Zapata, situada en la calle Emiliano Zapata, sin número, colonia Universitaria, sin haber dejado aviso del citado cambió, lo que provocó desorientación al cuerpo electoral, por lo que solicita la nulidad de esas casillas al actualizarse la causal en comento.

Por su parte, la autoridad electoral responsable, en la parte conducente del informe circunstanciado, en relación con las casillas cuya votación se impugna, expone medularmente, que no le asiste la razón al incoante, pues del análisis que realice este órgano jurisdiccional en relación con dichas casillas, confirmará que no se viola el principio de certeza en el caso concreto.

La coalición Alianza Fidelidad por Veracruz, en su carácter de tercero interesada, respecto de las cuatro casillas impugnadas no manifestó nada sobre el particular.

Expuestos los argumentos que hacen valer las partes,  se estima conveniente precisar el marco normativo en que se sustenta la causal de nulidad de mérito.

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 202, fracción I    del    Código    Electoral,    las    casillas   deben    instalarse, esencialmente, en locales y lugares de fácil y libre acceso para los electores, que garanticen la emisión secreta del sufragio; debiendo preferirse los locales ocupados por escuelas u oficinas públicas.

Con el objeto de que los electores conozcan la ubicación de la casilla en la que emitirán su voto, los artículos 202 y 204 del código de la materia, establecen que los Consejos Distritales, con el apoyo de los Consejos Municipales deberán dar publicidad a las listas de los lugares en que serán instaladas, para lo cual, deberán fijarlas en las oficinas de los consejos, en los edificios y lugares públicos más concurridos.

De la lectura de los anteriores dispositivos se advierte que el establecimiento y publicación de un lugar determinado para la instalación de la casilla, tutela, especialmente, el principio de certeza que permite a los electores conocer el lugar en donde deberán ejercer el derecho al sufragio.

Sin embargo, el día de la jornada electoral, en la fase de la instalación de las casillas, pueden presentarse diversas circunstancias que obliguen a los funcionarios de las mesas directivas de casilla a cambiar su ubicación, teniendo como causas de justificación para ello, las previstas en el artículo 220 del código en mención, como son I) Ya no exista el local indicado en la publicación respectiva; II) El local se encuentre cerrado o clausurado, y no se pueda obtener el  acceso para realizar la instalación; III) Se advierta, al momento de la instalación de la casilla, que ésta  se pretende realizar en lugar prohibido por este Código o que no cumple con los requisitos establecidos en el presente ordenamiento; y, IV) Las condiciones del local no permitan asegurar la libertad o el secreto del voto o fácil acceso de los electores, o bien no ofrezcan condiciones que garanticen seguridad para la realización de las operaciones electorales o para resguardar a los funcionarios de la mesa o a los  votantes de las inclemencias del tiempo, siendo en este caso necesario que los funcionarios y representantes presentes tomen la determinación de reubicar la casilla por acuerdo mayoritario.

El precepto antes señalado, agrega en su párrafo segundo que, en caso de cambio de ubicación de la casilla por causa justificada, el nuevo sitio deberá estar comprendido en la misma sección y en el lugar adecuado más próximo, debiéndose dejar aviso de la nueva ubicación en el exterior del lugar original.

Son dos los supuestos normativos que integran la causal de nulidad de votación recibida en casilla, prevista en el artículo 314, fracción I del Código Electoral del Estado de Veracruz:

a) Que la casilla se instale en un lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital respectivo; y,

b) Que el cambio de ubicación se realice sin justificación legal para ello.

Para que se acredite el primer supuesto normativo de la causal de nulidad en análisis, será necesario que la parte actora pruebe que el lugar donde se instaló la casilla es distinto al que aprobó y publicó el Consejo Municipal respectivo.

En cuanto al segundo supuesto normativo, se deberán analizar las razones que, en su caso, haga valer la autoridad responsable para sostener que el cambio de ubicación de casilla atendió a la existencia de una causa justificada prevista en el citado artículo 220 del código de la materia; valorando aquellas constancias que aporte para acreditarlo.

Luego entonces, la votación recibida en casilla se declarará nula, cuando se actualicen los dos supuestos normativos que integran la causal en estudio, salvo que de las propias constancias de autos quede demostrado que no se vulneró el principio de certeza protegido por la causal, respecto del conocimiento que deben tener los electores del lugar donde deben ejercer su derecho al sufragio, es decir, que las irregularidades aducidas no fueron determinantes para el resultado de la votación.

En el presente caso, para determinar la procedencia de la pretensión del partido actor es necesario analizar las constancias que obran en autos, en particular, las que se relacionan con los agravios en estudio, y que son: a) Segunda publicación e integración de las mesas directivas de casilla publicadas el 15 de agosto del 2007 -comúnmente llamada encarte-; b) Actas de la jornada electoral; y, c) Hojas de incidentes que se levantaron el día de la jornada electoral, respecto de aquellas casillas cuya votación se impugna y en las cuales consten hechos relacionados con la causal en análisis, documentales que al tener el carácter de públicas y no existir prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren, se les concede valor probatorio pleno, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 280 fracción I y, párrafo segundo del Código Electoral en comento; además de los diversos medios de convicción que aporten las partes, que serán analizados en relación a la casilla respecto de la cual fueron ofrecidos y cuyo valor probatorio se determinarán  con base en lo dispuesto en los citados artículos  280, además de los artículos 281  y 282 del código citado.

Ahora bien, del análisis preliminar de las constancias antes aludidas, y con el objeto de sistematizar el estudio de los agravios formulados por la parte actora, a continuación representa un cuadro comparativo en el que se consigna la información relativa al número de casilla, la ubicación de las casillas publicadas en el encarte del 15 de agosto de 2007, así como la precisada en las actas de la jornada electoral; y  por último, se incluye un apartado referente a observaciones, en el cual se quedarán señaladas las circunstancias especiales que puedan ser tomadas en cuenta para la resolución de los casos concretos. De acuerdo a lo anterior, se obtienen los datos siguientes:

Con base en la información precisada en el cuadro que antecede, se procederá a ponderar si, en las casillas cuya votación se impugna, se acreditan los supuestos normativos que integran la causal de nulidad invocada, atendiendo a las características similares que presentan, las particularidades de su ubicación y a los supuestos que se deriven.

Del cuadro de referencia, se observa que las casillas 4156B, 4156C1, 4156C2 y 4156C3, fueron instaladas en un lugar distinto al autorizado y sin que existiera causa justificada para ello.

En efecto, del análisis de los documentos que obran en autos, se desprende que las casillas citadas se ubicaron en un lugar diverso al señalado por el Consejo Distrital; lo anterior se corrobora con las actas del la jornada, así como con la información consignada en el encarte, sin que de autos se desprenda la existencia de alguna causa justificada para ello.

En tal virtud, es necesario determinar si el cambio de ubicación de las casillas sin causa justificada, vulneró el principio de certeza al provocar confusión o desorientación en los electores, respecto del sitio exacto donde debían sufragar y, consecuentemente, si no se reflejó la voluntad de los ciudadanos en los resultados electorales.

Para tal efecto, en términos del artículo 281, párrafo primero del Código de la materia y de acuerdo con las reglas de la lógica y de la experiencia, en particular, con el principio ontológico en materia probatoria, conforme al cual, lo ordinario se presume y lo extraordinario se prueba, se tiene que es un hecho conocido y cierto que, en los Estados Unidos Mexicanos, son excepcionales las casillas que alcanzan el cien por ciento de participación ciudadana, dado que en los procesos electorales constituye una circunstancia reiterada que sólo un porcentaje del electorado acude a sufragar.

Por tal motivo, para determinar si el cambio de ubicación vulneró el principio de certeza, se deben tomar en cuenta las circunstancias y hechos que rodean el ámbito de participación ciudadana en las casillas cuya votación se solicita sea anulada.

Para ello, resulta necesario establecer un parámetro (porcentaje de votación) que se considere la muestra más representativa de la participación del electorado en una elección, dentro de un ámbito territorial determinado.

A partir de esta idea, el parámetro idóneo para analizar la causal en estudio, en este caso, es el porcentaje de votación recibida a nivel municipal de la elección impugnada, toda vez que un distrito uninominal, estadísticamente, es el ámbito territorial que puede aportar una información más apegada a la realidad acerca de la participación de los votantes en las casillas que lo integran.

En el asunto a estudio, el referido porcentaje de la votación emitida en el municipio de Tuxpan, Veracruz, es el resultado de multiplicar la cantidad que representa el total de ciudadanos que votaron en el municipio, por cien, y dividirlo entre el total de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores correspondiente a dicho municipio.

Conforme a los datos precisados en el informe del Presidente del Consejo Municipal de Tuxpan, Veracruz, en cumplimiento al requerimiento que se le formuló por esta Sala el once de octubre pretérito, la cantidad del total de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores del municipio en donde se impugnaron casillas es de: 88,817.

En tanto que, en el acta de cómputo municipal de la elección de Ayuntamiento correspondiente al municipio de Tuxpan, Veracruz, en donde se impugnaron casillas, aparece que la votación total emitida asciende a: 42,189.

Acorde con los datos anteriores, y una vez efectuada la operación de referencia, se tiene que el porcentaje de votación emitida en el municipio citado es de 47.50%.

Determinado el porcentaje de votación recibida a nivel municipal en la elección impugnada, y con el objeto de precisar si el cambio de ubicación de las casillas, sin causa justificada, provocó confusión o desorientación en el electorado, a continuación se presenta un cuadro comparativo, el cual se encuentra integrado de la forma siguiente:

En la primera columna, se señala el número y tipo de la casilla cuya votación se solicita sea anulada; en la segunda, se hace referencia al total de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores de las casillas en cuestión, dato que se obtiene del propio documento, o bien, del recuadro del acta de la jornada electoral, que dice: “Total de ciudadanos inscritos en lista nominal (sólo casillas básicas, contiguas y extraordinarias)”; en la tercera columna, se anota el número de electores que votaron en las casillas según el acta de escrutinio y cómputo respectiva, dato que se obtiene del recuadro de tal acta que dice: “Total de ciudadanos que votaron incluidos en la lista nominal, en las actas de jornada electoral, y los representantes de los partidos políticos o coaliciones.”

En la cuarta columna se alude al porcentaje de votación en las casillas, el cual, es el resultado de multiplicar el número de electores que votaron en la casilla según el acta de escrutinio y cómputo, por cien, y dividirlo entre el total de los ciudadanos incluidos en la lista nominal de electores de la misma.

En la quinta, se establece el porcentaje de votación municipal de la elección impugnada. Cabe precisar que, cuando exista una correspondencia entre ambos porcentajes, o bien, el porcentaje de votación en la casilla sea superior al municipal, se entenderá que el referido cambio de ubicación de la casilla no generó confusión o desorientación en los electores respecto del lugar al que debían acudir para ejercer su derecho al voto, toda vez que se acreditó una afluencia importante de votantes igual o superior al porcentaje de votación en el municipio.

Empero, cuando el porcentaje de votación en la casilla sea inferior al emitido en el municipio, se considerará que el referido cambio de ubicación de la casilla provocó confusión en los electores, en relación al lugar exacto en donde debieron sufragar, ya que la afluencia de votantes fue menor al porcentaje de votación a nivel municipal.

Como se ve, el cambio de ubicación de las casillas sin causa justificada, trascendió al resultado de la votación, ya que de no haberse efectuado, el partido al que le correspondió el segundo lugar de la votación podría haber obtenido el mayor número de votos, lo que sin duda, generó desconocimiento en los ciudadanos de la nueva ubicación de las casillas.

En tales condiciones, se declaran fundados los agravios planteados por el enjuiciante, respecto de las referidas casillas.

SÉPTIMO. Fracción III. La parte actora hace valer la causal de nulidad prevista en el artículo 314, fracción III, del Código Electoral vigente en el Estado, respecto de las 4 casillas siguientes: 4156B, 4156C1, 4156C2 y 4156C3.

En su escrito de impugnación, el actor manifiesta que debe declararse la nulidad de votación recibida en tales casillas pues al haberse ubicado, sin causa justificada, las casillas en un lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital, indebidamente y en forma concomitante, se realizó, también sin causa justificada, el escrutinio y cómputo en un local diferente al determinado por dicho consejo, por lo que se violó en perjuicio del actor el principio de certeza

Por su parte, en el informe circunstanciado, la autoridad responsable expuso esencialmente que la ley y la jurisprudencia prevén circunstancias que permiten realizar, de manera justificada, el escrutinio y cómputo en lugar distinto   al   designado   en   el   encarte   que   no   acarrean forzosamente  la nulidad de   la  votación,   y  en  el   caso   el principio de certeza que se protege no fue vulnerado como inexactamente lo asevera el partido accionante.

Por su parte la coalición tercera interesada no expresó nada al respecto.

Previo al análisis de los agravios esgrimidos por el inconforme, cabe hacer mención que esta Sala advierte que aquél solicita la nulidad de las casillas 4156B, 4156C1, 4156C2 y 4156C3, porque en su concepto se actualiza la causal prevista en el artículo 314, fracción III, por haberse efectuado el escrutinio y cómputo en un lugar diferente al determinado por la autoridad electoral; sin embargo, nótese al partido incoante que dada que también solicitó la nulidad de votación recibida en esas cuatro casillas, con base en la diversa causal de nulidad establecida en la fracción I del artículo 314 ibídem, que establece la nulidad de votación cuando se instala la casilla, sin causa justificada, en un lugar diferente al señalado por la autoridad electoral,  y toda vez que el efectuar el análisis conducente se estimó anular la votación de las mismas casillas, luego entonces, este órgano colegiado considera que resulta innecesario e inconducente examinar los agravios vertidos en relación con las casillas   acabadas de mencionar, porque cualquiera que fuese el resultado de su examen en nada variaría el sentido de este fallo en relación con la nulidad decretada.

OCTAVO. Fracción V. El promovente en su escrito de inconformidad hace valer la causal de nulidad de votación recibida en casilla, prevista en el artículo 314, fracción V, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, respecto de un total de 7 casillas, mismas que a continuación se señalan: 4107C1, 4139B, 4140C1, 4157E1, 4161C2, 4164C1 y 4170B.

En su escrito recursal el partido político actor manifiesta esencialmente, que se actualiza la causal en comento porque en tales casillas, no se presentaron en algunos casos los propietarios, por lo que hubo corrimiento de cargos, lo cual es ilegal porque en las casillas fungieron personas que no estaban en la lista nominal ni correspondían a la sección electoral, por lo que solicita la nulidad de esas casillas.

La autoridad responsable en su informe circunstanciado aduce que las mesas directivas de casillas son los órganos electorales formados por ciudadanos facultados para recibir la votación y ante la ausencia de alguno de ellos o de todos pueden actuar cualquiera de los suplentes generales e incluso ante la ausencia de ellos se tomarán a ciudadanos de la fila que tiene que ser de la sección correspondiente, por lo que contrario a lo que manifiesta el actor, no se vulneró el principio de certeza, pues la votación se recibió por personas autorizadas para ello, por lo que deben declararse infundados los agravios vertidos por el impugnante.

Por su parte, el partido político tercero interesado no hace referencia a los hechos expuestos por el actor.

Previo al estudio de los agravios que se aducen, se estima conveniente precisar el marco normativo en que se sustenta la causal de nulidad de mérito.

Por mandado constitucional y legal  las mesas directivas  de casilla son los órganos electorales formados por ciudadanos a  quienes, el día de la jornada electoral, corresponde asegurar que la recepción del voto esté revestido  de las características de certeza y legalidad; asimismo, son responsables de respetar y hacer respetar que el voto de los electores sea universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, encontrándose facultadas para recibir la votación y realizar el  escrutinio y cómputo en cada una de las secciones en que se dividen los municipales del estado.

En cuanto a su integración, atento a lo previsto en el artículo 196, fracción I del mismo ordenamiento legal, las mesas directivas de casilla se conforman por un presidente, un  secretario, un escrutador y tres suplentes generales, quienes,  de acuerdo con lo previsto en el artículo 195, párrafo  segundo, de dicho código, deberán ser ciudadanos residentes  en la sección electoral que comprenda a la casilla.

