JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL.

EXPEDIENTE: SUP-JRC-90/2005.

ACTOR: COALICIÓN “ALIANZA CIUDADANA POR BAJA CALIFORNIA SUR”.

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE BAJA CALIFORNIA SUR.

MAGISTRADO PONENTE: LEONEL CASTILLO GONZÁLEZ.

SECRETARIO: CLAUDIA PASTOR BADILLA.

México, Distrito Federal, a veintinueve de marzo de dos mil cinco.

V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-90/2005, promovido por la Coalición “Alianza Ciudadana por Baja California Sur”, en contra de la resolución de once de marzo de dos mil cinco, emitida por el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Baja California Sur en el expediente TEE-JI-012/2005, por medio de la cual modificó los resultados consignados en el acta de cómputo distrital, y;

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. El seis de febrero de dos mil cinco se llevó a cabo la elección de Gobernador en el Estado de Baja California Sur.

El nueve de febrero se realizó la sesión de cómputo de  la elección de Gobernador en el distrito electoral I, con sede en La Paz, la cual arrojó los resultados siguientes

En dicha sesión se declaró la validez de la elección, y se hizo la entrega de la constancia de mayoría a la coalición Democrática Sudcaliforniana.

SEGUNDO. Juicio de inconformidad. En contra de lo anterior la Coalición “Alianza Ciudadana por Baja California Sur” promovió juicio de Inconformidad ante el Comité Distrital I del Instituto Electoral de Baja California Sur, demanda radicada en el expediente TEE-JI-012/2005, en la cual se impugnó la nulidad de votación recibida en diversas casillas, así como la nulidad de la elección de gobernador del estado, por las causas previstas en los artículos 3 y 4 fracción I, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y por actualizarse la causa abstracta.

El once de marzo el Tribunal Estatal Electoral dictó sentencia desestimatoria la cual se notificó a la coalición promovente al día siguiente.

TERCERO. Juicio de Revisión Constitucional Electoral. El dieciséis de marzo, inconforme con lo anterior, la Coalición “Alianza Ciudadana por Baja California Sur” presentó demanda de juicio de revisión constitucional electoral, la cual se remitió por la autoridad responsable a esta Sala Superior conjuntamente con las constancias atinentes.

El Presidente de esta Sala Superior turnó el juicio al Magistrado Leonel Castillo González, para su substanciación, y el veintiocho de marzo se radicó, se admitió a trámite la demanda y se cerró la instrucción, quedando los autos en estado de dictar sentencia.

El veintitrés de marzo se recibió escrito de la tercero interesada “Coalición Democrática Sudcaliforniana”.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción, y la Sala Superior es competente, para conocer y resolver el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 186, fracción III inciso b), y 189 fracción I inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 87, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un juicio de revisión constitucional electoral.

SEGUNDO. La promovente solicita la acumulación de los diversos juicios promovidos en contra de los cómputos distritales de Baja California Sur, con el objeto de demostrar que los errores menores detectados en las casillas fueron sistemáticamente observados en un alto porcentaje de las  instaladas en el territorio de esa entidad federativa, lo cual se traduce en una irregularidad generalizada, determinante cualitativamente para el resultado final de la elección de gobernador.

No procede acoger esa petición, porque de llevarla a cabo no favorecería los fines para los cuales está prevista esta institución procesal, consistentes en agilizar y simplificar el dictado de las resoluciones judiciales, toda vez que en cada uno de los asuntos planteados contra los cómputos distritales de la elección de gobernador se invocan hechos diferentes, ocurridos en distintas circunstancias de lugar, tiempo y modo, como afectatorias de distinta votación, aunque guarden relación de conexidad por la pretensión a la cual se dirigen, de manera que unirlas para el dictado de una sola resolución, provocaría mayor complejidad, redundante en el tiempo y calidad de la decisión.

Por otra parte, esa institución procesal no resulta indispensable para que la actora consiga la acumulación de resultados de los fallos, porque en el caso de que todos ellos deriven en una consecuencia distinta a la que produce la nulidad por esta causal, esta Sala lo haría de oficio.

Así es, de conformidad con los dos últimos párrafos del artículo 65 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Baja California Sur, cada una de las actas de cómputo distrital en las que se acredite nulidad de casillas, será modificada en la sección de ejecución al resolverse el último de los medios de impugnación promovidos contra la elección correspondiente.

Igualmente, los preceptos mencionados establecen como otros de los indefectibles efectos de la sección de ejecución, la acumulación de los resultados de los distintos medios de impugnación, en el caso, las inconformidades en contra de los diversos cómputos distritales, y cuando de éstos se actualicen los supuestos de nulidad previstos en los artículos 3° y 4° del mencionado ordenamiento, aún cuando no se haya solicitado en ninguno de los medios de impugnación resueltos individualmente, se decretará la anulación respectiva, como en la especie sería la de la elección de gobernador.

Por ende, tanto la acumulación de impugnaciones en contra de los diversos cómputos distritales como la de las pruebas ofrecidas en cada uno de ellos, resultaría intrascendente e innecesaria respecto de la pretensión de la enjuiciante relativa a sumar las nulidades específicas de todos los cómputos distritales, impugnados para lograr la anulación de la elección de gobernador, pues esa pretensión constituye una actividad oficiosa y forzosa para la autoridad, siempre y cuando se acrediten causas de nulidad específicas dentro de los cómputos distritales individualmente impugnados.

TERCERO. Requisitos de la demanda, presupuestos procesales y requisitos especiales de procedibilidad.

1. Forma. La demanda se presentó por escrito, ante la autoridad responsable, y en ella consta el nombre y firma de quien promueve en representación de la coalición Alianza Ciudadana por Baja California Sur, se identifica el acto impugnado y la autoridad responsable, se mencionan los hechos materia de la impugnación y se expresan agravios.

2. Oportunidad. El juicio se promovió dentro del plazo de cuatro días fijado por el artículo 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues la sentencia impugnada se notificó a la coalición promovente el doce de marzo, y la demanda se presentó el dieciséis siguiente.

3. Legitimación. El juicio de revisión constitucional electoral fue promovido por parte legítima, conforme con lo previsto por el artículo 88, apartado 1, de la ley citada, por tratarse de una coalición de partidos políticos.

4. Personería. Quien presentó la demanda de juicio de revisión constitucional, en representación de la coalición Alianza Ciudadana por Baja California Sur, Santiago Leal Amador, está facultado en términos del artículo 88, apartado 1, inciso d), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque, conforme con el convenio de coalición, tiene facultades para tal efecto, como se demuestra con el documento correspondiente.

5. Actos definitivos y firmes. El requisito previsto en el artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y desarrollado en el artículo 86, apartado 1, incisos a) y f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se surte en la especie, porque contra la sentencia impugnada no está previsto ningún medio de impugnación en la legislación local, ni existe disposición o principio jurídico del cual se desprenda la autorización de alguna autoridad de esa entidad para revisar y, en su caso, revocar, modificar o nulificar oficiosamente el acto impugnado.

6. Violación de algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la demanda se alega violación a los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución General de la República, entre otros.

7. La violación reclamada puede ser determinante para el resultado final de la elección. El requisito exigido por el artículo 86, apartado 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral está satisfecho, porque de acogerse las pretensiones de la coalición promovente se declararía la nulidad de la elección de gobernador en el Distrito I, pues se sostiene la actualización de la causa de nulidad abstracta.

8. Posibilidad y factibilidad de la reparación. La reparación solicitada es material y jurídicamente posible, toda vez que, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, el gobernador del estado entrará en funciones el cinco de abril de dos mil cinco, por lo cual existe plena factibilidad para reparar la violación alegada antes de esa fecha.

CUARTO. La resolución impugnada se funda en las consideraciones siguientes.

TERCERO. Tomando en cuenta el orden preferente que revisten las causales de improcedencia, en virtud de que estas se encuentran relacionadas con aspectos precisos para la válida constitución del proceso y por ser cuestión de orden público, de acuerdo a lo previsto en los artículos 1 de la Ley Electoral del Estado; 1 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda vez que, de actualizarse alguna de las hipótesis previstas en el artículo 36 de la Ley de Medios de Impugnación invocada, provocan la imposibilidad jurídica de este Órgano Jurisdiccional, para emitir pronunciamiento de fondo respecto de la controversia planteada, lo mismo sucedería si el escrito de demanda del Juicio de inconformidad no satisficiera los requisitos generales y especiales previstos en los artículos 39 y 40 de la Ley de Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

I. De la lectura del escrito del medio de impugnación, se advierte que la Alianza Ciudadana por Baja California Sur impugna, los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de Gobernador correspondiente al I Distrito Electoral del Estado, haciendo valer diversas causas de nulidad de votación recibida en casilla así como la nulidad de elección, contempladas en los artículos 3, párrafo primero, fracciones IV, IX y XI; 4, párrafo primero, fracción I, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, partiendo de hechos, que en su concepto constituyen irregularidades que actualizan la causal “abstracta” de nulidad de elección.

Las irregularidades que el actor señala en su agravio genérico como suficientes para acreditar la nulidad abstracta de elección son básicamente las siguientes:

“a) El Comité Distrital Electoral respectivo infringió el principio de legalidad al pasar desapercibido la serie de irregularidades cometidas, previo a la celebración de las campañas electorales y en la jornada electoral, en forma sustantiva, sistemática y reiterada, que son determinantes para el resultado de la votación y final de la elección en razón de su número, por parte de: la coalición que integra el Partido de la Revolución Democrática, su candidato a diputado por el principio de mayoría relativa; la injerencia e intromisión del Gobernador del Estado, así como de diversos funcionarios dependientes del Ejecutivo Estatal en el proceso electoral, a través de recursos materiales y humanos; la actuación parcial, dependiente e ilegal del propio Instituto Electoral del Estado; por la intimidación y violencia cometida en contra de los simpatizantes y militantes de la Coalición y ciudadanos en general.

b) El Comité Distrital señalado como responsable no dio cumplimiento al procedimiento previsto en los artículos 250 y 251 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, ya que como se aprecia del acta circunstanciada de la sesión de cómputo Distrital del nueve de febrero de dos mil cinco, se dice que se detectaron irregularidades pero nunca media solicitud de representante de partido político alguno que estableciera la necesidad de la apertura de paquetes electorales, o bien, no se llevó a cabo el análisis de todos y cada uno de los paquetes electorales para establecer cuáles estaban alterados y cuáles contenían errores o no estaban llenados para luego proceder a su apertura, y consecuentemente realizar el escrutinio y cómputo de nueva cuenta; por lo que tal proceder es arbitrario, ya que únicamente se limitó a corregir datos numéricos de las actas de escrutinio y cómputo atinentes, sin revisar el cumplimiento de todos y cada uno de los dispositivos que garantizarán la libertad y secrecia del voto, ya que la apertura de paquetes fue discrecional y arbitraria.

c) El error en el cómputo de los votos en las casillas cuya votación se impugna, si bien, de manera individualizada no es determinante en alguna de ellas lo cierto es que resulta generalizado al acontecer en más del 20% de casillas.

d) Al no haberse observado de manera cabal los principios fundamentales para celebrar un proceso legal, equitativo y democrático, se pone en duda la credibilidad y legitimidad de los comicios y de quien se pretende resulte electo, de suerte que el proceso y los resultados obtenidos en estos no son aptos para surtir sus efectos legales, ya que el error aritmético que se alega, adminiculado con el resto de las demás irregularidades, son razón suficiente, fundada y probada para actualizar la causa de nulidad de elección de tipo “abstracto”, derivada del mandato de los preceptos constitucionales 39, 41, 99 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 36 de la Constitución del Estado de Baja California Sur; 1º y 3º de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, y de los lineamientos abordados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la tesis relevante identificada con la voz “Nulidad de elección. Causa Abstracta”.

e) Que durante la etapa preparatoria de la jornada electoral, reiniciaron varias denuncias y demandas a diversos funcionarios y candidatos que en campaña ejecutaron actos violatorios a la ley de la entidad y en especial a la de materia electoral; ya que se denunció ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, actos proselitistas de manera anticipada a los tiempos establecidos para lo cual la referida autoridad electoral decretó una sanción administrativa, misma que quedó sin efectos posteriormente, bajo la observación de que supuestamente, estos actos proselitistas eran actos realizados de la campaña interna de elección de candidatos de su partido político, actos que violan de manera flagrantes el principio de equidad, igualdad y legalidad que rige todo proceso democrático y que vulneró a todos los demás participantes al adelantarse a la promoción personal del candidato generando simpatías de manera aventajada.

f) Que se impugnó el registro de Narciso Agúndez Montaño, candidato a Gobernador por la Coalición Democrática Sudcaliforniana porque dicho registro violaba las disposiciones estatutarias, al haber sido registrado ante el Órgano Electoral por el C. Víctor Madrigal Barbosa, que no era la persona idónea para hacerlo en virtud de que en esa etapa y a la fecha ocupa el cargo de Subsecretario de Gobierno de Baja California Sur; asimismo se impugnó ante el Instituto Estatal Electoral el convenio de coalición realizado por los Partidos de la Revolución Democrática y Convergencia por la Democracia, porque ambos partidos no acreditaron fehacientemente que sus órganos internos hayan aprobado la integración de la coalición para contender en las elecciones en el Estado de Baja California Sur, por lo que la referida coalición postuló y contendió en el proceso de manera ilegal.”

Por su parte la autoridad responsable en su informe circunstanciado, manifiesta categóricamente que no opera la causal “abstracta” de nulidad que argumenta el imperante, toda vez que:

“la declaración de validez de la elección de Gobernador del Estado y la entrega de la constancia de Mayoría Respectiva, al momento de la presentación del juicio son acontecimientos futuros e inciertos, por lo que resulta ser frívolo el referido juicio".

Ahora bien, por cuanto hace a la pretensión del accionante, en el sentido de que se declare la nulidad de la elección de Gobernador del Estado a través del medio de impugnación que nos ocupa, con base en la causal de nulidad de elección de tipo abstracta invocada, este órgano colegiado estima necesario realizar las siguientes precisiones:

a) Es de explorado derecho que, de conformidad con lo dispuesto por la fracción IV, inciso d), del artículo 116, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las constituciones y leyes de los Estados en materia electoral deben garantizar, entre otras bases, que se establezca un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad.

