JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL.

EXPEDIENTE: SUP-JRC-079/2002.

ACTOR: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR.

MAGISTRADA PONENTE: ALFONSINA BERTA NAVARRO HIDALGO.

SECRETARIO: JACOB TRONCOSO ÁVILA.

 México, Distrito Federal, ocho de abril de dos mil dos.

 VISTOS para resolver los autos del juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-079/2002, promovido por el Partido Acción Nacional, por conducto de su representante, en contra de la resolución dictada el diez de marzo de dos mil dos, por el Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur, en el expediente TEE-RI-024/2002, integrado con motivo del recurso de inconformidad interpuesto por el propio instituto político actor; y,

R E S U L T A N D O :

I. El tres de febrero de dos mil dos, en el Estado de Baja California Sur, se llevó a cabo la etapa de la jornada electoral, entre otras, de la elección de ayuntamientos.

II. El seis del propio mes, el Comité Municipal Electoral del Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, con residencia en San José del Cabo, celebró sesión en la que realizó el cómputo de la elección de dicho ayuntamiento; declaró la validez de la misma y expidió la constancia de mayoría a los miembros de la planilla registrada por la Coalición Democrática y del Trabajo.

Los resultados fueron los siguientes:

III. En desacuerdo con lo anterior, el doce de febrero de dos mil dos, el Partido Acción Nacional, por conducto de su representante, interpuso recurso de inconformidad. En él solicitó la nulidad de la elección del ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, por considerar que se actualizaba la “causal genérica de nulidad”, ya que desde su perspectiva, a lo largo del proceso electoral se infringieron los principios rectores de la materia electoral, tales como: legalidad, objetividad, independencia, imparcialidad y certeza.

Al efecto manifestó que hubo actos de proselitismo por parte de las autoridades locales para apoyar a la Coalición Democrática y del Trabajo, traduciendo lo anterior como presión sobre los electores, por ello impugnó la totalidad de las casillas instaladas en el municipio de que se trata, aduciendo que lo anterior actualizaba la causa de nulidad establecida en la fracción II del artículo 310 de la Ley Electoral de la referida Entidad Federativa, consistente en ejercer violencia física o existir cohecho, soborno o presión de alguna autoridad o particular sobre los funcionarios de la mesa directiva de la casilla o sobre los electores, de tal manera que se viole la libertad o el secreto del voto y tengan relevancia en los resultados de la votación de la casilla.

Por otra parte, demandó la invalidez de la votación recibida en diversas casillas, alegando como causales de nulidad, las siguientes:

Asimismo, impugnó ad-cautelam la asignación de regidores por el principio de representación proporcional, ya que consideró que la autoridad administrativa electoral, desarrolló erróneamente la fórmula electoral respectiva, y por ello solamente le asignó un regidor por dicho principio, cuando le correspondía más de uno en función de la votación obtenida.

 IV. El diez de marzo del presente año, el Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur, resolvió el mencionado medio de impugnación dentro del expediente TEE-RI-024/2002; sentencia cuyas partes considerativa y resolutiva, en lo conducente, son del tenor siguiente:

“...

II. Vistos los agravios hechos valer por el ciudadano licenciado Ramón Antonio Escalante Marrufo, en su carácter de representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Comité Municipal Electoral del Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, con sede en la ciudad de San José del Cabo, Baja California Sur, en contra de la totalidad de la elección recibida en todas y cada una de las casillas que integran el Municipio de los Cabos (sic) y en consecuencia, en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección; la declaración de validez; (sic) y en consecuencia, contra la expedición de las constancias de mayoría a la planilla registrada por la Coalición Democrática y del Trabajo, declarada como triunfadora. Subsidiariamente y ad cautelam (sic) la asignación de regidores por el principio de representación proporcional del propio ayuntamiento.

 III. Este órgano colegiado determina no entrar al análisis de los hechos y agravios que expresa el partido recurrente, habida cuenta que, en principio, pretende hacer valer una causal de nulidad a la que denomina causal genérica de nulidad, que no se encuentra contemplada en nuestra legislación electoral estatal, como se analizará a continuación y, en segundo término, se coloca en el supuesto de notoria improcedencia señalado en la fracción VI del artículo 338 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, que a la letra y en lo conducente dice:

 “Artículo 338. “El organismo electoral y el Tribunal Estatal Electoral podrán desechar aquellos recursos evidentemente frívolos o cuya notoria improcedencia se derive de las disposiciones de esta ley.

 En todo caso los recursos se entenderán como notoriamente improcedentes y deberán ser desechados de plano, cuando:

 I ...

 VI. No se hayan presentado en tiempo los escritos de protesta o no reúnan los requisitos que esta ley señala para que proceda el recurso de inconformidad.”

 Al efecto, en primer término, nos referiremos a la frivolidad del ocursante, por virtud de estar señalando una causal de nulidad que no está contemplada como tal en nuestra legislación, según se aprecia del contenido del numeral 310 de nuestra legislación electoral, que a la letra dice:

 “Artículo 310. Se declarará la nulidad de las votaciones recibidas en una casilla, únicamente en los siguientes casos:

I. Instalar la casilla electoral, sin causa justificada, en lugar distinto del señalado o en condiciones diferentes a las establecidas por esta Ley;

II. Cuando se ejerza violencia física o exista cohecho, soborno o presión de alguna autoridad o particular sobre los funcionarios de la mesa directiva de la casilla o sobre los electores, de tal manera que se viole la libertad o el secreto del voto y tengan relevancia en los resultados de la votación en la casilla;

III. Realizar, sin causa justificada, el escrutinio y cómputo en local diferente al determinado por el Comité Distrital Electoral correspondiente;

IV. Que exista dolo o error en el escrutinio y cómputo de los votos que beneficien a uno de los candidatos, fórmula o planilla de candidatos y que ésta sea determinante para el resultado de la votación, salvo que éste sea corregido en el cómputo correspondiente;

V. Cuando sin causa justificada el paquete electoral sea entregado al órgano electoral respectivo, fuera de los plazos que esta Ley establece y su contenido se encuentre alterado;

VI. Se hubiese permitido sufragar sin credencial con fotografía para votar o a aquellos cuyo nombre no aparezcan en la lista nominal de electores, salvo los casos de excepción señalados en los artículos 220 y 226 de esta Ley y siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación;

VII. Haber impedido el acceso a los representantes de los partidos políticos o haberlos expulsado sin causa justificada, y siempre que ello sea determinante para el resultado de la elección;

VIII. Se compruebe que se impidió, sin causa justificada, ejercer el derecho de voto a los ciudadanos y esto sea determinante para el resultado de la votación;

IX. La recepción de votación por personas u organismos distintos a los facultados por esta Ley; y

X. Recibir la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de las elecciones.”

(sic)... basta “leer de manera sencilla”, no analizar a caso a fondo, el numeral referido anteriormente, para apreciar que en su contenido no se comprende lo que el recurrente ha denominado como causal genérica de nulidad, ni gramatical ni por interpretación de manera que el criterio jurisprudencial que relaciona, que a la letra dice:

 “CAUSAL GENERICA DE NULIDAD. INTERPRETACION DE LA. Conforme a una interpretación sistemática y funcional de las disposiciones aplicables, se llega a las siguientes conclusiones: a). Las violaciones a las que se refiere el artículo 290, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que en la parte final de su texto también califica de "irregularidades", pueden ser las que se contemplan como causales de nulidad según el artículo 287 del Código de la materia, pero no únicamente éstas sino también cualquiera otra transgresión a la ley que se manifieste en un acto contrario a su texto o que implique que la ley no fue observada o fue indebidamente interpretada. Para que tales violaciones o irregularidades satisfagan el primero de los presupuestos de la norma, tienen que darse en forma generalizada, es decir, que si bien no actualizan causal de nulidad individualmente consideradas, constituyen por su amplitud una evidencia de que el desarrollo de la jornada electoral no cumplió con los principios constitucionales de certeza, legalidad y objetividad que deben imperar en toda elección; por ello, el Tribunal Federal Electoral como garante de que los actos electorales se sujeten invariablemente a tales principios, debe estimar objetivamente todos aquellos aspectos particulares del desarrollo de la elección para determinar la validez o nulidad de los resultados de la misma; b). El segundo de los presupuestos del precepto legal mencionado, consiste en que las violaciones realizadas sean sustanciales. Esta característica debe entenderse en el sentido de que tales violaciones o irregularidades atenten contra cualquiera de los elementos esenciales de la jornada electoral, es decir, que sean irregularidades que pongan en entredicho, principalmente, el escrutinio y cómputo de los votos emitidos y la debida integración de los órganos receptores de la votación. Al estar en presencia de violaciones sustanciales, se afecta la razón misma de la jornada electoral, que tiene como fin recibir la votación de los electores, y conforme al resultado numérico de ella, decidir quiénes han de desempeñar los cargos de elección popular; c). El tercer presupuesto de la norma, es el relativo a que las violaciones sustanciales que se den en forma generalizada en el Distrito Electoral sean determinantes para el resultado de la elección. Este elemento que en nuestra legislación, como en la de la mayoría de los países, tiene una especial importancia cuando se ha de juzgar sobre la validez de una elección, hasta ahora, ha sido interpretado por el Tribunal Federal Electoral en la mayoría de los casos, con un criterio numérico o aritmético, para deducir si el error en el cómputo de los votos es determinante. Sin embargo, es indiscutible que otras consideraciones que atañen al fondo de una elección son de tanta importancia, o más, que el criterio puramente aritmético. Conforme a lo dispuesto por la parte final del párrafo octavo del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los principios rectores de la función electoral, son: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Basta que no se satisfaga uno solo de los citados principios, para que una elección sea inaceptable, siendo ello suficiente para no confiar en el resultado de la elección; d). Finalmente, por la naturaleza de las irregularidades constatadas y por los elementos de juicio que obren en autos, si no hay razón alguna para imputar tales irregularidades al partido recurrente, debe tenerse por satisfecho el cuarto y último elemento de los presupuestos de la norma legal y, en consecuencia, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 290, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, las Salas del Tribunal deben declarar la nulidad de la elección.

 SC-I-RIN-199/94. Partido de la Revolución Democrática. 5-X-94. Unanimidad de votos.”

 (sic) ...el cual si bien es cierto ha sido emitido por el honorable Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no menos cierto es que dicho criterio así como otros emitidos y sustentados por dicho órgano jurisdiccional, no deben extrapolar los límites de las legislaciones, sino únicamente interpretarlas o llenar vacíos de las mismas para facilitar su aplicación y entendimiento pero, tan sólo aplicable el criterio referido, para todas aquellas actuaciones o resoluciones de autoridades electorales que aplican legislaciones de dicha naturaleza que, en sus dispositivos relativas, es decir, sobre causas de nulidad, contienen la causal genérica de nulidad, o en su defecto de ello, no señalan causales ciertas de manera limitativa sino enunciativas, como sucede en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de manera que en la especie no resulta aplicable, muy a pesar de que el honorable Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación así lo disponga, más como órgano encargado de velar por la constitucionalidad de los actos de autoridades electorales, como lo podría ser la que ahora nos ocupa; estará de acuerdo en que “No puede ir más allá de lo preceptuado por nuestra legislación electoral, máxime que por lo que hace a la causal en análisis, no presenta confusión o vacio alguno, por la razón sencilla de que no existe causa para ello”, sin embargo, existe razón suficiente para desechar la causal más que por resultar improcedente, por frívola, que definitivamente la hace improcedente. Ahora bien y suponiendo sin otorgar, que esta causal aplicase en la especie, por sí sola nada diría, habida cuenta que a juicio de este órgano colegiado, tendría que ser adminiculada con elementos de prueba que acreditasen que influyó en el resultado final de la elección. El argumento anterior, es decir, para considerar frívolo el proceder del recurrente al invocar la causal genérica de nulidad, se ve robustecido con el criterio jurisprudencial que a continuación se relaciona:

 “RECURSO FRIVOLO. QUE DEBE ENTENDERSE POR. “Frívolo", desde el punto de vista gramatical significa ligero, pueril, superficial, anodino; la frivolidad en un recurso implica que el mismo deba resultar totalmente intrascendente, esto es, que la eficacia jurídica de la pretensión que haga valer un recurrente se vea limitada por la subjetividad que revistan los argumentos plasmados en el escrito de interposición del recurso.

 ST-V-RIN-202/94. Partido Acción Nacional. 25-IX-94. Unanimidad de votos.

 ST-V-RIN-206/94. Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. 30-IX-94. Unanimidad de votos.

  Sala: Toluca.

 Época: Segunda.”

 A mayor abundamiento, la razón que esgrime este cuerpo colegiado para llegar a la convicción de que la llamada causal genérica de nulidad no aplica en la especie, consiste en el hecho de que, no obstante que el honorable Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en interpretación del artículo 287 relativo a causales de nulidad similares a las de nuestra ley electoral, haya determinado que de existir “... cualquier otra trasgresión a la ley que se manifieste en un acto contrario a su texto o que se implique que la ley no fue observada o fue indebidamente interpretada. Para que tales violaciones e irregularidades satisfagan el primero de los presupuestos de la norma, tienen que darse en forma generalizada, es decir, que si bien no actualizan causal de nulidad individualmente consideradas, constituyen por su amplitud una evidencia de que el desarrollo de la jornada electoral no cumplió con los principios constitucionales de certeza, legalidad y objetividad que deben imperar en toda elección...”. Habrá de ser analizada como causal; en nuestro Estado no aplica, toda vez que el numeral 287 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que al decir a la letra en su primer párrafo: “La votación recibida en una casilla será nula cuando se acrediten las siguientes causales...” “...no excluye la posibilidad de que pueda materializarse alguna otra causa grave que asimismo al igual que las determinadas de manera expresa por el numeral en comento, sea determinante para el resultado final de la votación, de ahí que el máximo Órgano de Jurisdicción Federal Electoral, haya tenido a bien en llenar el vació de la ley, que por sí había dejado en la ambigüedad el aún sentido gramatical del dispositivo, por lo que se precisó básicamente que se trataba de una enunciación de causales, no una limitación de las mismas pero, el dispositivo que para nuestra entidad aplica, es decir, el numeral 310, no deja lugar a duda y por lo mismo a interpretación alguna en dicho sentido, toda vez que señala de manera categórica:

 “Se declarará la nulidad de las votaciones recibidas en una casilla, únicamente, en los siguientes casos:...”

 (sic) ... como se aprecia, no existe mayor alternativa de posibilidad que en su caso se traduzca en causal genérica de nulidad, habida cuenta que el dispositivo es, como se ha manifestado, categórico al señalar de manera limitativa las causas por las que podrá ser declarada la nulidad en una casilla, de manera tal que no cabe la duda, la mayoría de razón ni la analogía, por lo que no aplica —dicho esto de manera por demás respetuosa—el criterio sustentado por el honorable Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, precisamente por la exactitud del concepto legal de nuestra Ley Electoral del Estado de Baja California Sur.

 IV. Asimismo, este cuerpo colegiado, determina no entrar al análisis de las causales de nulidad que de manera “genérica” funda el partido recurrente en todas y cada una de las señaladas por el numeral 310 antes transcrito, excepto por lo que se refiere a la fracción V, al manifestar en lo que identificó como “IV. Actos o resoluciones impugnados y organismo electoral responsable:

 A) Por las causales de nulidad contempladas en los artículos 310 y 311 de la ley electoral...”, a caso únicamente por aquellas que se refieran a la causal contemplada en la fracción I del numeral 310 de nuestro ordenamiento legal electoral, por las razones que se expondrán posteriormente en la presente resolución.

 Al efecto, no es válido pretender anular la elección correspondiente al Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, por vicios que supuestamente materializan las causales de nulidad previstas en las fracciones II, III, IV, VI, VII, VIII, IX y X del artículo 310 multicitado, -básicamente según escrito de impugnación: I, IV y IX-, en la votación recibida en todas y cada una de las casillas del municipio, señalando consideraciones subjetivas en beneficio del mismo y, el decir que se actualizan causales de nulidad inexistentes, desde el momento en que no medió escrito de protesta debidamente requisitado como lo señala el artículo 323 del ordenamiento legal invocado, según se aprecia del citado documento que a petición nuestra al Comité Municipal Electoral obra agregado a la pieza de autos, toda vez que no fue exhibido por el recurrente, mas no quedó sin su análisis correspondiente; haciendo constar los vicios que se pudiesen traducir en causales de nulidad acreditables, por lo que su proceder es intrascendente y por demás carente de objetividad legal, en virtud de que tal protesta, es sencillamente un requisito o presupuesto para la procedibilidad e interposición y substanciación del recurso de inconformidad, según lo dispone así el numeral 323 de la Ley Electoral del Estado.

 Así las cosas, resulta que en la especie simple y sencillamente si bien el recurrente presentó el llamado escrito de protesta ante el Comité Municipal de Los Cabos, Baja California Sur, en forma oportuna, en el que señala de manera genérica, de nulidad que a su juicio se observaron en totalidad de las casillas que se integran al Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, escrito en el que se considera el haber impedido el acceso a los representantes de los partidos o haberlos expulsado sin causa justificada, asimismo, el impedimento sin justa causa a ejercer el derecho de voto a los ciudadanos, que la votación haya sido recibida por personas u organismos distintos de los facultados por la ley y que la votación se haya recibido en fecha distinta de la señalada para la celebración de las elecciones –sic; el mencionado escrito de protesta, no cumple con los extremos que para su validez y aceptación señala la ley aplicable, como lo menciona la fracción VI del numeral 338 de la Ley Estatal Electoral del Estado de Baja California Sur, que antes ha sido trascrito, toda vez que: VI. No reúnan los requisitos que esta ley señala para que proceda el recurso de inconformidad. Por que se dice que el escrito de protesta no reúne los requisitos que den procedibilidad al recurso interpuesto atendiendo a lo relativo a “no reúnan los requisitos que esta ley señala”, por la sencilla razón de que incumple con el señalamiento que al efecto refiere el artículo 323 del ordenamiento legal electoral multicitado, en sus fracciones IV y V, que a la letra dicen:

 “...El escrito de protesta deberá contener:

 IV. La descripción sucinta de los hechos que se estimen violatorios de los preceptos legales que rigen el desarrollo de la jornada electoral; y

 V. Cuando se presente ante el Comité Distrital o Municipal Electoral correspondiente, se deberá identificar, además, individualmente cada una de las casillas que se pretende impugnar; y ...” ----para hacer notar irregularidades que hubiesen observado y que en su caso se traduzcan en causales de nulidad. Ahora bien, el escrito de protesta que presentó oportunamente el partido recurrente, como se aprecia de su lectura, en ninguna parte contiene descripción sucinta de los hechos ni individualiza cada una de las casillas que se pretende impugnar, de ahí que se considere al recurrente por no dando cumplimiento al requisito de procedibilidad. Requisito éste que si bien lo considera como inconstitucional, este cuerpo colegiado no resulta en su caso competente para analizar cuestiones de constitucionalidad, sino únicamente lo es para aplicar la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur de manera estricta. Asimismo, las condiciones o circunstancias que el recurrente considera como irregularidades en la recepción de la votación en las casillas que impugna; no se comprenden en las excepciones que el numeral 323 del propio ordenamiento legal invocado señala en su párrafo segundo –toda vez que de la lectura del escrito de protesta se aprecia que no se duele el recurrente de las causales de nulidad previstas en las fracciones I y V del multicitado artículo 310, aunque de su libelo impugnatorio refiere otra “cosa”, es decir, otras causales; a saber expresamente y en lo conducente:

 Artículo 323. “El escrito de protesta que se presente por los resultados contenidos en el apartado correspondiente al escrutinio y computación de la casilla del acta de la jornada electoral, es un medio para establecer la existencia de presuntas violaciones durante el día de la jornada electoral y requisito de procedibilidad para interponer el recurso de inconformidad.

No se requerirá la presentación del escrito de protesta cuando se impugne en los casos señalados en las fracciones III, IV y V del artículo 264, o se haga valer la causal de nulidad señalada en las fracciones I y V del artículo 310, o cuando se impugnen por error aritmético las actas de ... cómputo municipal de la elección ... de Ayuntamientos, ...”.

Como es de apreciarse, en la especie no se está impugnando el cómputo de la elección a ayuntamiento que se lleva a cabo como lo fue, en el Comité Municipal del Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, según así lo determina el numeral 272 del cuerpo legal invocado; por irregularidades detectadas, como lo podría haber sido, arguyendo: no coincidencia de las actas –hasta dicho momento, es decir, siendo observadas durante el cómputo, señalando en la propia acta resultante, la inconformidad que en su caso se tenga, que se observen errores aritméticos por virtud del cómputo –debiéndose asimismo señalar la inconformidad detectada ni, se está ante el grave supuesto de paquetes electorales con muestras de alteración. Circunstancias estas que se traducen u originan la salvedad a la regla en torno a los escritos de protesta, no siendo éstos requisitos de procedibilidad para el recurso de inconformidad cuando se está ante ellas, mas sin embargo, en la especie no se refiere la impugnación a situaciones como las indicadas anteriormente. Concomitantemente, de igual forma no se está recurriendo la elección recepcionada en todas y cada una de las casillas del Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, por la elección a ayuntamiento, por virtud de haber sido entregado el o los paquetes electorales al órgano electoral respectivo, como lo es propio Comité, fuera de los plazos que establece la ley y, que su contenido se encuentre alterado; como lo consagra la fracción V del artículo 310 del multicitado ordenamiento legal invocado, que asimismo se traduce en excepción a la regla que exige como requisito de procedibilidad la presentación del llamado escrito de protesta. Más aún, funda su pretensión en las fracciones II, III, IV, VI, VII, VIII, IX y X del numeral 310, que se refiere precisamente al ejercicio de violencia física, cohecho, soborno o presión ... (II); a la realización del escrutinio y cómputo en local diferente al determinado ... (III); a la existencia de dolo o error en el escrutinio y cómputo que se lleve a cabo en cada una de las casillas de que se trate ... (IV); que se hubiese permitido sufragar sin credencial o sin estar en el listado nominal ... (VI); por haberse impedido el acceso a los representantes de los partidos políticos o haberlos expulsado ... (VII); por comprobarse que se impidió, sin causa justificada, ejercer el derecho del voto a los ciudadanos ... (VIII); que se hubiese llevado a cabo la recepción de votación por personas u organismos distintos ... (IX) y; que se hubiese recibido la votación en fecha distinta a la señalada ... (X). Causales estas de nulidad que para su procedencia no sólo requiere sino que exige la presentación previa del escrito de protesta debidamente requisitado. Así las cosas, ha sido el propio recurrente quien ha dado cabida al desechamiento del medio de impugnación que hace valer por estas causales, por lo que no es dable cambiar el sentido de la presente resolución, según lo dispone el criterio que a continuación se relaciona, cuya razón es aplicable al presente caso:

 “IMPROCEDENCIA. DE LAS CAUSAS QUE SE FUNDAN EN DEFICIENCIAS DE LA DEMANDA SÓLO SE ACTUALIZAN SI SON IMPUTABLES A LOS PROMOVENTES. Las causas de improcedencia de los medios de impugnación en materia electoral, que se fundan en meras deficiencias de la formulación de una demanda, operan cuando las irregularidades de que adolecen son imputables a los promoventes, pero no cuando se originan en la insuficiencia o falta de claridad de las leyes o en la actitud o actuación incompleta o indebida de las autoridades que las aplican, que razonablemente puedan provocar confusión o desconcierto en los justiciables, e inducirlos a error en la redacción y presentación de los escritos de promoción o interposición de los juicios o recursos, toda vez que la finalidad perseguida con estos instrumentos procedimentales consiste en hacer realidad el acceso efectivo a la justicia, lo que es un imperativo de orden público e interés general, en tanto que el rechazo de las demandas por las causas mencionadas constituye una sanción para el actor ante el incumplimiento de éste de la carga procesal de satisfacer los requisitos legales necesarios para la viabilidad del medio de impugnación de que se trate, de manera que el acceso a la justicia constituye la regla, y la improcedencia por las omisiones indicadas, la excepción, que como tal sólo debe aplicarse en los casos en que se satisfagan claramente y en su totalidad los elementos que las constituyen, de modo que cuando existan las irregularidades pero se tenga la convicción firme de que éstas no provienen de la incuria o descuido de su autor, sino de las deficiencias de la ley o de la actitud o actuación de las autoridades, resulta inconcuso que falta un elemento fundamental para la actualización de la causa de improcedencia, consistente en el incumplimiento imputable al promovente de una carga procesal, y esto lleva a la admisibilidad de la demanda.

 Sala Superior. S3EL 025/2001

 Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-028/2001. Lucio Frías García. 10 de junio de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime del Río Salcedo.”

Como se aprecia, ha sido el recurrente quien ha incumplido con una carga procesal, por lo que en definitiva se actualiza la causal de desechamiento sin responsabilidad alguna para este cuerpo colegiado, por lo que incluso el recurso por lo que refiere a estas causales, es de considerarse frívolo, según el propio honorable Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo sostiene por virtud del siguiente criterio:

“CASILLAS. INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS. Cuando el recurrente señale en forma genérica que en todas las casillas de un Distrito se cometieron violaciones, sin individualizar éstas, debe desecharse el recurso por frívolo e improcedente ya que las causas de nulidad establecidas en la Ley deben ser particularmente precisadas y comprobadas.

Sala Central.

Época: Primera.”

A mayor abundamiento, al nada decir el recurrente en torno a los resultados obtenidos en el cómputo municipal, ya que no es suficiente firmar con la leyenda de “bajo protesta”, sin señalar en qué consiste tal protesta, a modo de inconformidad, de manera que se hubiese asentado está en la correspondiente acta circunstanciada que se levantó con dicho motivo y en preparación del ejercicio de sus derechos ante este honorable Tribunal Estatal Electoral como lo dispone el numeral 272 del ordenamiento legal multicitado, en sus fracciones I y III; carece de interés jurídico directo para promover este medio de impugnación, como se concluye en el criterio que a continuación se relaciona y transcribe:

“INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO. La esencia del artículo 10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral implica que, por regla general, el interés jurídico procesal se surte, si en la demanda se aduce la infracción de algún derecho sustancial del actor y a la vez éste hace ver, que la intervención del órgano jurisdiccional es necesaria y útil para lograr la reparación de esa conculcación, mediante la formulación de algún planteamiento tendente a obtener el dictado de una sentencia, que tenga el efecto de revocar o modificar el acto o la resolución reclamados, que producirá la consiguiente restitución al demandante en el goce del pretendido derecho político electoral violado. Si se satisface lo anterior, es claro que el actor tiene interés jurídico procesal para promover el medio de impugnación, lo cual conducirá a que se examine el mérito de la pretensión. Cuestión distinta es la demostración de la conculcación del derecho que se dice violado, lo que en todo caso corresponde al estudio del fondo del asunto.

Sala Superior. S3EL 002/2001

 Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-068/2001 y acumulado. Raymundo Mora Aguilar y Alejandro Santillana Ánimas. 13 de septiembre de 2001. Unanimidad de 5 votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Irma Dinora Sánchez Enríquez.”

 Al efecto, desde el momento en que el ahora recurrente estuvo representado ante el Comité Municipal multicitado y, habiendo firmado de conformidad –toda vez que no señaló objeción alguna con el resultado obtenido dicho representante la llamada acta circunstanciada levantada con motivo del cómputo municipal de la elección de ayuntamiento, es de concluirse por este concepto, que no le asiste derecho alguno para impugnar como lo hace, la votación de la totalidad de las casillas, por lo que se robustece para todos los efectos legales a que haya lugar, el desechamiento que ahora se decreta, por lo que se refiere a las causas de nulidad que no se encuadran en la excepción a la regla relativa a la presentación previa del escrito de protesta.

 A más de lo anterior y, suponiendo sin otorgar, de las evidencias probatorias documentales que el propio recurrente exhibe, no obstante que por los argumentos vertidos anteriormente no se analicen todas y cada una; no se aprecia que en efecto se hubiese materializado causal alguna de nulidad, por el contrario, se evidencia que las cosas sucedieron de manera normal durante la jornada electoral y, que todo aquel error involuntario suscitado durante el escrutinio y cómputo de la casilla, fue debida y oportunamente corregido en el cómputo municipal, por lo que asimismo no se encuentran motivos suficientes para determinar que el resultado final se haya visto afectado a favor de fórmula alguna, tanto es así, que de la sumatoria de la votación recibida por los partidos diversos de la coalición triunfadora, se aprecia que ésta fue mayor a la recibida por esta última, es decir, la Coalición Democrática y del Trabajo.

V. Por lo que se refiere el recurrente asimismo en términos “Genéricos”, a la causal de nulidad prevista en la fracción I, del artículo 310 multirreferido –no obstante no haber protestado por dicha causal–, que consiste en la instalación de casillas, sin causa justificada, en lugar distinto del señalado o en condiciones diferentes a las establecidas por esta ley y que el inconforme manifiesta haberla observado en las casillas, 298 B, 298 C2, 298 EXT., 301 C2, 306 C, 313 C, 317 B y 0336 B, que conlleva en su caso a la práctica del cómputo de casilla, consecuente en lugar diverso al autorizado por el Consejo. Esta última apreciación no será analizada como una causal más de las manifestadas por la recurrente, habida cuenta que es únicamente consecuencia de la principal relacionada anteriormente, de manera que seguirá su suerte para todos los efectos legales a que haya lugar; es de señalársele al recurrente, que intenta simular actos que no ocurrieron o fabricar causales que no se materializaron, toda vez que como a manera de ejemplo se menciona –asimismo en el escrito de impugnación–, las casillas 317 B y 336 B, sobre las que a manera de ejemplo tenemos que: en la casilla 317 B, que refería el encarte al domicilio de Jardín de Niños Pedro González Orduña cito en Calle Narciso Mendoza entre 20 de Noviembre y Venustiano Carranza Colonia Juárez y, por error únicamente se señaló en el acta correspondiente, Colonia Juárez, mas en la especie operó la recepción de la votación en el lugar que le hubo correspondido por acuerdo de Comité Municipal. Ahora, por lo que corresponde a la casilla 336 B, se informó en el encarte que su domicilio era el correspondiente a la Casa de la Señora María Antonia González, a la que precisamente le corresponde el domicilio de Huachinango y Barracuda M23 L1 y, en el llenado del acta correspondiente se le indicó Huachinango y Barracuda Mz23 L1, que se refiere al mismo domicilio ubicado por el encarte, por lo que en la especie operó la recepción de la votación en el lugar que le hubo correspondido por acuerdo de Comité Municipal. Ahora, suponiendo sin otorgar, que en alguna casilla se hubiese actualizado algún cambio de domicilio –no una causal de nulidad–; es de explorado derecho, de que la nulidad sobrevendrá por ello, únicamente si se originó confusión y desorientación en el electorado, lo cual en la especie no ocurrió, habida cuenta que en cada una de las casillas se recibió más del 50% de la votación del padrón que integra del listado nominal de cada una, de ahí que la causal invocada no se materialice, acorde a lo señalado por diverso criterio del honorable Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que a la letra dice:

 “INSTALACIÓN DE LA CASILLA SIN CAUSA JUSTIFICADA EN LUGAR DISTINTO AL SEÑALADO POR LA JUNTA ACTUAL­MENTE CONSEJO DISTRITAL CORRESPONDIENTE. INTERPRETACIÓN PARA LOS EFEC­TOS DE LA CAUSA DE NULIDAD. En las resolu­ciones de la Sala Central del Tribunal Federal Electoral, en las que los partidos recurrentes han solicitado la nulidad de vota­ción de casillas, en razón de que éstas se han instalado sin causa justificada en lugar distinto al señalado por la Junta actualmente Consejo Distrital, se han sentado diversos criterios respecto a la interpretación y alcance de las disposiciones relativas en la materia, siendo los más importantes los siguientes: I. La Sala Central del Tribunal Federal Electoral sostiene que no puede convalidarse una transgresión expresa de la ley, por el común acuerdo entre autoridades y representantes de los partidos políticos, las disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, son de orden público y por ende, su cumpli­miento no puede quedar al arbitrio de los agentes que participan en el proceso electoral. El único caso de excepción que se contempla, es el caso del común acuerdo a que se refiere el artículo 215 párrafo 1 inciso d) del Código de la materia, pero para que este principio opere y se tenga por justificada la causa, para la instalación de una casilla en lugar distinto al señalado, es indispensable además, que se acredite de manera indubitable, que se da alguna de las causas que establece el propio precepto en comentario, o sea, que las condi­ciones del local no permitan asegurar la libertad o el secreto del voto o el fácil y libre acceso de los electores, o bien no garanticen la realización de las operaciones electorales en forma normal. II. El común acuerdo a que se refiere el inciso d) párrafo 1 del artículo 215 del Código de la materia puede tenerse por acreditado cuando del acta de instala­ción actualmente apartado de instalación del acta de la jornada electoral no se desprenda que hubo oposición al cambio y en ella aparezcan las firmas, sin que se consigne que se estam­pan bajo protesta, de los represen­tantes de los partidos políticos presentes durante la instala­ción de la casilla. III. Si en el acta de instala­ción de la casilla actualmente apartado de instalación del acta de la jornada electoral aparece la firma del repre­sentante del partido político recurrente, debe darse plena validez a la manifestación de voluntad formulada precisamente en ese momento en que el propio recu­rrente participó en el acuerdo que motivó dicho cambio, y por ende, resulta improcedente la posterior impugna­ción hecha por el partido recurrente. IV. Para los efectos de la hipótesis contemplada en el inciso b) párrafo 1 del artículo 215 del Código de la materia, se entiende que el local se encuentra cerrado y no se puede realizar la instalación de la casilla, cuando quienes habitan en el local, por cualquier circunstancia, no permiten la instalación, impidiendo a los funcionarios correspondien­tes el acceso al lugar. V. La intención del legislador al fijar un lugar para la ubicación de las casillas, responde al cum­plimiento del principio de certeza que va dirigido tanto a los partidos como a los electo­res de manera tal que se oriente a los votantes respecto al lugar donde deben ejercer su derecho de sufragio, por ende, por lugar de ubicación de la casilla no debe entenderse únicamente una dirección entendiendo por ésta una calle y un número, sino que lo pre­ponderante, son los signos externos del lugar que garanticen su plena identificación evitan­do inducir a confusión al electorado; por ello, esta finalidad primordial de certeza, no se ve desvirtuada cuando la casilla se instala en lugar distinto al señalado, pero de manera tal que por la proximidad física y los signos externos no provocan desorientación o confu­sión en el electorado.”

 Como se aprecia, no existe lugar a duda sobre el cumplimiento de las garantías de legalidad y certeza para la votación recibida en las casillas, 298 B, 298 C2, 298 EXT., 301 C2, 306 C, 313 C, 317 B y 0336 B del Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, por lo que es de declararse inoperante la impugnación planteada por el recurrente, máxime que para ninguna casilla se hubo manifestado en dicho sentido el representante del recurrente en cada una de ellas y, para decretar lo anterior, basta el análisis de las diversas actas que se levantaron con motivo del desarrollo de la jornada electoral en cada una de las casillas del Municipio, lo anterior por virtud del análisis de los elementos documentales probatorios aportados por el propio recurrente, a los que se les otorga valor probatorio pleno en términos de lo señalado por los artículos 354, fracción I y 358, de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur. Por lo anterior, no se hace necesario entrar al análisis de los argumentos vertidos por el tercero interesado.

 VI. Por cuanto a la impugnación ad cautelam que formula el recurrente, no obstante el tratarse de una “acción” contradictoria, se le obsequia su análisis, toda vez que se limita a la aplicación de una fórmula matemática que con independencia de la contrariedad accionaria, determina resultados por ella misma, dando que al efecto se procede a la verificación de las manifestaciones vertidas por el recurrente, relacionándolas con el ejercicio aritmético que se lleve a cabo por este cuerpo colegiado.

 Así las cosas, el recurrente dice:

 “En virtud de que el Comité Municipal Electoral del Municipio de Los Cabos omitió restar a cada partido del total de su votación obtenida los 650.06 votos equivalentes al porcentaje mínimo de asignación y restar posteriormente ese resultado a la votación total emitida, como se marca claramente en el artículo 284 de la Ley Electoral del Estado, el cociente de unidad calculado por dicho Comité Municipal es erróneo en agravio del partido que represento –sic–, por lo que debe reponerse el procedimiento para que sea aplicado de manera correcta.

 Por ese error el Comité Municipal Electoral asignó sólo un regidor al Partido Acción Nacional mediante el factor de cociente de unidad, cuando le corresponden más de uno en función de la votación obtenida y de acuerdo a los artículos 284 y 286 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur.

 (continúa diciendo) Ese mismo error provocó que el Comité Municipal Electoral asignara la regiduría restante a un partido diferente del que represento a través del factor de resto mayor, el cual según la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, es el remanente más alto entre los restos de las votaciones de cada partido político, después de haber participado en la distribución de regidurías por el factor de cociente de unidad”.

 Al efecto, este cuerpo colegiado considera que en efecto ha habido un error de interpretación por parte del Comité Municipal de Los Cabos, Baja California Sur, toda vez que indebidamente al desarrollar la fórmula matemático-electoral para determinar el llamado cociente de unidad, se apoyó en lo siguiente:

 -    CU = 32,503 (VTE)

 -    15,281 (VPM) + {650.06 (PRI) +650.06 (PAN) +650.06 (PAS) +

-           650.06 (CPPN)}

2(REGIDURÍAS)

-           ... siendo que debió ser

CU = 32,503 (VTE)-15,281 (VPM)+{(9,976-650.06 PAN)+(3,385-

650.06 (PRI) +2,032-650.06 (PAS) +661-650.06 (CPPN)}

2(REGIDURÍAS)

 ... en estricto apego a lo señalado por el artículo 284, párrafo tercero, de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, resultando un cociente de unidad equivalente a 1,884.12, no así 7,310.88 como lo señala de manera errónea el Comité Municipal responsable, de manera que por este segundo principio, en efecto le corresponde al recurrente una segunda regiduría por el principio de representación proporcional. Ahora bien, por lo que corresponde al llamado resto mayor, es el caso que para cuya asignación el responsable no señala el procedimiento que hubo seguido, debió proceder como a continuación se señala:

 PAN (9,976-650.06-5.29(Resultado obtenido por aplicación de CU = 9,320.65.

 PRI (3,385-650.06-1.80 (Resultado por aplicación del CU = 2,733.14.

 Apreciándose que la votación mayor corresponde al recurrente por esta aplicación, por lo que en consecuencia le corresponde un regidor más por el principio de representación proporcional, debiendo quedar el acta de asignación como a continuación se indica:

 PAN (3 Regidores), PRI (1 Regidor), CPPN (1 Regidor) y PAS (1 Regidor), por el principio de representación proporcional.

 Por lo expuesto, razonado y fundado y con apoyo además en los artículos 1, 2, 3, 6, 264, 284, 310, 323, 325, fracción II, 327, 329, 331, 334, 336, 338, fracción VI, 341, 342, 343, 344, 346, 349, 353, 354, 361, 364, 366 y demás relativos aplicables de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, es de resolverse y se:

 Resuelve.

 Primero. Por las razones expuestas en los considerandos III y IV de la presente resolución; se desecha de plano el recurso de inconformidad interpuesto por el Partido Acción Nacional, presentado por el ciudadano licenciado Ramón Antonio Escalante Marrufo, en su carácter de representante propietario del recurrente, ante el Comité Municipal de Los Cabos Baja California Sur, con sede en la Ciudad de San José del Cabo, Baja California Sur, en fecha doce de febrero del año en curso, por lo que corresponde a la totalidad de casillas del Municipio de Los Cabos, Baja California Sur.

 Segundo. Por las razones expuestas en el considerando V de la presente resolución; se confirma la declaratoria de validez de la elección recibida en las casillas, 298 B, 298 C2, 298 EXT., 301 C2, 306 C, 313 C, 317 B y 0336 B para la elección de ayuntamiento y con ello, asimismo la validez de la constancia de mayoría expedida por el Comité Municipal de Los Cabos Baja California Sur, a favor de la fórmula presentada por la Coalición Democrática y del Trabajo.

Tercero. Por las razones expuestas en el considerando VI de la presente resolución; se declara fundado el recurso de inconformidad interpuesto por el Partido Acción Nacional, ad cautelam en contra de la asignación de regidores por el principio de representación proporcional por el Comité Municipal Electoral de Los Cabos Baja California Sur. En consecuencia modifíquese el acta de sesión de escrutinio y cómputo municipal en lo que respecta a la fórmula electoral para la asignación de regidores por el principio de representación proporcional, a efecto de que la asignación se realice de conformidad con el considerando VI, dejándose sin efectos las constancias de asignación de regidores por el principio de representación proporcional para integrar el honorable Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, de fecha siete de enero del dos mil dos –sic– (debe ser siete de febrero de dos mil dos), otorgando las siguientes regidurías por el principio que nos ocupa: PAN (3 Regidores), PRI (1 Regidor), CPPN (1 Regidor) y PAS (1 Regidor), por el principio de representación proporcional.”.

V. Inconforme con la trasunta resolución, el Partido Acción Nacional, por conducto de su representante, mediante escrito presentado el quince de marzo de este año, ante el Tribunal responsable, promovió, en su contra, juicio de revisión constitucional electoral.

Es preciso señalar que este medio de control constitucional se promueve en forma parcial y no en contra de la totalidad de la sentencia reseñada en el punto que antecede, en virtud de que el accionante no reclama la nueva asignación de regidores por el principio de representación proporcional.

Por otra parte, en la tramitación atinente compareció la Coalición Democrática y del Trabajo, por conducto de su representante, en su calidad de tercera interesada y formuló los alegatos que a sus intereses convino.

VI. Oportunamente, el Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional, turnó el presente expediente a la Magistrada Electoral Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, para los efectos a que se refiere el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

VII. Concluida la sustanciación respectiva, se declaró cerrada la instrucción y se ordenó formular el proyecto de sentencia correspondiente; y,

C O N S I D E R A N D O :

PRIMERO. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver este asunto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 41, párrafo segundo, base IV y 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 186, fracción III, inciso b), y 189, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 4 y 87 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un juicio de revisión constitucional electoral, promovido por un partido político, contra una resolución emitida por una autoridad electoral de una Entidad Federativa.

SEGUNDO. En virtud de que las causas de improcedencia están relacionadas con aspectos necesarios para la válida constitución de un proceso jurisdiccional, ya que por tratarse de cuestiones de orden público su estudio es preferente, se procede a examinar si en el caso se actualizan las que hace valer la Coalición Democrática y del Trabajo, por conducto de su representante, quien compareció en su carácter de tercera interesada en este juicio de revisión constitucional electoral.

Así, se encuentra que, la coalición tercera interesada aduce que el medio de impugnación que se resuelve es improcedente, porque, desde su perspectiva, se incumplen los requisitos establecidos en el artículo 86 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Tal pretensión resulta infundada.

Para arribar a tal conclusión, se tiene en cuenta que los requisitos previstos en los incisos a) y f) del precitado artículo 86 del ordenamiento legal en cita, se encuentran satisfechos en autos, en virtud de que el actor del juicio de revisión constitucional electoral de mérito Partido Acción Nacional, agotó en tiempo y forma la instancia previa establecida en la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, para combatir el acto electoral controvertido, por virtud del cual podía lograr su modificación, revocación o anulación.

Por otra parte, como la legislación electoral de la citada Entidad Federativa, no prevé medio de impugnación alguno para combatir resoluciones como la reclamada en el presente juicio de revisión constitucional electoral, de ello se sigue que se cumple con el requisito de procedencia referente a un acto definitivo y firme.

Lo expuesto encuentra su explicación en el principio de que, juicios como el de que se trata de revisión constitucional electoral, constituyen medios de impugnación que revisten la naturaleza de excepcionales y extraordinarios, a los que sólo pueden ocurrir los partidos políticos cuando ya no existan a su alcance recursos ordinarios para conseguir la reparación plena de los derechos o prerrogativas en los que se hubieren visto afectados, atinentes para modificar, revocar o anular fallos como el que ahora se combate. En esto estriba precisamente el principio de definitividad que consagra el artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que se desarrolla en los invocados incisos a) y f), del artículo 86 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al reiterar, por una parte, que los actos o resoluciones impugnables en el juicio de revisión constitucional electoral deben ser definitivos y firmes, y por la otra, que para la promoción de dicho juicio tienen que haberse agotado en tiempo y forma, todas las instancias previas establecidas por las leyes.

Apoya lo anterior, la jurisprudencia número J.23/2000, sustentada por esta Sala Superior, consultable en las páginas 8 y 9 del Suplemento número 4 de 2001 de la revista de difusión de este órgano jurisdiccional denominada “Justicia Electoral”, cuyo rubro y texto son:

“DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA, CONSTITUYEN UN SOLO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DEL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. El artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se desarrolla en el artículo 86, apartado 1, incisos a) y f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al reiterar, por una parte, que los actos o resoluciones impugnables en el juicio de revisión constitucional electoral deben ser definitivos y firmes, y por la otra, que para la promoción de dicho proceso tienen que haberse agotado, en tiempo y forma, todas las instancias previas establecidas por las leyes, en virtud de las cuales se pudieron haber modificado, revocado o anulado, constituye un solo requisito que reconoce como razón lógica y jurídica el propósito, claro y manifiesto, de hacer del juicio de revisión constitucional electoral un medio de impugnación excepcional y extraordinario, al que sólo se pueda ocurrir cuando el acto o resolución de que se trate no sea susceptible de revocación, nulificación o modificación, ya sea porque no se pueda hacer oficiosamente por parte de la propia autoridad emisora, de su superior jerárquico o de alguna otra autoridad local competente para ese efecto, o porque no existan ya medios ordinarios para conseguir la reparación plena de los derechos o prerrogativas en los que se hubieran visto afectados, sea porque no están previstos por la ley, porque los contemplados en ella sean insuficientes para conseguir cabalmente ese propósito reparador, o porque los previstos y suficientes hubieran sido promovidos o interpuestos sin éxito para el afectado. Este razonamiento se ve corroborado con el texto del inciso f) del apartado 1 del artículo 86 de la invocada Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en donde no sólo se exige que se agoten oportuna y formalmente las instancias previas establecidas por las leyes para combatir los actos o resoluciones electorales, sino que expresa y enfatiza que esas instancias previas deben ser aptas para modificar, revocar o anular los actos o resoluciones lesivos de derechos.”.

Por otro lado, el partido político actor manifiesta que se violan, en su perjuicio, diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo que se cumple con el requisito de procedencia previsto por el inciso b), del primer párrafo del artículo 86, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en la medida de que dicho requisito debe entenderse como una exigencia formal y no como el resultado del análisis de los agravios propuestos por el promovente, en razón de que ello implicaría entrar al fondo del juicio antes de su admisión y substanciación. Por consiguiente, tal requisito debe estimarse satisfecho cuando, como en el presente caso, se hacen valer agravios en los que se exponen razones encaminadas a demostrar la afectación al interés jurídico del accionante, porque con ello se trata de señalar la violación de los principios de constitucionalidad y legalidad tutelados en los artículos 41, párrafo segundo, base cuarta y 116, párrafo segundo, fracción IV, de la Carta Fundamental.

 Ello encuentra apoyo en la jurisprudencia número J.2/97, sustentada por esta Sala Superior, consultable en las páginas 25 y 26 del Suplemento número 1 de 1997 de la revista de difusión de este Órgano Jurisdiccional denominada “Justicia Electoral”, que dice:

“JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. INTERPRETACIÓN DEL REQUISITO DE PROCEDENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 86, PÁRRAFO 1, INCISO B), DE LA LEY DE LA MATERIA. Lo preceptuado por el artículo 86, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, referente a que el juicio de revisión constitucional electoral sólo procederá contra actos o resoluciones “Que violen algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, debe entenderse en un sentido formal, relativo a su establecimiento como requisito de procedencia, y no al análisis propiamente de los agravios esgrimidos por el partido impugnante, toda vez que ello supone entrar al fondo del juicio; por lo tanto, dicho requisito debe considerarse que se acredita cuando en el escrito correspondiente se hacen valer agravios debidamente configurados, esto es, que éstos precisen claramente los argumentos o razonamientos enderezados a acreditar la afectación del interés jurídico del promovente, derivado de la indebida aplicación o incorrecta interpretación de determinada norma jurídica en el acto o resolución impugnado, por virtud de los cuales se pudiera infringir algún precepto constitucional en materia electoral, toda vez que ello supondría la presunta violación de los principios de constitucionalidad y legalidad electoral tutelados en los artículos 41, párrafo segundo, fracción IV y 116, párrafo segundo, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; o sea, que de los agravios esgrimidos se advierta la posibilidad de que se haya conculcado algún precepto constitucional en la materia, resultando irrelevante que se citen o no los artículos constitucionales presuntamente violados, ya que, de conformidad con el artículo 23, párrafo 3, de la Ley General citada, en la presente vía este órgano jurisdiccional, ante la omisión de los preceptos jurídicos presuntamente violados o su cita equivocada, resuelve tomando en consideración los que debieron ser invocados o los que resultan aplicables al caso concreto. Por lo anterior, la omisión o cita errónea de los preceptos constitucionales presuntamente violados no tiene como consecuencia jurídica el desechamiento del juicio de revisión constitucional electoral.”.

 Por lo que se refiere al requisito previsto por el inciso c) del artículo 86 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, relativo a que la violación reclamada pueda llegar a ser determinante para el resultado final de la elección de miembros del Ayuntamiento del Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, igualmente, debe considerarse que se encuentra colmado.

Así es, el carácter determinante atribuido a la conculcación reclamada en el juicio de revisión constitucional electoral, responde al objetivo de llevar al conocimiento de esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sólo aquellos asuntos de índole electoral de verdadera importancia, que tengan la posibilidad de cambiar o alterar significativamente el curso del procedimiento electoral, o bien, el resultado final de la elección respectiva.

En la especie, el partido político actor pretende, por una parte, que se revoque la resolución reclamada, ya que indica que el órgano jurisdiccional responsable no hizo pronunciamiento alguno respecto a la “causal genérica de nulidad” que hizo valer en la demanda del recurso ordinario; por la otra, solicita que una vez analizados los argumentos vertidos en esa instancia, se declare la nulidad de la elección impugnada, debido a que, desde su punto de vista, se violaron los principios fundamentales que se deben observar en cualquier elección popular tales como el sufragio universal, libre secreto y directo; la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad como principios rectores del proceso electoral, entre otros.

De ahí que, en principio, la violación reclamada pueda resultar determinante para la elección cuestionada, toda vez que, de ser procedentes los agravios expuestos por el actor en este juicio, se revocaría la sentencia impugnada y, con plenitud de jurisdicción, esta Sala Superior entraría al análisis de la “causal genérica de nulidad” hecha valer por el accionante en el recurso de inconformidad respectivo, la cual, de llegarse a acreditar, el efecto sería la declaración de la nulidad de la elección; eso por un lado, y por el otro, todo lo anterior constituye una cuestión que debe estudiarse en el fondo del asunto, de tal manera que si se entrara, desde ahora, al examen de lo planteado, se incurría en el vicio de petición de principio.

Por último, la reparación solicitada es material y jurídicamente posible dentro del plazo electoral atinente, dado que los integrantes de los ayuntamientos electos el tres de febrero próximo pasado, inician sus funciones el treinta de abril de dos mil dos, conforme lo establece el artículo 16 de la Ley Orgánica Municipal, Reglamentaria del Título Octavo de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur.

En consecuencia, existe plena factibilidad de que la violación alegada a través de este medio constitucional de defensa, sea reparada antes de la fecha fijada para la toma de posesión de los funcionarios electos miembros de los ayuntamientos en el Estado de Baja California Sur.

Por otra parte, la coalición tercera interesada indica que este juicio resulta improcedente, porque en su opinión, la resolución impugnada no causa ningún agravio al Partido Acción Nacional, ya que la misma reviste la constitucionalidad y legalidad que toda autoridad electoral está obligada a observar.

Tal pretensión deriva inatendible.

En efecto, de conformidad con lo que dispone el artículo 9, párrafo primero, inciso e), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, entre los requisitos previstos para la presentación de los medios de impugnación, se señala el mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la impugnación, así como los agravios que cause el acto o resolución impugnado y los preceptos presuntamente violados. De esta forma, para la procedencia de cualquier medio impugnativo electoral, en el aspecto que se estudia, la ley no impone más requisito que mencionar los agravios que cause el acto o resolución reclamado, agregando el precepto que se comenta, en su párrafo 3, in fine, que operará el desechamiento cuando no existan hechos o agravios expuestos o habiéndose señalado sólo hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno.

En la especie, la hipótesis de mérito se encuentra satisfecha, en virtud de que, las manifestaciones formuladas por el promovente en su demanda, revisten, en principio, las características de “agravios”, porque en términos generales los motivos de inconformidad expuestos, combaten de alguna manera la resolución impugnada, los cuales, en todo caso, serán materia de dilucidación en la presente instancia; en tanto que, pronunciarse en este momento, si los motivos de inconformidad expuestos guardan o no relación con el acto impugnado, y si son o no atendibles o fundados, no es una cuestión que, a priori, la autoridad encargada de resolver tal medio impugnativo esté en aptitud de determinar, puesto que, de así hacerlo, implicaría prejuzgar sobre su eficacia, esto es, analizar si son idóneos para combatir la sentencia reclamada, o bien si son o no fundados, eficaces o no.

Así las cosas, debe estimarse que la causal de improcedencia aludida, en los términos propuestos por la coalición tercera interesada, no se actualiza, pues como se ha considerado, ello implicaría un análisis de fondo de los agravios expuestos por el actor, a efecto de determinar su idoneidad o eficacia para controvertir el acto reclamado.

En mérito de lo hasta aquí expuesto, es dable concluir que este medio de defensa juicio de revisión constitucional electoral, reúne los requisitos de procedibilidad previstos en el artículo 86, párrafo primero, incisos a), b), c), d) e) y f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

TERCERO. Una vez estudiadas y desestimadas las causales de improcedencia aducidas por la coalición tercera interesada, se impone analizar si están satisfechos los restantes requisitos de procedencia contemplados en los artículos 8 y 9, párrafo primero, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, encontrándose que:

El presente juicio de revisión constitucional electoral se promovió dentro del término de cuatro días contados a partir del siguiente a aquél en que se notificó la sentencia impugnada de conformidad con la ley aplicable, como lo establece el artículo 8 del ordenamiento legal en cita, si se considera que la misma fue notificada personalmente al Partido Acción Nacional el once de marzo del año en curso, y el respectivo escrito de demanda fue presentado ante el Tribunal responsable el quince del mismo mes, mediante ocurso que reúne los requisitos que establece el artículo 9 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ya que se hace constar el nombre del actor; señala domicilio para recibir notificaciones, y en su caso, a quien en su lugar las pueda oír y recibir; identifica la resolución impugnada y la autoridad responsable; menciona los hechos en que se basa la impugnación, los agravios que arguye le causa la resolución combatida y los preceptos presuntamente violados; asimismo, hace constar el nombre y firma autógrafa del promovente.

 La personería de Ramón Antonio Escalante Marrufo, quien suscribe la demanda en su carácter de representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Comité Municipal Electoral del Municipio de Los Cabos, con residencia en San José del Cabo, está acreditada conforme a lo dispuesto por el artículo 88, párrafo primero, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda vez que, tal persona fue quien, con la misma personería, interpuso el medio ordinario de defensa, cuya decisión constituye la sentencia reclamada.

En las relatadas condiciones, es inconcuso que este juicio también reúne las hipótesis de procedencia contempladas en los artículos 8 y 9, párrafo primero, del ordenamiento legal en cita; en consecuencia, deberá emprenderse el examen de los agravios propuestos por el instituto político actor, previa transcripción de los mismos.

CUARTO. El Partido Acción Nacional, en su demanda hace valer los siguientes agravios:

 “Primero. La resolución recaída al recurso de inconformidad del presente medio de impugnación, y que a través del mismo se combate, violenta en agravio de mi representado los artículos 14, 16, 41, fracción III, y 116, fracción IV, incisos a), b) y d) de la Constitución General de la República, en relación con el artículo 36, fracciones II, IV y V, de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur y 2, 3, 4, 310, 311, fracción I, 322, fracción V, 338, 349,352, 354, 355, 364 y demás relativos de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur.

 En efecto, durante las diversas etapas del proceso electoral (preparación, jornada electoral y de resultados) se suscitaron actos que afectaron las condiciones necesarias para que pudieran realizarse elecciones libres y auténticas, a través del sufragio universal, libre, secreto y directo en términos de lo que se prescribe en el artículo 41, párrafo segundo, fracción I y 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 36 de la Constitución Política del Estado, y como consecuencia de ello, afectaron principios fundamentales electorales del régimen republicano, representativo, democrático y federal del Estado Mexicano. Situación esta que se planteó ante el Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur en tiempo y forma, sin embargo, de manera extraña este Tribunal a pesar de habérsele acreditado fehacientemente la existencia de irregularidades graves acontecidas, particularmente en el Municipio de Los Cabos de la Entidad, éste en su resolutivo primero declara improcedentes los agravios hechos valer por un servidor, confirmando en todas y cada una de sus partes los resultados contenidos en el acta de cómputo distrital de la elección de ayuntamiento emitida y expedida por el Comité Municipal Electoral de Los Cabos, así como la declaración de validez de dicha elección y en consecuencia el otorgamiento de la constancia de mayoría respectiva, por la votación recibida a la fórmula registrada por la Coalición Democrática y del Trabajo.

 En la resolución que hoy se combate, se transgreden diversos principios electorales, entre ellos el de legalidad al carecer la resolución hoy combatida de congruencia, suficiente motivación, suficiente fundamentación y exhaustividad.

 Es importante considerar que la motivación no se da de manera aislada sino formando un binomio indisoluble con la fundamentación, de manera que ambos constituyen un requisito constitucional que debe de satisfacer todo acto de autoridad que cause molestia o privación de derechos en la esfera jurídica de los gobernados, según lo previsto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 En sentido lato, motivar significa señalar con precisión, en todo acto de autoridad, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que determinaron la emisión de una determinación en un sentido en particular. En sentido estricto, esto es, aplicable expresamente a la materia jurisdiccional, la motivación significa que al dictar sentencia el juzgador debe señalar con toda precisión, invariablemente, los aspectos fácticos determinantes de la resolución, debido partir de hechos controvertidos, así como del análisis y valoración de los medios probatorios que obren en autos.

 La trascendencia de la motivación, garantía de justicia, consiste en que a través de ella se consigue reproducir exactamente, el itinerario lógico que el juez ha recorrido para llegar a su conclusión, así si ésta es equivocada, que pueda fácilmente determinar, a través de la motivación, en qué etapa del camino el Tribunal Estatal Electoral del Estado de Baja California Sur, perdió la orientación fundamental al momento de resolver.

 Además de lo anterior, la resolución que se combate violenta el principio de legalidad que consagra nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y el propio Código Electoral para el Estado de Baja California Sur, en razón de las siguientes consideraciones:

 En primer término, causa agravio a Acción Nacional lo asentado por la responsable en el inciso III del numeral 3 de su capítulo de resultados, fojas 4 y subsecuentes, al señalar que:

 “Este órgano colegiado determina no entrar al análisis de los hechos y agravios que expresa el partido recurrente, habida cuenta que, en principio, pretende hacer valer una causal de nulidad a la que denomina causal genérica de nulidad, que no se encuentra contemplada en nuestra Legislación Electoral Estatal, como se analizará a continuación y, en segundo término, se coloca en el supuesto de notoria improcedencia señalado en la fracción IV del artículo 338 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, que a la letra y en lo conducente dice: Artículo 338. “El organismo electoral y el Tribunal Estatal Electoral podrán desechar aquellos recursos evidentemente frívolos o cuya notoria improcedencia se derive de las disposiciones de esta ley.

 En todo caso los recursos se entenderán como notoriamente improcedentes y deberán ser desechados de plano, cuando:

 I... VI. No se hayan presentado en tiempo los escritos de protesta o no reúnan los requisitos que esta Ley señala para que proceda el recurso de inconformidad”.