Con el propósito de garantizar la actuación imparcial y objetiva de los miembros del órgano electoral, la legislación sustantiva contempla dos procedimientos para la designación de sus integrantes: el primero para realizarse durante la  etapa de preparación de la elección, y el segundo, que se implementa el día de la jornada electoral y tiene como fin suplir las ausencias de los ciudadanos designados y dar  transparencia al procedimiento de integración de las mesas  directivas de casilla. Además, se establecen las funciones que corresponden a cada uno de los integrantes de las mesas  directivas de casilla.

Acorde a lo anterior, los ciudadanos designados en la etapa preparatoria de la elección deberán seleccionarse durante el procedimiento que comprende, fundamentalmente, una doble insaculación y un curso de capacitación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 201, fracción I, II y III del código en consulta.

Sin embargo, ante el hecho público y notorio de que los ciudadanos originalmente designados incumplan con sus obligaciones y no acudan el día de la jornada electoral a desempeñar sus funciones como miembros de las mesas directivas de casilla, y en el supuesto de que ésta no se instale a las 8:15 horas, con el objeto de asegurar la recepción de la votación, el legislador local en el artículo 219 del mismo código, establece, en sus diversas fracciones, el procedimiento que debe seguirse el día de la jornada electoral para sustituir a los funcionarios de casilla.

Sí bien es cierto que las fracciones V, VI y VII del artículo último citado no establecen explícitamente que personas serán designadas para sustituir a los funcionarios ausentes, también es cierto que atendiendo al espíritu de la ley, a las personas designadas como funcionarías de casilla les corresponde asegurar que la recepción del voto esté revestida de las características de certeza y legalidad; siendo responsables de respetar y hacer respetar que el voto de los electores sea universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible; por lo que toda sustitución de funcionarios debe recaer en electores que se encuentren en la casilla para emitir su voto; y que en ningún caso y bajo ninguna circunstancia recaigan los nombramientos en los representantes de los partidos políticos.

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido en la tesis relevante i S3EL 019/97, de voz “SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL”, consultable en la página 944 de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, Tercera Época, sostuvo que cuando la mesa directiva de una casilla no se complete con los funcionarios designados que asistan y los suplentes que se presenten, el presidente habilitará para los puestos vacantes a electores que se encuentren en la casilla, quienes desde luego deben ser de los inscritos en la lista nominal correspondiente y no estar impedidos legalmente; de manera que no es admisible la designación de personas distintas, que  por cualquier circunstancia se encontraran e ese sitio.

De una interpretación armónica de los preceptos señalados, este órgano jurisdiccional considera que el supuesto de nulidad recibida en casilla que se analiza protege el valor de certeza que debe existir en la recepción de la votación por parte de las personas u órganos facultados por la ley. Este valor se vulnera: a) cuando la mesa directiva de  casilla se integra por funcionarios que carecen de las  facultades legales para ello; y, b) cuando la mesa directiva de casilla como órgano electoral no se integra con todos los  funcionarios designados, por lo que en este caso,  tienen relevancia las funciones de carácter autónomo independiente, indispensables y necesarias, que realiza  cada  funcionario, así como la plena colaboración entre éstos,  con la finalidad de que exista certeza en la recepción del sufragio.

Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el artículo 314, fracción V, del Código Electoral Veracruzano, la votación recibida en una casilla será nula, cuando se acredite el supuesto normativo siguiente:

a).- Que la votación se haya recibido por personas u órganos distintos a los facultados conforme al referido Código Electoral para el Estado de Veracruz.

En tal virtud, este órgano jurisdiccional considera que la causal invocada debe analizarse atendiendo a la coincidencia plena que debe existir en los nombres de los ciudadanos que fueron designados funcionarios de las mesas directivas de casillas, de acuerdo con los datos asentados en la lista de integración y ubicación de casillas -encarte, los anotados en las actas de la jornada electoral y, en su caso, los que aparezcan en las actas de escrutinio y cómputo.

En el asunto sometido a estudio, obran en el expediente: a) original de la segunda publicación de mesas directivas de casilla publicada el 15 de agosto de dos mil siete; b) copia certificada de las listas nominales de electores definitivas con fotografía de las casillas cuya votación se impugna, así como de las demás casillas correspondientes a la misma sección; e) copias certificadas de las actas de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo de las casillas cuya votación se impugna; y f) copias certificadas de las hojas de incidentes que se presentaron el día de la jornada electoral, documentales que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 280, fracción I, incisos a), b), c), d) y e), y 281 párrafo segundo, del Código Electoral local, tienen el carácter de públicas, teniendo valor probatorio pleno, por no existir prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren.

Con el objeto de determinar si se actualiza o no la violación alegada, a continuación se presenta un cuadro comparativo, en cuya primera columna se identifica la casilla de que se trata; en la segunda, los nombres de las personas facultadas para actuar en la casilla y sus cargos, según la publicación de las listas de integración de mesas directivas de casilla citadas; en la tercera, los nombres de los funcionarios que integraron la casilla y los cargos que ocuparon, de acuerdo con lo asentado en las correspondientes actas de la jornada electoral o de escrutinio y cómputo; y por último, las observaciones sobre las situaciones que se deriven de la comparación entre los distintos rubros del propio cuadro.

Del análisis detallado del cuadro que antecede y atendiendo a las características similares que presenta la integración de las mesas directivas de casilla, esta Sala estima lo siguiente:

A) Del análisis comparativo de los datos asentados en el cuadro anterior, se desprende que en la casilla 4164C1, los nombres y los cargos de las personas que el día de la jornada electoral actuaron como funcionarios de la mesa directiva de casilla, coinciden plenamente con los ciudadanos que aparecen en la lista de integración de dichos órganos colegiados, que fueron, originalmente designados y capacitados por la autoridad electoral administrativa para desempeñar las funciones respectivas, en los cargos de presidente, secretario y escrutador.

Ahora bien, no pasa desapercibida para esta Sala Electoral la afirmación del actor, de que en la substitución de funcionarios que se realizó en estas casillas, no se observó el procedimiento que establece el artículo 219 del código en comento.

No obstante, se considera que el incumplimiento en la prelación de la sustitución de funcionarios de casilla propietarios por los suplentes prevista en la ley, no se puede considerar como una irregularidad que traiga como consecuencia la nulidad de la votación emitida, ya que si en la sustitución no se siguió el orden establecido, ello en nada afecta los valores tutelados por la causal de nulidad invocada, puesto que se trata de funcionarios que fueron previamente designados y capacitados por el Instituto para fungir en cualquiera de dichos cargos.

Sustenta lo anterior la jurisprudencia S3ELJ 14/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, visible en la página 305, de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, que reza:

“SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS PROPIETARIOS DE CASILLA POR LOS SUPLENTES GENERALES PREVIAMENTE DESIGNADOS POR LA COMISIÓN MUNICIPAL. CUÁNDO NO CONSTITUYE CAUSAL DE NULIDAD (Legislación de Veracruz-Llave y similares)”. Se transcribe.

Por lo tanto, al no acreditase los supuestos normativos de la causal de nulidad de votación prevista en el artículo  314, fracción V, del Código Electoral, resulta INFUNDADO el argumento aducido respecto de la casilla en estudio.

B) Con relación a las casillas 4139B, 4140C1, 4157E1, y 4161C2 del cuadro comparativo se aprecia que los funcionarios designados por el Consejo Distrital, son los mismos que fungieron como tales el día de jornada electoral, independientemente de que se trate de suplentes o de propietarios que hayan realizado una función diversa a la originalmente encomendada.

Ahora bien, la figura de los funcionarios suplentes generales, está prevista en el artículo 196, fracción I, en relación con el 219, fracción I del código electoral local, y tiene por objeto reemplazar a los funcionarios titulares que por alguna causa no se presenten a cumplir con su obligación ciudadana de formar parte de las mesas directivas de casilla, por lo que al darse esta circunstancia, dichos puestos deben ser ocupados por los suplentes. En consecuencia, la sustitución de funcionarios titulares por suplentes, no actualiza la causal de nulidad de votación recibida en casilla, toda vez que estos ciudadanos fueron insaculados, capacitados y designados por su idoneidad para fungir como tales el día de la jornada electoral, con lo que se garantiza el debido desarrollo de la jornada electoral.

En tal virtud, es evidente que la sustitución de funcionarios en las mencionadas casillas, no lesiona los intereses del partido político actor, ni vulnera el principio de certeza de la recepción de la votación, al haberse recepcionado ésta, por funcionarios designados por el Consejo Distrital y, en consecuencia, al no actualizarse los supuestos normativos de la causal de nulidad de votación recibida en casilla prevista en el artículo 314, fracción V, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, resultan INFUNDADOS los agravios aducidos por el impugnante respecto de dichas casillas.

C) Respecto de la casilla 4170B, del análisis comparativo del cuadro esquemático se aprecia que uno de los funcionarios de la mesa directiva que actuaron el día de la jornada electoral, concretamente quien ocupó el cargo de escrutador, no fue designado por el Consejo Distrital respectivo.

En efecto, del análisis del acta de la jornada electoral y de las hojas de incidentes, respectivas, se asentó que la ciudadana Cira Nicolás Maldonado quien desempeñó el puesto de escrutadora, no aparece en el listado que contiene la segunda publicación de ubicación e integración de casillas publicado el día 15 de agosto del 2007.

No obstante ello, debe considerarse que cuando no se integre la mesa directiva por no presentarse alguno o algunos de los ciudadanos que fueron designados por el Consejo Distrital respectivo, para recibir la votación en las mesas directivas de casilla, se faculta al presidente en funciones para que habilite o designe a los funcionarios necesarios para suplir a los ausentes y proceder a su instalación; de no asistir ninguno de los propietarios y suplentes, el personal autorizado por el Consejo correspondiente tomará las medidas necesarias para su instalación, e inclusive, si a las 10:00 horas no se ha instalado la casilla, los representantes acreditados de los partidos políticos presentes los designarán por mayoría, de conformidad con lo establecido en las diversas fracciones del artículo 219, del Código Electoral Veracruzano.

Las diversas fracciones del precepto legal citado últimamente no establece limitante alguna para la sustitución de los funcionarios, sin embargo, el artículo 195 en su párrafo segundo establece claramente que las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos residentes en la sección electoral respectiva lo que implica, lógica y jurídicamente, que la sustitución de funcionarios deberá ser con personas de la misma sección (y que no sean representantes de los partidos políticos o coaliciones).

Como se puede apreciar, el legislador previó en la anterior disposición una norma específica, a efecto de que el día de la jornada electoral, si no se presenta alguno o algunos de los funcionarios de casilla, ésta se instale, funcione y reciba el voto de los electores, fijando las reglas para que se instalen las casillas en las que ocurra tal ausencia, estimando que no es posible cumplir con las formalidades de designación establecidas por el sistema ordinario, ni tampoco recurrir a ciudadanos que fueron capacitados, doblemente insaculados y designados para desempeñar las funciones en las casillas.

Entonces, el hecho de qua ciudadanos que no fueron designados previamente por el Consejo Distrital, actúen como funcionarios de casilla, no es motivo suficiente para acreditar que la votación se recibió por un órgano o personas distintas a las facultadas por el código electoral, pues en todo caso, la sustitución estuvo apegada a la normatividad vigente.

Empero, si se demuestra que las sustituciones se realizaron con personas que no están incluidas en el listado nominal de la sección, o bien son representantes de los partidos políticos o coaliciones, se tiene por acreditada la causal de nulidad que se invoca, pues con ello se pondría en entredicho el apego irrestricto a los principios de legalidad, certeza e imparcialidad del órgano receptor de la votación.

De esta manera, en la casilla en análisis se encuentra que la sustitución de ese funcionario se hizo con una electora de la sección correspondiente, cuyo nombre se encontraba incluido en el listado de la casilla impugnada, por lo que es evidente que en el caso concreto no se afecta la certeza de la votación recibida, pues la sustitución de funcionarios se hizo en los términos que señala la ley.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis relevante S3EL 019/97, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, publicada en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, páginas 767 y 768, cuyo rubro es el siguiente:

“SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL”. Se transcribe.

Consecuentemente, al no acreditarse los supuestos normativos de la causal de nulidad de votación recibida en casilla prevista en el artículo 314, fracción V, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, resulta INFUNDADO el agravio hecho valer en relación a la casilla cuya votación se impugna.

D) Respecto de la casilla 4107C1, del análisis comparativo del cuadro esquemático, se aprecia que el ciudadano Eusebio Jarillo Santiago, quien fungió en el cargo de escrutador no se encuentra inscrito en la lista nominal de la casilla o sección correspondiente.

En efecto, la causal de nulidad que se estudia, sanciona aquellas conductas irregulares ocurridas el día de la jornada electoral, consistentes en que la votación sea recibida por personas distintas a las autorizadas por la ley, esto es, que hayan intervenido funcionarios que no fueron autorizados por el Consejo Distrital, por no encontrarse en la segunda lista de ubicación e integración de casillas, no figurar en el acuerdo de sustitución emitido por la autoridad administrativa electoral en caso de existir, o por no ajustarse al procedimiento de sustitución que prevé el artículo 219 en relación con el 195, segundo párrafo, ambos del Código Electoral local, que establece que las sustituciones se realizarán, en principio, con los suplentes, y posteriormente, con ciudadanos residentes en la sección electoral respectiva, recayendo generalmente dicha designación en los electores que se encuentren en la casilla en espera de votar, y que, desde luego, deberán estar incluidos en la lista nominal de electores y no ostentar el carácter de representantes de partido político o coalición.

Ahora bien, como quedó acreditado en el acta de la jornada electoral, dicha casilla se integró con todos los funcionarios; sin embargo, de las documentales que se encuentran en autos se desprende que en la referida casilla, el escrutador de la mesa directiva no se encontró en el listado nominal de la sección correspondiente; por tanto, no reúne el requisito que establece el segundo párrafo del artículo 195, del Código Electoral Para el Estado de Veracruz, para ser funcionario de casilla, consistente en ser ciudadano residente en la sección electoral que comprenda a la casilla.

En el caso que se analiza, el ciudadano Eusebio Jarillo Santiago que fue designado para ocupar el cargo de escrutador, al no formar parte del listado nominal de la sección, no cumple con el requisito de referencia, por lo que debe considerarse que la recepción de la votación se hizo por persona distinta a las facultadas por la ley.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia S3ELJ 13/2002, sustentada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consultable en las páginas 259 y 260 de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005,  que dice:

“RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (Legislación de Baja California Sur y similares). Se transcribe.

En consecuencia, al actualizarse la causal de nulidad prevista en el artículo 314, fracción V, del Código Electoral local, resulta FUNDADO el agravio que hizo valer el actor respecto de dicha casilla.

NOVENO. Fracción VI. La parte actora invoca la causal de nulidad prevista en el artículo 314, fracción VI, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, misma que indica haber mediado dolo o error manifiesto en el escrutinio y cómputo, o en su caso, en el cómputo final de los votos que beneficie a uno de los candidatos o fórmula de candidatos y esto sea determinante para el resultado de la votación, respecto de un total de diez (10) casillas, mismas que a continuación se señalan: 4100B, 4100C1, 4100C3, 4140C1, 4143B, 4148C1, 4153B, 34157E1, 4164B y 4169B.

En su escrito de impugnación el promovente argumenta, en esencia, que el cómputo realizado en dichas casillas fue irregular, pues en las actas de escrutinio y cómputo de las mismas se aprecian errores numéricos indistintamente en los rubros de “total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal” “total de boletas depositadas en la urna” y “resultados de la votación”, lo cual es incorrecto, en virtud de que en condiciones normales tales rubros deben coincidir plenamente dada la estrecha vinculación que guardan entre sí, de ahí que tales errores beneficiaron a la coalición Alianza Fidelidad por Veracruz, por lo que al acontecer tales circunstancias, estima que se actualiza la causal de mérito respecto de ese universo de casillas.

Por su parte, la autoridad electoral responsable, en la parte conducente del informe circunstanciado, en relación con las casillas cuya votación se impugna, expone medularmente, que no le asiste la razón al incoante, pues del análisis que realice este órgano jurisdiccional en relación con dichas casillas, confirmará que no existe el error que señala el actor, por lo que deben declararse infundados los agravios hechos valer al respecto.