A su vez el artículo 36, fracción V, de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur, establece que para garantizar que los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad, se establecerá un sistema de medios de impugnación de los cuales conocerán, en los términos que señale la ley, el Instituto Estatal Electoral y el Tribunal Estatal Electoral.

En concordancia con las normas antes enunciadas, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en su fracción I del artículo 181 estatuye la atribución del Tribunal Estatal Electoral para conocer y resolver los recursos de su competencia interpuestos, de conformidad a la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; por otra parte, el artículo 18, fracción II, de la codificación en cita, establece que el Tribunal tendrá competencia para resolver el juicio de inconformidad.

Del análisis de las disposiciones constitucionales y legales antes enunciadas, resulta incuestionable que esta autoridad electoral jurisdiccional, tiene asidero legal y se encuentra obligada a ceñir su actuar al estricto cumplimiento de las funciones y facultades expresamente establecidas por la ley.

En este orden de ideas, resulta conveniente señalar que en las diversas disposiciones legales que conforman el sistema de medios de impugnación en materia electoral del estado, han sido previstos por parte del legislador ordinario, tres tipos de recursos o medios de impugnación a saber, el Recurso de Revisión, el de Apelación y el de Inconformidad; así lo dispone el numeral 10 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Así, tenemos que el presente Juicio de Inconformidad, no resulta el adecuado para anular la elección de Gobernador del Estado, ni mucho menos, el oportuno para examinar cualquier tipo de irregularidad que pudiera encuadrarse en la “causal abstracta” de nulidad de elección.

En efecto, para sostener lo anterior, resulta necesario acudir a las disposiciones que a continuación se transcriben, mismas que se encuentran contenidas en la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Baja California Sur:

“[...]

Artículo 15. Los partidos políticos o coaliciones podrán interponer el Juicio de Inconformidad para impugnar:

I. Los resultados consignados en las actas de cómputo distrital de la elección de Gobernador del Estado y por nulidad de la votación recibida;

VII. El cómputo general realizado por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral en la elección de Gobernador del Estado, cuando exista error aritmético o por las causales de nulidad establecidas en la presente Ley, y en consecuencia contra la expedición de la constancia de mayoría correspondiente.

[...]

Artículo 65. Las sentencias de fondo del Tribunal Estatal Electoral, que recaigan a los Juicios de Inconformidad, podrán tener los siguientes efectos:

[...]

V. Modificar el acta de cómputo distrital respectiva; como consecuencia de declarar la nulidad de la votación emitida en una o varias casillas para la elección de Gobernador del Estado, cuando se den los supuestos de nulidad previstos en el artículo 3º de la presente Ley;

[...]

VIII. Revocar la constancia de mayoría expedida por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral en favor de quien hubiere obtenido la mayoría de votos en la elección de Gobernador del Estado, y otorgarla al candidato que resulte triunfador como resultado de la anulación de la votación recibida en las casillas del Estado, y modificar en consecuencia el acta de cómputo general respectiva; y

IX. Revocar la constancia de mayoría expedida por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, por los Comités Distritales Electorales o por los Comités Municipales; como consecuencia de declarar la nulidad de la elección cuando se den los supuestos previstos en esta Ley;

En los supuestos a que se refieren las fracciones II, III, IV, V, VI, VII y VIII, de este artículo, el Tribunal Estatal Electoral podrá modificar el acta o actas de cómputo respectivas en la sección de ejecución que para tal efecto se abra, al resolver el último de los medios de impugnación que se hubieren interpuesto en contra de la elección de que se trate.

Cuando en la sección de ejecución, por efecto de la acumulación de las resoluciones de los distintos medios de impugnación, se actualicen los supuestos de nulidad previstos en los artículos 3º y 4º de la presente Ley, el Tribunal Estatal Electoral decretará lo conducente, aún cuando no se haya solicitado en ninguno de los medios de impugnación resueltos individualmente.

Artículo 66. Resueltas en su caso las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre la elección de Gobernador del Estado, el Presidente del Tribunal Estatal Electoral, remitirá al Consejo General del Instituto Estatal Electoral dentro del día siguiente a aquél en que fueron dictadas las resoluciones y los expedientes que las contengan, a efecto de que el propio Consejo General califique la elección y formule la declaración de Gobernador Electo, respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos.

[...]”

De la recta interpretación de los artículos 15, fracción I, y 65, fracciones V y VIII, de la referida ley de medios, se llega a la conclusión de que las resoluciones que recaigan a los juicios de inconformidad que se interpongan para impugnar los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de Gobernador, por las causales de nulidad de la votación recibida en una o varias casillas, podrán tener como efecto, entre otros, la modificación del acta de cómputo distrital respectiva para la elección de Gobernador, como consecuencia de declarar la nulidad de la votación emitida en una o varias casillas, cuando se den los supuestos de nulidad previstos en el artículo 3º del mismo ordenamiento legal; y eventualmente, la revocación de la constancia de mayoría expedida por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral a favor de quien hubiere obtenido la mayoría de votos en la elección de Gobernador del Estado, y otorgarla al candidato que resulte triunfador como resultado de la modificación del acta de cómputo general respectiva. Es decir, de acuerdo a lo previsto en la legislación aplicable, no es posible que a través de una impugnación como la que endereza la accionante, y que ahora se examina, resulte factible declarar la nulidad de la elección de Gobernador con apoyo en la invocada “causal abstracta”.

Más aún, en la sección de ejecución que se abriera el resolver los distintos juicios de inconformidad relacionados con la elección de Gobernador, y que es en la que se determinan, en su caso, los alcances o repercusiones de las modificaciones realizadas a las actas de cómputo distrital de esta elección en los medios de impugnación resueltos de manera individual; al tenor de lo previsto en los artículos 65, párrafos segundo y tercero, y 66, de la referida ley adjetiva, sólo podría declararse la nulidad de la elección de Gobernador con base en los supuestos contemplados en las fracciones I y II del artículo 4º del ordenamiento que se consulta; o sea, cuando las causas de nulidad de votación recibida en casilla se hubieran declarado existentes en por lo menos el veinte por ciento de las casillas instaladas en el Estado, y sean determinantes para el resultado de la elección, o bien, cuando quedare acreditado que no se instalaron las casillas en por lo menos el veinte por ciento de las secciones de la entidad.

En este estado de cosas, debe recalcarse que, en el mejor de los casos, la solicitud de nulidad de tipo “abstracto” de la elección de Gobernador que realiza la parte accionante, sólo podría ser planteada y resuelta por este Tribunal Estatal Electoral, en los dos supuestos siguientes:

1. En la medida en que se interpusiera un juicio de inconformidad en contra del cómputo general realizado por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, en el caso de la elección de Gobernador, en el que se aduzcan las causales de nulidad establecidas en el artículo 4º de la ley adjetiva que se estudia, y precisamente, la que se contiene en la fracción IV de este dispositivo.

Para el caso, debe señalarse que la referida fracción IV, establece que una elección será nula cuando: “Se hayan cometido en forma generalizada violaciones substanciales en la jornada electoral, se encuentren plenamente acreditadas y se demuestre que las mismas fueron determinantes para el resultado de la elección, salvo que las irregularidades sean imputables a los partidos políticos o coaliciones promoventes o a sus candidatos”.Con relación a este supuesto de nulidad de elección, cabe resaltar que el artículo 78 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, cuya aplicación es en el panorama federal, contiene una hipótesis legal de nulidad redactada en términos muy similares al de la legislación local, el cual es conocido como “causal genérica” de nulidad de elección de mayoría relativa.

Sobre esta causa “genérica” de nulidad de elección, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver los expedientes identificados con las claves SUP-REC-009/2003 y SUP-REC-010/2003, formados con sendos recursos de reconsideración hechos valer en las elecciones federales ordinarias, en un asunto que ha sido denominado “Caso Torreón” precisó, después de realizar un estudio comparativo, tanto de la casual “genérica” como de la “abstracta” de nulidad de elección, que los elementos característicos de ambas son extraídas de los fines, principios o elementos fundamentales previstos en la Constitución sobre las elecciones democráticas, porque ambas se refieren a la naturaleza misma del proceso electoral, en cuanto a que, si se dañan de modo importante los bienes jurídicos sustanciales de toda elección y los valores y principios que a los mismos corresponden, dicha elección está viciada y, por tanto, su nulidad debe declararse; y que, en consecuencia, la diferencia estriba en que, mientras la segunda se le ubica de manera “abstracta” como vulneración de tales elementos o principios, y que dan pauta a la determinación de que aunque no se encuentre expresamente acogida en la ley, tiene que examinarse cuando se haga el planteamiento, porque implica la violación a los elementos fundamentales de la elección, la segunda constituye la concreción de la causa abstracta por parte del legislador, al plasmarla expresamente en la ley, es decir, el legislador asimiló los mismos conceptos que constituyen la causa abstracta y los señaló en la ley. Así, la Sala Superior determinó que las violaciones que dan lugar a la causa abstracta de nulidad, como a la prevista en el artículo 78 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, son esencialmente las mismas, por lo que su estudio debe ser de manera unitaria.

En vista de lo anterior, aun cuando en la especie se solicitara la nulidad “abstracta de la elección”, en todo caso, esta autoridad procedería a examinar las supuestas irregularidades que se alegaran, dentro del supuesto de nulidad de elección genérico previsto en el artículo 4º, fracción IV, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Baja California Sur.

2. El otro supuesto se daría, hasta el momento en que el Consejo General del Instituto Estatal Electoral calificara la elección y formulara la declaración de Gobernador electo, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre esta elección, como se dispone en el artículo 66, de la ley de medios en consulta; pues es en este período cuando en realidad, se debe examinar el cumplimiento de los requisitos sustanciales de la elección de Gobernador, a través de la correspondiente calificación de elección.

Al efecto, resulta de suma importancia dejar asentado, que a fin de que el pueblo, en ejercicio de su soberanía, elija a sus representantes a través de elecciones libres, auténticas y periódicas, en el que exprese su voto de manera universal, libre, secreta y directa, el día de la jornada electoral, se ha establecido todo un proceso electoral compuesto de diversas etapas; debiéndose (SIC) que un procedimiento es un conjunto de hechos concatenados entre sí, donde el que antecede sirve de base al siguiente, y a su vez, este último encuentra sustento en aquél, cuyo avance se da en el tiempo como instrumentación para alcanzar determinado fin.

En ese sentido, en cada una de sus etapas, en las actividades, actos u omisiones que corresponda hacerse en ellas, deben observarse, en el mayor grado posible, los principios o valores que rigen el fin último al que están dirigidas y con eso contribuir a su logro, precisamente porque le sirven de instrumento. En un proceso electoral, por regla general, la eficacia o vicios que se presenten cada una de sus etapas van a producir sus efectos principales y adquirir significado, realmente, el día de la jornada electoral.

Es en razón de lo anterior que, luego de que transcurre la jornada electoral y se obtienen los resultados de las casillas, la autoridad administrativa electoral correspondiente procede, después de realizar un cómputo general, a calificar la elección.

En ese acto de calificación la autoridad analiza si se cometieron irregularidades durante el desarrollo del proceso electoral en cualquiera de sus etapas, y en caso de ser así, valora en qué medida afectaron los bienes jurídicos, valores y principios que rigen las elecciones con el fin de determinar si los mismos permanecen, o bien, si la afectación fue de tal magnitud que en realidad no subsistieron. En el primer caso, declara válida la elección y en el segundo no, porque en este último caso significa que no se alcanzó la finalidad, esto es, no se logró obtener, mediante el voto universal, libre, secreto y directo, la voluntad popular en torno a quienes elige para que en su representación ejerzan su poder soberano. Es precisamente ese acto en que se califica y valida la elección, el que constituye el objeto de impugnación cuando se hace valer su nulidad, por el medio de impugnación correspondiente ante la autoridad  jurisdiccional electoral.

Lo anterior, encuentra sustento en la resolución emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del expediente identificado como SUP-JRC-487/2000 y su acumulado, el cual es conocido comúnmente como el “Caso Tabasco”; y la sentencia dictada en el expediente SUP-JRC-120/2001 “Caso Yucatán”. En las sentencias de los juicios acumulados SUP-JRC-487/2000 y SUP-JRC-489/2000 (caso tabasco), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación afirmó lo siguiente:

“5. Toda la argumentación que precede, permite concluir que el sistema legal de nulidades del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Tabasco se puede establece un distingo, en atención a su extensión, de dos órdenes de causales de nulidad. El primero está compuesto por causales específicas, que rigen la nulidad de la votación recibida en casilla, respecto a cualquier tipo de elección, así como la nulidad de la elección de Diputados de Mayoría Relativa y de Presidentes Municipales y Regidores: y el segundo integrado por una sola categoría abstracta de nulidad, cuyo contenido debe encontrarlo el juzgador en cada situación que se someta a su decisión, atendiendo a las consecuencias concurrentes en cada caso concreto, a la naturaleza jurídica de las instituciones electorales, a los fines perseguidos con ellas, y dentro de este marco, a que la elección concreta que se analice satisfaga los requisitos exigidos como esenciales e indispensables por la Constitución y las Leyes para que puedan producir efectos.

De sostener la postura de que la ausencia de causales específicas de nulidad para la elección de Gobernador impide declarar su ineficacia independientemente de las irregularidades cometidas en ella que no se puedan remediar con la nulidad de votación recibida en casillas en particular, llevaría a admitir que dicha elección debe prevalecer a pesar de la evidencia de ciertas irregularidades inadmisibles, que al afectar elementos esenciales, cualitativamente sean determinantes para el resultado de la elección, como podrían ser: a). La actualización de causales de nulidad de la votación recibida en casilla en todas las instaladas en el Estado, salvo en algún número insignificante, donde la victoria no estaría determinada por la voluntad soberana del pueblo, sino por un pequeñísimo grupo de ciudadanos; b). La falta de instalación de una cantidad enorme de las casillas en dicha entidad federativa, que conduciría a igual situación; c). La declaración de validez de la elección y la expedición de la constancia de mayoría al candidato que hubiese obtenido el triunfo, aún siendo inelegible, o d). La comisión generalizada de violaciones sustanciales en la jornada electoral, en todo el Estado, que atenten claramente contra principios como el de certeza, objetividad, e independencia.

