JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL.

EXPEDIENTE: SUP-JRC-090/2003.

ACTOR: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

AUTORIDAD RESPONSABLE: PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO.

MAGISTRADA PONENTE: ALFONSINA BERTA NAVARRO HIDALGO.

SECRETARIO: EUGENIO ISIDRO GERARDO PARTIDA SÁNCHEZ.

México, Distrito Federal, seis de junio de dos mil tres.

VISTOS para resolver los autos del juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-090/2003, promovido por el Partido de la Revolución Democrática, a través de su representante, en contra de la resolución emitida el veinticuatro de abril de dos mil tres, por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, al decidir el expediente JI/85/2003, integrado con motivo del juicio de inconformidad presentado por el propio instituto político actor; y,

R E S U L T A N D O :

I. El nueve de marzo de dos mil tres, en el Estado de México, se llevó a cabo la etapa de la jornada electoral, entre otras, de la elección de Ayuntamientos.

II. El doce del mes y año antes precisados, el Consejo Municipal Electoral de La Paz, Estado de México, realizó el cómputo de la elección de dicho ayuntamiento; declaró la validez de la misma y expidió la constancia de mayoría a la planilla registrada por la Coalición “Alianza para Todos”.

Los resultados fueron los siguientes:

III. En desacuerdo con lo anterior, el diecisiete de marzo de dos mil tres, el Partido de la Revolución Democrática, por conducto de su representante, promovió juicio de inconformidad. En él solicitó la nulidad de la votación recibida en diversas casillas instaladas en la demarcación territorial del Municipio de La Paz, Estado de México, alegando como causas de nulidad, las siguientes:

Nota: Las hipótesis de nulidad de votación recibida en casilla, se encuentran establecidas en las diferentes fracciones del artículo 298 del Código Electoral del Estado de México, cuyo contenido, en lo que interesa, dice:

“Artículo 298. La votación recibida en una casilla electoral será nula:

I. Cuando sin causa justificada, la casilla electoral se haya ubicado en distinto lugar al autorizado por el Consejo Electoral correspondiente;

...

IV. Cuando se ejerza violencia física o presión de alguna autoridad o particular sobre los funcionarios de la Mesa Directiva de Casilla o sobre los electores, de tal manera que afecte la libertad o el secreto del voto, y esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación en la casilla de que se trate;

V. Cuando exista cohecho o soborno sobre los funcionarios de la Mesa Directiva de Casilla o sobre los electores, de tal manera que se afecte la libertad o el secreto del voto, y esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación en la casilla de que se trate;

VI. Cuando se haya permitido sufragar a personas sin credencial para votar o hubiesen votado personas cuyos nombres no aparezcan en la lista nominal de electores, salvo los casos de excepción que señala este Código, y siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación;

...

VIII. Cuando la recepción o el cómputo de la votación fuere hecha por personas u órganos distintos a los facultados por este Código;

IX. Cuando se impida el acceso a las casillas a los representantes de los partidos políticos o se les expulse sin causa justificada;

X. Por haber mediado error o dolo en el cómputo de votos que beneficie a cualquiera de los candidatos, y sea determinante para el resultado de la votación;

...

XIII. Cuando existan irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral, que en forma evidente pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma”.

IV. El veinticuatro de abril del año en curso, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, resolvió el mencionado juicio de inconformidad, en el expediente número JI/85/2003; sentencia cuyas partes considerativa y resolutiva, en lo conducente, son del tenor siguiente:

“VII. El partido promovente manifiesta que se actualiza la causal de nulidad de la votación prescrita en la fracción I del artículo 298 del código electoral vigente en la entidad, en las casillas: 3943 B, 3943 C-1, 3943 C-2, 3943 C-3, 3944 B, 3966 C-1, 3983 B y 3989 C-1, porque en su concepto, se cambió la ubicación de la casilla, lo que motivó la desorientación de los electores, disminuyendo considerablemente la votación en perjuicio de su partido.

La ley de la materia establece el procedimiento que realizará la autoridad electoral correspondiente para determinar los lugares específicos donde se ubicarán las casillas, por lo que el legislador determinó ciertas condiciones que permitan el pleno ejercicio del derecho ciudadano de votar y que garanticen la salvaguarda y protección de los principios constitucionales que rigen en materia electoral, hecho que se traduce en la certeza o la verdad objetiva en el desarrollo de la jornada electoral en un ambiente de imparcialidad e igualdad para los partidos políticos contendientes. También la finalidad de la norma es que los electores acudan a la casilla que les corresponda, ciertos de que emitirán el sufragio de manera libre y secreta. En este sentido, el artículo 168 del código de la materia ordena que los lugares en que se ubicarán las casillas deberán reunir los siguientes requisitos: a) Hacer posible el fácil y libre acceso de los electores; b) Permitir la emisión secreta del voto; c) No ser casas habitadas por servidores públicos de confianza, federales, estatales o municipales, por funcionarios electorales o por dirigentes de partidos políticos, ni por candidatos registrados en la elección de que se trate; d) No ser establecimientos fabriles o sindicales, ni templos o locales de partidos políticos; y e) No ser locales en los que se expendan bebidas embriagantes. Para la ubicación de las casillas se dará preferencia a los edificios y escuelas públicas, cuando reúnan los requisitos indicados. Ninguna casilla se situará en la misma cuadra o manzana en la que esté ubicado el domicilio de algún local de cualquiera de los partidos políticos. En los artículos 169, 170, 171, 172 y 173 del código de la materia, se establece el procedimiento para determinar la ubicación geográfica de los lugares en que se recibirá la votación.

Se debe hacer la distinción entre domicilio y lugar de ubicación de las casillas electorales, pues no se puede considerar al primero como sinónimo del segundo, así como tampoco que éste se incluya en aquél; en efecto, domicilio es el lugar donde una determinada persona reside con el propósito de establecerse en él, por lo que el lugar de ubicación de las casillas, al ser un sitio geográfico en el que de manera eventual y exclusiva se desarrolla una de las etapas que conforman al proceso electoral como lo es la jornada electoral que dura unas cuantas horas, no puede ser considerado como domicilio de los integrantes de las mesas directivas de casilla o de los electores, sino únicamente un espacio físico en el que los funcionarios de casilla además de recepcionar los sufragios de los ciudadanos con derecho a votar, realizan el escrutinio, el cómputo y preparan los paquetes electorales que remitirán al consejo que corresponda. Así las cosas, el lugar de ubicación de las casillas electorales no es sinónimo de un domicilio. De donde se sigue que para determinar la procedencia de la causal de nulidad invocada por el partido político promovente del medio de impugnación que se resuelve, se debe considerar como lugar de ubicación al espacio físico en que se instaló la casilla electoral de que se trate.

Este Tribunal procede al análisis de la ubicación de cada una de las casillas que se impugnan por cambio de ubicación, para lo cual se procede a elaborar un cuadro gráfico que consta de cuatro columnas, la primera de ellas se refiere al número de casilla impugnada; en la segunda se asienta la dirección de ubicación legalmente autorizada por el correspondiente consejo electoral que fue publicada en el documento oficial denominado encarte; en la tercera se aprecia el lugar de ubicación que se asentó por parte de los integrantes de las mesas directivas de casilla en el acta de la jornada electoral; por último, la cuarta columna contiene los hechos ocurridos que se asentaron en las respectivas hojas de incidentes. La tabla comparativa en cuestión permite a este Tribunal determinar la presencia o no de la causal de nulidad aducida.

Ahora bien, en las mencionadas casillas, si bien es cierto que existen inconsistencias entre el domicilio autorizado previamente por la autoridad competente a través del denominado encarte y el asentado en el acta de la jornada electoral, documentales públicas que tienen pleno valor probatorio con base en los artículos 335 fracción I, 336, fracción I, inciso a), y 337, fracción I, ello no implica necesariamente que se tenga que decretar la nulidad de la votación recibida. En efecto, no le asiste la razón al inconforme en cuanto a que las direcciones asentadas en actas respecto del rubro del lugar de instalación de la casilla fueron distintas a las legalmente autorizadas, ya que contrario a lo presumido por el actor, las direcciones con datos omitidos o asentados de más por parte de los funcionarios de casilla resultan semejantes a los lugares previamente establecidos por el código electoral respectivo.

El hecho de que los integrantes de las casillas no hayan asentado en actas de manera exacta como lugar de ubicación aquellos que expresamente autorizó el consejo electoral, no significa que por ello hubo cambio de domicilio sin que medie causa justificada, pues las personas que actúan en las casillas electorales no son expertos en la materia, aunado a que al realizar las funciones electorales generalmente lo hacen guiándose por ciertos datos de identificación del lugar. Acorde a lo dispuesto por el artículo 168 parte final de la ley electoral en la entidad, para la ubicación de las casillas se dará preferencia a los edificios y escuelas públicas, lo que puede llegar a ocasionar que se manejen como datos de ubicación de alguna dirección aquellos que predominan en el conocimiento común de los habitantes del lugar; sin embargo, los datos en cuanto a la ubicación de las casillas, que en actas se anotaron, crean plena convicción en este Tribunal que la instalación fue legal.

Para arribar a la anterior conclusión debemos considerar que los lugares de ubicación de las casillas prescritos en el documento original denominado encarte, se conforman de los elementos oficiales previamente establecidos de nomenclatura para colonias, calles y números, pues para ello los consejos electorales correspondientes cuentan con el plazo suficiente, con el procedimiento legalmente regulado, con estudios previos de viabilidad de los lugares e incluso con la participación y vigilancia de los partidos políticos; lo anterior hace que en dichas publicaciones oficiales se contengan mayores datos que los asentados en actas por los integrantes de las mesas directivas de casilla. Aunado a lo anterior, las diferencias descritas en nada ponen en riesgo la certeza que deben tener electores y partidos políticos el día de la jornada electoral, los primeros para que puedan sufragar en un lugar cierto y determinado y los segundos para que puedan cumplir con su corresponsabilidad de organización, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, específicamente el día de la votación. Es cierto, la tabla comparativa que antecede pone en evidencia imperfecciones de forma de los funcionarios de casilla, lo que no se traduce en alguna transgresión al principio constitucional de certeza en materia electoral respecto del lugar al que determinados electores deben acudir para ejercer su derecho a votar. Además, los representantes del partido enjuiciante en cada una de las casillas impugnadas, no hicieron manifestación alguna en la hoja de incidentes, o en otra documental pública en materia electoral, que pudiera evidenciar el cambio de ubicación sin causa justificada.

En efecto, por lugar de ubicación de las casillas electorales no debe entenderse únicamente una dirección que se conforma con una colonia, una calle y un número, pues existen datos externos que a la postre garantizan su plena identificación. Este órgano colegiado ha sostenido el criterio que establece que por lugar de ubicación de la casilla debe entenderse un conjunto de signos que identifiquen el lugar, ya que la jornada electoral que se desarrolla específicamente en las casillas es una actividad realizada por un órgano no profesional que actúa a título gratuito; por tal motivo, las imperfecciones que resulten irrelevantes no deben producir la nulidad de la votación.

Bajo estas condiciones y ante la presencia de lo que puede considerarse como una divergencia de lugares entre el que debió ser objeto de la instalación de la casilla y el aparente asentado en actas, no significa circunstancia suficiente para considerar que se trata de una ubicación ilegal, pues como complemento se hace necesario que quien así lo impugne aporte las probanzas que convalide su dicho, en virtud de lo establecido en el artículo 340, último párrafo. Por el contrario, el encarte respectivo y las actas de la jornada electoral ponen de manifiesto única y exclusivamente una variación en la anotación del lugar de ubicación, lo que de ninguna manera es consecuencia de una diferencia geográfica o física, ya que tal circunstancia obedece a errores involuntarios de los miembros de un órgano desconcentrado del Instituto Electoral del Estado de México, como lo son las mesas directivas de casilla.