La Coalición Alianza Fidelidad por Veracruz, en su carácter de tercera interesada, respecto de las casillas impugnadas manifestó, básicamente, que deben declararse infundados los agravios aducidos por el inconforme, ya que es inexacto que haya habido error en la computación de los votos en las casillas que se impugnan, y aun cuando pudiesen existir errores o diferencias numéricas en las citadas casillas, las mismas son mínimas y no determinantes para considerar actualizada la causal de nulidad que se invoca.

Ahora bien, para determinar si en el presente caso se actualiza la causal de nulidad en estudio, respecto de las casillas cuya votación se impugna, se formulan las consideraciones siguientes:

El escrutinio y cómputo es el procedimiento por el cual, los integrantes de cada una de las mesas directivas de casilla, determinan: a) el número de electores que votó en la casilla; b) el número de votos emitidos en favor de cada uno de los partidos políticos o candidatos; c) el número de votos anulados por la mesa directiva de casilla; y, d) el número de boletas sobrantes de cada elección, atento a lo dispuesto las distintas fracciones del artículo 229 del Código Electoral para el Estado de Veracruz.

Los artículos 230, 231 y 232 del ordenamiento en consulta, señalan lo que debe entenderse por voto nulo y por boletas sobrantes; el orden en que se lleva a cabo el escrutinio y cómputo; las reglas conforme a las cuales se realiza, así como aquéllas mediante las que se determina la validez o nulidad de los votos.

Concluido el escrutinio y el cómputo de todas las votaciones, se levantará el acta correspondiente para cada elección, la que deberán firmar, sin excepción, todos los funcionarios y representantes de los partidos políticos o coaliciones, que actuaron en la casilla, de acuerdo con lo previsto por el artículo 230 fracción VIII, del código de la materia.

De las disposiciones en comento, se puede concluir que sancionar la inexacta computación de los votos, tutela el valor de certeza respecto del resultado electoral obtenido en cada casilla garantizando que éste refleje con fidelidad la voluntad de los electores que sufragaron.

Atendiendo a lo expuesto y de conformidad con lo previsto en el artículo 314, fracción VI, del código electoral local, la votación recibida en una casilla será nula, cuando se acrediten los supuestos normativos siguientes:

a) Que haya mediado error o dolo en la computación de los votos; y,

b) Que sea determinante para el resultado de la votación.

En cuanto al primer supuesto normativo debe precisarse que el “error”, debe entenderse en el sentido clásico de cualquier idea o expresión no conforme con la verdad o que tenga diferencia con el valor exacto y que, jurídicamente, implica la ausencia de mala fe. Por el contrario, el “dolo” debe ser considerado como una conducta que lleva implícita el engaño, fraude, simulación o mentira.

Por tanto, considerando que el dolo jamás se puede presumir sino que tiene que acreditarse plenamente y que, por el contrario, existe la presunción iuris tantum de que la actuación de los miembros de las mesas directivas de casilla es de buena fe; entonces, en los casos en que el actor, de manera imprecisa, señale en su demanda que existió “error o dolo” en el cómputo de los votos, el estudio de la impugnación de mérito se hará sobre la base de un posible error en dicho procedimiento, salvo cuando se aporten los medios de convicción idóneos y suficientes para acreditar el dolo.

En lo que respecta al estudio del diverso elemento que integra la causal de nulidad en estudio, consistente en que el error “sea determinante” para el resultado de la votación, se ha atendido preferentemente a dos criterios: el cuantitativo o aritmético, y el cualitativo.

Conforme con el criterio cuantitativo o aritmético, el error será determinante para el resultado de la votación cuando el número de votos computados de manera irregular, resulte igual o mayor a la diferencia numérica de los votos obtenidos por los (partidos políticos o coaliciones), que ocuparon el primero y segundo lugares de la votación, ya que de no haber existido ese error, el partido o coalición que le correspondió el segundo lugar, podría haber alcanzado el mayor número de votos.

Por otra parte, de acuerdo con el criterio cualitativo, el error será determinante para el resultado de la votación, cuando en las actas de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo, se adviertan alteraciones evidentes o ilegibilidad en los datos asentados o, en su caso, espacios en blanco o datos omitidos, que no puedan ser inferidos de las cantidades asentadas en las demás actas, o subsanados con algún otro documento que obre en el expediente y con esto se ponga en duda el principio de certeza de los resultados electorales.

Precisado lo anterior, para el análisis de la causal de nulidad que nos ocupa, esta Sala toma en consideración: a) las actas de la jornada electoral; b) de escrutinio y cómputo; c) hojas de incidentes; d) y e) las listas nominales de electores que se utilizaron el día de la jornada electoral, en las casillas cuya votación se impugna, documentales, que por tener el carácter de públicas de conformidad con el artículo 280, fracción I, del código electoral local y no existir prueba en contrario respecto a su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren, tienen pleno valor probatorio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 281, párrafo segundo, de la ley en cita.

En su caso, serán tomados en cuenta los escritos de incidentes, así como cualquier otro elemento probatorio presentados por las partes, que en concordancia con el citado artículo 281, tercer párrafo de la ley invocada, sólo harán prueba plena cuando a juicio de este órgano colegiado, los demás elementos que obran en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.

Del análisis preliminar de las constancias antes aludidas, y con el objeto de apreciar con claridad la existencia de algún error en la computación de los votos y evaluar si dicho error es determinante para el resultado de la votación, se presenta un cuadro comparativo en que, con relación a todas y cada una de las casillas cuya votación se impugna por la causal de nulidad en estudio, se (precisan los datos numéricos siguientes:

En la columna identificada bajo el número 1, se hace referencia a la cantidad de boletas recibidas para la elección que se impugna, y que comprende aquéllas que se entregan al presidente de casilla, para recibir la votación de los ciudadanos inscritos en la lista nominal y adicional, así como las que corresponden a los representantes de los partidos políticos o coaliciones acreditados ante la casilla; dato que se obtiene del apartado correspondiente del acta de la jornada electoral o, en su caso, de los recibos de documentación y materiales electorales entregados al presidente de la casilla.

En la columna señalada con el número 2, se hace referencia a la cantidad de boletas sobrantes, que son aquellas que, al no ser usadas por los electores el día de la jornada electoral, fueron inutilizadas por el secretario de la mesa directiva de casilla, dato que se toma del apartado respectivo del acta de escrutinio y cómputo.

En la columna que se identifica con el número 3, se consigna la cantidad que resulta de restar a las boletas recibidas las boletas sobrantes, y que se infiere representa el número de boletas que fueron utilizadas por los electores para emitir su voto en la casilla, razón por la cual, dicha cantidad servirá de comparativo con las anotadas en los subsecuentes tres rubros de la tabla, con los que guarda especial relación.

Así, en la columna señalada bajo el número 4, se anota el total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal; mientras que, en la columna número 5, se precisa el total de boletas depositadas en la urna y que son aquéllas que fueron encontradas en la urna de la casilla; cantidades que se obtienen de los recuadros respectivos del acta de escrutinio y cómputo.

En la columna identificada con el número 6, se anotan los resultados de la votación, cantidad que se obtiene de sumar los votos emitidos en favor de cada partido político o coalición, los relativos a los candidatos no registrados, así como los votos nulos, de acuerdo con los datos asentados en el acta de escrutinio y cómputo respectiva.

En la columna marcada con la letra A, se anotará la diferencia máxima que se advierta de comparar los valores consignados en las columnas 3, 4, 5 y 6, que se refieren a BOLETAS RECIBIDAS MENOS BOLETAS SOBRANTES, TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA NOMINAL, TOTAL DE BOLETAS DEPOSITADAS EN LA URNA y RESULTADOS DE LA VOTACIÓN.

En este sentido, se hace notar que las cantidades señaladas en las columnas de referencia, en condiciones normales deben consignar valores idénticos o equivalentes, debiendo existir congruencia y racionalidad entre ellas, en atención a que están estrechamente vinculadas entre sí, pues es lógico pensar que el número de boletas que se utilizaron en una casilla, debe coincidir tanto con la cantidad de ciudadanos que sufragaron en ella, como con el total de boletas depositadas en la urna y que fueron los votos emitidos por los propios electores, y que constituyen la votación recibida por cada uno de los partidos políticos o coaliciones contendientes; así como, en su caso, los votos emitidos a favor de candidatos no registrados y los votos nulos.

Consecuentemente, si las cantidades anotadas en las columnas 3, 4, 5 y 6 son idénticas, se podrá afirmar que no existe error en el cómputo de los votos, puesto que todas ellas concuerdan entre sí; sin embargo, cuando las referidas columnas contengan cantidades discrepantes, se considerará que existe un error en la computación de los votos, en estos casos, como se precisó, la diferencia máxima, deberá anotarse en la columna identificada con la letra A.

En la columna B, se indica la cantidad que corresponde a la diferencia numérica de los votos obtenidos por los partidos políticos o coaliciones que ocuparon el primer y segundo lugar de la votación de la casilla respectiva.

Dicha cantidad resulta de deducir al partido político o coalición que obtuvo la votación más alta, la que corresponde al segundo lugar, tomando como base las cifras anotadas en el apartado respectivo del acta de escrutinio y cómputo.

Ahora bien, con el objeto de dilucidar si el error detectado, es o no determinante para el resultado de la votación, éste deberá compararse con la diferencia existente entre el primer y segundo lugar de la votación, anotada en la columna B.

De tal suerte que, si la diferencia máxima asentada en la columna A, es igual o mayor a la diferencia de votos existente entre el primer y segundo lugar, se considerará que el error es determinante para el resultado de la votación, pues debe estimarse que de no haber existido dicho error, el partido que obtuvo el segundo lugar de la votación podría haber alcanzado el mayor número de votos, en este caso, en la columna identificada con la letra C, se anotará la palabra SI. Por el contrario, cuando el error no sea determinante, en la mencionada columna, se escribirá la palabra NO.

Es menester precisar, que la existencia de datos en blanco, ilegibles o discordantes entre apartados que deberían consignar las mismas cantidades, como son: el de BOLETAS RECIBIDAS MENOS BOLETAS SOBRANTES, TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA NOMINAL, TOTAL DE BOLETAS DEPOSITADAS EN LA URNA, o RESULTADOS DE LA VOTACIÓN, no siempre constituye causa suficiente para anular la votación recibida en casilla por la causal en estudio, de conformidad con la jurisprudencia S3ELJ 08/97, sostenida por la Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, publicada en las páginas 113 a 115, de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, Tercera Época, de rubro: “ERROR EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. EL HECHO DE QUE DETERMINADOS RUBROS DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO APAREZCAN EN BLANCO O ILEGIBLES, O EL NÚMERO CONSIGNADO EN UN APARTADO NO COINCIDA CON OTROS DE SIMILAR NATURALEZA, NO ES CAUSA SUFICIENTE PARA ANULAR LA VOTACIÓN”.

En efecto, cabe advertir que, en ocasiones, puede ocurrir que aparezca una diferencia entre los rubros del cuadro de estudio, cuya explicación puede obedecer, por ejemplo, a que algunos electores hayan destruido las boletas que se les entregaron o que se las lleven sin depositarlas en las urnas; asimismo, entre otros supuestos, también puede ocurrir que los funcionarios de la mesa directiva de casilla no incluyan entre los electores que votaron conforme a la lista nominal, a algún ciudadano por descuido, o bien, a los representantes de los partidos o coaliciones acreditados ante la respectiva casilla y que también hayan votado; ni aquellos ciudadanos que, en su caso, votaron por contar con resolución favorable para tal efecto del Tribunal Electoral, y que de haber ocurrido así, obviamente aparecería que hubo un mayor número de boletas depositadas en la urna, que el de aquel total de ciudadanas inscritos en la lista nominal que votaron.

En tal virtud, en aras de privilegiar la recepción de la votación emitida y la conservación de los actos de las autoridades electorales válidamente celebrados, en el supuesto de que se actualice alguna de las situaciones antes comentadas, se estará a lo siguiente:

Tomando en cuenta lo ya expresado, en el sentido de que, en condiciones normales, los rubros de BOLETAS RECIBIDAS MENOS BOLETAS SOBRANTES, CIUDADANOS QUE VOTARON CONFORME A IA LISTA NOMINAL, TOTAL DE BOLETAS DEPOSITADAS EN LA URNA Y RESULTADOS DE LA VOTACIÓN, deben consignar valores idénticos o equivalentes, cuando en uno de ellos conste una cantidad de cero o inmensamente inferior o superior a los valores anotados u obtenidos en los otros apartados, sin mediar explicación racional alguna, debe estimarse que el dato incongruente no deriva propiamente de un error en el cómputo de los votos, sino que se trata de una indebida anotación, que no afecta la validez de la votación recibida, teniendo como consecuencia la simple rectificación del dato, máxime cuando se aprecia una identidad entre las demás variables, o bien, la diferencia existente no es determinante para actualizar los extremos de la causal de nulidad en estudio.

Por otra parte, cuando en los documentos de los que se obtiene la información consignada en las diversas columnas del cuadro que se describe, aparezcan datos en blanco o ilegibles, se analizará el contenido de las demás actas y constancias que obren en el expediente, con el objeto de su obtención o rectificación, y determinar si existe o no error en el cómputo de los votos y, en su caso, si es o no determinante para el resultado de la votación.

De forma que, si de las constancias que obran en autos se puede obtener el dato faltan te o ilegible, pero éste no coincide con alguno de los asentados en cualesquiera de las columnas identificadas con los números 3, 4, 5 o 6 del cuadro que se comenta, para establecer la existencia de la determinancia del error correspondiente, se deben considerar los dos datos legibles o conocidos con relación al obtenido mediante diversa fuente.

Si esto no es posible, entonces deberá verificarse si la cifra correspondiente al rubro que aparece inscrito, coincide con el valor correspondiente a su similar, ya sea BOLETAS RECIBIDAS MENOS BOLETAS SOBRANTES, TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA NOMINAL, TOTAL DE BOLETAS DEPOSITADAS EN LA URNA o RESULTADOS DE LA VOTACIÓN, según sea el caso; si ambos rubros son iguales, se presumirá que el dato faltante o ilegible es igual a aquéllos y, por ende, que no existe error, máxime si el valor idéntico en ambos rubros, es igual al número de BOLETAS RECIBIDAS MENOS EL NÚMERO DE BOLETAS SOBRANTES.

Ahora bien, en el supuesto dé que los dos rubros conocidos o legibles, relativos al cómputo de votos, resulten discordantes, la diferencia o margen de error se deberá establecer con base en su comparación con la diferencia entre el primero y segundo lugar; si dicho error no resulta determinante para el resultado de la votación, entonces deberá conservarse la validez de la votación recibida.

Asimismo, cuando sólo se esté en presencia de espacios en blanco y, además, no sea posible la obtención de esos datos, a partir de diversa fuente para los efectos de su rectificación o deducción; entonces, se considerará que las omisiones de referencia, relacionadas con el procedimiento de escrutinio y cómputo ponen en duda, la imparcialidad de los funcionarios  de casilla, la certeza en el resultado de la votación, y, por ende, son determinantes para la misma, toda vez que no es posible conocer cuál es la voluntad del electorado.

Empero, en los supuestos en los que sí sea posible obtener la información faltante, ésta se anotará en el rubro que corresponda a efecto de subsanar el dato omitido y estar en posibilidad de establecer si existe o no error en el escrutinio y cómputo, y si éste es determinante para el resultado de la votación.

-Las cantidades con * (asterisco), fueron obtenidas de documentos diversos a las actas de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo, como lo son las listas nominales de electores.

-Las cantidades subrayadas (__), son desproporcionadas, incongruentes e ilógicas, no ajustadas a la realidad.

Del análisis del cuadro que antecede, y atendiendo a las coincidencias o discrepancias en el escrutinio y cómputo de los votos, esta Sala concluye lo siguiente:

A) En lo que respecta a la casillas 4100C1, del cuadro comparativo se aprecia que el rubro relativo a “boletas sobrantes” se encuentra en blanco, lo que impide obtener la cantidad que se debe asentar en la columna de “boletas recibidas menos boletas sobrantes” y “total de votos de la elección”; empero, existen en las tres primeras casillas señaladas, cantidades anotadas en los rubros de “total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal” y “resultados de la votación”, las cuales son numéricamente iguales, mientras que en las dos restantes casillas las cantidades consignadas en los rubros citados, son numéricamente aproximados entre si.