Ahora bien, para conocer cuales son las irregularidades que podrían constituirse como causal de nulidad de la elección de Gobernador, es necesario recurrir a las distintas disposiciones donde se contienen los elementos esenciales e imprescindibles de dicha elección”.

En la sentencia de juicio SUP-JRC-120/2001, afirmó lo siguiente:

“Todo lo que precede permite concluir, que en el sistema de nulidades del Código Electoral del Estado de Yucatán se puede establecer una distinción de dos órdenes de causas de nulidad de la elección de gobernador. El primero está compuesto por causas específicas, provenientes tanto de la nulidad de votación recibida en el veinte por ciento de casillas en el propio porcentaje. El segundo está integrado por una sola categoría abstracta de nulidad, cuyo contenido puede encontrarlo el juzgador en cada situación que se someta a su decisión, atendiendo a las circunstancias concurrentes en cada caso concreto a la naturaleza jurídica de las instituciones electorales, a los fines perseguidos con ellas, y dentro de este marco, a que la elección específica que se analice satisfaga los requisitos exigidos como esenciales e indispensables por la Constitución y las leyes, para que pueda producir efectos.

De sostener la postura de que sólo por las señaladas causas específicas se puede invocar la nulidad de la elección de gobernador, se impediría declarar la ineficacia de ésta, aun cuando acontecieran irregularidades no remediables con la nulidad de la votación recibida en casillas, lo que llevaría a aceptar, que la elección debe prevalecer a pesar de la evidencia de ciertas, irregularidades inadmisibles, que al afectar elementos esenciales, cualitativamente sean determinantes para el resultado de la declaración de validez de la elección y la expedición de la constancia de mayoría al candidato que hubiera obtenido el triunfo, aunque fuera inelegible, b) la comisión generalizada de violaciones substanciales antes y durante la jornada electoral, en todo el Estado, que atenten claramente contra principios esenciales de toda elección democrática, etc.

...”

Para conocer cuáles son las irregularidades que podrían constituirse como causa no específica de nulidad de la elección de gobernador, es necesario recurrir a las distintas disposiciones donde se contienen los  principios fundamentales o los elementos esenciales e imprescindibles de dicha elección.

Esto es, en relación con el derecho electoral aplicable en dichas entidades federativas, el Tribunal Electoral afirmó que en adición a las causales expresas de nulidad, existe una denominada “causa abstracta” de nulidad, mediante la cual, irregularidades electorales que no pueden ser incluidas en una causal expresa de nulidad, son confrontadas con las reglas y principios constitucionales aplicables a las elecciones democráticas, a efecto de determinar si producen en éstos alguna afectación grave y determinante.

Sólo que en estos casos, la causal “abstracta” de nulidad de elección, no es sino la posibilidad de aplicar los principios generales del derecho electoral, a aquellos casos en los que se impugne la declaración de validez de elecciones, por haberse actualizado supuestos que no estén previstos o regulados por una disposición legal expresamente aplicable al caso.

Lo anterior debe tenerse muy presente, para poder entender por qué la causal abstracta de nulidad tiene lugar en el régimen electoral de los Estados de Tabasco y Yucatán.

En este tenor, es evidente que este órgano jurisdiccional se encuentra legalmente impedido e imposibilitado para atender a la petición de que al resolver el presente juicio de inconformidad, se decrete la nulidad de la elección de Gobernador por la causal de nulidad invocada por el recurrente, por no ser un supuesto que se encuentre contemplado en la ley; y además, porque dicha impugnación resulta extemporánea, puesto que, como ya se expresó líneas anteriores, la causa de nulidad abstracta de elección sólo se puede hacer valer en contra de las declaraciones de validez de la elección y de Gobernador Electo y, en su caso, del otorgamiento de la constancia de mayoría y validez al candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos; actos que resultan propios de la calificación de la elección de Gobernador y que en la especie, aún no acontecen.

De lo anteriormente expuesto, se puede concluir que la causal “abstracta” o “genérica” de la nulidad de la elección de Gobernador, sólo pudo plantearse por la coalición inconforme, en contra de actos desplegados por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral del Estado de Baja California, a saber: contra el cómputo general y la entrega de la constancia de mayoría respectiva, o en su caso, contra la declaración de validez de la elección.

Por ende, con apoyo en lo anterior, y dado que los conceptos de queja que vierte la parte actora relacionados con la intención de lograr la nulidad de la elección de Gobernador, así como los medios de prueba que al efecto ofrece, no pueden examinarse en la presente impugnación, pues en su caso, los efectos del fallo que se llegare a pronunciar sólo afectaría, en primer lugar, los resultados consignados en la correspondiente acta de cómputo distrital de la elección de Gobernador, y en segundo término, el cómputo general realizado por el Consejo General; por lo que este órgano jurisdiccional no procederá a su estudio, dado que los mismos no guardan relación con el acto que se pretende combatir, y que en el caso, indudablemente, lo constituyen los resultados consignados en el acta de cómputo distrital que interesa.

En razón de lo anterior, las consideraciones o inconformidades del impetrante en su respectivo escrito del medio de impugnación constreñidas a demostrar la existencia de la causal de nulidad “abstracta” de la elección de Gobernador del Estado a través de la impugnación de los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección en estudio, devienen improcedentes, actualizándose la hipótesis prevista en la fracción VII del artículo 36 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para el Estado de Baja California Sur, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37, fracción IV, del mismo ordenamiento legal, procede decretar el SOBRESEIMIENTO del presente juicio de inconformidad, única y exclusivamente por cuanto hace a los agravios vertidos por la parte actora y que se relacionan con su pretensión de anular la elección de Gobernador por la causal “abstracta”.

Una vez precisado lo anterior se procede al análisis de las causales de improcedencia alegadas por el tercero interesado, en su escrito de comparecencia, y por la autoridad responsable en su informe circunstanciado.

II. Ahora bien, para acreditar las causales de improcedencia en su escrito de comparecencia, el representante de la Coalición Alianza Ciudadana por Baja California Sur, quien tiene el carácter de tercero interesado en este asunto, alega básicamente lo siguiente: 1. El juicio de inconformidad hecho valer por el quejoso, resulta notoriamente frívolo e improcedente; 2. Que no señala agravios puesto que los que se exponen no tienen relación directa con el acto o el resultado de la elección que se pretende combatir, actualizándose la causal de improcedencia prevista en el artículo 36, fracciones VI y VIl de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 3. Que no señala los preceptos legales presuntamente violados; 4. No se hace la mención individualizada de las casillas cuya votación se solicita que se anule en cada caso y mucho menos la causal que se invoca en cada una de ellas, requisitos exigidos por los artículos 39 y 40 de la codificación electoral en mención. Lo que hace que dichos agravios deberán ser declarados infundados por esta autoridad.

A. Como puede observarse, las causas de improcedencia que invoca el tercero interesado son esencialmente las mismas en todos los casos, razón por la cual este órgano jurisdiccional procede a analizarlas en el orden antes citado.

Por lo que toca a la causal de improcedencia invocada por el tercero interesado, consistente en que el medio de impugnación sea desechado por “evidentemente frívolo”, este Órgano Jurisdiccional considera, que no es notoria tal frivolidad o falta de propósito del partido promovente al interponerlo, ya que del escrito de demanda se deriva que los hechos por los que se impugna son de los que corresponde al Juicio de Inconformidad, y por otra parte, que de la lectura del escrito por el que se interpone este medio de impugnación, no se desprende la evidencia de que no pueda alcanzar su objetivo.

Toda vez, que como se lee de la propia tesis de Jurisprudencia S3ELJ 33/2002, que tiene por rubro; FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE, VISIBLE EN Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tomo I, 2003, se desprende que “cuando la frivolidad del escrito sólo se pueda advertir con su estudio detenido o es de manera parcial, el desechamiento no puede darse, lo que obliga al tribunal a entrar al fondo de la cuestión planteada”. En la especie, este órgano jurisdiccional estima que del escrito de demanda, en su totalidad y con notoriedad, no es posible derivar la frivolidad que alega el tercero interesado, de suerte que no le asiste la razón en la causal de improcedencia que invocan.

Con base en las consideraciones anteriores, y en virtud de que el tercero interesado, al solicitar el desechamiento del juicio de inconformidad en estudio, no establece en qué consiste la frivolidad, y lo notoriamente improcedente, pues para acreditarla, sólo manifiesta que los agravios aducidos por el actor son meramente subjetivos y en forma evidente frívolos, a juicio de este tribunal, la expresión de agravios satisface las prevenciones de ley, por tanto, no puede considerarse el juicio interpuesto en esta parte como ligero y superficial; de donde se sigue que: la pretendida causal de improcedencia invocada por el tercero es inatendible y por consecuencia infundada.

B. En relación con la segunda causa de improcedencia, relacionada con la falta de agravios relacionados con el acto impugnado y que los que formula, sólo constituyen apreciaciones subjetivas que deberán ser declarados infundados, se precisa lo siguiente:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39, párrafo primero, fracción V, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se establece que en el escrito a través del cual se presente un medio de impugnación se deberá mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la impugnación, los agravios que causa el acto o resolución impugnado y los preceptos presuntamente violados.

Este requisito debe observarse en principio. No obstante, conviene precisar que para tener por formulados correctamente los agravios, se ha considerado suficiente con que en el medio de impugnación respectivo se exprese la causa de pedir, es decir, basta con que el promovente precise la lesión o agravio que le causa el acto o resolución impugnado y exprese los razonamientos a través de los cuales se concluya que en la emisión del acto o resolución impugnado, la responsable incurrió en infracciones procesales, formales o de fondo, para que, con base en los preceptos jurídicos aplicables al caso concreto, el tribunal se ocupe de su estudio. Este criterio, ha sido sostenido en la Tesis de Jurisprudencia S3ELJ.03/2002, publicada en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes, 1997-2002, páginas 11 y 12, cuyo rubro es: “AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR”.

De esta manera, se ha superado el criterio rígido mediante el cual se exigía con mayores formalismos, la redacción de los agravios en forma de un silogismo jurídico, en el que se precisara detalladamente la normatividad violada, la parte del acto en que se cometió la violación y el razonamiento demostrativo de las aseveraciones formuladas por el impugnante, que sirviera de apoyo para arribar a la conclusión planteada.

De manera que, contrario a lo afirmado por la parte compareciente, para la procedencia del juicio de inconformidad que se resuelve, no es necesario que los agravios hechos valer por el promovente en su escrito del medio de impugnación se encuentren debidamente estructurados, siendo suficiente que en cualquier parte del escrito se haya expresado por el promovente la lesión jurídica que en su concepto, le causa el acto o resolución impugnado, siendo materia del fondo, pronunciarse respecto a su viabilidad para modificarlo o revocar el acto o resolución impugnado.

En este tenor, cabe precisar que no le asiste la razón al tercero interesado, en virtud de que el desechamiento de plano a que se refiere dicha disposición se actualiza cuando no existen hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado sólo hechos, de ellos no se puede deducir agravio alguno, situación que no se da en el caso que nos ocupa, pues del estudio integral de la demanda, tal como es obligación de este órgano Colegiado, se desprende que el acto impugnado por el actor lo hace consistir precisamente en las determinaciones relativas al resultado consignado en el acta de Cómputo Distrital de la Elección de Gobernador, por lo que la procedencia objetiva o material del presente Juicio de Inconformidad se actualiza plenamente, tal como se verificará en los considerandos siguientes de la sentencia, que sin lugar a duda el actor sí expresa los hechos en que se basa la impugnación y los agravios que causa el acto impugnado, y en el supuesto caso de que el actor no los hubiere mencionado, esta Sala atendiendo al principio de exhaustividad deberá analizar íntegramente el ocurso para interpretar con exactitud intención del promovente, ya que sólo de esta forma se puede lograr una recta administración de justicia electoral atendiendo a lo dispuesto por el artículo 41, fracción IV, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que obliga a este Órgano Jurisdiccional suplir la deficiente expresión de los agravios hechos valer por el actor, cuando éstos sean deficientes y puedan deducirse claramente de los hechos expuestos; también deberá operar la suplencia en aquellos casos en que el actor omita señalar los preceptos jurídicos presuntamente violados o los cite de manera equivocada, a fin de que se pueda determinar su verdadera intención.

En atención a lo antes expuesto, procede desestimar la causa de improcedencia hecha valer por el tercero interesado.

C. Por lo que respecta a la tercera y cuarta causal de improcedencia, alegadas por el tercero interesado en su escrito de comparecencia relacionadas con la falta de preceptos presuntamente violados, y la individualización de las casillas se precisa lo siguiente:

Contrario a lo que invoca el tercero interesado, este Tribunal considera que son de desestimarse dichos argumentos, en virtud de que el partido político promovente, en el apartado primero de su escrito de demanda, páginas dieciséis a diecinueve de los autos del tomo I del expediente en que se actúa, cita los preceptos legales violados; además el actor realiza la mención individualizada de las casillas cuya votación se solicita sea anulada en cada caso y la causal que invoca para cada una de ellas, refiriendo lo que presuntamente aconteció en ellas el día de la jornada electoral y durante el escrutinio y cómputo, por lo que es falso que el escrito correspondiente no cumpla con lo dispuesto por los artículos 39, fracción V, y 40, fracción III, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Por lo que resultan inexactas las afirmaciones esgrimidas por el tercero interesado, y por lo mismo, deviene inatendible la pretendida improcedencia, toda vez que en la especie, el partido promovente ha cumplido con lo ordenado en los numerales 39 y 40 de la legislación electoral invocada, siendo procedente declarar infundadas las causas de improcedencia indicadas en este sentido.