Así las cosas, este Tribunal considera insuficientes las pruebas ofrecidas por el actor para tener por actualizada la causal de nulidad de la votación que invoca, pues la falta de coincidencia gramatical de domicilios es exiguo para considerar una ubicación distinta; en consecuencia, se declara infundado el agravio que se resuelve.

VIII. El partido político actor aduce que en su opinión en las casillas 3948 C-1, 3950 B, 3950 C-2, 3950 C-3, 3950 C-4, 3956 B, 3965 B, 3965 C-2 y 3982 B se actualiza la causal de nulidad establecida en la fracción IV del artículo 298.

Para que pueda producirse la actualización de la causal de nulidad en comento es necesario que se den los siguientes elementos o condicionantes: a) Que con la violencia física o presión de alguna autoridad o particular sobre los funcionarios de la mesa directiva de casilla o sobre los electores, se afecte la libertad o secreto del voto; b) que esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación de que se trate.

La causal de referencia se relaciona con lo prescrito con el artículo 5 del código electoral vigente en la entidad, que establece como características del voto ciudadano, el ser universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible y prohíbe los actos que generen presión o coacción a los electores; por lo tanto, dicha causal de nulidad protege los valores de libertad, autenticidad y efectividad en la emisión de los sufragios de los electores, así como la integridad e imparcialidad en la actuación de los integrantes de la mesa directiva de casilla para lograr la certeza de que los resultados de la votación recibida en una casilla expresen fielmente la voluntad de los ciudadanos.

Violencia física es la coacción sobre la naturaleza y constitución corpórea de alguien y presión se concibe como la coacción a las costumbres o a las reglas de conducta. La violencia física o presión, considerando que puede ser a través de una omisión, deben ser realizadas por quien legalmente está investido de la potestad conferida y recibida para ejercer una función pública, es decir, por una autoridad; o bien por un particular, esto es, por una persona física que tiene carácter o calidad de privado. Así, los actos de violencia física o presión sancionados por la causal deben ocurrir con antelación a la emisión del voto como condición de afectación a la libertad de los electores al manifestar su voluntad política.

Por otro lado los sujetos pasivos que en su persona sufren la violencia física o presión proveniente de alguna autoridad o de un particular, son los funcionarios de la mesa directiva de casilla o los electores. Los primeros son los ciudadanos facultados por la ley, para que el día de las elecciones reciban la votación, realicen el escrutinio y cómputo del sufragio en cada una de la casilla ubicadas en las distintas secciones de los distritos electorales y los municipios del Estado; dichos funcionarios que integran las referidas mesas directivas de casilla son: un presidente, un secretario, dos escrutadores y los correspondientes suplentes. El otro sujeto pasivo que sufre los actos de coacción física o moral es el electorado que en la especie son el hombre y la mujer, que habiendo cumplido los dieciocho años de edad y teniendo un modo honesto de vivir, reúnen la condición de mexiquenses o vecinos de la entidad, cumplen con los requisitos que fija la ley, cuentan con la credencial para votar con fotografía y están facultados para ejercer su voto en los procesos electorales para elegir diputados a la legislatura local, miembros de los ayuntamientos y Gobernador del Estado de México.

El primer elemento o condicionante adicional se actualiza cuando con la presencia de violencia física o presión se afecte la libertad o secreto del voto, siendo este un derecho a través del cual los ciudadanos ejercen la soberanía del Estado para integrar los órganos de elección popular.

Considerando que el votar constituye una obligación y un derecho al ser una actividad o mecanismo para que los ciudadanos emitan su parecer en orden a una elección popular, ello implica que el voto tenga entre otras, las calidades de libre y secreto, que hagan atractiva y confiable para los sufragantes la actividad electoral, como sustento de la democracia. El voto secreto implica que se emita o se ejerza sin ninguna limitación o manipulación externa en forma de violencia física o presión que altere la propia voluntad del emitente del sufragio, el día de la jornada y en la casilla electoral.

Por otro lado, el voto secreto no es otra cosa que la manifestación privada del ciudadano sufragante respecto de cierta inclinación hacia algún partido político contendiente, pues en el cuerpo normativo del Código Electoral del Estado de México se establece claramente la confidencialidad en el momento en que algún ciudadano acude a sufragar en mamparas individuales para que no haya manera de relacionar la boleta en que emite su voto, de tal manera que el votar se convierte en una actividad íntima que no ha de viciarse o manipularse trayendo como consecuencia de reproche, castigo o desatención de los órganos públicos o algún otro efecto que vulnere la personalización del voto.

El siguiente y último elemento se causa cuando tales hechos sean determinantes para el resultado de la votación de la casilla de que se trate. En efecto, otro requisito sine qua non es que los actos dentro de la jornada electoral, que fueron viciados por violencia física o presión, se traduzcan en algo cuantitativo; dicho criterio ha sido sustentado por este Tribunal, pues la determinancia en el caso específico que nos ocupa debe consistir en que la cantidad de votos que se emitieron y recibieron afectados de violencia física o presión, representen una suma igual o mayor a la diferencia de votos existentes entre los partidos políticos que se ubicaron en el primer y segundo lugar en los resultados de la votación de las casillas electorales de que se trate. Lo anterior no es otra cosa que conocer de manera cierta y exacta el número de electores que votó bajo el influjo de violencia física o presión, para posteriormente comparar tal cantidad de votantes con la diferencia numérica de votos que existe entre los partidos políticos que se ubicaron en el primer y segundo lugar de las casillas impugnadas.

Ahora bien, el actor pretende demostrar los extremos de la causal de nulidad de la votación establecida en el artículo 298, fracción IV, del código de la materia, para lo cual se apoya en diversas fotografías y videos que según su dicho evidencian de manera eficaz que en las casillas impugnadas el electorado fue objeto de presión por personas que durante algún tiempo estuvieron coaccionando con su presencia para que votaran por determinado partido político.

De la valoración a las citadas pruebas técnicas aportadas por el oferente, consistentes en fotografías y cintas de videocassettes, no se advierten las situaciones de modo, tiempo y lugar en que sucedieron los hechos narrados por el inconforme y que en la especie generen convicción plena en este Tribunal de que se actualizan de manera integral los supuestos que conforman la causal de nulidad de la votación invocada. En efecto, no se ilustra la manera en que se ejerce violencia física o presión de alguna autoridad o particulares sobre los funcionarios de la mesa directiva de las casillas impugnadas o sobre los electores que en ellas sufragaron, pues el hecho de que una o varias personas aparezcan en diversas fotografías o en algún video paradas junto a las casillas electorales, no implica que por ese solo hecho se ejerza presión y menos aún que a determinado número de electores se les haya coaccionado para sufragar en determinado sentido. Por otro lado, el promovente omite ilustrar acerca de qué funcionario específicamente o el número exacto de electores que sufrieron el influjo de las conductas descritas, lo que se traduce en que el inconforme no acredita la supuesta violencia física o presión.

Por lo que toca a los escritos de protesta aportados por el oferente, éstos resultan insuficientes para demostrar la pretensión del actor, toda vez que en ninguno de ellos se acredita de manera fehaciente de quién y sobre cuántas personas se ejerció violencia física o presión, de qué manera y en qué momento se realizaron dichas conductas y de qué forma las conductas ilícitas determinaron los resultados electorales obtenidos. Aunado a esto, los escritos de protesta, al ser documentales elaboradas y perfeccionadas por el emitente con la finalidad de lograr eficacia probatoria de su contenido, requieren adminicularse con otros medios de prueba de mejor calidad, situación que en la especie no sucede y la manifestación de parte interesada no genera convicción en su propio beneficio.

Al igual que los escritos de protesta, se valoran suerte (sic) las documentales privadas antes descritas que guardan relación con las casillas impugnadas, pues son pruebas elaboradas por la parte oferente y que por sí mismas carecen de valor probatorio; pero además, resulta evidente que en la misma se formulan afirmaciones o descripciones de carácter general, puesto que no se precisan circunstancias de modo, tiempo y lugar, ni se puntualiza el nombre y el número total de las personas que presuntamente fueron inducidas en su pretensión de votar.

Por los razonamientos vertidos anteriormente, este Tribunal Electoral declara infundado este agravio.

IX. El partido político actor argumenta que en las casillas 3959 C1 y 3990 C1 se actualiza la causal de nulidad establecida en la fracción V del artículo 298 del Código Electoral del Estado de México, ya que argumenta que hubo cohecho y soborno sobre los electores, pues iban a recoger regalos a la escuela primaria “Leyes de Reforma” y hubo compra de votos durante la jornada electoral.

Dicho precepto establece que la votación recibida en una casilla electoral será nula cuando exista cohecho o soborno sobre los funcionarios de la mesa directiva de casilla o sobre los electores, de tal manera que se afecte la libertad o el secreto del voto y esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación en la casilla de que se trate. En el presente agravio que se resuelve, por cuanto hace a las casillas mencionadas, el partido político actor solicita la declaración de nulidad de los resultados que se obtuvieron en ellas, toda vez que, en opinión del enjuiciante, se actualiza la causal de nulidad mencionada.

Esta causal de nulidad se actualiza cuando en la casilla o casillas que se impugnan se da una conducta humana consistente en cohecho o soborno, entendiéndose por el primero como el acto realizado por algún funcionario de casilla en el que solicite o reciba, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquier dádiva, o acepte una promesa para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones. La segunda conducta, o sea el soborno, consiste en la corrupción, que la alteración al común, legal y correcto comportamiento de un funcionario de casilla mediante dádivas o promesas de obtener un lucro, para que realice algún hecho en beneficio del sobornador o de tercera persona, como lo puede ser determinado partido político.

La dádiva o promesa de obtener un lucro es el elemento sustancial para la configuración del cohecho, pues es el medio por virtud del cual el individuo que realiza el cohecho obtiene efectos o consecuencias electorales, las cuales son afectar la libertad o el secreto del voto y finalmente favorecer a determinado partido político o candidato.

Los actos de cohecho o soborno deben necesariamente ser realizados sobre los funcionarios de la mesa directiva de casilla, los electores o sobre ambos; es decir, que la acción de cohecho o soborno en la ley electoral está condicionada a que la conducta del cohechador o sobornador, consistente en el ofrecimiento de un remuneración o dádiva y destinado a la obtención de un resultado que beneficie electoralmente, debe recaer necesaria e indispensablemente en los electores o en los funcionarios de la mesa directiva de casilla.

La intención del legislador local, al instituir esta causal de nulidad, va dirigida a la salvaguarda de la conducta que deben observar tanto los funcionarios de casilla como los electores, los primeros apegando siempre su ejercicio a los principios rectores de la materia, sobre todo comportándose con absoluta imparcialidad, y los segundos emitiendo su voto de manera libre, directa y secreta, atendiendo a las diversas propuestas políticas, económicas y sociales de los partidos políticos contendientes, o bien, llevados por alguna inclinación de simpatía, pero nunca manipulados por algún beneficio económico ilícito, sino atendiendo a beneficios sociales en general.

Así, la primera condicionante que debe quedar plenamente demostrada es el cohecho o soborno ejercido sobre los funcionarios de la mesa directiva de casilla que se impugne o sobre los electores y se afecte la libertad o el secreto del voto.