 Al efecto, en primer término, nos referimos a la frivolidad del ocursante, por virtud de estar señalando una causal de nulidad que no está contemplada como tal en nuestra legislación, según se aprecia del contenido del numeral 310 de nuestra Legislación Electoral, que a la letra dice:

Artículo 310

Se declarará la nulidad de las votaciones recibidas en una casilla, únicamente en los siguientes casos:

I. Instalar la casilla electoral, sin causa justificada, en lugar distinto del señalado o en condiciones diferentes a las establecidas por esta Ley;

II. Cuando se ejerza violencia física o exista cohecho, soborno o presión de alguna autoridad o particular sobre los funcionarios de la mesa directiva de la casilla o sobre los electores, de tal manera que se viole la libertad o el secreto del voto y tengan relevancia en los resultados de la votación en la casilla;

III. Realizar, sin causa justificada, el escrutinio y cómputo en local diferente al determinado por el Comité Distrital Electoral correspondiente;

IV. Que exista dolo o error en el escrutinio y cómputo de los votos que beneficien a uno de los candidatos, fórmula o planilla de candidatos y que ésta sea determinante para el resultado de la votación, salvo que éste sea corregido en el cómputo correspondiente;

V. Cuando sin causa justificada el paquete electoral sea entregado al órgano electoral respectivo, fuera de los plazos que esta Ley establece y su contenido se encuentre alterado;

VI. Se hubiese permitido sufragar sin credencial con fotografía para votar o a aquellos cuyo nombre no aparezcan en la lista nominal de electores, salvo los casos de excepción señalados en los artículos 220 y 226 de esta Ley y siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación;

VII. Haber impedido el acceso a los representantes de los partidos políticos o haberlos expulsado sin causa justificada, y siempre que ello sea determinante para el resultado de la elección;

VIII. Se compruebe que se impidió, sin causa justificada, ejercer el derecho de voto a los ciudadanos y esto sea determinante para el resultado de la votación;

IX. La recepción de votación por personas u organismos distintos a los facultados por esta Ley; y

X. Recibir la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de las elecciones.”

Continúa señalando la hoy responsable que no era necesario ni siquiera analizar a fondo el artículo antes transcrito ya que sólo bastaba “leer de manera sencilla” el mismo ya que según ella no se comprende la causal genérica de nulidad ni en forma gramatical ni por interpretación de manera jurisprudencial y señalan y citan una tesis o criterio jurisprudencial emitida por la máxima autoridad electoral en el país, es decir, tesis o criterio dictada por este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y lo que es más aún grave es el hecho de que sólo deja de observar y aplicar dicha tesis o criterio, sino que lo hace a un lado y no obstante afirma que este criterio como otros emitidos por la máxima autoridad electoral, no deben extrapolar los límites de las legislaciones locales, sino únicamente interpretarlas o llenar vacíos de las mismas para facilitar su aplicación y entendimiento y es precisamente lo que no aplicó la hoy responsable, aun cuando reconoce que efectivamente esas tesis o criterios son necesarios para aplicarlos, no lo hizo, sino por el contrario, reitero a esta honorable autoridad, no la tomó en cuenta en ningún sentido para poder emitir su resolución, por lo que no debió la hoy responsable establecer o señalar en su resolución el elemento “frivolidad” por el simple hecho de que mi representada no individualizó cada una de las casillas, pero dicha individualización era imposible de realizarse, toda vez que precisamente se invocaba una causal genérica, es decir, se trataban de irregularidades graves, sistemáticas y generalizadas que se dieron y afectaron a toda la elección en sí y no a determinadas casillas individuales, por lo que mucho menos debió considerar tal situación como el hecho de que implicara forzosamente el generar el desechamiento e improcedencia. En relación a lo anterior me permito transcribir a continuación tanto la propia tesis jurisprudencial citada por la propia responsable, como otra de gran importancia y trascendencia para el estudio del caso que aplica:

“CAUSAL GENÉRICA DE NULIDAD. SU ESTUDIO POR PARTE DE LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL ELECTORAL PROCEDE AÚN DE OFICIO. El artículo 290 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, dispone que: “1. Sólo podrá ser declarada nula la elección en un distrito electoral o en una entidad, cuando las causas que se invoquen hayan sido plenamente acreditadas y sean determinantes para el resultado de la elección. 2. Las Salas del Tribunal Federal Electoral podrán declarar la nulidad de una elección de diputados o senadores cuando se hayan cometido en forma generalizada violaciones sustanciales en la jornada electoral en el distrito o entidad de que se trate y se demuestre que las mismas son determinantes para el resultado de la elección, salvo que las irregularidades sean imputables al partido recurrente”. Como se puede advertir en el párrafo 2 del precepto en comento, se consagra una facultad distinta de la que se establece en el párrafo 1 del mismo numeral, pues no se impone limitación a la potestad anulatoria de las Salas del Tribunal, en el sentido de que las causas de nulidad tengan que haber sido invocadas y plenamente acreditadas por los partidos políticos justiciables. En consecuencia, las Salas pueden llegar a declarar la nulidad de una elección motu proprio, cuando adviertan que, por el número, la naturaleza y la trascendencia de las violaciones cometidas durante la jornada electoral, la elección llevada a cabo no deba subsistir.”

“CAUSAL GENÉRICA DE NULIDAD. INTERPRETACIÓN DE LA. Conforme a una interpretación sistemática y funcional de las disposiciones aplicables, se llega a las siguientes conclusiones: a).- Las violaciones a las que se refiere el artículo 290, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que en la parte final de su texto también califica de “irregularidades”, pueden ser las que se contemplan como causales de nulidad según el artículo 287 del Código de la materia, pero no únicamente éstas sino también cualquiera otra transgresión a la ley que se manifieste en un acto contrario a su texto o que implique que la ley no fue observada o fue indebidamente interpretada. Para que tales violaciones o irregularidades satisfagan el primero de los presupuestos de la norma, tienen que darse en forma generalizada, es decir, que si bien no actualizan causal de nulidad individualmente consideradas, constituyen por su amplitud una evidencia de que el desarrollo de la jornada electoral no cumplió con los principios constitucionales de certeza, legalidad y objetividad que deben imperar en toda elección; por ello, el Tribunal Federal Electoral como garante de que los actos electorales se sujeten invariablemente a tales principios, debe estimar objetivamente todos aquellos aspectos particulares del desarrollo de la elección para determinar la validez o nulidad de los resultados de la misma; b).- El segundo de los presupuestos del precepto legal mencionado, consiste en que las violaciones realizadas sean sustanciales. Esta característica debe entenderse en el sentido de que tales violaciones o irregularidades atenten contra cualquiera de los elementos esenciales de la jornada electoral, es decir, que sean irregularidades que pongan en entredicho, principalmente, el escrutinio y cómputo de los votos emitidos y la debida integración de los órganos receptores de la votación. Al estar en presencia de violaciones sustanciales, se afecta la razón misma de la jornada electoral, que tiene como fin recibir la votación de los electores, y conforme al resultado numérico de ella, decidir quiénes han de desempeñar los cargos de elección popular; c).- El tercer presupuesto de la norma, es el relativo a que las violaciones sustanciales que se den en forma generalizada en el Distrito Electoral sean determinantes para el resultado de la elección. Este elemento que en nuestra legislación, como en la de la mayoría de los países, tiene una especial importancia cuando se ha de juzgar sobre la validez de una elección, hasta ahora, ha sido interpretado por el Tribunal Federal Electoral en la mayoría de los casos, con un criterio numérico o aritmético, para deducir si el error en el cómputo de los votos es determinante. Sin embargo, es indiscutible que otras consideraciones que atañen al fondo de una elección son de tanta importancia, o más, que el criterio puramente aritmético. Conforme a lo dispuesto por la parte final del párrafo octavo del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los principios rectores de la función electoral, son: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Basta que no se satisfaga uno solo de los citados principios, para que una elección sea inaceptable, siendo ello suficiente para no confiar en el resultado de la elección; d).- Finalmente, por la naturaleza de las irregularidades constatadas y por los elementos de juicio que obren en autos, si no hay razón alguna para imputar tales irregularidades al partido recurrente, debe tenerse por satisfecho el cuarto y último elemento de los presupuestos de la norma legal y, en consecuencia, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 290, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, las Salas del Tribunal deben declarar la nulidad de la elección.”

Es importante destacar y reiterar a esta honorable autoridad una de las partes fundamentales del criterio sostenido por la máxima autoridad electoral y el cual no fue observado por la hoy responsable y que a continuación se transcribe:

“... Cualquiera otra transgresión a la ley que se manifieste en un acto contrario a su texto o que se implique que la ley no fue observada o fue indebidamente interpretada. Para que tales violaciones o irregularidades satisfagan el primero de los presupuestos de la norma, tienen que darse en forma generalizada, es decir, que si bien no actualizan causal de nulidad individualmente consideradas, constituyen por su amplitud una evidencia de que el desarrollo de la jornada electoral no cumplió con los principios constitucionales de certeza, legalidad y objetividad que deben imperar en toda elección...”.

Además de lo señalado con anterioridad, es preciso mencionar que de una interpretación sistemática, teleológica y funcional de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, se puede inferir que sí está contemplada en dicho ordenamiento la casual genérica de nulidad.

En primer lugar el artículo 310 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur es limitativo, ya que establece que “se declarará la nulidad de las votaciones recibidas en una casilla, únicamente en los siguientes casos...”; sin embargo el artículo 311 solamente señala que “una elección será nula cuando...” sin que establezca que la nulidad de una elección sólo debe constreñirse a las tres fracciones que establece dicho precepto.

Además el artículo 317 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur establece que “los recursos (entre los que se encuentra el de inconformidad) son aquellos medios de impugnación con que cuentan los ciudadanos, partidos y asociaciones políticas y coaliciones, para efecto de garantizar la vigencia del principio de legalidad en los procesos electorales y tienen como finalidad revocar, modificar o confirmar en los términos de esta Ley los actos o resoluciones impugnados”; es decir, que no acota la materia a una lista taxativa de causales por las cuales se pueda hacer valer violaciones al principio de legalidad, sino que señala de manera abierta que la finalidad es garantizar la vigencia del principio de legalidad, en concordancia con el artículo 116 de la Constitución General de la República.

Esto se robustece si consideramos que el artículo 322 de la Ley Electoral, relativo al recurso de inconformidad, tampoco es limitativo, ya que nunca señala que los partidos políticos podrán interponer el recurso de inconformidad sólo en los casos establecidos en sus seis fracciones; y es lógico, ya que es imposible que el legislador pudiera prever en una lista todos los supuestos que pueden entrañar violaciones al principio de legalidad.

La fracción III del precitado artículo 322 señala que “los partidos políticos podrán interponer el recurso de inconformidad para impugnar la declaración de validez de la elección de Ayuntamientos, y por lo tanto el otorgamiento de la constancia de mayoría y declaratoria de validez respectiva, o la de asignación de Regidores por el principio de representación proporcional, por las causales de nulidad establecidas en esta Ley”, sin que en ningún momento se acote a las causales de nulidad establecidas supuestamente de manera limitativa en el artículo 311 de la ley de la materia.

Esa interpretación se confirma cuando observamos lo establecido por la fracción IX del artículo 366 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, en relación a la fracción II del mismo precepto.

La fracción II de dicho artículo establece que “las resoluciones de fondo del Tribunal Estatal Electoral, que recaigan a los recursos de inconformidad podrán tener los siguientes efectos: ...II. Declarar la nulidad de la votación emitida en una o varias casillas, cuando se den las causas previstas en el artículo 310 de esta Ley...”; sin embargo la fracción IX de dicho artículo señala que “las resoluciones de fondo del Tribunal Estatal Electoral, que recaigan a los recursos de inconformidad podrán (no deberán), tener los siguientes efectos... IX. Declarar la nulidad de la elección y revocar la constancia de mayoría expedida por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, los Comités Municipales Electorales o por los Comités Distritales Electorales, cuando se den los supuestos previstos por la ley”. Es decir, que esta fracción no refiere la nulidad de la elección de ayuntamiento al artículo 311, el cual, como hemos mencionado, no puede ser considerado como un catálogo taxativo de nulidades.

Es por ello que de una interpretación sistemática, teleológica y funcional de la ley de la materia se debe interpretar en el sentido de que sí está prevista la causal genérica de nulidad, máxime si se considera que esta interpretación es la que hace posible que surta efectos el artículo 317 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, así como el inciso d) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala que “las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que ...se establezcan un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad.”

Ahora bien, en el supuesto sin conceder de que se interprete la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur en el sentido de que no existe causal genérica de nulidad, solicitamos a este honorable Tribunal, a que en plenitud de jurisdicción declare inaplicable la supuesta limitación que establece el artículo 311 de la ley de la materia, sin considerar que se opone a lo establecido en el inciso d) de la fracción IV del artículo 116 del pacto federal. Para ilustrar lo mencionado con anterioridad me permito citar textualmente la siguiente tesis de jurisprudencia emitida por este honorable Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

 “TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. TIENE FACULTADES PARA DETERMINAR LA INAPLICABILIDAD DE LEYES SECUNDARIAS CUANDO ÉSTAS SE OPONGAN A DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES. De una interpretación teleológica, sistemática y funcional de los diferentes artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que contienen las bases fundamentales rectoras de la jurisdicción electoral, se desprende que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está facultado por la Carta Magna para decidir el conflicto de normas que en su caso se presente, y determinar que no se apliquen a actos o resoluciones combatidos por los medios de impugnación que corresponden a su jurisdicción y competencia, los preceptos de leyes secundarias que se invoquen o puedan servir para fundarlos, cuando tales preceptos se oponen a las disposiciones constitucionales; esto con el único objeto de que los actos o resoluciones impugnados en cada proceso jurisdiccional de su conocimiento se ajusten a los lineamientos de la Ley Fundamental y se aparten de cualquier norma, principio o lineamiento que se les oponga, pero sin hacer declaración general o particular en los puntos resolutivos, sobre inconstitucionalidad de las normas desaplicadas, sino limitándose únicamente a confirmar, revocar o modificar los actos o resoluciones concretamente reclamados en el proceso jurisdiccional de que se trate. La interpretación señalada lleva a tal conclusión, pues en el proceso legislativo del que surgió el Decreto de reformas constitucionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996, se pone de manifiesto la voluntad evidente del órgano revisor de la Constitución de establecer un sistema integral de justicia electoral, con el objeto de que todas las leyes, actos y resoluciones electorales se sujetaran, invariablemente, a lo dispuesto en la Carta Magna, para lo cual se fijó una distribución competencial del contenido total de ese sistema integral de control de constitucionalidad, entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral, sistema que finalmente quedó recogido en los términos pretendidos, pues para la impugnación de leyes, como objeto único y directo de la pretensión, por considerarlas inconstitucionales, se concedió la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el artículo 105, fracción II, Constitucional, y respecto de los actos y resoluciones en materia electoral, la jurisdicción para el control de su constitucionalidad se confirió al Tribunal Electoral, cuando se combaten a través de los medios de impugnación de su conocimiento, como se advierte de los artículos 41 fracción IV, 99 y 116 fracción IV, de la Ley Fundamental, y en este supuesto, la única forma en que el Tribunal Electoral puede cumplir plenamente con la voluntad señalada, consiste en examinar los dos aspectos que pueden originar la inconstitucionalidad de los actos y resoluciones: la posible contravención de disposiciones constitucionales que las autoridades electorales apliquen o deban aplicar directamente, y el examen de las violaciones que sirvan de sustento a los actos o resoluciones, que deriven de que las leyes aplicadas se encuentren en oposición con las normas fundamentales. No constituye obstáculo a lo anterior, la previsión contenida en el artículo 105, fracción II, Constitucional, en el sentido de que "la única vía para plantear la no conformidad de leyes electorales a la Constitución es la prevista en este artículo", que prima facie, podría implicar una prohibición del análisis de la oposición de leyes secundarias a la Constitución, en algún proceso diverso a la acción de inconstitucionalidad, dado que esa apariencia se desvanece, si se ve el contenido del precepto en relación con los fines perseguidos con el sistema del control de la constitucionalidad que se analiza, cuyo análisis conduce a concluir, válidamente, que el verdadero alcance de la limitación en comento es otro, y se encuentra en concordancia con las demás disposiciones del ordenamiento supremo y con los fines perseguidos por éstas, a la vez que permite la plena satisfacción de los fines perseguidos con la institución, y la interpretación estriba en que el imperativo de que "la única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la Constitución", sólo significa que los ordenamientos legislativos no pueden ser objeto directo de una acción de anulación en una sentencia, sino exclusivamente en la vía específica de la acción de inconstitucionalidad, lo cual no riñe con reconocerle al Tribunal Electoral la facultad de desaplicar a los actos y resoluciones combatidos, en los medios de impugnación de su conocimiento, las leyes que se encuentren en oposición con las disposiciones constitucionales, en los términos y con los lineamientos conducentes para superar un conflicto de normas, como lo hace cualquier juez o tribunal cuando enfrenta un conflicto semejante en la decisión jurisdiccional de un caso concreto, y la intelección en este sentido armoniza perfectamente con todas las partes del sistema constitucional establecido. Esto se ve robustecido con lo previsto en el párrafo quinto del artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque dada la distribución de competencias del sistema íntegro de justicia electoral, tocante al control de constitucionalidad, entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral, el supuesto en que se ubica la previsión constitucional que se analiza, respecto a la hipótesis de que este tribunal sustente una tesis sobre la inconstitucionalidad de un acto o resolución y que la Suprema Corte sostenga un criterio contrario en algún asunto de su jurisdicción y competencia, únicamente se podría presentar para que surtiera efectos la regla en el caso de que, habiéndose promovido una acción de inconstitucionalidad en contra de una ley electoral, el Pleno la desestimara, y declarara la validez de la norma, y que, por otro lado, con motivo de la aplicación de esa norma para fundar un acto o resolución, se promoviera un medio de impugnación en el que se invocara la oposición de la misma norma a la Carta Magna, y el Tribunal Electoral considerara que sí se actualiza dicha oposición, ante lo cual cabría hacer la denuncia de contradicción de tesis prevista en el mandamiento comentado. También cobra mayor fuerza el criterio, si se toma en cuenta que el legislador ordinario comprendió cabalmente los elementos del sistema integral de control de constitucionalidad de referencia, al expedir la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no incluir en sus artículos 43 y 73 al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entre las autoridades a las que obligan las razones contenidas en los considerandos que funden los resolutivos de las sentencias aprobadas por cuando menos ocho votos, en las controversias constitucionales y en las acciones de inconstitucionalidad, pues esto revela que a dicho legislador le quedó claro que el Tribunal Electoral indicado puede sostener criterios diferentes en ejercicio de sus facultades constitucionales de control de la constitucionalidad de actos y resoluciones electorales.”

Por lo anteriormente expuesto, señalo a esta máxima autoridad electoral, que el Tribunal Electoral del Estado de Baja California Sur, en forma equivoca e infundada no entró al análisis de los hechos y agravios vertidos en su conjunto por el partido que represento y de tomarse en cuenta los razonamientos infundados y mal motivados de la hoy responsable, se dejaría a mi representada en total estado de indefensión ya que no puede la responsable sostenerse en el simple hecho de que para ella no existe la causal genérica de nulidad en su legislación aplicable, es decir, las causales de nulidad previstas en la legislación local son enunciativas y no limitativas. Así mismo, desde un principio mi representado al precisar e identificar la causal genérica en el escrito correspondiente, lo hizo con el fin de que formara parte de la litis originalmente planteada, es decir, que formara parte integral del asunto sometido a la consideración de la responsable, la cual, como hemos mencionado, contaba con facultades para entrar al fondo del asunto, facultades que nunca ejerció y con lo cual dejó en absoluto estado de indefensión a mi representado.

Segundo. Causa agravio al partido que represento, el hecho de que la autoridad responsable en la fracción IV del numeral 3 de su capítulo de resultados, fojas 10 y subsecuentes, señaló también determinar el no entrar al análisis de las causales de nulidad que de manera genérica invocó el partido que represento, por considerar según la autoridad de marras en forma equivocada, que no medió escrito de protesta debidamente requisitado como lo señala el artículo 323 de la ley de la materia y no obstante que el Partido Acción Nacional, sí presentó en tiempo y forma su escrito de protesta, cumpliendo así con la disposición legal antes invocada. Además de lo anterior la autoridad responsable dejó ver una clara contradicción en sus argumentos, ya que señala que no se exhibió el escrito de protesta correspondiente y por otra parte asienta que fue presentado en tiempo, pero que no cumplió con los requisitos esenciales que señala la ley aplicable, es decir, con todos y cada uno de los requisitos que requieren y le son propios al escrito de protesta. Por lo anterior se contradice la propia autoridad de marras en este sentido, y no obstante que en relación a este requisito ya en reiteradas ocasiones la propia autoridad electoral federal ha determinado que aun cuando exista en forma expresa en una legislación electoral local, no resulta en definitiva un requisito propiamente de procedibilidad del recurso de inconformidad, a este respecto y a mayor abundamiento de lo anterior me permito transcribir a continuación la jurisprudencia firme y la cual fue emitida por el honorable Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

“ESCRITO DE PROTESTA, SU EXIGIBILIDAD COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, ES VIOLATORIO DEL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. En términos del artículo 99 de la Constitución Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 constitucional, máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. Como tal, está facultado por la Carta Magna para decidir el conflicto de normas que en su caso se presente, y determinar que no se apliquen a actos o resoluciones combatidos por los medios de impugnación que corresponden a su jurisdicción y competencia, los preceptos de leyes secundarias que se invoquen o puedan servir para fundarlos, cuando tales preceptos se opongan a las disposiciones constitucionales. A su vez, con base en lo establecido por los artículos 41, base cuarta, y 116, fracción IV, inciso d), en relación con el artículo 17 constitucional, que proscribe la autotutela en materia de justicia y, en contrapartida, impone la expeditez en la actividad de los órganos jurisdiccionales responsables de impartirla, de manera que entre éstos y los gobernados no exista obstáculo alguno para que aquéllos estén prontos a obrar, desempeñando la función jurisdiccional, con la consecuencia de resolver en forma definitiva y firme, así como de manera pronta, completa e imparcial las controversias que se sometan a su consideración, debe considerarse que el escrito de protesta como requisito de procedibilidad de los medios impugnativos en materia electoral, constituye una limitación al ejercicio del derecho constitucional de acceder a la administración de justicia impartida por los Tribunales Electorales del Estado Mexicano, por constituir, de manera evidente, un obstáculo a la tutela judicial y por no responder a la naturaleza que identifica los procesos jurisdiccionales electorales ni a las finalidades que los inspiran, cuyo objeto es el de que mediante decisión jurisdiccional se controle la constitucionalidad y la legalidad de los actos y resoluciones propios de la materia, razones por las cuales, al citado escrito de protesta, al atentar contra lo dispuesto por el artículo 17 de la Carta Magna, no debe atribuírsele el requisito de procedibilidad de los medios de impugnación de que se trata.”

Como conclusión final de este agravio que se esgrime, es necesario destacar que en forma por demás equivocada la hoy responsable, expone y señala en forma clara en su resolución que si bien es cierto y reconoce a este respecto la existencia de la jurisprudencia antes transcrita, no le compete el resolver sobre cuestiones de constitucionalidad, es decir, desconoce por otro lado que la misma pudiera ser aplicada a este caso, pero reitero, no se trata de que la autoridad de marras tenga facultades o no para determinar qué preceptos son o no son constitucionales, sino que la intención de mi representada únicamente consistía en que se observaran y acataran las disposiciones y preceptos legales consagrados en nuestra Carta Magna y como consecuencia también las tesis jurisprudenciales o jurisprudencias mismas que fueron invocadas por mi representada en el escrito inicial de inconformidad.

Tercero. Causa agravio al partido que represento, en particular, el hecho de que la autoridad responsable, en su resolución dejo de observar el principio de exhaustividad, como parte esencial de todo acto de jurisdicción, recordando que toda resolución, sólo puede decidir y resolver forzosamente sobre todos y cada uno de los puntos medulares sujetos a debate, pero no puede por el contrario resolver solo uno o varios de los mismos.

Considerando una consecuencia de la motivación, fundamentación y congruencia de la sentencia es la exhaustividad de ésta en cuanto haya tratado todas y cada una de las cuestiones planteadas y habiendo debido referirse a cada una de las pruebas rendidas, dejando de ser exhaustiva, a contrario sensu, cuando deja de referirse a cada uno de los hechos, agravios, argumentos y pruebas ofrecidas, a este respecto es importante destacar la atención de esta honorable Sala Superior en el sentido de que las pruebas ofrecidas y aportadas no fueron valoradas y ni siquiera tomadas en cuenta para resolver en definitiva el recurso de inconformidad promovido, toda vez que, reitero, dichas pruebas se encontraban plenamente relacionadas y concatenadas con los hechos y argumentos esgrimidos por el partido que represento y en perjuicio del mismo no fueron tomadas en cuenta en la resolución que hoy se combate y que dio origen al presente juicio de revisión constitucional.

Ello es evidente si consideramos que en nuestro escrito primigenio, contrariamente a lo que señala la autoridad responsable, sí hicimos valer causales de nulidad de la votación recibida en diversas casilla con fundamento en lo establecido por el artículo 310 de la ley electoral, individualizando cada una de ellas; sin embargo, la responsable inexplicablemente pasó por alto esa situación y no entró al análisis de las casillas que se le sometieron a su consideración, ni a las pruebas que se acompañaron con nuestro escrito de inconformidad, situación que causa agravio al partido político que represento.

Esto es, el Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur, nunca analizó en su totalidad los argumentos de hecho, los conceptos de derecho y mucho menos las pruebas ofrecidas y aportadas. A continuación y a este respecto me permito transcribir la siguiente tesis de jurisprudencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y otras tesis pertinentes:

“EXHAUSTIVIDAD PRINCIPIO DE. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN. Las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, cuyas resoluciones admitan ser revisadas por virtud de la interposición de un medio de impugnación ordinario o extraordinario, están obligadas a estudiar completamente todos y cada uno de los puntos integrantes de las cuestiones o pretensiones sometidas a su conocimiento y no únicamente algún aspecto concreto, por más que lo crean suficiente para sustentar una decisión desestimatoria, pues sólo ese proceder exhaustivo asegurará el estado de certeza jurídica que las resoluciones emitidas por aquéllas deben generar, ya que si se llegaran a revisar por causa de un medio de impugnación, la revisora estaría en condiciones de fallar de una vez la totalidad de la cuestión, con lo cual se evitan los reenvíos, que obstaculizan la firmeza de los actos objeto de reparo e impide que se produzca la privación injustificada de derechos que pudiera sufrir un ciudadano o una organización política, por una tardanza en su dilucidación, ante los plazos fatales previstos en la ley para las distintas etapas y la realización de los actos de que se compone el proceso electoral. De ahí que si no se procediera de manera exhaustiva podría haber retraso en la solución de las controversias, que no sólo acarrearía incertidumbre jurídica, sino que incluso podría conducir a la privación irreparable de derechos, con la consiguiente conculcación al principio de legalidad electoral a que se refieren los artículos 41, fracción III, y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

“EXHAUSTIVIDAD, MODO DE CUMPLIR ESTE PRINCIPIO CUANDO SE CONSIDEREN INSATISFECHAS FORMALIDADES ESENCIALES. Las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales, cuyas resoluciones sobre acreditamiento o existencia de formalidades esenciales o presupuestos procesales de una solicitud concreta, admitan ser revisadas en un medio de impugnación ordinario o extraordinario, están obligadas a estudiar, primordialmente, si tienen o no facultades (jurisdicción y/o competencia) para conocer de un procedimiento o decidir la cuestión sometida a su consideración; y si estiman satisfecho ese presupuesto fundamental, proceder al examen completo de todos y cada uno de los demás requisitos formales, y no limitarse al estudio de alguno que en su criterio no esté satisfecho, y que pueda ser suficiente para desechar la petición. Ciertamente, si el fin perseguido con el principio de exhaustividad consiste en que las autoridades agoten la materia de todas las cuestiones sometidas a su conocimiento, mediante el examen y determinación de la totalidad de las cuestiones concernientes a los asuntos de que se ocupen, a efecto de que no se den soluciones incompletas, se impone deducir, como consecuencia lógica y jurídica, que cuando se advierta la existencia de situaciones que pueden impedir el pronunciamiento sobre alguno o algunos de los puntos sustanciales concernientes a un asunto, el principio en comento debe satisfacerse mediante el análisis de todas las demás cuestiones no comprendidas en el obstáculo de que se trate, pues si bien es cierto que la falta de una formalidad esencial (o de un presupuesto procesal) no permite resolver el contenido substancial atinente, también es verdad que esto no constituye ningún obstáculo para que se examinen los demás elementos que no correspondan a los aspectos sustanciales, por lo que la omisión al respecto no encuentra justificación, y se debe considerar atentatoria del principio de exhaustividad. Desde luego, cuando una autoridad se considera incompetente para conocer o decidir un asunto, esto conduce, lógicamente, a que ya no se pronuncie sobre los demás requisitos formales y menos sobre los de carácter sustancial, pero si se estima competente, esto la debe conducir al estudio de todas las otras exigencias formales. El acatamiento del principio referido tiene relación, a la vez, con la posibilidad de cumplir con otros principios, como el de expeditez en la administración y en la justicia, dado que a medida que la autoridad electoral analice un mayor número de cuestiones, se hace factible que en el medio de impugnación que contra sus actos se llegue a presentar, se resuelva también sobre todos ellos, y que de este modo sea menor el tiempo para la obtención de una decisión definitiva y firme de los negocios, ya sea porque la autoridad revisora lo resuelva con plenitud de facultades, o porque lo reenvíe a la autoridad revisada por una sola ocasión con todos los aspectos formales decididos, para que se ocupe de lo substancial, evitando la multiplicidad de recursos que puedan generarse si una autoridad administrativa o jurisdiccional denegara una petición en sucesivas ocasiones, porque a su juicio faltara, en cada ocasión, algún requisito formal distinto. Por tanto, si no se procede de manera exhaustiva en el supuesto del análisis de los requisitos formales, también puede provocar retraso en la solución de las controversias, que no sólo acarrearía incertidumbre jurídica, sino también podría llevar finalmente a la privación irreparable de derechos, con la consiguiente conculcación al principio de legalidad electoral previsto en los artículos 41 fracción III, y 116 fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

“EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE. Este principio impone a los juzgadores, una vez constatada la satisfacción de los presupuestos procesales y de las condiciones de la acción, el deber de agotar cuidadosamente en la sentencia, todos y cada uno de los planteamientos hechos por las partes durante la integración de la litis, en apoyo de sus pretensiones; si se trata de una resolución de primera o única instancia se debe hacer pronunciamiento en las consideraciones sobre los hechos constitutivos de la causa petendi, y sobre el valor de los medios de prueba aportados o allegados legalmente al proceso, como base para resolver sobre las pretensiones, y si se trata de un medio impugnativo susceptible de abrir nueva instancia o juicio para revisar la resolución de primer o siguiente grado, es preciso el análisis de todos los argumentos y razonamientos constantes en los agravios o conceptos de violación y, en su caso, de las pruebas recibidas o recabadas en ese nuevo proceso impugnativo.”

“EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE. Este principio impone a los juzgadores, una vez constatada la satisfacción de los presupuestos procesales y de las condiciones de la acción, el deber de agotar cuidadosamente en la sentencia, todos y cada uno de los planteamientos hechos por las partes durante la integración de la litis, en apoyo de sus pretensiones; si se trata de una resolución de primera o única instancia se debe hacer pronunciamiento en las consideraciones sobre los hechos constitutivos de la causa petendi, y sobre el valor de los medios de prueba aportados o allegados legalmente al proceso, como base para resolver sobre las pretensiones, y si se trata de un medio impugnativo susceptible de abrir nueva instancia o juicio para revisar la resolución de primer o siguiente grado, es preciso el análisis de todos los argumentos y razonamientos constantes en los agravios o conceptos de violación y, en su caso, de las pruebas recibidas o recabadas en ese nuevo proceso impugnativo.”

Cuarto. Un agravio mas, que ejemplifica lo manifestado en cuanto a la falta de exhaustividad de la sentencia, lo representa el hecho de que el Tribunal Estatal Electoral fue totalmente omiso en analizar el agravio relativo a la apertura de los paquetes electorales.

El Comité Municipal Electoral del los Cabos, durante el desarrollo de la sesión de cómputo municipal, acordó que era necesario que se verificaran los paquetes electorales por cada casilla, y revisar los mismos. Esto se menciona como una muestra de la poca calidad del proceso, ya que en primer lugar, la información proveniente de las casillas era tan desconfiable, y tan mala, que el 100% de los paquetes electorales fue verificado, abriendo la totalidad de los paquetes electorales, violando, en perjuicio de mi representada, lo dispuesto por los artículos 270, 271, 272, 273 y 274 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, donde además un gran número de actas de jornada electoral fueron corregidas, como consta en el acta circunstanciada de la sesión de computo, la cual oportunamente se ofreció como prueba, la cual, a su vez la responsable omitió indebidamente revisar y valorar. Esto nos indica que las irregularidades de tipo matemático fueron corregidas, pero nos da a pensar que hubo un sin número de irregularidades, que, por no dejar huella, no pudieron ser corregidas por el órgano electoral y que sin duda incidieron en el resultado de la elección. Esta situación desde luego rompe con los principios rectores que en toda contienda electoral debe regir, como son los principios de legalidad, certeza e imparcialidad.

Al violar la responsable los dispositivos antes señalados en la apertura ilegal de los paquetes electorales mencionados, no impero razón legal alguna que amparara ese proceder, fueron aperturados sin causa y justificación legal, de ello da cuenta las propias actas ofrecidas como pruebas en el recurso de inconformidad, interpuesto ante la responsable, la cual no se tomó la molestia ni de leerlos, como consta en el contenido mismo de la resolución que se impugna, como se señaló en su oportunidad, la apertura ilegal de los paquetes electorales realizada por el Consejo Municipal Electoral de los Cabos, obedeció a un simple acuerdo mayoritario de los consejeros municipales, razón que no actualiza las hipótesis de ley para la propia apertura, tal como se desprende de las actas en mención, resultando que el cien por ciento de los paquetes electorales en la elección municipal fueran abiertos sin causa legal que justificara ese proceder, por lo que es posible inferir que la apertura mencionada se realizó al margen de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur.

Recordemos que es al Consejo Electoral Municipal encargado del cómputo, a quien corresponde seguir fielmente el procedimiento legalmente establecido para aperturar los paquetes electorales siempre y cuando exista causa legal que soporte y autorice ese proceder. De manera potestativa no puede acceder a abrir paquete electoral alguno con fines a (sic) realizar de nuevo, total o parcialmente, el escrutinio y cómputo de las casillas computadas ante las respectivas mesas directivas de casilla, sino en los casos y bajo las excepciones que la propia normatividad electoral señala.

Así se ha pronunciado esta Sala Superior, bajo las siguientes voces consultables en la revista “Justicia Electoral”, suplemento número 3, páginas 44, 58 y 59, respectivamente, que dicen:

“ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE VOTOS. EN PRINCIPIO CORRESPONDE REALIZARLOS EXCLUSIVAMENTE A LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). Los comicios se realizan dentro de un proceso integrado de etapas sucesivas. En apego al principio de definitividad, los actos electorales realizados en cada una de dichas etapas se tornan en definitivos. Por otra parte, en términos de los artículos 200 a 205 del Código Electoral del Estado de Guerrero, el escrutinio y cómputo son funciones que realizan exclusivamente los miembros de la mesa directiva de casilla, al finalizar la votación correspondiente, dentro de la etapa de la jornada electoral. Excepcionalmente es permitido realizar dicho escrutinio y cómputo a una autoridad diferente a la mesa directiva de casilla, como son los consejos municipales, distritales o estatal, y en una etapa distinta, como es la de resultados y calificación de elecciones. Tal situación excepcional es admisible que ocurra, si se surte cualquiera de las hipótesis señaladas en el artículo 220, párrafo 1, inciso c), del ordenamiento electoral en estudio, a saber: A. Si se detectaren alteraciones evidentes en las actas que generen duda fundada sobre el resultado de la elección en la casilla. B. Si no existiere el acta de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla, y C. Si dicha acta no obrare en poder del presidente del consejo. Por tanto, si en un determinado caso no se actualiza alguna de las referidas hipótesis de excepción, no ha lugar a proceder a la apertura de los paquetes electorales, aun cuando se aduzca que existe común acuerdo sobre el particular, entre partidos políticos y autoridades electorales. A este respecto, debe señalarse que las normas que regulan los procedimientos electorales son de orden público y, por tanto, deben ser acatadas en sus términos y su observancia no admite ser materia de convención alguna”;

“PAQUETES ELECTORALES. SÓLO PROCEDE SU APERTURA DURANTE LAS SESIONES DE CÓMPUTO EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS LEGALMENTE (LEGISLACIÓN DE TLAXCALA). De acuerdo con lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 211 del Código Electoral del Estado de Tlaxcala, el consejo electoral competente para efecto de realizar el cómputo de la elección de que se trate, deberá practicar las operaciones o actividades consistentes en el examen de los paquetes electorales, pero dicho examen, según la interpretación sistemática y funcional de las indicadas disposiciones, sólo tiene por objeto detectar aquellos paquetes que contengan muestras de alteración, o bien, oportunidad, apertura de los mismos, sin que del propio ordenamiento legal se infiera que se hubiera pretendido darle otro alcance más que el que ya ha quedado destacado por lo que se refiere exclusivamente a los paquetes electorales que se hubieren encontrado en dichos supuestos; por lo tanto, no es viable una interpretación literal en el sentido de que el vocablo “examinar” según el significado establecido en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, implique la apertura de los paquetes electorales correspondientes a las casillas de ciertos municipios o distritos electorales. En este sentido, el consejo electoral, respectivo, en relación con el acta de escrutinio y cómputo de casilla, debe proceder a abrir el sobre adherido al paquete electoral que la contenga, de acuerdo con el orden numérico de las casillas y tomar nota de los resultados que consten en ella, en acatamiento de lo dispuesto en la citada fracción II del artículo 211, por lo que es inexacto pretender que se realice una revisión y un examen minucioso de las actas de escrutinio y cómputo con respecto a las boletas y votos de cada casilla, pues la obligación que se impone legalmente a los funcionarios que integran los consejos electorales respectivos es precisamente la de concretarse al cómputo de la votación obtenida por los diversos contendientes en la elección de que se trate sin más trámite que el de vaciar los resultados que se contienen en cada una de las actas de escrutinio y cómputo de casilla. Por tanto, sólo en aquellos casos en que la misma ley así lo autoriza (paquetes que contengan muestras de alteración, o bien, recursos de protesta) y se encuentre plenamente justificado por la naturaleza de la alteración o la materia del recurso de protesta, los mencionados consejos se encuentran facultados para verificar un nuevo escrutinio y cómputo, atendiendo al principio de definitividad de las etapas del proceso electoral, previsto en los artículos 41, fracción IV, y 116, fracción IV, inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en conformidad con el cual los actos realizados dentro de la etapa de la jornada electoral adquieren definitividad y no pueden ser revocados, modificados o sustituidos en una posterior, salvo en los casos de excepción previstos legalmente”.

En el municipio de los Cabos del Estado de Baja California Sur, se abrió el cien por ciento de los paquetes electorales, según se acredita en las actas que acompañé en su oportunidad ante la autoridad responsable, mismas que deben ser analizadas por ustedes en su oportunidad.

Lo destacable de la apertura en mención, lo constituye el hecho que en la mayoría de los casos se abrieron sin que se surtiera alguna de las hipótesis de excepción, previstas en el artículo 264 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur.

La apertura señalada se realizó por un acuerdo general, tomado por los integrantes de los consejos municipal, (sic) sin que existiera causa legal para ello, por lo que se afirma que la apertura de los paquetes electorales se realizó de manera ilegal, puesto que se efectuó sin que se surtieran los supuestos de excepción previstos en el artículo 264 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur. Lo anteriormente expresado permite establecer que los paquetes electorales fueron abiertos sin que se actualizara los extremos de la ley electoral, que permite la apertura. E igualmente permite afirmar que la actuación de los consejos municipal (sic) no se apegó al principio de legalidad, por lo que da lugar a decretar la nulidad de la elección para munícipes, ya que fueron las propias autoridades quienes originaron la violación aquí combatida.

 Como lo demuestro en lo antes narrado, se actualizan plenamente los supuestos establecidos por la máxima autoridad electoral del país, para tener debidamente acreditada la causal invocada como “causal genérica de nulidad”. Por otra parte, a la responsable se le aportaron una serie de elementos que soportan aún más la mencionada causal, sin perjuicio de que la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur no la indique con dicho nombre.

 En los documentos anexos a esta demanda de juicio constitucional se acompañan extractos de información y argumentos, hechos valer en el recurso, para facilitar a sus señorías el entendimiento de la presente causal y de los argumentos hechos valer.

 Quinto. Causa agravio a mi representada lo dispuesto por la responsable en el considerando III de la resolución que se impugna, al precisar que el recurso se desechaba por considerarlo “frívolo”. Independientemente a lo manifestado en el primer agravio, deseamos profundizar en el tema, para acreditar, tanto la falta de corrección de la resolución que se combate, como la nulidad de las elecciones.

 Lo “frívolo” desde el punto de vista ortográfico y gramatical, significa ligero, pueril, superficial, anodino; la frivolidad de un recurso o medio de impugnación implica que éste deba resultar totalmente intrascendente, esto es, que la eficacia jurídica de la pretensión que haga valer el recurrente o el actor se vea limitada por la subjetividad que revistan los argumentos asentados en el escrito de interposición del recurso y en el presente caso.

 Los argumentos presentados en cada una de las casillas impugnadas están debidamente soportados con las pruebas correspondientes y se señalaron claramente los dispositivos que se violaron en perjuicio de mi representada. Para demostrar lo anterior, procedo a transcribir cada una de las violaciones cometidas en perjuicio de mi representada, que la responsable no tomó en cuenta. En aras a la claridad, se seguirá el orden del artículo 310 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur:

 I) En relación con lo previsto por la fracción I del artículo 310 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, que a la letra nos dice: “Se declarará la nulidad de las votaciones recibidas en una casilla, únicamente en los siguientes casos: I. Instalar la casilla electoral, sin causa justificada, en lugar distinto del señalado o en condiciones diferentes a las establecidas por esta Ley;” esta causal se actualizó en diversas casillas mencionadas en el recurso. Para facilitar el análisis del presente, remitimos a sus señorías a la lectura del extracto anexo a este ocurso. Lo cierto es que había un argumento fundado en hechos, y derecho, que no fue, ni remotamente, tomado en cuenta y que fue simplemente, de un plumazo, tachado de “frívolo”, lo cual no es consistente con los autos, ya que los argumentos vertidos no fueron ni falsos, no carentes de sustento legal.

 II. En relación con lo previsto en la fracción II del artículo 310 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, mismo que a la letra dice: II. Cuando se ejerza violencia física o exista cohecho, soborno o presión de alguna autoridad o particular sobre los funcionarios de la mesa directiva de la casilla o sobre los electores, de tal manera que se viole la libertad o el secreto del voto y tengan relevancia en los resultados de la votación en la casilla;”

 Este agravio se hizo valer, en el sentido de que la intensa intervención de las autoridades locales, en diversos niveles, en actos de proselitismo y en apoyo declarado y descarado para la fórmula propuesta por la Coalición Democrática y del Trabajo, se debe considerar como un acto de presión de autoridad sobre los electores, conducta desplegada durante toda la campaña, y aún durante la jornada electoral, misma que produjo una indebida inclinación del voto a favor del partido en el gobierno. Como se acreditó con los periódicos que se acompañaron y relatado en el capítulo de pruebas del recurso original, y del cual se acompaña un extracto, para pronta referencia, es claro el apoyo municipal y estatal, a tan solo unos días de recibirse la votación, a favor de los candidatos de la Coalición Democrática y del Trabajo. Las documentales privadas y pruebas técnicas aportadas, narradas y razonables en el capítulo de pruebas del recurso original, indican que no es posible que la voluntad del elector se haya respetado, ya que el gobierno, con todo su peso, y su poder de convencimiento, derivado de su manejo del presupuesto, haya decidido elegir a los candidatos, y no dar ese derecho a los ciudadanos, toda vez que los funcionarios municipales y estatales realizaron una serie de conductas que aisladas no muestran con toda claridad su gravedad, pero que en su conjunto constituyen violaciones graves, sistemáticas, generalizadas y determinantes que ponen en duda la certeza del proceso electoral, ya que constituyen violaciones a los principios rectores de la materia electoral.

 Es claro que a la responsable, de nueva cuenta, se le presentaron los hechos, los argumentos y los supuestos de Derecho. Lo único frívolo en este asunto es que no se haya dedicado al análisis del mismo, sino que por el contrario los haya desechado de plano, sin más análisis.

 Como se acredita en uno de los extractos de este ocurso se presentaron casos, casilla por casilla, sobre cuestiones que se estimaban lesivas de la voluntad del elector, mismas que jamás fueron tomadas en cuenta. Se acreditaron dichas violaciones con documentos públicos y privados. No fue frívolo.

 El simple análisis que se haga de la evidencia proporcionada, proporcionará a sus señorías el sustento material para decretar fundado el agravio y nulo el proceso electoral que nos ocupa.

 III. En relación con lo previsto por la fracción III del artículo 310 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, mismo que la letra dice: “Se declarará la nulidad de las votaciones recibidas en una casilla, únicamente en los siguientes casos... III. Realizar, sin causa justificada, el escrutinio y cómputo en local diferente al determinado por el Comité Distrital Electoral correspondiente;” éste se actualizó en diversas casillas, que fueron puntualmente descritas en el recurso de inconformidad. Como ya se manifestó, es un agravio que simplemente fue ignorado.

 Si mi partido acreditó que se había realizado el cómputo en un lugar distinto al autorizado, eso no es un argumento “frívolo”, sino uno que debe considerarse, toda vez que está tutelado por la Ley, y afecta la elección. Para efectos de este agravio basta como evidencia del trato superficial que se le dio a todo el asunto por parte de la autoridad electoral responsable.

 IV. En relación con lo previsto por la fracción IV del artículo 310 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, mismo que a la letra dice: “Se declarará la nulidad de las votaciones recibidas en una casilla, únicamente en los siguientes casos... Que exista dolo o error en el escrutinio y cómputo de los votos que beneficien a uno de los candidatos, fórmula o planilla de candidatos y que éste sea determinante para el resultado de la votación, salvo que éste sea corregido en el cómputo correspondiente;” se mencionó en el recurso de inconformidad un número de casillas donde se estimaba que esto había sucedido.

 Se acompaña como extracto, lo manifestado en el recurso sobre este particular. Para los efectos que nos ocupa, se quiere hacer mención de que en el recurso original, se probó y argumentó que en más del 20% de las casillas, habían existido problemas de cómputo de los votos, tanto así fue que “todos los paquetes electores fueron abiertos”. A riesgo de sonar tedioso, sólo quiero señalar a sus señorías que el recurso interpuesto fue específico en las casillas y en las causales de nulidad. El recurso no fue frívolo. Lo frívolo fue la resolución.

 V. En relación con lo previsto por la fracción IX del artículo 310 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur que señala: “Se declarará la nulidad de las votaciones recibidas en una casilla, únicamente en los siguientes casos... La recepción de votación por personas u organismos distintos a los facultados por esta Ley;” éste se actualizó en diversas casillas, hecho que desde luego fue mencionado en el recurso que nos ocupa.

 En el recurso textualmente se manifestó:

 “En las casillas que en este apartado se impugnan, la recepción de la votación se efectuó por personas distintas a las legalmente facultadas para ello como se desprende de las actas de jornada electoral y del encarte definitivo así como del acuerdo en donde se aprobó a los funcionarios de casilla, pruebas que adminiculadas entre sí, dan convicción plena de lo aquí aseverado; en este tenor, el artículo 115 de la Ley Electoral del Estado, establece que las mesas directivas de casillas estarán integradas por ciudadanos y los requisitos que deben cumplir, asimismo, el artículo 119 refiere que estos estarán facultados para instalar y clausurar la casilla, la recepción, escrutinio y cómputo del sufragio emitido, respetar y hacer respetar la libre emisión del sufragio, garantizar el secreto del voto y asegurar la autenticidad del escrutinio y cómputo.”

 Es claro que, tal y como se alegó y acreditó en el recurso original, y tal y como lo ignoró la responsable, en gran parte de las casillas, actuaron como funcionarios de las mismas, personas no autorizadas por la ley para hacerlo; y en consecuencia realizaron las actividades de vigilancia del cumplimiento de la ley, identificación de los electores, comprobación de que los nombres de los electores figuraran en las listas nominales, entrega de boletas a los electores y mantenimiento del orden público, actividades que únicamente corresponden a los funcionarios de la mesa directiva de casilla, legalmente designados. Lo anterior en detrimento del proceso electoral y en violación a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, equidad y objetividad que deben regir en todo proceso electoral. Principios que se encuentran consagrados en el artículo 36 de la Constitución particular del Estado y en el artículo 2 de la ley de la materia.

 No se trata de una simple violación al procedimiento de sustitución, sino una violación grave no reparable que trae como consecuencia una serie de irregularidades que a su vez generan mayor incertidumbre en la actuación de los órganos electorales y sobre todo en el resultado mismo del proceso electoral. Tampoco se trata de un argumento frívolo, sino por el contrario, fundado, y tal como nos dijo el tribunal responsable que se debía de hacer, casilla por casilla.

 Los anteriores casos se realizaron sin que se cumplieran las formalidades legales para tal efecto, por lo que su actuación es ilegítima, lo que se comprueba al analizar las actas de la jornada electoral, escrutinio y cómputo y de las hojas de incidentes, en las que en ninguna de ellas se hace constar la razón por la cual los funcionarios originalmente facultados fueron indebidamente sustituidos, violando el artículo 215 de la Ley Electoral del Estado, y en consecuencia, se actualiza la causal de nulidad prevista por el artículo 310, fracción IX, del mismo ordenamiento.

 Para soportar nuestro “frívolo” argumento, nos tomamos la molestia de transcribir criterios jurisprudenciales, que fueron totalmente ignorados por la responsable. A continuación, lo hacemos de nuevo, simplemente para acreditar que el recurso interpuesto, merecía una respuesta diferente a la que recibió:

“RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS FACULTADOS POR EL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. CASO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 213, párrafo 1, inciso c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, si el día de la jornada electoral a las 8:45 horas no se ha instalado la casilla, el Consejo Distrital tomará las medidas necesarias para tal efecto y siempre que no se encuentre presente el Presidente de la misma o su suplente, debiendo designar al personal autorizado para su instalación y verificar que dicho acto se lleve a cabo en términos de ley. En virtud de lo anterior y de conformidad con el artículo invocado, si los Presidentes de las mesas directivas de casilla son sustituidos antes de la hora citada y por ciudadanos que no tienen el carácter de propietarios o suplentes, según las listas autorizadas y publicadas por el órgano electoral competente, o por personas que no fueron doblemente insaculadas y capacitadas, y sin que en ambas hipótesis se dé la intervención del Consejo Distrital respectivo, resulta claro que se actualiza la causal de nulidad prevista en el artículo 287, párrafo 1, inciso e) del Código de la materia.”

“RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR). El artículo 116 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, señala que las mesas directivas de casilla se integran con residentes de la sección electoral respectiva, en pleno ejercicio de sus derechos políticos, de reconocida probidad, que tengan modo honesto de vivir, y los conocimientos suficientes para el desempeño de sus funciones. Por su parte, el artículo 210 del mismo ordenamiento prescribe la forma en que deben proceder los ciudadanos insaculados y nombrados para los cargos de Presidente, Secretario y Escrutadores propietarios de la casilla electoral para instalarla, previéndose, al efecto, en el numeral 215, los mecanismos o procedimientos a seguir en caso de que no pueda instalarse la mesa directiva con la normalidad apuntada, entre cuyos supuestos eventualmente puede y debe recurrirse a ocupar los cargos faltantes mediante la designación, por parte de algún funcionario propietario o suplente, la propia autoridad electoral o incluso los representantes de los partidos políticos de común acuerdo, según fuere el caso, de entre los electores que se encontraren en la casilla, esto es, pertenecientes a dicha sección electoral. Ahora bien, el simple hecho de que haya formado parte en la integración de la mesa directiva de casilla, cualesquiera que hubiese sido el cargo ocupado, una persona que no fue designada por el organismo electoral competente ni aparezca en el listado nominal de electores correspondiente a la sección electoral respectiva, al no tratarse de una irregularidad meramente circunstancial, sino una franca transgresión al deseo manifestado del legislador ordinario de que los órganos receptores de la votación se integren, en todo caso, con electores de la sección que corresponda, pone en entredicho el apego irrestricto a los principios de certeza y legalidad del sufragio; por lo que, consecuentemente, en tal supuesto, debe anularse la votación recibida en dicha casilla.”

“ESCRUTADORES. SU AUSENCIA TOTAL DURANTE LA FASE DE RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN, ES MOTIVO SUFICIENTE PARA CONSIDERAR QUE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA SE INTEGRÓ INDEBIDAMENTE. Cuando de las constancias que obran en autos se acredita fehacientemente que, ante la ausencia de los dos escrutadores, el Presidente de la mesa directiva de casilla no designó a las personas que fungirían en dichos cargos, en términos del artículo 213, párrafo 1, inciso a), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y que, además, la mesa directiva de casilla funcionó, durante la fase de recepción de la votación, con la mitad de los funcionarios que la debieron haber integrado, debe concluirse que lo anterior es razón suficiente para considerar que el referido organismo electoral no se integró debidamente y, consecuentemente, se actualiza la causal de nulidad de votación recibida en casilla prevista en el artículo 75, párrafo 1, inciso e), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.”

“SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213, párrafo 1, inciso a), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, cuando la mesa directiva de una casilla no se complete con los funcionarios designados que asistan y los suplentes que se presenten, el presidente habilitará para los puestos vacantes a electores que se encuentren en la casilla, que desde luego deben ser de los inscritos en la lista nominal correspondiente y no estar impedidos legalmente para ocupar el cargo, ya que con esto se garantiza la acreditación de la generalidad de los requisitos que exige el artículo 120 del ordenamiento mencionado, especialmente los precisados en los incisos a), b), c) y d); de manera que no es admisible la designación de personas distintas, que por cualquier circunstancia se encontraran en ese sitio.”

 Para terminar este agravio se quiere señalar a sus señorías que el objetivo del mismo se cumple si ustedes llegan al convencimiento de que existieron irregularidades en la emisión de la sentencia recurrida, ya que no se resolvió de ninguna forma lo que se había planteado, sino por el contrario, lo que se quiso resolver. En este caso, sus señorías deberán analizar las pruebas aportadas en el recurso original, para arribar a la conclusión que es de decretarse la nulidad de la elección de ayuntamiento, para el Municipio de Los Cabos, Baja California Sur.

 Sexto. Se hace valer este agravio en el sentido de que la responsable no valoró el argumento relativo a la campaña de difamación orquestada por las autoridades, en contra del candidato de Acción Nacional. Esta campaña estimamos fue determinante para el resultado de la votación, razón por la cual, la traemos nuevamente a juicio, solicitando que, en esta ocasión, el agravio sí sea debidamente analizado, si para este momento su señorías no están ya convencidos de decretar la nulidad de las elecciones en el Municipio de los Cabos.

 Durante todo el proceso electoral que imperó en el Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, el candidato postulado por el partido que representó el ingeniero Juan Sebastián Romo Carrillo, fue objeto de una campaña de desprestigio por parte del gobierno estatal y municipal, así como de la Coalición PRD-PT, a través de distintos medios de información y comunicación como lo son: prensa, radio, televisión, volantes, panfletos, etc., en su contra constituida por una continua serie de difamaciones al pretendérsele imputar de manera dolosa supuestos hechos pasados tales como: Un supuesto homicidio, un fraude millonario, un despojo de tierras a ejidatarios entre otras calumnias, con el único fin de desprestigiarlo, desacreditarlo y lo que es más grave aún con el único fin de confundir y distraer al electorado e influir en él con falsedades, mentiras, injurias y calumnias durante toda la campaña electoral y cada vez en aumento hasta los días anteriores al día de la jornada electoral e incluso la noche antes del tres de febrero, fueron repartidos y circulados entre los ciudadanos de diversas colonias y poblados que componen el Municipio de Los Cabos, panfletos de desprestigio y difamatorios en su contra. En el recurso original se acompañaron las siguientes pruebas para acreditar lo anteriormente manifestado:

 a) Libro titulado Conspiración para matar a Edith, escrito por Héctor Martín Ojeda de la Rosa (novela).

 b) Así como un panfleto que se distribuyó masivamente entre la población en la noche previa a la jornada electoral, por lo que su finalidad era inhibir a la población.

 La documental privada (que se acompañó como prueba) consiste en el tomo número 3787 del periódico Tribuna de Los Cabos, de fecha veintiuno de diciembre de dos mil uno, en la que se puede observar en la primer página, central de columnas: “Pedirán al gobernador investigue la concesión de la aeropista de CSL y en las páginas 2 y 10 del mismo tomo, se aprecia claramente la intención del Gobernador en intervenir en el proceso electoral al tratar de intimidar al actor Sebastián Romo Carrillo, candidato del Partido Acción Nacional a la Presidencia Municipal de Los Cabos y propietario de la citada aeropista de Cabo San Lucas. En el mismo tomo, se aprecia en la primera página y en la página 10, que el Gobernador sigue inaugurando obras por decenas de millones de pesos y anuncia el inicio de otras obras en pleno proceso electoral y, preparando la conciencia electoral favoreciendo a su primo hermano y candidato oficial.

 La documental privada consistente en el tomo número 3788 del periódico Tribuna de Lo Cabos, de fecha veintidós de diciembre de dos mil uno, en el que se puede observar en su primera página: Anuncia LCM: Investigarán concesión de la aeropista de CSL y en la página 2, se demuestra la intromisión del Gobernador sobre asuntos que no son de competencia estatal (aeronáutica es federal) y, como lo destacan las ocho columnas, en claro ataque a nuestro candidato, propietario de la citada vía de comunicación.

 Por lo anterior, reitero que todas las acusaciones directas e indirectas realizadas en forma pública en contra del candidato postulado por Acción Nacional, fueron con la intención de inducir al electorado a mantener una percepción negativa del candidato y partido en comento, traducida en desconfianza y temor de la ciudadanía, por la gravedad de tales imputaciones. Conducta que de forma material incidió en todo el electorado, afectando la totalidad de las casillas del Municipio de los Cabos. En este sentido, al decretarse fundado el presente agravio, se deberá decretar la nulidad del proceso en su conjunto. Mi representado, el Partido Acción Nacional, como se demuestra en el propio escrito del recurso de inconformidad, presentado ante la autoridad responsable, estableció los diversos agravios y fundamentó los mismos, aplicando los criterios con los que la máxima autoridad en el país ha procedido a garantizar los derechos de los ciudadanos y es el caso que a continuación presento una causal más que del propio escrito de impugnación se desprende, pero que resulta importante su señalamiento en lo particular como lo es la relativa a la denominada “Causal Abstracta”, prevista en la siguiente tesis relevante emanada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tercera Época.

 “NULIDAD DE ELECCIÓN. CAUSA ABSTRACTA (Legislación del Estado de Tabasco). Los artículos 39, 41, 99 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 9 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, establecen principios fundamentales como: el sufragio universal, libre, secreto y directo; la organización de las elecciones a través de un organismo público y autónomo; la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad como principios rectores del proceso electoral; el establecimiento de condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación social; el control de la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, así como que en el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales debe prevalecer el principio de equidad. Estos principios deben observarse en los comicios, para considerar que las elecciones son libres, auténticas y periódicas, tal y como se consagra en el artículo 41 de dicha constitución, propias de un régimen democrático. Esta finalidad no se logra si se inobservan dichos principios de manera generalizada. En consecuencia, si alguno de esos principios fundamentales en una elección es vulnerado de manera importante, de tal forma que impida la posibilidad de tenerlo como satisfecho cabalmente y, como consecuencia de ello, se ponga en duda fundada la credibilidad o la legitimidad de los comicios y de quienes resulten electos en ellos, es inconcuso que dichos comicios no son aptos para surtir sus efectos legales y, por tanto, procede considerar actualizada la causa de nulidad de elección de tipo abstracto, derivada de los preceptos constitucionales señalados. Tal violación a dichos principios fundamentales podría darse, por ejemplo, si los partidos políticos no tuvieran acceso a los medios de comunicación en términos de equidad; si el financiamiento privado prevaleciera sobre el público, o bien, si la libertad del sufragio del ciudadano fuera coartada de cualquier forma, etcétera. Consecuentemente, si los citados principios fundamentales dan sustento y soporte a cualquier elección democrática, resulta que la afectación grave y generalizada de cualquiera de ellos provocaría que la elección de que se trate carecería de pleno sustento constitucional y, en consecuencia, procedería declarar la anulación de tales comicios, por no haberse ajustado a los lineamientos constitucionales a los que toda elección debe sujetarse.”.

 Dado los planteamientos que contienen los agravios anteriormente transcritos, para una mejor comprensión de los mismos, se hará necesario reproducir los que el entonces recurrente hizo valer en el recurso de inconformidad y que se relacionan con lo que denomina “causal genérica de nulidad”.

“En todo proceso electoral y en particular en el del Estado de Baja California Sur, deben observarse y respetarse en todo momento los principios rectores que señala la disposición contenida en el artículo 2 de la Ley Electoral para el Estado de Baja California Sur y que imperan en todo proceso electoral y que son: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, equidad y objetividad ya que de no ser así, se pondría en tela de juicio la validez del proceso y de la elección misma.

El Instituto Federal Electoral, en su página oficial de internet, nos ha descrito los principios mencionados en el punto anterior. Toda vez que la base del presente recurso es la violación a dichos principios, me permito transcribir su definición, para ilustrar a ese honorable Tribunal sobre los agravios que adelante se harán valer.

Certeza. Alude a la necesidad de que todas las acciones que desempeñe el Instituto Federal Electoral y los órganos correlativos locales, estén dotadas de veracidad, certidumbre y apego a los hechos, esto es, que los resultados de sus actividades sean completamente verificables, fidedignos y confiables.

Legalidad. Implica que en todo momento y bajo cualquier circunstancia, en el ejercicio de las atribuciones y el desempeño de las funciones que tienen encomendadas el Instituto Federal Electoral y los órganos correlativos locales, se debe observar, escrupulosamente, el mandato constitucional que las delimita y las disposiciones legales que las reglamentan.

Independencia. Hace referencia a las garantías y atributos de que disponen los órganos y autoridades que conforman la institución para que sus procesos de deliberación y toma de decisiones se den con absoluta libertad y respondan única y exclusivamente al imperio de la ley, afirmándose su total independencia respecto a cualquier poder establecido.

Imparcialidad. Significa que en el desarrollo de sus actividades, todos los integrantes del Instituto Federal Electoral y de los órganos correlativos locales deben reconocer y velar permanentemente por el interés de la sociedad y por los valores fundamentales de la democracia supeditando a éstos, de manera irrestricta, cualquier interés personal o preferencia política.

Objetividad. Implica un quehacer institucional y personal fundado en el reconocimiento global, coherente y razonado de la realidad sobre la que se actúa y, consecuentemente, la obligación de percibir e interpretar los hechos por encima de visiones y opiniones parciales o unilaterales, máxime si éstas pueden alterar la expresión o consecuencia del quehacer institucional.

Se quiere llamar la atención de ese honorable Tribunal, que en el Municipio de Los Cabos la falta de equidad, legalidad por parte del Gobierno del Estado y del VII Ayuntamiento de Los Cabos, con la complacencia del Instituto Estatal Electoral del Estado, y en particular el Comité Municipal Electoral de Los Cabos, Baja California Sur, originó situaciones anómalas y de inequidad entre las fuerzas políticas, mismas que definitivamente incidieron en la intención de voto de los electores del citado municipio.

Por otra parte, a todo lo largo del proceso electoral se observaron deficiencias en el actuar de las autoridades electorales, mismas deficiencias que se vieron debidamente reflejadas durante la jornada electoral. Es claro y evidente que todo el proceso en su conjunto careció de calidad electoral, entendiendo dicho concepto como el actuar de las autoridades, para salvaguardar el derecho de solicitar de forma equitativa el voto al ciudadano, y el derecho a que cada voto sea contado, reflejando la voluntad libre del mismo. En la medida en que la ineptitud de los funcionarios de casilla, con poca o nula capacitación, impida esto, estamos ante un proceso de poca calidad. En la medida en que no se respeten los términos para hacer campaña, permitiendo que un partido siga haciendo proselitismo, y los otros no, tenemos un proceso de mala calidad. En la medida de que el Gobierno, en sus diversos niveles, y con sus diversos funcionarios, se incline de forma clara y descarada a favor de unos candidatos, estamos ante un proceso viciado. Asimismo, en la medida de que, una vez recibidos y contabilizados los votos, los funcionarios no sepan respetar el derecho a la representación proporcional, nos demuestra la gran ignorancia de la Ley, y de los principios que rigen al derecho electoral. En fin, el proceso estuvo plagado de irregularidades que definitivamente incidieron en el resultado del mismo, lo cual ha de motivar su anulación.

Independientemente que se hagan señalamientos particulares, a casos específicos, los vicios arriba mencionados traen consigo la nulidad de la mayoría de las casillas donde la falta de calidad es tan notoria, que la única consecuencia posible y constitucionalmente aceptable es decretar la nulidad de la mayoría de las casillas en forma individual, las cuales, en su conjunto y toda vez que se presentaron en forma generalizada, sistemática y substancial y en mucho más porcentaje al de 20%, sí fueron determinantes e influyentes en el resultado de la votación en el Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, materializándose la causal genérica de nulidad, causal que se encuentra ya contemplada en el mundo jurídico electoral como lo ha sostenido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia que enseguida se transcribe:

“CAUSAL GENÉRICA DE NULIDAD. SU ESTUDIO POR PARTE DE LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL ELECTORAL PROCEDE AUN DE OFICIO. El artículo 290 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, dispone que: "1. Sólo podrá ser declarada nula la elección en un distrito electoral o en una entidad, cuando las causas que se invoquen hayan sido plenamente acreditadas y sean determinantes para el resultado de la elección. 2. Las Salas del Tribunal Federal Electoral podrán declarar la nulidad de una elección de diputados o senadores cuando se hayan cometido en forma generalizada violaciones sustanciales en la jornada electoral en el distrito o entidad de que se trate y se demuestre que las mismas son determinantes para el resultado de la elección, salvo que las irregularidades sean imputables al partido recurrente". Como se puede advertir en el párrafo 2 del precepto en comento, se consagra una facultad distinta de la que se establece en el párrafo 1 del mismo numeral, pues no se impone limitación a la potestad anulatoria de las Salas del Tribunal, en el sentido de que las causas de nulidad tengan que haber sido invocadas y plenamente acreditadas por los partidos políticos justiciables. En consecuencia, las Salas pueden llegar a declarar la nulidad de una elección motu proprio, cuando adviertan que, por el número, la naturaleza y la trascendencia de las violaciones cometidas durante la jornada electoral, la elección llevada a cabo no deba subsistir.

SI-REC-071/94. Partido Revolucionario Institucional. 19-X-94. Unanimidad de votos.”

“CAUSAL GENÉRICA DE NULIDAD. INTERPRETACIÓN DE LA. Conforme a una interpretación sistemática y funcional de las disposiciones aplicables, se llega a las siguientes conclusiones: a). Las violaciones a las que se refiere el artículo 290, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que en la parte final de su texto también califica de "irregularidades", pueden ser las que se contemplan como causales de nulidad según el artículo 287 del Código de la materia, pero no únicamente éstas sino también cualquiera otra transgresión a la ley que se manifieste en un acto contrario a su texto o que implique que la ley no fue observada o fue indebidamente interpretada. Para que tales violaciones o irregularidades satisfagan el primero de los presupuestos de la norma, tienen que darse en forma generalizada, es decir, que si bien no actualizan causal de nulidad individualmente consideradas, constituyen por su amplitud una evidencia de que el desarrollo de la jornada electoral no cumplió con los principios constitucionales de certeza, legalidad y objetividad que deben imperar en toda elección; por ello, el Tribunal Federal Electoral como garante de que los actos electorales se sujeten invariablemente a tales principios, debe estimar objetivamente todos aquellos aspectos particulares del desarrollo de la elección para determinar la validez o nulidad de los resultados de la misma; b). El segundo de los presupuestos del precepto legal mencionado, consiste en que las violaciones realizadas sean sustanciales. Esta característica debe entenderse en el sentido de que tales violaciones o irregularidades atenten contra cualquiera de los elementos esenciales de la jornada electoral, es decir, que sean irregularidades que pongan en entredicho, principalmente, el escrutinio y cómputo de los votos emitidos y la debida integración de los órganos receptores de la votación. Al estar en presencia de violaciones sustanciales, se afecta la razón misma de la jornada electoral, que tiene como fin recibir la votación de los electores, y conforme al resultado numérico de ella, decidir quiénes han de desempeñar los cargos de elección popular; c). El tercer presupuesto de la norma, es el relativo a que las violaciones sustanciales que se den en forma generalizada en el Distrito Electoral sean determinantes para el resultado de la elección. Este elemento que en nuestra legislación, como en la de la mayoría de los países, tiene una especial importancia cuando se ha de juzgar sobre la validez de una elección, hasta ahora, ha sido interpretado por el Tribunal Federal Electoral en la mayoría de los casos, con un criterio numérico o aritmético, para deducir si el error en el cómputo de los votos es determinante. Sin embargo, es indiscutible que otras consideraciones que atañen al fondo de una elección son de tanta importancia, o más, que el criterio puramente aritmético. Conforme a lo dispuesto por la parte final del párrafo octavo del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los principios rectores de la función electoral, son: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Basta que no se satisfaga uno solo de los citados principios, para que una elección sea inaceptable, siendo ello suficiente para no confiar en el resultado de la elección; d). Finalmente, por la naturaleza de las irregularidades constatadas y por los elementos de juicio que obren en autos, si no hay razón alguna para imputar tales irregularidades al partido recurrente, debe tenerse por satisfecho el cuarto y último elemento de los presupuestos de la norma legal y, en consecuencia, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 290, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, las Salas del Tribunal deben declarar la nulidad de la elección.

SC-I-RIN-199/94. Partido de la Revolución Democrática. 5-X-94. Unanimidad de votos.”

Es claro que la legislación electoral del Estado de Baja California Sur no prevé la existencia de una causal genérica de nulidad de elecciones. No obstante lo anterior, el artículo 310 de la ley electoral, en sus diversas fracciones establece claramente cuándo se declarará la nulidad de las votaciones recibidas en una casilla. A su vez, el artículo 311 establece cuando una elección será nula, situación que mi representada acredita fehacientemente ya que los supuestos que se indican en los dispositivos antes señalados se cumplen en extremo, lo cual implica que al encontrarse fundados los agravios, ese honorable Tribunal no tendrá más remedio que decretar la nulidad de las elecciones, en su totalidad.

Cumplidos los requisitos que para la interposición de los recursos señala la ley de la materia, me permito exponer las consideraciones jurídicas en que se funda el presente recurso al tenor de los siguientes:

Hechos.

1. El día tres de febrero del dos mil dos, se llevaron a cabo elecciones para elegir diputados locales por principio de mayoría relativa, diputados locales de representación proporcional y para miembros de los ayuntamientos en todo el Estado de Baja California Sur y en particular en el Municipio de Los Cabos, habiéndose obtenido los siguientes resultados, en lo que se refiere a la elección de ayuntamiento:

2. En el transcurso de la jornada electoral y en días previos a ella sucedieron irregularidades substanciales y sistemáticas que la afectaron grave y determinantemente en detrimento tanto los principios de imparcialidad, certeza, independencia, legalidad y objetividad, rectores de los procesos electorales, como de la voluntad de los electores para ejercer libre y conscientemente su derecho a sufragar, lo anterior en perjuicio del partido político que represento y del proceso electoral en su conjunto.

3. El principio de equidad e imparcialidad, fue lesionado en su totalidad al no existir una contienda justa y equitativa en el presente proceso electoral afectando y agraviando directamente a mi representado en la elección que por esta vía se impugna. Lo anterior se acredita con los hechos que a continuación se narran: El dos de enero del dos mil dos, los representantes de los partidos políticos PAN, PRI, PVEM, PAS y PSN, es decir las fuerzas políticas que constituyen la oposición al actual gobierno local, solicitaron por escrito al Consejo General del Instituto Estatal Electoral, que se hiciera una atenta exhortación a los Gobiernos Estatal y Municipales, para efecto de que dejaran de difundir sus programas de acción y obras públicas, treinta días antes de la jornada electoral y en el propio día de la elección. No se solicitó la suspensión de dichos programas y obras, solo su difusión. Se pidió incluso que no se comprendieran aquellos que, por su especial naturaleza, no pueden dejar de hacerse del conocimiento público, como lo son los de asistencia social y de salubridad. Dicha solicitud que fue acordada de conformidad, por unanimidad, por parte del Consejo General. Lo anterior fue hecho del conocimiento de todos los gobiernos municipales y el estatal. Dichos gobiernos, ante tal circunstancia, lejos de sumarse al compromiso de una contienda justa y acatar las resoluciones del órgano electoral, arremetieron con una oleada de difusión de sus programas de acción y obras públicas, situación que se hizo del conocimiento al Consejo General y al Comité Municipal. La conducta del gobierno, en sus diversos niveles, fue a todas luces con fines proselitistas, impactando al electorado e induciéndolo a votar por el partido que gobierna en este Estado y municipio, que es la Coalición Democrática y del Trabajo. La magnitud de difusión se ve reflejada en el siguiente cuadro esquemático:

De igual forma me permito transcribir de manera literal las siguientes notas periodísticas en las que el ciudadano gobernador pública y abiertamente declara su apoyo incondicional en todas las formas a los candidatos de la Coalición Democrática y del Trabajo, y a su partido:

Diario: Sudcaliforniano

Sección: Los Cabos

Fecha: 26 de enero del 2002

Página: 1/A

Nota: Establecen compromiso de atender a maestros cabeños.

Sorpresiva atención a maestros a ocho días de la elección.

Diario: Sudcaliforniano

Sección: Los Cabos

Fecha: 26 de enero del 2002

Página: 2/A

Nota: Gobernador dio el banderazo de inicio de las obras de construcción y de acceso a la Universidad de Baja California Sur.

Denota la promoción partidista en todos los ámbitos electorales del Estado.

Diario: Sudcaliforniano

Sección: Los Cabos

Fecha: 27 de enero del 2002

Página: 3/A

Nota: Exponen maestros necesidades a Ulises y Druk

Aparentando solicitudes del magisterio de Cabo San Lucas, se organizaron reuniones para realizar ofertas a escasos días de las elecciones.

Diario: Sudcaliforniano

Sección: Los Cabos

Fecha: 28 de enero del 2002

Página 1/A y 3/A

Nota: 1/A. Deberán colonos desalojar Lagunitas I y II. 3/A. Temen ser desalojadas 30 familias de los Cangrejos, esperan respuesta de autoridades.

Como parte de la campaña de intimidación dirigida a la ciudadanía de Cabo San Lucas, por ser bastión panista.

Diario: Sudcaliforniano

Sección: Los Cabos

Fecha: 29 de enero del 2002

Página: 1 (uno)

Nota: Poca respuesta de funcionarios a entregar unidades oficiales.

Fueron usadas unidades oficiales el día de la elección esta nota demuestra que sólo 7% de las unidades quedan en resguardo.

Diario: El Peninsular

Sección: Los Cabos

Fecha: 23 de diciembre del 2001

Página: I y III

Para derechohabientes del infonavit, compromete terrenos el ejecutivo.

Diario: El Peninsular

Sección: Los Cabos

Fecha: 19 de noviembre de 2001

Página: I y III

Nota: Desesperado alcalde asume actitudes revanchistas.

Diario: El Tribuna

Sección: Suplemento especial

Fecha: 5 de enero del 2002

Página: Total

Nota: Un gobierno que escucha, de dialogo y atención directa.

Intensa campaña proselitista a menos de un mes de las elecciones.

Diario: El Peninsular

Sección: Los Cabos

Fecha: 22 de diciembre del 2001

Página: I y IV

Nota: Inicia gira de trabajo importantes obras entrega Leonel Cota Montaño.

Inaugura una obra jardín de niños en la colonia Lagunitas Premier, en donde posteriormente son amenazados los vecinos de desalojo por ser zona de riesgo.

Ver: Tribuna

Fecha: 29 de enero del 2002

Páginas: primera plana y 4

Nota: Zona de riesgo, inminente la desocupación de Lagunitas I, II y Premier.

Diario: El Peninsular

Sección: Los Cabos

Fecha: 13 de enero del 2002

Página: 4 primera sección

Nota: Realiza el gobierno programa de basificación.

El oficial mayor del gobierno del estado profesor Rogelio Martínez Santillán, señaló que durante el primer trimestre del presente año se llevará a cabo la gasificación de más trabajadores con más de seis años de servicios públicos, esto en coordinación con el sindicato de burócratas, el cual tiene todo el presente mes para analizar los posibles beneficios de este programa.

Por otro lado se indicó que el pasado jueves diez del presente mes se llevó a cabo el pago de la segunda parte del aguinaldo, por lo que el gobierno erogó 6,300,000.00 pesos, a un total de 3,579 burócratas.

Diario: El Peninsular

Sección: Los Cabos

Fecha: 13 de enero del 2002

Página: Primera Sección 5

Nota: Extraordinario apoyo otorgará el gobierno a la Universidad Autónoma de Baja California Sur.

El ejecutivo estatal, el licenciado Leonel Cota Montaño tomó la decisión de realizar un histórico aumento de material de crecimiento, con anterioridad el apoyo del gobierno estatal era de 15% por cada peso que pone el Gobierno Federal.

Diario: El Peninsular

Sección: Los Cabos

Fecha: 13 de enero del 2002

Página: Primera Sección 10

Nota: Entrega L.C.M. autobús a el ISJ.

A fin de dar facilidad para que los jóvenes participen en las diferentes actividades que llevan a cabo el Instituto Californiano de la Juventud (ISJ) mañana lunes el gobernador del Estado Leonel Cota Montaño, hará entrega de un autobús para transporte.

Diario: El Peninsular

Sección: Los Cabos

Fecha: 28 de enero del 2002

Página: Los Cabos III

Nota: Peligrosa intromisión de LCM.

Sin escrúpulos hace campaña abierta para los candidatos coaligados, evidenciando temor ante la inminente.

Diario: Sudcaliforniano

Sección: Los Cabos

Fecha: 31 de enero del 2002

Página: 1ª, 2ª, 3ª

Nota: Problemática magisterial insostenible.

Ignorando al gremio de los maestros por muchos años, tiene la primera plática unos días antes de la elección.

Diario: El Peninsular

Sección: Los Cabos

Fecha: 31 de enero del 2002

Página: I y III

Nota: En reunión con el gobernador exponen maestros demandas laborales.

Registro de programación de Cabo Mil.

Cassette 1.

Viernes primero de febrero de dos mil dos: En el programa “Amanecer en Los Cabos” Mirna Xibillé entrevistó al Gobernador del Estado Leonel Cota Montaño, quien se refirió a los que lo acusan de andar haciendo proselitismo, afirmando que lo mismo está haciendo el PAN al traer a personajes del gobierno federal, que dice sólo vienen a criticar. Enseguida hizo alusión al aumento que se ha dado por parte del gobierno federal al servicio de electricidad; dijo que como no pudieron subir el IVA a alimentos y medicinas ahora lo hacen a la luz.

En alusión directa a Sebastián Romo Carrillo, candidato del PAN a la Presidencia Municipal de Los Cabos, comentó que algunos candidatos dicen que lo están poniendo a trabajar (Sebastián era el único que lo decía en sus discursos), y agregó que él siempre se ha preocupado por Los Cabos.

También criticó el hecho de que personas del gobierno federal han venido a Los Cabos y no fueron al resto del Estado. Mencionó incluso a promotores de APEC.

Después salió una cápsula informativa en donde el gobernador se refiere al Magisterio, comprometiéndose a atender las necesidades que este sector le presente (siendo que el magisterio estuvo presentando demandas desde el inicio del actual gobierno estatal y el gobernador se acordó de su existencia precisamente a unos días de la elección).

En ningún momento del programa de ese día se pasaron al aire comentarios del auditorio, excepto aquéllos que alabaron las palabras del gobernador.

En el mismo programa Mirna Xibillé leyó una información en donde el gobernador anuncia una reunión en San José del Cabo con el SNTE y también manifiesta que les otorgará un terreno al SNTE de Cabo San Lucas.

Pasaron también un comentario de Félix López, activista de la Coalición PRD-PT, quien se expresó mal del candidato a diputado del PAN por el séptimo distrito Eusebio Lumbreras. En ese comentario involucra a Romo por ser de su equipo.

Por su parte, el PRI denunció que hay funcionarios de gobierno desviando recursos públicos para despensas y dádivas asimismo desviando desayunos escolares.

Cassette 2.

Enero quince de dos mil dos. Amanecer en Los Cabos. Conductor: Mirna Xibillé.

Comentario informativo por parte de Perla Gutiérrez: La esposa del gobernador Araceli Cárdenas de Cota hará una gira de trabajo por el Municipio de Los Cabos. En esta gira se anuncia la inauguración de parques infantiles, así como la colocación de la primera piedra para la ampliación del CENDI de Cabo San Lucas.

(En este aspecto, se ha solicitado la ampliación de esta obra desde hace cinco años por parte del magisterio, de igual manera las mismas empleadas del CENDI, que por temor no dan su nombre, comentan que llevan tres años colocando la primera piedra, tomando esto como una clara acción de campaña a favor de los candidatos de la Coalición PRD-PT).

La conductora Mirna Xibillé toma una llamada el aire de parte del señor Raúl Olachea, Director Municipal de Servicios Públicos, a quien le concede alrededor de diez minutos para justificar el grave problema de la basura, aspecto que le ha perjudicado a los candidatos de la coalición.

Mirna Xibillé pasa una llamada de la señora Marcela Márquez en donde se alude al señor Eusebio Lumbreras, candidato del PAN a la diputación por el VII Distrito local. Dicha señora dijo: El señor Lumbreras dio muchas cartas de propiedad a mucha gente y ahora dice que hay problemas con esos terrenos.

El señor Alonso Álvarez, reportero de Cabo Mil en La Paz, habla sobre la carretera cuatro carriles de La Paz hacia el sur, diciendo que son obras que hace el buen gobierno, las cuales van a resolver el problema del congestionamiento vehicular. El mismo periodista para un comentario de José Manuel Ochoa donde expresa su inconformidad por las encuestas que publica el candidato a diputado del PAN. El señor Ochoa dijo que con dinero baila el perro y se pueden inventar datos, además no saben sumar.

(En este aspecto, es muy cuestionable la pregunta que se le hizo al candidato porque claramente se percibe la intención de dar a conocer todo lo que puede afectar al PAN y a sus candidatos).

Cassette 3.

Programa “Los Cabos a la carta”: Armando Figaredo entrevista al señor Enrique Jackson, senador de la República, quien en su comentario aludió a la importancia del Congreso por el hecho de que el Presidente no tiene mayoría.

El conductor le pide al senador un comentario sobre lo dicho por Manuel Bartlet (“si le va mal a Fox le va bien al país”).

Enrique Jackson especifica que el senador Bartlet se refirió a aspectos muy específicos como el de la religión, donde ellos están en desacuerdo con la posición de Fox. En ese caso, si le va a ir mal al país, pero eso no quiere decir que queremos que le vaya mal a Fox.

(Es muy claro que el conductor introdujo el tema para provocar críticas hacia el gobierno del Presidente Fox, una de las banderas políticas de la Coalición PRD-PT).

Intervención del Gobernador Leonel Cota Montaño: Habla sobre tema de la construcción del muelle para cruceros, comentando que se hará una reunión con FONATUR para decidir si se construye o no o si se planea su construcción en otro sitio. Comenta que la resolución se dará por acuerdos.

(La construcción del muelle para cruceros causó mucha controversia entre la ciudadanía del Municipio de Los Cabos y el gobernador presenta una postura media sin dar la razón a nadie, por querer quedar bien con todo mundo en tiempos electorales).

Cassette 4.

Entrevista de Armando Figaredo a Sebastián Romo, candidato del PAN a la Presidencia Municipal de Los Cabos.

En toda la entrevista el conductor es muy tendencioso a hacer quedar mal al candidato. Por ejemplo, le dice:

“Hay comentario sobre tu carácter, sobre todo cuándo vas a debatir o cuándo vas a hablar con gente que está en la política, se dice que te pasas un poquito, que hay mucha víscera, o sea que no te centras, que incluso eres como berrinchón, tú como definirías tu carácter.”

Enseguida Armando Figaredo le pregunta que si llevará la administración con un estilo empresarial.

Otro de los grandes comentarios es la relación que se ha dado entre el Gobernador del Estado y Sebastián Romo. El conductor afirma antes de preguntarle:

“Mucho en la administración de un presidente municipal tiene que ver con la relación que tenga que ver con su gobernador, hace que el trabajo sea más fácil, el tener relaciones malas con el gobernador la complica, por cierto tienes experiencia con eso cuando fuiste delegado en Cabo San Lucas y tuviste algunas diferencias con el presidente municipal Miguel Ángel Olachea, ¿Te acuerdas? ¿Esto no dificulta mucho tu labor?”

Videocasetes.

En los videocasetes analizados se aprecia claramente lo siguiente:

1. El señor Miguel Ángel Aráoz, diputado por el VIII Distrito y exdelegado municipal en Cabo San Lucas estaba en las casillas 330 básica, 330 contigua 1, 330 contigua 2, 330 contigua 3, 330 contigua 4, 330 contigua 5 y 330 contigua 6 ostentándose como representante general por la Coalición PRD-PT. El antes mencionado vestía pantalón de mezclilla azul claro y camisa blanca, portando unas carpetas bajo el brazo y mostrando de una de ellas ante la cámara el nombramiento del Instituto Estatal Electoral que lo acreditaba como tal.

2. En esas mismas casillas también se detectó la presencia del señor Abel Castañeda, que trabaja como asesor jurídico del Ayuntamiento de Los Cabos.

3. Se ve en el video diferentes carros de autorentas Álamo acarreando gente identificada como de la coalición para llevarla a votar.

El colmo del descaro y del flagelo al principio de equidad se presentó el treinta de enero del dos mil dos, cuando el periódico Tribuna de Los Cabos, en el último día en que estaba permitido hacer proselitismo, publicó un desplegado pagado, a doble plana, del gobierno municipal, publicitando sus obras, y utilizando la palabra “más”, con exactamente la misma tipografía que la publicidad aparecida ese mismo día, en ese mismo medio, de la Coalición Democrática y del Trabajo, influyendo de forma determinante en la votación, haciendo patente el compromiso de continuidad de un gobierno al otro. Cualquier persona que vea ambas publicaciones pensará, con razón, que se trata de lo mismo. Eso desde luego fue determinante para inducir el voto a favor del candidato oficial.

4. En sesión permanente, iniciada el día seis de febrero del presente año y de conformidad con lo establecido por el artículo 271 y subsecuentes de la Ley Estatal Electoral para el Estado de Baja California Sur, se realizó el cómputo municipal correspondiente a la elección de Ayuntamiento del Municipio de Los Cabos materia de este recurso, declarándose por error del órgano electoral responsable la validez de la elección y entregándose la constancia de mayoría correspondiente a los candidatos a munícipes de la Coalición Democrática y del Trabajo y a pesar de las irregularidades graves que se dieron durante el proceso electoral en sus etapas de preparación, jornada electoral y de resultados, en virtud de haber incidido estas en el resultado de la misma elección.

5. El día seis de febrero de dos mil dos, siendo las 8:00 horas, en las oficinas del Comité Municipal Electoral de Los Cabos, dio inicio la décimo tercera sesión en la cual se llevó a cabo el cómputo de la elección de integrantes de ayuntamientos, terminando a las 3:40 horas del día siete de febrero.

Siendo las 14:30 horas del día siete de febrero de dos mil dos, se llevó a cabo la asignación de regidores por el principio de representación proporcional.

Desarrollando la fórmula contenida en el artículo 284, en relación con los artículos 285 y 286 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, y de acuerdo a la interpretación que de ellos hizo el órgano electoral, se asignaron al Partido Acción Nacional, en un primer resultado obtenido, un total de tres regidurías por el principio de representación proporcional, una regiduría por haber obtenido el porcentaje mínimo de asignación y dos más por contener la votación del partido que represento “seis veces en la votación del Partido Acción Nacional..”, según se redactó en el acta respectiva.

Sin embargo, en un segundo momento, el órgano electoral consideró que existían “errores de interpretación” por lo que aplicó una fórmula diferente, de cuyo resultado derivó la asignación final de dos regidurías al Partido Acción Nacional, dos regidurías al Partido Revolucionario Institucional y una regiduría, respectivamente, a los Partidos Alianza Social y Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional, todas ellas por el principio de representación proporcional.

6. Durante el desarrollo de la sesión de cómputo municipal, se acordó que era necesario que se verificaran los paquetes electorales por cada casilla y revisar los mismos. Esto se menciona como una muestra de la poca calidad del proceso, ya que en primer lugar, la información proveniente de las casillas era tan desconfiable, y tan mal, que el 100% de los paquetes electorales fue verificado. Un gran número de actas de la jornada electoral fueron corregidas. Esto nos indica que las irregularidades de tipo matemático fueron corregidas, pero nos da a pensar que hubo un sinnúmero de irregularidades, que, por no dejar huella, no pudieron ser corregidas por el órgano electoral y que sin duda incidieron en el resultado de la elección. Esta situación desde luego rompe con los principios rectores que en toda contienda electoral deben regir, como son los principios de legalidad, certeza e imparcialidad. La acreditada falta de uno de los principios, en cualesquier elección, es motivo bastante para anular la misma.

7. En la preparación del presente medio de defensa, se invitó a la comunidad a que nos diera testimonio. En ese sentido, se recibieron un gran número de ellos, los cuales sirven para presumir la existencia de las irregularidades hechas valer en el presente recurso, y que se transcriben en el capítulo de pruebas correspondiente.

Expuesto lo anterior, paso a hacer mención los agravios que constituyen violaciones graves y que vulneran en todo el proceso electoral en cuestión, al dejarse de observar los principios rectores de todo proceso electoral, como lo son la imparcialidad, equidad, legalidad y certeza.

Las campañas electorales, se desarrollan en la etapa de preparación de la elección y trascienden a la jornada electoral. Es por ello que el resultado de la elección depende en forma trascendente de la forma en que se desarrollaron las campañas electorales, razón por la cual no es posible analizar cada una de las etapas del proceso electoral en forma aislada, ya que la validez de la elección se ve afectada por actos anteriores o posteriores a la jornada electoral.

En este sentido, los principios que rigen la emisión del voto, permean a todo el proceso electoral de forma directa. No se debe permitir la inducción al voto, ni en la campaña, ni al momento de emitirlo. Un proceso se ve dañado, tanto si hubo elementos de inequidad al emitir el voto, como durante el proceso de proselitismo.

Cualquier conducta tendiente a coaccionar la libertad del voto, o a inducir o reprimir de forma indebida el voto, es nociva para el proceso y materia de agravio. En este sentido, si se acredita ante el Tribunal Electoral que una conducta de esta naturaleza se desplegó en la geografía de un municipio determinado, ello debe de bastar para que ese Tribunal determine que las casillas ubicadas en dicha geografía fueron afectadas por la causal de nulidad invocada, y en tal sentido tendrá que nulificarlas, por lo que procedo en cuestión de orden a señalar cada una de las causas de nulidad que marca el artículo 310 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, y a su vez señalo los agravios causados así como los dispositivos violados.

En relación con lo previsto por la fracción I del artículo 310 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, que a la letra nos dice: “se declarará la nulidad de las votaciones recibidas en una casilla, únicamente en los siguientes casos: I. Instalar la casilla electoral, sin causa justificada, en lugar distinto del señalado o en condiciones diferentes a las establecidas por esta Ley;” este se actualiza en las siguientes casillas:

El día de la jornada electoral, en la demarcación electoral en mención, se registraron irregularidades consistentes en la instalación de la mesa directiva de casilla en lugar distinto al señalado por el Comité Distrital Electoral número VIII, de Cabo San Lucas, Baja California Sur, sin causa justificada, como se desprende de las actas de la jornada electoral, en el apartado correspondiente a la instalación de las mismas; las mesas receptoras del voto que se ubicaron indebidamente en lugar distinto al señalado por el órgano electoral correspondiente, son las que a continuación se precisan:

En las actas de la jornada electoral, hojas de incidentes y demás documentación de todas y cada una de las casillas mencionadas en el hecho anterior, no se precisan ni justifican las causas por las cuales se instalaron las casillas en lugares distintos a los aprobados por el Comité Distrital correspondiente, violando en consecuencia los artículos 192, 195 y 196 de la Ley Electoral del Estado, al no contemplarse los supuestos normativos para el cambio de casillas.

De la documentación electoral anexa y de lo expuesto en el presente capítulo de hechos, no se desprende que haya existido causa justificada para instalar las casillas en lugares distintos a los aprobados por los respectivos comités distritales.

Agravios.

A) La instalación de las casillas, sin causa justificada, en lugar distinto al señalado por el órgano electoral correspondiente, plenamente acreditadas que se detallan por casilla en los párrafos que anteceden, causa agravio al Partido Acción Nacional, ya que en forma evidente ponen en duda la certeza de la votación, lo que implica una clara violación a las disposiciones aplicables a la materia, así como a los principios de imparcialidad, legalidad, independencia, certeza y objetividad que deben regir invariablemente todos y cada uno de los actos electorales, lo que configura perjuicios irreparables para mi representado, y actualiza la causal de nulidad prevista por la fracción I del artículo 310 de la ley invocada.

B) Causan agravio al Partido Acción Nacional los hechos acontecidos en las mencionadas casillas electorales, el día de la jornada electoral en relación con la elección de integrantes de Ayuntamiento del Municipio de Los Cabos Baja California Sur, de las que se realiza un análisis individualizado, casilla por casilla, de todos y cada uno de los casos en que se dio la presencia de la causal de nulidad referida, fundándose adecuadamente con exposición de las circunstancias de modo, tiempo y lugar, así como los fundamentos de derecho y los elementos de prueba.

C) El no apegarse al procedimiento que se establece para ubicar a las mesas receptoras del voto, en lugar distinto al señalado por el órgano electoral correspondiente, cuando exista causa justificada; perjudica en forma determinante a toda la ciudadanía que trató de ejercer su derecho a votar, y en particular a los militantes y simpatizantes del Partido Acción (sic), toda vez que acudieron a votar al lugar señalado en el encarte correspondiente; lo anterior provocó que un gran número de votantes, dejara de emitir su voto, por lo que la votación obtenida fue mucho menor al número de votantes, en promedio a las secciones de referencia, por tanto tal situación irregular repercutió en forma determinante en el resultado del cómputo municipal de la elección de integrantes de Ayuntamiento del Municipio de Los Cabos, Baja California Sur que se impugna.

D) También causa agravio al partido político que represento el hecho de que los funcionarios de las mesas directivas de casilla, no cumplieran a cabalidad su actividad encomendada; más aún, que su actuar no se ajusta los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, que deben prevalecer en todo proceso electoral, en tal razón, los hechos narrados se dan fuera del marco jurídico previamente establecido; por lo que se debe proceder a la anulación de la votación correspondiente.

E) Los agravios que causan al Partido Acción Nacional, configuran violación a los artículos 192, 195 y 196 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, haciéndose consistir en que el cambio de ubicación de casilla, se realizó sin cumplir la legalidad con que deben conducirse los funcionarios de casilla, es decir, no hubo motivo o razón para el cambio de la ubicación de casilla; no se asentó en el acta de la jornada electoral los motivos del cambio, por no tener elementos para hacerlo; no se dejó el aviso correspondiente en el lugar autorizado por el órgano electoral para la instalación de la casilla, a efecto de que la ciudadanía pudiera ejercer su derecho a votar, por tanto, se colige que el cambio de ubicación de la casilla se realizó indebidamente.

F) Lo expuesto tiene sustento en las documentales públicas consistentes en el último encarte y la información consignada en las actas de la jornada electoral, de escrutinio y cómputo y hojas de incidentes, de las cuales se deriva el cambio de forma injustificada del lugar destinado para la instalación de la mesa directiva de casilla de igual forma con el acta de sesión expedida por la responsable en donde acordó en definitiva el lugar donde debían de instalarse las casillas impugnadas y que se adminiculan con el referido encarte, dan certeza de lo aquí expuesto.

H) El ubicar sin causa justificada la casilla en lugar distinto al señalado por el órgano electoral correspondiente, vulnera los preceptos legales de la Ley Electoral del Estado que a continuación se expresan:

Artículo 196. El cual dispone los requisitos que deberán reunir los lugares en los cuales se pretendan instalar las casillas.

Artículo 192. Que dispone los procedimientos para determinar la ubicación de las casillas y señala los supuestos por los cuales se considera que existe causa justificada para la instalación de una casilla, en lugar distinto al previamente aprobado, situación que en la especie no aconteció.

No obstante, de la formalidad legal que se siguió en la determinación de los lugares para la instalación de las casillas electorales y que fueron aprobados por los respectivos comités distritales electorales, mismos que se hicieron del conocimiento público en términos de las disposiciones invocadas; mas sin embargo las casillas electorales detalladas en el presente capítulo de hechos, fueron instaladas en lugares distintos a los aprobados sin que existiera causa justificada prevista en los términos del artículo recién invocado (artículo 192 de la ley de la materia), con lo que se actualiza la causal de nulidad prevista en la fracción I del artículo 310 de la Ley Electoral del Estado.

I) Se viola por parte de los funcionarios de las casillas recurridas, el acuerdo emitido por parte del Comité Distrital No. VIII, de Cabo San Lucas, Baja California Sur; de fecha diecisiete de enero de dos mil dos, en donde se aprobó la ubicación definitiva de las casillas, hecho que se acredita con la publicación de los encartes correspondientes.

J) Como consecuencia del cambio efectuado sin causa justificada de las casillas que han sido enlistadas; resulta evidente que se imposibilitó votar a un número determinante de ciudadanos que pretendían emitir su voto vulnerado el derecho de todo ciudadano a sufragar lo cual se vio reflejado en el bajo flujo de votación recibida en las casillas mencionadas.

Individualización por casilla.

Las irregularidades consistentes en instalar la casilla, sin causa justificada, en lugar distinto al señalado por el órgano electoral correspondiente, plenamente acreditadas, causan agravio al partido que represento, poniendo en duda la certeza de la votación, por lo que este órgano jurisdiccional debe considerar la nulidad de la votación en las casillas que a continuación se detallan:

- La casilla número 0317 Básica, se instaló en Col. Juárez, sin causa justificada, lugar distinto a “Jardín de Niños Pedro González Orduña”, calle Narciso Mendoza esq. 20 de Noviembre y Venustiano Carranza, Cabo San Lucas, B.C.S., domicilio aprobado por el Comité Distrital, violando con esto los artículos 192, 195 y 196 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur.

- La casilla número 0336 Básica, se instaló en Guachinango y Barracuda, sin causa justificada, lugar distinto a Casa de la Sra. María Antonia González Ríos, Manzana 23, Cabo San Lucas, Baja California, domicilio aprobado por el Comité Distrital, violando con esto los artículos 192, 195 y 196 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur.

A efecto de robustecer lo antes expuesto, resulta conveniente hacer referencia a los siguientes criterios jurisprudenciales:

“INSTALACIÓN DE LA CASILLA SIN CAUSA JUSTIFICADA EN LUGAR DISTINTO AL SEÑALADO POR LA JUNTA [ACTUAL­MENTE CONSEJO] DISTRITAL CORRESPONDIENTE. INTERPRETACIÓN PARA LOS EFEC­TOS DE LA CAUSA DE NULIDAD. En las resolu­ciones de la Sala Central del Tribunal Federal Electoral, en las que los partidos recurrentes han solicitado la nulidad de vota­ción de casillas, en razón de que éstas se han instalado sin causa justificada en lugar distinto al señalado por la Junta [actualmente Consejo] Distrital, se han sentado diversos criterios respecto a la interpretación y alcance de las disposiciones relativas en la materia, siendo los más importantes los siguientes: I. La Sala Central del Tribunal Federal Electoral sostiene que no puede convalidarse una transgresión expresa de la ley, por el común acuerdo entre autoridades y representantes de los partidos políticos, las disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, son de orden público y por ende, su cumpli­miento no puede quedar al arbitrio de los agentes que participan en el proceso electoral. El único caso de excepción que se contempla, es el caso del común acuerdo a que se refiere el artículo 215, párrafo 1, inciso d), del Código de la materia, pero para que este principio opere y se tenga por justificada la causa, para la instalación de una casilla en lugar distinto al señalado, es indispensable además, que se acredite de manera indubitable, que se da alguna de las causas que establece el propio precepto en comentario, o sea, que las condi­ciones del local no permitan asegurar la libertad o el secreto del voto o el fácil y libre acceso de los electores, o bien no garanticen la realización de las operaciones electorales en forma normal. II. El común acuerdo a que se refiere el inciso d) párrafo 1 del artículo 215 del Código de la materia puede tenerse por acreditado cuando del acta de instala­ción [actualmente apartado de instalación del acta de la jornada electoral] no se desprenda que hubo oposición al cambio y en ella aparezcan las firmas, sin que se consigne que se estam­pan bajo protesta, de los represen­tantes de los partidos políticos presentes durante la instala­ción de la casilla. III. Si en el acta de instala­ción de la casilla [actualmente apartado de instalación del acta de la jornada electoral] aparece la firma del repre­sentante del partido político recurrente, debe darse plena validez a la manifestación de voluntad formulada precisamente en ese momento en que el propio recu­rrente participó en el acuerdo que motivó dicho cambio, y por ende, resulta improcedente la posterior impugna­ción hecha por el partido recurrente. IV. Para los efectos de la hipótesis contemplada en el inciso b) párrafo 1 del artículo 215 del Código de la materia, se entiende que el local se encuentra cerrado y no se puede realizar la instalación de la casilla, cuando quienes habitan en el local, por cualquier circunstancia, no permiten la instalación, impidiendo a los funcionarios correspondien­tes el acceso al lugar. V. La intención del legislador al fijar un lugar para la ubicación de las casillas, responde al cum­plimiento del principio de certeza que va dirigido tanto a los partidos como a los electo­res de manera tal que se oriente a los votantes respecto al lugar donde deben ejercer su derecho de sufragio, por ende, por lugar de ubicación de la casilla no debe entenderse únicamente una dirección entendiendo por ésta una calle y un número, sino que lo pre­ponderante, son los signos externos del lugar que garanticen su plena identificación evitan­do inducir a confusión al electorado; por ello, esta finalidad primordial de certeza, no se ve desvirtuada cuando la casilla se instala en lugar distinto al señalado, pero de manera tal que por la proximidad física y los signos externos no provocan desorientación o confu­sión en el electorado.

Sala: Central.

Época. Primera.

Tipo de Tesis: Jurisprudencia.

No. de Tesis: J.25/91

Clave de Publicación: SC1ELJ 25/91.”

“INSTALAR LA CASILLA, SIN CAUSA JUSTIFICADA, EN LUGAR DISTINTO AL SEÑALADO POR EL CONSEJO DISTRITAL CORRESPONDIENTE. ELEMENTOS PROBATORIOS QUE DEBEN TOMARSE EN CUENTA PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSAL DE NULIDAD. Aun cuando no coincida el domicilio señalado en el encarte que contiene la lista de la ubicación e integración de casillas, con el domicilio asentado en las actas de la jornada electoral, tal discrepancia no constituye prueba plena para declarar la nulidad de la votación recibida en casilla, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 287, párrafo 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, salvo que la publicación que contiene dicho encarte se encuentre adminiculada con el acta circunstanciada de la sesión del Consejo Distrital en la que se hubiera aprobado la ubicación definitiva de las casillas y que exista coincidencia entre los domicilios respectivos.

SC-I-RIN-233/94. Partido de la Revolución Democrática. 5-X-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-234/94. Partido de la Revolución Democrática. 14-X-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-217/94. Partido Acción Nacional. 21-X-94. Unanimidad de votos.”

A continuación se enlistan por la misma causal invocada en los párrafos anteriores consistentes en la instalación de la mesa directiva de casilla en lugar distinto al señalado por el Comité Distrital Electoral No. VII de San José del Cabo, Baja California Sur, sin causa justificada, como se desprende de las actas de la jornada electoral, en el apartado correspondiente a la instalación de las mismas; las mesas receptoras del voto que se ubicaron indebidamente en lugar distinto al señalado por el órgano electoral correspondiente, son las que a continuación se señalan:

En las actas de la jornada electoral, hojas de incidentes y demás documentación de todas y cada una de las casillas mencionadas en el hecho anterior, no se precisan ni justifican las causas por las cuales se instalaron las casillas en lugares distintos a los aprobados por el Comité Distrital correspondiente, violando en consecuencia los artículos 192, 195 y 196 de la Ley Electoral del Estado, al no contemplarse los supuestos normativos para el cambio de casillas.

De la documentación electoral anexa y de lo expuesto en el presente capítulo de hechos, no se desprende que haya existido causa justificada para instalar las casillas en lugares distintos a los aprobados por los respectivos Comités Distritales.

Artículo 196. El cual dispone los requisitos que deberán reunir los lugares en los cuales se pretendan instalar las casillas.

Artículo 192. Que dispone los procedimientos para determinar la ubicación de las casillas y señala los supuestos por los cuales se considera que existe causa justificada para la instalación de una casilla, en lugar distinto al previamente aprobado, situación que en la especie no aconteció.

No obstante, de la formalidad legal que se siguió en la determinación de los lugares para la instalación de las casillas electorales y que fueron aprobados por los respectivos comités distritales electorales, mismos que se hicieron del conocimiento público en términos de las disposiciones invocadas; mas sin embargo las casillas electorales detalladas en el presente capítulo de hechos, fueron instaladas en lugares distintos a los aprobados sin que existiera causa justificada prevista en los términos del artículo recién invocado (artículo 192 de la ley de la materia), con lo que se actualiza la causal de nulidad prevista en la fracción I del artículo 310 de la Ley Electoral del Estado.

H) Se viola por parte de los funcionarios de las casillas recurridas, mediante acuerdo del Comité Distrital No. VII, de San José del Cabo, Baja California Sur; se aprobó la ubicación definitiva las casillas correspondientes, hecho que se acredita con la publicación de los encartes correspondientes.

I) Como consecuencia del cambio efectuado sin causa justificada de las casillas que han sido enlistadas; resulta evidente que se imposibilitó votar a un número determinante de ciudadanos que pretendían emitir su voto, vulnerado el derecho de todo ciudadano a sufragar lo cual se vio reflejado en el bajo flujo de votación recibida en las casillas mencionadas.

Individualización por casilla.

Las irregularidades consistentes en instalar la casilla, sin causa justificada, en lugar distinto al señalado por el órgano electoral correspondiente, plenamente acreditadas, causan agravio al partido que represento, poniendo en duda la certeza de la votación, por lo que este órgano jurisdiccional debe considerar la nulidad de la votación en las casillas que a continuación se detallan:

- La casilla número 298 B se instaló en Jardín de Niños Jesús Castro Agundez, Col. Guamitas, sin causa justificada, lugar distinto a Casa del señor Bañaga Ceseña en San Felipe, domicilio aprobado por el Comité Distrital Electoral No. V de San José del Cabo, Baja California Sur, violando con esto los artículos 192, 195 y 196 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur.

- La casilla número 298 C2, no se aprecia en el acta dónde se instaló casilla, razón por la cual el partido que represento se encuentra materialmente imposibilitado para determinar si la casilla se instaló en lugar distinto al aprobado por el Comité Distrital Electoral No. V de San José del Cabo, Baja California Sur, violando con esto los artículos 192, 195 y 196 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur.

- La casilla número 298 EXT. se instaló en Privada del señor Loreto Boñaga C., sin causa justificada, lugar distinto a Escuela Vicente Suárez, San Felipe, domicilio aprobado por el Comité Distrital Electoral No. V de San José del Cabo, Baja California Sur, violando con esto los artículos 192, 195 y 196 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur.

- La casilla número 301 C2 se instaló en Alta Tensión Col. Zacatal, sin causa justificada, lugar distinto a Jardín de niños Carmen Ramos en el Zacatal, domicilio aprobado por el Comité Distrital Electoral No. V de San José del Cabo, Baja California Sur, violando con esto los artículos 192, 195 y 196 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur.

- La casilla número 306 C se instaló en Mutualismo S/N, Santiago, sin causa justificada, lugar distinto a casa del señor Bañaga Ceseña en San Felipe, domicilio aprobado por el Comité Distrital Electoral No. V de San José del Cabo, Baja California Sur, violando con esto los artículos 192, 195 y 196 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur.

- La casilla número 313 C se instaló en Calle Delfín S/N., sin causa justificada, lugar distinto a Escuela Primaria Estado de Campeche, San José del Cabo, Baja California Sur, violando con esto los artículos 192, 195 y 196 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur.

Con el propósito de ilustrar plenamente lo anterior, se exhibe el siguiente cuadro:

A efecto de robustecer lo antes expuesto resulta conveniente hacer referencia a los siguientes criterios jurisprudenciales:

“INSTALACIÓN DE LA CASILLA SIN CAUSA JUSTIFICADA EN LUGAR DISTINTO AL SEÑALADO POR LA JUNTA (ACTUAL­MENTE CONSEJO) DISTRITAL CORRESPONDIENTE. INTERPRETACIÓN PARA LOS EFEC­TOS DE LA CAUSA DE NULIDAD. En las resolu­ciones de la Sala Central del Tribunal Federal Electoral, en las que los partidos recurrentes han solicitado la nulidad de vota­ción de casillas, en razón de que éstas se han instalado sin causa justificada en lugar distinto al señalado por la junta (actualmente Consejo) distrital, se han sentado diversos criterios respecto a la interpretación y alcance de las disposiciones relativas en la materia, siendo los más importantes los siguientes: I. La Sala Central del Tribunal Federal Electoral sostiene que no puede convalidarse una transgresión expresa de la ley, por el común acuerdo entre autoridades y representantes de los partidos políticos, las disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, son de orden público y por ende, su cumplimiento no quedara al arbitrio de los agentes que participan en el proceso electoral. El único caso de excepción que se contempla, es el caso del común acuerdo a que se refiere el artículo 215 párrafo 1 inciso d) del Código de la materia, pero para que este principio opere y se tenga por justificada la causa, para la instalación de una casilla en lugar distinto al señalado, es indispensable además, que se acredite de manera indubitable, que se da alguna de las causas que establece el propio precepto en comentario, o sea, que las condi­ciones del local no permitan asegurar la libertad o el secreto del voto o el fácil y libre acceso de los electores en forma normal ... V. La intención del legislador al fijar un lugar para la ubicación de las casillas, responde al cum­plimiento del principio de certeza que va dirigido tanto a los partidos como a los electo­res de manera tal que se oriente a los votantes respecto al lugar donde deben ejercer su derecho de sufragio, por ende, por lugar de ubicación de la casilla no debe entenderse únicamente una dirección entendiendo por ésta una calle y un número, sino que lo pre­ponderante, son los signos externos del lugar que garanticen su plena identificación evitan­do inducir a confusión al electorado; por ello, esta finalidad primordial de certeza, no se ve desvirtuada cuando la casilla se instala en lugar distinto al señalado, pero de manera tal que por la proximidad física y los signos externos no provocan desorientación o confu­sión en el electorado.

Sala: Central.

Época. Primera.

Tipo de Tesis: Jurisprudencia.

No. de Tesis: J.25/91

Clave de Publicación: SC1ELJ 25/91.”

“INSTALAR LA CASILLA, SIN CAUSA JUSTIFICADA, EN LUGAR DISTINTO AL SEÑALADO POR EL CONSEJO DISTRITAL CORRESPONDIENTE. ELEMENTOS PROBATORIOS QUE DEBEN TOMARSE EN CUENTA PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSAL DE NULIDAD. Aun cuando no coincida el domicilio señalado en el encarte que contiene la lista de la ubicación e integración de casillas, con el domicilio asentado en las actas de la jornada electoral, tal discrepancia no constituye prueba plena para declarar la nulidad de la votación recibida en casilla, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 287, párrafo 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, salvo que la publicación que contiene dicho encarte se encuentre adminiculada con el acta circunstanciada de la sesión del Consejo Distrital en la que se hubiera aprobado la ubicación definitiva de las casillas y que exista coincidencia entre los domicilios respectivos.

SC-I-RIN-233/94. Partido de la Revolución Democrática. 5-X-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-234/94. Partido de la Revolución Democrática. 14-X-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-217/94. Partido Acción Nacional. 21-X-94. Unanimidad de votos.”

Además de las pruebas en cada caso se indican y aportan, se ofrecen las siguientes documentales públicas, consistente en las actas de sesión de los Comités Distritales VII y VIII, correspondientes al Municipio de Los Cabos, prueba la cual solicito se requiera a la autoridad electoral distrital correspondiente en razón de que la misma hasta la fecha no se ha proporcionado a mi representada no obstante haberla solicitado, como lo acredito con el documento de solicitud, mismo que acompaño al presente recurso. Documental pública consistente en las actas de instalación de todas y cada una de las casillas impugnadas, así como la documental pública, consistente en las actas de cierre de casillas de todas y cada una de las casillas impugnadas, documentales que fueron solicitadas en su oportunidad y las mismas no fueron proporcionadas por la autoridad electoral, por lo que solicito que por su conducto sean requeridas. Acompaño copia de solicitud realizada por mi representada. Las presentes pruebas tienen relación directa con cada una de las casillas impugnadas por la causal señalada con anterioridad. A

En relación con lo previsto en la fracción II del artículo 310 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, mismo que a la letra dice: “Cuando se ejerza violencia física o exista cohecho, soborno o presión de alguna autoridad o particular sobre los funcionarios de la mesa directiva de la casilla o sobre los electores, de tal manera que se viole la libertad o el secreto del voto y tengan relevancia en los resultados de la votación en la casilla;”

 Este agravio se hace valer, con fundamento en el artículo 310, fracción II, en el sentido de que la intensa intervención de las autoridades locales, en diversos niveles, en actos de proselitismo y en apoyo declarado y descarado para la fórmula propuesta por la Coalición Democrática y del Trabajo, se debe de considerar como un acto de presión de autoridad sobre los electores, conducta desplegada durante toda la campaña, y aún durante la jornada electoral, misma que produjo una indebida inclinación del voto a favor del partido en el gobierno. Como se acreditará con los periódicos que se acompañan y que tienen relación con todos y cada uno de los hechos aquí narrados, relatado en el capítulo de pruebas, es claro el apoyo municipal y estatal, a tan sólo unos días de recibirse la votación, a favor de los candidatos de la Coalición Democrática y del Trabajo. Las documentales privadas y pruebas técnicas aportadas, narradas y razonadas en el capítulo de pruebas, indican que no es posible que la voluntad del elector se haya respetado, ya que el gobierno, con todo su peso, y su poder de convencimiento, derivado de su manejo del presupuesto, decidió elegir a los candidatos, y no dar ese derecho a los ciudadanos, toda vez que los funcionarios municipales y estatales realizaron una serie de conductas que aisladas no muestran con toda claridad su gravedad, pero que en su conjunto constituyen violaciones graves, sistemáticas, generalizadas y determinantes que ponen en duda la certeza del proceso electoral, ya que constituyen violaciones a los principios rectores de la materia electoral. Las fotos que se acompañan, así como videos y casetes de audio como periódicos (y como ejemplo se señala el periódico Tribuna de los Cabos, del treinta de enero, con el desplegado pagado por el gobierno municipal) son claros, en el sentido de cuáles eran las inclinaciones y preferencias electorales de nuestros gobernantes, las cuales se indujeron, de muchas formas en la ciudadanía.

 Sin embargo, la corrupción del proceso no se redujo a la intervención del gobierno, haciendo campaña para la Coalición Democrática y del Trabajo. Cuando un país o Estado decide configurarse con apego a los principios de la democracia requiere, entre otras acciones, contar con una institución responsable que de manera imparcial organice el ejercicio del derecho al voto, que configure diversos instrumentos jurídicos y acciones tendientes a asegurar que los ciudadanos que tienen derecho a votar voten, que cada cabeza sea un voto y que la ciudadanía pueda expresar con toda libertad su voluntad electoral.

 En obvio de repeticiones, este agravio se hace valer en relación con todas y cada una de las casillas que integran el municipio que nos ocupa, independientemente del resultado de las mismas, ya que no hubo ciudadano que se pudiera extraer a la influencia gubernamental, y cualquier resultado, de cualquier casilla, independientemente de su vencedor, tuvo un elemento de voluntad ciudadana pervertida, por lo que todas las casillas deben ser anuladas y en consecuencia, toda la elección, en términos del artículo 311 de la Ley Electoral de Baja California Sur.

 El supuesto normativo que aquí se indica se actualiza en las casillas que enseguida se detallan y se demuestra fehacientemente con los testimonios dados ante el fedatario público de esta municipalidad, así como con las pruebas técnicas que se describen en cada una de las secciones y casillas electorales que a continuación se describen:

En relación con lo previsto en la fracción II, del artículo 310 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, mismo que a la letra dice: Cuando se ejerza violencia física o exista cohecho, soborno o presión de alguna autoridad o particular sobre los funcionarios de la mesa directiva de la casilla o sobre los electores, de tal manera que se viole la libertad o el secreto del voto y tengan relevancia en los resultados de la votación en la casilla;”

Ciudadana María de la Paz Lara Casarrubias, quien se identifica con credencial para votar clave __, mexicana, de ocupación en labores del hogar, de veintiséis años de edad, de estado civil unión libre, con echa de nacimiento cinco de mayo de mil novecientos setenta y cinco, con domicilio en ampliación El Zacatal, manzana 14, lote 94, en San José del Cabo, Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número __, declara que el día sábado dos de febrero de dos mil dos, o sea un día anterior a las elecciones, cuando regresaba de la tienda de abarrotes que está en la esquina y serían como las cinco p.m., cuando un señor al cual no conozco me dijo “señora mañana usted va a ir a votar y yo le voy a regalar la cantidad de $600.00 para que vote usted por el candidato de la Coalición PRD-PT”, entonces yo le conteste ya enojada, de que yo no me vendía, y que esas cosas no iban conmigo, además me consta esto, porque como dije se dirigió este señor personalmente a mí, y como yo considero que eso esta fuera de la ley como un delito y cosa mala, me negué a ello, y tengo miedo que se tomen represalias y me corte el agua, por haberme negado a aceptar el dinero y a darles mi voto, es todo lo que decir (sic).

 Sección 298.

Con relación a la presente sección electoral misma que le corresponde una casilla básica y tres contigua se tipifica plenamente lo previsto en la fracción II, del artículo 310 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, mismo que a la letra dice “Cuando se ejerza violencia física o exista cohecho, soborno o presión de alguna autoridad o particular sobre los funcionarios de la mesa directiva de la casilla o sobre los electores, de tal manera que se viole la libertad o el secreto del voto y tengan relevancia en los resultados de la votación en la casilla;” lo cual demuestro con los siguientes testimoniales pasados ante la fe pública del notario adscrito a la Notaria Pública número siete del Estado de Baja California Sur, licenciado José Alberto Castro Salazar del Municipio de los Cabos.

José Guadalupe Gutiérrez Ventura, quien se identifica con credencial para votar con clave GTVNGD77062203H300, mexicano, de ocupación comisionista, de veinticuatro años de edad, de estado civil soltero, con fecha de nacimiento veintidós de junio de mil novecientos setenta y siete, con domicilio en calle sin nombre y sin número, en la colonia Pablo L. Martínez, en San José del Cabo, Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 0298, declara que el día tres de febrero del presente año, precisamente alrededor de las dos treinta de la tarde cuando me encontraba en las afueras de las casillas en que fui a votar, o sea de la sección 0298, se encontraba estacionada enfrente de la mencionada casilla un vehículo tipo blazer color verde, con mucha propaganda pegada de la Coalición PRD-PT, y sus conductores que eran dos hacían señas a los votantes que iban entrando para que votaran por la Coalición, e inclusive interceptaron a dos personas diciéndoles verbalmente que no se les fuera a olvidar votar por el candidato de ese partido, inconformándose por esta acción varias personas que se encontraban presentes. Lo anteriormente manifestado me consta, porque lo vi con mis propios ojos, y además considero que los funcionarios de casillas deberían de haberles llamado la atención fuertemente por estar haciendo labor de proselitismo en esos momentos.

Ciudadano Basilio Mejía Reyes, quien se identifica con credencial para votar clave MJRYBC68011415H500, mexicano, de ocupación comerciante, de treinta y dos años de edad, de estado civil soltero, con fecha de nacimiento catorce de enero de mil novecientos sesenta y ocho, con domicilio en calle sin nombre, manzana 3, lote 1ª, colonia Lomas de Cuaimitas, código postal 23400, en San José del Cabo, Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 0298, declara que el día tres de febrero del año dos mil dos, que después de las nueve a.m. de ese día, yo me di cuenta que dos camionetas de las tipo suburvan llevaban y traían mucha gente en la casilla que a mi me tocó votar y afuera de la casilla estaban tres personas con gafetes en la camisa con el membrete del PRD-PT, ellos recibían a la gente que se bajaban de las suburvan y les decían que les pusieran una cruz a la marca de la Coalición, estas gentes que estaban afuera de la casilla nos metían miedo a las personas que llegábamos solos y nos decían que teníamos que votar por el PRD-PT, y nos señalaban al grupo de personas que estaban subiendo y bajando de los carros, diciéndonos que sabíamos lo que nos pasaría si no hacíamos caso. Yo me di cuenta que mucha gente prefirió no votar, ni acercarse siquiera a la casilla, yo digo esto porque me da coraje que un partido político haga estas cosas, que están fuera de la ley y porque no es justo para los demás partidos que impidan a base de amenazas que la gente vote.

Ciudadano Jacinto Oro Cerro, quien se identifica con credencial para votar clave ORCRJC83950915H200, mexicano, de ocupación trabajador del ramo de la construcción, de dieciocho años de edad, de estado civil soltero, con fecha de nacimiento nueve de mayo de mil novecientos ochenta y tres, con domicilio en calle sin nombre 7, manzana 4, lote 04, colonia Lomas de Guaymitas, código postal 23400, en San José del Cabo, Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 0298, declara que el día tres de febrero del año en curso siendo las nueve a.m. me llegó un señor cuando yo iba caminando rumbo a la casilla a votar y me dijo “hey guey por quién vas a votar” y como yo mire que ese señor iba bien vestido le conteste “yo voy a votar por el PRI” a lo que me contestó “te quieres ganar 500.00 varos” y yo le dije “y eso por qué” y él me contestó “por llevarte a votar, pero votas por la Coalición” yo le dije “ni madres” y me fui para otro lado. Como a las diez de la mañana llegué a la casilla 298 que es en donde yo vote, y me di cuenta que los policías que estaban fuera de la casilla en la calle le hacían el paso a los taxistas y microbuses cuando por ese callejón en todo el año nunca entran microbuses ni taxis ni policías, además de que se paraban enfrente de la casilla y bajaban a la gente y se iban directo con tres personas que estaban paradas a la entrada del jardín de niños, de curiosidad me acerque y oí que les decían a votar por Ulises “cabrones”, vamos a ganar. Esto que digo, lo digo porque lo vi y lo oí, además de que me saca de onda que el gobierno haga esas cosas que yo siento no están bien y se que no se deben hacer, porque en el radio y en la tele lo repiten a cada rato.

Sección 0293.

Con relación a la presente sección electoral, misma que le corresponde una casilla básica y una contigua se tipifica plenamente lo previsto en la fracción II del artículo 310 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, mismo que a la letra dice: “Cuando se ejerza violencia física o exista cohecho, soborno o presión de alguna autoridad o particular sobre los funcionarios de la mesa directiva de la casilla o sobre los electores, de tal manera que se viole la libertad o el secreto del voto y tengan relevancia en los resultados de la votación en la casilla;” lo cual demuestro los siguientes testimoniales pasados ante la fe pública del Notario adscrito a la Notaria Pública número Siete del Estado de Baja California Sur, licenciado José Alberto Castro Salazar del Municipio de los Cabos.

Ciudadano Filemón Martínez Ventura, quien se identificó con credencial para votar clave MRVNFL63112320H700, mexicano, de ocupación comerciante, de treinta y nueve años de edad, de estado civil unión libre, con fecha de nacimiento veintitrés de noviembre de mil novecientos sesenta y tres, con domicilio en avenida del Dátil número 9056 esquina con Tabachines, colonia Buenos Aires, en San José del Cabo, Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 0293, declaró:

“Que el día miércoles cinco de diciembre del dos mil uno, aproximadamente a las diez horas fue a mi casa el señor Juan Vargas ya que tengo un changarrito en mi casa por lo que yo le dije que si que quería y el me dijo que si tenía credencial para votar y que en donde iba yo a votar yo le dije que si y que me tocaba votar en el mercado de San José del Cabo y el me dijo que si por qué tan lejos que él me iba a ayudar para poder votar en la casilla de buenos aires pero que necesitaba mi credencial yo se la entregué porque tenía confianza en él porque lo conozco de hace mucho; cuando pasaron los días yo le dije que si ya había arreglado en donde iba a votar yo, y me dijo que en eso andaba, total de que el día de la elección fui a pedirle mi credencial y me dijo que no me la iba a regresar y que no estuviera chingando porque yo era panista y él le iba al PT esta persona tiene su domicilio enfrente de la CONASUPO buenos aires yo digo esto porque estoy molesto porque esa persona que ahora se es activista del PT me engaño y no me dejo votar, esto también le paso a mi esposa y a otras personas, no es justo.”

Ciudadana Emelia Santiago González, quien se identificó con cédula fiscal con clave SAGE700405MOCNNM09, mexicana, de ocupación en labores del hogar, de treinta y dos años de edad, de estado civil unión libre, con fecha de nacimiento cinco de abril de mil novecientos setenta, con domicilio en avenida Dátil 9056 esquina Tabachines, colonia Buenos Aires, en San José del Cabo, Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 0293, declaró:

“Que el día cinco de diciembre del dos mil uno, aproximadamente a las diez de la mañana llegó un señor a mi casa conocido de mi esposo y de nombre Juan Vargas que se quien vive enfrente de la Conasupo buenos aires y se puso a platicar con mi esposo y escuché que el señor Juan le pedía su credencial para votar, mi esposo se la entregó y después me mandó llamar a mí yo fui con mi esposo y le pregunté para que me quería y el señor Juan Vargas me contestó que el me iba a ayudar para que no fuéramos a votar hasta San osé (sic) y que votaríamos en la casilla de buenos aires por lo que yo le hice caso a mi esposo y se la entregué a su amigo, en varias veces yo le pedí mi credencial a ese señor pero nunca me la dio y el día de la votación yo fui con mi esposo Filemón Martínez Ventura a la casa de Juan Vargas y nos recibió con groserías diciéndonos que no nos iba a dar ninguna credencial que no estuviéramos chingando porque éramos panistas y el era del PT yo estoy manifestando esto porque me causó un daño económico porque mi hermana me mandó dinero de Estados Unidos y por culpa de ese señor no pude cobrar ese dinero además de que tengo coraje porque esas cochinadas no se deben de hacer porque no pudimos mi esposo y yo votar, ahora se que el señor Juan Vargas es activista del PT.”

Sección 294.

Con relación a la presente sección electoral, misma que le corresponde una casilla básica y una contigua, se tipifica plenamente lo previsto en la fracción II, del artículo 310 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, mismo que a la letra dice: “Cuando se ejerza violencia física o exista cohecho, soborno o presión de alguna autoridad o particular sobre los funcionarios de la mesa directiva de la casilla o sobre los electores, de tal manera que se viole la libertad o el secreto del voto y tengan relevancia en los resultados de la votación en la casilla;” lo cual demuestro los siguientes testimoniales pasados ante la fe pública del Notario adscrito a la Notaria Pública número Siete del Estado de Baja California Sur, licenciado José Alberto Castro Salazar del Municipio de los Cabos.

Ciudadano José Avalos Toledo, quien se identificó con credencial para votar clave AVTLJS48110530H300, mexicano, de ocupación arquitecto, de cincuenta y cuatro años de edad, de estado civil soltero, con fecha de nacimiento cinco de noviembre de mil novecientos cuarenta y ocho, con domicilio en calle Nopal sin número, interior 1, colonia Jesús Castro Agúndez, código postal 23400, en San José del Cabo, Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 0294, declaró:

“Que el día dos de febrero del año en curso alrededor de las seis de la tarde me tope con un vehículo nissan color plateado con placas de arrendamiento de la arrendadora dollar y se me hizo curioso que en vidrio delantero traía un logotipo como del tamaño de un porta vasos con una figura de un busto de un bombero de color negro por lo que me acerque con el chofer y vi que era una persona a quien puedo identificar el día que me lo soliciten porque trabaja en una llantera que se llama el gallo, y entre la plática le pregunte que significaba la figurita del bombero y entre otros comentarios me dijo que era un distintivo que iba a servir para distinguirlos de otros carros de renta y que los iban a emplear un dispositivo para llevar la gente de la coalición a votar el día de la votación y que ese operativo lo habían realizado el candidato Ulises Omar Ceseña además me dijo que eran un chingo de vehículos los que se habían contratado esto lo manifiesto porque me tocó ver un día antes de la votación así como el día de la votación muchos vehículos con ese logotipo llenos de personas lo que yo consideró que se sujete a las leyes electorales considerándolas un fraude para toda la ciudadanía.”

Sección 295.

Con relación a la presente sección electoral, misma que le corresponde una casilla básica y una contigua se tipifica plenamente lo previsto en la fracción II, del artículo 310 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, mismo que a la letra dice: “Cuando se ejerza violencia física o exista cohecho, soborno o presión de alguna autoridad o particular sobre los funcionarios de la mesa directiva de la casilla o sobre los electores, de tal manera que se viole la libertad o el secreto del voto y tengan relevancia en los resultados de la votación en la casilla;” lo cual demuestro los siguientes testimoniales pasados ante la fe pública del Notario adscrito a la Notaria Pública número siete del Estado de Baja California Sur, licenciado José Alberto Castro Salazar del Municipio de los Cabos.

Ciudadano profesor Rubén Monroy Castro, quien se identificó con credencial para votar clave MNCSRB44090303H800, mexicano, maestro y comerciante, de cincuenta y siete años de edad, de estado civil casado, originario de San José del Cabo, Baja California Sur, con fecha de nacimiento tres de septiembre de mil novecientos cuarenta y cuatro con domicilio en carretera transpeninsular sin número, colonia Chula Vista, San José del Cabo, los Cabos Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 295, declaró:

“Que el día tres de febrero de dos mil dos, aproximadamente a las doce horas del día, fui a votar a la casilla 295 contigua, ubicada en la colonia El Chamizal, en los Cabos, pude observar que la tinta que se utilizaba para marcar el dedo pulgar a los votantes, dicha tinta no era indeleble, pues al lavarme con agua las manos ésta se borró, además, se ponía con un cojín de oficina. La razón de mi dicho es que como ciudadano debemos cuidar la legalidad de las elecciones y denunciar las irregularidades que nos consten.”

Ciudadana Aurora Vargas Espino, quien se identificó con credencial para votar clave VRESAR67013003M700, mexicana, ama de casa, de treinta y cinco años de edad, de estado civil casada, originaria de San José del Cabo, Baja California Sur, con fecha de nacimiento treinta de enero de mil novecientos sesenta y siete con domicilio en calle Nicolás Tamaral, manzana 10, lote 02, colonia el Chamizal, San José del Cabo, los Cabos Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 295, declaró:

“Que el día tres de febrero de dos mil dos, en la casilla 295 contigua, en la que fungí como representante del Partido Acción Nacional, sucedieron irregularidades en forma sistemática, como el hecho de que el presidente y demás funcionarios que fueron suplidos con sus familiares que estaban en la fila no quisieron recibirnos escritos de incidentes en cuanto estos sucedía y todos los representantes de partido tuvimos que meter un solo escrito con todos los incidentes que recordamos hasta el final del escrutinio y cómputo. Las irregularidades que más sobresalen es que once personas recibieron doble boleta para votar para la elección de diputado de representación proporcional y no le dio boleta para diputado por el principio de mayoría relativa, además no permitió a los representantes de partido firmar las boletas por el reverso, y después de muchas discusiones permitió que se firmaran sólo diez y volvió a impedir que se firmaran las demás, diciéndonos que el día anterior habían citado a todos los partidos para que firmaran las boletas por el reverso, y después de muchas discusiones permitió que se firmaran sólo diez y volvió a impedir que se firmaran las demás, diciéndonos que el día anterior habían citado a todos los partidos para que firmaran las boletas y que eso ya no se usaba. Como no cuadraban las cuentas al final del escrutinio y cómputo, el presidente dijo que iba a hacer cuadrar las actas quitándole a los votos nulos para que las sumas fueran correctas, los funcionarios electorales que mando el Comité Distrital tuvieron conocimiento de todas estas anomalías por lo que forzosamente deben existir las actas respectivas. La única opción que tuvimos fue firmar bajo protesta las actas. Además vimos en las listas nominales personas que ya fallecieron, uno de ellos incluso falleció hace ocho años, su nombre es Lerma Gamez Jesús Enrique. Y vecinos míos que siempre han votado en esa casilla, no aparecieron en la lista nominal. La razón de mi dicho es que los ciudadanos no debemos permitir que se convaliden actos ilegales como los que cometió el presidente de la casilla.”

Sección 297.

Con relación a la presente sección electoral, misma que le corresponde una casilla básica y una contigua se tipifica plenamente lo previsto en la fracción II, del artículo 310 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, mismo que a la letra dice: “Cuando se ejerza violencia física o exista cohecho, soborno o presión de alguna autoridad o particular sobre los funcionarios de la mesa directiva de la casilla o sobre los electores, de tal manera que se viole la libertad o el secreto del voto y tengan relevancia en los resultados de la votación en la casilla;” lo cual demuestro los siguientes testimoniales pasados ante la fe pública del Notario adscrito a la Notaria Pública número siete del Estado de Baja California Sur, licenciado José Alberto Castro Salazar del Municipio de los Cabos.

Ciudadana María Esther López Guzmán, quien se identificó con credencial para votar clave LPGZES70120130M701, mexicana, de ocupación en labores del hogar, de treinta y un años de edad, de estado civil casada, con fecha de nacimiento primero de diciembre de mil novecientos setenta, con domicilio en calle sin nombre y sin número colonia Rosarito, en San José del Cabo, Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 0297, declaró:

“Que un poco antes de las elecciones del día tres de febrero del presente año, recibí una llamada telefónica en mi domicilio, donde una persona que no conozco me invitó a que diera mi voto a la Coalición PRD-PT, a lo que le conteste que no podía decidirle porque el voto es secreto y que en todo caso sería mi voluntad de decidirlo, por lo que me dijo que eso era para que yo no tuviera problemas posteriormente, a lo que considere una amenaza, pero cual fue mi sorpresa que cuando me presente a votar el día de las elecciones no me permitieron hacerlo, ni el presidente de casilla ni el secretario, negándome tal derecho. Cuando me presente a votar en la casilla que me corresponde lo hice alrededor de las cuatro de la tarde y consideró que esa negativa por parte de los funcionarios en negarme mi derecho es una ofensa como ciudadana y lo considero hasta como un delito, lo anterior me consta y lo se por haberlo vivido personalmente.”

Ciudadana Delia Contreras Aguirre, quien se identificó con credencial para votar clave CNAGDL62030905M401, mexicana, de ocupación empleada, de cuarenta años de edad, de estado civil unión libre, con fecha de nacimiento nueve de marzo de mil novecientos sesenta y dos, con domicilio en calle sin nombre y sin número de la colonia Rosarito, en San José del Cabo, Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 0297, declaró:

“Que el día tres de febrero del presente año, después de que salí de mi trabajo un poco antes de las seis de la tarde, llegué a la casilla que me corresponde con la finalidad de votar y una vez que me forme, un señor me preguntó que por quién iba a votar y le dije que por Romo nada más, habiéndolo escuchado los que estaban en la casilla quienes no me permitieron votar que porque no estaba en la lista y además que porque ya era muy tarde. Pero creo que yo que llegue a buena hora y todavía había varias personas formadas a las que si les permitieron votar. Lo anteriormente me consta porque esas personas o sea los de las casillas como que estaban seleccionando a los votantes y por eso no me dejaron votar.”

Sección 300.

Con relación a la presente sección electoral, misma que le corresponde una casilla básica y dos contigua se tipifica plenamente lo previsto en la fracción II, del artículo 310 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, mismo que a la letra dice: “Cuando se ejerza violencia física o exista cohecho, soborno o presión de alguna autoridad o particular sobre los funcionarios de la mesa directiva de la casilla o sobre los electores, de tal manera que se viole la libertad o el secreto del voto y tengan relevancia en los resultados de la votación en la casilla;” lo cual demuestro los siguientes testimoniales pasados ante la fe pública del Notario adscrito a la Notaria Pública número siete del Estado de Baja California Sur, licenciado José Alberto Castro Salazar del Municipio de los Cabos.

Ciudadano Emilio Cruz Rosales. Edad cuarenta y dos años. Lugar de nacimiento Cuscajueso, Jalisco.

Fecha de nacimiento ocho de agosto de mil novecientos cincuenta y ocho, ocupación empleado, estado civil soltero, nacionalidad mexicano, domicilio Meza Colorada, junto a la caseta de cobro, Cabo San Lucas, Baja California Sur, distrito séptimo, sección 300, en Santa Rosa, San José del Cabo, Baja California Sur, quien se identifica con credencial de elector expedida por el Instituto Federal de Electores con número de registro y con clave de elector.

Testimonio: El domingo tres de febrero como a las ocho treinta de la mañana, estaba yo estacionando mi auto, sobre una calle de la colonia Lomas del Sol, III etapa, en Cabo San Lucas, como a unas cuatro cuadras de donde estaban instaladas las casillas 330. para ser preciso sobre la manzana 34, cuando paso junto a mí un hombre chaparrito, calvo, moreno claro, como de unos cuarenta y cinco años, y se dirigía a entrar a una casa que tenía mucha propaganda del PRD-PT, y que es la casa que esta a un lado del lote 35, y traía bajo el brazo unos como unos documentos pero de repente se le resbalaron y cayeron al piso y eran un montón de credenciales para votar, y comenzó a recogerlas, pero dejó olvidada una y yo la tome para reportarla y que se regrese a su propietaria, y en este momento muestro la original y les doy una copia de la misma. Luego entré al domicilio al que iba y que era el lote 35 y les comenté lo que había sucedido y me comentaron que no era extraño que era promotor del PRD-PT y que se dedicaba a la compra de votos. Y también me di cuenta que en esa calle hicieron muchos acarreos para llevar a votar a la gente por el PRD-PT, pasaron muchos carros rentados y tocaban puertas y llevaban a la gente a votar, es de todos conocidos estas personas como promotoras de Ulises. Es todo lo que voy a declarar.

Sección 301.

Con relación a la presente sección electoral, misma que le corresponde una casilla básica y cinco contiguas se tipifica plenamente lo previsto en la fracción II, del artículo 310 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, mismo que a la letra dice: “Cuando se ejerza violencia física o exista cohecho, soborno o presión de alguna autoridad o particular sobre los funcionarios de la mesa directiva de la casilla o sobre los electores, de tal manera que se viole la libertad o el secreto del voto y tengan relevancia en los resultados de la votación en la casilla;” lo cual demuestro los siguientes testimoniales pasados ante la fe pública del Notario adscrito a la Notaria Pública número siete del Estado de Baja California Sur, licenciado José Alberto Castro Salazar del Municipio de los Cabos.

Ciudadana Rosa Moreno Hernández, quien se identifica con credencial para votar clave MRHRR66070807M401, mexicana, de ocupación en labores del hogar, de cuarenta y seis años de edad, de estado civil unión libre, con fecha de nacimiento ocho de julio de mil novecientos sesenta y seis, con domicilio en calle Q sin nombre, manzana 03/1, lote 13, colonia El Zacatal, código postal 23410, en San José del Cabo, Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 0301, declara que desde las ocho a.m. del domingo tres de febrero del presente año, empezaron a llegar taxis de esos grandes o panel a la calle Q sin nombre, que es donde yo vivo y eso a mi seme hizo extraño porque por mi casa no andan muchos taxis normalmente, por lo que me quede afuera de mi casa para ver que pasaba y mire que algunos de mis vecinos se sabían a esos taxis que eran de color azul, y como a eso de las nueve treinta a.m. me aliste para ir a votar y mire que había muchos taxis bajando y subiendo gente cerca de la casilla, eso a mi no me gustó y quise decirle algo a uno de los taxistas pero éste me dijo unas cosas groseras y se fue, la razón por lo que digo esto es porque no me gustan las cosas malas y soy enemiga de las cosas corruptas como sucedieron el día de la elección.

Sección 302.

Con relación a la presente sección electoral, misma que le corresponde una casilla básica donde se tipifica plenamente lo previsto en la fracción II del artículo 310 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, mismo que a la letra dice: “Cuando se ejerza violencia física o exista cohecho, soborno o presión de alguna autoridad o particular sobre los funcionarios de la mesa directiva de la casilla o sobre los electores, de tal manera que se viole la libertad o el secreto del voto y tengan relevancia en los resultados de la votación en la casilla;” lo cual demuestro los siguientes testimoniales pasados ante la fe pública del Notario adscrito a la Notaria Pública número siete del Estado de Baja California Sur, licenciado José Alberto Castro Salazar del Municipio de los Cabos.

Ciudadano Jacobo Enrique Pollonera Sanvodal, edad veintiocho años, lugar de nacimiento San Miguel, Zapotitlán Ahome, Sinaloa, fecha de nacimiento once de mayo de mil novecientos setenta y tres, ocupación plomero electricista, estado civil casado, nacionalidad mexicana, domicilio calle del Rastro sin número, entre doce de octubre y Alikán, colonia Ampliación Juárez, Cabo San Lucas, Baja California Sur, distrito séptimo, sección 0302 quien se identifica con credencial de elector expedida por el Instituto Federal de Electores con número de registro y con clave de elector PLSNJC73051125H400. Declara: El día tres de febrero de dos mil dos, me di cuenta que desde que abrieron las casillas, a las ocho a. m., el señor Miguel Ángel Araoz se encontraba en las casillas de Lomas del Sol, a cada votante que llegaba a las urnas los abordaba y les informaba donde podía votar, también se paseaban por todas las casillas con un gafete que decía representante general PRD PT y se sentaba en cualquiera de las mesas de las siete casillas y hojeaba las listas nominales sin que nadie le dijese nada. A mi conocimiento el señor tiene un cargo en la actual administración municipal, más sin embargo, no hubo alguien que actuara en este caso. No fue sino hasta después del medio día cuando llegó un notario a levantar acta de los hechos ocurridos fue el momento en que se retiró el señor Araoz, y regresó a las dos p. m.

Por otro lado, el hijo de Ulises arribó a las casillas alrededor de las tres treinta de la tarde y se mantuvo fuera de las casillas, pero a las cuatro treinta p. m. se metió y fue directamente con el señor Araoz a charlar.

Sección 304.

Con relación a la presente sección electoral, misma que le corresponde una casilla básica y una contigua, más una extraordinaria, donde se tipifica plenamente lo previsto en la fracción II, del artículo 310 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, mismo que a la letra dice: “Cuando se ejerza violencia física o exista cohecho, soborno o presión de alguna autoridad o particular sobre los funcionarios de la mesa directiva de la casilla o sobre los electores, de tal manera que se viole la libertad o el secreto del voto y tengan relevancia en los resultados de la votación en la casilla;” lo cual demuestro los siguientes testimoniales pasados ante la fe pública del Notario adscrito a la Notaria Pública número siete del Estado de Baja California Sur, licenciado José Alberto Castro Salazar del Municipio de los Cabos.

Ciudadano Silvestre Benítez Flores, quien se identifica con credencial para votar clave BNFLSL64072012H500, mexicano, de treinta y seis años de edad, de estado civil __, originario de , con fecha de nacimiento __, con domicilio calle sin nombre, sin número, loc. La Rivera 23570, Los Cabos Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 0304, declara que el día primero de febrero de dos mil dos, siendo aproximadamente las cuatro de la tarde vi que a un lado de la comandancia de policía estaba la camioneta del DIF municipal, es una panel color azul, en su interior estaban la señora Mónica Macklis, titular del DIF en La Rivera, y su chofer; estaban repartiendo despensas y les decía que era una ayuda que les daba el DIF por parte de la coalición. La razón de mi declaración es que personalmente me di cuenta y me parece que no es legal porque desde el miércoles ya no se podía andar conquistando el voto.

Sección 307.

Con relación a la presente sección electoral, misma que le corresponde una casilla básica y una extraordinaria donde se tipifica plenamente lo previsto en la fracción II, del artículo 310 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, mismo que a la letra dice: “Cuando se ejerza violencia física o exista cohecho, soborno o presión de alguna autoridad o particular sobre los funcionarios de la mesa directiva de la casilla o sobre los electores, de tal manera que se viole la libertad o el secreto del voto y tengan relevancia en los resultados de la votación en la casilla;” lo cual demuestro los siguientes testimoniales pasados ante la fe pública del Notario adscrito a la Notaria Pública número siete del Estado de Baja California Sur, licenciado José Alberto Castro Salazar del Municipio de los Cabos.

Ciudadano Apolinar Amador Castro, quien se identifica con credencial para votar clave AMCSAP41010803H600, mexicano, ganadero, de sesenta y un años de edad, de estado civil __, originario de __, con fecha de nacimiento __, con domicilio en Agua Caliente, Los Cabos Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 0307, declara que el día tres de febrero de dos mil dos, el mero día de las elecciones, gente de la coalición violaron la ley seca decretada con motivo de las elecciones que se estaban realizando, con complicidad del subdelegado, nunca les llamó la atención como era su obligación, también fue testigo de cómo el subdelegado tomó partido a favor de la coalición llevando gente a votar y pidiéndole que votaran por ésta, cuando él como funcionario público no podía realizar este trabajo partidista. También me di cuenta que la diputada Dominga Zumaya anduvo haciendo proselitismo ese mismo día y llevando gente a votar por la Coalición PT-PRD a otras casillas, particularmente llevó a mi nuera a votar a Buena Vista a la Casilla Especial y me la mal aconsejó. Lo anterior lo digo porque me da coraje las chingaderas que hacen con la gente, cuando deben ser los primeros en respetar la ley.

Sección 308.

Con relación a la presente sección electoral, misma que le corresponde una casilla básica y una contigua más una extraordinaria donde se tipifica plenamente lo previsto en la fracción II, del artículo 310 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, mismo que a la letra dice: “Cuando se ejerza violencia física o exista cohecho, soborno o presión de alguna autoridad o particular sobre los funcionarios de la mesa directiva de la casilla o sobre los electores, de tal manera que se viole la libertad o el secreto del voto y tengan relevancia en los resultados de la votación en la casilla;” lo cual demuestro los siguientes testimoniales pasados ante la fe pública del Notario adscrito a la Notaria Pública número siete del Estado de Baja California Sur, licenciado José Alberto Castro Salazar del Municipio de los Cabos.

Ciudadano Guillermo Guadalupe Castro Meza, quien se identifica con credencial para votar clave CSMZGL51021003H200, mexicano, de cincuenta y un años de edad, de estado civil __, originario de __, con fecha de nacimiento __, con domicilio en Miraflores, Los Cabos Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 308, declara que el día tres de febrero de dos mil dos, siendo aproximadamente a las once treinta horas de la tarde, me di cuenta que una persona entró a votar a la casilla básica, le dieron sus boletas, pero no las deposito ahí, sino que salió con las boletas en la mano y fue luego a la contigua y ahí deposito las boletas. La razón de mi declaración es que esto se me hace muy raro porque yo se que nadie puede sacar las boletas de la casilla. Como una hora después, me di cuenta que un carro nissan blanco, con el logotipo del agua potable, el cual dice SAPALC, traía gente de Boca de la Sierra, lo cual se porque los conozco, y regresó como una hora después con más gente de otro lugar que desconozco, pero si vi que bajaron a la casilla a votar. Mi razón para declarar es que creo que las personas que fueron funcionarios de la casilla no estaban preparadas para llevar a cabo la votación como la ley dice que se debe de hacer.

Sección 310.

Con relación a la presente sección electoral, misma que le corresponde una casilla básica y cinco contiguas se tipifica plenamente lo previsto en la fracción II, del artículo 310 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, mismo que a la letra dice: “Cuando se ejerza violencia física o exista cohecho, soborno o presión de alguna autoridad o particular sobre los funcionarios de la mesa directiva de la casilla o sobre los electores, de tal manera que se viole la libertad o el secreto del voto y tengan relevancia en los resultados de la votación en la casilla;” lo cual demuestro los siguientes testimoniales pasados ante la fe pública del Notario adscrito a la Notaria Pública número siete del Estado de Baja California Sur, licenciado José Alberto Castro Salazar del Municipio de los Cabos.

Ciudadana Cristian Eric Aguiar Díaz, quien se identifica con credencial para votar clave AGDZCR73083102H100, mexicano, de veintiocho años de edad, de estado civil casado, originario de Ensenada, Baja California, con fecha de nacimiento treinta y uno de agosto de mil novecientos setenta y tres, con domicilio conocido Santa Anita Baja California Sur, Los Cabos Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 0310, declara que el día tres de febrero de dos mil dos, actuando como representante del Partido Acción Nacional en la casilla 0310 ubicada en Santa Anita Baja California Sur en la Casa del Pueblo fui testigo de las siguientes anomalías, que los representantes de la Coalición PRD-PT, el señor Ramón Agúndez y la señora Reyna Montaño hermano y prima, respectivamente, del presidente municipal, quien todos saben que es del Partido del Trabajo, se encontraban en la mesa de los funcionarios de casilla y no en el lugar asignado para los representantes de partido, siendo también los funcionarios de casilla familiares del presidente municipal la segunda escrutadora de nombre Rosario Agúndez, hermana del presidente municipal y la secretaria de casilla, señorita Susana Burgoin, hija del subdelegado de Santa Anita, todos ellos como familia manipularon el voto, incluso se turnaban para ir a convencer a cada ciudadano que llegaba a votar, y descaradamente cuando llegó a votar la señora Elvira Carrillo Castillo se metió a la mampara junto con ella la señora Reyna Montaño.

Por otro lado, la secretaria de la casilla omitió contar las boletas para votar a las ocho de la mañana, inclusive a la hora del escrutinio no sabía qué hacer porque no sabía cuantas boletas le había entregado el Instituto Estatal Electoral lo cual demoró hasta las once quince de la noche la salida de la casilla, esta persona desconocía los procedimientos y la documentación que tenía que entregarse al Instituto Electoral Estatal ya que en tres ocasiones tuvo que requisitar las actas de escrutinio y cómputo, finalmente y son de prepotencia, de parte del señor Ramón Agúndez dio instrucciones a los funcionarios de casilla de que votaran cinco personas que no estaban registradas en la lista nominal, dándoles a entender que éramos los representantes de partido los que no permitíamos que ejercieran su derecho a votar cuando nos fue instruido por personal del Instituto Estatal Electoral que no dejáramos votar si no estaban en la lista nominal, alegando el señor Ramón Agúndez que las personas que votaron era gente reconocida y que venían de lejos y era ilógico no dejarlos votar. Los nombres de las personas que votaron indebidamente son: Catarino Álvarez Brugoin, Jaime Leonel Castillo Ceseña, Lourdes Carrillo Castillo, Narciso Castro Ceseña, Vicente Álvarez, lo cual quedó asentado por el representante del Partido Revolucionario Institucional. Lo anterior lo declaro porque me consta a mí y a todos los que estuvimos en la casilla.

Ciudadano Amos Ernesto Bañaga Arámburo, quien se identifica con credencial para votar clave BGARAM81091003H400, mexicano, de veinte años de edad, de estado civil __, originario de __, con fecha de nacimiento __, con domicilio en calle sin nombre, colonia Santa Anita, Los Cabos Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 0310, declara que el día tres de febrero de dos mil dos, siendo aproximadamente las catorce veinte horas, estando yo en la casilla 310, ubicada en la colonia Santa Anita en San José del Cabo, Baja California Sur, vi cuando la señora Elvira Carrillo Carrillo, fue a votar y al momento en que le entregaron su boleta para votar, fue acompañada por la representante de casilla de la coalición, señora Reyna Montaño, y se metieron juntas a la mampara, y en el camino hacia la mampara la iba aconsejando violando el secreto y la libertad del voto. Y ningún funcionario de la casilla intervino para impedirlo. Y vengo a declarar porque yo se que es ilegal que otra persona entre a la cortinita para decirle al que vota por quien votar.

Sección 312.

Con relación a la presente sección electoral, misma que le corresponde una casilla básica y dos contiguas más dos extraordinarias donde se tipifica plenamente lo previsto en la fracción II del artículo 310 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, mismo que a la letra dice: “Cuando se ejerza violencia física o exista cohecho, soborno o presión de alguna autoridad o particular sobre los funcionarios de la mesa directiva de la casilla o sobre los electores, de tal manera que se viole la libertad o el secreto del voto y tengan relevancia en los resultados de la votación en la casilla;” lo cual demuestro con los siguientes testimoniales pasados ante la fe pública del Notario adscrito a la Notaria Pública número siete del Estado de Baja California Sur, licenciado José Alberto Castro Salazar del Municipio de los Cabos.

Ciudadana Alicia Duarte Peñalosa, quien se identifica con credencial para votar clave DRPLAL55051812M200, mexicana, de ocupación en labores del hogar, de cuarenta y siete años de edad, de estado civil casada, con fecha de nacimiento dieciocho de mayo de mil novecientos cincuenta y cinco, con domicilio en Las Veredas sin número colonia Las Veredas, código postal 23400, en San José del Cabo, Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 312, declara que el día tres de febrero de este año, como a las diez a.m. salí de mi casa con rumbo a la casilla que me toca para votar y se me hizo extraño ver muchos taxis llenos de gentes y se paraban enfrente de la casilla que por cierto esta en el jardín de niños Valerio González Cancelo, y en la puerta del jardín los estaba recibiendo un señor que se llama Juan Vargas, al cual yo lo conozco trabajaba con mi esposo desde hace mucho tiempo, al verme se puso nervioso y dejó de gritarle a la gente que se bajaba de los taxis color guinda del sitio Misión Los Cabos “Pasen a votar ya saben por la coalición al rato los invito a todos a desayunar, también mire que algunas gentes de las casillas así como el señor Juan Vargas traían en sus camisas propaganda del PRD-PT, y eso a mi no se me hace justo ya que en la televisión se ha dicho que no se debe de hacer propaganda en las casillas y que ningún partido político puede hacer proselitismo en las casillas todo esto lo digo porque me consta, ya que lo vi, y lo oí. Es todo.

Sección 316.

Con relación a la presente sección electoral, misma que le corresponde una casilla básica y una contigua más una especial se tipifica plenamente lo previsto en la fracción II del artículo 310 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, mismo que a la letra dice: “Cuando se ejerza violencia física o exista cohecho, soborno o presión de alguna autoridad o particular sobre los funcionarios de la mesa directiva de la casilla o sobre los electores, de tal manera que se viole la libertad o el secreto del voto y tengan relevancia en los resultados de la votación en la casilla;” lo cual demuestro con los siguientes testimoniales pasados ante la fe pública del Notario adscrito a la Notaria Pública número siete del Estado de Baja California Sur, licenciado José Alberto Castro Salazar del Municipio de los Cabos.

Ciudadana Rebeca Muñoz Zárate, quien se identificó con credencial para votar clave MZZRRB63070408M500, mexicana, de treinta y ocho años de edad, de estado civil soltera, originaria de Chihuahua, Chihuahua, con fecha de nacimiento cuatro de julio de mil novecientos sesenta y tres, con domicilio en calle Ligui, manzana 4, lote 6, fraccionamiento Colinas de Cabo Baja, Cabo San Lucas, Los Cabos Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 0316, declaró:

“Que el día tres de febrero de dos mil dos, siendo aproximadamente a las nueve horas de la mañana, después de haber votado en la casilla que me corresponde, regresé a mi casa y al pasar por la colonia 4 de marzo observé que en la casilla número 0320 estaban llegando tres taxis del sitio Nuevo Amanecer con aproximadamente siete personas cada uno, dichas personas eran de aspecto humilde, me bajé de mi camioneta a observar qué hacían y vi que una señora los recibía en la reja de la escuela donde se encuentra la casilla y platicaba con ellos antes de formarse en la fila para votar y les decía “acuérdense crucen la coalición”. La razón por la que declaro lo anterior es porque me constan los hechos y porque se que inducir el voto aprovechándose de la pobreza y las carencias es inmoral e ilegal.”

Ciudadana Alicia Uribe Figueroa, quien se identificó con credencial para votar clave URFGAL63102602M300, mexicana, de treinta y ocho años de edad, profesión médico cirujano, de estado civil casada, originaria de Ensenada, Baja California, con fecha de nacimiento veintiséis de octubre de mil novecientos sesenta y tres, con domicilio en calle Paseo de las Gaviotas sin número 202, colonia el Médano, Cabo San Lucas, Los Cabos Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 0316, declaró:

“Que el día tres de febrero de dos mil dos, siendo aproximadamente las diez de la mañana cuando fui a votar a la casilla que me corresponde llamó poderosamente mi atención una camioneta gris grand voyager del año, con placas de renta de donde bajaban aproximadamente siete personas y había alguien que los conducía a la casilla platicando con ellos, se que algunas personas de las que bajaron de ese carro son de la Coalición PRD-PT porque después de votar regresaron a la camioneta y sacaron una bandera de la coalición, lo cual no me pareció legal y pedí a unos policías que les llamaran la atención porque no podían estar haciendo propaganda e induciendo el voto impunemente, sin importar su filiación política, es por esa razón que deseo declararlo.”

Sección 319.

Con relación a la presente sección electoral, misma que le corresponde una casilla básica se tipifica plenamente lo previsto en la fracción II del artículo 310 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, mismo que a la letra dice: “Cuando se ejerza violencia física o exista cohecho, soborno o presión de alguna autoridad o particular sobre los funcionarios de la mesa directiva de la casilla o sobre los electores, de tal manera que se viole la libertad o el secreto del voto y tengan relevancia en los resultados de la votación en la casilla;” lo cual demuestro con los siguientes testimoniales pasados ante la fe pública del Notario adscrito a la Notaria Pública número siete del Estado de Baja California Sur, licenciado José Alberto Castro Salazar del Municipio de los Cabos.

Ciudadana María Angélica Maldonado Ramos, quien se identificó con credencial para votar clave MLRMAN73052822M501, mexicana, de veintiocho años de edad, arquitecta, de estado civil casada, nacida en fecha veintinueve de mayo de mil novecientos setenta y tres, en Querétaro, con domicilio en calle 16 de septiembre sin número, colonia Ildefonso Green, 23470, Cabo San Lucas, Los Cabos Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 0319, declaró:

“Que el día tres de febrero de dos mil dos, durante todo el día y ante lo que considero el deber ciudadano de cuidar la legalidad y legitimidad de las elecciones me avoqué a observar como ciudadana lo que ocurría en las casillas 327 básica y contigua, así como las casillas 330 extraordinaria básica y contigua, y pude observar que de manera sistemática se estuvo llevando a cabo un operativo de “acarreo” de personas en su mayoría de aspecto en extremo humilde, lo cual se llevó a cabo en automóviles rentados como se puede observar en las fotos rotuladas al reverso como 5, 6 y 7 y cuyas placas son 3578AVA y 2986AVA; asimismo pude observar que las personas que se “acarreaban”en esos automóviles eran recibidas por las personas que se muestran en la foto rotulada por el reverso como número ocho; a tales personas las reconozco como Jorge Uraga, quien es regidor en el Municipio de Los Cabos y a Jorge García, quien es secretario de la delegación, estas personas acompañaban a los “acarreados” hasta la reja de la escuela en la que estaba la casilla 330 ext. básica y contigua. También pude constatar que en la casilla 327 básica y contigua repetidamente estuvo “acarreando” personas los wolksvagen blancos de renta con placas 3042AVA y 1805AVA, los cuales llegaban e intercambiaban documentos con las personas que se muestran en la foto rotulada por el reverso con el número 1, estas personas a su vez intercambiaban documentos con los representantes de casilla del PRD-PT en el interior de las casillas 327 básica y contigua. Las personas “acarreadas” en estas últimas casillas eran conducidas con las personas que aparecen en las fotos rotuladas por el reverso con los números 3 y 11, las cuales se encontraban en la acera frente a la casilla. También constaté el acarreo repetido por parte de la camioneta tipo van, color blanca, rentada, con placas 3574AVA cerca de la casilla 330 básica. Se que las personas que esperaban y conducían a los “acarreados” eran de la Coalición PRD-PT porque tanto en su camioneta como en su casa había mucha propaganda de esa coalición.”

Ciudadano José Ramiro Muñoz Lara, quien se identificó con credencial para votar clave MZLRRM41021226H400, mexicano, Agente de Seguros, de sesenta años de edad, de estado civil casado, originario de Álamos, Sonora, con fecha de nacimiento doce de febrero de mil novecientos cuarenta y uno, con domicilio en avenida Cabo San Lucas sin número entre Carranza y Revolución, Los Cabos Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 0319, declaró:

“Que el día tres de febrero de dos mil dos, aproxidamente desde las ocho horas me percate de la presencia de taxis y autos con placas de renta que circulaban sospechosamente alrededor de las casillas bajando y subiendo gente a cierta distancia en que se encontraban algunas casillas que visite durante ese día, por lo que tengo claro que se usaron estos vehículos para trasladar a mucha gente a votar ya que fue muy obvio los recursos que se emplearon, la razón de mi dicho es de que me consta porque yo observe ese operativo en varias casillas y me siento mal como ciudadano que recurran a ese tipo de conductas los partidos políticos.”

Sección 320.

Con relación a la presente sección electoral, misma que le corresponde una casilla básica y una contigua, se tipifica plenamente lo previsto en la fracción II del artículo 310 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, mismo que a la letra dice: “Cuando se ejerza violencia física o exista cohecho, soborno o presión de alguna autoridad o particular sobre los funcionarios de la mesa directiva de la casilla o sobre los electores, de tal manera que se viole la libertad o el secreto del voto y tengan relevancia en los resultados de la votación en la casilla;” lo cual demuestro con los siguientes testimoniales pasados ante la fe pública del Notario adscrito a la Notaria Pública número siete del Estado de Baja California Sur, licenciado José Alberto Castro Salazar del Municipio de los Cabos.

Ciudadana Gregoria Jaramillo Nava, edad cuarenta y dos años, lugar de nacimiento San Luis La Loma, Guerrero, fecha de nacimiento veintiséis de abril de mil novecientos cincuenta y nueve, ocupación doméstica, estado civil viuda, nacionalidad mexicana, domicilio lote 17, manzana 15, Meza Colorada, Cabo San Lucas, Baja California Sur, distrito octavo, sección 320, quien se identificó con credencial de elector expedida por el Instituto Federal de Electores con número de registro y con clave de elector, y declaró:

“Resulta que el día tres de febrero del presente año, me presente en la casilla 320 ubicada en la colonia cuatro de marzo, como a las once de la mañana a votar, les mostré mi credencial, y la persona que estaba dando las boletas comenzó a anotar en una hoja todos los datos de mi credencial, y después me la regresó y me dijo que yo no estaba en el padrón y que no iba a poder votar, pero yo me percaté que ni siquiera checaron bien en el padrón y yo le pregunté que por qué anotó mis datos y me dijo que tenía instrucciones de hacerlo y que ya me retirara, porque me tuve que ir sin votar. Al salir de la casilla, algunas personas también se estaban quejando de lo mismo. Es todo lo que quiero declarar.”

Sección 321.

Con relación a la presente sección electoral, misma que le corresponde una casilla básica y una contigua, se tipifica plenamente lo previsto en la fracción II del artículo 310 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, mismo que a la letra dice: “Cuando se ejerza violencia física o exista cohecho, soborno o presión de alguna autoridad o particular sobre los funcionarios de la mesa directiva de la casilla o sobre los electores, de tal manera que se viole la libertad o el secreto del voto y tengan relevancia en los resultados de la votación en la casilla;” lo cual demuestro con los siguientes testimoniales pasados ante la fe pública del Notario adscrito a la Notaria Pública número siete del Estado de Baja California Sur, licenciado José Alberto Castro Salazar del Municipio de los Cabos.

Ciudadana María Félix Tovar Hernández, quien se identificó con credencial para votar clave TVHRFL47112012M000, mexicana, de cincuenta y cinco años de edad, con domicilio en calle sin nombre, sin número colonia Obrera, Los Cabos Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 321, declaró:

“Que el día tres de febrero de dos mil dos, siendo aproximadamente las dos de la tarde, estaba yo fuera de mi casilla, cuando vi a la señora Celia Cruz, en la entrada de la cancha, donde estaban las casillas, que les decía a las personas que entraban a votar, “que ya sabían por quien votar, y yo se que la señora Celia es promotora de la colonia Obrera, que trabaja en la Delegación Municipal de Cabo San Lucas. Y yo vengo a decir esto porque no es justo que no dejen en libertad a las personas para decidir su voto”.

Sección 322.

Con relación a la presente sección electoral, misma que le corresponde una casilla básica y una contigua se tipifica plenamente lo previsto en la fracción II del artículo 310 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, mismo que a la letra dice: “Cuando se ejerza violencia física o exista cohecho, soborno o presión de alguna autoridad o particular sobre los funcionarios de la mesa directiva de la casilla o sobre los electores, de tal manera que se viole la libertad o el secreto del voto y tengan relevancia en los resultados de la votación en la casilla;” lo cual demuestro con los siguientes testimoniales pasados ante la fe pública del Notario adscrito a la Notaria Pública número siete del Estado de Baja California Sur, licenciado José Alberto Castro Salazar del Municipio de los Cabos.

Carmen Miranda Sánchez, quien se identificó con credencial para votar clave MRSNCR52081418M000, mexicana, de cincuenta y cinco años de edad, de estado civil casada, originaria de Nayarit, Tepic, con fecha de nacimiento catorce de agosto de mil novecientos cincuenta y dos, con domicilio en Tezozómoc sin número, colonia Obrera, Los Cabos Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 322, declaró:

“Que el día tres de febrero de dos mil dos, siendo aproximadamente las nueve horas, fui a votar a la casilla que me toca en la colonia Obrera, y me pidieron la credencial y después que me pidieron la credencial me dieron tres papelitos y me dijeron que me metiera a donde se mete uno a firmar, y cuando yo salí de la cortinita, para irlos a depositar en las cajas donde se metes los votos, se acercó una persona de ahí mismo, y me las quitó de la mano, diciéndome que yo no pertenecía ahí, que fuera a votar a otra parte. Yo quiero saber que le hicieron a esa boleta, quien se quedó con ella. Yo digo esto porque no es una ni dos, porque yo no se como es que habiendo tanta gente, como no van a saber que no me tocaba votar ahí desde un inicio, pura gente sin preparación, no sabían ni que hacer, de todos no se hizo ni uno, estoy indignada con eso.”

Sección 323.

Con relación a la presente sección electoral, misma que le corresponde una casilla básica y una contigua se tipifica plenamente lo previsto en la fracción II, del artículo 310 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, mismo que a la letra dice: “Cuando se ejerza violencia física o exista cohecho, soborno o presión de alguna autoridad o particular sobre los funcionarios de la mesa directiva de la casilla o sobre los electores, de tal manera que se viole la libertad o el secreto del voto y tengan relevancia en los resultados de la votación en la casilla;” lo cual demuestro con los siguientes testimoniales pasados ante la fe pública del Notario adscrito a la Notaria Pública número siete del Estado de Baja California Sur, licenciado José Alberto Castro Salazar del Municipio de los Cabos.

Ciudadano Martín Ceseña Aripez, quien se identificó con credencial para votar clave CCARMR68022903H800, mexicano, de treinta y tres años de edad, con domicilio en calle José María Morelos sin número, colonia Juárez, 23410, Los Cabos Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 0323, declaró:

“Que el día tres de febrero de dos mil dos, siendo aproximadamente las doce horas encontrándome en las afueras de la casilla 0330 me di cuenta que el señor Miguel Ángel Araos, ex delegado de esta ciudad, abordaba a las personas que iban a votar y se ponía a platicar con ellos hablando en voz baja y se retiraba de ellos hasta que llegaban cerca de la mesa donde se entregan las boletas para votar me di cuenta que también lo hizo en la casilla 330 ubicada en la entrada de la colonia Lagunitas Premier donde realizó las mismas maniobras. Por iniciativa propia averigüé con votantes de la fila que a ciertos votantes que traía palomeados en una lista con fotos, como la que tenían en la casilla les daba indicaciones para que votaran por la coalición. Declaro lo anterior en razón de que me consta y porque se que lo que estaba haciendo Miguel Ángel Araos no es legal.”

Bernabé Castro Beltrán. Quien se identificó con credencial de elector clave CSBLBR49010103H600, mexicano, mecánico, edad cincuenta y tres años, lugar de nacimiento Santiago, Baja California Sur, fecha de nacimiento primero de enero de mil novecientos cuarenta y nueve, ocupación mecánico, estado civil casado, nacionalidad mexicano, domicilio calle Alikán entre Matamoros y Miguel Hidalgo, Cabo San Lucas, Baja California Sur, distrito octavo, sección 323. Declaró:

“Yo fui representante general de casillas por el Partido Acción Nacional, y entre diez y once de la mañana del día tres de febrero del presente año, estando yo en la casilla 33º básica ubicada en la colonia Lagunitas Premier, en la escuela del lugar, llegó una persona con una identificación del Instituto Federal Electoral (IFE) colgada al cuello, y entró a la casilla con una faja de dinero de billetes de cincuenta pesos, y comenzó a repartir el dinero a las autoridades de la casilla, encima de la mesa donde estaban las boletas, y ni siquiera contó el dinero, sólo agarraba un bonche y se los daba y yo me acerqué a la casilla y me dirigí al presidente de la casilla a quien le pregunté que si él era el presidente de la casilla y me contestó que sí, y luego le dije que porque admitía recibir dinero y me contestó que era para alimentos, y de inmediato se acercó el del IFE y me dijo que me saliera y de inmediato se dirigió al presidente de la casilla y le dijo: “Ustedes no se preocupen, ustedes admitan todos los incidentes o denuncias al cabo ya saben el acuerdo que tenemos”, y después se retiro de la casilla y fue a la otra casilla de a lado, la 330 contigua y también comenzó a repartir dinero. Es todo lo que quiero declarar.”

“Que el día tres de febrero de dos mil dos, siendo aproximadamente a las dos de la tarde estando formada en la fila para votar en la casilla que me corresponde vi, que la persona que en la fila estaba delante de mí le permitieron votar con una copia fotostática de una credencial para votar. Además mi tía Cruz Cabanillas Zamora, quien trabaja en la delegación de Cabo San Lucas me amenazó de que me iba a quitar el lote que me dio el municipio, aunque ya lo tuviera pagado y todo por no votar en el partido de ella que es el Partido del Trabajo, la razón de mi declaración es que me parece ilegal que una persona vote si no tiene su credencial para votar y además me parece abusivo que quieran quitarme mi terreno nomás porque no soy del Partido del Trabajo, porque yo lo estoy pagando y como mexicano tengo derecho a votar por quien yo quiera y nadie me debe andar amenazando.”

Sección 324.

Con relación a la presente sección electoral, misma que le corresponde una casilla básica y dos contiguas se tipifica plenamente lo previsto en la fracción II, del artículo 310 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, mismo que a la letra dice: “Cuando se ejerza violencia física o exista cohecho, soborno o presión de alguna autoridad o particular sobre los funcionarios de la mesa directiva de la casilla o sobre los electores, de tal manera que se viole la libertad o el secreto del voto y tengan relevancia en los resultados de la votación en la casilla;” lo cual demuestro los siguientes testimoniales pasados ante la fe pública del Notario adscrito a la Notaria Pública número siete del Estado de Baja California Sur, licenciado José Alberto Castro Salazar del Municipio de los Cabos.

Ciudadano Mendoza Yeniz José Ángel, quien se identificó con credencial para votar clave MNYNANS8121715H500, mexicano, de veinticuatro años de edad, auxiliar de oficina, con domicilio en calle Alikán sin número, colonia Benito Juárez, Cabo San Lucas, Los Cabos Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 0324, declaró:

“Que el día tres de febrero de dos mil dos, fui con mi hermano Rubén y mis amigos Roberto Padilla y Gilberto Jiménez a Candelaria a ver si iban a seguir las fiestas tradicionales, y estando allá me estacioné cercar de la casilla y pudimos observar que una persona llevaba puesta una playera con los logos de la Coalición PRD-PT a la cual se le permitió votar sin ningún problema y asimismo mientras descansábamos y comíamos un lonche pudimos observar que dos personas entraban a la misma mampara a votar y en ningún momento les llamaron la atención los encargados de la casilla, por eso cuando supe que invitaban a la gente a denunciar las irregularidades que le vieron el día de la votación me presenté a declarar porque no deben cuidar las elecciones gente que no respeta las leyes o que no están preparadas.”

Sección 325.

Con relación a la presente sección electoral, misma que le corresponde una casilla básica y dos contiguas se tipifica plenamente lo previsto en la fracción II, del artículo 310 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, mismo que a la letra dice: “Cuando se ejerza violencia física o exista cohecho, soborno o presión de alguna autoridad o particular sobre los funcionarios de la mesa directiva de la casilla o sobre los electores, de tal manera que se viole la libertad o el secreto del voto y tengan relevancia en los resultados de la votación en la casilla;” lo cual demuestro los siguientes testimoniales pasados ante la fe pública del Notario adscrito a la Notaria Pública número siete del Estado de Baja California Sur, licenciado José Alberto Castro Salazar del Municipio de los Cabos.

Ciudadana María del Lourdes Mendoza Yeniz, quien se identificó con credencial para votar clave NMYNLR72112815M300, mexicana, de veintiocho años de edad, ama de casa, de estado civil casada, originaria del Estado de México, con fecha de nacimiento veintiocho de noviembre de mil novecientos setenta y dos, con domicilio en calle sin nombre, manzana 36, lote 02, colonia El Arenal, Cabo San Lucas, Los Cabos Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 0325, declaró:

“Que el día tres de febrero de dos mil dos, siendo aproximadamente las once de la mañana cuando fui a votar a mi casilla, me di cuenta de que varios taxis llegaban y se iban, dejando gente, y afuera de donde estaba instalada la casilla, se encontraba una señora que recibía a la gente que bajaba de los taxis y los llevaba a formar a la fila, la señora traía una gorra de las amarillas con rojo que anduvo regalando la coalición. Yo quiero declarar porque no es legal que se haga propaganda y se invite a la gente a votar por un partido el mero día de la votación.”

Sección 327.

Con relación a la presente sección electoral, misma que le corresponde una casilla básica y una contigua se tipifica plenamente lo previsto en la fracción II, del artículo 310 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, mismo que a la letra dice: “Cuando se ejerza violencia física o exista cohecho, soborno o presión de alguna autoridad o particular sobre los funcionarios de la mesa directiva de la casilla o sobre los electores, de tal manera que se viole la libertad o el secreto del voto y tengan relevancia en los resultados de la votación en la casilla;” lo cual demuestro los siguientes testimoniales pasados ante la fe pública del Notario adscrito a la Notaria Pública número siete del Estado de Baja California Sur, licenciado José Alberto Castro Salazar del Municipio de los Cabos.

Ciudadano Samuel Camacho Carrillo, quien se identificó con credencial de elector expedida por el Instituto Federal de Electores con número de registro y con clave de elector CMCRSM610601D18H400. Edad cuarenta años. Lugar de nacimiento Rosa Morada, Nayarit. Fecha de nacimiento primero de junio de mil novecientos sesenta y uno. Ocupación plomero electricista. Estado civil casado. Nacionalidad mexicana. Domicilio Abasolo sin número Colonia Ejidal, Cabo San Lucas, Baja California Sur. Distrito Octavo. Sección 0327, declaró:

“El día tres de febrero de dos mil dos, fui invitado, después de haber votado en la casilla que me correspondía, por un compañero a dar la vuelta a Lomas del Sol, porque escuché que había anomalías en la sección de Lomas del Sol, y fuimos, y efectivamente vimos como personas plenamente identificados como servidores públicos, entre ellos, el señor Miguel Ángel Araoz Gaviño, estaban con otras personas induciéndoles por quien votar, y escuché también como le decía a dos mujeres que fueran a traer a ciertas personas que faltaban de votar. En ese momento vi yo a un compañero con cámara de video y le pedí que filmara a esta mujer con un short blanco y camisa de amarillo con azul del equipo de fútbol americano los rams, cuando esta mujer se dio cuenta que estaba siendo filmada arremetió contra el compañero de la videocámara, dándole tres bolsazos y escupiéndole e insultándole. Le pedimos auxilio a la policía que estaba enfrente para que los detuvieran, y los señores policías ni se inmutaron. Hasta sentir la presión de más compañeros vi que fueron tras ellos más no supe más.

Vi también, al menos cinco taxis repletos de gente que estaban dando vueltas, acarreando gente, y todas las personas que descendían eran recibidos con abrazos y besos y los llevaban directamente a las urnas. El señor Araoz como llegaba y tomaba las listas y las checaba indicándoles los recién llegados donde votar.

Estando como al igual que mi compañero Jacobo Pollonera, me di cuenta que desde que abrieron las casillas, a las ocho a. m. el señor Miguel Ángel Araoz se encontraba en las casillas de Lomas del Sol, a cada votante que llegaba a las urnas los abordaba y les informaba donde podía votar, también se paseaban por todas las casillas con un gafete que decía representante general PRD PT y se sentaba en cualquiera de las mesas de las siete casillas y hojeaba las listas nominales sin que nadie le dijese nada. A mi conocimiento el señor tiene un cargo en la actual administración municipal, más sin embargo, no hubo alguien que actuara en este caso. No fue sino hasta después del medio día cuando llegó un notario a levantar acta de los hechos ocurridos fue el momento en que se retiró el señor Araoz, y regresó hasta las dos p.m.

Sección 328.

Con relación a la presente sección electoral, misma que le corresponde una casilla básica y una contigua se tipifica plenamente lo previsto en la fracción II, del artículo 310 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, mismo que a la letra dice: “Cuando se ejerza violencia física o exista cohecho, soborno o presión de alguna autoridad o particular sobre los funcionarios de la mesa directiva de la casilla o sobre los electores, de tal manera que se viole la libertad o el secreto del voto y tengan relevancia en los resultados de la votación en la casilla;” lo cual demuestro los siguientes testimoniales pasados ante la fe pública del Notario adscrito a la Notaria Pública número siete del Estado de Baja California Sur, licenciado José Alberto Castro Salazar del Municipio de los Cabos.

Ciudadana Alma Rosa Ramos, quien se identificó con credencial para votar clave RMBTAL72122503M800, mexicana, ama de casa, de treinta y dos años de edad, de estado civil unión libre, originaria de Cd. Const. Baja California Sur, con fecha de nacimiento veinticinco de diciembre de mil novecientos setenta y dos, con domicilio en calle Zapotecas, manzana 42, lote 3, colonia Lomas del Faro Viejo, 23410, Los Cabos Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 0328, declaró:

“Que el día tres de febrero de dos mil dos, aproximadamente a las trece horas, me di cuenta que los siguientes coches de renta estuvieron llevando gente a votar a la casilla 328 por lo que me puse a apuntar las placas de esos carros:

3022 AVA, 2914 AVA, 1805 AVA, 2000 AVA, 3578 AVA, 7427 AVA, 76177 AVA, 2954 AVA, 3430 AVA, 2802 AVA, 3021 AVA, 1884 AVA, 3691 AVA, 7632 AVA, 2116 AVA, 7630 AVA, 2966 AVA, 7609 AVA, 7608 AVA, 2827 AVA, 2318 AVA, 3000 AVA.

En un Volkswagen placas 1805 AVA andaba la señora Laura Figueroa, quien yo sé que es secretaria de la delegación de Cabo San Lucas acarreando gente a quienes dejaba cerca de la casilla, lo mismo hacía su suegro de nombre Felipe Moreno en su carro particular y me di cuenta que a la gente que llevaban le decían “cruce la coalición”.

Por otro lado, en ese mismo día yo miré que la señora doña Berta González, quien dice que es líder del PT, estuvo pidiendo credenciales de elector en la colonia Los Venados, lo que me enojó y le tome lagunas fotos. Esta señora andaba en el taxi azul número 34, cuando yo vi esto me acompañaban el señor Pedro Rodríguez y la señora Angélica de quien no sé su apellido pero la presentaré cuando me lo pida el juez. Yo declaro esto porque lo vi directamente y no es legal que los partidos hagan trampa en las elecciones.”

Ciudadano Gilberto Aguilar Quezada, quien se identificó con credencial para votar clave AGQZGL64020102H900, mexicano, de treinta y ocho años de edad, de estado civil casado, con fecha de nacimiento primero de febrero de mil novecientos sesenta y cuatro, con domicilio en calle sin nombre, sin número, colonia Magisterial, 23410, Los Cabos Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 0328, declaró:

“Que el día tres de febrero de dos mil dos, aproximadamente de las nueve treinta horas a las diecisiete treinta horas, y cuando me encontraba en la casilla 330 en la colonia Los Cangrejos, cumpliendo con la función de representante general por parte del PAN, me di cuenta que constantemente se estuvo trasladando gente a las casillas ubicadas en Los Cangrejos.

Los taxis que constantemente estuvieron arribando a dichas casillas eran los identificados con número 18, 24, 22 y 14 los cuales dieron aproximadamente diez vueltas cada uno llevando gente a votar. Lo anterior lo declaro porque es mi deber de ciudadano.”

María de Lourdes Ordaz Hernández, quien se identificó con credencial para votar clave ORHRLR67031414M700, mexicana, de treinta y cuatro años de edad, con domicilio en calle Zapotecas, manzana 13, lote 11, colonia Lomas Altas, Cabo San Lucas, Los Cabos Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 328, declaró:

“Que el día tres de febrero de dos mil dos, siendo aproximadamente a las doce quince horas de la tarde, me di cuenta que en la casilla 328 que esta en la colonia Lomas del Faro en el parque Luis Bulnes, estaban llegando camionetas con banderas y calcas de la coalición, y nadie les decía nada, pero cuando llegaba algún carro con calcas de algún otro partido, lo empezaban agredir, les gritaban que se quitaran a la chingada, que no tenían nada que estar haciendo ahí, las personas que bajaban de los carros que traía la coalición, eran recibidos por una señora que conozco que se llama Laura, es la secretaria del delegado de Cabo San Lucas, y les decía que pasaran a votar que ya sabían por quien, esto yo lo vi y lo escuche y me dio coraje la ilegalidad de estas personas por eso es que vine a declarar por la invitación pública que s hizo a la ciudadanía de declarar las cosas ilegales que vieron en la elección.

Sección 329.

Con relación a la presente sección electoral, misma que le corresponde una casilla básica y una contigua se tipifica plenamente lo previsto en la fracción II, del artículo 310 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, mismo que a la letra dice: “Cuando se ejerza violencia física o exista cohecho, soborno o presión de alguna autoridad o particular sobre los funcionarios de la mesa directiva de la casilla o sobre los electores, de tal manera que se viole la libertad o el secreto del voto y tengan relevancia en los resultados de la votación en la casilla;” lo cual demuestro los siguientes testimoniales pasados ante la fe pública del Notario adscrito a la Notaria Pública número siete del Estado de Baja California Sur, licenciado José Alberto Castro Salazar del Municipio de los Cabos.

Ciudadana Guadalupe Zavala Angulo, quien se identificó con credencial para votar clave ZVANGD63121125M100, mexicana, comerciante, de treinta y nueve años de edad, de estado civil casada, originaria de El Rosario, Sinaloa, con fecha de nacimiento once de diciembre de mil novecientos sesenta y tres, con domicilio en calle Curricán entre Guaycura y Tarasco, colonia 4 de marzo, 23410, Los Cabos Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 0329, declaró:

“Que el día tres de febrero de dos mil dos, aproximadamente a las ocho treinta horas me encontraba votando en la casilla que me corresponde y estaba yo haciendo cola porque había algunas personas delante de mi entre ellas el señor Cazares, quien se que vive enfrente de la escuela Amelia Winkler Ceseña, y una señora que le decían doña Chuy al verificar los miembros de la casilla la tinta que supuestamente no se debe de borrar nos dimos cuenta todos que muy fácil se despintaba por lo que algunos miembros de la mesa no querían que se empezara a votar hasta que les mandaran del distrital tinta que no se borre entonces el señor Cazares empezó a gritar y a presionar la presidente de casilla diciéndole que él era el que mandaba en la casilla y que no le hiciera caso a los demás por lo que el presidente de casilla dio inicio a la votación cuando a mi me tocó votar y me pusieron la tinta en mi dedo pulgar inmediatamente me di cuenta que la tinta no servía, aclaro que el señor Cazares y doña Chuy son activistas de la coalición, la razón de mi dicho es que siento que fue una corrupción el dejar votar a la gente con ese tipo y yo no se que procede ante esa corrupción.”

Sección 330.

En cuanto a la presente sección electoral, misma que comprende la casilla básica y seis contiguas es determinante las violaciones cometidas por las autoridades electorales así como por el Diputado Local Miguel Ángel Araoz, para que proceda la causal de nulidad de la votación recibida en todas y cada una de las casillas correspondientes a esta sección previsto en la fracción II, del artículo 310 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, mismo que a la letra dice: “Cuando se ejerza violencia física o exista cohecho, soborno o presión de alguna autoridad o particular sobre los funcionarios de la mesa directiva de la casilla o sobre los electores, de tal manera que se viole la libertad o el secreto del voto y tengan relevancia en los resultados de la votación en la casilla;” además de los testimonios notariados ante la fe del Notario adscrito a la Notaria Pública número siete del Estado de Baja California Sur, licenciado José Alberto Castro Salazar, mismos que se transcriben a continuación. Además se acompaña el testimonio 1167, mil ciento sesenta y siete, levantado ante la fe del Notario Público número uno de Cabo San Lucas, Baja California Sur, a cargo del licenciado Armando A. Aguilar Rubial donde se da fe de la presencia del mencionado diputado y sus intervenciones, asimismo para demostrar la ingerencia indebida y la parcialidad de la autoridad electoral, se acompaña copia certificada por la propia autoridad del otorgamiento del nombramiento de representante general del señor Miguel Ángel Araoz Gamino, siendo que la propia autoridad por petición de la Coalición Democrática y del Trabajo lo dio de baja como representante general el día veintiocho de enero del dos mil dos, según lo acreditó con la copia certificada por la propia autoridad electoral, violando en perjuicio de mi representada lo dispuesto por los artículos 197 y 198 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur.

Ciudadana Yesenia Nava Carmona, quien se identificó con credencial para votar clave NVCRYS75041012M701, mexicana, de ocupación en las labores del hogar, de veintiséis años de edad, de estado civil casada, con fecha de nacimiento diez de abril de mil novecientos setenta y cinco, con domicilio en Lomas del Sol 1ª etapa, manzana 6, lote 27, en Cabo San Lucas, Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 0330, declaró:

“Que el día primero de febrero de dos mil dos, alrededor de las cinco treinta p.m. cuando andaba una señora repartiendo propaganda del PRD-PT a la cual no conozco, se dirigió a mi diciéndome “mira te voy a ayudar con $500.00 si el día de las elecciones votas por la Coalición PRD-PT, pero siempre y cuando me enseñes el dedo gordo de la mano derecho con la marca de que ya votaste, o si quieres tu me das tu credencial y luego te la regreso”, por lo que yo me enoje contestándole “que si porque me iba dar dinero si el voto es secreto”, y al otro día fue a la casa para que le diera la credencial, negándome rotundamente a ello pues me causó tristeza y coraje a la vez, por existir gente tan corrupta.”

Ciudadano Magdiel Rendón de la Rosa, quien se identificó con credencial para votar clave RNRSMG76092520H000, mexicano, plomero electricista, de veinticinco años de edad, de estado civil unión libre, originario de Oaxaca, Oaxaca. Con fecha de nacimiento veinticinco de septiembre de mil novecientos setenta y seis, con domicilio en Lomas del Sol sin número, Lomas del Sol 23410, Los Cabos Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 0330, declaró:

“Que el día tres de febrero de dos mil dos, aproximadamente a las nueve horas me encontraba votando en la casilla que me corresponde de la colonia Lomas del Sol y vi algunos funcionarios públicos de la delegación, entre ellos al señor Miguel Ángel Araoz y el tesorero de la delegación, se encontraban en la casilla hablando con los votantes que estaban en la fila próximos a votar, yo, entre ellos, y nos estaban diciendo que votáramos por la coalición, que nos acordáramos de cómo nos había ayudado la coalición en la colonia y que teníamos que ser agradecidos con los que nos ayudan. Mucha gente que los escuchó estaban enojados porque nadie los corría de la casilla y porque el gobierno tiene que ayudar a la gente sin andar refiriendo ni cobrando el favor. En la tele vi, que el voto es libre y secreto. Por eso cuando oí que la gente que vio trampas en la elección estaban yendo a las oficinas del PAN vine aquí para decirlo por la razón de que no se me hace justo y honesto que no dejen a la gente votar libremente como dijeron en la tele, porque el voto es secreto.”

Ciudadano Luis Manuel Espinoza Colli, quien se identificó con credencial para votar clave ESCLLS75062103H8C1, mexicano, de veintiséis años de edad, de estado civil casado, originario de San José del Cabo, con fecha de nacimiento veintiuno de junio de mil novecientos setenta y cinco, con domicilio en El Tezal, kilómetro 4.5, El Tezal, 23410, Los Cabos Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 0330, declara:

“Que el día tres de febrero de dos mil dos, aproximadamente a las nueve de la mañana, fui a votar a la casilla 330 de Lomas del Sol para ver si esa era la casilla en la que me correspondía votar, toda vez que cuando fui a la casilla ubicada en la secundaria detrás del IMSS en Cabo San Lucas en la cual me había tocado votar en las elecciones del dos de julio del dos mil y me dijeron que no aparecía en las listas, tampoco aparecía en las listas de las casillas de Lomas del Sol, pero encontré ahí a algunos conocidos míos simpatizantes del PAN, que me pidieron fuera por mi cámara de video y se las prestara, al regresar con la cámara de video, aproximadamente a las diez de la mañana me pidieron que filmara a algunos taxis que estaban acarreando personas de aspecto humilde, por lo que me acerqué a varias de ellas y les pregunté por qué venían tantos en un solo taxi y me contestó una persona que nos traían a votar para que ganara la coalición, vi a más de quince taxis en un lapso de dos horas y traían cada uno de ellos entre cinco y siete personas. Al filmar al taxi número 12 de los de “Nuevo atardecer” vi que se bajaron siete personas, inmediatamente dirigí mi cámara hacia las casillas que estaban instaladas en el jardín de niños Clemente Orozco, enfocando a Miguel Ángel Araos porque estaba conversando con las personas que se bajaban de los taxis y se formaban en las filas para votar, entonces me sorprendió una mujer que me gritaba “qué filmas chamaco cabrón, no te metas en lo qué no te importa, déjame trabajar”, yo quise contestar algo, pero me agredió a bolsazos y me escupió, azuzando a más gente que bajaba de los taxis para que me quitaran la cámara. La razón por la que declaro lo anterior es que, a mi entender, acarrear gente y decirles por quien votar no es legal.”

Para corroborar además su dicho se acompaña la prueba técnica consistente en un casete de video formato VHS el cual contiene diversas escenas que concuerdan con la declaración realizada ante el fedatario público.

Ciudadana Ninfa Loaeza Nava, quien se identificó con credencial para votar clave LZNVNN75121912M000 mexicana, de veintiséis años de edad, con domicilio en calle Bahía, manzana 26, lote 22, Localidad los Cangrejos, II etapa, 23450, Los Cabos Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 0330, declaró:

“Que el día dos de febrero de dos mil dos, siendo aproximadamente las once horas, la señora Francisca Vargas se presentó en mi domicilio para regalarme agua en una pipa del ayuntamiento, porque en la colonia no hay agua, y me dejó agua en bote y me dijo “mañana son las votaciones, y ya sabes, tienes que votar por Ulises eeeh”, la razón de lo que digo es que me consta y se dio cuenta de todo lo que pasó la señora Cira Nava Peralta, que es mi vecina y vive enfrente y que no le quisieron dejar agua.”

Ciudadana Julia Salas Flores, quien se identificó con credencial para votar clave SLFLJL77020418M200, mexicana, de veinticuatro años de edad, de estado civil unión libre, originario de San Juan Bautista, Nayarit, con fecha de nacimiento cuatro de febrero de mil novecientos setenta y siete, con domicilio en calle sin nombre, manzana 72, lote 2, colonia Meza Colorada, Los Cabos Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 0330, declaró:

“Que el día diez de diciembre de dos mil uno, siendo aproximadamente las ocho horas, se presentó el señor José Alemán, quien es funcionario de la delegación de Cabo San Lucas, buscando a mi esposo llegó reclamando que había visto a mi esposo echándole porras a Romo y que le habíamos quitado la propaganda que habían pegado y que nos pusiéramos a pensar que el lote que él nos entregó era por parte de los candidatos Ulises y Jesús Druck, y pues tu esposo que me diga si ya no quiere el terreno para regresarle el dinero que me dio, la razón por la que declaro es porque somos libres de apoyar al candidato que queramos sin que nadie nos asuste de que nos va a quitar el terreno.”

Ciudadano Eduardo Casanova López, quien se identificó con credencial para votar clave CSLPED67012220H700, mexicana, de treinta y siete años de edad, con domicilio en calle sin nombre, manzana I, lote 10, de las Lagunitas 2, Cabo San Lucas, Los Cabos Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 0330, declaró:

“Que el día tres de febrero de dos mil dos, siendo aproximadamente a las siete y media de la mañana ella llegó a dirigir la instalación de las casillas sin tener ningún nombramiento hasta que y ni el presidente ni nadie le decía nada porque su hermana era parte de la casilla. Además de esa casilla, la razón de mi declaración es que no me parece que los que formaron parte de la casilla no están bien capacitados por eso dejaban mandar a gente que (sic).

Ciudadano Pedro Hernández Martínez, quien se identificó con credencial para votar clave HRMRPD46042930H900, mexicano, de cincuenta y cinco años de edad, comerciante, de estado civil casado, nacido en fecha veintinueve de abril de mil novecientos cuarenta y seis, en Río Blanco, Veracruz, con domicilio en calle Estrella y Relámpago, manzana 29, lote 19, colonia Lomas del Sol, 23450, Cabo San Lucas, Los Cabos Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 0330, declaró:

“Que el día tres de febrero de dos mil dos, como suplente de representante de casilla, no importando que se hubiera acreditado el propietario estuve ahí para lo que se ofreciera y pude ver durante el día que hubo un acarreo indiscriminado de la coalición porque vi varios con la camiseta de la Coalición PRD-PT y las autoridades de las tres casillas no les dijeron nada hasta que llegó el profesor Gilberto Aguilar al que le hice notar la anomalía y le llamó la atención al presidente de la casilla que estaba más retirada que había dejado votar a otras personas que llegaban con camisetas con propaganda. También había una señora morena de cabello pintado de rojizo, vestida con short beige que también acarreaba personas en una camioneta tipo guayín de color vino oscuro con propaganda de la Coalición PRD-PT y les decía “Ya saben qué hacer”, y había mucha propaganda de la coalición alrededor de la escuela y la retiraron como hasta las once u once y media de la mañana dejando dos en las esquinas de la escuela. La razón por la que acudo a declarar es porque consideró que es antidemocrático y triste porque con el acarreo pisotean la dignidad de las personas y del país que queremos para nuestros hijos.”

Ciudadano Fidel Ortiz Flores. Edad sesenta y tres años. Lugar de nacimiento Nogales, Veracruz. Fecha de nacimiento veintidós de marzo de mil novecientos treinta y nueve. Ocupación comerciante. Estado Civil casado. Nacionalidad mexicano. Domicilio manzana 29, lote 19, Lomas del Sol, I etapa. Cabo San Lucas, Baja California Sur. Distrito Octavo. Sección 330. Tiempo de radicar en el Estado veintidós años. Quien se identificó con clave de elector, declaró:

“Que el día tres de febrero del presente año, estaba yo en la casilla C 5, ubicada en el Jardín de Niños de la escuela Lomas del Sol, en Cabo San Lucas, Baja California Sur, siendo yo representante del PAN en esa casilla, me di cuenta que el padrón estaba rasurado, porque mucha gente llegaba con su credencial y no aparecía en el padrón, manifestando que tampoco aparecían en los otros padrones de las otras casillas, siendo que siempre habían votado ahí, caso muy concreto de la ciudadana Juana Paz Peña, que estaba indignada ya que siempre votaba en esa casilla, y no había reportado cambios de domicilio ni nada.

También quiero testificar que llegó un votante a la casilla y el presidente de la casilla le dijo que no estaba en el padrón, de repente se acercó otro votante lo tomó de la mano y le dijo que no se preocupara que él ya tenía su boleta para votar y se metieron los dos juntos a la cortina donde se emite el voto, y yo le dije al presidente de la casilla, pero no me hizo caso, por lo que firme el acta bajo protesta.”

Victoria Velasco Pérez. Edad veintisiete años. Lugar de nacimiento Guadalajara, Jalisco. Fecha de nacimiento quince de abril de mil novecientos setenta y cuatro. Ocupación ama de casa. Estado civil casada. Nacionalidad mexicana. Domicilio lote 06, manzana 61, Lomas del Sol, III etapa, Cabo San Lucas, Baja California Sur. Distrito Octavo. Sección 330, quien se identificó con credencial de elector expedida por el Instituto Federales de Electores, que declaró:

“Quiero testificar que en el mes de octubre del presente año, exactamente en los días en que estaba el huracán Juliette, yo y mi familia nos vimos en la necesidad de irnos a refugiar al albergue que se puso en la colonia del Sol, aquí en Cabo San (sic) Victoria Velasco Pérez. Edad veintisiete años. Lugar de nacimiento Lucas, que se ubicó en el kinder de la colonia, ahí mi esposo comenzó a ayudar en el albergue por lo que en gratificación a todas las personas que ayudaron, les dieron una despensa, la cual mi esposo fue a dejar a mi casa ubicada en la misma colonia en la manzana 61, y es el lote seis, dándole raite un chofer del DIF, ya que él no tenía carro, por lo que al llegar a dejarla, mi vecina de enfrente, la señora María Guadalupe Higuera Yepiz, quien es promotora social del PT-PRD, se dio cuenta de esto y rápido fue a dar aviso a la delegación municipal de Cabo San Lucas, de que en mi casa había propaganda del PAN, y enseguida fue el señor Juan Galloso, quien trabaja en la delegación, al albergue en el que estábamos y nos corrió a mi y a toda mi familia del albergue, diciendo que si no apoyábamos a Ulises no teníamos derecho a la ayuda del ayuntamiento, y nos tuvimos que ir a la calle mientras reparábamos nuestra casa.”

“Por otro lado el día tres de febrero del dos mil dos, quiero manifestar que a todas las personas que votamos en las casillas ubicadas en la colonia Lomas del Sol, es decir en la 330, se nos borró inmediatamente la tinta que se nos puso en el dedo pulgar, por lo que muchas personas pudieron hacer fraude con una simple lavada de manos, y esto se puede corroborar con cualquier ciudadano. Y también manifiesto que la señora María Guadalupe Higuera Yepiz, quien tiene una tienda con venta de cerveza en Lomas del Sol, enfrente de mi casa, estuvo vendiendo el día 2 y 3 de febrero del dos mil dos, cerveza, por lo que reportamos a la comandancia de policía de Lomas del Sol, pero ni siquiera fueron a ver, puesto que al saber de quien se trataba supieron que era promotora del voto del PRD-PT. Ese mismo día la misma señora María Guadalupe Higuera Yepiz, traía un carro rentado de la compañía alamo, y dijo a los cuatro vientos que se lo habían dado los del PRD para llevar gente a votar, y lo cual testifico que así fue, pues todo el día se dedicó a ir a las casas a recoger gente y llevarlas a las casillas de Lomas del Sol a votar. Que es todo lo que tiene que manifestar.

Ciudadano Jorge Alberto Escobar Parras. Edad cuarenta y seis años, lugar de nacimiento Ensenada, Baja California, fecha de nacimiento veintiuno de diciembre de mil novecientos cincuenta y cinco, ocupación fletero, estado civil casado, nacionalidad mexicano con domicilio lote 06, manzana 61, Lomas del Sol, III etapa, Cabo San Lucas, Baja California Sur, distrito octavo, sección 330, quien se identificó con credencial de elector expedida por el Instituto Federal de Electores, y declaró:

“Resulta que hace como quince días la señora María Guadalupe Higuera Yepiz, quien es vecina mía en la colonia Lomas del Sol en Cabo San Lucas, y quien es promotora del voto del PRD-PT, empezó a agredirme cada vez que me veía, ya que yo tenía propaganda del PAN en mi casa, pero el colmo fue que el día treinta y uno de enero, dos días antes de las elecciones, llegaron a mi domicilio como a las diez de la noche unos judiciales, yo estaba en la banqueta de mi casa con mi esposa, y al llegar sacaron sus armas, como cuernos de chivo y pistolas, y me dijeron que la señora Guadalupe Higuera Yepiz, había reportado una riña en mi domicilio, cosa que era falsa, y al final nos dijeron que lo que quería la señora era que me detuvieran el fin de semana. Al día siguiente otros vecinos nos comentaron que la señora Higuera Yepiz, estuvo diciéndole a todo mundo que ella se iba a encargar que no pudiera ir a votar el domingo ni ayudarles a los del PAN.

También quiero testificar que el día tres de febrero de este año, fui a votar aproximadamente a las diez treinta de la mañana a la casilla que me corresponde y que es la 330, ubicada en el kinder de la colonia Lomas del Sol, en Cabo San Lucas, y al pasar a votar me di cuenta de que estaba adentro de las casillas el señor Miguel Ángel Araoz Gamiño, quien es diputado, y lo vi con un montón de papeles que traían el logotipo del PRD-PT en la mano, los cuales se los daba a algunos votantes y a otros de las autoridades de las casillas, pero lo que es peor, se la paso saludando uno por uno de los votantes que entraban y platicando con ellos, es decir se la paso haciendo proselitismo. Ese día cuando se hizo el cierre de la casilla, yo estaba afuera de la casilla, para ver que no hubiera irregularidades y se acercó una persona que trabajaba en la delegación municipal de Cabo San Lucas, de nombre José Alemán, y empezó a agredirme, tratando de que no estuviera yo allí, que sólo podían estar los del PRD-PT. Que es todo lo que quiero declarar.”

Alfredo García Biviano. Edad veintiocho años, lugar de nacimiento Ayutla de los Libres Guerrero, fecha de nacimiento cinco de agosto de mil novecientos setenta y tres, ocupación plomero electricista, estado civil soltero, nacionalidad mexicana, domicilio colonia Lomas del Sol, primera etapa, manzana 28, lote 36, Cabo San Lucas, Baja California Sur, distrito octavo, sección 0330 quien se identificó con credencial de elector expedida por el Instituto Federal de Electores con número de registro y con clave de elector GRBVAL72080512H300. Declaró:

“El día tres de febrero de dos mil dos, al igual que mi compañero Jacobo Pollonera, me di cuenta que abrieron las casillas, a las ocho a.m. el señor Miguel Ángel Araoz se encontraba en las casillas de Lomas del Sol, a cada votante que llegaba a las urnas los abordaba y les informaba donde podían votar, también se paseaban por todas las casillas con un gafete que decía representante general del PRD PT y se sentaba en cualquiera de las mesas de las siete casillas y hojeaba las listas nominales sin que nadie le dijese nada. A mi conocimiento el señor tiene un cargo en la actual administración municipal, más sin embargo, no hubo alguien que actuara en su caso. No fue sino hasta después del medio día cuando llegó un notario a levantar acta de los hechos ocurridos fue el momento en que se retiró el señor Araoz, y regresó hasta las dos p.m.

Por otro lado, el hijo de Ulises arribó a las casillas alrededor de las tres treinta de la tarde y se mantuvo fuera de las casillas, pero a las cuatro treinta p.m. se metió y fue directamente con el señor Araoz a charlar.

Finalmente, me di cuenta que no se le permitía el paso a los representantes del PAN para vigilar las casillas que se estaban llevando al IFE al final de la jornada electoral. La misma gente del partido Coalición PRD-PT les cerraba el paso.”

Ciudadano Juan Diego Manríquez Toyes, quien se identificó con credencial para votar clave MNTYJN62040603H700, mexicano, empleado municipal, de treinta y nueve años de edad, de estado civil casado, originario de La Paz Baja California Sur, con fecha de nacimiento seis de abril de mil novecientos sesenta y dos, con domicilio en calle sin nombre colonia Los Cangrejos, correspondiente a la sección electoral número 0330, declaró:

“El día tres de febrero de dos mil dos, aproximadamente a las ocho horas me encontraba en la casilla como representante del Partido Acción Nacional verificando que la casilla se abriera puntualmente, pero no se abrió a las ocho de la mañana se abrió aproximadamente a las nueve cinco horas, una vez abierta yo le solicite al presidente de casilla que ordenara que se retirara toda la propaganda que había alrededor de la casilla y efectivamente el presidente personalmente retiro la propaganda pero maliciosamente dejo la propaganda del partido de la coalición, al mismo tiempo dejo votar a cuatro personas que traían en su vestimenta como cachuchas propaganda de la coalición, yo aclaro que no llegaron nunca los funcionarios de casilla ni ningún suplente y el presidente de casillas nunca supo que hacer ante ese problema por lo que a las once diecinueve horas llegó un representante del Instituto Estatal Electoral y él nombró al primero y segundo escrutador y además el representante general de la coalición que no se acreditó ante la casilla el señor José Luis Medina se presento a las diez cuarenta y ocho horas a las casillas de los cangrejos ubicada en el jardín de niños nueva creación en su vehículo voyager gris oscuro con placas 317 PLM4 con propaganda de la coalición adherida al vehículo y sin más lo estacionó frente de la casilla y no lo retiró aun cuando se lo pidió el presidente de la casilla, también quiero manifestar que he recibido represalias de parte de la dirección de recursos humanos del honorable ayuntamiento de esta ciudad. Por lo que yo hice un escrito dirigido a mis compañeros para que se enteraran de mi situación y el cual se lo pongo a la vista a usted, mi razón de decir esto es que miré y vi muchas irregularidades de parte del partido de la colación y eso no son acciones legales que surjan en la jornada electoral”.

 Sección 333

 Con relación a la presente sección electoral, misma que le corresponde una casilla básica y dos contiguas se tipifica plenamente lo previsto en la fracción II del artículo 310 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, mismo que a la letra dice: “Cuando se ejerza violencia física o exista cohecho, soborno o presión de alguna autoridad o particular sobre los funcionarios de la mesa directiva de la casilla o sobre los electores, de tal manera que se viole la libertad o el secreto el voto y tengan relevancia en los resultados de la votación en la casilla;”, lo cual demuestro los (sic) siguientes testimoniales pasados ante la fe pública del notario adscrito a la Notaría Pública número siete del Estado de Baja California Sur, licenciado José Alberto Castro Salazar del Municipio de Los Cabos.

 Ciudadana Baudelia Garzón Aguilar, quien se identificó con credencial para votar clave GRAGBD43052025M200, mexicana, de cincuenta y ocho años de edad, de estado civil casada, originaria de El Rosario, Sinaloa, con fecha de nacimiento veinte de mayo de mil novecientos cuarenta y tres, con domicilio en avenida Los Cabos y Caracol, sin número, colonia Los Venados, manzana 23, lote 11, Los Cabos Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 0333, declaro:

 “Que el día tres de febrero de dos mil dos, siendo aproximadamente las diez horas, se presentó en mí casa una señora que le dicen “La Morena”, iba en el taxi número 18 de los azul con gris, que tienen su sitio en el antiguo cuartel de los soldados, y me dijo vengo por ti para que vayamos a votar por Ulises y le dije que al rato, nomás que termine de dar desayuno a mi esposo, pero acuérdate que el voto es secreto, tú no puedes saber por quien voy a votar, y me dijo “ay no le hace tú vota por Ulises”, y me dijo ándale pues no te tardes voy a buscar a las demás”.

 Ciudadana Yolanda Casio Galarza, quien se identificó con credencial para votar clave CSGLYL70121903M900, mexicana, de ocupación en labores del hogar, de treinta años de edad, de estado civil unión libre, con fecha de nacimiento diecinueve de diciembre de mil novecientos setenta, con domicilio en manzana 37 A, lote 9, calle Misión de San Borja, colonia Los Venados, en Cabo San Lucas, Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 0333, declaro:

 “Que el pasado día tres de febrero de dos mil dos, aproximadamente a las 16:30 horas al llegar yo a emitir mi voto me percate que a la persona que se encontraba enfrente de mí le preguntó al funcionario de casilla, es decir, al presidente de casilla, que si como debía de votar porque no sabía cómo votar, a lo que el funcionario de casilla le contestó que debería marcar este partido señalando el partido de la coalición en sus tres tantos y ponerlos en las urnas que corresponden a cada color, además quiero señalar que días antes de las elecciones una persona de nombre “Cande” quien se dedica a los trámites para adquirir terreno por parte del ayuntamiento, nos solicitó el sábado antes del día de las elecciones que pasáramos mi pareja y yo por su casa para tomarnos nuestros datos para que votáramos por la coalición y textualmente nos dijo “que no votáramos por Sebastián Romo”, a lo que yo le contesté que si teníamos que ir a su casa y ella rotundamente me manifestó que si que si no nos interesaba, lo que digo me consta porque a mi me lo dijo la señora Cande de propia voz, agregando que no sé el nombre completo de la señora “Cande”.

 Sección 335

 Con relación a la presente sección electoral, misma que le corresponde una casilla básica donde se tipifica plenamente lo previsto en la fracción II del artículo 310 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, mismo que a la letra dice: “Cuando se ejerza violencia física o exista cohecho, soborno o presión de alguna autoridad o particular sobre los funcionarios de la mesa directiva de la casilla o sobre los electores, de tal manera que se viole la libertad o el secreto del voto y tengan relevancia en los resultados de la votación en la casilla;”, lo cual demuestro los (sic) siguientes testimoniales pasados ante la fe pública del notario adscrito a la Notaría Pública número siete del Estado de Baja California Sur, licenciado José Alberto Castro Salazar del Municipio de Los Cabos.

 Ciudadana Francisca Castro Castro, quien se identificó con credencial para votar clave CSCSFR78042703M100, mexicana, ama de casa, de veintitrés años de edad, de estado civil concubinato, originaria de Loreto, Baja California Sur, con fecha de nacimiento veintisiete de abril de mil novecientos setenta y ocho, con domicilio en calle Pez Vela, manzana 16, lote 07, fraccionamiento Acuario, Cabo San Lucas, Los Cabos Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 335, declaro:

 “Que el día tres de febrero de dos mil dos, aproximadamente a las dos de la tarde fui a votar a la casilla 335, que está en el mismo fraccionamiento Acuario, y que es la casilla en donde voto desde que tenía dieciocho años, y cuando llegue me dijeron que no aparecía en la lista nominal. Y vengo a declarar esto porque no podemos seguir permitiendo estas irregularidades, y no estoy conforme con eso, si no denunciamos las irregularidades nunca vamos a progresar en este país”.

 Sección 351

 Con relación a la presente sección electoral, misma que le corresponde una casilla básica donde se tipifica plenamente lo previsto en la fracción II, del artículo 310 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, mismo que a la letra dice: “Cuando se ejerza violencia física o exista cohecho, soborno o presión de alguna autoridad o particular sobre los funcionarios de la mesa directiva de la casilla o sobre los electores, de tal manera que se viole la libertad o el secreto del voto y tengan relevancia en los resultados de la votación en la casilla;”, lo cual demuestro los (sic) siguientes testimoniales pasados ante la fe pública del notario adscrito a la Notaría Pública número siete del Estado de Baja California Sur, licenciado José Alberto Castro Salazar del Municipio de Los Cabos.

 Ciudadana María del Carmen Suástegui Silva, quien se identificó con credencial para votar clave SSSLCR51040312M600, mexicana, de cuarenta y nueve años de edad, empleada, de estado civil viuda, originaria de Acapulco, Guerrero, con fecha de nacimiento tres de abril de mil novecientos cincuenta y dos, con domicilio en calle Tintorera, manzana 15, lote 20, fraccionamiento Bugambilias, Cabo San Lucas, Los Cabos Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 0351, declaro:

 “Que el día tres de febrero de dos mil dos, siendo aproximadamente las ocho y media cuando me encontraba en la fila de la casilla que me corresponde para votar un carro con bandera y calcomanías de la Coalición PRD-PT bajaba personas cerca de la casilla, después de votar me quedé como media hora más porque ya habían pedido varios candidatos en días anteriores que los ciudadanos cuidáramos la elección, y no me pareció correcto que un carro hiciera propaganda sin que ninguna autoridad hiciera algo para alejarlos de la casilla, cuando era evidente que estaban acarreando gente para votar. También me di cuenta que dos personas alegaron con el presidente de la casilla porque no aparecían en la lista nominal y decían que tenían años votando en esa casilla. La razón de que yo declare es que todos los ciudadanos debemos cuidar que las elecciones sean limpias, transparentes y legales y no debe haber trampas entre los partidos”.

 Sección 352

 Con relación a la presente sección electoral, misma que le corresponde una casilla básica donde se tipifica plenamente lo previsto en la fracción II, del artículo 310 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, mismo que a la letra dice: “Cuando se ejerza violencia física o exista cohecho, soborno o presión de alguna autoridad o particular sobre los funcionarios de la mesa directiva de la casilla o sobre los electores, de tal manera que se viole la libertad o el secreto del voto y tengan relevancia en los resultados de la votación en la casilla;”, lo cual demuestro los (sic) siguientes testimoniales pasados ante la fe pública del notario adscrito a la Notaría Pública número siete del Estado de Baja California Sur, licenciado José Alberto Castro Salazar del Municipio de Los Cabos.

 Ciudadano Erasmo Ernesto Lechuga Hernández, quien se identificó con credencial para votar clave LCHRER44110721H000, mexicano, empleado, de cincuenta y siete años de edad, de estado civil casado, originario de Xicotepec de Juárez, Puebla, con fecha de nacimiento siete de noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro con domicilio en cerrada Acuario, manzana 05, lote 03, fraccionamiento Arco Iris, Cabo San Lucas, Los Cabos Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 352, declaro:

 “Que el día tres de febrero de dos mil dos, como simpatizante del Partido Acción Nacional, me ofrecí para cuidar las casillas 329 y 332, observando que los representantes de la coalición que estaban adentro de la casilla, salían y hacían entrega a otras personas de listas de personas que faltaban por votar, y esas personas se subían a carros de renta, los que describo con posterioridad, y al ratito regresaban en esos carros llenos de gente que llevaban a votar, y eso lo hicieron durante todo el día, yo me acerque a un conocido mío que vi llegar en el carro de renta y le pregunte porqué habían llegado en carro de renta, y él me contestó que habían ido a su casa por él (sic) los de la coalición y le habían ofrecido seiscientos pesos para que votara por ellos y además me recogieron y me van a regresar a mi casa. Los vehículos de renta que me consta que hicieron el acarreo son: 2981, 2998, 1884, 2116, 7632, 3135, 3576, 3830, 7483, 2921, 2137, 3619, 7630, 3043, 3000, 2827, 3669, 3076 y 7608, todos de AVA y un neón blanco con placas de Michoacán PJJ3593. También me consta como una camioneta Pick Up, guinda, placas ZMH3022, con propaganda PRD-PT, se estacionó afuera de la casilla 332 y encendió las luces intermitentes, se bajó el conductor del carro, sin entrar a la casilla, sólo para dirigirse a los juegos infantiles que están a un lado, y en el trayecto empezó a saludar a toda la gente, y dejó la camioneta encendida con las luces intermitentes encendidas por mucho tiempo, y la razón de mi dicho es que no estoy de acuerdo con todas las anomalías que observé y quiero contribuir para que se haga justicia”.

 Ciudadano Juventino Castañeda Martínez, quien se identificó con credencial para votar clave CSMRJV59122210H100, mexicano, de cuarenta y dos años de edad, contratista, de estado civil viudo, nacido en fecha veintidós de diciembre de mil novecientos cincuenta y nueve, en Santa Clara Durango, con domicilio en calle Cerrada Amapolas número uno, fraccionamiento Bugambilias, 23450, Cabo San Lucas, Los Cabos Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 0352, declaro:

 “Que el día tres de febrero de dos mil dos, pude observar que en la casilla en la que me corresponde votar hubo mucho acarreo, al estarme trasladando en la ciudad durante el día pude observar que existía también un operativo de acarreo en las casillas 336 y 329, en todas las casillas pude observar que había personas que los esperaban y los acompañaban hasta la fila para votar, pero específicamente en la casilla 329, donde vota mi hija observé claramente que a los votantes que acarreaban les regalaban al regreso vales de gasolina y ninguna autoridad hacía nada, ni en las casillas, ni la policía, la razón de mi declaración es que me parece que esta elección no fue amplia, a la gente no le pueden estar regalando cosas el mero día de la elección porque entonces ya no hay igualdad entre los partidos”.

 Declaración testimonial de la ciudadana Laura Josefina Juárez Iniesta.

 Yo Laura Josefina Juárez Iniesta, mexicana, de ocupación ama de casa, de veintidós años de edad, de estado civil casada, con fecha de nacimiento diecinueve de marzo de mil novecientos setenta y nueve, con domicilio en Lomas del Sol Segunda Etapa, manzana 1, lote 13, en Cabo San Lucas, Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 0330, declaro:

 “Que personas identificadas con la Coalición PRD-PT pasaron a mi casa el dos de febrero de dos mil dos, un día antes de la elección, ofreciéndonos despensas a cambio de que votáramos por dicha coalición. Mi mamá y yo rechazamos las despensas y les dijimos a esas personas que nosotros no vendíamos nuestro voto. El día de la elección llegamos un poco antes de las 6 de la tarde, pero no nos dejaron votar, al igual que a muchas otras personas que se molestaron por ese hecho. Declaro lo anterior en razón de que me consta y porque se que lo que hicieron tanto los que ofrecían despensas a cambio del voto como los que no nos dejaron votar es ilegal.

 Declaración testimonial de la ciudadana María Fernanda Baeza Hernández.

 Yo, María Fernanda Baeza Hernández, mexicana, de ocupación secretaria, de veintiséis años de edad, de estado civil casada, con fecha de nacimiento primero de noviembre de mil novecientos setenta y cinco, con domicilio en Matamoros y Abasolo, en Cabo San Lucas, Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 0327, declaro:

 “Que el presidente de la colonia Mesa Colorada me ofreció una despensa a cambio de que votara por la Coalición PRD-PT. Acepté la despensa para presentarla como prueba, la cual viene en una bolsa con el logotipo de la tienda Ley, cerrada con un listón verde y que contiene un kilo de harina, un kilo de masa de maíz, un paquete de galletas marías, un kilo de azúcar, un litro de aceite, un litro de leche, un frasco de nescafé chico, un kilo de frijol, un paquete de spaguetti y un paquete de sopa de caracol. Después vi que ese tipo de despensas, en gran número, estuvieron siendo repartidas por la misma persona y por otras personas identificadas con la coalición, pidiendo a cambio el voto para su partido. Declaro lo anterior en razón de que me consta y porque sé que lo que hacían esas personas es ilegal”.

 Declaración testimonial de la ciudadana María Dolores Vásquez Iniesta.

 Yo, María Dolores Vásquez Iniesta, mexicana, de ocupación ama de casa, de treinta y tres años de edad, de estado civil casada, con fecha de nacimiento dieciséis de febrero de mil novecientos sesenta y ocho, con domicilio en Lomas del Sol Segunda Etapa, manzana 1, lote 13, en Cabo San Lucas, Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 0330, declaro:

 “Que personas de la Coalición PRD-PT andaban repartiendo madera y yo les pregunté que si para quién era, a lo que contestaron que esa madera se le iba a dar a los que votaran por el PRD-PT. Me preguntaron que si yo a quién apoyaba y yo no les contesté. Después regresaron y me preguntaron que si ya había decidido votar por los candidatos de la coalición, a lo que yo dije que no. Declaro lo anterior en razón de que me consta y porque sé era ilegal lo que hacían”.

 Declaración testimonial de la ciudadana María de Jesús Iniesta Guadarrama.

 Yo, María de Jesús Iniesta Guadarrama, mexicana, de ocupación ama de casa, de cincuenta y nueve años de edad, de estado civil casada, con fecha de nacimiento veintinueve de agosto de mil novecientos cuarenta y dos, con domicilio en Lomas del Sol Segunda Etapa, manzana 1, lote 13, en Cabo San Lucas, Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 0330, declaro:

 “Que personas de la Coalición PRD-PT me ofrecieron varias veces despensas pidiéndome a cambio que votara por los candidatos del PRD-PT y que después de no haberlas aceptado me decían que si votaba por esos candidatos me iban a dar mil pesos y también me iban a dar material para construir mi casa. Declaro lo anterior en razón de que me consta y porque se que lo que hizo esa gente del PRD-PT es ilegal”.

 Declaración testimonial del ciudadano Eugenio Domínguez Rodríguez.

 Yo, Eugenio Domínguez Rodríguez, mexicano, de ocupación pizzero, de treinta y cinco años de edad, de estado civil casado, con fecha de nacimiento trece de julio de mil novecientos sesenta y siete, con domicilio calle San Ignacio, manzana 23, lote 4, colonia Los Cangrejos Primera Etapa, en Cabo San Lucas, Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 0330, declaro:

 “Que el pasado día tres de febrero del presente año, fui testigo de que el señor Jorge Uraga Romero, regidor y reconocido miembro del PT, durante toda la mañana estuvo diciéndole a la gente que votara por su partido. Esto sucedió en la colonia Los Cangrejos, en el jardín de niños donde se instalaron las diversas casillas y a consecuencia de la falta de vigilancia. Declaro lo anterior en razón de que me consta y porque sé que lo que hizo el señor Jorge Uraga Romero es ilegal”.

 Declaración testimonial del ciudadano Salvador González Mendoza.

 Ciudadano Salvador González Mendoza, mexicano, de ocupación jardinero, de veintinueve años de edad, de estado civil casado, con fecha de nacimiento diecinueve de marzo de mil novecientos setenta y dos, con domicilio en calle José María Morelos sin número, colonia Ejidal, en Cabo San Lucas, Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 0327, declaro:

 “Que el día tres de febrero de dos mil dos me presenté a votar a la casilla 0327 básica, pero no aparecí en la lista de votantes y me dijeron que me tenía que apuntar en una hoja blanca para poder votar. El secretario de la casilla me apuntó en esa hoja y después me dejaron votar. Después supe que si no estaba en la lista de votantes no podía votar y entonces pensé que los funcionarios de la casilla 0327 básica hicieron mal en dejar que yo votara y por eso declaro lo dicho. Lo anterior me consta y lo sé por haberlo vivido personalmente”.

 Declaración testimonial de la ciudadana Ramona Rubio Talamantes.

 Ciudadana Ramona Rubio Talamantes, quien se identificó con credencial para votar clave RBTLRM63083103M100, mexicana, de ocupación empleada pública, de treinta y ocho años de edad, de estado civil casada, con fecha de nacimiento treinta y uno de agosto de mil novecientos sesenta y tres, con domicilio en cerrada Justino Sánchez Madariaga número 3, colonia Infonavit Brisas del Pacífico, en Cabo San Lucas, Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 0331, declaro:

 “Que el día trece de diciembre de dos mil uno me suspendieron como promotora social en la Delegación de Cabo San Lucas, argumentando que me corrían porque estaba apoyando la campaña del PAN. Ese mismo día el señor Héctor Aguiar, encargado de Patrimonio Inmobiliario del Estado en Cabo San Lucas, me dijo que el Gobernador del Estado sabía que yo estaba apoyando a los candidatos del PAN porque le enseñaron un video del registro en el que yo aparecía. Me dijo también que el gobernador dijo que yo los estaba traicionando y que por no alinearme y apoyar a los candidatos de la Coalición PRD-PT me estaban suspendiendo de mi trabajo como promotora social. El catorce de diciembre de ese mismo año otros promotores me quisieron golpear porque yo seguía apoyando al PAN. Eso sucedió en la oficina de la Secretaría de Finanzas del Estado en Cabo San Lucas. Después de las elecciones, el viernes ocho de febrero de dos mil dos, la secretaria de Héctor Aguiar me avisó que muchas de las personas que habían dado su enganche para un terreno y a las cuales yo estaba coordinando como promotora social, no iban a recibir nada y que por lo tanto pasaran por sus enganches a Recaudación de Rentas del Estado en Cabo San Lucas. Todo eso lo hacen por bloquear mi trabajo. Las personas que no van a recibir sus terrenos habiendo pagado sus enganches son: Sandra Peralta Ceseña, María Elena Valle Agúndez y Miriam Valle Agúndez. Otras personas que tampoco recibirán sus terrenos por esta misma razón y que ya habían metido sus papeles son: Camelia Valle Angulo, Juana Orozco Ceseña, Evencia Benalonso Carreto, Julio Verónica Loyola, Iván Evaristo Cobos, Patricia Leticia López Bahena, Ángel Rodrigo Acevedo Morales, Ramón David Jordán Castro, Rosalía Ruiz González, Laurén Gertrudis Ulloa López, Martín Francisco Collins Valle, Consuelo Sandoval Lizárraga, Guadalupe Osuna Olguín y Jorge Ruiz Acevedo. Declaro esto porque sé que las acciones señaladas son una clara presión e intimidación ejercidas por el Gobierno del Estado para obligarme a apoyar a los candidatos del PRD-PT, lo cual es ilegal y por eso debo denunciarlo. Lo anterior me consta y lo sé por haberlo vivido personalmente”.

 Declaración testimonial del ciudadano José de Jesús Rotgé García.

 Yo, José de Jesús Rotgé García, mexicano, de ocupación consultor privado, de veintinueve años de edad, de estado civil casado, con fecha de nacimiento veintiuno de febrero de mil novecientos setenta y dos, con domicilio en calle Valerio González sin número, interior 4, colonia Primero de Mayo, en San José del Cabo, Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 0291, declaro:

 “Que el día tres de febrero de dos mil dos, fungiendo como representante general del PAN, durante más de una hora fui objeto de persecución por parte de una persona que no pude identificar porque la unidad que me seguía (Pathfinder negra) tenía vidrios polarizados. Sin embargo podría identificar dicha unidad si la volviera a ver. Las placas del carro son 994PLU9. Después me estuvo siguiendo otro carro tipo Buick color vino, con vidrios polarizados, con placas 730PLU4 (con leyendas tapadas con cinta opaca). Intimidándome e impidiéndome cumplir con mis funciones como representante general el día de la elección. Lo anterior me consta y lo sé por haberlo vivido personalmente.

 Declaración testimonial de la ciudadana Consuelo Saiza Guillins.

Ciudadana Consuelo Saiza Guillins, quien se identificó con credencial para votar clave SZGLCN66080303M100, mexicana, de ocupación ama de casa, de treinta y cinco años de edad, de estado civil casada, con fecha de nacimiento tres de agosto de mil novecientos sesenta y seis, con domicilio en calle sin nombre, lote 1, manzana 24, colonia Lomas del Sol Segunda Sección, en Cabo San Lucas, Baja California Sur, declaro:

 “Que el día veintinueve de enero de dos mil dos por la mañana encontré en la puerta de mi casa una serie de volantes ofensivos contra Romo, los recogí y les entregue uno a mi mamá, uno a mi hermana y uno a mi cuñada, para que vieran que andaban diciendo del pobre señor, y mi hermana se enojó mucho y le reclamó al señor Sandez y le dijo que le iba a decir Ramona que es simpatizante de Romo, entonces el Sandez, se lo recogió y le dijo que no lo metiera en compromisos, él se lo quitó y se fue cargando varios volantes más. El día que fuimos a las votaciones, ya que llegamos de regreso a la casa, llegó él y le preguntó a mi papá que por quién había votado, y mi papá le dijo que había votado por Ulises, nada más para ver que le decía y él se contento mucho y le dijo que le iba a traer una despensa, no le trajo la despensa pero si lo hizo con mi suegra y con mi cuñada. También declaró mi cuñado recibió vales para gasolina para hacer acarreo de gente durante la votación de esta misma persona doctor José Sandez, es conocido activista de la Coalición PT-PRD.

 Lo anterior me consta y lo sé por haberlo vivido personalmente”.

 Declaración testimonial de la ciudadana Rosaura Chávez.

Yo, José de Jesús Rotgé García, mexicano, de ocupación consultor privado, de veintinueve años de edad, de estado civil casada, con fecha de nacimiento veintiuno de febrero de mil novecientos setenta y dos, con domicilio en calle Valerio González sin número, interior 4, colonia Primero de Mayo, en San José del Cabo, Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 0291, declaro:

 Testimonio: El día de las elecciones me dirigí a cumplir con mi obligación como ciudadana acompañada de uno de mis hijos ya que dos de ellos se encontraban trabajando, nuestra sorpresa fue que al darnos cuenta de que ellos por cuestiones de trabajo les fue imposible asistir a la votación en las listas nominales aparecían como ya habían votado...

 De esta forma nos damos cuenta de que nuestros derechos han sido violados así como el respeto a nuestra elección como ciudadana.

Declaración testimonial del ciudadano Cristian Eric Aguiar Díaz.

 Yo, Cristian Eric Aguiar Díaz, mexicano, de ocupación administrador, de veintiocho años de edad, de estado civil casado, con fecha de nacimiento treinta y uno de agosto de mil novecientos setenta y tres, con domicilio en el poblado de Santa Anita, en San José del Cabo, Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral 0310, declaro:

“Que el día dieciséis de enero de dos mil dos, recibí 5 (cinco) boletos para que fuéramos gratis a unas carreras de caballos en el taste de San Pedro para apoyar a los candidatos de la Coalición PRD-PT, que si no simpatizábamos no íbamos a poder entrar y que a fuerza deberíamos de tener los boletos y que además a la otra semana con los mismos podíamos asistir a Santiago pero ahora de apoyo a los candidatos de Los Cabos o sea a Ulises Ceseña, Luis Armando Díaz y Jesús Druck, el caso también es que siempre presenciamos a lo máximo 3 carreras y en el evento de San Pedro fueron 7 (siete) y puros caballos del gobernador y para Santiago iban a ser 6 carreras de igual forma puros de la cuadra La Misión propiedad del Gobernador Leonel Cota Montano lo que demuestra que el prestar los caballos para llevar a tanta gente y además gratis quiere decir que hay un gran apoyo del ejecutivo estatal hacia la coalición y sus candidatos. Además anexo boletos originales y periódicos y manifiesto que no debemos permitir que sigan sucediendo elecciones de estado en donde se dan eventos ilícitos gratis, cerveza y apuestas en beneficio de un candidato”.

 Ciudadana María Esther López Guzmán, quien se identifica con credencial para votar clave LPGZES70120130M701, mexicana, de ocupación en labores del hogar, de treinta y un años de edad, de estado civil casada, con fecha de nacimiento primero de diciembre de mil novecientos setenta, con domicilio en calle sin nombre y sin número, colonia Rosarito, en San José del Cabo, Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 0297, declara que un poco antes de las elecciones del día tres de febrero del presente año, recibí una llamada telefónica en mi domicilio, donde una persona que no conozco me invitó a que diera mi voto a la Coalición PRD-PT, a lo que le contesté que no podía decidirle porque el voto es secreto y que en todo caso sería mi voluntad de decidirlo, por lo que me dijo que eso era para que yo no tuviera problemas posteriormente, a lo que considere una amenaza, pero cual fue mi sorpresa que cuando me presenté a votar el día de las elecciones no me permitieron hacerlo, ni el presidente de casilla, ni el secretario, negándome tal derecho. Cuando me presenté a votar en la casilla que me corresponde lo hice alrededor de las 4 de la tarde y considero que esa negativa por parte de los funcionarios en negarme mi derecho es una ofensa como ciudadano y lo considero hasta como un delito. Lo anterior me consta y lo sé por haberlo vivido personalmente.

 Ciudadana Delia Contreras Aguirre, quien se identifica con credencial para votar clave CNAGDL62030905M401, mexicana, de ocupación empleada, de cuarenta años de edad, de estado civil unión libre, con fecha de nacimiento nueve de marzo de mil novecientos sesenta y dos, con domicilio en calle sin nombre y sin número de la colonia el Rosarito, en San José del Cabo, Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 0297, declara que el día tres de febrero del presente año, después de que salí de mi trabajo un poco antes de las seis de la tarde, llegue a la casilla que me corresponde con la finalidad de votar y una vez que me forme, un señor me preguntó que por quién iba a votar y le dije que por Romo nada más, habiéndolo escuchando los que estaban en la casilla quienes no me permitieron votar que porqué no estaba en la lista y además que porque ya era tarde. Pero creo que yo que llegue a buena hora y todavía había varias personas formadas a las que si les permitieron votar. Lo anteriormente me consta porque esas personas o sea los de las casillas como que estaban seleccionando a los votantes y por eso no me dejaron votar.

 Yo José Guadalupe Gutiérrez Ventura, mexicano, de veinticuatro años de edad, de estado civil casado, originario de ciudad Constitución, Baja California Sur, con fecha de nacimiento veintidós de junio de mil novecientos setenta y siete, con domicilio en calle sin nombre y sin número, en la colonia Pablo L. Martínez, en San José del Cabo, Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 0298, declaro: que el día tres de febrero del presente año, precisamente alrededor de las 2:30 de la tarde cuando me encontraba en las afueras de las casillas en que fui a votar, o sea de la sección 0298, se encontraba estacionada enfrente de la mencionada casilla un vehículo tipo blazer color verde, como mucha propaganda pegada de la Coalición PRD-PT, y sus conductores que eran dos hacían señas a los votantes que iban entrando para que votaran por la coalición, o inclusive interceptaron a dos personas diciéndoles verbalmente que no se les fuera a olvidar de votar por el candidato de este partido, inconformándose por esta acción varias personas que se encontraban presentes. Lo anteriormente manifestado me consta, porque lo vi con mis propios ojos, y además considero que los funcionarios de casillas deberían de haberles llamado la atención fuertemente por estar haciendo labor de proselitismo en esos momentos.

 Yo, Basilio Mejía Reyes, mexicano, de treinta y dos años de edad, de estado civil soltero, originario de Santa María del Monte, Estado de México, con fecha de nacimiento catorce de enero de mil novecientos sesenta y ocho, con domicilio en calle sin nombre, manzana 3, lote 1ª, colonia Lomas de Guaymitas, c.p. 23400, en San José del Cabo, Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 0298, declaro:

 “Que el día tres de febrero del año dos mil dos, que después de las 9:00 a.m. de ese día, yo me di cuenta que dos camionetas de las tipo suburvan llevaban y traían mucha gente en la casilla que a mi me tocó votar y afuera de la casilla estaban tres personas con gafetes en la camisa con el membrete del PRD-PT, ellos recibían a la gente que se bajaban de las suburvan y les decían que les pusieran una cruz a la marca de la coalición, estas gentes que estaban afuera de la casilla nos metían miedo a las personas que llegábamos solos y nos decían que teníamos que votar por el PRD-PT, y nos señalaban al grupo de personas que estaban subiendo y bajando de los carros, diciéndonos que ya sabíamos lo que nos pasaría si no hacíamos caso. Yo me di cuenta que mucha gente prefirió no votar, ni acercarse siquiera a la casilla, yo digo esto porque me da coraje que un partido político haga estas cosas, que están fuera de la ley y porque no es justo para los demás partidos que impidan a base de amenazas que la gente vote”.

 Declaración testimonial del ciudadano Jacinto Oro Cerro.

 Yo, Jacinto Oro Cerro, mexicano, de dieciocho años de edad, de estado civil soltero, originario de Toluca, Estado de México, con fecha de nacimiento nueve de mayo de mil novecientos ochenta y tres, con domicilio en calle sin nombre 7, manzana 4, lote 04, colonia Lomas de Guaymitas c.p. 23400, en San José del Cabo, Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 0298, declaro:

 “Que el día tres de febrero del año en curso siendo las 9:00 a.m. me llegó un señor cuando yo iba caminando rumbo a la casilla a votar y me dijo “hey guey por quién vas a votar” y como yo miré que ese señor iba bien vestido, le contesté “yo voy a votar por el pri” a lo que me contestó “te quieres ganar 500.00 varos “y yo le dije” y eso porque “y el me contestó” por llevarte a votar, pero votas por la coalición” yo le dije “ni madres” y me fui para otro lado. Como a las diez de la mañana llegue a la casilla 298 que es donde yo vote, y me di cuenta que los policías que estaban afuera de la casilla en la calle le hacían el paso a los taxistas y microbuses cuando por ese callejón en todo el año nunca entran microbuses ni taxis ni policías, además de que se paraban enfrente de la casilla y bajaban a la gente y se iban directo con tres personas que estaban paradas a la entrada del jardín de niños, de curiosidad me acerque y oí que les decían a votar por Ulises “cabrones”, vamos a ganar. Esto que digo, lo digo porque lo vi y lo oí, además de que me saca de onda que el gobierno haga esas cosas que yo siento no está bien y sé que no se deben hacer, porque en el radio y en la tele lo repiten a cada rato”.

 Declaración testimonial del ciudadano José Avalos Toledo.

 Yo, José Avalos Toledo, mexicano, de cincuenta y cuatro años de edad, de estado civil soltero, originario de Veracruz, Veracruz, con fecha de nacimiento cinco de noviembre de mil novecientos cuarenta y ocho, con domicilio en calle Nopal sin número interior 1, colonia Jesús Castro Agundez, código postal 23400, en San José del Cabo, Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 0294, declaro: “Que el día dos de febrero del año en curso alrededor de las 6 de la tarde me tope con un vehículo Nissan color plateado con placas de arrendamiento de la arrendadora dollar y se me hizo curioso que en el vidrio delantero traía un logotipo como del tamaño de un porta vasos con una figura de un busto de un bombero de color negro por lo que me acerque con el chofer y vi que era una persona a quien puedo identificar el día que me lo soliciten porque trabaja en una llantera que se llama el gallo, y entre la plática le pregunte qué significaba la figurita del bombero y entre otros comentarios me dijo que era un distintivo que iba a servir para distinguirlos de otros carros de renta y que los iban a emplear un dispositivo para llevar la gente de la coalición a votar el día de la votación y que ese operativo lo habían realizado el candidato Ulises Omar Cesena además me dijo que eran un chingo de vehículos los que se habían contratado esto lo manifiesto porque me tocó ver un día antes de la votación así como el día de la votación muchos vehículos con ese logotipo llenos de personas lo que yo no considero que se sujete a las leyes electorales considerándolas un fraude para toda la ciudadanía”.

 Yo, Alicia Duarte Peñalosa, mexicana, de cuarenta y siete años de edad, de estado civil casada, originaria de Zihuatanejo Guerrero, con fecha de nacimiento dieciocho de mayo de mil novecientos cincuenta y cinco, con domicilio en Las Veredas, colonia Las Veredas código postal 23400 en San José del Cabo, Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 312, declaro: que el día tres de febrero de este año, como a las 10:00 a.m. salí de mí casa con rumbo a la casilla que me toca para votar y se me hizo extraño ver muchos taxis llenos de gentes y se paraban enfrente de la casilla que por cierto está en el jardín de niños Valerio González Canseco, y en la puerta del jardín los estaba recibiendo un señor que se llama Juan Vargas, al cual yo lo conozco trabajaba con mi esposo desde hace mucho tiempo, al verme se puso nervioso y dejó de gritarle a la gente que se bajaba de los taxis color guinda del sitio Misión Los Cabos “Pasen a votar ya saben por la coalición al rato los invito a todos a desayunar también miré que algunas gentes de las casillas así como el señor Juan Vargas traían en sus camisas propaganda del PRD-PT, y eso a mi no se me hace justo ya que en la televisión se ha dicho que no se debe de hacer propaganda en las casillas y que ningún partido político puede hacer proselitismo en las casillas todo esto lo digo porque me consta, ya que lo vi y lo oí. Es todo.

 Ciudadano Filemón Martínez Ventura, quien se identifica con credencial para votar clave MRVNFL63112320H700, mexicano, de ocupación comerciante, de treinta y nueve años de edad, de estado civil unión libre, con fecha de nacimiento veintitrés de noviembre de mil novecientos sesenta y tres, con domicilio en avenida del Dátil número 9056 esquina con tabachines, colonia Buenos Aires, en San José del Cabo, Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 0293, declara que el día miércoles cinco de diciembre del dos mil uno aproximadamente a las 10:00 horas fue a mi casa el señor Juan Vargas ya que tengo un changarrito en mi casa por lo que yo le dije que si quería y él me dijo que si tenía credencial para votar y que en dónde iba yo a votar yo le dije que si y que me tocaba votar en el mercado de San José del Cabo y él me dijo que si porqué tan lejos que él me iba a ayudar para poder votar en la casilla de Buenos Aires pero que necesitaba mi credencial yo se la entregue porque tenía confianza en él porque lo conozco de hace mucho; cuando pasaron los días y yo le dije que si ya había arreglado en donde iba a votar yo y me dijo que en eso andaba total de que el día de la elección fui a pedirle mi credencial y me dijo que no me la iba a regresar y que no estuviera chingando porque yo era panista y él le iba al PT esta persona tiene su domicilio en frente de la Conasupo Buenos Aires yo digo esto porque estoy molesto porque esa persona que ahora sé es activista del PT me engañó y no me dejó votar, esto también le paso a mi esposa y a otras personas, no es justo.

 Declaración testimonial de la ciudadana Emelia Santiago González.

 Yo, Emelia Santiago González, mexicana, de treinta y dos años de edad, de estado civil unión libre, originaria de San Juan, Oaxaca, con fecha de nacimiento cinco de abril de mil novecientos setenta, con domicilio en avenida del dátil 9056, esquina tabachines, colonia Buenos Aires, en San José del Cabo, Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 0293, declaro:

 “Que el día cinco de diciembre del dos mil uno, aproximadamente a las 10:00 de la mañana llegó un señor a mi casa conocido de mi esposo y de nombre Juan Vargas que sé quien vive en frente de la Conasupo Bueno Aires y se puso a platicar con mi esposo y escuché que el señor Juan le pedía su credencial para votar, mi esposo se la entregó y después me mandó llamar a mí yo fui con mi esposo y le pregunté para que me quería y el señor Juan Vargas me contestó que él me iba a ayudar para que no fuéramos a votar hasta San José y que votaríamos en la casilla de Bueno Aires, por lo que yo le hice caso a mi esposo y se la entregué a su amigo, en varias veces yo le pedí mi credencial a ese señor pero nunca me la dio y el día de la votación yo fui con mi esposo Filemón Martínez Ventura a la casa de Juan Vargas y nos recibió con groserías diciéndonos que no nos iba a dar ninguna credencial que no estuviéramos “chingando” porque éramos panistas y él era del PT yo estoy manifestando esto porque me causó un daño económico porque mi hermana me mandó dinero de Estados Unidos y por culpa de ese señor no pude cobrar ese dinero además de que tengo coraje porque esas cochinadas no se deben de hacer porque no pudimos mi esposo y yo votar, ahora sé que el señor Juan Vargas es activista del PT”.

 Declaración testimonial de la ciudadana Rosa Moreno Hernández.

 Yo, Rosa Moreno Hernández, mexicana, de treinta y cinco años de edad, estado civil unión libre, originaria de Ciudad Tuxtla Chico, Chiapas, con fecha de nacimiento ocho de julio de mil novecientos sesenta y seis, con domicilio en calle Q sin nombre, manzana 03/1, lote 13, colonia El Zacatal, c.p. 23410, en San José del Cabo, Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 0301, declaro:

 “Que desde las 08:00 a.m. del domingo tres de febrero del presente año, empezaron a llegar taxis de esos grandes o panel a la calle Q sin nombre, que es donde yo vivo y eso a mi se me hizo extraño porque por mi casa no andan muchos taxis normalmente, por lo que me quedé fuera de mi casa para ver que pasaba y miré que algunos de mis vecinos se sabían a esos taxis que eran de color azul, y como a eso de las 09:30 a.m. me alisté para ir a votar y miré que había muchos taxis bajando y subiendo gente cerca de la casilla, eso a mi no me gustó y quise decirle algo a uno de los taxistas pero éste me dijo unas cosas groseras y se fue, la razón por lo que digo esto es porque no me gustan las cosas malas y soy enemiga de las cosas corruptas como sucedieron el día de la elección”.

 Ciudadana María de la Paz Lara Casarrubias, quien se identifica con credencial para votar clave_________, mexicano, de ocupación en labores del hogar, de veintiséis años de edad, de estado civil unión libre, con fecha de nacimiento cinco de mayo de mil novecientos setenta y cinco, con domicilio en Ampliación El Zacatal, manzana 14, lote 94, en San José del Cabo, Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número________, declara que el día sábado dos de febrero de dos mil dos, o sea un día anterior a las elecciones, cuando regresaba de la tienda de abarrotes que está en la esquina y serían como a las 05:00 p.m., cuando un señor al cual no conozco me dijo “señora mañana usted va a ir a votar y yo le voy a regalar la cantidad de $600.00 para que vote usted por el candidato de la Coalición PRD-PT”, entonces yo le contesté ya enojada, de que yo no me vendía, y que esas cosas no iban conmigo, además me consta esto, porque como dije se dirigió este señor personalmente a mi, y como yo considero que eso está fuera de la ley como un delito y cosa mala, me negué a ello, y tengo miedo que se tomen represalias y me corten el agua, por haberme negando a aceptar el dinero y a darles mi voto, es todo lo que decir.

 Ciudadana Yesenia Nava Carmona, quien se identifica con credencial para votar clave NVCRYS75041012M701, mexicana, de ocupación en las labores del hogar, de veintiséis años de edad, de estado civil casada, con fecha de nacimiento diez de abril de mil novecientos setenta y cinco, con domicilio en Lomas del Sol 1ª etapa, manzana 6, lote 27, en Cabo San Lucas, Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 0330, declara que el día primero de febrero de dos mil dos, alrededor de las 05:30 p.m., cuando andaba una señora repartiendo propaganda del PRD-PT a la cual no conozco, se dirigió a mi diciéndome “mira te voy a ayudar con $500.00 si el día de las elecciones votas por la Coalición PRD-PT, pero siempre y cuando me enseñes el dedo gordo de la mano derecha con la marca de que ya votaste, o si quieres tu me das tu credencial y luego te la regreso”, por lo que yo me enojé contestándole “que si porque me iba dar dinero si el voto es secreto”, y al otro día fue a la casa para que le diera la credencial, negándome rotundamente a ello pues me causó tristeza y coraje a la vez, por existir gente tan corrupta.

 Ciudadano profesor Rubén Monroy Castro, quien se identifica con credencial para votar clave MNCSRB44090303H800, mexicano, maestro y comerciante, de cincuenta y siete años de dad, de estado civil casado, originario de San José del Cabo, Baja California Sur, con fecha de nacimiento tres de septiembre de mil novecientos cuarenta y cuatro, con domicilio en carretera transpeninsular sin número, colonia Chula Vista, San José del Cabo, Los Cabos Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 295, declara que el día tres de febrero de dos mil dos, aproximadamente a las doce horas del día, fui a votar a la casilla 295 contigua, ubicada en la colonia El Chamizal, en Los Cabos, pude observar que la tinta que se utilizaba para marcar el dedo pulgar a los votantes, dicha tinta no era indeleble, pues al lavarme con agua las manos ésta se borró, además se ponía con un cojín de oficina. La razón de mi dicho es que como ciudadano debemos cuidar la legalidad de las elecciones y denunciar las irregularidades que nos consten.

 Ciudadana Aurora Vargas Espino, quien se identifica con credencial para votar clave VRESAR67013003M700, mexicana, ama de casa, de treinta y cinco años de edad, de estado civil casada, originaria de San José del Cabo, Baja California Sur, con fecha de nacimiento treinta de enero de mil novecientos sesenta y siete con domicilio en calle Nicolás Tamaral, manzana 10, lote 02, colonia El Chamizal, San José del Cabo, Los Cabos Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 295, declara que el día tres de febrero de dos mil dos, en la casilla 295 contigua, en la que fungí como representante del Partido Acción Nacional, sucedieron irregularidades en forma sistemática, como el hecho de que el presidente y demás funcionarios que fueron suplidos con sus familiares que estaban en la fila no quisieron recibirnos escritos de incidentes en cuanto éstos sucedían y todos los representantes de partidos tuvimos que meter un solo escrito con todos los incidentes que recordamos hasta el final del escrutinio y cómputo. Las irregularidades que más sobresalen es que once personas recibieron doble boleta para votar para la elección de diputado de representación proporcional y no le dio boleta para diputado por el principio de mayoría relativa, además no permitió a los representantes de partido firmar las boletas por el reverso, y después de muchas discusiones permitió que se firmaran sólo diez y volvió a impedir que se firmaran las demás, diciéndonos que el día anterior habían citado a todos los partidos para que firmaran las boletas y que eso ya no se usaba. Como no encuadraban las cuentas al final del escrutinio y cómputo, el presidente dijo que iba a hacer cuadrar las actas quitándole a los votos nulos para que las sumas fueran correctas, los funcionarios electorales que mandó el Comité Distrital tuvieron conocimiento de todas estas anomalías por lo que forzosamente deben existir las actas respectivas. La única opción que tuvimos fue firmar bajo protesta las actas. Además vimos en las listas nominales personas que ya fallecieron, uno de ellos incluso falleció hace ocho años, su nombre es Lerma Gamez Jesús Enrique. Y vecinos míos que siempre han votado en esa casilla, no aparecieron en la lista nominal. La razón de mi dicho es que los ciudadanos no debemos permitir que se convaliden actos ilegales como los que cometió el presente de la casilla.

 Ciudadana Francisca Castro Castro, quien se identifica con credencial para votar clave CSCSFR78042703M100, mexicana, ama de casa, de veintitrés años de edad, de estado civil concubinato, originaria de Loreto, Baja California Sur, con fecha de nacimiento veintisiete de abril de mil novecientos setenta y ocho con domicilio en calle Pez Vela, manzana 16, lote 07, fraccionamiento Acuario, Cabo San Lucas, Los Cabos Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 335, declara que el día tres de febrero de dos mil dos, aproximadamente a las dos de la tarde fui a votar a la casilla 335, que está en el mismo fraccionamiento Acuario, y que es la casilla en donde voto desde que tenía dieciocho años, y cuando llegué me dijeron que no aparecía en la lista nominal. Y vengo a declarar esto porque no podemos seguir permitiendo estas irregularidades, y no estoy conforme con eso, si no denunciamos las irregularidades nunca vamos a progresar en este País.

 Ciudadano Erasmo Ernesto Lechuga Hernández, quien se identifica con credencial para votar clave LCHRER44110721H000, mexicano, empleado, de cincuenta y siete años de edad, de estado civil casado, originario de Xicotepec de Juárez, Puebla, con fecha de nacimiento siete de noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro con domicilio en cerrada Acuario, manzana 05, lote 03, fraccionamiento Arcoiris, Cabo San Lucas, Los Cabos Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 352, declara que el día tres de febrero de dos mil dos, como simpatizante del Partido Acción Nacional, me ofrecí para cuidar las casillas 329 y 332, observando que los representantes de la coalición que estaban adentro de la casilla, salían y hacían entrega a otras personas de listas de personas que faltaban por votar, y esas personas se subían a carros de renta, los que describo con posterioridad, y al ratito regresaban esos carros llenos de gente que llevaban a votar, y eso lo hicieron durante todo el día, yo me acerqué a un conocido mío que vi llegar en el carro de renta y le pregunté porque había llegado en carro de renta, y él me contestó que habían ido a su casa por él (sic) los de la coalición y le habían ofrecido seiscientos pesos para que votara por ellos y además me recogieron y me van a regresar a mi casa. Los vehículos de renta que me consta que hicieron el acarreo son: 2981, 2998, 1884, 2116, 7632, 3135, 3576, 3830, 7483, 2921, 2137, 3619, 7630, 3043, 3000, 2827, 3669, 3076 y 7608, todo de AVA, y un neón blanco con placas de Michoacán PJJ3593. También me consta como una camioneta Pick Up, guinda placas ZMH3022, con propaganda PRD-PT, se estacionó afuera de la casilla 332 y encendió las luces intermitentes, se bajó el conductor del carro, sin entrar a la casilla, sólo para dirigirse a los juegos infantiles que están a un lado, y en el trayecto empezó a saludar a toda la gente, y dejó la camioneta encendida con las luces intermitentes encendidas por mucho tiempo, y la razón de mi dicho es que no estoy de acuerdo con todas las anomalías que observé y quiero contribuir para que se haga justicia.

 Ciudadano Magdiel Rendón de la Rosa, quien se identifica con credencial para votar clave RNRSMG76092520H000, mexicano, plomero electricista, de veinticinco años de edad, de estado civil unión libre, originario de Oaxaca, Oaxaca, con fecha de nacimiento veinticinco de septiembre de mil novecientos setenta y seis con domicilio en Lomas del Sol sin número, Lomas del Sol 23410, Los Cabos Baja California Sur, correspondiente a las 09:00 horas me encontraba votando en la casilla que me corresponde de la colonia Lomas del Sol y vi algunos funcionarios públicos de la delegación, entre ellos al señor Miguel Ángel Araoz y el tesorero de la delegación, se encontraban en la casilla hablando con los votantes que estaban en la fila próximo a votar, yo, entre ellos, y nos estaban diciendo que votáramos por la coalición, que nos acordáramos de cómo nos había ayudado la coalición en la colonia y que teníamos que ser agradecidos con los que nos ayudan. Mucha gente que los escuchó estaban enojados porque nadie los corría de la casilla y porque el gobierno tiene que ayudar a la gente sin andar refiriendo ni cobrando el favor. En la tele vi que el voto es libre y secreto. Por eso cuando oí que la gente que vio trampas en la elección estaban yendo a las oficinas del PAN vine aquí para decirlo, por la razón de que no se me hace justo y honesto que no dejen a la gente votar libremente como dijeron en la tele, porque el voto es secreto.

 Ciudadano Luis Manuel Espinoza Colli, quien se identifica con credencial para votar clave ESCLLS75062103H8C1, mexicano, de veintiséis años de edad, de estado civil casado, originario de San José del Cabo, con fecha de nacimiento veintiuno de junio de mil novecientos setenta y cinco, con domicilio en El Tezal, kilómetro 4.5, El Tezal, 23410, Los Cabos Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 0330, declara que el día tres de febrero de dos mil dos, aproximadamente a las 9 de la mañana, fui a votar a la casilla 330 de Lomas del Sol para ver si esa era la casilla en la que me correspondía votar, toda vez que cuando fui a la casilla ubicada en la secundaria detrás del IMSS en Cabo San Lucas en la cual me había tocado votar en las elecciones del dos de julio del dos mil y me dijeron que no aparecía en las listas, tampoco aparecía en las listas de las casillas de Lomas del Sol, pero encontré ahí a algunos conocidos míos simpatizantes del PAN, que me pidieron fuera por mi cámara de video y se las prestara, al regresar con la cámara de video, aproximadamente a las 10 de la mañana me pidieron que filmara a algunos taxis que estaban acarreando personas de aspecto humilde, por lo que me acerqué a varias de ellas y les pregunté porqué venían tantos en un solo taxi y me contestó una persona que nos traían a votar para que ganara la coalición. Vi a más de quince taxis en un lapso de dos horas y traían cada uno de ellos entre cinco y siete personas. Al filmar al taxis número 12 de los de “Nuevo atardecer” vi que se bajaron siete personas, inmediatamente dirigí mi cámara hacia las casillas que estaban instaladas en el jardín de niños Clemente Orozco, enfocando a Miguel Ángel Araos porque estaba conversando con las personas que se bajaban de los taxis y se formaban en las filas para votar, entonces me sorprendió una mujer que me gritaba “qué filmas chamaco cabrón, no te metas en lo que no te importa, déjame trabajar”, yo quise contestar algo, pero me agredió a bolsazos y me escupió, azuzando a más gentes que bajaba de los taxis para que me quitaran la cámara. La razón por la que declaro lo anterior es que, a mi entender, acarrear gente y decirles por quien votar no es legal.

 Declaración testimonial de la ciudadana Alma Rosa Ramos.

 Yo, Alma Rosa Ramos, mexicana, ama de casa, de treinta y dos años de edad, de estado civil unión libre, originaria de Ciudad Constitución, Baja California Sur, con fecha de nacimiento veinticinco de diciembre de mil novecientos setenta y dos, con domicilio en calle Zapotecas, M 42 L3, colonia Lomas del Faro Viejo 23440, Los Cabos Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 0328, declara:

 “Que el día tres de febrero de dos mil dos, aproximadamente a las 13:00 horas, me di cuenta que los siguientes coches de renta estuvieron llevando gente a votar a la casilla 328 por lo que me puse a apuntar las placas de esos carros:

3022 AVA      2914AVA    1805AVA    2000AVA    3578AVA    7427AVA

     76177AVA     2954AVA     3430AVA 2802AVA    3021AVA    1884AVA

     3691AVA       7632AVA     2116AVA   7630AVA    2966AVA    7609AVA

     7608AVA       2827AVA     2318AVA    3000AVA

 En un volkswagen placas 1805 AVA andaba la señora Laura Figueroa, quien yo sé que es secretario de la Delegación de Cabo San Lucas acarreando gente a quienes dejaba cerca de la casilla, lo mismo hacia su suegro de nombre Felipe Moreno en su carro particular y me di cuenta que a la gente que llevaban le decían “cruce la coalición”.

 Por otro lado, en ese mismo día yo miré que la señora doña Bertha González, quien dice que es líder del PT, estuvo pidiendo credenciales de elector en la colonia Los Venados, lo que me enojó y le tomé algunas fotos. Esta señora andaba en el taxi azul número 34, cuando yo vi esto me acompañaban el señor Pedro Rodríguez y la señora Angélica de quien no sé su apellido pero la presentaré cuando me lo pida el juez. Yo declaro esto porque lo vi directamente y no es legal que los partidos hagan trampa en las elecciones”.

 Ciudadano Gilberto Aguilar Quezada, quien se identifica con credencial para votar clave AGQZGL64020102H900, mexicano, de treinta y ochos años de edad, de estado civil casado, originario de..., con fecha de nacimiento primero de febrero de mil novecientos sesenta y cuatro, con domicilio en calle sin nombre, sin número, colonia Magisterial, 23410, Los Cabos Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 0328, declara que el día tres de febrero de dos mil dos, aproximadamente de las 9:30 horas a las 17:30 horas, y cuando me encontraba en la casilla 330 en la colonia Los Cangrejos, cumpliendo con la función de representante general por parte del PAN, me di cuenta que constantemente se estuvo trasladando gente a las casillas ubicadas en Los Cangrejos.

 Los taxis que constantemente estuvieron arribando a dichas casillas eran los identificados con números 18, 24, 22, 14 los cuales dieron aproximadamente diez vueltas cada uno llevando gente a votar. Lo anterior lo declaro porque es mi deber de ciudadano.

  Ciudadano Apolinar Amador Castro, quien se identifica con credencial para votar clave AMCSAP41010803H600, mexicano, ganadero, de sesenta y un años de edad, de estado civil______, originario de_________, con fecha de nacimiento____________, con domicilio en Agua Caliente, Los Cabos Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 0307, declara que el día tres de febrero de dos mil dos, el mero día de las elecciones, gente de la coalición violaron la ley seca decreta con motivo de las elecciones que se estaban realizando, con complicidad del subdelegado, nunca les llamó la atención como era su obligación, también fui testigo de cómo el subdelegado tomó partido a favor de la coalición llevando gente a votar y pidiéndole que votaran por ésta, cuando él como funcionario público no podía realizar este trabajo partidista. También me di cuenta que la Diputada Dominga Zumaya anduvo haciendo proselitismo ese mismo día y llevando gente a votar por la Coalición PT-PRD a otras casillas, particularmente llevó a mi nuera a votar a Buena Vista a la casilla especial y me la mal aconsejó. Lo anterior lo digo porque me da coraje las chingaderas que hacen con la gente, cuando deben ser los primero en respetar la ley.

 Yo, Cristian Eric Aguiar Díaz, mexicano, de veintiocho años de edad, de estado civil casado, originario de Ensenada, Baja California, con fecha de nacimiento treinta y uno de agosto de mil novecientos setenta y tres, con domicilio conocido San Anita, Los Cabos Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 0310, declaro: que el día tres de febrero de dos mil dos, actuando como representante del PAN en la casilla 0310 ubicada en Santa Anita Baja California Sur en la Casa del Pueblo fui testigo de las siguientes anomalías, que los representantes de la Coalición PRD-PT, el señor Ramón Agúndez y la señora Reyna Montaño hermano y prima, respectivamente, del presidente municipal, quien todos saben que es del Partido del Trabajo, se encontraban en la mesa de los funcionarios de casilla y no en el lugar asignado para los representantes de partido, siendo también los funcionarios de casilla familiares del presidente municipal la segunda escrutadora de nombre Rosario Agúndez, hermana del presidente municipal y secretaria de casilla, señorita Susana Burgoin, hija del subdelegado de San Anita, todos ellos como familia manipularon el voto, incluso se turnaban para ir a convencer a cada ciudadano que llegaba a votar, y descaradamente cuando llegó a votar la señora Elvira Carrillo Castillo se metió a la mampara junto con ella la señora Reyna Montaño.

 Por otro lado, la secretaria de la casilla omitió contar las boletas para votar a las ocho de la mañana, inclusive a la hora del escrutinio no sabía qué hacer porque no sabía cuántas boletas le había entregado el IEE lo cual demoró hasta las 11:15 de la noche la salida de la casilla, esta persona desconocía los procedimientos y la documentación que tenía que entregarse al IEE ya que en tres ocasiones tuvo que requisitar las actas de escrutinio y cómputo, finalmente y son de prepotencia, de parte del señor Ramón Agúndez dio instrucciones a los funcionarios de casilla de que votaran cinco personas que no estaban registradas en la lista nominal, dándoles a entender que éramos los representantes de partido lo que no permitíamos que ejercieran su derecho a votar cuando nos fue instruido por personal del IEE que no dejáramos votar si no estaban en la lista nominal, alegando el señor Ramón Agúndez que las personas que votaron era gente reconocida y que venían de lejos y era ilógico no dejarlos votar. Los nombres de las personas que votaron indebidamente son: Catarino.

 Álvarez Burgoin, Jaime Leonel Castillo Ceseña, Lourdes Carrillo Castillo, Narciso Castro Ceseña, Vicente Álvarez, lo cual quedó asentado por el representante del PRI. Lo anterior lo declaro porque me consta a mí y a todos los que estuvimos en la casilla.

 Ciudadano Martín Ceseña Aripez, quien se identifica con credencial para votar clave CCARMR68022903H800, mexicano, de treinta y tres años de edad, de estad civil soltero, originario de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con fecha de nacimiento veintinueve de febrero de mil novecientos sesenta y ocho, con domicilio calle José María Morelos sin número colonia Juárez, 23410, Los Cabos Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 0323, declara que el día tres de febrero de dos mil dos, siendo aproximadamente las doce horas encontrándome en las afueras de las casillas 0330 me di cuenta que el señor Miguel Ángel Araos, exdelegado de esta ciudad, abordaba a las personas que iban a votar y se ponía a platicar con ellos hablando en voz baja y se retiraba de ellos hasta que llegaban cerca de la mesa donde se entregan las boletas para votar, me di cuenta que también lo hizo en la casilla 330 ubicada en la entrada de la colonia Lagunitas Premier donde realizó las mismas maniobras. Por iniciativa propia averigüe con votantes de la fila que a ciertos votantes que traía palomeados en una lista con fotos, como la que tenían en la casilla les daba indicaciones para que votaran por la coalición. Declaro lo anterior en razón de que me consta y porque sé que lo que estaba haciendo Miguel Ángel Araos no es legal.

 Ciudadana Silvestre Benítez Flores, quien se identifica con credencial para votar clave BNFLSL64072012H500, mexicano, de treinta y seis años de edad, de estado civil_______, originario de___________, con fecha de nacimiento__________, con domicilio calle sin nombre, sin número, loc. La Rivera 23570, Los Cabos Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 0304, declara que el día primero de febrero de dos mil dos, siendo aproximadamente las cuatro de la tarde vi que a un lado de la comandancia de policía estaba la camioneta del DIF municipal, es una panel color azul, en su interior estaban la señora Mónica Macklis, titular del DIF en La Rivera, y su chofer; estaban repartiendo despensas y les decía que era una ayuda que les daba el DIF por parte de la coalición. La razón de mi declaración es que personalmente me di cuenta y me parece que no es legal porque desde el miércoles ya no se podía andar conquistando el voto.

 Ciudadana Baudelia Garzón Aguilar, quien se identifica con credencial para votar clave GRAGBD43052025M200, mexicana de cincuenta y ocho años de edad, de estado civil casada, originaria de El Rosario, Sinaloa, con fecha de nacimiento veinte de mayo de mil novecientos cuarenta y tres, con domicilio en avenida Los Cabos y Caracol, sin número, colonia Los Venados, manzana 23, lote 11, Los Cabos Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 0333, declara que el día tres de febrero de dos mil dos, siendo aproximadamente las diez horas, se presentó en mi casa una señora que le dicen “La Morena”, iba en el taxi número 18 de los azul con gris, que tienen su sitio en el antiguo cuartel de los soldados y me dijo vengo por ti para que vayamos a votar por Ulises y le dije que el rato, nomás que termine de dar desayuno a mí esposo, pero acuérdate que el voto es secreto tú no puedes saber por quien voy a votar, y me dijo “ay no le hace tú vota por Ulises”, y me dijo ándale pues no te tardes voy a buscar a las demás.

 Ciudadana Ninfa Loaeza Nava, quien se identifica con credencial para votar clave, LZNVNN75121912M000, mexicana, de veintiséis años de edad, de estado civil_______, originaria de __________, con fecha de nacimiento_____________, con domicilio en calle Bahía, manzana 26, lote 22, localidad Los Cangrejos, II etapa, 23450, Los Cabos Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 0330, declara que el día dos de febrero de dos mil dos, siendo aproximadamente las once horas, la señora Francisca Vargas se presentó en mi domicilio para regalarme agua en una pipa del ayuntamiento, porque en la colonia no hay agua, y me dejó agua en bote y me dijo “mañana son las votaciones, y ya sabes, tienes que votar por Ulises eeeh”, la razón de lo que digo es que me consta y se dio cuenta de todo lo que pasó la señora Cira Nava Peralta, que es mi vecina y vive enfrente y que no le quisieron dejar agua.

 Yo, Julia Salas Flores, mexicana, de veinticuatro años de edad, de estado civil unión libre, originaria de San Juan Bautista, Nayarit, con fecha de nacimiento cuatro de febrero de mil novecientos setenta y siete, con domicilio en calle sin nombre, manzana 72, lote 2, colonia Meza Colorada, Los Cabos Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 0330, declaro: que el día diez de diciembre de dos mil uno, siendo aproximadamente las ocho horas, se presentó el señor José Alemán, quien es funcionario de la Delegación de Cabo San Lucas, buscando a mí esposo llegó reclamando que había visto a mí esposo echándole porras a Romo y que le habíamos quitado la propaganda que habían pegado y que nos pusiéramos a pensar que el lote que él nos entregó era por parte de los candidatos Ulises y Jesús Druck, y pues tú esposo que me diga si ya no quiere el terreno para regresarle el dinero que me dio, la razón por la que declaro es porque somos libres de apoyar al candidato que queremos sin que nadie nos asuste de que nos va a quitar el terreno.

 Ciudadano Amos Ernesto Bañaga Arámburo, quien se identifica con credencial para votar clave BGARAM81091003H400, mexicano, de veinte años de edad, de estado civil________, originario de ___________, con fecha de nacimiento_____________, con domicilio en calle sin nombre, colonia Santa Anita, Los Cabos Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 0310, declara que el día tres de febrero de dos mil dos, siendo aproximadamente las catorce veinte horas, estando yo en la casilla 310, ubicada en la colonia Santa Anita en San José del Cabo, Baja California Sur, vi cuando la señora Elvira Carrillo Carrillo, fue a votar y al momento en que le entregaron su boleta para votar, fue acompañada por la representante de casilla de la coalición señora Reyna Montaño, y se metieron juntas a la mampara, y en el camino hacia la mampara le iba aconsejando, violando el secreto y la libertad del voto. Y ningún funcionario de la casilla intervino para impedirlo. Y vengo a declarar porque yo sé que es ilegal que otra persona entre a la cortinita para decirle al que vota por quien votar.

 Ciudadana María Félix Tovar Hernández, quien se identifica con credencial para votar clave TVHRFL47112012M000, mexicana, de cincuenta y cinco años de edad, de estado civil__________, originaria de____________, con fecha de nacimiento_______________, con domicilio en calle sin nombre, sin número colonia Obrera, Los Cabos Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 321, declara que el día tres de febrero de dos mil dos, siendo aproximadamente las dos de la tarde, estaba yo afuera de mi casilla, cuando vi a la señora Celia Cruz, en la entrada de la cancha, donde estaban las casillas, que les decía a las personas que entraban a votar “que ya sabían por quien votar, y yo sé que la señora Celia es promotora de la colonia Obrera, que trabaja en la Delegación Municipal de Cabos San Lucas. Y yo vengo a decir esto porque no es justo que no dejen en libertad a las personas para decidir su voto.

 Ciudadana Carmen Miranda Sánchez, quien se identifica con credencial para votar clave MRSNCR52081418M000, mexicana de cincuenta y cinco años de edad, de estado civil___________, originaria de___________, con fecha de nacimiento______________, con domicilio en calle Tozozómoc sin número, colonia Obrera, Los Cabos Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 322, declara que el día tres de febrero de dos mil dos, siendo aproximadamente las nueve horas, fui a votar a la casilla que me toca en la colonia Obrera, y me pidieron la credencial y después que me pidieron la credencial y después que me pidieron la credencial me dieron tres papelitos y me dijeron que me metiera a donde se mete uno a firmar, y cuando yo salí de la cortinita, para irlos a depositar en las cajas donde se meten los votos, se acercó una persona de ahí mismo, y me las quitó de la mano, diciéndome que yo no pertenecía ahí, que fuera a votar a otra parte. Yo quiero saber que le hicieron a esa boleta, quien se quedó con ella. Yo digo esto porque no es una ni dos, porque yo no sé como es que habiendo tanta gente, como no van a saber que no me tocaba votar ahí desde un inicio, pura gente sin preparación, no sabían ni que hacer, de todos no se hizo ni uno, estoy indignada con eso.

 Declaración testimonial del ciudadano Guillermo Castro Guadalupe Meza.

 Yo, Guillermo Castro Guadalupe Meza, mexicano, de cincuenta y un años de edad, de estado civil_________, originario de ___________, con fecha de nacimiento_______________, con domicilio en Miraflores, Los Cabos Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 308, declara:

 “Que el día tres de febrero de dos mil dos, siendo aproximadamente a las once treinta horas de la tarde, me di cuenta que una persona entró a votar a la casilla básica, le dieron sus boletas, pero no las depositó ahí, sino que salió con las boletas en la mano y fue luego a la contigua y ahí depositó las boletas. La razón de mi declaración es que esto se me hace muy raro porque yo sé que nadie puede sacar las boletas de la casilla. Como una hora después, me di cuenta que un carro Nissan blanco, con el logotipo del agua potable, el cual dice SAPALC, traía gente de Boca de la Sierra, lo cual sé porque los conozco, y regresó como una hora después con más gente de otro lugar que desconozco, pero si vi que bajaron a la casilla a votar. Mi razón para declarar es que creo que las personas que fueron funcionarios de la casilla no estaban preparadas para llevar a cabo la votación como la ley dice que se debe de hacer.

 Declaración testimonial del ciudadano Victor Eloy Martínez Echávarri.

 Yo, Victor Eloy Martínez Echávarri, mexicano, de cuarenta y nueve años de edad, de ocupación profesionista, originario de Ciudad de Torreón, Coahuila, con fecha de nacimiento diez de junio de mil novecientos cincuenta y dos y domicilio en Retorno de Armuelle 112, colonia Jesús Castro Agundez, c.p. 23430, Los Cabos, Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral 0294, declaro:

 “Que a fines del pasado mes de noviembre, en las instalaciones de Plaza Fonaltur, me tocó ver como un vehículo de la campaña de la Coalición PRD-PT, se cargaba madera, enviada por la federación a través del programa de apoyo FONDEN, también me percate de que habían algunos funcionarios menores del municipio, así como la presencia de una oficial de la policía municipal. En el vehículo se leían los nombres de los candidatos por el séptimo distrito Luis Armando, y a la presidencia municipal Ulises, esto en la puerta posterior de la caja de volteo, y en la defensa del frente, se leía una calcomanía con el texto “Agundez” (actual presidente municipal), posteriormente esta situación fue de dominio público pues la prensa local publicó un artículo alusivo a esta irregularidad.

 Toda esta situación, es apenas una muestra de todo el escandaloso manipuleo de recursos tanto municipales, estatales y federales por parte de la Coalición PRD-PT, bajo la complicidad de las autoridades locales y estatales con fines electorales (adjunto a la presente declaración testimonial, 9 fotografías, y copia de el diario. El Peninsular, sección Los Cabos, de fecha veintitrés de noviembre del dos mil uno, hojas I y III”.

 Declaración testimonial de la ciudadana María de Lourdes Ordaz Hernández.

 Yo, María de Lourdes Ordaz Hernández, mexicana, de treinta y cuatro años de edad, de estado civil_________, originaria de ___________, con fecha de nacimiento_______________, con domicilio en calle Zapotecas, manzana 13, lote 11, colonia Lomas Altas, Cabo San Lucas, Los Cabos Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 328, declara:

 “Que el día tres de febrero de dos mil dos, siendo aproximadamente a las doce quince horas de la tarde, me di cuenta que en la casilla 328 que está en la colonia Lomas del Faro en el parque Luis Bulnes, estaban llegando camionetas con banderas y calcas de la coalición, y nadie les decía nada, pero cuando llegaba algún carro con calcas de algún otro partido, lo empezaban agredir, les gritaban que se quitaran a la chingada, que no tenían nada que estar haciendo ahí, las personas que bajaban de los carros que traía la coalición, eran recibidos por una señora que conozco que se llama Laura, es la secretaria del Delegado de Cabo San Lucas, y les decía que pasaran a votar que ya sabían por quien, esto yo lo vi y lo escuche y me dio coraje la ilegalidad de estas personas por eso es que vine a declarar por la invitación pública que se hizo a la ciudadanía de declarar las cosas ilegales que vieron en la elección”.

 Declaración testimonial de la ciudadana Rebeca Muñoz Zárate.

 Yo, Rebeca Muñoz Zárate, mexicana, de treinta y ocho años de edad, de estado civil soltera, licenciada en comunicación, originaria de Chihuahua, Chihuahua, con fecha de nacimiento cuatro de julio de mil novecientos sesenta y tres, con domicilio en calle Ligui manzana 4 lote 6, fraccionamiento Colinas de Cabo Baja, Cabo San Lucas, Los Cabos Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 0316, declara:

 “Que el día tres de febrero de dos mil dos, siendo aproximadamente a las nueve horas de la mañana, después de haber votado en la casilla que me corresponde, regresé a mi casa y al pasar por la colonia 4 de marzo observé que en la casilla número 0320 estaban llegando tres taxis del sitito Nuevo Amanecer con aproximadamente siete personas cada uno, dichas personas eran de aspecto humilde, me bajé de mi camioneta a observar qué hacían y vi que una señora que los recibía en la reja de la escuela donde se encuentra la casilla y platicaba con ellos antes de formarse en la fila para votar y les decía “acuérdense crucen la coalición”. La razón por la que declaro lo anterior es porque me constan los hechos y porque sé que inducir el voto aprovechándose de la pobreza y las carencias es inmoral e ilegal.

 Ciudadana Inés Irene Aboyte Muñoz, quien se identifica con credencial para votar clave ABMZIN66070125M000, mexicana, de treinta y siete años de edad, de estado civil unión libre, originaria de Topolobampo, Sinaloa, con fecha de nacimiento primero de julio de mil novecientos sesenta y seis, con domicilio en calle Rosario Morales, colonia Mariano Matamoros, Cabo San Lucas, Los Cabos Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 0323, declara que el día tres de febrero de dos mil dos, siendo aproximadamente a las dos de la tarde estando formada en la fila para votar en la casilla que me corresponde vi que la persona que en la fila estaba delante de mi le permitieron votar con una copia fotostática de una credencial para votar. Además mi tía Cruz Cabanillas Zamora, quien trabaja en el Delegación de Cabo San Lucas me amenazó de que me iba a quitar el lote que me dio el municipio, aunque yo lo tuviera pagado y todo por no votar en el partido de ella que es el Partido del Trabajo, la razón de mi declaración es que me parece ilegal que una persona vote si no tiene su credencial para votar y además me parece abusivo que quieran quitarme mi terreno nomás porque no soy del Partido del Trabajo, porque yo lo estoy pagando y como mexicana tengo derecho a votar por quien yo quiera y nadie me debe andar amenazando.

 Declaración testimonial del ciudadano Eduardo Casanova López.

 Yo, Eduardo Casanova López, mexicano, de treinta y siete años de edad, de estado civil casado, originario de Salina Cruz, Oaxaca, con fecha de nacimiento del veintidós de enero de mil novecientos sesenta y siete, con domicilio en calle sin nombre, manzana 1, lote 10, Las Lagunitas 2, Los Cabos Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 0330, declaro: “Que el día tres de febrero de dos mil dos, siendo aproximadamente a las siete y media de la mañana la señora Cruz Cabanilla llegó a dirigir la instalación de las casillas sin tener ningún nombramiento hasta que y ni el presidente ni nadie le decía nada porque su hermana era parte de la casilla. Además de esa casilla, la razón de mi declaración es que no me parece que los que formaron parte de la casilla no están bien capacitados por eso dejaban mandar a gente que no tenía nada que ver”.

 Ciudadana Alicia Uribe Figueroa, quien se identifica con credencial para votar clave URFGAL63102602M300, mexicana, de treinta y ocho años de edad, profesión médico cirujano, de estado civil casada, originaria de Ensenada, Baja California, con fecha de nacimiento veintiséis de octubre de mil novecientos sesenta y tres, con domicilio en calle Paseo de las Gaviotas sin número 202, colonia el Médano, Cabo San Lucas, Los Cabos Baja California Sur, correspondiente a la elección electoral número 0316, declara que el día tres de febrero de dos mil dos, siendo aproximadamente las diez de la mañana cuando fui a votar a la casilla que me corresponde llamó poderosamente mi atención una camioneta gris Grand Voyager del año con placas de renta de donde bajaban aproximadamente siete personas y había alguien que los conducía a la casilla platicando con ellos, sé que algunas personas de las que bajaron de ese carro son de la Coalición PRD-PT porque después de votar regresaron a la camioneta y sacaron una bandera de la coalición, lo cual no me pareció legal y pedí a unos policías que les llamaran la atención porque no podrían estar haciendo propaganda e induciendo el voto impunemente, sin importar su afiliación política, es por esa razón que deseo declararlo.

 Ciudadana María del Carmen Suástegui Silva, quien se identifica con credencial para votar clave SSSLCR51040312M600, mexicana, de cuarenta y nueve años de edad, empleada, de estado civil viuda, originaria de Acapulco, Guerrero, con fecha de nacimiento tres de abril de mil novecientos cincuenta y dos, con domicilio en calle Tintorera manzana 15, lote 20, fraccionamiento Bugambilias, Cabo San Lucas, Los Cabos Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 0351, declara que el día tres de febrero de dos mil dos, siendo aproximadamente las ocho y media cuando me encontraba en la fila de la casilla que me corresponde para votar un carro con bandera y calcomanías de la Coalición PRD-PT bajaba personas cerca de la casilla, después de votar me quedé como media hora más porque ya habían pedido varios candidatos en días anteriores que los ciudadanos cuidáramos la elección, y no me pareció correcto que un carro hiciera propaganda sin que ninguna autoridad hiciera algo para alejarlos de la casilla, cuando era evidente que estaban acarreando gente para votar. También me di cuenta que dos personas alegaron con el presidente de la casilla porque no aparecían en la lista nominal y decían que tenían años votando en esa casilla. La razón de que yo declare es que todos los ciudadanos debemos cuidar que las elecciones sean limpias, transparentes y legales y no debe hacer trampas entre los partidos.             

 Declaración testimonial de la ciudadana María de Lourdes Mendoza Yeniz.

 Yo, María de Lourdes Mendoza Yeniz, mexicana, de veintiocho años de edad, ama de casa, de estado civil casada, originaria de Estado de México, con fecha de nacimiento veintiocho de noviembre de mil novecientos setenta y dos, con domicilio en calle sin nombre, manzana 36, lote 02, colonia El Arenal, Cabo San Lucas, Los Cabos Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 0325, declaro:

 “Que el día tres de febrero de dos mil dos, siendo aproximadamente las once de la mañana cuando fui a votar a mi casilla, me di cuenta de que varios taxis llegaban y se iban, dejando gente, y afuera de donde estaba instalada la casilla, se encontraba una señora que recibía a la gente que bajaba de los taxis y los llevaba a formar a la fila, la señora traía una gorra de las amarillas con rojo que anduvo regalando la coalición. Yo quiero declarar porque no es legal que se haga propaganda y se invite a la gente a votar por un partido el mero día de la votación”.

 Ciudadano Mendoza Yeniz José Ángel, quien se identifica con credencial para votar clave MNYNAN78121715H500, mexicano, de veinticuatro años de edad, auxiliar de oficina, de estado civil unión libre, originario de Tenancingo, Estado de México, con fecha de nacimiento diecisiete de diciembre de mil novecientos setenta y ocho, con domicilio en calle Alikán sin número colonia Benito Juárez, Cabo San Lucas, Los Cabos Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 0324, declara que el día tres de febrero de dos mil dos fui con mi hermano Rubén, y mis amigos Roberto Padilla y Gilberto Jiménez a Candelaria a ver si iban a seguir las fiestas tradicionales, y estando allá me estacioné cerca de la casilla y pudimos observar que una persona llevaba puesta una playera con los logos de la Coalición PRD-PT a la cual se le permitió votar sin ningún problema y asimismo mientras descansábamos y comíamos un lonche pudimos observar que dos personas entraban a la misma mampara a votar y en ningún momento les llamaron la atención los encargados de la casilla, por eso cuando supe que invitaban a la gente a denunciar las irregularidades que le vieron el día de la votación me presenté a declarar porque no deben cuidar las elecciones gente que no respeta las leyes o que no están preparadas.

 Ciudadano Pedro Hernández Martínez, quien se identifica con credencial para votar clave HRMRPD46042930H900, mexicano de cincuenta y cinco años de edad, comerciante, de estado civil casado, nacido en fecha veintinueve de abril de mil novecientos cuarenta y seis, en Río Blanco Veracruz, con domicilio en calle Estrella y Relámpago, manzana 29, lote 19, colonia Lomas del Sol, 23450, Cabo San Lucas, Los Cabos Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 0330, declara que el día tres de febrero de dos mil dos, como suplente de representante de casilla, no importando que se hubiera acreditado el propietario estuve ahí para lo que se ofreciera y pude ver durante el día que hubo un acarreo indiscriminado de la coalición porque vi varios con la camiseta de la Coalición PRD-PT y las autoridades de las tres casillas no les dijeron nada hasta que llegó el profesor Gilberto Aguilar al que le hice notar la anomalía y le llamó la atención al presidente de la casilla que estaba más retirada que había dejado votar a otras personas que llegaban con camisetas con propaganda. También había una señora morena de cabello pintado de rojizo, vestida con short beige que también acarreaba personas en una camioneta tipo guayín de color vino oscuro con propaganda de la Coalición PRD-PT y les decía “ya saben qué hacer”, y había mucha propaganda de la coalición alrededor de la escuela y la retiraron como hasta las once u once y media de la mañana dejando dos en las esquinas de la escuela. La razón por la que acudo a declarar es porque considero que es antidemocrático y triste porque con el acarreo pisotean la dignidad de las personas y del país que queremos para nuestros hijos.

 Declaración testimonial de la ciudadana María Angélica Maldonado Ramos.

 Yo, María Angélica Maldonado Ramos, mexicana, de veintiocho años de edad, arquitecta, de estado civil casada, nacida en fecha veintinueve de mayo de mil novecientos setenta y tres, en Querétaro, con domicilio en calle 16 de septiembre sin número, colonia Ildenfonso Green, 23470, Cabo San Lucas, Los Cabos Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 0318, declaro:

 “Que el día tres de febrero de dos mil dos, durante todo el día y ante lo que considero el deber ciudadano de cuidar la legalidad y legitimidad de las elecciones me avoqué a observar como ciudadana lo que ocurría en las casillas 237 básica y contigua, así como las casillas 330 extraordinaria, básica y contigua, y pude observar que de manera sistemática se estuvo llevando a cabo un operativo de “acarreo” de personas en su mayoría de aspecto en extremo humilde, lo cual se llevó a cabo en automóviles rentados como se puede observar en las fotos rotuladas al reverso como 5, 6 y 7 y cuyas placas son 3578AVA y 2986AVA; asimismo pude observar que las personas que se “acarreaban” en esos automóviles eran recibidas por las personas que se muestran en la foto rotulada por el reverso como número 8; a tales personas las reconozco como Jorge Uraga, quien es regidor en el Municipio de Los Cabos y a Jorge García, quien es secretario de la delegación, estas personas acompañaban a los “acarreados” hasta la reja de la escuela en la que estaba la casilla 330 extraordinaria, básica y contigua. También pude constatar que en las casillas 327 básica y contigua repetidamente estuvo “acarreando” personas los Wolksvagen blancos de renta con placas 3042AVA y 1805AVA, los cuales llegaban e intercambiaban documentos con las personas que se muestran en la foto rotulada por el reverso con el número 1, estas personas a su vez intercambiaban documentos con los representantes de casilla del PRD-PT en el interior de las casillas 327 básica y contigua. Las personas “acarreadas” en estas últimas casillas eran conducidas con las personas que aparecen en las fotos rotuladas por el reverso con los números 3 y 11, las cuales de encontraban en la acera frente a la casilla. También constaté el acarreo repetido por parte de la camioneta tipo van, color blanca, rentada, con placas 3574AVA cerca de la casilla 330 básica. Sé que las personas que esperaban y conducían a los “acarreados” eran de la Coalición PRD-PT porque tanto en su camioneta como en su casa había muchas propaganda de esa coalición.

 Ciudadano Juventino Castañeda Martínez, quien se identifica con credencial para votar clave CSMRJV59122210H100, mexicano, de cuarenta y dos años de edad, contratista, de estado civil viudo, nacido en fecha veintidós de diciembre de mil novecientos cincuenta y nueve, en Santa Clara Durango, con domicilio en calle Cerradas Amapolas número uno, fraccionamiento Bugambilias, 23450, Cabo San Lucas, Los Cabos Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 0352, declara que el día tres de febrero de dos mil dos, pude observar que en la casilla en la que me corresponde votar hubo mucho acarreo, al estarme trasladando en la ciudad durante el día pude observar que existía también un operativo de acarreo en las casillas 336 y 329, en todas las casillas pude observar que había personas que los esperaban y los acompañaban hasta la fila para votar, pero específicamente en la casilla 329, donde vota mi hija observé claramente que a los votantes que acarreaban les regalaban al regreso vales de gasolina y ninguna autoridad hacía nada, ni en las casillas, ni la policía, la razón de mi declaración es que me parece que esta elección no fue limpia, a la gente no le pueden estar regalando cosas el mero día de la elección porque entonces ya no hay igualdad entre los partidos.

 Ciudadano Fidel Ortiz Flores, edad: sesenta y tres años, lugar de nacimiento: Nogales, Veracruz, fecha de nacimiento: veintidós de marzo de mil novecientos treinta y nueve, ocupación: comerciante, estado civil: casado, nacionalidad: mexicano, domicilio manzana 29, lote 19, Lomas del Sol, I etapa, Cabo San Lucas, Baja California Sur, distrito: octavo, sección: 330. Tiempo de radicar en el estado: veintidós años. Quien se identifica con clave de elector, declara el día tres de febrero del presente año, estaba yo en la casilla C5, ubicada en el jardín de niños de la escuela Lomas del Sol, en Cabo San Lucas, Baja California Sur, siendo un representante del PAN en esa casilla, me di cuenta que el padrón estaba rasurado, porque mucha gente llegaba con su credencial y no aparecía en el padrón, manifestando que tampoco aparecían en los otros padrones de las otras casillas, siendo que siempre habían votado ahí, caso muy concreto el de la ciudadana Juana Paz Peña, que estaba indignada ya que siempre votaba en esa casilla, y no había reportado cambios de domicilio ni nada.

 También quiero testificar que llegó un votante a la casilla y el presidente de la casilla le dijo que no estaba en el padrón, de repente se acercó otro votante lo tomó de la mano y le dijo que no se preocupara que él ya tenía su boleta para votar y se metieron los dos juntos a la cortina donde se emite el voto, y yo le dije al presidente de la casilla, pero no me hizo caso, por lo que firme el acta bajo protesta.

 Es todo lo que tengo que manifestar.

 Ciudadana Victoria Velazco Pérez, edad: veintisiete años, lugar de nacimiento: Guadalajara, Jalisco, fecha de nacimiento: quince de abril de mil novecientos setenta y cuatro, ocupación: ama de casa, estado civil: casada, nacionalidad: mexicana, domicilio lote 06, manzana 61, Lomas del Sol, III etapa, Cabo San Lucas, Baja California Sur, distrito: octavo, sección: 330, quien se identifica con credencial de elector expedida por el Instituto Federal de Electores con número de registro y con clave de elector’’’’’’’’’’’(sic).

 Testimonio: Quiero testificar que en el mes de octubre del presente año, exactamente en los días en que estaba el huracán Juliette, yo y mi familia nos vimos en la necesidad de irnos a refugiar al albergue que se puso en la Colonia del sol, aquí en Cabo San Lucas, que se ubicó en el kinder de la Colonia, ahí mi esposo comenzó a ayudar en el albergue por lo que en gratificación a todas las personas que ayudaron, les dieron una despensa, la cual mi esposo fue a dejar a mi casa ubicada en la misma Colonia en la manzana 61, y es el lote seis, dándole raite un chofer del DIF, ya que el no tenía carro, por lo que al llegar a dejarla, mi vecina de enfrente, la señora María Guadalupe Higuera Yepiz, quien es promotora social del PT-PRD se dio cuenta de esto y rápido fue a dar aviso a la delegación municipal de Cabo San Lucas, de que en mi casa había propaganda del PAN, y enseguida fue el señor Juan Galloso, quien trabaja en la delegación, al albergue en el que estábamos y nos corrió a mi y a toda mi familia del albergue, diciendo que si no apoyábamos a Ulises no teníamos derecho a la ayuda del Ayuntamiento y nos tuvimos que ir a la calle mientras reparábamos nuestra casa.

Por otro lado el día tres de febrero del dos mil dos, quiero manifestar que a todas las personas que votamos en las casillas ubicadas en la Colonia Lomas del Sol, es decir en las 330, se nos borro inmediatamente la tinta que se nos puso en el dedo pulgar, por lo que muchos personas pudieron hacer fraude con una simple lavada de manos, y esto se puede corroborar con cualquier ciudadano. Y también manifiesto que la señora María Guadalupe Higuera Yepiz, quien tiene una tienda con venta de cerveza en Lomas del Sol, enfrente de mi casa, estuvo vendiendo el día dos y tres de febrero del dos mil dos, cerveza, por lo que lo reportamos a la comandancia de policía de Lomas del Sol, pero ni siquiera fueron a ver, puesto que al saber de quien se trataba supieron que era promotora del voto del PRD-PT. Ese mismo día la misma señora María Guadalupe Higuera Yepiz, traía un carro rentado de la compañía Álamo, y dijo a los cuatro vientos que se lo habían dado los del PRD para llevar gente a votar, y lo cual testifico que así fue, pues todo el día se dedicó a ir a las casas a recoger gente y llevarlas a las casillas de Lomas del Sol a votar. Que es todo lo que tiene que manifestar.

 Ciudadano Jorge Alberto Escobar Parras. Edad: Cuarenta y seis años. Lugar de nacimiento: Ensenada, B. C. Fecha de nacimiento: Treinta y uno de diciembre de mil novecientos cincuenta y cinco. Ocupación: Fletero. Estado Civil: Casado. Nacionalidad: Mexicana. Con domicilio: Lote 06, manzana 61, Lomas del Sol, III etapa, Cabo San Lucas, B.C.S. Distrito Octavo. Sección: 330, quien se identifica con credencial de elector expedida por el Instituto Federal de Electores con número de registro y clave de elector ’’’’’’(sic).

 Testimonio: Resulta que hace como quince días la señora María Guadalupe Higuera Yepiz, quien es vecina mía en la Colonia Lomas del Sol en Cabo San Lucas, y quien es promotora del voto del PRD-PT, empezó a agredirme cada vez que me veía, ya que yo tenía propaganda del PAN en mi casa, pero el colmo fue que el día treinta y uno de enero, dos días antes de las elecciones, llegaron a mi domicilio como a las diez de la noche unos judiciales, yo estaba en la banqueta de mi casa con mi esposa, y al llegar sacaron sus armas, como cuernos de chivo y pistolas, y me dijeron que la señora María Guadalupe Higuera Yepiz, había reportado una riña en mi domicilio, cosa que era falsa, y al final nos dijeron que lo que quería la señora era que me detuvieran el fin de semana. Al día siguiente otros vecinos nos comentaron que la señora Higuera Yepiz, estuvo diciéndole a todo mundo que ella se iba a encargar que no pudiera ir a votar el domingo ni ayudarles a los del PAN.

 También quiero testificar que el día tres de febrero de este año, fui a votar aproximadamente a las 10:30 de la mañana a la casilla que me corresponde y que es la 330, ubicada en el kinder de la Colonia Lomas del Sol, en Cabo San Lucas, y al pasar a votar me di cuenta de que estaba adentro de las casillas el señor Miguel Ángel Araoz Gamiño, quien es diputado, y lo vi con un montón de papeles que traían el logotipo del PRD-PT en la mano, los cuales se los daba a algunos votantes y a otros de las autoridades de las casillas, pero lo que es peor, se la paso saludando uno por uno de los votantes que entraban y platicando con ellos, es decir se la pasó haciendo proselitismo. Ese día cuando se hizo el cierre de la casilla, yo estaba afuera de la casilla, para ver que no hubiera irregularidades y se acerco una persona que trabaja en la delegación municipal de Cabo San Lucas de nombre José Alemán, y empezó a agredirme, tratando de que no estuviera yo allí, que sólo podían estar los del PRD-PT. Que es todo lo que quiero declarar.

 Ciudadana Gregoria Jaramillo Nava. Edad: Cuarenta y dos años, lugar de nacimiento: San Luis La Loma, Guerrero, fecha de nacimiento: Veintiséis de abril de mil novecientos cincuenta y nueve, ocupación: Doméstica, estado Civil: Viuda, nacionalidad: Mexicana, domicilio: Lote 17, manzana 15, Meza Colorada, Cabo San Lucas, B.C.S., distrito: octavo, sección: 320, quien se identifica con credencial de elector expedida por el Instituto Federal de Electores con número de registro y clave de elector ’’’’’’(sic).

 Testimonio: Resulta que el día tres de febrero del presente año, me presenté en la casilla 320 ubicada en la Colonia Cuatro de Marzo, como a las once de la mañana a votar, les mostré mi credencial, y la persona que estaba dando las boletas comenzó a notar en una hoja todos lo datos de mi credencial, y después me la regresó y me dijo que yo no estaba en el padrón y que no iba a poder votar, pero yo me percaté que ni siquiera buscaron bien en el padrón y yo le pregunté que por qué anotó mis datos y me dijo que tenía instrucciones de hacerlo y que ya me retirara, porque me tuve que ir sin votar. Al salir de la casilla, algunas personas también se estaban quejando de lo mismo. Es todo lo que quiero declarar.

 Ciudadano Bernabé Castro Beltrán, quien se identifica con credencial de elector clave CSBLBR49010103H600, mexicano, mecánico. Edad 53 años. Lugar de nacimiento: Santiago, Baja California Sur. Fecha de nacimiento: Primero de enero de mil novecientos cuarenta y nueve. Ocupación: Mecánico. Estado Civil: Casado, Nacionalidad: Mexicana. Domicilio: Calle Alikan entre Matamoros y Miguel Hidalgo, Cabo San Lucas, B.C.S. Distrito Octavo. Sección: 323. Declara. Yo fui representante general de casillas por el Partido Acción Nacional, y entre diez y once de la mañana del día tres de febrero del presente año, estando yo en la casilla 330 básica ubicada en la Colonia Lagunitas Premier, en la escuela del lugar, llegó una persona con una identificación del Instituto Federal Electoral (IFE) colgada al cuello, y entró a la casilla con una faja de dinero de billetes de cincuenta pesos, y comenzó a repartir el dinero a las autoridades de la casilla, encima de la mesa donde estaban las boletas, y ni siquiera contó el dinero, solo agarraba un bonche y se los daba y yo me acerqué a la casilla y me dirigí al presidente de la casilla a quien le pregunté que si él era el presidente de la casilla y me contestó que sí, y luego le dije que por qué admitía recibir dinero y me contestó que era para alimentos, y de inmediato se acercó el del IFE y me dijo que me saliera y de inmediato se dirigió al presidente de la casilla y le dijo: “Ustedes no se preocupen, ustedes admitan todo todos los incidentes o denuncias al cabo ya saben el acuerdo que tenemos”, y después se retiró de la casilla y fue a la otra casilla de a lado, la 330 contigua y también comenzó a repartir dinero. Es todo lo que quiero declarar.

 Declaración testimonial del ciudadano Emilio Cruz Rosales.

 Yo. Emilio Cruz Rosales, mexicano, de cuarenta y dos años de edad, estado civil soltero, originario de Cuscajueso, Jalisco, nacido el ocho de agosto de mil novecientos cincuenta y ocho. Ocupación: Empleado, con domicilio en Colonia Meza Colorada, junto a la caseta de cobro, Los Cabos, B.C.S. Distrito Séptimo. Sección: 300, en Santa Rosa, San José del Cabo, B.C.S. declaro:

 “Que el domingo tres de febrero como a las ocho treinta de la mañana, estaba yo estacionando mi auto, sobre una calle de la Colonia Lomas del Sol, III Etapa, en Cabo San Lucas, como a unas cuatro cuadras de donde estaban instaladas las casillas 330, para ser preciso sobre la manzana 34, cuando pasó junto a mí un hombre chaparrito, calvo, moreno claro, unos como de unos 45 años, y se dirigía a entrar a una casa que tenía mucha propaganda del PRD-PT, y que es la casa que está a un lado del lote 35, y traía bajo el brazo como unos documentos pero de repente se le resbalaron y cayeron al piso y eran un montón de credenciales para votar, y comenzó a recogerlas, pero dejo olvidada una y yo la tomé para reportarla y que se regrese a su propietaria, y en este momento muestro la original y les doy una copia de la misma. Luego entré al domicilio al que iba y que era el lote 35 y les comenté lo que había sucedido y me comentaron que no era extraño que eran promotor del PRD-PT y que se dedicaba a la compra de votos. Y también me di cuenta que en esa calle hicieron muchos acarreos para llevar a votar a la gente por el PRD-PT, pasaron muchos carros rentados y tocaban puertas y llevaban a la gente a votar, es de todos conocidos estas personas como promotoras de Ulises. Es todo lo que voy a declarar.

 Yo, Jacobo Enrique Pollorena Sandoval. Mexicano, de veintiocho años de edad, de estado civil casado, originario de San Miguel, Zapotitlán Ahome, Sinaloa. Con fecha de nacimiento once de mayo de mil novecientos setenta y tres, con domicilio en Calle del Rastro sin número, entre 12 de octubre y Alikan, Colonia Ampliación Juárez, Los Cabos, B.C.S. Correspondiente a la sección electoral número 0302, declaro: El día tres de febrero de dos mil dos, me di cuenta que desde que abrieron las casillas, a las 8:00 am, el señor Miguel Ángel Araoz se encontraba en las casillas y hojeaba las listas nominales sin que nadie le dijese nada. A mi conocimiento el señor tiene un cargo en la actual administración municipal, más sin embargo, no hubo alguien que actuara en este caso. No fue sino hasta después del medio día cuando llegó un notario a levantar acta de los hechos ocurridos fue el momento en que se retiró el señor Araos, y regresó hasta las 2:00 pm.

 Por otro lado, el hijo de Ulises arribó a las casillas alrededor de las 3:30 de la tarde y se mantuvo fuera de las casillas, pero a las 4:30 pm se metió y fue directamente con el señor Araos a charlar.

 C. Alfredo García Biviano. Edad: Veintiocho años. Lugar de Nacimiento: Ayutla de los Libres Guerrero. Fecha de Nacimiento: cinco de agosto de mil novecientos setenta y tres. Ocupación: Plomero Electricista. Estado Civil: Soltero. Nacionalidad: Mexicana. Domicilio: Colonia Lomas del sol, primera etapa, manzana 28, Lote 36, Cabo San Lucas, B.C.S. Distrito: Octavo. Sección: 330, quien se identifica con credencial de elector expedida por el Instituto Federal de Electores, con número de registro y con clave de elector GRBVAL72080512H300. Declara: el día tres de febrero de dos mil dos, al igual que mi compañero Jacobo Pollorena, me di cuenta que desde que abrieron las casillas, a las 8:00 am, el señor Miguel Ángel Araoz se encontraba en las casillas de Lomas del Sol, a cada votante que llegaba a las urnas lo abordaba y les informaba donde podía votar, también se paseaba por todas las casillas con un gafete que decía Representante General PRD-PT y se sentaba en cualquiera de las mesas de las siete casillas y hojeaba las listas nominales sin que nadie le dijese nada. A mi conocimiento el señor tiene un cargo en la actual administración municipal, más sin embargo, no hubo alguien que actuara en este caso. No fue sino hasta después del medio día cuando llegó un notario a levantar acta de los hechos ocurridos fue el momento en que se retiró el señor Araoz, y regresó hasta las 2:00 pm.

 Por otro lado, el hijo de Ulises arribó a las casillas alrededor de las 3:30 de la tarde y se mantuvo fuera de las casillas, pero a las 4:30 pm. se metió y fue directamente con el señor Araoz a charlar.

 Finalmente, me di cuenta que no se le permitía el paso a los representantes del PAN para vigilar las casillas que se estaban llevando al IFE al final de la jornada electoral. La misma gente del partido Coalición PRD-PT les cerraba el paso.

 Ciudadano Samuel Camacho Carillo. Identifica con credencial de elector expedida por el Instituto Federal de Electores con número de registro y con clave de elector CMCRSM61060118H400, edad: cuarenta años, lugar de nacimiento: Rosa Morada, Nayarit, fecha de nacimiento: primero de junio de mil novecientos sesenta y uno, ocupación: plomero electricista, estado Civil: casado, nacionalidad: Mexicana, domicilio: Abasolo SN Colonia Ejidal, Cabo San Lucas, B.C.S, distrito: octavo, sección: 0327 declara: El día tres de febrero de dos mil dos, fue invitado, después de haber votado en la casilla que me correspondía, por un compañero a dar la vuelta a Lomas del Sol, porque escuché que había anomalías en la sección de Lomas del Sol, y fuimos y efectivamente vimos como personas plenamente identificadas como servidores públicos, entre ellos, el señor Miguel Ángel Araoz Gaviño, estaban con otras personas induciéndoles por quien votar, y escuché también como le decía a dos mujeres que fueran a traer a ciertas personas que faltaban de votar. En ese momento, vi yo a un compañero con cámara de video y le pedí que filmara a esta mujer con un short blanco y camisa de amarillo con azul del equipo de futbol americano de Los Rams, cuando esta mujer se dio cuenta que estaba siendo filmada arremetió contra el compañero de la videocámara, dándole tres bolsazos y escupiéndole e insultándole. Le pedimos auxilio a la policía que estaba enfrente para que los detuvieran, y los señores policías ni se inmutaron. Hasta sentir la presión de más compañeros vi que fueron tras ellos más no supe más.

 Vi también, al menos cinco taxis repletos de gente que estaban dando vueltas, acarreando gente, y todas las personas que descendían eran recibidos con abrazos y besos y los llevaban directamente a las urnas. El señor Araoz como llegaba y tomaba las listas y las checaba indicándoles los recién llegados donde votar.

 Estando como al igual que mi compañero Jacobo Pollorena, me di cuenta que desde que abrieron las casillas, a las 8:00 am, el señor Miguel Ángel Araoz se encontraba en las casillas de Lomas del Sol, a cada votante que llegaba a las urnas los abordaba y les informaba donde podía vota, también se paseaba por todas las casillas con un gafete que decía Representante General PRD-PT y se sentaba en cualquiera de las mesas de las siete casillas y hojeaba las listas nominales sin que nadie le dijese nada. A mi conocimiento el señor tiene un cargo en la actual administración municipal, más sin embargo, no hubo alguien que actuara en este caso. No fue sino hasta después del medio día cuando llegó un notario a levantar acta de los hechos ocurridos fue el momento en que se retiró el señor Araoz, y regresó hasta las 2:00 pm.

 Por otro lado, el hijo de Ulises arribó a las casillas alrededor de las 3:30 de la tarde y se mantuvo fuera de las casillas, pero a las 4:30 pm se metió y fue directamente con el señor Araoz a charlar.

 Finalmente, me di cuenta que no se le permitía el paso a los representantes del PAN para vigilar las casillas que se estaban llevando al IFE al final de la jornada electoral. La misma gente del partido Coalición PRD-PT les cerraba el paso.

 Ciudadana Guadalupe Zavala Angulo, quien se identifica con credencial para votar clave ZVANGD63121125M100, mexicana, comerciante, de treinta y nueve años de edad, de estado civil casada, originario de El Rosario Sinaloa, con fecha de nacimiento once de diciembre de mil novecientos sesenta y tres, con domicilio en Calle Currican entre Guaycura y tarasco, Colonia 4 de Marzo 23410 Los Cabos Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 0329, declara que el día tres de febrero de dos mil dos, aproximadamente a las 8:30 horas me encontraba votando en la casilla que me corresponde y estaba yo haciendo cola porque había algunas personas delante de mi entre ellas el señor Cazares, quien se que vive enfrente de la escuela Amelia Winkler Ceseña, y una señora que le decían doña Chuy al verificar los miembros de la casilla la tinta que supuestamente no se debe borrar nos dimos cuenta todos que muy fácil se despintaba por lo que algunos miembros de la mesa no querían que se empezara a votar hasta que les mandaran del distrital tinta que no se borre, entonces el señor Cazares empezó a gritar y a presionar al presidente de casilla diciéndole que él era el que mandaba en la casilla y que no le hiciera caso a los demás por lo que el presidente de casilla dio inicio a la votación cuando a mi me tocó votar y me pusieron la tinta en mi dedo pulgar inmediatamente me di cuenta que la tinta no servía, aclaro que el señor Cazares y doña Chuy son activistas de la coalición, la razón de mi dicho es que siento que fue una corrupción el dejar votar a la gente con ese tipo y yo no se que procede ante esa corrupción.

 Ciudadano Juan Diego Manríquez Toyes, quien se identifica con credencial para votar clave MNTYJN62040603H700, mexicano, empleado municipal, de treinta y nueve años de edad, de estado civil casado, originario de La Paz B.C.S., con fecha de nacimiento seis de abril de mil novecientos sesenta y dos con domicilio en calle sin nombre, Colonia Los Cangrejos, correspondiente a la sección electoral número 0330, declara que el día tres de febrero de dos mil dos, aproximadamente a las 08:00 horas me encontraba en la casilla como representante del Partido Acción Nacional verificando que la casilla se abriera puntualmente, pero no se abrió a las ocho de la mañana, se abrió aproximadamente a las 09:05 horas, una vez abierta yo le solicité al presidente de casilla que ordenara que se retirara toda la propaganda que había alrededor de la casilla y efectivamente el presidente personalmente retiró la propaganda pero maliciosamente dejó la propaganda del partido de la coalición, al mismo tiempo dejó votar a cuatro personas que traían en su vestimenta como cachuchas propaganda de la coalición, yo aclaro que no llegaron nunca los funcionarios de casilla ni ningún suplente y el presidente de casillas nunca supo que hacer ante ese problema por lo que a las 11:19 horas llegó un representante del IEE y el nombró al primero y segundo escrutadores y además el representante general de la coalición que no se acreditó ante la casilla el señor José Luis Medina se presentó a las 10:48 horas a las casillas de los cangrejos ubicada en el Jardín de niños Nueva Creación en su vehículo Voyager gris obscuro con placas 317 PLM4 con propaganda de la coalición adherida al vehículo y sin más lo estacionó frente de la casilla y no lo retiró aun cuando se lo pidió el presidente de la casilla, también quiero manifestar que he recibido represalias de parte de la Dirección de Recursos Humanos del Honorable Ayuntamiento de esta Ciudad, por lo que yo hice un escrito dirigido a mis compañeros para que se enteraran de mi situación y el cual se lo pongo a la vista a usted, mi razón de decir esto es que miré y vi muchas irregularidades de parte del partido de la coalición y eso no son acciones legales que surjan en la jornada electoral.

 Ciudadano José Ramiro Muñoz Lara, quien se identifica con credencial para votar clave MZLRRM41021226H400, mexicano, Agente de seguros, de sesenta años de edad, de estado civil casado, originario de Álamos, Sonora, con fecha de nacimiento doce de febrero de mil novecientos cuarenta y uno, con domicilio en Avenida Cabo San Lucas sin número entre Carranza y Revolución, Los Cabos Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 0319, declara que el día tres de febrero de dos mil dos, aproximadamente desde las 08:00 horas me percaté de la presencia de taxis y autos con placas de renta que circulaban sospechosamente alrededor de las casillas bajando y subiendo gente a cierta distancia en que se encontraban algunas casillas que visité durante ese día por lo que tengo claro que se usaron estos vehículos para trasladar a mucha gente a votar ya que fue muy obvio los recursos que se emplearon, la razón de mi dicho es de que me consta porque yo observé ese operativo en varias casillas y me siento mal como ciudadano que recurran a ese tipo de conductas los partidos políticos.

 Ciudadana Yolanda Casio Galarza, quien se identifica con credencial para votar clave CSGLYL70121903M900, mexicana, de ocupación en labores del hogar, de treinta años de edad, de estado civil unión libre, con fecha de nacimiento diecinueve de diciembre de mil novecientos setenta, con domicilio en manzana 37-A, lote 9, calle misión de San Borja, Colonia Los Venados, en Cabo San Lucas, Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral número 0333, declara que el pasado día tres de febrero de dos mil dos, aproximadamente a las 16:30 horas al llegar yo a emitir mi voto me percate que a la persona que se encontraba enfrente de mi le preguntó al funcionario de casilla, es decir al presidente de casilla, que si como debía de votar porque no sabía como votar a lo que el funcionario de casilla le contestó que debería marcar este partido señalando el partido de la coalición en sus tres tantos y ponerlos en las urnas que corresponden a cada color, además quiero señalar que días antes de las elecciones una persona de nombre Cande, quien se dedica a los trámites para adquirir terreno por parte del ayuntamiento, nos solicitó el sábado antes del día de las elecciones que pasáramos mi pareja y yo por su casa para tomarnos nuestros datos para que votáramos por la coalición y textualmente nos dijo “que no votáramos por Sebastián Romo”, a lo que yo le contesté que si teníamos que ir a su casa y ella rotundamente me manifestó que si que si no nos interesaba, lo que digo me consta porque a mi me lo dijo la señora Cande de propia voz, agregando que no se el nombre completo de la señora “Cande”.

 Yo, Trinidad Cerro Oro, mexicana, de treinta y cuatro años. De estado civil casada, originaria de Toluca, Estado de México, con fecha de nacimiento veinte de mayo de mil novecientos sesenta y siete, con domicilio calle sin nombre y sin número, Colonia Lomas de Guaymitas, Los Cabos, Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral 0298, declaro: El día tres de febrero vi, que en la mera entrada de la casilla estaba una persona llamando a votar por la Coalición PT-PRD y luego los invitaban a desayunar, en casa del señor Chuy, quien trabaja en agua potable del municipio, también había taxis que andaban acarreando a la gente, yo manifiesto que esto no es legal porque el día de la elección no pueden andar ya invitando a votar por su partido, sino donde queda la legalidad. También supe por voz de un taxista que fueron obligados por la autoridad a acarrear a la gente, también a uno de mis vecinos le dieron 100.00 pesos por ir a votar por ellos los de la coalición.

 Declaración testimonial de la ciudadana Felipa de Jesús Avilés Castillo.

 Yo, Felipa de Jesús Avilés Castillo, mexicana, de setenta y cinco años de edad, de estado civil viuda, originaria de la Ciudad de la Paz, Baja California Sur, con fecha de nacimiento cinco de febrero de mil novecientos veintiséis, con domicilio calle sin nombre s/n, lote 25 manzana 43, Colonia el Arenal, Los Cabos, Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral 0324, declaro:

 “Que para comenzar no soy panista, (exhibe su credencial de priísta) y que el día dos de febrero, gente de Ulises, me ofrecieron $1000.00 por mi voto y les dije que el voto era secreto, que yo sabía por quien iba a votar, y como soy priísta voté por mi partido. La persona que me abordó me dijo que no me iban a dar despensas y yo le contesto que no me dieran pero que yo votaría por quien quisiera y porque no me gustó lo que me dijeron vine a declarar porque para mi es una ofensa que me quisieran comprar el voto.”

 Yo, Guadalupe de los Reyes Jordan, mexicana, de cuarenta y un años de edad, estado civil casada, originaria de la Ciudad de la Paz, Baja california Sur, con fecha de nacimiento del doce de noviembre de mil novecientos sesenta, con domicilio calle sin nombre s/n, Colonia Los Venados, Los Cabos, Baja California Sur, correspondiente a la sección 0333, declaro: que cuatro días antes de las elecciones, miércoles treinta de enero, me habló María del Rayo, dos días seguidos por teléfono a mi casa, esta señora era anteriormente promotora electoral del PRI, pero se pasó al PT y me dijo que tenía una lista de las personas que se tenían que pasar al PT, porque nosotros éramos un grupo que nos decían antes “Las venaditas”, entonces el señor Ulises, ya nos conocía y dice que por encargo de él le pidió que nos llamara y que nada mas del grupo quedaba la señora Ofelia Luna y yo para pasarnos al PT y yo le dije que ya me había comprometido con el señor Romo y me dijo que no, que lo pensara y que le dijera mi decisión a la señora Ofelia, pues le dijo que el PRI y el PAN, ya no servían y que ellos ya la iban a ganar. Y me dijo mira Lupe te conviene que te vengas para acá, le dije yo ya no puedo hacerme para atrás, y me dijo vamos haciendo una cosa si quieres yo vengo ahorita a hablar con la señora Ofelia, o dice el señor Ulises que él va a hablar con ustedes, también me dijo mira júntame gente que necesite terreno o que les falte despensa y se las voy a dar tu nada más dame la lista. Le ofrecí que lo iba a pensar. Yo declaro la presente porque a fuerzas nos quieren tener, y el ofrecimiento de ayuda, ahí se mira que quieren comprar a la gente además que sabemos que todo viene de Leonel.

 Declaración testimonial de la ciudadana María del Socorro Verdugo Ceseña, mexicana de sesenta y ocho años de edad, estado civil viuda, originaria de San José Viejo, Los Cabos Baja California Sur, con fecha de nacimiento del cuatro de febrero de mil novecientos treinta y cuatro, con domicilio en calle sin nombre s/n Colonia El Arenal, Los Cabos, Baja California Sur. Correspondiente a la sección 0324, declaro: Como el día veinticinco de enero y cada veinticinco nos llevaban a la casa de la señora Sinai, y nos daban despensas, al último nos empezaron a amagar, que si votábamos por el PRI o por el PAN, éramos unos idiotas, esto también nos lo dijo el Ulises En el auditorio. Yo vengo a manifestar esto porque me molestó y no me gustó, ni que nos dijeran cosas ni que hablaran de otros partidos ya que ellos mismos venían del PRI:

 Yo, María de Jesús Hernández Chávez, mexicana, de setenta y ocho años de edad, de estado civil viuda, originaria de la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, con fecha de nacimiento mil novecientos veintitrés, con domicilio en calle 12 de Octubre s/n, Colonia Benito Juárez, Los Cabos, Baja California Sur, correspondiente a la sección electoral 0324, declaro: Que cada día veinticinco de mes íbamos a casa de la señora Cristina en la Colonia 4 de Marzo, a recibir una despensa, pensábamos que esto era por el DIF, por la Tercera Edad, pero la última vez la señora Sinai, nos dijo que si no dábamos el voto a Ulises, ya no nos paráramos por ahí, que ella tenía nuestros nombres y que ya nos conocía. Esto me parece una cosa muy mala ya que estaban abusando de las personas humildes que tenemos más necesidad, con el pretexto de las elecciones y queriéndonos obligar a hacer lo que ellas querían, que era votar por su candidato.

 Además de acreditar la violación causada a mi representada con la prueba documental pública, consistente en los testimonios descritos plenamente en los párrafos que anteceden, mismos que fueron hechos ante la presencia del Fedatario Público licenciado José Alberto Castro Salazar.

 Se acompaña para demostrar los hechos narrados y las violaciones cometidas en contra de mi representada, la siguiente: Documental pública consistente en diecinueve copias certificadas por el Notario Público número dos del Estado de Baja California Sur licenciado Alejandro Davis Drew en las que consta indebidamente la parcialidad de la autoridad electoral donde indebidamente otorga a la Coalición Democrática y del Trabajo diecinueve nombramientos de representantes generales, cuando únicamente podía otorgar trece por el Distrito electoral número VIII del estado, además se acompaña la documental pública de dos copias certificadas por el mismo notario público donde se demuestra que la propia Coalición Democrática y del Trabajo, presentó su listado para representantes generales por el Distrito VIII, y no obstante que el último día para realizar sustitución como lo fue el día veintiocho de enero de dos mil dos la autoridad electoral otorgó el nombramiento de representantes generales a personas que ya no fueron nombradas como es el caso del funcionario público Miguel Ángel Araos Gamiño, las presentes pruebas tienen relación directa con todas y cada una de las irregularidades señaladas anteriormente así como con todos los hechos señalados.

 Causa agravio al partido político que represento la comisión generalizada durante toda la jornada electoral en la mayoría de las casillas electorales de acciones que buscaban amedrentar y coaccionar los derechos cívicos electorales de los votantes, como lo fueron la policía municipal, la presencia de funcionarios públicos municipales y de líderes de los partidos políticos PRD y PT ahora coligados en la Coalición Democrática y del Trabajo, que estuvieron precisamente tanto en el interior como afuera a escasos metros de gran parte de las casillas que integran el municipio que nos ocupa. Lo anterior contraviene lo dispuesto por el artículo 225 que establece que tampoco tendrán acceso a las casillas, salvo que sea para ejercer su voto a miembros de corporaciones o fuerzas de seguridad pública, dirigentes de partidos políticos, candidatos o representantes populares. Ahora bien, de los hechos acontecidos durante el desarrollo de la jornada electoral se desprenden que dichas personas estuvieron amedrentando, presionando y coaccionando a los funcionarios de la mesa directiva de casilla y a los electores, afectando así la libertad o el secreto del voto al tener que emitir su sufragio a favor del partido que se encuentra en el poder, ya que con su sola presencia intimidan y presionan a los electores, ya que la palabra presión denota todos aquellos actos por los cuales se pretende influir para que el electorado emita su voto en determinado sentido, así como también implica ejercer apremio o coacción moral sobre las personas, con la finalidad de provocar determinada conducta que se refleja en el resultado de la votación de manera decisiva, por lo que con los anteriores hechos se constituyen violaciones claras a los principios rectores que deben imperar y observarse en todo proceso electoral, tales como lo son la equidad, imparcialidad e independencia. Desde luego, esta conducta fue sistemática y reiterativa en todas y cada una de las casillas del municipio que nos ocupa. En este sentido, se debe declarar que la mayoría de las casillas fueron afectadas por la causal contenida en la fracción II del artículo 310, razón que, en términos del artículo 311 de la Ley electoral, es motivo bastante para anular la elección que nos ocupa.

 El simple análisis que se haga de la evidencia proporcionada, proporcionará a sus señorías el sustento material para decretar fundado el agravio y nulo el proceso electoral que nos ocupa.

 Con el fin de robustecer los anteriores argumentos, a continuación se transcriben las siguientes Jurisprudencias y Tesis de Jurisprudencia aplicables tomadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación:

“88. PROSELITISMO. CUANDO CONSTITU­YE CAUSAL DE NULIDAD DE LA VOTA­CION RECIBIDA EN LA CASILLA.- La causal de nulidad prevista en el artículo 287, párrafo 1, inciso i) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se compone de tres elementos: a).- Que exista violencia física o presión; b).- Que se ejerza sobre los miem­bros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores; y c).- Que esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación. Con base en lo anterior cuando el partido político recurrente acredite que hubo proselitismo en la zona de la casilla, esto se traduce como una forma de presión sobre los electo­res con el fin de influir en su ánimo para obtener votos en favor de un determinado partido político o fórmula de candidatos, lesionando de esta manera la libertad y el secreto del sufragio. Sin embargo, para que proceda declarar la nulidad de la votación recibida en la casilla donde se acreditó el proselitismo, es menester que el partido político recurrente demuestre que fue determinante para el resultado de la votación.

SC-I-RI-011/91. A. Partido Acción Nacional. 30-IX-91. Unanimidad de votos.

SC-I-RI-012/91. Partido Acción Nacional. 30-IX-91. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-143/94. Partido de la Revolución Democrática. 29-IX-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-241/94. Partido de la Revolución Democrática. 10-X-94. Unanimidad de votos”.

“PRESIÓN SOBRE EL ELECTORADO. LA INTERRUPCIÓN DE LA RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN SIN CAUSA JUSTIFICADA PODRÍA EQUIVALER (LEGISLACIÓN DE QUERÉTARO). El hecho de que se haya "parado" o interrumpido la recepción de la votación en una casilla sin causa justificada, constituye una irregularidad, toda vez que, de conformidad con los artículos 123, 124 y 133 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, la duración de la jornada electoral es de las 8:00 a las 18:00 hrs., cuyo objetivo primordial es la recepción del sufragio, por lo que en ningún momento puede suspenderse o ampliarse la recepción de la votación en la casilla respectiva durante ese horario, salvo los casos justificados previstos legalmente (por ejemplo, los supuestos previstos en los artículos 130, fracción IV, y 133 del mismo ordenamiento), porque en caso contrario de que se presentara podría llegar a actualizar la causa de nulidad prevista en el artículo 244, fracción VII, de la Ley electoral aplicable, que alude a "Ejercer violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores, si ello es determinante para el resultado de la votación", toda vez que por "presión sobre los electores", atendiendo a la normatividad vigente en el Estado de Querétaro, cabe entender no sólo a aquellos actos por los cuales se pretende influir para que el electorado emita su voto en determinado sentido sino también a aquellos que tengan por efecto, sin causa justificada, limitar o inhibir al electorado en su derecho a decidir libremente el momento de emitir su voto dentro del horario legalmente previsto. Conforme a lo que antecede, cuando se interrumpa la recepción de la votación sin causa justificada se podría tener por acreditado el primer extremo de la causal de mérito, quedando pendiente de analizar si la irregularidad señalada es determinante para el resultado de la votación.

Sala Superior. S3EL 016/97

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-030/97. Partido Revolucionario Institucional. 4 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez”.

Se ofrece como prueba la documental pública consistente en todas y cada una de las actas de escrutinio y cómputo de la elección para el Ayuntamiento de Los cabos, las cuales fueron solicitadas ante la autoridad electoral competente misma que no le fue posible entregarnos, por lo que solicitamos que por su conducto se requiera la misma, lo anterior con el fin de demostrar fehacientemente las irregularidades señaladas en el presente agravio.

 Se acompañan la documental pública consistente en veintiún copias certificadas de nombramientos de representante general otorgados por las autoridades electorales del comité electoral octavo a favor de la Coalición Democrática y del Trabajo, en los cuales se demuestra que la autoridad electoral actuó parcialmente a favor de dicha coalición, toda vez que cada partido político tenía derecho a trece representantes generales en el distrito y es el caso que la señalada coalición, indebidamente como lo demuestro se le otorgaron más de diecinueve nombramientos de representantes generales, además la autoridad electoral violando lo dispuesto en los artículos 197 y 198 de la Ley Electoral crea la figura de representantes generales suplentes beneficiando en este caso a la Coalición Democrática y de Trabajo y por ende rompiendo con los principios generales que en toda contienda deben de prevalecer como son el principio de legalidad, independencia, imparcialidad, certeza, equidad y objetividad. Dentro de las veintiún documentales pública que hago referencia se encuentran dos escritos presentados por la coalición donde acreditan a sus representantes generales y en el último presentado con fecha veintiocho de enero de dos mil dos se incluye entre otros al funcionario público Miguel Ángel Araoz Gamiño el cual como se demuestra con otros testimonios y narrativas de hechos que esta persona, indebidamente, se ostentaba como representante general y actuó como tal en las casillas 330 básica y las contiguas, las mencionadas certificaciones fueron levantadas ante la fe del Notario Público número 2 de esta entidad federativa licenciado Alejandro Davis Drew. Las presentes pruebas tienen relación directa con todos y cada una de las casillas impugnadas por la causal enunciada en la fracción segunda del artículo 310 de la Ley Electoral del Estado.

 En relación con lo previsto por la fracción III del artículo 310 de la Ley electoral del Estado de Baja California Sur, mismo que a la letra dice: “Se declarará la nulidad de las votaciones recibidas en una casilla, únicamente en los siguientes casos... III. Realizar, sin causa justificada, el escrutinio y cómputo en local diferente al determinado por el Comité Distrital Electoral correspondiente;” éste se actualiza en las siguientes casillas;

 El día de la jornada electoral, las casillas 0317 y 0336 básicas, se instalaron en los lugares previa y legalmente autorizados por el Comité Distrital Electoral respectivo, sin embargo al momento de efectuarse el escrutinio y cómputo como se desprende de los respectivos apartados de las actas de escrutinio, éste se efectuó sin causa justificada en local diferente al de la instalación de la casilla, en la hoja de incidentes de todas y cada una de las casillas que se mencionan de manera individualizada en el hecho anterior, no se hace constar una causa que justifique efectuar el escrutinio y cómputo en local diferente al señalado por el Comité Distrital.

 Agravios y preceptos legales violados.

 a) Realizar el escrutinio y cómputo en lugar diferente al que se lleva a cabo la jornada electoral, causa agravio al Partido Acción Nacional, ya que en forma evidente ponen en duda la certeza de la votación, lo que implica una clara violación a las disposiciones aplicables a la materia, así como a los principios de certeza, legalidad imparcialidad, independencia y objetividad que deben regir invariablemente en todos y cada uno de los actos electorales, lo que configura perjuicios irreparables para mi representado, y actualiza la causal de nulidad prevista por la facción III del artículo 310 de la Ley Electoral del Estado.

 b) Causa agravio al Partido Acción Nacional los hechos acontecidos en las casillas electorales que se impugnan, con relación a la elección de integrantes de Ayuntamientos del Municipio de Los Cabos, mismas de las que se realizó un análisis individualizado, casilla por casilla, de todos y cada uno de los casos en que se dio la presencia de la causal de nulidad específica, fundándose adecuadamente, con exposición de las circunstancias de modo, tiempo y lugar, los fundamentos de derecho y los elementos de prueba.

 c) Causa agravio al Partido Acción Nacional, el hecho de que en las casillas impugnadas, se haya efectuado el escrutinio y cómputo en local diferente al de la instalación de la casilla, en virtud de que se vulnera el principio constitucional certeza que debe ser observado en todo proceso electoral, toda vez que en donde se instaló la casilla debió haberse realizado el escrutinio y cómputo en atención a que no debe generarse ningún dilema en la realización de los actos electorales, mismos que deben realizarse con objetividad, por lo que al quebrantarse la unidad del proceso, propicia un detrimento de los derechos del partido político que represento, y más aún que el ordenamiento jurídico establece el procedimiento para realizar con causa justificada el escrutinio y cómputo en local diferente al aprobado por el Comité respetivo, cuyo fin jurídico es, que los funcionarios electorales desempeñen satisfactoriamente sus actividades conforme a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad; por tal razón, los hechos narrados se dan fuera del marco jurídico previamente establecido, rompiendo con los principios rectores en materia electoral antes mencionados; lo que afectó gravemente sobre los resultados obtenidos en las casillas cuya votación se impugna por actualizarse la causal prevista en el artículo 310 fracción III del ordenamiento de la materia.

 d) Mediante los hechos por demás ilegales suscitados en las casillas de referencia contravienen lo previsto por el artículo 195 y 196 de la Ley Electoral del Estado, que refieren los requisitos para la ubicación e instalación de casillas, y que textualmente dicen:

 Artículo 195 No podrán señalarse para la ubicación de casillas, casas habitadas por servidores públicos federales, estatales o municipales, templos o lugares destinados al culto, ni establecimientos fabriles. Tampoco deberán instalarse en casas habitadas por candidatos en la elección de que se trate, ni en locales de los partidos políticos.

Artículo 196 Los locales o lugares que se señalen para la ubicación de las casillas deberán reunir las condiciones necesarias que hagan posible el fácil y libre acceso a los electores y la emisión secreta del sufragio. El día de la elección, por causas de fuerza mayor y mediante acuerdo del Comité Distrital Electoral respectivo, la casilla podrá cambiar de ubicación hasta una distancia no mayor de cincuenta metros del sitio original, sin perjuicio de los requisitos señalados en este artículo.

Los locales que alberguen dos o más casillas, para los efectos de esta Ley, se les denominará "Centros de Votación".

No obstante que el artículo 196 de la Ley en comento, allega la posibilidad de que exista causa justificada para la instalación de una casilla en lugar distinto al señalado, en todos los casos, será necesario que sea mediante acuerdo del Comité Distrital respecto y en una distancia no mayor a cincuenta metros y asimismo, la casilla deberá quedar instalada en la misma sección, debiéndose dejar aviso de la nueva ubicación en el exterior del lugar original que no reunió los requisitos.

En la hoja de incidentes no se prevé causa de fuerza mayor o caso fortuito que justifique el cambio del lugar para el escrutinio y cómputo, y para ilustración de esa instancia se pone a consideración el siguiente cuadro comparativo:

 Por consiguiente, al efectuarse el escrutinio y cómputo de las casillas en un sitio diferente al señalado legalmente, se contravienen las disposiciones legales citadas en los puntos anteriores, causando un daño real al violentarse los principios de certeza, legalidad y objetividad que rigen los actos electorales; con lo cual se actualiza la hipótesis de la causal de nulidad establecida en el artículo 310, fracción III, de la Ley Electoral del Estado, que dispone que la votación recibida en una casilla será nula cuando se realice sin causa justificada el escrutinio y cómputo en local diferente al determinado por el Comité respectivo, salvo lo dispuesto en el artículo 196 del mismo ordenamiento, al respecto, es imprescindible establecer que la ley de la materia no contempla la causa justificada para que pueda realizarse el escrutinio en sitio diferente, pues el espíritu del legislador al elaborar la norma es en el sentido de que en el lugar en que se instalan las casillas se deben realizar todos los actos y actuaciones que en la propia jornada electoral se efectúen, evitando así incertidumbre y confusión entre los electores votantes, y por el contrario tiene como fin último otorgar transparencia, certeza y legalidad a sus propios actos.

 Individualización por casilla.

 Las irregularidades graves plenamente acreditadas causan agravio al partido que represento, poniendo en duda la certeza de la votación, por lo que este órgano jurisdiccional debe considerar la nulidad de la votación en las casillas que a continuación se detallan:

 La casilla 317 básica se ubicó en Colonia Juárez; mientras que el escrutinio y cómputo se efectuó en “Jardín de Niños Pedro González Orduña”, calle Narciso Mendoza Esq. 20 de Noviembre y Venustiano Carranza, Cabo San Lucas, B.C.S., sin causa justificada, situación que violó lo establecido por el artículo 196 de la Ley de la materia, toda vez que el escrutinio y cómputo se realizó en local diferente al determinado por el comité respectivo, poniendo en duda la certeza del escrutinio y cómputo.

 La casilla 0336 básica se ubicó en Huachinango y Barracuda Mz-23 L-1; mientras que el escrutinio y cómputo se efectuó en casa de la señora María Antonia, González Ríos, Manzana 23, Cabo San Lucas, Baja California, sin causa justificada, situación que violó lo establecido por el artículo 196 de la Ley de la materia, toda vez que el escrutinio y cómputo se realizó en local diferente al determinado por el Comité respectivo, poniendo en duda la certeza del escrutinio y cómputo.

 Por todo lo anterior, resulta conveniente hacer referencia a los siguientes criterios jurisprudenciales a fin de robustecer los hechos y agravios antes aludidos:

 “ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. CUANDO JUSTIFICA SU REALIZACIÓN EN LOCAL DIFERENTE, AL AUTORIZADO. La hoja de incidentes que se anexa al acta de escrutinio y cómputo, por estar signada por los funcionarios electores, es una documental pública y al adminicularse con el acta de escrutinio y cómputo mencionada se da entre ellas una relación lógica que produce convicción para otorgarle valor probatorio pleno. Una vez asentado lo anterior, se debe de analizar el contenido de la hoja de incidentes, específicamente si la causa es porque se realizó el escrutinio y cómputo en local diferente al que originalmente se había instalado la casilla, para de ahí concluir si este cambio fue o no justificado, elemento que configura una causal de nulidad, puesto que para que proceda decretarla, es necesario, no solo demostrar el cambio, sino que es indispensable probar el segundo supuesto. Al respecto, cabe destacar que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, no contiene disposición alguna que prevea las causas justificadas por las que los funcionarios de las mesas directivas de casilla puedan realizar el escrutinio y cómputo en local diferente al determinado por el Consejo Distrital respectivo para instalar la casilla, por lo que, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 2 in fine, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se procederá a integrar la norma conforme al método analógico considerando como principio aceptado para conformar los vacíos de la ley. De la revisión de las disposiciones de la normatividad electoral se puede encontrar una similitud entre esta situación y la prevista por el propio artículo 75, en el párrafo 1, inciso que dice: "a) instalar la casilla, sin causa justificada, en lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital correspondiente". Y en cuyo caso sí se encuentra prevista, la justificación para instalar la casilla en lugar distinto al originalmente señalado y que son cuando: "Se considera que existe causa justificada para la instalación de una casilla en lugar distinto al señalado, cuando: a) No exista el local indicado en las publicaciones respectivas; b) El local se encuentre cerrado o clausurado y no se pueda realizar la instalación; c) Se advierta, al momento de la instalación de la casilla, que ésta se pretende realizar en lugar prohibido por la ley; d) Las condiciones del local no permitan asegurar la libertad o el secreto del voto o el fácil y libre acceso de los electores o bien, no garanticen la realización de las operaciones electorales en forma normal. En este caso, será necesario que los funcionarios y representantes presentes tomen la determinación de común acuerdo, y e) El Consejo Distrital así lo disponga por causa de fuerza mayor o caso fortuito y se le notifique al Presidente de la casilla. 2. Para los casos señalados en el párrafo anterior la casilla deberá quedar instalada en la misma sección y en el lugar adecuado más próximo, debiéndose dejar aviso de la nueva ubicación en el exterior del lugar que no reunió los requisitos". En este sentido se considera que existen situaciones análogas entre el supuesto normativo previsto en el artículo 75, párrafo 1, inciso a), y en el inciso c), del propio párrafo y artículo, ambos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral ya que entre ambos se presentan elementos comunes: se trata de operaciones que realiza el mismo órgano electoral, y las realiza en la misma etapa de proceso electoral, son tareas que deben realizarse en el local señalado por el Consejo Distrital y sólo cuando exista falta justificada podrá en su caso instalarse la casilla en lugar distinto al legalmente señalado, o podrá realizarse el escrutinio y cómputo en otro local. Al existir situaciones jurídicas análogas, se deben aplicar las causas de justificación que contiene el artículo 215, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Así, este artículo, en su párrafo 1, inciso d), permite el cambio cuando las condiciones del mismo no permitan la realización de las operaciones en forma normal.

 Sala Superior. S3EL 022/97

 Recurso de reconsideración. SUP-REC-034/97. Partido Revolucionario Institucional. 16 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: José Fernando Ojesto Martínez Porcayo”.

 “ESCRUTINIO Y CÓMPUTO EN LOCAL DIFERENTE AL DETERMINADO POR EL CONSEJO DISTRITAL RESPECTIVO. CUANDO SE CONSIDERA QUE EXISTE CAUSA JUSTIFICADA PARA ELLO. El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, no contiene disposición alguna que prevea las causas justificadas por las que los integrantes de las mesas directivas de casilla puedan realizar el escrutinio y cómputo en local diferente al determinado por el Consejo Distrital respectivo para instalar la casilla, por lo que, conforme al criterio de interpretación sistemática en relación con lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo 238 del Código de la materia, se infiere que sólo por caso fortuito o fuerza mayor se podrá considerar que existe causa justificada para realizar el escrutinio y cómputo en local diferente al determinado por el Consejo Distrital respectivo.

 Tipo de Tesis: Jurisprudencia

 No. de Tesis: J.32/91

 Clave de Publicación: SC1ELJ23/91”

 Se ofrece la documental pública consistente en la totalidad de las actas de escrutinio y cómputo de todas las casillas comprendidas en el Municipio de los Cabos las cuales solicito se requiera por su conducto a la autoridad electoral correspondiente toda vez que habiéndolas solicitado no han sido entregadas a mi representada, no obstante haberlas solicitado en tiempo como lo acredito con el escrito de solicitud que acompaño. La presente prueba tiene relación directa con todas y cada una de las casillas antes señaladas y que corresponden a las causas de nulidad señaladas en la fracción tercera del artículo 310 de la Ley Electoral del Estado.

 Se ofrece la documental publica consistente en la totalidad de las actas e instalación de todas las casillas comprendidas en el municipio de Los Cabos así como el acta de la sesión de la autoridad electoral de las que se determina la ubicación de todas y cada una de las casillas del municipio de Los Cabos las cuales solicito se requieran ante la autoridad electoral competente en razón que no fueron entregadas a mi representada no obstante haberlas solicitado lo cual acredito con la copia de solicitud misma que acompaño al presente recurso. La presente prueba tiene relación con todas y cada una de las casillas antes impugnadas y con las mismas se pretende demostrar la causa de nulidad que marca la Ley Electoral en su artículo 310 fracción tercera.

 En relación con lo previsto por la fracción IV del artículo 310 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, mismo que a la letra dice: “Se declarará la nulidad de las votaciones recibidas en una casilla, única-mente en los siguientes casos... Que exista dolo o error en el escrutinio y cómputo de los votos que beneficien a uno de los candidatos, fórmula o planilla de candidatos y que ésta sea determinante para el resultado de la votación, salvo que éste sea corregido en el cómputo correspondiente;” mismo que se actualiza en las siguientes casillas.

 El supuesto normativo que aquí se invoca, se actualiza en las casillas que enseguida se detallan:

 A efecto de comprobar las irregularidades aritméticas, es procedente realizar los siguientes razonamientos aritméticos que nos permita apreciar de manera conjunta el error o el dolo que se suscitó en cada una de las casillas que se mencionan, al no concordar los apartados siguientes: el número de boletas recibidas, menos el número de boletas sobrantes, con el número de boletas extraídas de la urna.

En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente a la casilla impugnada, el total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal refiere un total de 324 cantidad que difiere de la sumatoria de votación obtenida por los partidos políticos, que es de 314 situación que atenta de manera flagrante contra el principio de certeza y pone en duda el resultado de la votación en la presente casilla por lo que es dable declarar la nulidad de la votación recibida.

En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente, el total de boletas extraídas de la urna es de 324 cantidad que difiere de la sumatoria de votación obtenida por los partidos políticos, que es de 314.

En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente a la casilla 293 básica, el número de boletas recibidas es de 536 cantidad que difiere de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de esta casilla, que es de 324.

A efecto de comprobar las irregularidades aritméticas, es procedente realizar los siguientes razonamientos aritméticos que nos permita apreciar de manera conjunta el error o el dolo que se suscitó en cada una de las casillas que se mencionan, al no concordar los apartados siguientes: el número de boletas recibidas, menos el número de boletas sobrantes, con el número de boletas extraídas de la urna.

En el acta de escrutinio y cómputo de la presente casilla aparece que, el número de boletas sobrantes es de 229 más el número de boletas extraídas de la urna que es 305 dan una cantidad de 534; monto que supera al total de boletas entregadas que fueron 537; tal y como consta en la jornada electoral y del acta de escrutinio y cómputo.

En el Acta de escrutinio y cómputo correspondiente a la casilla impugnada, el total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal refiere un total de 308 cantidad que difiere de la sumatoria de votación obtenida por los partidos políticos, que es de 265 situación que atenta de manera flagrante contra el principio de certeza y pone en duda el resultado de la votación en la presente casilla por lo que es dable declarar la nulidad de la votación recibida.

En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente a la presente casilla, el número de boletas extraídas de la urna es de 305 lo que resulta mayor al número de ciudadanos que sufragaron conforme a la lista nominal de esta casilla, que es de 308 lo cual resulta determinante entre el primer y segundo lugar actualizándose la causal de nulidad invocada.

En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente, el total de boletas extraídas de la urna es de 305, cantidad que difiere de la sumatoria de votación obtenida por los partidos políticos, que es de 365.

A efecto de comprobar las irregularidades aritméticas, es procedente realizar los siguientes razonamientos aritméticos que nos permita apreciar de manera conjunta el error o el dolo que se suscitó en cada una de las casillas que se mencionan, al no concordar los apartados siguientes: el número de boletas recibidas, menos el número de boletas sobrantes, con el número de boletas extraídas de la urna.

En el acta de escrutinio y cómputo de la presente casilla aparece que, el número de boletas sobrantes es de 314 más el número de boletas extraídas de la urna que es 353 dan una cantidad de 667 monto que supera al total de boletas entregadas que fueron 651 tal y como consta en la jornada electoral y del acta de escrutinio y cómputo.

En el Acta de escrutinio y cómputo correspondiente a la casilla impugnada, el total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal refiere un total de 357 cantidad que difiere de la sumatoria de votación obtenida por los partidos políticos, que es de 333 situación que atenta de manera flagrante contra el principio de certeza y pone en duda el resultado de la votación en la presente casilla por lo que es dable declarar la nulidad de la votación recibida.

En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente a la presente casilla, el número de boletas extraídas de la urna es de 353 lo que resulta mayor al número de ciudadanos que sufragaron conforme a la lista nominal de esta casilla, que es de 357 lo cual resulta determinante entre el primer y segundo lugar actualizándose la causal de nulidad invocada.

En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente, el total de boletas extraídas de la urna es de 353, cantidad que difiere de la sumatoria de votación obtenida por los partidos políticos, que es de 333.

A efecto de comprobar las irregularidades aritméticas, es procedente realizar los siguientes razonamientos aritméticos que nos permita apreciar de manera conjunta el error o el dolo que se suscitó en cada una de las casillas que se mencionan, al no concordar los apartados siguientes: el número de boletas recibidas, menos el número de boletas sobrantes, con el número de boletas extraídas de la urna.

En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente a la casilla impugnada, el total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal refiere un total de 267 cantidad que difiere de la sumatoria de votación obtenida por los partidos políticos, que es de 321 situación que atenta de manera flagrante contra el principio de certeza y pone en duda el resultado de la votación en la presente casilla por lo que es dable declarar la nulidad de la votación recibida.

En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente a la presente casilla, el número de boletas extraídas de la urna es de 267 lo que resulta mayor al número de ciudadanos que sufragaron conforme a la lista nominal de esta casilla, que es de 321 lo cual resulta determinante entre el primer y segundo lugar actualizándose la causal de nulidad invocada.

En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente, el total de boletas extraídas de la urna es de 267, cantidad que difiere de la sumatoria de votación obtenida por los partidos políticos, que es de 321.

A efecto de comprobar las irregularidades aritméticas, es procedente realizar los siguientes razonamientos aritméticos que nos permita apreciar de manera conjunta el error o el dolo que se suscitó en cada una de las casillas que se mencionan, al no concordar los apartados siguientes: el número de boletas recibidas, menos el número de boletas sobrantes, con el número de boletas extraídas de la urna.

En el acta de escrutinio y cómputo de la presente casilla aparece que, el número de boletas sobrantes es de 628 más el número de boletas extraídas de la urna que es 255 dan una cantidad de 873 monto que supera al total de boletas entregadas que fueron 628 tal y como consta en la jornada electoral y del acta de escrutinio y cómputo.

En el Acta de escrutinio y cómputo correspondiente a la casilla impugnada, el total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal refiere un total de 255 cantidad que difiere de la sumatoria de votación obtenida por los partidos políticos, que es de 256 situación que atenta de manera flagrante contra el principio de certeza y pone en duda el resultado de la votación en la presente casilla por lo que es dable declarar la nulidad de la votación recibida.

En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente, el total de boletas extraídas de la urna es de 255, cantidad que difiere de la sumatoria de votación obtenida por los partidos políticos, que es de 256.

A efecto de comprobar las irregularidades aritméticas, es procedente realizar los siguientes razonamientos aritméticos que nos permita apreciar de manera conjunta el error o el dolo que se suscitó en cada una de las casillas que se mencionan, al no concordar los apartados siguientes: el número de boletas recibidas, menos el número de boletas sobrantes, con el número de boletas extraídas de la urna.

En el acta de escrutinio y cómputo de la presente casilla aparece que, el número de boletas sobrantes es de 223 más el número de boletas extraídas de la urna que es 272 dan una cantidad de 495 monto que supera al total de boletas entregadas que fueron 545 tal y como consta en la jornada electoral y del acta de escrutinio y cómputo.

En el Acta de escrutinio y cómputo correspondiente a la casilla impugnada, el total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal refiere un total de 323 cantidad que difiere de la sumatoria de votación obtenida por los partidos políticos, que es de 271 situación que atenta de manera flagrante contra el principio de certeza y pone en duda el resultado de la votación en la presente casilla por lo que es dable declarar la nulidad de la votación recibida.

En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente a la presente casilla, el número de boletas extraídas de la urna es de 272 lo que resulta mayor al número de ciudadanos que sufragaron conforme a la lista nominal de esta casilla, que es de 271 lo cual resulta determinante entre el primer y segundo lugar actualizándose la causal de nulidad invocada.

En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente, el total de boletas extraídas de la urna es de 272, cantidad que difiere de la sumatoria de votación obtenida por los partidos políticos, que es de 271.

A efecto de comprobar las irregularidades aritméticas, es procedente realizar los siguientes razonamientos aritméticos que nos permita apreciar de manera conjunta el error o el dolo que se suscitó en cada una de las casillas que se mencionan, al no concordar los apartados siguientes: el número de boletas recibidas, menos el número de boletas sobrantes, con el número de boletas extraídas de la urna.

En el acta de escrutinio y cómputo de la presente casilla aparece que, el número de boletas sobrantes es de 337 más el número de boletas extraídas de la urna que es 257 dan una cantidad de 594 monto que supera al total de boletas entregadas que fueron 596 tal y como consta en la jornada electoral y del acta de escrutinio y cómputo.

En el Acta de escrutinio y cómputo correspondiente a la casilla impugnada, el total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal refiere un total de 258 cantidad que difiere de la sumatoria de votación obtenida por los partidos políticos, que es de 257 situación que atenta de manera flagrante contra el principio de certeza y pone en duda el resultado de la votación en la presente casilla por lo que es dable declarar la nulidad de la votación recibida.

En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente a la presente casilla, el número de boletas extraídas de la urna es de 257 lo que resulta mayor al número de ciudadanos que sufragaron conforme a la lista nominal de esta casilla, que es de 258 lo cual resulta determinante entre el primer y segundo lugar actualizándose la causal de nulidad invocada.

A efecto de comprobar las irregularidades aritméticas, es procedente realizar los siguientes razonamientos aritméticos que nos permita apreciar de manera conjunta el error o el dolo que se suscitó en cada una de las casillas que se mencionan, al no concordar los apartados siguientes: el número de boletas recibidas, menos el número de boletas sobrantes, con el número de boletas extraídas de la urna.

En el acta de escrutinio y cómputo de la presente casilla aparece que, el número de boletas sobrantes es de 249 más el número de boletas extraídas de la urna que es 245 dan una cantidad de 494 monto que supera al total de boletas entregadas que fueron 711 tal y como consta en la jornada electoral y del acta de escrutinio y cómputo.

En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente a la presente casilla, el número de boletas extraídas de la urna es de 254 lo que resulta mayor al número de ciudadanos que sufragaron conforme a la lista nominal de esta casilla, que es de 288 lo cual resulta determinante entre el primer y segundo lugar actualizándose la causal de nulidad invocada.

A efecto de comprobar las irregularidades aritméticas, es procedente realizar los siguientes razonamientos aritméticos que nos permita apreciar de manera conjunta el error o el dolo que se suscitó en cada una de las casillas que se mencionan, al no concordar los apartados siguientes: el número de boletas recibidas, menos el número de boletas sobrantes, con el número de boletas extraídas de la urna.

En el acta de escrutinio y cómputo de la presente casilla aparece que, el número de boletas sobrantes es de 457 más el número de boletas extraídas de la urna que es 303 dan una cantidad de 760 monto que supera al total de boletas entregadas que fueron 645 tal y como consta en la jornada electoral y del acta de escrutinio y cómputo.

En el Acta de escrutinio y cómputo correspondiente a la casilla impugnada, el total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal refiere un total de 309 cantidad que difiere de la sumatoria de votación obtenida por los partidos políticos, que es de 303 situación que atenta de manera flagrante contra el principio de certeza y pone en duda el resultado de la votación en la presente casilla por lo que es dable declarar la nulidad de la votación recibida.

En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente a la presente casilla, el número de boletas extraídas de la urna es de 303 lo que resulta mayor al número de ciudadanos que sufragaron conforme a la lista nominal de esta casilla, que es de 309 lo cual resulta determinante entre el primer y segundo lugar actualizándose la causal de nulidad invocada.

En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente el número de boletas recibidas es de 645, cantidad que difiere de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de esta casilla, que es de 745.

A efecto de comprobar las irregularidades aritméticas, es procedente realizar los siguientes razonamientos aritméticos que nos permita apreciar de manera conjunta el error o el dolo que se suscitó en cada una de las casillas que se mencionan, al no concordar los apartados siguientes: el número de boletas recibidas, menos el número de boletas sobrantes, con el número de boletas extraídas de la urna.

En el acta de escrutinio y cómputo de la presente casilla aparece que, el número de boletas sobrantes es de 457 más el número de boletas extraídas de la urna que es 303 dan una cantidad de 760 monto que supera al total de boletas entregadas que fueron 645 tal y como consta en la jornada electoral y del acta de escrutinio y cómputo.

En el Acta de escrutinio y cómputo correspondiente a la casilla impugnada, el total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal refiere un total de 309 cantidad que difiere de la sumatoria de votación obtenida por los partidos políticos, que es de 303 situación que atenta de manera flagrante contra el principio de certeza y pone en duda el resultado de la votación en la presente casilla por lo que es dable declarar la nulidad de la votación recibida.

En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente a la presente casilla, el número de boletas extraídas de la urna es de 303 lo que resulta mayor al número de ciudadanos que sufragaron conforme a la lista nominal de esta casilla, que es de 309 lo cual resulta determinante entre el primer y segundo lugar actualizándose la causal de nulidad invocada.

En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente el número de boletas recibidas es de 645, cantidad que difiere de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de esta casilla, que es de 745.

A efecto de comprobar las irregularidades aritméticas, es procedente realizar los siguientes razonamientos aritméticos que nos permita apreciar de manera conjunta el error o el dolo que se suscitó en cada una de las casillas que se mencionan, al no concordar los apartados siguientes: el número de boletas recibidas, menos el número de boletas sobrantes, con el número de boletas extraídas de la urna.

En el acta de escrutinio y cómputo de la presente casilla aparece que, el número de boletas sobrantes es de 365 más el número de boletas extraídas de la urna que es 265 dan una cantidad de 630 monto que supera al total de boletas entregadas que fueron 269 tal y como consta en la jornada electoral y del acta de escrutinio y cómputo.

A efecto de comprobar las irregularidades aritméticas, es procedente realizar los siguientes razonamientos aritméticos que nos permita apreciar de manera conjunta el error o el dolo que se suscitó en cada una de las casillas que se mencionan, al no concordar los apartados siguientes: el número de boletas recibidas, menos el número de boletas sobrantes, con el número de boletas extraídas de la urna.

En el acta de escrutinio y cómputo de la presente casilla aparece que, el número de boletas sobrantes es de 359 más el número de boletas extraídas de la urna que es 264 dan una cantidad de 623 monto que supera al total de boletas entregadas que fueron 629 tal y como consta en la jornada electoral y del acta de escrutinio y cómputo.

En el Acta de escrutinio y cómputo correspondiente a la casilla impugnada, el total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal y en virtud de que como se refiere no se cuenta datos sumatorios de votación obtenida por los partidos políticos, que es de situación que atenta de manera flagrante contra el principio de certeza y pone en duda el resultado de la votación en la presente casilla por lo que es dable declarar la nulidad de la votación recibida.

En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente a la presente casilla, el número de boletas extraídas de la urna es de 262 lo que resulta mayor al número de ciudadanos que sufragaron conforme a la lista nominal de esta casilla, que es de 266 lo cual resulta determinante entre el primer y segundo lugar actualizándose la causal de nulidad invocada.

En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente el número de boletas recibidas es de 380, cantidad que difiere de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de esta casilla, que es de 381.

A efecto de comprobar las irregularidades aritméticas, es procedente realizar los siguientes razonamientos aritméticos que nos permita apreciar de manera conjunta el error o el dolo que se suscitó en cada una de las casillas que se mencionan, al no concordar los apartados siguientes: el número de boletas recibidas, menos el número de boletas sobrantes, con el número de boletas extraídas de la urna.

En el acta de escrutinio y cómputo de la presente casilla aparece que, el número de boletas sobrantes es de 314 más el número de boletas extraídas de la urna que es 262 dan una cantidad de 576 monto que supera al total de boletas entregadas que fueron 380 tal y como consta en la jornada electoral y del acta de escrutinio y cómputo.

En el Acta de escrutinio y cómputo correspondiente a la casilla impugnada, el total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal refiere un total de 266 cantidad que difiere de la sumatoria de votación obtenida por los partidos políticos, que es de 262 situación que atenta de manera flagrante contra el principio de certeza y pone en duda el resultado de la votación en la presente casilla por lo que es dable declarar la nulidad de la votación recibida.

En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente a la presente casilla, el número de boletas extraídas de la urna es de 262 lo que resulta mayor al número de ciudadanos que sufragaron conforme a la lista nominal de esta casilla, que es de 266 lo cual resulta determinante entre el primer y segundo lugar actualizándose la causal de nulidad invocada.

En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente el número de boletas recibidas es de 380, cantidad que difiere de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de esta casilla, que es de 381.

A efecto de comprobar las irregularidades aritméticas, es procedente realizar los siguientes razonamientos aritméticos que nos permita apreciar de manera conjunta el error o el dolo que se suscitó en cada una de las casillas que se mencionan, al no concordar los apartados siguientes: el número de boletas recibidas, menos el número de boletas sobrantes, con el número de boletas extraídas de la urna.

En el acta de escrutinio y cómputo de la presente casilla aparece que, el número de boletas sobrantes es de 294 más el número de boletas extraídas de la urna que es 289 dan una cantidad de 583 monto que supera al total de boletas entregadas que fueron 582 tal y como consta en la jornada electoral y del acta de escrutinio y cómputo.

En el Acta de escrutinio y cómputo correspondiente a la casilla impugnada, el total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal refiere un total de 288 cantidad que difiere de la sumatoria de votación obtenida por los partidos políticos, que es de 289 situación que atenta de manera flagrante contra el principio de certeza y pone en duda el resultado de la votación en la presente casilla por lo que es dable declarar la nulidad de la votación recibida.

En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente a la presente casilla, el número de boletas extraídas de la urna es de 289 lo que resulta mayor al número de ciudadanos que sufragaron conforme a la lista nominal de esta casilla, que es de 288 lo cual resulta determinante entre el primer y segundo lugar actualizándose la causal de nulidad invocada.

A efecto de comprobar las irregularidades aritméticas, es procedente realizar los siguientes razonamientos aritméticos que nos permita apreciar de manera conjunta el error o el dolo que se suscitó en cada una de las casillas que se mencionan, al no concordar los apartados siguientes: el número de boletas recibidas, menos el número de boletas sobrantes, con el número de boletas extraídas de la urna.

En el acta de escrutinio y cómputo de la presente casilla aparece que, el número de boletas sobrantes es de 363 más el número de boletas extraídas de la urna que es 265 dan una cantidad de 628 monto que supera al total de boletas entregadas que fueron 657 tal y como consta en la jornada electoral y del acta de escrutinio y cómputo.

En el Acta de escrutinio y cómputo correspondiente a la casilla impugnada, el total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal refiere un total de 292 cantidad que difiere de la sumatoria de votación obtenida por los partidos políticos, que es de 256 situación que atenta de manera flagrante contra el principio de certeza y pone en duda el resultado de la votación en la presente casilla por lo que es dable declarar la nulidad de la votación recibida.

En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente a la presente casilla, el número de boletas extraídas de la urna es de 265 lo que resulta mayor al número de ciudadanos que sufragaron conforme a la lista nominal de esta casilla, que es de 296 lo cual resulta determinante entre el primer y segundo lugar actualizándose la causal de nulidad invocada.

En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente el número de boletas recibidas es de 265, cantidad que difiere de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de esta casilla, que es de 256.

A efecto de comprobar las irregularidades aritméticas, es procedente realizar los siguientes razonamientos aritméticos que nos permita apreciar de manera conjunta el error o el dolo que se suscitó en cada una de las casillas que se mencionan, al no concordar los apartados siguientes: el número de boletas recibidas, menos el número de boletas sobrantes, con el número de boletas extraídas de la urna.

En el Acta de escrutinio y cómputo correspondiente a la casilla impugnada, el total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal refiere un total de 267 cantidad que difiere de la sumatoria de votación obtenida por los partidos políticos, que es de 250situación que atenta de manera flagrante contra el principio de certeza y pone en duda el resultado de la votación en la presente casilla por lo que es dable declarar la nulidad de la votación recibida.

En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente el número de boletas recibidas es de 267 cantidad que difiere de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de esta casilla, que es de 250.

A efecto de comprobar las irregularidades aritméticas, es procedente realizar los siguientes razonamientos aritméticos que nos permita apreciar de manera conjunta el error o el dolo que se suscitó en cada una de las casillas que se mencionan, al no concordar los apartados siguientes: el número de boletas recibidas, menos el número de boletas sobrantes, con el número de boletas extraídas de la urna.

En el acta de escrutinio y cómputo de la presente casilla aparece que, el número de boletas sobrantes es de 313 más el número de boletas extraídas de la urna que es 280 dan una cantidad de 593 monto que supera al total de boletas entregadas que fueron 678 tal y como consta en la jornada electoral y del acta de escrutinio y cómputo.

En el Acta de escrutinio y cómputo correspondiente a la casilla impugnada, el total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal refiere un total de 206 cantidad que difiere de la sumatoria de votación obtenida por los partidos políticos, que es de 282 situación que atenta de manera flagrante contra el principio de certeza y pone en duda el resultado de la votación en la presente casilla por lo que es dable declarar la nulidad de la votación recibida.

En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente a la presente casilla, el número de boletas extraídas de la urna es de 280 lo que resulta mayor al número de ciudadanos que sufragaron conforme a la lista nominal de esta casilla, que es de 206 lo cual resulta determinante entre el primer y segundo lugar actualizándose la causal de nulidad invocada.

En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente el número de boletas recibidas es de 280, cantidad que difiere de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de esta casilla, que es de 282.

A efecto de comprobar las irregularidades aritméticas, es procedente realizar los siguientes razonamientos aritméticos que nos permita apreciar de manera conjunta el error o el dolo que se suscitó en cada una de las casillas que se mencionan, al no concordar los apartados siguientes: el número de boletas recibidas, menos el número de boletas sobrantes, con el número de boletas extraídas de la urna.

En el acta de escrutinio y cómputo de la presente casilla aparece que, el número de boletas sobrantes es de 414 más el número de boletas extraídas de la urna que es 262 dan una cantidad de 676 monto que supera al total de boletas entregadas que fueron 678 tal y como consta en la jornada electoral y del acta de escrutinio y cómputo.

En el Acta de escrutinio y cómputo correspondiente a la casilla impugnada, el total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal refiere un total de 264 cantidad que difiere de la sumatoria de votación obtenida por los partidos políticos, que es de 263 situación que atenta de manera flagrante contra el principio de certeza y pone en duda el resultado de la votación en la presente casilla por lo que es dable declarar la nulidad de la votación recibida.

En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente a la presente casilla, el número de boletas extraídas de la urna es de 262 lo que resulta mayor al número de ciudadanos que sufragaron conforme a la lista nominal de esta casilla, que es de 264 lo cual resulta determinante entre el primer y segundo lugar actualizándose la causal de nulidad invocada.

En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente el número de boletas recibidas es de 262 cantidad que difiere de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de esta casilla, que es de 263.

A efecto de comprobar las irregularidades aritméticas, es procedente realizar los siguientes razonamientos aritméticos que nos permita apreciar de manera conjunta el error o el dolo que se suscitó en cada una de las casillas que se mencionan, al no concordar los apartados siguientes: el número de boletas recibidas, menos el número de boletas sobrantes, con el número de boletas extraídas de la urna.

En el acta de escrutinio y cómputo de la presente casilla aparece que, el número de boletas sobrantes es de 344 más el número de boletas extraídas de la urna que es 332 dan una cantidad de 676 monto que supera al total de boletas entregadas que fueron 683 tal y como consta en la jornada electoral y del acta de escrutinio y cómputo.

En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente el número de boletas recibidas es de 683 cantidad que difiere de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de esta casilla, que es de 681.

A efecto de comprobar las irregularidades aritméticas, es procedente realizar los siguientes razonamientos aritméticos que nos permita apreciar de manera conjunta el error o el dolo que se suscitó en cada una de las casillas que se mencionan, al no concordar los apartados siguientes: el número de boletas recibidas, menos el número de boletas sobrantes, con el número de boletas extraídas de la urna.

En el acta de escrutinio y cómputo de la presente casilla aparece que, el número de boletas sobrantes es de 330 más el número de boletas extraídas de la urna que es 343 dan una cantidad de 673 monto que supera al total de boletas entregadas que fueron 683 tal y como consta en la jornada electoral y del acta de escrutinio y cómputo.

En el Acta de escrutinio y cómputo correspondiente a la casilla impugnada, el total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal refiere un total de 332 cantidad que difiere de la sumatoria de votación obtenida por los partidos políticos, que es de 343 situación que atenta de manera flagrante contra el principio de certeza y pone en duda el resultado de la votación en la presente casilla por lo que es dable declarar la nulidad de la votación recibida.

En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente el número de boletas recibidas es de 351 cantidad que difiere de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de esta casilla, que es de 341.

A efecto de comprobar las irregularidades aritméticas, es procedente realizar los siguientes razonamientos aritméticos que nos permita apreciar de manera conjunta el error o el dolo que se suscitó en cada una de las casillas que se mencionan, al no contar los apartados siguientes: el número de boletas recibidas, menos el número de boletas sobrantes, con el numero de boletas extraídas de la urna.

 En el acta de escrutinio y cómputo de la presente casilla aparece que, el número de boletas sobrantes es de 194 más el número de boletas extraídas de la urna que es de 218 dan una cantidad de 412 monto que es inferior al total de boletas entregadas que fueron de 419 tal y como consta en la jornada electoral y del acta de escrutinio y cómputo.

En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente a la casilla impugnada, el total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal refiere un total de 223 cantidad que difiere de la sumatoria de votación obtenida por los partidos políticos, que es de 218 situación que atenta de manera flagrante contra el principio de certeza y pone en duda el resultado de la votación en la presente casilla por lo que es dable declarar la nulidad de la votación recibida.

En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente a la presente casilla, el número de boletas extraídas de la urna es de 218 lo que resulta menor al número de ciudadanos que sufragaron conforme a la lista nominal de esta casilla, que es de 223 lo cual resulta determinante entre el primer y segundo lugar actualizándose la causal de nulidad invocada.

 A efecto de comprobar las irregularidades aritméticas, es procedente realizar los siguientes razonamientos aritméticos que nos permita apreciar de manera conjunta el error o dolo que se suscito en cada una de las casillas que se mencionan, al no concordar los apartados siguientes: el número de boletas recibidas, menos el número de boletas sobrantes, con el número de boletas extraídas de la urna.

 En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente a la casilla impugnada, el total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal refiere un total de 303 cantidad que difiere de la sumatoria de votación obtenida por los partidos políticos, que es de 308 situación que atenta de manera flagrante contra el principio de certeza y pone en duda el resultado de la votación en la presente casilla por lo que es dable declarar la nulidad de la votación recibida.

 En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente a la presente casilla, el número de boletas extraídas de la urna es de 305 lo que resulta mayor al número de ciudadanos que sufragaron conforme a la lista nominal de esta casilla, que es de 303 lo cual resulta determinante entre el primer y segundo lugar actualizándose la causal de nulidad invocada.

 En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente, el total de boletas extraídas de la urna es de 305 cantidad que difiere de la sumatoria de votación obtenida por los partidos políticos, que es de 304.

 A efecto de comprobar las irregularidades aritméticas, es procedente realizar los siguientes razonamientos aritméticos que nos permita apreciar de manera conjunta el error o el dolo que se suscitó en cada una de las casillas que se mencionan, al no aparecer llenado el rubro de las boletas sobrantes, resta certeza a la votación recibida en la presente casilla.

A efecto de comprobar las irregularidades aritméticas, es procedente realizar los siguientes razonamientos aritméticos que nos permita apreciar de manera conjunta el error o el dolo que se suscitó en cada una de las casillas que se mencionan, al no concordar los apartados siguientes: el número de boletas recibidas, menos el número de boletas sobrantes con el número de boletas extraídas de la urna.

 En el acta de escrutinio y cómputo de la presente casilla aparece que, el número de boletas sobrantes es de 310 más el número de boletas extraídas de la urna es de 230 dan una cantidad de 540 monto que es inferior al total de boletas entregadas que fueron de 541 tal y como consta en la jornada electoral y del acta de escrutinio y cómputo.

 A efecto de comprobar las irregularidades aritméticas, es procedente realizar los siguientes razonamientos aritméticos que nos permita apreciar de manera conjunta el error o el dolo que se suscitó en cada una de las casillas que se mencionan, al no concordar los apartados siguientes: el número de boletas recibidas, menos el número de boletas sobrantes, con el número de boletas extraídas de la urna.

 En el acta de escrutinio y cómputo de la presente casilla parece que, el número de boletas sobrantes es de 300 más el número de boletas extraídas de la urna que es de 192 dan una cantidad de 492 monto que es inferior al total de boletas entregadas que fueron 493 tal y como consta en la jornada electoral y del acta de escrutinio y cómputo.

 En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente a la casilla impugnada, el total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal refiere un total de 193 cantidad que difiere de la sumatoria de votación obtenida por los partidos políticos, que es de 192 situación que atenta de manera flagrante contra el principio de certeza y pone en duda el resultado de la votación en la presente casilla por lo que es dable declarar la nulidad de la votación recibida.

 En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente a la presente casilla, el número de boletas extraídas de las urnas es de 192, lo que resulta menor al número de ciudadanos que sufragaron conforme a la lista nominal de esta casilla, que es de 193 lo cual resulta determinante entre el primer y segundo lugar actualizándose la causal de nulidad invocada.

 A efecto de comprobar las irregularidades aritméticas, es procedente realizar los siguientes razonamientos aritméticos que nos permita apreciar de manera conjunta el error o el dolo que se suscitó en cada una de las casillas que se mencionan, al no concordar los apartados siguientes: el número de boletas recibidas, menos el número de boletas sobrantes, con el número de boletas extraídas de la urna.

 En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente a la casilla impugnada, el total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal refiere un total de 209 cantidad que difiere de la sumatoria de votación obtenida por los partidos políticos, que es de 204 situación que atenta de manera flagrante contra el principio de certeza y pone en duda el resultado de la votación en la presente casilla por lo que es dable declarar la nulidad de la votación recibida.

 En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente, el total de boletas extraídas de la urna es de 209 cantidad que difiere de la sumatoria de la votación obtenida por los partidos políticos, que es de 204.

A efecto de comprobar las irregularidades aritméticas, es procedente realizar los siguientes razonamientos aritméticos que nos permita apreciar de manera conjunta el error o el dolo que se suscitó en cada una de las casillas que se mencionan, al no concordar los apartados siguientes: el número de boletas recibidas, menos el número de boletas sobrantes, con el número de boletas extraídas de la urna.

 En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente a la casilla impugnada, el total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal refiere un total de 344 cantidad que difiere de la sumatoria de votación obtenida por los partidos políticos, que es de 336 situación que atenta de manera flagrante contra el principio de certeza y pone en duda el resultado de la votación en la presente casilla por lo que es dable declarar la nulidad de la votación recibida.

En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente, el total de boletas extraídas de la urna es de 344 cantidad que difiere de la sumatoria de la votación obtenida por los partidos políticos, que es de 336.

A efecto de comprobar las irregularidades aritméticas, es procedente realizar los siguientes razonamientos aritméticos que nos permita apreciar de manera conjunta el error o el dolo que se suscitó en cada una de las casillas que se mencionan, al no concordar los apartados siguientes: el número de boletas recibidas, menos el número de boletas sobrantes, con el número de boletas extraídas de la urna.

En el acta de escrutinio y cómputo de la presente casilla, aparece que, el número de boletas sobrantes es de 321 más el número de boletas extraídas de la urna que es de 377 dan una cantidad de 698 monto que supera al total de boletas entregadas que fueron 599 tal y como consta en la jornada electoral y el acta de escrutinio y cómputo.

 En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente a la casilla impugnada, el total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal refiere un total de 278 cantidad que difiere de la sumatoria de votación obtenida por los partidos políticos, que es de 277 situación que atenta de manera flagrante contra el principio de certeza y pone en duda el resultado de la votación en la presente casilla por lo que es dable declarar la nulidad de la votación recibida.

A efecto de comprobar las irregularidades aritméticas, es procedente realizar los siguientes razonamientos aritméticos que nos permita apreciar de manera conjunta el error o el dolo que se suscitó en cada una de las casillas que se mencionan, al no concordar los apartados siguientes: el número de boletas recibidas, menos el número de boletas sobrantes, con el número de boletas extraídas de la urna.

 En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente a la casilla impugnada, el total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal refiere un total de 237 cantidad que difiere de la sumatoria de votación obtenida por los partidos políticos, que es de 231 situación que atenta de manera flagrante contra el principio de certeza y pone en duda el resultado de la votación en la presente casilla por lo que es dable declarar la nulidad de la votación recibida.

En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente, el total de boletas extraídas de la urna es de 237 cantidad que difiere de la sumatoria de votación obtenida por los partidos políticos, que es de 231.

A efecto de comprobar las irregularidades aritméticas, es procedente realizar los siguientes razonamientos aritméticos que nos permita apreciar de manera conjunta el error o el dolo que se suscitó en cada una de las casillas que se mencionan, al no concordar los apartados siguientes: el número de boletas recibidas, menos el número de boletas sobrantes, con el número de boletas extraídas de la urna.

En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente a la casilla impugnada, el total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal refiere un total de 235 cantidad que difiere de la sumatoria de votación obtenida por los partidos políticos, que es de 237 situación que atenta de manera flagrante contra el principio de certeza y pone en duda el resultado de la votación en la presente casilla por lo que es dable declarar la nulidad de la votación recibida.

En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente, el total de boletas extraídas de la urna es de 235 cantidad que difiere de la sumatoria de votación obtenida por los partidos políticos, que es de 237.

A efecto de comprobar las irregularidades aritméticas, es procedente realizar los siguientes razonamientos aritméticos que nos permita apreciar de manera conjunta el error o el dolo que se suscitó en cada una de las casillas que se mencionan, al no concordar los apartados siguientes: el número de boletas recibidas, menos el número de boletas sobrantes, con el número de boletas extraídas de la urna.

En el acta de escrutinio y cómputo de la presente casilla aparece que, el número de boletas sobrantes es de 304 más el número de boletas extraídas de la urna que es de 243 dan una cantidad de 547 monto que es superior al total de boletas entregadas que fueron de 546 tal y como consta en la jornada electoral y del acta de escrutinio y cómputo.

En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente a la casilla impugnada, el total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal refiere un total de 243 cantidad que difiere de la sumatoria de votación obtenida por los partidos políticos, que es de 240 situación que atenta de manera flagrante contra el principio de certeza y pone en duda el resultado dela votación en la presente casilla por lo que es dable declarar la nulidad de la votación recibida.

En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente, el total de boletas extraídas de la urna es de 243 cantidad que difiere de la sumatoria de votación obtenida por los partidos políticos, que es de 240.

A efecto de comprobar las irregularidades aritméticas, es procedente realizar los siguientes razonamientos aritméticos que nos permita apreciar de manera conjunta el error o el dolo que se suscitó en cada una de las casillas que se mencionan, al no concordar los apartados siguientes: el número de boletas recibidas, menos el número de boletas sobrantes, con el número de boletas extraídas de la urna.

En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente a la casilla impugnada, el total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal refiere un total de 166 cantidad que difiere de la sumatoria de votación obtenida por los partidos políticos, que es de 177 situación que atenta de manera flagrante contra el principio de certeza y pone en duda el resultado de la votación en la presente casilla por lo que es dable declarar la nulidad de la votación recibida.

En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente, el total de boletas extraídas de la urna es de 166 cantidad que difiere de la sumatoria de votación obtenida por los partidos políticos, que es de 1.

El supuesto normativo que aquí se invoca, se actualiza en las casillas siguientes: 300 contigua 1, 300 contigua 2, 301 básica, 301 contigua 1,301 contigua 2, 301 contigua 3, 301 contigua 4, 302 básica, 303 básica, 308 básica, 308 contigua, 309 básica, 310 básica, 311 básica, 312 básica, 312 contigua, 313 básica, 313 contigua, 314 básica, 314 contigua 1, 314 contigua 2 y 315 básica.

A efecto de comprobar las irregularidades aritméticas, es procedente realizar los siguientes razonamientos aritméticos que nos permita apreciar de manera conjunta el error o el dolo que se suscitó en cada una de las casillas que se mencionan, al no concordar los apartados siguientes: el número de boletas recibidas, menos el número de boletas sobrantes, con el número de boletas extraídas de la urna.

En el acta de escrutinio y cómputo de la presente casilla, aparece que, el número de boletas sobrantes es de 262; más el número de boletas extraídas de la urna que es de 286; dan una cantidad de 548; monto inferior al total de boletas entregadas que fueron 558; tal y como consta en la jornada electoral y el acta de escrutinio y cómputo.

 En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente a la casilla impugnada, el total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal refiere un total de 289, cantidad que difiere de la sumatoria de votación obtenida por los partidos políticos, que es de 286 situación que atenta de manera flagrante contra el principio de certeza y pone en duda el resultado de la votación en la presente casilla por lo que es dable declarar la nulidad de la votación recibida.

 En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente a la presente casilla, el número de boletas extraídas de la urna es de 286, lo que resulta inferior al número de ciudadanos que sufragaron conforme a la lista nominal de esta casilla, que es de 289 lo cual resulta determinante entre el primer y segundo lugar actualizándose la causal de nulidad invocada.

 En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente, el rubro del total de boletas extraídas de la urna aparece sin llenar, situación que imposibilita materialmente al partido que represento para que se compare dicha cantidad con relación a la votación obtenida por los partidos políticos, es de 286.

En el acta de escrutinio y cómputo de la presente casilla, aparece que, el número de boletas sobrantes es de 266; más el número de boletas extraídas de la urna que es de 285; dan una cantidad de 551; monto inferior al total de boletas entregadas que fueron 558; tal y como consta en la jornada electoral y el acta de escrutinio y cómputo.

 En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente a la casilla impugnada, el total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal refiere un total de 292, cantidad que difiere de la sumatoria de votación obtenida por los partidos políticos, que es de 285 situación que atenta de manera flagrante contra el principio de certeza y pone en duda el resultado de la votación en la presente casilla por lo que es dable declarar la nulidad de la votación recibida.

En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente a la presente casilla, el número de boletas extraídas de la urna es de 285, lo que resulta mayor el número de ciudadanos que sufragaron conforme a la lista nominal de esta casilla, que es de 592 lo cual resulta determinante entre el primer y segundo lugar actualizándose la causal de nulidad invocada.

En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente, el número de boletas recibidas es de 559, cantidad que difiere de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de esta casilla, que es de 558.

En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente a la casilla impugnada, el total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal refiere un total de 628, cantidad que difiere de la sumatoria de votación obtenida por los partidos políticos, que es de 300 situación que atenta de manera flagrante contra el principio de certeza y pone en duda el resultado de la votación en la presente casilla por lo que es dable declarar la nulidad de la votación recibida.

En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente a la presente casilla, el número de boletas extraídas de la urna es de 300, lo que resulta inferior al número de ciudadanos que sufragaron conforme a la lista nominal de esta casilla, que es 628, lo cual resulta determinante entre el primer y segundo lugar actualizándose la causal de nulidad invocada.

En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente a la presente casilla, el número de boletas recibidas es de 628, cantidad que difiere de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de esta casilla, que es de 292.

En el acta de escrutinio y cómputo de la presente casilla, aparece que, el número de boletas sobrantes es de 318; más el número de boletas extraídas de la urna que es de 302; dan una cantidad de 620; monto inferior al total de boletas entregadas que fueron 628; tal y como consta en la jornada electoral y del acta de escrutinio y cómputo.

 En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente a la casilla impugnada, el total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal refiere un total de 310, cantidad que difiere de la sumatoria de votación obtenida por los partidos políticos, que es de 302, situación que atenta de manera flagrante contra el principio de certeza y pone en duda el resultado de la votación en la presente casilla por lo que es dable declarar la nulidad de la votación recibida.

En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente, el total de boletas extraídas de la urna es de 310, cantidad que difiere de la sumatoria de votación obtenida por los partidos políticos, que es de 302.

En el acta de escrutinio y cómputo de la presente casilla aparece que, el número de boletas sobrantes es de 338; más el número de boletas extraídas de la urna que es de 292; dan una cantidad de 620; monto inferior al total de boletas entregadas que fueron 629; tal y como consta en la jornada electoral y del acta de escrutinio y cómputo.

En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente a la casilla impugnada, el total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal refiere un total de 291, cantidad que difiere de la sumatoria de votación obtenida por los partidos políticos, que es de 292, situación que atenta de manera flagrante contra el principio de certeza y pone en duda el resultado de la votación en la presente casilla por lo que es dable declarar la nulidad de la votación recibida.

En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente, el total de boletas extraídas de la urna es de 291, cantidad que difiere de la sumatoria de votación obtenida por partidos políticos, que es de 292.

En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente, el número de boletas recibidas es de 629, cantidad que difiere de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de esta casilla, que es de 627.

En el acta de escrutinio y cómputo de la presente casilla, aparece que, el número de boletas sobrantes es de 357; más el número de boletas extraídas de la urna que es de 265; dan una cantidad de 622; monto que supera el total de boletas entregadas que fueron 629; tal y como consta en la jornada electoral y el acta de escrutinio y cómputo.

 En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente a la casilla impugnada, el total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal refiere un total de 272, cantidad que difiere de la sumatoria de votación obtenida por los partidos políticos, que es de 265, situación que atenta de manera flagrante contra el principio de certeza y pone en duda el resultado de la votación en la presente casilla por lo que es dable declarar la nulidad de la votación recibida.

En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente a la casilla, el número de boletas extraídas de la urna es de 269, lo que resulta inferior al número de ciudadanos que sufragaron conforme a la lista nominal de esta casilla, que es de 272, lo cual resulta determinante entre el primer y segundo lugar actualizándose la causal de nulidad invocada.

En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente, el total de boletas extraídas de la urna es de 269, cantidad que difiere de la sumatoria de votación obtenida por los partidos políticos, que es de 265.

En el acta de escrutinio y cómputo de la presente casilla aparece que, el número de boletas sobrantes es de 347; más el número de boletas extraídas de la urna que es de 279; dan una cantidad de seiscientas veintiséis; monto inferior al total de boletas entregadas que fueron 629; tal y como consta en la jornada electoral y del acta de escrutinio y cómputo.

En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente a la casilla impugnada, el total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal resulta ilegible, por lo al no tenerse la certeza de ese rubro, es evidente que dicho acto constituye una irregularidad en la votación por lo que debe decretarse la nulidad de la casilla de referencia.

En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente a la presente casilla, el número de boletas extraídas de la urna es resulta ilegible por lo que al no tenerse la certeza de ese rubro, es evidente que dicho acto constituye una irregularidad en la votación por lo que debe decretarse la nulidad de la casilla de referencia.

En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente a la presente casilla, el número de boletas extraídas de la urna es de 380, lo que resulta mayor al número de ciudadanos que sufragaron conforme a la lista nominal de esta casilla, que es de 292 lo cual resulta determinante entre el primer y segundo lugar actualizándose la causal de nulidad invocada.

 En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente, el total de boletas extraídas de la urna es de 380, cantidad que difiere de la sumatoria de votación obtenida por los partidos políticos, que es de 292.

En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente, el número de boletas recibidas es de 293, cantidad que difiere de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de esta casilla, que es de 295.

En el acta de escrutinio y cómputo de la presente casilla, aparece que, el número de boletas sobrantes es de 122; más el número de boletas extraídas de la urna que es de 338; dan una cantidad de 460; monto que supera al total de boletas entregadas que fueron 505; tal y como consta en la jornada electoral y el acta de escrutinio y cómputo.

En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente a la casilla impugnada, el total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal refiere un total de 383, cantidad que difiere de la sumatoria de votación obtenida por los partidos políticos, que es de 338, situación que atenta de manera flagrante contra el principio de certeza y pone en duda el resultado de la votación en la presente casilla por lo que es dable declarar la nulidad de la votación recibida.

En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente a la presente casilla, el número de boletas extraídas de la urna aparece en blanco, razón por la cual resulta imposible tener la certeza si es mayor o menor el número de ciudadanos que sufragaron conforme a la lista nominal de esta casilla, que es de 383, lo cual resulta determinante entre el primer y segundo lugar actualizándose la causal de nulidad invocada.             

En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente, el total de boletas extraídas de la urna aparece en blanco, razón por la cual resulta imposible determinar si es mayor o menor a la sumatoria de votación obtenida por los partidos políticos, que es de 338.

En el acta de escrutinio y cómputo de la presente casilla, aparece que, el número de boletas sobrantes es de 261; más el número de boletas extraídas de la urna que es de 262; dan una cantidad de 523; monto que supera el total de boletas entregadas que fueron 261; tal y como consta en la jornada electoral y el acta de escrutinio y cómputo.

En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente a la casilla impugnada, el total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal aparece en blanco, razón por la cual es imposible tener la certeza de que coincide con la sumatoria de votación obtenida por los partidos políticos, que es de 262 situación que atenta de manera flagrante contre el principio de certeza y pone en duda el resultado de la votación en la presente casilla por lo que es dable declarar la nulidad de la votación recibida.

En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente a la presente casilla, el número de boletas extraídas de la urna es de 262, lo que resulta mayor al número de ciudadanos que sufragaron conforme a la lista nominal de esta casilla, que es de 261, lo cual resulta determinante en el primer y segundo lugar actualizándose la causal de nulidad invocada.

En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente, el número de boletas recibidas es de 261, cantidad que difiere de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de esta casilla, que es de 262.

En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente, el número de boletas recibidas es de 417, cantidad que difiere de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de esta casilla, que es de 569.

En el acta de escrutinio y cómputo de la presente casilla, aparece que, el número de boletas sobrantes es de 138; más el número de boletas extraídas de la urna que es 304; dan una cantidad de 442; monto que supera al total de boletas entregadas que fueron 409; tal y como consta en la jornada electoral y el acta de escrutinio y cómputo.

En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente a la casilla impugnada, el total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal refiere un total de 271, cantidad que difiere de la sumatoria de votación obtenida por los partidos políticos, que es de 304, situación que atenta de manera flagrante contra el principio de certeza y pone en duda el resultado de la votación en la presente casilla por lo que es dable declarar la nulidad de la votación recibida.

En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente a la presente casilla, el número de boletas extraídas de la urna es de 304, lo que resulta mayor al número de ciudadanos que sufragaron conforme a la lista nominal de esta casilla, que es de 271, lo cual resulta determinante entre el primer y segundo lugar actualizándose la causal de nulidad invocada.             

En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente, el total de boletas extraídas de la urna es de 271, cantidad que difiere de la sumatoria de votación obtenida por los partidos políticos, que es de 304.

En el acta de escrutinio y cómputo de la presente casilla, aparece que, el número de boletas sobrantes es de 193; más el número de boletas extraídas de la urna que es de 315; dan una cantidad de 508; monto que supera al total de boletas entregadas que fueron 509; tal y como consta en la jornada electoral y el acta de escrutinio y cómputo.

En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente a la casilla impugnada, el total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal refiere un total de 315, cantidad que difiere de la sumatoria de votación obtenida por los partidos políticos, que es de 317, situación que atenta de manera flagrante contra el principio de certeza y pone en duda el resultado de la votación en la presente casilla por lo que es dable declarar la nulidad de la votación recibida.

En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente a la presente casilla, el número de boletas extraídas de la urna es de 317, lo que resulta mayor al número de ciudadanos que sufragaron conforme a la lista nominal de esta casilla, que es de 315, lo cual resulta determinante entre el primer y segundo lugar actualizándose la causal de nulidad invocada.             

En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente, el total de boletas extraídas de la urna es de 317, cantidad que difiere de la sumatoria de votación obtenida por los partidos políticos, que es de 315.

En el acta de escrutinio y cómputo de la presente casilla, aparece que, el número de boletas sobrantes es de 240; más el número de boletas extraídas de la urna que es 271; dan una cantidad de 511; monto que supera al total de boletas entregadas que fueron 509; tal y como consta en la jornada electoral y el acta de escrutinio y cómputo.

En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente a la casilla impugnada, el total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal refiere un total de 270, cantidad que difiere de la sumatoria de votación obtenida por los partidos políticos, que es de 272, situación que atenta de manera flagrante contra el principio de certeza y pone en duda el resultado de la votación en la presente casilla por lo que es dable declarar la nulidad de la votación recibida.

En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente a la presente casilla, el número de boletas extraídas de la urna es de 272, lo que resulta mayor al número de ciudadanos que sufragaron conforme a la lista nominal de esta casilla, que es de 270, lo cual resulta determinante entre el primer y segundo lugar actualizándose la causal de nulidad invocada.             

En el acta de escrutinio y cómputo de la presente casilla, aparece que, el número de boletas sobrantes es de 267; más el número de boletas extraídas de la urna que es de 306; dan una cantidad de 673; monto que supera al total de boletas entregadas que fueron 346; tal y como consta en la jornada electoral y el acta de escrutinio y cómputo.

En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente a la casilla impugnada, el total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal refiere un total de 306, cantidad que difiere de la sumatoria de votación obtenida por los partidos políticos, que es de 304, situación que atenta de manera flagrante contra el principio de certeza y pone en duda el resultado de la votación en la presente casilla por lo que es dable declarar la nulidad de la votación recibida.

En el acta de escrutinio y cómputo de la presente casilla, aparece que, el número de boletas sobrantes es de 267; más el número de boletas extraídas de la urna que es de 277; dan una cantidad de 544; monto que supera al total de boletas entregadas que fueron 547; tal y como consta en la jornada electoral y el acta de escrutinio y cómputo.

En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente a la casilla impugnada, el total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal refiere un total de 285, cantidad que difiere de la sumatoria de votación obtenida por los partidos políticos, que es de 268, situación que atenta de manera flagrante contra el principio de certeza y pone en duda el resultado de la votación en la presente casilla por lo que es dable declarar la nulidad de la votación recibida.

En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente a la presente casilla, el número de boletas extraídas de la urna es de 277, lo que resulta inferior mayor al número de ciudadanos que sufragaron conforme a la lista nominal de esta casilla, que es de 285, lo cual resulta determinante entre el primer y segundo lugar actualizándose la causal de nulidad invocada.             

En el acta de escrutinio y cómputo de la presente casilla aparece que, el número de boletas sobrantes es de 256; más el número de boletas extraídas de la urna que es de 270; dan una cantidad de 526; monto que supera al total de boletas entregadas que fueron 548; tal y como consta en la jornada electoral y del acta de escrutinio y cómputo.

En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente a la casilla impugnada, el total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal refiere un total de 290, cantidad que difiere de la sumatoria de votación obtenida por los partidos políticos, que es de 282, situación que atenta de manera flagrante contra el principio de certeza y pone en duda el resultado de la votación en la presente casilla por lo que es dable declarar la nulidad de la votación recibida.

En el acta de escrutinio y cómputo correspondiente a la presente casilla, el número de boletas extraídas de la urna es 9, lo que resulta inferior al número de ciudadanos que sufragaron conforme a la lista nominal de esta casilla, que es de 290, lo cual resulta determinante entre el primer y segundo lugar actualizándose la causal de nulidad invocada.

En el acta de escrutinio y cómputo de la presente casilla aparece que el número de boletas extraídas es de 324 pero en el resultado de la votación obtenida por los diferentes partidos es de 315.

En el acta de escrutinio y cómputo de la presente casilla aparece que el número de boletas extraídas es de 346 pero en el resultado de la votación obtenida por los diferentes partidos es de 386.

En el acta de escrutinio y cómputo de la presente casilla aparece que se inutilizaron y extrajeron 3 boletas menos que las que recibieron según la misma acta.

En el acta de escrutinio y cómputo de la presente casilla aparece que el número de boletas extraídas más las boletas inutilizadas son 3 menos que las boletas recibidas.

 En el acta de escrutinio y cómputo de la presente casilla aparece que el número de boletas extraídas más las boletas inutilizadas son 2 menos que las boletas recibidas.

En el acta de escrutinio y cómputo de la presente casilla aparece que el número de boletas extraídas son 4 más que la votación de los partidos.

En el acta de escrutinio y cómputo de la presente casilla aparece que el número de boletas extraídas más las boletas inutilizadas son 9 menos que las boletas recibidas.

En el acta de escrutinio y cómputo de la presente casilla aparece que el número de boletas extraídas más las boletas inutilizadas son 111 menos que las boletas recibidas.

En el acta de escrutinio y cómputo de la presente casilla aparece que el número de boletas extraídas más las boletas inutilizadas son 2 menos que las boletas recibidas.

En el acta de escrutinio y cómputo de la presente casilla aparece que el número de boletas recibidas es de 683, cantidad que difiere de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de esta casilla que es de 338.

En el acta de escrutinio y cómputo de la presente casilla aparece que se inutilizaron y extrajeron 11 boletas más que las que recibieron según la misma acta.

En el acta de escrutinio y cómputo de la presente casilla aparece que el número de boletas extraídas es de 338 pero en el resultado de la votación obtenida por los diferentes partidos es de 333.

En el acta de escrutinio y cómputo de la presente casilla aparece que se inutilizaron y extrajeron 1 boleta menos que las que recibieron según la misma acta.

En el acta de escrutinio y cómputo de la presente casilla aparece que se inutilizaron y extrajeron 179 boletas más que las que recibieron según la misma acta.

En el acta de escrutinio y cómputo de la presente casilla aparece que el número de boletas extraídas es de 331 pero en el resultado de la votación obtenida por los diferentes partidos es de 349.

En el acta de escrutinio y cómputo de la presente casilla aparece que se inutilizaron y extrajeron 2 boletas menos que las que recibieron según la misma acta.

En el acta de escrutinio y cómputo de la presente casilla aparece que se inutilizaron y extrajeron 9 boletas menos que las que recibieron según la misma acta.

En el acta de escrutinio y cómputo de la presente casilla aparece que el número de boletas extraídas es de 310 pero en el resultado de la votación obtenida por los diferentes partidos es de 319.

En el acta de escrutinio y cómputo de la presente casilla aparece que el número de boletas extraídas es de 540, cantidad que difiere de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de esta casilla que es de 541.

En el acta de escrutinio y cómputo de la presente casilla aparece que se inutilizaron y extrajeron 239 boletas más que las que recibieron según la misma acta.

En el acta de escrutinio y cómputo de la presente casilla aparece que el número de boletas extraídas es de 209 pero el resultado de la votación obtenida por diferentes partidos es de 204.

Además los ciudadanos que votaron son 406 mientras que sólo se extrajeron 209 boletas.

En el acta de escrutinio y cómputo de la presente casilla aparece que se inutilizaron y extrajeron 10 boletas menos que las que se recibieron según la misma acta.

En el acta de escrutinio y cómputo de la presente casilla aparece que se inutilizaron y extrajeron 1 boleta más que las que recibieron según la misma acta.

En el acta de escrutinio y cómputo de la presente casilla aparece que el número de boletas extraídas es de 243 pero en el resultado de a votación obtenida por los diferentes partidos es de 237.

En el acta de escrutinio y cómputo de la presente casilla aparece que se inutilizaron y extrajeron 2 boletas más que las que recibieron según la misma acta.

En el acta de escrutinio y cómputo de la presente casilla aparece que el número de boletas extraídas es de 295 pero en el resultado de la votación obtenida por los diferentes partidos es de 297.

En todos los casos referidos anteriormente, es de considerarse que existió error en la computación de los votos.

Factor determinante

La suma total de los errores en la computación de los votos, es determinante para el resultado de la casilla impugnada y para el resultado total obtenido en la misma en virtud de que dicho dolo o error es grave y determinante, beneficiando así al Partido Revolucionario Institucional; por lo que de no haber existido el dolo o error de parte de los funcionarios de las mesas directivas de casilla en comento, el resultado final hubiera sido el siguiente:

Con relación a los hechos que se plantean en el presente medio de impugnación de manera oportuna se presentaron los escritos correspondientes denuncia, incidentes y/o protesta.

Así mismo los hechos que anteceden constituyen irregularidades que configuran la causal de nulidad de la votación, prevista en el artículo 310 fracción IV de la Ley Electoral del Estado; lo que tiene sustento legal en los siguientes:

Agravios y preceptos legales violados

A) El haber mediado dolo o error en el escrutinio y cómputo de los votos, causa agravio al Partido Revolucionario Institucional, ya que en forma evidente ponen en duda la certeza de la votación, además de ser factor determinante para el resultado de la misma, lo que implica una clara violación a las disposiciones aplicables a la materia, así como a los principios constitucionales de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia y objetividad que deben regir invariablemente todos y cada uno de los actos electorales, lo que configura perjuicios irreparables para mi representado, y actualiza la causal de nulidad prevista por la fracción IV del artículo 310 de la Ley de la materia, y contraviniendo los artículos del mismo ordenamiento, que a continuación se hacen referencia.

Artículo 231 del ordenamiento invocado, establece que:

Artículo 231.Una vez cerrada la votación, llenado y firmado el apartado correspondiente del acta de la jornada electoral, los integrantes de la mesa directiva de casilla, procederán al escrutinio y cómputo de los votos sufragados en la casilla.

 Por otro lado el artículo 233 del mismo ordenamiento refiere:

Artículo 233. Se entiende por voto nulo aquel expresado por un elector en una boleta que depositó en la urna, pero que no marcó ningún círculo; más de un círculo o fuera del círculo en el que se contenga el emblema de un partido político o coalición.

Así mismo el artículo 236 dispone:

Artículo 236. El escrutinio y cómputo de cada elección se realizará conforme a las reglas siguientes:

I. El Secretario de la mesa directiva de la casilla contará las boletas sobrantes; las inutilizará por medio de dos rayas diagonales y anotará el número de éstas en el acta del escrutinio y cómputo;

II. El primer Escrutador contará el número de electores que votaron con-forme al listado nominal de electores en la casilla;

III. El Secretario abrirá la urna, sacará las boletas depositadas por los electores y mostrará a los presentes que la urna quedó vacía;

IV. El segundo Escrutador contará las boletas extraídas de la urna;

V. El Presidente, auxiliado por los escrutadores, clasificará las boletas para determinar:

a) El número de votos emitidos a favor de cada uno de los partidos políticos o candidatos; y

b) El número de votos que resulten anulados.

VI. El Secretario anotará en hojas por separado los resultados de cada una de las operaciones señaladas en las fracciones anteriores, los que una vez verificados, transcribirá en las respectivas actas de escrutinio y cómputo de cada elección.

El artículo 237 de la misma Ley especifica que: “Para determinar la validez o nulidad de los votos se observarán las reglas siguientes:

Artículo 237. Para determinar la validez o nulidad de los votos, se observarán las reglas siguientes:

I. Se contará un voto válido por la marca que haga el elector en un solo círculo en el que se contenga el emblema de un partido político o coalición;

II. Se contará como nulo cualquier voto emitido en forma distinta de la señalada; y

III. Los votos emitidos a favor de candidatos no registrados se asentarán en el acta por separado.

B) De todo lo anterior podemos señalar, que con tales irregularidades por demás ilegales suscitadas en las casillas que se impugnan son determinantes en el resultado de la votación obtenida entre los partidos contendientes y el partido político que represento, toda vez de no ocurrir tal irregularidad, el resultado de la votación fuera otro.

Los datos antes desarrollados aparecen en todas y cada una de las actas de escrutinio y cómputo de las casillas que se impugnan y que se ofrecen como prueba en el capítulo correspondiente; en razón de lo anterior, debe operar la causa de nulidad prevista en el artículo 310 fracción IV de la Ley de la materia, por ser claro el error y el dolo en la elección de diputados y por estar acreditado el factor determinante.

Del estudio previo de las casillas vale tener en cuenta que los datos que deben verificarse para determinar si existió error en la computación de los votos, son los que se asientan en el acta de escrutinio y cómputo de casilla, en su caso, los del acta levantada por el Consejo Distrital, relativos a:

1. Total de boletas sobrantes (no usadas), que fueron inutilizadas y quedaron adheridas al talón, de la elección de diputados.

2. Total de boletas de la elección de diputados por el Distrito Electoral No. VIII, de Cabo San Lucas que fueron encontradas dentro de las urnas.

3. Total de electores que votaron inscritos en la lista nominal, incluyendo a los representantes de los partidos políticos.

En todos los datos debe existir coincidencia, toda vez que el número de electores que sufragaron en la casilla, debe ser idéntico al total de boletas extraídas de la urna correspondiente a la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, al total que resulte de sumar los votos computados a favor de cada partido político, candidatos no registrados y votos nulos.

Por todo lo anterior, resulta conveniente hacer referencia a los siguientes criterios jurisprudenciales a fin de robustecer los hechos y agravios antes aludidos:

 “ERROR EN EL ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LOS VOTOS. EL INTERÉS PARA IMPUGNARLO CORRESPONDE A CUALQUIERA DE LOS PARTIDOS CONTENDIENTES EN LA ELECCIÓN. Los elementos para considerar que un error en el escrutinio y cómputo de la votación recibida en una casilla es o no determinante para el resultado de la votación recibida, son diferentes a los que se deben tomar en consideración para conocer si los errores mencionados ocasionan o no un agravio a algún partido determinado que promueva un juicio de inconformidad. El error resulta determinante cuando se puede inferir válidamente que en la hipótesis de no haberse cometido, podría haber variado el partido político reconocido como triunfador en el acta correspondiente; y por esto, ordinariamente se establece una comparación entre el número de votos que alcanza el error detectado, con el que da la diferencia que existe entre los sufragios atribuidos al vencedor en la casilla y los reconocidos al partido político que se encuentra en el segundo lugar, para concluir que si el número de votos en que radica el error es mayor al de la diferencia mencionada, sí es determinante para el resultado de la votación, dado que, en el supuesto de que el número probable de votos no localizables por el error se hubieran emitido en favor del que ocupó el segundo lugar, éste habría obtenido la victoria en la casilla, lo que claramente implicaría un cambio en el resultado de la votación. En cambio, la causación del agravio se da, en estos casos, para cualquiera de los partidos políticos que haya participado en la contienda, pues la satisfacción de los actos y formalidades pueden referirse a la validez de la votación recibida en cada casilla en particular, en lo que todos los contendientes tienen interés jurídico, como porque también puede trascender para la posible nulidad de la elección, toda vez que conforme a los artículos 76 párrafo 1 inciso a), y 77 párrafo 1 inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios Impugnación en Materia Electoral, es causa de nulidad de una elección de diputado de mayoría relativa en un distrito electoral uninominal, o de una elección de senadores en una entidad federativa, el hecho de que alguna o algunas de las causales señaladas en el artículo 75 del ordenamiento invocado, se acrediten en por lo menos el veinte por ciento de las casillas en el distrito de que se trate, o en el veinte por ciento de las secciones de la entidad de que se trate; es decir, el agravio radicaría en la contravención a la normatividad electoral conforme a la que se debe recibir la votación, y la trascendencia de ésta estaría en que puede generar la nulidad de la votación y contribuir, en su caso, a la nulidad de la elección, inclusive, supuesto éste, en el cual pueden recibir beneficio hasta los partidos contendientes, que hubieran obtenido un número mínimo de votos o ninguno, porque daría lugar a la convocatoria a elecciones extraordinarias, en las cuales volverían a contender y tendrían la posibilidad hasta de alcanzar el triunfo.

 Sala Superior. S3EL 029/97

 Recurso de reconsideración. SUP-REC-071/97 y Acumulado. Partido de la Revolución Democrática. 5 de septiembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González”.

“ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN. El error debe entenderse como cualquier idea o expresión no conforme a la verdad o que tenga diferencia con el valor correcto y que jurídicamente implica la ausencia de mala fe; el dolo debe entenderse como una conducta que lleva implícita el engaño, el fraude, la simulación o la mentira. El error o dolo será determinante, para el resultado de la votación entre otros casos, cuando el número de votos computados en exceso, resulte igual o mayor a la diferencia numérica de los votos obtenidos por los partidos que ocuparon el primero y segundo lugar de la votación, ya que de no haber existido, el partido que le correspondió el segundo lugar podría haber alcanzado el mayor número de votos”.

“ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS, ELEMENTOS QUE DEBE CONSIDERAR EL JUZGADOR PARA EL ANÁLISIS DE LA CAUSA DE NULIDAD POR. Esta causal de nulidad se compone de tres elementos: 1) Error o dolo en la computación de los votos; 2) Que ese error o dolo beneficie a uno de los candidatos o fórmula de candidatos; 3) Que esto sea determinante para el resultado de la votación. Por lo anterior, el error debe entenderse en el sentido clásico de cualquier idea o expresión no conforme a la verdad o que tenga diferencia con el valor exacto y que jurídicamente implica la ausencia de mala fe; por lo contrario, el dolo es una conducta que lleva implícito el engaño, fraude, simulación o mentira; por lo que el juzgador deberá analizar primeramente la situación anómala respecto a éstos, y sólo indirectamente los datos sobre otros documentos como son las boletas entregadas y las sobrantes o inutilizadas, que sólo serán tomadas en cuenta como indicadores adicionales y complementarios. Por lo que respecta a que el error o dolo beneficie a un candidato o fórmula, obliga al juzgador a hacer un análisis de los otros dos elementos de esta causal para determinar si hubo o no el mencionado beneficio; y por cuanto hace a que el error o dolo sea determinante para el resultado de la votación, el juzgador tiene que recurrir principalmente al análisis numérico, teniendo en cuenta que éste no necesariamente es el presupuesto definitorio”.

 “ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. ANÁLISIS DE LA CAUSAL DE NULIDAD CUANDO APARECEN EN BLANCO DATOS CONTENIDOS EN EL ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. En los recursos de inconformidad en que se ha hecho valer la causa de nulidad de error o dolo en la computación de los votos, la Sala Central del Tribunal Federal Electoral, al advertir la existencia de datos en el blanco en las actas de escrutinio y cómputo, ha sostenido los criterios siguientes: a).- Si en las copias certificadas de las actas de escrutinio y cómputo de las casillas cuya votación fue impugnada y debidamente protestada por error en el cómputo de los votos, se aprecia según espacio en blanco e ilegible respecto de los rubros de: boletas recibidas, ciudadanos inscritos y la lista nominal, número de boletas sobrantes e inutilizadas, total de boletas extraídas de la urna y total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal, cabe revisar el resto del contenido de tales actas, así como el de cualquiera otra de las pruebas documentales que obren en autos, a fin de establecer si de ellas se desprende el dato faltante o ilegible, o bien, si el cotejo que se haga de los restantes datos contenidos en el acta de escrutinio y cómputo se deduce que la diferencia existente entre los mismos no es determinante para el resultado de la votación recibida en la casilla; b).- No se actualiza la causal de nulidad prevista en el artículo 287, párrafo 1, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en los casos en que el acta de escrutinio y cómputo no se haya asentado el dato de votos extraídos de la urna, si al estudiar otros datos de la misma acta se comprueba que al sumar las cantidades correspondientes a votación emitida y a boletas sobrantes e inutilizadas, resulta un número similar o igual al de boletas recibidas, o cuando la diferencia entre la votación emitida y el número de electores que votaron no sea determinante para modificar el resultado de la votación, en atención a que la diferencia entre el partido político que obtuvo el primer lugar y el que obtuvo el segundo sea mayor a los votos computados de manera irregular; c).- Cuando en el acta de escrutinio y cómputo levantada en la casilla aparecen en blanco los rubros tanto del total de electores que votaron conforme a la lista nominal como el de votos extraídos de la urna, y los mismos no pueden extraerse de ningún otro documento que obra en el expediente, se considera que se vulnera el principio de certeza, por lo que procede declarar la nulidad de la votación recibida en la casilla.

 SC-I-RIN-062/94 y Acumulado. Partido de la Revolución Democrática. 29-IX-94. Unanimidad de votos.

 SC-I-RIN-052/94 y Acumulados. Partido de la Revolución Democrática. 5-X-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-069/94 y Acumulado. Partido de la Revolución Democrática. 5-X-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-115/94 y Acumulado. Partido de la Revolución Democrática. 5-X-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-122/94. Partido Acción Nacional. 5-X-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-128/94 y Acumulado. Partido de la Revolución Democrática. 5-X-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-183/94. Partido de la Revolución Democrática. 5-X-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-198/94. Partido Acción Nacional. 5-X-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-241/94. Partido de la Revolución Democrática. 10-X-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-175/94. Partido de la Revolución Democrática. 12-X-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-063/94. Partido de la Revolución Democrática. 14-X-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-218/94. Partido de la Revolución Democrática. 14-X-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-015/94. Partido de la Revolución Democrática. 21-X-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-068/94 y Acumulado. Partido de la Revolución Democrática. 21-X-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-098/94 y Acumulado. Partido de la Revolución Democrática. 21-X-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-113/94 y Acumulado. Partido de la Revolución Democrática. 21-X-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-124/94 y Acumulado. Partido de la Revolución Democrática. 21-X-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-129/94 y Acumulado. Partido de la Revolución Democrática. 21-X-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-173/94. Partido de la Revolución Democrática. 21-X-94. Unanimidad de votos”.

“ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. EN QUE CASO LA DIFERENCIA ENTRE EL NÚMERO DE BOLETAS ENTREGADAS Y LAS SOBRANTES E INUTILIZADAS CONFIGURA LA CAUSAL DE NULIDAD. Conforme a la normatividad aplicable en el proceso electoral de 1991, si bien es cierto estaba ya en vigor lo dispuesto por el artículo 208, párrafo 1, inciso d) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, según el cual los Presidentes de los Consejos Distritales deben entregar a cada Presidente de mesa directiva las boletas para cada elección, en número igual al de los electores que figuren en la lista nominal para cada casilla de la sección, también es verdad que no se habían implantado los controles para el exacto cumplimiento de esta disposición, situación que cambió en forma importante para el proceso electoral de 1994, al haberse establecido la entrega de boletas fijadas a talones numerados; asimismo, cabe precisar que en el proceso electoral de 1991, el acta final de escrutinio y cómputo de la casilla no contenía el dato relativo a boletas recibidas, mismo que sólo figuraba en el acta de instalación; sin embargo, para el proceso electoral de 1994, se incluyó ese dato en el acta de escrutinio y cómputo, por lo tanto, forma parte de los rubros que son materia de análisis jurisdiccional cuando se hace valer la causal de error o dolo en la computación de los votos. Por tales razones, si resulta evidente que la suma de las cantidades correspondientes a votación emitida y depositada en la urna y a boletas sobrantes e inutilizadas es mayor que el número de boletas recibidas, debe concluirse que hubo votos ilegítimos o que se cometió un error en la computación y, por lo tanto, si el monto es superior a la diferencia entre la votación recibida por los partidos que obtuvieron, respectivamente, el primero y segundo lugar en la casilla, tal irregularidad es determinante para el resultado de la votación y se actualiza la causal de nulidad prevista por el artículo 287, párrafo 1, inciso f) del Código de la materia.

SC-I-RIN-180/94 y Acumulado. Partido de la Revolución Democrática. 21-IX-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-100/94 y Acumulado. Partido de la Revolución Democrática. 29-IX-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-110/94 y Acumulados. Partido de la Revolución Democrática. 29-IX-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-069/94 y Acumulado. Partido de la Revolución Democrática. 5-X-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-115/94 y Acumulado. Partido de la Revolución Democrática. 5-X-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-123/94 y Acumulado. Partido Acción Nacional. 5-X-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-128/94 y Acumulado. Partido de la Revolución Democrática. 5-X-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-161/94 y Acumulado. Partido de la Revolución Democrática. 5-X-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-183/94. Partido de la Revolución Democrática. 5-X-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-198/94. Partido Acción Nacional. 5-X-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-205/94 y Acumulado. Partido de la Revolución Democrática. 5-X-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-068/94 y Acumulado. Partido de la Revolución Democrática. 21-X-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-098/94 y Acumulado. Partido de la Revolución Democrática. 21-X-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-113/94 y Acumulado. Partido de la Revolución Democrática. 21-X-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-129/94 y Acumulado. Partido de la Revolución Democrática. 21-X-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-160/94 y Acumulado. Partido de la Revolución Democrática. 21-X-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-182/94. Partido de la Revolución Democrática. 21-X-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-206/94 y Acumulado. Partido de la Revolución Democrática. 21-X-94. Unanimidad de votos”.

“ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. QUE DEBE ENTENDERSE POR BOLETAS CONTABILIZADAS DE MANERA IRREGULAR PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSAL DE NULIDAD. Por boletas contabilizadas de manera irregular debe entenderse la diferencia que, en su caso, resulte de comparar el número de boletas recibidas en la casilla para la elección respectiva, con las cifras derivadas de la suma de las boletas sobrantes e inutilizadas, del número de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal de electores, del número de boletas extraídas de la urna, y de la votación emitida, tomando en cuenta que de haber alguna diferencia entre tales cantidades, existiría un error cuya naturaleza podría incidir en el cómputo de los votos.

SC-I-RIN-039/94. Partido de la Revolución Democrática. 5-X-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-194/94 y Acumulado. Partido de la Revolución Democrática. 5-X-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-041/94. Partido de la Revolución Democrática. 12-X-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-120/94. Partido Acción Nacional. 12-X-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-013/94. Partido de la Revolución Democrática. 14-X-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-063/94. Partido de la Revolución Democrática. 14-X-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-065/94. Partido Acción Nacional. 14-X-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-191/94 y Acumulado. Partido de la Revolución Democrática. 14-X-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-218/94. Partido de la Revolución Democrática. 14-X-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-015/94. Partido de la Revolución Democrática. 21-X-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-031/94 y Acumulado. Partido de la Revolución Democrática. 21-X-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-042/94 y Acumulado. Partido de la Revolución Democrática. 21-X-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-193/94 y Acumulado. Partido de la Revolución Democrática. 21-X-94. Unanimidad de votos”.

“ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. QUE DEBE ENTENDERSE POR VOTACIÓN EMITIDA Y DEPOSITADA EN LA URNA PARA EFECTOS DE LA CAUSAL DE NULIDAD. Por votación emitida y depositada en la urna debe entenderse la cantidad que resulta de sumar los votos depositados a favor de los diversos partidos políticos y de los candidatos no registrados, así como el número de votos nulos, de acuerdo con la terminología utilizada en las propias actas de escrutinio y cómputo.

SC-I-RIN-029/94 y Acumulado. Partido de la Revolución Democrática. 29-IX-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-062/94 y Acumulado. Partido de la Revolución Democrática. 29-IX-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-016/94. Partido de la Revolución Democrática. 5-X-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-039/94. Partido de la Revolución Democrática. 5-X-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-122/94. Partido Acción Nacional. 5-X-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-194/94 y Acumulado. Partido de la Revolución Democrática. 5-X-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-041/94. Partido de la Revolución Democrática. 12-X-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-120/94. Partido Acción Nacional. 12-X-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-013/94. Partido de la Revolución Democrática. 14-X-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-063/94. Partido de la Revolución Democrática. 14-X-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-065/94. Partido Acción Nacional. 14-X-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-191/94 y Acumulado. Partido de la Revolución Democrática. 14-X-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-218/94. Partido de la Revolución Democrática. 14-X-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-015/94. Partido de la Revolución Democrática. 21-X-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-031/94 y Acumulado. Partido de la Revolución Democrática. 21-X-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-042/94 y Acumulado. Partido de la Revolución Democrática. 21-X-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-193/94 y Acumulado. Partido de la Revolución Democrática. 21-X-94. Unanimidad de votos”.

“ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. QUE DEBE ENTENDERSE POR VOTOS COMPUTADOS DE MANERA IRREGULAR PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSAL DE NULIDAD. Atendiendo a la terminología de las resoluciones del Tribunal Federal Electoral, los votos computados de manera irregular son los que resulten de las discrepancias que existan entre las cifras relativas a los siguientes rubros: ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal, boletas extraídas de la urna y votación emitida y depositada en la urna; ello por estimarse que la diferencia resultante podría traducirse en un error en el cómputo de los votos.

SC-I-RIN-029/94 y Acumulado. Partido de la Revolución Democrática. 29-IX-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-062/94 y Acumulado. Partido de la Revolución Democrática. 29-IX-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-016/94. Partido de la Revolución Democrática. 5-X-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-039/94. Partido de la Revolución Democrática. 5-X-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-122/94. Partido Acción Nacional. 5-X-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-194/94 y Acumulado. Partido de la Revolución Democrática. 5-X-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-041/94. Partido de la Revolución Democrática. 12-X-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-120/94. Partido Acción Nacional. 12-X-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-013/94. Partido de la Revolución Democrática. 14-X-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-063/94. Partido de la Revolución Democrática. 14-X-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-065/94. Partido de la Revolución Democrática. 14-X-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-191/94 y Acumulado. Partido de la Revolución Democrática. 14-X-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-218/94. Partido de la Revolución Democrática. 14-X-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-015/94. Partido de la Revolución Democrática. 21-X-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-031/94 y Acumulado. Partido de la Revolución Democrática. 21-X-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-042/94 y Acumulado. Partido de la Revolución Democrática. 21-X-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-193/94 y Acumulado. Partido de la Revolución Democrática. 21-X-94. Unanimidad de votos”.

 “ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO EXISTA UNA GRAN DISPARIDAD SIN JUSTIFICACIÓN EN LOS DATOS ASENTADOS EN EL ACTA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NO SE ALTERE EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN EN LA CASILLA, PROCEDE DECLARAR LA NULIDAD POR LA CAUSAL DE. Cuando a juicio del juzgador exista una gran disparidad injustificada entre las cifras asentadas en el acta de escrutinio y cómputo de una casilla, relativas al número de ciudadanos inscritos en el listado nominal de electores, al número de boletas recibidas, al número de boletas sobrantes y al de boletas extraídas de la urna, se está en presencia de un error sustancial que pone en duda el cumplimiento del principio constitucional de certeza que rige a la función electoral, por lo que dicha grave irregularidad, aun cuando no altere el resultado de la votación en la casilla, actualiza la causal de nulidad prevista en el artículo 287 párrafo 1, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos electorales.

 SI-REC-073/94. Partido de la Revolución Democrática. 19-X-94. Unanimidad de votos”.

“ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. ALCANCE DE LA FACULTAD DE SUPLENCIA CUANDO SE HACE VALER LA CAUSAL DE NULIDAD.- Si el recurrente en ningún caso puntualiza ni cuantifica en qué consisten las diferencias o discrepancias o error que hace valer en el escrutinio y cómputo de la votación recibida en una casilla, con fundamento en el artículo 316, párrafo 4, inciso d) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, procede suplir la deficiencia en la argumentación del agravio, a efecto de verificar si en los rubros de el acta de escrutinio y cómputo respectiva, existen correspondencias o discrepancias, para en su caso, ponderar la magnitud de las mismas, y estar así en condiciones de apreciar si hay error y si éste es determinante para el resultado del la votación emitida en las respectivas causas, es decir, para establecer si se actualiza o no la causal de nulidad prevista en el artículo 287, párrafo 1, inciso f), del Código de la materia.

 SC-I-RIN-199/94. Partido de la Revolución Democrática.  5-X-94. Unanimidad de votos”.

“ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CASO EN QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD POR VIOLARSE EL PRINCIPIO DE CERTEZA.- Cuando de la confrontación de todos y cada uno de los datos contenidos en el acta de escrutinio y cómputo, se observa que no existe congruencia entre todas las cifras anotadas, e independientemente de que las diferencias de las inconsistencias entre dichas cifras sean menores en cuantía que el margen de votos obtenidos por el partido político que ocupó el primer lugar y el que obtuvo el segundo, si a juicio de las Salas constituyen un número significativo de votos computados irregularmente, debe considerarse que se vulnera el principio de certeza que ha sido elevado al rango constitucional y que, en consecuencia, procede anular la votación recibida en la casilla respectiva.

 SC-I-RIN.239/94. Partido de la Revolución Democrática. 10-X-94. Unanimidad de votos.

 SC-I-RIN-241/94. Partido de la Revolución Democrática. 10-X-94. Unanimidad de votos”.

 Se ofrece la documental pública consistente en todas las actas de escrutinio y cómputo de las casillas instaladas en el Municipio de Los Cabos las cuales solicito que se requieran por su conducto ante la autoridad electoral correspondiente en razón de que hasta la fecha no han sido entregadas a mi representada no obstante haberlas solicitado como lo demuestro con el escrito de solicitud que acompaño. La presente prueba tiene por objeto demostrar las violaciones cometidas en contra de mi representada y que se señalan en los párrafos anteriores del presente escrito en relación con la causal que establece el artículo 310 fracción cuarta.

 En relación con lo previsto por la fracción IX del artículo 310 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur que señala: “se declarará la nulidad de las votaciones recibidas en una casilla, únicamente en los siguientes casos... la recepción de votación por personas u organismos distintos a los facultados por esta Ley”; este se actualiza en la siguientes casillas;

 Hechos

 En las casillas que en este apartado se impugnan, la recepción de la votación se efectuó por personas distintas a las legalmente facultadas para ello como se desprende de las actas de jornada electoral y de el encarte definitivo así como del acuerdo en donde se aprobó a los funcionarios de casilla, pruebas que adminiculadas entre sí, dan convicción plena de lo aquí aseverado; en este tenor, el artículo 115 de la Ley Electoral del Estado, establece que las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos y los requisitos que deben cumplir, así mismo el artículo 119 refiere que estos estarán facultados para instalar y clausurar la casilla, la recepción, escrutinio y cómputo del sufragio emitido, respetar y hacer respetar la libre emisión del sufragio, garantizar el secreto del voto y asegurar la autenticidad del escrutinio y cómputo.

 1. Por su parte, el artículo 116 del propio cuerpo de leyes indica que las mesas directivas de casilla se integran con un presidente, un secretario, dos escrutadores y tres suplentes generales, que cubrirán indistintamente a los titulares, quienes serán designados mediante el método de insaculación.

 3. Durante el mes de octubre del año próximo pasado, los comités distritales electorales sortearon a un veinte por ciento de los ciudadanos de cada sección electoral que se encuentren comprendidos en los listados básicos.

 4. Los ciudadanos seleccionados recibieron capacitación e instrucción electoral para el desempeño de cualquiera de las funciones que corresponda a las mesas directivas de casilla.

 5. Los Comités Distritales Electorales, realizaron una evaluación objetiva para seleccionar de entre dichos ciudadanos a los más aptos, efectuándose una segunda insaculación de éstos en el mes de diciembre.

 Artículo 117. El procedimiento para designar a los integrantes de las mesas directivas de casilla se sujetará a las siguientes disposiciones:

I. Recibida la información del número de ciudadanos empadronados en la lista nominal de las secciones comprendidas en el Distrito Electoral uninominal de que se trate, el Comité Distrital Electoral respectivo celebrará, a más tardar el día 20 de octubre del año anterior al de la elección, una sesión en la que su Presidente presentará al pleno del Comité el proyecto del número de casillas a instalarse, para su aprobación;

II. Del 21 al 25 de octubre del año anterior al de la elección, los Comités Distritales procederán a insacular de los listados básicos a un 20% de ciudadanos de cada Sección Electoral, sin que en ningún caso el número de ciudadanos insaculados sea menor a 25;

III. Los Comités Distritales harán una evaluación objetiva para seleccionar de entre dichos ciudadanos a los que resulten aptos;

IV. A los ciudadanos seleccionados se les impartirá un curso de capacitación durante el mes de noviembre del año anterior al de la elección;

V. Los Comités Distritales Electorales harán una relación de aquéllos ciudadanos que habiendo acreditado la capacitación correspondiente, no estén impedidos física o legalmente para desempeñar el cargo en los términos de esta Ley. De esta relación, los Comités Distritales insacularán a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla, dentro de los primeros diez días del mes de diciembre del año anterior al de la elección;

VI. Los Comités Distritales integrarán las mesas directivas con los ciudadanos insaculados, conforme al procedimiento descrito y determinarán según su idoneidad las funciones a desempeñar en la casilla.

Si a más tardar el diez de enero del año de la elección no se pudieron integrar las mesas directivas de casilla con los ciudadanos insaculados, el Presidente propondrá al Comité Distrital Electoral para su aprobación, a los ciudadanos para integrar las casillas restantes;

VII. Los Comités Distritales notificarán personalmente a los integrantes de la casilla sus respectivos nombramientos;

VIII. Los representantes de los partidos políticos podrán vigilar el desarrollo del procedimiento previsto por este artículo.

 Según nuestro marco electoral local, las casillas electorales se integran conciudadanos; el precitado ordenamiento legal establece el mecanismo por el cual en diversas etapas, se designa a los ciudadanos residentes en una sección electoral para fungir como miembros de las mesas directivas de casilla. En estas distintas etapas se insacula, se capacita y se evalúa a los ciudadanos residentes de una sección electoral a fin de integrar las mesas directivas de casilla con funcionarios electorales que den certeza y objetividad a los trabajos a desarrollar por estos órganos durante el desarrollo de la jornada electoral. Es de destacar, que la certeza como se mencionó y la objetividad, son principios rectores de todo proceso electoral según lo dispuesto en el precitado ordenamiento legal.

 Ahora bien para acreditar la ilegal integración de las casillas que en este apartado se impugnan, se ofrecen los siguientes cuadros esquemáticos:

 Para ilustración de esta instancia se pone a consideración el cuadro siguiente: