JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL

EXPEDIENTE: SUP-JRC-96/2004

ACTORA: COALICIÓN “ALIANZA CIUDADANA”

TERCERO INTERESADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ FERNANDO OJESTO MARTÍNEZ PORCAYO

SECRETARIOS: EDUARDO ARANA MIRAVAL y ADAN ARMENTA GÓMEZ

México, Distrito Federal, a veintiocho de junio de dos mil cuatro.

VISTOS: para resolver los autos del juicio de revisión constitución al electoral SUP-JRC-96/2004, promovido por la Coalición “Alianza Ciudadana”, en contra de la resolución de catorce de junio del año en curso, dictada por el Tribunal Superior Electoral del Estado de Yucatán en el recurso de reconsideración número RR-44/04, y

R E S U L T A N D O

I. El dieciséis de mayo del presente año, en el Estado de Yucatán se llevaron a cabo elecciones para renovar a los integrantes de los ayuntamientos, entre ellos los del Municipio de Mérida.

II. El diecinueve de mayo siguiente, el Consejo Municipal Electoral de Mérida, Yucatán, inició la sesión de cómputo municipal de la elección de regidores, concluyendo el veintiséis siguiente, obteniendo los resultados siguientes:

En el mismo acto, el Consejo Electoral en cita, declaró la validez de la elección y entregó la constancia de mayoría y validez a los candidatos que integran la planilla triunfadora.

III. Inconforme con lo anterior, el veinticinco de ese mismo mes y año, la Coalición “Alianza Ciudadana” interpuso recurso de inconformidad ante la propia emisora del acto, pidiendo esencialmente la nulidad de la elección por diversas irregularidades, como la manipulación del Padrón Electoral; que hubo entrega tendenciosa de apoyos y recursos con motivo del desastre ocasionado por el Huracán Isidoro, en el transcurso de los meses anteriores al día de la jornada electoral por parte de los gobiernos federal, local y municipal, para apoyar al Partido Acción Nacional, la parcialidad de las autoridades electorales estatal y municipal; así como por nulidad de la votación recibida en varias casillas por error en el cómputo de los votos.

El cinco de junio del año en curso, el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán resolvió el mencionado recurso de inconformidad, declarando la nulidad de la votación recibida en las casillas 369 contigua 1, 428 básica, 653 contigua 2, 392 básica, 390 básica, 649 contigua1, 327 contigua 2, 339 contigua 1, 260 básica, 452 contigua, 294 básica, 413 contigua 1 y 387 básica; ordenando  al Consejo Municipal Electoral de Mérida, modificará el acta de cómputo municipal de la elección de regidores, con base en dicha nulidad de la votación recibida en esas casillas, y en razón de que no se revertía el resultado de la elección, ni devenía causa de nulidad de la elección, se confirmaba la declaración de validez de la elección de regidores y el otorgamiento de las constancias expedidas.

IV. En contra de esta última determinación, el ocho de junio de dos mil cuatro, la Coalición “Alianza Ciudadana”, interpuso recurso de reconsideración, del que conoció el Tribunal Superior Electoral ahora responsable, y con fecha catorce de junio del mismo mes y año, dictó sentencia al tenor de los siguientes considerandos y resolutivos:

“CUARTO.- En el recurso que nos ocupa, se impugnó una resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado, con fecha cinco de junio del año dos mil cuatro con motivo del recurso de inconformidad interpuesto por la COALICIÓN "ALIANZA CIUDADANA", por conducto del Representante de los intereses comunes, Carlos Hernando Sobrino Sierra y del Representante Propietario de la citada Coalición, Ciudadano Juan Fernando Solís Benavides ante el Consejo Municipal Electoral de Mérida, Yucatán, respectivamente, en contra de la citada resolución de fecha cinco de junio, dictada por el referido Órgano Colegiado, en el expediente RI-060/2004, por medio del cual la aludida Coalición recurrente impugnó los resultados contenidos en el acta de cómputo municipal de la elección de regidores, emitida y expedida por el Consejo Municipal de Mérida, Yucatán. Para resolver en justicia el presente medio de impugnación, este Tribunal debe avocarse a efectuar un análisis de los agravios planteados por el recurrente.

QUINTO. En este apartado se tienen por reproducidos, en obvio de repeticiones innecesarias, los agravios que la Coalición recurrente externo en su correspondiente recurso de reconsideración, mismo memorial que obra acumulado a este expediente, y teniendo en cuenta, asimismo, de que el artículo 360 y demás relativos del Código Electoral del Estado, no exige la formalidad de su trascripción, además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, toda vez que en el Considerando respectivo, al momento de analizar y estudiar los conceptos de agravio hechos valer por el impetrante, este Tribunal hace una relación sucinta de los mismos. Sirve de apoyo a este criterio, por analogía de razón, la Jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página quinientos noventa y nueve del tomo VII, Abril de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS”. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma."

SEXTO.- La Coalición recurrente a fin de acreditar su dicho ofreció las siguientes pruebas:

a) Documental Pública consistente en un informe que rinda la Coordinación Estatal del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, que no fue admitida por este Tribunal por cuanto resulta inconducente para acreditar las causales de nulidad aludidas por el impetrante, toda vez que no guarda relación ni conexidad con los hechos esgrimidos en el recurso de reconsideración.

b) Documental Pública, consistente en el informe que rinda la Delegación Estatal de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, respecto de los montos de inversión y el número de acciones llevadas a cabo desde el mes de marzo del dos mil cuatro a la fecha de la interposición del recurso, misma que fue admitida con fundamento en los artículos 349, 350 y 353 del Código Electoral del Estado, y acredita los elementos convictivos que se desprenden del informe remitido a este Tribunal, por la aludida Secretaría, al tenor de su contenido.

c) Prueba de inspección judicial que debería realizar el Tribunal Electoral del Estado en las Comisarías y Subcomisarías de Komchén, Chablekal, Cholul, Caucel, San José Tzal, Molas, Yaxnic, San Pedro Chimay, Oncán, Temozón Norte, Ttxcuytún, Noc-Ac, Dzidzilché, Sierra Papacal, Cosgaya, San Antonio Táscala, Xcunyá y en las Colonias Emiliano Zapata Sur, San José Tecoh, Salvador Alvarado Sur, El Roble y Libertad todas del Municipio de Mérida, Yucatán, misma que fue admitida con fundamento en los artículos 349 y 353 del Código Electoral del Estado, y acredita los elementos convictivos que se desprenden del acta levantada con motivo de la diligencia efectuada en fecha trece de los corrientes.

d) Prueba de inspección judicial que debería realizar el Tribunal A Quo en los registros del Programa Emergente de Reconstrucción de Vivienda, a fin de identificar el número y el tipo de acciones realizadas con cargo a los recursos del Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales conocido como FONDEN, misma que guarda estrecha relación con la prueba Documental Pública que la Coalición recurrente ofreció en su escrito de inconformidad, consistente en el informe que rinda la Delegación Estatal de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, respecto de los montos de inversión y el número de acciones llevadas a cabo desde el mes de marzo del dos mil cuatro a la fecha de la interposición del recurso, cuyo perfeccionamiento se instó en forma conjunta, a través del requerimiento formulado por este Tribunal a la citada Secretaría, y que al tenor de los artículos 349, 350 y 353 del Código de la materia, y acredita los elementos convictivos que se desprenden del informe que la aludida Secretaría rindió a este Tribunal, al tenor de su contenido.

e) Inspección Judicial, que debería realizar el Tribunal del conocimiento en los Registros del Programa de Empleo Temporal, de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Yucatán, para identificar el número de empleos temporales creados por mes durante los últimos doce meses, que no fue admitida por este Tribunal por cuanto resulta inconducente para acreditar las causales de nulidad aludidas por el impetrante, toda vez que no guarda relación ni conexidad con los hechos esgrimidos en el recurso de reconsideración.

f) Inspección Judicial, que debería realizar el Tribunal del conocimiento, por medio de fedatarios en predios de la Comisaría de Komchén, Municipio de Mérida, Yucatán, para verificar la existencia y origen de material de construcción, misma que fue admitida con fundamento en los artículos 349 y 353 del Código Electoral del Estado, y acredita los elementos convictivos que se desprenden del acta relativa a la diligencia efectuada en fecha trece de los corrientes.

g) Inspección Judicial, que debería realizar el Tribunal del conocimiento en los Registros del Ciudadano Gustavo Rubén Rivera Fernández y Cops. exhibiendo una documental privada, consistente en una factura sin número y con folio 1068, por material entregado en el domicilio de Canul Chan Cándida, domicilio conocido en Mérida, Sac Nicté, misma que fue admitida con fundamento en los artículos 327, primer párrafo, 349 y 353 del invocado cuerpo de leyes, empero carece de valor probatorio, toda vez que del informe rendido por el referido ciudadano el día de hoy, se advierte que si bien se hizo entrega del citado material a la señora Canul Chan, incluida en el Programa de Reconstrucción de Vivienda FONDEN, esto fue en fecha veintitrés de julio del año dos mil tres.

h) Inspección Judicial, que debería realizar el Tribunal del conocimiento, acompañado de fedatarios en los predios de varias personas, ubicados en la Comisaría de Caucel, con base en la lista que al efecto anexó la Coalición impetrante, misma que fue admitida con fundamento en los artículos 349 y 353 del Código Electoral del Estado, y acredita los elementos de convicción que se desprenden del contenido del acta levantada por el Magistrado Ponente en este asunto, con motivo de la diligencia efectuada en fecha trece de los corrientes.

i) Inspección Judicial, que debería realizar el Tribunal Electoral del Estado, en los Registros de la persona moral PREDECO, S.A. de C.V., para verificar si fue contratada por el Gobierno del Estado para entregar materiales de construcción en colonias de la Ciudad de Mérida, misma que fue admitida con fundamento en los artículos 327, primer párrafo, 349 y 353 del invocado cuerpo de leyes, sin embargo, carece de valor probatorio, toda vez que en el informe rendido por la referida sociedad mercantil, manifiesta que los documentos que le fueron remitidos por este Tribunal, a efecto de su ratificación, fueron expedidos a favor de un particular y no del Gobierno del Estado.

j) Inspección Judicial, que debería realizar el Tribunal A Quo en los predios de una lista de personas cuyos nombres proporcionó la Coalición impetrante, correspondientes a la Comisaría de Komchén, del Municipio de Mérida, Yucatán, para verificar la existencia y origen de material de construcción entregado a dichas personas por el Gobierno del Estado por medio del programa denominado FONDEN, misma que fue admitida con fundamento en los artículos 349 y 353 del Código Electoral del Estado, y acredita los elementos de convicción que se desprenden del contenido del acta levantada con motivo de la diligencia efectuada en fecha trece de los corrientes.

k) Inspección Judicial, que debería realizar el Tribunal del conocimiento acompañados de fedatarios en los predios de varias personas, de las Comisarías y Subcomisarías de Mérida, como son Dzidzilché, Tamanché, Xcanatún, Cholul, Santa Gertrudis Copó, Tixcuytún, San Pedro Chimay, Tahdzibichén, misma que fue admitida con fundamento en el artículo 349 y 353 del Código Electoral del Estado, y acredita los elementos de convicción que se desprenden del acta levantada con motivo de la diligencia efectuada en fecha trece de los corrientes.

l) Inspección Judicial, que debería realizar el Tribunal del conocimiento en los registros del Ciudadano Gustavo Rubén Rivero Fernández, Cops, a fin de verificar si ha sido contratado por el Gobierno del Estado, para la entrega de material de construcción en esta Ciudad de Mérida, y para tal efecto exhibió dos documentales privadas, consistentes en fotocopias de las facturas sin número, con folios 2910 y 2960, respectivamente, por material de construcción entregado en domicilios de Santos Madera Sebastián y Madera Córdova Ricardo, misma que fue admitida con fundamento en los artículos 327, primer párrafo, 349 y 353 del invocado cuerpo de leyes, sin embargo, empero carece de valor probatorio, toda vez que del informe rendido por el referido ciudadano el día de hoy, se advierte que si bien se hizo entrega del citado material a los señores Santos Madera y Madera Córdova, incluidos en el Programa de Reconstrucción de Vivienda FONDEN, esto fue en fecha veintiuno de junio del año dos mil tres.

m) Prueba de presunciones legales y humanas, que se admiten al tenor de lo establecido por el artículo 349 fracción IV del Código Electoral del Estado, y que se valoran en términos de lo preceptuado por el artículo 353 párrafo tercero del Código de la materia.

n) Pruebas técnicas ofrecidas con el carácter de supervenientes, consistentes en las certificaciones del contenido de la página web del Gobierno del Estado de Yucatán, con dirección electrónica en internet www.saladeprensa.yucatan.gob.mx; y que se valoran al tenor de los artículos 349, 351 y 353 del Código Electoral del Estado, y que acreditan los elementos de convicción que se desprenden de su contenido.

Asimismo, el Tercero Interesado en este asunto, Partido Acción Nacional, por conducto de su Representante Propietario ante el Consejo Municipal Electoral de Mérida, Licenciado en Derecho José Alfonso Lozano Poveda, ofreció como pruebas las siguientes:

a) La Instrumental de actuaciones, en lo que favorezca los intereses del Partido oferente; la cual se valora al tenor de lo dispuesto por los artículos 349 y 353 del Código Electoral del Estado, la cual acredita que el procedimiento se ha seguido conforme a derecho.

b) La Presuncional en su doble aspecto legal y humana, en todo lo que favorezca a los intereses del citado tercero interesado; y que se valora en términos de lo preceptuado por el artículo 353 párrafo tercero del Código de la materia.

c) Todas y cada una de las pruebas ofrecidas por el Partido recurrente y únicamente en lo que favorezca a los intereses del Partido Tercero Interesado; las cuales serán valoradas y tomadas en consideración en el presente fallo.

SÉPTIMO.- La Coalición "Alianza Ciudadana" impetrante, medularmente aduce como primer concepto de agravio, que la autoridad responsable de manera indebida desestimó los razonamientos que hizo valer ante ella, y fue omisa en considerar los argumentos adicionales que también expuso; que dicha autoridad dejó de considerar, que si la diferencia de votos entre el primero y segundo lugar fue de doce mil setecientos cuarenta y dos sufragios, y las boletas desaparecidas, sobrantes o perdidas suman veintiocho mil trescientas treinta y nueve, ello es una irregularidad que pone en duda la certeza de la elección; que tampoco razonó que veintiocho mil trescientos treinta y nueve errores en las boletas es una diferencia determinante para el resultado de la elección, puesto que la diferencia en votos contabilizados cabe dos punto veintidós veces en la cifra de boletas desaparecidas y aparecidas en otros sitios o sustraídas de la sede de la autoridad electoral; que la autoridad del conocimiento, desestimó en incumplimiento a su deber de exhaustividad y audiencia que debió respetar a su representada; que la suma total de los errores en la computación de los votos asciende a la cantidad de veintiocho mil boletas, que son determinantes, en algunos casos para el resultado de casillas individualmente consideradas y, en todos, para el resultado total obtenido en la elección de regidores, en virtud de que dicho dolo o error es grave y genérico, y en beneficio del Partido Acción Nacional.

Los anteriores motivos de inconformidad devienen inoperantes, toda vez que constituyen una reproducción textual y de los mismos argumentos que expuso la Coalición impetrante ante el Tribunal del conocimiento, los cuales fueron materia de estudio y resolución en el fallo impugnado. En efecto, en relación al argumento hecho valer por la impetrante en el sentido de que constituyen irregularidades graves el error y dolo en el cómputo en cuatrocientos veinticinco casillas, que en total suman veintiocho mil trescientos treinta y nueve boletas, lo que pone en duda la certeza de la elección; el Tribunal A quo determinó que si bien, la citada Coalición, al invocar irregularidades graves, se inconformó respecto de cuatrocientas veinticinco casillas, sin embargo, únicamente hizo alusión en los hechos y agravios de su escrito de inconformidad, a ciento noventa y cinco casillas, y que en estas últimas, dicho Órgano Colegiado, no advirtió error o dolo alguno que no pudiera subsanarse de manera correcta, ni mucho menos que fuera determinante para el resultado de la votación, en relación al segundo argumento toral, de que los veintiocho mil trescientos treinta y nueve votos en los cuales se detectaron irregularidades son determinantes, cabe señalar que el Tribunal del conocimiento, resolvió que la discordancia en algunos de los rubros contenidos en las actas, aun cuando indica de manera indiciaría la existencia de una irregularidad, es insuficiente para tener por acreditados los elementos constitutivos de la causal invocada por el recurrente, cuando de los demás datos asentadas en el acta de escrutinio y cómputo se pueda deducir que no existe error o que éste no es determinante para el resultado de la votación, más aún cuando no existen elementos para afirmar que la incongruencia entre apartados de votos, benefició a alguno de los contendientes, sustentando el Tribunal del conocimiento el criterio emitido en el fallo impugnado en diversas Jurisprudencias y Tesis relevantes que al efecto citó en la resolución que aquí se revisa, tal como se desprende de las fojas doscientos setenta y cuatro a doscientos ochenta y uno del propio fallo. Y, tomando en consideración, que el cometido legal del recurso de reconsideración consiste en analizar la legalidad de las resoluciones de fondo emitidas en el recurso de inconformidad, y que el medio técnico adecuado para ese objetivo radica en la exposición de argumentos enderezados a demostrar ante el tribunal ad quem que la resolución de primera instancia incurrió en infracciones por sus actitudes y omisiones, en la apreciación de los hechos y de las pruebas, o en la aplicación del derecho, lo cual no se satisface con una mera reiteración de lo manifestado como agravios en el juicio de inconformidad, porque esta segunda instancia no es una repetición o renovación de la primera, en esta eventualidad, resultan inoperantes las manifestaciones de inconformidad aquí vertidas. Al caso resulta aplicable la Tesis de rubro y texto siguientes: "AGRAVIOS EN RECONSIDERACIÓN. SON INOPERANTES SI REPRODUCEN LOS DEL JUICIO DE INCONFORMIDAD. La transcribe

A continuación, aduce el apelante, que si consideramos, que desaparecieron los paquetes electorales de la elección de regidores correspondientes a las casillas 269 contigua 13, 269 contigua 8, 303 contigua 4, 311 básica, 399 básica, 526 contigua 1, 555 contigua 1, 596 básica y 653 contigua 2, que en su conjunto representan seis mil trescientos sesenta y siete boletas, y que durante la sesión de cómputo aparecieron los paquetes electorales de las casillas 277 contigua 1, 395 básica, 531 básica, 431 básica, 435 básica, 439 contigua 1, 481 contigua 1, ello constituye una irregularidad grave que fue determinante para el resultado de la votación. Resulta en parte fundado este motivo de inconformidad. En efecto, de la lectura del fallo combatido, se advierte, que el Tribunal Electoral del Estado, fue omiso en analizar y resolver sobre la argumentación aquí planteada, por lo que, a fin de salvaguardar las garantías de legalidad y seguridad jurídica, este Tribunal Ad Quem, en sustitución del Inferior, procederá acto continuo a su estudio y resolución. Efectuando la correspondiente operación aritmética, arroja que los rubros arriba citados (boletas desaparecidas y boletas aparecidas) representan en su conjunto cuatro mil quinientas dieciocho boletas, y aún tomando en consideración que se hubieran dado las irregularidades aducidas por la impetrante en la votación recibida en las casillas precitadas, si bien constituiría una irregularidad grave, no menos cierto es, que en la especie, no se actualiza la determinancia, toda vez que para que se surta esta figura, es requisito sine qua non que la irregularidad revele una diferencia numérica igual o mayor en los votos obtenidos por los partidos que ocuparon el primero y segundo lugares en la votación respectiva; siendo que en el caso particular, los resultados finales oficiales de la votación emitida para la elección de regidores en el Municipio de Mérida, quedaron de la siguiente manera: el Partido Acción Nacional, obtuvo ciento treinta y cuatro mil doscientos ochenta y nueve votos; la Coalición impetrante, obtuvo ciento veintiún mil quinientos cuarenta y siete votos a su favor, resultando una diferencia entre el primero y segundo lugares de doce mil setecientos cuarenta y dos votos, en consecuencia, los diez mil ochocientos ochenta y cinco votos que representan los rubros indicados por la quejosa, entre boletas desaparecidas y boletas aparecidas, no trascienden en el resultado de la votación, al arrojar una suma numérica inferior en mil ochocientos cincuenta y siete votos a la diferencia entre el primer y segundo lugares.

Resultando de ello, que, aun en el caso, de que hubiere existido la irregularidad aquí aducida, la misma no es determinante para el resultado de la votación; en ese orden de ideas los conceptos de agravio que nos ocupan resultan fundados, pero inoperantes, toda vez que si bien el Tribunal del conocimiento omitió el estudio del argumento referido, el cual fue motivo de estudio líneas arriba por parte de este Órgano Colegiado, no menos cierto es, que tal circunstancia no trasciende en el resultado del fallo impugnado, por lo motivos esgrimidos con antelación. Ad Litteram se consigna la Tesis "ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUÁNDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN (Legislación del Estado de Zacatecas y similares)”. La trascribe

En relación a los agravios hechos valer en segundo y tercer términos por la Coalición impetrante, en los que aduce que el listado nominal de electores fue indebidamente manipulado, que existió un indeterminado número de registros de electores duplicados, que en los cuadernillos de las listas nominales de electores, existen diversas fotografías idénticas con diferentes nombres, diversos nombres idénticos con diferente fotografía y diversos nombres idénticos con diferentes domicilios, diversos registros idénticos en nombre, pero disímbolos, salvo un solo código de construcción de la homoclave, que el padrón electoral se mutiló para eliminar a un número indeterminado de electores y que para ocultar dicha mutilación, el Registro Federal de Electores, el Consejo Electoral del Estado y el Partido Acción Nacional, duplicaron un número indeterminado de registros electorales, que es deliberada la manipulación del padrón por las autoridades del Registro Federal de Electores, ya que el padrón utilizado en la elección federal de julio del dos mil tres, fue notoriamente diferente al utilizado en la elección de mayo del año dos mil cuatro y la variación del mismo no se justifica, que la Coalición recurrente recibió el listado nominal definitivo hasta el día treinta de abril del año dos mil cuatro, que el listado nominal utilizado para la elección de regidores en Mérida dejó de incluir indebidamente a cuando menos dos mil trescientos electores, que los errores u omisiones de partidos y ciudadanos al no impugnar el padrón no pueden convalidar los que cometa la autoridad en su elaboración y mucho menos los actos ilícitos que pudieran afectarlos deliberadamente, que las irregularidades en el padrón electoral deben considerarse como graves, porque la votación recibida no corresponde a la totalidad de los electores que acudieron a votar, que se trata de irregularidades no reparables durante la jornada electoral que vician cualitativamente al proceso, que están demostradas, que son determinantes para el resultado de la elección y que en forma evidente ponen en duda dicho resultado, en tal virtud, dada la indefinición en el número de electores cuyos registros fueron alterados y a la alta posibilidad de que dichas irregularidades hubieran dado lugar a otras, actualiza la hipótesis establecida en la fracción XI del artículo 303, del Cuerpo de leyes en consulta, toda vez que la causal en comento atiende a las afectaciones de carácter cualitativo, en tanto las fracciones de la I a la X, de dicho dispositivo, atienden a criterios cuantitativos. Dichos argumentos de agravio resultan inoperantes, por cuando los mismos no son susceptibles de ser atendidos en esta instancia, toda vez que si bien se trata de irregularidades que claramente se señalaron en los legajos de los listados nominales exhibidos por la Coalición recurrente, no menos cierto es, que dicha quejosa, a través de sus representantes, debió advertir e impugnar durante la etapa de preparación del proceso electoral, tomando en consideración que precisamente con el propósito de que no se surtan las irregularidades que aquí invoca la impetrante, los partidos políticos, en la especie una coalición, nombran a sus representantes para que interactúen en las diversas etapas previas a la jornada electoral, toda vez, que conforme a lo establecido por los numerales 155 y 156 del Código Electoral del Estado, se exhiben las listas nominales en el periodo que comprende de marzo al nueve de abril del año de la elección, a fin de que los interesados realicen las observaciones pertinentes, se hagan las correcciones necesarias y se entreguen los correspondientes ejemplares a más tardar el día tres de mayo, pudiendo incluso los partidos políticos proceder a su cotejo según lo dispuesto en el artículo 158 ciento cincuenta y ocho de nuestro Ordenamiento Electoral; y bajo estas condiciones, tomando en consideración la aplicación del principio constitucional de definitividad, que junto con los principios de preclusión y consumación rigen los principios jurisdiccionales, entre los que se encuentra el contencioso electoral, las diversas etapas procesales se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura de cada fase, impidiéndose así el regreso a etapas, momentos y actos procesales ya agotados, extinguidos y consumados, como serían en el caso la revisión de los listados nominales y de las conductas o acontecimientos correspondientes a la etapa preelectoral, no es válido que ahora pretenda hacer valer la inconforme, que fue el Instituto Electoral del Estado, el que ocasionó las irregularidades de los listados nominales, toda vez que el recurso de inconformidad sólo es procedente para impugnar los actos a que se refiere la fracción III del artículo 311 del Código de la materia, entre los que no figuran presuntas irregularidades derivadas de actos relativos a etapas anteriores a la jornada electoral; en efecto, clara y determinantemente dicho numeral establece que durante el proceso electoral, para garantizar la legalidad de los actos, resoluciones y resultados electorales, se establecen entre otros medios de impugnación, el recurso de revisión, que los partidos políticos podrán interponer en contra de los actos o resoluciones de los consejos distritales y municipales; y recurso de apelación, durante la etapa de preparación de la elección; en ese contexto, resulta inconcuso que si la Coalición inconforme consideró que durante la etapa de preparación del proceso electoral se violentaron los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, equidad y objetividad que son rectores de todo proceso electoral, y que en consecuencia dicha circunstancia influiría sustancialmente en el resultado de la elección de regidores del Municipio de Mérida, tuvo expeditos sus derechos para inconformarse contra dichos eventos por vía de los medios de impugnación ya referidos, y no intentar hacerlos valer por vía de agravio en esta alzada, ya que las referencias, hechos, argumentos o probanzas, que un partido recurrente pretenda introducir en un recurso de inconformidad y que no estén directamente vinculados con la jornada electoral y con alguna de las hipótesis de nulidad prevista expresamente en el texto de la ley, fatalmente devendrían irrelevantes y carentes de eficacia jurídica, porque su consideración o valoración jurisdiccional en un juicio de esta naturaleza implicarían la ruptura del referido principio de definitividad. En tal virtud, resulta evidente que en la especie ha operado en perjuicio de la recurrente el aludido principio procesal de preclusión, lo cual torna inoperantes sus argumentos.

Por otra parte, tal como afirma la Coalición recurrente en su escrito de reconsideración, de la revisión exhaustiva del fallo impugnado, se advierte que el Tribunal A quo desestimó las Documentales Públicas consistentes, la primera, en el informe que debía rendir la Coordinación Estatal del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, y la segunda, en el informe que debía rendir la Delegación Estatal de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, respecto de los montos de inversión y el número de acciones llevadas a cabo desde el mes de marzo del dos mil cuatro, a la fecha de la interposición del recurso, y negó el perfeccionamiento de las pruebas de inspección judicial que debería realizar el Tribunal Electoral del Estado en las Comisarías y Subcomisarías de Komchén, Chablekal, Cholul, Caucel, San José Tzal, Molas, Yaxnic, San Pedro Chimay, Oncán, Temozón Norte, Tixcuytún, Noc-Ac, Dzidzilché, Sierra Papacal, Cosgaya, San Antonio Táscala, Xcunyá y en las Colonias Emiliano Zapata Sur, San José Tecoh, Salvador Alvarado Sur, El Roble y Libertad, todas del Municipio de Mérida, Yucatán; la inspección judicial que debería realizar el Tribunal A Quo en los registros del Programa Emergente de Reconstrucción de Vivienda, a fin de identificar el número y el tipo de acciones realizadas con cargo a los recursos del Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales conocido como FONDEN; la Inspección Judicial, que debería realizar el Tribunal del conocimiento, por medio de fedatarios en predios de la Comisaría de Komchén, Municipio de Mérida, Yucatán, para verificar la existencia y origen de material de construcción; la Inspección Judicial, que debería realizar el Tribunal del conocimiento en los Registros del Ciudadano Gustavo Rubén Rivero Fernández y Cops., exhibiendo para tal efecto una documental privada, consistente en una factura sin número y con folio 1068, por material entregado en el domicilio de Canul Chan Cándida, domicilio conocido en Mérida, Sac Nicté; la Inspección Judicial, que debería realizar el Tribunal del conocimiento, acompañado de fedatarios en los predios de varias personas, ubicados en la Comisaría de Caucel, con base en la lista que anexó la Coalición impetrante; la Inspección Judicial que debería realizar el Tribunal Electoral del Estado, en los Registros de la persona moral PREDECO, S.A. de C.V., para verificar si fue contratada por el Gobierno del Estado para entregar materiales de construcción en colonias de la Ciudad de Mérida, y exhibió junto con su escrito anexos consistentes en las copias de diversos documentos; la Inspección Judicial, que debería realizar el Tribunal A Quo en los predios de una lista de personas cuyos nombres proporcionó la Coalición impetrante, correspondientes a la Comisaría de Komchén, del Municipio de Mérida, Yucatán, para verificar la existencia y origen de material de construcción entregadas a dichas personas por el Gobierno del Estado por medio del programa denominado FONDEN; la Inspección Judicial, que debería realizar el Tribunal del conocimiento acompañados de fedatarios en los predios de varias personas, de las Comisarías y Subcomisarías de Mérida, como son Dzidzilché, Tamanché, Xcanatún, Cholul, Santa Gertrudis Copó, Tixcuytún, San Pedro Chimay, Tahdzibichén; y la Inspección Judicial, que debería realizar el Tribunal del conocimiento en los registros del Ciudadano Gustavo Rubén Rivero Fernández, Cops, a fin de verificar si ha sido contratado por el Gobierno del Estado, para la entrega de material de construcción en esta Ciudad de Mérida, y para cuyo perfeccionamiento la recurrente exhibió dos documentales privadas, consistentes en fotocopias de las facturas sin número, con folios 2910 y 2960, respectivamente, por material de construcción entregado en domicilios de Santos Madera Sebastián y Madera Córdova Ricardo, siendo que a juicio de este Tribunal dichas probanzas pudieron ser idóneas y eficaces para acreditar los elementos constitutivos de la causal genérica prevista en la fracción XI del artículo 303 del Código Electoral del Estado de Yucatán, que invocó la Coalición recurrente; sin embargo, no pasa desapercibido para este Tribunal ad quem, que si bien dichas probanzas fueron admitidas por el Tribunal Electoral del Estado, no menos cierto es, que dicha autoridad no ordenó el perfeccionamiento relativo, lo cual, sin lugar a dudas, constituye una violación procesal en perjuicio de la Coalición recurrente, toda vez que el citado Tribunal A quo desestimó en el fallo impugnado dichas probanzas, sin que las mismas; se reitera, se hubieran desahogado, lo que se traduce, en que el Tribunal del conocimiento valoró a priori el resultado que, en su caso, pudieran haber arrojado. En ese contexto, a fin de salvaguardar el principio de exhaustividad de la sentencia, este Cuerpo Colegiado, habiendo solicitado previamente los informes a que se contraen las pruebas marcadas con los incisos b) y d) del Considerando inmediato anterior, y habiendo perfeccionado las pruebas de inspección judicial solicitadas, se avoca al estudio y análisis de las mismas a la luz de las consideraciones vertidas por el recurrente en el libelo de agravios. Al caso cobra aplicabilidad la tesis que al efecto sé transcribe: "VIOLACIONES PROCESALES. SU ESTUDIO EN EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN DEBE REALIZARSE SI TRASCIENDEN AL RESULTADO DEL FALLO. La trascribe

Sentado lo anterior y para una mejor comprensión de la litis, es menester señalar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sentado criterio en el sentido de que toda elección debe reunir elementos imprescindibles para que se considere producto del ejercicio popular. Los elementos en cuestión son: elecciones libres, auténticas y periódicas; el sufragio universal, libre, secreto y directo; que en el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales prevalezca el principio de equidad; la organización de las elecciones a través de un organismo público y autónomo; la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad como principios rectores del proceso electoral, el establecimiento de condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación social, el control de la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales. Lo anterior se encuentra plasmado en la Jurisprudencia visible en la página setecientos cincuenta y dos del tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente: "MATERIA ELECTORAL. PRINCIPIOS RECTORES. EN LAS CONSTITUCIONES Y LEYES DE LOS ESTADOS DEBE GARANTIZARSE, ENTRE OTROS, EL DE CERTEZA EN EL DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN ELECTORAL. Toda vez que de lo dispuesto por el artículo 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se desprende el imperativo de que en las Constituciones y las leyes de los Estados en materia electoral garanticen en el ejercicio de la función electoral rijan los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia, resulta evidente que dentro del referido principio de certeza se encuentra el relativo al desempeño de la función electoral a cargo de las autoridades correspondientes, principio que consiste en dotar de facultades expresas a las autoridades locales, de modo que todos los participantes en el proceso electoral conozcan previamente con claridad y seguridad las reglas a que la actuación de las autoridades electorales está sujeta."