Por tanto, en el caso concreto, los rubros en blanco, no serán tomados en cuenta para determinar si hubo error o no en la computación de los votos, sino únicamente se atenderá a los rubros en donde sí existen cantidades, ello en aras de privilegiar la recepción de la votación emitida, para respetar la voluntad ciudadana y permitir la conservación de los actos públicos válidamente celebrados.

En tal virtud, si de la comparación de las cantidades anotadas en los rubros de “total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal” y “resultados de votación” de la casilla 4100C1, se advierte que las mismas coinciden plenamente, luego es claro que no existe error, y en consecuencia, no se configura el primer supuesto normativo de la causal de nulidad prevista en el artículo 314, fracción VI del Código Electoral para el Estado de Veracruz.

Sólo a mayor abundamiento, cabe destacar que no escapa a la consideración de esta Sala que del análisis de las actas de escrutinio y cómputo de esas casillas, se advierte que el rubro relativo a “total de boletas depositadas en la urna” se encuentra en blanco, datos que no es posible obtener de otros documentos, ya que la acción de extraer los votos de las urnas es un acto que materialmente sólo puede darse el día de la jornada electoral por los funcionarios de la mesa directiva de casilla.

Sin embargo, se considera que esa omisión no puede ser considerada como error en el cómputo de las casillas, ya que al comparar la cantidad asentada en el rubro “total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal”, con la que se registró en el rubro relativo a “resultados de la votación”, se advierte que existe plena coincidencia, lo que hace presumir que efectivamente los votos emitidos por los ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal, fueron los aplicados a los partidos políticos, a los candidatos no registrados y a los votos nulos, razón por la cual, es factible inferir que el “total de boletas depositadas en la urna” es una cifra igual a la asentada en los otros dos rubros mencionados, consecuentemente procede subsanar la omisión estudiada, y establecer que no existe error en la computación de los votos como inexactamente se alega por el partido accionante.

B) En las tres casillas siguientes: 4100C3, 4164B y 4169B, del cuadro comparativo se observa la existencia de cantidades desproporcionadas, ilógicas o incongruentes en algunos de los rubros del cuadro comparativo.

En efecto, en todas las casillas en análisis, aparece que en el rubro de “boletas recibidas menos sobrantes”, “total de boletas extraídas de la urna”,y “resultados de la votación”, se asentaron cantidades desproporcionadas, incongruentes e ilógicas comparadas con las que aparecen anotadas en los otros rubros de cada casilla, en donde se advierte que tales cantidades son numéricamente iguales entre sí; lo cual en concepto de quienes esto resuelven se considera incorrecto, ya que en condiciones normales los cuatro rubros relativos a “boletas recibidas menos sobrantes”, “total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal de electores”, “total de boletas extraídas de la urna” y “resultados de la votación”, deben ser coincidentes entre sí, y más aún con el rubro de “total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal de electores”, dado que el número de electores que acudió a sufragar en tales casillas, debe ser la misma cantidad de votos que aparezcan en ellas, y al no serlo, como sucede en la especie, se deduce que hubo una indebida anotación en los llenados de las actas respectivas por parte de los funcionarios de las mesas directivas de casilla.

Por esta razón en dichas casillas, no se tomarán en cuenta los rubros incongruentes e ilógicos, porque de hacerlo habría un error que superaría la diferencia de votos existente entre la coalición y el partido que ocuparon el primero y segundo lugares de la votación; de ahí que únicamente se atenderá a los rubros en donde sí existen cantidades de las características apuntadas, ello en aras de privilegiar la recepción de la votación emitida, para respetar la voluntad ciudadana y permitir la conservación de los actos públicos válidamente celebrados.

Por tanto, si en las casillas ,en análisis, se advierte que la diferencia máxima entre el rubro de “boletas recibidas menos boletas sobrantes”, “total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal” y “resultados de la votación”, es de 0 votos, respectivamente, y la que existe entre el partido político y la coalición que obtuvieron el primero y segundo lugares de la votación, es de 42 y 77 votos, respectivamente, luego entonces es claro que en tales casos no existe error, y al no acreditarse el primer elemento de la causal de nulidad prevista en el artículo 314, fracción VI del Código Electoral para el Estado de Veracruz, devienen INFUNDADOS los argumentos planteados por el partido promoverte, respecto de las referidas casillas.

Sirve de apoyo a las consideraciones anteriores, por su sentido, la jurisprudencia S3ELJ 08/97, sostenida por la Sala Superior del Tribunal Electora de Poder Judicial de la Federación publica en las páginas 113 a 115 de la  Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, Tercera Época, que dice:

“ERROR EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. EL HECHO DE QUE DETERMINADOS RUBROS DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO APAREZCAN EN BLANCO O ILEGIBLES, O EL NÚMERO CONSIGNADO EN UN APARTADO NO COINCIDA CON OTROS DE SIMILAR NATURALEZA, NO ES CAUSA SUFICIENTE PARA ANULAR LA VOTACIÓN”. (Se transcribe).

C). En las casillas 4100B y 4140C1, del cuadro comparativo se desprende que los restantes rubros relativos a “boletas recibidas menos boletas sobrantes”, “total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal”, y “resultados de la votación”, son discrepantes entre sí; hecho que se considera un error ocurrido en el momento de llevar a cabo el escrutinio y cómputo en la casillas, con lo cual se acredita el primer elemento de la causal de nulidad sometida a estudio.

Tal error se considera grave y trasciende al resultado de la votación recibida en esta casilla, puesto que se acredita que los votos computados de manera irregular, revelan una diferencia numérica mayor a la que existe entre el número de votos obtenidos por la coalición y el partido político que obtuvieron el primero y segundo lugares de la votación en esa casilla.

En efecto, se afirma lo anterior en virtud de que, como se puede constatar en el cuadro esquemático de la causal, la diferencia existente entre la coalición y el partido político que ocuparon el primero y segundo lugares en la casilla citada fue de 1 y 7 votos respectivamente; a su vez, la discrepancia máxima entre los rubros de “boletas recibidas menos boletas sobrantes”, “total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal”, y “resultados de la votación”, fue de 2 y 3 votos.

Como se puede apreciar en el párrafo que antecede, los votos computados de manera errónea y que constituyen las discrepancias que se reflejan en el multialudido cuadro, superan la diferencia de votos que existe entre la coalición y el partido político que ocuparon el primero y segundo lugares de la votación en esa casilla, por lo que al actualizarse los dos elementos que integran la causal de nulidad de votación recibida en casilla, prevista en la fracción VI del artículo 314, del Código Electoral para el Estado, se declara la nulidad de la votación recibida en dichas casillas, y en consecuencia, resultan fundados los agravios aducidos por el partido político actor al respecto.

Por ultimo, por cuanto hace a las casillas números 4143B, 4148C1, 4153B y 4157E1, es de advertirse que en un primer momento, el único rubro cierto que se tenía era el de resultados de la votación, toda vez que del análisis de las actas, se advertía que los demás rubros se encontraban en blanco, con lo cual, se estimó que dicho resultado, no podía considerarse como cierto, al no haber otro rubro de comparación, por lo que a efectos de obtener mayores  elementos de convicción, se subsanó el rubro de total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal, a través de las listas nominales utilizadas el día de la jornada electoral, sin embargo, los datos obtenidos, fueron discordantes, con los de resultados de la votación.

En tales circunstancias, a efecto de contar con mayores elementos para resolver, este órgano Jurisdiccional, consideró necesario realizar una diligencia para mejor proveer, de apertura de los paquetes respectivos, misma que siguiendo las formalidades de ley, se realizó en once de noviembre del año que se cursa, a efecto de tener los datos de las boletas sobrantes, empero al obtener diversas cantidades, que fueron discordantes con los que se contaba tanto en el acta respectiva y los de las listas nominales, los resultados de la diligencia efectuada no se toma en cuenta, y se toman como prevalecientes, los datos visibles con los que se cuenta y que emergen de las listas nominales y de las actas de escrutinio y computo, mismos que como ya se precisó, son discordantes entre si, hecho que se considera un error ocurrido en el momento de llevar a cabo el escrutinio y cómputo en las casillas, con lo cual se acredita el primer elemento de la causal de nulidad sometida a estudio.

Tal error, se considera grave y trasciende al resultado de la votación recibida en dichas casillas, puesto que se acredita que los votos computados de manera irregular, revelan una diferencia numérica mayor a la que existe entre el número de votos obtenidos por la coalición y el partido político que obtuvieron el primero y segundo lugares de la votación en esa casilla.

En efecto, se afirma lo anterior en virtud de que, como se puede constatar en el cuadro esquemático de la causal, la diferencia existente entre la coalición y el partido político que ocuparon el primero y segundo lugares en esas casillas, fue de 8, 60, 17 y 53; a su vez, la discrepancia máxima entre los rubros de “total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal”, y “resultados de la votación”, fue de 22, 71, 28 y 5 votos respectivamente.

Como se puede apreciar en el párrafo que antecede, los votos computados de manera errónea y que constituyen las discrepancias que se reflejan en el multialudido cuadro, superan la diferencia de votos que existe entre la coalición y el partido político que ocuparon el primero y segundo lugares de la votación en esa casilla, por lo que al actualizarse los dos elementos que integran la causal de nulidad de votación recibida en casilla, prevista en la fracción VI del artículo 314, del Código Electoral para el Estado, se declara la nulidad de la votación recibida en dichas casillas, y en consecuencia, resultan FUNDADOS los agravios aducidos por el partido político actor al respecto.

DÉCIMO. Fracción VII. La parte actora invoca la causal de nulidad prevista en el artículo 314, fracción VII, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, respecto de la votación recibida en la casilla 4118B.

En su escrito recursal, el partido político actor manifiesta que debe decretarse la nulidad de votación recibida en dicha casilla, porque en la misma se permitió votar a cuatro ciudadanos de nombres Juana Cruz Cruz, Silvino Castán Ramírez, Sotero Castán Ramírez y Angela Cruz Campos, cuyos nombres no están inscritos en la lista nominal de electores correspondiente, lo cual es ilegal.

La autoridad electoral, en la parte conducente del informe circunstanciado, no expresó nada al respecto.

Por su parte, la coalición tercera interesada también fue omisa en pronunciarse sobre el particular.

Ahora bien, para determinar, si en el presente caso y respecto de la casilla señalada, se actualiza la causal de nulidad en estudio, se estima conveniente formular las precisiones siguientes:

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, las personas con derecho a sufragar el día de la jornada electoral, serán aquéllas que estén inscritos en el padrón estatal electoral, estén incluidos en la lista nominal con fotografía, y cuenten con la credencial para votar con fotografía, no estar sujeto a proceso penal por el delito que merezca pena privativa de libertad, no estar cumpliendo pena privativa de libertad, no estar sujeto a interdicción judicial, no estar condenado por sentencia ejecutoria a la suspensión o pérdida de los derechos políticos, en tanto no haya rehabilitación; no estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta la prescripción de la acción penal.

Así, para que los ciudadanos puedan ejercer válidamente su derecho al sufragio, deben contar con su credencial para votar con fotografía, y también aparecer inscritos en el listado nominal de electores correspondiente a la sección de su domicilio, atento a lo establecido en los artículos 223, fracción II y III del Código Electoral para el Estado.

No obstante, de la interpretación gramatical del artículo 314, fracción VII, del Código Electoral para el Estado, se desprende que existen casos de excepción en que los ciudadanos pueden emitir su sufragio, sin estar inscritos en la lista nominal. Estas excepciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 224, fracción I, del Código Electoral para el Estado, comprende a:

1. Los representantes de los partidos políticos o coaliciones ante la mesa directiva de casilla donde estén acreditados;

2. Los electores en tránsito, que emiten el sufragio en las casillas especiales; y

3. Los electores que cuenten con resolución favorable emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el supuesto de que el Instituto Federal Electoral, por razón de los plazos legales o por imposibilidad técnica o material, no los pueda incluir debidamente en la lista nominal correspondiente o expedirles su credencial para votar.

De la lectura integral de las anteriores disposiciones, se concluye que la causal de nulidad de mérito tutela el principio de certeza, respecto de los resultados de la votación recibida en casilla, mismos que deben expresar fielmente la voluntad de los ciudadanos, la cual podría verse viciada, si se permitiera votar a electores que no cuenten con su credencial para votar o, que teniéndola, no estén registrados en el listado nominal.

En tal virtud, para decretar la nulidad de la votación recibida en casilla, con base en la causal prevista en el artículo 314, fracción VII, del Código Electoral para el Estado, se deben acreditar los supuestos normativos siguientes:

a) Que en la casilla se permita votar a personas sin derecho a ello, ya sea por no contar con su credencial para votar o cuyo nombre no aparezca en la lista nominal de electores; y

b) Que la anterior circunstancia sea determinante para el resultado de la votación recibida en la casilla.

Para que se acredite el primer supuesto normativo, es necesario que la parte promovente pruebe que hubo electores que emitieron su voto sin contar con su  credencial para votar con fotografía o sin estar incluidos en la lista nominal de electores de la sección correspondiente a su domicilio, siempre y cuando no estén comprendidos dentro de los casos de excepción previstos en el Código Electoral para el Estado de Veracruz.

En lo que respecta al diverso elemento que integra la causal de nulidad de mérito, consistente en que las irregularidades sean determinantes para el resultado de la votación, éste podrá estudiarse atendiendo al criterio cuantitativo o aritmético, o bien, al cualitativo.

De acuerdo con el criterio cuantitativo o aritmético, la irregularidad ocurrida será determinante para el resultado de la votación, cuando el número de votos emitidos en forma contraria a la ley, sea igual o superior a la diferencia existente entre los partidos políticos (o coaliciones), que ocuparon el primero y segundo lugares de la votación en la casilla, ya que de no haberse presentado las irregularidades de cuenta, el partido político (o coalición) que le correspondió el secundo lugar, podría haber alcanzado el mayor número de votos.

Por otro lado, de acuerdo con el criterio cualitativo, la irregularidad en comento podrá ser determinante para el resultado de la votación, cuando sin haberse demostrado el número exacto de personas que sufragaron de manera irregular, en autos queden probadas circunstancias de tiempo, modo y lugar que demuestren que un gran número de personas votaron sin derecho a ello y, por tanto, se afecte el valor de certeza que tutela esta causal.

Para determinar si se actualiza la causal de nulidad hecha valer, es necesario analizar las constancias que obren en autos, especialmente las que se relacionan con los agravios en estudio, consistentes en: a) acta de la jornada electoral; b) acta de escrutinio y computó; c) hoja de incidentes; y d) lista nominal de electores con fotografía, mismas que al tener el carácter de documentales públicas, y no existir prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren, se les otorga valor probatorio pleno, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 280, fracción I y 281, segundo párrafo del Código Electoral para el Estado.

Asimismo, se tomarán en cuenta los escritos que contengan impugnaciones con las pruebas documentales correspondientes que presenten los representantes de los partidos políticos que en concordancia con el citado artículo 281, segundo párrafo del código invocado, sólo harán prueba plena cuando a juicio de este órgano colegiado, los demás elementos que obran en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.

En este orden de ideas, se procede al análisis de la casilla impugnada, lo que se realiza en los términos siguientes:

El partido político accionante, señala que en la casilla 4118B, se permitió a cuatro ciudadanos emitir su voto en contravención a lo dispuesto por el artículo 223 del código de la materia.

En efecto, del análisis del acta de la jornada electoral, se pone de relieve que los representantes del partido impugnante no externaron inconformidad alguna en relación con el tópico cuestionado, empero, de la hoja de incidentes agregada en autos, se advierte que se asentó literalmente lo siguiente: “... No se encontró Cruz Campos Angela (414814924278), no se encontró Casta Ramírez Sotero (414814924278), no se encontró Casta Ramírez Silvino y a Cruz Cruz Juana (414814924288)...”.