Lo anterior es así, porque el voto es el mecanismo para que los ciudadanos emitan su parecer en orden a una elección, además de que es un derecho y una obligación para integrar los órganos públicos de elección popular; ello implica la emisión del sufragio libre, que se ejerce sin ninguna limitación o condicionamiento a algún beneficio económico inmediato ilícito, así como la obtención del voto secreto, que es la manifestación privada del ciudadano sufragante respecto de cierta inclinación hacia algún partido político, pues en el cuerpo normativo del código electoral de la entidad se establece claramente la confidencialidad en el momento en que algún ciudadano acude a sufragar, al no existir rasgo alguno en particular que lo relacione con la boleta en que emite su voto, según quedó establecido antes.

En cuanto al carácter secreto del sufragio, consiste en su emisión garantía jurídica de que no se conozca su sentido y por lo tanto se ignore la dirección en la cual se orienta la voluntad del votante; esto garantiza la libre expresión de la voluntad del sufragante sin temor a ninguna represalia e impide que enajene o comprometa su voto. Es decir, además de que el votante tiene la potestad de tomar una decisión de acuerdo a su criterio, la ley prohíbe que dicha decisión sea publicada o mostrada a alguien más, para lo cual la ley electoral de la entidad dispone en el artículo 164 in fine, en relación con el 192, fracción VI, que en cada casilla se instalen mamparas que garanticen plenamente el secreto del voto; y conforme al artículo 168, fracción II, de la misma ley, los lugares en que se ubicarán las casillas deberán permitir la emisión secreta del voto. En efecto, el juicio mental realizado por el elector para decidir a qué candidato o partido le otorga su voto es un procedimiento íntimo que materialmente se plasma en la boleta electoral; lo anterior se encuentra sustentado con lo establecido en el artículo 211 de la citada ley que preceptúa que una vez comprobado que el elector se encuentra registrado en las listas nominales y que haya exhibido su credencial para votar, el presidente de la mesa directiva de casilla le entregará las boletas de las elecciones que corresponda, para que libremente y en secreto las marque en el círculo o cuadro correspondiente al partido político por el que sufraga o anote el nombre del candidato no registrado por el que desea emitir su voto, acto seguido, el votante doblará sus boletas y se dirigirá a depositarlas en la urna correspondiente. De acuerdo a lo anterior, ningún elector está obligado a enterar o informar a ningún individuo del sentido de su voto, tampoco a permitir que persona alguna se encuentre presente al momento de emitirlo, salvo que se trate de la excepción prevista por el artículo 212 del código de la materia que establece que aquellos electores que no sepan leer o que se encuentren impedidos físicamente para marcar sus boletas, podrán hacerse asistir por una persona de su confianza que los acompañe.

El último elemento normativo de la causal de nulidad en estudio se tiene por acreditado cuando con el cohecho o soborno, que fue ejercido sobre los funcionarios de la mesa directiva de casilla o sobre los electores, y que haya afectado la libertad o el secreto del voto, sea determinante para el resultado de la votación en la casilla de que se trate.

Es requisito sine qua non para actualizar esta causal de nulidad, que se dé un efecto cuantitativo con el que se demuestre plenamente que los votos emitidos bajo el influjo del cohecho ejercido sobre los funcionarios de la mesa directiva de casilla o los votos de los electores que absolutamente se comprobó fueron sobornados, representen una cantidad igual o mayor a la diferencia de votos existentes entre los partidos políticos contendientes en la casilla de que se trate. En efecto, este último elemento debe evidenciarse a través de la determinancia producida por los demás requisitos sobre los resultados de la votación que se impugnan, lo que se traduce en algo cuantificable que implica el número de votos viciados por el cohecho o soborno y que también puede revestir un aspecto cualitativo cuando se pone en duda el grado de certeza en el resultado de la votación.

La causal de referencia se relaciona con lo prescrito con el artículo 5 del código electoral mexiquense, que establece como características del voto ciudadano, el ser universal, libre, secreto, personal e intransferible, y prohíbe los actos que generen presión o coacción a los electores; por lo tanto, dicha causal de nulidad protege los valores de libertad, autenticidad y efectividad en la emisión de los sufragios de los electores, así como la integridad e imparcialidad en la actuación de los integrantes de la mesa directiva de casilla para lograr la certeza de que los resultados de la votación recibida en una casilla expresen fielmente la voluntad de los ciudadanos.

Ahora bien, de un análisis exhaustivo a las documentales públicas ofrecidas como medios de prueba por el partido político actor, consistentes en actas de jornada electoral, de las casillas 3959 C1 y 3990 C1, de las mismas no se desprende incidente alguno ocurrido durante la jornada electoral; dichas documentales gozan de pleno valor probatorio según lo establecido en los artículos 335, fracción I, 336, fracción I, inciso a), y 337, fracción I, del Código Electoral del Estado de México. De la misma manera, el actor ofrece las pruebas técnicas consistentes en placas fotográficas, las cuales obran en autos a fojas 0740 a 0791, mismas que se valoran en términos de los artículos 335, fracción III, 336, fracción III, y 337, fracción II, del ordenamiento legal citado; del análisis a dichas probanzas no es posible determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que sucedieron los hechos que narra el inconforme, ya que no se identifica fehacientemente a las personas que son sujetas del soborno o del cohecho. Lo anterior hace que dichas probanzas sean ineficaces e insuficientes para acreditar lo manifestado por el actor; asimismo, no existen otros medios de prueba agregados a los autos que adminiculados con las mencionadas placas fotográficas generen convicción de la veracidad de lo aducido por el actor. En consecuencia, al no actualizarse los extremos de la causal que se invoca, este Tribunal considera infundado este agravio.

X. El partido político actor expresa en su medio de impugnación que en la casilla 3945 B se actualiza la causal de nulidad prevista en la fracción VI del artículo 298 del Código Electoral del Estado de México, pues argumenta que en esa casilla se presentó a votar una persona sin estar en la lista nominal.

Dicho precepto establece que la votación recibida en una casilla electoral será nula cuando se haya permitido sufragar a personas sin credencial para votar o hubiesen votado personas cuyos nombres no aparezcan en la lista nominal de electores, salvo los casos de excepción que señala el propio código electoral de la entidad y siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación.

En este precepto se contienen dos hipótesis y la excepción a ellos, siendo los primeros: que en la casilla que se impugne se haya permitido sufragar a personas sin credencial para votar, y que hubiesen votado personas cuyos nombres no aparezcan en la lista nominal de electores; lo anterior siempre que sea determinante para el resultado de la votación.

El mismo dispositivo legal establece la excepción para la aplicación de los casos hipotéticos que se prevén, cuando literalmente ordena: “…salvo los casos de excepción que señala este Código”, de tal manera que el legislador institucionalizó casos de excepción de la citada causal de nulidad y los plasmó en el Código Electoral del Estado de México.

Por otro lado, la credencial para votar es el documento que expide el Registro Federal de Electores a los ciudadanos mexicanos que previamente hayan cumplido con los requisitos de ley, este documento es requisito indispensable para ejercer el derecho a votar. Bajo esta tesitura, la ley electoral local en el capítulo relativo a la votación ordena que una vez que anunciado el inicio de la votación, los integrantes de la mesa directiva de casilla deberán llevar a cabo un procedimiento de identificación del electorado mediante la credencial para votar con el objeto de emitir el sufragio; dicho mecanismo se encuentra regulado en los artículos 209 y 211 en relación al artículo 129, fracción II, inciso C, que a continuación se transcriben:

“Artículo 209. Los electores votarán en el orden en que se presenten ante la mesa directiva de casilla, debiendo exhibir su Credencial para Votar y mostrar su dedo pulgar izquierdo para verificar que no hayan votado.

Artículo 211. Una vez comprobado que el elector aparece en las listas nominales y que haya exhibido su Credencial para Votar, el Presidente le entregará las boletas de las elecciones para que, libremente y en secreto, marque sus boletas en el círculo o cuadro correspondiente al partido político por el que sufraga o anote el nombre del candidato no registrado por el que desea emitir su voto.

Acto seguido, el elector doblará sus boletas y se dirigirá a depositarlas en la urna correspondiente.

El Secretario de la casilla anotará la palabra “voto” en la lista nominal correspondiente y procederá a:

Marcar la Credencial para Votar del elector que haya ejercido su derecho de voto.

Impregnar con liquido indeleble el dedo pulgar izquierdo del elector; y

Devolver al elector su Credencial para Votar.

Artículo 129. Las Mesas Directivas de Casilla y sus funcionarios tienen las atribuciones siguientes:

…

II. De los Presidente:

…

C. Identificar a los electores que se presenten a sufragar, con su credencial para votar con fotografía.

…”.

Respecto de la excepción a esta disposición electoral, debemos decir que la ley en consulta prevé dos salvedades a esta regla jurídica electoral, que implica la nulidad de la votación, las cuales son: a) El derecho que tienen los representantes de los partidos políticos a ejercer su derecho a votar en las casillas ante las cuales tienen debidamente acreditada la calidad de representantes; y b) El derecho que tienen los electores en tránsito de votar en las casillas especiales ubicadas en el territorio del Estado.

Por último, respecto al elemento que la misma causal de nulidad invocada adiciona a los dos supuestos examinados y que consiste en la determinancia con que se debe afectar a los resultados obtenidos en las casillas impugnadas, la misma significa que los votos que íntegramente se comprobó fueron emitidos por personas que no contaban con su credencial para votar con fotografía, o bien no se encontraban inscritos en la respectiva lista nominal, signifiquen un número mayor o igual respecto de los sufragios que constituyen la diferencia aritmética de los partidos políticos que se ubicaron en el primer y segundo lugar.

Ahora bien, de las documentales públicas ofrecidas como medios de prueba por el partido político actor, consistentes en el acta de jornada electoral y la hoja de incidentes, mismas que se valoran en términos de los artículos 335, fracción I, 336, fracción I, inciso a), y 337, fracción I, del Código Electoral del Estado de México, de las mismas no se advierte incidente o hecho alguno que se relacione con lo expresado por el actor en relación a que se presentó a votar una persona sin pertenecer a la sección electoral y sin encontrarse en el listado nominal. De la misma manera en la hoja de incidentes únicamente con relación a éste agravio se encuentra la siguiente descripción: “Siendo las 11:12 a.m. el C. Alfonso Manuel García acreditado como representante propietario del Partido P.R.D. se le encontró tomado datos de una credencial de elector de una persona que esperaba se le informara el porque no aparecía en la lista nominal.” Lo anterior no acredita de manera fehaciente los extremos de la fracción VI del artículo 298 del Código Electoral del Estado de México, pues no se prueba satisfactoriamente que se haya permitido votar de manera irregular a la persona que menciona en su agravio, menos aún se desprenden los nombres ni las circunstancias en que supuestamente ocurrieron los hechos. En tales consideraciones se declara infundado el agravio.

XI. El partido político actor menciona en su medio de impugnación que en las casillas 3943B, 3943 C1, 3943 C2, 3944 B, 3946 C1, 3947 B, 3947 C1, 3948 C1, 3948 C2, 3949 C1, 3949 C2, 3950 B, 3950 C1, 3950 C2, 3950 C3, 3950 C4, 3951 C1, 3951 C3, 3953 B, 3954 C1, 3954 C2, 3955 B, 3955 C1, 3957 C2, 3958 B, 3958 C1, 3958 C2, 3959 B, 3960 B, 3962 C1, 3964 B, 3964 C1, 3966 B, 3967 C2, 3967 C3, 3967 C4, 3968 B, 3968 C1, 3969 C1, 3970 B, 3972 B, 3973 C1, 3974 C2, 3976 B, 3977 B, 3978 B, 3978 C1, 3979 B, 3980 B, 3980 C1, 3983 B, 3983 C1, 3983 C2, 3984 C1, 3984 C2, 3985 C1, 3986 C2, 3988 C1, 3988 C2, 3989 B, 3990 B y 3990 C1 se actualiza la causal de nulidad establecida en la fracción VIII del artículo 298 del Código Electoral del Estado de México, dicho precepto establece que la votación recibida en una casilla electoral será nula cuando la recepción o el cómputo de la votación fuere hecha por personas u órganos distintos a los facultados por este código.