De igual forma, comparten el criterio anterior la tesis relevante, visible en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, página 408, cuyo rubro y texto literalmente dispone: "ELECCIONES. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES QUE SE DEBEN OBSERVAR PARA QUE CUALQUIER TIPO DE ELECCIÓN SEA CONSIDERADA VÁLIDA. La trascribe.

Ahora bien, es menester señalar que en el caso de que se susciten hechos y circunstancias que impliquen la inobservancia de alguno o algunos de estos requisitos, se pondría en duda la validez de una elección. En el caso de que los hechos fueren provocados o realizados por alguna autoridad, los partidos políticos tienen a su alcance el promover en contra de estos actos alguno de los medios de impugnación previstos en la correspondiente legislación, con objeto de que las cosas vuelvan al estado de constitucionalidad o legalidad. Y, si los partidos políticos no presentaren la impugnación correspondiente, estos actos adquirirán el carácter de definitivos y firmes ante la falta de impugnación. En estas leyes se contemplan causas de nulidad de votación y de elección por hechos ocurridos previa, durante la jornada electoral y excepcionalmente después de ésta. Por ello, las autoridades se encuentran obligadas al cumplimiento de los principios constitucionales y legales para que la elección sea válida. En la hipótesis de que se declare válida la elección y se entreguen las constancias respectivas, y un partido político considere que se violaron los referidos principios legales y constitucionales, podrá impugnarlo a través de los recursos y medios de impugnación previstos por la ley.

La fracción XI del artículo 303 del Código Electoral del Estado, invocada por la Coalición recurrente como sustento de su impugnación, preceptúa que la votación recibida en una casilla será nula por: "Existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma evidente, pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma.”, de la exégesis del numeral relacionado con antelación, se tiene que para que se acredite esta causal de nulidad es necesario que se den los siguientes supuestos:

1.- Que existan irregularidades graves.

2.- Que estén plenamente acreditadas.

3.- Que no sean reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo.

4.- Que en forma evidente pongan en duda la certeza de la votación.

5.- Que sean determinantes para el resultado de la votación.

En ese contexto, al invocar la Coalición impetrante la causal genérica precitada, este Tribunal procede al estudio de los medios de convicción ofrecidos por la recurrente y perfeccionados en esta instancia.

En relación al informe que rindió la persona moral denominada "PREDECO", S.A. de C.V., el cual se valora al tenor de lo dispuesto por los preceptos 349, 350 último párrafo y 353 del Código Electoral del Estado, dicha documental privada tiene valor probatorio con tal calidad, sin embargo, en nada beneficia los intereses de la Coalición oferente, por cuanto la indicada persona moral informó a este Tribunal que las notas de remisión y la entrega de los materiales de construcción a que aluden las hojas de pedido cuyas copias le fueron remitidas juntamente con el oficio número 28/04, nunca fueron contratados por el Gobierno del Estado, sino por el señor José Luis González Valencia.

En relación al informe requerido al ciudadano Gustavo Rubén Rivero Fernández y Cops., a fin de que comunique a este Tribunal si expidió las facturas sin número y con folios 1068, por material entregado en el domicilio de Canul Chan Cándida, domicilio conocido en Mérida, Sac Nicté, y con folios 2910 y 2960, respectivamente, por material de construcción entregado en domicilios de Santos Madera Sebastián y Madera Córdova Ricardo, respectivamente, debiendo ratificar su contenido, señalando fecha, nombre y lugar de entrega y materia de construcción entregado, cabe señalar, que si bien, la persona requerida, por escrito presentado en fecha once de junio del presente año, compareció por conducto de su apoderado general señor Manuel Navarro Martínez, y exhibió cuatro anexos, entre ellos, los relativos a los listados de beneficiarios con daños parciales del Programa de Reconstrucción de Vivienda (FONDEN) de Komchén y Sac-Nicté, Municipio de Mérida, Yucatán, sin embargo, advierte este Tribunal que no dio pleno cumplimiento al requerimiento que se le formuló, toda vez que no informó si expidió las factura cuyas copias se adjuntaron al oficio número 29/04 que le fuere remitido, ni ratificó su contenido, así como tampoco señaló fecha y lugar de entrega y material entregado, con fundamento en los artículos 327 y 328 del Código Electoral del Estado se le previno para que dentro del término de veinticuatro horas, diera cabal cumplimiento a lo instado; en mérito de lo cual se giró nuevamente oficio al señor Gustavo Rubén Rivero Fernández y Copropietarios, para los efectos precisados, siendo que en fecha de hoy rindió informe complementario, el cual carece de valor probatorio, por cuanto ninguna luz arroja sobre la cuestión planteada, pues si bien manifiesta a esta Autoridad que hizo entrega del citado material a los señores Santos Madera, Madera Córdova y Canul Chan, incluidos en el Programa de Reconstrucción de Vivienda FONDEN, esto fue en fechas veintiuno de junio del año dos mil tres, por lo que se refiere a los dos primeros nombrados y veintitrés de julio del año dos mil tres, respecto de la última citada.

En relación a la documental pública consistente en el Informe que rindió el Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, LAE Xavier Antonio Abreu Sierra, presentado a las trece horas con quince minutos del día trece de junio del año en curso, juntamente con ocho anexos, mediante los cuales envía: Tres cuadros resumen del Programa de Reconstrucción de Vivienda en el Municipio de Mérida, que contiene lo siguiente: a) número de acciones concursadas; b) fecha de entrega a los beneficiarios en el período solicitado; e) (sic) relación de proveedores y constructores para el Municipio de Mérida. En relación al punto número dos solicitado, la Secretaría en cuestión remitió un cuadro síntesis del Programa de Reconstrucción de Vivienda en el Municipio de Mérida, que contiene lo siguiente: a) el número total de personas que se registraron en las mesas de acción social instaladas durante el inicio del programa; b) el número de beneficiarios en la modalidad de daño pérdida total; c) el número de beneficiarios en la modalidad de daño parcial; d) el número de beneficiarios en la modalidad de daños leves; y e) el número de personas no calificadas, por no cumplir con la reglamentación del programa. En relación al punto número tres instado, la Secretaría remitió los recibos suscritos por los beneficiarios que corresponden a la modalidad de daño pérdida total, pérdida parcial y daños leves, respectivamente, generados desde el mes de marzo del presente año hasta el día dieciséis de mayo del dos mil cuatro. Por lo que se refiere al punto número cuatro, la Secretaría de Desarrollo Social presentó como información adicional, las tablas que indican el número de acciones realizadas desde el mes de marzo del dos mil tres, hasta antes del dieciséis de mayo del año en curso, documental pública que tiene valor al tenor de lo dispuesto por los artículos 349, 350 y 353 del Código de la Materia, y de la que se desprende que, efectivamente en los anexos que al efecto exhibió la Secretaría ya señalada, específicamente en la carpeta intitulada "PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA EL ESTADO DE YUCATÁN --- DAÑOS TOTALES", se advierte que obran glosadas dos facturas, la primera de ellas emitida por "LOUMAR", S.A. DE C.V., número 048 B, fechada el veintiséis de abril del año dos mil cuatro y la segunda expedida por "Electrificación y Proyecto", S.A. de C.V., número 920, de fecha dieciséis de abril del año en curso, ambos apoyos otorgados en esta ciudad de Mérida; y en la carpeta denominada "PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA EL ESTADO DE YUCATÁN" --- LEVES", aparecen un total de ciento treinta y cinco notas de remisión expedidas por "Recupinter", S. A. de C.V., cuyas fechas se encuentran comprendidas en la última quincena del mes de abril del año en curso, a partir de día dieciséis, emitidas en relación a apoyos otorgadas en Chalmuch (2), Chichi Suárez (17), Cholul (23), Cheumán (1), Dzityá (7), Dzibichaltún (1), Chablekal (20) y Caucel (65). De lo anterior, resulta que si bien existen indicios de que los apoyos del programa referido, fueron entregados en la última quincena anterior al día de la jornada electoral, ello resulta insuficiente para tener por plenamente probado tal extremo, toda vez que no se acredita la existencia de una gran derrama de dichos apoyos, en relación al número de habitantes que conforman el Municipio, más aún tratándose de esta ciudad de Mérida, que también forma parte del Municipio del mismo nombre, en la cual aparecen solo dos apoyos.

En relación a las pruebas consistentes en las inspecciones judiciales a realizar en la Coordinación Estatal del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y en los Registros del Programa de Empleo Temporal de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Yucatán, respectivamente, las mismas no fueron admitidas por este Tribunal, por resultar inconducente y no guardar relación ni conexidad con los hechos esgrimidos en el recurso de reconsideración, respectivamente.

Respecto a las pruebas técnicas ofrecidas con el carácter de supervenientes, consistentes en las certificaciones del contenido de la página web del Gobierno del Estado de Yucatán, con dirección electrónica en internet www.saladeprensa.yucatan.gob.mx; las mismas tienen valor al tenor de lo dispuesto en los artículos 349, 351 y 353 del Código Electoral del Estado, y acreditan que en la referida dirección electrónica aparecen notas periodísticas recopiladas por la sala de prensa del Poder Ejecutivo, que relacionan críticas al desempeño del Tribunal Superior Electoral del Estado e irregularidades cometidas en comisarías del Municipio de Mérida, semanas antes de la jornada electoral, consistentes en que "Pidieron copia de credencial de elector a cambio de apoyos (04 de Junio del 2004)".

Ahora bien, el Partido Tercero Interesado en el presente asunto, ofreció los siguientes medios de convicción: Instrumental de actuaciones, en lo que favorezca sus intereses, la cual se valora al tenor de lo dispuesto por los artículos 349 y 353 del Código Electoral del Estado, y que acredita que el procedimiento se ha seguido conforme a derecho; presuncional en su doble aspecto legal y humana, en todo lo que favorezca a los intereses del citado tercero interesado y que se valora en términos de lo preceptuado por el artículo 353 párrafo tercero del Código de la materia; y todas y cada una de las pruebas ofrecidas por la Coalición recurrente y únicamente en lo que favorezca a los intereses del Partido Tercero Interesado; las cuales serán valoradas y tomadas en consideración en el presente fallo.

Del perfeccionamiento de las pruebas de inspección judicial ofrecidas por el recurrente y perfeccionadas por este Tribunal Ad quem en las diligencias verificadas el día trece de junio del año en curso, por funcionarios de este órgano colegiado, debidamente respaldadas por las cintas de video y fotografías que al efecto se imprimieron, las cuales tienen valor probatorio al tenor de lo dispuesto por los artículos 349, 351 y 352 del Código de la materia, se desprenden los siguientes resultados, circunscripción del Municipio de Mérida: que en Tamanché, a las puertas de quince domicilios aproximadamente se encontró material de construcción depositado; que en diecinueve predios de Xcunyá, se encontró el aludido material; en relación a Dzidzilché, se constató la existencia de material de construcción en veinticinco domicilios; en Kikteil, se localizó material en nueve predios; en aproximadamente treinta predios de la Comisaría de Komchén, se encontraba material depositado; en igual número de predios, se detectó material en la Comisaría de Chablekal; en Temozón Norte, se advirtió la existencia de material en aproximadamente diez predios; en Tixcuytún, se observó material de construcción en diecisiete domicilios; en Cholul, se advirtió material de construcción en cuatro predios; en veinte predios de Santa Gertrudis Copó se constató la existencia de material; en Caucel, se observó la existencia de material en cuarenta domicilios; en Noc Ac, aparece material de construcción a las puertas de treinta predios; en Yaxnic, se constató la existencia de material en veinticinco inmuebles; en la comunidad de Molas, se constato la existencia de material en cincuenta y dos predios y cuarenta y dos pies de casa; en Tahdzibichén, se advierte la existencia de materiales en diecisiete predios y veintiún pies de casa; en San Pedro Chimay, se observa la existencia de trece pies de casa y quince predios con material de construcción; ahora bien, en relación a las colonias de la ciudad de Mérida, únicamente en la "Salvador Alvarado Sur", se constató la presencia de material de construcción  en diez predios. Ahora bien, adminiculando el resultado arrojado por las pruebas perfeccionadas en el presente recurso, valoradas por este Tribunal atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana critica y de la experiencia, tenemos si bien, con las referidas pruebas de inspección judicial, resulta evidente que en calles de las señaladas comisarías, subcomisarías y de la colonia “Salvador Alvarado Sur” de esta ciudad, se constató la existencia de material de construcción depositado recientemente por el Gobierno del Estado en los predios propiedad de los beneficiarios del programa FONDEN, consistentes en cemento, polvo de piedra, grava, bloques, bovedillas, vigas de alambron, etcétera, según se plasmó en las respectivas actas de inspección judicial, sin embargo, es pertinente señalar que si bien dichas probanzas tienen valor probatorio, como ya se dijo líneas arriba, no menos cierto es, que del perfeccionamiento de las pruebas de inspección judicial en comento y tal como se acredita del las actuaciones levantadas para tal efecto, dichos medios probatorios no fueron agotados en los términos solicitados por el oferente, toda vez que el Magistrado Ponente en este asunto, asistido del Secretario respectivo, no pudo concluir las inspecciones que le correspondían, atento lo acordado en auto de fecha trece de junio del año en curso, relacionado en el Resultando Sexto del presente fallo, siendo que suspendió su diligencia faltando por verificar las inspecciones de mérito en las Comisarías de Oncán, Cosgaya y Sierra Papacal; y, en relación a la práctica de las diligencias efectuadas por el Actuario adscrito a este Tribunal, tampoco terminó las inspecciones que le correspondían, en lo que respecta a las colonias de "Emiliano Zapata Sur", "San José Tecoh" y "Libertad".

De lo ya expuesto y del acopio de los resultados que arrojaron los medios de convicción ofrecidos y perfeccionados en este asunto, si bien, devienen evidentes indicios de diversas irregularidades antes, durante y después de la jornada electoral, entre otras, la manipulación y duplicidad señaladas en el listado nominal, la aparición y desaparición de paquetes electorales, entrega de recursos por parte del Gobierno del Estado, en contravención a lo establecido por el artículo 174, párrafos sexto, séptimo y noveno, del Código Electoral del Estado, en relación al tercer párrafo del artículo 13 del propio ordenamiento, también lo es, que las probanzas rendidas en autos tienen mérito convictivo como indicio, sin embargo, a juicio de este Tribunal, resultan insuficientes para acreditar los extremos pretendidos por la Coalición recurrente, tomando en consideración lo dispuesto por el numeral 353 del Código Electoral del Estado, que establece que los medios de prueba aportados y admitidos serán valorados atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia. Al respecto, es pertinente señalar que las reglas de la sana crítica consisten en su Sentido formal en una operación lógica; las máximas de experiencia contribuyen tanto como los principios lógicos a la valoración de la prueba y la sana crítica es, además de la aplicación de la lógica, la correcta apreciación de ciertas proposiciones de experiencia humana. En ese orden de ideas, consideramos que las probanzas de mérito, no crean en este Tribunal la plena convicción de que en la especie se haya surtido la causal a que alude la fracción XI del artículo 303 del Código de la Materia, por cuanto resultan insuficientes para ello, atendiendo los argumentos esgrimidos con antelación.

Habiendo resultado parcialmente inoperantes e infundados y parcialmente fundados pero insuficientes, los agravios hechos valer en el presente recurso, procede modificar únicamente la parte considerativa del fallo impugnado, a fin de incluir en él el estudio omitido por el Tribunal del conocimiento por lo que respecta al agravio aducido respecto a la aparición y desaparición de paquetes electorales; y confirmar lo demás en resuelto en dicho fallo.

Por lo expuesto, considerado, fundado y con apoyo en los artículos 358, 360, 361 y 363 fracción III del Código Electoral del Estado de Yucatán, es de resolverse y se resuelve:

PRIMERO.- Son parcialmente inoperantes e infundados y parcialmente fundados pero insuficientes, los agravios hechos por la Coalición "ALIANZA CIUDADANA", por conducto del Representante de los intereses comunes, Carlos Hernando Sobrino Sierra y del Representante Propietario de la citada Coalición, Ciudadano Juan Fernando Solís Benavides, ante el Consejo Electoral Municipal de Mérida, Yucatán; en consecuencia,

SEGUNDO.- Se CONFIRMA la resolución impugnada de fecha cinco de junio del año dos mil cuatro, emitida por el Tribunal Electoral del Estado, en el recurso de inconformidad, Interpuesto por la COALICIÓN "ALIANZA CIUDADANA", en contra de los resultados consignados en el Acta de Cómputo Municipal correspondiente a la elección de regidores de mayoría relativa en el Municipio de Mérida, Yucatán; la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez respectiva.”

V. En desacuerdo con la resolución contenida en el resultando inmediato anterior de esta sentencia, el dieciocho de junio del año en curso, la Coalición “Alianza Ciudadana”, promovió el presente juicio de revisión constitucional electoral, en el que sustancialmente hace valer los agravios siguientes:

“V. CAUSA DE PEDIR.

La coalición "Alianza Ciudadana" respetuosamente solicita a ese Honorable Tribunal, anule la elección de Regidores en Mérida por haberse realizado en condiciones de inequidad provocada por la ausencia de neutralidad gubernamental que dispuso de grandes cantidades de recursos públicos para inducir el voto a favor del Partido Acción Nacional, por haberse realizado de manera antidemocrática y por haberse vulnerando la libertad del elector para sufragar, lo que actualiza la afectación a los bienes jurídicos tutelados por los principios rectores del proceso electoral como imparcialidad, objetividad, certeza, legalidad e independencia.

La petición se sustenta también en la violación misma a los principios rectores del proceso ya que, como acreditaré, la elección se hizo sin que existan condiciones de certeza respecto al sentido del voto de los ciudadanos Meridenses, ni al número de electores que votaron o que fueron impedidos para votar, ni en cuanto al número de boletas contabilizadas y desaparecidas, lo que actualiza la violación al principio de certeza, legalidad, objetividad del procedimiento electoral.

La petición también se sustenta en la violación al principio de independencia e imparcialidad provocados por la indebida ingerencia gubernamental en el proceso presionando a las autoridades electorales para favorecer al Partido Acción Nacional, tal y como lo he acreditado en los recursos de inconformidad y reconsideración que he interpuesto, y como lo acredito en este ocurso.

La gravedad de los hechos y las violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la ley, constitutivas de los agravios, las describo a continuación:

HECHOS Y AGRAVIOS.

PRIMERO

(AGRAVIO GENERAL)

Con motivo de múltiples irregularidades acontecidas en la etapa de preparación de la jornada electoral, durante la jornada y con posterioridad a ésta, nuestra representada acudió a la autoridad responsable para pedir justicia solicitándole que revocara la resolución que dictó el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán al resolver el recurso de inconformidad RI 060/2004 y, en consecuencia, anulara la elección de Regidores en Mérida.

Como consta en autos, la responsable resolvió por mayoría disintiendo del proyecto formulado por la ponencia instructora.

Como se aprecia en el acto reclamado, la ponencia instructora propuso la anulación de la elección por estimar fundado el agravio que mi representada hizo valer probando la inequidad en la contienda que sufrió por la intervención indebida e ilegal de los poderes ejecutivos del Estado y del Municipio al utilizar recursos públicos para cooptar el voto popular de los electores residentes en las zonas más deprimidas cultural y socioeconómicamente de Mérida.

La mayoría disidente del proyecto formuló diversa propuesta que resultó ser el proyecto prevaleciente que ahora combatimos por causar a la coalición que representamos los agravios derivados de violaciones directas a la Constitución Política Federal.

Ante la responsable argüimos violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Constitución local y al Código Electoral para el Estado de Yucatán, ya que sin una debida valoración de pruebas, ni substanciar debidamente el proceso judicial electoral, estimó que toda vez que dicho tribunal no logró concluir el desahogo de pruebas ello le impedía tener por probadas las afirmaciones formuladas por mi representada y, de manera indebida, dejó de apreciar el efecto probatorio del caudal ya desahogado en autos declarándose impedida para tener por probadas nuestras afirmaciones y, consecuentemente, para revocar el fallo recurrido.

La resolución que combatimos, con todo respeto y comedimiento, ¡¡Es increíble!! y contraviene todas las reglas de la sana lógica, recta razón, de la experiencia y del deber ser judicial.

La resolución dejó inaudita e indefensa a mi representada al abstenerse de considerar múltiples agravios y declarar infundados otros, contraviniendo el principio de congruencia que rige toda sentencia, el de justicia completa y exhaustividad que a nuestra mandante garantizan los artículos 1o y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los de segundad jurídica, debido proceso legal y debida valoración de pruebas que igualmente garantizan los artículos 14, 16, 41 y 116 fracción IV de dicho dispositivo.

La resolución que combatimos, en los términos en que se dictó, pareciera resolver sobre un reclamo diverso al planteado por la parte actora que representamos, nos dejó inauditos, indefensos y dejó de lado nuestras pretensiones; con ellos las del interés difuso que representa la coalición Alianza Ciudadana.

Con todo respeto, es notorio que la resolutora al resolver como lo hizo acudió a un notorio subterfugio para no hacerlo sobre lo planteado.

Ciertamente, en el artículo 303 del Código Electoral del Estado de Yucatán se prevén las hipótesis de nulidad de la votación recibida en una casilla; particularmente la fracción XI de dicho texto legal en la que expresamente el legislador contempló la existencia de irregularidades graves, plenamente acreditadas, no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y computo que, en forma evidente, pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma.

En el artículo 305 se establece como causal de nulidad de la elección de Regidores en un municipio cuando alguna o algunas de las causales previstas en el artículo 303 se acrediten en por lo menos el 20% de las casillas instaladas.

La literalidad de tales textos, interpretados de manera ajena a los principios de funcionalidad y sistematización, ha dado lugar al subterfugio a que acudieron tanto el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán como el ahora demandado Tribunal Superior, para no resolver sobre lo efectivamente planteado.

Tales autoridades pretenden que debe acreditarse la determinancia en cada casilla de las graves irregularidades acreditadas por mi representada.

¡A tal conclusión sólo puede llegarse viendo la ley desfragmentadamente sin interpretarla!

Como consta en autos, mi representada se dolió y acreditó irregularidades graves y que afectan a la totalidad de la elección y cuya determinancia es absolutamente innegable en la totalidad de los resultados, sin embargo, la responsable acude a un subterfugio para exigir que se demuestre la determinancia en cada casilla.

Al resolver como lo hace, interpreta limitativamente el artículo 305 del Código Electoral señalando que sólo puede declararse la nulidad si se acredita en un 20% de las casillas instaladas la irregularidad señalada en la fracción XI del artículo 303.

Destaca en este punto que el espíritu de la Constitución y de la ley es la existencia y tutela de los principios que deben regir los procesos electorales, y la previsión como causa de anulación de una elección de que se presenten irregularidades determinantes por casilla en un 20% de las casillas instaladas corresponde a una presunción lure et de lure, de que en tal supuesto indudablemente se han afectado los señalados principios, pero a Mayor Razón: debe determinarse la nulidad de la elección si se demuestran, como en el presente caso, irregularidades que afectan a la totalidad de la elección y que conllevan, irrebatiblemente, determinancia en el total de los resultados.

El Tribunal A quo, en contra de toda lógica; en contra de la interpretación sistemática de la ley; en contra de mandatos constitucionales y legales expresos; en contra de la jurisprudencia del Poder Judicial Federal y en contra de la historia misma; indebidamente sostiene que no existe fundamento para plantear la nulidad de la elección por irregularidades graves, en forma desvinculada de la nulidad de casillas y criterios cuantitativos.

La evolución legislativa de las normas electorales acredita que la inclusión de causales genéricas de anulación, como la prevista en la fracción XI del artículo 303 del Código Electoral del Estado de Yucatán, se debió precisamente al hecho de que el legislador y los juzgadores especializados en la materia electoral descubrieron que podían realizarse hechos no previstos en la enumeración taxativa de causales de anulación que antes existía (y que corresponden a las 10 primeras fracciones del artículo 303de nuestro Código Electoral) y descubrió además que, atento a la exigencia de irregularidades en un monto de por lo menos 20% de casillas, podía darse el caso en que se dieran irregularidades graves, acreditadas y determinantes que afectaran CUALITATIVAMENTE la elección y que sin embargo quedaran sin sanción.

Por ello surgió la CAUSAL GENÉRICA de anulación que nuestra legislación recoge en la fracción XI del artículo 3061 que NO DEBE NI PUEDE LEERSE AISLADAMENTE de los artículos 302 y 307 del Código Electoral ('los efecto de las nulidades decretadas respecto de una casilla ó de una elección en un municipio' y 'Solo podrá ser declarada nula la elección en un municipio...'), ni aislada o desvinculadamente de las disposiciones de la Constitución Federal y de las disposiciones estatales, según las cuales deben salvaguardarse los principios constitucionalmente establecidos como fundamentales para la materia electoral, más allá de criterios meramente cuantitativos, porque la legitimidad de los gobernantes democráticamente elegidos, no deriva solamente de la suma de votos, deriva de la autenticidad de la elección; de la libertad del sufragio y de la legalidad, objetividad y certeza del proceso en el que se emiten los votos que se cuentan Y EL TRIBUNAL A QUO CERRÓ LOS OJOS ANTE ELLO.

Inclusive, la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación2 de observancia obligatoria para el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán y para el Tribunal Superior Electoral ahora demandado, no sólo ha determinado indudablemente los alcances de la causa de nulidad por causa genérica, sino que ha ido más allá y con base en textos legales, correlativos e idénticos a los que contiene el Código Electoral del Estado de Yucatán, ha establecido la CAUSA ABSTRACTA DE ANULACIÓN DE LAS ELECCIONES, que como se aprecia en el criterio que transcribo a continuación de ninguna manera tolera o permite que se exija determinancia de las causales de anulación por cada casilla para anular toda la elección.

NULIDAD DE ELECCIÓN. CAUSA ABSTRACTA (Legislación del Estado de Tabasco). La trascribe

1. Véase Exposición de Motivos de la Reforma a la Legislación Federal de noviembre de 1996, que siguió nuestro legislador estatal.

2. Que obliga al Tribunal responsable de conformidad con el artículo 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

La inobservancia de la ley y de criterios explorados de la misma agravia a mi representada, agravio que se incrementa ante la insostenible interpretación que hace el Tribunal A quo de textos legales que deben leerse insertos en el sistema jurídico nacional y que no pueden contravenir a la Constitución Federal, según la cual todos los actos del proceso electoral deben atender a los principios de Certeza, Objetividad y Legalidad, y si atentan contra ellos deben anularse, máxime si ponen en duda, en forma evidente, como en Mérida, la certeza de la votación.

El sistema de medios de impugnación no puede interpretarse sino en el sentido de que se salvaguarde no sólo cuantitativamente, sino también y particularmente, la calidad de la elección y de sus resultados, para arrogar legitimidad al gobierno que procede de ella; ya que de otra manera, se abriría la puerta al fraude electoral cuidadosamente estructurado, como en el caso de Mérida, en el cual se afectan dos o tres votos por casilla hasta llegar a casi treinta mil votos y el Tribunal A quo y el Ad Quem, ambos actuando mediante resoluciones de mayoría, en vez de garantizar legalidad de los actos de la elección, garantizaron impunidad para tales violaciones que, siendo graves, acreditadas y no reparables en la jornada electoral, pretende que pueden pasar por alto en ofensa al voto ciudadano y al sistema democrático de elecciones que están obligados a salvaguardar. Y lo hicieron atendiendo un criterio cuantitativo que el legislador superó al incluir la fracción XI del artículo 306 del Código Electoral, que invocó mi representada y que el Tribunal Superior Electoral se negó a interpretar recta y armónicamente.

Las violaciones de la responsable son muy graves porque soslayan que LAS DISPOSICIONES QUE REGULAN LA MATERIA ELECTORAL SON DE ORDEN PÚBLICO y su contravención conlleva, conforme a nuestro sistema jurídico y mandato constitucional, una nulidad absoluta que no puede convalidarse y que es imprescriptible.

Es ilógico y contrario a derecho que se pretenda que en el presente caso, a pesar de irregularidades graves, manifiestas y determinantes en su conjunto, deban subsistir actos ilegales que afectan los principios que garantizan la legitimidad de la elección, pretendiendo que se trata de causas de nulidad en lo individual.

Está afectada la certeza de la elección y a ello debió atender el Tribunal Superior Electoral, quien al resolver, como lo hizo, falta al principio dé congruencia y exhaustividad a que está obligado, tergiversando los agravios hechos valer para apreciarlos en forma aislada y descontextualizada causando el presente agravio a mi representada; mismo que corresponde reparar a esta Honorable Sala, porque se trata de cuestiones de orden público cuya legalidad, por disposición expresa de la ley, le corresponde garantizar, MÁS AUN PORQUE HAY PRUEBAS INCONTROVERTIBLES que acreditan suficientemente los hechos y circunstancias de la irregularidad de que se duele mi representada Y QUE TAMBIÉN SE NEGÓ A VER la responsable, actualizando el agravio que en esta vía expreso y cuya reparación solicito a ese H. Tribunal.

En obvio de transcripciones innecesarias, respetuosamente le solicito tenga por transcrito en este fragmento, como si a la letra se insertase, el contenido del recurso de reconsideración que refiero y que será remitido a sus Señorías por la responsable en el expediente RR/044/2004, solicitándole que en ésta instancia de constitucionalidad los considere como una expresión de hechos y agravios causados a la coalición que representamos violatorios de las normas constitucionales federales y se valore como parte integrante de la demanda de revisión constitucional.

La petición que antecede encuentra sustento en que en dicho recurso esgrimí también violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que quedaron inauditas y prevalecen al presente momento, ya que el acto reclamado también fue omiso en reparar dichos agravios, siendo la causa de pedir del presente juicio de revisión constitucional la anulación de la elección de Regidores, para reparar las garantías constitucionales violadas a mi representada señaladas en el recurso de Reconsideración y en el de Inconformidad que presentamos ante la responsable y ante el Tribunal Electoral del Estado.

En síntesis, a la responsable le reclamamos reparara las violaciones que evidenciaban la inconstitucionalidad y la ilegalidad del proceso electoral para elegir Regidores en Mérida y que consistieron sustantivamente en VIOLACIONES AL LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES RECTORES DEL PROCESO ELECTORAL Y A LOS VALORES JURÍDICOS TUTELADOS POR DICHAS NORMAS SUPREMAS, como son la libertad del elector para ejercer su derecho al sufragio, la neutralidad gubernamental que le impide al gobierno coaccionar el voto realizando actos con un despliegue de recursos públicos extraordinarios durante la víspera del momento de la elección que incidan en la voluntad ciudadana para elegir autoridades.

La violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se actualiza con la contravención a los artículos 1, 24, 26, 27, 35 fracción I, 39, 40, 41 y 116.

Del inserto de nuestro recurso de reconsideración a que me referí en las líneas que anteceden, ahora le solicito puntualmente se tengan por expresadas para efectos de éste juicio federal, las violaciones a la Constitución que a continuación describo.

a).- Se abstuvo de sustanciar un debido procedimiento judicial electoral en el que la parte que represento fuera debidamente escuchada en sus reclamos, motivos de agravio, alegatos y pruebas, ya que el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán se abstuvo indebidamente de considerar la totalidad de agravios expresados en el recurso de inconformidad que, atento al principio de exhaustividad de las sentencias, tienen obligación de juzgar.

No obstante que le reclamé a la responsable violaciones a su deber de exhaustividad y justicia completa y debida, en el acto que ahora combato, al igual que la inferior, también fue omisa en reparar el agravio y la violación Y DE NUEVA CUENTA DEJÓ INAUDITA A MI REPRESENTADA ABSTENIÉNDOSE DE EMITIR PRONUNCIAMIENTO A LA TOTALIDAD DE AGRAVIOS Y ACTUALIZANDO LA VIOLACIÓN A NUESTRA GARANTÍA DE DEBIDA AUDIENCIA Y JUSTICIA COMPLETA a que se refieren los artículos 14, 16, 17 y 116 fracción IV inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Y fue así porque fue omisa en referirse a las violaciones relativas al los operativos de propaganda telefónica, la utilización de vehículos públicos, la injerencia del señor Gobernador y su equipo de colaboradores del poder ejecutivo local en actos de presión a las autoridades, y en actos de dotación de materiales de construcción a familias damnificadas.

b).- A la responsable le pedimos que reparara el agravio causado por el Tribunal Electoral del Estado que se abstuvo de considerar como irregularidades graves las acontecidas durante el cómputo municipal, sustantivamente las relativas a la desaparición, aparición y violación de paquetes electorales.

Ahora la responsable dejó de nueva cuenta de emitir pronunciamiento al respecto y sustantivamente dejó de considerar que la violación fue grave determinante para el resultado de la elección.

Dejó de considerar que dicha violación es más determinante valorada en el conjunto de todas las violaciones hechas valer y que consideradas colectiva y globalmente actualizan la hipótesis de violaciones graves, no reparables durante la jornada y que en conjunto actualizan la hipótesis de haberse cometido de manera generalizada mismas que por su trascendencia cuantitativa y cualitativa las hacen DETERMINANTES PARA ESTABLECER LA FALTA DE CERTEZA E ILEGALIDAD DE LA ELECCIÓN DETERMINANTES PARA EL RESULTADO FINAL DE LA MISMA, CON LO QUE SE ACTUALIZA LA HIPÓTESIS DE NULIDAD de la elección prevista en el artículo 303 fracción XI y 311 del Código Electoral para el Estado de Yucatán.