Empero, en opinión de quienes esto resuelven, tal documental pública, adversamente a lo sostenido por el incoante en el agravio que se examina, es insuficiente para acreditar que en la casilla en comento ocurrió la irregularidad que señala, supuesto que de una sana y recta interpretación de lo allí asentado en dicha probanza, a lo sumo, se justifica que acudieron cuatro personas a votar en dicha casilla, pero más no lo hicieron porque los funcionarios de la mesa directiva no encontraron sus nombres incluidos en la lista nominal correspondiente, y tan ello es verdad que basta verificar el susodicho listado para advertir que efectivamente tales ciudadanos no aparecen incluidos, pero de ninguna manera puede acogerse, como lo pretende el actor, de que indebidamente se permitió sufragar a esos electores, pues en contraste con lo que argumenta, de la mencionada hoja de incidentes, en ningún momento se señala que se permitió a esas personas votar, pese a no estar incluido su nombre en dicho listado nominal.

Aunado a lo antes dicho, es de verse que la ineficacia del argumento esgrimido por el actor se patentiza aún más al sostener en su agravio, que “Tal como consta en el acta (sic) de incidentes, se encuentra asentado el nombre de cuatro personas que no aparecen, en el listado nominal siendo éstas: Juana Cruz Cruz, Silvirno Castán Ramírez, Sotero Castán Ramírez y Angela Cruz Campos, infiriéndose de esa anotación que dichas personas sufragaron en esta casilla sin haber cumplido con los requisitos establecidos en el artículo 175 párrafo primero y 223 fracciones I y III del código de la materia...”, es decir, el promovente tan sólo está presumiendo que esos ciudadanos emitieron su voto, pero lo cierto es que ninguna otra prueba allegó al sumario para demostrar fehacientemente que tales personas sí sufragaron en la casilla en análisis.

En consecuencia, si el partido inconforme en el presente asunto no aportó pruebas idóneas para acreditar sus aseveraciones, es inconcuso que incumplió con la carga probatoria que al respecto le impone el artículo 282, párrafo segundo, del Código Electoral veracruzano, en el sentido de que el que afirma está obligado a probar, por lo que al no estar acreditados los elementos constitutivos de la causal de nulidad establecida en el artículo 314, fracción VII, se declara INFUNDADO el argumento hecho valer sobre el particular.

DÉCIMO PRIMERO. La parte actora invoca la causal de nulidad prevista en el artículo 314, fracción IX del Código Electoral para el Estado de Veracruz, respecto de la votación recibida en siete (7) casillas, mismas que se señalan a continuación: 4166B, 4166C1, 4167B, 4167C1, 4168B, 4168C1, y 4169B

En la demanda, el actor manifiesta esencialmente, que en las casillas 4166B y 4166C1, actuó como representante del Partido Revolucionario Institucional el ciudadano Juan Jiménez Gomero, quien es suplente de Sub-Agente Municipal y Presidente del Comisariado Ejidal de la comunidad de Peña de Afuera; que asimismo, en las casillas 4167B y 4167C1 actuó como representante del Partido Revolucionario Institucional el ciudadano Vicente Méndez Ramírez, quien es Presidente del Comisariado Ejidal de la comunidad de Praxedis Guerrero; que igualmente, en las casillas 4168B y 4168C1 actuó como representante del Partido Revolucionario Institucional el ciudadano Esteban Hernández Santiago, quien es Presidente del Comisariado Ejidal de la comunidad de Las Pasas; y que en la casilla 4169B actuó como representante del Partido Revolucionario Institucional el ciudadano Reyes Hernández Islas, quien es suplente de Sub-Agente Municipal y escrutador en dicha casilla, por lo que tales circunstancias en su concepto actualizan la causal de nulidad que se examina, dado que la presencia y permanencia en el desarrollo de la votación en las mencionadas casillas por tales personas que ostentan esos cargos, a la postre generó un estado de intranquilidad entre los electores, porque independientemente que son servidores con mando de autoridad en esas comunidades, se consideran como representantes populares al ser electos de manera directa por los integrantes de esos lugares, y su presencia en tales casillas desde luego ejerció presión sobre el electorado, pues debido a sus cargos de representación y de las relaciones que mantienen con los ciudadanos, éstos vieron limitada su libertad de sufragio, máxime que en tratándose de zonas rurales en donde por costumbre el ciudadano común le guarda respeto y obediencia a las personas que tienen algún cargo de representación como es de Agente municipal o Sub Agente Municipal o Presidente del Comisariado Ejidal que mantiene relaciones con los ejidatarios y con los avecindados de las comunidades, puesto que requieren su auxilio para realizar ciertos trámites ante otras autoridades; de ahí que es claro que con la presencia de esas personas los ciudadanos inhibieron su voto, por lo que debe decretarse la nulidad solicitada.

Por su parte, en el informe circunstanciado, la autoridad responsable, en lo conducente: “…Atendiendo a la invocada fracción IX del numeral 314 del código de la materia y tomando en cuenta los hechos que alega el actor, debe señalarse que la actuación de los miembros de la mesa directiva de casilla, de los electores y de los representantes de los partidos políticos, durante la jornada electoral, debe darse en un marco de legalidad, libre de presión física o moral en el que la integridad objetividad e imparcialidad sean principios rectores y los votos de los electores sean expresión de libertad, secreto, autenticidad y efectividad, para lograr la certeza de que los resultados de la votación sea fiel reflejo de la voluntad de los ciudadanos y no se encuentren viciados por actos de presión o de violencia. En el caso concreto no se surte lo anterior tal como se puede desprender de las actas y documentales que se remiten para su estudio por lo que los actos impugnados se encuentran ajustados a derecho.”

La coalición tercera interesada fue omisa en pronunciarse sobre el particular.

Para efectos de determinar si en el presente caso se actualiza la causal de nulidad que hace valer el promovente respecto de la votación recibida en las casillas señaladas, se estima conveniente formular las precisiones siguientes:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 67, fracción I, inciso a) de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 115, del Código Electoral para el Estado, los actos de las autoridades electorales deben estar regidos por los principios de certeza, objetividad, legalidad, independencia e imparcialidad.

Para lograr que los resultados de la votación sean fiel reflejo de la voluntad de los ciudadanos y no se encuentren viciados por actos de presión o de violencia, las leyes electorales regulan las características que deben revestir los votos de los electores; la prohibición de actos de presión o coacción sobre los votantes; los mecanismos para garantizar la libre y secreta emisión de los votos y la seguridad de los electores, representantes de partidos políticos (o coaliciones) e integrantes de las mesas directivas de casilla; y, la sanción de nulidad para la votación recibida en casillas en las que se ejerza violencia física o presión sobre sus miembros o sobre los electores, siempre que esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación.

En esta tesitura, acorde con lo preceptuado por el artículo 116, fracción IV, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las elecciones de los gobernadores de los Estados, de los miembros de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realizarán mediante el sufragio universal, libre, secreto, y directo, quedando prohibidos los actos que generen presión o coacción a los electores.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 198, del Código de la materia, el presidente de la mesa directiva de casilla tiene entre otras atribuciones, la de mantener el orden en la casilla, en caso necesario con el auxilio de la fuerza pública, mandando a retirar a cualquier persona que lo altere, impida la libre emisión del sufragio, realice actos que afecte la autenticidad del escrutinio y cómputo, o intimide o ejerza violencia sobre los electores, los representantes de los partidos o los miembros de la Mesa Directiva de Casilla; suspender la votación en caso de alteración del orden, notificándolo al Consejo respectivo, quien resolverá lo conducente.

De la anterior disposición, es posible advertir que sancionar la emisión del voto bajo presión física o moral, tutela los valores de libertad, secreta, autenticidad y efectividad en su emisión, así como la integridad e imparcialidad en la actuación de los miembros de la mesa directiva de casilla, para lograr la certeza de que los resultados de la votación recibida, expresen fielmente la voluntad de los ciudadanos, y no están viciados con votos emitidos bajo presión o violencia.

En este orden de ideas, y de conformidad con lo previsto en el artículo 314, fracción IX del Código Electoral para el Estado, la votación recibida en una casilla será nula, cuando se acrediten los tres elementos siguientes:

a) Que exista violencia física o presión;

b) Que se ejerza sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores; y,

c) Que esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación.

Respecto al primer elemento, por violencia física se entiende la materialización de aquellos actos que afectan la integridad física de las personas y, presión es el ejercicio de apremio o coacción moral sobre los votantes, siendo la finalidad en ambos casos, provocar determinada conducta que se refleje en el resultado de la votación de manera decisiva.

Lo anterior, de acuerdo con el criterio sustentado por la Sala Superior en la tesis de Jurisprudencia identificada con la clave S3ELJD 01/2000 que se consulta en la Revista Justicia Electoral 2001, suplemento 4, páginas 31-32; y en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, páginas 228 y 229, cuyo rubro dice: VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA O LOS ELECTORES COMO CAUSAL DE NULIDAD. CONCEPTO DE (Legislación del Estado de Guerrero y similares).

Así por ejemplo, los actos públicos realizados al momento de la emisión del voto, orientados a influir en el ánimo de los electores para producir una preferencia hacia un determinado partido político, coalición, candidato, o para abstenerse de ejercer sus derechos político-electorales, se traducen como formas de presión sobre los ciudadanos, que lesionan la libertad y el secreto del sufragio.

El segundo elemento, requiere que la violencia física o presión se ejerza por alguna autoridad o particular, sobre los funcionarios de la mesa directiva de casilla o sobre los electores.

En cuanto al tercero, es necesario que el demandante demuestre los hechos relativos, precisando las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que se llevaron a cabo, porque sólo de esta forma se podrá tener la certeza de la comisión de los hechos generadores de tal causal de nulidad y si los mismos fueron determinantes en el resultado de la votación recibida en la casilla de que se trate.

Respecto a los dos últimos elementos mencionados, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sustentado el siguiente criterio, mismo que se refleja en la tesis de Jurisprudencia S3ELJ 53/2002, visible en la página 228 de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, cuyo rubro dice: VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS FUNCIONARIOS DE LA MESA DIRECTIVA O DE LOS ELECTORES, COMO CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA (Legislación del Estado de Jalisco y Similares).

Para establecer si la violencia física o presión es determinante para el resultado de la votación, se han utilizado diversos criterios ya que se ha considerado, que cuando existen actos que atentan contra la integridad física, o que impliquen una coacción moral o apremio sobre funcionarios de la mesa directiva o los electores de una casilla, se entiende que se están vulnerando los principios constitucionales antes aludidos, en especial, los que se refieren a la libertad y secrecía del voto.

Al igual que en todo proceso judicial, el contencioso electoral no se basa en simples dichos de las partes, sino que ellas tienen la obligación de probar sus afirmaciones, a través de los medios idóneos que permitan al juzgador llegar a conocer la verdad material de los hechos que rodean al caso concreto que se resuelva. Por ello en la causal que nos ocupa no basta que el inconforme señale en su escrito inicial que se cometieron tal o cuales irregularidades que pudiesen ser consideradas como violencia o presión, sino que es necesario que se ofrezcan medios de convicción que demuestren las condiciones de tiempo, modo y lugar en que se dieron los actos presuntamente violentos o de presión, a fin de generar en el animo de este órgano jurisdiccional la certeza de su comisión.

El mismo precepto legal que nos incumbe, establece que es necesario para actualizar la causal de nulidad además de la existencia de la violencia física o coacción comprobada que ello sea determinante para el resultado de la votación.

En este punto, la determinancia puede ser cuantitativa, cuando se demuestre el número exacto de votos emitidos bajo tales circunstancias y ello sea igual o mayor a la diferencia entre los partidos que obtuvieron el primero y segundo lugares; por otro lado la determinancia será cuantitativa cuando de los medios de prueba aportados se establezca que sin tenerse el número preciso de electores coaccionados, se demuestre que por el tiempo que duraron los actos anulatorios o alguna otra circunstancia de hechos que permita presumir que la violencia o presión se realizó sobre un gran número de ellos.

Establecido lo anterior, se procede al estudio de los hechos expuestos bajo los elementos de la causal de mérito, para lo cual se analizan las constancias que obran en los diversos expedientes relacionados con la impugnación del Ayuntamiento en el Municipio de Tuxpan, particularmente los documentos que en copia certificada fueron remitidos por el Delegado del Registro Nacional Agrario en relación con las diversas copias certificadas que ya obraban en el expediente y que fueron emitidas por el Delegado Estatal de la Procuraduría Agraria, véanse fojas nueve a quince de autos y los escritos solicitados al Tercer Regidor del Ayuntamiento de Tuxpan que están a fojas tres a ocho, todos de autos el Tomo II Cuaderno de Pruebas. Medios convictivos, de los cuales a las copias certificadas se da pleno valor probatorio por tratarse de documentales públicas, acorde a lo previsto en los artículos 281 y 280 fracción I inciso c); y los escritos solicitados al regidor se valoran acorde con lo establecido en el párrafo tercero del mencionado artículo 281, todos del Código Electoral para el Estado de Veracruz.

En los motivos de inconformidad aducidos por esta causal, medularmente se menciona que se ejerció presión sobre el electorado de las casillas referidas teniendo presente que: Juan Jiménez Gomero fungió como representante de la Coalición Alianza Fidelidad por Veracruz en la casilla 4166 Contigua 1, a pesar de ser Presidente del Comisario Ejidal y Agente Municipal Suplente de la Comunidad de Peña de Afuera y que ello influyó tanto en la casilla mencionada como la diversa 4166 B que fue instalada en el mismo Domicilio. Y que los mismos supuestos se observan en las casillas 4167 B y 4167 C1 donde fue representante de la misma Coalición ante la 4167 B, Vicente Méndez Ramírez siendo Presidente del Comisariado Ejidal de Praxedis Guerrero; y en las casillas 4168 B y 4167 C1 donde fungió como representante de la 4168 B, Esteban Hernández Santiago siendo Presidente del Comisariado Ejidal de la comunidad de la comunidad de Las Pasas. Aunado a que en la casilla 4169 B fungió como escrutador de la Mesa Directiva Reyes Hernández Islas quien es Agente Municipal Suplente de la Comunidad El Coyol.

Lo anterior, dice el recurrente porque, con su sola presencia generan presunción de que coaccionaron e inhibieron el voto dado el proselitismo que sus figuras representan, generan tranquilidad a los funcionarios de casilla y a los electores por los cargos que ostentan.

Ahora bien, para poder determinar si en el presente asunto se acredita la causal de nulidad de votación recibida en casilla invocada se procede de la manera siguiente:

A. En las casillas 4166 B, 4166 C1, 4167 B, 4167 C1, 4168 B, 4168 C1, se advierte que el impugnante señala que fungieron como representantes de la Coalición Alianza Fidelidad por Veracruz, los respectivos Presidentes del Comisariado Ejidal de los lugares en donde se instalaron las casillas correspondientes, traduciéndose ello en coacción o presión sobre los electores, por lo que, resulta procedente analizar, además del marco normativo propio de la causal que ya se refirió, el marco contextual y normativo que nos permita sustentar la determinación de la procedencia o improcedencia de la acción intentada.

Así, tenemos que los ejidos son núcleos de población constituidos en el medio rural, cuya forma de organización se encuentran reglamentadas en la Ley Agraria, de la cual podemos extraer para efectos de nuestro análisis, los siguientes artículos:

“Artículo 21.- Son órganos de los ejidos:

I.- La asamblea;

II.- El comisariado ejidal; y

III.- El consejo de vigilancia.

Artículo 22.- El órgano supremo del ejido es la asamblea, en la que participan todos los ejidatarios.

El comisariado ejidal llevará un libro de registro en el que asentará los nombres y datos básicos de identificación de los ejidatarios que integran el núcleo de población ejidal correspondiente. La asamblea revisará los asientos que el comisariado realice conforme a lo que dispone el párrafo.

Artículo 32.- El comisariado ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido. Estará constituido por un Presidente, un Secretario y un Tesorero, propietarios y sus respectivos suplentes. Asimismo, contará en su caso con las comisiones y los secretarios auxiliares que señale el reglamento interno. Este habrá de contener la forma y extensión de las funciones de cada miembro del comisariado; si nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionarán conjuntamente.