D. Finalmente, por lo que se refiere a determinar si los motivos de inconformidad expuestos por el partido actor, resultan infundados e inoperantes, no es una cuestión que a priori, este Órgano Jurisdiccional esté en aptitud da decidir, puesto que, de así hacerlo, implicaría prejuzgar sobre su eficacia, esto es, analizar si son idóneos para combatir el acto reclamado, siendo sólo suficiente, advertir algún razonamiento lógico-jurídico en dónde se pretenda evidenciar la inconstitucionalidad o ilegalidad del acto reclamado, para que el presente juicio sea procedente, como se ha puesto de relieve, ello implicaría un análisis de fondo de los motivos de inconformidad expuestos por el partido agraviado, lo que no es posible jurídicamente analizar en esta etapa procesal.

A mayor abundamiento, debe precisarse que cuando esta autoridad jurisdiccional valora la procedencia del Juicio, no debe pronunciarse sobre si los agravios esgrimidos por el actor son o no fundados, ni sobre si acredita los extremos de las causales de nulidad que invoca en su demanda, ya que a tal declaración sólo puede arribar el juzgador al emitir la sentencia definitiva. En tal virtud, basta que formalmente el actor cumpla los requisitos de procedibilidad para que el medio de impugnación sea admitido, con independencia de que el proceso judicial concluya en sentencia que declare fundados o infundados los agravios formulados, en el juicio de inconformidad en estudio.

Por tanto, el cumplimiento previo de los requisitos de procedibilidad del juicio de inconformidad, constituyen un presupuesto necesario e indispensable para que la autoridad jurisdiccional esté en condiciones de analizar la cuestión sustancial de fondo planteada en los agravios expresados por el partido actor, así como para valorar, en su caso, las pruebas que al respecto se hubiesen ofrecido.

En este sentido, debe estimarse que no se actualizan las causales de improcedencia propuestas por el tercero interesado alegadas en su escrito de comparecencia siendo procedente declararlas infundadas.

III. Del informe circunstanciado que obra a fojas ochenta y nueve a ciento dieciocho del tomo I del expediente en que se actúa, se desprende que el Secretario del Comité Distrital Electoral del I Distrito Electoral en el Estado de Baja California Sur, solicita se deseche el juicio en estudio porque en su concepto es frívolo; los agravios expuestos son aseveraciones subjetivas y son inoperantes para alcanzar la pretensión planteada.

En virtud de lo antes descrito, este tribunal advierte que resulta coincidente con lo esgrimido por el tercero interesado en su escrito de comparecencia, por lo que en obvio de innecesarias repeticiones y por economía procesal los razonamientos vertidos por este órgano jurisdiccional al respecto, deberán tenerse aquí por reproducidos, como si a la letra se insertarán, por consiguiente se desestima el planteamiento aducido por la autoridad responsable en su informe circunstanciado.

Desestimadas las causales de improcedencia invocadas por la autoridad responsable y por el tercero interesado, y dado que no se actualiza alguna otra causal de improcedencia o sobreseimiento de las previstas en los artículos 36 y 37, respectivamente, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se procede a examinar si los escritos de impugnación satisfacen los requisitos de procedencia contemplados en los artículos 39 y 40 de la ley adjetiva electoral, encontrándose que:

En relación, a los requisitos de procedibilidad que debe satisfacer el escrito de demanda, se advierte que fue presentado ante la autoridad señalada como responsable. El promovente hizo constar su nombre y firma, señaló domicilio para oír y recibir notificaciones y a quien la recibiera en su nombre, identificó el cómputo impugnado, la elección que se reclama y lo que se objeta; expresó agravios, mencionó en forma individualizada las casillas cuya votación solicita sea anulada y señaló los hechos en que basa su impugnación, la que se ajusta a lo establecido en la ley.

Por cuanto hace a la oportunidad en la presentación de la demanda, el artículo 22, fracción III de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, dispone que debe presentarse dentro de los tres días contados a partir del día siguiente de que concluya la práctica del cómputo materia de la inconformidad. En el caso, el medio de impugnación fue presentado dentro del plazo legal, pues en el Acta Circunstanciada de la Sesión del Cómputo Distrital que se impugna, se hizo constar que dicho cómputo concluyó a las dieciocho horas con cincuenta y un minutos del nueve de febrero de dos mil cinco, y la demanda fue presentada el doce del mismo mes y año, según consta en la cédula de publicación y en la foja 3 del escrito de demanda del expediente en que se actúa.

Respecto a los requisitos que debe satisfacer el escrito del tercero interesado, en atención a lo dispuesto por el artículo 43, párrafo segundo, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se advierte que fue presentado ante la autoridad responsable dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la publicación de la presentación del medio de impugnación, como se deriva de la fijación de la cédula de notificación en estrados, en la que se indica, como hora de fijación, las cero uno con treinta y cinco minutos del día trece de febrero del año en curso, y de la recepción del escrito del tercero interesado, se observa que fue recibido a las veintidós horas con diez minutos del quince de febrero de dos mil cinco.

Igualmente, en el referido escrito se hace constar el nombre del compareciente, así como nombre y firma autógrafa del respectivo representante, además de precisarse la razón del interés jurídico en que funda su pretensión concreta.

Por lo anterior, se considera presentado en tiempo y forma el escrito de la Coalición Alianza Ciudadana por Baja California Sur, en su calidad de tercero interesado, representada por el C. José Luis Gutiérrez Murillo y satisfechos los requisitos sustanciales del mismo.

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos legales de los escritos del actor y del tercero interesado, y no advirtiendo esta autoridad jurisdiccional como -ya se asentó con antelación- que se actualice ningún otro de los supuestos normativos para decretar el desechamiento o sobreseimiento, se procede a realizar el estudio de fondo de la controversia planteada, el que versara respecto del procedimiento de cómputo realizado por el Comité Distrital del I Distrito Electoral del Instituto Estatal Electoral del Estado; así como de los agravios esgrimidos por el actor, dirigidos a demostrar las hipótesis de nulidad de votación recibida en casilla, previstas en el párrafo primero, fracciones IV, IX y XI del artículo 3, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

CUARTO. En el presente asunto la litis se circunscribe a establecer si los actos reclamados por la coalición demandante, fueron emitidos por la autoridad señalada como responsable, en estricto cumplimiento a los principios de constitucionalidad y legalidad que deben observar las autoridades electorales en el ejercicio de su función o, por lo contrario, dichos actos no encuadran en el marco jurídico electoral, en cuyo caso dará lugar a decretar la nulidad recibida en una o varias casillas y, en consecuencia, la modificación del cómputo distrital, el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez, de la elección de Gobernador del Estado o inclusive, la nulidad de la elección, en la sesión de ejecución que se abra para tal efecto.

Además de resolver la litis, este órgano jurisdiccional en primer lugar analizará sí el procedimiento seguido por el Comité Distrital del I Distrito Electoral en el Estado, en la sesión de cómputo distrital de fecha nueve de febrero del año en curso cumple o no con las disposiciones legales aplicables a efecto de resolver si el acta de cómputo distrital del citado procedimiento debe ser confirmada, revocada o modificada.

Debe mencionarse que el artículo 41, párrafo primero, fracción IV, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, obliga a este órgano jurisdiccional a suplir la deficiente expresión de los agravios hechos valer por el actor cuando estos sean deficientes y puedan deducirse claramente de los hechos expuestos; también deberá operar la suplencia en aquellos casos en que el actor omita señalar los preceptos jurídicos presuntamente violados o los cite de manera equivocada, a fin de que se pueda determinar su verdadera intención. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia S3ELJ 04/99 sustentada por la Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, visible en la Compilación Oficial denominada Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, tomo I, páginas ciento treinta y uno y ciento treinta y dos, que a la letra dice:

“MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR. Tratándose de medios de impugnación en materia electoral, el juzgador debe leer detenida y cuidadosamente el ocurso que contenga el que se haga valer, para que, de su correcta comprensión, advierta y atienda preferentemente a lo que se quiso decir y no a lo que aparentemente se dijo, con el objeto de determinar con exactitud la intención del promovente, ya que sólo de esta forma se puede lograr una recta administración de justicia en materia electoral, al no aceptarse la relación oscura, deficiente o equívoca, como la expresión exacta del pensamiento del autor del medio de impugnación relativo, es decir, que el ocurso en que se haga valer el mismo, debe ser analizado en conjunto para que, el juzgador pueda, válidamente, interpretar el sentido de lo que se pretende.”

En consecuencia, tal y como quedó asentado con antelación así como en el último párrafo del considerando Tercero de esta sentencia, en los subsecuentes considerandos se analizará si el procedimiento de cómputo llevado a cabo el nueve de febrero del año en curso, por el Comité Distrital del I Distrito Electoral en el Estado, se ajustó a lo dispuesto por la Ley Electoral del Estado. Así como, las 43 (cuarenta y tres) casillas cuya votación es impugnada por la coalición actora, serán analizadas en torno a las causales señaladas por la misma, como se precisa en el siguiente cuadro esquemático:

Todos y cada uno de los agravios expresados o deducidos en torno a cada una de las casillas cuya votación se impugna, serán estudiados y analizados en los subsecuentes considerandos, atendiendo al orden en que se encuentran previstas las causales de nulidad de votación recibida en casilla en el artículo 3 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Por cuestión del método, el examen de constitucionalidad y legalidad, del procedimiento seguido el pasado día nueve de febrero, en la sesión de cómputo distrital del I Distrito Electoral del Estado, se estudiará en el orden siguiente:

a). En primer término se estudiará si el citado procedimiento cumple o no los pasos descritos en el artículo 251 de la Ley Electoral del Estado; y que son los pasos que preceden al cómputo distrital de la elección de diputados;

b). Separadamente se estudiará si en el citado procedimiento se cumple o no con la verificación de los requisitos formales de la elección de Gobernador del Estado.

QUINTO. Con relación a si el procedimiento de cómputo distrital cumplió o no los pasos descritos en el artículo 251 de la Ley Electoral para el Estado de Baja California Sur, se precisa lo siguiente:

En primer lugar, con fundamento en lo previsto en el artículo 41, fracción III, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Baja California Sur, cabe hacer notar que este Tribunal Estatal Electoral no examinará la eventual infracción al artículo 250 de la ley sustantiva electoral, que el actor señala como precepto violado en virtud de que éste establece las reglas a que se debe sujetar el procedimiento del cómputo distrital de la votación para Diputados por Principio de Mayoría Relativa, y no al cómputo de Gobernador del Estado, por lo que supliendo la cita errónea, se resolverán los preceptos legales que son aplicables al caso concreto.

Ahora bien, el partido político actor señala que:

“I. El día 6 de febrero de 2005, fue celebrada la Jornada Electoral para renovar Gobernador del Estado de Baja California Sur.

II. El día 9 del mismo mes y año, se efectuó la sesión permanente de Cómputo Distrital de la elección de Gobernador.

III. Sin embargo en dicha sesión de Cómputo Distrital, el órgano electoral lleva a cabo de manera injustificada la apertura de paquetes electorales no desarrollando acuciosamente el procedimiento contenido en los artículos 250 y 251 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, mismos que señalan lo siguiente, (se transcribe el contenido del artículo 250 y 251).

Siendo omisa la actuación del Comité Distrital señalado como responsable, puesto que según se aprecia del acta circunstanciada de la sesión de cómputo Distrital de fecha 09 de febrero del 2005, no se procedió en los términos siguientes:

1. Examinar los paquetes electorales correspondientes a cada una de las casillas de su jurisdicción, y separar aquellos que aparecieran alterados;

2. Abrir los sobres que contengan los paquetes que aparezcan sin alteración y siguiendo el orden numérico de las casillas, se cotejarán los resultados de las actas de escrutinio y cómputo contenidas en los paquetes con los resultados de las mismas que obren en poder del Comité. Sí los resultados de ambas actas coinciden, se tomará nota de ello;

3. Si los resultados de las actas no coincidieron, no estuvieron llenadas o no existieron actas de escrutinio y cómputo, luego entonces y sólo entonces, se debió proceder a realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de la casilla, elaborándose el acta correspondiente.

Es preciso señalar a sus señorías que este procedimiento no fue observado pues únicamente se dice por el órgano electoral que se detectaron irregularidades pero nunca media solicitud de representante de partido político alguno que estableciera la necesidad de la apertura de paquetes electorales, o bien no se llevó a cabo el análisis de todos y cada uno de los paquetes electorales para establecer cuáles estaban alterados y cuáles contenían errores o no estaban llenados para luego proceder a su apertura, y consecuentemente realizar el escrutinio y cómputo de nueva cuenta.

En conclusión el órgano electoral procedió de manera arbitraria pues no obedeció el procedimiento consignado en los numerales antes citados, limitándose únicamente a corregir datos numéricos de las actas de escrutinio y cómputo para la elección de Gobernador, no revisando acuciosamente sobre el cumplimiento de todos y cada uno de los dispositivos que garantizaran la libertad y secrecia del voto, puesto que como se ha dicho con antelación la apertura de paquetes fue discrecional y arbitraria, tal y como se podrá comprobar este tribunal con las actas circunstanciadas de la sesión de Cómputo Distrital, las cuales solicito sean requeridas al órgano distrital, por ser parte inherente al acto reclamado que denunciamos en esta demanda”.

Por su parte, en su informe circunstanciado la autoridad responsable expuso lo siguiente:

“Las actividades llevadas a cabo por el Comité Distrital Electoral, I durante el proceso electoral constitucional 2004-2005 se apegaron invariablemente a la ley electoral del Estado, así como a los principios rectores de la materia electoral, los acuerdos tomados por este órgano contaron siempre con el consenso de los consejeros y representantes de partidos políticos, y se buscaron siempre las condiciones de equidad que más favorecieran a las fuerzas políticas contendientes en el proceso electoral que vive nuestra entidad; los integrantes de este consejo distrital, ciudadanos todos, manifestamos constantemente nuestra entera disposición y determinante convicción de aplicar en cada etapa procesal, la Ley que norma las funciones electorales, los principios electorales, pero sobre todo, el principio teleológico de los procesos electorales que es la renovación periódica de los poderes de nuestro Estado, privilegiando de forma ponderada la efectividad, secrecia y universalidad del sufragio, la aplicación estricta de la ley, la observancia de los principios de certeza, legalidad, objetividad, independencia, imparcialidad, principios que al haberse observado ostensiblemente nos permite arribar a señalar que las elecciones celebradas fueron libres auténticas y apegadas a lo dispuesto por el artículo 41 de nuestro pacto federal y correlativo de la ley suprema del Estado.

[...]

El representante solicitó insistentemente que fueran abiertos todos y cada uno de los paquetes electorales, a lo que el comité distrital I en pleno señaló que se aplicaría estrictamente el procedimiento señalado en los artículos 250 y 251 de la Ley Electoral, numerales que señalan la hipótesis por la cual se pueden abrir los paquetes electorales, siendo enfáticos en el sentido de que se aplicaría estrictamente el procedimiento en dichos artículos establecidos, tal y como se desprende del acta circunstanciada que con motivo de dicha sesión se elaboró, misma que desde luego se ofrece como elemento de convicción para sostener la legalidad del acto que se pretende combatir, así como de la certeza de nuestro dicho, amen de desvirtuar el señalamiento que hace el recurrente en el sentido de que se abrieron paquetes electorales en forma discrecional y arbitraria; por lo anterior, reiteramos nuestra inconformidad con el señalamiento de que este órgano electoral actuó arbitrariamente en dicha etapa procesal, pues el recurrente realiza expresiones que denostan el trabajo y actividad de esta autoridad electoral de manera irresponsable, en tanto que las sustenta en apreciaciones evidentemente subjetivas”.

Por su parte, el tercero interesado al respecto manifestó que:

“Ello es inexacto ya que de la lectura del acta circunstanciada del cómputo distrital se observa que se siguió todos y cada uno de los pasos establecidos en la ley, además de que es importante mencionar que de conformidad con el artículo 15, fracciones I y II de la ley adjetiva, la elección de Gobernador puede impugnarse a nivel distrital los resultados consignados en las actas por nulidad de la votación recibida y por error aritmético, en el supuesto caso de que hubiere existido la falta de cumplimiento al procedimiento en la sesión de cómputo, se debería realizar nuevamente por el tribunal electoral y nunca anular una elección.”

Ahora bien, en la copia certificada del Acta Circunstanciada de la sesión de cómputo distrital levantada por la autoridad responsable, que obra glosada en el expediente del presente juicio a fojas ciento setenta y cuatro a ciento setenta y nueve, correspondiente a la elección de Gobernador del Estado, se hace constar en el quinto punto del orden del día (foja tres), lo siguiente:

“[...]

SIENDO LAS 08:12 HORAS A.M. EL C. CONSEJERO PRESIDENTE EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES PROPIETARIOS DE LA ALIANZA CIUDADANA POR BAJA CALIFORNIA SUR Y DE LA COALICIÓN DEMOCRÁTICA SUDCALIFORNIANA ASÍ COMO LOS CUATRO CONSEJEROS ELECTORALES PROCEDIÓ A REMOVER EL SELLO Y ABRIR LA PUERTA DEL RECINTO DONDE SE ENCUENTRAN RESGUARDADOS LOS PAQUETES ELECTORALES PARA LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR Y DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATIVA PROCEDIENDO INMEDIATAMENTE A CONTABILIZARLOS Y ACOMODARLOS DE MANERA PROGRESIVA, FUNDAMENTADO EN EL ARTÍCULO 250 FRACCIONES I Y II ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 251 SE EXAMINARON LOS PAQUETES ELECTORALES CORRESPONDIENTES A CADA UNA DE LAS CASILLAS NO APARECIENDO NINGÚN PAQUETE ALTERADO INICIÁNDOSE DE ESTA MANERA LA CONTABILIDAD PROPIAMENTE DICHA, ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE LA LECTURA DE LAS ACTAS PARA AMBOS TIPOS DE ELECCIONES SE VACÍAN EN UN SOLO BLOQUE”.

Ahora bien, conforme a lo expuesto en el artículo 36, párrafo primero, fracción IV, de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur, el Instituto Estatal Electorales un organismo público autónomo en su funcionamiento, profesional en su desempeño y sujeto en su actividad al principio de legalidad; que cuenta en su estructura con órganos de dirección y de vigilancia. De acuerdo con la forma de organización del Instituto, en cada uno de los 16 distritos electorales uninominales, existen órganos de dirección denominados comités distritales, los cuales, en atención a lo preceptuado en el artículo 122, párrafo primero fracciones I y IX, de la Ley Electoral del Estado, tiene, entre otras, las atribuciones de vigilar la observación de la ley sustantiva electoral y efectuar los cómputos distritales de las elecciones tanto de diputados electos por ambos principios, así como el cómputo distrital de la elección de Gobernador del Estado, y como órganos estructurales del Instituto Estatal Electoral, están obligados a observar invariablemente el principio de legalidad en todos sus actos, acuerdos o determinaciones.

Lo anterior además que, tanto la Ley Electoral, como la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, establecen cada una en su respectivo artículo 1, que las disposiciones del derecho electoral, tanto sustantivo como procesal, son de orden público y de observancia general en todo el Estado, por lo que ni los ciudadanos, ni los partidos políticos, ni las autoridades electorales, pueden negociar o renunciar a su observancia.

En suma el Comité Distrital no puede, ni aun por el acuerdo unánime de sus integrantes, derogar, ni total ni parcialmente las normas jurídicas del derecho electoral.

Los cómputos distritales para la elección de Gobernador, deben hacerse con sujeción a lo dispuestos en los artículos 221, 249 y 251, de la Ley Electoral que a la letra dice:

“Artículo 221. El escrutinio y cómputo se llevará a cabo en el orden siguiente:

I. De integrantes de Ayuntamiento;

II. De Diputados de Mayoría Relativa; y

III. De Gobernador del Estado.

Artículo 249. A partir de las 08:00 horas del miércoles siguiente al día de la elección, los Comités Distritales Electorales sesionarán para efectuar el cómputo distrital de las elecciones de Diputados de Mayoría Relativa y de Gobernador del Estado.

Artículo 251. El cómputo distrital de la votación para Gobernador del Estado se sujetará al siguiente procedimiento:

I. Se harán las operaciones señaladas en las fracciones I a la V del artículo 250 de esta Ley; acto seguido se procederá a extraer los paquetes de las casillas especiales relativos a la elección de Gobernador del Estado;

II. El cómputo distrital de la elección de Gobernador del Estado, será el resultado de sumar las cifras obtenidas según la fracción anterior y se asentará en el acta correspondiente a esta elección;

III. Una vez elaborada y firmada el acta correspondiente, se remitirá de inmediato al Instituto Estatal Electoral para los efectos de practicar el cómputo general y expedir la constancia de mayoría de votos;

IV. El cómputo de los votos a favor de un candidato postulado de manera común, lo realizará el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, una vez que cuente con todas las actas de los Comités Distritales Electorales; y

V. Se formará un expediente de la elección con las actas de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo elaboradas en cada casilla, los recursos interpuestos y demás documentos relativos al cómputo y se remitirá al Instituto Estatal Electoral acompañándose a este un informe sobre la elección.

Se enviarán al Tribunal Estatal Electoral los juicios de inconformidad que se hubieren interpuesto y copia de la documentación relativa al cómputo distrital.”

De las disposiciones legales transcritas se deduce:

1). Que cada comité distrital deberá celebrar el miércoles siguiente a la jornada electoral una sesión, a partir de las ocho horas.

2). Que en dicha sesión se realizarán diversos cómputos, según el tipo de elección en el orden establecido por la propia ley.

3). Que las actividades de cómputos serán realizadas sucesiva e ininterrumpidamente hasta finalizar.

4). Que para cada uno de los cómputos existe un procedimiento.

5). Que tal procedimiento es el detallado en el artículo 251 de la ley electoral sustantiva, el cual incluye fundamentalmente las siguientes acciones:

5.1). Abrir los paquetes electorales en el orden numérico de las casillas del distrito.

5.2). Cotejar el acta de escrutinio y cómputo de cada casilla encontrada en el interior de su respectivo paquete electoral, con la copia que de la misma acta debe obrar en poder del presidente del comité distrital.

5.3). Realizar nuevamente el escrutinio y cómputo respecto de aquellas casillas en las que no coincidan los resultados asentados en las actas cotejadas, o no haya actas para realizar el cotejo o existan alteraciones o errores evidentes en las actas.

5.4). Sumar los resultados de la votación en todas las casillas del distrito, y elaborar el acta circunstanciada.

Precisado lo anterior, este tribunal considera que no le asiste la razón al partido político actor al considerar ilegal el procedimiento seguido por la autoridad responsable, en la sesión de cómputo distrital del pasado nueve de febrero.

Para arribar a la conclusión anterior, este órgano jurisdiccional toma en consideración el informe circunstanciado que rinde la autoridad responsable, así como las actas de escrutinio y cómputo de cada una de las casillas impugnadas y particularmente el acta circunstanciada que obra en autos, así como la relación de resultados de casilla del I distrito electoral local, que fueron impugnadas por el actor en el juicio que nos ocupa, los resultados obtenidos en cada una de ellas coincide enteramente con los asentados en las actas de escrutinio y cómputo levantada por los funcionarios de las mesas directivas de casillas; advirtiéndose además que en ningún momento la autoridad responsable haya realizado el escrutinio y cómputo de las casillas y mucho menos que éste haya sido de forma discrecional como lo pretende hacer creer el actor; documentales a las que se les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 52 y 56, párrafo primero, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En efecto, de las documentales públicas antes referidas, se genera plena convicción en este órgano jurisdiccional, de que el primer comité distrital del Instituto Estatal Electoral se ajustó a lo previsto al procedimiento prescrito en el artículo 251 de la Ley Electoral. En consecuencia a lo anteriormente expuesto se concluye que es infundado el agravio esgrimido por el partido actor en este sentido.

SEXTO. Por lo que corresponde a las casillas cuya votación debe analizarse por este órgano jurisdiccional al tenor de lo dispuesto en el artículo 3, párrafo primero, fracción IV, de la Ley Electoral que dispone lo siguiente: “la votación recibida en una casilla será nula, únicamente en los siguientes casos: cuando exista dolo o error en el escrutinio y Cómputo de los votos que beneficie a uno de los candidatos, o fórmula de candidatos y que éste sea determinante para el resultado de la votación, salvo que éste sea corregido en el cómputo correspondiente.”; las partes en este juicio manifestaron lo siguiente:

El partido político promovente manifiesta esencialmente que:

“Le causa agravio a la coalición que representa, los hechos ocurridos en las casillas que detallan en la página nueve de su escrito de demanda, ya que si bien en alguna de ellas la votación no es determinante por casilla, lo cierto es que la presencia de esta irregularidad, acontece en más del 20 % de casillas en toda la entidad; asimismo manifiesta que la votación que se registra en el cuadro que se ha hecho alusión debe ser valorado como un aspecto regular atentatorio del sistema de certeza que al ser adminiculado al resto de los elementos mencionados, a pesar de ser cuantitativos, sus efectos perjudicaron en cuanto a la votación emitida al partido que representa. Como error aritmético se invoca el resultado que arroja la confrontación de los siguientes apartados: 1) La sumatoria de boletas sobrantes más boletas extraídas de la urna vs boletas recibidas; 2) La sumatoria de boletas sobrantes más ciudadanos que votaron conforme al listado nominal vs boletas recibidas; 3) la verificación que se desprende que las sumatorias de votos asignados a cada partido o coalición no es la correcta; y 4) la sumatoria de votación total emitida [que se desprende de sumar los votos que se registran para cada partido o coalición, más nulos y candidatos no registrados], confrontado con los datos contenidos en los rubros correspondientes a boletas extraídas de las urnas y ciudadanos que votaron conforme al listado nominal.

Luego entonces, es evidente que la suma de las diferencias que resulta del ejercicio de confronta lo anterior es determinante para el resultado de las elecciones en función de que este total, aunque cuantitativamente en algunas ocasiones es menor por casilla, lo cierto es que la suma de éstas por todas las casillas, permite advertir, una irregularidad generalizada cuyo impacto en lo global es mucho mayor a la diferencia entre el primero y el segundo lugar.

Al darse esta situación como lo mencionamos, se vulneran con ello los principios de certeza y legalidad, ya que las mismas al producirse de forma generalizada permiten concluir que la actividad en las casillas, aunque no se hayan dado por órgano especializado, tiene impactos severos en la elección”.

Al respecto la autoridad responsable su informa circunstanciado manifiesta lo siguiente:

“Resulta por más inoperante el agravio que se invoca, toda vez que, suponiendo y aún concediendo que existiera error aritmético en el escrutinio y cómputo de votos en las casillas que el actor señala en su escrito de demanda, como él mismo lo expresa no arrojaría esta situación por sí misma la nulidad de la votación recibida, toda vez que se requiere que dicho error o dolo aritmético resulte determinante para el resultado de la votación, elemento que sin lugar a dudas no se surte en la especie.”

El tercero interesado en su escrito de comparecencia detalla un cuadro en el que asienta que:

“Los datos extraídos de las actas de escrutinio y cómputo de las casillas impugnadas por la alianza actora son correctos, manifestando a su vez que no existe error en el escrutinio y cómputo y por lo tanto debe declararse infundado el agravio respectivo.”

Expuestos los argumentos que hacen valer las partes, esta Tribunal procede a determinar primeramente si en el presente caso se actualizan la causal de nulidad prevista en la fracción IV del artículo 3 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Ahora bien, para determinar si en el presente caso se actualiza la causal de nulidad en estudio, respecto de las casillas cuya votación se impugna, se formulan las precisiones siguientes:

El escrutinio y cómputo es el procedimiento por el cual, los integrantes de cada una de las mesas directivas de casilla, determinan: a) el número de electores que votó en la casilla; b) el número de votos emitidos en favor de cada uno de los partidos políticos o candidatos, incluyendo a los no registrados; c) el número de votos anulados por la mesa directiva de casilla; y, d) el número de boletas sobrantes de cada elección, atento a lo dispuesto en el artículo 219 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur.

Los artículos 222, 225, 227 y 228 del ordenamiento en consulta, señalan las reglas conforme a las cuales se realiza el escrutinio y cómputo, así como aquéllas mediante las que se determina la validez o nulidad de los votos, el orden en el que se lleva a cabo el procedimiento de escrutinio y cómputo; y, lo que debe entenderse por voto nulo y por boletas sobrantes.

Concluido el escrutinio y el cómputo de todas las votaciones, se  levantará el acta correspondiente para cada elección, la que deberán firmar, sin excepción, todos los funcionarios y representantes de los partidos políticos o coaliciones, que actuaron en la casilla, de acuerdo con lo previsto en los artículos 227, 230, 233 y 234 párrafo I, de la Ley Electoral del Estado.

De las disposiciones en comento, se puede concluir que sancionar la inexacta computación de los votos, tutela el valor de certeza respecto del resultado electoral obtenido en cada casilla, garantizando que éste refleje con fidelidad la voluntad de los electores que sufragaron.

Atendiendo a lo expuesto y de conformidad con lo previsto en el artículo 3, fracción VI, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Baja California Sur, la votación recibida en una casilla será nula, cuando se acrediten los supuestos normativos siguientes:

a) Que haya mediado error o dolo en la computación de los votos que beneficia a uno de los candidatos o fórmulas de candidatos; y

b) Que sea determinante para el resultado de la votación.

En cuanto al primer supuesto normativo debe precisarse que el “error”, debe entenderse en el sentido clásico de cualquier idea o expresión no conforme con la verdad o que tenga diferencia con el valor exacto y que, jurídicamente, implica la ausencia de mala fe. Por el contrario, el “dolo” debe ser considerado como una conducta que lleva implícita el engaño, fraude, simulación o mentira.

Por tanto, considerando que el dolo jamás se puede presumir sino que tiene que acreditarse plenamente y que, por el contrario, existe la presunción iuris tantum de que la actuación de los miembros de las mesas directivas de casilla es de buena fe; entonces, en los casos en que el actor, de manera imprecisa, señale en su demanda que existió “error o dolo” en el cómputo de los votos, el estudio de la impugnación de mérito se hará sobre la base de un posible error de dicho procedimiento, salvo cuando se aporten los medios de convicción idóneos y suficientes para acreditar el dolo.

En lo que respecta al estudio del diverso elemento que integra la causal de nulidad en estudio, consistente en que el error “sea determinante” para el resultado de la votación, se ha atendido preferentemente a dos criterios: el cuantitativo o aritmético, y el cualitativo.

Conforme con el criterio cuantitativo o aritmético, el error será determinante para el resultado de la votación cuando el número de votos computados de manera irregular, resulte igual o mayor a la diferencia numérica de los votos obtenidos por los (partidos políticos y/o coaliciones), que ocuparon el primero y segundo lugares de la votación, ya que de no haber existido ese error, el partido o coalición que le correspondió el segundo lugar, podría haber alcanzado el mayor número de votos.

Por otra parte, de acuerdo con el criterio cualitativo, el error será determinante para el resultado de la votación, cuando en las actas de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo, se adviertan alteraciones evidentes o ilegibilidad en los datos asentados o, en su caso, espacios en blanco o datos omitidos, que no puedan ser inferidos de las cantidades asentadas en las demás actas, o subsanados con algún otro documento que obre en el expediente y con esto se ponga en duda el principio de certeza de los resultados electorales.

Precisado lo anterior, para el análisis de la causal de nulidad que nos ocupa, este Tribunal toma en consideración: a) las actas de escrutinio y cómputo; b) hojas de incidentes; c) recibos de documentación y materiales electorales entregados a los presidentes de las mesas directivas de casilla; y d) las listas nominales de electores que se utilizaron el día de la jornada electoral, en la casilla cuya votación se impugna, documentales, que por tener el carácter de públicas de conformidad con el artículo 52, fracción I, inciso a), de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado, y no existir prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren, tienen pleno valor probatorio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 56, párrafo primero, del ordenamiento legal citado.

Igualmente se tomarán en cuenta las documentales privadas, como los escritos de incidentes que se hubieren presentado en las casillas cuya votación se impugna o cualquier otro medio de prueba, como pueden ser fotografías, cintas de audio o video aportadas por las partes, que adminiculados con los demás elementos probatorios existentes en autos, puedan aportar convicción sobre los hechos aducidos, quedando a cargo del juzgador establecer el valor probatorio que debe otorgárseles, dada su naturaleza de documentales privadas, en términos de lo dispuesto por el artículo 52, párrafo segundo, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación Electoral.

Del análisis preliminar de las constancias antes aludidas, y con el objeto de apreciar con claridad la existencia de algún error en la computación de los votos y evaluar si dicho error es numéricamente determinante para el resultado de la votación, se presenta un cuadro ilustrativo integrado con once columnas.

En una primera columna sin numeral, se anota el número consecutivo de la casilla impugnada.

En una segunda columna sin numeral, se anota el número propio de la casilla y su tipo, respecto de la cual se solicita su anulación.

En la columna identificada bajo el número “1” se anotará el dato obtenido de las correspondientes Actas de Escrutinio y Cómputo y/o de Jornada Electoral de la casilla, respecto del numero de boletas recibidas para la elección que se impugna, y que comprende aquéllas que se entregan al presidente de casilla, para recibir la votación de los ciudadanos inscritos en la lista nominal y adicional, así como las que corresponden a los representantes de los partidos políticos o coaliciones acreditados ante la casilla; o, en su caso, este dato también puede provenir, de los recibos de Documentación y materiales electorales, signados por el presidente de Mesa Directiva de Casillas; cuando no podemos obtenerlo de los primeros documentos indicados, o aun teniéndolos sea necesario subsanar el mismo por ser inconsistente. En estos casos el dato obtenido se asentará entre paréntesis.

En la columna señalada con el número “2”, se hace referencia a la cantidad de boletas sobrantes, que son aquellas que, al no ser usadas por los electores el día de la jornada electoral, fueron inutilizadas por el secretario de la mesa directiva de casilla, dato que se toma del apartado respectivo del acta de escrutinio y cómputo.

En la columna que se identifica con el número “3”, se consigna la cantidad que resulta de restar a las boletas recibidas las boletas sobrantes, y que se infiere representa el número de boletas que fueron utilizadas por los electores para emitir su voto en la casilla.

Debe de aclararse que los tres datos anteriores sólo serán asentados cuando a juicio de este órgano jurisdiccional puedan servir como auxiliares ante la ausencia o incongruencia evidente de alguno de los rubros fundamentales asentados en las columnas 4, 5 y/o 6, que en seguida se explican.

En la columna señalada bajo el número “4”, se anotará el dato asentado en la correspondiente acta de escrutinio y cómputo de casilla, respecto del número total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal; resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Representantes de los Partidos Políticos, y en su caso, en el acta de electores en tránsito de las casillas especiales; dado el caso, este dato también puede obtenerse del conteo que esta  Sala realice con base en la Lista Nominal de Electores correspondiente, en éstos supuestos el dato se indicara entre paréntesis.

En la columna número “5”, se precisa el total de boletas extraídas de la urna y que son aquellos votos emitidos a favor de los partidos políticos, las coaliciones, candidatos no registrados y votos nulos encontrados y depositados en la urna de la casilla; cantidades que se obtienen de los recuadros respectivos del acta de escrutinio y cómputo; dado el caso, este dato también puede obtenerse del conteo que esta Sala realice en diligencias para mejor proveer, aperturando los paquetes electorales correspondientes, en estos supuestos el dato se ubicará entre paréntesis.

En la columna identificada con el número “6”, se anota la votación total emitida o depositada en la urna que corresponde a los resultados de la votación, cantidad que se obtiene de sumar los votos emitidos en favor de cada partido político y/o coalición, los relativos a los candidatos no registrados, así como los votos nulos, de acuerdo con los datos asentados en el acta de escrutinio y cómputo respectiva.

En la columna marcada con el número “7”, se anotará la diferencia máxima que se advierta de comparar los valores consignados en las columnas “4”, “5” y “6”, que se refieren a “TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA NOMINAL, TOTAL DE BOLETAS EXTRAÍDAS DE LA URNA Y VOTACIÓN EMITIDA.”

En este sentido, se hace notar que las cantidades señaladas en estas tres columnas, en condiciones normales deben consignar valores idénticos o equivalentes, debiendo existir congruencia y racionalidad entre ellas, en atención a que están estrechamente vinculadas entre  sí, pues es lógico pensar que la votación emitida o depositada en la urna debe coincidir tanto con la cantidad de ciudadanos que sufragaron en ella, como con el total de boletas extraídas de la urna y que fueron los votos emitidos; por los propios electores, que constituyen la votación recibida por cada uno de los partidos políticos o coaliciones contendientes; así como, en su caso, los votos emitidos a favor de candidatos no registrados y los votos nulos.

Consecuentemente, si las cantidades anotadas en las columnas 4, 5 y 6 son idénticas, se podrá afirmar que no existe error en el cómputo de los votos, puesto que todas ellas concuerdan entre sí; sin embargo, cuando las referidas columnas contengan cantidades discrepantes, se considerará que existe un error en la computación de los votos, en estos casos, como se precisó, la diferencia máxima, deberá anotarse en la columna identificada con el numero “7”.

En la columna “8” se anotará el dato correspondiente a la votación del partido y/o coalición que obtuvo el primer lugar.

En la columna “9” se asentará el dato correspondiente a la votación del partido y/o coalición que obtuvo el segundo lugar.

En la columna “10”, se indica la cantidad que corresponde a la diferencia numérica de los votos obtenidos por los partidos políticos o coaliciones que ocuparon el primero en relación con el que obtuvo el segundo lugar de la votación de la casilla respectiva (columnas 8 y 9).

Dicha cantidad resulta de deducir al partido político o coalición que obtuvo la votación más alta, la que corresponde al segundo lugar, tomando como base las cifras anotadas en el apartado respectivo del acta de escrutinio y cómputo.

Por último en la columna “11”, si después de realizado el análisis individual en cada unas de las casillas impugnadas bajo el esquema que más adelante se explica, se indicará si resultó determinante o no para el resultado de la votación .

Ahora bien, con el objeto de dilucidar si el error detectado, es o no determinante para el resultado de la votación, éste deberá compararse con la diferencia existente entre el primer y segundo lugar de la votación, anotada en la columna 8.

De tal suerte que, si la diferencia máxima asentada en la columna “7”, es igual o mayor a la diferencia de votos existente entre el primer y segundo lugar, se considerará que el error es determinante para el resultado de la votación, pues debe estimarse que de no haber existido dicho error, el partido que obtuvo el segundo lugar de la votación podría haber alcanzado el mayor número de votos, en este caso, en la columna identificada con el número 11, se anotará la palabra “SI”. Por el contrario, cuando el error no sea determinante, en la mencionada columna, se escribirá la palabra “NO”.

El criterio anterior encuentra sustento en la tesis relevante S3EL 029/97, tercera época, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consultable en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, páginas 423-425, cuyo rubro es el siguiente: “ERROR EN EL ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LOS VOTOS. EL INTERÉS PARA IMPUGNARLO CORRESPONDE A CUALQUIERA DE LOS PARTIDOS CONTENDIENTES EN LA ELECCIÓN.”

Es menester precisar que la existencia de datos en blanco, ilegibles o discordantes entre apartados que deberían consignar las mismas cantidades, como son: el de total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal, total de boletas extraídas de la urna o votación emitida, no siempre constituye causa suficiente para anular la votación recibida en casilla por la causal en estudio, acorde con lo sostenido, en lo conducente, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Tesis de Jurisprudencia: S3ELJ 08/97, publicada en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, páginas 83 a 86, bajo el rubro: “ERROR EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. EL HECHO DE QUE DETERMINADOS RUBROS DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO APAREZCAN EN BLANCO O ILEGIBLES, O EL NÚMERO CONSIGNADO EN UN APARTADO NO COINCIDA CON OTROS DE SIMILAR NATURALEZA, NO ES CAUSA SUFICIENTE PARA ANULAR LA VOTACIÓN.”

En efecto, cabe advertir que, en ocasiones, puede ocurrir que aparezca una diferencia entre los rubros del cuadro de estudio, cuya explicación puede obedecer, por ejemplo, a que algunos electores hayan destruido las boletas que se les entregaron o que se las lleven sin depositarlas en las urnas, asimismo, entre otros supuestos, también puede ocurrir que los funcionarios de la mesa directiva de casilla no incluyan entre los electores que votaron conforme a la lista nominal, a algún ciudadano por descuido, o bien, a los representantes de los partidos políticos y coaliciones acreditados ante la respectiva casilla y que también hayan votado; ni aquellos ciudadanos que, en su caso, votaron por contar con resolución favorable para tal efecto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y que de haber ocurrido así, obviamente aparecería que hubo un mayor número de boletas depositadas en la urna, que el de aquel total de ciudadanos inscritos en la lista nominal que votaron.

En tal virtud, en aras de privilegiar la recepción de la votación emitida y la conservación de los actos de las autoridades electorales válidamente celebrados, en el supuesto de que se actualice alguna de las situaciones antes comentadas, se estará a lo siguiente:

Por otra parte, cuando en los documentos de los que se obtiene la información consignada en las diversas columnas del cuadro que se describe, aparezcan datos en blanco o ilegibles, se analizará el contenido de las demás actas y constancias que obren en el expediente, con el objeto de su obtención o rectificación, y determinar si existe o no error en el cómputo de los votos y, en su caso, si es o no determinante para el resultado de la votación.

De tal forma que, si de las constancias que obran en autos se puede obtener el dato faltante o ilegible, pero éste no coincide con alguno de los asentados en cualesquiera de las columnas identificadas con los números 4, 5 ó 6 del cuadro que se comenta, para establecer la existencia de la determinancia del error correspondiente, se deben considerar los dos datos legibles o conocidos con relación al obtenido mediante diversa fuente.

Si esto no es posible, entonces deberá verificarse si la cifra correspondiente al rubro que aparece inscrito, coincide con el valor correspondiente a su similar, ya sea TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA NOMINAL, TOTAL DE BOLETAS EXTRAÍDAS DE LA URNA o VOTACIÓN EMITIDA, según sea el caso; si ambos rubros son iguales, se presumirá que el dato faltante o ilegible es igual a aquéllos y, por ende, que no existe error.

Ahora bien, en el supuesto de que los dos rubros conocidos o legibles, relativos al cómputo de votos, resulten discordantes, la diferencia o margen de error se deberá establecer con base en su comparación con la diferencia entre el primero y segundo lugar, si dicho error no resulta determinante para el resultado de la votación, entonces deberá conservarse la validez de la votación recibida.

Asimismo, cuando sólo se esté en presencia de espacios en blanco y, además, no sea posible la obtención de esos datos, a partir de diversa fuente para los efectos de su rectificación o deducción; entonces, se considerará que las omisiones de referencia, relacionadas con el procedimiento de escrutinio y cómputo ponen en duda la imparcialidad de los funcionarios de casilla, la certeza en el resultado de la votación, y, por ende, son determinantes para la misma, toda vez que no es posible conocer cuál es la voluntad del electorado.

Empero, en los supuestos en los que sí sea posible obtener la información faltante, ésta se anotará en el rubro que corresponda a efecto de subsanar el dato omitido y estar en posibilidad de establecer si existe o no error en el escrutinio y cómputo, y si éste es determinante para el resultado de la votación.

Así, las 39 (treinta y nueve) casillas impugnadas por esta causal, se analizaran en cuatro apartados diferentes, según la semejanza que guarden entre sí, exponiéndose para cada grupo el cuadro ilustrativo correspondiente, que contenga los datos obtenidos de las constancias que obran en autos del expediente en que se actúa:

APARTADO 1.

Es infundado el agravio esgrimido por la Coalición Alianza Ciudadana por Baja California Sur, respecto de la casilla: 134B, que se representa en el siguiente cuadro informativo:

Lo infundado del agravio esgrimido por la Alianza Ciudadana por Baja California Sur, deriva de que, como se puede observar de los datos asentados en el cuadro que para este apartado se expone, los rubros correspondientes a “total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal” –columna “4”–; “total de boletas extraídas de la urna” –columna “5”– y “votación total emitida” –columna “6”– son totalmente concordantes, no existiendo diferencia alguna entre los rubros señalados, por lo que evidentemente no existe error en la computación de los votos, debiendo prevalecer la votación emitida en la casilla.

APARTADO 2.

Son infundados los agravios expresados por la Alianza Ciudadana por Baja California Sur, respecto de las siguientes 31 (treinta y uno) casillas: 121B, 121C, 123B, 124C, 126B, 126C, 127B, 128B, 129B, 135B, 136C, 138B, 142B, 142C, 143B, 143C, 144C, 145B, 148B, 149B, 150B, 151B, 153B, 154B, 154C, 155B, 155C, 156B, 156C, 156C2 y 157B; que se contienen en el siguiente cuadro informativo:

Como se puede observar en los datos asentados en el cuadro que antecede, la diferencia mayor entre los rubros asentados en las columnas “4”, “5”, y “6”, correspondiente a Ciudadanos que Votaron Conforme a la Lista Nominal, Total de Votos Extraídos de la Urna y Votación Total Emitida. –columna “7”– siempre es menor a la asentada en la columna “10” donde se contiene la diferencia mayor entre la votación obtenida por el partido y/o coalición que obtuvo el primero y segundo lugar. En estos casos, aun y cuando queda acreditada la existencia de una irregularidad, la misma no resulta determinante para el resultado de la votación, por lo que es incuestionable que la votación recibida en las casillas en estudio debe permanecer como válida.

Sin embargo debe aclararse que en la casilla 154C como se observa del cuadro ilustrativo, del acta de escrutinio y cómputo se obtuvieron los datos fundamentales asentados en las columnas “5” –Total de votos extraídos de la urna–, y “6” –Votación total emitida–, apareciendo en blanco el correspondiente a la columna “4” –Ciudadanos que votaron conforme a lista nominal–, información que se consideró suficiente para estar en aptitud de establecer que, en la casilla en mención, el error no resulta determinante para el resultado de la votación, pues la diferencia mayor entre los datos asentados en las columnas antes referidas, comparada con la existencia entre el primer y segundo lugar obtenido por las partes contendientes es menor, por lo tanto la votación en dicha casilla debe permanecer como válida. En consecuencia, al no acreditarse, la hipótesis prevista en el segundo de los supuestos normativos de la causal contenida en el artículo 3 fracción IV, de la Ley de Medios de Impugnación, se declaran infundados los agravios que al respecto hace valer la Alianza Ciudadana por Baja California Sur.

Como se observa del cuadro ilustrativo, del acta de escrutinio y cómputo de la casilla se obtuvieron los datos fundamentales asentados en las columnas “4” –Ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal–, y “6” –Votación total emitida–, apareciendo en blanco el correspondiente a “Total de votos extraídos de la urna” –columna “5”–, información que se considera suficiente para estar en aptitud de establecer que el error no resulta determinante para el resultado de la votación, pues la diferencia mayor entre los datos asentados en las columnas antes referidas, comparada con la existencia entre el primer y segundo lugar obtenido por las partes correspondientes resultó menor.

APARTADO 4.

Son fundados los agravios hecho valer por la coalición Alianza Ciudadana por Baja California Sur, respecto de las siguientes 6 (seis) casillas: 127C, 137B, 137C, 141C, 144B, y 158C, por las consideraciones que respecto a cada una de ellas y de manera individualizada se exponen en este apartado que se representan en el siguiente cuadro informativo:

Respecto de la casilla 127 Contigua del acta de Escrutinio y Cómputo se obtuvo del rubro “Ciudadanos que votaron conforme a la Lista Nominal”, la cantidad de 252 (doscientos cincuenta y dos) votos; fueron 250 (doscientos cincuenta) el total de votos extraídos de la urna así como la votación total emitida, existiendo una inconsistencia de 2 (dos) votos que de igual manera, es la cantidad reflejada entre la diferencia de votos obtenidos entre el primero y segundo lugar, por lo que al resultar iguales los datos asentados en las columnas “7” y “10”, el error detectado, resulta determinante para el resultado de la votación, debiéndose anular la misma.

En la casilla 137 Básica y 137 Contigua, el único dato obtenido de las Actas de Escrutinio y Cómputo fue el relativo a la votación total emitida, que ascendió en la primera a la cantidad de 288 (doscientos ochenta y ocho) votos, y en la segunda a 299 (doscientos noventa y nueve) votos. El dato auxiliar asentado en la columna “3” se encuentra en blanco, pues aun y cuando este órgano jurisdiccional requirió el listado nominal de electores utilizado el día de la jornada electoral, el cual se tuvo a la vista al momento de resolver, de ellas no pudimos obtener dato alguno ya que no aparece asentado el sello de “votó”, en ninguna de sus páginas; por lo que existiendo imposibilidad para establecer el número de votos de diferencia entre las columnas “4”, “5” y “6”, para luego el resultado obtenido de éstas, confrontarlo con la diferencia de votos entre el primero y segundo lugar, que fue en la primera de 3 (tres) votos y en la segunda de 4 (cuatro) votos, este órgano electoral considera que resulta incuestionable en el presente caso el error de la computación, resultando que sí es determinante para el resultado de la votación debiéndose anular la misma en las casillas en estudio.

Por lo que hace a la casilla 141 Contigua, del acta de Escrutinio y Cómputo se refleja que fueron extraídos de la urna 202 (doscientos dos) votos, así como la votación total emitida, y fueron 200 (doscientos) los ciudadanos que votaron conforme a la Lista Nominal existiendo una inconsistencia de 2 (dos) votos, por lo que al haber 0 (cero) votos de diferencia entre el primero y segundo lugar, resulta determinante para el resultado de la votación, debiéndose anular la misma.

En la casilla 144 Básica, según se desprende del acta de Escrutinio y Cómputo, fueron 223 (doscientos veintitrés) el total de votos extraídos de la urna, 235 (doscientos treinta y cinco) la votación total emitida, encontrándose en blanco el rubro relativo a ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal, por lo que al comparar los datos conocidos con el dato auxiliar con la columna “3”, que es de 231 (doscientos treinta y uno), con el de la columna “5” que es de 223 (doscientos veintitrés), nos refleja una inconsistencia de 8 (ocho) votos, existiendo sólo 2 (dos) votos de diferencia entre el primero, y segundo lugar, por lo que sí es determinante para el resultado de la votación, debiéndose anular la misma.

En la casilla 158 Contigua, del acta de escrutinio y cómputo se rescataron los 3 datos fundamentales y que son a saber: 194 (ciento noventa y cuatro) ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal, así como la votación total emitida; y 189 (ciento ochenta y nueve) votos extraídos de la urna existiendo una inconsistencia de 5 (cinco) votos, por lo que al haber solo 1 voto de diferencia entre el primero y segundo lugar, resulta determinante para el resultado de la votación, debiéndose anular la misma.

En consecuencia se actualizan los dos elementos que integran la causal de nulidad de votación recibida en casilla, prevista en la fracción IV del artículo 3, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electorial; por lo que, como ya se dijo son fundados los agravios aducidos por la parte actora respecto de las casillas analizadas.

SEXTO. La coalición Alianza Ciudadana por Baja California Sur, hace valer la causal de nulidad prevista en el párrafo primero, fracción IX, del artículo 3, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que dispone lo siguiente: “La votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite” XI) Recibir la Votación por personas u órganos distintos a los facultados por la Ley Electoral del Estado. En relación con esta causal las partes argumentan lo siguiente:

La coalición Alianza Ciudadana por Baja California Sur, en el agravio segundo de su escrito de demanda manifiesta esencialmente como agravios:

“que la votación en las casillas 121C, 122B, 123B, 126B, 129B, 131B, 134B, 135B, 137B, 137C, 141B, 144B, 149B, 152B, 154B, 154C, 155B, 156B Y 156C2, fue recibida por personas u órganos distintos a los facultados por la norma electoral, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 fracciones IX y XI de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que en cada una de ellas, hubo sustitución de funcionarios quienes recibieron y contabilizaron la votación, en cuyo caso no estaban autorizados por el órgano electoral ni mucho menos por la ley”.

Lo manifestado por la autoridad responsable en su informe circunstanciado, en obvio de innecesarias repeticiones y por economía procesal se tiene aquí por reproducido como si a la letra se insertara.

Por su parte, el representante de la Coalición Democrática Sudcaliforniana, en el escrito por el que compareció como tercero interesado, en el presente juicio, hace referencia a los hechos antes mencionados en la forma siguiente:

“Por su parte el artículo 203 de la ley de la materia prevé el procedimiento (Mira integrar la mesa directiva de casilla en caso de que falte alguno o todos los Integrantes designados por el comité distrita). En el caso de faltar un propietario, se integrará un suplente a la mesa directiva; pero en caso de que no se complete con los propietarios y suplentes presentes, se integrará con los electores que se encuentren en la fila.

Ahora bien conforme al artículo 13 del Código Electoral, los ciudadanos deben votar en la casilla que corresponda a su domicilio; sin embargo, dado que en ocasiones las secciones se integran con mas de 750 ciudadanos, se establecen dos o más casillas según el número de electores inscritos en la lista nominal correspondiente a cada casilla, pero se dividen en orden alfabético, por tanto de una interpretación funcional y sistemática, se desprende que en el último de los casos, las mesas directivas de casillas se pueden integrar válida y legalmente con electores inscritos en la lista nominal de la sección respectiva.

Confrontadas con el encarte que el Instituto Estatal Electoral ordenó publicar, y con las listas nominales de electores de las secciones a las cuales pertenecen dichas casillas se desprende que los funcionarios que actuaron en las mismas se encuentran dentro de los designados por el comité distrital I, y sólo aquellos ciudadanos que no fueron de los originalmente designados, se trató de electores inscritos en la lista nominal respectiva. Por tanto, se trataba de personas facultadas por la ley electoral para fungir como miembros de mesa directiva.”

Previo al estudio de los agravios aducidos por el actor y a lo manifestado por la autoridad responsable y tercero interesado, se estima conveniente precisar el marco normativo en que se sustenta la causal de nulidad de mérito.

Por mandato constitucional y legal, las mesas directivas de casilla son los órganos electorales formados por ciudadanos a quienes, el día de la jornada electoral, corresponde asegurar que la recepción del voto esté revestida de las características de certeza y legalidad; asimismo, son responsables de respetar y hacer respetar que el voto de los electores sea universal, libre secreto, directo, personal e intransferible, encontrándose facultadas para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las secciones electorales.

En cuanto a su integración, atento a lo previsto en el artículo 132 de la Ley Electoral del Estado, las mesas directivas de casillas se conforman por un presidente, un secretario, un escrutador y tres suplentes generales, quienes deberán ser ciudadanos residentes en la sección electoral que comprenda a la casilla.

Con el propósito de garantizar la actuación imparcial y objetiva de los miembros del órgano electoral, la legislación sustantiva contempla dos procedimientos para la designación de sus integrantes: el primero para realizarse durante la etapa de preparación de la elección, y el segundo, que se implementa el día de la jornada electoral y tiene como fin suplir las ausencias de los ciudadanos designados y dar transparencia al procedimiento de integración de las mesas directivas de casilla. Además, se establecen las funciones que corresponden a cada uno de los integrantes de las mismas.

Acorde con lo anterior, los ciudadanos designados en la etapa preparatoria de la elección deberán seleccionarse mediante el procedimiento que comprende, fundamentalmente, hasta una doble insaculación y un curso de capacitación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 133, fracción (sic) de la ley en consulta.

Sin embargo, ante el hecho público y notorio de que los ciudadanos originalmente designados incumplan con sus obligaciones y no acudan el día de la jornada electoral a desempeñar sus funciones como miembros de las mesas directivas de casilla, y en el supuesto de que ésta no se instale a las 8:15 horas, con el objeto de asegurar la recepción de la votación, el legislador local, en el artículo 203 de la misma ley, establece, en sus diversas fracciones, el procedimiento que debe seguirse el día de la jornada electoral para sustituir a los funcionarios de casilla.

Como puede advertirse, el artículo 203 citado con antelación establece explícitamente qué personas serán designadas para sustituir a los funcionarios ausentes, también es cierto que atendiendo al espíritu de la ley, a las personas designadas como funcionarias de casilla les corresponde asegurar que la recepción del voto esté revestida de las características de certeza y legalidad; siendo responsables de respetar y hacer respetar que el voto de los electores sea universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible; por lo que toda sustitución de funcionarios debe recaer en electores que se encuentren en la casilla para emitir su voto; y que en ningún caso y bajo ninguna circunstancia recaigan los nombramientos en los representantes de los partidos políticos. Cuando la mesa directiva de una casilla no se complete con los funcionarios designados que asistan y los suplentes que se presenten, el presidente habilitará para los puestos vacantes a electores que se encuentren en la casilla, quienes desde luego deben ser de los inscritos en la lista nominal correspondiente y no estar impedidos legalmente; de manera que no es admisible la designación de personas distintas, que por cualquier circunstancia se encontraran en ese sitio.

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido en su tesis relevante intitulada “SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL”, consultable en Revista Justicia Electoral 1997, Tercera Época, suplemento 1, página 67, Sala Superior, tesis S3EL 019/97.

De una interpretación armónica de los preceptos antes señalados, este órgano jurisdiccional, considera que el supuesto de nulidad de votación recibida en casilla que se analiza, protege el valor de certeza que debe existir en la recepción de la votación por parte de las personas u órganos facultados por la ley. Este valor se vulnera: a) cuando la mesa directiva de casilla se integra por funcionarios que carecen de las facultades legales para ello; y, b) cuando la mesa directiva de casilla como órgano electoral no se integra con todos los funcionarios designados, por lo que en este caso, tienen relevancia las funciones de carácter autónomo, independiente, indispensable y necesarias, que realiza cada funcionario, así como la plena colaboración entre éstos, con la finalidad de que exista certeza en la recepción del sufragio.

De no presentarse ninguno de los funcionarios designados, ni propietarios ni suplentes, el comité respectivo tomará las medidas necesarias para llevar a cabo la instalación; asimismo, cuando por razones de distancia o de dificultad de las comunicaciones, no intervenga oportunamente el personal del Instituto Estatal Electoral a las 10:00 (diez) horas del día de la jornada, los representantes de los partidos políticos y/o coaliciones acreditados ante mesas directivas de casilla, designarán por mayoría a los funcionarios para integrar las casillas correspondientes, convocando a aquellos electores que se encuentren presentes.

En este último caso, se requerirá la presencia de un Juez Menor de Primera Instancia o de Notario Público para dar fe de los hechos, y de no ser así, bastará con que los representantes de los partidos políticos y/o coaliciones que se encuentren presentes expresen su conformidad de común acuerdo. Es conveniente resaltar que los nombramientos a que hemos hecho referencia, en ningún caso podrán recaer en los representantes de los partidos políticos, por lo que esta actividad se entenderá reservada exclusivamente para los electores que se encuentren en la casilla para emitir su voto.

Por lo manifestado, este tribunal considera que el supuesto de nulidad que se analiza protege un valor de certeza que se vulnera cuando la recepción de la votación fue realizada por personas que carecían de facultades legales para ello.

De acuerdo con lo anterior, la causal de nulidad que se comenta se entenderá actualizada cuando acredite que la votación, efectivamente, se recibió por personas distintas a las facultadas conforme a la ley, es decir, que no fueron insaculadas, capacitadas y designadas por su idoneidad para fungir el día de la jornada electoral en las casillas, pero además que no cumplan con el requisito de estar inscritos en la lista nominal de electores y pertenecer a la sección correspondiente; además, es importante atender al imperativo de que los ciudadanos que en su caso sustituyan a los funcionarios deben cumplir con el requisito de que deben estar inscritos en la lista nominal de electores; en tal sentido, esta sala forma su criterio en atención a la tesis relevante aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral publicada en la página sesenta y siete, del suplemento número 1 de la Revista Justicia Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a saber:

“SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL.” (Se transcribe)

De acuerdo a lo manifestado por las partes, este tribunal considera que la causal invocada debe analizarse atendiendo a la coincidencia plena que debe existir entre los nombres de las personas que fueron designadas, según los acuerdos adoptados en las sesiones del Comité Distrital, como funcionarios de las mesas directivas de casilla, en relación con las personas que realmente actuaron durante la jornada electoral como tales, de acuerdo con las correspondientes actas de la jornada electoral. Así como la legalidad en las sustituciones justificadas que acredite la autoridad.

En efecto, en las citadas actas aparecen los espacios para anotar los nombres de los funcionarios que participan en la instalación y recepción de la votación en las casillas, así como los cargos ocupados por cada uno y sus respectivas firmas; además, tienen los espacios destinados a expresar si hubo o no incidentes durante la instalación o durante la recepción de la votación, así como, en su caso, la cantidad de hojas de incidentes en que éstos se registraron. Por lo tanto, se atenderá también el contenido de las diversas hojas de incidentes relativas a las casillas en estudio con el fin de establecer si en el caso concreto se expresó en dichas documentales circunstancia alguna relacionada con este supuesto.

En el caso a estudio, obran en el expediente: La lista de control de sustituciones de funcionarios de mesas directivas de casilla acordados en sesión de fecha catorce, cuatro y dos de febrero respectivamente del año en curso, que por causas supervenientes no pueden desempeñar el cargo designado; el encarte donde se hizo pública su integración, las listas nominales de electores, documentos que se tienen a la vista al momento de resolver; copias certificadas de las actas de escrutinio y cómputo, relativas a las casillas impugnadas, mismas que tienen la naturaleza de documentales públicas, por lo que de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 55 y 56 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral tienen valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren.

Para el análisis de las casillas impugnadas por la causal de nulidad en comento, este órgano jurisdiccional estima adecuado realizar su estudio conforme con un cuadro esquemático, en cuya primera columna, se identifica la casilla de que se trata; en la segunda, se anotan los nombres de las personas que dice el actor fungieron ilegalmente; en la tercera los nombres de las personas facultadas para actuar en la casilla y sus cargos, según los acuerdos adoptados por el Comité Distrital; en la cuarta los nombres de los funcionarios que recibieron la votación y los cargos que ocuparon, de acuerdo con lo asentado en las correspondientes actas de la jornada electoral o escrutinio y cómputo, en la quinta columna se anota el nombre de las personas que en efecto no fueron designados por la autoridad electoral, en la sexta, se anota si los sustitutos no insaculados ni capacitados se encuentran o no en la lista nominal de electores perteneciente a la sección; en la séptima columna, se anota si hubo o no hoja de incidentes; y por último las observaciones en relación a las sustituciones que constan en las hojas de incidentes.

Este cuerpo colegiado, al ponderar comparativamente lo vertido por las partes y valorar el material probatorio a que se ha hecho referencia en párrafos precedentes, a efecto de verificar que las personas que fungieron como integrantes de casilla el día de la elección concuerden con los ciudadanos autorizados para integrar la mesas directivas de casilla; así como también al realizar la justipreciación de las listas nominales de electores de las secciones a que corresponden las casillas impugnadas con el fin de corroborar la designación emergente de algún ciudadano el día de la jornada electoral por resultar los medios probatorios antes mencionados los elementos de prueba idóneos mediante los cuales se pueda arribar con certeza a la litis planteada.

El cuadro arroja los siguientes datos:

P: Presidente

S: Secretario

1E: Primer Escrutador

2E: Segundo Escrutador

SG: Suplentes Generales

Del análisis detallado del cuadro que antecede, atendiendo a las características similares que presenta la integración de las mesas directivas de casillas este órgano electoral estima lo siguiente:

A). Por cuanto hace a las casillas 121 Contigua, 123 Básica, 141 Básica, y 149 Básica, los nombres y los cargos de las personas que el día de la jornada electoral actuaron como funcionarios de la mesa directiva de casilla, coinciden plenamente con los ciudadanos que aparecen en la lista de integración de dichos órganos colegiados, que fueron originalmente designados y capacitados por la autoridad administrativa para desempeñar las funciones respectivas, en los cargos de presidente, secretario y escrutador.

Por lo tanto, al no acreditarse los supuestos normativos de la causal de nulidad de votación prevista en el artículo 3, fracción IX, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación para el Estado, resultan infundados el agravio aducido respecto de las casillas en estudio.

B). Con relación a las casillas: 134 Básica y 154 Básica, del cuadro comparativo se aprecia que los funcionarios designados por el comité distrital, son los mismos que fungieron como tales el día de la jornada electoral, independientemente de que se trate de suplentes, o que hayan realizado una función diversa a la originalmente encomendada.

Ahora bien, la figura de los funcionarios suplentes generales, está prevista en el artículo 132 de la Ley Electoral del Estado, y tiene por objeto reemplazar a los funcionarios titulares que por alguna causa no se presenten a cumplir con su obligación ciudadana de formar parte de las mesas directivas de casillas, por lo que al darse esta circunstancia, dichos puestos deben ser ocupados por los suplentes.

En consecuencia, la sustitución de funcionarios titulares por suplentes, no actualizan la causal de nulidad de votación recibida en casilla, toda vez que estos ciudadanos fueron insaculados, capacitados y designados por su idoneidad para fungir como tales el día de la jornada electoral, con lo que se garantiza el debido desarrollo de la misma; en tal virtud, es evidente que la sustitución de funcionarios en las casillas 134 Básica y 154 Básica, no lesionan los intereses de la coalición política actora, ni vulnera el principio de certeza de la recepción de la votación recibida en casilla prevista en el artículo 3, fracción IX de la ley adjetiva electoral para el Estado de Baja California Sur, resultan infundados los agravios aducidos por el impugnante respecto a dichas casillas.

C). Por lo que se refiere a las casillas 122 Básica, 126 Básica, 129 Básica, 131 Básica, 135 Básica, 137 Básica, 137 Contigua, 144 Básica, 152 Básica y 154 Contigua, este Tribunal Electoral estima infundados los agravios hechos valer por el actor, en atención a los siguientes razonamientos.

En primer lugar cabe señalar que los datos detallados en el cuadro precedente fueron obtenidos del acta de Escrutinio y Cómputo, asimismo, se precisa que al momento de resolver el juicio en estudio se tuvieron a la vista los listados nominales de electores de todas y cada una de las casillas a analizarse en este apartado y en los subsecuentes.

En lo que hace a la casilla 122 Básica, del acta de escrutinio y cómputo, que se encuentra en la foja doscientos siete del tomo I del expediente, se advierte que Jorge Alejandro De la Lanza Toscazo quien fungió como Presidente y Castro Crespo Marcela, quien fungió como Segundo Escrutador, no fueron autorizadas por la autoridad electoral responsable para fungir como tal; sin embargo, de la búsqueda exhaustiva en el listado nominal de la sección que se encuentra en el expediente, sí se encuentran registrados en la lista nominal de electores correspondiente a la casilla impugnada, misma que se tuvo a la vista al momento de resolver el expediente en que se actúa según puede apreciarse en las páginas cuatro y siete del listado respectivo, con el número consecutivo ciento noventa y dos y ciento treinta y dos. Por lo tanto, este tribunal arriba a la conclusión de que la casilla 122 Básica se integró de conformidad con lo dispuesto por el artículo 203 de la Ley Electoral, por lo que no ha lugar a decretar la nulidad de la votación recibida en esta casilla, toda vez que no se actualizan los extremos de la causal prevista en el artículo 3 párrafo primero fracción IX de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En lo que hace a la casilla 126 Básica, del acta de escrutinio y cómputo, que se encuentra en la foja ciento veinticinco del tomo I del expediente, se advierte que José Espinoza Barrera y Evelia del Rosario Sánchez Agúndez quienes fungieron como Primero y Segundo Escrutador, no fueron autorizadas por la autoridad electoral responsable para fungir como tales; sin embargo, de la búsqueda exhaustiva en el listado nominal de la sección que se encuentra en el expediente, sí se encuentran registrados en la lista nominal de electores correspondiente a la casilla impugnada, misma que se tuvo a la vista al momento de resolver el expediente en que se actúa según puede apreciarse en las páginas once y dieciséis de veintiuno del listado respectivo, con el número consecutivo doscientos veintiocho y trescientos veintiséis. Por lo tanto, este tribunal arriba a la conclusión de que la casilla 126 Básica se integró de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 203 de la Ley Electoral, por lo que no ha lugar a decretar la nulidad de la votación recibida en esta casilla, toda vez que no se actualizan los extremos de la causal prevista en el artículo 3 párrafo primero fracción IX de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Es verdad que en la casilla 129 Básica, durante la jornada electoral, actuó como Primer Escrutador Lucero Orozco María del Carmen, tal como se desprende en el documento oficial denominado acta de escrutinio y cómputo, que obra en la foja ciento treinta del tomo I de autos, y que esta persona no fue previamente insaculada ni capacitada; empero, sí se encuentra inscrita en la lista nominal de electores correspondiente a la casilla, en la página una de veintidós, número consecutivo diecisiete, como se demuestra con dicha documental, que se tuvo a la vista al momento de resolver, que hace prueba plena en términos de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Por cuanto hace a la casilla 131 Básica, se advierte de la foja doscientos treinta y cinco tomo I, en que se encuentra agregada el acta de Escrutinio y Cómputo, se señala que Patricia Sánchez de la Vega Camacho, de quien reclama el actor, no está facultada para actuar en la casilla, cabe señalar que efectivamente no está inscrita en el listado nominal de dicha casilla, pero del análisis exhaustivo practicado a los listados nominales que conforman la sección completa se obtiene que la ciudadana en mención sí corresponde a la sección en la página veinticinco de treinta con el número consecutivo trescientos trece, bajo el nombre de Sánchez de la Vega Camacho; por lo anterior puede concluirse válidamente que la casilla en estudio se integró en los términos previstos del artículo 203 de la Ley Electoral, de ahí que los agravios en tal sentido sean infundados, en consecuencia no ha lugar a declarar la nulidad de la votación recibida en ella.

Por lo que respecta a la casilla 135 Básica, del acta de Escrutinio y Cómputo que obra a foja ciento treinta y tres del tomo I del expediente, se observa que Dora Aracely Olachea Zumaya, quien fungió como Segundo Escrutador, no fue autorizado por el Comité Distrital correspondiente para desempeñar tal cargo, sin embargo es de afirmarse, que sí se encuentra registrada en la lista nominal de electores correspondiente a la casilla impugnada, misma que se tuvo a la vista al momento de resolver, según puede apreciarse en la página doce de veintiséis del listado respectivo con el número consecutivo doscientos treinta y siete.