Atendiendo al contenido gramatical del precepto legal mencionado se debe establecer que, conforme al artículo 127 del código electoral, las mesas directivas de casilla son los órganos electorales integrados por ciudadanos facultados para recibir la votación, realizar el escrutinio y cómputo del sufragio en cada una de las casillas ubicadas en las distintas secciones de los distritos electorales y los municipios del Estado; en este sentido, atento a lo dispuesto por el numeral 128, tales órganos electorales se conforman por un presidente, un secretario, dos escrutadores y los respectivos suplentes. Los nombres de los integrantes de estos órganos electorales deben ser publicados previamente a la jornada electoral, mediante el procedimiento expresamente regulado por la ley.

Los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla deberán cumplir con los siguientes requisitos: a) saber leer y escribir y no tener más de setenta años el día de la elección; b) estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos; c) estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar con fotografía; d) residir en la sección electoral respectiva; e) no ser servidor público de confianza con mando superior, ni tener cargo de dirección partidista de cualquier jerarquía; y f) no tener parentesco en línea directa con candidatos registrados en la elección de que se trate.

Una vez cerrada la votación y llenado y firmado el apartado correspondiente al acta de la jornada electoral, los integrantes de la mesa directiva de casilla procederán al escrutinio y cómputo de los votos sufragados. El escrutinio es el acto realizado por un integrante de la mesa directiva de casilla denominado escrutador y designado por insaculación por parte del Instituto Electoral de la entidad; este acto consiste en la extracción física de las boletas electorales depositadas en las urnas; el cómputo de la votación es el acto por el cual se realiza la suma aritmética de los votos emitidos en una casilla electoral y se determina el número de electores que votaron, el número de votos emitidos a favor de cada uno de los partidos políticos o candidatos, el número de votos nulos y el número de boletas sobrantes de cada elección, estas últimas son aquellas que habiendo sido entregadas a las mesas directivas no fueron utilizadas por los electores. Finalmente se deberá levantar un acta de escrutinio y cómputo, que es el documento electoral en formato autorizado por el Consejo General en el cual se anotarán los datos anteriormente mencionados, además de una relación de los incidentes suscitados si los hubiere y una relación de los escritos de protesta presentados por los representantes de los partidos políticos al término del escrutinio y cómputo.

La causal de nulidad en análisis prevé que para anular la votación recibida en una casilla es necesario que la recepción o el cómputo sea realizado por personas u órganos distintos a los facultados por la ley. Al efecto, es necesario analizar los conceptos de persona y órgano.

Por persona, desde el punto de vista jurídico se entiende al ser humano en su existencia física y legal capaz de ser titular de derechos y obligaciones. El concepto de persona que interesa para efectos de la presente resolución es el de persona individual que no tenga impedimento legal para el ejercicio de sus derechos político electorales, cumpliendo además con los requisitos para la ciudadanía, porque solamente los ciudadanos pueden ejercer funciones de tipo electoral. Por órgano, desde el punto de vista jurídico electoral, se debe entender la agrupación de dos o más ciudadanos que de forma colegiada realizan una función pública electoral.

En el código de la materia se contienen las causas de excepción para la causal en análisis, previendo que la casilla no se instale conforme a lo establecido por la ley. Se establece que si a las 08:15 horas no se presenta alguno o algunos de los funcionarios propietarios, actuarán en su lugar los respectivos suplentes; si a las 08:30 horas no está integrada la mesa directiva conforme a lo anterior, pero estuviera el presidente o su suplente, cualquiera de los dos designará a los funcionarios necesarios para suplir a los ausentes y procederá a su instalación, está designación deberá recaer en electores que se encuentren en la casilla para emitir su voto y en ningún caso podrán ser nombrados los representantes de los partidos políticos; si a las 08:45 horas no estuvieran presentes el presidente o su suplente, el consejo distrital, tomará las medidas necesarias para la instalación de la casilla y designará al personal del Instituto encargado de ejecutar dichas medidas y de cerciorarse de su instalación legal, lo que implica que esta designación también deberá recaer necesariamente en electores inscritos en la lista nominal que corresponda a la casilla y que se encuentren presentes en la misma, no podrán ser nombrados los representantes de los partidos políticos. Cuando por razones de distancia o de dificultad de las comunicaciones no sea posible la intervención oportuna del personal que el Instituto Electoral haya designado para los efectos mencionados, a las 10:00 horas los representantes de los partidos políticos ante la casilla designarán, por mayoría, a los funcionarios necesarios para integrar la mesa directiva de casilla, de entre los electores presentes de la sección electoral correspondiente. Cualquiera de las anteriores circunstancias se debe hacer constar en el acta de jornada electoral.

El artículo 204 prevé que cuando los nombramientos de los funcionarios recaigan en electores que se encuentren en la casilla para emitir su voto, en ningún caso podrán ser nombrados los representantes de los partidos políticos, ya que la finalidad jurídica de todo el procedimiento de instalación es evitar la intervención de los partidos políticos en la integración y funcionamiento de las mesas directivas de casilla y de gente ajena, con el objeto de asegurar la imparcialidad en el desempeño de ese órgano durante la jornada electoral; es decir, que la imparcialidad es uno de los principios rectores de la materia que garantiza la apreciación y estimación equidistante y ecuánime de los actores electorales, sin que prevalezca ningún interés personal o preferencia política salvo el interés general del electorado que se cimenté en los valores de la democracia.

En la ley electoral se encuentran plenamente establecidos los procedimientos y los órganos destinados a garantizar el derecho al sufragio de los ciudadanos y evidentemente son los ciudadanos los únicos que pueden y deben realizar las funciones electorales en casilla, cumpliendo con los requisitos básicos de ciudadanía y pleno ejercicio de sus derechos políticos para desarrollar sus actividades sin mas interés que el de la sociedad con conocimiento profesional y capacidad para su función e independencia en la toma de sus decisiones; en consecuencia, si de los hechos se desprende y comprueba que se vulneraron alguno o algunos de los requisitos para el actuar de los funcionarios de casilla de manera inobjetable, se transgrede el principio de legalidad y con todo ello procede la declaración de nulidad.

a) Ahora bien, en las casillas 3943B, 3943 C1, 3943 C2, 3944 B, 3947 B, 3947 C1, 3948 C1, 3948 C2, 3949 C1, 3949 C2, 3950 B, 3950 C1, 3950 C2, 3950 C3, 3950 C4, 3951 C3, 3953 B, 3954 C1, 3955 B, 3955 C1, 3958 C2, 3959 B, 3960 B, 3962 C1, 3964 B, 3964 C1, 3966 B, 3967 C2, 3967 C4, 3968 B, 3968 C1, 3969 C1, 3970 B, 3972 B, 3973 C1, 3974 C2, 3977 B, 3979 B, 3980 C1, 3984 C1, 3984 C2, 3988 C1, 3988 C2, 3989 B, 3990 B y 3990 C1 de las actas de jornada electoral, actas de escrutinio y cómputo, y el respectivo encarte en el que la autoridad correspondiente hace del dominio público el lugar de ubicación, así como el nombre de las personas que habrán de integrar las casillas electorales, documentales públicas a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 335, fracción I, 336, fracción I, y 337, fracción I, del Código Electoral del Estado de México, si bien es cierto, en esas casillas se observa que algunos de los funcionarios facultados por el Instituto Electoral y cuyos nombres fueron publicados en el encarte respectivo no coinciden con aquellos que actuaron el día de la jornada electoral, también lo es que de las constancias se advierte que los funcionarios que actuaron durante la jornada electoral y que no fueron capacitados debidamente, se designaron conforme a los procedimientos que marca el artículo 202 del Código Electoral del Estado de México, ya que la instalación se realizó posterior a las 8:30, cumpliéndose con lo establecido en la fracción II del precepto ya mencionado.

Por lo tanto y en consideración de que el legislador pretende garantizar la imparcialidad en que se deben involucrar quienes reciban la votación y realicen el escrutinio, situación que no desvirtúa el accionante, por lo que no se transgredieron los principios que rigen los actos electorales.

Por lo que toca a las casillas 3946 C1, 3951 C1, 3954 C2, 3957 C2 y 3958 C1, del análisis a las acta de jornada electoral y de escrutinio y cómputo que corren agregadas en autos del presente expediente, y a las cuales se les otorga pleno valor probatorio en términos de los ya referidos artículos 335, 336 y 337 de la ley electoral de la materia, de las mismas se desprende que si bien es cierto el día de la jornada electoral alguno o algunos de los funcionarios que actuaron en las referidas casillas no estaban autorizados a fungir en las mismas, también es cierto que en todas ellas actuó el presidente propietario insaculado, capacitado y en consecuencia facultado para realizar las funciones que establece el artículo 129, fracción II, de la referida ley. A mayor abundamiento, y considerando que también fungió la persona autorizada para realizar las funciones de secretario en su modalidad de propietario o suplente, y dada la importancia de dichos cargos por ser de ejecución y decisión, se considera que no hubo ninguna violación al principio de certeza, además de que el partido actor no aporta otros medios de convicción para desvirtuar lo acontecidos en estas casillas en estudio.

Mención especial merece la casilla 3986 C2, en virtud de que si bien es cierto la hora de instalación fue a las 8:00 horas estando presentes el presidente suplente y el secretario propietario, ambos autorizados para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo también lo es que la sustitución del primer y segundo escrutador fue anterior al término establecido en el artículo 202 del Código Electoral del Estado de México. Aunado a lo anterior, de las documentales públicas como son el acta de jornada electoral, y acta de escrutinio y cómputo no se desprende la existencia de violaciones sustantivas al principio de certeza e imparcialidad que rigen los actos electorales, dado que los representantes de los partidos políticos tienen el derecho de vigilar que se cumpla con todo lo establecido en la legislación electoral en base del artículo 177 del multicitado código y que los mismos no expresaron protesta alguna al momento de firmar las actas, por lo que se deduce el consentimiento con todo lo actuado en la casilla en estudio.

En consecuencia, y en razón de todo lo expresado anteriormente, este Tribunal considera infundado el agravio expuesto únicamente respecto de las casillas anteriormente citadas, pues queda plenamente comprobado que no se configura la casual de nulidad establecida en el artículo 298, fracción VIII, del Código Electoral del Estado de México.

b) En lo que respecta a las casillas 3958 B, 3967 C3, 3976 B, 3978 B, 3978 C1, 3908 B, 3983 B, 3983 C1, 3983 C2 y 3985 C1, siguiendo con la misma causal de nulidad, es de apuntar que de acuerdo al artículo 129 fracción II, los presidentes de las mesas directivas de casilla tienen como atribuciones:

“Artículo 129.

…

II. De los Presidentes:

A. Vigilar el cumplimiento de este Código sobre los aspectos relativos al funcionamiento de las casillas;

B. Recibir de los Consejos Distritales o Municipales, según sea el caso, la documentación, formas aprobadas, útiles y elementos necesarios para el funcionamiento de la casilla, debiendo conservarlos bajo su responsabilidad hasta su instalación;

C. Identificar a los electores que se presenten a sufragar, con su credencial para votar con fotografía;

D. Mantener el orden en el interior y en el exterior de la casilla con auxilio de la fuerza pública si fuese necesario;

E. Suspender la votación en caso de alteración del orden y, restablecido éste, reanudarla;

F. Retirar de la casilla a cualquier persona que incurra en alteración grave del orden o realice actos que lleven la intención manifiesta de retardar la votación o el escrutinio y cómputo. En los supuestos establecidos en este apartado y en el anterior y tratándose de representantes de partido, los presidentes deberán observar lo dispuesto por este Código y respetar en todo tiempo las garantías que les otorga;

G. Practicar, con auxilio del secretario y de los escrutadores y ante los representantes de los partidos políticos presentes, el escrutinio y cómputo;

H. Fijar en lugar visible al exterior de la casilla los resultados del cómputo de cada una de las elecciones;

I. Concluidas las labores de la casilla, turnar oportunamente al Consejo Distrital o Municipal Electoral correspondiente, los paquetes electorales y las copias de la documentación respectiva en los términos de este Código. En el caso de los apartados D, E y F de esta fracción, los hechos deberán hacerse constar en el acta de cierre de votación, con mención del nombre de las personas que hubiesen intervenido y con la firma de los funcionarios integrantes de las Mesas Directivas de Casilla;

J. Identificar mediante cotejo de nombramiento y credencial para votar con fotografía a los representantes de los partidos políticos;

K. Las demás que les confiere este Código y las disposiciones relativas”.

Y los secretarios dentro del mismo ordenamiento legal tienen las siguientes atribuciones:

“III. De los Secretarios:

A. Elaborar las actas durante la jornada electoral que ordena este Código y distribuirlas en los términos que el mismo establece;

B. Contar el número de boletas electorales recibidas antes de iniciar la votación;

C. Comprobar que el nombre del elector figure en la lista nominal correspondiente;

D. Recibir los escritos de protesta que presenten los representantes de los partidos políticos;

E. Inutilizar las boletas sobrantes de conformidad con lo dispuesto por este Código; y

F. Las demás que les confiere este Código y las disposiciones relativas”.

Lo anterior significa que las personas que fueron insaculadas y capacitadas para ocupar los cargos de presidente y secretario de las mesas directivas de casilla, ejercen funciones de dirección y ejecución, las cuales, dada su importancia, no es posible que las casillas se instalen antes de los tiempos previstos por el ordenamiento legal electoral que se establecen en el artículo 202 del multicitado código, en virtud de que son creados con el fin de salvaguardar los principios de imparcialidad, certeza y legalidad; para que de esta manera se dé veracidad a todos y cada uno de los actos que se realizan durante la jornada electoral, como son entre otros, el armado de las mamparas, el llenado de las actas de jornada electoral y la recepción del voto ciudadano.

Si bien es cierto, el código de la materia prevé excepciones a la instalación de las casillas con personas distintas a las capacitadas y publicadas en el encarte, también lo es que para realizar justificadamente las sustituciones de los funcionarios de las casillas se deben tomar en consideración determinados tiempos, tal y como los marca el artículo 202 ya referido de la legislación electoral en cita, que a la letra refiere:

Lo anterior es así, por que el legislador previó la ausencia de las personas insaculadas y capacitadas para actuar como funcionarios de casilla, pues por diversas razones pueden no acudir el día de la jornada electoral a desempeñar su cargo. Por ello, se estableció en el artículo 204 del código de la materia, relacionado con las fracciones II, III y IV del artículo 202 del mismo ordenamiento, la posibilidad de incorporar a ciudadanos no insaculados como funcionarios de casilla, para suplir a los ausentes y proceder a su instalación; los ciudadanos que se requieran para conformar la casilla serán designados de entre los electores que se encuentren en la fila de la casilla para emitir su voto. Ante esta situación excepcional, pueden fungir como funcionarios de casilla a pesar de no haber sido insaculados y capacitados aquellos ciudadanos favorecidos con la designación.

En el caso que nos ocupa, de las actas de jornada electoral y de escrutinio y cómputo, se observa que los funcionarios que actuaron en las casillas antes mencionadas fueron sustituidos antes de los tiempos legales previstos por la legislación electoral, por lo tanto al no seguir con lo establecido legalmente para la sustitución justificada de los funcionarios de casilla se viola lo dispuesto en el Código Electoral del Estado de México, lo que se traduce en la afectación de la certeza y de la imparcialidad. Por lo que al haberse sustituido dichos funcionarios antes de los tiempos legales establecidos, se considera que hubo una afectación en los principios electorales.

Considerando todo lo anterior, este Tribunal declara fundado el agravio única y exclusivamente en lo que respecta a estas casillas.

XII. El partido político actor menciona en su medio de impugnación que en las casillas 3943 B, 3943 C1, 3943 C2, 3943 C3, 3944 B, 3945 B, 3945 C1, 3946 C1, 3947 B, 3947 C1, 3948 C1, 3948 C2, 3949 C1, 3949 C2, 3950 B, 3950 C1, 3950 C2, 3950 C3, 3950 C4, 3951 C1, 3951 C3, 3953 B, 3954 C1, 3954 C2, 3955 B, 3955 C1, 3957 C2, 3958 B, 3958 C1, 3958 C2, 3959 B, 3960 B, 3961 C1, 3962 C1, 3964 B, 3964 C1, 3965 B, 3965 C2, 3966 B, 3966 C1, 3967 C3, 3967 C4, 3968 B, 3968 C1, 3968 C2, 3969 C1, 3971 C1, 3972 B, 3972 C1, 3973 C1, 3974 C2, 3976 B, 3977 B, 3978 B, 3979 B, 3980 B, 3980 C1, 3980 C2, 3981 B, 3982 B, 3983 B, 3983 C1, 3983 C2, 3984 C1, 3984 C2, 3985 C1, 3986 C2, 3988 C1, 3988 C2, 3989 B, 3489 C1, 3990 B y 3990 C1 se actualiza la causal de nulidad establecida en la fracción IX del artículo 298 del Código Electoral del Estado de México, dicha causal de nulidad establece que la votación recibida en una casilla electoral será nula cuando se impida el acceso a las casillas a los representantes de los partidos políticos o se les expulse sin causa justificada.

La norma antes mencionada tiene dos componentes: a) cuando se impida el acceso a las casillas a los representantes de los partidos políticos sin causa justificada; b) cuando se expulse de las casillas a los representantes de los partidos políticos sin causa justificada.

De acuerdo al significado gramatical de los componentes de la norma, particularmente impedir significa estorbar o imposibilitar la ejecución de una cosa o suspender; expulsar equivale a echar a alguien de un sitio o hacer que salga; el primer elemento de la norma significa que se imposibilite o impida el acceso a la casilla a los representantes de los partidos políticos sin causa justificada y el segundo elemento se traduce en la acción de expulsar, esto es, que el presidente de la mesa directiva de casilla eche de la misma o haga salir de ella a los representantes de los partidos políticos sin causa justificada.

Ahora bien, conforme a lo previsto por el artículo 129, fracción II, inciso f), con relación al artículo 219 del código electoral el presidente de la casilla electoral, entre otras facultades, tiene la atribución de retirar a cualquier persona que incurra en alteración grave del orden, ello es así porque la jornada electoral debe desarrollarse en un ambiente de orden en el que los ciudadanos que acuden a emitir su voto lo hagan de manera libre, secreta, universal, directa e intransferible; por lo tanto, cuando cualquier persona realiza actos que tengan el propósito de retardar la votación o perturbar el clima de tranquilidad en el que debe desarrollarse la jornada electoral o el escrutinio y cómputo, el presidente de casilla está facultado para expulsar a cualquier persona de la casilla electoral, regla donde quedan incluidos los representantes de los partidos políticos.

Ahora bien, del análisis acucioso de las constancias que integran el presente medio de impugnación como son las actas de jornada y actas de escrutinio y cómputo, documentales que tienen plano valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 335, 336 y 337 ya citados del Código Electoral del Estado de México, de las mismas se desprende que en las casillas 3943 B, 3943 C1, 3943 C2, 3943 C3, 3944 B, 3945 C1, 3946 C1, 3947 B, 3947 C1, 3949 C1, 3949 C2, 3950 B, 3950 C1, 3950 C2, 3950 C3, 3950 C4, 3951 C3, 3953 B, 3954 C1, 3954 C2, 3955 B, 3955 C1, 3957 C2, 3958 B, 3958 C1, 3958 C2, 3959 B, 3960 B, 3962 C1, 3964 B, 3964 C1, 3965 B, 3965 C2, 3966 B, 3966 C1, 3967 C3, 3967 C4, 3968 C1, 3968 C2, 3969 C1, 3971 C1, 3972 B, 3972 C1, 3974 C2, 3976 B, 3977 B, 3978 B, 3979 B, 3980 C1, 3981 B, 3982 B, 3983 B, 3983 C1, 3983 C2, 3984 C1, 3984 C2, 3985 C1, 3986 C2, 3988 C1, 3988 C2, 3989 B, 3489 C1, 3990 B y 3990 C1, el partido político actor tuvo representación política ante esas casillas, toda vez que en las documentales mencionadas aparecen plasmados su firma y nombre en rubro correspondiente a los representantes de partidos políticos.

Por otro lado, en las casillas 3945 B, 3961 C1 y 3980 B, de las actas de jornada electoral se puede ver que en las mismas no aparecen plasmados el nombre y la firma de los representantes del partido político actor o son ilegibles, lo que se traduce en la ausencia del mismo durante la etapa de instalación de las casillas; sin embargo, en el apartado correspondiente a la clausura de las casillas se desprenden las firmas y nombres de los representantes del Partido de la Revolución Democrática, de lo que se infiere que, si bien es cierto que no estuvieron presentes en la instalación, también es cierto que esto no implica necesariamente su ausencia durante toda la jornada electoral, pues estuvieron presentes en el cierre de votación de las casillas.

Por otra parte, en las casillas 3968 B y 3980 C2, si bien es cierto que el acta de jornada electoral es ilegible o no aparecen los nombre y firmas de los representantes del partido político actor, también es cierto que en las actas de escrutinio y cómputo se encuentran los nombre y las firmas de dichos representantes, de lo que se puede inferir que los mismos estuvieron presentes durante la jornada electoral. Aunado a lo anterior, el inconforme no ofreció ningún otro medio de prueba que pueda adminicularse con las referidas documentales, razón por la cual no se genera convicción respecto a lo argumentado por el promovente.

Finalmente, en las casillas 3951 C1 y 3973 C1, de los medios probatorios ofrecidos y aportados por el impugnante, mismos que obran en autos, como son las documentales públicas consistentes en actas de jornada electoral y de escrutinio y cómputo, se desprende la ausencia total de los representantes del Partido de la Revolución Democrática, sin embargo, este hecho no significa necesariamente que a los mencionados representantes se les negara el acceso a las casillas, menos aún que se les haya expulsado. En efecto, el actor debió haber ofrecido y aportado los medios de prueba idóneos y suficientes para acreditar de manera fehaciente lo expresado en su escrito de inconformidad, pues de las documentales mencionadas, no obstante la ausencia de sus representantes en esas casillas, no se puede inferir validamente que se les haya impedido el acceso o se les haya expulsado. A mayor abundamiento, en virtud de que de las documentales públicas de esas casillas se desprenden los nombres y firmas de los representantes de los demás partidos políticos, y en razón de la corresponsabilidad que tienen todos y cada uno de los representantes de los partidos políticos de vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la ley electoral de la entidad, según lo prevé el artículo 177 del Código Electoral del Estado de México, se puede inferir de manera válida que no fue violentado el principio de certeza en esas casillas, dada la participación y presencia de los demás representantes de partido.

En virtud de los razonamientos expresados anteriormente, este Tribunal declara infundado este agravio que pretende hacer valer el actor.

XIII. El partido político actor menciona en su medio de impugnación que en las casillas 3945 C1, 3961 C1, 3971 C1, 3972 C1, 3981 B, 3983 C1, 3983 C2 y 3984 C2 se actualiza la causal de nulidad establecida en la fracción X del Código Electoral del Estado de México, la cual establece que es causal de nulidad de la votación recibida en una casilla por haber mediado error o dolo en el cómputo de votos que beneficie a cualquiera de los candidatos, y sea determinante para el resultado de la votación. De acuerdo con la interpretación gramatical y lógica el concepto error significa el resultado, valor, idea o expresión que no corresponde a la verdad, en virtud de que su autor incurrió en una falsa concepción de la realidad generada por un hecho ajeno a su intención. El dolo se configura por una conducta ejercida por una persona que tiene la intención de engañar, defraudar, simular o mentir, lo cual lleva implícitamente la voluntad de embrollar la verdad. Para que la causal de nulidad se actualice se requiere que el error o el dolo beneficie o favorezca a cualquiera de los candidatos propuestos por los partidos políticos.

El error resulta determinante cuando se puede inferir válidamente que en la hipótesis de no haberlo cometido podría haber variado la votación recibida por el partido político reconocido como triunfador en el acta correspondiente; y por esto, ordinariamente se establece una comparación entre el número de votos que alcanza el error detectado, con el que da la diferencia que existe entre los sufragios atribuidos al vencedor en la casilla y los reconocidos al partido político que se encuentra en el segundo lugar, para concluir que si el número de votos en que radica el error es mayor al de la diferencia mencionada, entonces es determinante para el resultado de la votación.

Del análisis de la norma se advierte que el propósito del legislador al redactar su contenido fue que el resultado de la votación recibida en cada casilla fuera contabilizada de forma tal que a cada candidato se le sumaran los votos que realmente obtuvo, es decir, que el resultado aritmético del cómputo corresponda a la voluntad de los electores, y castigó con la nulidad, de la votación recibida en la casilla donde a través de prácticas irregulares, engañosas, fraudulentas, se rebasara la voluntad ciudadana, atribuyéndole a cualquier candidato votos que no obtuvo. Sin embargo, el mismo legislador consideró conveniente que cuando el error fuera intrascendente se respetara la votación recibida; de ahí surge la condición de que el error para anular la votación debe ser determinante.

Para determinar la actualización objetiva de la mencionada causal de nulidad, es procedente examinar acuciosamente el contenido de las actas y documentos elaborados por los funcionarios de casilla el día en que se celebró la jornada electoral, analizando los siguientes rubros: a) total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal; b) total de boletas extraídas de la urna y c) votación total emitida; lo anterior en virtud de que los únicos votos que tienen valor cuantitativo son aquellos que fueron depositados por los ciudadanos el día de la elección y que constan en la lista nominal, salvo los casos de excepción que la ley autoriza, como lo son aquellas personas que por resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, presentan resolución que les autoriza a votar sin aparecer en la lista nominal. Las boletas extraídas de la urna deben corresponder numéricamente al total de electores que sufragaron, hecho que se entiende como votación total emitida conforme a lo dispuesto por el artículo 20, fracción I, del código electoral.

No se pasa por alto la posibilidad de que los representantes de los partidos políticos pudieron haber votado en la casilla impugnada, circunstancia que se deberá tomar en cuenta al examinar los resultados finales de la votación de la casilla.

a) Ahora bien, en las casillas 3971 C-1 y 3972 C1 del acta de escrutinio y cómputo se puede ver que el vaciado de datos por parte de los funcionarios de mesa directiva de casilla es impreciso, pues en los rubros contenidos en ésta no hay concordancia con las cantidades asentadas; sin embargo, es un hecho conocido que las personas que participan gratuitamente en las labores electorales no son profesionales ni especializadas, por lo que es posible que, en el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas, comentan errores o imperfecciones en el vaciado de datos y llenado de las actas correspondientes. Si bien es cierto que en la referida acta hay imprecisiones, también es cierto que de las mismas no puede acreditarse el error, más aún considerando que la suma total de votos obtenidos por los partidos políticos es correcta. Aunado a lo anterior, en la misma acta se encuentra plasmada la firma y nombre del representante del Partido de la Revolución Democrática sin haberlo hecho bajo protesta, lo que se traduce en que todo lo acontecido durante el escrutinio y cómputo fue realizado en apego a la legislación electoral. A mayor abundamiento, en el acta de sesión de cómputo municipal no se menciona que en esa casilla haya existido alguna irregularidad respecto al cómputo realizado en la casilla en estudio.

En las casillas 3961 C1, 3981 B, 3983 C1, 3983 C2 y 3984 C2 existen incongruencias entre los rubros del total de electores que votaron según la lista nominal y el total de votos extraídos de la urna; no obstante lo anterior, los datos incongruentes o faltantes se pueden subsanar o deducir de los demás rubros cuyos datos se encuentran debidamente asentados; aunado a esto, si bien existen diferencias entre la votación emitida, total de electores que votaron según la lista nominal y total votos extraídos de la urna, también lo es que esa diferencia no es determinante en cada caso, en virtud de que la diferencia entre el partido político que ocupó el primer lugar y el que ocupó el segundo lugar, es mayor que el error aritmético encontrado en los mencionados rubros.

En razón de todo lo anterior, se declara infundado el agravio por no actualizarse los extremos de la causal invocada, únicamente por lo que hace a las casillas anteriores.

b) Por otro lado, mención especial merece la casilla número 3945 C1, ya que de la revisión del acta de escrutinio y cómputo se desprende que existe error en los datos asentados en los diversos rubros, además existen incongruencias entre los datos respecto al total de electores que votaron según la lista nominal, total de votos extraídos de la urna y la votación emitida; situación que impide subsanar o inferir de otros datos el error mencionado. Ahora bien, el error existente entre los rubros mencionados es mayor a la diferencia de votos obtenidos entre el partido que ocupa el primer lugar y el que ocupa el segundo lugar, con lo cual se acredita el elemento de la determinancia, actualizándose la causal de nulidad prevista en la fracción X del artículo 298 del Código Electoral del Estado de México, por lo cual se considera que el agravio en estudio es fundado solamente por lo que respecta a esa casilla.

XIV. El partido político actor menciona en su medio de impugnación que en las casillas 3959 B, 3966 B, 3968 C2, 3980 C2, 3985 C1, 3988 C1, 3988 C2, 3989 B y 3990 C1 se actualiza la causal de nulidad establecida en la fracción XIII del artículo 298 del Código Electoral del Estado de México, pues el actor aduce que en esas casillas hubo propaganda, presión a representantes y proselitismo de candidatos. Dicha causal establece que la votación recibida en una casilla electoral será nula cuando existan irregularidades graves plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral, que en forma evidente pongan en duda la certeza de la votación; y sean determinantes para el resultado de la misma.

Atendiendo a las reglas de la lógica, de la experiencia y la sana crítica, de conformidad con la interpretación gramatical, sistemática y funcional de la mencionada disposición legal, se aprecia que para declarar nula la votación recibida en una casilla es necesario que se demuestre la existencia de cinco requisitos legales, que son los siguientes: a) que existan irregularidades graves; b) que las irregularidades sean plenamente acreditadas; c) que las irregularidades no sean reparables durante la jornada electoral; d) que las irregularidades en forma evidente pongan en duda la certeza de la votación y e) que las irregularidades sean determinantes para el resultado de la votación.

El código electoral en ninguno de sus preceptos define lo que debe de entenderse por irregularidad grave, por consiguiente este Tribunal considera que cualquier falta a la ley, a los procedimientos o formas establecidos en la normatividad electoral constituyen irregularidades, las cuales pueden cometerse asumiendo una conducta de hecho o una omisión que produzca una afectación a los derechos de un partido político. De lo anterior, se puede concluir que no cualquier irregularidad o violación a la ley es suficiente para declarar la nulidad de la votación recibida en una casilla. La gravedad de una irregularidad necesariamente deberá contrariar la ley o a cualquiera de los principios que rigen al sufragio, pero además deberá tener el efecto de poner en duda la certeza de la votación.

Existen irregularidades que no pueden considerarse como graves porque no ponen en duda la certeza de la votación recibida en la casilla, tanto o más si no se ofrecen otras pruebas o indicios que pudieran llevar a una conclusión diferente. En efecto, lo que el legislador consideró como razón para anular la votación en una casilla es que exista una irregularidad que ponga el duda la veracidad y certeza en el resultado de la votación.

De acuerdo con la redacción de la norma, la irregularidad debe ser plenamente demostrada es decir el partido inconforme deberá ofrecer, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 335 del código electoral, las pruebas necesarias e idóneas para acreditar la existencia de la irregularidad grave, pues no basta invocarla, ya que se trata de invalidar la votación recibida en la casilla y quien afirme la irregularidad deberá probarla plenamente en términos del artículo 340 párrafo final del citado ordenamiento.

De acuerdo con el texto de la mencionada causal de nulidad las irregularidades deben ser aquéllas que no puedan ser reparables durante la jornada electoral, esto es que no puedan ser subsanadas en el momento de llevarse a cabo los comicios.

Otro requisito, es que no obstante la existencia de la irregularidad grave que no se reparó durante la jornada electoral, se requiere que por esa causa se ponga en duda la certeza de la votación, hecho que implica que se genere incertidumbre acerca de la transparencia en el desarrollo de la votación, y como consecuencia, que no se haya respetado la voluntad ciudadana.

En el caso particular, en las casilla impugnadas por esta causal, el actor manifiesta que hubo proselitismo y propaganda electoral durante la jornada electoral así como faltante de documentación electoral. De las constancias que obran en autos como son actas de jornada electoral, de escrutinio y cómputo y de cómputo municipal, documentales públicas con pleno valor probatorio en términos de los artículos 335, fracción I, 336, fracción I, inciso a), y 337, fracción I, no se desprende de las mismas que haya existido el proselitismo y la propaganda electoral que el actor expresa en su medio de impugnación. Ahora bien, el actor pretende demostrar los extremos de esta causal de nulidad con diversas fotografías y videos que según su dicho evidencian de manera eficaz que en las casillas impugnadas ocurrieron los hechos aducidos por el mismo.

De la misma manera el actor ofrece las pruebas técnicas consistentes en placas fotográficas, las cuales obran en autos a fojas 0740 a 0791, mismas que se valoran en términos de los artículos 335, fracción III, 336, fracción III, y 337, fracción II, del ordenamiento legal citado; del análisis a dichas probanzas, no es posible determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que sucedieron los hechos que narra el inconforme, pues no se comprueba la forma en que el proselitismo o la propaganda influyeron en la certeza de la votación recibida ni la forma en que éstos hechos fueron determinantes. Lo anterior hace que dichas probanzas sean ineficaces e insuficientes para acreditar lo manifestado por el actor; asimismo, al no haber otros medios de prueba agregados a los autos que adminiculados con las mencionadas placas fotográficas generen convicción de la veracidad de lo aducidos por el actor, y al no actualizarse los extremos de la causal que se invoca, este Tribunal considera infundado este agravio.

XV. En razón de que se ha declarado la nulidad de la votación recibida en las casillas 3945 B, 3958 B, 3967 C3, 3976 B, 3978 B, 3978 C1, 3980 B, 3983 B, 3983 C1, 3983 C2 y 3985 C1, este Tribunal Electoral con fundamento en el artículo 345, fracción II, del Código Electoral del Estado de México, procede a modificar el resultado del cómputo municipal realizado por el Consejo Electoral de La Paz, México, para quedar de la siguiente manera:

Por lo expuesto y fundado, es de resolverse y se

Resuelve

Primero. Ha sido procedente la vía intentada por el ciudadano Daniel Trejo, en su carácter de representante suplente del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo Municipal Electoral con sede en el Municipio de La Paz, México.