Artículo 33.- Son facultades y obligaciones del comisariado:

I.- Representar al núcleo de población ejidal administrar los bienes comunes del ejido, en los términos que fije la asamblea con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas;

 II.- Procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios;

III.- Convocar a la asamblea en los términos de la ley, así como cumplir los acuerdos que dicten las mismas;

IV.- Dar cuenta a la asamblea de las labores efectuadas y del movimiento de fondos, así como informar a ésta sobre los trabajos de aprovechamiento de las tierras de uso común y el estado en que se encuentren;

V.- Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido.

Artículo 34.- Los miembros del comisariado ejidal que se encuentren en funciones, estarán incapacitados para adquirir tierras u otros derechos ejidales excepto por herencia. ...”

De lo anterior, podemos deducir entre otras consecuencias, las siguientes:

1.- Que el Comisariado Ejidal, es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido.

2.- El Comisariado Ejidal estará constituido por un Presidente, un Secretario y un Tesorero, propietarios y sus respectivos suplentes.

3.- Que entre otras funciones tiene las de: a) Representar al nucleo de población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas; b) Convocar a la asamblea en los términos de la ley, así como cumplir los acuerdos que dicen las mismas;

4.- Que los miembros del comisariado ejidal que se encuentren en funciones, estarán incapacitados para adquirir tierras u otros derechos ejidales excepto por herencia.

De ello se sigue que la Ley Agraria, quiso dar un tratamiento especial a los miembros del Comisariado Ejidal, como representantes y apoderados del Ejido de que se trate, otorgándole incluso facultades para pleitos y cobranzas, así como para actos de administración.

Esto es, los miembros del Comisariado Ejidal, tienen en relación con los ejidatarios que representan, una cierta preeminencia, tan es así, que la ley reconoce que pueden ejercer influencia en un grado determinante sobre los ejidatarios, lo cual es entendible si tomamos en consideración que la actividad del ejido se desarrolla en el medio rural, en el cual, es un hecho público y conocido que se encuentra la población con mayor grado de marginación económica y social.

Tan es así, que la propia Ley Agraria contiene prohibiciones expresas para los miembros del Comisariado Ejidal, como la de adquirir tierras dentro del núcleo ejidal. Por lo tanto, se puede decir que la ley reconoce que los miembros del Comisariado Ejidal pueden ejercer presión sobre las personas que los han elegido; de otra forma no se entendería la prohibición que se aduce desde la propia Ley.

Y si ello es así, no se aprecia la razón para que en materia electoral sea distinto, es decir, que no se pueda considerar que los miembros del Comisariado Ejidal, deban estar impedidos para desempeñar cargos o funciones electorales en los cuales por razón de su encargo, pudieran ejercer presión o influencia sobre los electores, siempre que ellos fuesen al mismo tiempo, ejidatarios.

Dicho en otras palabras, si un miembro del Comisariado Ejidal ejerce funciones de representante de un partido político el día de la jornada electoral, precisamente en la localidad en la que ejerce al mismo tiempo funciones de Comisariado Ejidal, debe tenerse por acreditado que puede ejercer presión sobre los electores; siempre que éstos sean al mismo tiempo ejidatarios, que están de alguna manera bajo su control.

Cabe precisar que ello, solo es dable en aquellos lugares o localidades en que por su tamaño y ubicación son identificables los ciudadanos en lo particular, ya que bien es sabido, que existen zonas urbanas en las que los asentamientos humanos están sobre tierras ejidales, cuyas parcelas se han fraccionado para constituir núcleo de población mayores.

En cambio, existen todavía localidades en el medio rural en los que la densidad del población no es elevada, y es precisamente en sitios como esos, que se estima que los miembros del Comisario Ejidal, pueden ejercer presión sobre los electores, quienes son al mismo tiempo, ejidatarios del núcleo en que está ubicada la casilla en la cual ejercen funciones como representantes del partido.

Así, en el caso a estudio, tenemos los documentos consistentes en:

1. Copias certificadas de la Relación de Representantes Propietarios y Suplentes de la Coalición Alianza Fidelidad por Veracruz, entre otros de las secciones 4166, 4167 B, 4168 y 4169 del Municipio de Tuxpan (fojas ciento sesenta a ciento ochenta y dos del Tomo III Cuaderno de Pruebas);

2. Copia de la Resolución de Agentes Municipales propietarios y suplentes en el Municipio de Tuxpan, Veracruz; (fojas tres a seis del Tomo II Cuaderno de pruebas);

3. Copia Certificada de los listados de Núcleos Agrarios y nombres de los integrantes de los órganos de Representación y Vigilancia de diversos Municipios, entre ellos, Tuxpan (fojas nueve a quince del Tomo II Cuaderno de Pruebas);

4. Oficios DAV/A.2978/07 y DAV/A.301/07 signado por el Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional de la Secretaria de la Reforma Agraria (fojas doscientos noventa y seis del tomo (VII);

5. Copias certificadas de los planos de las Comunidades: Las Praxedis Guerrero y Peña de Afuera (fojas doscientos noventa y dos a doscientos noventa y cuatro de autos del Tomo VII;

6. Copias certificadas de las relaciones de las Autoridades Ejidales y de los integrantes del núcleo Ejidal de las comunidades mencionadas (fojas doscientos noventa y siete a trescientos veinticinco del tomo VII);

7. Publicación Oficial de la ubicación e integración de Mesas Directivas de Casilla -Encarte- de dos de Septiembre de dos mil siete correspondiente al Distrito de Tuxpan (fojas tres a cincuenta y seis del Tomo IV);

8. Actas de Jornada electoral y de escrutinio y Cómputo de las casillas de las secciones 4166, 4167, 4168 y 4169.

A las citadas documentales, se les concede valor probatorio de conformidad con lo previsto en los artículos 280 y 281 del ordenamiento electoral local.

De los documentos analizados, se desprende, que las casillas 4166 B y C, 4167 B y C; 4168 B y C, están ubicadas en el medio rural, es decir, se trata propiamente de rancherías, pues obran en actuaciones (fojas doscientos noventa y tres a doscientos noventa y cinco del Tomo siete de pruebas requeridas a la autoridad), los planos de los correspondientes ejidos, en los que se observa que se encuentra identificada la ubicación del asentamiento humano, y alrededor de dicho núcleo se encuentran las tierras parceladas, las tierras de uso común, etcétera.

Se cuenta también, con el dato de que dichos ejidos cuentan con un poco más mil hectáreas cada uno; e inclusive, de la lista nominal de electores de las casillas en estudio se aprecia que los electores tiene como domicilio: “domicilio conocido”, o “Peña de Afuera s/n”, “Las Pasas s/n”, “Praxedis Guerrero”, etcétera, consecuentemente es valido sostener que se trata de lugares con población reducida.

Igualmente, está plenamente acreditada la calidad de Presidente del Comisariado Ejidal, de los señores Juan Jiménez Gomero, Vicente Méndez Ramírez y Esteban Hernández Santiago, así como su calidad de Representantes Propietarios de la Coalición Alianza Fidelidad por Veracruz, en las casillas 4166 C, 4167 B y 4168 B, respectivamente, pertenecientes al Municipio de Tuxpan Veracruz, para la elección de Ayuntamiento.

También esta demostrado que las casillas 4166 B y C, fueron instaladas en el mismo domicilio: Escuela Primaria Federal Ursulo Galván, Domicilio conocido. Cong. Peña de Afuera; que las casillas 4167 B y C, fueron ubicadas en el Domicilio Conocido. Cong. Praxedis Guerrero; y que las casillas 4168 B y C, fueron instaladas en la Escuela Primaria Estatal Enrique Rodríguez Cano. Domicilio Conocido Cong. Las Pasas.

Asimismo, está acreditado que: Peña de Afuera, Praxedis Guerrero y Las Pasas son lugares colindantes y que, como ya se mencionó dadas sus características son lugares con poca población

Corre agregada en autos, tanto la relación de miembros de los Ejidos Praxedis de Guerrero, Las Pasas y Peña de Afuera, misma que fuera remitida por el Regidor Agrario Nacional, como las listas nominales de electores utilizadas en las casillas que se instalaron precisamente en dichas comunidades.

Del análisis de dichos documentos se observa que existe coincidencia entre los nombres de las personas de la lista nominal con los nombres de la relación ejidatarios, posesionarios y avecinados (asignación de solares). Destacándose que esa asignación de solares es revisada por Acuerdo de la Asamblea Ejidal, misma que es presidida por el Presidente del Comisariado Ejidal, por tanto, es claro que éste último puede influir sobre todos integrantes del núcleo ejidal.

Además, está demostrado que Juan Jiménez Gomero, Vicente Méndez Ramírez y Esteban Hernández Santiago, permanecieron durante el lapso de la jornada electoral en el centro de recepción de la votación, pues sus datos están asentados en su calidad de representantes de la coalición “Alianza Fidelidad por Veracruz”, en las casillas donde fueron acreditados, como se puede observar de las actas utilizadas el día de la jornada electoral (en donde se asentó que al inicio y cierre de la votación que fue entre las ocho y ocho y quince y hasta las dieciséis horas), y de escrutinio y cómputo (en donde se observa que las mencionadas personas firmaron lo que indica que estuvieron presentes en ese procedimiento).

Con base en lo anterior y considerando que tanto las casillas básica como contigua se instalaron juntas; que las congregaciones tienen una población pequeña y que son colindantes; aunado al hecho que si se observan las listas nominales de electores que obran en autos y se comparan con la relación de ejidatarios, avecindados, y miembros del Ejido, perteneciente a cada una de las comunidades referidas (fojas doscientos noventa y siete a trescientos veinticinco del tomo VII), se puede notar que gran parte de ellos son ciudadanos inscritos en las listas nominales de las secciones 4166, 4167 y 4168.

Así también, razonando que estos Presidentes del Comisariado Ejidal, estuvieran durante todo el día de la jornada y que como Representantes de la Coalición debidamente acreditados ante las Mesas Directivas de Casilla correspondientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 211 del Código Electoral del Estado de Veracruz, tienen derecho de realizar una serie de actividades el día de la jornada electoral que van desde participar en la instalación de la casilla y contribuir al buen desarrollo de sus actividades hasta la clausura (que incluye por supuesto el escrutinio y cómputo), así como el derecho de observar y vigilar el desarrollo de la elección, así como presentar los escritos de incidentes y/o de protesta que crea convenientes; esto es, como representantes tiene una actuación participativa dentro de la jornada electoral, se concluye que la permanencia de Juan Jiménez Gomero, Vicente Méndez Ramírez y Esteban Hernández en las casillas 4166 C, 4167 B y 4168 B, es razón suficiente para estimar los hechos como irregularidades graves, pues su sola presencia en las casillas en cita, es razón suficiente para considerar que ejercieron presión y/o coacción sobre el electorado y que ello fue determinante, teniendo en cuenta los bienes que jurídicamente son protegidos durante la jornada electoral, acorde a los dispositivos 218 a 228, en especial el 223, del ordenamiento electoral veracruzano (libertad y secrecía del voto), toda vez que los ciudadanos habrán de manifestar su voluntad para determinar las personas que integrarán los órganos de gobierno, los que solo por esta vía se entenderán legitimados para el ejercicio de un cargo público, siendo las propias leyes supremas federal y estatal, las que establecen el carácter libre y secreto del voto (artículo 41 de la Constitución Federal y 18 de la Constitución Local).

En este contexto, la infracción de la norma en cuestión implica la trasgresión misma al valor tutelado por el legislador, pues se reitera, los Presidentes del Comisariado Ejidal, identificados con un partido político, representantes del mismo ante una población pequeña, en zona rural, donde hay preponderamente ejidatarios precisamente en el lugar establecido como centro de votación, implica un acto de inducción al voto a favor del instituto político que representa, al convertirse en una figura que la población lo conoce, identifica y sabe de sus actividades,

Y, desde una perspectiva cualitativa, es clara la vulneración a los principios rectores de la función electoral como lo son la confiabilidad de la elección desarrollada, la equidad en la contienda y la certeza (artículo 67 de la Constitución Política local, en relación con el 115, segundo párrafo del ordenamiento electoral), pues es de llamar la atención, que fue un hecho reiterado nombrar y acreditar como representantes de casilla de la Coalición, a Presidentes de Comisariado Ejidal, que, aunque no expresamente, si de manera implícita, dadas sus características y las circunstancias particulares de las zonas en que ejercieron tal función, tenían una prohibición para serlo; pues el electorado (gran parte perteneciente al Núcleo Ejidal) los tenia identificados y a la vez relacionados con la entidad política que los nombró.

Además se insiste, hay que tener presente que las Congregaciones donde se realizó esto son pequeñas, las personas se conocen, y que el nivel social, económico y cultural presenta carencias. En esas circunstancias, se infringió la norma que determina que durante la jornada electoral debe imperar la libertad y secrecía del voto (artículos 218 a 288 del Código Electoral)

Sirven de apoyo a lo anterior, mutatis mutandis, las siguientes tesis de jurisprudencia:

AUTORIDADES DE MANDO SUPERIOR. SU PRESENCIA EN LA CASILLA COMO FUNCIONARIO O REPRESENTANTE GENERA PRESUNCIÓN DE PRESIÓN SOBRE LOS ELECTORES (Legislación de Colima y similares).—(Se transcribe).

AUTORIDADES COMO REPRESENTANTES PARTIDISTAS EN LAS CASILLAS. HIPÓTESIS PARA CONSIDERAR QUE EJERCEN PRESIÓN SOBRE LOS ELECTORES (Legislación de Sinaloa).—(Se transcribe).

En base a ello, y teniendo presente además que las casillas básicas y contiguas de las secciones 4166, 4167 y 4168, fueron instaladas en la misma ubicación, se considera que efectivamente se ejerció presión sobre los electores, y que dicha presión, si fue determinante cualitativamente para el desarrollo de la votación, actualizándose con ello, el segundo elemento de la causal de nulidad de votación en estudio.

Por tanto, al resultar fundados los agravios expuestos por el recurrente, lo procedente es declarar la nulidad de la votación recibida en las casillas 4166 B, 4166C, 4167 B, 4167C, y 4168 B y 4168C.

B. Finalmente, debe decirse que es infundado el argumento hecho valer en relación con la casilla 4169 B, pues aunque está demostrado con las actas de jornada electoral y escrutinio y cómputo, que Reyes Hernández Islas, fungió como representante de la Coalición Alianza Fidelidad por Veracruz; como el mismo actor, lo aduce y está acreditado en autos ostenta el cargo de Agente Municipal Suplente de la Comunidad del Coyol, y en esa tesitura, no pudo ejercer influencia alguna en la comunidad, primeramente porque no ejerce el cargo y en segundo lugar, en este caso en particular, por sus actividades no puede ejercer coacción sobre los electores, ya que las mismas, consisten por ejemplo, en manejar programas sociales de apoyo a las comunidades, o bien, manejar recursos, o repartir bienes trascendentes para los integrantes de la comunidad, etcétera, que conlleven capacidad de mando, dirección, influencia.

En consecuencia, se estima que no se acredita el primer elemento de la causal de nulidad en comento, y por ende, resulta infundado el argumento vertido por el actor, en relación a dicha casilla.

DÉCIMO SEGUNDO. En su demanda la parte actora hace valer la causal de nulidad prevista en la fracción XI, del artículo 314 del Código Electoral local, respecto de la votación recibida en cinco (5) casillas que se señalan a continuación: 4139B, 4140C1, 4157E1, 4161C2 y 4164C1.

En su escrito recursal, el actor manifiesta, esencialmente, que en las actas de jornada electoral y de escrutinio y cómputo de tales casillas, no aparecen algunos nombres y firmas; que en otras sí aparecen los nombres de los funcionarios, pero no aparecen sus firmas; mientras que en otras sólo aparecen los nombres de algunos funcionarios, pero nos sus firmas, de ahí que esas circunstancias en su parecer, se actualiza la causal de nulidad invocada, porque al no constar sus firmas en las referidas actas, quiere decir que no estuvieron presentes los funcionarios el día de la jornada electoral, y mucho menos en el escrutinio y cómputo de esas casillas.

La autoridad responsable y el tercero interesado, al respecto, no formulan ningún pronunciamiento.

Para efectos de determinar si en el presente caso se actualiza la causal de nulidad que hace valer la parte promovente respecto de la votación recibida en las casillas señaladas, se estima conveniente formular las precisiones siguientes.

De una interpretación sistemática y funcional de lo establecido en el artículo 314 del Código Electoral Veracruzano, se advierte que, en las fracciones I a la X, se contienen las causas de nulidad de votación recibida en casilla, consideradas específicas.

Las referidas causas, se encuentran identificadas por un motivo específico y contienen referencias de modo, tiempo, lugar y eficacia, las cuales deben actualizarse necesaria y concomitantemente, para el efecto de que se tenga por acreditada la causal respectiva y se decrete la nulidad de la votación recibida en casilla.

Por otra parte, la fracción XI de dicha norma, prevé una causa de nulidad genérica de votación recibida en casilla diferente a las enunciadas en los incisos que le preceden, ya que aun cuando se trata de disposiciones que pueden tener un mismo efecto jurídico (la nulidad de la votación recibida en casilla), poseen elementos normativos distintos.

Así lo ha considerado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la jurisprudencia S3ELJ 40/2002, que se publica en las páginas 205 y 206, de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, que dice:

“NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. DIFERENCIA ENTRE LAS CAUSALES ESPECÍFICAS Y LA GENÉRICA”. (Se transcribe).

En este orden de ideas, los elementos que integran la causal de nulidad de votación recibida en casilla prevista en el artículo 314, fracción XI, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, de conformidad con la tesis relevante identificada con la clave S3EL 032/2004, aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consultable en las páginas 730 y 731, de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, de rubro “NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. ELEMENTOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA CAUSA GENÉRICA (Legislación del Estado de México y similares)”, son los siguientes:

a) La existencia de irregularidades graves

Se actualiza cuando el ilícito o infracción vulnera principios, valores o bienes jurídicos relevantes o fundamentales previstos y protegidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz, el Código Electoral del Estado de Veracruz o cualquier norma jurídica de orden público y observancia general, incluidos los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano, siempre que su cumplimiento o respeto sea necesario para el desarrollo y conclusión del proceso electoral.

b) El acreditamiento pleno de las irregularidades graves

Consiste en que la irregularidad grave esté plenamente acreditada, se obtiene con la valoración conjunta de las pruebas documentales públicas o privadas, técnicas, periciales, reconocimiento e inspección ocular, presuncional legal y humana, así como instrumental de actuaciones, según consten en el expediente, sobre la base de las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, por las que el órgano de decisión llegue a la convicción de que efectivamente ocurrió la irregularidad grave, sin que medie duda alguna sobre la existencia y circunstancias de los hechos controvertidos objeto de prueba.

c) La irreparabilidad de las irregularidades durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo

Este elemento se da, cuando no hay posibilidad jurídica o material para corregir, enmendar o evitar que los efectos de esa irregularidad trasciendan o se actualicen en el momento que se llevan a cabo los comicios, en términos de lo previsto en el artículo 218 párrafo segundo del Código Electoral del Estado de Veracruz.

d) La evidencia de que las irregularidades ponen en duda la certeza de la votación

Este elemento debe ser de tal magnitud, características o calidad que, en forma razonable, haga dubitable la votación afectando la certeza o certidumbre sobre ella, esto es, debe advertirse de forma manifiesta que la votación no se recibió atendiendo el principio constitucional de certeza que rige la función electoral, y por ende la voluntad del elector emitida a través del voto, no ha sido respetada.

e) Las irregularidades deben ser determinantes para el resultado de la votación recibida en casilla

Las irregularidades deben analizarse desde dos puntos de vista, el cuantitativo y cualitativo; el primero, se utilizará cuando las irregularidades trasciendan al resultado de la votación recibida en la casilla, porque exista la posibilidad racional de que defina las posiciones que cada fórmula de candidatos o planilla postulada por los diversos partidos políticos ocupe en la casilla, mientras que el segundo, cuando las irregularidades que se registren en una casilla sean de tal gravedad o magnitud, que por su número o características, también pueda racionalmente establecerse una relación causal con las posiciones que se registren en la votación recibida en la casilla entre las distintas fuerzas políticas.

Lo anterior encuentra apoyo jurídico en la jurisprudencia S3ELJ 39/2002 emitida por la Sala Superior, publicada en las páginas 201 y 202, de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, Tercera Época, que dice:

“NULIDAD DE ELECCIÓN O DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA CASILLA. CRITERIOS PARA ESTABLECER CUÁNDO UNA IRREGULARIDAD ES DETERMINANTE PARA SU RESULTADO”. (Se transcribe).

Asimismo, cabe decir, que las irregularidades a que se refiere la fracción XI del numeral 314 del código de la materia pueden actualizarse antes de las ocho horas del primer domingo de septiembre del año de la elección, siempre y cuando sean actos que por su propia naturaleza pertenezcan a la etapa de la jornada electoral, durante ésta o después de la misma, siempre y cuando repercutan directamente en el resultado de la votación.

De igual manera, conviene aclarar que la suma de irregularidades con las que se pretenda acreditar causas de nulidad específicas contenidas en las fracciones I al XI del artículo 314 del código comicial veracruzano, de ninguna manera podrán configurar la causal de nulidad en estudio

Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia S3ELJ 21/2000 sustentada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación visible en la página 302, de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, Tercera Época, que reza:

“SISTEMA DE ANULACIÓN DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA CASILLA, OPERA DE MANERA INDIVIDUAL”. (Se transcribe).

Precisado lo anterior, esta Sala se avoca al estudio de los agravios formulados por el accionante.

En efecto, del análisis del acta de escrutinio y cómputo de la casilla 4139B, en el apartado, relativo al cierre, se advierte que aparece el nombre de la escrutadora Lucía Loya Hernández, pero no su firma; asimismo del acta de la jornada electoral de la casilla 4140C1 en el apartado del cierre de la votación, aparece el nombre, pero no su firma; igualmente, del análisis del acta de la jornada electoral en el apartado del cierre de la votación, se advierte que aparece el nombre de la escrutadora Rocío Del Ángel Bautista, pero no su firma; también del examen de las actas de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo de la casilla 4157E1, aparece sólo el nombre de la escrutadora Zoila Santiago Cáceres, sin embargo en ambas actas no consta su firma; igualmente en relación a la casilla 4161C2, es pertinente destacar que, en el acta de la jornada electoral, en el apartado del cierre de la votación, no aparecen el nombre ni la firma del funcionario que fungió como escrutador; y finalmente, del análisis del acta de escrutinio y cómputo de la casilla 4164C1, en el apartado relativo al cierre, aparecen los nombres del presidente y de la escrutadora, pero no constan sus firmas.

Sin embargo, en opinión de quienes esto resuelven las circunstancias acabadas de narrar no impiden considerar que las mencionadas casillas quedaron debidamente integradas, por las razones siguientes.

En efecto, de la interpretación lexicográfica del artículo 197 del código de la materia, nos permite concluir, en principio que los funcionarios de la mesa directiva de casilla tienen la obligación de firmar todas las actas que se expidan; no obstante el hecho de que uno o varios de ellos omitieran cumplir tal obligación, no lleva a concluir necesariamente que dichos funcionarios no se encontraban presentes durante la instalación, ya que de acuerdo a la lógica y la experiencia de este órgano colegiado, el día de la jornada electoral, los actos que deben realizar para estar en condiciones de recepcionar la votación y los diversos documentos que deben requisitar y firmar, puede dar lugar a la falta de firma de quienes intervienen, por diversas razones que van desde el simple olvido hasta la negativa de hacerlo o la falsa creencia que ya se asentó la misma.

De ahí que la falta de firma de los funcionarios de las casillas en el apartado correspondiente, no presupone que no hayan estado presentes en dicho momento de la jornada electoral, menos aún que la votación se haya recibido por personas u órganos distintos a los legalmente facultados, situación que se confirma, cuando en algunos casos aparecen firmados el apartado de cierre de la votación y el acta de escrutinio y cómputo, pues existe la presunción, iuris tantum, que dichos funcionarios se encontraron presentes durante toda la jornada electoral.

Además, debe tenerse en cuenta que el enjuiciante no aportó al sumario algún otro elemento de prueba, que acredite, por un lado, que la falta de firma de esos funcionarios se debió porque realmente no estuvieron presentes el día de la jornada electoral o en el escrutinio y cómputo; y por el otro, tampoco justificó que la votación recibida en las casillas controvertidas estuviese viciada por alguna irregularidad derivada de la falta  de firma de algunos funcionarios, por lo que debe confirmarse la validez y legalidad de dichas votaciones, sin que se tenga por acreditada la causal hecha valer.

Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia S3ELJ 01/2001 sustentada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación visible en las páginas 10 y 11, de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, Tercera Época, de epígrafe y contenido siguientes:

“ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. FALTA DE FIRMA DE ALGÚN FUNCIONARIO DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA, NO ES SUFICIENTE PARA PRESUMIR SU AUSENCIA (Legislación de Durango y similares)”. (Se transcribe).

Así como la Jurisprudencia S3ELJ 17/2002 sustentada por la susodicha Sala Superior, inserta en las páginas 13 y siguiente, de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, Tercera Época, de epítome y sinopsis siguientes:

“ACTA DE JORNADA ELECTORAL. LA OMISIÓN DE FIRMA DE FUNCIONARIOS DE CASILLA NO IMPLICA NECESARIAMENTE SU AUSENCIA”. (Se transcribe).

En esa tesitura, al no acreditarse los supuestos normativos de la causal de nulidad prevista en el artículo 314, fracción XI, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, se declaran INFUNDADOS los argumentos aducidos por el incoante respecto de dichas casillas.

DÉCIMO TERCERO. Efectos de la resolución. Como quedó precisado en el considerando SEXTO, resultaron fundados los agravios del actor por cuanto hace a las casillas 4156B, 4156C1, 4156C2 y 4156C3; en el OCTAVO, en relación a la casilla 4107C1; en el NOVENO, en las casillas 4100B, 4140C1, 4148B, 4148C1, 4153B y 4157E1; y en el DÉCIMO PRIMERO, en las casillas 4166B, 4166C1, 4167B, 4167C1, 4168B y 4168C1, toda vez que se actualizaron las causales de nulidad de votación recibida en casillas previstas en el artículo 314 fracciones I, V, VI y IX, respectivamente del Código Electoral para el Estado de Veracruz; por tanto, esta Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 303 fracción II del Código invocado, declara la nulidad de la votación recibida en dichas casillas, correspondientes al Municipio de Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, por lo que se procede a efectuar la suma de la votación que ha sido anulada, extrayendo de las actas de escrutinio y cómputo de las casillas de referencia, las cantidades que se precisan en el cuadro siguiente:

De acuerdo a las citadas cantidades de votación anulada y en atención a lo dispuesto en el precepto invocado, del Código en cita, esta Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, procede a modificar los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección del Ayuntamiento del Municipio de Tuxpan de Rodríguez de Cano, Veracruz, para quedar en los términos siguientes:

En consecuencia, tomando en cuenta que la anulación de la votación recibida en las casillas indicadas y la correspondiente modificación de los resultados consignados en el acta de cómputo municipal respectiva, traen como consecuencia un cambio en la fórmula de candidatos que había resultado ganadora, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 303, fracción III, del Código Electoral para el Estado, se revoca la constancia de mayoría y validez otorgada en favor de la fórmula de candidatos propuesta por la Coalición Alianza Fidelidad por Veracruz, y se ordena al Consejo Municipal Electoral de Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, otorgue la Constancia de Mayoría a la fórmula de candidatos postulada por el Partido Acción Nacional; y toda vez que en la especie, no se actualiza algún supuesto de nulidad de elección previsto en el Código ciado, se confirma la declaración de validez de la elección.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RESUELVE

PRIMERO. Se declaran inatendibles en parte, infundados e inoperantes en otra, los argumentos manifestados por el Partido de la Revolución Democrática, atento a los razonamientos expuestos en los considerándoos TERCERO y CUARTO, de la presente;

SEGUNDO. Se declaran parcialmente fundados los argumentos expresados por el Partido Acción Nacional, atento a los razonamientos vertidos en los considerandos SEXTO, OCTAVO, NOVENO y DÉCIMO PRIMERO, de la presente sentencia, en consecuencia:

TERCERO. Se declara la nulidad de la votación recibida en las casillas 4100B, 4107C1, 4140C1, 4148B, 4148C1, 4153B, 4156B, 4156C1, 4156C2, 4156C3, 4157E1, 4166B, 4166C1, 4167B, 4167C1 y 4168B, de la elección de miembros del Ayuntamiento del Municipio de Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz; se modifican los resultados consignados en el acta de cómputo municipal, para quedar en los términos del considerando DÉCIMO TERCERO, en consecuencia, esta sentencia sustituye el acta de cómputo municipal impugnada.

CUARTO. Se revoca la constancia de mayoría y validez otorgada en favor de la fórmula de candidatos propuesta por la Coalición Alianza Fidelidad por Veracruz, y se ordena al Consejo Municipal Electoral de Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, otorgue la Constancia de Mayoría a la fórmula de candidatos postulada por el Partido Acción Nacional.

QUINTO. Se confirma la declaración de validez de la elección.

La sentencia fue notificada personalmente, a la Coalición “Alianza Fidelidad por Veracruz” el día dieciocho de noviembre del año en curso y a los partidos políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática al día siguiente, es decir, el diecinueve de noviembre.

 II. Juicios de revisión constitucional electoral. Mediante escritos presentados ante la Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, los días veintidós y veintitrés de noviembre de dos mil siete, la Coalición “Alianza Fidelidad por Veracruz” y el Partido Acción Nacional promovieron sendos juicios de revisión constitucional electoral, a fin de impugnar la sentencia de dieciocho de noviembre de dos mil siete, dictada en los recursos de inconformidad acumulados RIN/177/03/188/2007 y RIN/179/01/188/2007.

III. Terceros interesados. Durante la tramitación de los juicios que se resuelven, la Coalición “Alianza Fidelidad por Veracruz” compareció como tercera interesada, en el juicio promovido por el Partido Acción Nacional y éste lo hizo en el juicio promovido por la Coalición mencionada.

 IV. Recepción de expedientes en Sala Superior. Por oficios 4761/2007 y 4771/2007, de veintitrés de noviembre de dos mil siete, recibidos en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior el inmediato día veinticuatro, el Magistrado Presidente de la Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave remitió a este órgano jurisdiccional las demandas, con sus anexos, así como los informes circunstanciados correspondientes.

 V. Turno de expedientes. Mediante sendos acuerdos de veintiséis de noviembre de dos mil siete, la Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional turnó los expedientes SUP-JRC-506/2007 y SUP-JRC-507/2007 a la Ponencia del Magistrado Flavio Galván Rivera, para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

 VI. Admisión y certificación. Por autos de fecha veintiocho de noviembre del año en curso, el Magistrado Instructor admitió a trámite la demanda de juicio de revisión constitucional electoral identificado con el expediente SUP-JRC-507/2007, e instruyó a la Secretaria de Estudio y Cuenta para realizar la certificación de las páginas web que la Coalición “Alianza Fidelidad por Veracruz” mencionó en su demanda.

VII. Admisión. Por auto de cinco de diciembre de dos mil siete, el Magistrado Instructor admitió la demanda de juicio de revisión constitucional electoral, identificado con el expediente SUP-JRC-506/2007, presentada por el Partido Acción Nacional.

VIII. Cierre de instrucción. Por autos de veintisiete de diciembre de dos mil siete, el Magistrado Instructor, por no existir diligencias pendientes de desahogar, declaró cerrada la instrucción en los juicios al rubro citado y ordenó elaborar el respectivo proyecto de sentencia.

