JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL.

EXPEDIENTE: SUP-JRC-073/2003.

ACTOR: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

AUTORIDAD RESPONSABLE: PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO.

MAGISTRADA PONENTE: ALFONSINA BERTA NAVARRO HIDALGO.

SECRETARIO: JACOB TRONCOSO ÁVILA.

México, Distrito Federal, veintiséis de junio de dos mil tres.

VISTOS para resolver los autos del juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-073/2003, promovido por Enrique Espejel Hernández, quien se ostenta como representante del Partido de la Revolución Democrática, en contra de la resolución de diecisiete de abril de dos mil tres, dictada por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, en los expedientes JI/107/2003 y JI/108/2003, acumulados, integrados con motivo de los juicios de inconformidad interpuestos por la Coalición “Alianza para Todos” y el propio instituto político actor; y,

R E S U L T A N D O:

I. El nueve de marzo de dos mil tres, en el Estado de México, se llevó a cabo la etapa de la jornada electoral, entre otras, de la elección de ayuntamientos.

II. El día doce del mismo mes, el Consejo Municipal Electoral de Chalco, Estado de México, celebró sesión en la que realizó el cómputo final de la elección de ayuntamiento.

Los resultados fueron los siguientes:

En la misma sesión, la referida autoridad electoral, declaró la validez de la referida elección y expidió la constancia de mayoría y validez a la planilla registrada por el Partido de la Revolución Democrática.

III. En desacuerdo con lo anterior, el diecisiete de ese mismo mes y año, la Coalición “Alianza para Todos”, promovió juicio de inconformidad en contra del cómputo de la elección de ayuntamiento, la declaración de validez de la elección, y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez a la planilla triunfadora. En él solicitó se decretara la invalidez de la votación recibida en sesenta y cuatro casillas, alegando como causales de nulidad, las siguientes:

El Tribunal Electoral del Estado de México, tramitó dicho juicio con la clave JI/107/2003.

IV. En la misma fecha, el Partido de la Revolución Democrática también promovió juicio de inconformidad en contra del cómputo de la elección de ayuntamiento, la declaración de validez de la elección y la expedición de la constancia de mayoría y validez. Dicho juicio fue tramitado por el Tribunal responsable bajo la clave JI/108/2003.

En la demanda el referido partido solicitó se decretara la nulidad de la votación recibida en cuarenta casillas, desistiéndose posteriormente en cuanto a once casillas, subsistiendo la impugnación en veintinueve casillas, en las cuales, alegó las causales siguientes:

Nota: Respecto de la casilla 966 básica, el actor afirma que hizo la aclaración de que en un principio la había señalado como 2266 básica.

A este juicio de inconformidad se le asignó el número de expediente JI/108/2003.

V. El diecisiete de abril del año que transcurre, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, previa acumulación, dictó sentencia en los expedientes JI/107/2003 y JI/108/2003. La parte considerativa y resolutiva de dicha determinación, en lo conducente, dice:

“II. No se le tiene por acreditada la personalidad al ciudadano Enrique Espejel Hernández en el juicio de inconformidad JI/107/2003, quien presentó el escrito respectivo en representación del tercero interesado, Partido de la Revolución Democrática, toda vez que el mismo no acompañó el documento que justifica su personería, incumpliendo con lo ordenado en el artículo 323 tercer párrafo fracción II del Código Electoral del Estado de México.

Se tienen por acreditadas las personalidades de los ciudadanos Luis César Fajardo de la Mora y Sergio Francisco Rivera Morales, en el juicio de inconformidad JI/108/2003, quienes presentaron el escrito respectivo en representación del tercero interesado, Coalición Alianza para Todos, toda vez que los mismos acompañaron los documentos que justifican su personería, los cuales obran a folios ciento treinta y uno y ciento treinta y dos de autos.

En relación con la personalidad con que se ostenta el ciudadano Luis César Fajardo de la Mora, ésta le es reconocida por este Organismo Jurisdiccional en términos de lo dispuesto en la cláusula novena del convenio de coalición celebrado por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, para postular candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa en los 45 distritos electorales uninominales para la elección ordinaria 2002-2003, del Estado de México, el cual fue registrado ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México en sesión ordinaria del día veintiocho de noviembre de dos mil dos, mediante acuerdo número 53 publicado en la Gaceta del Gobierno número 108 de fecha veintinueve de noviembre de dos mil dos.

El tercero interesado precisó en su escrito el interés jurídico en que se funda, así como sus pretensiones concretas, ofreció las pruebas que aportó junto con su escrito, asimismo, se hizo constar el nombre y firma autógrafa de quienes lo presentaron.

III. Que por ser preferente y de orden público el estudio de las causales de improcedencia, previamente al análisis de fondo del asunto planteado, este Tribunal se avoca al examen de las invocadas, tanto por la autoridad responsable, como por el tercero interesado.

1. De los informes circunstanciados relativos a los juicios de inconformidad JI/107/2003 y JI/108/2003, se desprende que el secretario del Consejo Municipal Electoral de Chalco, Estado de México, no hizo valer causa de improcedencia alguna en contra de los juicios de inconformidad de mérito.

2. Asimismo, mediante escrito de veinte de marzo del año dos mil tres, el Partido de la Revolución Democrática, compareció al juicio de inconformidad JI/107/2003 en su carácter de tercero interesado, sin embargo, como ya se anotó en el Considerando II de la presente resolución el promovente de dicho escrito no acompañó el documento que justifica su personería, incumpliendo con lo ordenado en el artículo 323 tercer párrafo, fracción II del Código Electoral del Estado de México, aunado al hecho de que de la lectura del escrito correspondiente se aprecia que dicho instituto político no hizo valer causa de improcedencia alguna en relación con el medio de impugnación presentado por la Coalición Alianza para Todos, por lo que se procederá al análisis de las causas de improcedencia invocadas por el la Coalición Alianza para Todos, en su calidad de tercero interesado en el juicio de inconformidad JI/108/2003.

3. Mediante escrito de veintiuno de marzo del año dos mil tres, la Coalición Alianza para Todos, compareció al juicio de inconformidad JI/108/2003 en su carácter de tercero interesado.

En dicho escrito, hizo valer las siguientes causas de improcedencia.

A) La Coalición Alianza para Todos sostuvo que debía desecharse de plano la demanda del juicio de inconformidad JI/108/2003, en virtud de que el promovente del mismo, el ciudadano Enrique Espejel Hernández, en forma indebida se ostenta como representante del Partido de la Revolución Democrática, y que él mismo no cumplió con los requisitos establecidos en los artículos 320 fracción III y 321 del Código Electoral del Estado de México, y por incurrir en las causales de improcedencia contempladas en el artículo 332 de la citada codificación.

De manera particular señala que con fecha nueve de diciembre de dos mil dos, se efectuó un cambio de representantes del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo Municipal Electoral de Chalco, Estado de México, mediante oficio signado por Javier Salinas Narváez y dirigido al presidente del Consejo Municipal referido, siendo que dicho signatario solicitó el cambio de representantes en su calidad de representante propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, aduciendo poseer facultades estatutarias para tal acto.

Señala la coalición tercera interesada que de los estatutos, así como del Reglamento del Comité Ejecutivo del Partido de la Revolución Democrática, se desprende que tanto el Comité Ejecutivo Nacional como el Comité Ejecutivo Estatal del citado instituto político son los únicos órganos facultados para nombrar y sustituir a los representantes de dicho partido ante los órganos locales electorales, y que la sustitución de representantes ante el Consejo Municipal Electoral de Chalco, Estado de México, fue hecha por una persona no facultada para hacerlo, es decir, el representante propietario del Partido de la Revolución Democrática, ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México.

B) Que aunado a lo anterior, el actor Partido de la Revolución Democrática en ningún momento presentó el escrito de protesta en tiempo y forma ante la mesa directiva de casilla y/o ante el Consejo Municipal Electoral de Chalco, Estado de México, ya que en palabras del tercero interesado lo anterior es un requisito de procedibilidad para el juicio de inconformidad, tal y como lo señala el último párrafo del numeral 321 del código electoral local.

En relación con la causa de improcedencia relacionada en el inciso B), y que hace valer el tercero interesado relativa a que el incoante, Partido de la Revolución Democrática, en ningún momento presentó el escrito de protesta en tiempo y forma ante las autoridades correspondientes, siendo que ello es un requisito de procedibilidad para el juicio de inconformidad, el cual se establece en el último párrafo del artículo 321 del Código Electoral del Estado de México, dicha causa de improcedencia se estima infundada ya que este requisito no le es exigible a los actores en términos de las razones que al respecto se verterán en el considerando V del presente fallo.

Por lo que toca a la causa de improcedencia que el tercero interesado manifiesta, y que quedó expresada en el inciso A), ésta se estima fundada.

En la especie, se advierte que no se cumple con lo dispuesto en los artículos 132, tercer párrafo, 305, y 320, fracción III, del Código Electoral del Estado de México.

En el presente caso se advierte que el ciudadano Enrique Espejel Hernández es quien promovió a nombre del Partido de la Revolución Democrática en el juicio JI/107/2003, exhibiendo para acreditar su personería en términos de la fracción III del artículo 320 del Código Electoral del Estado de México, un escrito dirigido al ciudadano Héctor Galicia Cadena, Presidente del Consejo Municipal de Chalco, Estado de México, por medio del cual se le designa como representante propietario del citado Partido ante el Consejo Municipal Electoral de Chalco, Estado de México, en sustitución de René Montes de Oca Anaya, siendo pertinente destacar que dicho documento es suscrito por Javier Salinas Narváez, quien se ostenta como representante propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, documento que en concepto de este Tribunal, y a como lo hace valer el tercero interesado, resulta insuficiente para tales efectos.

En el caso que se examina, no se surte la hipótesis prevista en el artículo 305 fracción I del Código Electoral del Estado de México, pues aun cuando dicho supuesto se satisface cuando el órgano electoral administrativo haya tenido la calidad de autoridad responsable, y su acto o resolución haya sido combatido a través del presente medio de impugnación, ello no significa que el supuesto representante del partido político actor, registrado ante el Consejo Municipal de Chalco, Estado de México, tenga personería para promover el presente juicio en tanto que la pretendida sustitución de representante no fue apegada a la normatividad aplicable, y en consecuencia, no puede surtir efectos legales.

En efecto, de conformidad con el artículo 132, tercer párrafo del Código Electoral del Estado de México, los órganos directivos estatales de los partidos políticos son quienes podrán sustituir en cualquier tiempo a sus representantes en los órganos electorales dando aviso por escrito al Presidente del Consejo respectivo, lo que en la especie no sucede en razón de que quien realizó la sustitución fue, como ya se indicó, Javier Salinas Narváez, ostentándose con el carácter de representante propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, y no así el órgano directivo estatal del mencionado partido.

Ahora bien, con fecha catorce de abril del presente año, este Tribunal requirió al Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral enviará información, acerca de quienes son los órganos facultados para representar al Partido de la Revolución Democrática, así como, para delegar tal representatividad a través de los nombramientos o sustituciones correspondientes ante los órganos electorales locales, sean éstos estatales, distritales o municipales, así como los documentos en que se apoye dicha información, la que fue recibida en la Oficialía de Partes de este Organismo Jurisdiccional en fecha dieciséis de abril de dos mil tres.

El requerimiento a que se alude, se hizo en consideración de que cuando el promovente del juicio de inconformidad no acredite suficientemente su personería con el documento que acompaña a su escrito de demanda, no debe de sobreseerse sin antes requerir los elementos necesarios y dar vista a las partes, para verificar si  el promovente logra acreditar tal personería a plena satisfacción de este Tribunal, como en el caso concreto se hizo.

En la especie, la autoridad federal a quien se le solicitó la información dio cumplimiento al requerimiento formulado, así mismo en virtud de la audiencia dada a las partes con motivo del requerimiento, el promovente compareció al expediente exhibiendo al efecto una promoción de fecha quince de abril del presente año, la que será analizada más adelante y con la que pretendió subsanar la deficiencia del escrito primigenio acompañado para acreditar su personería.

De la información remitida por el citado funcionario federal se desprende que de acuerdo con los estatutos del Partido de la Revolución Democrática, los órganos de dicho instituto político facultados para representar, nombrar representantes y sustituirlos son el Comité Ejecutivo Nacional, la Comisión Política Consultiva Nacional, el Comité Ejecutivo Estatal y el Consejo Municipal. o anterior se demuestra a continuación.

“Estatuto del Partido de la Revolución Democrática

(Aprobado por el VI Congreso Nacional y reformado por el VII Congreso Nacional celebrado los días once y doce de mayo de dos mil dos)

Capítulo III

De la organización del Partido

Artículo 7.El Consejo y el Comité Ejecutivo municipales

1...

2. El Consejo Municipal es la autoridad superior del Partido en el municipio; se reúne al menos una vez al mes a convocatoria del Comité Ejecutivo Municipal o del Comité Ejecutivo Estatal, sus funciones son:

a....

j. Designar a los representantes del Partido en las instancias electorales correspondientes;

Artículo 8. El Consejo, el Comité Ejecutivo y la Comisión Política Consultiva del Partido en el Estado

1...

5. El Comité Ejecutivo Estatal se compone de un máximo de veintiún integrantes, entre los cuales figuran la presidencia, la secretaría general y la coordinación del grupo parlamentario del Partido en la legislatura local; sus funciones son:

a...

e. Nombrar a los representantes del Partido ante el órgano electoral estatal y las dependencias de éste;

Artículo 9. El Consejo Nacional, el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Política Consultiva Nacional

1...

6. El Comité Ejecutivo Nacional se compone de un máximo de veintiún integrantes, entre los cuales figuran la presidencia, la secretaría general y las coordinaciones de los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de la Unión; sus funciones son:

a...

e. Nombrar a los representantes del Partido ante el órgano electoral federal y las dependencias de éste; nombrar a los representantes del partido ante los órganos locales electorales cuando algún comité ejecutivo estatal no lo haya hecho oportunamente o el nombrado no cumpla con sus funciones;

8. La Comisión Política Consultiva Nacional se integra por un máximo de 45 integrantes, entre los cuales figuran los miembros del Comité Ejecutivo Nacional del partido; sus funciones son:

a...

e. Representar legalmente al partido y designar apoderados de tal representación ...”

A mayor abundamiento, en el Reglamento del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática se señala:

“Reglamento del Comité Ejecutivo Nacional

Capitulo II

De las facultades del Comité Ejecutivo Nacional

Artículo 4

En los términos del Estatuto, corresponde al Comité Ejecutivo Nacional:

1...

5. Nombrar a los representantes del partido ante el órgano electoral federal y las dependencias de éste; nombrar a los representantes del partido ante los órganos locales electorales cuando algún comité ejecutivo estatal no lo haya hecho oportunamente o el nombrado no cumpla con sus funciones.

Artículo 5

La Presidencia del partido, tiene las siguientes funciones:

1. Presidir el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Política Consultiva Nacional.

2...

5. Representar legalmente al partido y designar apoderados, excepto a los asignados por el secretario general.

Artículo 6

La Secretaría General Nacional del partido tiene las siguientes funciones:

1...

5. Designar apoderados para la representación del partido, para efectos de enajenaciones y adquisiciones de inmuebles; suscribir títulos de crédito y otras obligaciones mercantiles, incluyendo arrendamientos; así como atender litigios civiles, mercantiles, administrativos y laborales.”

Visto lo anterior, es evidente que la sustitución de mérito ante el Consejo Municipal de Chalco, Estado de México, efectuada por el representante propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México es contraria a derecho, por lo que no se satisface la hipótesis contenida en el artículo 320 fracción III del Código Electoral del Estado de México, al no surtir efectos la referida sustitución en los términos en que fue realizada.

De los artículos transcritos y que corresponden a los Estatutos y Reglamento del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática queda evidenciado que el ciudadano Enrique Espejel Hernández, quien en nombre del actor promovió el presente medio de impugnación, de manera ilegitima fue nombrado como representante del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo Municipal Electoral de Chalco, Estado de México, en sustitución de los ciudadanos que hasta ese momento fungían en dicho Consejo Municipal Electoral, pues la solicitud de sustitución de representantes fue hecha por una persona que no tenía facultades para realizar tal acto, es decir, el representante propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, quien de acuerdo con los estatutos del citado instituto político no tiene atribuciones para nombrar o sustituir a los representantes ante los órganos electorales locales, lo anterior se corrobora con el documento mediante el cual el ciudadano Enrique Espejel Hernández pretendió acreditar su personería el cual obra a fojas 69 y 70 de los autos del expediente JI/108/2003.

No es obstáculo para arribar a la anterior conclusión, el hecho de que Enrique Espejel Hernández, compareciente por el partido político enjuiciante, en fecha quince de abril del año que discurre y en atención al requerimiento que en fecha catorce del mismo mes y año este Tribunal hiciera al Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, haya presentado un ocurso mediante el cual exhibe un diverso escrito de fecha nueve de diciembre de dos mil dos, suscrito por Víctor Manuel Bautista López, en su calidad de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México y dirigido a Javier Salinas Narváez a quien se le mandata para que realice las gestiones necesarias ante el Instituto Electoral del Estado de México para que se realicen las sustituciones de representantes ante el Consejo Municipal Electoral de Chalco, Estado de México, encontrándose entre ellas la del ciudadano Enrique Espejel Hernández en sustitución de Rene Montes de Oca Anaya, documento que consideró idóneo para demostrar que la sustitución por medio de la cual el citado promovente fue registrado como representante del actor ante la autoridad responsable es legal y en consecuencia idónea para demostrar su personería, en tanto que el citado documento de fecha nueve de diciembre de dos mil dos, no resulta idóneo para tener como legal la solicitud de sustitución realizada por Javier Salinas Narváez ante el Consejo Municipal de Chalco el pasado veintiuno de diciembre de dos mil dos.

El escrito acompañado a la promoción presentada por el promovente Enrique Espejel Hernández el pasado quince de abril de los corrientes, no acredita que la sustitución de representantes realizada por Javier Salinas Narváez haya sido legal y por ende que se tenga que considerar al promovente como legítimo representante del actor, ello debido a que, del referido anexo consistente en un ocurso de fecha nueve de diciembre de dos mil dos, suscrito por el Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en la Entidad, se desprende que éste con fundamento en los artículos 8, numeral 5, inciso e), en relación con el numeral 8, inciso e), del mismo articulo del estatuto del Partido de la Revolución Democrática mandata a Javier Salinas Narváez para que a través de su conducto se hagan las gestiones necesarias ante el Instituto Electoral del Estado de México para que se realicen las siguientes sustituciones ante el Consejo Municipal Electoral con residencia en Chalco, facultad que a juicio de este Tribunal y a como lo afirma el tercero interesado, no se encuentra otorgada al citado Presidente del Comité Ejecutivo en los estatutos o reglamentos del citado partido, como se demostrará a continuación.

“Estatuto del Partido de la Revolución Democrática

(Aprobado por el VI Congreso Nacional y reformado por el VII Congreso Nacional celebrado los días once y doce de mayo de dos mil dos)

Artículo 8. El Consejo, el Comité Ejecutivo y la Comisión Política Consultiva del Partido en el Estado...

1. El Consejo Estatal se integra por el número de consejerías que determine el reglamento emitido por el Consejo Nacional, el cual no podrá ser mayor de ciento cincuenta en cada entidad, incluyendo a las consejerías nombradas por el congreso estatal y las consejerías nacionales del Estado. Se integra, además, por los legisladores locales, elegidos en el grupo parlamentario, en razón de la cuarta parte de sus integrantes que sean miembros del Partido o, por lo menos, el coordinador de dicho grupo.

2. Serán consejeros estatales la presidencia y la secretaría general estatales y las consejerías nacionales electas en el Congreso Nacional con residencia en el estado. Las presidencias de los Comités Ejecutivos Municipales participarán en el Consejo Estatal, con derecho a voz.

3. El Consejo Estatal elegirá una Mesa Directiva, integrada por una presidencia, una vicepresidencia y tres secretarías-vocales. El método de esta elección será el de representación por planillas con representación proporcional pura o el de candidaturas individuales y cada consejero votará por dos de los candidatos; sus funciones son:

a. Convocar al Consejo Estatal a reuniones ordinarias o extraordinarias cuando la situación política lo amerite;

b. Proveer oportunamente de documentos de análisis e informativos a las consejeras y los consejeros;

c. Invitar a las reuniones del Consejo a especialistas en los temas de la agenda política del Consejo quienes tendrán derecho al uso de la voz;

d. Llevar las actas del consejo.

4. El Consejo Estatal es la autoridad superior del Partido en el estado entre Congreso y Congreso; se reúne al menos cada tres meses; sus funciones son:

a. Dirigir la labor política y la organización del Partido en el estado y expedir la plataforma electoral; elaborar su agenda política anual; cumplir las resoluciones de los órganos de dirección superiores; normar la política del Partido con otros partidos políticos, con las organizaciones políticas, sociales y económicas estatales; vigilar que los representantes populares y funcionarios del Partido apliquen la línea política y el programa del Partido;

b. Nombrar a la presidencia y a la secretaría general sustitutos ante la renuncia, remoción o ausencia de quienes hubieran ocupado tales cargos;

c. Convocar y organizar el Congreso Estatal;

d. Convocar a plebiscito y referéndum;

e. Convocar a la elección de las candidaturas a cargos de elección popular en el nivel local y municipal;

f. Elegir al Comité Ejecutivo Estatal, excepto a la presidencia y a la secretaría general, quienes serán elegidos mediante voto universal, directo y secreto de los miembros del Partido en el estado;

g. Remover a los miembros del Comité Ejecutivo Estatal mediante mayoría de dos tercios de las consejerías presentes en sesión especialmente citada para tal efecto;

h. Remover a la presidencia y a la secretaría general, en sesión especialmente citada para tal efecto, mediante mayoría de dos tercios de los miembros presentes del consejo;

i. Expedir su propio reglamento interno y el del Comité Ejecutivo Estatal; de no hacerlo, los reglamentos del Consejo Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional serán supletorios;

j. Aprobar el programa anual de trabajo —con metas y cronograma— el presupuesto anual, la política presupuestal, así como el informe financiero estatal del año anterior;

k. Elegir a los miembros de la comisión estatal de garantías y vigilancia, mediante la norma incluida en el presente Estatuto, y removerlos solamente por mayoría calificada de dos tercios de los consejeros presentes en sesión especialmente citada para tal efecto;

l. Las demás que define el presente estatuto.

5. El Comité Ejecutivo Estatal se compone de un máximo de veintiún integrantes, entre los cuales figuran la presidencia, la secretaría general y la coordinación del grupo parlamentario del Partido en la legislatura local; sus funciones son:

a. Aplicar las resoluciones del Consejo Estatal y del Consejo Nacional, así como del Comité Ejecutivo Nacional;

b. Dirigir al Partido entre las reuniones del Consejo Estatal e informar a éste sobre sus propias resoluciones;

c. Presentar propuestas al Consejo Estatal;

d. Nombrar comisiones para atender aspectos del trabajo del Partido;

e. Nombrar a los representantes del Partido ante el órgano electoral estatal y las dependencias de éste;

f. Convocar a reuniones de los consejos municipales;

g. Las demás que define el presente Estatuto.

6. El Comité Ejecutivo Estatal integrará las secretarías, el gabinete alterno y comisiones que determine el reglamento expedido por el Consejo Estatal; las secretarías del Comité Ejecutivo integrarán comisiones de trabajo plurales, las cuales funcionarán de manera colegiada, elaborarán planes de trabajo con metas y cronogramas que ajustarán en función del presupuesto con el que cuenten y puedan conseguir. Los planes de trabajo serán evaluados con el Comité Ejecutivo trimestralmente y sólo en función de su cumplimiento se asignarán recursos para el siguiente trimestre.

7. La Comisión Política Consultiva en el estado se compone por un máximo de 30 integrantes, entre los cuales figuran los miembros del Comité Ejecutivo Estatal; su funciones son:

a. Coadyuvar en el análisis de la situación política y sobre el estado que guarda el Partido;

b. Participar en la discusión y elaboración de propuestas sobre la situación política general.

8. La presidencia del Partido en el estado tiene las siguientes funciones:

a. Presidir el Comité Ejecutivo Estatal y la Comisión Política Consultiva;

b. Convocar a las reuniones de los órganos señalados en el inciso anterior;

c. Ser portavoz del Partido en el estado;

d. Presentar al Consejo Estatal los informes del Comité Ejecutivo Estatal;

e. Adoptar las resoluciones urgentes para el mejor desarrollo del Partido entre las sesiones del Comité Ejecutivo Estatal e informar a éste de las mismas en su sesión siguiente, procurando siempre consultar a sus miembros;

f. Las demás que define el presente estatuto.”

De la lectura del numeral transcrito no se desprende facultad expresa o implícita, a como lo pretende demostrar el promovente, que permita al presidente del comité ejecutivo estatal del partido actor mandatar, o delegar la función de nombrar a los representantes del partido ante el órgano electoral estatal y las dependencias de éste, toda vez que es una atribución exclusiva del Comité Ejecutivo Estatal del partido político enjuiciante, por lo que al mandatar el Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México a un representante del citado instituto político para que gestionara sustituciones de representantes ante un Consejo Municipal Electoral, el primero dejó de observar lo ordenado por los estatutos de su partido, así como, lo establecido en el numeral 132 del código electoral local en su tercer párrafo, ya que debió dirigir un oficio en su calidad de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal con aprobación de los miembros del citado Comité directamente al Presidente del Consejo respectivo, y al no hacerlo cualquier sustitución hecha de manera diversa no surte los efectos legales correspondientes.

En el caso que se examina, el promovente pretendió subsanar la deficiencia del documento mediante el cual pretendió acreditar su personería, exhibiendo al efecto la documental precisada en párrafos anteriores, verbigracia, escrito de fecha nueve de diciembre de dos mil dos, suscrito por Víctor Manuel Bautista López, sin embargo, al no subsanarse la deficiencia advertida en el documento probatorio de su personería exhibido primigeniamente, es de sobreseerse por esta razón el juicio promovido.

Iguales consideraciones pueden verterse en relación con el diverso escrito de quince de abril de los corrientes, presentado por Víctor Manuel Bautista López, en su calidad de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en la Entidad, personalidad que acredita con su nombramiento el cual acompaña a su promoción, sin embargo, con independencia de lo anterior cabe hacer las siguientes reflexiones.

En conformidad con lo dispuesto en el artículo 318 del Código Electoral del Estado de México, serán partes para tramitar los medios de impugnación en materia electoral:

a) El actor, que será el partido político que lo interponga, debiendo observar las reglas de legitimidad previstas en el Código Electoral del Estado de México.

b) El órgano electoral que realice el acto o dicte la resolución que se impugna.

c) El tercero interesado, que será el partido político o coalición que tenga un interés legítimo en la causa, derivado de un derecho incompatible con el que pretende el actor.

En la especie, la parte actora en el presente juicio de inconformidad la constituye el partido político de la Revolución Democrática, porque dicho instituto político está legitimado para promover el juicio de inconformidad.

La autoridad responsable es el Consejo Municipal Electoral de Chalco, Estado de México, puesto que dicho órgano administrativo fue quien emitió el acto impugnado.

El tercero interesado es la Coalición Alianza para Todos, en virtud de que tal coalición política es la legitimada en la causa, por tener un derecho incompatible con el del partido actor.

En ninguna de las calidades anteriores se encuentra el suscriptor del escrito de quince de abril del presente año, Víctor Manuel Bautista López. En efecto, dicha persona si bien está legitimada, en términos del artículo 305 fracción II del código electoral local para promover el juicio de inconformidad, en la especie no resulta ser el promovente por lo que no puede apersonarse en el expediente, pues en el referido juicio sólo pueden apersonarse los representantes que hubiesen presentado los diversos escritos de demanda, de tercero interesado, y en su caso, quienes ostenten la representatividad de la autoridad responsable. En el escrito de demanda no se advierte, que la referida persona haya presentado el escrito de demanda. Tampoco se puede considerar que el suscriptor del escrito mencionado tenga el carácter de autoridad responsable, puesto que no se ostenta como representante de alguna autoridad electoral.

Por último, no se puede considerar como tercero interesado, porque no tienen un interés derivado de la causa, que sea incompatible con el que pretende el actor. En consecuencia, al estar demostrado que el referido suscriptor no tiene el carácter de parte en este juicio, es patente que no procede tomar en consideración las manifestaciones que alega, así como los documentos que acompaña a su promoción, situación distinta es que resulta ser la misma ofrecida por el promovente Enrique Espejel Hernández y que acompañaba su promoción de quince de abril del presente año, la cual ya fue valorada con antelación.

Consecuentemente, a juicio de este enjuiciamiento y a como lo señala la Coalición Alianza para Todos, la demanda del Partido de la Revolución Democrática incumple con el requisito señalado en el artículo 305, fracciones I, II, y III, de haber sido promovida por representante legítimo, lo que constituye un obstáculo para el estudio de la citada demanda que dio origen al expediente JI/108/2003, actualizándose la causal de sobreseimiento establecida en el artículo 333, fracción III, en relación con la fracción III, del artículo 332, ambos del Código Electoral del Estado de México.

Aplica al caso concreto, la jurisprudencia emitida por este Organismo Jurisdiccional visible en la página 107 de la Revista del Tribunal Electoral del Estado de México número 3, del año 2000, y que es del siguiente tenor.

“JUICIO DE INCONFORMIDAD, ES IMPROCEDENTE CUANDO EL PROMOVENTE NO ACREDITA SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGÍTIMO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 318 del Código Electoral del Estado de México, los partidos políticos que promuevan un medio de impugnación, deberán hacerlo por conducto de sus representantes legítimos respetando las reglas de legitimidad y personería previstas en el artículo 305 del citado ordenamiento legal, debiendo acompañar a su escrito inicial la documentación que acredite plenamente su carácter de representante legítimo de acuerdo a los supuestos previstos en ese mismo precepto. Por ello y con apego al principio de legalidad que rige en materia electoral, procede declarar improcedente el juicio de inconformidad, cuando el promovente no acredite su personalidad con la documentación correspondiente, en términos de lo dispuesto por el artículo 332 fracción III del Código Electoral de la entidad.

Juicio de inconformidad JI/27/2000

Resuelto en sesión de fecha 15 de julio de 2000

Por unanimidad de votos

Juicio de inconformidad JI/29/2000

Resuelto en sesión de 15 de julio de 2000

Por unanimidad de votos

Juicio de inconformidad JI/32/2000

Resuelto en sesión de 17 de julio de 2000

Por unanimidad de votos”.

IV. Este Tribunal procede a analizar si se encuentran debidamente satisfechos los requisitos que señala la ley para la procedibilidad del juicio de inconformidad interpuesto por la Coalición Alianza para Todos, así como para la emisión de una sentencia de mérito.

Acorde a lo dispuesto por los artículos 67, 68, fracción VIII, 299, fracción III, inciso a), 303 fracción II, inciso C), 305, y 345, fracción IV, del Código Electoral del Estado de México, los partidos políticos y coaliciones están legitimados para interponer el juicio de inconformidad a través de sus representantes legítimos e impugnar por conducto de dicho medio los resultados del cómputo municipal, la nulidad de la votación recibida en una o varias casillas y pedir la rectificación del cómputo de la elección de ayuntamiento, la inelegibilidad de algún integrante de la planilla vencedora, o bien, solicitar la nulidad de la citada elección por cualquiera de las causas que previene el citado código.

Que en términos del artículo 305, fracción I, de la ley de la materia, el actor, Coalición Alianza para Todos, está legitimado para promover el presente juicio de inconformidad por tratarse de una coalición política autorizada por la ley titular de derechos constitucionales y legales, y por tanto, poseedor del interés jurídico que hace valer dentro del presente medio de impugnación.

Por ello, se tiene por acreditada la personalidad de los ciudadanos Luis César Fajardo de la Mora y Sergio Francisco Rivera Morales, quienes presentaron la demanda del juicio de inconformidad en representación de la Coalición Alianza para Todos, toda vez que los mismos acompañaron los documentos que justifican su personería, los cuales obran a fojas setenta y tres y setenta y cuatro de autos, además de que el órgano responsable en su informe circunstanciado reconoce que aquellos tienen acreditado ante él tal carácter, como puede corroborarse en autos a folio ciento dieciocho.

En relación con la personalidad con que se ostenta el ciudadano Luis César Fajardo de la Mora, ésta le es reconocida por este Organismo Jurisdiccional en términos de lo dispuesto en la cláusula novena del Convenio de Coalición celebrado por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, para postular candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa en los cuarenta y cinco distritos electorales uninominales para la elección ordinaria 2002-2003, del Estado de México, el cual fue registrado ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México en sesión ordinaria del día veintiocho de noviembre de dos mil dos, mediante acuerdo número 53, publicado en la Gaceta del Gobierno número 108, de fecha veintinueve de noviembre de dos mil dos.

De conformidad con el artículo 310, fracción I, y párrafos segundo y tercero, del mismo numeral y artículo 322, del Código Electoral del Estado, el escrito inicial en el que se contiene el medio de impugnación interpuesto por la Coalición Alianza para Todos fue presentado ante el Consejo Municipal Electoral de Chalco, Estado de México, a las dieciocho con cincuenta horas del diecisiete de marzo de dos mil tres y por tanto dentro del plazo establecido por la ley, ya que éste inició el día catorce de marzo de dos mil tres, puesto que el cómputo municipal impugnado concluyó el día trece de marzo, feneciendo dicho plazo a las cero horas del diecisiete de marzo del mismo año, situación que puede apreciarse de la razón y sello de recibido asentado en el escrito de demanda, visible a foja siete de autos y en el acta circunstanciada de la sesión del cómputo impugnado, visible a folios del ciento veinticuatro al ciento treinta y dos, específicamente en la foja ciento treinta y uno.

En relación a los requisitos contemplados en los artículos 320, 321, y 340, primer y segundo párrafos del Código Electoral Local, se advierte que la demanda fue presentada por escrito ante la autoridad señalada como responsable, y que en ella se consignan el nombre del actor y se señala domicilio para recibir notificaciones. Asimismo, los promoventes acreditaron su personería, hicieron mención expresa del acto impugnado así como del órgano responsable, expresaron agravios, preceptos legales violados y hechos base de la impugnación, ofrecieron y aportaron pruebas de su parte, hicieron constar sus nombres y firmas, identificaron el cómputo impugnado, la elección que se reclama y lo que se objeta, hicieron mención precisa de las casillas cuya votación solicitan sea anulada y las causales de nulidad que se invocan para cada una de ellas.

En relación con el escrito de protesta establecido en el último párrafo del artículo 321 del Código Electoral del Estado, este requisito no le es exigible al actor en términos de las argumentaciones que al respecto se vierten en el considerando V del presente fallo.

Por lo expuesto, se estiman satisfechos todos los requisitos de procedencia del presente juicio de inconformidad presentado por la Coalición Alianza para Todos.

V. Como máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral de conformidad con el artículo 282 del código electoral en la entidad, este Tribunal considera que el escrito de protesta no debe ser considerado como un requisito de procedibilidad para el juicio de inconformidad en contra de los cómputos distritales o municipales, según corresponda, y por tanto su presentación por parte de los legítimos representantes de los partidos políticos ante las autoridades correspondientes no debe ser exigida para la admisión de las correspondientes demandas de inconformidad que en contra de los referidos actos sea interpuesta por parte de los representantes de los institutos políticos.

Para allegar a la anterior conclusión se realizó una correcta interpretación sistemática y funcional del segundo párrafo del artículo 3, segundo párrafo del artículo 5, artículo 10, segundo párrafo, primera parte del primer párrafo del artículo 13, artículos 58, 137, 142, 143, y 144, de la Constitución Política del Estado y fracción IV, del artículo 1, artículo 2, primer párrafo del artículo 3, artículos 4, 36, 175, fracción V, 233, fracción VI, 236 fracción III, 254, fracciones II, VII, y VIII; 270 fracciones II, V, VI, y VII, 272, 304, y último párrafo del artículo 321, del Código Electoral Local.

En primer lugar, procede desentrañar el contenido del artículo 304 de la ley electoral estatal, el cual contempla la presentación de un escrito de protesta diverso al contemplado en último párrafo del artículo 321 de la ley en cita.

Señala el numeral 304 del código electoral local, que el escrito de protesta por los resultados contenidos en el acta de escrutinio es un medio para establecer la presunta existencia de violaciones durante la jornada electoral en los casos en que se impugnen los resultados consignados en el acta final de escrutinio y cómputo de las mesas directivas de casilla, pero que bajo ninguna circunstancia se considerará requisito de procedibilidad para la admisión del juicio de inconformidad.

Del contenido del precepto se pueden identificar los siguientes elementos:

1. Un escrito de protesta denominado “escrito de protesta por los resultados contenidos en el acta de escrutinio”.

2. Que dicho escrito de protesta se define como un medio para establecer la presunta existencia de violaciones suscitadas durante la jornada electoral.

3. Que dicho medio será procedente en los casos en que se impugnen los resultados consignados en el acta final de escrutinio y cómputo de las mesas directivas de casilla.

4. Que bajo ninguna circunstancia dicho medio se considerará requisito de procedibilidad para la admisión del juicio de inconformidad.

De los elementos anteriores destaca lo siguiente:

Que los resultados consignados en el acta final de escrutinio y cómputo de las Mesas Directivas de casilla pueden ser impugnados y que dicha objeción puede apoyarse en un medio cuya finalidad es establecer la presunta existencia de violaciones cometidas durante la jornada electoral; que dicho medio la ley lo denomina “escrito de protesta por los resultados en el acta de escrutinio”, y por último, que dicho escrito de protesta bajo ninguna circunstancia se considerará requisito de procedibilidad para la admisión del juicio de inconformidad.

Es decir, para la admisión del juicio de inconformidad resulta irrelevante la presentación del “escrito de protesta por los resultados contenidos en el acta de escrutinio” (cuya presentación es potestativa para los partidos políticos de conformidad con los artículos 175, fracción V, 176, fracción VI, 233, fracción VI, del código electoral estatal) contemplado en el artículo 304 del código de la materia en la localidad, sin menoscabo de que el citado escrito puede establecer la presunta existencia de violaciones durante la jornada electoral en el caso de que se impugnen los resultados consignados en el acta final de escrutinio y cómputo de las mesas directivas de casilla.

En tal sentido, véase el contenido de la tesis relevante identificada con el rubro “ESCRITO DE PROTESTA. VALOR PROBATORIO DEL.”, criterio establecido por el Pleno de este Tribunal en el recurso de inconformidad RI/27/96 resuelto por unanimidad de votos en sesión de 30 de noviembre de 1996, y consultable en la página 78 de la Revista del Tribunal Electoral del Estado de México, número 3 correspondiente al trimestre julio-septiembre del año 2000.

Ahora bien, delimitado el alcance del escrito de protesta previsto en artículo 304 del código electoral local y con el objeto de hacer un análisis integral del mismo, se debe analizar el momento o tiempo en que éste se debe interponer, los sujetos que gozan de legitimación activa para interponerlo y los que gozan de legitimación pasiva para recibirlo, así como el fin que como medio persigue.

De conformidad con los artículos 129, fracción tercera, párrafo D; 175 fracción V, 176, fracción VI; 233, fracción VI; 236, fracción III; 254, fracción II, 270, fracción II y 304, todos del Código Electoral del Estado, se desprende que:

El momento o tiempo en que se debe interponer el escrito de protesta señalado en el artículo 304 de la ley electoral local, es al término del escrutinio y cómputo que para cada elección se realiza por los funcionarios de las mesas directivas de casilla el día de la jornada electoral (artículos 233, fracción VI, y 175, fracción V, del código en cita).

Los sujetos que gozan de legitimación activa para interponerlo son los representantes de los partidos políticos debidamente acreditados ante las mesas directivas de casilla o en ausencia de éstos los representantes generales del partido que se trate (artículos 176, fracción VI, 233, fracción VI, y 175, fracción V, del código en cita).

Los sujetos que gozan de legitimación pasiva para recibirlo son las mesas directivas de casilla, específicamente los secretarios, que como autoridad electoral durante el día de la jornada electoral tienen el deber de recibir los escritos de protesta que presenten los representantes de los partidos políticos al término del escrutinio y cómputo, levantar la relación de los que fueran presentados, así como integrar el expediente de la casilla con los escritos de protesta recibidos (artículos 129, fracción III, párrafo D; 233, fracción VI y 236 fracción III, del código en cita).

Por último, el fin que como medio persigue el escrito de protesta señalado en el numeral 304 del código electoral estatal, éste se encuentra establecido de manera clara en el citado precepto complementándose con lo establecido en las fracción II, del artículo 254, y artículo 270, fracción II, de la ley en cita, las cuales establecen que para la sesión de cómputo, distrital o municipal, según sea el caso, una vez abiertos los paquetes que aparezcan sin alteración siguiendo el orden numérico de las casillas y habiéndose tomado nota de los resultados que consten en las actas finales de escrutinio contenidas en los expedientes, si hubiere objeción fundada contra las constancias de esas actas se repetirá el escrutinio y cómputo de la elección de la casilla correspondiente.

De lo anterior se desprende que el escrito de protesta referido en el artículo 304 de la ley en comento, forma un elemento importante para la fundamentación de la objeción o impugnación que en contra de los resultados que consten en las actas finales de escrutinio y cómputo de las casillas se realice, pues puede ser dicho escrito la causa que funde la referida impugnación y como consecuencia se proceda a la repetición del procedimiento de escrutinio y cómputo de la casilla impugnada durante la sesión de cómputo correspondiente.

Por último, se observa que de lo anterior no se desprende cual debe ser la forma o los elementos mínimos necesarios que como documento debe contener el citado escrito, por lo que a continuación se establece lo siguiente.

El escrito de protesta en general debe contener en su forma los elementos mínimos necesarios que permitan establecer de su lectura y análisis el efecto o la finalidad que con su presentación se pretende.

Concretizando lo anterior, podemos afirmar que los elementos mínimos necesarios que en su forma debe contener el escrito de protesta en general son los que se obtienen con base en una interpretación sistemática y funcional del código electoral estatal, específicamente de los artículos 129, fracción III, párrafo D; 175 fracción V; 176, fracción VI; 233, fracción VI; 236, fracción III; 254, fracción II; 270, fracción II, y 304, y que a continuación se detallan:

I) El nombre del partido político y del representante del mismo que lo presenta, quien además de colocar su nombre deberá firmarlo. Esto con la intención de poder vincular la voluntad expresada en el citado escrito con el sujeto legitimado para interponerlo.

En tal sentido resulta aplicable la jurisprudencia identificada con el rubro “ESCRITO DE PROTESTA. FALTA DE FIRMA EN EL.”, establecida por el Pleno de este Tribunal cuyo texto puede ser consultado en la página 45 de la Revista del Tribunal Electoral del Estado de México número 3 correspondiente al trimestre julio-septiembre del año 2000, ya que su contenido define lo que debe entenderse por firma en el escrito de protesta.

II) Los resultados y/o los actos que se protesten. Esto para identificar plenamente el acto y/o resultados sobre los que recaerán los efectos de la protesta en caso de acreditarse las presuntas violaciones.

III) El número, tipo y ubicación de la casilla en contra de la cual se interpone. Lo anterior en caso de que se impugnen los resultados contenidos en el acta final de escrutinio y cómputo de alguna mesa directiva de casilla, o bien, cuando por haberse llevado al cabo de nueva cuenta el escrutinio y cómputo de alguna casilla ante el Consejo Distrital o Municipal correspondiente, se protesten los resultados consignados en el acta de cómputo de casilla respectiva.

En este sentido, debe observarse el contenido de la tesis relevante identificada con el rubro “ESCRITO DE PROTESTA. DEBE PRECISAR NUMERO Y UBICACION DE CASILLA.”, criterio establecido por el Pleno de este Tribunal en el recurso de inconformidad RI/48/96 resuelto por unanimidad de votos en sesión de 22 de noviembre de 1996 y consultable en la página 77 de la Revista del Tribunal Electoral del Estado de México número 3, trimestre julio-septiembre del año 2000. Se hace la salvedad de que la referida tesis se refiere a la interpretación de la fracción II del artículo 304 la cual fue derogada por decreto Número 125 de fecha 9 de octubre de 1999, sin embargo, su contenido es aplicable en el sentido que aquí se le pretende dar.

IV) Una descripción breve de los hechos sucedidos que se estimen violan los preceptos legales que rigen los resultado y/o actos protestados.

V) Por último, presentar el respectivo acuse para que sea firmado, y en su caso, sellado de recibido por el funcionario competente para su recepción. Lo anterior con el fin de que quede constancia al protestante de la interposición de su medio y el momento en que dicha interposición se realiza. Se entiende que la presentación del acuse es optativa y que las consecuencias de su no presentación son del todo consentidas por el partido político protestante.

Toca el turno de desentrañar el contenido y alcance del diverso escrito de protesta previsto en el último párrafo del artículo 321, el cual guarda relación con la fracción VII, del artículo 254, fracciones V, y VII, del numeral 270, y 272, del Código Electoral del Estado de México, y dar las razones por las cuales este Tribunal considera que su presentación por parte de los legítimos representantes de los partidos políticos, ante las autoridades correspondientes, no debe ser exigida para la admisión de la demanda de inconformidad que en contra de los cómputos distrital o municipal se interponga.

Se parte de una interpretación gramatical y sistemática del artículo 10, de la Constitución Particular, fracción VII, del artículo 254, fracciones V, y VII, del numeral 270, y 272, y último párrafo del artículo 321, del Código Electoral del Estado de México.

El último párrafo del numeral 321 del código de la materia en la Entidad, establece que el juicio de inconformidad en contra del cómputo distrital o municipal procederá únicamente cuando se hubiere presentado el escrito de protesta, en tiempo y forma, ante los órganos electorales correspondientes.

De dicho precepto se distinguen los siguientes elementos:

1. Establece que la procedencia del juicio de inconformidad está condicionada a la presentación del escrito de protesta, sin embargo, es necesario establecer de manera clara que se refiere única y exclusivamente a los casos en los que el juicio de inconformidad sea interpuesto en contra del cómputo distrital o municipal, actos que no representan la totalidad en contra de los cuales procede el citado medio de impugnación los que se encuentran detallados en la fracción II, inciso C), del numeral 303, de la ley de la materia en la localidad, concluyéndose que para los demás actos en contra de los cuales es procedente la interposición de un juicio de inconformidad dicho escrito de protesta no constituye un requisito de procedencia.

2. Por otro lado, también es destacable el imperativo legal de que dicho escrito de protesta en los casos que sea exigible como requisito de procedibilidad deberá ser presentado en tiempo y forma ante los órganos electorales correspondientes.

Para delimitar con precisión lo manifestado en el párrafo anterior es necesario remitirnos al texto de las fracciones VII, y VIII, del artículo 254, 270, fracciones V, VI, y VII, y 272, del código electoral del Estado y realizar una interpretación sistemática de los mismos en relación con el último párrafo del numeral 321, de la codificación en cita, arribándose a lo siguiente.

Respecto del tiempo o momento en que el escrito de protesta debe ser presentado, se colige que éste es inmediatamente después de haberse hecho el cómputo de las casillas especiales, en el caso de los cómputos distritales (fracción V, del artículo 254, del código de la materia en la localidad), o bien, una vez realizado el cómputo de las casillas cuyos paquetes tengan muestras de alteración (fracción IV, del numeral 270, de la ley en cita) y hasta antes de que se termine de formular el acta de cómputo, distrital o municipal, según sea el caso, ello con la finalidad de que en dichas actas se hagan constar las protestas que con motivo del cómputo se hayan presentado, sea posible dar por terminado el cómputo y llevar al cabo la declaración de validez de la elección por parte del consejo que corresponda, se extienda la constancia de mayoría oportunamente y para que en contra de tales actos los representantes de los partidos ante el Consejo Electoral correspondiente puedan interponer el juicio de inconformidad contra los resultados consignados en el acta de cómputo, la declaración de validez y la constancia de mayoría (fracciones VI, y VII, artículo 254, y fracciones V, VI, y VII, del numeral 270, ambos del ordenamiento aludido).

Ahora bien, respecto a la forma que como documento debe contener el escrito de protesta que se viene analizando, es necesario remitirnos a las consideraciones hechas al realizarse el análisis del escrito de protesta contemplado en el numeral 304 del código electoral del Estado, ya que en dicho momento se hizo referencia de los elementos mínimos que debe de contener el escrito de protesta en general, es decir, tanto para el escrito de protesta contemplado en el artículo 304, antecitado y para él estipulado por el último párrafo del numeral 321, de la ley mencionada.

Por último, queda resolver quienes resultan ser los órganos electorales correspondientes para la presentación del escrito de protesta de mérito.

Para ello, es indispensable imponernos de lo que establece el numeral 272, del Código Electoral del Estado de México y realizar una interpretación sistemática extensiva de él hacia los consejos distritales, ya que el mismo se refiere sólo a los consejos municipales. En efecto, el precepto en cuestión instituye, en lo que interesa, que los consejos municipales deberán enviar al Consejo General del Instituto un ejemplar de las protestas presentadas ante ellos mismos, esto es, del texto de dicho numeral es posible deducir que los consejos electorales, distritales o municipales (interpretación extensiva), son órganos facultados para que sean presentados ante ellos protestas, las cuales deben ser por escrito, ya que el texto legal en estudio utiliza la palabra ejemplar, la cual de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española emitido por la Real Academia Española (Vigésima Primera Edición, Tomo I de la a-g, Madrid 1992, página 794), significa “Cada uno de los escritos impresos, dibujos, grabados, reproducciones, etc., sacados de un mismo original o modelo.” Estas protestas son a las que se refiere el último párrafo del artículo 321 del Código Electoral del Estado de México.

Empero, a continuación se procede a esgrimir las razones por las cuales el escrito de protesta del último párrafo del artículo 321 del código electoral local no se debe exigir como requisito de procedibilidad para el juicio de inconformidad.

De una interpretación sistemática y funcional o teleológica de la ley, específicamente de los artículos 5; primera parte del primer párrafo, del artículo 13, 58, 137, y 144, de la Constitución Particular del Estado, y 2, 321 último párrafo y demás relativos del código electoral local, así como la exposición de motivos del decreto número 125, con el que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de México, publicado en la ciudad de Toluca de Lerdo, el sábado nueve de octubre de mil novecientos noventa y nueve, por medio de la Gaceta del Gobierno, Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de México, y que conforme al artículo segundo transitorio del mismo decreto, entró en vigor el día de su publicación, se arriba a la conclusión de que no fue la voluntad del legislador que el escrito de protesta representara, en manera alguna, un requisito de procedibilidad para el juicio de inconformidad.

Esto es así, por lo siguiente.

En las páginas cuarenta y dos a noventa y dos del decreto número 125, se contiene la exposición de motivos que originó su expedición y el dictamen legislativo a los que se refiere el último párrafo del artículo 58 de la Constitución Política de la Entidad; dicha exposición de motivos forma parte integral de la ley que se crea, reforma, adiciona, deroga o abroga, según sea el caso, por lo que su contenido es de una relevancia substancial e insoslayable al momento de interpretar del sentido de la ley, y sobre todo el sentido del decreto correspondiente.

Ahora bien, en el caso particular, cabe hacer mención que la exposición de motivos se encuentra estructurada de la siguiente manera.

De las páginas cuarenta y dos a sesenta y tres del decreto de mérito, se localiza la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de México, formulada por diputados integrantes de la fracción legislativa del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésima Tercera Legislatura, iniciativa que fue presentada ante el Pleno Legislativo en sesión celebrada el veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, según se desprende del dictamen correspondiente, específicamente en las páginas ochenta y cinco y ochenta y seis del decreto de mérito.

De las páginas sesenta y tres a sesenta y seis, se encuentra la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de México, formulada por diputados integrantes de la fracción legislativa del Partido del Trabajo de la Quincuagésima Tercera Legislatura, y que se presentó ante el Pleno Legislativo en sesión celebrada el tres de septiembre de agosto (sic) de mil novecientos noventa y nueve, según se desprende del dictamen atinente, específicamente en la página ochenta y cinco del decreto.

De las páginas sesenta y seis a setenta, se encuentra la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de México, formulada por diputados integrantes de la fracción legislativa del Partido de la Revolución Democrática de la Quincuagésima Tercera Legislatura, y que se presentó ante el Pleno Legislativo en sesión celebrada el primero de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, según se desprende del dictamen que forma parte integrante del decreto aludido, específicamente en la página 85 del mismo.

De las páginas setenta a setenta y siete, se encuentra la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de México, formulada por diputados integrantes de la fracción legislativa del Partido Acción Nacional y Partido Verde Ecologista de México de la Quincuagésima Tercera Legislatura, y que se presentó ante el Pleno Legislativo en sesión celebrada el primero de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, según se desprende del dictamen que forma parte integrante del decreto aludido, específicamente en la página ochenta y cinco.

De las páginas setenta y siete a ochenta, se encuentra la iniciativa de decreto que adiciona un párrafo al artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de México y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de México, formulada por diputados integrantes de la fracción legislativa del Partido de la Revolución Democrática de la Quincuagésima Tercera Legislatura, la que se presentó ante el Pleno Legislativo en sesión celebrada el tres de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, según se desprende del dictamen aludido, específicamente en la página ochenta y cinco.

Por último de las páginas ochenta y uno a ochenta y tres, se encuentra la iniciativa de decreto que adiciona el artículo 145 del Código Electoral del Estado de México, formulada por la diputada federal Olga Medina Serrano y la catorceava regidora de Ecatepec de Morelos, Irma Cerón Cruz, la que se presentó ante el Pleno Legislativo en sesión celebrada el primero de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, según se desprende del dictamen correspondiente, específicamente en la página ochenta y cinco mismo (sic).

Ahora bien, ya se dijo que la exposición de motivos forma parte integral de la ley y que su contenido es de una relevancia substancial e insoslayable al momento de interpretar del sentido de la ley, por ello es necesario, para poder hacer uso de la exposición de motivos que nos ocupa, entender, en primer término, la estructura de la misma, para lo cual se apunta que el decreto número 125, tuvo su origen en seis diversas iniciativas de decreto, presentadas por diversos partidos políticos, representados en ese momento en la Quincuagésima Tercera Legislatura del Estado de México, así como también, una de ellas, fue presentada conjuntamente por una diputada federal y una regidora municipal, lo cual se colige del dictamen legislativo correspondiente, ubicado en las páginas de la ochenta y cuatro a la ochenta y dos (sic) del decreto en cita.

Para poder entender de una manera integral la exposición de motivos del decreto que se viene estudiando es necesario analizar el contenido del dictamen legislativo, en el cual se señala de manera importante dentro de los antecedentes que:

“Las comisiones responsables del dictamen, por razones de economía procesal, estimando el contenido de las iniciativas y en ejercicio de la técnica legislativa, acordamos llevar a cabo el estudio conjunto de las mismas y dar cuenta, en un solo dictamen, de la opinión conducente.” (Página ochenta y seis del decreto número 125).

“Si bien es cierto se trata de iniciativas que proceden de autores diferentes, encontramos, en la argumentación expuesta en los motivos que la sustentan, importantes elementos conceptuales sobre las causas y justificaciones de las medidas propuestas, que han servido para enriquecer y orientar el criterio de los dictaminadores.” (Página ochenta y seis, del decreto de mérito).

“Apreciamos, al analizar los argumentos que apoyan las iniciativas, la coincidencia y la reiterada manifestación de adecuar diversas disposiciones del Código Electoral para integrar una normatividad concordante con la pluralidad política del Estado de México.”(Página ochenta y seis, del decreto de mérito).

Asimismo se continuó diciendo que:

“Se infiere de las exposiciones, dos premisas fundamentales, por una parte, la reforma del Código Electoral vigente, en estricto acatamiento de las normas constitucionales recientemente aprobadas, de tal forma que se traduzca a la norma secundaria de manera detallada y completa, a través de los supuestos legales necesarios para su viabilidad , y por otra, una profunda revisión de la ley actual para modernizarla, y hacer de ella un ordenamiento que cumpla las reglas que impone la técnica jurídico-legislativa.” (Página ochenta y  siete, del decreto número 125).

“Asimismo, se pondera como aspiración de los mexiquenses el contar con una normatividad cada vez más ajustada a las necesidades del desarrollo político que vive nuestro Estado, señalándose que las modificaciones y cambios que ha tenido el Código Electoral muestran la inquietud de los actores políticos y las propias demandas de los ciudadanos planteadas a los representantes populares, que se han traducido en reformas a nuestro ordenamiento electoral en el pasado.” (Página 87, del decreto de mérito)”.

De las consideraciones en que se apoya el dictamen legislativo aludido resalta lo siguiente:

“Las comisiones de dictamen, apreciamos que las diversas propuestas para modificar el Código Electoral del Estado de México impulsadas a través de 6 iniciativas, son consecuentes, fundamentalmente, con el compromiso que, en su oportunidad, las fracciones legislativas de la Quincuagésima Tercera Legislatura expresaron de revisar con profundidad la legislación electoral, para mejorarla y fortalecerla con el propósito de que asegure el ejercicio pleno de la democracia y permitir la renovación, de diputados locales y miembros de Ayuntamientos del Estado de México, que se llevara a cabo en el año dos mil, con apoyo en un soporte jurídico, actualizado y concordante con las expectativas de una sociedad en la que se da una convivencia plural y diversa, como lo es la mexiquense.” (Página ochenta y ocho, del decreto número 125)

“Las acciones legislativas que se proponen, como se aprecia constituye una prioridad para los mexiquenses, para asegurar un marco transparente y de absoluto respeto al voto, en un nuevo escenario político. Dan continuidad a las reformas electorales expedidas el primero de octubre de mil novecientos noventa y ocho, por la LIII Legislatura para seguir transformando la legislación electoral del Estado de México y favorecer la democracia.” (Página ochenta y ocho, del decreto de mérito).

“Se inscriben también en los cauces señalados en el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de los cuales los procesos electorales se deben desarrollar con garantías de imparcialidad y equidad; con nuevas reglas consensuadas por todos los actores políticos; con autoridades que respondan a la confianza de la ciudadanía; con respeto incondicional a la decisión de los electores; con auténticas formas de representación democrática; con un sistema de partidos vigorizado; y con sanciones a las prácticas que, en cualquier forma, coaccionen el voto ciudadano .” (Páginas ochenta y ocho y ochenta y nueve, del decreto de mérito)”.

“Los Legisladores nos encontramos ante la ineludible necesidad de revisar permanentemente las disposiciones que conducen los procesos electorales, no como una respuesta mecánica o sustentada en la inercia, sino fundada en los reclamos de la sociedad, en las propuestas de los partidos políticos y en la marcada movilidad social.” (Página ochenta y nueve, del decreto de mérito)”.

“Participamos de las argumentaciones vertidas por los promoventes. Entendemos que la democracia rebasa el plano de lo político para constituirse en una auténtica forma de vida, caracterizada por la vigencia de las libertades, la existencia de un régimen de derecho, de un sistema electoral, de pluralismo ideológico, de soberanía popular y de un gobierno renovable. Es la democracia garante del desarrollo igualitario. Se erige en opción civilizada para dirimir controversias y vivir en la pluralidad.” (Página ochenta y nueve, del decreto de mérito)”.

“En este contexto, habiendo agotado el análisis de las propuestas hemos integrado un proyecto de decreto que expresa aspectos coincidentes sobre las modificaciones que juzgamos oportuno introducir al Código Electoral del Estado de México, fundamentalmente, sobre las materias siguientes”:

“1. Financiamiento público

“...

“2. Fiscalización.

“...

“3. Topes de campañas.

“...

“4. Fortalecimiento del Instituto Electoral del Estado de México.

“...

“5. Coaliciones.

“...

“6. Medios de impugnación.

“Garantizar la legalidad de los actos y resoluciones de los órganos electorales y la exactitud de los resultados de las elecciones, es uno de los propósitos principales de quienes tenemos la elevada responsabilidad de construir la ley, por ello se consideran reformas destinadas a consolidar los medios de impugnación y el fortalecimiento del estado de derecho”.

“7. Participación de género.

“..” (Páginas ochenta y nueve a noventa y uno, del decreto de mérito).

De lo manifestado en los antecedentes y consideraciones que apoyan el dictamen legislativo del decreto número 125, se desprende que lo manifestado en la exposición de motivos de todas y cada una de las seis iniciativas de decreto, que al efecto, fueron presentadas por las diversas fracciones parlamentarias que en ese momento integraban el Congreso Local y que dieron origen al decreto número 125, cuando se aprobó el proyecto correspondiente en los términos presentados por las comisiones dictaminadoras, se debe entender que conforman la manifestación del poder soberano, ya que al publicarse en términos de lo ordenado en el último párrafo del artículo 58 de la Constitución Política del Estado de México, su contenido se instituye como la exposición de motivos, origen de la expedición del decreto y por ende como las razones que encierran el consenso de la legislatura al momento de emitir las reformas, adiciones y derogaciones que en el cuerpo del citado decreto se contienen.

Asentado lo anterior, procederemos al análisis de la exposición de motivos que originaron la expedición del decreto número 125, con la finalidad de desentrañar el verdadero sentido del último párrafo del artículo 321 del Código Electoral del Estado de México, entendiendo las diversas exposiciones de motivos que se contienen en el citado decreto como un todo y no como manifestaciones aisladas, correspondientes a una sola fracción parlamentaria.

Se establece en la exposición de motivos del decreto de mérito, específicamente en las páginas sesenta y nueve y setenta y seis, respectivamente, lo siguiente:

“...Asimismo, se determina que el escrito de protesta en ninguna forma deberá ser considerado como medio de procedibilidad del recurso de inconformidad, ya que esta práctica de los tribunales imponía el que éstos desecharan los recursos interpuestos en forma automática con base en criterios a veces subjetivos, de la no correspondencia del recurso interpuesto con los escritos de protesta que aparecían en el expediente respectivo.”

“XVI. En cuanto a nuestro proceso contencioso electoral, se proponen importantes reformas entre las que destacan:

“a). ...

“b). ...

“c). Eliminación del escrito de protesta como requisito de procedibilidad para la presentación del recurso de inconformidad.

“d....”

En atención al principio establecido por la Corte, de que la interpretación de la ley tiende a descubrir la voluntad del legislador y que perdería todo significado si se empleara una voluntad ausente o inesperada, principio que es de observancia obligatoria para esta autoridad, en acatamiento a los artículos 3, segundo párrafo, 137, y 144, de la Constitución Particular, en relación con el artículo 192, primer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor (dicho criterio puede ser consultado en el Semanario Judicial de la Federación, Tercera Sala. Quinta Época, t. CXXVI, p.621; Tercera Sala. Quinta Época, t. CXXVIII, p. 559; Tercera Sala. Quinta Época, t. CXIX, p. 351; Sala Auxiliar. Quinta Época, t. CXXVI, p. 526; Sala Auxiliar. Quinta Época, t. CXVII, p. 1169 y Tercera Sala. Sexta Época, t. XXVI. Cuarta Parte, p. 48), se colige que la real intención del legislador, y por ende, la verdadera finalidad de la ley es erradicar al escrito de protesta como requisito de procedibilidad del entonces recurso y ahora llamado juicio de inconformidad.

Dicho sentido dado a la norma, resulta ser la opción jurídicamente mas viable, pues armoniza con los fines incorporados por el legislador al momento de emitir la norma, fines que se traducen en la constante voluntad de revisar y mejorar las disposiciones que conducen los procesos electorales, en atención a los reclamos de la sociedad, en las propuestas de los partidos políticos y en la marcada movilidad social, ya que esta percepción de afinidad entre lo querido por el Estado y lo querido por los gobernados, funda la obediencia del Derecho y la legitimidad del actuar de las autoridades públicas.

Es precisamente en ese afán de mejorar la legislación que rige la materia electoral en la Entidad, con base en las propuestas de los partidos políticos, en la que obtienen relevancia determinante las manifestaciones hechas por el legislador en la exposición de motivos y que fueron apuntadas con anterioridad, las cuales versan en el sentido de que en ninguna forma el escrito de protesta sea considerado como requisito de procedibilidad del juicio de inconformidad y éste sea eliminado del sistema jurídico local.

Lo anterior, cobra sentido si lo armonizamos con el hecho de que en el decreto Número 134 publicado en la Gaceta de Gobierno el dos de marzo de mil novecientos noventa y seis, a través del cual se expide el Código Electoral del Estado de México, específicamente el artículo 332, fracción VII, establece:

“Artículo 332. Los recursos se entenderán como notoriamente improcedentes y serán desechados de plano por las siguientes causales:

“I. ..

“II. ...

“III. ..

“IV. ...

“V. ...

“VI. ..

“VII. No se hayan presentado en tiempo los escritos de protesta o no se reúnan los recursos que señala este Código para el recurso de inconformidad; y

“VIII. ...”

Dicha fracción fue derogada precisamente por medio del decreto Número 125, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de México, y en cuya exposición de motivos se apoyan los razonamientos formulados, lo que no deja lugar a dudas acerca de la verdadera intención del legislador, respecto al escrito de protesta como requisito de procedibilidad para el juicio de inconformidad.

La conclusión aquí sostenida, y que se expresa en el sentido de que el legislador quiso eliminar y eliminó el escrito de protesta del universo de disposiciones que rigen los procesos electorales en la Entidad, es además conforme a lo establecido en la Constitución Política del Estado de México, por lo siguiente.

El artículo 5 de la Constitución Estatal, señala que todos los individuos (la palabra individuos, no excluye a organismos de interés privado o público, como lo son los partidos políticos, pues éstos tienen un interés jurídico difuso respecto al respeto de tales libertades, derechos y garantías) son iguales y tienen las libertades, derechos y garantías que la Constitución Federal, la Constitución Local y las leyes del Estado establecen, por lo que es acertado considerar que dentro del universo de normas que integran la Constitución Particular del Estado, se encuentran contenidas las libertades, derechos y garantías que la Constitución Federal contiene, de manera extensiva y dada por la misma norma constitucional local, por lo que en acatamiento al precepto en estudio y en relación con los artículos 137, y 144, de la misma Constitución Local, este Tribunal tiene la obligación de acatar sin reservas los mandatos de la Constitución Política de la Nación y cumplir con ella, haciéndose la aclaración de que ello no significa que este Organismo Jurisdiccional tenga facultades para interpretar dichos mandatos, libertades, derechos o garantías establecidos en la Constitución Federal, o bien, cotejar normas de carácter general local a la luz de las disposiciones constitucionales federales, como tampoco decretar su inaplicación por las mismas razones, pero sí debe acatarlos y hacerlos valer en términos de lo ordenado por la Constitución Local.

En tal sentido, podemos concluir, que de manera extensiva (artículo 5, de la Constitución Política del Estado de México, en relación con el artículo 17, de la Constitución Federal el cual forma parte del universo de normas que integran la Constitución Local) la Constitución Particular del Estado, establece la expeditez en la actividad de los órganos jurisdiccionales responsables de impartir justicia, de manera que entre éstos y los gobernados, no exista obstáculo alguno para que aquellos estén prontos a obrar, desempeñando la función jurisdiccional, con la consecuencia de resolver en forma definitiva y firme, así como de manera pronta, completa e imparcial las controversias que se sometan a su consideración, por lo que al reflexionarse con relación a que el legislador local tuvo a bien considerar que el escrito de protesta no debe ser considerado en forma alguna como requisito de procedibilidad de los medios de impugnación, tal intención es acorde al proceso jurisdiccional electoral y a las finalidades que lo inspiran, cuyo objeto es el de que mediante decisión jurisdiccional se controle la constitucionalidad y la legalidad de los actos y resoluciones propios de la materia, de conformidad con el primer párrafo del artículo 13, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de México.

VI. Por otro lado, del escrito de demanda interpuesto por la Coalición Alianza para Todos se advierte que el enjuiciante impugna la votación recibida en las casillas 998 básica, 998 contigua 3 y 998 contigua 4, las cuales después de realizada su búsqueda en la publicación definitiva de la ubicación e integración de casillas electorales correspondientes al Distrito Electoral XXVII (encarte), específicamente las instaladas en el municipio de Chalco, Estado de México, no fueron encontradas por lo que se infiere que estas casillas no existen o corresponden a otro Distrito Electoral, procediendo en consecuencia declarar el sobreseimiento parcial del juicio de inconformidad JI/107/2003, sólo por cuanto hace a las referidas casillas, en términos del artículo 333, fracción III, del Código Electoral del Estado de México, por actualizarse el supuesto previsto en el artículo 332 fracción VI de la citada codificación.

VII. Que la litis en el presente asunto se constriñe a determinar si, atendiendo a lo previsto en la legislación electoral del Estado de México y a las pruebas que obran en autos, este Tribunal debe declarar, o no, la nulidad de la votación recibida en las casillas impugnadas por la coalición política enjuiciante por actualización de las causales de nulidad previstas en el numeral 298 del código de la materia, para proceder, según sea el caso, a confirmar con todos sus efectos ulteriores, los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección de Ayuntamiento emitida por el Consejo Municipal Electoral de Chalco, Estado de México, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez impugnada, o bien, a modificar, con todos sus efectos ulteriores, los resultados consignados en la referida acta de cómputo municipal, confirmar la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez.

En el caso de existir modificaciones en los lugares ocupados por los partidos políticos y coalición, esta sentencia hará las veces de una nueva constancia de mayoría a la planilla que resulte ganadora de acuerdo con los resultados que arroje la modificación del cómputo.

VIII. Que corresponde, entonces, entrar al estudio del presente juicio de inconformidad hecho valer por la coalición inconforme, haciendo notar que este Tribunal basa dicho estudio en los principios procesales de máxima importancia y primerísimo orden, como lo son los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia, contemplados en la fracción IV, inciso b), del artículo 116, de nuestra Carta Magna, al igual que en el principio de exhaustividad que rige el análisis de los medios de impugnación en los procesos electorales. La interpretación de las normas aplicables se realiza conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, de conformidad con el artículo 2, del Código de la materia en vigor en el Estado, pues no se podría basar nuestra resolución en un examen aislado de los agravios hechos valer, sino realizando un minucioso estudio y análisis de los mismos, vinculándolo con los hechos que el recurrente invoca como ilegales y con las demás disposiciones jurídicas que igualmente se señalan, o se debieron señalar como violadas, adminiculando las pruebas y los demás elementos que constan y se desprenden de autos.

IX. Anotado lo anterior, se impone realizar el examen de los agravios hechos valer por el actor, siendo éstos los relativos a la nulidad de la votación recibida en diversas casillas, análisis que se hace en los términos que a continuación se expresan.

Por razón de método el análisis de las causales de nulidad invocadas por el actor y previstas en el artículo 298, del Código Electoral del Estado de México, se hará en la prelación que en el mismo numeral se establece.

X. Previo al análisis de las casillas impugnadas por el actor en relación con las causales de nulidad de casilla establecidas en el artículo 298, del Código Electoral del Estado de México, se establecerán de manera previa algunas consideraciones que son de suma importancia para el examen de las citadas causales de nulidad y que aplican de manera general para todos los casos.

Primeramente se destaca que el artículo 342, segundo párrafo y tercer párrafo, del Código Electoral del Estado de México, prevé la suplencia en la deficiencia de la manifestación de los agravios, así como en la cita de los preceptos jurídicos presuntamente violados.

“Artículo 342. Toda resolución deberá constar por escrito y contendrá:

 “I. ...

“II. ...

“III. ...

“IV. ...

“V. ...

“VI. ...

“VII. ...

“Al resolver los medios de impugnación establecidos en esta ley, el Consejo General y el Tribunal deberán suplir las deficiencias u omisiones en los agravios cuando los mismos puedan ser deducidos claramente de los hechos expuestos.

Cuando se omita señalar los preceptos jurídicos presuntamente violados o se citen de manera equivocada, el Consejo General o el Tribunal resolverá tomando en consideración los que debieron ser invocados o los que resulten aplicables al caso concreto.”

Asimismo, este Tribunal Electoral ha establecido la siguiente jurisprudencia visible a página 115 de la Revista del Tribunal Electoral del Estado de México, Número 3 del año 2000, cuyo texto se transcribe a continuación.

“SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA EN LA EXPRESIÓN DE AGRAVIOS. PROCEDENCIA DE LA. El Código de la Materia dispone en el artículo 342 segundo párrafo, que el Tribunal Electoral debe suplir las deficiencias u omisiones en los agravios, cuando éstos puedan ser deducidos claramente de los hechos expuestos. De lo anterior se desprende que para que el impugnante pueda invocar el precepto en comento, es necesario que se den los siguientes elementos: a) Que existan hechos en el escrito del medio de impugnación; y b) Que los agravios puedan deducirse claramente de estos hechos. Por lo tanto, no es dable suplir la deficiencia en la expresión de agravios, por meras afirmaciones de carácter genérico realizadas por el promovente, que impidan inferir las circunstancias específicas que pudiesen constituir una causal de nulidad de las previstas por la Legislación Electoral de la Entidad.

Juicio de inconformidad JI/26/2000

Resuelto en sesión de 15 de julio de 2000

Por unanimidad de votos

Juicio de inconformidad JI/39/2000

Resuelto en sesión de 17 de julio de 2000

Por unanimidad de votos

Juicio de inconformidad JI/48/2000

Resuelto en sesión de 17 de julio de 2000

Por unanimidad de votos”

Ahora bien, es preciso señalar que los agravios inatendibles son aquéllos que no impugnan las consideraciones y fundamentos del acto reclamado, es decir, los que no contienen razonamiento jurídico alguno, tendiente a desvirtuar los fundamentos y consideraciones en que se sustenta el fallo recurrido.

Sin embargo, para declarar como inatendibles a los agravios que encuadren en el anterior supuesto, es necesario primero observar si la ley establece la posibilidad de suplir, por parte del órgano resolutor, la queja deficiente. En el caso del sistema jurídico electoral Mexiquense, dicha suplencia si opera, debiéndose observar para su realización las condiciones establecidas por la ley.

Lo anterior, encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia VI. 1º J/67, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, t. IX, Febrero de 1992, página 70, la cual es de observancia obligatoria para este Organismo Jurisdiccional, en términos de los artículos 3 segundo párrafo, 137 y 144 de la Constitución Particular del Estado, en relación con el artículo 193 primer párrafo de la Ley de Amparo en vigor. Tal criterio es del tenor siguiente:

“AGRAVIOS INATENDIBLES. SON AQUELLOS QUE NO IMPUGNAN LAS CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL FALLO RECURRIDO. Cuando no estén dadas las condiciones que la ley establece para suplir la queja deficiente, deben desestimarse por inatendibles los agravios expresados en el recurso de revisión, si no contienen razonamiento jurídico alguno, tendiente a desvirtuar los fundamentos y consideraciones en que se sustenta el fallo recurrido.

Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito.

Amparo en revisión 10/88. Gonzalo Tepalcingo Sánchez.

3 de marzo de 1988. Unanimidad de votos.

Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: Rosa María Roldán Sánchez.

Amparo en revisión 177/88. Hugo Porfirio Angulo Cruz.

22 de junio de 1988. Unanimidad de votos.

Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: Irma Salgado López.

Amparo en revisión 178/88. Hugo Porfirio Angulo Cruz.

22 de junio de 1988. Unanimidad de votos.

Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: Irma Salgado López.

Amparo en revisión 201/88. Adolfo Vélez Gutiérrez.

23 de agosto de 1988. Unanimidad de votos.

Ponente: Carlos Gerardo Ramos Córdova. Secretario: Hugo Valderrabano Sánchez.

Amparo en revisión 207/88. Adolfo Vélez Gutiérrez.

23 de agosto de 1988. Unanimidad de votos.

Ponente: Carlos Gerardo Ramos Córdova. Secretario: Hugo Valderrabano Sánchez.

Nota: Aparece publicada en la Gaceta 50, página 61 y también en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Segunda Parte, tesis 591, página 393.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Época: Octava Época. Tomo IX-Febrero. Tesis: VI. 1o. J/67 Página: 70. Tesis de Jurisprudencia.”

Pasando a otro punto, para poder estar en aptitud de examinar todas y cada unas de las causales de nulidad de votación establecidas en el artículo 298 del Código Electoral local, también es necesario que los hechos y agravios esgrimidos por los incoantes guarden relación directa con el acto impugnado y encuadren en alguna de las hipótesis de nulidad contempladas en el artículo citado.

Dicho criterio ha sido reiterado por este Tribunal y se encuentra contenido en la jurisprudencia consultable en la página 41 de la Revista del Tribunal Electoral del Estado de México, Número 3 correspondiente al trimestre julio-septiembre del año 2000, la cual es del tenor literal siguiente:

“CAUSALES DE NULIDAD. LAS PREVISTAS EN EL ARTICULO 298 DEL CODIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO DEBEN SER CONGRUENTES CON LOS HECHOS Y AGRAVIOS DEL ESCRITO DEL RECURSO. Para que se configure alguna de las causales de nulidad que prevé el numeral 298 del Código Electoral del Estado, los hechos y agravios que exprese el partido recurrente, deben guardar una relación directa con el acto impugnado y encontrarse en alguno de los supuestos que precisa el precepto legal invocado.

Recurso de inconformidad RI/33/96

Resuelto en sesión de 23 de noviembre de 1996

Por unanimidad de votos

Recurso de inconformidad RI/64/96

Resuelto en sesión de 23 de noviembre de 1996

Por unanimidad de votos

Recurso de inconformidad RI/73/96 y acumulado

Resuelto en sesión de 23 de noviembre de 1996

Por unanimidad de votos”

Otro elemento importante, que será valorado en todos y cada uno de los casos planteados por los actores será el tocante al elemento de la determinancia, dicho elemento guarda relación con todas y cada una de las hipótesis de nulidad de votación o elección contempladas en el código de la materia en el Estado. En algunas ocasiones, se manifiesta de manera expresa como parte de dichas causales de nulidad y en otras de manera implícita, sin embargo, la exigencia de dicho elemento también encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, obligatoria para este Organismo Jurisdiccional Estatal, en términos de lo dispuesto por los artículos 3, segundo párrafo, 137, y 144, de la Constitución Particular del Estado, en relación con el artículo 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y consultable en el Suplemento número 4 de la Revista Justicia Electoral 2001, páginas 21 y 22, o bien, en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, páginas 147 y 148. Dicha jurisprudencia expresa lo siguiente:

“NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AUN CUANDO EN LA HIPÓTESIS RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE MENCIONE EXPRESAMENTE (Legislación del Estado de México y similares). La declaración de nulidad de los sufragios recibidos en una casilla se justifica solamente, si el vicio o irregularidad a que se refiere la causa invocada es determinante para el resultado de la votación. Esta circunstancia constituye un elemento que siempre está presente en las hipótesis de nulidad, de manera expresa o implícita. En efecto, de acuerdo con la interpretación sistemática y funcional de los artículos 41, fracción III, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 297 y 298 del Código Electoral del Estado de México, la finalidad del sistema de nulidades en materia electoral consiste en eliminar las circunstancias que afecten a la certeza en el ejercicio personal, libre y secreto del voto, así como su resultado; por consiguiente, cuando este valor no es afectado sustancialmente y, en consecuencia, el vicio o irregularidad no altera el resultado de la votación, deben preservarse los votos válidos, en observancia al principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados. Constituye una cuestión diferente, el hecho de que en algunas hipótesis de nulidad se mencione expresamente, que el vicio o irregularidad sea determinante para el resultado de la votación, en tanto que en otras hipótesis no se haga señalamiento explícito a tal elemento. Esta diferencia no implica que, en el último caso, no se deba tomar en cuenta ese elemento, puesto que su referencia expresa o implícita repercute únicamente en la carga de la prueba. Así, cuando el supuesto legal cita expresamente el elemento en cuestión, quien invoque la causa de nulidad debe demostrar, además del vicio o irregularidad previstos en dicho supuesto, que ese vicio o irregularidad es determinante para el resultado de la votación. En cambio, cuando la ley omite mencionar el requisito, la omisión significa, que dada la magnitud del vicio o irregularidad, o la dificultad de su prueba, existe la presunción iuris tantum de la determinancia en el resultado de la votación. Sin embargo, si en el expediente se encuentran elementos demostrativos de que el vicio o irregularidad alegados no son determinantes para el resultado de la votación, no se justifica el acogimiento de la pretensión de nulidad.

Tercera Época:

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-066/98.

Partido Revolucionario Institucional.

11 de septiembre de 1998.Mayoría de seis votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-146/2000.

Partido Revolucionario Institucional.

16 de agosto de 2000.Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-253/2000 y acumulado.

Partido de la Revolución Democrática.

25 de agosto de 2000.Unanimidad de votos.

Revista Justicia Electoral 2001, suplemento 4, páginas 21-22, Sala Superior, tesis S3ELJ 13/2000.

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, páginas 147-148.”

Cabe aclarar que el factor “determinante” se refiere no sólo al análisis numérico o cuantitativo de los votos recibidos en la casilla o casillas en las cuales se produzcan las causas de nulidad, ya que éste no es necesariamente el presupuesto definitorio, sino que su alcance lleva a considerar que se refiere también al efecto grave que la violación a los dispositivos electorales produce en el resultado creíble, certero, legal y transparente de la votación, atendiendo a los principios de seguridad, legalidad, certeza, independencia e imparcialidad que regulan la jornada electoral.

En otro orden de ideas, se menciona que en observancia al último párrafo del numeral 340, del Código Electoral en el Estado, el que afirma está obligado a probar. También lo está el que niega, cuando su negación envuelva la afirmación expresa de un hecho. Asimismo, lo establece la jurisprudencia que lleva por rubro “NULIDAD DE VOTACIÓN EN CASILLA. REQUISITOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA,” emitida por el Pleno de este Órgano Jurisdiccional y de observancia obligatoria en términos de ley, la cual puede ser consultable en la página 112 de la Revista del Tribunal Electoral del Estado de México, Número 3 correspondiente al trimestre julio-septiembre del año 2000. Dicha jurisprudencia resalta que por parte del actor se deben describir los hechos que se estimen violatorios a las normas electorales, con precisión de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que sucedieron; explicar, con razonamientos lógico-jurídicos, los motivos por los que se estima ilegales los hechos que narra; demostrar que los hechos estén comprendidos en alguna de las causas de nulidad que establece el artículo 298 del Código Electoral; y comprobar que los hechos se encuentren plenamente demostrados a través de pruebas idóneas aportadas por el impugnante.

Por último, es necesario resaltar que las actas levantadas en casilla son documentales públicas que hacen prueba plena, salvo prueba en contrario; que al efecto las partes pueden aportar elementos probatorios que adminiculados, resulten convincentes para desacreditar el contenido de tales actas; sin embargo, tal conducta constituye una carga procesal que gravita sobre la parte inconforme o aquella que desea impugnar el contenido de algún documento, lo cual se constituye como un impedimento para que el juez dude mutuo propio sobre la autenticidad del documento o la veracidad del contenido del mismo, de otra forma, se pervertiría el principio de buena fe y la presunción de validez de todos los actos públicos válidamente celebrados.

XI. La Coalición Alianza para Todos impugna las siguientes casillas, en relación con las causas de nulidad e irregularidades que se precisan a continuación.

XII. La Coalición Alianza para Todos, hace valer de manera conjunta las causales de nulidad previstas en las fracciones IV, y XIII, del artículo 298, del Código Electoral del Estado de México, consistentes, la primera, en que la votación recibida en una casilla electoral será nula cuando se ejerza violencia física o presión de alguna autoridad o particular sobre los funcionarios de la mesa directiva de casilla o sobre los electores, de tal manera que afecte la libertad o el secreto del voto, y esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación en la casilla que se trate; y la segunda, en que existan irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral, que en forma evidente pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma.

El actor hace valer dichas causales de nulidad de la votación recibida en 15 casillas, mismas que se indican a continuación: 1036 contigua 1, 988 básica, 988 contigua 1, 988 contigua 2, 988 contigua 3, 988 contigua 4, 988 contigua 5, 996 contigua 1, 987 contigua 2, 996 contigua 2, 996 contigua 3, 993 básica, 1042 básica, 994 contigua 2, y 1035 contigua 2.

El actor señala que el día de la jornada electoral, en las casillas referidas se suscitaron una serie de hechos que pueden ser base para la declaración de la nulidad de la votación recibida en dichas mesas receptoras de votos por las causales de nulidad invocadas.

Dichos hechos, en síntesis, consisten en que el día de la jornada electoral diversas personas, según el actor, simpatizantes del Partido de la Revolución Democrática, se apostaron en los alrededores de las casillas enumeradas con antelación intimidando física y verbalmente tanto a electores como a algunos representantes de la coalición impugnante, impidiendo en algunos casos el acceso al sufragio de los ciudadanos.

Alega el actor que una característica especial de dichas personas es que se auto denominaban grupo de caza mapaches, portando al efecto playeras de color negro con la leyenda caza mapaches y en la parte posterior los teléfonos de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales.

Resultan infundados los agravios hechos valer.

Para sustentar dicha conclusión, este Tribunal tomó en consideración las documentales siguientes:

1. Actas de jornada electoral, actas de escrutinio y cómputo, hojas de incidentes, acta circunstanciada de la sesión permanente de fecha nueve de marzo de dos mil tres, llevada al cabo por el Consejo Municipal Electoral del municipio de Chalco, Estado de México y acta circunstanciada de la sesión de cómputo municipal de fecha doce de marzo de dos mil tres, celebrada por el citado Consejo Municipal Electoral, documentales a las que se le confiere pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 335, fracción I, 336, fracción I, y 337 fracción I, del Código Electoral del Estado de México.

2. Los instrumentos notariales ofrecidos por el actor identificados con los números 1104, 1105, 1106, 1107, 20161, 20162 y 20163, documentales públicas a las que se le confiere valor probatorio en términos de los artículos 335 fracción I, 336 fracción I párrafo D y 338 del Código Electoral del Estado de México.

3. Las documentales consistentes en copias certificadas de la denuncia de hechos levantada ante la Procuraduría General de Justicia en el Estado, documentales a las que se les confiere valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 335, fracción I; 336, fracción párrafo C; 337, fracción I, del Código Electoral del Estado de México.

4. Escritos de protesta y de incidentes presentados por el actor el día de la jornada electoral, los cuales se les confiere valor probatorio en términos de los artículos 335, fracción II; 336, fracción II, y 337, fracción II, del Código Electoral del Estado de México.

5. Las fotografías y videos aportados por el actor, a los cuales se les confiere valor probatorio, a las cuales se les concede valor probatorio (sic) en términos de los artículos 335, fracción III; 336, fracción III, y 337 fracción II.

6. La presuncional legal y humana, en términos del código de la materia en la entidad, específicamente la fracción VI, del artículo 335; artículo 337, primer párrafo, y 338 primera parte del primer párrafo.

7. Por último, la instrumental en términos de la fracción V, del artículo 336, y 337, fracción II del Código Electoral del Estado de México.

Enseguida se inserta un cuadro en el que aparece en la primera columna el número y tipo de la casilla impugnada; en la segunda columna, se contiene la información relativa a lo asentado en las actas de la jornada electoral; en la tercera columna, se plasma lo asentado en las actas de escrutinio y cómputo; en la cuarta columna, se anotará si existieron incidencias que guarden relación con los hechos argumentados por el actor y que se hayan hecho constar en las hojas de incidentes correspondientes a las casillas impugnadas.

De la información vertida en el cuadro anterior y que corresponde como ya se dijo a las actas correspondientes de las casillas impugnadas, no se puede desprender elemento alguno que guarde relación con los hechos denunciados por el actor. A reserva de la casilla 1036 contigua 1, en la cual se indicó en el acta de jornada que sí hubieron incidentes durante la votación, especificándose en la hoja de incidentes correspondiente que “estuvieron tomando fotos grupo caza mapache 5:55pm”, sin que el asentamiento de dicha incidencia acarrea la nulidad de la citada casilla. Se impone entonces analizar las demás documentales que obran en autos.

Del acta circunstanciada de fecha nueve de marzo de dos mil tres, correspondiente a la sesión permanente celebrada por el Consejo Municipal Electoral de Chalco, Estado de México, se desprende lo siguientes hechos en relación con la causal de nulidad en estudio.

1.“...la Comisión decidió hacer y terminar el recorrido de la ruta dos, encontrando en la Sección 1042 el siguiente incidente: que se encontraron alrededor de veinte a veinticinco personas portando playeras de color rojo, que por informe de las personas que se encontraban en la casilla, realizaban la actividad de comprar el voto, sin especificar dicha actividad, cuando la Comisión arribó a dicha casilla ya se había informado al Ministerio Público correspondiente, ...; la Comisión integrada por los miembros del Consejo observaron que tenían detenidos automóviles...”

2.“El representante de la Coalición Alianza para Todos informa que hay un grupo alrededor de quinientas personas que se han visto vestidas con ropa de color negro identificadas como el grupo de caza mapaches, que además en los vehículos se observan números telefónicos que coinciden con los teléfonos de la Procuraduría General de la República; el personal de apoyo no ha visto dicha situación en las casillas electorales.”

3.“Informa el representante del Partido del Trabajo el ciudadano Carlos Gallegos Estebanez que están circulando una combi... agrediendo a las personas de su Partido esto sucedió cerca de la Sección 988 siendo las quince horas con cuarenta y cinco minutos...”

4.“Regresa la Comisión antes mencionada informan al Consejo, que al llegar al lugar cerca de la Sección 988, la calle Av. San José el acceso a ésta se encontraba cerrado por simpatizantes de Partido del Trabajo, con unidades de servicio de transporte (taxis), que se ostentaron como simpatizantes del Partido del Trabajo...Enseguida arribo el (sic) lugar la Lic. Lorena Villavicencio Ayala quien se ostentó como miembro del Partido de la Revolución Democrática insultando verbalmente a los Consejeros Electorales presentes...También informa la Comisión que el Comandante Arturo Bernal y el grupo ASES, estuvieron presentes como apoyo de la Policía Estatal. El Vocal de Capacitación informa que se tiene resuelta la situación, toda vez que la votación en ningún momento se suspendió en la casilla que fue verificada por la Comisión antes mencionada.”

Asimismo, al analizar el acta circunstanciada de fecha doce de marzo de dos mil tres, correspondiente a la sesión permanente de cómputo municipal de la elección de Ayuntamiento de Chalco, Estado de México, celebrada por la autoridad responsable se aprecia lo siguiente

“El representante de la Coalición PRI-PVEM Alianza para Todos manifiesta que en la Sección 1035 Casilla contigua 2, existe un reporte de presión de individuos de la PGR, portando armas de manera intimidadora, además de la presencia de la ciudadana Irma quien hacia proselitismo a favor del Partido de la Revolución Democrática.”

De todo lo anterior, se concluye que no existe en las documentales hasta el momento analizadas, elementos que prueben de manera plena los hechos afirmados por el actor, puesto que en ningún momento se prueba que algún grupo de personas ejerciera presión o violencia física en contra de los funcionarios de la mesa directiva de casilla o sobre los mismos electores, pues de los incidentes registrados en las actas circunstanciadas analizadas, de fecha nueve y doce de marzo del presente año, sólo se desprenden incidencias en relación con ciertos disturbios provocados por “taxis” y por personas que portaban camisetas de color rojo en las cercanías de las secciones electorales 1042 y 988, sin que ellos coincidan de manera alguna con los hechos alegados por los representantes del actor en las sesiones respectivas, en el sentido de que, un grupo presuntamente simpatizantes del Partido de la Revolución Democrática que se auto denominó “caza mapaches”, portando camisetas de color negro, estuvieran ejerciendo coacción sobre los electores e incluso impidiendo la emisión del sufragio en las secciones 1042 y casilla 1035 contigua 2.

De las referidas actas, sólo se desprenden las manifestaciones hechas por los representantes de la coalición actora, presentes en las sesiones permanentes celebradas por el Consejo Municipal Electoral de Chalco, Estado de México, de fechas nueve y doce de marzo del presente año, en el sentido de que se tenían reportes de la presencia de los “caza mapaches” en los alrededores de la sección electoral 1042 y casilla 1035 contigua 2, sin embargo, tales aseveraciones se reducen a simples manifestaciones hechas por el actor, que generan sólo un indicio de la presencia de dicho grupo de personas, pues estos hechos no fueron corroboradas por las distintas comisiones conformadas por consejeros integrantes del consejo municipal responsable y por representantes de los partidos políticos, quienes durante todo el desarrollo de la jornada se dedicaron a verificar y constatar las incidencias acaecidas el día de los comicios en las casillas electorales instaladas en el municipio de Chalco, Estado de México.

Por otro lado, en nada benefician al hoy actor las pruebas que obran en autos, consistentes en escritos de protesta e incidentes, toda vez que sólo en el caso de la casilla 994 contigua 2, se presentaron dos escritos de incidentes en los que se relata que existieron irregularidades graves acreditadas y no reparables durante la jornada electoral y que “gente del Partido de la Revolución Democrática que anda vestida de negro (Teresa), se acerca a los votantes para decirles que voten por su partido, además, está haciendo señas obscenas a un representante de la Alianza para Todos”, tales aseveraciones no encuentran sustento en ninguna otra probanza de las ya analizadas, sin que de los indicios que se desprenden de dichos escritos de incidentes y de las documentales públicas exista coincidencias absolutas o notorias ni siquiera concuerdan en cuanto a la casilla en la que ocurrieron los hechos.

Cabe hacer mención que dicha coalición política ofreció y aportó diversas pruebas técnicas, instrumentos notariales, copias certificadas de denuncias penales y pruebas diversas, por lo que este Tribunal procede a su análisis en dos etapas sucesivas, en la primera de las cuales, las probanzas se analizan en forma particular y, en la segunda, se lleva a cabo su valoración de manera concatenada, adminiculando entre sí, los contenidos de cada una de ellas, así como con el contenido de las documentales públicas y escritos de incidentes hasta el momento valorados, para poner de relieve sus concordancias o, en su caso, discordancias y establecer su más exacto valor probatorio.

A continuación se presenta el siguiente cuadro esquemático, en el que se detalla la descripción de las referidas pruebas y de su contenido.

Por lo que respecta a la fe de hechos contenida en el acta número 20,163, del protocolo del Notario Público numero 11, Silvia Elena Meza Gerez, que contiene la fe de hechos sucedidos el día 15 de marzo de 2003, relacionada en el cuadro que antecede con el número 1), resulta apta para demostrar plenamente que el día 15 de marzo de 2003, Francisco Osorno Soberón le solicitó al fedatario le fueran certificadas siete fotografías contrastándolas con determinados lugares a los que supuestamente correspondían, sin embargo, en relación a que las fotografías correspondan al lugar que dice el citado funcionario corresponden, sólo se genera un indicio, pues el mismo no señala cuales fueron los elementos de los que se valió para no dejar lugar a dudas de que los lugares que aparecen impresos en las placas fotográficas corresponden a los mismos en los cuales él se constituyó, pues se infiere que fue por indicaciones del solicitante Francisco Osorno Soberón que el fedatario se constituyó en la esquina que forman las calles de San José y Perla, Colonia Nueva San Isidro, Chalco, Estado de México; en un lugar que se encuentra a 50 metros de distancia de la escuela primaria “José Luis Mora” esquina que forman las calles de Perla y San José, Colonia Nueva San Isidro, Chalco, Estado de México; y en la esquina que forman las calles Nuestra Señora de la Luz y Nuestra Señora de San Juan, Colonia Tres Marías, frente a la escuela primaria “Vasco de Quiroga”, Chalco, Estado de México.

Por cuanto hace a los medios de convicción marcados con los números 2), 3), 4), 5), 6) y 7), consistentes en testimonios de escrituras públicas que contienen la declaración rendida ante notario público de diversas personas, con el propósito de acreditar la violación a la libertad del voto, a través de la violencia física, coacción y amenazas sobre los electores, si bien, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 336 fracción I párrafo D del Código Electoral del Estado de México, se trata de documentos expedidos por quienes están investidos de fe pública de acuerdo con la ley y consignan en ellos hechos que les constan, se tiene que cuando se rinde el testimonio con las formalidades que en el numeral 338 del código anota se indican–declaraciones tomadas directamente de los declarantes, ante notario público, previa identificación y expresando la razón del dicho- la información que se vierte sólo constituye indicios que, para formar convicción, deben encontrarse adminiculados con diversos medios de convicción que produzcan la certidumbre de los hechos materia de la declaración, dado que el fedatario público sólo da fe de que ante él se rindieron las declaraciones que asentó en los documentos que expidió.

En relación con cada una de las probanzas relacionadas, además de señalar que todos los declarantes se identificaron ante el notario público, se puede precisar lo siguiente:

La documental descrita en el inciso 2), que consta en la escritura 1,104 y que contiene la declaración rendida por 39 personas, se tiene que sólo es parcialmente apta para producir indicios de que los hechos que en ellas se relatan tuvieron verificativo. En efecto, en algunos de los casos los testigos expresaron la razón de su dicho, sin que, por otra parte, señalen de que forma fueron amenazados o intimidados, y como dedujeron que las personas que supuestamente los intimidaron a ellos y a otros electores simpatizaban y militaban en el Partido de la Revolución Democrática, o con algún otro partido político; o bien, omiten señalar si venían regresando de emitir su sufragio en la casilla correspondiente se enteraron de los hechos acaecidos en otras mesas receptoras de votos y como se enteraron que de supuestos simpatizantes o militantes del Partido de la Revolución Democrática opinaban o ejercían presión al electorado en otras casillas, y bajo que elementos podían distinguir a personas con playeras rojas o con propaganda como simpatizantes de cierto instituto político, también omiten señalar como pueden estar seguras de que cierta gente no emitió su voto a consecuencia de los hechos que relatan como actos de presión, y en síntesis, los testigos omiten en la mayoría de los casos aportar elementos de tiempo, modo y lugar, y el resto de las declaraciones se omite señalar la forma en que fueron de su conocimiento los hechos sobre los que declararon, tornándose en ocasiones apreciaciones subjetivas y demasiadas vagas y genéricas.

En estas condiciones, la probanza objeto de análisis, únicamente resulta apta para crear el leve indicio de que en las secciones electorales 1036, 1035, 1039, 1037 y en las casillas 1036C1, 1038B, existieron ciertos hechos que pudieran constituir cierta presión o coacción sobre los electores.

Por lo que respecta a las documentales descritas en los incisos 3), 4) y 5), consistentes en declaraciones ante fedatario público, contenidas en las escrituras públicas 1105, 1106 y 1107, se tiene que los declarantes en algunas partes deponen sobre hechos que, relatan, les sucedieron a ellos mismos, de donde cabe deducir la razón de su dicho, y por tanto es dable considerar que con tal probanza se establece el indicio de que fueron acusados de comprar el voto, de que fueron interceptados por una camioneta, que fueron hostigados y agredidos en algunos casos, perseguidos y arrastrados en otros, de que en el caso de la coordinadora de campaña del Partido Revolucionario Institucional y el Presidente del Comité Directivo Municipal del citado instituto político éstos fueron acusados, amenazados y detenidos. Sin embargo, en otras partes los declarantes manifiestan situaciones en las que no explican como se enteraron por ejemplo de qué manera se cercioraron de qué personas instigadas o interceptadas no acudieron de manera posterior a votar, cayendo en ocasiones en afirmaciones demasiados vagas y genéricas en las que no especifican circunstancias de tiempo, modo y lugar, reduciéndose a señalar que les consta porque estuvieron en el lugar de los hechos, pero sin especificar en varias ocasiones cuál era ese lugar.

En lo atinente a las pruebas identificadas con los incisos 6) y 7), se tiene que resultan aplicables las mismas consideraciones generales que en el caso anterior, ya que también se trata de documentos expedidos por notarios públicos en cumplimiento de sus atribuciones, en los que constan las declaraciones que rinden de diversos hechos testigos que comparecieron ante el citado funcionario.

Vale la pena resaltar que la naturaleza del contencioso electoral, por lo breve de los plazos con los que se cuenta, no prevé, por regla general, términos probatorios como los que son necesarios para que sea el juzgador el que reciba una testimonial, o en todo caso, los previstos son muy breves; por consecuencia, la legislación electoral no reconoce a la testimonial como medio de convicción, en la forma que usualmente está prevista en otros sistemas impugnativos, con intervención directa del Juez en su desahogo, y de todas las partes del proceso. Sin embargo, al considerarse que la información de que dispongan ciertas personas sobre hechos que les consten de manera directa, puede contribuir al esclarecimiento de los hechos controvertidos, en la convicción de los juzgadores, se ha establecido que dichos testimonios deben hacerse constar en acta levantada por fedatario público y aportarse como prueba, imponiéndose esta modalidad, para hacer posible su aportación, acorde con las necesidades y posibilidades del contencioso electoral.

Por tanto, como en la diligencia en que el notario elabora el acta no se involucra directamente al juzgador, ni asiste el contrario al oferente de la prueba, tal falta de inmediación merma de por sí el valor que pudiera tener esta probanza, si su desahogo se llevara a cabo en otras condiciones, al favorecer la posibilidad de que el oferente la prepare ad hoc, es decir, de acuerdo a su necesidad, sin que el juzgador o la contraparte puedan poner esto en evidencia, ante la falta de oportunidad para interrogar y repreguntar a los testigos, y como en la valoración de ésta no se prevé un sistema de prueba tasado, por la forma de su desahogo, la apreciación debe hacerse con vista a las reglas de la lógica y a las máximas de la experiencia, en consideración a las circunstancias particulares que se presenten en cada caso, y en relación con los demás elementos del expediente, como una posible fuente de indicios.

Por lo que respecta a la documental descrita con el inciso 8) que consiste en una denuncia de carácter penal, por comparecencia, se tiene que sólo resulta apta para acreditar la interposición de la misma, por la persona que se indica, sin que resulte, por sí sola, suficiente para demostrar los hechos en ella descritos; ya que se trata de denuncias que se componen de manifestaciones unilaterales que realizan los interesados.

Es importante destacar que la presentación de las denuncias no permite arribar a la conclusión de que se hayan hecho valer los medios de impugnación previstos en la ley para combatir los hechos o actos previos a la fecha de la jornada electoral, ya que en todo caso, lo procedente era que se promovieran aquellos previstos en el Código Electoral del Estado de México, independientemente de la procedencia de otras vías jurídicas, como lo es la penal.

Ahora bien, como ya se señaló, la sola circunstancia de que una persona comparezca ante el ministerio público a narrar una serie de hechos, no es suficiente para que se tenga por probado plenamente, a partir de su dicho, sobre el cual no existe certeza plena de su veracidad, los hechos que en las mismas se relatan. Empero, como tampoco existe la certeza de que lo expresado no sea verdad, constituye un indicio de lo aseverado, que puede verse robustecido con diversas pruebas.

Respecto de las pruebas técnicas que comprenden los incisos 9), 10), 11) y 12) cabe apuntar lo siguiente: de manera preliminar resulta necesario asentar que las pruebas técnicas, al igual que las documentales privadas, ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y la dificultad para demostrar de modo absoluto e indudable las falsificaciones o alteraciones, así como el hecho notorio e indudable que actualmente existen, al alcance común de la gente, un sinnúmero de aparatos, instrumentos y recursos tecnológicos y científicos para la obtención de imágenes impresas, fijas o con movimiento, de acuerdo al deseo, gusto o necesidad de quien las realiza, ya sea mediante la edición total o parcial de las representaciones que se quieran captar y de la alteración de las mismas, colocando a una persona o varias en determinado lugar y circunstancias, o ubicándolas de acuerdo a los intereses del editor, para dar la impresión de que están actuando conforme a una realidad aparente. Sin que lo expuesto implique, por supuesto, la afirmación de que los oferentes hubieren procedido de ese modo, ya que sólo se destaca la facilidad con la que cualquier persona lo puede hacer, y que tal situación es obstáculo para conceder a los medios de prueba como los que se examinan, pleno valor probatorio, si no están suficientemente adminiculados con otros elementos que sean bastantes para suplir lo que a éstos les falta. Así, en principio, las fotografías, o incluso los videos, de forma aislada no pueden probar los hechos invocados en el escrito de demanda.

Consecuentemente, con las fotografías a las que alude el numeral 9), en las que se muestra a diversos grupos de personas en los alrededores de diversas calles, cerca de casas, edificaciones, comercios, personas cerca de autos, o camionetas los cuales se encuentran frente a edificaciones o casas, personas aglutinadas, personas del sexo masculino que aparecen retratadas con camisetas color negro las cuales portan al frente la leyenda “GRUPO CAZA MAPACHE”, personas que portan del mismo modo playeras negras y en el reverso portan la leyenda “5346-3106”, un grupo de personas en las cercanías de calles, algunas edificaciones y un portón, personas que en su camiseta negra porta la leyenda “¡denúncialos! 01(800) 833-7233, 5346-3103”, personas que aparecen retratadas sobre una acera, al fondo se aprecian edificaciones y denotan algunos árboles, no se demuestra que los sujetos allí retratados ejercieran coacción sobre los electores, o que interceptaran electores agrediéndoles física y psicológicamente, pues de las imágenes no se desprende información alguna en dicho sentido, como tampoco es posible inferir de las mismas una imputación directa al Partido de la Revolución Democrática o algún otro, ya que su manufactura, edición o distribución pudo haber sido ordenada o realizada por cualquier persona.

Por ende, se tiene que las mismas sólo son aptas, por sí solas, para demostrar que se tomaron las placas fotográficas y que en el lugar y momento en que se imprimieron éstas se encontraban los vehículos, las edificaciones y personas ahí descritos.

Al igual que en el caso anterior, los videos señalados con los incisos 10), 11) y 12), en el que se muestran los acontecimientos acaecidos según señala el actor el día de los comicios, constituyen apenas un leve indicio. Empero, con estas grabaciones sólo se prueba la existencia de propaganda del Partido del Trabajo, del Partido Alianza Social y de diversos institutos políticos colgada en los postes, en ocasiones frente a una casilla, de diversas personas realizando encuestas en la vía pública, personas anotando datos frente a casillas, varias personas que traen playeras rojas, personas de playeras negras con esposas en la cintura, de personas discutiendo sobre cuestiones de detención y comparecencias ante el Ministerio Público, filmaciones dentro de una camioneta, así como de discusiones entre conductores de automóviles, personas con playeras negras que dicen “CAZA MAPACHES”, personas aparentemente agredidas, personas portando la camiseta negra que ostenta la leyenda “caza mapaches” afuera de una casilla, un grupo de personas que se ostentan como consejeros y entran donde se está llevando a cabo la apertura de las urnas y el conteo de las boletas, grabación de hojas de resultados de diversas casillas; sin que se pueda apreciar de su contenido los hechos que alega el actor, en el sentido de que los sujetos allí filmados ejercieran coacción sobre los electores, o que interceptaran electores agrediéndoles física y psicológicamente, o que intimidaran a los electores o los presionaran con el objeto de que votaran a favor de determinado instituto político, como tampoco que dichos actos hayan sido llevados al cabo por el instituto político al que se le imputa o por algún otro. En todo caso, para que dichos videos tuvieran plenos efectos de convicción, tendrían que relacionarse con otras probanzas.

Por último, en relación con el medio de convicción reseñado con el inciso 13), dicha prenda (playera negra) no constituye un medio de prueba de los admitidos por el Código Electoral del Estado de México, y su valoración se hace en el sentido de que forma parte de los autos, y de la instrumental de actuaciones ofrecida por el actor en lo que más convenga a sus intereses, sin embargo, con dicha prenda no se puede concluir que existieron los hechos alegados por el actor.

Así, en relación con este material probatorio, individualmente considerado, sólo es posible inferir que el día de la jornada electoral en los alrededores de algunas casillas electorales existió la presencia de individuos que portando camisetas de color negro, algunas con la leyenda “GRUPO CAZA MAPACHES” quienes se dedicaron a filmar, fotografiar y en ocasiones a ocasionar disturbios, sin que sea posible deducir algún otro aspecto.

Ese limitado valor probatorio deriva del hecho de que no se realizaron a través de los actos y mecanismos que los propios presidentes de casilla, de acuerdo con sus atribuciones, tienen expeditos y a su alcance, como son las hojas de incidentes que se levantan dentro de la jornada electoral, además de que los otros partidos políticos interesados carecieron de la oportunidad procesal de repreguntar a los declarantes.

A mayor abundamiento es de decirse que en las diversas actas notariales ofrecidas por el actor se describen hechos distintos respecto del mismo evento, por lo que no hay certeza alguna de lo consignado en cualquiera de estas actas notariales, al existir discordancia en los hechos narrados en éstas.

Existen algunas coincidencias muy leves y éstas se dan en el caso de que personas transitaban por las calles o se apostaban en los alrededores de algunas casillas electorales portando las camisetas negras, algunas con la leyenda de “GRUPO CAZA MAPACHE”, que dichas personas fueron vistas por diversas personas, pero sin embargo, estos indicios no se pueden relacionar de manera lógica con los demás elementos que se desprenden de las documentales públicas consistentes en actas de jornada, escrutinio y cómputo y hojas de incidentes analizadas de manera previa, ya que incluso en las casillas de las que se desprende la presencia de disturbios o de personas que portaban playeras negras con la ya citada leyenda “GRUPO CAZA MAPACHE”, no corresponden a las relatadas por los diversos testigos que comparecieron ante fedatario público, ni se puede vincular con las fotos o videos.

En el mejor de los casos se genera un fuerte indicio en relación con la casilla 1036C1, de la cual en la hoja de incidentes correspondiente se desprende que el grupo de personas denominado como “CAZA MAPACHE” estaba tomando fotos en la casilla, lo cual se corrobora con lo dicho por un testigo el mismo día de los comicios y que consta en el acta notarial 1104, sin embargo, como ya se anotó con anterioridad tal hecho no puede acarrear la nulidad de la votación recibida en la casilla en mención, pues en primer lugar no constituye una causal de nulidad de las contempladas por el código electoral del Estado, pues el tomar fotos a juicio de esta autoridad no constituye siquiera una irregularidad grave que afecta la votación recibida en las casillas.

Consideraciones similares se pueden verter en relación con los hechos acaecidos en las cercanías de la sección electoral 988, sin que se pueda determinar en qué grado tales hechos influyeron en cada una de las casillas instaladas en esa sección, pues en el acta de sesión permanente celebrada por la autoridad responsable el día de los comicios, se anota un incidente reportado por la Comisión correspondiente en el sentido de que se informó al Consejo, que al llegar al lugar cerca de la sección 988, la calle Avenida San José, el acceso a ésta se encontraba cerrado por simpatizantes de Partido del Trabajo, con unidades de servicio de transporte (taxis), que se ostentaron como simpatizantes del Partido del Trabajo, que enseguida arribó al lugar Lorena Villavicencio Ayala quien se ostentó como miembro del Partido de la Revolución Democrática insultando verbalmente a los Consejeros Electorales presentes, que el Comandante Arturo Bernal y el grupo ASES, estuvieron presentes como apoyo de la Policía Estatal, que se resolvió la situación, toda vez que la votación en ningún momento se suspendió en la casilla que fue verificada por la Comisión. Asimismo, en el acta notarial 1106 se anota que en la colonia Nueva San Isidro estaba la señora MARTHA PATRICIA SÁNCHEZ MACÍAS, Coordinadora de Campaña del PRI y el señor ISMAEL LAURRABAQUIO GUILLÉN, Presidente del Comité Directivo Municipal del PRI, que iban por la Avenida San José como a las tres de la tarde y se detuvieron al ver que su compañero EULOGIO ABOYTES estaba rodeado por gente del PT, PRD, y PAN, vestidos con playeras negras de “CAZA MAPACHES” que los acusaron de delitos electorales los amenazaron y los tuvieron ahí por espacio de hora y media, que después llegó una persona llamada LORENA VILLAVICENCIO quien los acusó de cometer delitos electorales por tener boletas clonadas, que después los llevaron a la PGR sin decirles cuál era su situación jurídica y los tuvieron en una sala de espera no tuvieron contacto con el Ministerio Público y no les tomaron ninguna declaración, que la Autoridad Federal se declaró incompetente, pero que ellos sí levantaron un acta en el fuero común de privación ilegal de la libertad, sin embargo, tales irregularidades o sucesos que incluso podrían llegar a constituir conductas delictivas y que fueron denunciadas,  como consta en las copias certificadas de la averiguación previa CHA/DEL/II/816/03, sin embargo, tales hechos son ajenos a la recepción de la votación en las casillas instaladas en la sección electoral mencionada, como se puede colegir de las razones asentadas en los documentos adminiculados.

Hechas las anteriores excepciones, las cuales no pueden acarrear la nulidad de votación demandada por la coalición actora, al resto del material probatorio no se les puede conceder valor probatorio pleno, sino de leves indicios los cuales por sus notorias discrepancias o ambigüedades no se pueden adminicular entre sí, para generar una unidad probatoria lo suficientemente fuerte que de manera idónea demuestre los hechos narrados por el enjuiciante, pues no se encuentran respaldadas con lo asentado en las documentales públicas que se levantan el día de la jornada electoral en las Mesas Directivas de Casilla, ya que en tales instrumentos existe muy poco en relación con lo alegado por el actor, generándose mas que certeza, incertidumbre respecto de lo que realmente aconteció en el evento para el cual fueron levantadas.

En conclusión, todos y cada uno de los indicios deducidos del acervo probatorio consistente en instrumentos notariales, pruebas técnicas, denuncias penales y pruebas diversas, tienen como característica común la de ser muy endebles y discordantes entre sí, ya que provienen de materiales probatorios de escasa confiabilidad, por las facilidades existentes para su elaboración por la generalidad de las personas, así como para su modificación o alteración.

Ahora bien, toda vez que el actor no relaciona documento alguno o probanza que permita desvirtuar el contenido o valor de las actas de la jornada electoral, de las hojas de incidentes, de las actas de escrutinio y cómputo, correspondientes a las casillas en estudio, de las actas relativas a las sesiones permanente realizadas por la autoridad responsable los días nueve y doce de marzo del presente año, o bien, las pruebas aportadas por el actor no resultaron idóneas para probar sus alegaciones, es menester que se imponga el contenido de las citadas actas públicas, en el sentido de que durante la jornada electoral no se registró incidente alguno en las citadas casillas que guardara relación con la causal en comento. En efecto, no existe, salvo las excepciones anotadas, al menos un indicio relativo a que ocurrieron hechos relacionados con la violencia física o presión sobre los miembros de las mesas directivas o sobre los electores, los cuales sean suficientes para generar la nulidad de la votación recibida en casilla, según se establece en la fracción IV en relación con la fracción XIII del artículo 298 del Código Electoral del Estado de México, motivo por el cual se estima que no se encuentra elemento alguno que lleve a otorgarle la razón a la coalición política promovente.

En razón de lo anterior, se concluye que al no estar cabal y completamente, acreditada la causa de nulidad de la votación que la Coalición Alianza para Todos invoca en las casillas de mérito, ésta debe permanecer válida.

XIII. En cuanto a los agravios aducidos por la Coalición Alianza para Todos, en relación con la fracción VI del artículo 298 del Código Electoral del Estado de México, se considera lo siguiente:

De manera general el actor señala que en las casillas 987C1, 1019C2, 1037C1 y 1046B, se permitió votar a ciudadanos sin credencial para votar con fotografía, o sin estar inscritos en la lista nominal correspondiente, sin ser considerados dentro de los casos de excepción que señala la ley de la materia, lo que fue determinante en el resultado final de la votación recibida en las citadas casillas.

1) Respecto de la casilla 987C1, señala el accionante que la mesa directiva de la misma permitió emitir el sufragio a tres personas que acudieron a votar sin estar asentados sus nombres en la lista nominal de electores de la sección, que ello consta en la hoja de incidentes respectiva.

2) Que le irroga perjuicio el hecho de que en la casilla 1019C2, se recibió la votación de diez personas cuyo nombre no aparece en la lista nominal de la sección, que ello lo demuestra con el acta de escrutinio y cómputo y hoja de incidentes correspondientes.

3) Que le causa agravio, el hecho que se consintiera que sufragara un ciudadano sin la credencial para votar con fotografía en la casilla 1037C1, ya que éste no portaba su credencial y traía la de su hermana. Que ello lo demuestra con el escrito de incidentes presentado por el representante del actor ante dicha mesa directiva de casilla.

4) Que en la casilla 1046B, se permitió votar a un ciudadano, sin estar incluido en la lista nominal. Que ello se encuentra consignado en la hoja de incidentes.

Son INFUNDADAS las alegaciones hechas por el promovente.

A continuación, se inserta un cuadro comparativo que contiene la siguiente información:

a) Número de casilla; b) incidencia consignada en el acta de jornada electoral; c) incidencia consignada en la hoja de incidentes; d) la razón de si el ciudadano aparece o no en la lista nominal correspondiente; e) la votación obtenida por el primero y segundo lugar en la casilla obtenida de las actas de escrutinio y cómputo; f) lo asentado en escritos de incidentes o de protesta y; g) observaciones, en donde se asentarán algunas particularidades que sean necesarias para la resolución del caso concreto.

Cabe dejar aclarado que, la anterior información se recabó por este Tribunal, de las diversas constancias que obran en autos, tales como las actas de la jornada electoral, actas de escrutinio y cómputo, hojas de incidentes de las casillas cuestionadas, listas nominales, documentos que tienen valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 335, fracción I, 336 fracción I y 337 fracción I, del Código Electoral del Estado de México.

También se (sic) fueron tomados en cuenta los escritos de incidentes o protesta presentados por la coalición actora ante las autoridades correspondientes, presentados en las casillas impugnadas en relación con los hechos narrados por el actor y que son objeto de análisis en el presente Considerando, los cuales tienen valor probatorio en términos de los artículos 335 fracción II, 336 fracción II y 337 fracción II del Código Electoral del Estado de México.

Por último, la presuncional legal y humana, en términos del código de la materia en la Entidad, específicamente la fracción VI del artículo 335, artículo 337 primer párrafo y 338 primera parte del primer párrafo, así como, la instrumental en términos de la fracción V del artículo 336 y 337 fracción II de la legislación electoral local.

Lo infundado de los agravios hechos valer por el impugnante se sustenta en la información obtenida de las diversas documentales analizadas y que ha quedado reflejada en el cuadro que precede.

Como se puede apreciar en relación con las casillas 987C1, 1037C1 y 1046B, de las actas de jornada y hojas de incidentes (en los casos de las casillas cuyas actas obran en autos) no se desprende irregularidad alguna en el sentido de que se haya permitido sufragar a electores sin credencial de elector, o bien, sin que aparecieran en la lista nominal, incluso ni siquiera existen escritos de incidentes presentados por el actor ante las mesas directivas de las casillas impugnadas que guarden relación con las irregularidades alegadas, por lo que en tales casillas no se advierte irregularidad alguna en la recepción de los votos.

Ahora bien, por lo que hace a la casilla 1019C2, si bien en la hoja de incidentes correspondiente se señala que “Se hicieron válidos diez votos no encontrados en la lista nominal y van en la última hoja del padrón”, no se especifican quiénes fueron esas diez personas no encontradas en la lista nominal a las que corresponden esos diez votos aludidos lo que impide verificar en la lista nominal correspondiente si efectivamente en dicha casilla votaron diez personas no inscritas en la lista nominal, generándose en consecuencia un indicio leve al no darse los elementos necesarios para estar en aptitud de corroborar si efectivamente lo asentado por el funcionario de casilla en la citada hoja de incidentes corresponde a la realidad. Sin embargo, y en el mejor de los panoramas para el promovente en el supuesto de que efectivamente en dicha mesa receptora de votos se emitieron diez sufragios de manera ilegal, tal irregularidad no sería determinante para el resultado de la votación toda vez que el partido que ocupó el primer lugar obtuvo 95 votos y el segundo 73, por lo que si sumamos al segundo lugar los diez votos irregulares, el primer lugar sigue ganando por una diferencia de 12 votos.

Al respecto cabe citar la tesis de jurisprudencia emitida por este Tribunal, la cual se puede consultar en la página 65 de la Revista del Tribunal Electoral del Estado de México número 3 correspondiente al año 2000, cuyo rubro reza “SUFRAGAR SIN CREDENCIAL O SIN APARECER EN LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES. SU INTERPRETACIÓN PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSAL DE NULIDAD.”

XIV. En este apartado, se analizarán los agravios concernientes a las casillas en las que la Coalición Alianza para Todos asegura que se actualiza la hipótesis de nulidad de votación prevista en el artículo 298 fracción VIII del Código Electoral del Estado de México.

Dicha causal de nulidad la hace valer respecto de la votación recibida en 11 casillas, mismas que se señalan a continuación: 987B, 995C3, 995C4, 995C5, 1036B, 1036C1, 1036C3, 1044C1, 1046C1, 1052B y 1036C2.

El inconforme argumenta de manera general que le causa agravio el hecho de que la votación en las casillas enumeradas haya sido recibida, así como realizado el cómputo, por personas u órganos distintos a los facultados por el Código Electoral del Estado de México.

Particularmente el actor señala que:

1. En el caso de las casilla 1046C1, 995C3, 995C4, 995C5 y 1036C1, alega que los 2º escrutadores, fungieron a pesar de no estar inscritos en el listado nominal y que no existe constancia de las razones de su cambio en la hoja de incidentes correspondientes.

2. En la casilla 987B, que el presidente y secretario de dicha mesa receptora no se encuentran en la lista nominal de la sección, y que de la hoja de incidentes correspondiente no se aprecia una causa justificada.

3. Casilla 1036B. El secretario de la citada mesa receptora de votos no aparece en la lista nominal de la sección, incluso de localiza en una diversa correspondiente a otra sección electoral.

4. En relación con la casilla 1036C3 el segundo escrutador aparece en la lista nominal de una sección electoral distinta, además de que se encuentra dentro de la relación de los representantes de partidos ante la mesa directiva de casilla.

5. Casilla 1044C1. El segundo escrutador además de no aparecer en la lista nominal de la sección, se señala que dicho funcionario no presentó su credencial de elector.

6. En la casilla 1052B, el segundo escrutador fungió a pesar de ser el representante del Partido de la Revolución Democrática en dicha casilla, que ello consta en el acta de escrutinio y cómputo correspondiente. Que el mismo supuesto se presenta en el caso de la casilla 1036C2, además de que dicho representante de partido político no aparece en la lista nominal.

Expuestos los argumentos que hace valer el enjuiciante, en lo subsiguiente es necesario dilucidar, con base en la valoración de las pruebas existentes en autos, si se acreditaron los extremos del supuesto normativo previsto en la fracción VIII del artículo 298 del Código Electoral del Estado de México.

A continuación para el efecto de contestar los motivos de agravio que se hacen valer en relación a las casillas impugnadas y con el fin de que el estudio correspondiente resulte más ilustrativo, primeramente se insertará un cuadro comparativo que contendrá la siguiente información:

a) Número de casilla; b) Personas designadas por la autoridad electoral antes de la jornada electoral para recibir la votación; c) Ciudadanos que actuaron como funcionarios de mesa directiva de casilla durante los comicios;. d) Observaciones; en este rubro se incluirá, en su caso, datos relativos a los funcionarios sustitutos que no habían sido designados previamente por la autoridad electoral, precisándose si aquéllos se encontraban inscritos en la lista nominal de electores de la casilla impugnada o en la sección electoral que comprenda aquélla, o bien, si estaban designados como representantes de partidos políticos y coalición acreditados ante las mesas directivas de casilla.

La información que a continuación se presenta se recabó por este Tribunal, de las diversas constancias que obran en autos, tales como la primera y segunda “publicación del número progresivo, ubicación y nombre de los funcionarios de las mesas directivas de casilla electorales que se instalarán el 9 de marzo del año 2003, para recibir la votación en las elecciones para renovar a diputados de la LV legislatura del Estado y miembros de los 124 ayuntamientos”, de cada distrito, conocido comúnmente como encarte; también se tomaron en cuenta las actas de la jornada electoral, de escrutinio y cómputo y hojas de incidentes de las casillas cuestionadas. Documentos que, tienen valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 335, fracción I, 336 fracción I y 337 fracción I, del Código Electoral del Estado de México. La presuncional legal y humana, en términos de la citada codificación, específicamente la fracción VI del artículo 335, artículo 337 primer párrafo y 338 primera parte del primer párrafo. Por último, la instrumental en términos de la fracción V del artículo 336 y 337 fracción II de la legislación electoral en cita.