Segundo. Se declara parcialmente infundado el presente juicio de inconformidad en términos de los considerandos VII, VIII, IX, X, XI inciso a), XII, XIII inciso a) y XIV de esta resolución.

Tercero. Se declara parcialmente fundado el presente juicio de inconformidad en términos de los considerandos XI, inciso b), y XIII, inciso b), de la presente resolución.

Cuarto. En consecuencia, se modifica el cómputo municipal efectuado por el Consejo Electoral Municipal de La Paz, México, realizado el día trece de marzo del año en curso, para quedar en términos del considerando XV de la presente resolución. Asimismo, se confirma la declaración de validez y las constancias de mayoría entregadas por el Consejo Municipal Electoral de La Paz, México, a la planilla ganadora”.

V. Inconforme con la trasunta resolución, el veintinueve de abril de dos mil tres, el Partido de la Revolución Democrática, por conducto de su representante, mediante escrito presentado ante el Tribunal Electoral del Estado de México, promovió, en su contra, juicio de revisión constitucional electoral.

En la tramitación atinente compareció la “Coalición “Alianza para Todos”, por conducto de sus representantes, en su calidad de tercera interesada y formuló los alegatos que a sus intereses convino.

VI. Oportunamente, el Magistrado Presidente de este Tribunal, turnó el presente expediente a la Magistrada Electoral Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, para los efectos del artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

VII. En virtud de que la Magistrada instructora advirtió que de los autos se desprendía la inexistencia del listado nominal correspondiente a las siguientes secciones electorales: 3943, 3944, 3946, 3947, 3948, 3949, 3950, 3951, 3953, 3954, 3955, 3957, 3958, 3959, 3960, 3962, 3964, 3966, 3967, 3968, 3969, 3970, 3972, 3973, 3974, 3977, 3979, 3980, 3984, 3988, 3989, 3990; todas ellas, relativas al municipio de La Paz, Estado de México, mediante proveído de seis de mayo del año en curso, requirió en términos de ley a la Presidenta del Instituto Electoral del Estado de México, para que dentro del plazo que se le fijó, contado a partir de la notificación del auto respectivo, remitiera el original o, en su caso, copia certificada de los documentos atinentes.

En su oportunidad, la autoridad requerida cumplimentó en tiempo y forma la prevención formulada.

VIII. Concluida la sustanciación respectiva, se declaró cerrada la instrucción y se ordenó formular el proyecto de sentencia correspondiente; y,

C O N S I D E R A N D O :

PRIMERO. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver este asunto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 41, párrafo segundo, base IV, 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 186 fracción III, inciso b), y 189, fracción I, inciso e) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 4 y 87 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un juicio de revisión constitucional electoral, promovido por un partido político, en contra de una resolución emitida por la autoridad electoral de una Entidad Federativa.

SEGUNDO. En virtud de que las causas de improcedencia están relacionadas con aspectos necesarios para la válida constitución de un proceso jurisdiccional, ya que por tratarse de cuestiones de orden público su estudio es preferente, se impone examinar si en el caso se actualizan las que hacen valer tanto la autoridad responsable, como la Coalición “Alianza para Todos”, por conducto de sus representantes, quien compareció en su carácter de tercera interesada a este medio constitucional de defensa.

Así, se tiene que, la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de México, al rendir el correspondiente informe circunstanciado, solicita se deseche de plano el presente juicio, porque, desde su perspectiva, la demanda relativa se presentó fuera de los plazos establecidos en el artículo 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Tal pretensión deviene infundada, por las consideraciones jurídicas que a continuación se precisan.

Los artículos 7, 8, 10, párrafo 1, inciso b), y 30, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, disponen lo siguiente:

“ARTÍCULO 7

1. Durante los procesos electorales todos los días y horas son hábiles. Los plazos se computarán de momento a momento y si están señalados por días, éstos se considerarán de veinticuatro horas.

2. Cuando la violación reclamada en el medio de impugnación respectivo no se produzca durante el desarrollo de un proceso electoral federal o local, según corresponda, el cómputo de los plazos se hará contando solamente los días hábiles, debiendo entenderse por tales todos los días a excepción de los sábados, domingos y los inhábiles en términos de ley.

ARTÍCULO 8

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley deberán presentarse dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, salvo las excepciones previstas expresamente en el presente ordenamiento.

ARTÍCULO 10

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes en los siguientes casos:

...

b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: ... contra los cuales no se hubiese interpuesto el medio de impugnación respectivo, dentro de los plazos señalados en esta ley;

...

ARTÍCULO 30

...

2. No requerirán de notificación personal y surtirán sus efectos al día siguiente de su publicación o fijación, los actos o resoluciones que, en los términos de las leyes aplicables o por acuerdo del órgano competente, deban hacerse públicos a través del Diario Oficial de la Federación o los diarios o periódicos de circulación nacional o local, o en lugares públicos o mediante la fijación de cédulas en los estrados de los órganos del Instituto y de las Salas del Tribunal Electoral”.

De los preceptos anteriormente transcritos se puede inferir que procede el desechamiento de los medios de impugnación previstos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, cuando no se hubiesen presentado o interpuesto dentro de los plazos señalados en la propia ley.

El plazo previsto para la presentación de los medios de impugnación es de cuatro días, contados a partir del siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable; asimismo, las notificaciones que se realicen (en términos del ordenamiento legal correspondiente o por acuerdo del órgano competente), a través del Diario Oficial de la Federación, los diarios o periódicos de circulación nacional o local, o en los lugares públicos o mediante la fijación de cédulas en los estrados de los órganos del Instituto o de las Salas del Tribunal Electoral, surtirán sus efectos al día siguiente.

Igualmente, se colige la diferencia para realizar el cómputo del plazo para la presentación de los medios de impugnación, pues tratándose de violaciones reclamadas durante los procesos electorales, todos los días y horas serán hábiles; en tanto que, fuera de aquél, se cuentan solamente aquellos que sean hábiles, debiendo entenderse por tales todos los días a excepción de los sábados, domingos y los inhábiles en términos de ley.

Cabe aclarar que el proceso electoral ordinario para la elección de diputados y miembros de los ayuntamientos en el Estado de México, acorde con lo dispuesto en el artículo 139 del Código Electoral de la mencionada Entidad Federativa, inicia en el mes de septiembre del año previo al de la elección atinente.

En la especie, es un hecho público y notorio que en el Estado de México, el pasado nueve de marzo, se llevó a cabo la etapa de la jornada electoral para elegir, entre otros, a los miembros de los ayuntamientos, de manera que, la resolución reclamada en este medio constitucional de defensa, se produjo durante el proceso electoral local.

Expuesto lo anterior, es menester precisar el inicio del cómputo del plazo indicado, para lo cual se toma en cuenta la existencia de cualquiera de estos dos momentos: a), el día siguiente a aquel en que el actor tenga conocimiento del acto o resolución impugnada, o bien, b), el día siguiente a aquel en que se hubiera notificado al actor el acto o resolución que se impugna, de conformidad con la ley aplicable al caso concreto.

En este sentido, como se indica en el proemio de esta resolución, el presente juicio de revisión constitucional electoral lo promueve el Partido de la Revolución Democrática, por conducto de su representante, quien es la parte actora.

Entonces, para determinar la oportunidad de la presentación de la demanda de este juicio, debe tomarse en cuenta la fecha en que, precisamente, el Partido de la Revolución Democrática tuvo conocimiento de la resolución reclamada o, en su caso, la fecha en que le fue notificado el fallo reclamado conforme a la ley aplicable.

En las constancias que obran en los autos del presente juicio, existen, entre otros, los siguientes elementos de convicción:

a) Original de la sentencia emitida el veinticuatro de abril del año en curso, por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, respecto del juicio de inconformidad promovido por el Partido de la Revolución Democrática, a través de su representante, identificado con el número JI/85/2003 (cuaderno accesorio dos, fojas 874 a 896), cuyo punto resolutivo quinto es del tenor literal siguiente:

“Quinto. NOTIFÍQUESE por estrados al partido político actor y a los partidos Parlamento Ciudadano, Partido Político del Estado de México, Partido Alianza Social y Partido Acción Nacional; personalmente a la Coalición “Alianza para Todos”; por oficio al organismo electoral responsable y al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México y fíjese copia de la presente resolución en los estrados de este H. Tribunal”.

b) Original de la cédula y la razón de notificación a las “partes”, de la resolución descrita en el inciso que antecede (fojas 897 y 898 del cuaderno accesorio dos), en las que se desprende que aquélla fue fijada en los estrados respectivos, a las veinte horas con cincuenta y seis minutos del veinticuatro de abril de dos mil tres.

c) Informe circunstanciado emitido por la Presidenta del precitado Tribunal Electoral del Estado de México (fojas 93 y 94 del cuaderno principal), quien, en lo que al caso atañe, manifestó lo que a continuación se transcribe:

“... La sentencia en comento le fue notificada por estrados al promovente, al no señalar domicilio en la Ciudad de Toluca de Lerdo, México, el día veinticuatro de abril del año en curso, a las veinte horas con cincuenta y seis minutos, ...”.

Así las cosas, de los elementos de convicción descritos en los incisos que anteceden, a los cuales, dicho sea de paso, se les concede valor probatorio pleno, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14, párrafos 1, inciso a) y 4, y 16, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, al decidir el expediente JI/85/2003, precisamente en el punto resolutivo quinto, ordenó que tal fallo se notificara por estrados al Partido de la Revolución Democrática; eso por una parte, por otra, que tal mandamiento se cumplimentó a las veinte horas con cincuenta y seis minutos del veinticuatro de abril del año en curso. De modo que, acorde con lo dispuesto en el artículo 317 del Código Electoral del Estado de México, la notificación atinente surtió efectos al día siguiente, es decir, el veinticinco del mes y año referidos.

En esa tesitura, es inconcuso que el derecho del promovente de este juicio nació y permaneció ejercible dentro de los cuatro días posteriores al siguiente en que tuvo efectos la referida notificación por estrados (veintiséis, veintisiete, veintiocho y veintinueve de abril del año en curso); ello es así, porque, como se precisó en los parágrafos que anteceden, la violación reclamada en este medio de impugnación se produjo durante el desarrollo del proceso electoral local, en donde todos los días se cuentan como hábiles.

Por tanto, si la demanda se exhibió el veintinueve de abril de dos mil tres, es innegable que fue presentada dentro del término de cuatro días a que se refiere el artículo 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para tal efecto.

En consecuencia, la promoción del ocurso origen del presente medio constitucional de defensa es oportuno y, por tal motivo, no se actualiza la causa de improcedencia hecha valer por la autoridad responsable.

Por otra parte, la Coalición “Alianza para Todos”, quien compareció en su calidad de tercera interesada, por conducto de sus representantes, solicita el desechamiento de plano del juicio de que se trata, porque, según afirma, se incumple con los requisitos establecidos en el artículo 86 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Tal pretensión resulta infundada.

Para estar en aptitud de demostrar jurídicamente esa conclusión, se estima conveniente transcribir el contenido del artículo 86, párrafo 1, del precitado ordenamiento legal, y que a saber, es el siguiente:

“ARTÍCULO 86

1. El juicio de revisión constitucional electoral sólo procederá para impugnar actos o resoluciones de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios locales o resolver las controversias que surjan durante los mismos, siempre y cuando se cumplan los requisitos siguientes:

a) Que sean definitivos y firmes;

b) Que violen algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

c) Que la violación reclamada pueda resultar determinante para el desarrollo del proceso electoral respectivo o el resultado final de las elecciones;

d) Que la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales;

e) Que la reparación solicitada sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios electos, y

f) Que se hayan agotado en tiempo y forma todas las instancias previas establecidas por las leyes, para combatir los actos o resoluciones electora­les en virtud de los cuales se pudieran haber modificado, revocado o anulado”.