C O N S I D E R A N D O :

PRIMERO. Competencia. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver los medios de impugnación al rubro citados, en conformidad con los artículos 41, párrafo segundo, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 186, fracción III, inciso b), y 189, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 4 y 87 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, relacionados con la tesis de jurisprudencia S3ELJ 21/2002, establecida por esta Sala Superior, consultable a fojas cuarenta y nueve a cincuenta de la Compilación Oficial de “Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005”, volumen “Jurisprudencia”, identificada con el rubro: “COALICIÓN TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LOS MEDIOS IMPUGNATIVOS EN MATERIA ELECTORAL”, esto es así porque se trata de sendos juicios de revisión constitucional electoral promovidos por un partido político y una Coalición de partidos, para impugnar la resolución dictada por un tribunal local, en dos controversias acumuladas, de carácter electoral, no impugnable a través de un medio ordinario de defensa, en términos de la legislación del Estado de Veracruz.

 SEGUNDO. Acumulación. Del examen de los escritos de demanda de juicio de revisión constitucional electoral, radicados en los expedientes SUP-JRC-506/2007 y SUP-JRC-507/2007, esta Sala Superior advierte que existe conexidad en la causa, dado que hay identidad del acto reclamado y de la autoridad responsable, ya que en ambos se controvierte la sentencia de dieciocho de noviembre de dos mil siete, dictada por la Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en los recursos de inconformidad radicados en los expedientes acumulados RIN/177/03/188/2007 y RIN/179/01/188/2007.

En estas circunstancias, con fundamento en los artículos 199, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 73, fracción VII, y 74 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo conducente es decretar la acumulación del juicio de revisión constitucional electoral identificado con la clave SUP-JRC-507/2007 al juicio SUP-JRC-506/2007, por ser éste el que se recibió primero en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior. La acumulación se decreta para facilitar la pronta y expedita resolución conjunta de los juicios de revisión constitucional electoral, que han quedado precisados con antelación.

En consecuencia, se debe glosar copia certificada de los puntos resolutivos de la ejecutoria a los autos del juicio acumulado.

TERCERO. Causales de improcedencia. Como las causales de improcedencia están vinculadas con aspectos fundamentales para la constitución del proceso, su estudio resulta preferente, razón por la cual se examinan, las hechas valer por el Partido Acción Nacional, como tercero interesado en el juicio identificado con la clave SUP-JRC-507/2007.

1. Frivolidad evidente.- El Partido Acción Nacional aduce que la demanda de la Coalición actora debe ser desechada por evidentemente frívola, pues, no puede alcanzar sus pretensiones, por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo del Derecho o ante la existencia de hechos que sirvan para actualizar el supuesto jurídico en que se apoya.

A juicio de esta Sala Superior, la mencionada causal de improcedencia es infundada, si se tiene presente que, conforme a lo dispuesto en los artículos 9, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y 60 del Reglamento Interno de este Tribunal Electoral, un medio de impugnación resulta frívolo cuando, a consideración de este órgano jurisdiccional especializado, sea notorio el propósito del actor de promoverlo sin existir motivo o fundamento para ello y cuando es evidente que no se puede alcanzar el objetivo que se pretende. La frivolidad de un medio de impugnación significa que es totalmente intrascendente o carente de sustancia.

En el caso del juicio radicado en el expediente SUP-JRC-507/2007, cabe destacar que de la lectura de la demanda se puede advertir que no se actualiza la causal de improcedencia invocada por el Partido Acción Nacional, porque la Coalición “Alianza Fidelidad por Veracruz”, en su escrito de demanda, señala hechos y agravios específicos, encaminados a que este órgano jurisdiccional revoque la resolución impugnada y, en consecuencia, revoque la declaración de nulidad de la votación recibida en diversas casillas, para la elección de integrantes del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz de Ignacio de la Llave, y revoque también la expedición de la constancia de mayoría y validez otorgada por la demandada a favor del Partido Acción Nacional, a fin de otorgarla a favor de la fórmula de candidatos de la Coalición actora, lo que en forma evidente no es carente de sustancia o trascendencia; sin que con esta conclusión se prejuzgue sobre la eficacia de los agravios, para alcanzar los extremos pretendidos por la Coalición “Alianza Fidelidad por Veracruz”, lo cual será motivo de análisis en el fondo de la controversia.

De lo expuesto se concluye que no le asiste la razón al partido político compareciente, como tercero interesado, respecto de la causal de improcedencia alegada.

2. Inexistencia de violación a disposición constitucional. El tercero interesado argumenta, en su escrito de comparecencia, que el juicio promovido por la Coalición demandante es improcedente, porque la resolución impugnada no viola precepto alguno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para esta Sala Superior, lo alegado por el Partido Acción Nacional es infundado, dado que el requisito previsto en el artículo 86, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se debe estimar colmado cuando se invocan los preceptos constitucionales que, a juicio del demandante, fueron violados con la emisión del acto impugnado.

En la especie, de la lectura del escrito de demanda, presentado por la Coalición “Alianza Fidelidad por Veracruz”, se advierte que el impetrante alega violaciones a los artículos 14, 16, 41, fracciones I, II y IV, y 116, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por ende, es claro que se satisface el aludido requisito de procedibilidad, dado que éste se debe entender tan sólo como una exigencia formal y no como el resultado positivo del análisis de los agravios propuestos por la demandante, en razón de que esto último implicaría entrar, indebidamente, al estudio y resolución del fondo de la litis planteada, antes de admitir la demanda y de substanciar el juicio, lo cual es contrario a los principios básicos del Derecho Procesal.

Al respecto, es aplicable la tesis de jurisprudencia sustentada por esta Sala Superior, identificada con la clave S3ELJ 02/97, consultable en las páginas ciento cincuenta y cinco a ciento cincuenta y siete de la “Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005”, volumen “Jurisprudencia”, con el rubro: “JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. INTERPRETACIÓN DEL REQUISITO DE PROCEDENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 86, PÁRRAFO 1, INCISO B), DE LA LEY DE LA MATERIA”.

3. Falta de agravios. Finalmente el Partido Acción Nacional aduce que el juicio promovido por la Coalición “Alianza Fidelidad por Veracruz” es improcedente y que se debe desechar de plano su demanda, en razón de que la Coalición no expresa los motivos por los cuales los razonamientos y fundamentos de la Sala Electoral le causan agravio o perjuicio; además de que no expresa con claridad la causa de pedir, ni precisa la lesión o agravio que le causa la resolución impugnada y que la demanda no contiene agravios, ni hechos de los cuales se puedan deducir.

Esta Sala Superior también considera infundada la mencionada causal de improcedencia, toda vez que del análisis del escrito de demanda se pone de manifiesto que la Coalición actora señala hechos y agravios específicos, encaminados a demostrar que, en su concepto, se vulneran sus derechos y, por tanto, su pretensión es que se revoque la sentencia dictada por la demandada Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Si le asiste o no la razón, a la Coalición demandante, no es requisito de procedibilidad del juicio, porque el análisis de los agravios, en cuanto a lo fundado o infundado de los argumentos, se debe hacer al entrar al estudio de fondo de la litis, en razón de que hacerlo previamente implicaría prejuzgar sobre su idoneidad, antes de admitir la demanda y de substanciar el juicio.

CUARTO. Requisitos de procedibilidad. En los medios impugnativos que se analizan, se satisfacen los requisitos de procedibilidad previstos en el artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los numerales 8; 9, párrafo 1; 86, párrafo 1, y 88, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, como se expone a continuación:

I. Oportunidad. Los juicios de revisión constitucional electoral fueron promovidos dentro del plazo de cuatro días, previsto en el artículo 8 de la citada Ley General, toda vez que la sentencia impugnada fue notificada personalmente, a la Coalición “Alianza Fidelidad por Veracruz” el dieciocho de noviembre de dos mil siete y al Partido Acción Nacional al día siguiente, diecinueve de noviembre, en tanto que los escritos de demanda fueron presentados, ante la Sala Electoral responsable, los días veintidós y veintitrés del mismo mes y año, respectivamente, habiendo transcurrido el plazo legal, para impugnar, en el primer caso, del diecinueve al veintidós de noviembre y, en el segundo, del veinte al veintitrés de noviembre, ambos plazos del año en que se actúa.

 II. Legitimación. Los juicios de revisión constitucional electoral fueron promovidos por parte legítima, pues, conforme a lo dispuesto en el artículo 88, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, corresponde instaurarlo exclusivamente a los partidos políticos y a las coaliciones de partidos; en la especie, en el juicio radicado en el expediente identificado con la clave SUP-JRC-506/2007 el demandante es el Partido Acción Nacional y por lo que hace al juicio radicado en el expediente SUP-JRC-507/2007 la enjuiciante es la Coalición “Alianza Fidelidad por Veracruz”, que también está legitimada para promover los juicios y recursos electorales, conforme a lo sostenido en la tesis de jurisprudencia S3ELJ21/ 2002, emitida por esta Sala Superior, consultable en las páginas cuarenta y nueve a cincuenta de la Compilación Oficial “Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005”, volumen “Jurisprudencia”, cuyo rubro es: “COALICIÓN. TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LOS MEDIOS IMPUGNATIVOS EN MATERIA ELECTORAL”.

III. Personería. La personería de Lauro Hugo López Zumaya, quien suscribe la demanda como representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal del Instituto Electoral Veracruzano, con sede en Tuxpan, Veracruz de Ignacio de la Llave, está acreditada en términos del artículo 88, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda vez que fue él quien, con el mismo carácter, interpuso el recurso de inconformidad, cuya sentencia constituye el acto reclamado en el juicio SUP-JRC-506/2007.

Por cuanto hace a Andrés Benito Córdoba Rosales, quien tiene el carácter de representante propietario de la Coalición “Alianza Fidelidad por Veracruz”, se le reconoce su personería para promover el juicio de revisión constitucional electoral, SUP-JRC-507/2007, conforme a lo previsto en el artículo 88, párrafo 1, inciso c), de la mencionada Ley Electoral, porque es quien compareció en representación de la Coalición mencionada, como tercera interesada, en los recursos de inconformidad, cuya sentencia constituye el acto reclamado en los juicios que se resuelven.

IV. Formalidad. Los escritos de demanda reúnen los requisitos formales que establece el artículo 9 de la mencionada Ley de Impugnación Electoral, porque en cada uno se hace constar el nombre del actor; se identifica el acto impugnado y la autoridad responsable; se mencionan los hechos en que se sustenta la impugnación, así como los agravios que al enjuiciante causa la resolución combatida; además, se hace constar el nombre y firma autógrafa del representante del actor, en cada caso.

V. Definitividad y firmeza. En cuanto a los requisitos previstos en el artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los incisos a) y f), del artículo 86, de la citada Ley de Impugnación Electoral, también están satisfechos, porque en el Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no está previsto medio de impugnación alguno, por virtud del cual la sentencia reclamada, dictada en los recursos de inconformidad de origen, pueda ser revocada, nulificada o modificada, de tal suerte que se debe tener por agotada la cadena impugnativa local, respecto del acto reclamado, considerándolo definitivo y firme, para la procedibilidad de los juicios al rubro señalados.

Lo expuesto encuentra su explicación en el principio de que los juicios federales, como el de revisión constitucional electoral, constituyen medios de impugnación excepcionales y extraordinarios, a los que sólo pueden ocurrir los partidos políticos o coaliciones de partidos cuando ya no existan a su alcance medios de impugnación ordinarios e idóneos, mediante los cuales sea factible modificar, revocar o anular, los actos o resoluciones como el que ahora se controvierte, con la finalidad de conseguir la reparación plena de los derechos y prerrogativas que hubieren sido afectados.

En esto estriba el principio de definitividad establecido en el artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desarrollado en los invocados incisos a) y f), del artículo 86, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al reiterar, por una parte, que los actos y resoluciones impugnables, mediante el juicio de revisión constitucional electoral, deben ser definitivos y firmes, para lo cual se requiere agotar, en tiempo y forma, todas las instancias previas establecidas por las leyes de la entidad federativa correspondiente.

Lo expuesto se ha sostenido en la tesis de jurisprudencia emitida por este órgano jurisdiccional bajo el rubro: “DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA, CONSTITUYEN UN SOLO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DEL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL”, identificada con la clave S3ELJ23/2000, consultable en las páginas setenta y nueve a ochenta, de la Compilación Oficial intitulada “Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005”, volumen “Jurisprudencia”.

VI. Violación a preceptos constitucionales. El análisis relativo a este requisito de procedibilidad, respecto de la Coalición “Alianza Fidelidad por Veracruz” ya fue analizado al resolver las causas de improcedencia invocadas por el Partido Acción Nacional.

Por lo que hace al juicio de revisión constitucional electoral promovido por el Partido Acción Nacional, es de señalar que, en su demanda, el actor manifiesta expresamente que con la sentencia impugnada se violan en su perjuicio los artículos 14, 16, 41, fracciones I, II y IV, y 116, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, razón por la cual se debe tener por satisfecho el requisito de procedibilidad previsto por el inciso b), del artículo 86, párrafo 1, de la ley procesal electoral en cita, en tanto que el demandante hace valer agravios tendentes a demostrar la violación de los citados preceptos constitucionales.

Encuentra apoyo el razonamiento anterior en la tesis de jurisprudencia identificada con la clave S3ELJ02/97, sustentada por esta Sala Superior, consultable en las páginas ciento cincuenta y cinco a ciento cincuenta y siete, de la Compilación Oficial intitulada “Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005”, volumen “Jurisprudencia”, cuyo rubro es: “JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. INTERPRETACIÓN DEL REQUISITO DE PROCEDENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 86, PÁRRAFO 1, INCISO B), DE LA LEY DE LA MATERIA”.

VII. Violación determinante. En los casos que se analizan se cumple el requisito previsto por el artículo 86, párrafo 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, relativo a que la violación reclamada sea determinante para el desarrollo del procedimiento electoral respectivo o para el resultado final de la elección.

En el juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-506/2007, el Partido Acción Nacional pretende que se modifique la sentencia impugnada, que a su vez modificó el cómputo de la elección de integrantes del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz de Ignacio de la Llave y revocó la entrega de la constancia de mayoría a la planilla postulada por la Coalición “Alianza Fidelidad por Veracruz”, porque estima que se actualiza en diversas casillas las causales de nulidad de la votación establecidas en el artículo 314, fracciones V, VI, IX y XI, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, no obstante, en los medios de impugnación que se resuelven se genera la posibilidad jurídica de que los actos que fueron anulados, modificados o revocados en la sentencia reclamada, puedan ser anulados, revocados o modificados, por esta Sala Superior en razón de la existencia del diverso juicio SUP-JRC-507/2007, promovido por la Coalición “Alianza Fidelidad por Veracruz”, lo cual podría tener un efecto inmediato y trascendente en el resultado final de la elección impugnada.

Además manifiesta el Partido Acción Nacional que su pretensión consiste en que se incremente la diferencia de votación obtenida, entre este instituto político y la Coalición “Alianza Fidelidad por Veracruz”, la cual, en virtud de la recomposición del cómputo realizada por la responsable, ahora ocupa el segundo lugar en el resultado de la elección; lo anterior, argumenta el Partido Acción Nacional, es para conservar su triunfo en la elección.

La violación alegada también podría ser determinante para el resultado de la elección, a juicio del Partido Acción Nacional, en tanto que aduce que la votación de la casilla 4168C1, fue anulada por la Sala Electoral demandada, pero no fue tomada en cuenta por la responsable al efectuar la recomposición del cómputo municipal atinente lo cual, señala, tiene un impacto directo en la asignación de regidurías de representación proporcional.

Por lo que hace, al juicio que motivó la integración del expediente SUP-JRC-507/2007, también se cumple el requisito de procedibilidad de que la violación reclamada sea determinante para el desarrollo normal del procedimiento electoral respectivo o para el resultado final de la elección de miembros del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz de Ignacio de la Llave, toda vez que, de resultar fundados los agravios aducidos por la Coalición actora, se revocaría la declaración de nulidad de la votación recibida en las catorce casillas originalmente impugnadas por el Partido Acción Nacional, lo cual motivaría un cambio de triunfador en la elección cuestionada, como se ilustra a continuación.

La votación anulada, cuya revocación de nulidad solicita la Coalición “Alianza Fidelidad por Veracruz”, es la siguiente:

Asimismo, la Coalición enjuiciante solicita sea tomada en  cuenta la nulidad de la votación recibida en  la casilla 4143B, ya que la Sala Electoral responsable no la tomó en consideración, al recomponer el cómputo municipal correspondiente.