Esa H. Sala Superior ha sostenido que el juzgador, en tratándose de las causas genérica y abstracta de nulidad, debe estudiar en su totalidad las pruebas "de manera conjunta, ya que sólo de esta forma se (puede) obtener el conocimiento de las irregularidades aducidas." (SUP-REC-009/2003 Y SUP-REC-010/2003, así como SUP-REC-034/2003).

La violación que en esta materia reprocho actualiza la violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevista en los artículos 1, 14, 16, 17, 41 y 116 que conjuntamente garantizan a mi representada SER OBJETO DE UN SISTEMA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ELECTORAL DEBIDO Y EXHAUSTIVO, es decir completo, lo que no ocurrió.

c).- Reclamé a la responsable que el Tribunal inferior se abstuvo de admitir y ordenar el desahogo de múltiples probanzas que conforme a los artículos 323, 326, 327 y 349 parte final del Código Electoral para el Estado de Yucatán mi representada tiene derecho a ofrecer y la autoridad, la correlativo obligación, de admitir y desahogar.

No obstante, la responsable, al pretender subsanar la violación, lo hizo de manera también indebida.

En efecto:

Reclamé que el Tribunal inferior indebidamente dejó de admitir las pruebas de inspección judicial que le solicité y, al declarar fundado el agravio correspondiente, Y PRETENDER SUBSANAR LA VIOLACIÓN DE NUEVA CUENTA INCURRIÓ EN OTRAS QUE VIOLAN DIRECTAMENTE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS POR CUANTO HACE A LAS GARANTÍA DE DEBIDO PROCESO LEGAL Y SUBSTANCIACIÓN DE UN JUICIO EN EL QUE SE RESPETEN LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO.

Verán sus Señorías:

Ante el inferior, ofrecí las prueba de inspección judicial a la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, así como a los registros de dos empresas: "Gustavo Rubén Rivero Fernández y copropietarios" y "PREDECO S. A. de C. V.", todos con domicilio en Mérida.

Señalé a la responsable que la inadmisión de dichas probanzas actualizó un agravio consistente en que dejar a mi representada en calidad de indefensa e inaudita, sin poder disfrutar de la garantía de debido proceso legal.

La responsable reconoció el agravio y en plenitud de jurisdicción, al pretender subsanar el yerro de la inferior, de nueva cuenta actualizó nuevas violaciones a la Constitución Federal al substanciar un procedimiento sin que se observaran las formalidades esenciales del procedimiento, ya que las pruebas que se admitieron se DESAHOGARON INDEBIDAMENTE Y SE APRECIARON TAMBIÉN INDEBIDAMENTE, con lo que vulneró en perjuicio de mi representada su garantía de seguridad jurídica que le otorgan los artículos 1, 14, 16, 17 , 39, 40 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Efectivamente, al subsanar la irregularidad, la responsable LA ADMITIÓ COMO INSPECCIÓN JUDICIAL Y, NO OBSTANTE, SUBSTANCIÓ SU DESAHOGO EN LA MODALIDAD DE INFORME, limitándose a requerir a las destinatarias de la inspección un simple informe.

Las probanzas que indebidamente fueron inadmitidas son las siguientes:

Por cuanto hace a la Secretaría de Desarrollo Social, conforme a las reglas de la inteligencia, es evidente la "inconducencia" de la prueba en la modalidad de informe, ya que precisamente dicha Secretaría es la acusada por mi representada como la autora material del operativo de Estado. Ciertamente dicha dependencia fue la realizadora material del operativo para intervenir en la elección con la utilización de recursos públicos, ya que es la Secretaría responsable de operar el FONDEN y fue la operadora de los recursos.

En otras palabras, coloquialmente le preguntó al acusado si hizo algo malo obviamente éste pretendió ocultar su culpa.

Claro que al desahogar el informe, la Secretaría de Desarrollo Social lo hizo de manera desleal y simuló el desahogo del requerimiento sorprendiendo a la responsable que, como sus Señorías supondrán, estaba ocupadísima por esos días resolviendo diversos recursos y realizando diversas inspecciones.

Efectivamente, la Secretaría de Desarrollo Social rindió un informe en el que no contesta ni informa lo que la autoridad le requirió.

Los listados que exhibió carecen de fecha de entrega, a pesar de que, según su dicho, son remisiones y recibos de entregas; carecen de firma y carecen de vinculación con lo que se le pidió. Con la simulación referida evidencia su intención de mantener el velo que cubre la operación de Estado que indebidamente operó.

Y si la violación no fuera suficientemente delicada y grave, el mismo informe de la Secretaría de Desarrollo Social tampoco fue debidamente valorado, adelante diré por qué.

Igual ocurrió con el resto de las inspecciones aludidas.

En efecto, la inspección a los registros de las actividades empresariales de "Gustavo Rubén Rivero Fernández y copropietarios" y "PREDECO S.A. de C. V.", respecto de quienes mi representada denunció y probó que eran las personas que, cuando menos, habían repartido, la primera, 2 960 entregas, y, la segunda, 5 823 entregas diferentes de materiales pagados con cargo al FONDEN.

Respecto a dichas pruebas, mediante auto de fecha 11 de junio del año 2004, LA ADMITIÓ COMO INSPECCIÓN Y, NO OBSTANTE, ¡¡SE LIMITÓ A REQUERIR UN INFORME!!

Claro que de haberse desahogado la prueba como fue ofrecida, sus efectos probatorios serían de diferente alcance, toda vez que prueba más un acto con la intervención personal del fedatario judicial in situ en los registros que sorpresivamente tenga el inspeccionado, que el simple informe en el que el destinatario de la prueba tuvo la posibilidad de elegir qué informar y, en su caso, proteger su participación ocultando lo que existe por detrás del velo.

No es lo mismo ofrecer una inspección judicial y que el juzgador la transmute en documental privada.

Claro que, conforme lo enseña la experiencia, es obvio que las empresas referidas pretendieron ocultar su participación en la ilicitud, máxime que como es evidente son proveedoras de la Secretaría de Desarrollo Social acusada y dependen económicamente de ellas.

Al igual que en el caso de la Secretaría de Desarrollo Social, el agravio se magnifica por la indebida valoración de dicho informe; adelante explicaré porqué.

d).- Le reclamé a la responsable que el Tribunal inferior se negó indebidamente a desahogar la prueba de inspección judicial en comisarias y subcomisarías del Municipio de Mérida para apreciar que miles de familias tenían en sus domicilios materiales de construcción de los que reparte el FONDEN, o bien obra en proceso o de reciente conclusión.

La responsable declaró fundado el agravio y, para suplir el yerro del Tribunal inferior, determinó motu propio desahogar la probanza, como efectivamente así ocurrió, SOLO QUE DE MANERA INCREÍBLE, E INÉDITA EN UNA RESOLUCIÓN TAN IMPORTANTE COMO LA QUE COMBATO, EN LA QUE SE VALORARÁ EL INTERÉS DE CIENTOS DE MILES DE PERSONAS, LAS SEÑORAS MAGISTRADOS RESOLUTORAS, AL DISENTIR DEL PROYECTO DE LA PONENCIA SUBSTANCIADORA, ESTIMARON QUE LA CIRCUNSTANCIA DE HABER DESAHOGADO LA INSPECCIÓN EN SÓLO ALGUNOS DE LOS SITIOS PROPUESTOS, HACIA INSUFICIENTE SU EFECTO PROBATORIO PARA CONSTITUIR VERACIDAD.

No obstante que de las inspecciones realizadas contundentemente la propia autoridad judicial substanciadora PUDO CONSTATAR LA VERACIDAD DE LO QUE AFIRMÓ MI REPRESENTADA, CONSISTENTE EN EL OPERATIVO A CARGO DEL ESTADO DEL REPARTO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A UN NÚMERO INDETERMINADO DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DÍAS PREVIOS A LA ELECCIÓN.

LA NEGACIÓN QUE LA MAYORÍA RESOLUTORA OTORGA AL ACERVO PROBATORIO ES NOTORIAMENTE CONTRARIO A LAS REGLAS DE LA DEBIDA LÓGICA, SANA CRÍTICA, RECTA RAZÓN Y EXPERIENCIA.

La violación de la responsable se magnifica si se toma en cuenta que mi representada especificó con toda presición el nombre y domicilio de miles de electores que habían recibido el beneficio del FONDEN días o semanas previas a la jornada electoral.

Violación que se magnifica, aún más, si se considera que mi representada exhibió varios cientos de fotografías de igual número de sitios donde se encuentran actualmente los materiales y obras señalados.

Violación que se magnifica si se toma en cuenta que en autos obran pruebas suficientes para suponer la veracidad de la irregularidad denunciada, ya que mi representada señaló y acompañó datos de la Auditoría Superior de la Federación que muestran irregularidades en el ejercicio de los programas subsidiados con el FONDEN.

LA IRREGULARIDAD VIOLÓ EN PERJUICIO DE NUESTRA REPRESENTADA SUS GARANTÍAS DE SEGURIDAD JURÍDICA, SUSTANTIVAMENTE LAS DE DEBIDO PROCESO LEGAL Y ESPECÍFICAMENTE LAS DE DEBIDA VALORACIÓN DE PRUEBAS, garantizadas por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por la violación referida, en esta oportunidad federal respetuosamente solicito a sus Señorías que, en reparación del agravio sufrido por nuestra representada, realicen la valoración de mérito a la luz del artículo 353 del Código Electoral para el Estado de Yucatán y del artículo 16 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral que, por cierto, son idénticos.

e).- Reclamé a la responsable que el Tribunal inferior se abstuvo de hacer una valoración debida de las pruebas indiciarias, documentales privadas, públicas y técnicas ofrecidas misma que debió hacerse atento a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia.

Pues bien, no obstante que el tribunal ahora responsable substanció y diligenció diversas pruebas como las inspecciones y requerimientos, al igual que el tribunal de primera instancia, también se abstuvo de hacer dichos razonamientos tomando en cuenta las disposiciones especiales señaladas en el artículo 353 del Código Electoral para el Estado de Yucatán en las que por ministerio de ley estaba obligado a conceder valor probatorio pleno al efecto probatorio de múltiples pruebas, como el resultado de las inspecciones judiciales, a las documentales públicas, al informe del Secretario de Desarrollo Social, a las cientos de fotografías que obran en autos, a las videocintas, que ofrecí y a las que la propia autoridad judicial instructora y substanciadota obtuvo al desahogar las diligencias de inspección judicial.

Es criterio de esa H. Sala Superior que la prueba indiciaría es la idónea para probar la causal abstracta, como se consigna al siguiente tenor:

"La prueba indiciaría resulta ser la idónea para la comprobación de las violaciones que dan lugar a esta causa de nulidad, en virtud de que para la demostración de la inobservancia de los elementos constitutivos de una elección democrática, auténtica y libre, con relación a unos comicios determinados, debe tenerse en cuenta que los hechos o circunstancias que dan lugar a la referida inobservancia, se encuentran en distinto contexto, lo cual ocasiona que se presenten diferentes grados de dificultad en su demostración, porque algunas veces se produce la conculcación, en virtud de un acto de autoridad con determinadas particularidades, que permiten la demostración de las afirmaciones sobre el hecho citado, mediante la prueba documental pública; pero en otras ocasiones, la inobservancia de los principios en comento implica, a su vez, la comisión de un ilícito en general o, incluso, un delito. Es patente que al presentarse esto último, el autor del ilícito trate de ocultar su obra, lo cual es difícil probar." (SUP-REC-009/2003 Y SUP-REC-010/2003, así como SUP-REC-034/2003).

Criterio que estaba obligado a observar la resolutora y que al omitir VIOLÓ EN PERJUICIO DE NUESTRA REPRESENTADA SUS GARANTÍAS DE SEGURIDAD JURÍDICA, SUSTANTIVAMENTE LAS DE DEBIDO PROCESO LEGAL Y ESPECÍFICAMENTE LAS DE DEBIDA VALORACIÓN DE PRUEBAS, garantizadas por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por la violación referida, en ésta oportunidad federal, respetuosamente solicito a sus Señorías que en reparación del agravio sufrido por nuestra representada realicen la valoración de mérito a la luz del artículo 353 del Código Electoral para el Estado de Yucatán y del artículo 16 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral que por cierto, son idénticos.

f).- Al igual que reclamé del tribunal inferior, y ahora reclamo del Tribunal Superior Electoral, la indebida valoración de pruebas, toda vez que EL JUICIO O CRITERIO QUE ASUMA EL ÓRGANO RECURRIDO NO ES LIBÉRRIMO, éste tiene obligación constitucional y legal de acogerse a las reglas de la debida lógica, sana crítica, recta razón y experiencia, todo ellos considerando el valor probatorio que la propia ley concede a las pruebas y bajo premisas de IMPARCIALIDAD E INDEPENDENCIA, lo que lamentablemente no ocurrió, ya que es notorio que la mayoría que resolvió la sentencia fue objeto de una presión descomunal por parte precisamente del Estado, protagonizada por la propia hermana del señor Gobernador del Estado, Cecilia Patrón Laviada, encabezando una multitud que el día 9 de junio del año 2004, acudió a la sede del Tribunal Superior Electoral para injuriar e intimidar a los juzgadores ahora responsables previo al conocimiento de nuestro recurso fuese listado.

La presencia de la señora hermana del señor Gobernador del Estado está certificada en autos por la C. Secretaria de Acuerdos del Tribunal Superior Electoral; sus injurias y amenazas, también.

Igualmente, obran en autos decenas de notas periodísticas que dan cuenta de ello y, por si fuera poco, la certificación notarial de que en la página oficial del Gobierno del Estado en el Internet también, oficialmente, hubo pronunciamientos de parte del señor Gobernador y del propio Secretario de Desarrollo Social en el sentido de presionar y ofender a los señores Magistrados días antes de conocer de nuestro Recurso.

No dejo de llamar la atención de esa H. Sala Superior del hecho notorio consistente en que el Poder Ejecutivo del Estado inició juicio político en contra de los señores Magistrados, precisamente en contra de las señoras Magistradas que declararon la nulidad de las elecciones en diversos municipios con la misma ilegalidad pero con mucho menos pruebas que las aportadas por mi representada y, en cambio, distorsionando su criterio original negaron justicia en nuestro caso.

¡¡Caray!!

Las violaciones enunciadas se actualizaron con motivo de que la responsable, como resultado de una indebida valoración de pruebas, tuvo por no acreditada la intervención del gobierno del Estado y del Gobierno Municipal en el proceso electoral creando condiciones de inequidad y afectando la libertad del sufragio del elector meridense al utilizar recursos federales destinados a satisfacer las necesidades urgentes de damnificados por el Huracán Isidoro, que convirtió en zona de desastre las áreas más depauperadas del Municipio de Mérida en septiembre del año 2002.

Los hechos que la juzgadora ahora responsable soslayó y no tomó debidamente en consideración, no obstante estar debidamente probados, son los siguientes:

SEGUNDO

VIOLACIÓN A LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO Y A LA LEGALIDAD POR INADMISIÓN INDEBIDA DE UNA INSPECCIÓN JUDICIAL.

Es fuente de agravio la resolución reclamada en la parte que resuelve la inadmisión de la prueba de inspección judicial a los registros del Programa de Empleo Temporal de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Yucatán, para identificar el número de empleos temporales creados por mes durante los últimos doce meses.

Efectivamente, viola la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la indebida susbstanciación del procedimiento en cuanto a la admisión y desahogo de las pruebas permitidas en el procedimiento, particularmente por cuanto hace a la inadmisión y falta de desahogo de una prueba de inspección ocular que con toda oportunidad ofrecí en términos de lo dispuesto por los artículos 349 párrafo final del Código Electoral para el Estado de Yucatán.

El desahogo de la prueba era pertinente y los efectos probatorios buscados eran útiles para probar la gravedad de la irregularidad denunciada.

Efectivamente, lo que probaría mi mandante con el desahogo de dicha probanza era la ausencia de neutralidad gubernamental en el procedimiento que se actualizó con la intervención del gobierno del Estado, y Municipal que conjuntamente dispusieron de recursos públicos correspondientes al Fondo de Desastres Naturales conocido como FONDEN, para ofrecer empleos precisamente en la víspera de la elección, generando con ello un impacto importante en un número indeterminado de electores que como señalaré más adelante, asociarían el quehacer del gobierno con el partido Acción Nacional.

La inadmisión de la prueba se hizo sin la debida motivación, y contraviniendo el orden legal establecido en el artículo 349 parte final con lo que al violar dicha ley concomitantemente contraviene la garantía de debida aplicación de la ley que a favor de nuestra mandante otorgan los artículos 14, 16 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A fojas 11 y 12 de la resolución que reclamo, la resolutora sostiene que la Inspección Judicial que debería realizar en los Registros del Programa de Empleo Temporal de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Yucatán, para identificar el número de empleos temporales creados por mes durante los últimos doce meses, no fue admitida por considerarla inconducente para acreditar las causales de nulidad aludidas por mi representada, toda vez que no guarda relación ni conexidad con los hechos esgrimidos en el recurso de reconsideración.

Cuestión que es una irregularidad grave que agravia a mi representada, toda vez que, como obra en autos, dicha prueba fue ofrecida con el objeto de acreditar que los recursos del FONDEN destinados al programa de empleo temporal se utilizaron con fines electorales distintos a los que estaban afectos.

El ACUERDO QUE ESTABLECE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN), publicado en el Diario Oficial de la Federación el viernes 23 de mayo de 2003, establece en su artículo Octavo:

Art. 8.- El Fonden es un mecanismo financiero para que en la eventualidad de un desastre natural, el Gobierno Federal pueda conforme a sus disponibilidades, en los términos de las presentes Reglas:

V. Compensar parcialmente las pérdidas de ingresos de la población afectada por un desastre natural, generando fuentes transitorias de ingreso;

En ese tenor, causa agravio a mi representada que la resolutora considere que dicha probanza resulta "inconducente para acreditar las causales de nulidad aludidas", toda vez que en cuanto al uso de recursos y programas con cargo al FONDEN mi alegato se centra en la indebida intervención del Estado, así como en el indebido uso de recursos afectos a la atención de desastres naturales que, como el Acuerdo citado establece, y desarrollo ampliamente más adelante, deben ejercerse con inmediatez, oportunidad y celeridad.

Si el Huracán Isidoro tuvo lugar en septiembre del 2002 y los recursos del FONDEN fueron aportados por la federación al Estado y municipio, oportunamente, para paliar la emergencia de los estragos causados en la población más necesitada de Yucatán, y éstos fueron utilizados para generar empleos temporales semanas antes de la elección y no en la emergencia del desastre natural, es de recta lógica y sana crítica concluir que sí era y es conducente para acreditar la causal genérica de nulidad aducida, por ser una irregularidad grave, no reparable durante la jornada electoral y que pone en duda los principios rectores todos de la elección del 16 de mayo. A mayor abundamiento solicitamos el número de empleos generados por mes durante los últimos doce meses anteriores a mayo de los corrientes a efecto de acreditar que el número de empleos temporales creados en marzo, abril y mayo de 2004 son significativamente superiores a los mismos creados en los meses que les antecedieron. Razón por la cual, la resolutora debió admitir la probanza ofrecida, desahogarla y valorarla, y al no hacerlo faltó a los principios procesales de congruencia y exhaustividad a que le obliga el mandato constitucional de justicia completa e imparcial y transgredió el texto del artículo 360 del Código Electoral del Estado de Yucatán, al no realizar y expresar el análisis de los agravios sometidos a su consideración.

TERCERO

VIOLACIÓN A LA LEGALIDAD Y CERTEZA Y DEBER DE HACER UNA DEBIDA VALORACIÓN DE PRUEBAS.

Violación G E N É R I C A, no reparable durante la jornada electoral, por dolo, error en las actas de escrutinio y cómputo de casillas y en el cómputo municipal.

A fojas 16 a 20 de la resolución que reclamo, la resolutora sostuvo que los motivos de nuestro primer concepto de agravio, relativo a inconsistencias en el llenado de las actas de escrutinio y cómputo de 414 casillas (47.86% del total), así como en el desarrollo del cómputo municipal, particularmente, por la desaparición, aparición y pérdida de la cadena de custodia de los paquetes electorales

“... devienen inoperantes, toda vez que constituyen una reproducción textual de los mismos argumentos que expuso la Coalición impetrante ante el Tribunal del conocimiento, los cuales fueron materia de estudio y resolución en el fallo impugnado.”

Cuestión que es una irregularidad grave como podrá corroborar ese H. Tribunal con la simple lectura de fojas 3 a 30 de nuestro recurso de Inconformidad y fojas 4 a 12 y 21 a 29 de Reconsideración, y percatarse que no se trata de una "reproducción textual", habiendo faltado a la verdad el Ad quem y resolviendo contra constancia en autos en desestimación de nuestros razonamientos en agravio de mi representada.

La resolutora fue omisa y parcial en la valoración de este agravio, faltó a los principios procesales de congruencia y exhaustividad a que le obliga el mandato constitucional de justicia completa e imparcial y transgredió el texto del artículo 360 del Código Electoral del Estado de Yucatán, al no realizar y expresar el análisis de los agravios sometidos a su consideración, con lo que al violar dichas normas de la legislación local, concomitantemente actualiza la hipótesis de violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus dispositivos 1,14, 16, 17 41 y 116 mandatos que sustentan que las autoridades regirán su desempeño apegados a la legalidad.

En el Recurso de Reconsideración señalamos que el Tribunal A quo dejó de considerar que la suma total de boletas desaparecidas, sobrantes o perdidas era de 28,339, irregularidad sobre la que no se pronunció, concretándose a resolver la nulidad individual de casilla por casilla aplicando indebidamente un criterio cuantitativo, cuando el agravio alegado y la CAUSA DE PEDIR atendía al criterio de nulidad cualitativo que afectó toda la elección en su conjunto.

El fallo reclamado dejó de resolver el agravio efectivamente planteado.

Vio las hojas, no el bosque.

En efecto, el agravio afectó el 47.86% de las casillas por errores o dolo en el llenado de sus actas de escrutinio y cómputo, y si bien cada caso en lo particular no es determinante, apreciándose en su conjunto muestra una irregularidad grave que sí es determinante.

La razón de que exista en nuestra legislación un criterio cualitativo a la par que el cuantitativo responde a la probabilidad de existencia de irregularidades "por goteo" que, si bien puede que consideradas individualmente no sean determinantes para anular ni siquiera una casilla, en su conjunto pueden afectar el 50, 60 o más por ciento de ellas.

Tal es el caso:

La suma total de irregularidades por error o dolo en las actas de escrutinio y cómputo es de 28,339 votos, es decir, 2.2 VECES SUPERIOR A LA DIFERENCIA DE VOTOS ENTRE EL PRIMER Y SEGUNDO LUGAR EN VOTACIÓN E INVOLUCRA AL 47.86% DE LAS CASILLAS.

A quo y Ad quem ignoraron la auténtica causa de pedir y sin motivo desatendieron la litis auténticamente planteada, habida cuenta que el segundo hizo suyo el criterio cuantitativo e individualizado de casilla por casilla, cuando el agravio alegado combatía precisamente ese criterio seguido por el A quo por el que dejó de resolver el agravio efectivamente planteado, como ahora lo hace el Ad quem.

La razón de que exista en nuestra legislación un criterio cualitativo a la par que el cuantitativo responde a la probabilidad de existencia de irregularidades por goteo que, si bien puede que consideradas individualmente no sean determinantes para anular una casilla, en su conjunto pueden afectar el 50, 60 o más por ciento de las casillas. Tal es el caso.

No obstante, la resolutora, sin entrar tampoco al análisis del agravio aducido resolvió:

"... que la discordancia en algunos de los rubros contenidos en las actas, aún cuando indica de manera indiciaría la existencia de una irregularidad, es insuficiente para tener por acreditados los elementos constitutivos de la causal invocada por el recurrente, cuando de los demás datos asentados en el acta de escrutinio y cómputo se puede deducir que no existe error o que éste no es determinante para el resultado de la votación, más aún cuando no existen elementos para afirmar que la incongruencia entre apartados de votos, benefició a alguno de los contendientes..."

La resolutora alega de nuestra parte la reiteración "textual" de agravios aducidos en el juicio de inconformidad, pero peca de lo que nos imputa.

En efecto, al igual que el A quo omite considerar la centralidad de nuestro argumento: las irregularidades en las actas de escrutinio y cómputo de casilla, así como en la sesión de cómputo del Consejo Municipal Electoral, si bien aducen en el supuesto previsto en la fracción VI del artículo 313 del Código de la materia, error o dolo en el cómputo de los votos, las encuadramos en una visión de conjunto, no aisladamente, en atención a lo cualitativo de su irregularidad considerada íntegramente.

Por tanto, el criterio con el cual valorarlas es el propio de la causal genérica de la fracción XI del artículo 303 del Código Electoral de nuestra entidad, toda vez que es el cúmulo de todas y cada una de las irregularidades señaladas en actas y sesión de cómputo, muchas de las cuales pudiesen no ser determinantes para una casilla considerada en lo individual, otras incluso en casillas ganadas por la Coalición, es su cúmulo y su sumatoria final concatenada debidamente con el resto del caudal probatorio, decíamos, lo que perfecciona el supuesto de la causal genérica aducida por mi representada.

Nuevamente, el Tribunal Ad quem, al igual que el de primera instancia, ignoró la autentica causa de pedir y sin motivo la modificó. Pero al hacerlo cae, al igual que el A quo en el mismo vicio, un criterio cuantitativo y una visión aislacionista de casillas y disrruptora de la elección en su conjunto.

Admite la discordancia en algunos de los rubros contenidos en las actas que, reconoce, indican de manera indiciaría la existencia de una irregularidad, aunque, concluye, ello es insuficiente para acreditar los elementos de la causal invocada. ¡Por supuesto!, ése y no otro es nuestro argumento, mismo que soslaya.

Sostenemos que una visión aislada de irregularidades, indiciarías pero insuficientes en su individualidad, agravia a nuestra representación, toda vez que no es la irregularidad de cada casilla la que debe de atenderse en este caso, sino la del conjunto del 47.86% del total de ellas; no son las inconsistencias de 1, 4, 11 o 30 boletas en las actas de escrutinio y cómputo de las 414 casillas relacionadas, es su sumatoria que alcanza las 28,399 BOLETAS de las que no se tiene certeza de si se trata de un simple error o una maquinación; más ello no es todo, HAY 6,367 BOLETAS DE PAQUETES DESAPARECIDOS, 4,518 DE PAQUETES APARECIDOS, un número superior de boletas de paquetes sobre los que se perdió la cadena de custodia, 6,202 electores "rasurados" de los listados nominales, 4,968 registros duplicados en los listados nominales y la intervención indebida del estado en la elección con la utilización, también indebida de recursos afectos a un programa de emergencia cuyo ejercicio se hace con más de veinte meses de retraso.

Todo ello, y algunas irregularidades más que también hicimos valer, en una visión holística, debió de haber sido considerado por la resolutora, tal y como se dio en la realidad, sin separarlo en confinamientos estancos que le impiden su análisis de conjunto, y valorado atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, como se lo imponen los principios procesales de congruencia y exhaustividad a que le obliga el mandato constitucional de justicia completa e imparcial y el texto del artículo 360 del Código Electoral del Estado de Yucatán que al haberse contrariado, concomitantemente viola la legalidad y debida justicia que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza a nuestra representada actualizando el agravio de constitucionalidad federal.

La causal de nulidad que mi representada demanda es GENÉRICA Y ABSTRACTA, la única manera de poderla valorar es con una visión de conjunto de todos y cada uno de los agravios esgrimidos, así como de la adminiculación correcta de todas y cada una de las probanzas, un análisis aislado, repetimos, atenta contra los principios de la lógica y recta razón que deben operar en este tipo de nulidad, tal y como lo ha sostenido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (SUP-REC-009/2003 Y SUP-REC-010/2003, así como SUP-REC-034/2003).

Al efecto, y con miras a no repetir innecesariamente los criterios jurisprudenciales citados a fojas 23 a 26 de mi recurso de Reconsideración y que resultan aplicables, así como mis consideraciones sobre la causal genérica consignadas a fojas 40 a 46 del Recurso de Reconsideración, que por igual son atendibles, solicito se tengan por reproducidos como si a la letra se insertasen para todos los efectos legales a que haya lugar.

Agravia también a mi representada que la resolutora haya hechos suyos los argumentos de que:

"... al invocar las irregularidades graves, se inconformó respecto de cuatrocientas veinticinco casillas, sin embargo, únicamente hizo alusión en los hechos y agravios de su escrito de inconformidad, a ciento noventa y cinco..."

Cuando en mi Recurso de Reconsideración, a fojas 21 y 22, hice valer una apreciación incompleta y parcial de los agravios por parte del A quo, mismo que ahora hago del Ad quem, habida cuenta que, él sí, se concretó a repetir los mismos argumentos sin entrar a su análisis y consideración.

En efecto, y como lo hice valer en el Recurso de Reconsideración, ambos juzgadores estaban obligados a analizar todos y cada uno de los agravios con independencia del apartado en que se expresaron, según jurisprudencia que cite, así como por los puntos primero y tercero del Voto Particular de la primera instancia que pido se tengan por reproducidos como si a la letra se insertasen para todos los efectos legales a que haya lugar.

El Ad quem, en lugar de atender mi agravio se concretó, faltando a la verdad y resolviendo contra constancias de autos, a señalar que es inoperante por ser reproducción textual de los mismos argumentos, cuando la simple vista salta que se trata de agravios diferentes, derivados incluso de la no consideración de los originalmente planteados, faltando por tanto la resolutora a los principios procesales de congruencia y exhaustividad a que le obliga el mandato constitucional de justicia completa e imparcial y transgrediendo el texto del artículo 360 del Código Electoral del Estado de Yucatán, al no realizar y expresar el análisis de los agravios sometidos a su consideración.

No puede afirmarse de nuestro Recurso de Reconsideración que la intención de nuestra acción no sea la causal de nulidad genérica, como tampoco puede negarse que pedimos el análisis en conjunto de todos los agravios enderezados y no su valoración aislada e inconexa; no obstante, suponiendo sin conceder que así sea, es aplicable la jurisprudencia de la Sala Superior S3ELJ 04/99, consultable en la página 17, del suplemento 3, de la Revista Justicia Electoral 2000, la cual es del tenor siguiente:

“MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR.” (Se transcribe).

En ese tenor, queda claro que nuestra pretensión planteó aspectos que tienen que ver con la nulidad de la elección de Regidores y no con la causal genérica de nulidad de votación recibida en casilla, como indebidamente resolvió la hoy recurrida atendiendo a la nulidad recibida en casilla y no al contexto y conjunto todo de la causal genérica de la elección impugnada.

Ello queda aún más claro cuando en nuestro ocurso se consignan irregularidades acaecidas fuera de la jornada electoral durante la etapa de preparación de las elecciones, éstas, junto con las que tuvieron verificativo durante la jornada electoral, así como con las que se realizaron en la etapa de resultados electorales, son causas específicas y autónomas entre sí, pero cuya existencia en su conjunto irroga a todo el proceso electoral y, por ende, a sus resultados.

Obvia señalar que pueden existir conductas efectuadas en la etapa de preparación de la elección, durante la jornada electoral y en la etapa de resultados electorales que constituyan violaciones sustanciales, generalizadas y determinantes para el resultado de la elección, razón por la cual deba declararse la nulidad de la misma.

En la especie encontramos error y dolo en el 47.86% de las casillas electorales; irregularidades en la sesión de cómputo municipal con desaparición, aparición, violación y pérdida de la cadena de custodia de los paquetes electorales a resguardo de la propia autoridad electoral, así como acuerdos abiertamente ilegales como lo fue computar en cero paquetes que por haber sido extraídos de su custodia debieron denunciarse penalmente; supresión ilegal de miles de ciudadanos del Listado Nominal de Electores enmascarada con la inclusión de duplicidades igualmente ilegales; utilización electoral y dolosamente retrasada de programas y recursos emergentes con cargo al FONDEN, condicionando su entrega total al voto a favor de Acción Nacional; compra de votos; publicación de encuesta en el portal del candidato de Acción Nacional en tiempos prohibidos por la Ley; inducción al voto vía operativo telefónico el mismo día de la jornada electoral; destrucción de propaganda por comandos protegidos por las fuerzas de seguridad; hostigamiento y amenazas a candidatos contrarios a Acción Nacional; Autoridades Electorales abiertamente parciales en contra de la Coalición Alianza Ciudadana; presión injustificada del Titular del Ejecutivo Estatal, así como de sus secretarios, al Tribunal Superior Electoral como parte del conflicto que sostiene desde hace años en contra del Poder Judicial del Estado, en violación expresa al exhorto que al respecto le hizo el 27 de octubre de 2003 el Senado de la República.

Todas estas irregularidades incluyen conductas previas y posteriores a la jornada electoral y el juzgador no podía, como lo hizo, concretarse a analizar aislada e inconexamente las aducidas a la nulidad de votación en casillas, más aún cuando ello no fue, ni es, objeto de la intención de acción claramente expresada en nuestro ocurso de Inconformidad y Reconsideración.