Establecido lo anterior, se desprende que, tocante a los requisitos previstos en los incisos a) y f) del artículo 86 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en la especie se encuentran satisfechos en autos, pues el actor del juicio de revisión constitucional electoral de mérito Partido de la Revolución Democrática , agotó en tiempo y forma la instancia previa establecida en el Código Electoral del Estado de México juicio de inconformidad, para combatir el acto electoral controvertido, por virtud de la cual podía lograr su modificación, revocación o anulación.

Asimismo, como la legislación electoral de la citada Entidad Federativa, no prevé medio de impugnación alguno para combatir resoluciones como la reclamada en el presente juicio de revisión constitucional electoral, de ello se sigue que se cumple con el requisito de procedencia referente a un acto definitivo y firme.

Lo expuesto encuentra su explicación en el principio de que, juicios como el de que se trata de revisión constitucional electoral, constituyen medios de impugnación que revisten la naturaleza de excepcionales y extraordinarios, a los que sólo pueden ocurrir los partidos políticos cuando ya no existan a su alcance recursos ordinarios para conseguir la reparación plena de los derechos o prerrogativas en los que se hubieren visto afectados, atinentes para modificar, revocar o anular fallos como el que ahora se combate. En esto estriba precisamente el principio de definitividad que consagra el artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que se desarrolla en los invocados incisos a) y f) del artículo 86 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al reiterar, por una parte, que los actos o resoluciones impugnables en el juicio de revisión constitucional electoral deben ser definitivos y firmes, y por la otra, que para la promoción de dicho juicio tienen que haberse agotado en tiempo y forma, todas las instancias previas establecidas por las leyes.

Apoya lo anterior, la jurisprudencia identificada con la clave S3ELJ 23/2000, consultable en las páginas 53 y 54 del Tomo de Jurisprudencia de la “Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002”, emitida por este órgano jurisdiccional, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: “DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA, CONSTITUYEN UN SOLO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DEL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. El artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se desarrolla en el artículo 86, apartado 1, incisos a) y f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al reiterar, por una parte, que los actos o resoluciones impugnables en el juicio de revisión constitucional electoral deben ser definitivos y firmes, y por la otra, que para la promoción de dicho proceso tienen que haberse agotado, en tiempo y forma, todas las instancias previas establecidas por las leyes, en virtud de las cuales se pudieron haber modificado, revocado o anulado, constituye un solo requisito que reconoce como razón lógica y jurídica el propósito, claro y manifiesto, de hacer del juicio de revisión constitucional electoral un medio de impugnación excepcional y extraordinario, al que sólo se pueda ocurrir cuando el acto o resolución de que se trate no sea susceptible de revocación, nulificación o modificación, ya sea porque no se pueda hacer oficiosamente por parte de la propia autoridad emisora, de su superior jerárquico o de alguna otra autoridad local competente para ese efecto, o porque no existan ya medios ordinarios para conseguir la reparación plena de los derechos o prerrogativas en los que se hubieran visto afectados, sea porque no están previstos por la ley, porque los contemplados en ella sean insuficientes para conseguir cabalmente ese propósito reparador, o porque los previstos y suficientes hubieran sido promovidos o interpuestos sin éxito para el afectado. Este razonamiento se ve corroborado con el texto del inciso f) del apartado 1 del artículo 86 de la invocada Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en donde no sólo se exige que se agoten oportuna y formalmente las instancias previas establecidas por las leyes para combatir los actos o resoluciones electorales, sino que expresa y enfatiza que esas instancias previas deben ser aptas para modificar, revocar o anular los actos o resoluciones lesivos de derechos”.

Por otro lado, el partido político actor manifiesta que se violan, en su perjuicio, diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo que se cumple con el requisito de procedencia previsto por el inciso b) del primer párrafo del artículo 86 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en la medida de que dicho requisito debe entenderse como una exigencia formal y no como el resultado del análisis de los agravios propuestos por el promovente, en razón de que ello implicaría entrar al fondo del juicio antes de su admisión y substanciación. Por consiguiente, tal requisito debe estimarse satisfecho cuando, como en el presente caso, se hacen valer agravios en los que se exponen razones encaminadas a demostrar la afectación al interés jurídico del accionante, porque con ello se trata de señalar la violación de los principios de constitucionalidad y legalidad tutelados en los artículos 41, párrafo segundo, base cuarta y 116, párrafo segundo, fracción IV, de la Carta Fundamental.

Ello encuentra apoyo en la jurisprudencia identificada con la clave S3ELJ 02/97, sustentada por esta Sala Superior, consultable en las páginas 117 y 118 del Tomo de Jurisprudencia de la “Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002”, que dice: “JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. INTERPRETACIÓN DEL REQUISITO DE PROCEDENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 86, PÁRRAFO 1, INCISO B), DE LA LEY DE LA MATERIA. Lo preceptuado por el artículo 86, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, referente a que el juicio de revisión constitucional electoral sólo procederá contra actos o resoluciones “Que violen algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, debe entenderse en un sentido formal, relativo a su establecimiento como requisito de procedencia, y no al análisis propiamente de los agravios esgrimidos por el partido impugnante, toda vez que ello supone entrar al fondo del juicio; por lo tanto, dicho requisito debe considerarse que se acredita cuando en el escrito correspondiente se hacen valer agravios debidamente configurados, esto es, que éstos precisen claramente los argumentos o razonamientos enderezados a acreditar la afectación del interés jurídico del promovente, derivado de la indebida aplicación o incorrecta interpretación de determinada norma jurídica en el acto o resolución impugnado, por virtud de los cuales se pudiera infringir algún precepto constitucional en materia electoral, toda vez que ello supondría la presunta violación de los principios de constitucionalidad y legalidad electoral tutelados en los artículos 41, párrafo segundo, fracción IV y 116, párrafo segundo, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; o sea, que de los agravios esgrimidos se advierta la posibilidad de que se haya conculcado algún precepto constitucional en la materia, resultando irrelevante que se citen o no los artículos constitucionales presuntamente violados, ya que, de conformidad con el artículo 23, párrafo 3, de la Ley General citada, en la presente vía este órgano jurisdiccional, ante la omisión de los preceptos jurídicos presuntamente violados o su cita equivocada, resuelve tomando en consideración los que debieron ser invocados o los que resultan aplicables al caso concreto. Por lo anterior, la omisión o cita errónea de los preceptos constitucionales presuntamente violados no tiene como consecuencia jurídica el desechamiento del juicio de revisión constitucional electoral”.

Tocante al requisito previsto en el inciso c) del artículo 86 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, relativo a que la violación reclamada pueda llegar a ser determinante para el resultado final de la elección de ayuntamiento en el Municipio de La Paz, Estado de México, igualmente, debe considerarse que se encuentra colmado.

En efecto, ya que de resultar fundados los agravios aducidos por el Partido de la Revolución Democrática en el presente juicio de revisión constitucional electoral, provocaría la revocación de la sentencia impugnada y, con ello, se produciría la nulidad de la votación recibida en el 41.71% de las casillas instaladas en el municipio de que se trata, en razón de que el universo fue de 187, y se impugnó primigeniamente la votación captada en 78 casillas electorales, y así, sumadas las casillas cuya votación anuló la responsable (11), las cuales su reclamación subsiste en esta instancia, se actualizaría la hipótesis contenida en el inciso b) de la fracción III del artículo 299 del Código Electoral del Estado de México, consistente en la acreditación de una o algunas de las causas de nulidad de la votación recibida en las casillas, se acrediten en por lo menos el veinte por ciento de las casillas instaladas en el municipio de que se trate, y, consecuentemente, procedería declarar la nulidad de la elección.

Antes de realizar las operaciones aritméticas correspondientes, se destaca que el actor manifiesta en su demanda, que ante la autoridad responsable reclamó la nulidad de la votación recibida en 77 casillas, sin embargo, yerra en su afirmación, pues como se concluye del resultando tercero de esta ejecutoria, realmente impugnó 78 casillas; eso por un lado, por otro, según de desprende del documento denominado “avance de instalación de casillas”, expedido por el Instituto Electoral del Estado de México, que obra a fojas 234 del cuaderno accesorio número uno, en el Municipio de La Paz, se instalaron 188 casillas para la elección de miembros de ese ayuntamiento, empero, para el ejercicio correspondiente, se tomarán como base 187, ya que hubo una casilla especial (3997 especial), en la que se recibió votación para cargos distintos al de miembros de ayuntamiento.

Ahora sí, enseguida se ponen de relieve diversos cuadros en los que se indican: a), las casillas impugnadas por el Partido de la Revolución Democrática en el juicio de inconformidad; b), casillas cuya votación anuló el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México; c), casillas cuya invalidez de votación subsiste en este juicio de revisión constitucional electoral; y d), el porcentaje global de casillas que se invalidarían, para el supuesto hipotético de que se acogieran favorablemente los agravios vertidos por el actor en esta instancia.

a) Casillas impugnadas por el Partido de la Revolución Democrática en el juicio de inconformidad:

b) Casillas cuya votación anuló el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México:

c) Casillas cuya invalidez de votación subsiste en este juicio de revisión constitucional electoral:

d) Porcentaje global de casillas que se invalidarían, para el supuesto hipotético de que se acogieran favorablemente los agravios vertidos por el actor:

Como se aprecia, en el supuesto de que se estimaran fundados los agravios expuestos por el partido actor y, por ende, se declarara la nulidad de la votación recibida en las casillas citadas (en las que se incluyen, desde luego, las que invalidó la autoridad responsable), se invalidaría el 41.71% de aquellas que se instalaron en el Municipio de La Paz, Estado de México, lo que traería como resultado que se declarara la nulidad de la elección de que se trata.

Ello es así, porque el artículo 299, fracción III, inciso b), del Código Electoral del Estado de México, establece lo siguiente:

“Artículo 299.

...

III. Son causas de nulidad de una elección de un ayuntamiento, cualquiera de las siguientes:

...

b) Cuando alguna o algunas de las causas señaladas en el artículo anterior se acrediten en por lo menos el veinte por ciento de las casillas instaladas en el municipio de que se trate;

...”.

En tal contexto, si relacionamos, en hipótesis, el precepto anterior con el supuesto a estudio, debe concluirse que la violación reclamada sí resulta determinante para el resultado final de la elección de miembros del ayuntamiento del Municipio de La Paz, Estado de México, puesto que, acorde con la citada disposición, la nulidad de una elección se encuentra sujeta a dos condiciones, a saber:

a) Que se actualice alguna o algunas de las causas de nulidad de votación recibida en casilla a que se refiere el artículo 298 del ordenamiento legal en comento; y,

b) Que tales motivos de nulidad se acrediten en por lo menos el veinte por ciento de las casillas instaladas en el municipio de que se trate.

Por lo que hace al primer supuesto, debe decirse que en el presente asunto se arguye la actualización de diversas hipótesis de nulidad de votación recibida en casilla; en cuanto al segundo requisito, también se actualiza, toda vez que, como se dijo, el actor plantea la nulidad de la votación recibida en 78 casillas, incluyendo las que invalidó la autoridad responsable, mismas que representan más del veinte por ciento de las casillas instaladas en el municipio de que se trata (41.71%) y, en consecuencia, ello es suficiente para declarar la nulidad de la elección en cuestión.

Además, desde un punto de vista cualitativo, resultaría significativo el porcentaje de la votación válida emitida que se anularía en el municipio cuyo cómputo se cuestiona, como se ilustra enseguida:

Votación recibida en las casillas impugnadas, acorde con el acta de escrutinio y cómputo: