JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL

EXPEDIENTE:

SUP-JRC-61/2005 Y SUP-JRC-62/2005 ACUMULADO

ACTORES:

COALICIONES “QUINTANA ROO ES PRIMERO” Y “SOMOS LA VERDADERA OPOSICIÓN”

AUTORIDAD RESPONSABLE:

PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO

MAGISTRADO PONENTE:

ELOY FUENTES CERDA

SECRETARIA:

AIDÉ MACEDO BARCEINAS

México, Distrito Federal, a dieciocho de marzo de dos mil cinco.

VISTOS para resolver, los autos de los juicios de revisión constitucional electoral, identificados con los números de expediente SUP-JRC-61/2005 y SUP-JRC-62/2005, promovidos por las coaliciones “Quintana Roo  es Primero”  y “Somos la Verdadera Oposición”, respectivamente, en contra de la resolución de veintiocho de febrero de dos mil cinco, emitida por el Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, en el juicio de nulidad, JUN/013/2005; y

R E S U L T A N D O :

1. El día seis de febrero del año en curso, se llevó a cabo la jornada electoral para elegir Gobernador en el Estado de Quintana Roo.

2. El día nueve del mismo mes y año, los Consejos Distritales integrantes del referido estado, realizaron los cómputos distritales correspondientes a la elección de Gobernador.

3. El trece siguiente, el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, emitió acuerdo a través del cual declaró la validez de la elección de Gobernador del proceso  electoral ordinario 2004-2005, conforme a los resultados siguientes:

Asimismo, dicha autoridad determinó expedir la constancia de mayoría al candidato registrado por la coalición “Quintana Roo es Primero”.

4. Inconforme con lo anterior, la coalición “Somos la Verdadera Oposición” promovió juicio de nulidad, el cual fue resuelto por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado Quintana Roo, el día veintiocho de febrero del año en curso, conforme a las siguientes consideraciones:

“…

TERCERO.- …

…

Por cuanto al agravio señalado por la coalición actora como PRIMERA PARTE y titulado CALIDAD DE LA ELECCIÓN Y VIOLACIONES SUSTANCIALES A LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN ELECTORAL dicho agravio deviene en inoperante e infundado en virtud de las siguientes consideraciones:

La coalición quejosa señala la prevalencia de un clima de inequidad en el uso de los medios de comunicación y por un trato desigual, denotativo y discriminatorio por parte de dichos medios a las diferentes opciones políticas, sustentado en la amplia difusión obtenida por la publicidad electoral de la coalición ‘Quintana Roo es Primero’ tanto en spots televisivos, como en medios impresos (periódicos y revistas) y por la negativa de los informadores o desinformadotes(sic) a promocionar equitativamente las actividades de campaña de cada oferta política, fue un factor decisivo y determinante que generó un desequilibrio en el proceso electoral, pues el trato desigual en la transmisión de cobertura de medios de publicidad electoral y espacios noticiosos de la Coalición ‘Quintana Roo es primero’ trajo aparejado su triunfo en la elección de Gobernador. Señala asimismo que los ciudadanos residentes en el Estado de Quintana Roo fueron constreñidos, única y exclusivamente con propaganda y publicidad electoral de la coalición ‘Quintana Roo es primero’, así como información positiva a favor de ésta y negativa en contra de la coalición actora. Aduce que el manejo inequitativo de los medios de comunicación, no solo fue cuantitativo, sino también cualitativo y consistió en la transmisión de promocionales de publicidad política, violación de tal gravedad, según la actora, que pone en duda el resultado de la elección. Señala la quejosa que la autoridad administrativa electoral permitió la violación a los principios de equidad y objetividad, al tolerar el notorio desequilibrio en el tiempo concedido a las coaliciones ‘Todos Somos Quintana Roo’ y ‘Somos La Verdadera Oposición’ respecto de la coalición ‘Quintana Roo es Primero’, al no realizar ninguna medida tendiente a frenar dicha irregularidad ni adoptar los medios pertinentes para garantizar el adecuado desarrollo del proceso electoral celebrado en la entidad. Estas irregularidades arguye la actora, que se dieron desde antes de los comicios trascendieron a la jornada electoral, la desproporción de los tiempos de transmisión en radio, televisión y medios impresos por concepto de difusión de publicidad  y cobertura de acción de los partidos genera la existencia de una violación sustancial en el proceso electoral. Concluye la coalición actora señalando que en términos de una interpretación lógica, funcional y sistemática del artículo 82 fracción X de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en materia electoral que establece el sistema de nulidades cuando se ejerza presión sobre los electores que afecte la libertad y el secreto del voto, estas disposiciones tiene especial relevancia pues con ellas el legislador propició la equidad en la contienda para los partidos políticos en campaña electoral.

Antes de entrar al análisis de las argumentaciones vertidas en el agravio esgrimido por la coalición actora, en su escrito de demanda, y tomando en cuenta que éste se centra precisamente en el hecho constitutivo de la inequidad y desigualdad en el uso de los medios de comunicación durante la campaña electoral, este Órgano Jurisdiccional considera oportuno hacer algunas precisiones en relación al mismo.

El artículo 49 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo establece que la Ley Electoral garantizará que los partidos políticos cuenten de manera equitativa y gratuita con elementos para llevar a cabo sus actividades, por lo tanto tendrán derecho al uso de los medios de comunicación social propiedad del Estado de acuerdo a las formas, procedimientos y tiempos, que establezca la misma. Asimismo señala que la Ley fijará los criterios para determinar los límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus campañas electorales, así como los tiempos de éstas, además establecerá los montos máximos que tendrán las aportaciones pecuniarias de sus simpatizantes y los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten; asimismo, señalará las sanciones que deban imponerse por incumplimiento de estas disposiciones.

La ley Electoral de Quintana Roo contiene un capítulo denominado ‘Del acceso a los medios de comunicación’ en el cual se regula el acceso a los medios de comunicación social propiedad del Estado, al tenor de los artículos siguientes:

‘Artículo 96.-…

Artículo 97.- …

Artículo 98.- …

Artículo 99.- …

Artículo 100.- …

Artículo 101.- … (Se transcriben)’.

El artículo 81 de la Ley Electoral de Quintana Roo, señala como prerrogativas de los partidos políticos: Gozar de financiamiento público y privado  para el ejercicio de sus actividades ordinarias  y para su participación en las campañas electorales de Gobernador, diputados y miembros del ayuntamiento del Estado y tener acceso a la radio y televisión propiedad del Gobierno del Estado, en los términos que establece la Constitución particular y la Ley Electoral. Asimismo, dicha ley contiene un capítulo de financiamiento a partidos políticos y coaliciones en el que se regula como será el otorgamiento del financiamiento para sus actividades ordinarias y para la obtención del voto y los mecanismos de fiscalización de dicho financiamiento, en este sentido conviene destacar lo dispuesto en el artículo 85 de la citada ley:

‘Artículo 85.- (Se transcribe)’.

Por cuanto a los topes de campaña existen diversas disposiciones en la Ley Electoral de Quintana Roo, las cuales rezan de la siguiente manera:

‘Artículo 147.- …

Artículo 148.- … (Se transcriben)’.

El marco normativo estatal señalado con antelación, protege la equidad en el desarrollo del proceso electoral al señalar un tope de gastos que los partidos políticos no podrán rebasar, so pena de incurrir en ilegalidad y hacerse acreedores  a las sanciones establecidas en la normatividad electoral, ofrece el acceso y la equidad en el uso de los medios de comunicación propiedad del Estado y deja abierta la posibilidad para que los partidos políticos en forma interna decidan el manejo de sus recursos para campaña, sin mas tope que el de gastos de campaña, restricciones de financiamiento privado y demás señalados en la legislación electoral.

Precisado lo anterior, entraremos al análisis de lar argumentaciones vertidas por la coalición actora como agravios:

La coalición quejosa señala la prevalencia de un clima de inequidad en el uso de los medios de comunicación y por un trato desigual, denostativo y discriminatorio por parte de dichos medios a las diferentes opciones políticas, sustentado en la amplia difusión obtenida por la publicidad electoral de la coalición ‘Quintana Roo es Primero’ tanto en spots televisivos, como en medios impresos (periódicos y revistas). Asimismo señala que la equidad se vio afectada por la publicidad electoral difundida por los medios televisivos e impresos cubriendo positivamente las actividades del candidato de la Coalición ‘Quintana Roo es Primero’ y negativamente las actividades de la actora. Para efecto de determinar lo anterior se procede a realizar el análisis de la documental pública consistente en el monitoreo de noticieros y programas de radio y televisión  del Instituto Electoral de Quintana Roo, documental a la que es de otorgársele pleno valor probatorio conforme a lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral a través de los cuadros siguientes:

En este cuadro es de observarse el número total de menciones y el tiempo total que ocuparon las coaliciones participantes en el periodo monitoreado.

En el cuadro anterior se desglosa el número total de menciones y el tiempo total que ocuparon las coaliciones participantes en el periodo monitoreado en menciones y tiempo total sin valoración y menciones y tiempo total con valoración de algún tipo, que en el cuadro siguiente se actualiza con valoraciones negativas y valoraciones positivas:

Si bien es cierto que con el monitoreo de noticieros y programas de radio y televisión efectuado por el Instituto Electoral de Quintana Roo se acredita que la coalición ‘Quintana Roo es Primero’ tiene mil quinientas veinticinco menciones en total en el periodo monitoreado, no menos cierto es que la coalición quejosa tiene mil trescientas cuarenta y siete menciones, y por cuanto al tiempo total monitoreado la coalición ‘Quintana Roo es Primero’ aparece con treinta nueve horas con treinta y nueve minutos y veintiún segundos, también es cierto que la coalición actora aparece con treinta y cuatro horas, veinticuatro minutos cincuenta y dos segundos, en muchas de las fechas y diversos medios de comunicación monitoreados por el Instituto Electoral del Estado aparece con mayor número de menciones que las dos coaliciones restantes; También es de señalarse que si bien la coalición ‘Somos la Verdadera Oposición’ aparece con mas menciones y tiempo con algún tipo de valoración con ciento treinta y tres menciones negativas, no menos cierto es que las otras dos coaliciones participantes también recibieron menciones negativas, correspondiendo a la coalición ‘Quintana Roo es Primero’ sesenta y seis menciones negativas y por cuanto a menciones positivas ‘Somos la Verdadera Oposición’ recibió doce menciones y ‘Quintana Roo es Primero’ treinta y nueve menciones; Es importante destacar que de los cuadros anteriores se acredita que las menciones y tiempo que tuvieron las coaliciones sin ningún tipo de valoración es muy superior al tiempo y menciones que tuvieron con valoraciones positivas o negativas. Del estudio del monitoreo y del análisis anterior a juicio de este órgano resolutor no parece que haya habido inequidad en el acceso a los medios de comunicación como afirma la actora, ya que es significativo el número de menciones y de tiempo que tuvo en los espacios de comunicación monitoreados, siendo menos las menciones y tiempo que obtuvo la otra coalición participante ‘Todos Somos Quintana Roo’. Sin embargo, esta situación de ninguna manera puede conducir, por ese simple hecho, a la afirmación de que existió inequidad en la contienda electoral, ya que la actora no acredita de ninguna forma, que con las contrataciones de los medios de comunicación se hayan rebasado los topes de gastos de campaña, máxime que conforme a lo dispuesto por el artículo 94 de la Ley Electoral de Quintana Roo los informes de campaña deberán presentarse dentro de los sesenta días siguientes al término de las mismas, por lo que para este órgano jurisdiccional, el hecho de que una coalición haya tenido mas menciones en medios de comunicación que las otras durante la campaña electoral, no deviene en que se haya violentado el principio de equidad previsto constitucional y legalmente, máxime que la actora no apoyó su dicho con otros elementos de prueba, toda vez que la documental privada consistente en un estudio sistematizado de los medios de comunicación en el Estado de Quintana Roo, a la que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral esta autoridad jurisdiccional le da el carácter valor de un leve indicio ya que no se encuentra adminiculada con otros elementos de prueba como serían las ediciones de los periódicos en que salieron dicha notas, o las audiograbaciones de  los programas de radio o su concatenación con otros elementos de prueba que la apoyen por lo que no es de concedérsele mas que un leve valor probatorio para los fines que persigue la coalición actora, ya que en dicha documental se observa que existen notas tanto referentes a las diversas coaliciones participantes en la contienda electoral como a otras instituciones relacionadas con el proceso y otras mas ajenas al mismo, por lo que a juicio de este órgano resolutor no se violentó en ningún momento el principio de derecho a la información, toda vez que la coalición actora en ningún momento acredita fehacientemente su afirmación.

Se corrobora lo anterior con las documentales públicas presentadas por la responsable consistentes en el convenio de apoyo y colaboración celebrado con fecha catorce de julio del año dos mil cuatro entre el Instituto Electoral de Quintana Roo y el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social en el cual se pacta la regulación del acceso gratuito y permanente de los partidos políticos a los medios de comunicación social propiedad del Gobierno del Estado de Quintana Roo, el cual fue signado además de las partes, por los presidentes de los diversos partidos políticos acreditados en la entidad, incluyendo a los de los Institutos de la coalición hoy actora, el calendario de transmisiones de los promocionales de las coaliciones del seis de diciembre de dos mil cuatro al dos de febrero de dos mil cinco, en el que es de observarse la equidad y la proporcionalidad en la transmisión de dichos promocionales para las tres coaliciones participantes en el proceso electoral y otras instrumentales a las que se otorga valor indiciario para sustentar los actos de la responsable.

Asimismo con las probanzas ofrecidas por la coalición ‘Quintana Roo es Primero’ en su carácter de tercero interesado, consistentes en el convenio celebrado entre el Instituto Electoral del Estado y el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social con fecha catorce de julio de dos mil cuatro, citado con antelación, Catálogo de horarios y tarifas de radio y televisión integrado por el Instituto Electoral de Quintana Roo, el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo de fecha treinta de noviembre de dos mil cuatro, por medio del cual se determina difundir los resultados que arroje el monitoreo de noticiarios y programas de comentarios y análisis político, el plan de medios electoral con promocionales individuales con tres coaliciones,  y su calendario de transmisión, documentales públicas que en términos de los dispuesto en el artículo 22 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral es de otorgársele valor probatorio pleno.

Son inatendibles las argumentaciones vertidas en el sentido de la negativa de los informadores o desinformadores a promocionar equitativamente las actividades de campaña de cada oferta política, ya que no señala circunstancias de tiempo, modo y lugar en que le fueron negadas las promociones que señala, por lo que esta autoridad jurisdiccional se encuentra en la imposibilidad de saber quienes fueron los que le negaron el acceso, por que motivos, cuando, etcétera. También devienen en inatendibles los señalamientos vertidos por la actora en el sentido de que la autoridad administrativa electoral  permitió la violación a los principios de equidad y objetividad, al tolerar el notorio desequilibrio en el tiempo concedido a las coaliciones ‘Todos Somos Quintana Roo’ y ‘Somos La Verdadera Oposición’ respecto de la coalición ‘Quintana Roo es Primero’, al no realizar ninguna medida tendiente a frenar dicha irregularidad ni adoptar los medios pertinentes para garantizar el adecuado desarrollo del proceso electoral celebrado en la entidad, en virtud de que son afirmaciones generales que no acredita en modo alguno ya que no aporta elementos de prueba para ello.

Por cuanto a que los ciudadanos residentes en el Estado de Quintana Roo fueron constreñidos, única y exclusivamente con propaganda y publicidad electoral de la coalición ‘Quintana Roo es Primero’, así como información positiva a favor de ésta y negativa en contra de la coalición actora y que se ejerció presión sobre los electores que afectaron la libertad y el secreto del voto, al respecto es de señalarse que el artículo 82 de la ley de medios anteriormente invocada, señala las causales para invocar la nulidad de votación en casilla y específicamente en su fracción X señala: se ejerza violencia física o presión de alguna autoridad o particular sobre los funcionarios de la mesa directiva de casilla o sobre los electores, de tal manera que se afecte la libertad o el secreto del voto y esos hechos sean determinantes  para el resultado de la votación en la casilla de que se trate, dichos agravios devienen en inatendibles toda vez que no señala sobre que ciudadanos se ejerció presión, en que casilla o casillas, y por sobre todo el hecho de que están encuadradas en el supuesto de nulidad de elección de votación en casilla señalado específicamente por dicha numeral por lo que los efectos de esta casual no pueden retrotraerse a la etapa preparatoria del proceso electoral, sino se constriñe única y exclusivamente a la votación recibida en casilla y al no señalar la quejosa circunstancias de modo, tiempo y lugar, deja a este órgano jurisdiccional en la imposibilidad fáctica de realizar el análisis correspondiente a dicha casilla ante la falta de hechos concretos a probar.

Por cuanto al agravio señalado por la coalición impetrante como TERCERA PARTE titulada IRREGULARIDADES GRAVES QUE EN FORMA EVIDENTE PONEN EN DUDA LA CERTEZA DE LA VOTACIÓN Y SON DETERMINANTES PARA EL RESULTADO DE LA ELECCIÓN cabe señalar que sus agravios devienen en inoperantes e infundados en virtud de las siguientes consideraciones:

La primera argumentación de este agravio la hace consistir el impugnante en el hecho de que en cada uno de los quince distritos que conforman la geografía electoral estatal aparecen diferencias en el rubro de votación total de elección de gobernador con el de diputados de mayoría relativa, situación que prevalece en los cómputos estatales de Gobernador y de Diputados de Mayoría Relativa,  al tenor siguiente:

Al respecto es de anotarse lo siguiente: Si bien es cierto que existe una diferencia entre los resultados de la elección de diputados de mayoría relativa y la elección de gobernador no menos cierto es, como reconoce la impugnante en su escrito de demanda que se trata de un comparativo entre elecciones que tienen connotaciones distintas y no guardan una relación directa entre sí. Por lo cual no es de atribuirle ninguna valor legal a esa argumentación para los efectos de este juicio máxime que la diferencia entre el total de votos de la elección de Gobernador y la de Diputados de Mayoría Relativa, según el cuadro es de seis mil quinientos noventa y siete votos y aun en el supuesto sin conceder de que todos esos votos hubieran sido para la coalición quejosa seguiría sin ser determinante para el resultado de la elección de Gobernador en la que la diferencia de votos entre el primero y el segundo lugar es de veinte mil setecientos sesenta y cinco votos, sirve de base a esta determinación el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo de fecha trece de febrero de dos mil cinco, así como el acta de la sesión de cómputo estatal de elección de gobernador

La segunda argumentación de este tercer agravio la hace consistir en el hecho de que en diversas casillas de algunos distritos electorales existió un excedente de boletas según el cuadro siguiente:

En este sentido, la coalición actora debió  haber interpuesto en todo caso, la nulidad de votación recibida en casilla, prevista en el artículo 82 de la Ley Estatal de Medios de impugnación, que en su fracción VII señala como causal la existencia de error o dolo en el cómputo de votos que beneficie a cualquiera de los candidatos, y sea determinante para el resultado de la votación, por el contrario lo señala como irregularidad grave porque los resultados aritméticos siempre arrojan una variación de boletas de mas, esta argumentación general impide al resolutor saber si se está hablando de boletas sobrantes o a que se refiere el impetrante cuando utiliza el término excedentes, porque si se refiere a boletas sobrantes, de ninguna manera, en su caso se acreditaría la irregularidad prevista en la fracción VII del artículo 82 de la Ley procesal electoral del Estado, ya que en principio debe señalarse que la causa de nulidad de la votación recibida en casilla de error o dolo se acredita cuando queda demostrado que los datos consignados en el acta de escrutinio y cómputo, que en el caso de Quintana Roo se encuentra comprendida dentro del formato de Acta de Jornada Electoral, en realidad no corresponden a la forma en que votaron los ciudadanos en la casilla de que se trate, ya sea por equivocaciones de los funcionarios de las mesas directivas de casilla al momento de hacer el escrutinio y cómputo (error), o por acciones intencionales (dolo).

Ahora bien, esta irregularidad no demuestra la existencia de error o dolo en la computación de los votos, de modo que si sobran boletas, esta circunstancia no demuestra, por sí sola, el cómputo erróneo de los votos, o la introducción de votos indebidos en la urna, al no referirse de modo directo a éstos.

Otro de los elementos a considerar para la procedencia de esta causal sería la determinancia y en el supuesto sin conceder, que se considerara acreditada la irregularidad de esta causal, que no es así en la especie, el número total de boletas excedentes es de nueve mil doscientos treinta y cinco y la diferencia entre el primero y segundo lugar en la elección de Gobernador es de veinte mil setecientos sesenta y cinco votos.

Por lo anterior, ha quedado demostrado que los elementos para que se actualice la causal de nulidad que nos ocupa no se encuentran acreditados en el presente caso, razón por la cual no existe incertidumbre en cuanto al resultado de la votación, ni se violentan los principios constitucionales fundamentales que sustentan toda elección democrática.

Sobre este particular son aplicables las siguientes jurisprudencias y tesis relevantes emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación:

‘ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUÁNDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN (Legislación del Estado de Zacatecas y similares)’. (Se transcribe).

‘ERROR EN EL ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LOS VOTOS. EL INTERÉS PARA IMPUGNARLO CORRESPONDE A CUALQUIERA DE LOS PARTIDOS CONTENDIENTES EN LA ELECCIÓN’. (Se transcribe).

Por cuanto al agravio señalado por la parte actora como CUARTO PARTE titulado ACTUACIÓN PARCIAL DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, este deviene en argumentaciones inatendibles, inoperantes e infundadas en virtud de las consideraciones siguientes:

Las siguientes argumentaciones vertidas por la actora son inatendibles por ser simplemente manifestaciones generales que no se encuentran apoyadas en algún elemento probatorio y sin que se establezca cual es la relación entre el hecho señalado y su petición de nulidad, así por ejemplo, expresa que el Licenciado Carlos Soberanis Ferrao laboró anteriormente como asesor de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, sin que a través de medio probatorio alguno acreditara su afirmación, y por el contrario la responsable presenta documentales públicas consistentes en el nombramiento que la VII Legislatura Constitucional del Estado de Quintana Roo le extiende a Carlos Román Soberanis Ferrao como asesor jurídico, así como con el nombramiento que la VIII Legislatura Constitucional del Estado de Quintana Roo le extiende a Carlos Román Soberanis Ferrao como Oficial mayor, lo que desvirtúa las no acreditadas afirmaciones de la impugnante.  Expresa después la Quejosa situaciones relativas a la Consejera Presidenta del Distrito VIII que fungió como secretaria de acuerdos del Juzgado Mixto de Cozumel y a la ciudadana Lilian Paz Alonso vocal secretaria del mismo consejo distrital que se desempeñaba como directora jurídica del Ayuntamiento de Cozumel, sin que exista relación con su agravio enderezado contra el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, ya que las funcionarias aludidas no forman parte del Consejo General de dicho Instituto, pero aun cuando así fuera, el hecho de haber trabajado en un Juzgado o en una Dirección Jurídica de algún ayuntamiento, no las excluye legalmente para integrarse a los órganos desconcentrados de la autoridad administrativa electoral del estado.  De igual forma es inatendible su argumentación en el sentido de que al realizar los procesos internos  de las coaliciones ‘Todos Somos Quintana Roo’ formada por los partidos políticos Acción Nacional y Convergencia por la Democracia y ‘Somos la Verdadera Oposición’ formada por los partidos políticos de la Revolución Democrática y del Trabajo, y designaran a Addy Joaquín Coldwell y Juan Ignacio García Zalvidea respectivamente el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, a pesar de que ambos precandidatos se encontraban en la misma hipótesis, sancionó únicamente a la coalición hoy quejosa, emitiendo un acuerdo en el que se exigía se retirara la propaganda del candidato a la Gobernatura de la actora. En esta tesitura, la quejosa no señala cual es la hipótesis en que se encontraban las dos coaliciones, ni cual fue el motivo por el que le impusieran una sanción por parte de la autoridad administrativa electoral, lo que hace imposible de entender y de atender su argumentación, ya que si bien señala que a esa coalición le exigieron el retiro inmediato de la propaganda, no señala por que motivo, ni cuando se le ordenó dicho retiro y mucho menos lo acredita, señala después que en el caso de la contienda interna del Revolucionario Institucional, a los candidatos que contendieron se les otorgó un plazo de quince días naturales para retirar la propaganda electoral. 

Por cuanto al hecho de que el Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, en las semanas previas al proceso electoral realizó diversas aseveraciones y afirmaciones en diversos medios de comunicación, en los que afirmaba categóricamente que en el municipio de Benito Juárez la situación era ‘problemática’, que existía un ‘caos’ y que era necesaria la intervención de la policía federal preventiva devienen esas argumentaciones en inatendibles toda vez que la actora no lo acredita con elementos de prueba, ni señala específicamente de que forma esas supuestas declaraciones del Presidente Consejero del Instituto Electoral de Quintana Roo se traducen en violaciones graves y sistemáticas a los principios rectores constitucionales en materia electoral, toda vez que es de observarse que específicamente en el municipio de Benito Juárez al que alude el porcentaje de votación fue de 51.26 % tomando en consideración que la lista nominal de electores es de 299032 y votaron 153278 ciudadanos, en las pasadas elecciones de Gobernador de 1999 fue de 51.42  % por lo que si bien se observa un decremento en el porcentaje de participación pueden ser múltiples los factores que conlleven a ello y no necesariamente las argumentaciones no acreditadas de la coalición quejosa.         

Por cuanto a que los materiales que fueron expedidos por parte de la Dirección de Capacitación Electoral del Instituto Electoral de Quintana Roo, específicamente en el apartado correspondiente a las reglas que deben observarse al efectuar el escrutinio y cómputo de la votación recibida en la casilla, para determinar la validez o nulidad de los votos se señala que los funcionarios de casilla deberán considerar como voto nulo cualquier frase o leyenda que el elector escriba en el recuadro de una coalición, lo cual contraviene lo dispuesto por el artículo 205 de la Ley Electoral de Quintana Roo es de observarse lo siguiente: la Coalición actora no acredita con elemento probatorio alguno su afirmación, por el contrario es de advertirse que en el manual para funcionarios de casilla elaborado por el Instituto Electoral de Quintana Roo y cuya copia certificada obra en autos y en la parte relativa a la validez o nulidad de los votos se observa que dice lo siguiente:  ‘…Los votos son nulos cuando: - El elector haya marcado la boleta electoral en dos o mas espacios que correspondan a diversos partidos políticos o coaliciones.- El elector haya marcado en su totalidad la boleta electoral y que no se puede determinar la intención de votar por un solo partido político y/o coaliciones.- Las boletas extraídas de la urna no tengan marca.- El elector haya marcado en los espacios correspondientes a candidatos no registrados’. Asimismo de los oficios girados por el Secretario General del multicitado Instituto Electoral a los diferentes Presidentes de Consejos Distritales de fecha veinticinco de enero de dos mil cinco y cuyas copias certificadas obran en autos y de los cuales se acredita que contrariamente a lo afirmado por la actora, la instrucción fue la siguiente: ‘…en este tenor, resulta pertinente manifestarle que para considerar a un voto como válido no estrictamente se requiere que el espacio en donde se contiene el emblema de la coalición, sea marcado con una cruz,  ya que cualquier otra marca o leyenda que haga el elector, siempre y cuando se realice en un solo espacio es suficiente para considerarlo como voto válido…’ por lo cual esta afirmación del actor deviene en infundado.

Son inatendibles asimismo las argumentaciones relativas a que la actuación parcial del Instituto Electoral de Quintana Roo le causa agravios y la deja en estado de indefensión, frente a las demás coaliciones, que contaron con un trato preferencial por parte de la autoridad administrativa electoral y que los institutos políticos que integran la coalición quejosa recibieron diversas sanciones que lesionaron y afectaron su operatividad y la influencia que pudieron haber tenido en los potenciales electores en virtud de que son consideraciones de carácter general en las que no existen circunstancias de modo, tiempo y lugar, pues no señala en que consistió el trato preferencial que recibieron las otras coaliciones, ni cuales fueron las sanciones impuestas a los partidos políticos que integran su coalición y la afectación que tuvieron con dichas sanciones.