Al caso es atendible los criterios sustentados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación, destacadamente en SUP-REC-009/2003 Y SUP-REC-010/2003, así como SUP-REC-034/2003 que por su importancia se citan en extenso:

Para que se anule una elección, conforme a dicho precepto, es preciso que se hubieren cometido violaciones:

a)                             sustanciales,

b)                             en forma generalizada,

c)                              en la jornada electoral.

d)                             en el distrito o entidad de que se trate.

e)                             plenamente acreditadas.

f)  determinantes para el resultado de la elección.

Lo anterior sólo admite como excepción aquellas violaciones que reúnan tales características, que sean imputables a los partidos que las invocan, o a sus candidatos.

En primer término, se exige que las violaciones sean sustanciales, es decir, que afecten los elementos sin los cuales no es posible hablar de que se celebró una elección democrática, es decir, en la que la ciudadanía expresó libremente su voluntad acerca de quienes serán sus representantes. Tales elementos se encuentran inmersos en los principios constitucionales que rigen la elección de los poderes públicos, principalmente en los artículos 39, 41 y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que se traducen, entre otros, en: voto universal, libre, secreto y directo; la organización de las elecciones a través de un organismo público y autónomo; la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad como principios rectores del proceso electoral; el establecimiento de condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación social; el control de la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, así como que en el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales debe prevalecer el principio de equidad.

Asimismo, se exige que las violaciones sean generalizadas, lo que significa que no ha de ser alguna irregularidad aislada, sino de las violaciones que tengan mayor repercusión en el ámbito que abarca la elección respectiva, en el caso de la elección de diputados y senadores, en el distrito o entidad de que se trate. Lo anterior, con el fin de que, por las irregularidades cometidas cuyos efectos dañaran uno o varios elementos sustanciales de la elección, se traduzcan en una merma importante de dichos elementos, que den lugar a considerar que el mismo no se cumplió y, por ende, que la elección está viciada. Lo anterior se encuentra estrechamente ligado a la exigencia de que las violaciones sean determinantes para el resultado de la elección, pues en la medida en que las violaciones afecten de manera importante sus elementos sustanciales, ello conducirá a establecer la probabilidad de que tales irregularidades determinaron la diferencia de votos entre el partido que obtuvo el primero y lugar, (sic) respecto del segundo, y de que se cuestione la legitimidad de los comicios y del candidato ganador.

En cuanto al requisito de que las violaciones se hayan cometido en la jornada electoral, se considera que tal exigencia, prima facie, da la apariencia de que se refiere, exclusivamente, a hechos u omisiones ocurridos física o materialmente el día de la jornada electoral, de manera que toda invocación a hechos o circunstancias originados en la etapa de preparación, no serían susceptibles de configurar la causa de nulidad que se analiza. Sin embargo, se considera que en realidad el alcance del precepto es más amplio, porque se refiere a todos los hechos, actos u omisiones que se consideren violaciones sustanciales, generalizadas y determinantes para el resultado de la elección, que finalmente repercutan o produzcan efectivamente sus efectos principales el día de la jornada electoral. Por tanto, quedan comprendidos los hechos, actos u omisiones que tengan verificativo de manera física o material desde antes del día de la elección, durante su preparación, así como los que se realizan ese día, todos ellos destinados a producir sus efectos perniciosos contra los principios fundamentales que rigen una elección democrática, durante el día de la jornada electoral, que constituye el momento cumbre o principal en el cual se expresa la voluntad ciudadana acerca de quiénes serán sus representantes en el ejercicio del poder soberano que le corresponde de manera originaria. En efecto, a fin de que el pueblo, en ejercicio de su soberanía, elija a sus representantes a través de elecciones libres, auténticas y periódicas, en el que exprese su voto de manera universal, libre, secreta y directa, el día de la jornada electoral, se ha establecido todo un proceso electoral compuesto de diversas etapas, todas ellas destinadas a lograr dicha finalidad, en cuyo desarrollo, a través de las distintas fases, se establecen diversos mecanismos y reglas que buscan garantizar o asegurar que tales principios fundamentales tengan efectiva realización. Un procedimiento es un conjunto de hechos concatenados entre sí, donde el que antecede sirve de base al siguiente, y a su vez, este último encuentra sustento en aquél, cuyo avance se da en el tiempo como instrumentación para alcanzar determinado fin. En ese sentido, en cada una de sus etapas, en las actividades, actos u omisiones que corresponda hacerse en ellas, deben observarse, en el mayor grado posible, los principios o valores que rigen el fin último al que están dirigidas y con eso contribuir a su logro, precisamente porque le sirven de instrumento; al efecto, se establecen las reglas conforme a las que han de realizarse los actos y los mecanismos adecuados para alcanzar la finalidad última. Pero cuando no es así, sino que se incurre en vicios o se contravienen los mecanismos o reglas, afectándose los principios o valores que los rigen, se puede llegar al grado de que el producto deseado no se consiga, como cuando tales violaciones son de tal manera graves que por sí mismas anulan la posibilidad de que se logre el fin, o como cuando se trata de muchas violaciones que se repitieron de manera constante durante el proceso.

En el proceso electoral, por regla general, la eficacia o vicios que se presenten en cada una de sus etapas van a producir sus efectos principales y adquirir significado, realmente, el día de la jornada electoral, y por tanto es cuando están en condiciones de ser evaluados, sustancialmente, porque los vicios no dejan de ser situaciones con la potencialidad de impedir que se alcance el fin de las elecciones (que el pueblo elija a quienes ejercerán su poder soberano mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo) e infringir los valores y principios que lo rigen, en tanto constituyen la transgresión a las reglas jurídicas o mecanismos establecidos en la ley para conseguirlo; sin embargo, cabe la posibilidad de que por las circunstancias en que se verificaron las elecciones, el peligro que pudieron generar tales violaciones se torne inocuo, es decir, no produce realmente sus efectos, y a fin de cuentas, prevalecen los valores sustanciales. Esto tiene lugar, por ejemplo, cuando la autoridad electoral aprueba la lista de ubicación de las casillas, en la que un gran número de ellas se determina instalar en lugares de difícil acceso a los electores, acto que infringe la norma prevista en los artículos 194 y 195 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y pone en peligro la universalidad del voto, en tanto que es importante que los electores puedan llegar fácilmente a los centros de votación para ejercerlo; sin embargo, si se demuestra que acudió a votar un gran número de los electores correspondientes a cada una de esas casillas y no se presenta alguna otra irregularidad, en ese caso el peligro se disminuyó considerablemente de manera que el bien jurídico protegido prevaleció.

Es en razón de lo anterior que, luego de que transcurre la jornada electoral y se obtienen los resultados de las casillas, la autoridad administrativa electoral correspondiente procede, después de realizar un cómputo general, a calificar la elección. En ese acto de calificación la autoridad analiza si se cometieron irregularidades durante el desarrollo del proceso electoral en cualquiera de sus etapas, y en caso de ser así, valora en qué medida afectaron los bienes jurídicos, valores y principios que rigen las elecciones con el fin de determinar si los mismos permanecen, o bien, si la afectación fue de tal magnitud que en realidad no subsistieron. En el primer caso, declara válida la elección y en el segundo, no, porque en este último caso significa que no se alcanzó la finalidad, esto es, no se logró obtener, mediante el voto universal, libre, secreto y directo, la voluntad popular en torno a quienes elige para que en su representación ejerzan su poder soberano.

Es precisamente ese acto en que se califica y valida la elección, el que constituye el objeto de impugnación cuando se hace valer su nulidad, por el medio de impugnación correspondiente ante la autoridad jurisdiccional electoral, como se desprende, verbigracia, del artículo 50, apartado 1, inciso b), fracción I, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en el cual se establece que son actos impugnables a través del juicio de inconformidad, entre otros, las declaraciones de validez de las elecciones, por nulidad de la votación recibida en una o varias casillas o por nulidad de la elección. Así queda demostrado que la causa de nulidad prevista en el artículo 78 de la ley mencionada no se refiere exclusivamente a hechos o circunstancias que hayan tenido realización material el día de la jornada electoral, sino a todos aquellos que incidan o surtan efectos ese día en el gran acto de la emisión del voto universal, libre, secreto y directo, que, por lo mismo, se traducen en violaciones sustanciales en la jornada electoral, al afectar el bien jurídico sustancial del voto en todas sus calidades.

En ese sentido, la causal que se analiza atañe a la naturaleza misma del proceso electoral y los fines que persigue, en la cual, la nulidad la determina el hecho de que las violaciones sean suficientes y en tal grado que permitan afirmar que tales fines no se alcanzaron, es decir, que no se obtuvo una elección libre y auténtica, a través del voto universal, libre, secreto y directo de los ciudadanos. Esto, porque se exige que las violaciones sean sustanciales, generalizadas y determinantes para el resultado de la elección, lo que implica que por su constante presencia durante el desarrollo del proceso electoral, y por sus circunstancias sean eficaces o decisivas para afectar los bienes jurídicos sustanciales mencionados.

Por último, cabe mencionar, respecto del requisito de que las violaciones se prueben plenamente, que la causa de nulidad que se analiza es de difícil demostración, dada su naturaleza y características, donde la inobservancia a los elementos sustanciales implica la realización de un ilícito o incluso, un delito, que su autor trata de ocultar; ante lo cual, para cumplir la exigencia de su plena demostración, resulta importante la prueba indiciaría.

Por su parte, la llamada "causa abstracta de nulidad", se encuentra establecida en la tesis publicada en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997- 2002, tomo Tesis Relevantes, en sus páginas 577 y 578, que a la letra dice:

"NULIDAD DE ELECCIÓN. CAUSA ABSTRACTA (Legislación del Estado de Tabasco)” La transcribe

Las notas características de dicha causa de nulidad son las siguientes: Conforme con esa tesis, la causa abstracta de nulidad, obtenida de la naturaleza misma del proceso electoral, se reúne con la concurrencia de los siguientes elementos:

Como bien podrá apreciar esa H. Sala Superior, la suma de irregularidades, substanciales, irreparables, generalizadas y probadas en la elección de Regidores en Mérida encuadran perfectamente en los supuestos de la causal de nulidad reclamada por mi representada.

A fojas 20 a 22 de la resolución que reclamo la resolutora, en torno al agravio relativo a las graves irregularidades durante el cómputo municipal, específicamente en la desaparición, aparición y pérdida de la cadena de custodia de los paquetes electorales, así como en las que se incurrió reiteradamente durante la sesión de cómputo municipal, determinó que:

"... Resulta en parte fundado este motivo de inconformidad. En efecto, (...) se advierte, que el Tribunal Electoral del Estado, fue omiso en analizar y resolver sobre la argumentación aquí planteada, por lo que, a fin de salvaguardar las garantías de legalidad y seguridad jurídica, este Tribunal Ad Quem, (...) procederá acto continuo a su estudio y resolución. Efectuando la correspondiente operación aritmética, arroja que los rubros arriba citados (boletas desaparecidas y boletas aparecidas) representan en su conjunto cuatro mil quinientas dieciocho boletas, y aún tomando en consideración que se hubieran dado las irregularidades aducidas por la impetrante en la votación recibida en las casillas precitadas, si bien constituiría una irregularidad grave, no menos cierto es, que en la especie, no se actualiza la determinancia...”

"Resultando de ello, que, aun en el caso, de que hubiere existido la irregularidad aquí aducida, la misma no es determinante para el resultado de la votación; en ese orden de ideas los conceptos de agravio que nos ocupan resultan fundados, pero inoperantes..."

Agravia a mi representada la forma parcial y descontextualizada del proceder del Ad quem reduciendo una serie de agravios graves y plenamente acreditados en documental pública a una "operación aritmética" y un criterio de determinancia.

Nuevamente y con todo respeto, se llama la atención de esa Sala Superior en la tergiversación de nuestros agravios, ya que si bien se aludió al número total de boletas involucradas en el ilegal manejo de paquetes y cómputo municipal por parte de la autoridad, a efecto de mostrar la magnitud de esta irregularidad sumada a las otras también aducidas (error y dolo en el 47.86% de las casillas, rasurados del padrón y duplicados), el agravio hecho valer fue la irregularidad generalizada en la sesión de cómputo municipal que violó los principios de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad, y que dicha violación es imputable directamente a la autoridad electoral, con énfasis en el Consejero Presidente del Consejo Municipal.

Mi representada no adujó la determinancia numérica, sino la irregularidad en el proceder de la propia autoridad que, siendo la responsable de garantizar el manejo y resguardo de la documentación electoral, faltó a la misma sin poder explicar y menos justificar la razón de paquetes sustraídos de su depósito y resguardo, paquetes aparecidos sin documentación que acredite su hora, fecha y vía de remisión, así como paquetes abiertos, documentación de casillas diversas, en algunos casos, y distintas, en otros; paquetes que mostraban evidente alteración, así como la pérdida total de la cadena de custodia a la que la ley le obliga, hasta llegar al absurdo de acordar computar en cero paquetes extraviados para con ello convalidar lo que a todas luces constituye un delito electoral. Nada de esto atendió la Ad quem. Se concretó a realizar "operaciones aritméticas" cuando debió valorar la gravedad de una sesión de cómputo que pone en riesgo la certeza toda del resultado electoral, al ser, repetimos, la propia autoridad electoral la que irroga de ilicitud el cómputo municipal de la elección.

Este criterio lo comparte el Voto Particular de la A quo, cuya parte conducente consignó a fojas 32 y 33 de mi Recurso de Reconsideración y que, a efecto de evitar innecesarias repeticiones, solicito se tengan por reproducidos como si a la letra se insertasen para todos los efectos legales a que haya lugar.

Numerados del I al XII, a fojas 34 a 39 de mi Recurso de Reconsideración se analizan las principales y más graves irregularidades cometidas por la autoridad electoral en la sesión de cómputo municipal del 19 de mayo de 2004, y a fojas 40 a 46, del mismo Recurso, se razonan los argumentos por los que es aplicable la causal genérica al caso concreto, por lo que, a efecto de evitar innecesarias repeticiones, solicito se tengan por reproducidas como si a la letra se insertasen para todos los efectos legales a que haya lugar. Dichas irregularidades fueron obviadas por la Ad quem en violación a los principios de exhaustividad y debida justicia en perjuicio de mi representada, más aún cuando la resolutora reconoce la gravedad de la irregularidad, pero la considera inoperante por una utilización de criterio cuantitativo y no del cualitativo al que se refiere nuestro agravio.

La documental pública consistente en el acta de la sesión de cómputo municipal del 19 de mayo de 2004, acredita fehacientemente la gravedad de la irregularidad, misma que por provenir de la propia autoridad electoral trasciende a la elección toda y no se puede reducir privativamente al criterio numérico de determinancia, desde luego agravia a mi representada la omisa valoración de dicha prueba lo que al violar la ley local actualiza la violación de constitucionalidad que le impone exhaustividad y debido proceso legal, según rezan los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal.

El A quem, al igual que el A quo, hizo caso omiso al agravio expresado y resolvió lo que quiso, no lo que se sometió a su jurisdicción, haciendo una indebida impartición de justicia y una violación al principio de imparcialidad, y legalidad en términos de los que a nuestra mandante garantizan los artículos 41 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Yucatán y los artículos 1, 3, 274 del Código Electoral para el Estado de Yucatán, causando a mi representada el consecuente perjuicio.

CUARTO.-

VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE JUSTICIA COMPLETA EXHAUSTIVIDAD E INCONGRUENCIA CON LAS PETICIONES DE LAS PARTES.

E INDEBIDA VALORACIÓN DE PRUEBAS

La responsable dejó de tener por probada la intervención indebida del estado en la elección y la utilización de recursos del F O N D E N, para inducir el voto de los electores.

Como anuncié, la responsable violó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al substanciar un procedimiento en el que fue omisa en hacer una debida valoración de pruebas con lo que conculcó, en perjuicio de nuestra representada, garantías constitucionales de seguridad jurídica, específicamente su resolución adolece de la debida motivación y viola la legalidad, objetividad y certeza rectoras del procedimiento electoral garantizados en los artículos, 1, 14, 16, 17, 35 fracción I, 39, 40, 41 y 116 de la Constitución Política Federal.

Por razones de método, la descripción de éste agravio la formulamos en dos partes: la primera, explicativa de la violación consistente en la abstención de la reclamada de tener por acreditada la intervención del Estado operando recursos del FONDEN, la segunda, explicando los vicios de la sentencia constitutivos de la indebida valoración de pruebas.

Procedo:

1.- En cuanto a la intervención del Estado operando recursos del FONDEN.

Respetuosamente les hago saber:

En septiembre del año 2002 en el Estado de Yucatán y, para lo que interesa en éste procedimiento, en el Municipio de Mérida miles de familias yucatecas fueron brutalmente damnificadas con el paso de un Huracán que recibió el nombre de "Isidoro"; tras el desastre diversas zonas del municipio fueron declaradas "Zonas de Desastre", donde miles de familias meridenses perdieron sus viviendas precarias, sus pertenencias, así como las mínimas condiciones de subsistencia.

Como consecuencia del desastre, a partir de entonces miles de familias durmieron en la intemperie y en el suelo.

Efectivamente, el hecho no requiere prueba, es conocido en todo el país, fue noticia durante varios meses, la desgracia se publicó en el Diario Oficial de la Federación que declaró Zona de Desastre a Mérida, donde viven y juzgan los responsables, el desastre se declaró también en la mayor parte de Yucatán, además de que es públicamente conocido por los yucatecos y, verificable a simple visita en las comisarías y subcomisarías de Mérida.

La pobreza es, reitero, pública y notoria, cuenta de ello es consignado en la información que está a la disposición de cualquiera en la página oficial del Instituto Nacional de Geografía Estadística e Informática en el que se destaca que en el año 2000, antes del huracán, la sociedad refería los siguientes datos estadísticos:

Nota: Se tomó el indicador de "15 años y más" en consideración que si en agosto del año 2000 tenían 15 años o más, para el 2004 quienes tenían 15 años ya tienen 19 y están en edad de votar. Los indicadores señalados, corresponden únicamente al Municipio de Mérida.

Las condiciones de pobreza y rezago educativo de los meridenses es grave y no requiere prueba por ser un hecho notorio para los juzgadores de ésta jurisdicción que, como lo ordena la ley local en su artículo 353, deben juzgar conforme a la experiencia, además, repito, los datos son públicos y notorios, obran y son verificables en Internet, en la página oficial del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Historia, circunstancia que respetuosamente solicito a sus Señorías se sirvan verificar en desahogo de la prueba técnica.

Conforme lo anterior:

El Huracán, y la depresión económica y cultural que padece el pueblo meridense, son una certeza y, como tal debió, considerarse por la responsable para valorar las pruebas indiciarías y adminicularlas conjuntamente.

Dada la magnitud de desastre ocurrió ayuda internacional y de todo el país, ante la atención mundial y nacional de inmediato el Gobierno de la República dispuso de un fondo multimillonario de auxilio emergente para apoyar a las miles de familias damnificadas, con el objetivo único y urgente que los gobiernos Federal, Estatal y Municipal en Mérida lo entregaran de manera inmediata a la población damnificada.

La ayuda, entonces debía otorgarse por los tres niveles de gobierno: Federal, Estatal y Municipal.

Es el caso que de manera deliberada, los tres niveles de gobierno que actúan en el fideicomiso estatal del Gobierno del Estado de Yucatán para la atención de los desastres naturales causados por el Huracán Isidoro, DILATARON LAS ENTREGAS y tan sólo realizaron algunas acciones dispersas ¡y mal ejecutadas!, al grado que la Auditoría Superior de la Federación, mediante oficio CVASF/045/03 del 17 de febrero de 2003, ordenó su Auditoría en los términos que son consultables en su página oficial de Internet (http://www.asf.gob.mx/asf.htm.) y, previa revisión, estableció que para agosto del año 2003, o sea 11 meses después del siniestro, únicamente se habían realizado el 23.709 % de las acciones del programa.

El hecho de que los tres niveles de gobierno intervinieron en la asignación de fondos para que los operara el gobierno de Yucatán, también es una certeza para los juzgadores y como tal debió considerarse por la responsable para valorar las pruebas indiciarías y adminicularlas conjuntamente.

También es una certeza para los juzgadores el dictamen y las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, ya que su existencia la acredité mediante el desahogo de la prueba técnica ofrecida desde la primera instancia consistente en la verificación de la misma en la página oficial de Internet. Y al ser una certeza, como tal debió considerarse por la responsable para valorar las pruebas indiciarías y adminicuarlas conjuntamente.

Efectivamente, el hecho lo probé con la prueba técnica consistente en la verificación que pedí a la responsable que realizara en la página oficial de Internet que tiene abierta la Auditoría Superior de la Federación, y al efecto, para facilitar su desahogo, como indicio, exhibimos copia simple de la impresión correspondiente a dicha página.

La responsable se abstuvo de desahogar la prueba técnica referida, reiterando la violación que le reclamé al Tribunal inferior, con lo que violó concomitantemente el derecho de mi representada a ser debidamente escuchada en un procedimiento en el que se desahoguen las pruebas debida, legal y oportunamente ofrecidas.

El informe de dicha Auditoría es público y es fácilmente consultable en la página de Internet http://www.asf.gob.mx/asf.htm. que es la oficial de dicho órgano público por lo que ahora, nuevamente como prueba técnica ofrezco su verificación y consulta solicitando de manera respetuosa a sus Señorías ordenen el desahogo debido de dicha probanza, ya que ante su desahogo ha sido omisa la autoridad en proveer, ofrecimiento probatorio que formulamos en términos de lo dispuesto por el artículo 14 numeral 6 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Continúo:

La Auditoría Superior de la Federación, también estableció que las acciones que se habían realizado estaban plagadas de facturas apócrifas, sin licitaciones debidas, sin justificantes auténticos, sin datos comprobables, etc.

Sustantivamente dictaminó el retrazo grave en la realización del programa no obstante su urgencia.

Nadie supondría que los tres niveles de gobierno, deliberada e indebidamente, se esperarían, como lo hicieron, hasta la víspera de las elecciones para volcarse en las entregas de materiales de construcción con recursos del F O N D E N durante los meses de marzo, abril y hasta el 16 de mayo del año 2004, reitero, JUSTAMENTE EN LA VÍSPERA DE LAS ELECCIONES Y PRECISAMENTE PARA PERSUADIR A LOS ELECTORES CON LA POSIBILIDAD DE PALIAR SU NECESIDAD VITAL DE VIVIENDA CONDICIONANDO EL COMPLMENTO DE LA AYUDA AL TRIUNFO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

En Estas condiciones, los electores de todo el Estado y especialmente los del Municipio de Mérida acudieron a las urnas.

La retención deliberada de recursos públicos exprofesamente otorgados por el gobierno federal durante 20 meses en las condiciones de miseria y daño que sufría el pueblo meridense, para usarlas con propósitos clientelares político-electorales, constituye un delito de LESA HUMANIDAD que deberá ser perseguido por la autoridad penal correspondiente.

La utilización de recursos públicos con cargo al FONDEN en la víspera de la elección, también es algo que quedó ampliamente probado en autos por un extenso y elocuente caudal probatorio, y porque consta personalísimamente a la responsable mediante la inspección que hizo.

En líneas subsecuentes me referiré a cada una de las pruebas que indebidamente fueron valoradas por la responsable.

La utilización de recursos públicos del FONDEN, precisamente en la víspera de la elección municipal causó en el electorado un impacto en la apreciación sobre el desempeño de la autoridad que habría de renovar conforme a los artículos 140 del Código Electoral para el Estado de Yucatán, 39 y 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La circunstancia de que el elector el 16 de mayo al sufragar tomaría la decisión para optar por alguna planilla registrada con el que renovaría al gobierno municipal es una certeza y como tal debió considerarse por la responsable para valorar las pruebas indiciarías y adminicularlas conjuntamente.

La afirmación probada de Esta circunstancia es importante.

Y lo es si tomamos en cuenta que conforme a las reglas de la debida lógica, la sana crítica y la experiencia, a que se refieren los artículos 16 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y el correlativo idéntico 353 del Código Electoral para el Estado de Yucatán, todo ciudadano meridense, aún el de la más modesta situación sociocultural sabe que es gobernado por una autoridad estatal y municipal surgida del Partido Acción Nacional.

La circunstancia de que todo ciudadano meridense sepa que los gobiernos federal, estatal y municipal son gobernados por gobiernos surgidos del Partido Acción Nacional es una certeza y como tal debió considerarse por la responsable para valorar las pruebas.

Por lo que:

Conforme a las reglas de la lógica y la experiencia, el elector al observar que el gobierno distribuye materiales de construcción que son satisfactores vitales para su supervivencia, ESTARÁ RECIBIENDO SIMULTÁNEAMENTE UN ESTÍMULO A LA APRECIACIÓN QUE TIENE DEL DESEMPEÑO DE ESE GOBIERNO.

Luego entonces:

Es lógico afirmar que de manera natural asocia el quehacer del gobierno que tiene con la expectativa de quehacer que espera tendrán los gobernantes que inmediato elegirá.

Y SI TOMAMOS EN CUENTA QUE EL SISTEMA CONSITUCIONAL Y LEGAL DE ACCESO AL PODER ES MEDIANTE LA CONTIENDA ENTRE PARTIDOS POLÍTICOS, LA EXPECTATIVA DE DESEMPEÑO QUE UN ELECTOR TIENE DEL NUEVO GOBIERNO QUE ELEGIRÁ, NECESARIAMENTE INFLUYE EN LA TOMA DE DECISIÓN DEL SENTIDO DE SU VOTO Y SELECCIÓN DE UN PARTIDO DEL QUE CREE ESPERAR UN MEJOR QUEHACER, LO QUE ENTRAÑA UNA ASOCIACIÓN NATURAL DEL GOBIERNO ACTUAL CON SU PARTIDO DE EXTRACCIÓN.

DE TAL FORMA QUE EN EL MOMENTO EN EL QUE EL GOBIERNO OTORGA SATISFACTORES VITALES PARA LA POBLACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICAMENTE DEPRIMIDA CAUSA EN EL ELECTOR BENEFICIADO UN IMPACTO IMPORTANTE EN SU PERCEPCIÓN DEL DESEMPEÑO DE ESE GOBIERNO QUE EN LA VÍSPERA DE SU RENOVACIÓN DISTRIBUYE ESTÍMULOS PARA COOPTAR EL SUFRAGIO CIUDADANO A FAVOR DEL PARTIDO EN EL GOBIERNO DEL QUE RECIBE LOS BENEFICIOS.

Ciertamente, la experiencia a que se refiere el párrafo 1 del artículo 16 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, demuestra, de manera indudable, que la orientación de la tendencia e intención del sufragio puede variar motivada por la fuerza social e individual de cualquier factor de la vida jurídica, política o económica, y hasta de la naturaleza, si las persona las llegan a asociar con las circunstancias que rodean a un partido político o a sus candidatos.

El hecho de intempestivamente inundar Mérida con materiales de construcción para los damnificados de 20 meses antes, causa precisamente el efecto descrito, y provocado directamente por el gobierno que opere dichos recursos que cualquier inteligencia por modesta que sea asociará indefectiblemente con el Partido Acción Nacional.

Ese es precisamente el hecho constitutivo de la lNEQUIDAD reclamada y es precisamente lo que prohíbe el artículo 174 del Código Electoral para el Estado de Yucatán y lo que prohíbe toda la legislación electoral interpretada funcional y sistemáticamente.

Efectivamente, la teleología del artículo 174 del Código Electoral para el Estado de Yucatán, en su párrafo sexto es expresa y dispone que tiene como propósito propiciar condiciones de E Q U I D A D entre los partidos que contienden.

El artículo 41 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es imperativo y expreso y manda que la teleología de la ley electoral garantice que los partidos políticos cuenten de manera E Q U I T A T I V A con elementos para llevar a cabo sus actividades.

Idénticamente, el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos manda que la teleología de la ley local se orientará a garantizar condiciones de E Q U I D A D a los partidos políticos contendientes.

Dichos artículos, el 41 y el 116 de la Constitución Federal, establecen los principios rectores del procedimiento electoral que debidamente interpretados con relación a los mandatos constitucionales que a su vez garantizan la libertad del sufragio y las elecciones democráticas, incontrovertiblemente garantizan que las elecciones deben realizarse en condiciones de EQUIDAD entre partidos con plena neutralidad gubernamental.

En el caso como ya dije, y sus Señorías están apreciando, estamos ante una ELECCIÓN CONTRARIA AL MANDATO CONSTITUCIONAL DE EQUIDAD.

El artículo 116 fracción IV, 41 de nuestra Carta Magna establece que las constituciones y leyes estatales garantizarán que los partidos políticos cuenten de manera EQUITATIVA con elementos para llevar acabo sus actividades. Dicho dispositivo contiene un principio fundamental de la democracia en México: Que la competencia entre ellos sea lo más equitativa posible; esto es que los partidos políticos contiendan dentro de las mismas reglas, con recursos similares o proporcionales y básicamente dentro de los mismos parámetros de competencia.

La intervención intencionada e innegable del gobierno estatal a favor de partido político declarado ganador destruyó cualquier posibilidad de contienda equitativa y generó una contienda absolutamente falta de autenticidad, porque el ganador obtuvo ventajas que se planearon para ser determinantes el día de la elección, en contra del mandato constitucional señalado.

Sí bien es verdad que reiteradamente se afirma que lo que no está prohibido está permitido; para determinar qué está prohibido debe interpretarse la ley y no sólo leerla literalmente o de manera desfragmentada.

Es necesario interpretar las normas sistemática y funcionalmente, así lo ordena la legislación local y la federal.

Las autoridades estatales no pueden, aduciendo que no existe prohibición expresa realizar programas en la víspera de la elección, contraviniendo los fines colectivos de que existan elecciones auténticas, libres y ciertas.

La actuación de la autoridad debe en todo momento atender a no desnaturalizar, impedir, desviar o en cualquier forma alterar la posibilidad de una mejor realización de las tareas que le confía la Constitución como Institución de Orden público y, por tanto, no debió en la elección de Mérida manifestar su presencia y magnificar sus tareas, introduciendo una distorsión en la libertad de los electores para cooptar su voluntad en favor del partido gobernante, porque ello es inequitativo en sí mismo y la equidad es un principio rector de la materia electoral por mandato de nuestra Norma Suprema.

Los diversos actos de proselitismo V E L A D O de que me dolí ante el Tribunal Superior Electoral se encuentran estrechamente vinculados para contribuir a la finalidad común de atraer la simpatía del electorado, el impacto e influencia buscadas que indudablemente tuvo cada acto, NO SE PUEDE NI DEBE VER AISLADAMENTE, sino en la relación recíproca que se da de unos con otros y que afectó el proceso electoral haciéndolo inequitativo.

Resulta innegable que el reparto masivo de materiales en los días previos a la jornada electoral sí tuvo efectos propagandísticos, especialmente si se le relaciona con los demás actos que señale como irregularidades ante el Tribunal Superior Electoral y que se abstuvo de analizar, en clara violación al contenido del artículo 360 del Código Electoral del Estado de Yucatán y a garantía de debido proceso legal y audiencia.

La autoridad ahora responsable dejó de apreciar que lo que vivimos en Mérida,

¡FUE UNA ELECCIÓN ANTIDEMOCRÁTICA Y SU RESULTADO ES ILEGÍTIMO!

Las irregularidades que hemos acreditado impidieron la igualdad de oportunidades entre los contendientes y afectaron la libertad de los electores para decidir.

Las irregularidades que reclamamos mancillaron el proceso, privando de credibilidad al resultado, porque su diseño se formuló con la intención y la certeza de que daría el éxito al partido finalmente ganador, frente a la casi segura derrota de mi representada.

Tal y como ha señalado el destacado estudioso de la materia electoral Germán J. Bidart Campos:

“La legitimidad exige que no exista manipulación alguna de personas ni de documentación habilitante para emitir el voto y que haya control de todos los contendientes acerca del funcionamiento del comicio en todos los momentos de su realización y desarrollo... Todo triunfo de un partido sobre de otro u otros, y acaso también toda predominancia, HAN DE SURGIR DE UNA COMPETENCIA EXCENTA DE MANIOBRAS ESTATALES, lo que equivale a desechar toda colusión... de cualquier partido político con el poder político... (Democracia y Representación, en Tendencias Contemporáneas del Derecho Electoral en el Mundo, LV Legislatura de la H. Cámara de Diputados, UNAM, IFE, TRIFE. México, 1993, página28 y sigs.)”

Cuestiones que tal y como hemos demostrado no se satisfacen en el caso de la elección en Mérida y que, de acuerdo con la más autorizada doctrina, la deslegitiman, porque se ejercieron recursos estatales para manipular el ánimo de los electores; se determinó, en contra de disposiciones expresas del reglamento correspondiente, la elaboración de las boletas electorales SIN LICITACIÓN y por una entidad que no puede ser considerada imparcial, y tal y como se demostró por el evidente extravió y alteración de diversos paquetes electorales no existió el necesario control de parte de las autoridades respecto del funcionamiento de los comicios durante todo su desarrollo y realización. Concluyendo, fue un proceso plagado de maniobras estatales.

Una elección auténticamente democrática y con libertad en el sufragio no podría entenderse con la participación VELADA del Estado disponiendo de recursos públicos para impresionar al elector en la víspera de la decisión que tomará para renovar su gobierno. Ni con la intervención no velada, DESCARADA, del gobierno presionando a las autoridades electorales para orientar sus fallos, como ocurrió con las actitudes amenazantes, probadas en autos, contra los señores Magistrados colegiados en el Tribunal Superior Electoral.

En la materia electoral, incontrovertiblemente, la experiencia enseña, así subyace en el dispositivo expreso del artículo 16 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Y enseña que casi nada de lo que incide en la persuasión al elector para obtener el voto es casual, como no lo fue la derrama que intempestivamente hizo el gobierno estatal y municipal.

Desde nuestro recurso de inconformidad, mediante el desahogo de la prueba técnica ofrecida con la consulta a la página oficial de la Auditoría Superior de la Federación, que la responsable dejó de desahogar y valorar, probamos que el Gobierno del Estado y el Municipal operaban una cantidad importante de dinero del FONDEN.

Y ello se debió confirmar con la prueba técnica consistente en la consulta a la página oficial de la Auditoría Superior de la Federación.

La inequidad, no ocurrió sólo en Mérida, ocurrió en todo Yucatán, sobre todo en las zonas devastadas por el Huracán Isidoro, como ya es del conocimiento de sus Señorías al conocer de diversos juicios de Revisión Constitucional, lo que, como HECHO NOTORIO, invoco como prueba e indicio en este juicio.

Sus Señorías.

A todos debe indignar la circunstancia de que el gobierno deliberadamente haya escatimado el auxilio a los yucatecos para abusar de su necesidad en la víspera de la elección.

Procedemos a poner a su consideración algunas reflexiones respecto a la intervención velada del Estado en auxilio del partido de su extracción para crear condiciones de inequidad y preferencia del electorado.

Con fecha 27 de enero de 1994 las dirigencias de ocho de los nueve partidos políticos nacionales entonces con registro y sus candidatos a la Presidencia de la República suscribieron un "Compromiso por la Paz, la Justicia y la Democracia", dentro de sus acuerdos torales destacaba el de "impedir el uso de recursos y programas públicos a favor de cualquier partido político o campaña electoral."

Este concierto se fundó en el criterio que establece que los órganos del Estado no actúan en tanto titulares de su acervo jurídico propio, sino como entidades de interés público cuyas acciones no son puramente individuales, sino que responden a tutelas de derechos difusos de comunidades indeterminadas o amorfas, y se ejercen en favor de todos los integrantes de cierto grupo, clase o sociedad, que comparten una cierta situación jurídica, como lo son la ciudadanía, en un caso, y los partidos políticos, en otro.

También se fundo en la certeza de que es prerrogativa constitucional de los ciudadanos mexicanos votar en las elecciones populares; éstas deben ser libres, auténticas y periódicas, y el voto universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, quedando prohibido la realización de actos que generen presión o coacción a los electores.

Los partidos políticos, por mandato constitucional, son entidades de interés público que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir en la integración de la representación nacional y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan, mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.

En ese tenor, los actos de autoridad que hacen un uso de recursos y programas públicos a favor de cualquier partido político o campaña electoral violentan la libertad del sufragio y causan molestia legítima al acervo sustantivo de los partidos.

La indebida intervención del Estado en los procesos electorales y el indebido uso de recursos y programas públicos a favor de un partido político, sus candidatos o campañas atenta contra la libertad del sufragio, la equidad en la contienda, los derechos de los partidos políticos, la razón y destino de programas y recursos públicos, y la naturaleza misma del Estado que es de interés público, no particular o partidista.

Y si bien la equidad no es un principio rector en la función estatal de organizar elecciones, es ampliamente admitido que conjuntamente con otros, es precisamente uno de los bienes jurídicos tutelados por las normas electorales que regulan la contienda entre partidos.

También es incontrovertible que la constitución y la ley tutelan la EQUIDAD en la contienda de tal forma que los partidos políticos cuenten de manera equitativa con los elementos para llevar a cabo sus actividades.

Tanto es así que la misma ley fija las reglas de su financiamiento, y las que rigen las campañas, así como la que obliga a los órganos del estado a abstenerse de realizar actos que alteren la competencia.

Igualmente es la propia ley la que imperativamente impone a las autoridades electorales a velar por la autenticidad y efectividad del sufragio, así como por el fortalecimiento del régimen de partidos.

El Acuerdo citado y los fundamentos de su gestación fueron el origen de las reformas legislativas que devendrían en el dispositivo que obliga a suspender las campañas publicitarias de programas y acciones de gobierno días antes de la elección.

Es de reiterarse que el origen y objetivo primordial de este ordenamiento fue "impedir el uso de recursos y programas públicos a favor de cualquier partido político o campaña electoral."

En el caso específico materia del agravio relativo a la utilización indebida de los programas y recursos con cargo al FONDEN es de destacarse que no se está ante programas normales de realización permanente o periódica considerados en los presupuestos anuales gubernamentales, como podrían ser los programas de alfabetización, en el caso de los permanentes, o de vacunación, en tratándose de los periódicos, sino de programas emergentes, derivados de eventualidades ocasionadas por desastres naturales.

Hay normatividad sobre la materia, en la especie, el ACUERDO QUE ESTABLECE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN), publicado en el Diario Oficial de la Federación el viernes 23 de mayo de 2003, define desastre natural como:

Art. 2o.-...

XII. Desastre Natural: el fenómeno o fenómenos naturales concatenados o no, que cuando acaecen en un tiempo y espacios limitados, causan daños severos no previsibles y cuya periodicidad es difícil o imposible de proyectar;

Al FONDEN como

Art. 2°.-...

XV. Fideicomiso Fonden: el fideicomiso creado por el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tiene como propósito administrar recursos federales, para atender los efectos adversos originados por desastres naturales;

A los fideicomisos estatales FONDEN como:

Art. 2o.-...

XVI. Fideicomisos Estatales Fonden: los fideicomisos, constituidos por las entidades federativas para la atención de desastres naturales, cuyo objeto será el pago con cargo a su patrimonio, incluyendo las asignaciones que vía subsidio otorga la Federación a dichas entidades federativas, conforme a las coparticipaciones previstas en las presentes Reglas;

Y como ejecutores de gasto con cargo al FONDEN:

Art. 2°.-...

XVII. Ejecutores de Gasto: las dependencias y entidades paraestatales, entidades federativas, municipios o delegaciones que ejercen, administran o instruyen la utilización de los recursos del Fonden o del Fideicomiso Fonden en términos de las presentes Reglas;

En lo relativo, es objeto del FONDEN:

Art. 8.-...

IV. Mitigar los daños a las viviendas de la población de bajos ingresos, sin posibilidades de contar con algún tipo de aseguramiento público o privado, afectadas por un desastre natural;

V. Compensar parcialmente las perdidas de ingresos de la población afectada por un desastre natural, generando fuentes transitorias de ingreso,

Art. 9.- La Secretaría con recursos del Fonden o del Fideicomiso Fonden apoyará a las entidades federativas en los términos, requisitos y parámetros previstos en las presentes Reglas, a efecto de atender a la población damnificada y los daños en la infraestructura pública local y/o municipal, así como del Distrito Federal.

Ahora bien, esos recursos federales afectos a la atención de consecuencias adversas generadas por desastres naturales, así como de la población damnificada, demandan una aplicación inmediata y emergente en la que halla su sustento la creación del FONDEN, así como sus reglas de aplicación.

En efecto, los considerandos del ACUERDO consignan:

Que parte fundamental de la eficiencia del Sistema Nacional de Protección Civil se sustenta en la oportunidad con la cual puedan atenderse las necesidades de la población ante la eventualidad de un desastre natural, a través de acciones que reduzcan o eliminen la pérdida de vidas, la afectación de la planta productiva, la destrucción de bienes materiales, el daño a la naturaleza, así como la interrupción a las funciones esenciales de la sociedad;

Que ha sido un constante reclamo tanto de la sociedad como de las autoridades involucradas con la ejecución de los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), establecer un marco jurídico operativo que permita actuar con la debida oportunidad ante los estragos que ocasionan los fenómenos perturbadores;

…

Que para coadyuvar con el desarrollo más expedito de obras y acciones correspondientes a las entidades federativas y municipios para atender los embates de un desastre natural, se ha estimado necesario prever en estas Reglas de Operación de manera expresa, la posibilidad de otorgar anticipos con cargo al Fideicomiso Fonden tomando como base el Dictamen de Cuantificación y Evaluación de los Daños que realicen los Comités de Evaluación de Daños, lo cual permitirá iniciar a la brevedad las acciones de atención a la población damnificada, así como los trabajos de reconstrucción de la infraestructura afectada, hemos tenido a bien expedir el siguiente:

Inmediatez, oportunidad y desarrollo expedito de obras y acciones correspondientes son las condiciones que deben acompañar el ejercicio de los recursos del FONDEN.

Las consideraciones que motivan la existencia del FONDEN y condicionan su ejercicio formalmente son:

1. "Iniciar a la brevedad las acciones de atención a la población damnificada";

2. "Desarrollo expedito de obras y acciones correspondientes" y;

3. "Actuar con la debida oportunidad"

Es evidente que los recursos del FONDEN, por su naturaleza no son de los que podemos calificar de normales de realización permanente o periódica considerados en los presupuestos anuales gubernamentales.

Por el contrario, es obvio que se trata de recursos de carácter emergente, su ejercicio debe atender a las condicionantes de inmediatez, desarrollo expedito de obras y acciones, y oportunidad.

Y si el desastre natural denominado Isidoro acaeció el 22 de septiembre de 2002, las acciones de los programas con cargo al FONDEN debieron iniciarse a la brevedad, desarrollarse de la manera "más expedita" y con la oportunidad de poder atender a la población damnificada.

¡En Mérida, ese no fue el caso!

Ni aún ahora es el caso.

Las acciones del FONDEN, se desarrollaron de manera febril y masiva hasta la víspera de las elecciones, habiendo dado inicio hace apenas dos o tres meses, justo antes de la jornada electoral.

Lo anterior es así tal y como consta en autos y como aún lo puede constatar cualquiera que recorra las comisarías y subcomisarías de Mérida

Y también podrá confirmar el "Uso de recursos y programas públicos a favor del Partido Acción Nacional y de su candidato."

No puede dejar de apreciarse que a diferencia de los particulares el Estado está obligado a hacer aquello a lo que la ley expresamente le manda y hacerlo en los términos en que la misma lo dispone,

Y que en el caso, la norma manda que el uso de los recursos del FONDEN esté afecto a la finalidad de atender los daños ocasionados por desastres naturales bajo las condiciones de inmediatez, oportunidad y celeridad.

Al no cumplirse ni finalidad ni condiciones del FONDEN, el Estado fue omiso en el cumplimiento de sus obligaciones, tanto por lo que corresponde a las de hacer, en este caso las impuestas por las Reglas de Operación del FONDEN, como por las de omisión que le impone la legislación electoral.

Ciertamente, la materia del conocimiento de las autoridades electorales no es valorar el comportamiento de las autoridades a la luz de diversas normas, sino restringir su análisis a la materia electoral.

Esa precisamente es la valoración que respetuosamente pedimos.

En efecto la ausencia de neutralidad gubernamental en beneficio de Acción Nacional compete a ese Honorable Tribunal juzgarla por cuanto a sus efectos en la contienda electoral para Regidores, como competía juzgarla al Tribunal Superior Electoral que en la especie debió considerar el incumplimiento del gobierno estatal y municipal a su obligación impuesta por el Código Electoral del Estado de Yucatán que, en su artículo 13 que prohíbe los actos que generen presión o coacción a los electores, coacción y presión que ejerció el Estado con el uso indebido y a destiempo de los recursos y programas del FONDEN.

Indebidamente el partido contrario a mi representada alega que lo que la ley estipula es la suspensión de campañas publicitarias y propaganda, no así el ejercicio de los programas gubernamentales, pero ello atiende a programas normales, permanentes o periódicos, o bien a los derivados de emergencias acaecidas o de riesgos previsibles, JAMÁS A PROGRAMAS URGENTES, COMO EL DE APOYO A DAMNIFICADOS POR UNA DESGRACIA NATURAL ACAECIDA HACE DOS AÑOS.

Ciertamente.

En el caso que nos ocupa no estamos ante programas normales, sino emergentes con la salvedad que la emergencia acaeció en septiembre del 2002, y me representada no alega que debieron suspenderse las acciones de dichos programas, SINO QUE SU REALIZACIÓN FUE INTENCIONALMENTE DESFASADA EN TIEMPO PARA HACERLA COINCIDIR CON EL PROCESO ELECTORAL.

Y que dicho desfase fue deliberado con el ánimo de orientar la percepción que el elector tiene de su gobierno justamente en la víspera de la elección de un nuevo gobierno.

No es pues la suspensión o no del ejercicio de estos programas durante los días previos a la jornada electoral lo que se discute, sino el deliberado retraso para darle a los mismos una finalidad electoral que violenta la libertad del sufragio.

El operativo de Estado rompe con la equidad que la ley impone a la contienda, desnaturaliza el ejercicio de dichos programas y uso de dichos recursos, y, finalmente, quebranta la imparcialidad a que están obligados los órganos del Estado.

En este orden de ideas, no sólo estamos ante el uso indebido de programas y recursos gubernamentales a favor de un partido político y sus candidatos, SINO ANTE UN FRAUDE A LA LEY.

El gobierno y su partido alegan que suspendieron campañas PUBLICITARAS, pero reconocen la distribución de materiales, eso equivale a hacer lo que la ley literalmente dice, pero no lo que la ley expresamente manda.

Además entraña una confesión expresa de la parte contraria quién en sus comparecencias de tercero es reiterativa en cuestionar nuestras demandas señalando que no probamos nuestro dicho. En vez de negar las imputaciones que le formulamos al Partido Acción Nacional y al gobierno.

Ciertamente, una lectura cuidadosa del tercero compareciente evidencia que no negó las afirmaciones de que su partido aprovechó la derrama económica del gobierno con recursos del FONDEN, lisa y llanamente pretende que la coalición actora tuvo incapacidad para probar sus afirmaciones, conducta procesal que sus Señorías solicito consideren.

En cuanto al fraude a la ley:

En efecto, el Código Electoral del Estado de Yucatán establece:

Artículo 174.-...

Con el objeto de propiciar condiciones de equidad en las campañas electorales, durante los treinta días previos al de las elecciones locales, el Gobernador del Estado, los Presidentes Municipales, así como las autoridades y funcionarios, titulares de dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y de los Ayuntamientos, respectivamente, deberán suspender las campañas publicitarias de todos aquellos programas y acciones gubernamentales cuya difusión no sea necesaria, o de pública utilidad para su eficaz instrumentación o para el logro de sus objetivos.

Lo anterior, no deberá entenderse aplicable a los programas de asistencia social o ayuda a la comunidad derivados de emergencias sociales o programas de seguridad civil por la eventualidad o presencia de condiciones de riesgo a la población.

Igualmente, dichas autoridades y funcionarios deberán retirar toda propaganda relacionada con campañas de imagen y de difusión de programas y acciones gubernamentales, treinta días antes de las elecciones, con las excepciones señaladas en el párrafo anterior.

El propósito del legislador sobre el particular es expreso e incontrovertible: "propiciar condiciones de equidad en las campañas electorales", siendo, a su vez, la razón de éstas, las campañas, la obtención del voto.

Así, para que en el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos registrados con miras a obtener el voto imperen condiciones de equidad, la ley obliga a "el Gobernador del Estado, los Presidentes Municipales, así como las autoridades y funcionarios, titulares de dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y de los Ayuntamientos, respectivamente,” a "suspender las campañas publicitarias de todos aquellos programas y acciones gubernamentales cuya difusión no sea necesaria, o de pública utilidad para su eficaz instrumentación o para el logro de sus objetivos”.

La propia ley fija la excepción en caso de programas de asistencia social o ayuda a la comunidad derivados de emergencias sociales o programas de seguridad civil por la eventualidad o presencia de condiciones de riesgo a la población.

Atendiendo al caso del FONDEN, conviene empezar por señalar que no encuadra en la excepción arriba señalada, habida cuenta que si bien sí se está ante programas de asistencia social o ayuda a la comunidad, éstos no derivan de emergencias sociales inmediatas o cercanas, al menos no a veinte meses de distancia del Huracán Isidoro, motivo de los mismos, y menos ante programas de seguridad social por la eventualidad o presencia de un riesgo a la población, ya que las condiciones de riesgo a que se refiere el supuesto se presentaron en las semanas y meses posteriores al desastre natural antes mencionado y no a casi dos años de distancia.

Como ya dije, en el caso del FONDEN estamos, ante un crimen de lesa humanidad, ante un fraude a la ley por parte de los gobiernos federal, estatal y municipal, quienes aducen que lo que la ley les prohíbe es hacer campañas publicitarias y a lo que les obliga es a “retirar toda propaganda relacionada con campañas de imagen y de difusión de programas y acciones gubernamentales” treinta días antes al de la jornada electoral.

Y si bien podría ser cierto que no se hizo propaganda “del” FONDEN 30 días antes de la jornada electoral, es un hecho que se hizo propaganda “con” el FONDEN semanas antes de la elección, durante la jornada electoral.

Nos explicaremos:

La determinación de un elector respecto al partido político que llevará a gobernarlo, no sólo depende del convencimiento a favor o en contra de los objetivos que cada partido le propone.

Influyen también en esa determinación los incentivos positivos y los de disuasión negativa del acto mismo de participar.

El compromiso de cada individuo en la acción depende de sus previsiones de que la acción colectiva vaya a ser eficaz para el objetivo que se propone y de la probabilidad de sufrir represalias o perjuicios por haber participado en la misma, es decir, influye en ella la expectativa y el miedo.

Y las expectativas y probabilidades individuales dependen, también, en gran medida de lo que hagan los demás, así ciertas actividades son autosuficientes a partir de cierto nivel mínimo o masa crítica que provoca una reacción en cadena o fenómeno de decantamiento que, atenuando, por miedo o cálculo clientelar, la firmeza de las convicciones o la consistencia de las simpatías hacia algún referente partidista o candidato arrastra o “decanta” al elector hacia una participación condicionada y no libre de su voto.

Estos incentivos positivos o disuasivos pueden ser de diferente naturaleza. Unos, los más obvios, son los mensajes discursivos y de imágenes, pero otros son mecanismos de persuasión que se perfeccionan en actos cuyo mensaje son los propios actos.

La propaganda es un término que se refiere a las técnicas de persuasión de masas que caracteriza a la sociedad postindustrial.

El término halla su primera documentación en 1662 cuando el Papa Gregorio XV estableció la Sacra Congregación de Propaganda de la Fe. En aquello tiempos la Iglesia Católica Romana se hallaba inmersa en luchas religiosas para establecer la fe por el uso de las armas, Gregorio XV, convencido de las débiles expectativas de su esfuerzo guerrero, estableció la "propaganda papal" con el fin de coordinar esfuerzos para atraer a hombres y mujeres de manera voluntaria a la doctrina de su fe. No obstante, es hasta principios del siglo XX que sus tácticas de persuasión de utilizan durante la Primera Guerra Mundial, desde entonces el término envuelve el concepto de “sugestión o influencia masiva a través de la manipulación de símbolos y de la psicología del individuo.”

Así, en éste orden de ideas, por propaganda se entiende como la comunicación de un punto de vista con el fin último de atraer voluntariamente al receptor a aceptarlo como suyo propio.

La finalidad de la propaganda no es informar o ilustrar al receptor individualmente considerado para que arribe por sí mismo a una conclusión, sino de moverlo inmerso en comportamientos masivos e irreflexivos hacia un determinado e incontrovertible punto de vista.

La propaganda utiliza un método peripatético o indirecto de persuasión que aprovecha, cuando no crea, las limitadas capacidades de procesamiento de conocimientos y razonamientos del receptor.

La característica de la propaganda moderna radica en dificultarle al receptor la posibilidad de pensar y razonar profundamente sobre asuntos importantes y decisiones, así el dilema esencial de la democracia es el valor de la persuasión de la propaganda.

En teoría, la libertad de expresión y discusión, así como el intercambio de ideas deben llevar al ciudadano a una abierta, transparente y mejor toma de decisiones, pero en la práctica éste no participa enteramente en la discusión, cuando la hay, y en lugar de pensar cuidadosamente y escrutar debidamente el mensaje se ve arrastrado, manipulado, por los mecanismos de persuasión de la propaganda que se sustentan en la limitación de las facultades de raciocinio de éste.

Por eso es más fértil y rentable políticamente hablando dirigir la propaganda a los círculos social y culturalmente deprimidos, como acontece con las personas damnificadas con el Huracán Isidoro.

Si bien es cierto que el Código Electoral del Estado de Yucatán entiende por propaganda electoral:

Art. 166.-...

"... el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas."

Ello no es un concepto limitativo o restrictivo ya que si bien el concepto es una descripción legal acotada al ámbito electoral, ello no es óbice para afirmar que existen diversos y más sofisticados mecanismos de persuasión como los descritos con antelación.

Ya señalé que el artículo 174 del Código Electoral para el Estado de Yucatán se refiere a "campañas publicitarias de todos aquellos programas y acciones gubernamentales", así como de "propaganda relacionada con campañas de imagen y de difusión de programas y acciones gubernamentales". En el primer caso, estamos ante la propaganda electoral que producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas; en el segundo de cara publicidad y propaganda producida y difundida por el gobierno para presentar a la población sus programas y acciones, y, a través de ello, convencerla y movilizarla favorablemente en torno al desempeño de su gestión.

No debe pasar desapercibido para el juzgador que el argumento argüido por el gobierno en el sentido de que está obligado a informar de sus programas y acciones a la población, es una justificación que oculta su verdadero ánimo consistente en asociar comunicación con persuasión asociada con el partido de su extracción.

Efectivamente, la comunicación del gobierno en la forma en que ocurrió no se limita a la simple acción de informar se relacionan entre sí: se informa a través de la comunicación e informar es persuadir; recíprocamente, una persona persuadida lo es informada. Información y persuasión se concatenan y retroalimentan, y sólo llegan a ser efectivas a través de alguna forma de comunicación.

Por publicidad se entiende todas aquellas actividades que impliquen la presentación de un mensaje patrocinado, verbal o visual, impersonal, y relacionado con un producto, servicio, o idea a un grupo.

Este mensaje, llamado anuncio, se distribuye a través de uno o más medios y es pagado por un patrocinador identificado.

Hay una diferencia entre publicidad y anuncio: el anuncio es el mensaje, en tanto que la publicidad es un proceso, un programa o una serie de actividades necesarias para preparar el mensaje y llevarlo al mercado meta.

Otro punto importante es que el público sabe quién paga la publicidad, ya que el patrocinador está ampliamente identificado en el anuncio (mensaje) y paga a los medios que lo transmiten.

Existen diversos tipos de publicidad, entre los que destaca la publicidad Institucional, por ésta se entiende aquella realizada para crear en el receptor una actitud adecuada hacia el anunciante, su objetivo primordial es generar hacía él la buena voluntad del receptor, más que venderle a éste un servicio o un producto específico.

Las campañas publicitarias de imagen y de difusión de programas y acciones gubernamentales a que se refiere el artículo 174 del Código en cita, se refieren a este tipo de publicidad institucional.

Ahora bien, el Código Electoral para el Estado de Yucatán, distingue entre propaganda electoral, de los partidos y con finalidad electoral, de la gubernamental, del gobierno con relación a sus programas y actividades.

No obstante, sabedor que ésta última puede alterar las condiciones de equidad en la contienda la proscribe durante los treinta días previos a la elección. Ello en virtud de que las elecciones son precisamente para renovar a los órganos de gobierno y en la decisión del elector pesa indefectiblemente el desempeño del gobierno en turno.

En este tenor, el gobierno puede desvirtuar la naturaleza de su publicidad institucional y transmutarla en propaganda electoral velada o enmascarada en beneficio del partido de su extracción.

El propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido que:

"La experiencia común tiene demostrado, en los términos de lo dispuesto por el artículo 16 de la ley General del Sistema de medios de Impugnación en materia Electoral, que la propaganda electoral de los tiempos actuales es producto de una planificación y programación que realizan equipos especializados en cada partido político, de donde resulta que todos los actos se encuentran estrechamente vinculados para contribuir a la finalidad común de atraer la simpatía del electorado mediante un conjunto de actos de proselitismo; de manera que el impacto o influencia que pueda tener cada uno de sus actos, no se puede ni debe ver aisladamente, sino en la relación recíproca que se da de unos con otros." (SUP-RAP-038/99, SUP-RAP-041/99 Y SUP-RAP-043/99)

Lo que pretende la norma es que las campañas publicitarias de los programas y acciones de gobierno no formen parte de ese "conjunto de actos de proselitismo" y que la propaganda electoral de los partidos y la institucional del gobierno no sean reciprocas una con otra.

El dispositivo de prohibir campañas publicitarias y "retirar propaganda" de programas de gobierno se encuadra en el propósito de propiciar condiciones de equidad, éstas en el caso de la elección de Regidores en Mérida fueron rotas habida cuenta que, si bien no se hizo publicidad de los programas del FONDEN, las acciones de los programas con recursos del mismo, sin que hubiese un desastre natural cercano que las justificase, constituyeron en sí mismas propaganda a favor del partido en el gobierno y sus candidatos.

Es cierto que no hubo mensajes discursivos y de imágenes que hicieran referencia en los medios masivos de comunicación a las acciones del FONDEN, pero el hecho de repartir masivamente y depositar en la vía pública cientos de miles de dotaciones de materiales de construcción, que no fueron introducidos al interior de los predios propiedad de sus beneficiarios, sino dejados en plena vía pública a la vista de cualquier transeúnte, es en sí mismo un acto de propaganda, un mensaje y un acto de persuasión, más aún cuando se hizo con un desfasamiento en tiempo que no tiene justificación y violenta el objetivo y los condicionantes del FONDEN.

Así, se válido afirmar:

¡¡SI NO SE REALIZÓ PROPAGANDA DEL FONDEN, SÍ SE REALIZÓ PROPANGANDA CON EL FONDEN!!

Dicha propaganda es visible hoy día en la mayoría de las calles de las comisarías y subcomisarías de Mérida tal y como lo comprobó la responsable según se aprecia en la resolución combatida y en el voto particular que la integra.

El mensaje es que los gobiernos federal, estatal y municipal están repartiendo ahora materiales de construcción a favor de los damnificados del Isidoro dentro del Programa de Reconstrucción de Vivienda;

La manipulación de símbolos y de la psicología del individuo es el reparto masivo de esos materiales antes de la elección, y su depósito en la vía pública, a la vista de todos, sin introducirlos a los predios de los beneficiarios;

Los símbolos utilizados son los propios materiales de construcción;

La persuasión es la entrega parcial de los mismos y su condicionamiento a recibir el faltante, así como el apoyo para su construcción después de la elección;

La expectativa o miedo el no recibir el resto de los apoyos si el voto no favorecía a los candidatos de Acción Nacional;

El fenómeno de decantamiento la atenuación de la libertad del voto en pos de obtener el beneficio condicionado.

Hubo, pues, a través del reparto de materiales un esfuerzo planificado por parte de las autoridades federal, estatal y municipal para influir sobre la opinión y actitud de los ciudadanos en torno al desempeño del gobierno días antes de la elección de que éstos determinasen en las urnas, en los términos del artículo 140 del Código Electoral del Estado de Yucatán, la renovación del ayuntamiento de Mérida con la intención de coaccionar el voto a favor del partido de su extracción, así como de sus candidatos.

En ese tenor, no sólo hubo un uso indebido de programas y recursos del Estado en perjuicio de la libertad del sufragio y la equidad en la contienda, sino que también faltó al utilizar los programas emergentes del FONDEN como propaganda gubernamental-electoral durante los 30 días anteriores a la elección.

Finalmente, a este respecto es aplicable la teoría del "levantamiento del velo de la persona jurídica" a la luz del artículo 2o de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al tenor de lo consignado en mi Recurso de Reconsideración a fojas 360 a 362 que, a efecto de evitar repeticiones innecesarias, solicito se tenga por reproducido como si a la letra se insertase para todos los efectos legales a que haya lugar, habida cuenta que por tratarse de una conducta irregular e ilícita se vela o enmascara bajo apariencias de licitud al amparo del retrasado cumplimiento de los programas emergentes para atender el desastre natural causado por el Huracán Isidoro. Tras este velo se esconden las irregularidades cometidas por los órganos del poder Ejecutivo estatal en violación de los principios rectores de la función electoral.

A este respecto es aplicable la teoría del "levantamiento del velo de la persona jurídica" a la luz del artículo 2o de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al tenor de lo consignado en mi Recurso de Reconsideración a fojas 360 a 362 que, a efecto de evitar repeticiones innecesarias, solicito se tenga por reproducido como si a la letra se insertase para todos los efectos legales a que haya lugar, habida cuenta que por tratarse de una conducta irregular e ilícita se vela o enmascara bajo apariencias de licitud al amparo del retrasado cumplimiento de los programas emergentes para atender el desastre natural causado por el Huracán Isidoro. Tras este velo se esconden las irregularidades cometidas por los órganos del poder Ejecutivo estatal en violación de los principios rectores de la función electoral.

Para los efectos a que halla lugar, y por cuanto hasta aquí he expresado reitero que señalo como dispositivos constitucionales violados, el artículo 1, 14, 16, 17, 35 fracción I, 39, 40 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para perfeccionar el presente agravio, sus Señorías, al valorar el caudal probatorio, podrán apreciar que existen datos que evidencian el operativo de estado descrito con cargo a los recursos del FONDEN, lo que al haber sido soslayado por la autoridad reclamado actualizó en agravio de nuestra representada la violación a las garantías de seguridad jurídica, de legalidad, específicamente de debido proceso legal, de debida valoración de pruebas, de justicia completa, y de audiencia ya que la dejó inaudita e indefensa ante la convalidación de la infamia.

La acreditación de la intervención del Estado y Municipio en la forma denunciada, será materia de los siguientes hechos y agravios.

Relativo a este mismo agravio de violación al principio de justicia completa exhaustividad e incongruencia con las peticiones de las partes, nuestra representada se duele de que A NINGUNA FOJA de la resolución que reclamamos la resolutora menciona, atiende, analiza, valora o resuelve en torno a agravios enderezados por mi representada y que en su perjuicio omite en lo particular y omite en considerarlos todos de manera concatenada y conjunta.

A saber:

a) La acreditada, como reconocida en autos, indebida adjudicación directa y sin licitación de la elaboración de las boletas electorales a Talleres Gráficos de la Nación, en contra de disposición expresa del Reglamento de Adquisiciones y Arrendamientos de Bienes Muebles y Contratación de Servicios del Instituto Electoral del Estado de Yucatán. Adjudicación que puso en manos de un funcionario público federal, que dedica sus días a congraciarse con el Partido Acción Nacional en busca de alguna posible postulación, la elaboración y control de las boletas electorales de la elección en Mérida, mismas cuyo número impreso no se pudo constatar porque las autoridades electorales, por primera vez en la historia, NO PERMITIERON QUE SE SELLARAN O FIMARAN LAS MISMAS y, por tanto, no hubo certeza acerca del total de las mismas. A fojas 363 del Recurso de Reconsideración.

b) Las acreditadas y reconocidas, tanto en autos como en acta de sesión de computo municipal de fecha 19 de mayo del 2004, diversas irregularidades imputables a la autoridad electoral. Esa sala Superior podrá constatar que existen elementos no solamente suficientes, sino sobrados, para estimar que se está frente a irregularidades graves que los Tribunales A quo y Ad quem se rehusaron a ver y valorar. En ella consta lo irregular del hacer de la autoridad electoral que, de manera orquestada y sistemática, señalaba frente a cada irregularidad alegada el derecho que asistía a Alianza Ciudadana de impugnarla ante el Tribunal Electoral, en vez de cumplir su deber y, o aclarar las irregularidades alegadas, o proceder a denunciarlas ante autoridad competente. A fojas 363 del Recurso de Reconsideración.

c) La constancia en autos que, sin facultad legal, en la sesión de computo municipal se acordó computar en cero los paquetes substraídos del resguardo del Consejo Electoral Municipal, cuestión que por sí misma es muy grave y priva de certeza al proceso electoral. Es de detacarse que no es lo mismo asentar que falta un paquete electoral, a convalidar tal hecho y legitimarlo acordando computarlo en cero; toda vez que ello encubre el hecho y demuestra el hacer ilícito de la autoridad que así lo determinó. A fojas 364 del recurso de Reconsideración.

d) La constancia en autos del Informe de la Auditoría Superior de la Federación, en Auditoría practicada a los responsables de la aplicación de recursos del FONDEN, por la que identificó irregularidades por el desfasamiento en el cumplimiento de sus metas, por manipulación del padrón de beneficiarios, misma que evidencia su orientación electorera, y por irregularidades en los procesos de licitación, adjudicación, contratación, supervisión y evaluación de los recursos del mismo Fondo, información pública y accesible en http://www.asf.qob.mx/asf.htm. A fojas 364 del Recurso de Reconsideración.

e) La constancia en autos de la publicación y difusión de una encuesta, dentro de los ocho días previos al día de la jornada electoral en el portal de internet del candidato a Presidente Municipal del Partido Acción Nacional. Al respecto es aplicable el criterio de esa Sala Superior sostenido en SUP-JRC-106/2003 Y ACUMULADO, al siguiente tenor:

"Internet es un sistema electrónico de información que funciona como una red, a través de la cual se permite acceder y compartir información de cualquier índole. Por regla general, la información que se incorpora a ese sistema de red informática es de acceso permanente, mientras no sea modificada o retirada. "Ese medio de comunicación, dadas sus características, constituye un instrumento por medio del cual puede difundirse propaganda electoral por parte de los partidos políticos, candidatos o simpatizantes, al cual puede tener acceso cualquier ciudadano a través del equipo tecnológico necesario para ello. "En esas condiciones, siendo internet un medio a través del cual se puede difundir propaganda electoral, la publicación que en él se realice de ese tipo de información debe estar sujeta también a la regulación y restricción, que al efecto se prevé en el Código Electoral del Estado de México y, por tanto, le es aplicable lo previsto en el artículo 159, segundo párrafo, del referido ordenamiento, conforme al cual la propaganda electoral no debe ser difundida durante los tres días previos y el de la jornada electoral.

El artículo 174, en su párrafo cuarto, dispone:

Art. 174.-...

Durante los quince días previos a la elección y hasta la hora del cierre oficial de las casillas, queda prohibido publicar o difundir pgr cualquier medio, los resultados de encuestas o sondeos de opinión que tengan por objeto dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos.

Dispositivo violado por el candidato y partido de referente Acción Nacional como obra en autos. A fojas 368 del Recurso de Reconsideración.

f) La constancia en autos de la utilización de recursos humanos y materiales de diversas dependencias de los gobiernos estatal y municipal. A fojas 368 del Recurso de Reconsideración.

g) La constancia en autos de la destrucción sistemática y reiterada de la propaganda de la Coalición Alianza Ciudadana con el consentimiento y protección de elementos de la Secretaría de Protección y Vialidad, acreditándose, en esto también, la intervención del estado. Irregularidad consignada en copia certificada del Acta de Sesión del III Consejo Distrital Electoral de fecha 5 de mayo de 2004, así como en copia certificada de la denuncia penal de hechos correspondiente. A fojas 368 y 369 del Recurso de Reconsideración.

h) La constancia en autos de la intimidación de candidatos de Alianza Ciudadana, así como de funcionarios públicos simpatizantes de ella. A fojas 369 del Recurso de Reconsideración.

i) La constancia en autos de discriminación, hostigamiento y persecución de ciudadanos simpatizantes de Alianza Ciudadana, como el ejemplo consignado del C. Lic. Didier Roger Ortiz Alonso. A fojas 369 del Recurso de Reconsideración.

j) La constancia en autos del dispositivo de inducción y coacción del voto ciudadano el día de la jornada electoral, operado a través de la red telefónica celular. A fojas 370 y 371 del Recurso de Reconsideración.

k) La constancia en autos de la actitud parcial de la autoridad electoral estatal y municipal, consistente en:

k. 1.- Abstenerse de revisar el listado nominal de electores.

k.2.- Abstenerse de identificar las mutilaciones de que fue objeto el Listado Nominal de Electores en todo el Estado y, particularmente, en Mérida.

k.3.- Abstenerse de identificar las duplicidades de que fue objeto el Listado Nominal de Electores en todo el Estado y, particularmente, en Mérida.

k.4.- Consentir la recepción de material electoral irregular y utilizarlo para la realización de la elección.

k.5.- Abstenerse de licitar la fabricación de las boletas electorales.

k.6.- Abstenerse de supervisar la fabricación de las boletas electorales a cargo de los Talleres Gráficos de la Nación, sabedor que dichos talleres están a cargo de una autoridad cuyo titular públicamente se ostenta como militante y activista para el Partido Acción Nacional.

k.7.- Abstenerse de realizar los actos que fueren necesarios para garantizar que los materiales electorales fueren lo suficientemente útiles para operar una elección imparcial objetiva, equitativa, certera y legal.

k.8.- Consentir el exceso en los gastos de campaña utilizados por Acción Nacional.

k.9.- Tolerar la participación de las autoridades estatales y municipales en actos de proselitismo a favor de Acción Nacional, como fue la entrega de beneficios materiales y dinero con cargo a programas federales.

k.10.- Abstenerse de insacular debidamente a los funcionarios de casilla, de notificarlos y, sustantivamente, de capacitarlos. Esta omisión, fue deliberada y preparatoria de las irregularidades que fraguaba en coordinación con los representantes del Partido Acción Nacional para, entre otras cosas, evitar que se evidenciara documentalmente las bajas ilegales operadas en el padrón.

k.11.- Propiciar una elección inequitativa y desleal.

k.12.- Negarse reiteradamente a denunciar irregularidades presuntamente constitutivas de delitos electorales.

k.13.- Abstenerse de sancionar al Partido Acción Nacional y sus candidatos con motivo de la violación al articulo 174 por la publicación en tiempos prohibidos de encuestas electorales.

Además, es un hecho notorio de esa Sala Superior que el Consejo Estatal Electoral, por resolución firme del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, estaba impedida para actuar en el proceso electoral de mayo del año 2004, y si bien es cierto que finalmente y de manera insólita obtuvo una autorización judicial para ejercer en este proceso, no es óbice, y antes bien es causa, para que en conciencia guardaran resentimiento y animadversión contra del Partido Revolucionario Institucional, integrante de Alianza Ciudadana, que permanente e insistentemente se ha dolido de la arbitrariedad y parcialidad con que se conduce y que, como he acreditado, prevalece en su desempeño en esta elección.

No pasara desapercibido de esa Sala Superior que la autoridad electoral municipal obedeció instrucciones de un Consejo Estatal que desde sus orígenes alineo contra una de las partes contendientes y no como arbitro imparcial en ejercicio de una función de estado. A fojas 372 a 374 del recurso de Reconsideración.

l) La constancia en autos por cuanto hace a la autoridad A quo, en lo relativo a:

l.1.- Abstenerse de dictar una sentencia exhaustiva.

l.2.- Abstenerse de dictar una sentencia debida en la que tuviera como premisas ciertas los hechos incontrovertibles probados en autos.

l.3.- Abstenerse de desahogar las probanzas que, conforme a su obligación, debió desahogar para conocer la verdad histórica denunciada.

l.4.- Abstenerse de garantizar que el proceso electoral cuya validez calificaba fuera auténticamente democrática, legal y debida.

l.5.- Abstenerse de impartir justicia a la agraviada que represento.

l.6.- Pasar por inadvertidas las inmensas arbitrariedades de la autoridad gubernamental.

l.7.- Abstenerse de realizar los actos que fueren necesarios para garantizar que los materiales electorales fueren lo suficientemente útiles para operar una elección imparcial, objetiva, equitativa, certera y legal.

l.8.- Abstenerse de entregar a nuestra representada una copia de la sentencia combatida, misma que en sus contenidos conoció nuestra representada hasta las 12 horas con 55 minutos del día 6 de junio, es decir del día posterior al día en que se dictó. Con la indebida obstrucción con la que se nos impidió conocer el sentido de la resolución nuestra representada perdió la cuarta parte del tiempo que tenía para estudiar y preparar su defensa causándonos, un agravio deliberado con el que afectó nuestra capacidad de defensa, lo que no se justifica sino con la actitud deliberada de dificultar la defensa.

Todo lo anteriormente listado está visible a fojas 274 y 275 del Recurso de Reconsideración y que, a efecto de repeticiones innecesarias, solicito se tengan todos y cada uno de los agravios arriba relacionados se tengan por reproducidos como si a la letra se insertasen para todos los efectos legales a que haya lugar.

Como de la lectura de la resolución impugnada se desprende, ninguno de estos agravios hechos valer fueron considerados por la resolutora faltando a los principios procesales de congruencia y exhaustividad a que está obligada para cumplir con el mandato constitucional de justicia completa e imparcial que exige nuestra Carta Magna y transgrediendo el texto del artículo 360 del Código Electoral del Estado de Yucatán que le obliga a realizar y expresar el “análisis” de los agravios señalados, sin que así lo haya hecho. No obstante que estos agravios, concatenados con los agravios relativos a:

28 399 Boletas de las que no se tiene certeza y que bajo la apariencia de un registro defectuoso en actas y 'por goteo' llegan hasta esa suma.

6 367 Boletas de paquetes electorales que 'se perdieron' en lugar de computarse y que el Consejo Electoral 'acordó' no computar.

4 518 Boletas desaparecidas y que es de presumirse que se manipularon para lograr resultados que las encuestas demuestran eran impensables a favor del PAN.

6 202 Electores desaparecidos del padrón electoral a partir de un análisis aleatorio del mismo y que nos permite afirmar que existe un número muy superior y que fácilmente se acreditaría con un análisis no aleatorio, si no detallado y total del padrón. 515 de ellos que está demostrado que no pudieron votar y que se documentaron en un formato legalmente previsto y cuya cifra no es superior en virtud de que la autoridad electoral dio instrucciones para que no se documentaran.

4 968 Registros alterados en el padrón electoral y que están demostrados a partir de un análisis aleatorio del mismo y que nos permite afirmar que existe un número muy superior y que fácilmente se acreditaría con un análisis no aleatorio, si no detallado y total del padrón, estando plenamente acreditados éstos a los que me refiero y Usías pueden constar en lo listados que obran en autos, como existen registros dobles con diferente fotografía, sin fotografía, con alteraciones en un dígito de la clave etc.

EN TOTAL: 50 494 errores, unos en boletas y otros en registros, y que son determinantes para el resultado de la elección, por la manifiesta orientación con que se realizaron y que desde luego está acreditada a partir de todos los indicios debida y sobradamente acreditados.

La concatenación de todo ello, repetimos, objetivamente apreciado en su contexto y conjunto permite de manera incontestable arribar a la presunción de una intervención indebida del las autoridades para beneficiar al partido ganador; cuestión que determina la nulidad de los resultados de la elección impugnada, porque las violaciones así acreditadas son sustanciales y atentan contra elementos esenciales del proceso electoral, como son la libertad del sufragio, la imparcialidad de las autoridades, la equidad en la contienda y la certeza, legalidad objetividad y autenticidad del mismo.

2.- En cuanto a la INDEBIDA ADMISIÓN, SUBSTANCIACIÓN Y VALORACIÓN DE PRUEBAS que acreditan la intervención del Estado operando recursos del FONDEN en beneficio del Partido Acción Nacional y en perjuicio de la Coalición Alianza Ciudadana, respetuosamente, les hago saber que como anuncié, la responsable conculca las garantías de seguridad jurídica de nuestra representada al hacer una indebida valoración de pruebas con lo que violenta los derechos que la Constitución Federal le otorgan en sus numerales 1, 14, 16, 17, 35 fracción I, 39, 40, 41, y 116.

Entrando en materia:

Causa agravio a nuestra representada el considerando SEXTO Y SÉPTIMO de la resolución combatida por las siguientes razones.

En ambos numerales considerativos hizo una valoración de algunas de las pruebas de autos y en ambos dicha valoración resultó contraria a la Constitución y al Código Electoral para el Estado de Yucatán.

Consecuentemente, en reparación del agravio, respetuosamente solicito a sus Señorías que subsanen la violación, haciendo nueva y debida valoración de cada probanza a la luz de los principios generales del derecho, de los principios rectores del proceso electoral que impone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y atento al principio de legalidad, bajo las reglas de la debida valoración de pruebas establecidas en los artículos 350 al 353 del Código Electoral para el Estado de Yucatán que, salvo error de apreciación, es literalmente coincidente con los artículos 14 a 16 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral aplicable en el presente juicio.

Y al referirse a ellas, dijo la resolutora:

A.- “Sexto....

...a) Documental Pública consistente en un informe que rinda la Coordinación Estatal del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, que no fue admitida por este Tribunal por cuanto resulta inconducente para acreditar las causales de nulidad aludidas por el impetrante, toda vez que no guarda relación ni conexidad con los hechos esgrimidos en el recurso de reconsideración" (pag 10 de la sentencia)

La inadmisión de ésta probanza contraviene el artículo 349 del Código Electoral para el Estado de Yucatán ya que el desahogo de la probanza ofrecida era pertinente y útil para probar el uso de recursos públicos con cargo al FONDEN justamente en la víspera de la elección.

No es correcto que la probanza fuera inconexa con los hechos esgrimidos ya que de manera reiterada mi representada se dolió del intervencionismo de Estado para impresionar a la ciudadanía con programas asistenciales precisamente en la víspera de la elección.

De haberse desahogado la prueba, se habría probado que el programa registró un notable incremento en el número de personas beneficiadas.

El desechamiento del que conocí hasta la definitiva, causa agravios a mi representada por la indebida consideración Y al referirse a ellas, dijo la resolutora:

Así que al violarse la norma referida concomitantemente se violó el principio de legalidad y debido proceso legal que en materia constitucional garantiza a nuestra representada los artículos 14, 16, 17, 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B.- En la resolución que combato dijo la resolutora

"SEXTO.- La Coalición recurrente a fin de acreditar su dicho ofreció las siguientes pruebas.

b) Documental Pública, consistente en el informe que rinda la Delegación Estatal de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, respecto de los montos de inversión y el número de acciones llevadas a cabo desde el mes de marzo del dos mil cuatro a la fecha de la interposición del recurso, misma que fue admitida con fundamento en los artículos 349, 350 y 353 del Código Electoral del Estado, y acredita los elementos convictivos que se desprenden del informe remitido a este Tribunal, por la aludida Secretaría, al tenor de su contenido" (pág. 10)

.....

"SÉPTIMO. ...

En relación a la documental pública consistente en el Informe que rindió el Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, LAE Xavier Antonio Abreu Sierra, presentado a las trece horas con quince minutos del día trece de junio del año en curso, juntamente con ocho anexos, mediante los cuales envía: Tres cuadros resumen del Programa de Reconstrucción de Vivienda en el Municipio de Mérida, que contiene lo siguiente: a) número de acciones concursadas; b) fecha de entrega a los beneficiarios en el período solicitado; e) (sic) relación de proveedores y constructores para el Municipio de Mérida. En relación al punto número dos solicitado, la Secretaría en cuestión remitió un cuadro síntesis del Programa de Reconstrucción de Vivienda en el Municipio de Mérida, que contiene lo siguiente: a) el número total de personas que se registraron en las mesas de acción social instaladas durante el inicio del programa; b) el número de beneficiarios en la modalidad de daño pérdida total; c) el número de beneficiarios en la modalidad de daño parcial; d) el número de beneficiarios en la modalidad de daños leves; y e) el número de personas no calificadas, por no cumplir con la reglamentación del programa, (foja 39 )”

Complementó diciendo

“En relación al punto número tres instado, la Secretaría remitió los recibos suscritos por los beneficiarios que corresponden a la modalidad de daño pérdida total, pérdida parcial y daños leves, respectivamente, generados desde el mes de marzo del presente año hasta el día dieciséis de mayo del dos mil cuatro. Por lo que se refiere al punto número cuatro, la Secretaría de Desarrollo Social presentó como información adicional, las tablas que indican el número de acciones realizadas desde el mes de marzo del dos mil tres, hasta antes del dieciséis de mayo del año en curso, documental pública que tiene valor al tenor de lo dispuesto por los artículos 349, 350 y 353 del Código de la Materia, y de la que se desprende que, efectivamente en los anexos que al efecto exhibió la Secretaría ya señalada, específicamente en la carpeta intitulada "PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA EL ESTADO DE YUCATÁN" --- DAÑOS TOTALES", se advierte que obran glosadas dos facturas, la primera de ellas emitida por "LOUMAR", S.A. DE C.V., número 048 B, fechada el veintiséis de abril del año dos mil cuatro y la segunda expedida por "Electrificación y Proyecto", S.A. de C.V., número 920, de fecha dieciséis de abril del año en curso, ambos apoyos otorgados en esta ciudad de Mérida; y en la carpeta denominada "PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA EL ESTADO DE YUCATÁN" --- LEVES", aparecen un total de ciento treinta y cinco notas de remisión expedidas por "Recupinter", S. A. de C.V., cuyas fechas se encuentran comprendidas en la última quincena del mes de abril del año en curso, a partir de día dieciséis, emitidas en relación a apoyos otorgadas en Chalmuch (2), Chichi Suárez (17), Cholul (23), Cheumán (1), Dzityá (7), Dzibichaltún (1), Chablekal (20) y Caucel (65).

De lo anterior, resulta que si bien existen indicios de que los apoyos del programa referido, fueron entregados en la última quincena anterior al día de la jornada electoral, ello resulta insuficiente para tener por plenamente probado tal extremo, toda vez que no se acredita la existencia de una gran derrama de dichos apoyos, en relación al número de habitantes que conforman el Municipio, más aún tratándose de esta ciudad de Mérida, que también forma parte del Municipio del mismo nombre, en la cual aparecen solo dos apoyos.”

Las consideraciones de la responsable causan a nuestra mandante agravios por haberse valorado dicha probanza de manera contraria a la ley y sin hacer de dichas prueba la debida adminiculación, atento a las reglas de la sana lógica, recta razón y experiencia actualizando el agravio a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos anunciado.

Diré por qué:

Es falso que el Lic. Xavier Antonio Abreu Sierra hubiese presentado un informe en el que hiciera del conocimiento lo que le requirió la substanciadora.

Verán Ustedes:

En autos de fecha 11 de junio, el Magistrado instructor ordenó:

"...este Tribunal Ad Quem estima pertinente admitir dichos medios de convicción por lo que procede girar atento oficio al Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Yucatán, a efecto de que dentro del término de cuarenta y ocho horas se sirva rendir informe en relación a los apoyos para vivienda del FONDEN otorgados en el Municipio de Mérida, Yucatán, desde el mes de marzo del año en curso, hasta el dieciséis de mayo del mismo año, la lista de beneficiarios al entregarles los materiales de construcción, así como los demás datos que integran el expediente relativo ..." (Auto de fecha 11 de junio)

Y el Señor Xavier Antonio Abreu Sierra RINDIÓ DIVERSA INFORMACIÓN QUE TAMPOCO COINCIDE CON LA INFORMACIÓN QUE ANUNCIÓ QUE REMITIRÍA.

Como ya anuncié al inicio de este ocurso, el señor Xavier Antonio Abreu Sierra, es el Titular de la Secretaría de Desarrollo Social y responsable directo de la operación del FONDEN.

Y obviamente al ser designado directamente por el señor Gobernador Patricio Patrón Laviada, es su operador para éstas tareas y, consecuentemente, es quien opera y suministra los recursos del FONDEN de manera ilícita.

Sus señorías podrán apreciar el burdo engaño de la autoría personal del Señor Xavier Antonio Abreu con el simple análisis y verificación de la información que a continuación comparo en un breve cuadro en el que a simple vista Ustedes apreciarán la burla de que fue objeto el Tribunal resolutor por parte del Señor Secretario de Desarrollo Social.

En el cuadro comparativo sus Señorías podrán apreciar que dicha Secretaría no desahogó el requerimiento exigido, ni entregó lo que dijo que entregó.

LO MÁS IMPORTANTE, NO INFORMÓ EL NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS DURANTE MARZO, ABRIL Y HASTA EL 16 DE MAYO CON RECURSOS DE FONDEN.

Sus Señorías apreciarán que la información exhibida por la Secretaría de Desarrollo Social, no es la requerida por el Tribunal Superior Electoral.

Sus Señorías podrán apreciar la indebida substanciación y el engaño que deliberadamente hizo el señor Xavier Antonio Abreu al Tribunal Superior Electoral responsable en éste juicio.

Efectivamente, con todo comedimiento y respeto, pido a sus Señorías tengan la generosidad de apreciar los anexos exhibidos por el Señor Secretario de Desarrollo Social del Estado y determinar si es cierto o no que incumplió el requerimiento.

Para los efectos a que haya lugar, respetuosamente llamo la atención de sus Señorías, en los siguientes aspectos:

En ninguno de los anexos, se aprecia el número de acciones realizadas por el gobierno del Estado o por el gobierno Municipal con recursos del FONDEN.

En ninguno de los anexos, ni en el informe, se aprecia el monto de recursos erogados con cargo al FONDEN.

Verificado lo anterior, de nueva cuenta y con todo respeto, llamo la atención de sus Señorías respecto al auténtico valor probatorio que tiene el informe y anexos rendido por el señor Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, que debió ser apreciado por la autoridad resolutora.

No obstante que dicho informe no se desahogó en los términos requeridos, la prueba siendo plena por ser documental pública sí es útil para los efectos que interesan en este juicio.

En este sentido:

Es oportuno llamar la atención de sus Señorías sobre los efectos probatorios que conforme a las reglas de la debida valoración de pruebas establecidas en los artículos 350 a 353 del Código Electoral para el Estado de Yucatán y 14 al 16 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, SÍ SE DEDUCEN DEL INFORME RENDIDO por el Secretario de Desarrollo Social.

Antes de precisar los efectos probatorios útiles para este juicio que la resolutora, atento a su deber de exhaustividad, debió apreciar, respetuosamente reitero que se trata de un informe rendido con carácter de documental pública y prueba respecto a los actos de la autoridad informante, que es precisamente el órgano del Estado que opera el FONDEN y, como tal, responsable también del dispositivo de Estado para repartir los materiales de construcción en la víspera de la elección.

Procedo:

1.- En la foja 1075 de autos, correspondiente al informe de la Secretaría de Desarrollo Social, se aprecia el nombre del señor José Luis González Valencia.

Al estar enlistado con otros proveedores de la Secretaría de Desarrollo Social, y señalado como tal, es incontrovertible evidente que dicho sujeto es proveedor de dicha Secretaría.

Esta afirmación es una certeza y como tal debió considerarse por la responsable para adminicularla con diversas pruebas indiciarías que debían valorarse conjuntamente.

Este hallazgo debió ser adminiculado con el informe rendido por la empresa PREDECO S.A. de C.V. que indebidamente fue objeto de una valoración incorrecta de la resolutora quién dijo:

"En relación al informe que rindió la persona moral denominada "PREDECO", S.A. de C.V., el cual se valora al tenor de lo dispuesto por los preceptos 349, 350 último párrafo y 353 del Código Electoral del Estado, dicha documental privada tiene valor probatorio con tal calidad, sin embargo, en nada beneficia los intereses de la Coalición oferente, por cuanto la indicada persona moral informó a este Tribunal que las notas de remisión y la entrega de los materiales de construcción a que aluden las hojas de pedido cuyas copias le fueron remitidas juntamente con el oficio número 28/04, nunca fueron contratados por el Gobierno del Estado, sino por el señor José Luis González Valencia". (foja 37 de autos)

Valoración que notoriamente es incorrecta ya que si PREDECO S.A. de C.V. y el señor José Luis González Valencia son clientes entre sí, como reconoció PREDECO S. A. de C. V.

y

Si éste, a su vez, es proveedor de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado,

¡¡ES INCONTROVERTIBLE QUE PREDECO S.A. DE C.V. ESTABA SIENDO SUBCONTRATADO POR JOSÉ LUIS GONZÁLEZ VALENCIA

Y, FINALMENTE,

ES INCONTROVERTIBLE QUE PREDECO S.A. DE C.V. ESTABA REPARTIENDO MATERIALES DEL PROGRAMA FONDEN.

Y, COMO SE APRECIA EN LOS RECIBOS DE PREDECO S.A. de C.V., ésta entregó los PEDIDOS EN ABRIL Y MAYO DEL 2004, a sólo un mes y medio antes de la elección

La certeza de esa afirmación, se confirma si tomamos en consideración una prueba que debe adminicularse, toda vez que en autos exhibimos el original de 11 formatos de remisiones de materiales con los datos de PREDECO S.A. de C.V., y en todos ellos se señala que efectivamente, el cliente de dicha empresa es el señor José Luis González Valencia.

¿Qué tal la sorpresa eh?

No para ahí la cosa, en los 10 formatos originales que exhibí y que obran en autos, verificables por sus Señorías, existen impresos rubros como "pedido", "fecha", “cantidad", "descripción", un "número de almacén", y el nombre de la persona que habría de recibir el producto quién firmó de recibido en la fecha señalada en el recibo.

En efecto, las documentales ofrecidas guardan notoriamente un orden progresivo en el que naturalmente los números de pedidos menores corresponden a fechas anteriores y los números más altos a entregas de fechas posteriores, tal y como se observa en dicho material que, para efectos de mejor comprensión, a continuación se enlistan, pedido 4601 del 02 de abril del año 2004, pedido 4602 del 02 de abril del año 2004, pedido 4887 del 07 de abril del año 2004, pedido 4912 del 08 de abril del año 2004, pedido 4930 del 08 de abril del 2004, pedido 5282 del 17 de abril del año 2004, pedido 5823 del 30 abril del año 2004, pedido 5901 del 03 de mayo del año 2004, pedido 5909 del 03 de mayo del año 2004, pedido 5909 del 03 de mayo del año 2004, pedido 5910 del 03 de mayo del año 2004.

Y si dichas pruebas, ya quedaron perfeccionadas con la documental exhibida por el Secretario de Desarrollo Social, que es prueba plena, también dichos recibos entonces son útiles para acreditar EL OCULTAMIENTO QUE HIZO PREDECO, S.A. de C.V. ya que al desahogar la prueba únicamente se refirió a 7 de los once documentos, y todos fueron reconocidos como suyos y como resultado de un contrato con el señor José Luis Valencia González.

Luego entonces:

Es verosímil que dicha empresa entregó cuando menos del pedido 4601 del 02 de abril del año 2004 al pedido 5910 pedido del 03 de mayo del año 2004 supraseñalado.

ES DECIR, 1,309 PEDIDOS, CUANDO MENOS, que es la cantidad que lógicamente existe entre la cifra más baja y la más alta de los pedidos (4601 a 5910); lo que conforme a dichos documentos ocurrió del 2 de abril al 3 de mayo inclusive, durante un mes y medio antes de la elección.

Si lo anterior, conforme a la sana lógica ocurrió, concomitantemente también existe la presunción de que hubieron pedidos idénticos anteriores al número 4601 y posteriores al 5910.

Eso enseña la sana lógica y la experiencia, a que se contraen sustantivamente los artículos 3553 (sic)del Código Electoral para el Estado de Yucatán y 14 al 16 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque la forma en que mi representada obtuvo dichas documentales fue de manera fortuita, ya que como se aprecia de su lectura corresponden a beneficiarios.

Ciertamente, conforme a la sana lógica, así fue.

No es lo único, si el señor Secretario, en la foja 1075 de autos, señaló al señor José Luis González Valencia como su proveedor, existe la presunción de que el resto de los 9 proveedores estén en similar situación en cuanto a subcontratos y número de entregas de material.

Lo cual es verosímil con la adminiculación de más de 700 fotografías de materiales tomadas en las comisarías de Mérida.

Es verosímil con las videocintas que informan de cientos de casas con similares materiales de construcción recién descargados o estibados en el frente de cada casa.

Es verosímil con el testimonio de decenas de personas entrevistadas por los Fedatarios del Tribunal que desahogaron la prueba de inspección,

Es verosímil con el testimonio vertido de manera espontánea ante Notario Público.

Es verosímil con las afirmaciones de mi representada.

Esta conjetura debe ser suficiente para revocar la valoración de pruebas tanto del informe rendido por el Secretario de Desarrollo Social, como la valoración de la prueba desahogada por PREDECO S.A. de C.V.

2.- De los anexos exhibidos por el señor Secretario de Desarrollo Social se aprecian las siguientes facturas, todas por materiales de construcción idéntico al fotografiado en las más de 608 fotografías, en las videocintas y en las descripciones testimoniales:

DE MARZO:

DE ABRIL:

Estos gastos se desprenden de lo afirmado por el señor Secretario, según se aprecia en las fojas 916, 1188, 1102, 1265, 1282, 1296, 1305, 1316, 1333, 1354, 1361, 1363, 1384 y 1409 de autos.

Pues bien:

En nombre de nuestra representada objetamos dicha información por incompleta para todos los efectos a que haya lugar, toda vez que de la consulta a la página oficial del Municipio de Mérida consultable en http://www.yucatan.gob. mx/index/.htm de Internet, cuya verificación ofrezco como prueba técnica superveniente, se aprecia que los gastos realizados por el Municipio de Mérida con cargo al FONDEN, corresponden a las siguientes cifras.

De las cifras informadas por el señor Secretario, contrastadas en la página oficial del Municipio, por cuanto hace a gastos del FONDEN correspondientes al mismo periodo, existe una diferencia ocultada de:

Lo anterior se cita con el señalamiento expreso que también las cifras consignadas en la página de Internet supracitada tampoco guardan relación con el volumen de materiales entregados a lo largo y ancho del estado, y que en Mérida se prueba con las probanzas técnicas y la inspección judicial que obran en autos. Siendo posible deducir también, indiciariamente, que este aspecto falta a la verdad otra vez el funcionario.

El ocultamiento que se aprecia del informe rendido por el Secretario de desarrollo Social, resulta inexplicable y notoriamente contradictorio, y únicamente se explica a partir de la intención de ocultar o encubrir al gobierno del Estado bajo el velo de una apariencia de un buen quehacer.

El ejercicio que antecede, es producto de la sana lógica y recta razón, y solicito a sus Señorías sea compartido con mi representada.

3.- Además, las contradicciones señaladas en las líneas que anteceden también son contradictorias con el resto de la información exhibida por el señor Secretario de Desarrollo Social.

Diremos porqué:

De las fojas 1885 a la foja 1979 se aprecian remisiones de entregas de material a beneficiarios del programa por parte de la empresa Promexma S. A. de C. V., todas durante el mes de abril del año 2004, es decir, durante un mes y medio antes de la elección.

Lo relevante no es eso, sino que dicho material obviamente tuvo un costo y ese no está reflejado en las facturas descritas en los cuadros que anteceden, lo que confirma que la información que nos proporcionó el señor Secretario fue selectiva. Y no corresponde a la totalidad de la información que le solcito la autoridad.

Lo mismo ocurre con las remisiones exhibidas por el señor Secretario, visibles de las fojas 2251 a 2390 de autos, que también corresponden a entregas recepciones de material durante abril del año 2004, es decir, durante un mes y medio antes de la elección, entregadas por la empresa Recupinter S. A. de C. V., servicios que obviamente costaron dinero que tampoco se reflejaron en los gastos señalados por el señor Secretario.

4.- De las remisiones se aprecian de las fojas 2251 a la 2390, 39 entregas de materiales.

De las fojas 1979 a la 1885, se aprecian otras 94 entregas de materiales

De las fojas 1154 a la 1425, se aprecian 258 entregas de material diverso al que ya probé mediante diversos medios probatorios y que como indicio hace verosímil la entrega de materiales descritos por mi representada.

5.- Específicamente dijo la resolutora:

"De lo anterior, resulta que si bien existen indicios de que los apoyos del programa referido, fueron entregados en la última quincena anterior al día de la jornada electoral, ello resulta insuficiente para tener por plenamente probado tal extremo, toda vez que no se acredita la existencia de una gran derrama de dichos apoyos, en relación al número de habitantes que conforman el Municipio, más aún tratándose de esta ciudad de Mérida, que también forma parte del Municipio del mismo nombre, en la cual aparecen solo dos apoyos.

Tal aseveración es inaudita, y notoriamente inmotivada.

Efectivamente, la derrama económica realizada por el gobierno con recursos del FONDEN no es algo que se mida como lo hizo la juzgadoras responsables.

La derrama económica debe, en su caso, medirse con el conjunto de erogaciones realizadas por el Estado y Municipio y si lo que se habría de tomar en cuenta para determinarlo era el dicho de los suscritos, entonces no sólo se debió tomar en cuenta el conjunto de entregas deducibles del informe de la Secretaría de Desarrollo Social, sino además por las diversas 608 fotografías visibles en autos, los cientos de imágenes filmadas en las audiocintas, los registros de más de 1700 personas, etc.

Ya en líneas previas he ofrecido como prueba que, según el informe oficial del Municipio, por cuanto hace a la aplicación de recursos del FONDEN, sólo en marzo del año 2004 gastó $8,693,039.63 MN, en abril $5,662,411.68 MN, y en mayo $6,320,178.62 MN, cifra que por estimación, para efectos de este instrumento, debe considerarse cuando menos en la mitad es decir en $3'160,089.31.

En otras palabras la derrama la debió cuantificar de la siguiente forma:

Ahora bien, el total costo de las facturas no incluidas en el informe, pero estimable por las más de 608 fotografías y más de 1700 nombres y direcciones de beneficiarios que mi representada supo que sí recibieron materiales resulta ser una cifra indeterminada, pero lógicamente superior a la sumatoria de lo supuestamente erogados en los dos meses y medio arriba señalados.

Con independencia a ello, considerando las cifras publicadas de dudosa manufactura, es válido afirmar que, contrario a lo afirmado por la resolutora, una derrama públicamente reconocida de cuando menos $17'515,540.62 pesos en dos meses y medio repartidos entre la población mas deprimida de Mérida sí es importante y, para efectos electorales, potencia un efecto multiplicador en la impresión que cualquier gobernado tendría de su gobierno al que habrá de renovar próximamente.

Si la resolutora afirmó que no había una derrama importante, y lo dijo deduciendo exclusivamente del informe del Secretario de Desarrollo Social, es notorio que resolvió de manera indebida por haberse abstenido de tomar en consideración la información señalada en los dos párrafos que anteceden, lo que actualiza la evidencia de una resolución contraria a las reglas de la debida motivación y legalidad, ya que se aparta de las reglas de valoración señaladas en los artículos 353 del Código Electoral para el Estado de Yucatán y 14 a 16 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Conforme lo anterior, reitero, no se justifica ni se explica la actitud de las juzgadoras de Mayoría ya que dogmáticamente refirieron la derrama en función al número de habitantes en Mérida, cuando lo que debieron considerar no fue el impacto en relación al número de habitantes, sino en atención a la apretadísima diferencia en el resultado de la elección, que sólo fue de 12.5 puntos, y si a ello restamos las anulaciones, errores, substracciones de votos, así como alteraciones en el padrón, la diferencia en votos sería aún menor.

Pero no es eso lo importante, ya que la ilegalidad de la elección no debe apreciarse desde la óptica cuantitativa, el problema debemos verlo desde la óptica cualitativa, ya que habiéndose probado la intervención de Estado es incontrovertible que se violaron los principios rectores del proceso.

Ciertamente, si hubo tantas acciones dotatorias de materiales como denuncié, estaríamos hablando, cuando menos, de 1,700 lo que multiplicado por el número de habitantes electores por vivienda según las cifras del censo de Población, tendría un efecto multiplicador de ciudadanos impresionados de mínimo 3 votos por familia beneficiada, cifra que se incrementa con 1 o 2 familiares más que observan y esperan el servicio distribuido y a todo ello agregar el resto de familiares que se enteraron de la dotación.

El dato referido es muy importante y permitirá a sus Señorías tener un referente o indicador confiable para ponderar la determinancia que para el caso de tan generalizada es indeterminada pero indiscutiblemente mucho mayor al 20% del mínimo exigido por la ley para una nulidad.

Veamos:

Atento a las reglas de la sana lógica y la experiencia, es acorde a la inteligencia compartir la siguiente reflexión.

Según el censo general de población y vivienda cuyas cifras son públicas y notorias y cuyos datos ya expuse y que son del conocimiento público y notorio de los juzgadores yucatecos, en Mérida el promedio de habitantes por vivienda es de 4.3 (CUATRO. TRES PERSONAS PROMEDIO) de los cuales 3 ahora son mayores de 18 años (en el año 2000 año del censo el dato se tomó de 15 años y más, por lo que si desde entonces han pasado 4 años es lógico deducir que ahora tienen 18 años y más).

Pues bien, si suponemos que la derrama en materiales del FONEN está destinada según el dicho del señor Secretario de Desarrollo Social a 13,774 beneficiarios registrados, el impacto calculado con el efecto multiplicador sería de dicha cifra por 4.3.

Pero conservadoramente pensemos de buena fe concediendo al Gobierno del Estado el beneficio de la duda.

Retomemos la expresión literal del señor secretario según su informe al utilizar la expresión "se están atendiendo" utilizada en el tiempo presente.

Supongamos que en ésta época está atendiendo como dice a diversos beneficiados, ante ese escenario tendríamos.

Según su dicho:

"Asimismo acompaño listas de registro del Municipio de Mérida, en la que consta que el padrón total de inscritos fue de 13,774 personas.

Padrón de beneficiarios de la modalidad de daño perdida total en la que consta que el número de beneficiarios en esta modalidad es de 3,431 de los cuales 1,839 están siendo atendidos y 1,592 faltan por atender.

Padrón de beneficiarios de la modalidad de daño parcial en la que consta que el número de beneficiarios en esta modalidad es de 6,475 de los cuales 6,193 están siendo atendidos y 282 faltan por atender.

Padrón de beneficiarios de daño leve en la que consta que el número de beneficiarios en esta modalidad es de 770 de los cuales 161 están siendo atendidos y 609 están por atender.

Cabe aclarar como se indica en la síntesis que la diferencia entre el número de personas inscritas en la lista de registro (13,774) y los registrados en los diferentes padrones (10,676) que es de 3,098 personas, las mismas no calificaron en el programa."

Es decir.

En la modalidad de daño perdida total 1,839 están siendo atendidos y 1,592 faltan por atender.

En la modalidad de daño parcial 6,193 están siendo atendidos y 282 faltan por atender.

En la modalidad de daño leve 161 están siendo atendidos y 609 están por atender.

O sea tendríamos 8,193 personas socioeconómicamente deprimidas que actualmente se están atendiendo según el dicho del funcionario gubernamental y 2483 de igual situación, que estarán a la expectativa de ser atendidos de idéntica forma como están viendo que están siendo atendidos otros damnificados.

Es decir, 10,676 personas.

De los que están atendidos, cuantos es razonable que hubieren alcanzado el beneficio de los materiales para construcción u otros antes del 16 de mayo y cuantos sabrían que lo tendrían pronto, ya que como dijo el señor Secretario están por atender.

En éstos casos, la experiencia ilustra que todos, pero no es tarea de mi representada especular con cifras, lo relevante es que cuando menos miles de personas, como se probó recibieron apoyos y ello implica un efecto multiplicador en el impacto y opinión del quehacer gubernamental en el elector que indiscutiblemente afecta su libertad para decidir en perjuicio de todos los partidos que no sean aquel del que surgió el gobierno con el que el electora asocia a sus benefactores.

B.- Dijo la resolutora:

"c) Prueba de inspección judicial que debería realizar el Tribunal Electoral del Estado en las Comisarías y Subcomisarías de Komchén, Chablekal, Cholul, Caucel, San José Tzal, Molas, Yaxnic, San Pedro, Chimay, Oncán, Temozón Norte, Tixcuytún, Noc-Ac, Dzidzilché, Sierra Papacal, Cosgaya, San Antonio Táscala, Xcunyá y en las Colonias Emiliano Zapata Sur, San José Tecoh, Salvador Alvarado Sur, El Roble y Libertad, todas del Municipio de Mérida, Yucatán, misma que fue admitida con fundamento en los artículos 349 y 353 del Código Electoral del Estado, y acredita los elementos convictivos que se desprenden del acta levantada con motivo de la diligencia efectuada en fecha trece de los comentes."

Y con respecto a dichas inspecciones continuó diciendo, suponemos con el ánimo de entrar al análisis de valor de cada prueba.

"Del perfeccionamiento de las pruebas de inspección judicial ofrecidas por el recurrente y perfeccionadas por este Tribunal Ad quem en las diligencias verificadas el día trece de junio del año en curso, por funcionarios de este órgano colegiado, debidamente respaldadas por las cintas de video y fotografías que al efecto se imprimieron, las cuales tienen valor probatorio al tenor de lo dispuesto por los artículos 349, 351 y 352 del Código de la materia, se desprenden los siguientes resultados, circunscripción del Municipio de Mérida: que en Tamanché, a las puertas de quince domicilios aproximadamente se encontró material de construcción depositado; que en diecinueve predios de Xcunyá, se encontró el aludido material; en relación a Dzidzilché, se constató la existencia de material de construcción en veinticinco domicilios; en Kikteil, se localizó material en nueve predios; en aproximadamente treinta predios de la Comisaría de Komchén, se encontraba material depositado; en igual número de predios, se detectó material en la Comisaría de Chablekal; en Temozón Norte, se advirtió la existencia de material en aproximadamente diez predios; en Tixcuytún, se observó material de construcción en diecisiete domicilios; en Cholul, se advirtió material de construcción en cuatro predios; en veinte predios de Santa Gertrudis Copó se constató la existencia de material; en Caucel, se observó la existencia de material en cuarenta domicilios; en Noc Ac, aparece material de construcción a las puertas de treinta predios; en Yaxnic, se constató la existencia de material en veinticinco inmuebles; en la comunidad de Molas, se constató la existencia de material en cincuenta y dos predios y cuarenta y dos pies de casa; en Tahdzibichén, se advierte la existencia de materiales en diecisiete predios y veintiún pies de casa; en San Pedro Chimay, se observa la existencia de trece pies de casa y quince predios con material de construcción; ahora bien, en relación a las colonias de la ciudad de Mérida, únicamente en la "Salvador Alvarado Sur", se constató la presencia de material de construcción en diez predios. Ahora bien, adminiculando el resultado arrojado por las pruebas perfeccionadas en el presente recurso, valoradas por este Tribunal atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, tenemos que si bien, con las referidas pruebas de inspección judicial, resulta evidente que en calles de las señaladas comisarías, subcomisarías y de la colonia "Salvador Alvarado Sur" de esta ciudad, se constató la existencia de material de construcción depositado recientemente por el Gobierno del Estado en los predios propiedad de los beneficiarios del programa FONDEN, consistente en cemento, polvo de piedra, grava, bloques, bovedillas, vigas de alambran, etcétera, según se plasmó en las respectivas actas de inspección judicial, sin embargo, es pertinente señalar que si bien dichas probanzas tienen valor probatorio, como ya se dijo líneas arriba, no menos cierto es, que del perfeccionamiento de las pruebas de inspección judicial en comento y tal como se acredita de las actuaciones levantadas para tal efecto, dichos medios probatorios no fueron agotados en los términos solicitados por el oferente, toda vez que el Magistrado Ponente en este asunto, asistido del Secretario respectivo, no pudo concluir las inspecciones que le correspondían, atento lo acordado en auto de fecha trece de junio del año en curso, relacionado en el Resultando Sexto del presente fallo, siendo que suspendió su diligencia faltando por verificar las inspecciones de mérito en las Comisarías de Oncán, Cosgaya y Sierra Papacal; y, en relación a la práctica de las diligencias efectuadas por el Actuario adscrito a este Tribunal, tampoco terminó las inspecciones que le correspondían, en lo que respecta a las colonias de "Emiliano Zapata Sur", "San José Tecoh" y "Libertad"

Eso dijo la resolución pero:

¡¡¡¿¿¿QUE HAY SOBRE EL JUICIO DE VALOR ???!!!

Con todo respeto y comedimiento a la autoridad juzgadora responsable reclamada, no encontramos un juicio de valor expreso relativo a esta probanza.

¿Qué valor probatorio le concedió la responsable?

Se desconoce.

Cuando mucho en diversa parte de la resolución dijo:

"....sin embargo, a juicio de este Tribunal, resultan insuficientes para acreditar los extremos pretendidos por la Coalición recurrente, tomando en consideración lo dispuesto por el numeral 353 del Código Electoral del Estado, que establece que los medios de prueba aportados y admitidos serán valorados atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia. Al respecto, es pertinente señalar que las reglas de la sana crítica consisten en su sentido formal en una operación lógica; las máximas de experiencia contribuyen tanto como los principios lógicos a la valoración de la prueba y la sana crítica es, además de la aplicación de la lógica, la correcta apreciación de ciertas proposiciones de experiencia humana. En ese orden de ideas, consideramos que las probanzas de mérito, no crean en este Tribunal la plena convicción de que en la especie se haya surtido la causal a que alude la fracción XI del artículo 303 del Código de la Materia, por cuanto resultan insuficientes para ello, atendiendo los argumentos esgrimidos con antelación."

Pero:

No basta que un juzgador diga que valora la prueba como dice la ley, ¡Faltaba más!, es menester que lo haga y que diga como lo hizo, para satisfacer el requisito de debida motivación que a mi representada garantiza la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 14 y 16.

¡¡ Es una formalidad esencial del procedimiento !!

Y es precisamente el centro del quehacer impartidor de justicia

¿Qué valor probatorio concedió? a la circunstancia de que el señor Magistrado instructor y el fedatario judicial personalmente acudieran a verificar 18 comisarías y en conjunto encontrara 388 existencias de materiales de construcción de los entregados con cargo al FONDEN.

¿¿Qué valor probatorio concedió a dicha prueba?

Acaso ¿Existe la prueba con valor cero?.

¿Qué importancia tenía que a los funcionario judiciales les faltara sólo 3 de la totalidad de comisarías cuya inspección solicitamos.

La abstención de las resolutotas de considerar y otorgar un valor específico a la prueba no puede justificarse en la circunstancia de que faltaron sólo tres sitios por inspeccionar.

¿Ello sería suficiente para negar valor probatorio a 22 sitios inspeccionados?

¡Desde luego que no!

Las inspecciones como consta y como expresamente reconoce la resolución mayoritaria está debidamente perfeccionadas y respaldadas por las cintas de video y fotografías que al efecto se imprimieron.

¿Es debida la justicia que se limita a decir que dichas pruebas tienen el valor probatorio al tenor de lo dispuesto por los artículos tal tal tal y tal?

¡¡¡Claro que no !!!,

El deber del juzgador es conocer los hechos y decir el derecho.

En la especie agravia a nuestra representada que la responsable no juris dijo el derecho. Se abstuvo de juzgar conforme se lo manda la ley y al hacerlo así contravino el mandato que imperativamente le imponen los artículos que invoca que son los 349, 351 y 353 del Código Electoral para el Estado de Yucatán, mismos que señalo como contrariados Y AL SER CONTRARIADOS CONCOMITANTEMENTE ACTUALIZAN LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD CONSAGRADO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. EN SU ARTÍCULO 14, 16, 41 Y 116.

Desde luego, la reparación del agravio respetuosamente solicito a sus Señorías sea reparado y en la valoración que se sirvan realizar tomar en consideración lo siguiente.

Las fotografías de autos, tomadas por el propio fedatario, sustantivamente guardan un común denominador con las 608 fotografías que mi representada exhibió en autos y dicha adminiculación, no solo perfecciona aún más la inspección, sino que perfecciona el indicio que cada una de las 608 fotografías tiene por sí misma puesto que hace verosímil la afirmación que cada una entraña y fue sostenida por mi representada.

En todas las fotografías tomadas por los juzgadores, se aprecian bloques y/o viguetas, y/o depósitos de polvo de piedra, lo que en México se conoce como arena, y/o, piedra, y/o cemento, y/o bobedillas, y/o alambrón etc.

Pero no fue lo único, como ya señalé la probanza se perfeccionó con una videocinta en la que existen filmados los materiales de construcción y las personas que espontáneamente fueron entrevistadas personalísimamente por la autoridad judicial, escogidos al azar y que también espontáneamente se pronunciaron por afirmar que se trataba de materiales recibidos con cargo al FONDEN. ¿Qué duda cabe? Respecto al origen de los materiales.

Estos testimonios de los que dan cuenta las actas de inspección y el voto particular que forma parte de la sentencia, no obstante, de manera inexplicable fueron ignorados por la mayoría resolutora.

¿Porqué?

Es increíble, se trataba de valorar pruebas que eran constitutivas de un agravio especialmente sentido por mi mandante y la función judicial precisamente se sustenta en el juris decir.

Estaban probados los hechos, sólo faltaba decir el derecho pero no de manera libérrima como ocurrió con la resolución de mayoría que combatimos, sino conforme a las regalas y valor probatorio que la ley otorga a cada prueba según indica el artículo 353 del Código Electoral para el Estado de Yucatán.

Respecto a la prueba de INSPECCIÓN JUDICIAL y TESTIMONIOS que contienen así como las INSTRUMENTALES TÉCNICAS consistentes en fotografías y video cintas que satisfacen las exigencias de su perfeccionamiento en términos de lo dispuesto por la ley local y federal, debe decirse que en términos del Código Electoral para el Estado de Yucatán en sus artículos 353 y 16 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, CONSTITUYEN PRUEBA PLENA y como tal es legal y jurídico que sean consideradas en cuanto a sus efectos probatorios que son los siguientes.

a).- Prueban indubitablemente la existencia de materiales de construcción en un muestreo en el que a simple vista y al paso aleatorio, se encontraron materiales de construcción en 388 inmuebles.

b)- Conforme a las reglas de la sana lógica, recta razón y la experiencia, es de estimarse que si la inspección hubiese sido más exhaustiva y no una que abarcase 22 comisarías y colonias en un día recorridas personalmente por el Señor Magistrado Instructor y el señor Actuario comisionado ex profeso para ello, el resultado de los hallazgos habría sido mucho mayor.

c).- Los testimonios vertidos fueron coincidentes en señalar que se trataba de materiales entregados por el autoridades del FONDEN.

d). Pero de manera más importante, fortalecen el indicio de que los materiales de construcción se distribuyeron a la población meridense antes de la jornada electoral y que ello se hizo de manera deliberada con el propósito clientelar.

Y prueba ello a partir de la debida valoración de conjunto que el juzgador debió hacer tomando en consideración que la valoración de los indicios no debe hacerse de manera aislada sino conjuntamente ya que al entrañar una conducta indebida como la que he denunciado existe la certeza de que el autor de la conducta indebida procurará en ejercicio de su inteligencia ocultar la conducta prohibida.

Si eso lo sabe el juzgador, es obvio que la valoración indiciaria es la prueba idónea para acreditar los hechos denunciados y constitutivos de la violación a los principios rectores del proceso electoral.

e).- Conforme lo anterior, prueba el operativo de Estado en la autoría del gobierno del Estado y del gobierno Municipal causantes de la inequidad en el proceso. Y violatoria de las condiciones democráticas de la elección.

Sus Señorías podrán apreciar que no dijo nada.

C- Dijo la responsable:

"...g) Inspección Judicial, que debería realizar el Tribunal del conocimiento en los Registros del Ciudadano Gustavo Rubén Rivero Fernández y Cops. exhibiendo una documental privada, consistente en una factura sin número y con folio 1068, por material entregado en el domicilio de Canul Chan Cándida, domicilio conocido en Mérida, Sac Nicté, misma que fue admitida con fundamento en los artículos 327, primer párrafo, 349 y 353 del invocado cuerpo de leyes, empero carece de valor probatorio, toda vez que del informe rendido por el referido ciudadano el día de hoy, se advierte que si bien se hizo entrega del citado material a la señora Canul Chan, incluida en el Programa de Reconstrucción de Vivienda FONDEN, esto fue en fecha veintitrés de julio del año dos mil tres."

Y al respecto consideró:

"En relación al informe requerido al ciudadano Gustavo Rubén Rivero Fernández y Cops., a fin de que comunique a este Tribunal si expidió las facturas sin número y con folios 1068, por material entregado en el domicilio de Canul Chan Cándida, domicilio conocido en Mérida, Sac Nicté, y con folios 2910 y 2960, respectivamente, por material de construcción entregado en domicilios de Santos Madera Sebastián y Madera Córdova Ricardo, respectivamente, debiendo ratificar su contenido, señalando fecha, nombre y lugar de entrega y material de construcción entregado, cabe señalar, que si bien, la persona requerida, por escrito presentado en fecha once de junio del presente año, compareció por conducto de su apoderado general señor Manuel Navarro Martínez, y exhibió cuatro anexos, entre ellos, los relativos a los listados de beneficiarios con daños parciales del Programa de Reconstrucción de Vivienda (FONDEN) de Komchén y Sac-Nicté, Municipio de Mérida, Yucatán, sin embargo, advierte este Tribunal que no dio pleno cumplimiento al requerimiento que se le formuló, toda vez que no informó si expidió las facturas cuyas copias se adjuntaron al oficio número 29/04 que le fuera remitido, ni ratificó su contenido, así como tampoco señaló fecha y lugar de entrega y material entregado, con fundamento en los artículos 327 y 328 del Código Electoral del Estado, se le previno para que dentro del término de veinticuatro horas, diera cabal cumplimiento a lo instado; en mérito de lo cual se giró nuevamente oficio al señor Gustavo Rubén Rivero Fernández y Copropietarios, para los efectos precisados, siendo que en fecha de hoy rindió informe complementario, el cual carece de valor probatorio, por cuanto ninguna luz arroja sobre la cuestión planteada, pues si bien manifiesta a esta Autoridad que hizo entrega del citado material a los señores Santos Madera, Madera Córdova y Canul Chan, incluidos en el Programa de Reconstrucción de Vivienda FONDEN, esto fue en fechas veintiuno de junio del año dos mil tres, por lo que se refiere a los dos primeros nombrados y veintitrés de julio del año dos mil tres, respecto de la última citada."

La preparación, el desahogo y la valoración de que fue objeto la probanza fueron contrarias a la ley y a las constancias de autos.

Ciertamente, la probanza se ofreció a título de inspección judicial, no a título de informe ya que al desahogarse los efectos probatorios serían inmensamente diversos.

Es claro que de haberse desahogado como inspección, la oferente tenía el riesgo de que el juzgador encontrara que efectivamente el particular no repartía materiales, entonces sí, la prueba no beneficiaría a mi representada.

Pero si en la inspección el juzgador encontraba que eran miles de remisiones idénticas como anunció mi representada entonces sí sería prueba plena de la entrega masiva de materiales de construcción ya que ante la presencia judicial el proveedor no podría simular como hizo el desahogo de su informe.

En fin.

El caso es que el señor Gustavo Rubén Rivero Fernández Copropietarios desahogó la vista señalando que los materiales de construcción a que se contraen las remisiones exhibidas por mi mandante sí eran de su autoría sólo que correspondían a un periodo de tiempo sustantivamente anterior al denunciado por nosotros.

Solo que la mentira del empresario, es evidente ante el resto del caudal probatorio.

Efectivamente.

Según el informe del señor Secretario de Desarrollo Social, los damnificados están siendo atendidos.

Eso dijo, conjugó el verbo en tiempo presente.

En ninguno de sus informes dijo que los damnificados hubieren sido atendidos como lo simuló el empresario.

Es claro que si como dijo el empresario la entrega de materiales se hubiere atendido desde junio y julio del año 2003, jamás nadie hablaría en término presente.

Pero además, la mentira se evidencia aún más con la circunstancia de que el contrato que exhibe firmado con el gobierno está fechado el día 17 de abril del año 2003, es decir apenas dos meses antes de la fecha en la que según él entregó el material; el punto tiene relevancia si tomamos en consideración que la remisión cuestionada que el empresario reconoce y que está impresa y foliada desde la imprenta es la número con la remisión número 2910 y 2960.

¿Qué tiene que ver se preguntarán sus Señorías?

La respuesta es obvia si se toma en cuenta que el señor Secretario de Desarrollo Social informó:

"Padrón de beneficiarios del a modalidad de daño perdida total en la que consta que el número de beneficiarios en esta modalidad es de 3,431 de los cuales 1,839 están siendo atendidos y 282 faltan por atender.

Es decir, para el día del informe del señor Secretario de Desarrollo Social, que fue el 12 de junio del año 2004, personalmente reconoció que estaba atendiendo a 1,839 personas en la modalidad de daño total.

Por su parte las remisiones de autos materia del informe requerido al empresario registran materiales grandes de los utilizados para afectados con daños totales.

Así que, llama la atención que los folios de distribución de materiales materia del informe que cada uno corresponden a una entrega SON LAS REMISIONES NÚMEROS 2910 Y 2960.

O sea si fuera cierto que las remisiones 2910 y 2960 se entregaron como dijo el empresario, el señor Secretario Estaría mintiendo ya que informó que ahora en junio está atendiendo a 1839.

No necesita explicación que el número 18839 es menor al número 2910 y menor al número 2960.

Reitero, las remisiones están impresas desde la imprenta y eso sus Señorías lo podrán verificar.

Así que, si fuera cierto que el Secretario ahora está atendiendo a 1839 damnificados, entonces es claro que el empresario miente al hacer la afirmación con la que pretende engañar a sus Señorías.

No es la única forma de probar la irregularidad del informante.

En el contrato que comedidamente aportó el informante explica que la mecánica para distribuir materiales es a partir de que la Secretaría de Desarrollo Social le entregue las listas.

En ese contexto es incontrovertible que la entrega de las listas es el inicio del término para cumplir la obligación, razón por la que las listas deben tener muy claramente señalada la fecha de su entrega recepción.

Pues bien, doy cuenta a sus Señorías de que las lista que el propio empresario informante exhibe para sustentar la época en que hizo la entrega de materiales NO SEÑALAN FECHA DE ENTREGA RECEPCIÓN QUE PERMITA APRECIAR LA ÉPOCA A LA QUE CORRESPONDEN.

Eso es inverosímil máxime en tratándose de contratos públicos.

¿Quién creería algo así?

También llama la atención que ninguno de los listado rendidos por el Señor Secretario tengan señaladas fechas.

Así que, la circunstancia de que el empresario informante al comparecer por primera vez ante la autoridad hubiese simulado rendir un informe en el que indicara lo que se le preguntó es indicativo de su intención de eludir un pronunciamiento.

Simulación que se confirma con las consideraciones que anteceden, conducta que como ya probé, es coincidente con su contratante que como también se prueba es el señor Xavier Antonio Abreu señor Secretario de Desarrollo Social.

La actitud del informante adminiculada con la del señor Secretario, prueban precisamente los esfuerzos del gobierno del estado para MANTENER EL VELO y evitar que la auténtica verdad se conozca.

Es notorio que tanto el gobierno como los empresarios que económicamente cobran de éste tendrán interés e ocultar fechorías.

La valoración de ésta prueba como probé se hizo de manera indebida y actualiza la violación a la debida valoración de pruebas que por ministerio de ley está regulada en el artículo 353 del Código Electoral para el Estado de Yucatán, razón por la que al actualizarse dicha violación, concomitantemente se violó la debida legalidad que garantiza la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a nuestra mandante en sus artículos 1, 14, 16, 17, 41, 116. agravio que respetuosamente solicito a sus Señorías sea reparado.

D.- Dijo la responsable:

"En relación al informe que rindió la persona moral denominada "PREDECO", S.A. de C.V., el cual se valora al tenor de lo dispuesto por los preceptos 349, 350 último párrafo y 353 del Código Electoral del Estado, dicha documental privada tiene valor probatorio con tal calidad, sin embargo, en nada beneficia los intereses de la Coalición oferente, por cuanto la indicada persona moral informó a este Tribunal que las notas de remisión y la entrega de los materiales de construcción a que aluden las hojas de pedido cuyas copias le fueron remitidas conjuntamente con el oficio número 28/04, nunca fueron contratados por el Gobierno del Estado, sino por el señor José Luis González Valencia.------

Respecto a ésta probanza, respetuosamente solicito a sus Señorías, tengan la generosidad de remitirse a las consideraciones que formulé al referirme a la prueba rendida por el señor Secretario Xavier Antonio Abreu ya que al bordar respecto a dicha probanza aludí a los efectos probatorios del informe rendido por la empresa PREDECO S. A. de C. V.

Además de la reiteración referida, respetuosamente me permito además abundar.

La prueba fue indebidamente valorada porque conforme a su debida adminiculación, debió la responsable percatarse de que en la inspección judicial que realizó el señor Secretario Actuario del Juzgado, precisó que los bloques que encontró, son precisamente de la marca PREDECO.

Es decir, si la propia autoridad judicial enfáticamente y de manera reiterada está fe datando que el material encontrado en las comisarías entregado con cargo al los recursos del FONDEN, es de la marca PREDECO, ello hace evidente que dicha empresa tiene está participando en el reparto de materiales.

En conclusión, la prueba al igual que el resto del caudal probatorio está indebidamente valorada lo que contraviene a los artículos 349, 351, 352 y 153 del Código Electoral para el Estado de Yucatán, razón por la que al actualizarse dicha violación, concomitantemente se violó la debida legalidad que garantiza la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a nuestra mandante en sus artículos 1, 14, 16, 17, 41, 116, agravio que respetuosamente solicito a sus Señorías sea reparado.

E.- Dijo la responsable:

"Respecto a las pruebas técnicas ofrecidas con el carácter de supervenientes, consistentes en las certificaciones del contenido de la página web del Gobierno del Estado de Yucatán, con dirección electrónica en internet www.saladeprensa.yucatan.gob.mx; las mismas tienen valor al tenor de lo dispuesto en los artículos 349, 351 y 353 del Código Electoral del Estado, y acreditan que en la referida dirección electrónica aparecen notas periodísticas recopiladas por la sala de prensa del Poder Ejecutivo, que relacionan críticas al desempeño del Tribunal Superior Electoral del Estado e irregularidades cometidas en comisarías del Municipio de Mérida, semanas antes de la jornada electoral, consistentes en que "Pidieron copia de credencial de elector a cambio de apoyos (04 de Junio del 2004)".

La probanza al igual que el resto del caudal fue objeto de una indebida valoración, ya que si bien es cierto que dicha probanza acredita la presencia en la oficina de prensa del gobierno del estado, TAMBIÉN ACREDITA QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO ESTÁ PRONUNCIÁNDOSE RESPECTO A LA ACTUACIÓN DEL TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL

Esta prueba debió adminicularse con la instrumental de actuaciones en la que la C. Secretaria del Tribunal Superior Electoral certificó que la señora hermana del señor Gobernador la señora CECILIA PATRÓN LAVIADA, personalmente y acompañada de cientos de personas acudieron el día 9 de junio del año 2004 a la sede del Tribunal Superior Electoral del Estado a denostar la actuación de los señores Magistrados.

Prueba también que existen publicaciones periodísticas de las declaraciones personales del señor Gobernador del Estado maldiciendo a los señores Magistrados del Tribunal Superior Electoral y prueba tamben que el Gobierno del Estado ya conoce lo que dice la prensa que dijo el titular del Ejecutivo Estatal.

Lo más importante que prueba es que en dicha página no existe algún desmentido oficial de las versiones que difundieron los medios escritos de Yucatán en las que dieron cuenta a la sociedad de las declaraciones personales del señor Patricio Padrón Laviada ofendiendo la persona de los señores Magistrados y trayendo a cuenta el juicio político que inició en contra de los señores Magistrados multialudidos.

Luego entonces la probanza es útil para que la suma de indicios mencionados adquiera un alto grado de veracidad y permitan con forme a las reglas de la sana lógica recta razón y experiencia, colegir que es cierto que el señor Gobernador dijo lo que dijo respecto a los señores Magistrados.

Y que luego entonces en su carácter de titular del Ejecutivo Estatal NO se está manteniendo al margen de la contienda electoral.

Es decir prueba que en la contienda electoral no hubo neutralidad gubernamental.

Y prueba que si el gobierno del Estado visiblemente está presionando a los órganos impartidotes de justicia electoral, en ésta etapa del procedimiento, es verosímil que también tuvo interés en intervenir durante la etapa de preparación del proceso.

Así las cosas, la indebida valoración de dicha prueba y la abstención de adminicularla con el resto del caudal probatorio y principalmente con las instrumentales de actuaciones que de manera fehaciente dan cuenta de la presencia de la señora Hermana del señor Gobernador arengando al la ciudadanía a denostar a los señores juzgadores electorales, actualizan la hipótesis de una indebida valoración de pruebas violatoria de los artículos 349, 351, 352 y 153 del Código Electoral para el Estado de Yucatán, razón por la que al actualizarse dicha violación, concomitantemente se violó la debida legalidad que garantiza la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a nuestra mandante en sus artículos 1, 14, 16, 17, 41, 116, agravio que respetuosamente solicito a sus Señorías sea reparado.

F.- Dijo la resolutora:

“.......las probanzas rendidas en autos tienen mérito convictivo como indicio, sin embargo, a juicio de este Tribunal, resultan insuficientes para acreditar los extremos pretendidos por la Coalición recurrente, tomando en consideración lo dispuesto por el numeral 353 del Código Electoral del Estado, que establece que los medios de prueba aportados y admitidos serán valorados atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia. Al respecto, es pertinente señalar que las reglas de la sana crítica consisten en su sentido formal en una operación lógica; las máximas de experiencia contribuyen tanto como los principios lógicos a la valoración de la prueba y la sana crítica es, además de la aplicación de la lógica, la correcta apreciación de ciertas proposiciones de experiencia humana. En ese orden de ideas, consideramos que las probanzas de mérito, no crean en este Tribunal la plena convicción de que en la especie se haya surtido la causal a que alude la fracción XI del artículo 303 del Código de la Materia, por cuanto resultan insuficientes para ello, atendiendo los argumentos esgrimidos con antelación.

Con éste discurso, la resolutora concluyó sus razonamientos y lisa y llanamente dejó inaudita a nuestra representada vulneró sus garantías constitucionales de seguridad jurídica, específicamente las de debida valoración de pruebas.

Ciertamente, como se aprecia en éste párrafo y se confirma con las alegaciones que anteceden, la juzgadora se abstuvo de hacer un pronunciamiento debido respecto al cúmulo de probanzas rendidas.

Se abstuvo de hacer una debida adminiculación.

Se abstuvo de conceder a la prueba indiciaria su valor presuncional que le concede la ley.

Se abstuvo de considerar que ante una imputación como la denunciada consistente en el intervencionismo del Estado utilizando indebidamente recursos públicos de programas de asistencia social urgentes para fines electorales, existe la certeza de que si la conducta ocurrió, el principal interesado en ocultarlo es el propio estado por lo que en éste tipo de asuntos, la prueba idónea es la indiciaria lo que reclama del juzgador un auténtico esfuerzo de inteligencia para conocer la verdad histórica que habrá de juzgar

Se abstuvo de realizar lo necesario para levantar el velo de la simulación que el Partido Acción Nacional pretendió enmascarar conjuntamente con el Gobierno del Estado por conducto del señor Gobernador, del señor Secretario de Desarrollo Social con el apoyo de empresarios.

Las abstenciones que reprocho a la responsable, actualizan la hipótesis de INDEBIDA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza a la Alianza Ciudadana y es violatoria de sus artículos 1, 17 y 116.

Actualiza también, la violación de orden constitucional de debida legalidad ya que como se aprecia, la resolutora dejó de atender el mandato que en materia de pruebas le imponen los artículos 349, 351, 352 y 353 del Código Electoral para el Estado de Yucatán lo que concomitantemente actualiza la violación constitucional a las garantías de seguridad jurídica, específicamente de debido proceso legal y de debida valoración de pruebas. Previstas en los artículos 1, 14, 16, 17, 41 y 116 de la propia constitución.

G.- No solo agravia a nuestra representada lo que dijo la resolutora, sino lo que se abstuvo de decir.

Ciertamente:

Agravia a nuestra representada la abstención de la resolutora que indebidamente dejó de hacer una valoración de la totalidad del caudal probatorio.

Efectivamente.

Al interponer el recurso de Reconsideración, mi mandante formuló agravios por la omisa o indebida valoración de diversas pruebas misma que o no fueron valoradas o fueron soslayadas indebidamente.

En esta oportunidad federal, no es nuestra intención reproducir lo que ya alegamos en el fuero local, empero tomando en consideración que la materia del presente agravio es la violación a nuestras garantías de debido proceso legal en que las pruebas ofrecidas fueron indebidamente valoradas ha lugar a solicitar a sus Señorías que se subsane el agravio y en reparación del mismo se haga una valoración debida de las pruebas oportunamente ofrecidas.

En el caso, me refiero desde luego a las siguientes:

1.- Al TESTIMONIO DE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 132 EXPEDIDO POR EL C. NOTARIO PÚBLICO Número 28, Lic. Carlos Gamboa y Gamboa el día 25 de mayo, que contiene fe de hechos relativa al testimonio de cinco diversas personas, a saber de los señores Manuel Jesús Cano Contreras, Lorena Guadalupe Segura Ruiz, Catalina Benítez Felipe, Cecilia Salas Manrrero, y Melba Leonor Carrillo.

Respecto a ésta prueba, llamo su atención en el sentido de que en la totalidad de casas visitadas el fedatario encontró y dio fe de la existencia de diversos materiales de construcción, (varilla, bloques, arena, varilla, piedra etc.) y del testimonio de los ocupantes de dichas viviendas que uniformemente afirmaron haber recibido dichos materiales como beneficiarios del "FONDEN" que, como es sabido, es el fondo destinado por el Gobierno de la República para apoyar a damnificados de desgracias naturales, en el caso las causadas por el huracán "Isidoro" acontecido durante el 22 de septiembre del año 2002, hace veinte meses.

Todos los declarantes fueron coincidentes en afirmar que el material lo recibieron durante los primeros días de mayo del año 2004 que, como es sabido, eran días previos a la elección de regidores que se estudia e este recurso.

Específicamente, llama la atención el testimonio de la señora Lorena Guadalupe Segura Ruiz, quién dijo ser la "Presidenta del Comité del Programa FONDEN" en la colonia "El Roble" y que tiene a su cargo los trámites para que se cumpla lo ofrecido desde el huracán Isidoro, y que no fue sino hasta ocho días antes de las elecciones cuando el día cinco de mayo, por fin llegaron los primeros materiales, y no fue sino hasta el día siete de mayo cuando llegó el cemento y la cal, pero esto lo bajaron en una "bodega" de acá cerca al lugar"

Testimonio que adquiere importante relevancia porque adminiculado con el resto del caudal probatorio y específicamente con el resto de los obtenidos ante Notario Público y con las más de mil trescientas fotografías y videocasetes visibles que obran en autos, puede producir en el juzgador un indicio de notable poder de convicción al hacer verosímil que efectivamente las entregas de materiales fueron repartidas a la población beneficiaria en días previos a las elecciones y no en días posteriores al paso del Huracán.

Llama la atención que todos afirmaron que recibieron materiales para construcción apenas días antes de la jornada electoral y que el material no lo recibieron completo, lo que es útil para apreciar el condicionamiento de la entrega completa de materiales a cambio de conocer el resultado de las elecciones.

Esta probanza fue ofrecida como documental pública con independencia de su importante valor indiciario, ya que por lo que hace a las declaraciones de los señores Manuel Jesús Cano Contreras, Lorena Guadalupe Segura Ruiz, Catalina Benítez Felipe, Cecilia Salas Manrrero, y Melba Leonor Carrillo, se reitera, todos fueron coincidentes y respondieron sin titubeos, firmes en sus aseveraciones y sin señales de mala fe ya que espontáneamente ofrecieron facilidades al Notario para observar los materiales y para fotografiarlos, dichos testimonios fueron vertidos ante fedatario público y los deponentes ofrecieron libremente todos sus datos para ser identificados y la razón de su dicho; por lo que, contrario a lo que afirma el resolutor impugnado no se aprecia algún elemento que le reste veracidad, al testimonio.

Por cuanto hace a la autenticación de las fotografías tomadas ante fedatario público el día veinticinco de mayo del año 2004 por lo que las diez fotografías autenticadas producen convicción plena en el sentido de que durante el mes de mayo del año 2004 el material de construcción existía en los domicilios visitados.

Adicionalmente dicha prueba documental y técnica adquiere mayor importancia por la adminiculación que en forma natural necesariamente se hace con el resto del material probatorio, ya que en las imágenes visibles en las fotografías autenticadas por fedatario público, tienen un extraordinario común denominador con los varios cientos de fotografías que conforman el resto del caudal probatorio ofrecido.

El parecido de los materiales es notorio en cuanto a que se trata de imágenes en las que se aprecia exactamente el mismo tipo de materiales de construcción, baste señalar que los bloques o tabiques en la totalidad de los casos, son de un color claro, idénticos en tamaño, inclusive la estiba es similar en la gran mayoría de casos y eso se aprecia a simple vista en las fotografías autenticadas por el fedatario, ello debió para la juzgadora constituir un hecho notorio y probado plenamente, al menos en cuanto a la existencia de materiales.

Tal parecido entre las fotografías fe datadas y las demás que configuran el acerbo probatorio guardan un extraordinario parecido por lo que, atento a las reglas de la sana lógica y recta razón, válidamente es de presumirse que las fe datadas y las no fe datadas, corresponden a imágenes tomadas en un mismo periodo de tiempo y a materiales del mismo origen, lo que constituye un indicio importante para considerar la veracidad de mis afirmaciones.

2.- ME FEFIERO TAMBIÉN AL TESTIMONIO DE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 128 EXPEDIDO POR EL C. NOTARIO PÚBLICO Número 28, Lic. Carlos Gamboa y Gamboa, elaborada el día 22 de mayo del año 2004 que contiene la fe de hechos relativa al testimonio solicitado por el señor Manuel Bacab Mota.

Los testimonios de los señores Antonia Chi Guardia de May, Luciano Gómez Chin y Rosalindo Pérez Cárdenas, quién dice ser esposo de aquella señora María Magdalena del Socorro Galán Casanova, resultan de importante valor probatorio por la firmeza de sus afirmaciones rendidas ante fedatario público, en las que fueron coincidentes en afirmar que los materiales para construcción que existían en sus domicilios los recibieron los primeros días del mes de mayo del 2004 y su origen eran los programas del "Fonden".

Contrario a lo que dijo el juzgador, es de señalarse que no existe elemento alguno para dudar de la buena fe con la que se condujeron los testigos, antes al contrario, su declaración adquiere mayor fortaleza si se considera que se condujeron espontáneamente y con cordialidad ante el Notario actuante. Llama la atención que todos afirmaron que recibieron materiales para construcción apenas días antes de la jornada electoral y que el material no lo recibieron completo, lo que es útil para apreciar la coincidencia de estos deposados con las afirmaciones del recurrente quién afirmó que se condicionó la entrega completa de materiales a cambio de conocer el resultado de las elecciones.

La probanza constituye verosimilitud con la imputación del hecho de que las entregas de material hubiesen sido parciales en la víspera de la elección y la expresión de los declarantes entendida como queja en el sentido de que los albañiles casi no van y mantienen la obra inconclusa.

Las probanzas mencionadas incrementan su eficacia probatoria indiciaría si se adminiculan con el resto del material probatorio que obra en autos, principalmente con los listados y fotografías exhibidas por mi representada en los que señala más de mil cuatrocientos nombres con sus respectivos domicilios de personas beneficiadas con la entrega de materiales con cargo al FONDEN que, según su dicho, recibieron dichos recursos en días previos a la jornada electoral.

Es de destacarse que dichos listados los ofreció mi representada solicitando la inspección judicial, lo que por sí mismo adquiere mayor valor indiciario al sustentar nuestra afirmación con una invitación a tan sólo verificar por parte de la autoridad jurisdiccional.

3.- ME REFIERO AL TESTIMONIO DE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 153 EXPEDIDO POR EL C. NOTARIO PÚBLICO Número 77, Lic. Enrique Irabién Arcovedo, del día 22 de mayo que contiene fe de hechos obtenidos a petición del señor Alvaro de Regil Laviada.

Atento al carácter público de las probanza la fe notarial transcrita adquiere el carácter de prueba plena respecto a las afirmaciones formuladas en cuanto a la existencia de materiales de construcción el día 22 de mayo del 2004 en las comisarías y subcomisarías Motasen, San José Tzal, Noc. Ac, Sierra Papacal, Komchen, Cosgaya, Kikteil y Dzidzilché, recorridas del Municipio de Mérida.

Y es prueba plena de que en las ocho comisarías visitadas el fedatario personalmente tuvo a la vista diversos materiales para construcción, por lo que si tomamos en cuenta que el recorrido ocurrió el día 22 de mayo del año 2004 existe un indicio de importante valor probatorio respecto a que los materiales de construcción pudieron haberse encontrado en dichos sitios la víspera de la jornada electoral, supuesto que adquiere fortaleza por los términos como lo afirma la oferente, indicio que adquiere aún mayor efecto probatorio si se toma en cuenta que ante la fe del notario diversas personas como vecinos diversos del rumbo afirmaron que se trataba de materiales de construcción cuyo origen eran originados de la utilización de los fondos del FONDEN, como la señora Aurora Cimé Loeza quien afirmó que dicho material se había repartido hace diez días aproximadamente, es decir las vísperas de la jornada electoral que había acontecido apenas 6 días antes.

El importante valor indiciario de esta probanza adquiere más contundencia probatoria si se le adminicula con el resto del caudal probatorio, especialmente con las más de mil trescientas fotografías y videocasetes visibles que ya obran en autos, entre las que se aprecia la existencia de bloques idénticos a los fotografiados y fe datados.

Dicha probanza incrementa aún más su capacidad de crear convicción si se le adminicula con los listados exhibidos por mi representada en los que señala más de mil cuatrocientos nombres con sus respectivos domicilios de personas beneficiadas con la entrega de materiales con cargo al FONDEN que, según su dicho, recibieron dichos recursos en días previos a la jornada electoral.

Es de destacarse que dichos listados los ofreció mi representada solicitando en tiempo y forma la inspección judicial a cargo de del Tribunal Electoral, lo que por sí mismo adquiere mayor valor indiciario al sustentar la afirmación con una solicitud de acudir a verificar la existencia de dicho material.

Las fotografías que obran en el apéndice de la probanza se aprecian con el doble valor probatorio que les permite su condición de documental pública y prueba técnica, ya que están debidamente autenticadas y que se trata de imágenes que fueron tomadas en presencia de un fedatario público el día veintidós de mayo del año 2004, por lo que produce convicción plena en el sentido de que durante dicho día ciertamente el material de construcción existía en los domicilios visitados.

Ahora bien, por tratarse de fotografías en número de cuarenta y dos, distintas una de la otra, por su número el indicio produce mayor convicción respecto a la existencia de materiales de construcción en diversos puntos del Municipio de Mérida, certeza que cobra mayor contundencia si se adminicula con las más de mil trescientas fotografías y videocasetes visibles que obran en autos y que por su volumen hace evidente que repentinamente en el Municipio aparecieran por todas las comisarías a la vista materiales de construcción.

Las cuarenta y dos fotografías, al igual que las tomadas en las pruebas que anteceden, también guardan un extraordinario común denominador con las varias centenas de las fotografías que conforman el caudal probatorio en el que el parecido que es notorio en cuanto a que se trata de imágenes en las que se aprecia exactamente el mismo tipo de materiales de construcción, baste señalar que los bloques o tabiques en la totalidad de los casos, son de un color claro, idénticos en tamaño, inclusive la estiba es similar en la gran mayoría de casos.

Tal parecido entre las fotografías fe datadas y las demás que configuran el acervo probatorio guardan un extraordinario parecido por lo que, atento a las reglas de la sana lógica y recta razón, es de presumirse que las fe datadas y las no fe datadas corresponden a un mismo periodo de tiempo y a materiales del mismo origen, lo que constituye un indicio importante para considerar la veracidad de las afirmaciones que pretendo probar.

4.- ME REFIERO A LAS MÁS DE CIENTO CINCUENTA FOTOGRAFÍAS que mi representada exhibió desde el día 25 de mayo del año 2004, al momento de interponer su recurso, afirmando que se trataba de diversas impresiones tomadas recientemente y que contenían imágenes del material de construcción que un número indeterminado de yucatecos Meridenses recibieron antes de la jornada electoral.

Respecto de estas fotografías, cabe señalar las siguientes consideraciones que el juzgador responsable, soslayó, no obstante ser hechos ciertos e incontrovertibles:

En su gran mayoría se aprecia que contienen bloques idénticos, estibados de manera muy similar, eso, como ya se señaló en incisos que anteceden, constituye una presunción válida y de importante valor de convicción consistente en que se trata de bloques de un mismo origen y objeto de maniobras de descarga y estiba similares y uniformes que válidamente permiten suponer fueron en su mayoría de la misma autoría.

Las viviendas que se aprecian en cada fotografía son típicas de las comisarías, subcomisarías y en general de las zonas socioeconómicamente deprimidas del Municipio de Mérida, por lo que presuntivamente puede estimarse que se trata de imágenes tomadas en dichas zonas.

Los atuendos y aspectos raciales de las personas cuya imagen aparece en las fotografías coinciden con los patrones raciales de las comunidades meridenses radicadas en las comisarías y subcomisarías del Municipio de Mérida, por lo que presuntivamente puede estimarse que se trata de imágenes tomadas en dichas zonas.

La imagen central de las fotografías en todos los casos es el material de construcción ya apilado o ya en construcciones realizadas, o en trabajos de construcción, por lo que puede sostenerse que se trata de fotografías tomadas en un periodo de tiempo similar.

Las imágenes fueron acompañadas de datos que permiten identificar al beneficiario del apoyo del Fonden y su dirección, lo que hizo posible al Tribunal verificar si a la fecha efectivamente los materiales fotografiados existen en las viviendas mencionadas por el oferente.

Esta afirmación permitirá a ese H. Tribunal conceder mayor valor indiciario a la probanza.

Ahora bien, la totalidad de los Magistrados de ese Tribunal Superior son residentes del Municipio de Mérida, Yucatán y, ciertamente, puede constarles que desde los primeros días de mayo del año 2004 en las comisarías del Municipio empezaron a aparecer por diversos lados torres de bloques color claro, arena, grava, varillas, vigas, etcétera. Todos idénticos a los que aparecen retratados en las fotografías de autos, cosa que es de vuestro conocimiento por tratarse de un hecho público y notorio.

Esa autoridad conoce los patrones culturales, raciales y de las viviendas del Municipio de Mérida, por lo que pueden estimar que son los mismos que aparecen fotografiados y video grabados en autos.

La aparición de materiales de construcción en las colonias populares y comisarías ocurrió en zonas socioconómicamente deprimidas, lo que llama la atención atento a las condiciones del municipio en el que la población padece un alto grado de deserción escolar y pobreza, amén de haber sido la más golpeada por el Huracán de hace 20 meses.

El valor indiciario a las listas de beneficiarios y a las fotografías y videos de esta prueba, por su número y características descritas debiera ser suficiente para afirmar que masivamente se distribuyó material de construcción con cargo al FONDEN durante los días previos a la jornada electoral celebrada el día 16 de mayo del año 2004.

5.- ME REFIERO A TRES DOCUMENTALES ORIGINALES EN FORMATERÍA IMPRESA DEL SEÑOR GUSTAVO RUBÉN RIVERO FERNÁNDEZ Y COPS. en los que se observa un logotipo comercial con la leyenda Boxito G industrial en el que se aprecia un número de folio que en cada caso alcanza la cifra de 1068, 2910, 2960, respectivamente y en todos ellos, la leyenda siguiente:

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL ESTADO DE YUCATÁN

LICITACIÓN PÚBLICA

NO.60010002-003-03

Cada una tiene un nombre de beneficiario y su dirección, llamando la atención en hecho de que en dos de ellos bajo el rubro "Localidad" se aprecia la leyenda "MERIDA (KOMCHEN)", y en el tercero bajo el mismo rubro, aparece la leyenda "MERIDA (SAN-NICTÉ)", y en los tres una descripción de diversos materiales de construcción.

Dichas pruebas se anexaron señalando que se trataba de la documental con la que un empresario con el nombre de Gustavo Rubén Rivero Fernández y Cops. distribuía materiales de construcción de los que el Gobierno del Estado repartió por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social con cargo a los recursos del Fonden.

Estas documentales son útiles para estimar que ciertamente hubo entrega de materiales por orden de la Secretaría de Desarrollo Social supraindicada y con motivo de la licitación pública aludida, supuesto que cobra fortaleza como prueba en el sentido propuesto por mi representada en tratándose de instrumentos privados firmados con firma autógrafa, impresos y que los tres documentos contienen exactamente la misma descripción de materiales, sólo estableciendo como diferencia el nombre del beneficiario y su dirección.

Respecto al valor indiciado estas probanzas adquieren un importante valor probatorio por su armónica adminiculación con el resto del acervo probatorio, ya que considerando que plenamente se ha probado que existe material de construcción en las comisarías y subcomisarías del municipio, es obvio que dicho material alguien lo llevó a su destino y presuntivamente puede establecerse que el señor Gustavo Rubén Rivero Fernández y Cops. lo hizo, cuando menos en 2960 ocasiones número con se aprecia en la documental pública que en original obra en autos

Pero además, dicha prueba adquiere un valor probatorio muy importante, porque el mismo sujeto Gustavo Rubén Rivero Fernández y Cops. está señalado como proveedor irregular del gobierno del Estado y del gobierno Municipal por vicios en la facturación por sus servicios en acciones del programa FONDEN, el señalamiento lo hizo formalmente la Auditoría Superior de la Federación y ello es verificable en la página de Internet de dicha autoridad que sus Señorías pondrán consultar y cuya verificación respetuosamente solicito realicen y certifiquen.

¡¡La juzgadora no podía negar valor probatorio a tal probanza!!.

La descripción de materiales contenida en los formatos está impresa, es decir, el formato está pre-llenado, lo que permite suponer que se ordenó su impresión con el propósito de utilizarse para múltiples envíos idénticos de material: Lo anterior, aunado a que dichos formatos aparecen foliados, permite válidamente suponer que los folios corresponden a números consecutivos. Ahora bien, considerando que el número mayor de los folios que obran en autos corresponde al número 2,960 es de suponerse que cuando menos dicho empresario repartió igual número de pedidos.

El aserto anterior encuentra verosimilitud con la circunstancia de que conforme las constancias de autos está probado por decenas de cientos de fotografías que en las Comisarías de Mérida repentina y masivamente se repartieron materiales de construcción a miles de beneficiarios, razón por la que las pruebas en estudio adquieren un importante valor indiciario en términos propuestos por mi representada.

6.- ME REFIERO TAMBIÉN A DIEZ DOCUMENTALES ORIGINALES EN FORMATOS DE LA EMPRESA PREDECO S. A. DE C. V. en los que se observa que se trata de un instrumento de control de envío y recepción de mercancía, ya que en su contenido existen rubros como "pedido", "fecha", cantidad", "descripción", un "número de almacén", y el nombre de la persona que habría de recibir el producto.

A algunas de éstas documentales, ya me referí en páginas previas.

Llama la atención que en todos los casos el material que es objeto de la entrega recepción descrita en las documentales referidas corresponde al material que es visible en los cientos de fotografías visibles en autos.

Igualmente, llama la atención que en cada caso dichas documentales describen un nombre y un domicilio que permite suponer que se trata del receptor del material.

Destaca que en cada formato existe una leyenda que contiene la expresión "FICHA 1155 A CRÉDITO..." lo que permite suponer que se trata de entregas por la que el receptor no pagó los materiales.

Estas documentales son útiles para estimar que ciertamente hubo entrega de materiales y que éstos, en gran medida, fueron entregados por la empresa PREDECO S. A. de C. V., por lo que adquieren un importante valor probatorio por su armónica adminiculación con el resto del acervo probatorio, ya que es posible considerar que existe material de construcción en las comisarías y subcomisarías del municipio, que es obvio que dicho material alguien lo llevó a su destino y presuntivamente puede establecerse que dicha empresa lo hizo, al menos, en cierta medida.

La descripción de materiales contenida en los formatos está impresa con tecnología de sistemas de cómputo, es decir, el formato está diseñado para ser impreso previa carga de datos en una computadora, lo que permite suponer que su impresión obedeció a una serie de impresiones similares, hipótesis que se deduce también de que los números de pedido visibles, en dichas documentales son seriales.

En efecto, las documentales ofrecidas guardan notoriamente un orden progresivo en el que naturalmente los números de pedidos menores corresponden a fechas anteriores y los números de los números más altos a entregas de fechas posteriores, tal y como se observa en dicho material que para efectos de mejor comprensión, a continuación se enlistan, pedido 4601 del 02 de abril del año 2004, pedido 4602 del 02 de abril del año 2004, pedido 4887 del 07 de abril del año 2004, pedido 4912 del 08 de abril del año 2004, pedido 4930 del 08 de abril del año 2004, pedido 5282 del 17 de abril del año 2004, pedido 5823 del 30 de abril del año 2004, pedido 5901 del 03 de mayo del año 2004, pedido 5909 del 03 de mayo del año 2004, pedido 5909 del 03 de mayo del año 2004, pedido 5910 del 03 de mayo del año 2004.

Las documentales tienen un valor probatorio por su propia naturaleza y otro incidiario que la juzgadora conforme a las reglas del artículo 353 del Código Electoral para el Estado de Yucatán no debió ignorar.

También es notorio que las fechas de entrega de materiales, según las documentales, ocurrió durante los días 02, 07, 08, 17 y 30 de abril, así como el día 03 de mayo, todos del año 2004, lo cual es verosímil con el resto del caudal probatorio ya que, conforme a constancias de autos, se prueba que en el Municipio de Mérida repentina y masivamente aparecieron múltiples bloques, arena, grava, varillas, etc. y es que resulta lógico que alguien los llevó hasta su destino, lo que bien de alguna manera es de suponerse que ocurrió en alguna medida por conducto de la empresa PREDECO S. A. DE C. V.

En otro orden de ideas, llama la atención que el número más alto de pedido es el 5,910 entrega correspondiente al día 03 de mayo del año 2004, y el menor de dichos pedidos es el número 4,601 correspondiente al 02 de abril del año 2004. De estos datos que, se reitera, son visibles en las documentales que aportaron, es posible deducir que PREDECO S. A. DE C. V., entregó del 02 de abril al 03 de mayo del año 2004, 1,309 pedidos diversos, a diversas familias yucatecas, cuando menos. Y si bien no pueda afirmarse es que el cien por ciento de dichos pedidos hubiera sido de materiales del FONDEN, ya que es de suponerse que dicha empresa tenga algún otro cliente al que hubiere podido atender, se puede presumir, dadas las condiciones de economía deprimida del Estado, que su número sea considerable.

7.- ME REFIERO A LA RELACIÓN DE 1,773 NOMBRES Y DIRECCIONES DE ELECTORES EN EL QUE SE INSERTAN ALTERNADAS 608 FOTOGRAFÍAS QUE CORRESPONDEN A LOS DOMICILIOS DE ESTOS donde se puede observar aún al día de hoy, materiales apilados fuera de los predios de las comisarías y subcomisarías del Municipio de Mérida, o bien obras en construcción o recién terminadas, que adminiculadas con la inspección judicial ofrecida, causa la certeza de que dichos materiales fueron distribuidos en fechas recientes, que los mismos forman parte del Programa de Reconstrucción de Vivienda, producto de los apoyos emergentes otorgados al gobierno del estado con motivo de los desastres causados por el Huracán Isidoro acaecido en septiembre de 2002.

Atento al mandato del artículo 353 del Código Electoral para el Estado de Yucatán el juzgador tenía obligación jurídica de razonar respecto de cada probanza y arribar a la verdad incontrovertible que se desprende de dichas fotografías,

En efecto debió percatarse de que:

De las 608 fotografías que acompañamos a los domicilios y nombre de ciudadanos en cuyos predios se aprecian materiales de construcción apilados, construcciones en proceso o construcciones recién concluidas:

a)                  229 muestran bloques estibados de manera similar y en volumen también similar;

b)                 77 muestran la presencia de bovedillas, 48 de viguetas,

c)                  339 fotografías muestran construcciones de reciente terminación,

d)                 149 muestran grava,

e)                  6 propaganda panista,

También debió arribar a la conclusión de que de las 608 fotografías en ninguna se muestra propaganda del PRI o de la coalición que representamos, habida cuenta que como ya señalé en diverso agravio, ella fue retirada por las autoridades antes de la jornada electoral, conforme consta en el acta del 5 de mayo ofrecida como prueba documental pública en nuestro escrito inicial

Para el efecto de que sus Señorías, estén en condiciones de apreciar los asertos señalados acompaño un listado en el que especifico número de fotografía y características de las imágenes que en ellas se contienen.

Para los efectos de que dichas fotografías sean materia de la consideración de sus Señorías, inserto a continuación cada una de ellas:

8.- ME REFIERO A LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA INDICIARIA, QUE ES LA PRUEBA IDÓNEA PARA ACREDITAR LA INTERVENCIÓN ILÍCITA DEL ESTADO INTERVENTOR DE ELECCIONES UTILIZANDO RECURSOS PÚBLICOS.

ESTA PRUEBA INDICIARIA JAMÁS SE HA VALORADO DEBIDAMENTE Y LA VIOLACIÓN ACTUALIZA UN AGRAVIO DIRECTO A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

En ésta oportunidad judicial, y reiterando nuestra petición de ser objeto de una impartición de justicia debida, respetuosamente solicito se repare el agravio y se tomen en consideración las premisas que con absoluta certeza describo para arribar a las conclusiones propuestas.

Lo anterior, reitero, atento a las reglas de la inteligencia.

Y especialmente a las de la sana lógica, recta razón, crítica debida y experiencia, tal y como lo ordena el artículo 16 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y los principios generales del derecho.

En principio, la juzgadora responsable debió tomar en cuenta el conocimiento preciso de la población y zona bajo su jurisdicción.

Es importante para tener por confirmadas las premisas a que arribaré en líneas subsecuentes, sustantivamente para probar que la población a la que se dirigió el operativo de Estado se encuentra en una situación de penetración ideológica debido a la modestia de su situación sociocultural y educativo.

Los datos a que me referiré, pueden ser consultables en la página correspondiente al Instituto Nacional de Informática Estadística y Geografía.

Verán sus Señorías

La población total de Mérida es de 662,530 habitantes, de ellos 468,446 son mayores de 18 años y entre éstos se hallan en rezago educativo 186,500; sin instrucción 19,315 y con primaria incompleta 69,975.

La población económicamente activa de Mérida es de 272,427 personas; de ella 67,656 se contabilizan en el sector secundario, 195,072 en el terciario y sólo 2,513 en el primario.

De la población ocupada, 35,803 perciben menos de un salario mínimo mensual; 96,861 de uno a dos salarios mínimo mensuales, 76,766 de dos a cinco salarios mínimos mensuales y sólo 44,106 más de cinco salarios mínimos mensuales.

La población en el Municipio de Mérida se asienta en 163,751 viviendas habitadas; DE ELLAS 15,752 SON VIVIENDAS PARTICULARES HECHAS DE MATERIALES LIGEROS, NATURALES O PRECARIOS, SIENDO ÉSTOS LOS MÁS PERJUDICADOS POR LOS DESASTRES NATURALES; 146,332 son viviendas particulares con techos de losa de concreto, tabique, ladrillo o terrado con viguería, y 158,476 lo son con tabique, ladrillo y concreto.

De las viviendas particulares, 17,775 son de un sólo cuarto, mientras del total 137,688 tienen drenaje conectado a fosa séptica, barranca, río, lago o mar; 19,702 carecen de drenaje y 947 carecen de agua entubada, drenaje y energía eléctrica.

El promedio de ocupantes por vivienda particular es de 4.03.

De los indicadores citados, publicados todos por el INEGI, conforme a las reglas de la sana lógica y recta razón, establecidas en el artículo 353 del Código Electoral para el Estado de Yucatán que la responsable estaba obligada a atender debió deducir que las viviendas más dañadas y las condiciones de salubridad más alteradas por el Huracán Isidoro fueron las de la población marginada económica, social y culturalmente.

Y que ésta certeza se desprende que dichas viviendas se encuentran en las comisarías y subcomisarías del municipio.

Ahora bien, si esa población es la más marginada, es obvio que sus viviendas fueron conforme a la sana lógica, las más afectadas, si los servicios urbanos, cuando los hay, los más desbastados; si sus ingresos, también cuando los hay, los más castigados y es su instrucción, igualmente, cuando la hay, la más escasa, resulta obvio que sea esa la principal población beneficiaria de los recursos y programas, tanto de reconstrucción de vivienda como de empleo temporal;

Luego entonces:

Es también esa población el objetivo de los recursos del Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales.

El desastre natural aconteció hace 20 meses y desde entonces surge la emergencia y razón de programas y recursos, y si el paso del tiempo no mitiga sino incrementa el flagelo y desesperación del damnificado, no existe razón alguna de un retraso de 20 meses en su ejecución, como tampoco su masiva, febril, simultánea y omnipresente cobertura, a lo largo y ancho del Estado, con énfasis en el Municipio de Mérida, que no sea la celebración de las elecciones del pasado 16 de mayo.

Lo hasta aquí afirmado constituye verdad incontrovertible publicada oficialmente en el INEGI, y de la que las autoridades judiciales no pueden tener duda por tratarse de datos que corresponden a la jurisdicción que juzgan.

En esa línea de razonamiento, conforme a la verdad probada, y atento a las reglas de la sana lógica a que se refiere el artículo 353 Código Electoral para el Estado de Yucatán es incontrovertible el aprovechamiento que hizo de la situación social el gobierno en beneficio de Acción Nacional.

La electoralmente oportuna entrega de materiales, realización de obras y creación de empleos temporales, teniendo por destino la población más menesterosa y en condiciones óptimas de manipulación por parte acciones (sic) clientelares y patrimonialistas de parte del Estado, es en Mérida la que se asienta en las comisarías y subcomisarías señaladas por mí representada.

El caudal probatorio circunstanciado que en documentales privadas, pruebas técnicas e indiciales que mi representada ofreció al Tribunal A Quo, eran más que suficientes para despertar la duda razonable en el juzgador y moverlo a cumplir su obligación con el principio de exhaustividad a que le obliga la ley. No haberlo hecho nos agravia, como ya ha quedado asentado, agravio del que pido resarcimiento a ese H. Tribunal Superior.

En otro orden de ideas igualmente constitutivos de agravio por vicios en el razonamiento del juzgador señalo:

La doctrina sostiene que cuando un juzgador ha arribado a una conclusión "crea una hipótesis de la cual se puede comprobar su verdad o falsedad a través de la verificación.

Todo descubrimiento presupone una actividad investigadora, pero una vez agotada ésta con el resultado perseguido, se requiere una ulterior actividad que constituye la verificación de la conclusión, y a esta conclusión es a la que se le llama presunción” (González Salas Campos, Raúl; La presunción en la valoración de las pruebas; Instituto Nacional de Ciencias Penales, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, México, 2003, Pág. 25-33).

Desde el punto de vista de la lógica, la presunción es un silogismo hipotético que descansa en la supuesta generalidad de una máxima de experiencia: id quod plerumque accidit, (lo que comúnmente pasa), formulándose el método silogístico a través de las dos premisas y de una conclusión.

Esta es la regla de la sana lógica y recto raciocinio que acoge el artículo 353 del Código Electoral para el Estado de Yucatán y que la recurrida no asumió causando a mí representada el consecuente agravio, constitutivo concomitantemente de una violación a la garantía de debida motivación.

En materia de la lógica referida, dicha conclusión sólo puede ofrecer un resultado probable o presuntivo, lo cual lleva a aceptar que siempre pueden ser posibles otras conclusiones.

Atento al autor citado, para saber cuál conclusión es la correcta, o más posible, se debe verificar a través del método informático, así el juez debe imaginar todas las otras conclusiones posibles (infirmar) y tras de ello valorar la fuerza de las conclusiones posibles.

En otras palabras, el juez debe inventariar todas las conclusiones o hipótesis, compararlas entre sí y hallar entre ellas su grado de resistencia. "Todo medio de prueba no puede tenerse enteramente convincente o concluyente, sino cuando, después de haber inquirido todas las suposiciones informativas, concluyendo su imposibilidad, no queda al respecto en el espíritu, duda alguna razonable (Dellepiane, citado en Ibidem).

En ese tenor, pasamos a enunciar las verdades incontrovertibles del caso que el juzgador debió considerar y que materialmente renunció a hacerlo causándonos los agravios consecuentes.