Por cuanto a que el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo aprobó encuestas y sondeos de opinión sin que se contara con algún tipo de lineamientos en la materia que permitieran determinar la validez de las encuestas, acordando que las mismas fueran difundidas sin tener la certeza de su autenticidad cabe señalar lo siguiente:

El artículo 145 de la Ley Electoral de Quintana Roo establece que la Junta General del Instituto Electoral de Quintana Roo determinará criterios generales de carácter científico para las encuestas que darán a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos. Asimismo regula el procedimiento legal que se deberá seguir para la solicitud y autorización de dichas encuestas y sondeos de opinión, que documentos deben presentar, que requisitos deben cumplir, así como las sanciones a aplicar. En el presente caso, si bien es cierto como lo admite la responsable en su informe circunstanciado, no ha adoptado los criterios señalados en el primer párrafo del artículo 145 de la ley electoral estatal, también es cierto que de acuerdo al mismo numeral, el incumplimiento de dicha obligación no es óbice para que se puedan solicitar y autorizar encuestas y sondeos de opinión, ya que si bien la previsión legal existe para efectos científicos, no menos cierto es que el propio numeral exige a quien solicite la publicación de cualquier encuesta o sondeo que acompañe copia de la metodología y de los resultados, cuya copia se entregará a los  partidos políticos acreditados ante el instituto, situación que no es combatida por la quejosa, así como tampoco que se haya incumplido con alguno de los requisitos legales previstos en el citado artículo 145, o se hayan incumplido los plazos previstos en el artículo 145 o en el artículo 146 de la ley electoral estatal, por lo que esta autoridad jurisdiccional no comparte el señalamiento de que el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, al ser omiso en el cumplimiento del establecimiento de criterios generales de carácter científico para encuestas  haya contribuido a la manipulación de las preferencias de la ciudadanía máxime que la impetrante no acredita con ningún elemento de prueba que dichas encuestas o sondeos de opinión no reflejan la realidad o que ocultan datos empleados para su elaboración, por lo que sus argumentaciones devienen en inoperantes e infundados.

Por cuanto a las pruebas técnicas ofrecidas por la coalición actora consistentes en un videocasete  y en un disco compacto se extraen los siguientes datos relativos a su desahogo:

‘Entrevista a un Joven de 19 años, de nombre Luis Armando Ciau Hau ,moreno, de complexión gruesa, de oficio ayudante de albañil con domicilio en la Col. Expo, calle José María Morelos (no menciona en que parte del estado ), aparentemente es de noche y no se ve nada mas que el rostro del joven entrevistado, no se ve que medio de comunicación está entrevistando ni a los entrevistadores,  las entrevista es en relación a las actividades que esta realizando este joven, trabajo que le paga según su manifiesto el partido PRI  a través de Anselmo Canche Ortiz ‘chemo’ 5º. Regidor y éste trabaja para Secundino, que hay como 20 involucrados: José Manuel Canul, Antonio Poot, Jorge Balam Ek, Andrés Balam Ek, Carlos Balam Ek, José Manuel Chic, el zorro, pipi, José; les dieron radio de policía (3), fue Paco (no se entienden los apellidos ) el subdirector de Seguridad Pública le dio los radios como a las 8 de la mañana a tres de ellos José Manuel ,Carlos y el de la voz, para esperar que repartieran las despensas a las comunidades de Héroes de Nacozari, Santo Domingo, Cristóbal Colón y Km. . 80; asegura que el DIF. Estatal les dio 250  despensas y láminas de  cartón y salieron como a las 11 a las comunidades, sin policías de Seguridad Pública con un sujeto llamado Norman quien fue en el carro de su papa. El que les pago es el Dr. Salatiel presidente del partido , y que es la segunda ocasión que le paga, que hace dos meses esta en Chetumal,… no dice que partido.. El periodista u otra persona no identificada le dice que es un delito lo que esta haciendo. Aparentemente la entrevista se realiza en kantunilkin, ya que a pregunta expresa del entrevistador, el joven manifiesta que todos los 20 jóvenes que participaron son de ‘aquí de kantunilkin’…..el Dr. Salatiel les ha pagado todo para hacer mal a los demás partidos PAN y PRD…el joven entrevistado manifiesta haber tomado 2 o 3 cervezas que le dio el Director de Seguridad Pública Norman Cordero…. Se escuchan gallos cantando, grillos…no se ve día de la entrevista, ni quien entrevista ni lugar de la misma…….. se corta la entrevista e inicia otra……

Entrevista a otro menor… no se ve lugar, hora, día o entrevistador…parece ser de día ya que hay luz…joven de complexión gruesa, tez morena, aproximadamente de 20 años… entrevistado en relación a lo mismo del joven anterior….no se ve al entrevistador…manifiesta el entrevistado haber tomado una cervezas…..al fondo se ve una ventana con protector….

Febrero 3 2005 entrevista al mismo joven anterior habiendo dos personas mas…a su izquierda se encuentra una persona masculina de complexión gruesa, moreno claro de aproximadamente 40 0 45 años.  Se escuchan varias voces incluyendo de una mujer.. es de día…esta sentado..se escuchan ruidos de vehículos…de platos, tenedores, vasos y sillas que se mueven, la entrevista versa en relación a lo mismo del joven primero..a su derecha se encuentra otra persona que nada mas se le ve el brazo izquierdo…la persona que se encuentra a su izquierda también le hace preguntas en relación al PRI. Hablan del municipio de Lázaro Cárdenas. De acuerdo a lo manifestado por el entrevistado, la persona a su izquierda y el entrevistador, esta se hizo antes del 6 de febrero…..se corta…y  continua la entrevista en el mismo lugar…aparece solo…ya no se encuentra la persona que se encontraba a su izquierda, solamente aparece el entrevistado… no se ve  al entrevistador, se escucha otra voz de varón que interviene en la entrevista.

Febrero 5 2005  1:56 p.m. las cámaras en movimiento enfocan un camión de redilas blanco fracciones de segundos con un logotipo que no se alcanza a  distinguir.

Febrero 5 2005  7:58 p.m. se encuentran las cámaras en un lugar amplio.. hay tres vehículos, una hamaca, una mujer que pasó, un varón arriba de uno de los vehículos, no se ve que está  haciendo con claridad….es de día, pero en la parte de adentro no hay mucha luz…salen del local y enfocan a un jeep y una camioneta blanca…

Febrero 6 2005  8:30 am  no se filma nada pasando a las 12:35 igual sin filmar nada……4:38 am sin saber que día es,  filman a varias personas que enseñan papeles del movimiento territorial…. Hay hombres, mujeres y niños…muestran la cajuela de un vehículo con diversos artículos no muy claros…entrevista a una persona de sexo masculino de aprox. 38 años complexión gruesa, moreno claro siendo ya las 7:11 am sin especificar el día…se ve a un entrevistador parte de su cara afilada con nariz aguileña con bigote de aproximadamente 37 años de edad complexión delgada... la entrevista se lleva a cabo dentro de un vehículo, habiendo otra persona a la derecha del entrevistado….esta siendo filmado por varias cámaras las cuales se alcanzan a ver….la entrevista también versa en relación a los primeros entrevistados…se ve completa la cara del entrevistador…se encuentran  estacionados… se escucha el paso de los vehículos….7:26 se esta filmando a un grupo de personas en donde se encuentra el entrevistado anterior con otra persona de complexión gruesa, blanca de aproximadamente 50 años de edad ante varias personas están hablando de asuntos internos de grupo… reclamo de falta de apoyos para llevar a cabo su trabajo….hablan en maya….

Febrero 4 de 2005  es de día… Esta lloviendo y están filmando unos vehículos…a un jeep blanco… filman  a varios varones jóvenes no mayores de 35 años…. Febrero 5 de 2005 filmando a una patrulla… a un taxi… a varios vehículos que se encuentra estacionados…. Es de noche filman el parque a jóvenes que caminan en el… regresan a los vehículos estacionados donde esta una patrulla, se escucha la voz de una mujer declarando en relación a unos pagos por votos…. No se ve la cara de la mujer…siguen filmando a los vehículos y a las personas que ahí se encuentran afuera…ya detectaron a los que filman y estas personas se cubren el rostro….’

En primer término es de señalarse que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 16 fracción III de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral se considerarán pruebas técnicas, las fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y sonido, y en general todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance del órgano competente para resolver. En estos casos, el oferente deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo, tiempo y lugar que reproduce la prueba.

Un primer requisito que deberá de solventar el oferente de las pruebas técnicas, lo constituye que el medio de reproducción de imágenes, es decir las video filmaciones, deberán aportarse sin editar, esto es, que durante la filmación de los actos u hechos que en el video se contienen, no se haya manipulado el contenido para inducir una falsa realidad al juzgador.

El segundo elemento que deberá señalar el recurrente al momento de efectuar el ofrecimiento de una prueba técnica en el medio de impugnación, es relacionarla con los hechos controvertidos dentro de su escrito de impugnación identificando a las personas, los lugares y precisando las circunstancias de tiempo, modo y lugar sobre los cuales se desarrolla la video filmación contenida en la prueba que se ofrece.

El Diccionario de la Lengua Española, en su decimonovena edición, define al tiempo como duración de las cosas sujetas a mudanza; parte de esa duración; época durante la cual vive alguna persona o sucede alguna cosa; cada uno de los actos sucesivos en que se divide la ejecución de una cosa, concepto que relacionado con el texto del artículo 16 en comento, en relación con las pruebas técnicas, se deduce que el oferente de la misma, deberá de señalar el momento en el que fue llevada a cabo la filmación que ofrece como prueba, es decir, señalar no sólo la fecha, sino que también la hora en la que suceden los hechos contenidos en la video filmación.

El modo, se define como la forma variable y determinada que puede recibir o no un ser, sin que por ello cambie o se destruya su esencia, o bien debe entenderse por la forma o manera particular de hacer una cosa, esta definición integrada a la parte conducente del texto del artículo 16 de la Ley en cita, nos da como resultado que el recurrente al momento de aportar la prueba técnica, deberá señalar el modo o forma en la cual suceden los hechos que le causan agravio y con los que pretende crear convicción en el juzgador.

Un elemento más que deberá satisfacer el recurrente al momento del ofrecimiento de la prueba técnica, lo constituye la obligación de señalar el lugar debiendo entender por lo anterior, el espacio ocupado o puede ser ocupado por un cuerpo cualquiera; sitio o paraje; ciudad, villa o aldea; tiempo, ocasión, oportunidad; sitio que en una serie ordenada de hombres ocupa cada uno de ellos, por lo que el oferente de la prueba deberá aportar los medios necesarios para crear convicción en el juzgador de que los hechos mostrados en la filmación, y que le causan agravio, ocurrieron en el lugar que señala.

Estos elementos (tiempo, modo y lugar) analizados de manera funcional, sistemática e integral, nos dan por consecuencia, que el oferente de la prueba, deberá de señalar con precisión el día o días en que se desarrollan los hechos que le causan agravio (tiempo), haciendo una minuciosa descripción de la forma en la que sucedieron los mismos, aportando los elementos necesarios para su plena identificación, señalando el por qué le causan lesión a sus intereses (modo), debiendo de allegar los medios necesarios para efectuar una oportuna y eficaz identificación del lugar en el cual se efectúan los hechos que le causan agravio (lugar), e identificar a las personas que aparecen en las video filmaciones que aporte como pruebas técnicas, requisito indispensable para la debida valoración de la causal de nulidad de elección invocada por la coalición quejosa y al no haber aportado dichos elementos conforme a lo dispuesto por los artículos 16 fracción III y 23 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, a juicio de este órgano resolutor no es de concedérseles a dichas probanzas eficacia probatoria alguna ya que de los datos generales e inconexos obtenidos del desahogo de ninguna manera se acreditan violaciones graves y sistemáticas en el proceso ni en la jornada electoral.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido en diversas ejecutorias que las pruebas técnicas, al igual que las documentales privadas, ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y la dificultad para demostrar de modo absoluto e indudable las falsificaciones o alteraciones, así como el hecho notorio e indudable que actualmente existen, al alcance común de la gente, un sinnúmero de aparatos, instrumentos y recursos tecnológicos y científicos para la obtención de imágenes impresas, fijas o con movimiento de acuerdo al deseo, gusto o necesidad de quien las realiza, ya sea mediante la edición total o parcial de las representaciones que se quieran captar y de la alteración de las mismas, colocando a una persona o varias en determinado lugar y circunstancias, ubicándolas de acuerdo a los intereses del editor, para dar la impresión de que están actuando conforme a una realidad aparente. Sin que lo expuesto implique, por supuesto, la afirmación de que los oferentes hubieren procedido de ese modo, ya que sólo se destaca la facilidad con la que cualquier persona lo puede hacer, y que tal situación es obstáculo para conceder a los medios de prueba como los que se examinan, pleno valor probatorio, si no están suficientemente adminiculados con otros elementos que sean bastantes para suplir lo que a éstos les falta.

Por lo expuesto, la coalición actora no acredita fehacientemente que hayan existido durante el proceso electoral y el día de la jornada electoral, violaciones graves y sistemáticas a los principios rectores constitucionales en materia electoral por lo que esta autoridad jurisdiccional desestima su pretensión de nulidad de la elección de Gobernador del Estado de Quintana Roo y toma en cuenta el principio de conservación de los actos públicos validadamente celebrados que recoge el aforismo ‘lo útil no debe ser viciado por lo inútil’ y el cual fue adoptado en la tesis de Jurisprudencia S3ELJD 01/98, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de al Federación, publicada en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, páginas 170 a 172, cuyo rubro y texto son los siguientes:

‘PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN’. (Se transcribe).

CUARTO.- Por cuanto a la nulidad de votación recibida en casilla solicitada por la coalición actora donde presenta quince cuadros correspondientes a los quince distritos electorales del Estado en los que anota de manera muy general algunas casillas y en qué fracción del artículo 82 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral se incurrió, pero de ninguna forma señala circunstancias de modo, tiempo y lugar en que incurrieron las supuestas irregularidades en dichas casillas, ya que solo se limita a expresar que los órganos incurrieron en un error constante en el manejo de las boletas sobrantes y el incorrecto llenado de las actas de la jornada electoral, manifestaciones genéricas, y afirmaciones o negaciones abiertas, sin externar razonamientos lógico jurídicos para combatir las consideraciones sustentantes del acto impugnado, lo que incumple con lo previsto en las fracciones VI y VII del artículo 26 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral que señalan la obligación de los actores de mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa su impugnación y de expresar claramente los agravios que considere le causa el acto o resolución impugnados, por lo que en atención a lo expuesto, este órgano resolutor  procede a desestimar sus muy general alegaciones por cuanto a las fracciones  I, II, VI, VII, XII del artículo 82 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral  por devenir en inatendibles. 

Robustece lo anterior la siguiente jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación:

‘NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA, DEBE IDENTIFICARSE LA QUE SE IMPUGNA, ASÍ COMO LA CAUSAL ESPECÍFICA’. (Se transcribe).

Situación diferente ocurre por cuanto a las argumentaciones que se refieren a la fracción IV del artículo 82 de la Ley ya citada, en los que si expresa nombres y cargos de integrantes de mesas directivas de casilla que no pertenecen, supuestamente, a la sección, situaciones que se analizarán a continuación a través de los siguientes cuadros obtenidos del encarte y de las actas de jornada electoral que obran en autos y a los que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 22 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación e Materia Electoral es de otorgársele pleno valor probatorio.

De lo anterior tenemos que por cuanto al:

DISTRITO: II

SECCION: 316

CASILLA: 329 CONTIGUA UNO

De la presente casilla impugnada, esta Autoridad al entrar a la revisión de los documentos públicos relativos al Encarte publicado por el Órgano Electoral, así como del Acta de la Jornada Electoral, advierte  lo siguiente:

En primer término cabe señalar que conforme al encarte publicado se estableció que la sección 316 casilla básica, se ubicará en caso de no ser autorizado su instalación en el mismo domicilio que fue autorizado para la sección 329 casilla Contigua 1, ubicada en el campo deportivo 20 de noviembre, sito en la calle Juan José Siordia S/N entre la Avenida Independencia y Avenida Juárez, en la Colonia David Gustavo Gutierrez R., lugar donde finalmente se instaló la sección 316 casilla básica.

Así tenemos que los nombres de los funcionarios que fueron insaculados conforme a la legislación aplicable para actuar en la sección 329 casilla contigua 1 y que fueron publicados en el Encarte respectivo coinciden plenamente con los nombres que aparecen en el Acta de la Jornada Electoral en sus tres grandes apartados, por lo que es de señalarse que  a todas luces no le asiste la razón al actor por cuanto a su afirmación,  ya que argumenta que los ciudadanos Eli Jossmar Itza Pech y Norberto García Morales no se encuentran en el encarte como funcionarios de la mesa directiva de casilla, argumento totalmente falso ya que de la simple lectura tanto del encarte como del Acta de la Jornada Electoral respectivo, se puede verificar que existe plena coincidencia entre los funcionarios insaculados conforme a derecho y los que fungieron el día de la jornada electoral en la sección de mérito.

Por todo lo anteriormente razonado es dable considerar que el argumento planteado por la impetrante, deviene en totalmente infundado, y por lo tanto debe desestimarse.

DISTRITO: II

SECCION: 376

CASILLA: 367 CONTIGUA UNO

Por cuanto a la casilla de mérito impugnada, éste Órgano jurisdiccional al entrar a la revisión de los documentos públicos relativos al Encarte publicado por el Órgano Electoral, así como del Acta de la Jornada Electoral, advierte  lo siguiente:

En primero término, conforme al encarte publicado se estableció los ciudadanos que pertenezcan a la sección 376 casilla básica, votaran  en la Escuela Primaria ‘Francisco I. Madero’, ubicada en la avenida Emiliano Zapata entre Venustiano Carranza y Primo de Verdad en la Colonia Venustiano Carranza de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, mismo domicilio donde estaba ubicada la sección 367 casilla contigua 1.

Ahora bien, los funcionarios que fueron insaculados conforme a la Ley Electoral para actuar en la sección 367 contigua 1, y que fueron publicados en el Encarte respectivo coinciden plenamente con los nombres que aparecen en el Acta de la Jornada Electoral en sus tres grandes apartados, por lo que es de señalarse que no le asiste la razón al incoante por cuanto a su afirmación,  ya que todos los ciudadanos facultados por ley para actuar en la jornada electoral como funcionarios de casilla fueron los que válidamente fungieron como integrantes de la Mesa Directiva de la casilla en comento, por lo que el argumento del impugnante es totalmente falso ya que de la simple lectura tanto del encarte como del Acta de la Jornada Electoral respectiva, se puede verificar que existe plena coincidencia entre los funcionarios insaculados conforme a derecho y los que fungieron el día de la jornada electoral en la sección de mérito.

Por todo lo anteriormente razonado es dable considerar que el argumento planteado por la recurrente, deviene en totalmente infundado, y por lo tanto debe desestimarse.

DISTRITO: IV

SECCION: 430

CASILLA: BASICA

Por cuanto a la casilla de mérito impugnada, éste Órgano jurisdiccional al entrar a la revisión de los documentos públicos relativos al Encarte publicado por el Órgano Electoral, así como del Acta de la Jornada Electoral, advierte  lo siguiente:

Que los funcionarios que fueron insaculados conforme a la Ley Electoral para actuar en la sección 430 básica y que fueron publicados en el Encarte respectivo coinciden plenamente con los nombres que aparecen en el Acta de la Jornada Electoral en sus tres grandes apartados, por lo que es de señalarse que no le asiste la razón al demandante por cuanto a su afirmación, ya que todos los ciudadanos facultados por ley para actuar el día la jornada electoral como funcionarios de casilla, fueron los que válidamente fungieron como integrantes de la Mesa Directiva de la casilla en comento, por lo que el argumento del impugnante es totalmente falso ya que de la simple lectura tanto del encarte como del Acta de la Jornada Electoral respectiva, se puede verificar que existe plena coincidencia entre los funcionarios insaculados conforme a derecho y los que fungieron el día de la jornada electoral en la sección de mérito.

Por todo lo anteriormente razonado es dable considerar que el argumento planteado por la recurrente, deviene en totalmente infundado, y por lo tanto debe desestimarse.

DISTRITO: VII

SECCION: 241

CASILLA: CONTIGUA 1

En lo conducente a la impugnación hecha valer por el enjuiciante, respecto de la sección 241 casilla Contigua 1, en donde aduce que la ciudadana Rosa Esperanza Medina Chan, fungió como Primer Escrutador de la casilla mencionada con anterioridad, no obstante de no pertenecer a la Sección Electoral que corresponde a esta casilla, es de señalarse lo siguiente:

De la revisión a los apartados que integran el Acta de la Jornada Electoral que hizo esta Autoridad resolutora, efectivamente tal como lo argumenta la parte accionante, quien fungió como Primer Escrutador el día de la jornada electoral, fue la ciudadana Rosa Esperanza Medina Chan, y a su vez de la revisión del Encarte publicado por el órgano administrativo electoral correspondiente, se desprende que dicha ciudadana no fue una de las insaculados conforme a la legislación correspondiente, y por ende, no apareció su nombre dentro del referido encarte.

Ahora bien, de un minuciosa revisión que se hiciera a la Lista Nominal de Electores con Fotografía para la Elección de Gobernador, Diputados Locales y Miembros del Ayuntamiento correspondiente a la sección 241, se verificó que acertadamente como lo arguye el impetrante, dicha ciudadana no se encuentra dentro de la sección donde fungió como funcionario de la mesa directiva de casilla, violentando con tal acto lo establecido por la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo en su artículos 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 y 80.

Al respecto, es menester señalar que la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, establece que los que tienen la facultad de recepcionar los votos y efectuar el escrutinio y cómputo de la votación el día de la jornada electoral son los integrantes de las mesas directivas de cada casilla en cuestión, y estas están integradas por un Presidente, un Secretario y Dos Escrutadores, además de también seleccionarse a tres suplentes generales, por si algunos de los antes mencionados, no se presentase a fungir en su cargo el día de la jornada electoral, lo anterior de acuerdo con los artículos 71, 72 párrafo primero  y 77 de la Ley Orgánica antes citada, que rezan lo siguiente:

‘Artículo 71.- …

Artículo 72.- …

Artículo 77.- … (Se transcribe)’.

También la Ley Orgánica antes mencionada señala cuales son los requisitos que deberán cumplir los ciudadanos que ocupen tales cargos electorales, así como el procedimiento mediante el cual serán designados dichas autoridades.

En esa tesitura el párrafo segundo del artículo 72 de la referida ley, señala los requisitos que se deben cumplir para fungir como integrante de la mesa directiva de casilla, el cual es del tenor siguiente:

‘Artículo 72.- … (Se transcribe)’.

Por lo tanto, las personas autorizadas para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo el día de la jornada electoral son los integrantes de las Mesas Directivas de Casillas, que previamente han sido designados por ocupar dichos cargos por el Consejo Distrital respectivo, luego entonces, son estos quienes en primera instancia deben llevar a cabo tales funciones.

Sin embargo, existe la posibilidad de que quienes fueron elegidos en un primer momento no funjan el día de la jornada electoral como miembros de la Mesa Directiva respectiva, y eso haría pensar que existen elementos suficientes para acreditar que la recepción y el escrutinio y cómputo de la votación fuere realizada por personas diferentes a las autorizadas, actualizándose con ello la causal de nulidad de casilla dispuesto por la fracción IV del artículo 82 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, no obstante en la propia normatividad se establece en qué casos es válidamente sustituir a un miembro de la mesa directiva de casilla, por lo que el hecho de que la recepción de la votación fuere recibida por personas distintas a las autorizadas o facultadas por la legislación correspondiente, según nuestra Ley de Medios, no da lugar necesariamente a que la votación recibida en casilla específica sea anulada.

Lo anterior es así, ya que de una interpretación sistemática y funcional de legislación electoral, no solo por el hecho de que en una casilla se haya recibido por personas distintas a las que aparecen en el encarte oficial se tiene que anular la votación; ya que antes de anular una casilla tendremos que ubicarnos si tal irregularidad esta justificada o no  de acuerdo a nuestra Ley de Medios o la Ley Electoral, ya que éstas establecen varios supuestos, donde justificadamente se puede hacer cambios de funcionarios de casillas, por lo que como ya se ha dicho, no solo basta acreditar que fueron distintas las personas que recibieron la votación, sino que además hay que acreditar para anular casillas, que este cambio fuere injustificadamente.

En efecto el artículo 182 de la Ley Electoral de Quintana Roo,  establece las reglas para la integración de las Mesas Directivas de Casilla, además de que señala, el procedimiento legal, que se debe llevar a cabo para la sustitución legal y justificada de dichos miembros de casillas, cuando éstos no llegaren a cumplir con su obligación electoral; dichas reglas se transcriben a continuación y a la letra:

‘Artículo 182.- … (Se transcribe)’.

En esta tesitura, podemos hablar que sí es posible hacer cambios de funcionarios de casillas de última hora, y tales cambios de ninguna manera contravienen la norma legal ni mucho menos es causa para que se anule una determinada casilla, es decir, que pesar de que los nombres que aparezcan en el Encarte Oficial publicado por el Órgano competente y los nombres que aparezcan en las Actas Electorales correspondientes no sean idénticos, esto no es por sí solo, causal de nulidad, ya que como hemos observado con anterioridad, es posible que de ultimo momento los miembros de las mesas directivas de casillas se modifiquen.

Sin embargo, la sustitución de miembros de las mesas directivas de casillas tiene sus limitantes y reglas, ya que a pesar de que la norma permita la sustitución de funcionarios, los suplentes deben necesariamente que cumplir con ciertos requisitos.

En primer lugar si ya son las 7:45 horas y no está integrada la mesa directiva de casilla, deben de ocupar los cargos faltantes aquellos ciudadanos que han sido nombrados como ‘suplentes’ por el órgano competente.

En segunda instancia, y toda vez que no se hayan cubierto todos los cargos de la mesa directiva de casilla a las ocho de la mañana, se deben nombrar a otros ciudadanos que deben cumplir con los siguientes requisitos:

1.- Deben de estar formados en la fila para votar en la casilla correspondiente;

2.- Deben seleccionarse de acuerdo a como estén formados, es decir, los primeros de la fila para votar; y

3.- Deben estar inscritos en la lista nominal de electores de la sección electoral de la casilla en la que fungirán como miembros de la mesa directiva de casilla;

En tercer término, y en el supuesto de que aún no se haya podido integrar la referida mesa directiva a las 8:30 horas, el Consejo Distrital correspondiente, tomará las medidas necesarias para su instalación y designará al personal del Instituto encargado de ejecutarlas.

Por último, los propios representantes de partidos antes la casilla, siendo las nueve de la mañana y aún no integrada la mesa directiva de casilla, podrán de común acuerdo o por mayoría, designar a los funcionarios para su debida integración.

Por lo tanto, es claramente posible sustituir a los miembros integrantes de la ya multicitada mesa directiva, aún en el mismo día de la jornada electoral, no haciendo este mero acto, una causal de nulidad. Las limitantes para la integración de la mesa directiva son como ya dijimos, que se encuentren formados en la fila para votar, que se encuentren en la lista nominal de electores de la sección correspondiente, y de acuerdo al penúltimo párrafo del artículo 182 de la Ley Electoral local, que no sean representantes de partido político alguno, por lo que si cumplen con tales requisitos es legal y justificado que puedan ocupar cargos de la mesa directiva de casilla en sustitución de los originalmente nombrados.

Lo anterior, viene robustecido por las Tesis de Jurisprudencia, que han sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo los rubros y textos siguientes:

‘SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL’. (Se transcribe).

‘PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. DEBEN ESTAR EN LA LISTA NOMINAL DE LA SECCIÓN Y NO SÓLO VIVIR EN ELLA’. (Se transcribe).

En ese orden de ideas y una vez argumentado lo anterior, es de señalarse que toda vez que la ciudadana Rosa Esperanza Medina Chan, fungió como Primer Escrutador de la casilla mencionada con anterioridad, no obstante de no pertenecer a la Sección Electoral que corresponde a esta casilla, evidentemente actualiza la causal de nulidad prevista en la fracción IV del artículo 82 de la Ley Estatal de Medios en Materia Electoral, relativo a que la recepción o el cómputo de la votación fuere por personas u órganos distintos a los facultados por la legislación correspondiente.

De lo anterior se puede concluir que el simple hecho de que haya formado parte en la integración de la mesa directiva de casilla, cualquiera que hubiese sido el cargo ocupado, una persona que no fue designada por el organismo electoral competente ni aparezca en el listado nominal de electores correspondiente a la sección electoral respectiva, como acontece en la especie, al no tratarse de una irregularidad meramente circunstancial, sino una franca transgresión al deseo manifestado del legislador ordinario de que los órganos receptores de la votación se integren, en todo caso, con electores de la sección que corresponda, pone en entredicho el apego irrestricto a los principios de certeza y legalidad del sufragio, por lo que, consecuentemente, en tal supuesto, debe anularse la votación recibida en dicha casilla.

En efecto, lo anterior encuentra su explicación, en que la exigencia del legislador de que cuando no se encuentren los funcionarios designados por el organismo electoral competente, se designen a los que habrán de sustituirlos de entre los electores que se encuentren formados en la fila para emitir su voto, garantiza que, aun en esas circunstancias extraordinarias de inasistencia de los funcionarios designados originalmente, se ofrezca garantía de que las designaciones emergentes recaigan en personas que satisfagan por lo menos algunos de los requisitos previstos en el artículo 72 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, para ser integrante de la mesa directiva de casilla, como son el de ser residente en la sección electoral que comprenda a la casilla, estar inscrito en el padrón electoral, contar con credencial para votar, y estar en ejercicio de sus derechos políticos y civiles; toda vez que así se facilita a quien hace la designación correspondiente la comprobación, con valor pleno, de los citados requisitos, porque si un ciudadano se encuentra en la lista nominal de la sección, esto es suficiente para tener por probados los demás requisitos mencionados, sin necesidad de realizar diligencia alguna. De modo que, cuando algún presidente, secretario, escrutador o suplente designado originalmente ejerce la facultad en comento, pero designa a un ciudadano que no se encuentre inscrito en la lista nominal de la sección, al no reunir éste las cualidades presentadas por la ley para recibir la votación aún en esa situación de urgencia, se adjudica la calidad de persona no autorizada legalmente para ejercer esa función, y en consecuencia al no existir la veracidad del apego irrestricto a los principios de certeza y legalidad del sufragio, debe anularse la votación recibida en dicha casilla.

Robustece los anteriores argumentos, los criterios jurisprudenciales y relevantes sostenidos por el órgano máximo federal en materia electoral, bajo los rubros y textos siguientes:

‘RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (Legislación del Estado de Baja California Sur y similares)’. (Se transcribe).

SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL, y cuyo texto ya ha sido trascrito, en esta misma resolución.

‘PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. DEBEN ESTAR EN LA LISTA NOMINAL DE LA SECCIÓN Y NO SÓLO VIVIR EN ELLA”, cuyo texto ya ha sido trascrito, en esta propia ejecutoria.

Por todo lo anteriormente razonado, motivado y fundado respecto de la pretensión de la nulidad de la votación reciba en la casilla hecha valer por el incoante, es de concluirse que le asiste la razón, y que por lo tanto, debe decretarse la anulación de la sección 241 casilla Contigua 1.

DISTRITO: II

SECCION: 368

CASILLA: BASICA

En lo que respecta al agravio hecho por el impetrante, respecto de la sección 368 casilla básica, en donde aduce que la ciudadana Zulma Cabrera Jiménez, fungió como Segundo Escrutador de la casilla mencionada con anterioridad, no obstante de no pertenecer a la Sección Electoral que corresponde a esta casilla, es de señalarse lo siguiente:

De la revisión a los apartados que integran el Acta de la Jornada Electoral que hizo ésta Autoridad jurisdiccional, ciertamente tal como lo arguye la recurrente, quien fungió como Segundo Escrutador el día de la jornada electoral fue la ciudadana Zulma Cabrera Jiménez, y a su vez de la revisión del Encarte publicado por el órgano administrativo electoral correspondiente, se desprende que dicha ciudadana no fue una de las insaculadas conforme a la legislación correspondiente, y por ende, no apareció su nombre dentro del referido encarte.

Ahora bien, de un minuciosa revisión que se hiciera a la Lista Nominal de Electores con Fotografía para la Elección de Gobernador, Diputados Locales y Miembros del Ayuntamiento correspondiente a la sección 368, se verificó que efectivamente como lo arguye el impetrante, dicha ciudadana no se encuentra dentro de la sección donde fungió como funcionario de la mesa directiva de casilla, violentando con tal acto lo establecido por la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo en sus artículos 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 y 80, mediante los cuales se establece entre otras disposiciones, quienes integran las mesas directivas de casillas, sus facultades y los requisitos que deben cumplir para poder ser funcionarios el día de la jornada electoral.

Por lo tanto, las personas autorizadas para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo el día de la jornada electoral son los integrantes de las Mesas Directivas de Casillas, que previamente han sido designados por ocupar dichos cargos por el Consejo Distrital respectivo, luego entonces, son estos quienes en primera instancia deben llevar a cabo tales funciones.

Sin embargo, existe la posibilidad de que quienes fueron elegidos en un primer momento no funjan el día de la jornada electoral como miembros de la Mesa Directiva respectiva, y eso haría pensar que existen elementos suficientes para acreditar que la recepción y el escrutinio y cómputo de la votación fuere realizada por personas diferentes a las autorizadas, actualizándose con ello la causal de nulidad de casilla dispuesto por la fracción IV del artículo 82 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, no obstante en la propia normatividad se establece en qué casos es válidamente sustituir a un miembro de la mesa directiva de casilla, por lo que el hecho de que la recepción de la votación fuere recibida por personas distintas a las autorizadas o facultadas por la legislación correspondiente, según nuestra Ley de Medios, no da lugar necesariamente a que la votación recibida en casilla específica sea anulada.

Lo anterior es así, ya que de una interpretación sistemática y funcional de legislación electoral, no solo por el hecho de que en una casilla se haya recibido por personas distintas a las que aparecen en el encarte oficial se tiene que anular la votación; ya que antes de anular una casilla tendremos que ubicarnos si tal irregularidad esta justificada o no  de acuerdo a la Ley de Medios o la Ley Electoral, ya que éstas establecen varios supuestos, donde justificadamente se puede hacer cambios de funcionarios de casillas, y cuya disposición ya ha quedado transcrita en esta misma sentencia, por lo que como ya se ha dicho, no solo basta acreditar que fueron distintas las personas que recibieron la votación, sino que además hay que acreditar para anular casillas, que este cambio fuere injustificadamente.

En esta tesitura, podemos hablar que sí es posible hacer cambios de funcionarios de casillas de última hora, y tales cambios de ninguna manera contravienen la norma legal ni mucho menos es causa para que se anule una determinada casilla, es decir, que pesar de que los nombres que aparezcan en el Encarte Oficial publicado por el Órgano competente y los nombres que aparezcan en las Actas Electorales correspondientes no sean idénticos, esto no es por sí solo, causal de nulidad, ya que como hemos observado con anterioridad, es posible que de ultimo momento los miembros de las mesas directivas de casillas se modifiquen.

Sin embargo, la sustitución de miembros de las mesas directivas de casillas tiene sus limitantes y reglas, ya que a pesar de que la norma permita la sustitución de funcionarios, los suplentes deben necesariamente que cumplir con ciertos requisitos:

En ese tenor tenemos que es claramente posible sustituir a los miembros integrantes de la ya multicitada mesa directiva, aún en el mismo día de la jornada electoral, no haciendo este mero acto, una causal de nulidad. Las limitantes para la integración de la mesa directiva son que se encuentren formados en la fila para votar, que se encuentren en la lista nominal de electores de la sección correspondiente, y de acuerdo al penúltimo párrafo del artículo 182 de la Ley Electoral local, que no sean representantes de partido político alguno, por lo que si cumplen con tales requisitos es legal y justificado que puedan ocupar cargos de la mesa directiva de casilla en sustitución de los originalmente nombrados.

Lo anterior, viene robustecido por las Tesis de Jurisprudencia, que han sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo los rubros ‘SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL.’ y ‘PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. DEBEN ESTAR EN LA LISTA NOMINAL DE LA SECCIÓN Y NO SÓLO VIVIR EN ELLA.’,  cuyos textos ya han sido transcritos con antelación en esta misma ejecutoria.

En ese orden de ideas y argumentado lo anterior, es de señalarse que toda vez que la ciudadana Zulma Cabrera Jiménez, fungió como Segundo Escrutador de la casilla mencionada con anterioridad, no obstante de no pertenecer a la Sección Electoral que corresponde a esta casilla, evidentemente actualiza la causal de nulidad prevista en la fracción IV del artículo 82 de la Ley Estatal de Medios en Materia Electoral, relativo a que la recepción o el cómputo de la votación fuere por personas u órganos distintos a los facultados por la legislación correspondiente.

De lo anterior se puede concluir que el simple hecho de que haya formado parte en la integración de la mesa directiva de casilla, cualquiera que hubiese sido el cargo ocupado, una persona que no fue designada por el organismo electoral competente ni aparezca en el listado nominal de electores correspondiente a la sección electoral respectiva, como acontece en la especie, al no tratarse de una irregularidad meramente circunstancial, sino una franca transgresión al deseo manifestado del legislador ordinario de que los órganos receptores de la votación se integren, en todo caso, con electores de la sección que corresponda, pone en entredicho el apego irrestricto a los principios de certeza y legalidad del sufragio, por lo que, consecuentemente, en tal supuesto, debe anularse la votación recibida en la casilla a estudio.

En efecto, lo anterior encuentra su explicación, en que la exigencia del legislador de que cuando no se encuentren los funcionarios designados por el organismo electoral competente, se designen a los que habrán de sustituirlos de entre los electores que se encuentren formados en la fila para emitir su voto, garantiza que, aun en esas circunstancias extraordinarias de inasistencia de los funcionarios designados originalmente, se ofrezca garantía de que las designaciones emergentes recaigan en personas que satisfagan por lo menos algunos de los requisitos previstos en el artículo  72 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, para ser integrante de la mesa directiva de casilla, como son el de ser residente en la sección electoral que comprenda a la casilla, estar inscrito en el padrón electoral, contar con credencial para votar, y estar en ejercicio de sus derechos políticos y civiles; toda vez que así se facilita a quien hace la designación correspondiente la comprobación, con valor pleno, de los citados requisitos, porque si un ciudadano se encuentra en la lista nominal de la sección, esto es suficiente para tener por probados los demás requisitos mencionados, sin necesidad de realizar diligencia alguna. De modo que, cuando algún presidente, secretario, escrutador o suplente designado originalmente ejerce la facultad en comento, pero designa a un ciudadano que no se encuentre inscrito en la lista nominal de la sección, al no reunir éste las cualidades presentadas por la ley para recibir la votación aún en esa situación de urgencia, se adjudica la calidad de persona no autorizada legalmente para ejercer esa función, y en consecuencia al no existir la veracidad del apego irrestricto a los principios de certeza y legalidad del sufragio, debe anularse la votación recibida en dicha casilla.

Robustece los anteriores argumentos, los criterios jurisprudenciales y relevantes sostenidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo los rubros ‘RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN’, ‘SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL’ y ‘PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. DEBEN ESTAR EN LA LISTA NOMINAL DE LA SECCIÓN Y NO SÓLO VIVIR EN ELLA, cuyos textos ya han sido trascritos, en esta propia resolución.

Por todo lo anteriormente razonado, motivado y fundado respecto de la pretensión de la nulidad de la votación reciba en la casilla hecha valer por la coalición actora, es de concluirse que le asiste la razón, y que por lo tanto, debe decretarse la anulación de la sección 368 casilla básica.

DISTRITO: II

SECCION: 303

CASILLA: BASICA

En lo que concierne a la impugnación hecha valer por el impetrante, respecto de la sección 303 casilla Básica, en donde aduce que el ciudadano Jimmy Manuel Cabrera Rincón, fungió como Primer Escrutador de la casilla mencionada con anterioridad, no obstante de no pertenecer a la Sección Electoral que corresponde a esta casilla, es de señalarse lo siguiente:

De la revisión a los apartados que integran el Acta de la Jornada Electoral que hizo ésta Autoridad jurisdiccional, ciertamente tal como lo argumenta la parte accionante, quien fungió como Primer Escrutador el día de la jornada electoral fue el ciudadano Jimmy Manuel Cabrera Rincón, y a su vez de la revisión del Encarte publicado por el órgano administrativo electoral correspondiente, se desprende que dicho ciudadano no fue uno de los insaculados conforme a la legislación correspondiente, y por ende, no apareció su nombre dentro del referido encarte.

Ahora bien, de un minuciosa revisión que se hiciera a la Lista Nominal de Electores con Fotografía para la Elección de Gobernador, Diputados Locales y Miembros del Ayuntamiento correspondiente a la sección 303, se verificó que efectivamente como lo arguye el impetrante, dicho ciudadano no se encuentra dentro de la sección donde fungió como funcionario de la mesa directiva de casilla, violentando con tal acto lo establecido por la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo en sus artículos 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 y 80, mediante los cuales se establece entre otras disposiciones, quienes integran las mesas directivas de casillas, sus facultades y los requisitos que deben cumplir para poder ser funcionarios el día de la jornada electoral.

Por lo tanto, las personas autorizadas para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo el día de la jornada electoral son los integrantes de las Mesas Directivas de Casillas, que previamente han sido designados por ocupar dichos cargos por el Consejo Distrital respectivo, luego entonces, son estos quienes en primera instancia deben llevar a cabo tales funciones.

Sin embargo, existe la posibilidad de que quienes fueron elegidos en un primer momento no funjan el día de la jornada electoral como miembros de la Mesa Directiva respectiva, y eso haría pensar que existen elementos suficientes para acreditar que la recepción y el escrutinio y cómputo de la votación fuere realizada por personas diferentes a las autorizadas, actualizándose con ello la causal de nulidad de casilla dispuesto por la fracción IV del artículo 82 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, no obstante en la propia normatividad se establece en qué casos es válidamente sustituir a un miembro de la mesa directiva de casilla, por lo que el hecho de que la recepción de la votación fuere recibida por personas distintas a las autorizadas o facultadas por la legislación correspondiente, según nuestra Ley de Medios, no da lugar necesariamente a que la votación recibida en casilla específica sea anulada.

Lo anterior es así, ya que de una interpretación sistemática y funcional de legislación electoral, no solo por el hecho de que en una casilla se haya recibido por personas distintas a las que aparecen en el encarte oficial se tiene que anular la votación; ya que antes de anular una casilla tendremos que ubicarnos si tal irregularidad esta justificada o no  de acuerdo a la Ley de Medios o la Ley Electoral, ya que éstas establecen varios supuestos, donde justificadamente se puede hacer cambios de funcionarios de casillas, y cuya disposición ya ha quedado transcrita en esta misma sentencia, por lo que como ya se ha dicho, no solo basta acreditar que fueron distintas las personas que recibieron la votación, sino que además hay que acreditar para anular casillas, que este cambio fuere injustificadamente.

En esta tesitura, podemos hablar que sí es posible hacer cambios de funcionarios de casillas de última hora, y tales cambios de ninguna manera contravienen la norma legal ni mucho menos es causa para que se anule una determinada casilla, es decir, que pesar de que los nombres que aparezcan en el Encarte Oficial publicado por el Órgano competente y los nombres que aparezcan en las Actas Electorales correspondientes no sean idénticos, esto no es por sí solo, causal de nulidad, ya que como hemos observado con anterioridad, es posible que de ultimo momento los miembros de las mesas directivas de casillas se modifiquen.

Sin embargo, la sustitución de miembros de las mesas directivas de casillas tiene sus limitantes y reglas, ya que a pesar de que la norma permita la sustitución de funcionarios, los suplentes deben necesariamente que cumplir con ciertos requisitos:

En ese tenor tenemos que es claramente posible sustituir a los miembros integrantes de la ya multicitada mesa directiva, aún en el mismo día de la jornada electoral, no haciendo este mero acto, una causal de nulidad. Las limitantes para la integración de la mesa directiva son que se encuentren formados en la fila para votar, que se encuentren en la lista nominal de electores de la sección correspondiente, y de acuerdo al penúltimo párrafo del artículo 182 de la Ley Electoral local, que no sean representantes de partido político alguno, por lo que si cumplen con tales requisitos es legal y justificado que puedan ocupar cargos de la mesa directiva de casilla en sustitución de los originalmente nombrados.

Lo anterior, viene robustecido por las Tesis de Jurisprudencia, que han sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo los rubros ‘SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL.’ y ‘PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. DEBEN ESTAR EN LA LISTA NOMINAL DE LA SECCIÓN Y NO SÓLO VIVIR EN ELLA,  cuyos textos ya han sido transcritos con antelación en esta misma ejecutoria.

En ese orden de ideas y argumentado lo anterior, es de señalarse que toda vez que el ciudadano Jimmy Manuel Cabrera Rincón, fungió como Primer Escrutador de la casilla mencionada con anterioridad, no obstante de no pertenecer a la Sección Electoral que corresponde a esta casilla, evidentemente actualiza la causal de nulidad prevista en la fracción IV del artículo 82 de la Ley Estatal de Medios en Materia Electoral, relativo a que la recepción o el cómputo de la votación fuere por personas u órganos distintos a los facultados por la legislación correspondiente.

De lo anterior se puede concluir que el simple hecho de que haya formado parte en la integración de la mesa directiva de casilla, cualquiera que hubiese sido el cargo ocupado, una persona que no fue designada por el organismo electoral competente ni aparezca en el listado nominal de electores correspondiente a la sección electoral respectiva, como acontece en la especie, al no tratarse de una irregularidad meramente circunstancial, sino una franca trasgresión al deseo manifestado del legislador ordinario de que los órganos receptores de la votación se integren, en todo caso, con electores de la sección que corresponda, pone en entredicho el apego irrestricto a los principios de certeza y legalidad del sufragio, por lo que, consecuentemente, en tal supuesto, debe anularse la votación recibida en la casilla a estudio.

En efecto, lo anterior encuentra su explicación, en que la exigencia del legislador de que cuando no se encuentren los funcionarios designados por el organismo electoral competente, se designen a los que habrán de sustituirlos de entre los electores que se encuentren formados en la fila para emitir su voto, garantiza que, aun en esas circunstancias extraordinarias de inasistencia de los funcionarios designados originalmente, se ofrezca garantía de que las designaciones emergentes recaigan en personas que satisfagan por lo menos algunos de los requisitos previstos en el artículo  72 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, para ser integrante de la mesa directiva de casilla, como son el de ser residente en la sección electoral que comprenda a la casilla, estar inscrito en el padrón electoral, contar con credencial para votar, y estar en ejercicio de sus derechos políticos y civiles; toda vez que así se facilita a quien hace la designación correspondiente la comprobación, con valor pleno, de los citados requisitos, porque si un ciudadano se encuentra en la lista nominal de la sección, esto es suficiente para tener por probados los demás requisitos mencionados, sin necesidad de realizar diligencia alguna. De modo que, cuando algún presidente, secretario, escrutador o suplente designado originalmente ejerce la facultad en comento, pero designa a un ciudadano que no se encuentre inscrito en la lista nominal de la sección, al no reunir éste las cualidades presentadas por la ley para recibir la votación aún en esa situación de urgencia, se adjudica la calidad de persona no autorizada legalmente para ejercer esa función, y en consecuencia al no existir la veracidad del apego irrestricto a los principios de certeza y legalidad del sufragio, debe anularse la votación recibida en dicha casilla.

Robustece los anteriores argumentos, los criterios jurisprudenciales y relevantes sostenidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo los rubros ‘RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN’, ‘SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL’ y ‘PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. DEBEN ESTAR EN LA LISTA NOMINAL DE LA SECCIÓN Y NO SÓLO VIVIR EN ELLA, cuyos textos ya han sido trascritos, en esta propia resolución.

Por todo lo anteriormente razonado, motivado y fundado respecto de la pretensión de la nulidad de la votación reciba en la casilla hecha valer por la coalición actora, es de concluirse que le asiste la razón, y que por lo tanto, debe decretarse la anulación de la sección 303 casilla Contigua Básica.

DISTRITO: IX

SECCION: 206

CASILLA: CONTIGUA 2

En lo que concierne a la impugnación hecha valer por el impetrante, respecto de la sección 206 casilla Contigua 2, en donde aduce que el ciudadano Edgar Batiz Silva, fungió como Primer Escrutador de la casilla mencionada con anterioridad, no obstante de no pertenecer a la Sección Electoral que corresponde a esta casilla, es de señalarse lo siguiente:

De la revisión a los apartados que integran el Acta de la Jornada Electoral que hizo ésta Autoridad jurisdiccional, ciertamente tal como lo argumenta la parte accionante, quien fungió como Primer Escrutador el día de la jornada electoral fue el ciudadano Edgar Batiz Silva, y a su vez de la revisión del Encarte publicado por el órgano administrativo electoral correspondiente, se desprende que dicho ciudadano no fue uno de los insaculados conforme a la legislación correspondiente, y por ende, no apareció su nombre dentro del referido encarte.

Ahora bien, de un minuciosa revisión que se hiciera a la Lista Nominal de Electores con Fotografía para la Elección de Gobernador, Diputados Locales y Miembros del Ayuntamiento correspondiente a la sección 206, se verificó que afectivamente como lo arguye el impetrante, dicho ciudadano no se encuentra dentro de la sección donde fungió como funcionario de la mesa directiva de casilla, violentando con tal acto lo establecido por la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo en sus artículos 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 y 80, mediante los cuales se establece entre otras disposiciones, quienes integran las mesas directivas de casillas, sus facultades y los requisitos que deben cumplir para poder ser funcionarios el día de la jornada electoral.

Por lo tanto, las personas autorizadas para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo el día de la jornada electoral son los integrantes de las Mesas Directivas de Casillas, que previamente han sido designados por ocupar dichos cargos por el Consejo Distrital respectivo, luego entonces, son estos quienes en primera instancia deben llevar a cabo tales funciones.

Sin embargo, existe la posibilidad de que quienes fueron elegidos en un primer momento no funjan el día de la jornada electoral como miembros de la Mesa Directiva respectiva, y eso haría pensar que existen elementos suficientes para acreditar que la recepción y el escrutinio y cómputo de la votación fuere realizada por personas diferentes a las autorizadas, actualizándose con ello la causal de nulidad de casilla dispuesto por la fracción IV del artículo 82 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, no obstante en la propia normatividad se establece en qué casos es válidamente sustituir a un miembro de la mesa directiva de casilla, por lo que el hecho de que la recepción de la votación fuere recibida por personas distintas a las autorizadas o facultadas por la legislación correspondiente, según nuestra Ley de Medios, no da lugar necesariamente a que la votación recibida en casilla específica sea anulada.

Lo anterior es así, ya que de una interpretación sistemática y funcional de legislación electoral, no solo por el hecho de que en una casilla se haya recibido por personas distintas a las que aparecen en el encarte oficial se tiene que anular la votación; ya que antes de anular una casilla tendremos que ubicarnos si tal irregularidad esta justificada o no  de acuerdo a la Ley de Medios o la Ley Electoral, ya que éstas establecen varios supuestos, donde justificadamente se puede hacer cambios de funcionarios de casillas, y cuya disposición ya ha quedado transcrita en esta misma sentencia, por lo que como ya se ha dicho, no solo basta acreditar que fueron distintas las personas que recibieron la votación, sino que además hay que acreditar para anular casillas, que este cambio fuere injustificadamente.

En esta tesitura, podemos hablar que sí es posible hacer cambios de funcionarios de casillas de última hora, y tales cambios de ninguna manera contravienen la norma legal ni mucho menos es causa para que se anule una determinada casilla, es decir, que pesar de que los nombres que aparezcan en el Encarte Oficial publicado por el Órgano competente y los nombres que aparezcan en las Actas Electorales correspondientes no sean idénticos, esto no es por sí solo, causal de nulidad, ya que como hemos observado con anterioridad, es posible que de ultimo momento los miembros de las mesas directivas de casillas se modifiquen.

Sin embargo, la sustitución de miembros de las mesas directivas de casillas tiene sus limitantes y reglas, ya que a pesar de que la norma permita la sustitución de funcionarios, los suplentes deben necesariamente que cumplir con ciertos requisitos:

En ese tenor tenemos que es claramente posible sustituir a los miembros integrantes de la ya multicitada mesa directiva, aún en el mismo día de la jornada electoral, no haciendo este mero acto, una causal de nulidad. Las limitantes para la integración de la mesa directiva son que se encuentren formados en la fila para votar, que se encuentren en la lista nominal de electores de la sección correspondiente, y de acuerdo al penúltimo párrafo del artículo 182 de la Ley Electoral local, que no sean representantes de partido político alguno, por lo que si cumplen con tales requisitos es legal y justificado que puedan ocupar cargos de la mesa directiva de casilla en sustitución de los originalmente nombrados.

Lo anterior, viene robustecido por las Tesis de Jurisprudencia, que han sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo los rubros ‘SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL.’ y ‘PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. DEBEN ESTAR EN LA LISTA NOMINAL DE LA SECCIÓN Y NO SÓLO VIVIR EN ELLA.’,  cuyos textos ya han sido transcritos con antelación en esta misma ejecutoria.

En ese orden de ideas y argumentado lo anterior, es de señalarse que toda vez que el ciudadano Edgar Batiz Silva, fungió como Primer Escrutador de la casilla mencionada con anterioridad, no obstante de no pertenecer a la Sección Electoral que corresponde a esta casilla, evidentemente actualiza la causal de nulidad prevista en la fracción IV del artículo 82 de la Ley Estatal de Medios en Materia Electoral, relativo a que la recepción o el cómputo de la votación fuere por personas u órganos distintos a los facultados por la legislación correspondiente.

De lo anterior se puede concluir que el simple hecho de que haya formado parte en la integración de la mesa directiva de casilla, cualquiera que hubiese sido el cargo ocupado, una persona que no fue designada por el organismo electoral competente ni aparezca en el listado nominal de electores correspondiente a la sección electoral respectiva, como acontece en la especie, al no tratarse de una irregularidad meramente circunstancial, sino una franca trasgresión al deseo manifestado del legislador ordinario de que los órganos receptores de la votación se integren, en todo caso, con electores de la sección que corresponda, pone en entredicho el apego irrestricto a los principios de certeza y legalidad del sufragio, por lo que, consecuentemente, en tal supuesto, debe anularse la votación recibida en la casilla a estudio.

En efecto, lo anterior encuentra su explicación, en que la exigencia del legislador de que cuando no se encuentren los funcionarios designados por el organismo electoral competente, se designen a los que habrán de sustituirlos de entre los electores que se encuentren formados en la fila para emitir su voto, garantiza que, aun en esas circunstancias extraordinarias de inasistencia de los funcionarios designados originalmente, se ofrezca garantía de que las designaciones emergentes recaigan en personas que satisfagan por lo menos algunos de los requisitos previstos en el artículo  72 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, para ser integrante de la mesa directiva de casilla, como son el de ser residente en la sección electoral que comprenda a la casilla, estar inscrito en el padrón electoral, contar con credencial para votar, y estar en ejercicio de sus derechos políticos y civiles; toda vez que así se facilita a quien hace la designación correspondiente la comprobación, con valor pleno, de los citados requisitos, porque si un ciudadano se encuentra en la lista nominal de la sección, esto es suficiente para tener por probados los demás requisitos mencionados, sin necesidad de realizar diligencia alguna. De modo que, cuando algún presidente, secretario, escrutador o suplente designado originalmente ejerce la facultad en comento, pero designa a un ciudadano que no se encuentre inscrito en la lista nominal de la sección, al no reunir éste las cualidades presentadas por la ley para recibir la votación aún en esa situación de urgencia, se adjudica la calidad de persona no autorizada legalmente para ejercer esa función, y en consecuencia al no existir la veracidad del apego irrestricto a los principios de certeza y legalidad del sufragio, debe anularse la votación recibida en dicha casilla.

Robustece los anteriores argumentos, los criterios jurisprudenciales y relevantes sostenidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo los rubros ‘RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN’, ‘SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL’ y ‘PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. DEBEN ESTAR EN LA LISTA NOMINAL DE LA SECCIÓN Y NO SÓLO VIVIR EN ELLA.’ cuyos textos ya han sido trascritos, en esta propia resolución.

Por todo lo anteriormente razonado, motivado y fundado respecto de la pretensión de la nulidad de la votación reciba en la casilla hecha valer por la coalición actora, es de concluirse que le asiste la razón, y que por lo tanto, debe decretarse la anulación de la sección 206 casilla Contigua 2.

DISTRITO: IX

SECCION: 206

CASILLA: CONTIGUA 8

En lo que respecta al agravio hecho por el impetrante, respecto de la sección 206 casilla Contigua 8, en donde aduce que la ciudadana Martha Blanco Gamero, fungió como Primer Escrutador de la casilla mencionada con anterioridad, no obstante de no pertenecer a la Sección Electoral que corresponde a esta casilla, es de señalarse lo siguiente:

De la revisión a los apartados que integran el Acta de la Jornada Electoral que hizo ésta Autoridad jurisdiccional, ciertamente tal como lo arguye la recurrente, quien fungió como Primer Escrutador el día de la jornada electoral fue la ciudadana Martha Blanco Gamero, y a su vez de la revisión del Encarte publicado por el órgano administrativo electoral correspondiente, se desprende que dicha ciudadana no fue una de las insaculadas conforme a la legislación correspondiente, y por ende, no apareció su nombre dentro del referido encarte.

Ahora bien, de un minuciosa revisión que se hiciera a la Lista Nominal de Electores con Fotografía para la Elección de Gobernador, Diputados Locales y Miembros del Ayuntamiento correspondiente a la sección 206, se verificó que afectivamente como lo arguye el impetrante, dicha ciudadana no se encuentra dentro de la sección donde fungió como funcionario de la mesa directiva de casilla, violentando con tal acto lo establecido por la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo en sus artículos 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 y 80, mediante los cuales se establece entre otras disposiciones, quienes integran las mesas directivas de casillas, sus facultades y los requisitos que deben cumplir para poder ser funcionarios el día de la jornada electoral.

Por lo tanto, las personas autorizadas para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo el día de la jornada electoral son los integrantes de las Mesas Directivas de Casillas, que previamente han sido designados por ocupar dichos cargos por el Consejo Distrital respectivo, luego entonces, son estos quienes en primera instancia deben llevar a cabo tales funciones.

Sin embargo, existe la posibilidad de que quienes fueron elegidos en un primer momento no funjan el día de la jornada electoral como miembros de la Mesa Directiva respectiva, y eso haría pensar que existen elementos suficientes para acreditar que la recepción y el escrutinio y cómputo de la votación fuere realizada por personas diferentes a las autorizadas, actualizándose con ello la causal de nulidad de casilla dispuesto por la fracción IV del artículo 82 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, no obstante en la propia normatividad se establece en qué casos es válidamente sustituir a un miembro de la mesa directiva de casilla, por lo que el hecho de que la recepción de la votación fuere recibida por personas distintas a las autorizadas o facultadas por la legislación correspondiente, según nuestra Ley de Medios, no da lugar necesariamente a que la votación recibida en casilla específica sea anulada.

Lo anterior es así, ya que de una interpretación sistemática y funcional de legislación electoral, no solo por el hecho de que en una casilla se haya recibido por personas distintas a las que aparecen en el encarte oficial se tiene que anular la votación; ya que antes de anular una casilla tendremos que ubicarnos si tal irregularidad esta justificada o no  de acuerdo a la Ley de Medios o la Ley Electoral, ya que éstas establecen varios supuestos, donde justificadamente se puede hacer cambios de funcionarios de casillas, y cuya disposición ya ha quedado transcrita en esta misma sentencia, por lo que como ya se ha dicho, no solo basta acreditar que fueron distintas las personas que recibieron la votación, sino que además hay que acreditar para anular casillas, que este cambio fuere injustificadamente.

En esta tesitura, podemos hablar que sí es posible hacer cambios de funcionarios de casillas de última hora, y tales cambios de ninguna manera contravienen la norma legal ni mucho menos es causa para que se anule una determinada casilla, es decir, que pesar de que los nombres que aparezcan en el Encarte Oficial publicado por el Órgano competente y los nombres que aparezcan en las Actas Electorales correspondientes no sean idénticos, esto no es por sí solo, causal de nulidad, ya que como hemos observado con anterioridad, es posible que de ultimo momento los miembros de las mesas directivas de casillas se modifiquen.

Sin embargo, la sustitución de miembros de las mesas directivas de casillas tiene sus limitantes y reglas, ya que a pesar de que la norma permita la sustitución de funcionarios, los suplentes deben necesariamente que cumplir con ciertos requisitos:

En ese tenor tenemos que es claramente posible sustituir a los miembros integrantes de la ya multicitada mesa directiva, aún en el mismo día de la jornada electoral, no haciendo este mero acto, una causal de nulidad. Las limitantes para la integración de la mesa directiva son que se encuentren formados en la fila para votar, que se encuentren en la lista nominal de electores de la sección correspondiente, y de acuerdo al penúltimo párrafo del artículo 182 de la Ley Electoral local, que no sean representantes de partido político alguno, por lo que si cumplen con tales requisitos es legal y justificado que puedan ocupar cargos de la mesa directiva de casilla en sustitución de los originalmente nombrados.

Lo anterior, viene robustecido por las Tesis de Jurisprudencia, que han sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo los rubros ‘SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL.’ y ‘PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. DEBEN ESTAR EN LA LISTA NOMINAL DE LA SECCIÓN Y NO SÓLO VIVIR EN ELLA.’,  cuyos textos ya han sido transcritos con antelación en esta misma ejecutoria.

En ese orden de ideas y argumentado lo anterior, es de señalarse que toda vez que la ciudadana Martha Blanco Gamero, fungió como Primer Escrutador de la casilla mencionada con anterioridad, no obstante de no pertenecer a la Sección Electoral que corresponde a esta casilla, evidentemente actualiza la causal de nulidad prevista en la fracción IV del artículo 82 de la Ley Estatal de Medios en Materia Electoral, relativo a que la recepción o el cómputo de la votación fuere por personas u órganos distintos a los facultados por la legislación correspondiente.

De lo anterior se puede concluir que el simple hecho de que haya formado parte en la integración de la mesa directiva de casilla, cualquiera que hubiese sido el cargo ocupado, una persona que no fue designada por el organismo electoral competente ni aparezca en el listado nominal de electores correspondiente a la sección electoral respectiva, como acontece en la especie, al no tratarse de una irregularidad meramente circunstancial, sino una franca trasgresión al deseo manifestado del legislador ordinario de que los órganos receptores de la votación se integren, en todo caso, con electores de la sección que corresponda, pone en entredicho el apego irrestricto a los principios de certeza y legalidad del sufragio, por lo que, consecuentemente, en tal supuesto, debe anularse la votación recibida en la casilla a estudio.

En efecto, lo anterior encuentra su explicación, en que la exigencia del legislador de que cuando no se encuentren los funcionarios designados por el organismo electoral competente, se designen a los que habrán de sustituirlos de entre los electores que se encuentren formados en la fila para emitir su voto, garantiza que, aun en esas circunstancias extraordinarias de inasistencia de los funcionarios designados originalmente, se ofrezca garantía de que las designaciones emergentes recaigan en personas que satisfagan por lo menos algunos de los requisitos previstos en el artículo  72 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, para ser integrante de la mesa directiva de casilla, como son el de ser residente en la sección electoral que comprenda a la casilla, estar inscrito en el padrón electoral, contar con credencial para votar, y estar en ejercicio de sus derechos políticos y civiles; toda vez que así se facilita a quien hace la designación correspondiente la comprobación, con valor pleno, de los citados requisitos, porque si un ciudadano se encuentra en la lista nominal de la sección, esto es suficiente para tener por probados los demás requisitos mencionados, sin necesidad de realizar diligencia alguna. De modo que, cuando algún presidente, secretario, escrutador o suplente designado originalmente ejerce la facultad en comento, pero designa a un ciudadano que no se encuentre inscrito en la lista nominal de la sección, al no reunir éste las cualidades presentadas por la ley para recibir la votación aún en esa situación de urgencia, se adjudica la calidad de persona no autorizada legalmente para ejercer esa función, y en consecuencia al no existir la veracidad del apego irrestricto a los principios de certeza y legalidad del sufragio, debe anularse la votación recibida en dicha casilla.

Robustece los anteriores argumentos, los criterios jurisprudenciales y relevantes sostenidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo los rubros ‘RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN’, ‘SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL’ y ‘PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. DEBEN ESTAR EN LA LISTA NOMINAL DE LA SECCIÓN Y NO SÓLO VIVIR EN ELLA, cuyos textos ya han sido trascritos, en esta propia resolución.

Por todo lo anteriormente razonado, motivado y fundado respecto de la pretensión de la nulidad de la votación reciba en la casilla hecha valer por la coalición actora, es de concluirse que le asiste la razón, y que por lo tanto, debe decretarse la anulación de la sección 206 casilla Contigua 8.

DISTRITO: IX

SECCION: 207

CASILLA: CONTIGUA 5

En lo que concierne a la impugnación hecha valer por el impetrante, respecto de la sección 207 casilla Contigua 5, en donde aduce que el ciudadano Juan Carlos Mora Burguete, fungió como Segundo Escrutador de la casilla mencionada con anterioridad, no obstante de no pertenecer a la Sección Electoral que corresponde a esta casilla, es de señalarse lo siguiente:

De la revisión a los apartados que integran el Acta de la Jornada Electoral que hizo ésta Autoridad jurisdiccional, ciertamente tal como lo argumenta la parte accionante, quien fungió como Segundo Escrutador el día de la jornada electoral fue el ciudadano Juan Carlos Mora Burguete, y a su vez de la revisión del Encarte publicado por el órgano administrativo electoral correspondiente, se desprende que dicho ciudadano no fue uno de los insaculados conforme a la legislación correspondiente, y por ende, no apareció su nombre dentro del referido encarte.

Ahora bien, de un minuciosa revisión que se hiciera a la Lista Nominal de Electores con Fotografía para la Elección de Gobernador, Diputados Locales y Miembros del Ayuntamiento correspondiente a la sección 207, se verificó que afectivamente como lo arguye el impetrante, dicho ciudadano no se encuentra dentro de la sección donde fungió como funcionario de la mesa directiva de casilla, violentando con tal acto lo establecido por la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo en sus artículos 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 y 80, mediante los cuales se establece entre otras disposiciones, quienes integran las mesas directivas de casillas, sus facultades y los requisitos que deben cumplir para poder ser funcionarios el día de la jornada electoral.

Por lo tanto, las personas autorizadas para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo el día de la jornada electoral son los integrantes de las Mesas Directivas de Casillas, que previamente han sido designados por ocupar dichos cargos por el Consejo Distrital respectivo, luego entonces, son estos quienes en primera instancia deben llevar a cabo tales funciones.

Sin embargo, existe la posibilidad de que quienes fueron elegidos en un primer momento no funjan el día de la jornada electoral como miembros de la Mesa Directiva respectiva, y eso haría pensar que existen elementos suficientes para acreditar que la recepción y el escrutinio y cómputo de la votación fuere realizada por personas diferentes a las autorizadas, actualizándose con ello la causal de nulidad de casilla dispuesto por la fracción IV del artículo 82 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, no obstante en la propia normatividad se establece en qué casos es válidamente sustituir a un miembro de la mesa directiva de casilla, por lo que el hecho de que la recepción de la votación fuere recibida por personas distintas a las autorizadas o facultadas por la legislación correspondiente, según nuestra Ley de Medios, no da lugar necesariamente a que la votación recibida en casilla específica sea anulada.

Lo anterior es así, ya que de una interpretación sistemática y funcional de legislación electoral, no solo por el hecho de que en una casilla se haya recibido por personas distintas a las que aparecen en el encarte oficial se tiene que anular la votación; ya que antes de anular una casilla tendremos que ubicarnos si tal irregularidad esta justificada o no  de acuerdo a la Ley de Medios o la Ley Electoral, ya que éstas establecen varios supuestos, donde justificadamente se puede hacer cambios de funcionarios de casillas, y cuya disposición ya ha quedado transcrita en esta misma sentencia, por lo que como ya se ha dicho, no solo basta acreditar que fueron distintas las personas que recibieron la votación, sino que además hay que acreditar para anular casillas, que este cambio fuere injustificadamente.

En esta tesitura, podemos hablar que sí es posible hacer cambios de funcionarios de casillas de última hora, y tales cambios de ninguna manera contravienen la norma legal ni mucho menos es causa para que se anule una determinada casilla, es decir, que pesar de que los nombres que aparezcan en el Encarte Oficial publicado por el Órgano competente y los nombres que aparezcan en las Actas Electorales correspondientes no sean idénticos, esto no es por sí solo, causal de nulidad, ya que como hemos observado con anterioridad, es posible que de ultimo momento los miembros de las mesas directivas de casillas se modifiquen.

Sin embargo, la sustitución de miembros de las mesas directivas de casillas tiene sus limitantes y reglas, ya que a pesar de que la norma permita la sustitución de funcionarios, los suplentes deben necesariamente que cumplir con ciertos requisitos:

En ese tenor tenemos que es claramente posible sustituir a los miembros integrantes de la ya multicitada mesa directiva, aún en el mismo día de la jornada electoral, no haciendo este mero acto, una causal de nulidad. Las limitantes para la integración de la mesa directiva son que se encuentren formados en la fila para votar, que se encuentren en la lista nominal de electores de la sección correspondiente, y de acuerdo al penúltimo párrafo del artículo 182 de la Ley Electoral local, que no sean representantes de partido político alguno, por lo que si cumplen con tales requisitos es legal y justificado que puedan ocupar cargos de la mesa directiva de casilla en sustitución de los originalmente nombrados.

Lo anterior, viene robustecido por las Tesis de Jurisprudencia, que han sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo los rubros ‘SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL.’ y ‘PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. DEBEN ESTAR EN LA LISTA NOMINAL DE LA SECCIÓN Y NO SÓLO VIVIR EN ELLA.’,  cuyos textos ya han sido transcritos con antelación en esta misma ejecutoria.

En ese orden de ideas y argumentado lo anterior, es de señalarse que toda vez que el ciudadano Juan Carlos Mora Burguete, fungió como Segundo Escrutador de la casilla mencionada con anterioridad, no obstante de no pertenecer a la Sección Electoral que corresponde a esta casilla, evidentemente actualiza la causal de nulidad prevista en la fracción IV del artículo 82 de la Ley Estatal de Medios en Materia Electoral, relativo a que la recepción o el cómputo de la votación fuere por personas u órganos distintos a los facultados por la legislación correspondiente.

De lo anterior se puede concluir que el simple hecho de que haya formado parte en la integración de la mesa directiva de casilla, cualquiera que hubiese sido el cargo ocupado, una persona que no fue designada por el organismo electoral competente ni aparezca en el listado nominal de electores correspondiente a la sección electoral respectiva, como acontece en la especie, al no tratarse de una irregularidad meramente circunstancial, sino una franca trasgresión al deseo manifestado del legislador ordinario de que los órganos receptores de la votación se integren, en todo caso, con electores de la sección que corresponda, pone en entredicho el apego irrestricto a los principios de certeza y legalidad del sufragio, por lo que, consecuentemente, en tal supuesto, debe anularse la votación recibida en la casilla a estudio.

En efecto, lo anterior encuentra su explicación, en que la exigencia del legislador de que cuando no se encuentren los funcionarios designados por el organismo electoral competente, se designen a los que habrán de sustituirlos de entre los electores que se encuentren formados en la fila para emitir su voto, garantiza que, aun en esas circunstancias extraordinarias de inasistencia de los funcionarios designados originalmente, se ofrezca garantía de que las designaciones emergentes recaigan en personas que satisfagan por lo menos algunos de los requisitos previstos en el artículo  72 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, para ser integrante de la mesa directiva de casilla, como son el de ser residente en la sección electoral que comprenda a la casilla, estar inscrito en el padrón electoral, contar con credencial para votar, y estar en ejercicio de sus derechos políticos y civiles; toda vez que así se facilita a quien hace la designación correspondiente la comprobación, con valor pleno, de los citados requisitos, porque si un ciudadano se encuentra en la lista nominal de la sección, esto es suficiente para tener por probados los demás requisitos mencionados, sin necesidad de realizar diligencia alguna. De modo que, cuando algún presidente, secretario, escrutador o suplente designado originalmente ejerce la facultad en comento, pero designa a un ciudadano que no se encuentre inscrito en la lista nominal de la sección, al no reunir éste las cualidades presentadas por la ley para recibir la votación aún en esa situación de urgencia, se adjudica la calidad de persona no autorizada legalmente para ejercer esa función, y en consecuencia al no existir la veracidad del apego irrestricto a los principios de certeza y legalidad del sufragio, debe anularse la votación recibida en dicha casilla.

Robustece los anteriores argumentos, los criterios jurisprudenciales y relevantes sostenidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo los rubros ‘RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN’, ‘SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL’ y ‘PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. DEBEN ESTAR EN LA LISTA NOMINAL DE LA SECCIÓN Y NO SÓLO VIVIR EN ELLA’, cuyos textos ya han sido trascritos, en esta propia resolución.

Por todo lo anteriormente razonado, motivado y fundado respecto de la pretensión de la nulidad de la votación reciba en la casilla hecha valer por la coalición actora, es de concluirse que le asiste la razón, y que por lo tanto, debe decretarse la anulación de la sección 207 casilla Contigua 5.

DISTRITO: IX

SECCION: 212

CASILLA: BASICA

Por cuanto a la casilla de mérito impugnada, éste Órgano jurisdiccional al entrar a la revisión de los documentos públicos relativos al Encarte publicado por el Órgano Electoral, así como del Acta de la Jornada Electoral, advierte lo siguiente:

Que los funcionarios que fueron insaculados conforme a la Ley Electoral para actuar en la sección 212 básica y que fueron publicados en el Encarte respectivo coinciden plenamente con los nombres que aparecen en el Acta de la Jornada Electoral en sus tres grandes apartados, por lo que es de señalarse que no le asiste la razón al demandante por cuanto a su afirmación, ya que todos los ciudadanos facultados por ley para actuar el día la jornada electoral como funcionarios de casilla, fueron los que válidamente fungieron como integrantes de la Mesa Directiva de la casilla en comento, por lo que el argumento del impugnante es totalmente falso ya que de la simple lectura tanto del encarte como del Acta de la Jornada Electoral respectiva, se puede verificar que existe plena coincidencia entre los funcionarios insaculados conforme a derecho y los que fungieron el día de la jornada electoral en la sección de mérito.

Por todo lo anteriormente razonado es dable considerar que el argumento planteado por la recurrente, deviene en totalmente infundado, y por lo tanto debe desestimarse.

DISTRITO: XI

SECCION: 002

CASILLA: CONTIGUA 2

De la presente casilla impugnada, esta Autoridad al entrar a la revisión de los documentos públicos relativos al Encarte publicado por el Órgano Electoral, así como del Acta de la Jornada Electoral, advierte  lo siguiente:

El impugnante hace valer que Francisco Palma Yzquierdo, no fue uno de los insaculados conforme a derecho y que por ende, no aparece en la lista nominal, por lo que el hecho de aparecer en el Acta de la Jornada Electoral como funcionarios de casilla y no pertenecer a esta sección es procedente la nulidad de la casilla de mérito. Sin embargo, no le asiste la razón al inconforme toda vez, que de la revisión del Acta de la Jornada Electoral, se desprende que en los tres apartados en los que se divide dicha Acta, quien firma como Primer Escrutador es Irma Palma y no Francisco Palma Izquierdo como lo pretende hacer valer el recurrente, y de la revisión del encarte respectivo, se advierte que efectivamente quien fue insaculada como suplente general en la sección de merito es precisamente la ciudadana Irma Palma Izquierdo, quien al no presentarse los funcionarios propietarios de dicha casilla, fue habilitada legalmente para fungir como Primer Escrutador de la multicitada sección, y es de la que obra su nombre y firma en la respectiva Acta de la Jornada Electoral.

En ese orden de ideas tenemos que los nombres de los funcionarios que fueron insaculados conforme a la legislación aplicable para actuar en la sección 002 casilla contigua 2 y que fueron publicados en el Encarte respectivo coinciden plenamente con los nombres que aparecen en el Acta de la Jornada Electoral en sus tres grandes apartados, por lo que es de señalarse que  a todas luces no le asiste la razón al actor por cuanto a su afirmación de que el C. Francisco Palma Izquierdo, no pertenece al encarte, pero como ya se adujo con anterioridad el nombre correcto es Irma Palma Izquierdo, por lo que de la simple lectura tanto del encarte como del Acta de la Jornada Electoral respectivo, se puede verificar que existe plena coincidencia entre los funcionarios insaculados conforme a derecho y los que fungieron el día de la jornada electoral en la sección de mérito.

Por todo lo anteriormente razonado es dable considerar que el argumento planteado por la impetrante, deviene en totalmente infundado, y por lo tanto debe desestimarse.

DISTRITO: XI

SECCION: 011

CASILLA: CONTIGUA 27

Por cuanto a la casilla de mérito impugnada, éste Órgano jurisdiccional al entrar a la revisión de los documentos públicos relativos al Encarte publicado por el Órgano Electoral, así como del Acta de la Jornada Electoral, advierte  lo siguiente:

Que los funcionarios que fueron insaculados conforme a la Ley Electoral para actuar en la sección 011 casilla Contigua 27 y que fueron publicados en el Encarte respectivo coinciden plenamente con los nombres que aparecen en el Acta de la Jornada Electoral en sus tres grandes apartados, por lo que es de señalarse que no le asiste la razón al demandante por cuanto a su afirmación de que la ciudadana María del Carmen Méndez García no aparece en el encarte publicado por el órgano electoral, ya que todos los ciudadanos facultados por ley para actuar el día la jornada electoral como funcionarios de casilla incluso la que el actor impugna, fueron los que válidamente fungieron como integrantes de la Mesa Directiva de la casilla en comento, por lo que el argumento del impugnante es totalmente falso ya que de la simple lectura tanto del encarte como del Acta de la Jornada Electoral respectiva, se puede verificar que existe plena coincidencia entre los funcionarios insaculados conforme a derecho y los que fungieron el día de la jornada electoral en la sección de mérito.

Por todo lo anteriormente razonado es dable considerar que el argumento planteado por la recurrente, deviene en totalmente infundado, y por lo tanto debe desestimarse.

DISTRITO: XII

SECCION: 055

CASILLA: CONTIGUA 1

En lo que concierne a la impugnación hecha valer por el impetrante, respecto de la sección 055 casilla Contigua 1, en donde aduce que el ciudadano Pedro Ariel Puc Cime, fungió como Primer Escrutador de la casilla mencionada con anterioridad, no obstante de no pertenecer a la Sección Electoral que corresponde a esta casilla, es de señalarse lo siguiente:

De la revisión a los apartados que integran el Acta de la Jornada Electoral que hizo ésta Autoridad jurisdiccional, ciertamente tal como lo argumenta la parte accionante, quien fungió como Primer Escrutador el día de la jornada electoral fue el ciudadano Pedro Ariel Puc Cime, y a su vez de la revisión del Encarte publicado por el órgano administrativo electoral correspondiente, se desprende que dicho ciudadano no fue uno de los insaculados conforme a la legislación correspondiente, y por ende, no apareció su nombre dentro del referido encarte.

Ahora bien, de un minuciosa revisión que se hiciera a la Lista Nominal de Electores con Fotografía para la Elección de Gobernador, Diputados Locales y Miembros del Ayuntamiento correspondiente a la sección 055, se verificó que afectivamente como lo arguye el impetrante, dicho ciudadano no se encuentra dentro de la sección donde fungió como funcionario de la mesa directiva de casilla, violentando con tal acto lo establecido por la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo en sus artículos 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 y 80, mediante los cuales se establece entre otras disposiciones, quienes integran las mesas directivas de casillas, sus facultades y los requisitos que deben cumplir para poder ser funcionarios el día de la jornada electoral.

Por lo tanto, las personas autorizadas para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo el día de la jornada electoral son los integrantes de las Mesas Directivas de Casillas, que previamente han sido designados por ocupar dichos cargos por el Consejo Distrital respectivo, luego entonces, son estos quienes en primera instancia deben llevar a cabo tales funciones.

Sin embargo, existe la posibilidad de que quienes fueron elegidos en un primer momento no funjan el día de la jornada electoral como miembros de la Mesa Directiva respectiva, y eso haría pensar que existen elementos suficientes para acreditar que la recepción y el escrutinio y cómputo de la votación fuere realizada por personas diferentes a las autorizadas, actualizándose con ello la causal de nulidad de casilla dispuesto por la fracción IV del artículo 82 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, no obstante en la propia normatividad se establece en qué casos es válidamente sustituir a un miembro de la mesa directiva de casilla, por lo que el hecho de que la recepción de la votación fuere recibida por personas distintas a las autorizadas o facultadas por la legislación correspondiente, según nuestra Ley de Medios, no da lugar necesariamente a que la votación recibida en casilla específica sea anulada.

Lo anterior es así, ya que de una interpretación sistemática y funcional de legislación electoral, no solo por el hecho de que en una casilla se haya recibido por personas distintas a las que aparecen en el encarte oficial se tiene que anular la votación; ya que antes de anular una casilla tendremos que ubicarnos si tal irregularidad esta justificada o no  de acuerdo a la Ley de Medios o la Ley Electoral, ya que éstas establecen varios supuestos, donde justificadamente se puede hacer cambios de funcionarios de casillas, y cuya disposición ya ha quedado transcrita en esta misma sentencia, por lo que como ya se ha dicho, no solo basta acreditar que fueron distintas las personas que recibieron la votación, sino que además hay que acreditar para anular casillas, que este cambio fuere injustificadamente.

En esta tesitura, podemos hablar que sí es posible hacer cambios de funcionarios de casillas de última hora, y tales cambios de ninguna manera contravienen la norma legal ni mucho menos es causa para que se anule una determinada casilla, es decir, que pesar de que los nombres que aparezcan en el Encarte Oficial publicado por el Órgano competente y los nombres que aparezcan en las Actas Electorales correspondientes no sean idénticos, esto no es por sí solo, causal de nulidad, ya que como hemos observado con anterioridad, es posible que de ultimo momento los miembros de las mesas directivas de casillas se modifiquen.

Sin embargo, la sustitución de miembros de las mesas directivas de casillas tiene sus limitantes y reglas, ya que a pesar de que la norma permita la sustitución de funcionarios, los suplentes deben necesariamente que cumplir con ciertos requisitos:

En ese tenor tenemos que es claramente posible sustituir a los miembros integrantes de la ya multicitada mesa directiva, aún en el mismo día de la jornada electoral, no haciendo este mero acto, una causal de nulidad. Las limitantes para la integración de la mesa directiva son que se encuentren formados en la fila para votar, que se encuentren en la lista nominal de electores de la sección correspondiente, y de acuerdo al penúltimo párrafo del artículo 182 de la Ley Electoral local, que no sean representantes de partido político alguno, por lo que si cumplen con tales requisitos es legal y justificado que puedan ocupar cargos de la mesa directiva de casilla en sustitución de los originalmente nombrados.

Lo anterior, viene robustecido por las Tesis de Jurisprudencia, que han sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo los rubros ‘SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL.’ y ‘PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. DEBEN ESTAR EN LA LISTA NOMINAL DE LA SECCIÓN Y NO SÓLO VIVIR EN ELLA.’,  cuyos textos ya han sido transcritos con antelación en esta misma ejecutoria.

En ese orden de ideas y argumentado lo anterior, es de señalarse que toda vez que el ciudadano Pedro Ariel Puc Cime, fungió como Primer Escrutador de la casilla mencionada con anterioridad, no obstante de no pertenecer a la Sección Electoral que corresponde a esta casilla, evidentemente actualiza la causal de nulidad prevista en la fracción IV del artículo 82 de la Ley Estatal de Medios en Materia Electoral, relativo a que la recepción o el cómputo de la votación fuere por personas u órganos distintos a los facultados por la legislación correspondiente.

De lo anterior se puede concluir que el simple hecho de que haya formado parte en la integración de la mesa directiva de casilla, cualquiera que hubiese sido el cargo ocupado, una persona que no fue designada por el organismo electoral competente ni aparezca en el listado nominal de electores correspondiente a la sección electoral respectiva, como acontece en la especie, al no tratarse de una irregularidad meramente circunstancial, sino una franca trasgresión al deseo manifestado del legislador ordinario de que los órganos receptores de la votación se integren, en todo caso, con electores de la sección que corresponda, pone en entredicho el apego irrestricto a los principios de certeza y legalidad del sufragio, por lo que, consecuentemente, en tal supuesto, debe anularse la votación recibida en la casilla a estudio.

En efecto, lo anterior encuentra su explicación, en que la exigencia del legislador de que cuando no se encuentren los funcionarios designados por el organismo electoral competente, se designen a los que habrán de sustituirlos de entre los electores que se encuentren formados en la fila para emitir su voto, garantiza que, aun en esas circunstancias extraordinarias de inasistencia de los funcionarios designados originalmente, se ofrezca garantía de que las designaciones emergentes recaigan en personas que satisfagan por lo menos algunos de los requisitos previstos en el artículo  72 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, para ser integrante de la mesa directiva de casilla, como son el de ser residente en la sección electoral que comprenda a la casilla, estar inscrito en el padrón electoral, contar con credencial para votar, y estar en ejercicio de sus derechos políticos y civiles; toda vez que así se facilita a quien hace la designación correspondiente la comprobación, con valor pleno, de los citados requisitos, porque si un ciudadano se encuentra en la lista nominal de la sección, esto es suficiente para tener por probados los demás requisitos mencionados, sin necesidad de realizar diligencia alguna. De modo que, cuando algún presidente, secretario, escrutador o suplente designado originalmente ejerce la facultad en comento, pero designa a un ciudadano que no se encuentre inscrito en la lista nominal de la sección, al no reunir éste las cualidades presentadas por la ley para recibir la votación aún en esa situación de urgencia, se adjudica la calidad de persona no autorizada legalmente para ejercer esa función, y en consecuencia al no existir la veracidad del apego irrestricto a los principios de certeza y legalidad del sufragio, debe anularse la votación recibida en dicha casilla.

Robustece los anteriores argumentos, los criterios jurisprudenciales y relevantes sostenidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo los rubros ‘RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN’, ‘SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL’ y ‘PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. DEBEN ESTAR EN LA LISTA NOMINAL DE LA SECCIÓN Y NO SÓLO VIVIR EN ELLA, cuyos textos ya han sido trascritos, en esta propia resolución.

Por todo lo anteriormente razonado, motivado y fundado respecto de la pretensión de la nulidad de la votación reciba en la casilla hecha valer por la coalición actora, es de concluirse que le asiste la razón, y que por lo tanto, debe decretarse la anulación de la sección 055 casilla Contigua 1.

DISTRITO: XII

SECCION: 075

CASILLA: CONTIGUA 1

En lo que respecta al agravio hecho por el impetrante, respecto de la sección 075 casilla Contigua 1, en donde aduce que la ciudadana Mildred Betzabel Rodríguez López, fungió como Primer Escrutador de la casilla mencionada con anterioridad, no obstante de no pertenecer a la Sección Electoral que corresponde a esta casilla, es de señalarse lo siguiente:

De la revisión a los apartados que integran el Acta de la Jornada Electoral que hizo ésta Autoridad jurisdiccional, ciertamente tal como lo arguye la recurrente, quien fungió como Primer Escrutador el día de la jornada electoral fue la ciudadana Mildred Betzabel Rodríguez López, y a su vez de la revisión del Encarte publicado por el órgano administrativo electoral correspondiente, se desprende que dicha ciudadana no fue una de las insaculadas conforme a la legislación correspondiente, y por ende, no apareció su nombre dentro del referido encarte.

Ahora bien, de un minuciosa revisión que se hiciera a la Lista Nominal de Electores con Fotografía para la Elección de Gobernador, Diputados Locales y Miembros del Ayuntamiento correspondiente a la sección 075, se verificó que afectivamente como lo arguye el impetrante, dicha ciudadana no se encuentra dentro de la sección donde fungió como funcionario de la mesa directiva de casilla, violentando con tal acto lo establecido por la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo en sus artículos 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 y 80, mediante los cuales se establece entre otras disposiciones, quienes integran las mesas directivas de casillas, sus facultades y los requisitos que deben cumplir para poder ser funcionarios el día de la jornada electoral.

Por lo tanto, las personas autorizadas para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo el día de la jornada electoral son los integrantes de las Mesas Directivas de Casillas, que previamente han sido designados por ocupar dichos cargos por el Consejo Distrital respectivo, luego entonces, son estos quienes en primera instancia deben llevar a cabo tales funciones.

Sin embargo, existe la posibilidad de que quienes fueron elegidos en un primer momento no funjan el día de la jornada electoral como miembros de la Mesa Directiva respectiva, y eso haría pensar que existen elementos suficientes para acreditar que la recepción y el escrutinio y cómputo de la votación fuere realizada por personas diferentes a las autorizadas, actualizándose con ello la causal de nulidad de casilla dispuesto por la fracción IV del artículo 82 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, no obstante en la propia normatividad se establece en qué casos es válidamente sustituir a un miembro de la mesa directiva de casilla, por lo que el hecho de que la recepción de la votación fuere recibida por personas distintas a las autorizadas o facultadas por la legislación correspondiente, según nuestra Ley de Medios, no da lugar necesariamente a que la votación recibida en casilla específica sea anulada.

Lo anterior es así, ya que de una interpretación sistemática y funcional de legislación electoral, no solo por el hecho de que en una casilla se haya recibido por personas distintas a las que aparecen en el encarte oficial se tiene que anular la votación; ya que antes de anular una casilla tendremos que ubicarnos si tal irregularidad esta justificada o no  de acuerdo a la Ley de Medios o la Ley Electoral, ya que éstas establecen varios supuestos, donde justificadamente se puede hacer cambios de funcionarios de casillas, y cuya disposición ya ha quedado transcrita en esta misma sentencia, por lo que como ya se ha dicho, no solo basta acreditar que fueron distintas las personas que recibieron la votación, sino que además hay que acreditar para anular casillas, que este cambio fuere injustificadamente.

En esta tesitura, podemos hablar que sí es posible hacer cambios de funcionarios de casillas de última hora, y tales cambios de ninguna manera contravienen la norma legal ni mucho menos es causa para que se anule una determinada casilla, es decir, que pesar de que los nombres que aparezcan en el Encarte Oficial publicado por el Órgano competente y los nombres que aparezcan en las Actas Electorales correspondientes no sean idénticos, esto no es por sí solo, causal de nulidad, ya que como hemos observado con anterioridad, es posible que de ultimo momento los miembros de las mesas directivas de casillas se modifiquen.

Sin embargo, la sustitución de miembros de las mesas directivas de casillas tiene sus limitantes y reglas, ya que a pesar de que la norma permita la sustitución de funcionarios, los suplentes deben necesariamente que cumplir con ciertos requisitos:

En ese tenor tenemos que es claramente posible sustituir a los miembros integrantes de la ya multicitada mesa directiva, aún en el mismo día de la jornada electoral, no haciendo este mero acto, una causal de nulidad. Las limitantes para la integración de la mesa directiva son que se encuentren formados en la fila para votar, que se encuentren en la lista nominal de electores de la sección correspondiente, y de acuerdo al penúltimo párrafo del artículo 182 de la Ley Electoral local, que no sean representantes de partido político alguno, por lo que si cumplen con tales requisitos es legal y justificado que puedan ocupar cargos de la mesa directiva de casilla en sustitución de los originalmente nombrados.

Lo anterior, viene robustecido por las Tesis de Jurisprudencia, que han sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo los rubros ‘SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL.’ y ‘PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. DEBEN ESTAR EN LA LISTA NOMINAL DE LA SECCIÓN Y NO SÓLO VIVIR EN ELLA.’,  cuyos textos ya han sido transcritos con antelación en esta misma ejecutoria.

En ese orden de ideas y argumentado lo anterior, es de señalarse que toda vez que la ciudadana Mildred Betzabel Rodríguez López, fungió como Primer Escrutador de la casilla mencionada con anterioridad, no obstante de no pertenecer a la Sección Electoral que corresponde a esta casilla, evidentemente actualiza la causal de nulidad prevista en la fracción IV del artículo 82 de la Ley Estatal de Medios en Materia Electoral, relativo a que la recepción o el cómputo de la votación fuere por personas u órganos distintos a los facultados por la legislación correspondiente.

De lo anterior se puede concluir que el simple hecho de que haya formado parte en la integración de la mesa directiva de casilla, cualquiera que hubiese sido el cargo ocupado, una persona que no fue designada por el organismo electoral competente ni aparezca en el listado nominal de electores correspondiente a la sección electoral respectiva, como acontece en la especie, al no tratarse de una irregularidad meramente circunstancial, sino una franca trasgresión al deseo manifestado del legislador ordinario de que los órganos receptores de la votación se integren, en todo caso, con electores de la sección que corresponda, pone en entredicho el apego irrestricto a los principios de certeza y legalidad del sufragio, por lo que, consecuentemente, en tal supuesto, debe anularse la votación recibida en la casilla a estudio.

En efecto, lo anterior encuentra su explicación, en que la exigencia del legislador de que cuando no se encuentren los funcionarios designados por el organismo electoral competente, se designen a los que habrán de sustituirlos de entre los electores que se encuentren formados en la fila para emitir su voto, garantiza que, aun en esas circunstancias extraordinarias de inasistencia de los funcionarios designados originalmente, se ofrezca garantía de que las designaciones emergentes recaigan en personas que satisfagan por lo menos algunos de los requisitos previstos en el artículo  72 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, para ser integrante de la mesa directiva de casilla, como son el de ser residente en la sección electoral que comprenda a la casilla, estar inscrito en el padrón electoral, contar con credencial para votar, y estar en ejercicio de sus derechos políticos y civiles; toda vez que así se facilita a quien hace la designación correspondiente la comprobación, con valor pleno, de los citados requisitos, porque si un ciudadano se encuentra en la lista nominal de la sección, esto es suficiente para tener por probados los demás requisitos mencionados, sin necesidad de realizar diligencia alguna. De modo que, cuando algún presidente, secretario, escrutador o suplente designado originalmente ejerce la facultad en comento, pero designa a un ciudadano que no se encuentre inscrito en la lista nominal de la sección, al no reunir éste las cualidades presentadas por la ley para recibir la votación aún en esa situación de urgencia, se adjudica la calidad de persona no autorizada legalmente para ejercer esa función, y en consecuencia al no existir la veracidad del apego irrestricto a los principios de certeza y legalidad del sufragio, debe anularse la votación recibida en dicha casilla.

Robustece los anteriores argumentos, los criterios jurisprudenciales y relevantes sostenidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo los rubros ‘RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN’, ‘SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL’ y ‘PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. DEBEN ESTAR EN LA LISTA NOMINAL DE LA SECCIÓN Y NO SÓLO VIVIR EN ELLA, cuyos textos ya han sido trascritos, en esta propia resolución.

Por todo lo anteriormente razonado, motivado y fundado respecto de la pretensión de la nulidad de la votación reciba en la casilla hecha valer por la coalición actora, es de concluirse que le asiste la razón, y que por lo tanto, debe decretarse la anulación de la sección 075 casilla Contigua 1.

DISTRITO: XII

SECCION: 105

CASILLA: CONTIGUA 1

En lo que respecta al agravio hecho por el impetrante, respecto de la sección 105 casilla Contigua 1, en donde aduce que la ciudadana Ana Dolores Ortega Pino, fungió como Secretario de la casilla mencionada con anterioridad, no obstante de no pertenecer a la Sección Electoral que corresponde a esta casilla, es de señalarse lo siguiente:

De la revisión a los apartados que integran el Acta de la Jornada Electoral que hizo ésta Autoridad jurisdiccional, ciertamente tal como lo arguye la recurrente, quien fungió como Secretario el día de la jornada electoral fue la ciudadana Ana Dolores Ortega Pino, y a su vez de la revisión del Encarte publicado por el órgano administrativo electoral correspondiente, se desprende que dicha ciudadana no fue una de las insaculadas conforme a la legislación correspondiente, y por ende, no apareció su nombre dentro del referido encarte.

Ahora bien, de un minuciosa revisión que se hiciera a la Lista Nominal de Electores con Fotografía para la Elección de Gobernador, Diputados Locales y Miembros del Ayuntamiento correspondiente a la sección 105, se verificó que afectivamente como lo arguye el impetrante, dicha ciudadana no se encuentra dentro de la sección donde fungió como funcionario de la mesa directiva de casilla, violentando con tal acto lo establecido por la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo en sus artículos 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 y 80, mediante los cuales se establece entre otras disposiciones, quienes integran las mesas directivas de casillas, sus facultades y los requisitos que deben cumplir para poder ser funcionarios el día de la jornada electoral.

Por lo tanto, las personas autorizadas para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo el día de la jornada electoral son los integrantes de las Mesas Directivas de Casillas, que previamente han sido designados por ocupar dichos cargos por el Consejo Distrital respectivo, luego entonces, son estos quienes en primera instancia deben llevar a cabo tales funciones.

Sin embargo, existe la posibilidad de que quienes fueron elegidos en un primer momento no funjan el día de la jornada electoral como miembros de la Mesa Directiva respectiva, y eso haría pensar que existen elementos suficientes para acreditar que la recepción y el escrutinio y cómputo de la votación fuere realizada por personas diferentes a las autorizadas, actualizándose con ello la causal de nulidad de casilla dispuesto por la fracción IV del artículo 82 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, no obstante en la propia normatividad se establece en qué casos es válidamente sustituir a un miembro de la mesa directiva de casilla, por lo que el hecho de que la recepción de la votación fuere recibida por personas distintas a las autorizadas o facultadas por la legislación correspondiente, según nuestra Ley de Medios, no da lugar necesariamente a que la votación recibida en casilla específica sea anulada.

Lo anterior es así, ya que de una interpretación sistemática y funcional de legislación electoral, no solo por el hecho de que en una casilla se haya recibido por personas distintas a las que aparecen en el encarte oficial se tiene que anular la votación; ya que antes de anular una casilla tendremos que ubicarnos si tal irregularidad esta justificada o no  de acuerdo a la Ley de Medios o la Ley Electoral, ya que éstas establecen varios supuestos, donde justificadamente se puede hacer cambios de funcionarios de casillas, y cuya disposición ya ha quedado transcrita en esta misma sentencia, por lo que como ya se ha dicho, no solo basta acreditar que fueron distintas las personas que recibieron la votación, sino que además hay que acreditar para anular casillas, que este cambio fuere injustificadamente.

En esta tesitura, podemos hablar que sí es posible hacer cambios de funcionarios de casillas de última hora, y tales cambios de ninguna manera contravienen la norma legal ni mucho menos es causa para que se anule una determinada casilla, es decir, que pesar de que los nombres que aparezcan en el Encarte Oficial publicado por el Órgano competente y los nombres que aparezcan en las Actas Electorales correspondientes no sean idénticos, esto no es por sí solo, causal de nulidad, ya que como hemos observado con anterioridad, es posible que de ultimo momento los miembros de las mesas directivas de casillas se modifiquen.

Sin embargo, la sustitución de miembros de las mesas directivas de casillas tiene sus limitantes y reglas, ya que a pesar de que la norma permita la sustitución de funcionarios, los suplentes deben necesariamente que cumplir con ciertos requisitos:

En ese tenor tenemos que es claramente posible sustituir a los miembros integrantes de la ya multicitada mesa directiva, aún en el mismo día de la jornada electoral, no haciendo este mero acto, una causal de nulidad. Las limitantes para la integración de la mesa directiva son que se encuentren formados en la fila para votar, que se encuentren en la lista nominal de electores de la sección correspondiente, y de acuerdo al penúltimo párrafo del artículo 182 de la Ley Electoral local, que no sean representantes de partido político alguno, por lo que si cumplen con tales requisitos es legal y justificado que puedan ocupar cargos de la mesa directiva de casilla en sustitución de los originalmente nombrados.

Lo anterior, viene robustecido por las Tesis de Jurisprudencia, que han sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo los rubros ‘SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL.’ y ‘PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. DEBEN ESTAR EN LA LISTA NOMINAL DE LA SECCIÓN Y NO SÓLO VIVIR EN ELLA.’,  cuyos textos ya han sido transcritos con antelación en esta misma ejecutoria.

En ese orden de ideas y argumentado lo anterior, es de señalarse que toda vez que la ciudadana Ana Dolores Ortega Pino, fungió como Secretario de la casilla mencionada con anterioridad, no obstante de no pertenecer a la Sección Electoral que corresponde a esta casilla, evidentemente actualiza la causal de nulidad prevista en la fracción IV del artículo 82 de la Ley Estatal de Medios en Materia Electoral, relativo a que la recepción o el cómputo de la votación fuere por personas u órganos distintos a los facultados por la legislación correspondiente.

De lo anterior se puede concluir que el simple hecho de que haya formado parte en la integración de la mesa directiva de casilla, cualquiera que hubiese sido el cargo ocupado, una persona que no fue designada por el organismo electoral competente ni aparezca en el listado nominal de electores correspondiente a la sección electoral respectiva, como acontece en la especie, al no tratarse de una irregularidad meramente circunstancial, sino una franca trasgresión al deseo manifestado del legislador ordinario de que los órganos receptores de la votación se integren, en todo caso, con electores de la sección que corresponda, pone en entredicho el apego irrestricto a los principios de certeza y legalidad del sufragio, por lo que, consecuentemente, en tal supuesto, debe anularse la votación recibida en la casilla a estudio.

En efecto, lo anterior encuentra su explicación, en que la exigencia del legislador de que cuando no se encuentren los funcionarios designados por el organismo electoral competente, se designen a los que habrán de sustituirlos de entre los electores que se encuentren formados en la fila para emitir su voto, garantiza que, aun en esas circunstancias extraordinarias de inasistencia de los funcionarios designados originalmente, se ofrezca garantía de que las designaciones emergentes recaigan en personas que satisfagan por lo menos algunos de los requisitos previstos en el artículo  72 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, para ser integrante de la mesa directiva de casilla, como son el de ser residente en la sección electoral que comprenda a la casilla, estar inscrito en el padrón electoral, contar con credencial para votar, y estar en ejercicio de sus derechos políticos y civiles; toda vez que así se facilita a quien hace la designación correspondiente la comprobación, con valor pleno, de los citados requisitos, porque si un ciudadano se encuentra en la lista nominal de la sección, esto es suficiente para tener por probados los demás requisitos mencionados, sin necesidad de realizar diligencia alguna. De modo que, cuando algún presidente, secretario, escrutador o suplente designado originalmente ejerce la facultad en comento, pero designa a un ciudadano que no se encuentre inscrito en la lista nominal de la sección, al no reunir éste las cualidades presentadas por la ley para recibir la votación aún en esa situación de urgencia, se adjudica la calidad de persona no autorizada legalmente para ejercer esa función, y en consecuencia al no existir la veracidad del apego irrestricto a los principios de certeza y legalidad del sufragio, debe anularse la votación recibida en dicha casilla.

Robustece los anteriores argumentos, los criterios jurisprudenciales y relevantes sostenidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo los rubros ‘RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN’, ‘SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL’ y ‘PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. DEBEN ESTAR EN LA LISTA NOMINAL DE LA SECCIÓN Y NO SÓLO VIVIR EN ELLA, cuyos textos ya han sido trascritos, en esta propia resolución.

Por todo lo anteriormente razonado, motivado y fundado respecto de la pretensión de la nulidad de la votación reciba en la casilla hecha valer por la coalición actora, es de concluirse que le asiste la razón, y que por lo tanto, debe decretarse la anulación de la sección 105 casilla Contigua 1.

DISTRITO: XII

SECCION: 148

CASILLA: BASICA

En lo que concierne a la impugnación hecha valer por el impetrante, respecto de la sección 148 casilla básica, en donde aduce que el ciudadano Kedi Lisardo Siam Chic, fungió como Primer Escrutador de la casilla mencionada con anterioridad, no obstante de no pertenecer a la Sección Electoral que corresponde a esta casilla, es de señalarse lo siguiente:

De la revisión a los apartados que integran el Acta de la Jornada Electoral que hizo ésta Autoridad jurisdiccional, ciertamente tal como lo argumenta la parte accionante, quien fungió como Primer Escrutador el día de la jornada electoral fue el ciudadano Kedi Lisardo Siam Chic, y a su vez de la revisión del Encarte publicado por el órgano administrativo electoral correspondiente, se desprende que dicho ciudadano no fue uno de los insaculados conforme a la legislación correspondiente, y por ende, no apareció su nombre dentro del referido encarte.

Ahora bien, de un minuciosa revisión que se hiciera a la Lista Nominal de Electores con Fotografía para la Elección de Gobernador, Diputados Locales y Miembros del Ayuntamiento correspondiente a la sección 148, se verificó que afectivamente como lo arguye el impetrante, dicho ciudadano no se encuentra dentro de la sección donde fungió como funcionario de la mesa directiva de casilla, violentando con tal acto lo establecido por la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo en sus artículos 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 y 80, mediante los cuales se establece entre otras disposiciones, quienes integran las mesas directivas de casillas, sus facultades y los requisitos que deben cumplir para poder ser funcionarios el día de la jornada electoral.

Por lo tanto, las personas autorizadas para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo el día de la jornada electoral son los integrantes de las Mesas Directivas de Casillas, que previamente han sido designados por ocupar dichos cargos por el Consejo Distrital respectivo, luego entonces, son estos quienes en primera instancia deben llevar a cabo tales funciones.

Sin embargo, existe la posibilidad de que quienes fueron elegidos en un primer momento no funjan el día de la jornada electoral como miembros de la Mesa Directiva respectiva, y eso haría pensar que existen elementos suficientes para acreditar que la recepción y el escrutinio y cómputo de la votación fuere realizada por personas diferentes a las autorizadas, actualizándose con ello la causal de nulidad de casilla dispuesto por la fracción IV del artículo 82 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, no obstante en la propia normatividad se establece en qué casos es válidamente sustituir a un miembro de la mesa directiva de casilla, por lo que el hecho de que la recepción de la votación fuere recibida por personas distintas a las autorizadas o facultadas por la legislación correspondiente, según nuestra Ley de Medios, no da lugar necesariamente a que la votación recibida en casilla específica sea anulada.

Lo anterior es así, ya que de una interpretación sistemática y funcional de legislación electoral, no solo por el hecho de que en una casilla se haya recibido por personas distintas a las que aparecen en el encarte oficial se tiene que anular la votación; ya que antes de anular una casilla tendremos que ubicarnos si tal irregularidad esta justificada o no  de acuerdo a la Ley de Medios o la Ley Electoral, ya que éstas establecen varios supuestos, donde justificadamente se puede hacer cambios de funcionarios de casillas, y cuya disposición ya ha quedado transcrita en esta misma sentencia, por lo que como ya se ha dicho, no solo basta acreditar que fueron distintas las personas que recibieron la votación, sino que además hay que acreditar para anular casillas, que este cambio fuere injustificadamente.

En esta tesitura, podemos hablar que sí es posible hacer cambios de funcionarios de casillas de última hora, y tales cambios de ninguna manera contravienen la norma legal ni mucho menos es causa para que se anule una determinada casilla, es decir, que pesar de que los nombres que aparezcan en el Encarte Oficial publicado por el Órgano competente y los nombres que aparezcan en las Actas Electorales correspondientes no sean idénticos, esto no es por sí solo, causal de nulidad, ya que como hemos observado con anterioridad, es posible que de ultimo momento los miembros de las mesas directivas de casillas se modifiquen.

Sin embargo, la sustitución de miembros de las mesas directivas de casillas tiene sus limitantes y reglas, ya que a pesar de que la norma permita la sustitución de funcionarios, los suplentes deben necesariamente que cumplir con ciertos requisitos:

En ese tenor tenemos que es claramente posible sustituir a los miembros integrantes de la ya multicitada mesa directiva, aún en el mismo día de la jornada electoral, no haciendo este mero acto, una causal de nulidad. Las limitantes para la integración de la mesa directiva son que se encuentren formados en la fila para votar, que se encuentren en la lista nominal de electores de la sección correspondiente, y de acuerdo al penúltimo párrafo del artículo 182 de la Ley Electoral local, que no sean representantes de partido político alguno, por lo que si cumplen con tales requisitos es legal y justificado que puedan ocupar cargos de la mesa directiva de casilla en sustitución de los originalmente nombrados.

Lo anterior, viene robustecido por las Tesis de Jurisprudencia, que han sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo los rubros ‘SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL.’ y ‘PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. DEBEN ESTAR EN LA LISTA NOMINAL DE LA SECCIÓN Y NO SÓLO VIVIR EN ELLA.’,  cuyos textos ya han sido transcritos con antelación en esta misma ejecutoria.

En ese orden de ideas y argumentado lo anterior, es de señalarse que toda vez que el ciudadano Kedi Lisardo Siam Chic, fungió como Primer Escrutador de la casilla mencionada con anterioridad, no obstante de no pertenecer a la Sección Electoral que corresponde a esta casilla, evidentemente actualiza la causal de nulidad prevista en la fracción IV del artículo 82 de la Ley Estatal de Medios en Materia Electoral, relativo a que la recepción o el cómputo de la votación fuere por personas u órganos distintos a los facultados por la legislación correspondiente.

De lo anterior se puede concluir que el simple hecho de que haya formado parte en la integración de la mesa directiva de casilla, cualquiera que hubiese sido el cargo ocupado, una persona que no fue designada por el organismo electoral competente ni aparezca en el listado nominal de electores correspondiente a la sección electoral respectiva, como acontece en la especie, al no tratarse de una irregularidad meramente circunstancial, sino una franca trasgresión al deseo manifestado del legislador ordinario de que los órganos receptores de la votación se integren, en todo caso, con electores de la sección que corresponda, pone en entredicho el apego irrestricto a los principios de certeza y legalidad del sufragio, por lo que, consecuentemente, en tal supuesto, debe anularse la votación recibida en la casilla a estudio.

En efecto, lo anterior encuentra su explicación, en que la exigencia del legislador de que cuando no se encuentren los funcionarios designados por el organismo electoral competente, se designen a los que habrán de sustituirlos de entre los electores que se encuentren formados en la fila para emitir su voto, garantiza que, aun en esas circunstancias extraordinarias de inasistencia de los funcionarios designados originalmente, se ofrezca garantía de que las designaciones emergentes recaigan en personas que satisfagan por lo menos algunos de los requisitos previstos en el artículo  72 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, para ser integrante de la mesa directiva de casilla, como son el de ser residente en la sección electoral que comprenda a la casilla, estar inscrito en el padrón electoral, contar con credencial para votar, y estar en ejercicio de sus derechos políticos y civiles; toda vez que así se facilita a quien hace la designación correspondiente la comprobación, con valor pleno, de los citados requisitos, porque si un ciudadano se encuentra en la lista nominal de la sección, esto es suficiente para tener por probados los demás requisitos mencionados, sin necesidad de realizar diligencia alguna. De modo que, cuando algún presidente, secretario, escrutador o suplente designado originalmente ejerce la facultad en comento, pero designa a un ciudadano que no se encuentre inscrito en la lista nominal de la sección, al no reunir éste las cualidades presentadas por la ley para recibir la votación aún en esa situación de urgencia, se adjudica la calidad de persona no autorizada legalmente para ejercer esa función, y en consecuencia al no existir la veracidad del apego irrestricto a los principios de certeza y legalidad del sufragio, debe anularse la votación recibida en dicha casilla.

Robustece los anteriores argumentos, los criterios jurisprudenciales y relevantes sostenidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo los rubros ‘RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN’, ‘SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL’ y ‘PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. DEBEN ESTAR EN LA LISTA NOMINAL DE LA SECCIÓN Y NO SÓLO VIVIR EN ELLA, cuyos textos ya han sido trascritos, en esta propia resolución.

Por todo lo anteriormente razonado, motivado y fundado respecto de la pretensión de la nulidad de la votación reciba en la casilla hecha valer por la coalición actora, es de concluirse que le asiste la razón, y que por lo tanto, debe decretarse la anulación de la sección 148 casilla básica.

DISTRITO: XII

SECCION: 150

CASILLA: BASICA

Respecto a la casilla de mérito recurrida, esta Autoridad jurisdiccional al entrar a la revisión de los documentos públicos relativos al Encarte publicado por el Órgano Electoral, así como del Acta de la Jornada Electoral, advierte lo siguiente:

Que los funcionarios que fueron insaculados conforme a la Ley Electoral para actuar en la sección 150 casilla básica y que fueron publicados en el Encarte respectivo coinciden plenamente con los nombres que aparecen en el Acta de la Jornada Electoral en sus tres grandes apartados, por lo que es de señalarse que no le asiste la razón al demandante por cuanto a su impugnación, ya que todos los ciudadanos facultados por ley para actuar el día la jornada electoral como funcionarios de casilla, fueron los que válidamente fungieron como integrantes de la Mesa Directiva de la casilla en comento, por lo que el argumento del impugnante es totalmente falso ya que de la simple lectura tanto del encarte como del Acta de la Jornada Electoral respectiva, se puede verificar que existe plena coincidencia entre los funcionarios insaculados conforme a derecho y los que fungieron el día de la jornada electoral en la sección de mérito.

Por todo lo anteriormente razonado es dable considerar que el argumento planteado por la recurrente, deviene en totalmente infundado, y por lo tanto debe desestimarse.

DISTRITO: XIII

SECCION: 102

CASILLA: BASICA

En lo que concierne a la impugnación hecha valer por el impetrante, respecto de la sección 102 casilla básica, en donde aduce que el ciudadano Ignacio Flores Ignacio, fungió como Segundo Escrutador de la casilla mencionada con anterioridad, no obstante de no pertenecer a la Sección Electoral que corresponde a esta casilla, es de señalarse lo siguiente:

De la revisión a los apartados que integran el Acta de la Jornada Electoral que hizo ésta Autoridad jurisdiccional, ciertamente tal como lo argumenta la parte accionante, quien fungió como Segundo Escrutador el día de la jornada electoral fue el ciudadano Ignacio Flores Ignacio, y a su vez de la revisión del Encarte publicado por el órgano administrativo electoral correspondiente, se desprende que dicho ciudadano no fue uno de los insaculados conforme a la legislación correspondiente, y por ende, no apareció su nombre dentro del referido encarte.

Ahora bien, de un minuciosa revisión que se hiciera a la Lista Nominal de Electores con Fotografía para la Elección de Gobernador, Diputados Locales y Miembros del Ayuntamiento correspondiente a la sección 102, se verificó que afectivamente como lo arguye el impetrante, dicho ciudadano no se encuentra dentro de la sección donde fungió como funcionario de la mesa directiva de casilla, violentando con tal acto lo establecido por la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo en sus artículos 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 y 80, mediante los cuales se establece entre otras disposiciones, quienes integran las mesas directivas de casillas, sus facultades y los requisitos que deben cumplir para poder ser funcionarios el día de la jornada electoral.

Por lo tanto, las personas autorizadas para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo el día de la jornada electoral son los integrantes de las Mesas Directivas de Casillas, que previamente han sido designados por ocupar dichos cargos por el Consejo Distrital respectivo, luego entonces, son estos quienes en primera instancia deben llevar a cabo tales funciones.

Sin embargo, existe la posibilidad de que quienes fueron elegidos en un primer momento no funjan el día de la jornada electoral como miembros de la Mesa Directiva respectiva, y eso haría pensar que existen elementos suficientes para acreditar que la recepción y el escrutinio y cómputo de la votación fuere realizada por personas diferentes a las autorizadas, actualizándose con ello la causal de nulidad de casilla dispuesto por la fracción IV del artículo 82 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, no obstante en la propia normatividad se establece en qué casos es válidamente sustituir a un miembro de la mesa directiva de casilla, por lo que el hecho de que la recepción de la votación fuere recibida por personas distintas a las autorizadas o facultadas por la legislación correspondiente, según nuestra Ley de Medios, no da lugar necesariamente a que la votación recibida en casilla específica sea anulada.

Lo anterior es así, ya que de una interpretación sistemática y funcional de legislación electoral, no solo por el hecho de que en una casilla se haya recibido por personas distintas a las que aparecen en el encarte oficial se tiene que anular la votación; ya que antes de anular una casilla tendremos que ubicarnos si tal irregularidad esta justificada o no  de acuerdo a la Ley de Medios o la Ley Electoral, ya que éstas establecen varios supuestos, donde justificadamente se puede hacer cambios de funcionarios de casillas, y cuya disposición ya ha quedado transcrita en esta misma sentencia, por lo que como ya se ha dicho, no solo basta acreditar que fueron distintas las personas que recibieron la votación, sino que además hay que acreditar para anular casillas, que este cambio fuere injustificadamente.

En esta tesitura, podemos hablar que sí es posible hacer cambios de funcionarios de casillas de última hora, y tales cambios de ninguna manera contravienen la norma legal ni mucho menos es causa para que se anule una determinada casilla, es decir, que pesar de que los nombres que aparezcan en el Encarte Oficial publicado por el Órgano competente y los nombres que aparezcan en las Actas Electorales correspondientes no sean idénticos, esto no es por sí solo, causal de nulidad, ya que como hemos observado con anterioridad, es posible que de ultimo momento los miembros de las mesas directivas de casillas se modifiquen.

Sin embargo, la sustitución de miembros de las mesas directivas de casillas tiene sus limitantes y reglas, ya que a pesar de que la norma permita la sustitución de funcionarios, los suplentes deben necesariamente que cumplir con ciertos requisitos:

En ese tenor tenemos que es claramente posible sustituir a los miembros integrantes de la ya multicitada mesa directiva, aún en el mismo día de la jornada electoral, no haciendo este mero acto, una causal de nulidad. Las limitantes para la integración de la mesa directiva son que se encuentren formados en la fila para votar, que se encuentren en la lista nominal de electores de la sección correspondiente, y de acuerdo al penúltimo párrafo del artículo 182 de la Ley Electoral local, que no sean representantes de partido político alguno, por lo que si cumplen con tales requisitos es legal y justificado que puedan ocupar cargos de la mesa directiva de casilla en sustitución de los originalmente nombrados.

Lo anterior, viene robustecido por las Tesis de Jurisprudencia, que han sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo los rubros ‘SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL.’ y ‘PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. DEBEN ESTAR EN LA LISTA NOMINAL DE LA SECCIÓN Y NO SÓLO VIVIR EN ELLA.’,  cuyos textos ya han sido transcritos con antelación en esta misma ejecutoria.

En ese orden de ideas y argumentado lo anterior, es de señalarse que toda vez que el ciudadano Ignacio Flores Ignacio, fungió como Segundo Escrutador de la casilla mencionada con anterioridad, no obstante de no pertenecer a la Sección Electoral que corresponde a esta casilla, evidentemente actualiza la causal de nulidad prevista en la fracción IV del artículo 82 de la Ley Estatal de Medios en Materia Electoral, relativo a que la recepción o el cómputo de la votación fuere por personas u órganos distintos a los facultados por la legislación correspondiente.

De lo anterior se puede concluir que el simple hecho de que haya formado parte en la integración de la mesa directiva de casilla, cualquiera que hubiese sido el cargo ocupado, una persona que no fue designada por el organismo electoral competente ni aparezca en el listado nominal de electores correspondiente a la sección electoral respectiva, como acontece en la especie, al no tratarse de una irregularidad meramente circunstancial, sino una franca trasgresión al deseo manifestado del legislador ordinario de que los órganos receptores de la votación se integren, en todo caso, con electores de la sección que corresponda, pone en entredicho el apego irrestricto a los principios de certeza y legalidad del sufragio, por lo que, consecuentemente, en tal supuesto, debe anularse la votación recibida en la casilla a estudio.

En efecto, lo anterior encuentra su explicación, en que la exigencia del legislador de que cuando no se encuentren los funcionarios designados por el organismo electoral competente, se designen a los que habrán de sustituirlos de entre los electores que se encuentren formados en la fila para emitir su voto, garantiza que, aun en esas circunstancias extraordinarias de inasistencia de los funcionarios designados originalmente, se ofrezca garantía de que las designaciones emergentes recaigan en personas que satisfagan por lo menos algunos de los requisitos previstos en el artículo  72 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, para ser integrante de la mesa directiva de casilla, como son el de ser residente en la sección electoral que comprenda a la casilla, estar inscrito en el padrón electoral, contar con credencial para votar, y estar en ejercicio de sus derechos políticos y civiles; toda vez que así se facilita a quien hace la designación correspondiente la comprobación, con valor pleno, de los citados requisitos, porque si un ciudadano se encuentra en la lista nominal de la sección, esto es suficiente para tener por probados los demás requisitos mencionados, sin necesidad de realizar diligencia alguna. De modo que, cuando algún presidente, secretario, escrutador o suplente designado originalmente ejerce la facultad en comento, pero designa a un ciudadano que no se encuentre inscrito en la lista nominal de la sección, al no reunir éste las cualidades presentadas por la ley para recibir la votación aún en esa situación de urgencia, se adjudica la calidad de persona no autorizada legalmente para ejercer esa función, y en consecuencia al no existir la veracidad del apego irrestricto a los principios de certeza y legalidad del sufragio, debe anularse la votación recibida en dicha casilla.

Robustece los anteriores argumentos, los criterios jurisprudenciales y relevantes sostenidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo los rubros ‘RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN’, ‘SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL’ y ‘PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. DEBEN ESTAR EN LA LISTA NOMINAL DE LA SECCIÓN Y NO SÓLO VIVIR EN ELLA, cuyos textos ya han sido trascritos, en esta propia resolución.

Por todo lo anteriormente razonado, motivado y fundado respecto de la pretensión de la nulidad de la votación reciba en la casilla hecha valer por la coalición actora, es de concluirse que le asiste la razón, y que por lo tanto, debe decretarse la anulación de la sección 102 casilla básica.

DISTRITO: XIII

SECCION: 151

CASILLA: CONTIGUA 1

En lo que respecta al agravio hecho por el impetrante, respecto de la sección 151 casilla Contigua 1, en donde aduce que la ciudadana  Silvia Flores Huichim Yam, fungió como Primer Escrutador de la casilla mencionada con anterioridad, no obstante de no pertenecer a la Sección Electoral que corresponde a esta casilla, es de señalarse lo siguiente:

De la revisión a los apartados que integran el Acta de la Jornada Electoral que hizo ésta Autoridad jurisdiccional, ciertamente tal como lo arguye la recurrente, quien fungió como Primer Escrutador el día de la jornada electoral fue la ciudadana Silvia Flores Huichim Yam, y a su vez de la revisión del Encarte publicado por el órgano administrativo electoral correspondiente, se desprende que dicha ciudadana no fue una de las insaculadas conforme a la legislación correspondiente, y por ende, no apareció su nombre dentro del referido encarte.

Ahora bien, de un minuciosa revisión que se hiciera a la Lista Nominal de Electores con Fotografía para la Elección de Gobernador, Diputados Locales y Miembros del Ayuntamiento correspondiente a la sección 151, se verificó que afectivamente como lo arguye el impetrante, dicha ciudadana no se encuentra dentro de la sección donde fungió como funcionario de la mesa directiva de casilla, violentando con tal acto lo establecido por la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo en sus artículos 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 y 80, mediante los cuales se establece entre otras disposiciones, quienes integran las mesas directivas de casillas, sus facultades y los requisitos que deben cumplir para poder ser funcionarios el día de la jornada electoral.

Por lo tanto, las personas autorizadas para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo el día de la jornada electoral son los integrantes de las Mesas Directivas de Casillas, que previamente han sido designados por ocupar dichos cargos por el Consejo Distrital respectivo, luego entonces, son estos quienes en primera instancia deben llevar a cabo tales funciones.

Sin embargo, existe la posibilidad de que quienes fueron elegidos en un primer momento no funjan el día de la jornada electoral como miembros de la Mesa Directiva respectiva, y eso haría pensar que existen elementos suficientes para acreditar que la recepción y el escrutinio y cómputo de la votación fuere realizada por personas diferentes a las autorizadas, actualizándose con ello la causal de nulidad de casilla dispuesto por la fracción IV del artículo 82 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, no obstante en la propia normatividad se establece en qué casos es válidamente sustituir a un miembro de la mesa directiva de casilla, por lo que el hecho de que la recepción de la votación fuere recibida por personas distintas a las autorizadas o facultadas por la legislación correspondiente, según nuestra Ley de Medios, no da lugar necesariamente a que la votación recibida en casilla específica sea anulada.

Lo anterior es así, ya que de una interpretación sistemática y funcional de legislación electoral, no solo por el hecho de que en una casilla se haya recibido por personas distintas a las que aparecen en el encarte oficial se tiene que anular la votación; ya que antes de anular una casilla tendremos que ubicarnos si tal irregularidad esta justificada o no  de acuerdo a la Ley de Medios o la Ley Electoral, ya que éstas establecen varios supuestos, donde justificadamente se puede hacer cambios de funcionarios de casillas, y cuya disposición ya ha quedado transcrita en esta misma sentencia, por lo que como ya se ha dicho, no solo basta acreditar que fueron distintas las personas que recibieron la votación, sino que además hay que acreditar para anular casillas, que este cambio fuere injustificadamente.

En esta tesitura, podemos hablar que sí es posible hacer cambios de funcionarios de casillas de última hora, y tales cambios de ninguna manera contravienen la norma legal ni mucho menos es causa para que se anule una determinada casilla, es decir, que pesar de que los nombres que aparezcan en el Encarte Oficial publicado por el Órgano competente y los nombres que aparezcan en las Actas Electorales correspondientes no sean idénticos, esto no es por sí solo, causal de nulidad, ya que como hemos observado con anterioridad, es posible que de ultimo momento los miembros de las mesas directivas de casillas se modifiquen.

Sin embargo, la sustitución de miembros de las mesas directivas de casillas tiene sus limitantes y reglas, ya que a pesar de que la norma permita la sustitución de funcionarios, los suplentes deben necesariamente que cumplir con ciertos requisitos:

En ese tenor tenemos que es claramente posible sustituir a los miembros integrantes de la ya multicitada mesa directiva, aún en el mismo día de la jornada electoral, no haciendo este mero acto, una causal de nulidad. Las limitantes para la integración de la mesa directiva son que se encuentren formados en la fila para votar, que se encuentren en la lista nominal de electores de la sección correspondiente, y de acuerdo al penúltimo párrafo del artículo 182 de la Ley Electoral local, que no sean representantes de partido político alguno, por lo que si cumplen con tales requisitos es legal y justificado que puedan ocupar cargos de la mesa directiva de casilla en sustitución de los originalmente nombrados.

Lo anterior, viene robustecido por las Tesis de Jurisprudencia, que han sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo los rubros ‘SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL.’ y ‘PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. DEBEN ESTAR EN LA LISTA NOMINAL DE LA SECCIÓN Y NO SÓLO VIVIR EN ELLA.’,  cuyos textos ya han sido transcritos con antelación en esta misma ejecutoria.

En ese orden de ideas y argumentado lo anterior, es de señalarse que toda vez que la ciudadana Silvia Flores Huichim Yam, fungió como Primer Escrutador de la casilla mencionada con anterioridad, no obstante de no pertenecer a la Sección Electoral que corresponde a esta casilla, evidentemente actualiza la causal de nulidad prevista en la fracción IV del artículo 82 de la Ley Estatal de Medios en Materia Electoral, relativo a que la recepción o el cómputo de la votación fuere por personas u órganos distintos a los facultados por la legislación correspondiente.

De lo anterior se puede concluir que el simple hecho de que haya formado parte en la integración de la mesa directiva de casilla, cualquiera que hubiese sido el cargo ocupado, una persona que no fue designada por el organismo electoral competente ni aparezca en el listado nominal de electores correspondiente a la sección electoral respectiva, como acontece en la especie, al no tratarse de una irregularidad meramente circunstancial, sino una franca trasgresión al deseo manifestado del legislador ordinario de que los órganos receptores de la votación se integren, en todo caso, con electores de la sección que corresponda, pone en entredicho el apego irrestricto a los principios de certeza y legalidad del sufragio, por lo que, consecuentemente, en tal supuesto, debe anularse la votación recibida en la casilla a estudio.

En efecto, lo anterior encuentra su explicación, en que la exigencia del legislador de que cuando no se encuentren los funcionarios designados por el organismo electoral competente, se designen a los que habrán de sustituirlos de entre los electores que se encuentren formados en la fila para emitir su voto, garantiza que, aun en esas circunstancias extraordinarias de inasistencia de los funcionarios designados originalmente, se ofrezca garantía de que las designaciones emergentes recaigan en personas que satisfagan por lo menos algunos de los requisitos previstos en el artículo  72 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, para ser integrante de la mesa directiva de casilla, como son el de ser residente en la sección electoral que comprenda a la casilla, estar inscrito en el padrón electoral, contar con credencial para votar, y estar en ejercicio de sus derechos políticos y civiles; toda vez que así se facilita a quien hace la designación correspondiente la comprobación, con valor pleno, de los citados requisitos, porque si un ciudadano se encuentra en la lista nominal de la sección, esto es suficiente para tener por probados los demás requisitos mencionados, sin necesidad de realizar diligencia alguna. De modo que, cuando algún presidente, secretario, escrutador o suplente designado originalmente ejerce la facultad en comento, pero designa a un ciudadano que no se encuentre inscrito en la lista nominal de la sección, al no reunir éste las cualidades presentadas por la ley para recibir la votación aún en esa situación de urgencia, se adjudica la calidad de persona no autorizada legalmente para ejercer esa función, y en consecuencia al no existir la veracidad del apego irrestricto a los principios de certeza y legalidad del sufragio, debe anularse la votación recibida en dicha casilla.

Robustece los anteriores argumentos, los criterios jurisprudenciales y relevantes sostenidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo los rubros ‘RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN’, ‘SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL’ y ‘PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. DEBEN ESTAR EN LA LISTA NOMINAL DE LA SECCIÓN Y NO SÓLO VIVIR EN ELLA, cuyos textos ya han sido trascritos, en esta propia resolución.

Por todo lo anteriormente razonado, motivado y fundado respecto de la pretensión de la nulidad de la votación reciba en la casilla hecha valer por la coalición actora, es de concluirse que le asiste la razón, y que por lo tanto, debe decretarse la anulación de la sección 151 casilla Contigua 1.

Por lo argumentado con antelación respecto a la causal prevista en la fracción IV del artículo 82 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es de concluirse que las secciones 102 casilla básica, 148 casilla básica, 105 casilla Contigua 1, 075 casilla Contigua 1, 055 casilla Contigua 1, 207 casilla Contigua 5, 206 casilla Contigua 8, 206 casilla Contigua 2, 241 casilla Contigua 1, 151 casilla Contigua 1, 303 Básica y 368 Básica ha procedido la anulación de su votación recibida, por lo que debe hacerse la modificación del cómputo estatal para la elección de Gobernador del Estado.

Por cuanto a los representantes de partido que señala la coalición actora,  encuadran dentro de la causal establecida en la fracción IV del artículo 82 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, cabe señalar que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 72 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, las mesas directivas de casilla se integrarán con un presidente, un secretario, dos escrutadores y tres suplentes generales, y en la diversa normatividad plasmada en la Ley Electoral de Quintana Roo se infiere que las mesas directivas de casilla para efectos de la jornada electoral quedaran integradas por un presidente, un secretario y dos escrutadores, independientemente del hecho de que el articulo 182 de la ley electoral estatal señala que en ningún caso podrán ser nombrados como funcionarios de las mesas directivas de casilla, los representantes de los partidos políticos y coaliciones, por lo que al no ser los representantes de casilla, integrantes de la mesa directiva de la misma, es obvio que no encuadra este supuesto en la fracción cuarta del citado numeral 82 que se refiere específicamente  a los funcionarios de las mesas directivas de casilla por lo que su argumentación deviene en infundada.

QUINTO.-  Toda vez que ha resultado procedente declarar la nulidad de la votación recibida en las secciones trescientos tres básica, trescientos sesenta y ocho básica, doscientos cuarenta y uno contigua uno, doscientos seis contigua dos, doscientos seis contigua ocho, doscientos siete contigua cinco, cero cincuenta y cinco contigua uno, cero setenta y cinco contigua uno, ciento cinco contigua uno, ciento cuarenta y ocho básica, ciento dos básica y ciento cincuenta y uno contigua uno,  este Tribunal Electoral, en términos de lo previsto por el artículo 91 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en relación con el diverso 50 fracción II del mismo ordenamiento, procede a modificar los resultados del cómputo estatal de la Elección de Gobernador, tomando en cuenta los datos obtenidos del Acta de Computo Estatal o final de la elección de Gobernador, aprobada por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo en sesión de fecha trece de febrero de dos mil cinco, a efecto de que a éste le sean restados los votos correspondientes a las casillas anuladas.

El Cómputo Estatal o final de la elección de Gobernador,  aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo en sesión  de fecha trece de febrero de dos mil cinco, es el siguiente:

La  votación anulada por casillas, distritos y estatal se grafica de la siguiente manera:

Con base en lo expuesto, al restar la votación anulada en los distritos señalados del cómputo estatal de la elección de Gobernador aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo en sesión de fecha trece de febrero de dos mil cinco, éste se modifica para quedar en los siguientes términos:

En atención a que la modificación efectuada al cómputo estatal de la elección de Gobernador no altera la posición de la Coalición que obtuvo el triunfo en dicha elección, es procedente confirmar la declaración de validez de la elección de Gobernador del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y el otorgamiento de la constancias de mayoría y validez expedida por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo a favor de Félix Arturo González Canto candidato postulado por la coalición ‘Quintana Roo es Primero’.

SEXTO. La coalición ‘Quintana Roo es Primero’ intervino en el presente juicio con el carácter de tercero interesado y de su escrito es de señalarse lo siguiente:

Por cuanto a la extemporaneidad de la interposición del medio de impugnación cabe señalar que La Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral señala en su artículo 25 que los medios de impugnación deberán promoverse dentro de los tres días siguientes, contados a partir de que se tenga conocimiento o se hubiera notificado el actor o resolución que se impugne, de conformidad con las disposiciones del presente ordenamiento, por su parte el numeral 24 de la ley en cita señala que durante los procesos electorales todos los días y horas son hábiles y si los plazos están señalados por días estos se contaran de veinticuatro horas. De las anteriores disposiciones se advierte que en el presente caso, existe un proceso electoral en el estado que inició el primero de octubre de dos mil cuatro y que a la fecha no ha terminado por lo que todas las días y horas son hábiles, luego entonces, si como lo señala el tercero interesado, la coalición ‘Somos la Verdadera Oposición’ quedó automáticamente notificada a las once horas con treinta minutos del día trece de febrero del año en curso y de conformidad con lo dispuesto en el numeral citado, dentro de los tres días siguientes contados a partir del conocimiento o notificación que se dio en la especie el día trece de febrero de dos mil cinco, los días para interponer el recurso serían del catorce al dieciséis de febrero de dos mil cinco y si los días se cuentan de veinticuatro horas como señala nuestra legislación, el medio de impugnación fue interpuesto en tiempo, circunstancia por la que fue admitido a trámite.

Por cuanto a su argumentación respecto a la notoria frivolidad de la coalición ‘Somos la Verdadera Oposición’ por formular pretensiones inalcanzables jurídicamente, al ser notorio y evidente que no encuentran sustento jurídico, ni se acredita la existencia de los hechos en que se apoya, es de señalarse lo siguiente: Si bien es cierto que la mayoría de las argumentaciones sustentadas en agravios por la coalición actora fueron desestimadas por esta autoridad resolutora por devenir en inoperantes e infundadas, no menos cierto es que si fue procedente su petición respecto a la nulidad de votación recibida en casilla respecto a las casillas y considerandos vertidos en el cuerpo de esta sentencia por lo que esta autoridad considera improcedente la petición hecha por el tercero interesado.

SÉPTIMO. la coalición actora ofreció en su escrito de impugnación medios probatorios que fueran admitidos en su oportunidad y de algunos de los cuales se ha hecho la valoración respectiva en los considerandos anteriores, procediéndose a valorar las probanzas restantes: documental pública consistente en copia certificada del nombramiento de Carlos Vázquez Hidalgo como representante propietario de la coalición electoral ‘Somos la Verdadera Oposición’ integrada por los partidos políticos de la Revolución Democrática y del Trabajo; documentales publicas consistentes en copias al carbón de todas las actas de la jornada electoral de la elección de Gobernador del Estado de Quintana Roo; copias certificadas de las sesiones de fechas ocho, diez, dieciocho y treinta de diciembre de dos mil cuatro, ocho y diecinueve de enero de dos mil cinco, celebradas en el Consejo Distrital V; copias certificadas de las sesiones de fecha  seis, nueve y trece de febrero de dos mil cinco celebradas en el Consejo Distrital I; copias certificadas de las sesiones de fecha  seis y nueve de febrero de dos mil cinco celebradas en el Consejo Distrital II; copias certificadas de las sesiones de fecha seis y nueve de febrero de dos mil cinco celebradas en el Consejo Distrital III; copias certificadas de la sesión de fecha nueve de febrero de dos mil cinco celebradas en el Consejo Distrital IV; copia certificada de los recibos de entrega de los paquetes electorales al Consejo Distrital IV; copia certificada del concentrado por distrito de la relación de folios de las boletas de la elección de gobernador y diputados; sección del periódico Novedades de Quintana Roo de fecha seis de febrero de dos mil cinco, que contiene los nombramientos de los integrantes de las mesas directivas de casilla de todos los distritos electorales, instrumentales a las que es de otorgársele pleno valor probatorio  conforme a lo dispuesto en el articulo 22 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Documentales privadas consistentes en diversos escritos dirigidos a los Consejos Distritales V, X, XI y XIII, instrumentales a las que de conformidad con lo expuesto en los considerandos anteriores y con fundamento en el articulo 23 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se les otorga valor indiciario, pero no benefician las pretensiones del actor. 

Por lo anteriormente expuesto y motivado, con fundamento, además, en los artículos 1, 2, 5, 36, 44, 47, 48, 49, 79, 82, 83, 84, 87, 88, 90, 91 y 93 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral de Quintana Roo; 1, 5 y 21 fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Quintana Roo, es de resolverse y se:

R E S U E L V E

PRIMERO.-  Se declara la nulidad de la votación recibida en las casillas trescientos tres básica, trescientos sesenta y ocho básica, doscientos cuarenta y uno contigua uno, doscientos seis contigua dos, doscientos seis contigua ocho, doscientos siete contigua cinco, cero cincuenta y cinco contigua uno, cero setenta y cinco contigua uno, ciento cinco contigua uno, ciento cuarenta y ocho básica, ciento dos básica y ciento cincuenta y uno contigua uno, por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta sentencia.

SEGUNDO.- En consecuencia, se modifica el cómputo estatal de la elección para elegir Gobernador Constitucional del Estado de Quintana Roo, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo en sesión de fecha trece de febrero de dos mil cinco, para quedar en los términos precisados en el Considerando Quinto de esta sentencia.

TERCERO.- Se confirma la validez de la elección para elegir Gobernador Constitucional Estado de Quintana Roo y la constancia de mayoría y validez como Gobernador Electo en favor del ciudadano Félix Arturo González Canto candidato postulado por la coalición ‘Quintana Roo es Primero’.

...”

La anterior resolución fue notificada a las coaliciones “Somos la Verdadera Oposición” en su calidad de actora y “Quintana Roo es Primero” en su carácter de tercera interesada, el día veintiocho de febrero del año en curso, tal y como consta  en las razones y cédulas de notificación  que obran a fojas ocho mil ciento dieciocho a ocho mil ciento veintiuno, respectivamente, del cuaderno accesorio número trece, del expediente en que se actúa.

5. Inconformes con la anterior determinación, con fecha cuatro de marzo del año en curso, tanto la coalición “Somos la Verdadera Oposición”, y la coalición “Quintana Roo es Primero” promovieron sendos juicios de revisión constitucional electoral.

La coalición “Somos la Verdadera Oposición”, expresó los motivos de inconformidad siguientes:

“…

CONSIDERACIONES DE DERECHO

La Coalición Electoral ‘Somos la Verdadera Oposición’ integrada por los partidos políticos nacionales: de la Revolución Democrática y del Trabajo, interpuso, como se ha precisado, Juicio de Nulidad ante el Tribunal Electoral de Quintana Roo, mediante el cual se le precisaron en tres apartados diversos, motivos manifiestos de inconformidad que lesionan nuestra esfera jurídica, así como los derechos difusos de tercero que representa, a fin de que en plenitud de jurisdicción resolviera lo que conforme a derecho procediera.

No obstante ello, debe decirse que la autoridad que se señala como responsable en alguno de los supuestos no estudió las consideraciones lógico-jurídicas que le fueron expuestas y en otras tergiversó el sentido y alcance de los disensos que controvierten el sistema de justicia constitucional y legal y que motivó la interposición del juicio natural.

En tal contexto, debe decírsele a esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que el primer agravio precisado, en el referido juicio originario, por la coalición electoral que represento se denominó ‘CALIDAD DE LA ELECCIÓN Y VIOLACIONES SUSTANCIALES A LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN ELECTORAL’, mismo que como se verá más adelante fue indebidamente apreciado, erróneamente analizado y resuelto equivocadamente por el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral en el Estado de Quintana Roo, visible de la foja 29 a la 42 de la resolución que mediante este medio de control constitucional se controvierte.

Por otra parte, el promotor del presente Juicio de Revisión Constitucional en Materia Electoral manifiesta que el segundo apartado que se hizo valer en el medio de impugnación previsto en la legislación local, se le denominó ‘CAUSALES DE NULIDAD DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA’, sin embargo, la responsable no realizó un estudio exhaustivo y particular sobre cada una de las causales de nulidad que le fueron sometidas a su impero y jurisdicción y que en los casos en que sí realizó el estudio correspondiente, lo hizo en forma indebida, sin que al respecto haya fundado y motivado su actuar, tal como se precisará más adelante.

Por último, se hace necesario e indispensable señalarle a este órgano especializado en materia electoral del Poder Judicial de la Federación que el tercer apartado que se consignó en el medio de controversia local fue denominado ‘IRREGULARIDADES GRAVES QUE EN FORMA EVIDENTE PONEN EN DUDA LA CERTEZA DE LA VOTACIÓN Y SON DETERMINANTES PARA EL RESULTADO DE LA ELECCIÓN’, no obstante ello, el órgano judicial responsable con ligereza argumentativa y sin analizar exhaustivamente el planteamiento realizado tomó una salida tangencial o circunferencial, evitando entrar al análisis sustancial sobre el tópico expuesto para su estudio y resolución, tal como se verá en el desarrollo de la presente demanda.

Evidentemente, el Tribunal Electoral del Estado de Quintana Roo con su actuación vulneró los principios constitucionales consagrados en los artículos 14, 16, 17, 41, fracción I y 116, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los principios constitucionales de congruencia, exhaustividad y legalidad que tutelan la Carta Federal de 1917, la particular del Estado de Quintana Roo, tal como se procederá a demostrar.

Ahora bien, conforme a una adecuada metodología que debe prevalecer en el estudio de los medios de impugnación y conforme a los principios de orden y economía procesales se atenderán los razonamientos lógicos-jurídicos expuestos en el medio de impugnación estatal y se contrastará con la reflexión vertida por la autoridad judicial señalada como responsable, a fin de demostrar la veracidad de lo expuesto anteriormente.

PRIMERO.- La coalición electoral enjuiciante, tal como se ha sostenido, señaló en el primero de los apartados que fueron consignados el Juicio de Nulidad, lo siguiente:

PRIMERA PARTE

CALIDAD DE LA ELECCIÓN Y VIOLACIONES SUSTANCIALES A LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN ELECTORAL.

INEQUIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

PRIMERO.- La Coalición Electoral denominada ‘Somos la Verdadera Oposición’, integrada por los partidos políticos nacionales: de la Revolución Democrática y del Trabajo, estima oportuno reflexionar sobre el siguiente tópico:

El marco en el que se desarrollaron las campañas electorales, la cual se encuentra insertada en la etapa electoral denominada: preparatoria, se destaca por la prevalencia de un clima de inequidad en el uso de los medios de comunicación y por un trato desigual, denostativo y discriminatorio por parte de éstos a las diferentes opciones políticas.

Lo expuesto en el parágrafo anterior, encuentra reflejo desde dos ópticas lógicas: el primero, sustentado en la amplia difusión obtenida por la publicidad electoral de la coalición electoral ‘Quintana Roo es Primero’ tanto en spots televisivos, como en medios impresos (periódicos y revistas) y, el segundo, en la negativa de los ‘informadores’ o ‘desinformadores’ a promocionar equitativamente las actividades de campaña de cada oferta política.

En ese contexto, el conocimiento sobre los actos publicitarios de la coalición electoral ‘Quintana Roo es Primero’, resultó ser, incluso, ofensivo, mientras que por cuanto hace a las demás ofertas políticas, la información fue agresiva y descalificadora, por lo que se sostiene que esa circunstancia fue un factor decisivo y determinante que concluyó generar un desequilibro en el proceso electoral, pues resulta evidente que el trato desigual en la transmisión de cobertura medios electrónicos de publicidad electoral y espacios noticiosos de la Coalición Electoral ‘Quintana Roo es primero’ trajo aparejado su inválido triunfo en la elección de mérito.

A este respecto debe decirse que las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral constituyen normas de orden público que no admiten salvedad y, por ende, los actos dirigidos a su incumplimiento, transgresión o inobservancia, carecen de eficacia o efectos jurídicos, siendo la nulidad o invalidez su consecuencia jurídica prevista en la ley, sobre todo, cuando las violaciones al marco jurídico electoral son reiteradas y de particular gravedad.

Las conductas que ahora se controvierten pueden constatarse en los monitoreos de medios de comunicación que realizó el propio Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, los cuales consisten en:

En esa tesitura, debe decirse que conforme al artículo 3° con relación al 1° de la Ley Electoral del Estado de Quintana Roo, puede desprende que respecto a la validez de los actos jurídicos se aplican los principios generales de derecho que son acordes con normas expresas.

Además, cabe señalar que bajo el principio de reserva de ley, es de destacar que no existe disposición en contrario, por la cual se prevea que, dentro del sistema de nulidades de las normas de orden público, deban subsistir los actos inválidos o nulos, puesto que se trata de una elección de un cargo público y no existe ningún interés superior sobre la soberanía popular ni sobre el estado de derecho.

Ahora bien, al quedar debidamente señaladas y acreditadas las conductas que ocasionan perjuicio a la sociedad en su conjunto y la esfera jurídica de mi representada, debe decirse que dicha transgresión afecta importantemente los principios constitucionales sobre los que debe versar una elección auténticamente democrática, siendo éstos los siguientes:

a) El derecho al voto universal, libre, secreto, directo y personal, el cual se vio afectado por un proceso inequitativo.

b) La equidad en la competencia electoral, se vio afectada por la publicidad electoral difundida por los medios televisivos e impresos cubriendo positivamente las actividades del candidato de la coalición ‘Quintana Roo es Primero’ y negativamente las actividades de mi representada.

c) El derecho a la información, vinculado con el uso permanente de tos medios de comunicación.

A este respecto, debe decirse que aunque las campañas electorales, se desarrollan en la etapa de preparación de la elección, trascienden a la jornada electoral, que incluso, el resultado de la elección depende en forma trascendente de las campañas electorales, razón por la cual no es posible analizar cada una de las etapas del proceso electoral en forma aislada, dado que la validez de la elección se ve afectada por actos anteriores o posteriores a la jornada electoral.

Los hechos relativos a la violación del principio de derecho a la información cuando este queda vinculado con el ejercicio real y permanente al acceso a los medios de comunicación, provocan una serie de infracciones constitucionales, entre las que destaca el principio de derecho a la información, consagrado en la Declaración de los Derechos del Hombre, suscrita por México el diez de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho y contenido también en las Constituciones Federal y particular de Quintana Roo.

Al respecto, aplica por procedente la siguiente jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Novena Época

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XI, Abril de 2000

Tesis: P. XLV/2000

Página: 72

‘DERECHO A LA INFORMACIÓN. LA SUPREMA CORTE INTERPRETÓ ORIGINALMENTE EL ARTÍCULO 6o. CONSTITUCIONAL COMO GARANTÍA DE PARTIDOS POLÍTICOS, AMPLIANDO POSTERIORMENTE ESE CONCEPTO A GARANTÍA INDIVIDUAL Y A OBLIGACIÓN DEL ESTADO A INFORMAR VERAZMENTE.’ (Se transcribe).

Por tanto, se aduce que los ciudadanos residentes en el Estado de Quintana Roo fueron constreñidos, única y exclusivamente, con propaganda y publicidad electoral de la coalición ‘Quintana Roo es Primero’, así como información positiva a favor de ésta y negativa en contra de mi representada, dejando de lado la equidad en el acceso a medios de comunicación en lo que respecta a las notas periodísticas que no tienen costo a los partidos políticos, coaliciones electorales, sus candidatos y las autoridades provenientes de los partidos políticos distintos a la opción política favorecida y que representan más que nada una línea editorial de los medios de comunicación perjudicando a la ciudadanía al no poder conocer todas las propuestas políticas y esto en detrimento de las demás fuerzas políticas.

Esto es así, puesto que de la cobertura y alcances de los medios de comunicación social, así como la de difusión de publicidad o propaganda política, específicamente la radio y la televisión y los medios impresos como los periódicos y revistas con alcance o difusión en esta entidad federativa fue desproporcionada a favor del candidato de la Coalición Electoral ‘Quintana Roo es Primero’, durante el proceso electoral, de lo que lógicamente se infiere un beneficio a favor de dicha coalición y su candidato.

Es por ello que para la coalición electoral que represento es claro que el uso de los medios de comunicación fue un factor decisivo que desequilibró el proceso electoral, pues se impidió la existencia de un ambiente de equidad, por el desequilibrio en el tiempo de cobertura en medios entre la coalición ‘Quintana Roo es Primero‘, y el resto de las coaliciones y en gran medida de una insana influencia creada por la difusión de la propaganda aludida.

Debe decirse que el manejo inequitativo del acceso y cobertura de los medios de comunicación, no sólo fue cuantitativo sino también cualitativo y consistió en la transmisión de promocionales de publicidad política, lo que a juicio del actor constituye violación de tal gravedad, que el resultado de una elección en tales circunstancias debe ser puesto en duda.

Debe resaltarse la importancia del manejo y acceso a los medios de comunicación por parte de los partidos políticos cuando quedan vinculados al derecho a la información veraz, oportuna y real, constituye en sí misma una obligación de los órganos del Estado que debe ser vigilada y observada en sus alcances más amplios, al respecto el autor Norberto Bobbio, señala que ‘...un electorado objeto de manipulación no posee libertad para elegir’; este es el caso de la ciudadanía del Estado de Quintana Roo, toda vez que la autoridad administrativa electoral permitió la violación a los principios de equidad y objetividad, al tolerar el notorio desequilibrio en el tiempo concedido a las coaliciones ‘Todos Somos Quintana Roo’ y ‘Somos la Verdadera Oposición’ contendientes en los medios de comunicación respecto de la coalición electoral ‘Quintana Roo es Primero’ respecto a las demás coaliciones y que dicha publicidad se incrementó en días específicos y en medida que se acercaba la jornada electoral.

Este hecho reviste una determinancia especial en este agravio, pues es indiscutible que la Coalición Electoral ‘Quintana Roo es Primero’ se vio beneficiada al establecerse una relación desproporcional informativa y, por supuesto, formativa, con un fin netamente electoral, creando un ambiente de inequidad, porque con lo expuesto se desvirtúa el sentido de la función de la comunicación social que debe preservarse sin distingos o clasificaciones.

En este sentido, debe decirse que el Instituto Electoral de Quintana Roo, nunca realizó ninguna medida tendiente a frenar dicha irregularidad y adoptar los medios pertinentes para garantizar el adecuado desarrollo del proceso electoral celebrado en esta entidad federativa, esto es, cejara en la transmisión de la difusión de propaganda política dentro del plazo legal correspondiente y que se verificó en todo el Estado de Quintana Roo.

Por lo expresado se hace patente la existencia de las irregularidades que se dieron, incluso, desde antes del día de los comicios y concluye, que tales irregularidades trascendieron a la jornada electoral y  afectaron los resultados de los comicios.

Concretamente, en este apartado se debe tomar en cuenta los siguientes medios probatorios: los datos relacionados con la cobertura y alcance de los medios de comunicación social estatales y privados, específicamente la radio, televisión y periódicos; los monitoreos del tiempo de transmisión en televisión del Estado de Quintana Roo, los sondeos de diversos medios impresos acerca de los tiempos de transmisión dedicados a cada Coalición Electoral, haciendo la salvedad que respecto a los concesionarios de medios electrónicos, la prueba debe perfeccionarse mediante la inspección ocular consistente en la revisión que realice personal autorizado por este Tribunal respecto a la documentación de pago que por conceptos de transmisión de los spots y órdenes de inserción ordenados por la Coalición Electoral ‘Quintana Roo es Primero’ se hayan verificado dentro del plazo de 4 al 6 de febrero de 2005 y en el proceso electoral, así como se verifiquen los ‘testigos’ u original a trasmitir por la concesionaria, asimismo, deberá verificarse las pautas de transmisión para conocer el número de impactos de transmisión que en dicho periodo se realizaron. Esta probanza se ofrece en términos de lo que dispone la siguiente jurisprudencia:

‘PRUEBAS DE INSPECCIÓN JUDICIAL, RECONOCIMIENTO Y PERICIAL. DERECHO A SU OFRECIMIENTO Y REQUISITOS PARA SU ADMISIÓN.’ (Se transcribe).

Del contenido de la información que se indica, se advertirá que por lo que respecta a las radiodifusoras y a los periódicos, las actividades de campaña de la coalición ‘Quintana Roo es Primero’, difundidas en la etapa de campañas políticas, la publicidad y tiempo promedio es mayor con respecto de los demás partidos y el total de tiempo de transmisión que a las campañas políticas dedicaron las radiodifusoras, mientras que el resto fue diseminado entre las demás coaliciones, lo que refleja una distribución desproporcional del tiempo de transmisión noticiosa de actividades de las coaliciones contendientes.

Por lo que hace a las televisoras, se advierte que el promedio de tiempo dedicado a las coaliciones resulta, sin duda, de igual manera una desproporción, pues mientras a la coalición ‘Quintana Roo es Primero’ se le otorgó una difusión amplia de los spots publicitarios y de las inserciones en medios escritos de sus actos de campaña y sus propuestas a través de su candidato, a la coalición electoral que represento se nos negó sistemáticamente el acceso a estos medios para tener la oportunidad de ofertar nuestra opción política y la ‘información’ sobre la misma se generó en contexto evidentemente negativo.

Esta sola circunstancia -la desproporción de los tiempos de transmisión en radio, televisión y medios impresos por concepto de difusión de publicidad y cobertura de acción de los partidos- genera la existencia de una violación sustancial en el proceso electoral, pues, no resulta lógico o normal que en el desarrollo de una campaña electoral, alguno o algunos de los medios de comunicación otorguen una proporción tan desmesurada de su tiempo de transmisión sea por cobertura general, por la publicidad a difundir a una coalición determinada pues tal desproporción genera una falsa impresión de la realidad electoral en la entidad federativa.

Ahora bien, de acuerdo con lo hasta ahora expuesto se desprende que las actividades y conductas adoptadas por la coalición electoral ‘Quintana Roo es Primero’ consistentes en la realización, producción y difusión de spots y de difusión de propaganda política en medios impresos, a que se ha hecho alusión, por sí solas, son suficientes para que este máximo órgano jurisdiccional electoral en el Estado de Quintana Roo, considere que constituyen violaciones sustanciales al proceso electoral, esto es, la trasgresión del fin de garantizar la equidad en la contienda.

En este sentido, debe considerarse que una interpretación armónica de lo que dispone el texto del artículo 41, fracción I, de la Constitución federal, en relación con lo dispuesto en el artículo 116, fracción IV, del mismo ordenamiento legal, permite establecer que las constituciones y leyes de los Estados en materia electoral regularán la forma concreta de cómo intervienen los partidos políticos en su fin primordial, que es el de promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación popular y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público.

De esta forma, conforme con lo dispuesto en los artículos 49, fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y 12 de la Ley Electoral de la misma entidad federativa, los partidos políticos tienen como fin promover la participación de la ciudadanía en la vida democrática del Estado; contribuir a la integración de sus poderes y hacer posible el acceso de los ciudadanos al poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulen, lo cual se estima que tiene como único objeto permitir al electorado tener claridad de la oferta política que representan los candidatos postulados por los partidos políticos de acuerdo con los programas de gobierno que se exponen durante y exclusivamente en la etapa de jornada electoral.

Así las cosas y en términos de una interpretación lógica funcional y sistemática del artículo 82 fracción X de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Quintana Roo, que establece el sistema de nulidades cuando se ejerza presión sobre los electores que afecte la libertad y secreto del voto, estas disposiciones tienen especial relevancia, puesto que con ella el legislador común impuso una base que tiene como fin de propiciar la equidad en la contienda para los partidos políticos en campaña electoral.

Por su parte, el Tribunal Electoral de Quintana Roo, estableció en la sentencia de marras, visible de la foja 29 a la 42, sustancialmente lo siguiente:

Por cuanto a la nulidad de la elección de Gobernador del Estado de Quintana Roo solicitada es de señalarse lo siguiente:

La Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en diversos artículos que a continuación se transcriben establece la posibilidad de anular las elecciones de Gobernador, Diputados de Mayoría Relativa o de Ayuntamientos.

(Se transcriben los artículos 83, 85 y 87)

En ese sentido, es dable anular una elección en Quintana Roo, cuando concurran todos estos elementos antes citados, elementos que el actor a todas luces deberá acreditar fehacientemente con los medios de probanza idóneos.

Para la procedencia de la nulidad de la elección por irregularidades cometidas en cualquier etapa del proceso electoral, es necesario que se acredite plenamente la existencia de los siguientes elementos:

a) Que existan violaciones graves y sistemáticas a los principios rectores electorales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad; y

b) Que dichas violaciones sean determinantes para el resultado de la elección.

Por cuanto al primero de los elementos, la gravedad de la violación ocurre cuando el ilícito o infracción vulnera los principios rectores electorales siguientes:

Certeza. Según el diccionario de la Lengua Española es un sustantivo femenino que alude al conocimiento seguro y claro de un hecho conocible. Entonces, la certeza implica que tanto la actuación (incluye sus resoluciones) de la autoridad electoral como los procedimientos electorales deben ser ‘verificables, fidedignos y confiables ‘, de tal modo que, como ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los participantes (ciudadanos, entes políticos, etcétera) en un proceso electoral conozcan previamente con claridad y seguridad las reglas a que está sujeta la actuación de las autoridades electorales.

Legalidad. La legalidad implica que todo acto de la autoridad electoral, administrativa o jurisdiccional, debe encontrarse fundado y motivado en una norma en sentido material (general, abstracta e impersonal) expedida con anterioridad a los hechos sujetos a estudio. En este sentido, para el ejercicio de las atribuciones y el desempeño de las funciones que tienen encomendadas las autoridades electorales, se deben observar escrupulosamente el mandato constitucional que las delimita, los tratados internacionales aplicables a la materia y las disposiciones legales que las reglamentan.

Independencia. Según la Real Academia Española, significa libertad o autonomía, en el sentido de ausencia de subordinación. Entonces, la autoridad electoral debe conducir todos sus actos de manera autónoma. Sin aceptar algún tipo de injerencia en la toma de sus decisiones o funcionamiento, sea del poder público o de cualquier tipo de personas, organizaciones, entes políticos, entre otros.

Imparcialidad. Este principio entraña que en la realización de sus actividades todos los integrantes de la autoridad electoral deben brindar trato igual a los distintos actores políticos, excluyendo privilegios o favoritismos y, en general, conduciéndose con desinterés en el marco de la competencia electoral. Parte de la doctrina señala que: ‘No debe reducirse exclusivamente a la ausencia de inclinaciones predeterminadas o buena intención. El concepto debe entenderse también como la voluntad de decidir y juzgar rectamente, con base en la experiencia, en la capacidad profesional, y conocimiento sobre lo que esta resolviendo.

Objetividad. El Instituto Federal Electoral ha considerado que ‘La objetividad traduce (sic) en un hacer institucional y personal fundado en el reconocimiento global, coherente y razonado de la realidad sobre la que se actúa y, consecuentemente, la obligación de interpretar y asumir los hechos por encima de visiones y opiniones parciales o unilaterales’. A su vez el maestro José de Jesús Orozco Henríquez señala que, acorde con este principio, ‘los actos y procedimientos electorales deben ser veraces, reales y ajustados a los hechos (no solo a las normas jurídicas)’. En otras palabras, ‘implica que todas las apreciaciones y criterios de los organismos electorales deben sujetarse a las circunstancias actuales de los acontecimientos y no a interpretaciones subjetivas ni inducidas de los hechos, a lo que quisieran que fueran’ según un voto particular.

Equidad. En la competencia electoral los actores deben tener, conforme a las condiciones materiales que derivan de la ley, en la medida de lo posible, igualdad de oportunidades en el acceso a los medios de comunicación, financiamiento, a la jurisdicción, entre otros. Su aplicación está sujeta a diversos elementos: personal, en que se atiende a las circunstancias propias y particulares de cada contendiente; objetivo, por el que se toma en cuenta la fuerza electoral obrado de representatividad; político, que atiende a criterios de distribución de recursos; temporal, que atiende principalmente a las campañas electorales; subjetivo, en el que se verifica el comportamiento o actuación de cada ente político.

Finalmente, con relación al segundo supuesto, una irregularidad se considerará ‘determinante’ en la medida en que trascienda sobre la efectividad del sufragio y la autenticidad del escrutinio y cómputo, pues de lo contrario, la infracción de dichos principios rectores no tendrían repercusión alguna, si se toma en cuenta que se trataría de una irregularidad intrascendente para el resultado de la votación.

En adición, se debe mencionar que, para constatar si una irregularidad es ‘determinante’ para el resultado de la votación recibida en una casilla, hasta la fecha se ha empleado, en la mayoría de los casos, un criterio cuantitativo o aritmético, pero también en algunos casos se ha empleado un criterio cualitativo.

En lo referente al criterio cualitativo, debe precisarse que se ha aplicado, principalmente, en el caso de que, aun cuando las irregularidades existentes no alteren el resultado de la votación en la respectiva casilla, sí pongan en duda el cumplimiento del principio constitucional de certeza que rige la función electoral y que, como consecuencia de ello, exista incertidumbre en el resultado de la votación.

[…]

PRIMERA PARTE

Por cuanto al agravio señalado por la coalición actora    como PRIMERA PARTE y titulado CALIDAD DE LA ELECCIÓN Y VIOLACIONES SUSTANCIALES A LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCÓN ELECTORAL dicho agravio deviene en inoperante e infundado en virtud de las siguientes consideraciones:

La coalición quejosa señala la prevalencia de un clima de inequidad en el uso de los medios de comunicación y por un trato desigual, denostativo y discriminatorio por parte de dichos medios a las diferentes opciones políticas, sustentado en la amplia difusión obtenida por la publicidad electoral de la coalición ‘Quintana Roo es Primero’ tanto en spots televisivos, como en medios impresos (periódicos y revistas) y por la negativa de los informadores o desinformadotes (sic) a promocionar equitativamente las actividades de campaña de cada oferta política, fue un factor decisivo y determinante que generó un desequilibrio en el proceso electoral, pues el trato desigual en la transmisión de cobertura de medios de publicidad electoral y espacios noticiosos de la Coalición ‘Quintana Roo es primero’ trajo aparejado su triunfo en la elección de gobernador.

[…]

Antes de entrar al análisis de las argumentaciones vertidas en el agravio esgrimido por la coalición actora, en su escrito de demanda, y tomando en cuenta que este se centra precisamente en el hecho constitutivo de la inequidad y desigualdad en el uso de los medios de comunicación durante la campaña electoral, éste Órgano Jurisdiccional considera oportuno hacer algunas precisiones en relación al mismo.

El artículo 49 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo establece que la Ley Electoral garantizará que los partidos políticos cuenten de manera equitativa y gratuita con elementos para llevar a cabo sus actividades, por lo tanto tendrán derecho al uso de los medios de comunicación social propiedad del estado de acuerdo a las formas, procedimientos y tiempos, que establezca la misma. Asimismo señala que la Ley fijará los criterios para determinar los límites a las erogaciones de los partidos políticos en su campañas electorales, así como los tiempos de estas, además establecerá los montos máximos que tendrán las aportaciones pecuniarias de sus simpatizantes y los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten; asimismo señalará las sanciones que deban imponerse por incumplimiento de estas disposiciones.

[…]

La coalición quejosa señala la prevalencia de un clima de inequidad en el uso de los medios de comunicación y por un trato desigual, denostativo y discriminatorio por parte de dichos medios a las diferentes opciones políticas, sustentado en la amplia difusión obtenida por la publicidad electoral de la coalición ‘Quintana Roo es Primero’ tanto en spots televisivos, como en medios impresos (periódicos y revistas). Asimismo señala que la equidad se vio afectada por la publicidad electoral difundida por los medios televisivos e impresos cubriendo positivamente las actividades del candidato de la coalición ‘Quintana Roo es Primero‘, y negativamente las actividades de la actora. Para efecto de determinar lo anterior se procede a realizar el análisis de la documental pública consistente en el monitoreo de noticieros y programas de radio y televisión del Instituto Electoral de Quintana Roo, documental a la que es de otorgársele pleno valor probatorio conforme a lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral a través de los cuadros siguientes:

(cuadro)

En este cuadro es de observarse el número total de menciones y el tiempo total que ocuparon las coaliciones participantes en el periodo monitoreado

(cuadro)

En el cuadro anterior se desglosa el número total de menciones y el tiempo total que ocuparon las coaliciones participantes en el periodo monitoreado en menciones y tiempo total sin valoración y menciones y tiempo total con valoración de algún tipo, que en el cuadro siguiente se actualiza con valoraciones negativas y valoraciones positivas:

(cuadro)

Si bien es cierto que con el monitoreo de noticieros y programas de radio y televisión efectuado por el Instituto Electoral de Quintana Roo se acredita que la coalición ‘Quintana Roo es Primero’ tiene mil quinientas veinticinco menciones en total en el periodo monitoreado, no menos cierto es que la coalición quejosa tiene mil trescientas cuarenta y siete menciones, y por cuanto al tiempo total monitoreado la coalición ‘Quintana Roo es Primero’ aparece con treinta nueve (sic) horas con treinta y nueve minutos y veintiún segundos, también es cierto que la coalición actora aparece con treinta y cuatro horas, veinticuatro minutos cincuenta y dos segundos, en muchas de las fechas y diversos medios de comunicación monitoreados por el Instituto Electoral del Estado aparece con mayor número de menciones que las dos coaliciones restantes; también es de señalarse que si bien la coalición ‘Somos la verdadera oposición’ aparece con mas menciones y tiempo con algún tipo de valoración con ciento treinta y tres menciones negativas, no menos cierto es que las otras dos coaliciones participantes también recibieron menciones negativas, correspondiendo a la coalición ‘Quintana Roo es Primero’ sesenta y seis menciones negativas y por cuanto a menciones positivas ‘Somos la verdadera Oposición’ recibió doce menciones y ‘Quintana Roo es Primero’ treinta y nueve menciones; es importante destacar que de los cuadros anteriores se acredita que las menciones y tiempo que tuvieron las coaliciones sin ningún tipo de valoración es muy superior al tiempo y menciones que tuvieron con valoraciones positivas o negativas. Del estudio del monitoreo y del análisis anterior a juicio de este órgano resolutor no parece que haya habido inequidad en el acceso a los medios de comunicación como afirma la actora, ya que es significativo el número de menciones y de tiempo que tuvo en los espacios de comunicación monitoreados, siendo menos las menciones y tiempo que obtuvo la otra coalición participante ‘Todos somos Quintana Roo’. Sin embargo, esta situación de ninguna manera puede conducir, por ese simple hecho, a la afirmación de que existió inequidad en la contienda electoral, ya que la actora no acredita de ninguna forma, que con las contracciones de los medios de comunicación se hayan rebasado los topes de gastos de campaña, máxime que conforme a lo dispuesto por el artículo 94 de la Ley Electoral de Quintana Roo los informes de campaña deberán presentarse dentro de los sesenta días siguientes al término de las mismas, por lo que para este órgano jurisdiccional el hecho de que una coalición haya tenido mas menciones en medios de comunicación que las otras durante la campaña electoral, no deviene en que se haya violentado el principio de equidad previsto constitucional y legalmente, máxime que la actora no apoyó su dicho con otros elementos de prueba, toda vez que la documental privada consistente en un estudio sistematizado de los medios de comunicación en el Estado de Quintana Roo, a la que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral esta autoridad jurisdiccional le da el carácter valor (sic) de un leve indicio ya que no se encuentra adminiculada con otros elementos de prueba como serían las ediciones de los periódicos en que salieron dichas notas o las audio grabaciones de los programas de radio o su concatenación con otros elementos de prueba que la apoyen por lo que no es de concedérsele mas que un leve valor probatorio para los fines que persigue la coalición actora, ya que en dicha documental se observan que existen notas tanto referentes a las diversas coaliciones participantes en la contienda electoral como a otras instituciones relacionadas con el proceso y otras mas ajenas al mismo por lo que a juicio de este órgano resolutor no se violentó en ningún momento el principio de derecho a la información, toda vez que la coalición actora en ningún momento acredita fehacientemente su afirmación.

[…]

Tal como puede observarse, la resolución de mérito conculca los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 235 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 49 fracciones I, II y III de la Constitución Política local y en virtud de que en el cuerpo de su resolución efectuó una valoración errónea, selectiva y ligera de los medios probatorios atinentes a la primera parte del Juicio de Nulidad, enderezados contra la parcialidad, inequidad y trato desigual en los medios de comunicación respecto de las coaliciones participantes.

Ello es así, toda vez que, no obstante que los medios probatorios consistentes en los monitoreos de medios de comunicación elaborados por el Instituto Electoral de Quintana Roo a los que les fue otorgado valor probatorio pleno, se encuentran apoyados con otra serie de estudios y análisis comparativos, expositivos y gráficos elaborados por esta representación política, sin que le significaran la menor convicción del punto expuesto, aun cuando les otorga un valor indiciario.

Tal como se sostuvo en el medio de impugnación primigenio, los medios informativos como formadores de la opinión pública juegan papel preponderante en el marco político-electoral y son un factor que incide de manera directa en los resultados electorales, independientemente de la naturaleza de la elección en cuestión.

En atención a lo expuesto, debe decirse que conforme al artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el pueblo mexicano está constituido en una república representativa, democrática, federal, compuesta por Estados Libres y Soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, lo que determina la función social de los medios masivos de comunicación, misma que debe ser objetiva y responder a los intereses de la población a la cual se dirige, concebida en su naturaleza pluriétnica y pluricultural, evitando someterse a los dictados del sistema político imperante así como de partidos políticos y organizaciones descentralizadas, como contrariamente sucedería en un sistema dictatorial o monárquico.

En una república representativa, democrática, federal y compuesta por Estados Libres y Soberanos, la labor periodística representa, en teoría, un eminente servicio social, aunque en la práctica, los ‘formadores de opinión’ en Quintana Roo, lejos de cumplir con los supuestos descritos, responden a intereses particulares así como a los mandatos del sistema político en el poder.

Estos hechos se comprueban mediante el análisis profundo de lo que se comunica y su evidente impacto en la sociedad.

Durante el proceso electoral en Quintana Roo, los medios masivos de comunicación jugaron un papel fundamental en los resultados cuestionables de las elecciones de Gobernador y Diputados de Mayoría, habiendo sido corresponsables de confusión y de calumnias elaboradas desde las dirigencias estatales y nacionales del Partido Revolucionario Institucional y vertidas hacia la opinión pública quintanarroense.

Mediante los monitoreos de medios de comunicación elaborados por el Instituto Electoral de Quintana Roo así como el estudio y análisis particular de los mismos ponemos a la consideración de esta Sala Superior, además de lo ya descrito, que no hubo equidad en cuanto al acceso de los diferentes partidos políticos a los medios masivos de información, ya que la constante informativa se tradujo en una férrea práctica de la injuria y la mentira, así como la ausencia de profesionalismo de reporteros, editorialistas y columnistas quienes calumniaron y difamaron a los candidatos de ‘Somos la Verdadera Oposición’, siendo parte del linchamiento político todo aquello que no representase los intereses del Revolucionario Institucional.

La Ley Federal de Radiodifusión precisa que cualquier medio masivo de comunicación tendrá que desempeñarse con imparcialidad y objetividad, asimismo, el artículo 6 de la Carta Federal de 1917 establece que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público, correspondiendo al Estado garantizar el derecho a la información.

Por su parte, el artículo 7 Constitucional también establece límites a la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia, como es el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública.

En efecto, como  lo manifiesta el propio órgano jurisdiccional responsable, existe un marco regulatorio de los tiempos que son susceptibles de contratación por parte de cada instituto político, sin embargo, debe señalarse que lo que ésta representación política adujo en el citado Juicio de Nulidad no es precisamente una extralimitación en el tope de gastos por contratación de spots publicitarios sino que, categóricamente la exposición de agravios es tendente a evidenciar que los medios de comunicación de Quintana Roo se dedicaron en gran parte a promocionar en demasía la imagen y el proyecto político de FÉLIX ARTURO GONZÁLEZ CANTO, candidato postulado y registrado de la Coalición Electoral ‘Quintana Roo es Primero’, en contraste con el trato mediático y denostativo que recibió JUAN IGNACIO GARCÍA ZALVIDEA candidato de la coalición electoral que represento.

Lo anterior, no obstante estar debidamente soportado con las documentales públicas consistentes en los ejemplares de monitoreos de medios de comunicación realizados por el órgano electoral central que fueron ofrecidos y aportados como medios probatorios, así como por el estudio de seguimiento de medios impresos y electrónicos por parte de esa representación pluripartidaria, encuentra basamento doctrinal y jurídico en lo que el Máximo Tribunal de la Nación ha sostenido al respecto, esto es, cuando una sociedad recibe información, incompleta, manipulada, selectiva y tergiversada entonces estamos en el supuesto de que nos encontramos ante una sociedad mal informada a la cual se le ha violado sistemáticamente y de manera grave su garantía individual de estar bien informado.

Resulta plenamente visible que se violan en perjuicio de la ciudadanía quintanarroense y de los partidos políticos de la Revolución Democrática y del Trabajo los artículos anteriormente referidos en razón de que la sistemática informativa con la que se condujo el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, no es, como ya se había manifestado ni veraz, ni tiende a contribuir con el desarrollo de una actitud crítica de la realidad del ciudadano e impide efectivamente a la población del estado ejercer su derecho a la información.

Ello resulta ser así, derivado de una deformación de la realidad, que impide al receptor de los mensajes tendenciosamente emitidos por la radio y televisión quintanarroense, tener una visión completa y objetiva de los hechos importantes que ocurren en la entidad, específicamente aquellos que son de carácter político-electoral y que por supuesto violan las garantías individuales de los ciudadanos al impedírseles, por parte de los medios estatales, su derecho a estar debidamente informados.

En efecto, no solo se hizo un manejo tendencioso y parcial de la nota periodística en el marco de las campañas electorales, sino que, al hacer una manipulación selectiva de la información y reforzar aquélla que al estado en atención de intereses políticos de grupo le importa que sobresalga, se viola directa y sistemáticamente la garantía individual de la población quintanarroense, consistente en el derecho a la información.

Por cierto que este hecho no es un asunto novedoso, ya que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado al respecto, ampliando el concepto de derecho a la información y acceso a medios que solo atendía a un carácter político-electoral y pronunciándose al respecto sobrevino la siguiente tesis jurisprudencial y que el Tribunal Electoral de Quintana Roo no valoró, cuyo rubro y texto son los siguientes:

‘DERECHO A LA INFORMACIÓN. LA SUPREMA CORTE INTERPRETÓ ORIGINALMENTE EL ARTÍCULO 6o. CONSTITUCIONAL COMO GARANTÍA DE PARTIDOS POLÍTICOS, AMPLIANDO POSTERIORMENTE ESE CONCEPTO A GARANTÍA INDIVIDUAL Y A OBLIGACIÓN DEL ESTADO A INFORMAR VERAZMENTE.’. (Se transcribe).

‘GARANTÍAS INDIVIDUALES (DERECHO A LA INFORMACIÓN). VIOLACIÓN GRAVE PREVISTA EN EL   SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTICULO 97 CONSTITUCIONAL LA CONFIGURA EL INTENTO DE LOGRAR LA IMPUNIDAD DE LAS AUTORIDADES QUE ACTÚAN DENTRO DE UNA CULTURA DEL ENGAÑO, DE LA MAQUINACIÓN Y DEL OCULTAMIENTO, POR INFRINGIR EL ARTICULO 6o. TAMBIÉN CONSTITUCIONAL.’ (Se transcribe).

De lo anteriormente transcrito y de lo que se aprecia en las documentales públicas y privadas no deja lugar a dudas de que en efecto, los encargados de proyectar la información que debiese ser veraz, completa y libre de intereses de grupos en el poder, han violentado el marco constitucional y legal, al impedir la generación de notas periodísticas que fomenten en la población la conciencia y el análisis dejando en su lugar, pronunciamientos tendenciosos, subjetivos y carentes de veracidad.

Cabe hacer hincapié en que el derecho a la información es una garantía constitucional y derecho fundamental que no esta libre de taxativas legales, salvo que se quebrante la seguridad nacional, o bien, el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.

Sin embargo, es evidente que por lo que hace a la exposición argumentativa realizada por quien comparece no se observa que se actualice cualesquiera de las causas de excepción referidas en el parágrafo anterior, antes bien, sí se acredita que los medios de comunicación integrantes del sistema quintanarroense de comunicación social, solo se han dedicado a informar lo que beneficie la publicitación de la imagen de los candidatos aliancistas de ‘Quintana Roo es Primero’, aun con la grave consecuencia de abrumar el recto juicio de la ciudadanía quintanarroense.

Corroboran lo antepuesto, la tesis de jurisprudencia sostenida por el Pleno del más alto Tribunal de la República Mexicana, a saber:

‘DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS.’ (Se transcribe).

De esta manera quedan expuestos los supuestos normativos violados por los actos de acción y de omisión en que incurrieron los servidores públicos del sistema quintanarroense de comunicación social, correspondiéndole a este órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación realizar de nueva cuenta la valoración de las pruebas ofrecidas en el Juicio de Nulidad y que no fueron debidamente estudiadas por la responsable.

El derecho de sufragio, además de ser un derecho subjetivo, en el doble sentido, es sobretodo el principio básico de la democracia, o hablando en términos más precisos del Estado Democrático. La solidez de este aserto parece indiscutible en la medida en que, si se reconoce que la soberanía reside en el pueblo, no hay otra forma más veraz de comprobación de la voluntad popular, que mediante el ejercicio del voto.

Para llegar a él, el sufragante debe elegir, cuando menos entre dos alternativas y, sólo, puede hacerlo si conoce ampliamente las propuestas de los candidatos.

El conocimiento de la oferta política del partido, deriva de la comunicación que tiene con el electorado, luego, resulta obvia la importancia que tienen los medios de difusión en este intercambio de información. La importancia de acceder en condiciones equitativas, no sólo por cuanto hace cuantitativa sino cualitativamente, a los espacios en la radio, televisión y distintos medios de difusión, deriva en la gran eficacia y penetración que tienen en la ciudadanía, pues a través de estos medios de difusión los partidos políticos y candidatos tienen la oportunidad de exponer los puntos de vista sobre la forma de enfrentar los problemas que afectan a la ciudadanía, los aspectos sobresalientes de su programa de trabajo, los principios ideológicos del instituto político y la opinión critica de la posición que sostienen sus adversarios.

En ese sentido, la equidad en las oportunidades para la comunicación constituye, entre otros, uno de los elementos esenciales en una elección democrática, en la inteligencia de que la ausencia de la misma da lugar a la ineficacia de la elección.

Todo lo anterior nos lleva a estimar el clima de libertad que debe imperar en una elección, para que cumpla con el principio democrático que prevé la Constitución Federal, pues es evidente que no es posible una elección si se celebra en una sociedad que no es libre.

Tratar de definir el concepto libre, nos enfrenta ante un término relativo, pues dependerá de la concepción histórica y social de cada grupo social que la defina, sin embargo, existe un común denominador, las elecciones no pueden ser libres, si las libertades públicas no están al menos relativamente garantizadas.

Es así que la noción de libertades públicas puede concebirse en términos de un clima social o en términos de derechos y garantías señalados por la ley.

Por tanto, un clima de libertad es aquel en que circula ampliamente una información abundante y variada sobre los asuntos públicos: lo que se oye o se lee suele ser discutido y las personas se agrupan en organizaciones para ampliar su propia opinión.

En el aspecto legal, las libertades públicas comprenden las clásicas: libertad de palabra, de prensa, de reunión, de asociación pacífica y el no ser sancionado económicamente o privado de libertad sin mediar sentencia de tribunal que aplique las leyes establecidas.

Estas son las condiciones que debe tener una elección, que dé cabal cumplimiento al principio fundamental de que los poderes públicos se renueven a través del sufragio universal, tal como lo establece la Constitución General de la República; que se cumpla con la voluntad pública de constituirse y seguir siendo un Estado democrático, representativo, en donde la legitimidad de los que integran los poderes públicos, derive de la propia intención ciudadana.

Una elección sin estas condiciones, en la que en sus etapas concurran prohibiciones, vetos, iniquidades, desinformación, violencia mediática; en donde no estén garantizadas las libertades; donde no estén resguardadas las libertades públicas ni los elementos indicados, no es, ni puede representar la voluntad ciudadana, como tampoco puede ser basamento del estado democrático que como condición estableció el constituyente, no legitima a los favorecidos, ni justifica una correcta renovación de poderes.

Entonces, en los casos referidos, una elección debe necesariamente resultar nula, por no ser legal, cierta, imparcial, ni objetiva y pronunciarse respecto de ello, conlleva simplemente el analizar y declarar si los actos electorales cumplen con el mandato constitucional.

La presente reflexión lógico-jurídica no resulta ser una reproducción textual de los criterios orientadores que sobre los principios constitucionales y legales ha referido en diversas ejecutorias la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sino que se endereza como marco orientador sobre asuntos que ya ha valorado y resuelto, los cuales concuerdan perfectamente con el asunto que se eleva a su consideración, a fin de que recaiga una resolución similar, dado que el bien jurídico protegido por la norma ha sido conculcado.

Tal como puede observarse el Tribunal Electoral de Quintana Roo estaba obligado a actuar acorde con el sistema de medios de impugnación que debe garantizar que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad, en virtud de que se prevé el Juicio de Nulidad como una de las vías para garantizar la legalidad de los actos, resoluciones y resultados electorales.

En ese sentido, la ilegalidad con la que se condujo la responsable se advierte plenamente, porque con estricto apego al principio de supremacía constitucional y en tanto que la Constitución Federal es la norma jurídica positiva superior que da validez y unidad a un orden jurídico, se debe garantizar el cumplimiento de una efectiva tutela al orden constitucional y legal, así como el respeto a que el sistema de medios de impugnación debe permitir que todos los actos ilegales durante un proceso no se convaliden, ya que ello implicaría que las violaciones queden impunes, lo cual, además, afecta el interés de la Coalición Electoral ‘Somos la Verdadera Oposición’ y los intereses difusos que represento.

Las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral constituyen normas de orden público que no admiten salvedad y, por ende, los actos dirigidos a su incumplimiento, transgresión o inobservancia carecen de eficacia o efectos jurídicos, siendo la nulidad o invalidez su consecuencia jurídica prevista en la ley, sobre todo, cuando las violaciones al marco jurídico electoral son reiteradas y de particular gravedad.

Ahora bien, debe decirse que respecto a la validez de los actos jurídicos se aplican los principios generales de derecho que son acordes con normas expresas. Además, bajo el principio de reserva de ley es de destacarse que no existe disposición en contrario, por la cual se prevea que, dentro del sistema de nulidades de las normas de orden público, deban subsistir los actos inválidos o nulos, puesto que se trata de una elección de un cargo público y no existe ningún interés superior sobre la soberanía popular ni sobre el Estado de Derecho.

En tal contexto, la actuación del Tribunal Electoral de Quintana Roo evidencia la violación al principio de exhaustividad que rige al de las sentencias, por la omisión del tribunal responsable de analizar los hechos y las pruebas relativas a sucesos y circunstancias previas a la fecha de celebración de la jornada electoral en el Estado de Quintana Roo y que se hicieron valer como sustento de la causa de nulidad de la elección de gobernador por violaciones sustanciales que trascendieron a los resultados de la jornada electoral.

Asimismo, se omitió el estudio de diversas condiciones que vulneran la validez de la elección, en virtud de su trascendencia y determinancia en las campañas electorales, entre los cuales destaca el manejo de los medios de comunicación durante la campaña electoral.

En atención a lo anterior se sostiene que se vulneró el principio de acceso a la justicia, establecido en el artículo 17 de la Constitución Federal, pues la responsable omitió estudiar adecuadamente los hechos y pruebas que demuestran violaciones sustanciales, reiteradas y graves al estado de derecho y, con ello, al principio electoral de certeza.

Con tales conductas se violan, en perjuicio de la Coalición Electoral ‘Somos la Verdadera Oposición’ y del pueblo de Quintana Roo:

a) La equidad en la competencia electoral, afectada por el uso de recursos públicos a favor del candidato del Partido Revolucionario Institucional.

b) El derecho a la información, vinculado con el uso permanente de los medios de comunicación.

Por otra parte, se sostiene que aunque las campañas electorales, se desarrollan en la etapa de preparación de la elección, trascienden a la jornada electoral, que incluso, el resultado de la elección depende en forma trascendente de las campañas electorales, razón por la cual no es posible analizar cada una de las etapas del proceso electoral en forma aislada, ya que la validez de la elección se ve afectada por actos anteriores o posteriores a la jornada electoral.

Por ello, el que el Tribunal Electoral de Quintana Roo haya desestimado los hechos relativos a la violación del principio de derecho a la información, se generan una serie de infracciones constitucionales, entre las que destaca el principio de derecho a la información, consagrado en la Declaración de los Derechos del Hombre, suscrita por México el diez  de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho, y contenido también en las Constituciones Federal y particular de Quintana Roo.

Asimismo, se argumenta que en la sentencia impugnada se infringen diversas disposiciones constitucionales, toda vez que los medios de comunicación social propiedad del gobierno estatal, que cuentan con la mayor cobertura en el estado, durante toda la campaña electoral se negaron a respetar los espacios contratados e ignoraron en la cobertura informativa al partido actor.

Por tanto, la coalición electoral enjuiciante sostiene que los ciudadanos quintanarroenses no tuvieron la posibilidad de informarse de las propuestas de la Coalición Electoral ‘Somos la Verdadera Oposición’ ni de las de sus candidatos.

Para acreditar lo antes expuesto es solamente necesario detenerse en la cobertura y alcances de los medios de comunicación social, específicamente la radio y la televisión en poder del gobierno del estado y concesionados a particulares y que se encuentra contenido en una documental de naturaleza pública: los monitoreos, los cuales demuestran la violación constitucional invocada, lo cual resulta visible de los monitoreos realizados por el Instituto Electoral de Quintana Roo.

Por tanto, el uso de los medios de comunicación fue un factor de desequilibro en el proceso electoral en Quintana Roo, pues se impidió la existencia de un ambiente de equidad, por el desequilibrio en el tiempo de cobertura en medios por la Coalición Electoral ‘Quintana Roo es Primero’ integrada por los partidos políticos nacionales: Partido Revolucionario y Verde Ecologista de México.

En tal contexto, debe decirse que el manejo inequitativo de la información no sólo fue cuantitativo sino también cualitativo y consistió en la transmisión de hechos negativos o distorsionados con relación al ahora enjuiciante, violación de tal gravedad que pone en duda el resultado de la elección impugnada.

Como refuerzo de lo que se sostiene se cita como fuente de autoridad a Norberto Bobio quien señaló que ‘un electorado objeto de manipulación no posee libertad para elegir’ y este es el caso de la ciudadanía del Estado de Quintana Roo, toda vez que el Instituto Electoral de Quintana Roo permitió la violación a los principios de equidad y objetividad, al tolerar el notorio desequilibrio en el tiempo concedido a los partidos contendientes en los medios de comunicación y a la calidad de la información brindada respecto de la Coalición Electoral ‘Quintana Roo es Primero’ a las demás coaliciones contendientes.

Consecuentemente con lo anterior, la autoridad que se señala como responsable omitió estimar adecuadamente que la actuación de los órganos del Instituto Electoral de Quintana Roo fue irregular, pues permitió constantes irregularidades en el proceso electoral, entre otras, la inequidad de los espacios en los medios de difusión.

Lo antes expuesto no fue debidamente valorado por la responsable, pues hubiese arribado a tal conclusión si hubiera realizado un análisis cuidadoso y detallado de los monitoreos que fueron puestos a su disposición, mismos que abarcan como ya se señaló hasta el mes de febrero y no propiamente hasta el mes de enero como errónea, omisiva o tendenciosamente pretende manejarlo.

Concretamente, se omitió tomar en cuenta los siguientes medios probatorios: los datos relacionados con la cobertura y alcance de los medios de comunicación social estatales, específicamente la radio y televisión; los monitoreos del tiempo de transmisión en televisión del Estado de Quintana Roo y la información negativa y denostativa en contra del candidato postulado y registrado por la coalición electoral que represento, derivados de los monitoreos que se le aportaron, así como del estudio sistemático y pormenorizado que esta coalición electoral realizó.

El análisis que la responsable omitió indebidamente el estudio y la valoración de las pruebas ofrecidas en cuanto a las violaciones sustanciales de la elección de Gobernador, le hubiera permitido arribar a la fehaciente conclusión sobre el cúmulo de irregularidades que existieron antes y durante la jornada electoral.

Lo antes expuesto, constituye una violación al principio de acceso a la justicia amparado, previsto en el artículo 17 constitucional, así como al principio de certeza y a las bases y principios constitucionales de los procesos electorales, entre los que destacan, el derecho al voto universal, libre, secreto, directo y personal, la equidad en la contienda, el derecho a la información y los principios rectores de la función electoral.

Esta sola circunstancia -la desproporción de los tiempos de transmisión- debe generar una fuerte presunción de la existencia de una violación sustancial en el proceso electoral, pues no resulta lógico o normal que en el desarrollo de una campaña electoral, alguno o algunos de los medios de comunicación otorguen una proporción tan desmesurada de su tiempo de transmisión a un partido político determinado, pues tal desproporción genera una falsa impresión de la realidad electoral del estado.

Por tanto, debe decirse que la nulidad de una elección no necesariamente se debe utilizar un criterio aritmético, pues la declaración de invalidez depende también de la gravedad de las irregularidades ocurridas.

Por otra parte, se lesiona importantemente el principio de legalidad que debe ser cimiento de la ciencia jurídica.

El principio de legalidad, en consecuencia, no se limita a la aplicación de la ley, sino que es necesario que la voluntad del legislador sea de tal naturaleza que permita al gobernado conocer con un grado máximo de certeza el ámbito y alcance aplicativo de las normas.

El legislador ordinario, al crear la norma, debe tener en consideración las máximas que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que se pueda considerar que la norma secundaria obedece a los altos fines derivados del texto constitucional.

No hay que pasar por alto que las Constituciones surgieron de necesidades políticas, en un ambiente de tensión social resultante de la disputa por el poder, acompañado la mayor parte de las veces de violencia. Los primeros constituyentes se preocuparon ante todo por asegurar el ejercicio del poder, limitarlo y con ello garantizar la libertad.

El resultado de tales preocupaciones fue la elevación del Estado a través de la Constitución, a la naturaleza de entidad jurídica, depositada del poder social.

La Constitución queda establecida como norma suprema a la cual ha de ajustarse todo el sistema político con salvaguarda del interés social. El poder, mediante la constitución, queda sujeto a derecho.

Hay, pues, en todo el proceso de elaboración de las Constituciones, una correspondencia entre los intereses políticos y las reglas del orden jurídico. La constitución tiene relación con la realidad que les dio origen. El orden jurídico en su perfección lógica no existiría sin la Constitución, resultado de la realidad política.

Los diversos conceptos que se han elaborado de Constitución se ubican en algún punto del plano determinado por las coordenadas norma realidad.

La Constitución surge de una realidad y va dirigida también a una realidad. Diversos autores han destacado este hecho, elaborando un concepto de Constitución ‘real’, en mayor o menor medida separado del normativo. La Constitución tiene naturaleza normativa y conformadora de la sociedad, siendo equívoco y confuso hablar de un concepto sociológico separado del jurídico.

Existe una interrelación entre norma y conducta que no puede ignorarse y que es necesario tener presente en todo intento explicativo. La norma no puede separarse de la realidad que la origina y a la cual conforma.

La Constitución para Lasalle, es una ley. Pero es más que una simple ley, es una ley fundamental porque ahonda más que las leyes corrientes, las estructura y determina ¿Qué es, -se pregunta Lasalle- lo que obliga a la Constitución a ser como necesariamente tiene que ser? Y se responde: los factores reales de poder que rigen en una sociedad determinada.

Para Schmit la Constitución es el resultado de una voluntad -de un poder constituyente- que toma la decisión sobre la totalidad de la unidad política a la que conforma de determinada manera.

La Constitución en sentido positivo vale en virtud de la voluntad política del que la da. La Constitución en sentido positivo surge mediante un acto del poder constituyente.

Hermann Séller, dice que la Constitución del Estado coincide con su organización, entendida como la forma que se da a la cooperación social de individuos y grupos mediante la supra, subordinación y coordinación entre ellos. Al adquirir la realidad social tal forma, es cuando el Estado aparece en su existencia y modo concretos.

Lo que hace superior a la Constitución sobre las demás normas del sistema es su carácter fundamental. La Constitución es fundamental porque sirve de principio, cimiento y apoyo al resto de las normas del orden, de tal manera, el orden jurídico no puede concebirse como tal sin la existencia de la Constitución.

La Constitución es prima facie, el ordenamiento fundamental y supremo en que se proclaman los fines primordiales del estado y se establecen las normas básicas a las que debe ajustarse su poder público de imperio para realizarlos, las Constituciones contemporáneas prescriben a modo de principios teleológicos de diversa y variada índole, los fines que cada Estado específico persigue en el ámbito socio-económico, cultural y humano del pueblo o nación. Por consiguiente, el poder público estatal, traducido dinámicamente en las funciones legislativa, administrativa y judicial, tiene como propensión inherente a su naturaleza la realización de dichos fines.

En los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, se persigue certeza jurídica y legalidad, de tal forma que las normas en su creación deben observar tales disposiciones, derivadas de la redacción de tales preceptos.

La cualidad de bien jurídico es, por tanto, algo que crea la ley y no algo preexistente a ella misma. De acuerdo con el principio de intervención mínima, se espera que el legislador sólo utilice el derecho para proteger bienes jurídicos verdaderamente importantes y tipifique aquellos comportamientos verdaderamente lesivos o peligrosos para esos bienes jurídicos.

La norma Constitucional recoge principios elementales de justicia, equidad y oportunidad de defensa, con los que deben estar acordes las normas secundarias

El primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Federal, tal como lo ha interpretado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recoge el principio de legalidad de los actos de autoridad, que constituye una de las bases fundamentales del estado de derecho.

La garantía de legalidad, se distingue a la garantía de audiencia prevista en el párrafo segundo del artículo 14 constitucional en que ésta última es exigible sólo a los actos de autoridad que priven de sus derechos a los particulares (actos privativos); en tanto que la garantía de legalidad es aplicable a cualquier acto de autoridad que afecte o infrinja alguna molestia a los particulares, con  independencia de la privación de sus derechos.

En atención a lo antes expuesto debe decirse que la resolución que se impugna al carecer de la debida fundamentación y motivación, vulnera el principio de legalidad, con independencia de los actos violatorios que han sido analizados.

Efectivamente, las condiciones que el artículo 16 impone a los actos de autoridad de molestia son tres, a saber: 1) que se exprese por escrito; 2) que provenga de autoridad competente, y 3) que en el documento escrito en el que se exprese, se funde y motive la causa legal del procedimiento.

Conforme a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en referencia con el tercer requisito mencionado en el párrafo supra-anterior, la autoridad tiene el deber de expresar los motivos de hecho y las razones de derecho que tomó en cuenta para emitir el acto de molestia, lo que se entiende como la obligación de fundar y motivar su resolución.

La exigencia de fundamentación, es entendida como el cometido que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad; en tanto que la obligación de motivación, ha sido referida a la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que se basa se encuentran probados.

En el presente caso, la resolución que se reclama no se encuentra fundada ni motivada, pues se abstuvo por completo de señalar los razonamientos que lo encaminaron al estudio de todos y cada uno de las consideraciones de derecho que se le hicieron valer, pues era necesario que la responsable hiciera un análisis pormenorizado que sustentara su afirmación, que sin que eso haya acontecido.

Por ende, la responsable violó en perjuicio de la parte quejosa, lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no fundar ni motivar su resolución.

Como es del conocimiento de esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por ministerio del artículo 16 de nuestra Ley Fundamental, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones, sino mediante mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Los conceptos de fundamentación y motivación de los actos de autoridad, han sido definidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 151-156, Segunda Parte. Página 56, cuyo tenor literal es el siguiente:

‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE’. (Se transcribe).

Del contenido del precepto constitucional que se invoca y de la interpretación que sobre el particular ha venido construyendo el Poder Judicial de la Federación, se desprende la imperiosa y necesaria presencia de diversos elementos de seguridad jurídica para que un gobernado pueda resentir la afectación de su esfera jurídica, que son la fundamentación y motivación del acto de autoridad, que es precisamente la cita del precepto jurídico aplicable al caso, así como los razonamientos que llevan a la autoridad a efectuar una conclusión precisa.

Un examen cuidadoso que se realice a la resolución que se somete a la consideración de este órgano jurisdiccional federal, debe llevarlo a la convicción de que el juzgado responsable, en agravio de la enjuiciante, no realizó un examen minucioso.

Por su parte, la motivación de los actos de autoridad es una exigencia esencial para tratar de establecer sobre bases objetivas la racionalidad y la legalidad de aquellos; para procurar eliminar, en la medida de lo posible, la subjetividad y la arbitrariedad de las decisiones de autoridad; para permitir a los afectados impugnar los razonamientos de éstas y al órgano que debe resolver la impugnación, determinar si son fundados los motivos de inconformidad.