Así las cosas, si como se puso de manifiesto, los motivos de inconformidad externados son una reproducción, casi textual, de los argumentos esgrimidos ante el Tribunal Local, ello, como se adelantó, los torna inoperantes, en razón de que, dejan de estar encaminados a poner de manifiesto la antijuridicidad de la decisión impugnada.

Encuentra fundamento la conclusión antes expuesta, aplicada en lo conducente, en la tesis emitida por esta Sala Superior, cuyo texto se encuentra publicado en la página 34, de la Revista Justicia Electoral, suplemento número 1, año 1997, es el siguiente:

"AGRAVIOS EN RECONSIDERACIÓN. SON INOPERANTES SI REPRODUCEN LOS DEL JUICIO DE INCONFORMIDAD. Son inoperantes los argumentos que se expresen para combatir la sentencia dictada en el juicio de inconformidad mediante recurso de reconsideración cuando sólo constituyen la reproducción textual de los agravios expuestos en primera instancia, en razón de que el cometido legal del recurso de reconsideración consiste en analizar la constitucionalidad y la legalidad de las resoluciones de fondo emitidas en el recurso de inconformidad, y que el medio técnico adecuado para ese objetivo radica en la exposición de argumentos enderezados a demostrar ante el Tribunal ad quem que la resolución de primera instancia incurrió en infracciones por sus actitudes y omisiones, en la apreciación de los hechos y de las pruebas, o en la aplicación del derecho, lo cual no se satisface con una mera reiteración de lo manifestado como agravios en el juicio de inconformidad, porque esta segunda instancia no es una repetición o renovación de la primera, sino sólo una continuación de aquélla que se inicia precisamente con la solicitud del ente legitimado en la forma que exija la ley, y la exposición de los motivos fundados que tiene para no compartir la del a quo, estableciéndose así la materia de la decisión entre el fallo combatido, por una parte, y la sentencia impugnada por el otro, y no entre la pretensión directa del partido que fue actor, frente al acto de la autoridad electoral.”

Los restantes conceptos de queja que se arguyen en contra del acuerdo de veintitrés de junio de dos mil dos, también son inoperantes, en razón de que, como se adelantó, no refutan las consideraciones torales, que se tuvieron en cuenta para desechar las pruebas que se ofrecieron.

En efecto, se alega que el artículo 270 del Código de Procedimientos Civiles (no aclara si se refiere al federal o al del Estado de Chihuahua), ordena que se deben recibir todas las pruebas que se presenten por las partes en tiempo oportuno, con excepción de aquellas que fuesen contrarias a derecho. Que el artículo 275 de dicho ordenamiento, señala que sólo son admisibles fuera del término de prueba y hasta antes de la citación para sentencia, la confesión y los documentos “que en la demanda en la contestación (sic) o dentro del periodo probatorio hubiesen sido designados conforme a los artículos 250, 256 y 274 de dicho ordenamiento”. Que, el artículo 250 del Código de Procedimientos Civiles (tampoco aclara si el federal o el del Estado de Chihuahua), señala que entablada la demanda, no se admitirán otros documentos para fundar la acción, que los de fecha posterior. Que las pruebas técnicas, en realidad tienen el tratamiento de documentos y que independientemente de “si sean o no del acaecer propio de la instancia, puede (sic) ser supervenientes y obviamente las fotografías lo son, pues se tomaron el día 15 de junio de 2002”, lo cual se puede probar a través de los folios identificatorios. Que no obstante lo anterior, la responsable señala, respecto de las fotografías, que es una prueba de fecha posterior, pero que no es propia del acaecer de la segunda instancia, y que de acuerdo con el reglamento del Tribunal, esa hipótesis se reserva al recurso de apelación, olvidando que dicha norma se puede aplicar por analogía, ya que debe prevalecer el derecho de probar y no su obstaculización, pues lo de menos es si se trata de una segunda instancia o no, el punto es que “esas pruebas acaecieron precisamente en esa instancia”. Que por lo que se refiere a las documentales, el Magistrado instructor las desecha al estimar que aunque son de fecha posterior, son documentos confeccionados por el oferente y que se generaron por intervención de su voluntad, lo cual es absurdo, puesto que el documento privado ratificado ante notario, que contiene la opinión técnica de peritos, proviene de terceros y el acta notarial es un instrumento público, en el que interviene un fedatario, y que ninguno de los dos casos se realizaron por voluntad del oferente, lo que en todo caso debería ser materia de valoración de la responsable, para darle mayor o menor credibilidad a dichos documentos. Que la responsable está haciendo una distinción que la ley no precisa, ya que el artículo 250 del Código de Procedimientos Civiles (no aclara si federal o del Estado de Chihuahua), así como el reglamento del Tribunal hablan de “documento de fecha posterior”, no señala que el archivo o el registro de donde se obtiene sea de fecha posterior, y donde la ley no distingue, el juzgador no tiene porque hacerlo.

Empero, la coalición “Alianza Unidos por Juárez” nada dice tocante a lo considerado por la responsable en el sentido de que las normas del derecho común y las jurisprudencias que invocó el oferente de las pruebas no resultaban aplicables supletoriamente a la materia electoral, toda vez que, la propia legislación electoral regula la hipótesis que planteó el accionante. Igualmente, omite pronunciarse sobre la aplicabilidad en el caso, de la jurisprudencia sustentada por este Tribunal y que sirvió de sustento al Magistrado Instructor para negarse a admitir las referidas pruebas, cuyo rubro es el siguiente: “PRUEBAS SUPERVENIENTES. SU SURGIMIENTO EXTEMPORÁNEO DEBE OBEDECER A CAUSAS AJENAS A LA VOLUNTAD DEL OFERENTE”. No refuta que por auto de fecha de seis de junio de dos mil dos, se negó a la coalición la admisión de diversa prueba pericial, por lo que si la opinión de peritos ofrecida como documento privado fuese admitida, resultarían acuerdos contradictorios. Consideraciones que, al no aparecer combatidas, dada su preponderancia, deben seguir rigiendo el sentido de la resolución de veintitrés de junio de dos mil dos.

Por lo que ve al acuerdo de veintinueve de junio del presente año, su antecedente es el siguiente:

Por escrito de veintiocho del mes y año citados, la coalición “Alianza Unidos por Juárez” ofreció, entre otras, la prueba documental, consistente en el acta levantada ante notario público, en la cual, según la coalición impugnante, se hace constar “la entrega de los folios identificatorios de las fotografías que fueron tomadas de nuestra parte en la diligencia de fecha 15 de junio de 2002”.

Tal medio de convicción fue desechado por auto de veintinueve de junio del año que corre (foja 251 del tomo V, sustanciación, tercera parte), al considerar que ya le había sido negada su solicitud, respecto a que se agregaran al expediente, los folios identificatorios de las fotografías tomadas por la coalición actora en la diligencia del quince del citado junio, además de que, dicha acta notarial no tenía el carácter de superveniente, por haber surgido en forma posterior por un acto de voluntad del propio oferente, ya que fue elaborada a petición del representante propietario de la coalición “Alianza Unidos por Juárez”, ante la Asamblea General del Instituto Estatal Electoral.

Argumentos que la coalición inconforme se abstiene de controvertir, ya que sólo narra que se le desechó la mencionada acta notarial, a pesar de ser de fecha posterior, lo que provoca que sean inoperantes tales motivos de queja.

Debe dejarse aclarado, que la coalición “Alianza Unidos por Juárez”, también impugna el citado acuerdo de veintinueve de junio de dos mil dos, porque, según afirma, en él se negó que diversas pruebas que habían sido desechadas, consistentes en las fotografías tomadas durante la inspección ocular, así como el acta notarial de recepción de folios identificatorios obraran agregadas al expediente. Sin embargo, es inexacto que la referida resolución contenga tal negativa.

Así es, dicho acuerdo, en lo que interesa, es del tenor siguiente:

“... Se acuerda:

Primero. Se admite con el carácter de prueba superveniente, el oficio número G-8677/2002, firmado por el licenciado José Reyes Castañeda Figueroa, Perito de la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado y documentos anexos a éste.

Segundo. Se desecha la prueba que en dicha promoción ofrece en el punto identificado con el número 2 ya que como se le señaló al oferente en la diligencia de apertura de paquetes electorales, los documentos originales que le fueron devueltos según el acta notarial que acompaña, le fue negada la petición que hizo respecto a que fueran agregados dichos documentos al expediente. Por otra parte y como ya se señaló mediante acuerdo de fecha veintitrés de junio y con los motivos y fundamentos que en ese auto se expresan, no tiene dicha acta notarial el carácter de prueba superveniente “por haber surgida en forma posterior por un acto de voluntad del propio oferente”, ya que como se desprende de éste fue elaborada a petición del representante propietario de la Coalición “Alianza Unidos por Juárez”, ante la Asamblea General del Instituto Estatal Electoral, licenciado José Portillo Estrada.

Tercero. Respecto de la devolución de la documental que se desecha, queda a disposición del oferente en la Secretaría General del Tribunal.”

Como se ve, no es verdad que la multicitada resolución contenga la negativa a que se refiere la inconformidad, por lo que resulta inatendible la impugnación atinente; habida cuenta que, ningún agravio se hace valer al respecto.

Consecuentemente, ante lo inoperante de los conceptos de inconformidad vertidos en contra de los acuerdos de catorce, quince, dieciocho, veintitrés y veintinueve, todos de junio de dos mil dos, los mismos no son susceptibles de sufrir modificación alguna.

Por otra parte, dada la preponderancia de los agravios que el Partido Acción Nacional esgrime en contra de la declaración de nulidad de la elección extraordinaria celebrada el doce de mayo del año en curso, en el municipio de Juárez, Chihuahua, procede realizar su estudio, pues de resultar infundados, ello bastaría para confirmar el fallo que se ataca de inconstitucional y haría innecesario el examen del resto de los agravios hechos valer por ambos impugnantes.

Los motivos de inconformidad expuestos sobre este tópico, por el Partido Acción Nacional, en esencia, son los siguientes.

1. Que el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, ilegalmente ordenó la apertura de ciento diez paquetes electorales.

Manifiesta el impetrante que con supuesto fundamento en el artículo 199, párrafo 1, de la ley electoral local, el Magistrado instructor ordenó abrir ciento diez paquetes electorales, seleccionando arbitrariamente aquellas casillas cuyo número de votos nulos era más alta que el promedio de votos por casilla de la elección impugnada.

Lo ilegal de tal diligencia, sostiene el actor, deriva de que el Magistrado instructor carecía de facultades para haber ordenado tal diligencia, toda vez que la Ley Electoral del Estado de Chihuahua establece claramente las facultades del Tribunal Estatal Electoral, para la realización de diligencias que otorguen convicción sobre los hechos controvertidos, lo cual en este caso lo constituía el saber si la anulación de las boletas hecha por la mesa directiva de casilla se efectuó con apego a lo que dispone el artículo 128 de la mencionada ley electoral. Cuestión que, desde el punto de visto del inconforme, se pudo claramente dilucidar de las actuaciones de la Asamblea Municipal de Juárez, cuando con apego a las disposiciones señaladas por el artículo 145 de la Ley electoral local, abrió 172 paquetes, habiendo repetido el cómputo y, en consecuencia, analizado las boletas que contenían votos nulos, sin que se generara controversia mayor al respecto, por parte de los representantes de los partidos tal y como se puede observar del acta de cómputo que obra en el expediente, de manera que, según el actor, resultó oficioso y de una gran sospecha de parcialidad que el Tribual responsable haya ordenado abrir ciento diez paquetes electorales que no dieron convicción adicional al Tribunal, distinta a la que constaba en el expediente del cómputo de la elección.

En este sentido, el impugnante manifiesta que del acta circunstanciada de la sesión de cómputo final que remitió la Asamblea Municipal Electoral de Juárez, se puede advertir que dicha autoridad nunca ordenó la apertura de paquetes con base a la recomendación que le hiciera la Asamblea General, sino que siempre se condujo en apego a lo dispuesto en el artículo 145 de la legislación estatal y que del mencionado cómputo se desprende un hecho incuestionable derivado de la apertura y es que, salvo en raras excepciones, los votos que se habían computado por los miembros de las mesas directivas de casilla efectivamente estaban afectados de nulidad y que en ningún momento puede decirse que los integrantes de las mesas directivas de casilla realizaron su función indebidamente, ya que de la apertura de paquetes se apreció, con meridiana claridad, que los votos que habían declarado y asentado en el acta como nulos, realmente lo eran. Lo anterior, asevera el impetrante, sin soslayar la presencia de los representantes de la coalición “Alianza Unidos por Juárez”, quienes no hicieron manifestación alguna respecto a esos votos nulos en las hojas de incidentes de cada una de las casillas de la elección, ni las individualizaron en su escrito de impugnación.

En otro alegato, el enjuiciante sostiene que la autoridad responsable cae en contradicción, ya que inicialmente había señalado que la inspección ocular ofrecida por la entonces recurrente no se podía desahogar, pero posteriormente realiza una diligencia para mejor proveer consistente precisamente en una inspección ocular que no está contemplada en el catálogo taxativo de pruebas que establece el artículo 198 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua y que, por tanto, el Magistrado instructor intentó disfrazar la inspección ocular a través de una diligencia para mejor proveer, eso por una parte, y por otra, que el citado instructor se basó exclusivamente en la insistente argumentación de la coalición entonces actora, sin tomar en cuenta las constancias que obraban en el sumario y nada dice en relación con los razonamientos que en sentido contrario vertió la representación del partido político ahora actor.

En el mismo orden de ideas, el accionante aduce que en la resolución impugnada se cita como antecedente la existencia de una duda razonable, para fundamentar el por qué el Magistrado instructor ordenó la apertura de ciento diez paquetes electorales que registraban un número de votos nulos superior al promedio de la votación nula por casilla, presentada en la elección extraordinaria de Ayuntamiento de Juárez, Chihuahua, pero que el Tribunal responsable confunde el concepto de duda razonable que tomó en cuenta la Asamblea General del Instituto Estatal Electoral, para, con motivo de la apertura de los paquetes que se ordenara de acuerdo al artículo 145 de la Ley Electoral de la citada Entidad Federativa, realizar una observación respecto a la tendencia de si existía una indebida calificación de votos nulos en perjuicio de uno de los partidos o coalición participantes, pero que la autoridad electoral administrativa jamás señaló que ello era suficiente para abrir los paquetes, ni mucho menos que era tendiente a anular la votación, e incluso, sostiene el inconforme, la duda razonable se disipó al no darse los supuestos en que se sustentó la misma, o sea, en que se había votado sólo en alguno de los recuadros que conforman el logotipo de la coalición.

Con base en estos argumentos, el impetrante sostiene que existe una contradicción en lo resuelto por el Tribunal responsable, puesto que en la sentencia señala que “el número de votos nulos, no constituye por sí mismo un error o alteración evidente”, mientras que el Magistrado instructor, sin expresar el por qué, determinó abrir “aquellas casillas cuyo número de votos es más alta que el promedio de votos  nulos por casillas de la elección de que se trata”.

Asimismo, el accionante alega que la propia diligencia tiene límites, que son lo observado, sin poder arribar a conclusiones y apreciaciones técnicas como el juzgador pretendió, ya que él es únicamente perito en derecho y sin que la actuación en comento haya dado convicción adicional al citado órgano jurisdiccional, distinta a la que constaba en el expediente respecto del cómputo de la elección de Ayuntamiento del municipio de Juárez, Chihuahua.

2. Que la autoridad electoral responsable se excede en el propósito inicialmente perseguido por la diligencia de apertura de paquetes electorales ordenada y que era, precisamente, el constatar si habían sido correcta o incorrectamente anulados los votos y no el verificar si las boletas que contenían los votos nulos tenían uno o más tipos de marcas.

El promovente cita el artículo 128, párrafo 1, de la Ley electoral estatal, para tratar de evidenciar que la ley es clara al privilegiar “el sentido del voto emitido por el elector” como el elemento fundamental a observarse para calificar a un voto como válido o nulo y que, sin embargo, el análisis realizado por el Magistrado de la instrucción sobrepasa este extremo, y se avoca a comparar las marcas y a determinar, en su particular punto de vista, si de acuerdo a su criterio fueron puestas con igual o distinta intensidad, o si los trazos que aparecen sobre los distintos logotipos de los partidos y la coalición participantes en la contienda son semejantes o no; empero, al ir analizando boleta por boleta no concluye si le es dable o no inferir cual fue “el sentido del voto emitido por el elector” (salvo en el caso de 23 de esas boletas que resultaron ser evidentemente votos válidos para alguno de los contendientes en la elección) para que, entonces sí pudiera concluir si la consideración que como nulo se hizo de cada voto, fue correcta o incorrecta por parte de la mesa directiva de casilla respectiva.

En otro aspecto, el impugnante asevera que el juzgador es perito en derecho y no en grafoscopía o grafología, por lo tanto, de su simple observación no puede determinar el sentido de los trazos y mucho menos si los mismos fueron realizados por la misma persona, toda vez que una misma persona pudo realizar dos trazos, con tintas distintas y en sentidos diversos. Aunado a que si del análisis de las boletas no se puede determinar cuál fue el sentido del voto emitido por el elector, debe sostenerse  que fue correcta la consideración que como nulo se hizo de cada uno de los votos observados en la diligencia en comento, pues el sistema establecido el artículo 128 de la Ley electoral local obliga a las mesas directivas de casilla a calificar como nulos los votos que se presenten en forma distinta a la preceptuada por el primero de los incisos de ese numeral, y lo único que se les impone es observar acuciosamente el sentido del voto emitido por el elector, mas no la intensidad o sentido de las marcas.

De igual manera, el actor señala que resalta el hecho de que el Magistrado instructor haga referencia específica a que la calificación de los votos debió realizarse de acuerdo a lo que marca la legislación local electoral, y que al verificarlo concluya que dicha calificación fue efectivamente legal; pero que, además, en la sentencia sostenga categóricamente que no existe en la legislación precepto alguno que le autorice a determinar si las marcas en una determinada boleta fueran atribuibles a una o más personas y que, sin embargo, el Tribunal responsable proceda a hacerlo, para con base en tal circunstancia, que no está autorizada por la ley, fundar la causa para la anulación de la elección extraordinaria.

Así, el promovente considera que al llevar la valoración de la prueba a un extremo para el cual la misma no había sido ordenada, se viola de nueva cuenta, en perjuicio de su representada, el principio de congruencia, además del de equidad procesal, ya que, de haberles informado oportunamente el Tribunal de origen que de esa diligencia podrían derivarse apreciaciones como las que concluye en la sentencia, debió darse a las partes oportunidad para argumentar al respecto en el momento de la diligencia.

3. Que la jurisdicente responsable indebidamente recibió y concedió valor probatorio a la prueba consistente en el oficio G-877/2002, girado por la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua.

Manifiesta el partido político impugnante que, mediante escrito del dos de julio del año en curso, se opuso a la admisión de la probanza en comento debido a que se trata de un oficio que rinde un supuesto perito dentro de una averiguación previa iniciada precisamente a solicitud de la coalición entonces recurrente, por lo cual, en opinión del ahora enjuiciante, dicho documento no tiene el carácter de superveniente, pues surge en forma posterior por un acto de voluntad del propio oferente.

Además, el actor afirmó que la prueba en cuestión era imperfecta porque es de explorado derecho que las pruebas desahogadas dentro de un procedimiento penal no tienen por qué ser valoradas dentro de un procedimiento distinto y que conforme a los criterios de valoración objetiva de las pruebas, la pericial es una prueba colegiada, por lo que al referirse la documental en cuestión a la opinión de una sola persona, ningún valor debía otorgársele por parte del Tribunal responsable.

También el ahora impetrante asegura que hizo notar a la autoridad enjuiciada que en vista de la vaguedad que contiene la documental, indebidamente aceptada, la misma es insuficiente para arribar a conclusión alguna, toda vez que el supuesto perito señaló que “para llevar a cabo el estudio que se le encarga es necesario contar con los documentos-problema en sus originales”, los cuales no tuvo, y por lo tanto, no puede considerarse válida la opinión que se emite sobre documentos que ni siquiera conoce; y que debe notarse la ligereza de la opinión expresada, dado que dictamina sobre la composición de tintas, sin haber efectuado prueba alguna sobre las boletas, sino que las realizó sobre las fotografías que exhibió la denunciante, por lo que en todo caso lo que podrá demostrar es si las tintas de la impresión coinciden o no. Aunado a que no existe un medio de comprobación que permitiera al Tribunal cerciorarse de que las fotografías que se exhibieron en aquel procedimiento distinto son efectivamente de las que se tomaron en la diligencia del día quince de junio del año en curso, puesto que, a partir de ese día el Tribunal no tuvo mayor control sobre dichas imágenes y quedaron bajo la libre manipulación de la oferente.

El accionante asevera que destacó ante el Tribunal responsable, la falta de objetividad con la que se condujo el supuesto perito, debido  a que en las conclusiones de éste abundan los adjetivos calificativos, lo que en opinión del ahora enjuiciante, lo descalifica para poder ofrecer una opinión técnica válida; y por otro lado tiene la osadía de sustituirse no sólo a la autoridad investigadora sino incluso al juzgador de la posible causa al señalar que las imágenes que tuvo a la vista “... son producto de diversas manipulaciones y alteraciones fraudulentas...”, es decir, determina y prejuzga que se ha cometido un fraude, cuando su papel es el de emitir una resolución sobre la base de estudios técnicos.

El actor señala que hizo ver a la autoridad responsable que el supuesto estudio pericial contenido en el oficio G-877/2002, es insuficiente para que lleve a reforzar la estimación realizada por el Magistrado instructor en forma tal que lleve a determinar que deba anularse la elección, pues la documental de referencia, se compone del análisis lacónico que el supuesto perito hizo sobre un total de diecisiete fotografías que según afirma corresponden a boletas electorales; además de que del propio peritaje se observa que el perito identifica como la misma boleta analizada a dos fotografías que corresponden a dos documentos distintos, con lo cual se actualiza la objeción que realizó el Partido Acción Nacional en el sentido de que no existe un medio de comprobación que permitiera al Tribunal cerciorarse de que las fotografías que se exhibieron en aquel procedimiento distinto son efectivamente de las que se tomaron en la diligencia del día quince de junio de dos mil dos.

El promovente alega que resulta inadmisible que la responsable le dé peso de convicción a un documento elaborado por un empleado del Gobierno del Estado de Chihuahua, después de que en su escrito de tercero interesado, se le hizo ver la intromisión tendenciosa de dicha autoridad a favor de la actora y al respecto señala el inconforme que el Jefe de la Oficina de Servicios Periciales de la Procuraduría, de quien depende el perito que suscribe el oficio en cuestión, es el señor Alejandro Santos Rubio, cuñado del licenciado Victor Emilio Anchondo Paredes, anteriormente Secretario de Gobierno del Gobernador Patricio Martínez y actual líder de la fracción del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso de la mencionada Entidad Federativa.

De igual manera, el impugnante sostiene que la supuesta pericial, que se contiene en el referido oficio, adolece profundamente en el sentido técnico porque, como lo menciona el mismo perito, son requisitos de validez normados para el estudio de comparación de documentos y de escrituras en ellos plasmados, el contar con los documentos problema en sus originales, por lo que no es posible que aplicando la espectrometría de absorción de infrarrojo, sobre los caracteres impresos supuestamente con crayón, en una impresión de computadora se pueda determinar los componentes químicos de dicho crayón, ya que lo que se podría encontrar serían los componentes químicos de la tinta de la impresora utilizada, y no del trazo original, y que tampoco es posible obtener un resultado positivo en la prueba de espectrometría de absorción de infrarrojo en fotografía, ya que tampoco estaría analizando los componentes químicos del crayón, sino del papel revelado de fotografía, lo que también podría registrar en dicho estudio, la presencia de alguna mancha independiente al trazo original del crayón en el documento problema, todo lo cual, desde la perspectiva del accionante, lleva a la conclusión de que el estudio del perito es temerario, inducido, subjetivo y sin sustento científico-técnico real.

4. Que la resolución impugnada es violatoria del principio de congruencia, puesto que, por un lado la responsable concluyó que las boletas observadas por el instructor fueron debidamente valoradas en apego a lo dispuesto por el inciso b) del párrafo 1 del artículo 121 del ordenamiento electoral local, pero, por otro, para anular la elección extraordinaria en el municipio de Juárez, Chihuahua, se sirve de la indebida calificación de votos efectuada, según la responsable, por los funcionarios en cada una de las casillas instaladas con motivo de la referida elección.

Al respecto el impugnante aduce que el Tribunal responsable se extralimita en sus facultades, pues la inspección ocular es una prueba que permite al juzgador constatar el estado de las cosas o documentos, pero definitivamente de los que tiene a la vista, por lo cual no le es dable extrapolar la conclusión a la que arribe de dicha observación, para concluir que la circunstancia particular advertida se hubiese presentado en cada una de las casillas instaladas con motivo de la elección extraordinaria de ayuntamiento de Juárez, ya que al hacerlo así actúa con ligereza, y no con el apego que corresponde a un órgano jurisdiccional.

Sigue diciendo el inconforme que es de explorado derecho que los tribunales deben sujetar sus determinaciones a lo que obra en los autos y no a cuestiones que no aparecen en los mismos, como ocurre en el caso, de manera que de haber actuado conforme a derecho, la responsable se hubiera limitado a recomponer el cómputo de la elección, contando correctamente los votos que observó eran válidos.

Con apoyo en el voto particular del Magistrado disidente, que expresamente hace suyo, el impetrante argumenta que atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, resulta insostenible pretender que si el noventa y cinco por ciento, es decir, más de cinco mil quinientos funcionarios de casilla que actuaron  como tales durante la jornada electoral, en contubernio con terceras personas, manipularon y anularon de manera ilegal votos válidos a favor de la “Alianza Unidos por Juárez”, lo que necesariamente hubiera implicado una operativo extremadamente difícil de ocultar, no existan otros medios de convicción diversos a las propias boletas y que pudieran consistir en declaraciones testimoniales, incidentes consignados en las hojas respectivas que se entregaron a las mesas directivas de casilla, actas de hechos levantadas por fedatarios públicos, ni reportes de incidentes de los representantes de los partidos políticos y en especial de la “Alianza Unidos por Juárez”, que corroboren la veracidad de los hechos en que la entonces recurrente fundó su agravio.

Por otra parte, el inconforme señala que si bien es cierto que la presunción de buena fe en la actuación de los funcionarios de las mesas directivas de casilla admite prueba en contrario, dicha prueba deberá ser de tal magnitud que no deje lugar a duda alguna sobre la existencia de una conducta parcial, y no simplemente inferirse en base a lo observado por el instructor en el análisis de las fotocopias de ciento quince boletas de las cerca de trescientas mil que fueron sufragadas en el proceso electoral, en las cuales, según su particular e inexperto punto de vista, apreció la existencia de marcas “evidentemente diferentes”. Además, afirma el impugnante, el dolo que la entonces actora les atribuyó a los funcionarios de las mesas directivas de casilla no puede ser establecido como presunción, sino que debe hacerse evidente mediante la prueba de hechos concretos que signifiquen una maquinación fraudulenta que se traduzca en una conducta ilícita realizada en forma voluntaria y deliberada para perjudicar a un tercero, lo cual, desde la perspectiva del accionante, de ninguna manera quedó demostrado.

5. Que la sentencia no cumple con ninguno de los extremos para estimar que las supuestas irregularidades encontradas respecto de ciento quince boletas, sean determinantes para el resultado de la elección.

En este aspecto, el inconforme indica que la propia responsable estableció que para proceder a anular una elección sobre la base de una causal genérica se requiere que la misma sea determinante, de manera que no podía omitir llevar a cabo la proyección porcentual a que hizo referencia, dado que sólo así puede establecerse si dicha causal es determinante y generalizada, de modo que al no hacerlo así, deja en un evidente estado de indefensión al Partido Acción Nacional, y por lo tanto dicha sentencia resulta ilegal.

Además, según expresa el impugnante, de lo advertido por el instructor no se desprende siquiera que en la totalidad de los paquetes electorales que solicitó para su inspección haya podido observar tal circunstancia, pues de los ciento diez paquetes sujetos a análisis sólo encontró ciento quince boletas, en las cuales, en apreciación de la autoridad responsable, se encontraban marcas evidentemente diferentes; aunado a que resulta sorprendente cómo en tres de las cinco mesas revisoras (incluida en ellas la que presidió el instructor) se encontraron únicamente un total de seis boletas con marcas que a juicio del mismo instructor presentaban marcas evidentemente diferentes, mientras que en las dos mesas restantes se encontraron ciento nueve boletas de esas características. Razón por la cual, esa desproporción le hace dudar del método que haya empleado el instructor para catalogar las referidas boletas, y del rigor con que haya aplicado el mismo.

Con base en estas observaciones, el promovente sostiene que en apego al contenido de las constancias del sumario a lo más que puede conducir es a concluir que la irregularidad alegada por la actora y supuestamente corroborada por el instructor se presentó con características de gravedad en cuando mucho el diez por ciento de las casillas y que, por tanto, no se puede concluir que la misma sea grave en sí misma, y mucho menos general ni determinante, ni que trascienda al resultado de la votación y que, no obstante ello, el resolutor de manera inexplicable y en contravención al principio de legalidad, señala que la valoración de las fotocopias, obtenidas de las boletas en la diligencia para mejor proveer que llevó a cabo el Tribunal, arrojaron como conclusión las causas que aparentemente motivaron a los funcionarios de casilla a calificar de nulos los votos referidos, sin que dicha autoridad mencione jamás dichas causas, agregando que aparecen todas las hipótesis que señaló la “Alianza Unidos por Juárez”, ello a pesar de que el propio Tribunal acepta categóricamente que las boletas (y no las fotocopias) que examinó con motivo de la diligencia no fueron cruzadas por los electores en la forma que establece el artículo 121, párrafo 1, inciso a), de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua y, por ende, debían calificarse de nulos.

El enjuiciante manifiesta que a pesar de que en la diligencia de análisis de las boletas electorales no hay ni un solo elemento ni mucho menos circunstancia alguna que permita arribar a la conclusión de que las boletas fueron efectivamente alteradas y que los funcionarios no lo percibieron o que éstos participaron en dicha alteración, el Tribunal responsable afirma, y ello lo lleva a conclusiones totalmente erróneas en perjuicio del Partido Acción Nacional, que la diligencia le permitió encontrar las “circunstancias reales” de cómo fueron marcadas las boletas inspeccionadas, una por una, lo cual, según la resolutora, permiten apreciar tendencias perjudiciales que se presentan con mayor incidencia respecto de la “Alianza Unidos por Juárez”, en relación con los demás contendientes.

En este mismo orden de ideas, el accionante señala que inexplicablemente y sin fundamento legal o probatorio alguno la autoridad responsable arguye que las irregularidades de que supuestamente se percata, las hace extensivas a todas las casillas que se instalaron con motivo de la elección impugnada, afirmando que la existencia de la irregularidad grave que asume, afecta a dicha elección extraordinaria, ya que el ejercicio del voto libre, secreto y universal se vio afectado por la cantidad de votos nulos en cada una de las casillas abiertas tanto en el cómputo municipal como en la diligencia celebrada en el Tribunal e ilegalmente considera fundado el agravio expresado en el capítulo XXXVI del escrito presentado por la coalición “Alianza Unidos por Juárez”.

Al respecto, el inconforme hace suyos los argumentos expuestos por el Magistrado José Miguel Salcido Romero en su voto particular, en donde señala que la actora debió probar los hechos en que se fundó y que sustancialmente consistían en: a) que los electores que emitieron los votos contenidos en las boletas que aseguran fueron marcadas posteriormente por otras manos, originalmente habían sufragado válidamente por la coalición “Alianza Unidos por Juárez”; b) que con posterioridad, personas distintas a los electores tuvieron acceso a las boletas  en las que estamparon otras marcas, con la finalidad de anular votos correspondientes a la recurrente; c) que lo anterior se hizo con la complicidad de los funcionarios de las casillas electorales instaladas, y d) que una vez anulados de manera fraudulenta por terceras personas, esos votos, estuvieron en poder de los escrutadores para ser considerados en los cómputos de casilla, como votos nulos.

Empero, según el promovente, lo único que se acreditó en la diligencia de inspección aludida, mediante la observación y análisis de las boletas revisadas, es que éstas contenían votos nulos y que éstos presentaban marcas de diferente construcción, sin que se desprenda de la observación de las boletas elemento alguno de convicción que pudiera haber llevado al Tribunal enjuiciado, a concluir, fehacientemente, que en los casos en que se encontraba marcado el emblema de la coalición “Alianza Unidos por Juárez”, éste hubiera sido marcado con anterioridad a cualquier otro signo, marca o leyenda que se contuviera sobre el emblema de otro u otros partidos políticos, como lo aseguró la actora, pues aun en el supuesto no probado de que las marcas se hubieran plasmado en distintos momentos, no es posible tener por cierto cuál es la marca anterior y cuál la posterior, ya que en autos no obra elemento de convicción alguno para arribar a esa conclusión; tampoco se acreditó, que las diversas marcas contenidas en las boletas hubieran sido plasmadas por dos o más personas, dado que, para probar este último extremo, se requeriría información que definitivamente no se encuentra plasmada en las boletas, más allá del indicio aislado que se desprende de la diversidad de marcas que contienen, y que por sí solo, carece de valor probatorio alguno para ese efecto, de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 198 de Ley Electoral del Estado de Chihuahua, que en su párrafo 7, inciso b), consigna que los mismos, sólo harán prueba plena, cuando a juicio del Tribunal estatal electoral, existan otros elementos que relacionados con los hechos afirmados, la verdad conocida, y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí, generen convicción sobre su veracidad.

Del análisis conjunto de los agravios que han quedado sintetizados y contrastados con los argumentos expresados por el Tribunal Estatal Electoral al resolver el recurso de inconformidad identificado con el número de expediente 5/2002 y sus acumulados 6/2002 y 7/2002, promovidos el primero y el último por la coalición “Alianza Unidos por Juárez” y el segundo por el Partido Acción Nacional, esta Sala Superior arriba a la conclusión de que le asiste la razón al partido político actor y, por ende, son sustancialmente fundados los motivos de queja en los que aduce que indebidamente la autoridad responsable anuló la elección extraordinaria celebrada el doce de mayo próximo pasado, para la renovación del Ayuntamiento del municipio de Juárez, Chihuahua, con excepción del Síndico.

Lo fundado de los motivos de inconformidad en comento deriva de las siguientes consideraciones jurídicas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, para que el Tribunal Estatal Electoral esté en posibilidad de decretar la nulidad de una elección de un diputado de mayoría relativa, de Gobernador o de un ayuntamiento, se requiere que se actualice alguno de los siguientes supuestos:

1. Que las causas de nulidad que se invoquen hayan sido plenamente acreditadas y sean determinantes para el resultado de la elección, o

2. Que el Tribunal electoral local, advierta que se hayan cometido en forma generalizada violaciones sustanciales en la jornada electoral y se demuestre que las mismas son determinantes para el resultado de la elección, salvo que las irregularidades sean imputables al partido recurrente.

En cuanto al primer supuesto, las causas de nulidad que se pueden invocar son las previstas en el artículo 171 del mismo ordenamiento electoral local, a saber:

a) Cuando alguna o algunas de las causas señaladas en el artículo 170 de la citada ley, se acrediten en por lo menos el 20% de las casillas electorales del municipio, distrito o Estado, según corresponda;

b) Cuando no se instalen las casillas en el 20% de las secciones del municipio, distrito o Estado, según corresponda y consecuentemente la votación no hubiere sido recibida; y

c) Cuando los candidatos sean inelegibles.

En el caso del inciso a), las causales de nulidad de votación recibida en casilla a que se refiere el artículo 170, son las siguientes:

a) Instalar la casilla, sin causa justificada, en lugar distinto al señalado por la Asamblea General o las asambleas municipales;

b) entregar, sin causa justificada, el paquete que contenga los expedientes electorales a la asamblea municipal, fuera de los plazos que la misma ley señala;

c) realizar, sin causa justificada, el escrutinio y cómputo en local diferente al determinado por la asamblea respectiva;

d) recibir la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección;

e) la recepción de la votación por personas u organismos distintos a los facultados por la ley;

f) haber mediado dolo o error en la computación de los votos que beneficie a uno de los candidatos, fórmula de candidatos y esto sea determinante para el resultado de la votación;

g) permitir sufragar sin credencial para votar a aquellas personas cuyo nombre no aparezca en la lista nominal de electores, salvo en los casos de excepción señalados en la ley y siempre que ello sea determinante para el resultado de la elección;

h) haber impedido el acceso a los representantes de los partidos políticos o haberlos expulsado sin causa justificada y siempre que ello sea determinante para el resultado de la elección;

i) ejercer violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores y siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación;

j) cuando el número total de votos emitidos, sea superior al número total de electores que contenga la lista nominal correspondiente, salvo que la diferencia obedezca a los casos de excepción que dispone la ley;

k) cuando se cierre la casilla antes de la hora indicada, sin haber acudido a votar la totalidad del padrón; y

l) existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma evidente, pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma.

Además, debe tenerse presente que, tal como lo establece el artículo 172 de la Ley electoral local, sólo podrá ser declarada nula una elección, cuando las causas que se invoquen hayan sido plenamente acreditadas y sean determinantes para el resultado de la elección.

En lo concerniente a que hayan sido plenamente demostradas  las causas que se invoquen, este requisito debe ser entendido en el sentido de que debe acreditarse, fehacientemente, la existencia de las irregularidades que se aleguen, lo cual obedece al principio rector en materia electoral consistente en que los actos de las mesas directivas de casilla se presumen válidos mientras no se demuestre lo contrario, en acogimiento del principio general de derecho público resumido en la expresión favor acti.

Por lo que se refiere al requisito de que las irregularidades que se acrediten sean determinantes para el resultado de la votación o de la elección, implica que de no haberse presentado tales irregularidades el resultado de la elección hubiese sido distinto, es decir, que el partido político o candidato triunfador pudiera haber sido otro.

Esta Sala Superior ha considerado que los criterios para establecer cuándo una irregularidad es determinante para el resultado de la votación recibida en una casilla o de una elección, puede ser de carácter aritmético, el cual implica que las irregularidades que se encuentren probadas repercutan en un número de votos que sea superior a la diferencia existente entre la votación del partido político o candidato que obtuvo el primer lugar y la votación del partido político o candidato que ocupó el segundo lugar; asimismo, se ha señalado que el aspecto determinante puede derivar de que las irregularidades acreditadas hayan conculcado de manera significativa, por los propios funcionarios electorales, uno o más de los principios constitucionales rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, o bien, atendiendo a la finalidad de la norma, la gravedad de la falta y las circunstancias en que se cometió, particularmente cuando ésta se realizó por un servidor público con el objeto de favorecer al partido político que, en buena medida, por tales irregularidades, resultó vencedor en una específica casilla o elección.

Cabe destacar que todos estos criterios parten de la base de que las irregularidades que hayan sido invocadas se encuentren plenamente demostradas.

En cuanto a los efectos de la nulidad decretada por el Tribunal Estatal Electoral, respecto de la votación emitida en una casilla o de una elección, el artículo 169 de la misma Ley electoral local señala que se contraen exclusivamente a la votación o elección para la que expresamente se haya hecho valer en el recurso de inconformidad. Esto en atención al principio favor acti, ya citado, por el cual se tiende a la reducción máxima de las facultades invalidatorias de las infracciones y vicios que los actos puedan poseer, razón por la cual se provee de una serie de medidas técnicas establecidas por el legislador que incluyen: La incomunicación de la invalidez de los actos viciados a otros que sean independientes de aquellos, así como la conservación de los actos y trámites cuyo contenido no esté afectado por los vicios o irregularidades de algunos otros.

De la última disposición citada se advierte que el sistema de nulidades previsto en la legislación electoral del Estado de Chihuahua, se encuentra construido de tal manera que solamente existe la posibilidad de anular la votación recibida en una casilla, por alguna de las causas señaladas limitativamente por los artículos que prevén las causales de nulidad relativas, por lo que el órgano del conocimiento debe estudiar individualmente, casilla por casilla, en relación a la causal de nulidad que se haga valer en su contra.

De esto deriva también que el legislador del Estado de Chihuahua tuvo presente el hecho de que en cada casilla ocurren hechos totalmente distintos, pues cada una se ubica, se integra y conforma específica e individualmente, por esa razón, ha restringido los efectos de la declaración de nulidad que se advierta en una casilla sólo a la votación recibida en ella, razón por la cual los efectos de la nulidad de la votación recibida en una casilla de ninguna manera se pueden extender a las demás casillas; al mismo tiempo, de la disposición en comento se desprende que si se llegara a demostrar la existencia de irregularidades ocurridas en una casilla tales violaciones no podrían sumarse a las acontecidas en otras casillas para que, de esa manera, pudieran dar lugar a la nulidad de todas ellas.

En el caso a estudio, tal como lo asevera el promovente, ninguno de los supuestos necesarios para decretar la nulidad de la elección extraordinaria, realizada en el municipio de Juárez, Chihuahua, se actualizó y, por consiguiente, lo resuelto por el Tribunal responsable es violatorio del principio de legalidad a que se encuentra sujeto en términos de lo dispuesto en el artículo 36 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua.

El Tribunal enjuiciado consideró procedente decretar la nulidad de la elección de Ayuntamiento para el municipio de Juárez, Chihuahua, basándose en las conclusiones que para mayor claridad a continuación se transcriben.

“En relación con el agravio XXXVI, de su contenido se desprende que las irregularidades estimadas como acreditadas por la Alianza Unidos por Juárez, son de aquellas de las cuales la Ley Electoral del Estado, en los artículos 170, numeral 1 inciso l) y 171, numeral 1, inciso a), considera como graves sujetando la primera a que ésta sea determinante para el resultado de la elección mencionada, condición que se colma en atención a que las incidencias y tendencias que si como se dijo se encontraron a partir de abrir ciento diez paquetes electorales, tomando como punto de partida aquellas que se encuentran arriba del promedio del 6.56 seis punto cincuenta y seis por ciento de votos nulos que se obtiene de dividir 9658 nueve mil seiscientos cincuenta y ocho votos nulos entre el número 1472 mil cuatrocientas setenta y dos casillas instaladas, es de presumirse que en aquellos paquetes electorales, que durante el cómputo municipal, llamaron la atención de los representantes de la Alianza Unidos por Juárez, cuyo número de votos nulos es igual o mayor al señalado, aparecen las mismas incidencias y tendencias, o sea en 110 ciento diez de 172 ciento setenta y dos casillas, cuyos datos obran en las actas individuales levantadas por la Asamblea Municipal, como es de presumirse que dichas irregularidades se presentaron por tanto en aquellas casillas cuyo cómputo de votos nulos exceda el promedio ya señalado y por tanto dentro de la hipótesis que marca el inciso l) numeral 1 del artículo 170 y también dentro de la que señala el artículo 171,1 inciso a), ambos de la Ley Electoral del Estado; y por lo tanto, las violaciones probadas a las que se refieren son substanciales para proceso electoral y también deban considerarse violaciones sistematizadas y generales que en forma evidente ponen en duda la certeza de la votación de la elección impugnada, por afectar en consideración de este Tribunal, por los razonamientos ya expuestos, a la mayoría de las casillas instaladas en la jornada electoral del doce de mayo próximo pasado, acarreando con ello, la nulidad de la elección extraordinaria del Ayuntamiento de Juárez”.

De los argumentos trasuntos se desprende que la autoridad enjuiciada, en primer término, pretendió encuadrar las irregularidades, que desde su perspectiva se encontraban acreditadas, en los supuestos previstos en los numerales 170, párrafo 1, inciso l), y 171, párrafo 1, inciso a), ambos de la ley electoral local.

Para arribar a la conclusión de que las irregularidades en comento eran determinantes para el resultado de la elección, el Tribunal estatal electoral tomó en cuenta las que asevera se encontraron en los ciento diez paquetes electorales que fueron abiertos por la autoridad responsable, así como de otros ciento diez paquetes electorales de los ciento setenta y dos, cuya apertura se asentó haber realizado durante el cómputo municipal, lo cual equivale a decir que las mencionadas irregularidades se presentaron en un total de doscientas veinte casillas y, a partir de ello, pretendió extender sus efectos a todas las casillas del municipio.

Como ya se puso de manifiesto, para que se declare la nulidad de una elección con base en el supuesto previsto en el inciso a) del párrafo 1 del artículo 171 de la ley electoral local, en primer lugar se requiere que se acredite alguna o algunas de las causas de nulidad de votación recibida en casilla, previstas en el artículo 170 del mismo ordenamiento electoral, en al menos el veinte por ciento de las casillas electorales, en este caso, del municipio.

De la sentencia reclamada se observa que la autoridad responsable en relación con el agravio esgrimido en el capítulo XXXVI del escrito de inconformidad de la coalición entonces impugnante, en ningún momento declaró la nulidad de la votación recibida en las casillas en cuestión, pues aunque invoca la causal prevista en el inciso l), del citado artículo 170, no hizo un estudio específico para establecer por qué consideraba que la supuesta alteración de los votos nulos actualizaba la hipótesis en comento, es decir, que se tratara de irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma evidente, pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma.

Además, aun en el caso de que se considerara cierto que  en las doscientas veinte casillas individualmente consideradas, existieron las irregularidades a que aludió la coalición entonces recurrente, y que se aceptara que las mismas fueron determinantes para el resultado de la votación recibida en cada una de ellas, esto sería insuficiente para colmar el supuesto previsto en el inciso a) del artículo 171 de la ley electoral local, toda vez que, como el propio tribunal enjuiciado lo menciona en la resolución combatida, para la referida elección extraordinaria, se instalaron mil cuatrocientas setenta y dos casillas, por lo cual el número de casillas en que supuestamente se advirtieron las irregularidades, representarían solamente el 14.94% catorce punto noventa y cuatro por ciento de las instaladas en el municipio, por ende, en ese supuesto no se satisfaría el requisito relativo a que se haya declarado la nulidad de la votación recibida en al menos el veinte por ciento de las casillas instaladas en el municipio, lo cual trae como consecuencia que no se esté en el caso de declarar la nulidad de la elección en cuestión.

En segundo término, el tribunal emisor del fallo impugnado, señala que las violaciones probadas son sustanciales y también deben considerarse violaciones sistematizadas y generales que en forma evidente ponen en duda la certeza de la votación de la elección impugnada, por afectar a la mayoría de las casillas instaladas en la jornada electoral. Esta conclusión se apoya en una cadena argumentativa construida por la autoridad responsable, en la que fue enlazando un razonamiento con otro, para pretender establecer una presunción que a fin de cuentas le sirviera para arribar a la conclusión de que debía anularse la elección extraordinaria celebrada el doce de mayo del año en curso en el municipio de Juárez, Chihuahua.

La jurisdicente responsable parte de la premisa de que con motivo de la apertura de ciento diez paquetes electorales, cuyo promedio de votos nulos era superior a 6.56 seis punto cincuenta y seis votos, realizó la inspección de seiscientas cuarenta y siete boletas, de las cuales, según su particular punto de vista, doscientas ochenta y cinco tienen “aparentemente trazos diferentes”, ciento quince tienen trazos “evidentemente diferentes” y ciento cincuenta tienen trazos “aparentemente semejantes”, y en todos ellos observó que aparecen boletas con votos calificados como nulos con mayor incidencia en las que aparece marcado el emblema de la coalición “Alianza Unidos por Juárez”, en relación con los demás contendientes, por lo cual estimó que se demostraba la alteración e indebida calificación de votos efectuada por los funcionarios de las mesas directivas que participaron en cada una de las casillas instaladas con motivo de la elección extraordinaria de Ayuntamiento de Juárez, Chihuahua, salvo los considerados como válidos en la inspección.

Partiendo de esa supuesta demostración de la indebida calificación de votos nulos en las ciento diez casillas que fueron motivo de la diligencia de apertura de paquetes electorales, verificada por el propio Tribunal responsable, dicha autoridad pretende establecer que esa irregularidad también aconteció en aquellas ciento diez casillas que llamaron la atención de la coalición “Alianza Unidos por Juárez” durante la apertura de paquetes electorales realizada por la Asamblea Municipal Electoral de Juárez, Chihuahua, durante el cómputo municipal, pero sin que la enjuiciada exponga las razones que haya aducido dicha coalición en la sesión de cómputo.

Una vez establecida esa otra conclusión, la autoridad enjuiciada la utiliza como premisa para establecer, como supuesta presunción, que si las irregularidades a que aludió se encontraron en las doscientas veinte casillas en comento, entonces es de presumirse que también se presentaron en todas aquellas casillas cuyo cómputo de votos nulos exceda del promedio de 6.56 seis punto cincuenta y seis votos nulos.

Con independencia de las deficiencias que más adelante se pondrán de manifiesto, en el argumento en estudio se aprecia que la autoridad responsable no precisa cuál es ese número de casillas que supone se encuentran en el mismo supuesto que las doscientas veinte en las que dice se alteraron los votos nulos, ni mucho menos las identifica individualmente, sino que simplemente se limita a decir que tales irregularidades afectaron a la mayoría de las casillas instaladas en la jornada electoral, de manera que en este aspecto la resolución combatida adolece de falta de motivación. Además, la autoridad electoral pierde de vista la disposición contenida en el párrafo 1 del artículo 172 de la ley electoral estatal, el cual señala que para que proceda la nulidad de una elección las causas que se invoquen deben quedar plenamente demostradas, de manera que no podría estimarse ajustada a derecho una declaración de nulidad que se base en que por existir ciertos hechos en un número determinado de casillas, aquellos también hayan ocurrido en otras diversas casillas, pues debe tenerse en cuenta que en cada casilla ocurren hechos distintos, toda vez que son diferentes protagonistas los que participan, es decir, que son diversos funcionarios de casilla, son otros representantes de casilla y, por supuesto, son distintos electores.

Aunado a lo anterior, esta Sala Superior estima que las consideraciones que como cadena argumentativa sirvieron de sustento al Tribunal estatal electoral para arribar a la conclusión de que debía declararse la nulidad de la elección, son contrarias a los principios rectores de la función electoral, como son, específicamente, los de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad y, por lo mismo, insuficientes para declarar la nulidad de la elección extraordinaria celebrada en el municipio de Juárez, Chihuahua.

Esta Sala Superior estima que el Tribunal Estatal Electoral del Estado de Chihuahua violó los principios antes enunciados, puesto que se apartó de los hechos que habían sido planteados en el recurso de inconformidad, toda vez que la impugnación de la coalición “Alianza Unidos por Juárez”, por lo que se refiere al capítulo XXXVI del respectivo escrito de demanda, se centraba en las supuestas irregularidades advertidas con motivo de la apertura de paquetes electorales realizada por la Asamblea Municipal Electoral de Juárez, al momento de llevar a cabo el cómputo de la elección extraordinaria que tuvo verificativo en el municipio de Juárez, Chihuahua. Así se desprende de la parte conducente del escrito de interposición del recurso de inconformidad en el cual el representante de la coalición entonces recurrente señala:

“... se ha determinado con la apertura de las urnas por parte de la Asamblea Municipal, que de manera dolosa y con el claro propósito de afectar a nuestra Coalición y favorecer al candidato del Partido Acción Nacional, en el 95% de las casillas abiertas se encontraron votos considerados como nulos, mismos que razonablemente podemos afirmar  fueron alterados, ya que al examinar dichas boletas,  se desprende a simple vista que  las marcas y menciones graficas sobre las boletas anuladas, que se muestran en forma de cruz o cruzadas son de diversos trazos, algunas en una dirección y otras en sentido contrario, tal vez mostrando si el votante que las marca es derecho o zurdo, sin embargo,  existe una marca clara sobre el logo de la Alianza y luego, otra marca, apreciando que es en otro sentido el rasgo o su dirección, lo que nos permite deducir que se trata de dos personas diferentes las que han cruzado o marcado la boleta considerada nula.

...”.

Se corrobora la afirmación antes apuntada con la parte relativa a las pruebas, ofrecidas por la parte actora en el referido recurso de inconformidad, en la cual expresamente manifestó:

“...

PRUEBAS

1. La inspección ocular por parte del fedatario designado por éste H. Tribunal, a efecto de que  con asistencia de peritos y la concurrencia de las partes, se practique sobre las boletas declaradas nulas y que fueron revisadas por la Asamblea Municipal, en respuesta a la recomendación de la H. Asamblea del Instituto Estatal Electoral, en su acuerdo de fecha 16 de mayo del 2002, mismos que se encuentran bajo el resguardo de dicha Asamblea en el domicilio de Ciudad Juárez, y que deben de ser  remitidas a este H. Tribunal para la practica de la diligencia, debiendo reabrirse estos paquetes y teniendo a la vista las boletas nulas, se haga constar lo siguiente:

a).-  Se tendrán a la vista el numero de boletas calificadas como nulas;

b).- Se apreciará el número de boletas nulas que están marcadas o cruzadas en el logo de la “Alianza Unidos por Juárez”, y además de otro rasgo o signo a favor de otro  partido;

c).-  Se apreciará en las boletas nulas que están marcadas o cruzadas en el logo de la “Alianza Unidos por Juárez”, y además de otro rasgo o signo a favor de otro  partido, el material (crayón, pluma, o cualquier otro medio) con el que fueron marcadas en uno y en otro logo,

d).-  Se apreciará en las boletas nulas que están marcadas o cruzadas en el logo de la “Alianza Unidos por Juárez”, y además de otro rasgo o signo a favor de otro  partido, el sentido (de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo y en sentido opuesto) en que fueron marcados.

Para el correspondiente perfeccionamiento de esta probanza, solicitamos se deje agregada a la actuación, copia certificada de todas y cada una de las boletas nulas de los paquetes que fueron abiertas por la Asamblea Municipal, así como que se hagan constar todas las observaciones  que el Tribunal, las partes y los peritos estimen necesario de acuerdo a los dispuesto por los artículos 330 y relativos del Código de Procedimientos Civiles, en relación al 176 de la Ley Electoral.

2.- La pericial grafoscópico y grafológico con cargo a peritos expertos en criminología,  que se practique sobre las boletas declaradas nulas y que fueron revisadas por la Asamblea Municipal, en respuesta a la recomendación de la H. Asamblea del Instituto Estatal Electoral, en su acuerdo de fecha 16 de mayo del 2002, mismos que se encuentran bajo el resguardo de dicha Asamblea en el domicilio de Ciudad Juárez, y que deben de ser  remitidas a este H. Tribunal para la practica de la diligencia, debiendo reabrirse estos paquetes y teniendo a la vista las boletas nulas, se deberá precisar la coincidencia grafológica, de los signos o grafías puestos en especificas boletas electorales anuladas, para determinar  si en cada una de estas corresponden dichos signos o grafías al mismo emisor, y en su caso concluir  sobre la posibilidad de la existencia de alguna situación de recurrencia en este sentido relacionándolo a el total de votos nulos que incida en alguno de los partidos contendientes en base a los datos proporcionados del muestreo y el análisis de las actas de computo de las casillas y en su caso determinar la relación que pudiera existir entre los dos supuestos planteados.

...”.

Como puede advertirse los hechos en que sustentaba su impugnación la coalición “Alianza Unidos por Juárez”, eran los relativos a las supuestas irregularidades advertidas con motivo de la apertura de los paquetes electorales que llevó a cabo la Asamblea Municipal Electoral de Juárez, Chihuahua, siendo esos hechos los que pretendía acreditar.

No obstante la claridad de los hechos que eran materia de la controversia, en el proveído de fecha doce de junio de dos mil dos, la autoridad responsable ordenó la apertura de ciento diez paquetes electorales correspondientes a las casillas que se enumeran en el acuerdo en comento, expresando las siguientes razones:

“Chihuahua, Chihuahua, a doce de junio de dos mil dos.

Vistos los autos del expediente 5/2002 y sus acumulados 6/2002 y 7/2002, formado con el recurso de inconformidad interpuesto por la coalición “Alianza Unidos por Juárez”, en contra de los resultados consignados en el acta de escrutinio y cómputo municipal de la elección de Ayuntamiento de Juárez y de la constancia relativa. De cuyas constancias se advierte:

I. Que existen circunstancias que justifican la apertura de los paquetes electorales correspondientes a las casillas:

...

Esto, a fin de contar con elementos que permitan la valoración de los datos impugnados por el recurrente, relativos a la calificación de votos computados como nulos por las mesas directivas de casilla, a efecto de hacer un análisis a través de un estudio pormenorizado del mayor número posible de constancias en que se haya consignado información relacionada con las circunstancias que mediaron en la recepción del sufragio y la contabilización de los votos respectivos, ya que de autos se advierte que no se cuenta con elementos suficientes para esclarecer el punto controvertido respecto de votos nulos y su calificación en los términos de la Ley Estatal Electoral. Se hace necesario ordenar como diligencia para mejor proveer la apertura de los paquetes electorales relacionados anteriormente, ello con el propósito de indagar si existe una irregular calificación de dichos votos, considerándose para ello aquellas casillas cuyo número de votos nulos es más alta que el promedio de votos nulos por casilla de la elección de que se trata, sin que con ello se actualice dilación u obstáculo alguno para resolver, toda vez que la información que de esta diligencia se obtenga, resultará útil para esclarecer los hechos que son materia del asunto, ello sin menoscabo de que este Tribunal pudiera ampliar la diligencia a un mayor número de casillas si ello se estima necesario, a efecto de satisfacer los principios de certeza y legalidad rectores de los procesos electorales y que en todo caso darían cumplimiento al principio de exhaustividad que se impone a los juzgadores en la resolución de los asuntos encomendados. En consecuencia.

SE ACUERDA

...

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 199.1 de la Ley Electoral del Estado, se fijan las doce horas del día sábado quince de junio del año en curso, a efecto de realizar la diligencia de apertura de los paquetes electorales de la elección extraordinaria del ayuntamiento de Juárez, a los que se refiere este acuerdo, para llevar a cabo la revisión de los votos calificados y computados como nulos según las actas de escrutinio y cómputo que obran en autos.

...”.

Como se observa del texto transcrito, la autoridad responsable ordenó la apertura de ciento diez paquetes electorales, pero no con base en la petición que había formulado la coalición entonces actora, sino en atención a que, desde el punto de vista de ese tribunal, existían circunstancias que justificaban esa apertura, siendo el propósito de tal diligencia “indagar si existe una irregular calificación de los votos nulos”.

Al respecto debe tenerse presente que las facultades que el artículo 199 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua otorga al Presidente del Tribunal estatal electoral o al magistrado instructor, consistentes en ordenar que se realicen diligencias o que una prueba se perfeccione, están establecidas a efecto de obtener elementos que puedan resultar relevantes en la obtención de la verdad sobre los hechos controvertidos, pues según lo dispone el artículo 200, párrafo 1, del ordenamiento legal en cita “son objeto de prueba los hechos controvertidos”, lo cual se encuentra en relación con lo preceptuado en el artículo 203 de la propia ley en consulta, al prever que toda resolución deberá hacerse constar por escrito, y contendrá, entre otros requisitos, el examen y la valoración de las pruebas ofrecidas, aportadas y admitidas y, en su caso, las ordenadas por el Tribunal, como resultado de las declaraciones y diligencias.

En ese orden de ideas, es inconcuso que el tribunal enjuiciado  se apartó de los hechos planteados en la demanda, en razón de que ordenó la apertura y revisión de paquetes electorales que no se referían a las casillas que la coalición entonces recurrente había señalado como las que se verificaron por la Asamblea Municipal Electoral de Juárez, Chihuahua con motivo del cómputo municipal, circunstancia que se corrobora con el razonamiento que la jurisdicente responsable hace en la resolución combatida cuando, al referirse al desechamiento de las pruebas periciales y de inspección ocular, expresamente señala:

“... esto con independencia de que la no admitida reapertura aquellos paquetes electorales, haya impedido que en su desechamiento, el Magistrado Instructor se haya reservado la facultad que la ley le otorga en al artículo 199.1, de que como diligencia para mejor proveer se pudiera ordenar, como se hizo, la apertura de paquetes electorales diversos a los abiertos por la Asamblea Municipal, pues si bien el impetrante, no hizo una solicitud expresa para que se abrieran otros paquetes electorales, la instrucción y sustanciación del presente asunto no podía verse impedida para efectuar dicha apertura en el caso de que se encontraran razones fundadas para abrir otros paquetes electorales, tal y como aconteció en la especie.

...”.

De lo hasta aquí expuesto, se concluye que el Tribunal Estatal Electoral basó su determinación de anular la elección extraordinaria del municipio de Juárez, Chihuahua sobre hechos que no fueron materia del capítulo XXXVI del escrito de demanda presentado por la coalición “Alianza Unidos por Juárez”, pues lo que ésta pretendía era que se reabrieran los paquetes electorales que habían sido abiertos en la sesión de cómputo municipal, incluso para inconformarse, la coalición entonces actora se sustentó en las observaciones que dice haber realizado en la sesión de cómputo municipal y con base en ello propuso su demanda de nulidad de la elección, por considerar que esas boletas electorales presentaban signos que, desde el punto de vista de la entonces recurrente, constituían una alteración de los votos que fueron calificados como nulos por las mesas directivas de casilla.

Por otra parte, con independencia de lo fundado o infundado de los argumentos que el partido político impugnante esgrime respecto a la admisibilidad o no de la prueba de inspección como medio de convicción, por estimar dicho promovente que no está expresamente previsto como tal en la Ley electoral local, resulta incuestionable que si la autoridad responsable consideró procedente la apertura de paquetes a fin de llevar a cabo una inspección ocular, es evidente que debía ceñirse a las reglas que rigen este tipo de probanzas, sin embargo, como se advierte de autos, la jurisdicente responsable no acató esas reglas y tampoco tomó en cuenta lo que dispone el artículo 388 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, de aplicación supletoria a la legislación electoral en términos de lo previsto en el artículo 176, párrafo 2, de la Ley electoral local, es decir, que tal medio de convicción hará prueba plena cuando se practique sobre objetos que no requieran conocimientos especiales.

Esta Sala Superior estima que al llevar a cabo la inspección de las copias fotostáticas de las boletas electorales, la autoridad responsable no se sujetó a los requisitos necesarios para la validez del resultado obtenido con motivo de tal diligencia y, consecuentemente, no puede considerarse como una verdadera inspección ocular ni mucho menos que pueda concedérsele valor probatorio pleno.

La inspección ocular consiste en una actuación mediante la cual el juez recoge las observaciones directamente, por sus propios sentidos, acerca de las cosas que son objeto de la litis o que tienen relación con ella.

En este sentido, es claro que la inspección debe ser sobre un hecho que cae bajo el dominio de los sentidos y para cuya estimación no se necesitan conocimientos especiales.

A partir de la inspección el juez podrá interpretar los hechos u objetos según su entender y como lo crea conducente de conformidad con las reglas procesales que le autoricen su apreciación, mas nunca podrá llevar su interpretación inmediata sobre lo no inspeccionado, sin obstar la circunstancia de poder sacar, sobre lo que sí hubiera inspeccionado, algún indicio que le permitiera llegar a la presunción de alguna cuestión ajena, aunque relacionada con la inspección.

Ahora bien, tomando en cuenta la naturaleza de la prueba de inspección, así como algunas reglas generales de la prueba, se han establecido algunos requisitos que dicha probanza debe reunir para que se considere válida y merezca valor demostrativo, siendo los siguientes.

Se debe determinar los puntos sobre los que vaya a versar;

b) se debe citar a las partes, fijándose al efecto, día, hora y lugar para que tenga verificativo;

c) si las partes concurren a la diligencia se les debe dar oportunidad de que hagan las observaciones que estimen oportunas;

d) se debe levantar un acta en la cual se haga constar la descripción de los documentos u objetos inspeccionados, anotando todas aquellas características y circunstancias que puedan formar convicción en el juzgador.

Lo anterior se encuentra recogido en los artículos 340 a 342 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua de aplicación supletoria a la legislación electoral local, así como en diversas tesis tanto de esta Sala Superior como de los diversos Tribunales de la Federación.

Los artículos 340 a 342 del Código adjetivo civil en comento, son del tenor siguiente:

“Artículo 340. El reconocimiento o inspección judicial podrá practicarse de oficio o a petición de parte, con citación previa y expresa de los litigantes, fijándose al efecto día, hora y lugar para que tenga verificativo.

Artículo 341. Al solicitarse la inspección judicial se determinarán los puntos sobre que debe versar; y durante la práctica de la diligencia, las partes, sus representantes o abogados, podrán hacer las observaciones que estimen oportunas.

A la diligencia podrán concurrir los testigos de identificación y los peritos que fueren necesarios.

Artículo 342. Del reconocimiento se levantará una acta que firmarán los que a él hayan concurrido, asentándose los puntos que lo provocaron, las observaciones, declaraciones de peritos, y todo lo necesario para esclarecer la verdad que se trataba de hacer constar por medio de la diligencia. Cuando fuere necesario se levantarán planos o se sacarán fotografías del lugar u objeto inspeccionado”.

La tesis sustentada por esta Sala Superior a que se ha hecho alusión se encuentra visible en las páginas 106 y 107 del Suplemento número 5, correspondiente al año 2002, de la Revista de difusión de este Tribunal, denominada “Justicia Electoral”, cuyo rubro y texto es el siguiente:

“PAQUETES ELECTORALES. PARA SU APERTURA DEBE CITARSE A LOS PARTIDOS POLÍTICOS INTERESADOS (Legislación del Estado de México y similares). La interpretación sistemática de los artículos 14; 41, párrafo segundo, fracciones III y IV, y 116, fracción IV, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 11, 12 y 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de México; 51, fracciones II y IV; 86, fracción III; 113, fracción III; 122, fracción III; 127; 174; 175; 177; 205; 234; 235; 236, párrafo último; 237; 238; 239; 197, párrafo segundo; 202, fracción IV; 203, fracción II; 249, fracción IV; 251, fracciones I y IV, y 270, fracción II, del Código Electoral del Estado de México, pone de manifiesto que la garantía de audiencia y el derecho que tienen los partidos políticos para participar en la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales, trasciende a la sustanciación de los medios de impugnación en materia electoral, de tal suerte que si los órganos electorales administrativos ante los cuales se ejerza tal atribución no atienden a las peticiones debidamente fundadas que los representantes partidistas formulen con relación a los actos y resoluciones emitidos durante las diversas fases del proceso electoral general y, en particular, en lo concerniente a la repetición del escrutinio y cómputo de la elección municipal por el consejo electoral competente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 270, fracción II, del código electoral invocado, al promover el respectivo medio de impugnación, tanto el partido político actor como el tercero interesado conservan esa importante atribución de vigilancia de la efectividad del sufragio y, por tanto, pueden ejercerla ante el órgano jurisdiccional del conocimiento, de lo que resulta que si durante la secuela procesal se hace necesario abrir los paquetes electorales, con objeto de reparar la violación alegada, deben ser citados a la diligencia respectiva los partidos políticos que sean parte en el proceso a efecto de que formulen las observaciones que estimen pertinentes, siempre y cuando ello no signifique una dilación que haga jurídica o materialmente irreparable la violación reclamada, o sea un obstáculo para resolver dentro de los plazos establecidos por la ley. En consecuencia, carecerá de eficacia jurídica alguna, la diligencia de apertura de paquetes electorales llevada a cabo por la autoridad responsable, si se realiza en contravención a las disposiciones legales y constitucionales mencionadas”.

A su vez, las tesis sustentadas por diversos Tribunales Federales del país, son las siguientes:

“Octava Epoca

Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: XII, Agosto de 1993

Página:   459

INSPECCIÓN JUDICIAL, PRUEBA DE.  La prueba de reconocimiento o inspección judicial, es un medio de convicción directo, a través de la percepción directa, pero momentánea, del órgano jurisdiccional, sobre los lugares, personas u objetos relacionados con la controversia. En el desahogo de la diligencia se describe el objeto a inspeccionar, haciéndose constar cuál es, sus características, señales o vestigios, es decir, sus cualidades o aspectos físicos, a fin de crear una reseña lo más cercana a la realidad; luego entonces, la finalidad de este elemento de prueba, contingente y momentáneo, es la de crear la convicción en el juez, de aspectos reales o cuestiones materiales, susceptibles de apreciarse con los sentidos.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO.

Amparo en revisión 65/93. Hilario Guerrero Reyes. 3 de junio de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Baltazar Alvear. Secretario: Guillermo Salazar Trejo”.

“Novena Epoca

Instancia: TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: IX, Enero de 1999

Tesis: III.T.53 L

Página:   865

INSPECCIÓN OCULAR. SU VALORACIÓN DEBE CONCRETARSE AL OBJETO PARA EL CUAL FUE OFRECIDA.  El artículo 827 de la Ley Federal del Trabajo, impone al oferente de la inspección ocular, entre otros requisitos, el de precisar el objeto materia de la misma; mientras que el numeral 829, fracción I, de ese ordenamiento legal, prevé que para el desahogo de la prueba, el actuario tendrá que ceñirse estrictamente a lo ordenado por la Junta. De lo antes expuesto, debe concluirse que la valoración de ese medio de prueba, debe efectuarse atendiendo al objeto preciso para el cual fue ofrecida; de tal manera que si al proponerse la inspección, no se vinculó un hecho y si contrariando la determinación relativa, durante su recepción la autoridad se excede y enfoca su actuación respecto de hechos ajenos a los que el oferente de la prueba pretendió justificar, éstos no deben tenerse por probados por no formar parte del objetivo de la prueba.

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.

Amparo directo 112/98. Pablo López Delgado. 11 de noviembre de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Gómez Ávila. Secretaria: Irma Dinora Sánchez Enríquez”.

En lo concerniente al primer requisito de validez de la inspección para que se le pueda otorgar valor probatorio como tal, al momento de ordenarse la realización de la diligencia correspondiente deben quedar fijados los puntos sobre los que versara y evidentemente en su desahogo deberá acatarse tal determinación.

En lo que al presente asunto se refiere, este requisito no se cumplió a cabalidad,

En efecto, en el auto en que se ordenó la diligencia de apertura de paquetes electorales y, como consecuencia, la inspección de las boletas electorales, como ya se ha puesto de manifiesto, el Magistrado instructor simplemente señaló que el objetivo era indagar si existía una irregular calificación de los votos. A su vez, en la diligencia llevada a cabo el día quince de junio de dos mil dos, la actuación de la autoridad jurisdiccional electoral local, se concretó a abrir los paquetes electorales, obtener copias certificadas de algunas de las boletas que contenían votos nulos y volver introducir las boletas originales en los paquetes electorales, sin que se especificará alguna cuestión distinta o adicional a lo establecido en el mencionado proveído del doce de junio del año en curso, respecto del objetivo de la inspección de las boletas electorales. Esto se desprende del acta levantada con motivo de la citada diligencia, la cual, en lo conducente, a continuación se transcribe.

“En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las doce horas del día quince de junio de dos mil dos, en el local que ocupa el Tribunal Estatal Electoral, se encuentran presentes el Magistrado Instructor José Rodríguez Anchondo, así como los secretarios auxiliares comisionados, ... comparece el licenciado Sergio Alejandro Madero Villanueva, como representante del Partido Acción Nacional... se encuentra también presente el ingeniero Ramón Isaías Rocha Jaime, representante del mismo partido; también se encuentran presentes el licenciado Jorge Neaves Chacón, como representante de la Coalición “Alianza Unidos por Juárez”.

...

Antes de iniciar los trabajos el Magistrado instructor se reunió con los representantes de las partes, a efecto de darles a conocer la manera en que habrá de desarrollarse la diligencia e invitarlos a conducirse con respeto y civilidad.

...

Para la realización de los trabajos se prepararon cinco mesas, identificadas de la siguiente manera, de la mesa uno a la cinco, en cada una de ellas dos funcionarios de este Tribunal y un representante de cada una de las partes e iniciaron los trabajos de apertura de paquetes, en los que se llevó a cabo la verificación del número de votos calificados como nulos por las mesas directivas de casilla correspondientes. Los trabajos se realizaron durante este día de la hora de inicio de esta diligencia a las dieciocho horas con un receso de una hora y se reiniciaron a las diecinueve horas.

El trabajo se desarrolló de la siguiente manera el suscrito Secretario General, me trasladé al salón donde se encuentran los paquetes y se estuvieron llevando al jardín del Tribunal donde se encontraban ubicadas las mesas y se entregaba un paquete electoral a cada una de ellas y previa verificación de los representantes de las partes de que éste se encontraba sellado, se procedió a su apertura y a la búsqueda de los votos ya referidos, del mismo modo al revisar los votos se tomaron fotografías de ellos y en un lado de estos votos se colocó un papel con una leyenda nota de cuenta y un folio en color rojo y en él con marcado anotó el representante de la Coalición en cada una de las mesas, el número de casilla a la que correspondía el paquete relativo. Además de lo anterior este Tribunal tomó fotocopia de aquellos votos calificados como nulos que las partes solicitaron se reprodujeran, además de las fotografías ya mencionadas, que fueron tomadas como ya se asentó por fotógrafos de quienes las partes estuvieron de acuerdo realizaran ese trabajo. Cada vez que concluía el trabajo antes mencionado la documentación extraída del paquete se introducía de nuevo en éste y el suscrito procedí a sellarlo mediante una hoja en blanco que se adhirió con cinta canela en la unión de cierre de paquete y estampé el sello de este Tribunal y lo firmé y a continuación fueron trasladados a un nuevo lugar que fue preparado para ese efecto y que se encuentra ubicado en la parte posterior de este edificio aledaño al jardín y procedí a guardarlos y a cerrar bajo llave y así hasta que por completo fueron resguardados todos y hecho que fue lo anterior procedí a fijar tiras de papel adhesivo con el sello de este Tribunal en la unión de la puerta y el marco así como encima de la chapa de la puerta y los representantes de las partes lo firmaron y el suscrito secretario General.

Los resultados de la diligencia se consignan en los anexos elaborados e identificados de acuerdo a la mesa de trabajo que junto con las hojas de trabajo utilizados se agregan a la presente formando parte integrante de la misma.

Además se agregan las fotocopias que fueron cotejadas por el suscrito Secretario General, con los documentos originales y se puso la leyenda de cotejado en cada una de ellas y se guardaron en carpetas las cuales están identificadas de acuerdo con el número de casilla que corresponde a cada paquete electoral formando parte integrante de esta acta.

...”.

En este mismo sentido, cabe hacer notar que ni en el auto en que se ordenó la apertura de paquetes electorales ni en la propia diligencia llevada a cabo el quince de junio del presente año, se estableció que el objetivo hubiese sido apreciar si las boletas electorales que contenían los votos nulos habían sido alteradas o no, sin que tampoco deba perderse de vista que el planteamiento de la coalición entonces recurrente respecto de una supuesta alteración de los votos nulos lo había hecho en cuanto a las casillas cuyos paquetes electorales se abrieron y revisaron en la sesión de cómputo municipal desarrollada por la Asamblea Municipal de Juárez, Chihuahua.

La omisión del cumplimiento del requisito de congruencia entre lo ordenado en el proveído en que se determinó la apertura de paquetes electorales y lo realizado en la diligencia correspondiente, así como lo que finalmente fue materia de observación por el Tribunal responsable al analizar las boletas electorales, constituye una trasgresión que es suficiente  para negarle valor probatorio a la diligencia referida, en el entendido de que también provocó el incumplimiento del segundo y tercero de los requisitos para la validez de la inspección judicial, consistentes en que se cite a las partes, señalando día y hora para el desahogo de la inspección y se les brinde la oportunidad de hacer las observaciones que consideren pertinentes, pues en la especie, como lo señala el accionante, con tal omisión la responsable le impidió hacer objeción alguna del resultado obtenido de la revisión que se efectuó y que sirvió de base a dicha autoridad para resolver en el sentido en que lo hizo.

El cuarto y último de los requisitos para la validez de la inspección ocular tampoco puede estimarse satisfecho, puesto que, al no haberse llevado a cabo la diligencia en los términos antes indicados, no se levantó un acta en la cual se hiciera constar la descripción de los documentos inspeccionados, anotando todas aquellas características y circunstancias que pudieran formar convicción en el juzgador.

Esto último tampoco se cumplió en la sentencia impugnada, dado que la descripción que se hace de los elementos observados resulta equívoca, pues no existe uniformidad en las características observadas al llevar a cabo la revisión de las copias fotostáticas de las boletas electorales, ya que, en relación con algunas de ellas el Tribunal responsable habla de que existe diferencia en la intensidad de la marca, pero no expresa en qué se apoya para llegar a esa conclusión, en otros casos, la autoridad enjuiciada hace una supuesta observación respecto del instrumento empleado para hacer la marca sobre la boleta (crayón o pluma) o bien la supuesta orientación de la marca, sin embargo, si esos elementos le iban a servir para determinar si existía o no alteración de las boletas, tales observaciones, en todo caso, debió realizarlas en todas las boletas y no sólo en cuanto a algunas. Otra deficiencia en la descripción consiste en que la autoridad utiliza varias expresiones para tratar de establecer las características observadas en las boletas sujetas a la inspección ocular, sin embargo, tales expresiones son inexactas y de carácter subjetivo, puesto que, dentro de los tres rubros principales en que clasifica las boletas, no señala cuáles son los parámetros para considerar que los trazos o signos son: “aparentemente semejantes”, “aparentemente diferentes” o “evidentemente diferentes”, ni mucho menos en qué radica esa semejanza o diferencia en cada caso específico.

En tales condiciones, si la autoridad no satisfizo los requisitos para la validez de la inspección, pues al momento de dictar la sentencia la autoridad responsable no se concretó a analizar las boletas electorales en concordancia con el propósito que se había explicitado en el acuerdo de doce de junio del año en curso, ni en la diligencia del día quince de ese mismo mes y año se llevó a cabo la inspección de las boletas electorales, sino que fue hasta el dictado de la sentencia cuando el Tribunal enjuiciado llevó a cabo esa labor, pero sin dar oportunidad a las partes para que hicieran las observaciones que al respecto estimaran pertinentes, es inconcuso que la citada inspección ocular, por no reunir los requisitos indispensables para su validez no puede adquirir valor probatorio pleno en relación con las conclusiones a las que llegó el referido órgano jurisdiccional, sino que, a lo sumo, podría constituir un indicio respecto a la supuesta diferencia de las marcas que aparecen en las boletas electorales, sin que con ello pueda arribarse a la conclusión de que tales marcas fueron estampadas por dos o más personas con la intención de perjudicar a la coalición “Alianza Unidos por Juárez” y mucho menos podría servir para establecer que la pretendida irregularidad se presentó en todas o la mayoría de las casillas electorales, dado que no existe prueba alguna que corrobore las circunstancias alegadas por la coalición de referencia y que el Tribunal responsable dijo tener por demostradas.

Por otra parte, del análisis de los argumentos expuestos por la jurisdicente responsable en relación con la inspección de las boletas electorales que se extrajeron de los paquetes electorales, esta Sala Superior llega a la convicción de que las conclusiones a las que arriba el Tribunal enjuiciado carecen de sustento lógico y jurídico, toda vez que la supuesta inspección ocular en que se basó la autoridad  enjuiciada para determinar si existía o no alteración en los votos nulos se efectuó sobre copias certificadas de las mencionadas boletas y no sobre las originales; aunado a que la simple observación de las copias certificadas de las boletas electorales es insuficiente para establecer si hubo alteración o no de las boletas que contenían los votos nulos.

Así es, como ya se ha evidenciado, la inspección se realizó con base en las copias certificadas que se obtuvieron en la diligencia de apertura de paquetes, por ende, en consideración de esta Sala Superior tal circunstancia provoca que no sea del todo confiable la observación realizada por la autoridad responsable, dado que la impresión que se logra a través de la copia fotostática no siempre reproduce con fidelidad al original, sobre todo si se dice que en la inspección se pretendió observar características tales como la intensidad de la marca, el tipo de instrumento utilizado para elaborar la marca (crayón, pluma o algún otro), el tipo de tinta empleada para hacer la marca o incluso el grosor de cada marca; de modo que si la intención de la autoridad jurisdiccional electoral local era verificar una supuesta alteración de las boletas electorales, a través del examen de aspectos como los que han quedado enunciados, en todo caso, lo correcto hubiese sido efectuar esa actividad en forma directa sobre las boletas originales y después de ello dejar copia certificada agregada al expediente, incluso la propia coalición entonces actora reconoce la variación que puede existir al momento del fotocopiado, ya que, en su escrito del trece de junio de dos mil dos, en el cual se refiere a la diligencia de apertura de paquetes electorales, expresamente señala:

“...

Que por medio del presente escrito vengo a solicitar que en relación al acuerdo dictado el día doce de junio de dos mil  dos, mediante el cual se decreta la apertura de diversos paquetes electorales, en el acto de la diligencia respectiva, se permita tomar fotografías de las boletas que se hayan calificado como nulas, independientemente de los medios que ese H. Tribunal utilice, para la recopilación de la información que utilizará para su valoración.

Para el efecto anterior, igualmente solicito se establezca algún medio de identificación, que permita individualizar la boleta que se esté analizando, fotografiando o reproduciendo mediante su copia fotostática para agregarse al expediente, a fin de identificar el paquete electoral al que pertenece, y evitar que una misma boleta se reproduzca varias veces, al fotografiarla y con ello pueda variar la tendencia real del análisis en conjunto.

...”.

Además de la posible falta de fidelidad de las copias fotostáticas para captar las características a que se ha hecho alusión, cabe hacer notar que la coalición entonces recurrente, así como la jurisdicente responsable parten de una premisa falsa, pues al estimar que la simple observación basta para advertir las irregularidades alegadas por la coalición “Alianza Unidos por Juárez”, lleva implícita la consideración de que las marcas que un elector pone en las boletas electorales deben ser uniformes y coincidentes y que sólo en ese caso se pueden considerar provenientes de una misma persona.

Lo inexacto de tal premisa deriva de que no se trata de impresiones realizadas por un instrumento mecánico que siempre conserve las mismas características, sino que son puestas por una persona que aunque se lo proponga no fácilmente podrá hacer dos marcas enteramente coincidentes en cuanto a su tamaño, orientación, firmeza de trazo o intensidad en el marcado, puesto que cada movimiento será realizado con distintas circunstancias, máxime que el día de la jornada electoral se utilizan crayones, instrumentos que generalmente no son de uso cotidiano, aunado a que por sus mismas características el crayón tampoco conserva uniformidad, toda vez que es fácilmente deformable y el grosor e intensidad de la marca dependerá del desgaste y la inclinación en que se coloque para hacer la marca.

En adición a lo anterior, del análisis de los artículos 107, 121, 130, inciso c), 134, párrafo 2, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, se desprende que lo ordinario es que el sea el elector el único que tiene a su disposición la boleta durante el lapso que va desde que el Presidente de la mesa directiva de casilla se la entrega y hasta que es depositada en la urna, a partir de ese instante y hasta que son introducidas en los sobres correspondientes, las boletas están bajo la vigilancia de los funcionarios de las mesas directivas de casilla y los representantes de los partidos políticos, sobre todo al momento de llevar a cabo el escrutinio y cómputo, pues ese acto es uno de los que mayor importancia tiene para los contendientes, dado que ahí se decide cuál es el número de votos que se atribuirán a cada partido político o coalición.

El acceso exclusivo a las boletas electorales por parte del votante, también implica una plena libertad para la emisión de su voluntad, debido a que la ley no le impone que deba realizar la marcación de su boleta de una determinada manera o con un signo específico, sino que tiene la posibilidad de utilizar cualquier tipo de señal o marca, ya sea que la ponga en uno solo de los cuadros que corresponden a los partidos políticos o bien, que con conocimiento de los efectos que producirá, o sin él, decida estampar varias marcas, incluso distintas entre sí, por lo que si al momento de estar en la mampara para emitir su voto el elector tiene completa libertad para hacer cualquier tipo de marca, es evidente que no puede establecerse que las marcas estampadas sobre las boletas electorales por el simple hecho de que aparezcan a la vista como diferentes, procedan de dos o más personas y no del mismo elector. Incluso, no existe prohibición ni impedimento para que el elector utilice para hacer la marca un instrumento distinto al que es proporcionado por las mesas directivas de casilla.

Por estas razones, atendiendo al principio ontológico de la prueba, el cual señala que lo ordinario se presume y lo extraordinario se prueba, en lo que al caso atañe, tendría que haberse demostrado, aunque fuera a través de una prueba indirecta, que las marcas, que según la responsable, son diferentes fueron puestas por personas distintas al elector.

La anterior conclusión también encuentra apoyo en que la experiencia enseña que ni siquiera las firmas que se estampan por una misma persona son idénticas, no obstante que es una forma en que una persona se identifica al suscribir determinados documentos, por ello, el máximo Tribunal del país ha señalado que las diferencias que pudieran advertirse a simple vista no serían suficientes para tener por demostrado que las firmas proceden de distinta persona.

En efecto, cuando se pone en duda la autenticidad de una firma, generalmente se considera que la prueba idónea para decidir respecto de la falsedad o autenticidad de un documento, es la pericial caligráfica o grafoscópica, en virtud de que se estima que para realizar el examen correspondiente se requieren conocimientos técnicos que por regla general no pueden ser del dominio del órgano jurisdiccional, pero a pesar de que los peritos emitan su opinión en un determinado sentido, el juzgador conserva su libertad decisoria para apreciar las pruebas y es quien le asigna valor al dictamen de los peritos y con base en esa valoración emite su decisión.

Al respecto resulta ilustrativa la tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los siguientes:

“Novena Epoca

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XII, Septiembre de 2000

Tesis: P. CXXXI/2000

Página:    25

FIRMAS. LOS DICTÁMENES QUE RESPECTO A SU FALSEDAD O AUTENTICIDAD EMITAN LOS PERITOS EN EL INCIDENTE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 229 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO OBLIGAN AL MAGISTRADO INSTRUCTOR.  Del análisis de lo dispuesto en el artículo 229 del Código Fiscal de la Federación se advierte que el Magistrado instructor puede allegarse de los elementos necesarios de prueba para decidir respecto a la falsedad o autenticidad de documentos. Ahora bien, debe considerarse que tratándose de la autenticidad de la firma de un documento, incluyendo promociones o actuaciones del juicio, el medio de convicción idóneo es la pericial caligráfica o grafoscópica, ya que mediante esa probanza que es desahogada por personas calificadas en la materia, por contar con los conocimientos técnicos necesarios, se puede llegar a la conclusión respecto a la certeza de la firma de un documento, esto es, si lo signa la persona que afirma hacerlo. Sin embargo, habiéndose desahogado dicha prueba, las determinaciones de los peritos en sus respectivos dictámenes, no son obligatorias para el Magistrado instructor, ya que sólo constituyen órganos auxiliares que aportan al juzgador opiniones meramente técnicas respecto de materias que, por lo general, no pueden ser del dominio del órgano jurisdiccional, es decir, el Magistrado conserva su libertad y soberanía decisoria para apreciar las pruebas y es quien le asigna valor al dictamen de los peritos y con base en esa valoración emite su decisión. Por tanto, los dictámenes de los peritos no deciden sobre la autenticidad o falsedad de la firma, ya que aquéllos pudieran no resultar convincentes para el órgano jurisdiccional.

Amparo directo en revisión 314/99. Industrias Pino de Orizaba, S.A. de C.V. 25 de abril de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Humberto Román Palacios y Juan N. Silva Meza. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Arturo Fonseca Mendoza.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy cinco de septiembre en curso, aprobó, con el número CXXXI/2000, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a cinco de septiembre de dos mil”.

En razón de que a simple vista no se puede establecer cuáles serían los rasgos característicos que individualizan la escritura de una persona, cuando se pretende hacer el cotejo de firmas generalmente se solicita que se estampen varias firmas ante la presencia judicial o bien que se exhiban otros documentos que se consideren indubitables para que de esta manera al momento de realizarse los exámenes periciales, los peritos cuenten con un mayor número de elementos para llevar a cabo el cotejo y estar en aptitud de dictaminar si una firma dubitada podría proceder de la persona a la que se atribuye, y en dicho cotejo no se busca que las firmas sean idénticas en cuanto a, por ejemplo, su orientación o el tamaño, sino que lo que se busca, a través del examen minucioso de varios elementos, encontrar rasgos comunes que se encuentren presentes.

Al respecto, resultan ilustrativas las tesis sustentadas por varios Tribunales Federales, mismas que a continuación se transcriben.

“Novena Época

Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: II, Octubre de 1995

Tesis: I.1o.A.4 K

Página:   558

INCIDENTE DE FALSEDAD DE FIRMAS, PRUEBAS DENTRO DEL. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DAR OPORTUNIDAD A LAS PARTES EN EL JUICIO DE AMPARO PARA DEMOSTRAR QUE LAS FIRMAS QUE CALZAN LOS DOCUMENTOS OBJETADOS SON AUTÉNTICAS O NO, PERO SIN DEJAR EN MANOS DE UNA SOLA DE ELLAS SU COMPROBACIÓN.  De acuerdo con la naturaleza del incidente de objeción de falsedad de documentos previsto en el artículo 153 de la Ley de Amparo y atendiendo al principio fundamental de la garantía de audiencia en materia de pruebas, el juez de Distrito debe dar oportunidad a la parte en el juicio cuyos documentos presentados son materia de la objeción, de demostrar que las firmas que calzan dichos documentos son auténticas, pues dejar sólo en manos del actor incidentista la exhibición de aquellos documentos sobre los que se hará el cotejo de firmas y que constituyen los elementos básicos para el desahogo de la prueba pericial grafoscópica, rompería con el equilibrio procesal de las partes; sin embargo, la preparación de la prueba tampoco puede dejarse en manos de la parte a quien se imputa la falsedad de firmas, ya que ésta, por el interés que defiende en el juicio, no sólo puede poner obstáculos para el desahogo de la prueba, sino también aportar elementos no idóneos para ello; en tal virtud el juez de Distrito debió requerir al signante de tales documentos, para que se apersone en las oficinas del juzgado a estampar en repetidas ocasiones su firma, para que ésta, sea junto con los documentos que las demás partes exhiban, que contengan firmas indubitables, cotejadas con las que ostentan los documentos objetados.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Queja 311/95. Grupo Financiero Unión, S.A. de C.V. 30 de junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel Hernández Viazcán. Secretario: Hugo Guzmán López.

Queja 211/95. Grupo Financiero Unión, S.A. de C.V. 23 de junio 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel Hernández Viazcán. Secretario: Hugo Guzmán López.

Queja 201/95. Grupo Financiero Unión, S.A. de C.V. 31 de mayo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Julio Humberto Hernández Fonseca. Secretario: Víctor Miguel Bravo Melgoza”.

“Octava Época

Instancia: OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: XV-I, Febrero de 1995

Tesis: I.8o.C.94 C

Página:   249

PRUEBA PERICIAL. LA FIRMA SEÑALADA COMO INDUBITABLE PARA EL COTEJO DEBE SER  AUTOGRAFA.  Tratándose de la prueba pericial grafoscópica tendiente a demostrar la autenticidad o falsedad de una firma impugnada de falsa, se requiere que las firmas señaladas como indubitables para el cotejo se encuentran estampadas en forma autógrafa, pues sólo de esta manera el perito puede apreciar correctamente los elementos necesarios y trascendentes de acuerdo a su ciencia, que evidencien comparativamente con la firma dubitada, si ésta es o no auténtica e imputable a la persona que se dice la suscribió; en cambio por cuestión lógica se ha estimado que no todos esos elementos pueden apreciarse en una reproducción fotográfica de una firma, pues en este tipo de reproducciones no se puede apreciar por ejemplo el grado de apoyo en la letra, la firmeza del pulso en la suscripción, elementos que en su caso pueden ser determinantes para que el perito dictamine sobre la autenticidad o falsedad de una firma.

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 632/94. Irma Jiménez Reyes. 19 de enero de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretaria: María Concepción Alonso Flores”.

“Octava Epoca

Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: V, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1990

Página:   193

DOCUMENTOS PRIVADOS, PRUEBA DE LA FALSEDAD DE LA FIRMA DE LOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).  Una interpretación armónica de los artículos 342, 343, 344, 345, 346 y 351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, lleva a concluir que cuando se objeta la autenticidad de la firma de un documento privado, es necesario pedir el cotejo de la misma, con la señalada como indubitable; además, debe ofrecerse la prueba pericial respectiva, dado que la falsificación de la firma es un punto que sólo puede ser determinada por una persona con conocimientos especiales en la materia, es decir, por un perito grafóscopo, aun cuando exista diferencia notoria entre las firmas cuestionadas, porque tal circunstancia, por sí sola, no revela lo apócrifo de una de ellas, sino únicamente la diferencia entre ambas.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.

Amparo directo 1121/89. Angel Ocegueda Cueva. 26 de enero de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco José Domínguez Ramírez. Secretario: Gerardo Domínguez”.

Estos aspectos también se encuentran recogidos en el artículo 249 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, cuando establece:

“Artículo 249. Cuando se niegue o ponga en duda la autenticidad de un documento podrá pedirse y decretarse el cotejo de letras o firmas, el cual se practicará observándose lo siguiente:

El cotejo se hará por medio de peritos;

El cotejo se hará con documentos indubitables teniéndose por tales:

Los que las partes de común acuerdo reconozcan esa calidad;

Aquellos cuya letra o firma haya sido judicialmente reconocida;

El escrito impugnado en la parte en que reconozca la letra como suya aquel a quien perjudique;

Las firmas puestas en actuaciones judiciales en presencia del secretario del tribunal o testigos de asistencia, por la persona cuya firma o letra se trata de comprobar, y

Los documentos cuya letra o firma ha sido judicialmente declarada propia de aquél a quien se atribuya la dudosa.

El tribunal podrá ordenar que se haga un nuevo cotejo por distintos peritos cuando lo juzgue conveniente”.

De esta manera, si es difícil que las firmas que proceden de una misma persona coincidan en los elementos que son observables a simple vista y la simple inspección ocular no se estima que sea la idónea para determinar la existencia de falsedad, la dificultad resulta todavía mayor cuando se trata de la realización de marcas como las que se utilizan para manifestar el sentido del sufragio por parte del votante, dado que no es un tipo de escritura o signatura que se utilice comúnmente ni que sea a través de ella como una persona exteriorice su voluntad, incluso por esa razón se ha optado porque el emisor del sufragio exprese su preferencia electoral mediante marcas y no a través de su firma, como sí acontece en otros ámbitos del derecho, ya que, por la característica de secrecía del voto lo que se pretende, precisamente, es que no sea factible vincular de manera directa al elector con el voto emitido.

Por las mismas razones que ya se han expresado, respecto de las boletas electorales que se revisaron durante el cómputo municipal en aquellas casillas en las que se realizó de nuevo el escrutinio y cómputo, tampoco sería posible considerar que existieron las irregularidades a que aludió la coalición “Alianza Unidos por Juárez”, máxime que en su escrito de demanda la entonces recurrente no señaló en forma individualizada cuáles eran los motivos que le llevaban a estimar que existía alteración en cada una de las boletas en cuestión, sino que simplemente se concretó a mencionar, en términos genéricos, lo siguiente:

“...

Sin embargo, se ha determinado con la apertura de las urnas por parte de la Asamblea Municipal, que de manera dolosa y con el claro propósito de afectar a nuestra Coalición y favorecer al candidato del Partido Acción Nacional, en el 95% de las casillas abiertas se encontraron votos considerados como nulos, mismos que razonablemente podemos afirmar  fueron alterados, ya que al examinar dichas boletas,  se desprende a simple vista que  las marcas y menciones graficas sobre las boletas anuladas, que se muestran en forma de cruz o cruzadas son de diversos trazos, algunas en una dirección y otras en sentido contrario, tal vez mostrando si el votante que las marca es derecho o zurdo, sin embargo,  existe una marca clara sobre el logo de la Alianza y luego, otra marca, apreciando que es en otro sentido el rasgo o su dirección, lo que nos permite deducir que se trata de dos personas diferentes las que han cruzado o marcado la boleta considerada nula.

También se aprecia que las boletas consideradas nulas,  están marcadas con diferentes elementos, algunas con crayón y tinta otros con crayón, crayón,  o crayón y otro material diferente, pero en general, sin coincidir con el sentido de dirección del trazo y muchas veces perceptible, de manera totalmente opuesta, que sin duda evidencia que no puede atribuirse a una sola persona, sino indudablemente corresponde a dos o mas personas, lo cual es a todas luces ilegal.

Es claro entonces que nos encontramos frente a una maniobra ilegal, generalizada y constante que afectó el resultado de la elección, ya que si existen computados en esta elección 9,658 votos nulos, y se pone en manifiesto por la pericial que hubo una alteración en las boletas electorales consideradas nulas, y de acuerdo una apreciación lógica, podremos concluir que si la frecuencia de estas violaciones es constante en el 10% de las boletas que forman parte de los paquetes abiertos, si consideramos que son cerca de 1,500 casillas en la elección, es claro que nos encontramos frente a una violación generalizada que merece se decrete la nulidad de la elección.

Claro es que si de manera constante y generalizada y en las casillas de esta elección, se realizó una simple maniobra: en aquellas boletas que estuvieren cruzadas a favor de la Alianza por Juárez, se pondría sobre ellas, otra marca en el logo de otro partido contendiente para producir que fuera considerado voto nulo.

Salta a la vista el hecho de que las boletas analizadas durante el ejercicio de apertura de las urnas, que además existe como constante que éstas de manera invariable se encuentran cruzadas a favor de la Alianza por Juárez, y además por otro partido contendiente, por lo que resulta sumamente extraño que 9,658 votantes hayan ocupado el día de la jornada para ir a votar, y cruzando el logo de la Alianza por Juárez, sistemáticamente además lo hecho por otro partido, conductas que se han detectado en la siguientes casillas:

...”.

Asimismo, la coalición entonces accionante enumeró cuarenta y seis casillas, para tratar de evidenciar que en las casillas en que se advertían irregularidades, de manera invariable las boletas estaban “cruzadas” a favor de la coalición “Alianza Unidos por Juárez”, pero de nueva cuenta omite expresar de manera individualizada cuáles eran las irregularidades que, desde su punto de vista, se advertían en cada boleta electoral, de manera que por la vaguedad, generalidad e imprecisión de los hechos narrados en la demanda, éstos devenían inatendibles.

En este sentido, resulta aplicable, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia J.09/2002, correspondiente a la Tercera Época y aprobada por esta Sala Superior en su sesión del veintiuno de febrero de dos mil dos, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:

“NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA, DEBE IDENTIFICARSE LA QUE SE IMPUGNA, ASÍ COMO LA CAUSAL ESPECÍFICA DE. Es al demandante al que le compete cumplir, indefectiblemente, con la carga procesal de la afirmación, o sea, con la mención particularizada que debe hacer en su demanda, de las casillas cuya votación solicita se anule y la causal de nulidad que se dé en cada una de ellas, exponiendo, desde luego, los hechos que la motivan, pues no basta que se diga de manera vaga, general e imprecisa, que el día de la jornada electoral hubo irregularidades en las casillas, para que pueda estimarse satisfecha tal carga procesal, la cual reviste mayor importancia, porque, además de que al cumplirla da a conocer al juzgador su pretensión concreta, permite a quienes figuran como su contraparte —la autoridad responsable y los terceros interesados—, que en el asunto sometido a la autoridad jurisdiccional, acudan, expongan y prueben lo que a su derecho convenga. Si los demandantes son omisos en narrar los eventos en que descansan sus pretensiones, falta la materia misma de la prueba, pues malamente se permitiría que a través de los medios de convicción se dieran a conocer hechos no aducidos, integradores de causales de nulidad no argüidas de manera clara y precisa, y así, ante la conducta omisa o deficiente observada por el reclamante, no podría permitirse que la jurisdicente abordara el examen de causales de nulidad no hechas valer como lo marca la ley. Aceptar lo contrario, implicaría a la vez, que se permitiera al resolutor el dictado de una sentencia que en forma abierta infringiera el principio de congruencia, rector del pronunciamiento de todo fallo judicial”.

Además de ser vaga, general e imprecisa, la afirmación de la coalición “Alianza Unidos por Juárez”, respecto a que con la apertura de los paquetes electorales por parte de la Asamblea Municipal, se había determinado que, de manera dolosa y con el claro propósito de afectar a la referida coalición y favorecer al candidato del Partido Acción Nacional, en el noventa y cinco por ciento de las casillas abiertas se encontraron votos considerados como nulos, mismos que, desde el punto de vista de la coalición entonces recurrente, habían sido alterados, tal aseveración se encuentra contradicha con las constancias que obran en autos, específicamente, con las copias certificadas del Diario de Debates de la sesión de cómputo municipal, pues de ellas se desprende que los representantes de la coalición “Alianza Unidos por Juárez”, se pronunciaron respecto de la calificación de los votos nulos únicamente en relación con algunas boletas electorales correspondientes a las casillas 1429 básica, 1456 básica, 1763 contigua 1, 1835 básica, 1872 básica, 1877 contigua 1, 1877 contigua 3, 1885 contigua 1, 1887 contigua 8, 1905 básica, 2041 contigua 1 y 2186 básica. Las intervenciones de Francisco Adolfo Payán Porras, Héctor Arcelus Pérez, Jorge Ignacio Olivares Romero y Rodolfo A. Quevedo Gallardo, representantes de la coalición “Alianza Unidos por Juárez”, fueron las siguientes:

Diario de debates, Décima Sesión Extraordinaria, Tercera Época, 17 de mayo de 2002. Páginas 45 a 46, 67 y 68.

“...

Fidencio Servando Ríos Durán: Continuamos con la 1429 básica, para el PAN 99; Alianza 86; PRD 8; PAS 1; Candidatos no registrados 0; votos nulos 5.

...

Sergio Alejandro Madero Villanueva: Señor presidente, yo considero que la marca esa, no puede considerarse como válida, no está hecha con el crayón que se proporciona para tal efecto, tal parece ser que, fuera una mancha de la tinta indeleble, de alguna de las personas que manipuló las boletas, para su cómputo, más que una marca de intención de voto.

Francisco Adolfo Payán Porras: Yo nomás le pregunto al señor Madero, no es una marca la que está impresa, es una huella digital, la ley establece claramente, cuando hay una marca.

Enrique Jorge Fernández García: Moción por favor, adelante, no se le escucha.

Francisco Adolfo Payán Porras. Ese se manifiesta la intención del voto, no creo que se materia de discusión esto, hay una marca, la causa no podemos configurar, acredíteme lo que usted está mencionando y además, creo que aparecía en demás boletas electorales, una mancha similar.

...

Enrique Jorge Fernández García: Someto a consideración de esta Asamblea a los consejeros el manifestar de manera económica, si están de acuerdo en que se abra este paquete, por favor manifestarlo.

Fidencio Servando Ríos Durán: Seis votos, señor, se abre 1456 básica, por favor.

...

Sergio Alejandro Madero Villanueva: Falta por que, la seña coincide y es el criterio que se ha sostenido.

Héctor Arcelus Pérez. Pero cómo sabe si es para la Alianza el voto licenciado Madero.

Sergio Alejandro Madero Villanueva: Porque se ve que está más marcado.

Héctor Arcelus Pérez: Haz de ser perito caligráfico.

Sergio Alejandro Madero Villanueva: Pues no, pero no estoy tan ciego.

Héctor Arcelus Pérez: Yo sí, poquito.

Enrique Jorge Fernández García: Vamos a pasarlo a los consejeros y todo para que lo revisen.

Héctor Arcelus Pérez: Yo quiero hacer el uso de la palabra, yo creo que el licenciado Madero no es perito caligráfico para haber determinado que la marca primero se estampó en el recuadro de la Alianza o del Partido Acción Nacional, para mí está muy claro que la boleta está marcada en el rubro de PAN y de Alianza Unidos por Juárez y por ende solicito que sea anulado este voto o en su defecto, contabilizado para la Alianza, estamos bajo esos dos fuego (sic).

...

Héctor Arcelus Pérez: Yo creo que la intención del votante fue, efectivamente votar por la Alianza porque se ve que con ganas marcó el escudo de la Alianza.

Martha Colín Díaz: Sí, yo también, no crean que porque trato, pero allí en la Alianza está completamente marcado, puede demostrarlo, del otro lado se ve muy leve, como que, no sí está muy marcado, allí sí se ve la intención muy, muy clara, está demasiado marcado.

Josefina de Lourdes Stanley: Señor estaba más marcado el PAN.

Enrique Jorge Fernández García: Moción, vamos a someterlo a consideración de los consejeros, quien considere que este voto es nulo, favor de manifestarlo levantando la mano.

Fidencio Servando Ríos Durán: Cuatro votos señor, es nulo. Nulos 22...”.

Diario de debates, Décima Sesión Extraordinaria, Tercera Época, 20 de mayo de 2002. Página 92.

“...

José Carreón: Paquete 1763 contigua 1, votos a favor del PAN 36; votos a favor de Alianza 118, son 118 y dos que le salieron allí por dos partidos.

Enrique Jorge Fernández García: Nomás solicitamos estar pendiente por favor para no volver a repetir, cuéntele señor Carreón por favor.

Sergio Alejandro Madero Villanueva: Ponga atención compañero Aliancista, ponga atención por favor, está usted en todas.

José Carreón: Votos Alianza 118, José Ernesto Carreón, jefe de distrito 03 de organización, van los votos a favor del PRD 6; votos a favor del PAS 3; votos nulos, son 10 nulos, están tachados más de un partido, son 4, en este están cruzados los tres partidos la Alianza, PAN y PRD.

Jorge Ignacio Olivares Romero: Quiero pedir un favor señor secretario, presidente o quien esté, el día de ayer el Partido Acción Nacional se recuperó un voto porque estaba tachado el PAN y a un lado había una marca que no tenía continuidad diferente a una cruz en otro partido, aquí en éste hay una situación similar, donde está tachado la Alianza y un partido hay una marca que no determina qué tipo de marca es, y yo quisiera que se le diera el mismo trato a este tipo de boletas.

Gustavo De la Rosa Hickerson: Es al revés en el PRD tiene paloma y en la Alianza tiene tacha, dice este no y ese sí, sí habremos de recuperarlo, yo lo recupero.

Enrique Jorge Fernández García: Consideran que se vaya a tomar la votación, señores consejeros, favor de manifestarse si ese se considera como nulo, favor de manifestarlo levantando la mano.

...”.

Diario de debates, Décima Sesión Extraordinaria, Tercera Época, 21 de Mayo del 2002. Páginas  46, 83 y 94.

“...

Ernesto Carreón: Paquete 1385 básica.

Fidencio Servando Ríos Durán: Ahí tienen ustedes el paquete a la vista se encuentra totalmente sellado y no presenta alteración, primero busque las actas originales para cotejarlas por favor.

Fidencio Servando Ríos Durán: Lleve a cabo el cómputo señor no es el mismo folio del acta, se va a llevar a cabo el cómputo.

Ernesto Carreón: Iniciamos con los votos emitidos a favor del Partido Acción Nacional, 69, continuamos con los votos emitidos a favor de Alianza Unidos por Juárez, 75, partido del PRD 1, partido del PAS 3,  van los votos nulos 8 más 1, vienen siendo 9.

Rodolfo A. Quevedo Gallardo: Nomás quiero que quede asentado la baja coloración del voto a favor del PRD y lo subido del tono del voto a favor de la Alianza.

Rodolfo A. Quevedo Gallardo: Señor Presidente una vez que ha sido revisado nada más pido que se asiente por parte de nosotros la aseveración que acabo de hacer en el sentido que se encuentra perfectamente marcado a favor de la Alianza y muy tenue a favor del PRD.

Enrique Jorge Fernández García: Sí queda asentado pero el criterio que hemos estado tomando queda como nulo.

...

Fidencio Servando Ríos Durán: Cuatro votos señor se abre, 1872 básica por favor Sr. Carreón, señores tienen el paquete a la vista se encuentra debidamente sellado y no muestra alteración alguna, 1872 básica se abre por favor.

Ernesto Carreón: Listo señor secretario, van los votos emitidos a favor del Partido Acción Nacional 91, van los votos emitidos a favor de Alianza Unidos por Juárez 93, van votos emitidos a favor de PRD 4, votos emitidos a favor del PAS 2, van votos nulos 5.

Rodolfo A. Quevedo Gallardo: Solicito por parte de la Asamblea  la revisión de este voto en razón de lo poco marcado y lo clarísimo calcado del voto en favor del PAS que anuló el voto a la Alianza.

Señor Presidente nada más para hacer la misma observación que con el anterior.

Enrique Jorge Fernández García: Si los consejeros y representantes consideran que lo sometamos a votación o vemos el mismo criterio que hemos acatado con los otros, hay alguna duda, quienes consideren que sea nulo ese voto favor de manifestarlo.

Fidencio Servando Ríos Durán: Unanimidad señor está en nulo.

...

Jorge Ignacio Olivares Romero: Nuevamente quiero que se asiente que no es el mismo, no es el mismo cruzamiento ni la misma intensidad del crayón que se utilizó al haber subrayado la Alianza Unidos por Juárez y el Partido de la Revolución Democrática en otra de las actas.

...”.

Diario de debates, Décima Sesión Extraordinaria, Tercera Época, 22 de mayo de 2002. Páginas 7 y  38.

“...

Gerardo Hernández Ibarra: Nada más que quede asentado en el acta que venían cruzados los otros partidos con una tacha y que en el caso de Alianza tenía una paloma de aprobación yo creo que el sentido del voto era muy claro a favor de la Alianza, sin embargo ya se votó que es nulo nada más que quede asentado el detalle.

...

Gerardo Hernández Ibarra: Lo que sucede es que por ejemplo ayer Acción Nacional se le dio por válido uno que venía marcando en su recuadro y fuera de su recuadro venía una expresión no muy positiva por cierto a otro partido, fuera del recuadro y fuera del partido, en esta caso mi argumento para que sea considerado válido es que la Ley también habla que se tiene que valorar la intención, y en este caso todos sabes verdad, que una tacha aunque en este caso siempre se ha votado así en este país, bueno pero ahí está una paloma hacia Acción Nacional y una tacha hacia los otros partidos, entonces yo quisiera en ese sentido es que solicito que lo voten los señores consejeros, pero no es totalmente válido lo que dice el representante de Convergencia dado que ayer se le otorgaron no uno sino dos o tres votos, donde estaba marcado el partido Acción Nacional y fuera de ese en otro recuadro estaba otra expresión.

Enrique Jorge Fernández García: Muy bien, adelante déjenlo a un lado y luego decidiremos.

Ernesto Carreón: Tenemos 6 nulos señor.

Enrique Jorge Fernández García: Vamos a tomarlo a votación señores consejeros, si ya lo observaron favor de manifestarse quien considere que sea nulo.

Fidencio Servando Ríos Durán: Cinco votos señor pasa a nulos.

...”.

Diario de debates, Décima Sesión Extraordinaria, Tercera Época, 23 de mayo de 2002. Páginas 32 y 33.

“...

Enrique Jorge Fernández García: Pues mira, yo lo que pienso es que como vienen puras groserías, eso tiene que ser  considerado nulo, sin embargo si quieren lo sometemos.

Pedro Bassio Preza: Sí, nomás déjeme hacer una, existe una, acuciosamente las palabras pardas que vienen en esa boleta no significa que acuciosamente existiera intención de sufragar a favor del partido, todos conocemos el significado de esa palabra, no creo que se nos caiga la moyera,  pero la acuciosamente para mí, en mi criterio personal y basándome estrictamente en el inciso a) del 128 tiene validez ese voto.

Enrique Jorge Fernández García: Ricardo quiere hacer algún comentario.

Gerardo Hernández Ibarra: Yo quiero recordar a esta mesa que el día de ayer, dos votos que evidentemente eran para la Alianza porque tenían una paloma y los otros tenían una tacha de desaprobación como en la escuela, fueron votados y considerados nulos, nada más para que sea la misma regla, sin embargo, bueno los consejeros tienen la responsabilidad.

...”.

Diario de debates, Décima Sesión Extraordinaria, Tercera Época, 24 de mayo del 2002, Página 72.

“...

Ernesto Carreón: Paquete 2186 básica. Se contabiliza la casilla 2186 básica iniciando con los votos emitidos a favor del Partido de la Acción Nacional 48, Alianza 77, PRD 1, 0 para el Partido Alianza Social, 0 candidatos registrados, van los votos nulos 8.

Ricardo Martínez García: Quiero poner en consideración de este consejo el voto primero de los nulos o el segundo yo considero que hay intención ahí de votar por el Partido Acción Nacional, escribió PAN.

Fidencio Servando Ríos Durán: Si me permite, aparte de la intención también hay intención por un Sr. José Esparza.

Ricardo Martínez García: Así es está muy claro puso el nombre de un partido político y yo creo que la intención era votar por ese Partido Político.

Alfredo Águila Castillo: Y el señor Esparza porque le niega su derecho, dice José Esparza también entonces está muy claro también el nombre de José Esparza, así que la intención no está clara ese voto debe de ser nulificado.

...”.

Como puede observarse, en ninguna de sus intervenciones los representantes de la coalición “Alianza Unidos por Juárez” apoyaron sus objeciones a la calificación de los votos en que éstos estuvieran alterados, sino que simplemente trataban de lograr que se computaran a su favor aquellos votos que aunque tuvieran más de una marca, ellos consideraban que debían atribuirse a su representada; en otros casos, incluso sostuvieron una postura contraria a lo que alegaron después en el recurso de inconformidad, ya que en la sesión de cómputo manifestaron que bastaba que la boleta tuviera dos marcas para que se calificara el voto como nulo, pues no se podría saber, a simple vista, cuál de las marcas había sido estampada primero, incluso uno de los mencionados representantes da a entender que se requiere de conocimientos caligráficos para poder resolver esa cuestión.

Por estas razones, los agravios de la coalición entonces recurrente no resultaban atendibles y, por consecuencia, no había razón para que la autoridad responsable declarara la nulidad de la elección extraordinaria celebrada el doce de mayo del año en curso, en el municipio de Juárez, Chihuahua.

A mayor abundamiento, si la propia autoridad señala que de un total de seiscientas cuarenta y siete boletas analizadas en ciento cincuenta observó trazos “aparentemente semejantes” y en doscientas ochenta y cinco se observaron trazos o signos “aparentemente diferentes”, ello implica, por una parte que en su consideración sin tener la plena certeza, en las ciento cincuenta boletas en principio no habría irregularidad alguna, y que en las otras doscientas ochenta y cinco no estaba convencida de que realmente fueran diferentes, puesto que, según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia de la Lengua Española, vigésima primera edición, páginas 162 y 163, el vocablo “aparentemente” significa: “con apariencia”, a su vez “apariencia”, significa: en dos de sus acepciones “Verosimilitud o probabilidad” y “cosa que parece y no es”.

En tal virtud, de las propias expresiones utilizadas por la jurisdicente responsable se desprende lo impreciso del resultado de la inspección que realizó sobre las boletas electorales que contenían los votos calificados como nulos, de ahí que la referida probanza, además de las deficiencias que han quedado descritas con antelación, por sí misma no podría servir para demostrar las irregularidades alegadas por la coalición “Alianza Unidos por Juárez”.

En este aspecto, resulta ilustrativo el criterio sostenido por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis que a continuación se trascribe.

“Séptima Época

Instancia: Tercera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: 205-216 Cuarta Parte

Página:    95

INSPECCIÓN JUDICIAL. SI ARROJA RESULTADOS IMPRECISOS, DEBE NEGARSELE VALOR PROBATORIO.  La inspección judicial es una prueba reconocida por la ley, pero ello no implica que forzosa o necesariamente deba otorgársele eficacia probatoria plena, sino debe analizarse con la mayor acuciosidad ya que por un error involuntario, por una incorrecta apreciación, incluso por mala fe de quienes la practicaron o de los terceros participantes en su realización pueden obtenerse conclusiones en mayor o menor medida alejadas de la realidad. Así pues, no basta con que se hagan constar determinados hechos, sino es menester una relación pormenorizada y diáfana en que la autoridad judicial encargada de desahogar esta probanza dé fundada razón de su dicho con el propósito de reflejar con estricto apego a la verdad aquello respecto de lo que se da fe, evitando la posibilidad de enfoque o interpretaciones distintas sobre un solo hecho, pues no debe perderse de vista que la razón de ser de las pruebas se justifica en tanto forman convicción sobre algo cuyas circunstancias se ignoran, convicción que tiene que ser clara e indubitable, y por lo mismo, la prueba mencionada debe reunir estos atributos porque si es ambigua, oscura o engañosa, la única solución es no tomarla en cuenta porque de lo contrario se corre el grave riesgo de adquirir un conocimiento equivocado, que supondría, como consecuencia lógica, una sentencia injusta.

Amparo directo 6675/83. Lucía Solís Valdivia. 16 de junio de 1986. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Carlos G. Ramos Córdova”.

En consecuencia, si la emisora del fallo reclamado no tenía la certeza de que existieran las irregularidades que posteriormente toma en cuenta para decretar la nulidad, incurre en un error de lógica jurídica, toda vez que, para elaborar una presunción humana el primer requisito que se debe satisfacer es que se parta de un hecho conocido, es decir, que ese hecho quede plenamente demostrado, para con base en él derivar como consecuencia única, fácil, ordinaria, sencilla y natural, el pretendido hecho desconocido. De esta manera, es evidente que no existe un enlace lógico entre las premisas de las que parte la autoridad responsable y la conclusión a la que trata de arribar, puesto que si la premisa es dudosa no puede llevar a una conclusión cierta respecto de otro hecho completamente desconocido y del cual no se tiene prueba alguna, ni siquiera de carácter indiciario.

Por otra parte, en lo referente a las ciento quince boletas que, según la expresión del Tribunal enjuiciado, contienen trazos “evidentemente diferentes”, aún sin tomar en cuenta las deficiencias que han quedado señaladas en parágrafos precedentes, si se aceptara que con relación a dichas boletas existieron irregularidades, éstas, por sí mismas, no podrían llevar a la generalización que pretende la responsable, de acuerdo con los siguientes razonamientos.

Del acta levantada con motivo de la diligencia de apertura de paquetes electorales, en su anexo denominado “hoja de verificación de votos nulos”, así como de las copias certificadas de las boletas electorales que con motivo de esa misma actuación se agregaron a los autos, en los paquetes electorales de las ciento diez casillas, que se enumeran en el primero de los documentos citados, se encontraron un total de un mil quinientas treinta y siete boletas, calificadas como votos nulos por los funcionarios de las mesas directivas de casilla, mientras que sólo se sacaron copias fotostáticas de seiscientas cincuenta y un boletas, que según lo asevera la autoridad enjuiciada, fueron las únicas sobre las que se hizo observación por las partes para que se fotocopiaran, dando por consentida la calificación del resto de los votos en que no se solicitó; incluso respecto de las casillas 1763 contigua 1, 1764 contigua 2, 1842 contigua 1, 1919 básica, 1994 básica, 2051 básica, 2098 contigua 1, 2106 básica, 2128 básica, 2152 contigua 1 y 2884 contigua 4, no se sacó copia fotostática alguna.

Ahora bien, si el número de boletas que la jurisdicente responsable consideró con trazos “evidentemente diferentes”, fue de ciento quince, éstas representarían solamente el 7.4% siete punto cuatro por ciento del universo de boletas motivo de la diligencia en comento.

Aquí, debe tenerse en cuenta que para hacer una proyección estadística los puntos de comparación, en todo caso, deben ser de igual naturaleza, es decir, ser de las mismas características.

De este modo, si se hiciera la proyección de los datos supuestamente acreditados, al total de las boletas que contenían votos calificados como nulos por las mesas directivas de casilla, entonces tendría que tomarse como universo las nueve mil seiscientas cincuenta y ocho boletas que según el cómputo municipal constituyeron votos nulos, y de ellas considerar que el 7.4% siete punto cuatro por ciento estarían en las mismas condiciones que las boletas consideradas con trazos “evidentemente diferentes”; de esto se obtendría que la proyección que se realizara arrojaría como resultado un total de setecientas catorce boletas, de modo que aún en esa hipótesis, las supuestas irregularidades no hubiesen sido determinantes para el resultado de la elección, tomando en cuenta que la diferencia de votos entre el primero y segundo lugar fue de dos mil ciento treinta y dos votos.

Adicionalmente, es importante resaltar que en la proyección anterior no se toma en consideración que dentro de las boletas con trazos “evidentemente diferentes” (7.4% del universo de las boletas motivo de la diligencia), no todas se encuentran marcadas por la coalición “Alianza Unidos por Juárez”, lo que disminuiría en términos reales aún más el porcentaje de votos nulos que podrían tomarse en consideración y, por tanto, la violación supuestamente cometida, mucho menos, podría estimarse determinante para el resultado de la elección.

En otro aspecto, con independencia de las deficiencias apuntadas en cuanto al desarrollo de la inspección ocular, lo cual por sí mismo reduce el valor probatorio que se le pudiera otorgar, y a pesar de que se estimaran probadas las supuestas irregularidades a que alude la responsable respecto de ciento quince boletas, éstas no serían determinantes para el resultado de la votación desde el punto de vista cualitativo, pues aun cuando se estimara probado que las marcas que aparecen en las boletas electorales que contienen los votos nulos fueron puestas por dos o más personas ello no conduce necesariamente a que tal actividad hubiese sido realizada por los funcionarios de las mesas directivas de casilla, ni mucho menos que fue con la intención de perjudicar a la coalición “Alianza Unidos por Juárez”, toda vez que no existen otros medios de convicción, ni siquiera de carácter indiciario, que permitan llegar a esa conclusión. A esto cabe agregar que incluso la misma autoridad reconoce que de la simple inspección ocular no es posible determinar quién marcó las boletas además del elector o cuál de las marcas fue puesta primero y, por lo tanto, a favor de cual partido o coalición se inclinó el elector.

Además, la supuesta presunción de que parte la autoridad responsable en relación con una indebida actuación de los funcionarios de las mesas directivas de casilla, se desvirtúa con el hecho de que en las casillas que fueron motivo de la diligencia de apertura de paquetes electorales, estaban presentes los representantes de la coalición “Alianza Unidos por Juárez”, sin que de las constancias que obran en autos se desprendan que se hayan suscitado incidentes durante el escrutinio y cómputo, o que se hayan presentado escritos de protesta por dichos representantes, ni siquiera en la sesión de cómputo municipal en donde estuvieron presentes los representantes de la coalición citada se hicieron ver esas supuestas alteraciones de las boletas electorales, sino que, el argumento que se adujo fue que era un número excesivo de votos nulos que hacía presumible la existencia de irregularidades.

En efecto, de la revisión de las copias certificadas de las actas de escrutinio y cómputo de las casillas 1467 básica, 1468 básica, 1474 básica, 1482 contigua 1, 1484 contigua 1, 1504 contigua 1, 1511 contigua 1, 1519 contigua 1, 1542 básica, 1546 contigua 1, 1547 contigua 2, 1549 contigua 1, 1551 básica , 1556 contigua 1, 1560 contigua 1, 1656 básica, 1687 contigua 1, 1712 básica, 1712 contigua 1, 1734 básica, 1734 contigua 1, 1734 contigua 2, 1735 contigua 1, 1763 contigua 1, 1764 contigua 2, 1818 básica, 1842 contigua 1, 1857 básica, 1857 contigua 1, 1885 contigua 9, 1886 contigua 1, 1889 contigua 6, 1896 contigua 1, 1916 contigua 2, 1919 básica, 1943 básica, 1943 extraordinaria 1, 1954 básica, 1959 básica, 1964 básica, 1973 básica, 1974 contigua 2, 1977 básica, 1978 básica, 1994 básica, 1996 básica, 1997 básica, 2013 básica, 2014 básica, 2019 básica, 2041 contigua 1, 2042 contigua 1, 2049 básica, 2049 contigua 1, 2051 básica, 2052 básica, 2052 contigua 1, 2053 básica, 2053 contigua 1, 2055 contigua 2, 2057 básica, 2057 contigua 1, 2059 básica, 2060 básica, 2060 contigua 1, 2063 básica, 2066 básica, 2066 contigua 1, 2071 básica, 2074 básica, 2089 básica, 2089 contigua 1, 2091 básica, 2093 contigua 1, 2096 básica, 2098 contigua 1, 2102 básica, 2106 básica, 2106 contigua 1, 2109 contigua 1, 2112 contigua 1, 2118 básica, 2120 contigua 1, 2126 básica, 2127 básica, 2128 básica, 2131 contigua 3, 2134 contigua 2, 2140 básica, 2149 contigua 1, 2150 básica, 2152 básica, 2152 contigua 1, 2153 básica, 2155 contigua 2, 2155 contigua 3, 2157 básica, 2158 básica, 2159 básica, 2168 básica, 2172 contigua 1, 2174 contigua 1, 2176 básica, 2178 contigua 1, 2179 básica, 2180 básica, 2186 contigua 1, 2188 contigua 1, 2188 contigua 4 y 2192 contigua 2, se desprende que estuvieron presentes los representantes de la coalición “Alianza Unidos por Juárez”, con excepción únicamente de las casillas 1482 contigua 1, 2109 contigua 1 y 2152 básica, y en ninguna de ellas se hicieron constar incidentes relacionados con el escrutinio y cómputo de la votación recibida en cada una de ellas.

La referida ausencia de incidentes, por constar en un documento público que merece valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 198, párrafos 1, inciso a), 2, inciso a), y 7, inciso a), de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, desvirtúa el indicio que la autoridad pretende derivar de la supuesta existencia de lo que denomina trazos “evidentemente diferentes”.

En cuanto a los argumentos expuestos por los representantes de la coalición “Alianza Unidos por Juárez” en la sesión de cómputo municipal, según se desprende de las páginas 5 a 8 del diario de debates correspondiente al día quince de mayo de dos mil dos, en esencia fueron los que se contenían en un escrito que fue leído ante la Asamblea Municipal Electoral, siendo los siguientes:

“...

Fidencio Servando Ríos Durán: Continúo, en nuestro carácter de representantes de la Alianza Unidos por Juárez, personalidad que tenemos debidamente acreditada, ante usted respetuosamente comparecemos a exponer: Mediante el presente ocurso venimos a solicitarle, se sirva proceder a la apertura de los paquetes electorales, correspondientes a las 1476 casillas instaladas en la elección extraordinaria celebrada el doce de mayo próximo pasado y realizar para cada casilla, de nueva cuenta, el cómputo de la votación recibida, basándonos para ello en las siguientes consideraciones.

...

Ante la nueva etapa que vive nuestro país en la cual se establece como símbolo principal la democratización, siendo esta característica la que en un momento determinado como el que nos ocupa, en cuanto a la elección de nuestras autoridades municipales, que se requiere que la actuación de la Asamblea Municipal no deje lugar a dudas en el electorado, sobre todo teniendo en consideración que no existe una diferencia sustancial en cuanto al resultado del conteo preliminar de los votos, por lo que esa autoridad debe establecer un resultado transparente que no sólo dé legalidad al proceso, sino que genere elementos de legitimación de nuestras autoridades. Entendiendo lo mencionado en el párrafo anterior conforme a la disposición en la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, que establece como requisito que las autoridades en sus actos se rijan por el principio de legalidad, y que ante todo esta Asamblea Municipal Electoral se encuentra ante la facultad soberana ejercitada por el pueblo de regular la elección de las autoridades municipales, dicha actuación no debe dejar lugar a dudas ante lo cerrado de los resultados y el incremento de las incidencias, por lo tanto ante la incertidumbre de que en su caso exista un criterio equivocado para determinar la nulidad de los votos, en vía de legitimidad creemos se deben analizar todos y cada uno de los votos y así calificar todos los actos de su función electoral, por sí mismos y bajo un procedimiento técnico que permite previo estudio de los paquetes electorales emitir una resolución fundamentada en los criterios de este órgano de calificación electoral. Ahora bien. Es menester destacar que en relación con los antecedentes de diversas elecciones celebradas en este Municipio, como se verá más adelante, puede desprenderse que nunca antes se había actualizado un escenario con un elevadísimo índice de votos anulados en las casillas, lo que evidentemente significa una variación irregular en el comportamiento de los denominados sufragios nulos. En efecto, basta con señalar una diferencia que se presenta alarmantemente respecto de la elección anterior, primero de julio de dos mil uno, en la que puede desprenderse que en relación con la elección celebrada el pasado doce de mayo de dos mil dos, los votos nulos se duplicaron en un cien por ciento, esto es, mientras que en la elección que tuvo verificativo el año dos mil uno, se computaron cinco mil trescientos cincuenta y seis votos nulos, en la elección de este año ascendieron, inexplicablemente, a diez mil quinientos veintiuno lo que representan cinco mil ciento sesenta y cinco votos nulos más. Los votos nulos contabilizados en la elección celebrada el doce de mayo representan una proporción del total emitido que no se ajusta a la normatividad de elecciones similares. En la elección celebrada el domingo próximo pasado, se  contabilizaron por la Asamblea Municipal, faltando aún veinticinco actas de casilla, diez mil quinientos veintiún votos nulos, lo que representa un porcentaje cercano al 3.7 por ciento del total de votos emitidos. Ese porcentaje es preocupante por diversas razones. 3.7 por ciento de votos nulos en una elección en el Municipio de Juárez es atípico. Nunca antes, desde mil novecientos noventa y cinco y hasta la fecha, se había presentado un porcentaje mayúsculo de votos nulos. Nunca antes la cifra de votos nulos en Juárez había llegado a tales niveles. En mil novecientos noventa y cinco, en la elección de diputados el porcentaje de votos nulos fue de 2.8; en mil novecientos noventa y ocho de gobernador de 1.92 por ciento, en el mismo año, para ayuntamiento de 1.12, en el año de dos mil uno, hace apenas algunos meses, para diputados 1.96 y para ayuntamiento 1.89. son sólo algunos ejemplos en la Ciudad de Juárez para conocer la asombrosa desproporción de votos nulos en la elección extraordinaria celebrada el domingo próximo pasado. Aún más, recabando información electoral en otras ciudades o delegaciones en el Distrito Federal, con una composición geográfica, básicamente urbana, como Juárez, obtuvimos porcentajes muy inferiores al descrito. En la elección de jefe de gobierno, diputado y jefe delegacional en Iztapalapa, Distrito Federal, en el año dos mil, el porcentaje de votos nulos fue de 1.59, 1.72 y 1.68 por ciento, respectivamente, en las mismas elecciones, pero en la delegación Gustavo A. Madero, los niveles fueron de 1.37, 1.39 y 1.45 en Ecatepec, Estado de México, en la elección de ayuntamiento del año de dos mil el nivel de votos nulos fue de 1.93 y en la de diputado de un 1.94 por ciento, en el propio Ecatepec, pero en las elecciones federales de dos mil, los porcentajes oscilaron entre un 1.69 por ciento en la elección de senadores y un 1.83 por ciento en la de Presidente de la República. El caso de Nezahualcóyotl es similar, en la elección de ayuntamiento en dos mil el porcentaje de votos nulos fue de 2.08 por ciento y para diputados locales de 2.02, en tanto que en las federales, el nivel de votos nulos osciló entre el 1.57 y el 1.70 por ciento. Es claro, con estos datos que acompañan solo como ejemplos que el porcentaje de voto nulos que arrojó la contienda del doce de mayo es, al menos, sospechosamente alto. Pero más aún, el número absoluto de votos es casi cuatro veces más la diferencia entre un partido político y la Alianza Unidos por Juárez, es decir, los votos nulos, con mucho, de revisarse y encontrar que no todos tienen esa categoría, podrían, eventualmente, modificar el resultado de la elección. Por lo anterior, ligado a lo que en el presente documento se expone a la amable consideración de esta Asamblea, es por lo que la Alianza Unidos por Juárez estima procedente sus planteamientos en torno a la clarificación de los votos ciudadanos que, en principio fueron declarados nulos.

...”.

Además, de las páginas 45 a 46, y 67, del diario de debates de la sesión de cómputo, correspondiente al día diecisiete de mayo de dos mil dos, se advierte que Francisco Adolfo Payán Porras y Héctor Arcelus Pérez, representantes de la coalición “Alianza Unidos por Juárez”, en la discusión con motivo de la calificación de los votos correspondientes a las casillas 1429 básica y 1456 básica, respectivamente manifestaron lo siguiente:

“...

Fidencio Servando Ríos Durán: Continuamos con la 1429 básica, para el PAN 99; Alianza 86; PRD 8; PAS 1; Candidatos no registrados 0; votos nulos 5.

...

Sergio Alejandro Madero Villanueva: Señor presidente, yo considero que la marca esa, no puede considerarse como válida, no está hecha con el crayón que se proporciona para tal efecto, tal parece ser que, fuera una mancha de la tinta indeleble, de alguna de las personas que manipuló las boletas, para su cómputo, más que una marca de intención de voto.

Francisco Adolfo Payán Porras: Yo nomás le pregunto al señor Madero, no es una marca la que está impresa, es una huella digital, la ley establece claramente, cuando hay una marca.

Enrique Jorge Fernández García: Moción por favor, adelante, no se le escucha.

Francisco Adolfo Payán Porras. Ese se manifiesta la intención del voto, no creo que se materia de discusión esto, hay una marca, la causa no podemos configurar, acredíteme lo que usted está mencionando y además, creo que aparecía en demás boletas electorales, una mancha similar.

...

Enrique Jorge Fernández García: Someto a consideración de esta Asamblea a los consejeros el manifestar de manera económica, si están de acuerdo en que se abra este paquete, por favor manifestarlo.

Fidencio Servando Ríos Durán: Seis votos, señor, se abre 1456 básica, por favor.

...

Sergio Alejandro Madero Villanueva: Falta por que, la seña coincide y es el criterio que se ha sostenido.

Héctor Arcelus Pérez. Pero cómo sabe si es para la Alianza el voto licenciado Madero.

Sergio Alejandro Madero Villanueva: Porque se ve que está más marcado.

Héctor Arcelus Pérez: Haz de ser perito caligráfico.

Sergio Alejandro Madero Villanueva: Pues no, pero no estoy tan ciego.

Héctor Arcelus Pérez: Yo sí, poquito.

Enrique Jorge Fernández García: Vamos a pasarlo a los consejeros y todo para que lo revisen.

Héctor Arcelus Pérez: Yo quiero hacer el uso de la palabra, yo creo que el licenciado Madero no es perito caligráfico para haber determinado que la marca primero se estampó en el recuadro de la Alianza o del Partido Acción Nacional, para mí está muy claro que la boleta está marcada en el rubro de PAN y de Alianza Unidos por Juárez y por ende solicito que sea anulado este voto o en su defecto, contabilizado para la Alianza, estamos bajo esos dos fuego (sic).

Por su parte, según consta en las páginas 13 y 14 del diario de debates correspondiente al día veinte de mayo de dos mil dos, durante la sesión de cómputo municipal, el también representante de la coalición “Alianza Unidos por Juárez”, en relación con la apertura de la casilla 1701 básica, expuso:

“...

Enrique Jorge Fernández García: Señores consejeros, solicito manifestarse si están a favor de que se abra ese paquete, favor de hacerlo.

Fidencio Servando Ríos Durán: seis votos señor, se abre, 1701 básica a la mesa.

Gerardo Hernández Ibarra: Bueno, se declara válido para la Alianza, son seis, no pero aquél también es uno.

Enrique Jorge Fernández García: Ya habíamos tomado un criterio referente a eso, hay se ve la intención del voto.

Pero la marca allí está para ambos partidos.

Enrique Jorge Fernández García: La marca, la cruz también partido.

Gerardo Hernández Ibarra: Bueno, las letras, esas letras que están allí también están marcando Alianza.

Enrique Jorge Fernández García: Ya habíamos tomado ese criterio, señor Hernández.

Gerardo Hernández Ibarra. Si me puede mostrar el acuerdo porque yo no estaba.

...

Gerardo Hernández Ibarra: Yo lo que percibo muy claramente es que hay dos marcas en dos distintos partidos, para mí es un voto nulo, pero sí que quede constancia de que deba de ser votado para ver cuál es el criterio de los consejeros.

...”.

Como se aprecia de las manifestaciones antes transcritas los representantes de la coalición “Alianza Unidos por Juárez”, por una parte, reconocen que cualquier marca puesta en la boleta debe tomarse en cuenta como puesta por el elector, con independencia del tipo de marca que aparezca, la causa por la cual haya sido estampada o del instrumento empleado para hacerla, y por otra parte, aceptan que a simple vista no se puede determinar si una de las marcas que aparecen en la boleta fue puesta primero que las demás y, por ende, que si en una boleta se encuentran dos o más marcas el voto simplemente debe declararse nulo. Estas manifestaciones contradicen lo que después afirmaron en su escrito de interposición del recurso de inconformidad.

En estas circunstancias, debe prevalecer la presunción de buena fe en la actuación de los funcionarios de la mesa directiva de casilla, en atención al principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, recogido en la tesis de Jurisprudencia consultable en las páginas 19 y 20 del Suplemento número 2, correspondiente al año 1998, de la Revista de difusión de este Tribunal, denominada “Justicia Electoral”, cuyo rubro y texto es el siguiente:

“PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN. Con fundamento en los artículos 2, párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 3, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, atendiendo a una interpretación sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 41, base tercera, párrafo primero y base cuarta, párrafo primero y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 69, párrafo 2 del Código de la materia; 71, párrafo 2 y 78, párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral;  184 y 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el principio general de derecho de conservación de los actos válida­mente celebrados, recogido en el aforismo latino "lo útil no debe ser viciado por lo inútil", tiene especial relevancia en el Derecho Electoral Mexicano, de manera similar a lo que ocurre en otros sistemas jurídicos, caracterizándose por los siguientes aspectos fundamentales:  a) La nulidad de la votación recibida en alguna casilla y/o de determinado cómputo y, en su caso, de cierta elección, sólo puede actualizarse cuando se hayan acreditado plenamente los extremos o supuestos de alguna causal prevista taxativamente en la respectiva legislación, siempre y cuando los errores, inconsistencias, vicios de procedimiento o irregularidades detectados sean determinantes para el resultado de la votación o elección; y b) La nulidad respectiva no debe extender sus efectos más allá de la votación, cómputo o elección en que se actualice la causal, a fin de evitar que se dañen los derechos de terceros, en este caso, el ejercicio del derecho de voto activo de la mayoría de los electores que expresaron válidamente su voto, el cual no debe ser viciado por las irregularidades e imperfecciones menores que sean cometidas por un órgano electoral no especializado ni profesional, conformado por ciudadanos escogidos al azar y que, después de ser capacitados, son seleccionados como funcionarios a través de una nueva insaculación, a fin de integrar las mesas directivas de casilla; máxime cuando tales irregularidades o imperfecciones menores, al no ser determinantes para el resultado de la votación o elección, efectivamente son insuficientes para acarrear la sanción anulatoria correspondiente.  En efecto, pretender que cualquier infracción de la normatividad jurídico-electoral diera lugar a la nulidad de la votación o elección, haría nugatorio el ejercicio de la prerrogativa ciudadana de votar en las elecciones populares y propiciaría la comisión de todo tipo de faltas a la ley dirigidas, a impedir la participación efectiva del pueblo en la vida democrática, la integración de la representación nacional y el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público”.

Por otra parte, del análisis de los argumentos expresados por la emisora del fallo reclamado, esta Sala Superior advierte que no guardan congruencia entre sí, puesto que, primero le atribuye a la inspección ocular el objetivo de verificar la posible existencia de trazos diferentes o semejantes que llevaran a dicha autoridad a establecer si habían sido puestas por dos o más personas con la finalidad de perjudicar a algún partido político o coalición, pero, a fin de cuentas no hace pronunciamiento respecto a que las supuestas diferencias permitieran establecer que las marcas sí habían sido realizadas por dos o más personas, antes bien, lo que en este sentido expresa es lo siguiente:

“...

Se insiste en que no hay en Ley Electoral del Estado, autorización alguna para allegarse medios probatorios que permitan determinar si los trazos que como marcas se estamparon en las boletas, puedan atribuirse a dos o mas personas, ni tampoco determinar el tiempo en que pudieran haber sido estampadas, es decir, suponiendo que los hechos hubiesen sucedido como lo afirma el impetrante, no se puede precisar, con la sola inspección ocular, quien marcó las boletas además del elector, ni tampoco se puede precisar cual de las marcas fue puesta primero y por lo tanto, a favor de cual partido o coalición se inclinó el sufragante.

...”.

Además, sin explicación adicional alguna, el Tribunal enjuiciado se aparta de sus propias observaciones, para concentrarse simplemente en analizar la frecuencia en que el emblema de la coalición “Alianza Unidos por Juárez” aparecía marcada, siendo que la propia autoridad ya había establecido que “Dicha incidencia, cualesquiera que fuera el resultado porcentual que arroje, de manera específica no está contemplada en la ley como irregularidad que de presentarse, establezca que se perjudiquen los intereses de los partidos políticos en contienda”.

En este mismo sentido, la autoridad responsable pierde de vista que de acuerdo con su naturaleza la existencia del dolo no puede establecerse por presunción, sino que debe hacerse evidente mediante la prueba de hechos concre­tos, por tratarse de una maquinación fraudulenta, o sea, una conducta ilícita realizada en forma voluntaria y deliberada. En el caso a estudio no existe indicio alguno de que hubiese existido una actitud dolosa por parte de los funcionarios de las mesas directivas de las casillas instaladas para recibir la votación en la elección extraordinaria de Juárez, Chihuahua, pues, como ya se dijo, en las actas de escrutinio y cómputo no se asentó que hubiesen existido incidentes al respecto y tampoco escritos de protesta que hayan sido presentados por algún representante de partido político o de la coalición “Alianza Unidos por Juárez”.

Por lo que se refiere al argumento del Tribunal responsable en el sentido que lo advertido en la inspección ocular de las boletas electorales que contenían los votos calificados como nulos, en opinión de dicha autoridad se corrobora con el contenido del oficio número G-8677/2002, dirigido al Subprocurador General de Justicia del Estado de Chihuahua dentro de la averiguación previa número 06/2002, que se dice contiene un “informe pericial en documentoscopia”, rendido por quien se ostenta como perito oficial en materia de grafoscopia y estudio técnico de documentos cuestionados, esta Sala Superior estima que tal conclusión carece de sustento jurídico, conforme con las siguientes consideraciones.

Con independencia de si resultaba admisible o no tal documento, en razón de que fuera o no una prueba superveniente o que por contener un supuesto dictamen pericial como tal fuera o no admisible, o bien, que constituyera o no una verdadera prueba pericial por no haberse desahogado dentro del propio procedimiento del recurso de inconformidad, lo cierto es que de su mismo contenido se desprenden serias deficiencias que le restan cualquier valor probatorio y que, por tanto, no puede servir de base para corroborar la existencia de las supuestas irregularidades a que alude la autoridad responsable.

En primer término, de la descripción que se hace en el documento en comento el propio perito señala que “en cumplimiento a las normas y requisitos de validez de las muestras de comparación y del estudio comparativo de documentos que entre otras es necesario contar con los documentos-problema en sus originales”, de manera que si no tuvo tales documentos originales para realizar los estudios correspondientes, siguiendo la misma lógica establecida en el informe citado, es indudable que los resultados que se obtuvieran no tendrían validez.

Asimismo, del oficio en análisis se advierte que el perito señala que tuvo a la vista ciento ochenta y cuatro anexos gráficos, pero sólo realiza el supuesto peritaje sobre diecisiete de ellos, esto es, los resultados a que arribara, aun cuando se aceptara que fueran válidos sin tener los originales, tendrían efectos únicamente sobre el contenido de diecisiete boletas y no respecto de las demás, de modo que es obvia la inexactitud de la afirmación de la responsable cuando sostiene que los resultados obtenidos en el supuesto peritaje confirman las observaciones que el Tribunal enjuiciado efectuó sobre las seiscientas cuarenta y siete boletas a que se alude en la sentencia reclamada.

Por los anteriores razonamientos es inconcuso que el Tribunal enjuiciado se apartó de los principios que rigen las pruebas y desatiende las reglas establecidas para su valoración, incluso incumple con lo que establece el artículo 198, párrafo 7, inciso b), de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, y también pierde de vista lo que estatuye el 393 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua de aplicación supletoria a la ley estatal electoral, el cual señala:

“Artículo 393. Los tribunales, según la naturaleza de los hechos, la prueba de ellos y el enlace lógico y natural más o menos necesario que existe entre la verdad conocida y la que se busca, apreciarán en justicia el valor de las presunciones humanas hasta el grado de poder considerar que su conjunto forma prueba plena. Para que las presunciones a que se refiere este artículo tengan valor probatorio, deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Que los hechos en que se apoyen estén plenamente probados;

b) Que haya concurrencia de varios indicios que las funden;

c) Que los indicios sean independientes entre sí, de manera que eliminado o destruido uno, puedan subsistir los demás para el efecto de demostrar el hecho;

d) Que los indicios se relacionen y armonicen de suerte que, reunidos, hagan moralmente imposible la falsedad del hecho de que se trate.

Para los efectos de este artículo, dentro del concepto genérico de indicios, quedan comprendidos los hechos, circunstancias o antecedentes que, teniendo relación íntima con el hecho cuya existencia se trata de demostrar, permitan establecer una presunción sobre dicha existencia”.

En tales condiciones, aun cuando no se tomarán en cuenta las deficiencias en que incurrió la autoridad enjuiciada al llevar a cabo el análisis de las boletas electorales, los únicos hechos que en el mejor de los casos podrían quedar demostrados, serían los relativos a que en ciento quince casillas existen marcas diferentes, sin embargo, como ya se ha señalado, con base en ello no se puede establecer válidamente que las supuestas irregularidades que se alegaron por la coalición “Alianza Unidos por Juárez”, también acontecieron en las demás casillas instaladas para recibir la votación en la elección extraordinaria del municipio de Juárez, Chihuahua, puesto que, acorde con el sistema de nulidades establecido en la ley electoral estatal, las irregularidades encontradas en una casilla no pueden extender sus efectos a otras casillas; aunado a que en términos del párrafo 1 del artículo 172 de la ley electoral estatal, para que proceda la nulidad de una elección las causas que se invoquen deben quedar plenamente demostradas, de manera que no podría estimarse ajustada a derecho una declaración de nulidad que se basara en una simple presunción como la mencionada por la autoridad responsable.

En cuanto a los motivos de queja que la coalición “Alianza Unidos por Juárez”, esgrime en relación con lo resuelto por el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua respecto de los hechos que, según la impetrante, la autoridad no relacionó con el capítulo XXXVI del recurso de inconformidad interpuesto por la citada coalición, esta Sala Superior estima que los mismos devienen inoperantes.

Los motivos de inconformidad que expresa la coalición actora, en esencia, son los siguientes:

“... En estos términos, la responsable declara fundado el agravio XXXVI, y respecto de este preciso punto, estimamos que el estudio no fue exhaustivo, pues la prueba presuncional no se desahogó atendiendo a todos y cada uno de los indicios de que disponía la responsable, violándose el artículo 198, numeral 7, inciso b), de la Ley Electoral del Estado.

...

En principio estimamos que las argumentaciones de la responsable, son suficientes para declarar fundado el agravio, pues sustancialmente se basan en la inspección ocular, apreciación directa de las boletas y estudio estadístico.

...

Por otra parte igualmente está en lo correcto la responsable, cuando utiliza el análisis estadístico en el marcaje para la apreciación de la prueba de inspección ocular sobre las boletas anuladas pues el artículo 198, numeral 7, inciso b) le permite valorar los indicios en su conjunto, destacando que dicho precepto es similar al artículo 1306 del Código de Comercio al que aluden las siguientes tesis y que permiten que la falsificación o la alteración se pueda probar a través de presunciones sin necesidad de prueba pericial:

...

Así pues en principio la conducta de la responsable es correcta, pero no por esto exhaustiva.

La responsable señaló al analizar el primer agravio que la valoración en conjunto de los argumentos expresados, se analizaría al abordar el estudio del agravio XXXVI, sin embargo al inicio de este considerando la responsable señala lo siguiente:

...

Con lo antes transcrito, la responsable da a entender que va analizar todas las irregularidades, generalizadas, graves y sistemáticas que denunciamos, para valorarlas armónicamente con el resultado de la inspección ocular, sin embargo inmediatamente después realiza un análisis concienzudo de cada una de las boletas inspeccionadas, pero olvida adminicularlas con otros indicios.

Tomando en cuenta que básicamente lo que estamos alegando es la violación al artículo 198 numeral 7 inciso b), por la falta de valoración exhaustiva de la prueba presuncional, pasamos a explicar el razonamiento que la responsable omitió:

Existe el hecho probado de que la votación nula se incrementó desproporcionadamente en relación al proceso ordinario del 2001, y que este incremento además no guarda relación alguna con el poco incremento que sufrió la votación válida, en comparación al mismo proceso ordinario de 2001.

Que durante días previos al inicio del cómputo municipal, dada la duda que se tenía sobre el incremento de los votos nulos, nuestra alianza fue insistente en solicitar se abrieran los paquetes electorales para revisarlos. Que el Partido
Acción Nacional, inmediatamente se posicionó en la negativa de la apertura de los paquetes electorales, alegando que  eso era causa de nulidad de la votación, incluso hubo desplegados de simpatizantes y militantes afirmando eso, entre los que se encuentran el Licenciado César Ochoa, que a la postre resultó ser asesor del Consejero Electoral de la Asamblea Municipal Arce Arizmendi, lo cual está debidamente probado.

Que una vez iniciado el cómputo municipal fue necesario acudir hasta la Asamblea General, para que se garantizara el debido procedimiento y que se dieran las condiciones para disipar la duda sobre los votos nulos, que no obstante que dicho órgano electoral ordenó a la Asamblea Municipal actuar en consecuencia, ésta procedió en forma arbitraria.

Que constantemente durante el cómputo municipal se indicó en forma individual y por escrito la necesidad de abrir los paquetes electorales, sin embargo dicho órgano electoral soslayó nuestras peticiones, y abría los paquetes electorales sin ningún criterio lógico, como quedó demostrado en nuestro escrito de agravios cuando señalamos como ejemplo que de 194 actas que contenían datos en blanco, la Asamblea Municipal abrió 54 paquetes por esa razón, y pese que se le solicitó por escrito abrir los demás, no lo hizo.

Que después del cómputo municipal en 46 casillas existe un faltante  650 boletas, que como ya se explicó, aunque en algunos casos la responsable les quiera encontrar explicación por errores de folio, en este caso no cabe ese argumento, porque los errores derivan de un recuento material, ya que los apartados del acta de cómputo municipal se llenan mediante este procedimiento, de tal manera que al enlazarlos aritméticamente, generan la diferencia, sin que quepa tratar de corregirla en base a las actas de casilla, pues como dije, en este grupo de casillas existe un recuento de boletas.

En el grupo de casillas anterior hay un faltante claro y contundente de 406 boletas, que en nuestro concepto de suyo es de extrema gravedad y que la responsable no toma en cuenta en forma específica.

Los faltantes y sobrantes de boletas que señalamos en nuestro escrito de expresión de agravios  que arrojaba el total de 6,400, y que dicho número coincidía con el faltante real en los 172 paquetes que se abrieron en la Asamblea Municipal, en una proporción aproximada del 10%, sigue subsistiendo, pues del análisis individual que hizo la responsable, en la mayoría de  las casillas existen las diferencias denunciadas, sólo que en muchas ocasiones la responsable intentó darles explicación en error de folio, o a través de operaciones aritméticas para deducir datos en blanco, y en otras ocasiones asumiendo que no era trascendente al resultado de la votación, por virtud de que no revertía el resultado de la casilla, pero estas diferencias no las enlazó con el resultado de la inspección ocular en la cual al analizar el reverso de las boletas en las casillas 2127B, 2168B, 2055C2, 2176B, 2152B, 2063B, 2091B, 2096B, 2120C1, 1889C6, 2150B, 1712B, 2093C1, 1712C1, 2053C1, 1560C1, 2066C1, 2180B, 2071B, 1547C2, 2106C1, 2057B, 2102B, 2179B, 2052C1, 2060C1, 2059B, 1978B, no aparece firma de representante de partido político designado por sorteo, de tal manera que si consideramos esto como una muestra quiere decir que en esas casillas no se llevó a cabo ese procedimiento de seguridad, de tal manera que pudieron extraerse y depositarse boletas de una casilla a otra, lo que se ve corroborado con el hecho de que de la misma inspección ocular del reverso de las boletas encontradas en las casillas 1943E1, 1857C1, 1474B, 2134C2, 2089B, 2060B, 2140B, 1511C1, 2155C2, 1519C1, 1896C1, 1885C9, 1964B, 1468B, aparecen firmas distintas al reverso de las boletas, o a veces algunas sin firmas y otras con firma en la misma casilla lo que pone en evidencia que sí existe la duda de que las boletas extraviadas pudiesen haber sido utilizadas, duda que se incrementa si se toma en cuenta que las diferencias en las actas de escrutinio y cómputo arrojan más de 3700 boletas en aquellos casos en que no corresponde a la unidad traduciéndose esto en que hay duda incluso en un número mayor que la diferencia que nos separó del Partido Acción Nacional. Las diferencias encontradas en el análisis individual de casilla que no impactaron al resultado de la misma, sí son acumulables para los efectos indiciarios que estamos invocando. Nótese que en este caso no se está invocando la falta de firma de los representantes de partido en las boletas como causa de nulidad, sino que en base a la ausencia de ese requisito se está demostrando que las boletas faltantes sí pudieran ser utilizadas en otras casillas, y que de hechos hay indicios de que así fue, cuando aparecen firmas distintas por ejemplo.

  Durante la inspección ocular el Partido Acción Nacional a través de su representante Lic. Madero, se opuso airadamente a que se agregaran los folios identificatorios de las fotografías que se tomaron durante ese acto, tratando de evadir a toda costa la posibilidad de poner en evidencia la notoriedad de las alteraciones, mostrando la mala fe con que se han conducido respecto de la apertura de los paquetes, y entonces encontrado explicación a las razones por las cuales se opusieron a su apertura desde un inicio, cobrando entonces relevancia la actitud de la Asamblea Municipal de negarse a abrir los paquetes, incluso cuando había errores en las actas y a petición expresa de nosotros, de tal manera que los agravios que se vierten en relación a la parcialidad de dicho órgano electoral por ese motivo se enlazan perfectamente con el resultado de la inspección ocular, es concluyente, no querían abrir los paquetes porque iban a aparecer los votos nulos alterados.

Respecto de los paquetes electorales que estuvieron extraviados durante la jornada electoral, es falso que hayan sido recuperados intactos, pues por el contrario presentaron huellas de violación, lo que viene a sumar indicios que aumentan la incertidumbre en el proceso.

A estos razonamientos son de agregarse los indicios que resultan de las pruebas que ilegalmente nos fueran desechadas por la responsable, consistentes en las fotografías tomadas durante la inspección ocular, el documento privado que contiene opinión técnica de peritos y el acta notarial que contiene los folios identificatorios de las fotografías, y a lo que nos habremos de referir en otro apartado en forma específica.

En estas condiciones la valoración de la inspección ocular se debió ver fortalecida por lo indicios que hemos reseñado y que constan debidamente probados en los autos, sobre todo, para considerar que la alteración observable a simple vista es de tal gravedad, que los demás indicios acumulables llevan ineludiblemente a la conclusión arrojada por la responsable, pues como lo han sostenido Ustedes: “conforme a lo dispuesto por la parte final del párrafo octavo del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los principios rectores de la función electoral, son: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Basta que no se satisfaga uno solo de los citados principios, para que una elección sea inaceptable, siendo ello suficiente para no confiar en el resultado de la elección...”.

Lo inoperante de los motivos de disenso que han quedado transcritos, deviene de que la coalición actora parte de una premisa inexacta, dado que se sustenta en la aseveración de que fue correcta la determinación de la autoridad enjuiciada de tener por demostradas las irregularidades relativas a la supuesta alteración de las boletas que contenían los votos nulos, afirmación que como ya se ha visto al analizar el juicio de revisión constitucional electoral promovido por el Partido Acción Nacional no resultó cierta, y con base en esa supuesta demostración de la irregularidad existente en las boletas electorales, estima que la autoridad debió adminicularla con los hechos que, desde el punto de vista de la promovente, también estaban acreditados.

En efecto, la impetrante parte de la base de que fue correcta la determinación de la autoridad responsable de tener por probado, mediante la inspección ocular de las boletas electorales, que éstas habían sido alteradas y que a través de una proyección estadística era correcto considerar que las supuestas irregularidades habían ocurrido en todas las casillas instaladas en el municipio de Juárez, Chihuahua, circunstancias que, como ya se analizó en el juicio promovido por el Partido Acción Nacional, esta Sala Superior considera que no se encuentran acreditadas y que, en obvio de repeticiones innecesarias aquí se dan por reproducidas las consideraciones que al respecto se expusieron.

En tal sentido, si no está demostrado el hecho con el cual pretende que se adminiculen las demás circunstancias a que hace referencia, es inconcuso que no habría motivo para que se hiciera esa vinculación, pues la accionante parte de la idea de que esos otros hechos fortalecían la inspección ocular. Además, varios de los acontecimientos que dice la impugnante debieron adminicularse, se refieren a cuestiones que, según se establece en esta misma sentencia, no quedaron acreditados, como son los enunciados en los incisos e), f) y g), o bien, están dirigidos a cuestionar la actitud del Partido Acción Nacional y de la Asamblea Municipal Electoral de Juárez, Chihuahua, de negarse a que se abrieran la totalidad de paquetes electorales de las un mil cuatrocientas setenta y dos casillas instaladas para la elección extraordinaria, sin embargo, en el recurso de inconformidad la mencionada coalición ya no solicitó la apertura de la totalidad de paquetes electorales, sino únicamente de los que habían sido motivo de apertura por parte de la Asamblea Municipal, estos son los identificados con los incisos b, c) y d). Otros se refieren a cuestiones que por sí mismas no aportarían mayor convicción para anular la elección como son los señalados en los incisos h), i) y j), toda vez que con ellos simplemente pretende reforzar su argumento en el sentido de que hubo alteración de las boletas electorales, situación que como ya se ha reiterado no quedó demostrada.

En cuanto al inciso a), ya citado, no le asiste la razón a la coalición actora cuando señaló que, desde su punto de vista, la votación nula se incrementó desproporcionadamente, pues tal como lo señala el Partido Acción Nacional, en los procesos electorales del país en realidad no resulta extraño el porcentaje de votos nulos que se registraron en la elección de Ayuntamiento del municipio de Juárez, Chihuahua, el cual ascendió a la cantidad de 9,658 votos nulos, pero que del total de votación válida emitida representa el 3.24%. Para demostrar ese aserto basta consultar algunos de los ejemplos a que alude el mencionado instituto político. Así, según se observa de los datos difundidos por el Instituto Electoral del Estado de Chiapas, en su página de internet www.iee.chiapas.org.mx, respecto de la elección celebrada en el año dos mil uno, en el municipio de Tila se obtuvo una votación total emitida de 17,338 votos, mientras que los votos nulos fueron 1,881, lo cual representa un porcentaje del 10.84%; en el municipio de Chamula la votación total emitida fue de 13,839 votos, en tanto que los votos nulos fueron 1,320, por ende, el porcentaje correspondiente es de 9.53%; en el municipio de Comitán, la votación total emitida fue de 22,778 votos, y los votos nulos 1,483, es decir, el 6.51% del total de la votación. Asimismo, según los datos que publica el Instituto Federal Electoral, en su página de internet www.ife.org.mx, en el proceso electoral federal de 1997, la votación total emitida en el municipio de Juárez, Chihuahua, para la elección de diputados fue de 310,841 votos, mientras que los votos nulos fueron un total de 10,297, lo cual representa el 3.31% del total de la votación, es decir, que en esa elección el porcentaje de votos nulos fue mayor que el porcentaje registrado en la elección extraordinaria del pasado doce de mayo del año en curso.

En otro aspecto, cabe hacer notar que no pasa desapercibido para esta Sala Superior que la impetrante, cita algunas tesis que tienen relación con lo que se ha determinado con motivo de la impugnación del Partido Acción Nacional, sin embargo, del contenido de las mismas no se advierte que tengan el alcance que la enjuiciante pretende atribuirles.

En efecto, la primera tesis que menciona la coalición actora se refiere a que pueden aparecer firmas discrepantes y que por ello deben mandarse reconocer, pero esto no implica que en razón de que las firmas aparezcan a la vista como “notoriamente distintas”, ello sea suficiente para considerar que se trata de una firma que haya sido puesta por una persona distinta a la que signó alguno de los escritos discrepantes, sino que lo que se pretende es darle mayor seguridad jurídica a las partes en un proceso.

En la parte considerativa en donde se resuelve la contradicción de tesis a que alude la accionante, la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expuso los siguientes razonamientos:

“CUARTO. Debe prevalecer la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito con las modificaciones que se proponen. En efecto, el problema es el siguiente: Frente a la existencia de dos firmas notoriamente distintas, una que calza el escrito y la otra autorizando un diverso escrito, el Tribunal del Sexto Circuito sostiene que debe desecharse el escrito con la segunda firma distinta y en consecuencia el ocurso no causará efectos; en cambio, el Tribunal del Décimo Primer Circuito sostiene que ante la diferencia de firmas, debe requerirse al promovente para que ratifique la segunda firma, que se tiene como dudosa y después de dicha diligencia se proceda conforme a derecho.

Debe destacarse, en primer término el hecho de que no hay base jurídica alguna para presumir de manera indubitable que la primera firma sea la del ocursante y por tanto el requerimiento a que se alude el párrafo anterior deberá ser para que reconozca ambas firmas, ya que podría darse el caso de que fuese la segunda de las grafías la que en realidad corresponda a la parte que firmó los escritos y entonces se procedería, conforme a derecho, la determinación que corresponda en cuanto al escrito que ostenta la primera de la firmas; en segundo lugar dicha diligencia debe hacerse con el apercibimiento de ley para quienes declaran con falsedad ante el órgano jurisdiccional en los términos que se incluyen en los siguientes párrafos.

Al respecto debe indicarse, en primer lugar, que no le asiste la razón al Tribunal del Sexto Circuito cuando con base en el artículo 204 del Código Federal de Procedimientos Civiles, señala que la notoria diferencia entre las firmas se traduce en una falta de firma y por ello el documento en cuestión carece de suscripción y por lo mismo dicho documento a nadie obliga. En el caso debe decirse que en el caso a estudio no es aplicable el artículo invocado del Código Federal de Procedimientos Civiles porque como se verá, la solución se encuentra dentro de lo previsto en la Ley de Amparo, legislación que sí es aplicable.

Además tampoco le asiste razón al tribunal mencionado, cuando afirma que la diferencia en las firmas debe estimarse como una carencia de ella, en el escrito que presenta la segunda firma dispar, lo cual es inexacto y no encuentra apoyo en ningún precepto legal, ni siquiera en el malamente invocado artículo 204 del código adjetivo federal; lo cierto es que la discrepancia en los rasgos de la firma constituye una situación anómala, que procede aclarar, pero sin que sea equiparable, por ningún concepto, con la carencia de ella, situación sobre la cual no aparece un pronunciamiento en esta contradicción de tesis y por lo cual esta Sala tampoco emite opinión, pues se desbordaría la cuestión planteada.

Se afirma, por parte del Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que el aceptar el uso de dos firmas trae como consecuencia la falta de seguridad jurídica durante el juicio pero lo cierto es que no hay dispositivo legal que obligue a tener una sola grafía o firma para identificar documento y que en el juicio lo que se busca es la impartición de justicia y para ello, que los ocursos estén firmados por la persona que tenga facultad para ello y puede darse el caso de que dos firmas notoriamente distintas, ambas sean del puño y letra de la misma persona, baste con suponer que en un escrito se estampó la rúbrica y en el otro se escribió el nombre completo del ocursante, como si fuera la firma, evidentemente que ambas son firmas de la misma persona y la ley no señala a cuál debe dársele valor de autenticidad en el ejemplo, ambas son firmas auténticas del ocursante, aún cuando sean notoriamente diferentes una de la otra y el reconocimiento de autenticidad en ambos ocursos no contraviene la seguridad jurídica que debe prevalecer durante la contienda judicial. Lo anterior permite afirmar, además, que en el caso no es aplicable la tesis de la Suprema Corte, invocada por el Tribunal del Sexto Circuito, porque ella se refiere a la falta de firma en el ocurso y ya quedó determinado que existe una situación jurídica diversa entre las firmas diferentes y la ausencia de firmas.

Por otra parte, tampoco es cierto que la Ley de Amparo carezca de un dispositivo legal que autorice al requerimiento, pues si bien es cierto que no hay un precepto que expresamente se refiera al caso concreto, esto es, que ordene el requerimiento a la parte que presenta un ocurso con una firma notoriamente distinta de la que ya obra en autos, porque fue la primera que se presentó en el juicio, también lo es que conforme al artículo 30 de la citada Ley de Amparo, se establece la facultad que el Juez tiene para que pueda ordenar la notificación personal a cualquiera de las partes, cuando lo crea conveniente y el mismo numeral establece que en escritos de fundamental importancia, como lo es el que nos ocupa (aclaración de una demanda, cuyo desechamiento trae como consecuencia que se tenga por no interpuesta o la admisión de un recurso), debe haber una certeza absoluta de la autenticidad de la firma, antes de proceder al acuerdo correspondiente. Adviértase que también en caso de acuerdos fundamentales, el juzgador manda a requerir al interesado, como cuando se presenta un escrito de desistimiento o bien cuando se va a decretar la caducidad, en el primer caso, para que ratifique el escrito respectivo y en el segundo, para que manifieste si existe alguna promoción que interrumpa dicha caducidad.

En otro orden de ideas se afirma que el titular del órgano jurisdiccional está facultado para apreciar, por sí mismo, una notoria diferencia en cuanto a las firmas, sin requerir, para ello, a una prueba caligráfica, pero esto no lo autoriza a desechar el ocurso, sino que deberá llamar al ocursante para que diga si las firmas que calzan los escritos son o no de su puño y letra, advertido de las penas en que incurre quien declara falsamente ante un tribunal, pues es evidente que si frente al requerimiento de reconocimiento se pronuncia con falsedad, dará motivo para que el juzgador dé vista al Ministerio Público, para que en su caso, ejerza la acción penal correspondiente y se aplique, además, el artículo 211 de la Ley de Amparo.

Tampoco es el caso de que pueda ratificar el contenido de los escritos y se desconozca las firmas que los calzan, pues el requerimiento tiene por objeto, única y exclusivamente, el reconocer o no las firmas de dichos escritos, independientemente de su contenido.

Así pues, tanto en el caso del escrito aclaratorio de la demanda, como en el caso de la interposición de un recurso o de cualquier otra promoción, en donde la firma que ostente el escrito sea notoriamente distinta de la firma que ya obra en autos, antes de desecharlo es pertinente el requerir al promovente para que reconozca o no dichas grafías cuestionadas. Si se acredita que la firmas fueron puestas por quien tiene facultad para ello, se dará trámite al ocurso, conforme a derecho y si, por el contrario, de dicha diligencia se desprende que esto no es así, porque las firmas no fueron puestas del puño y letra del facultado para ello, se desechará el escrito correspondiente con las consecuencias legales pertinentes.

Es fundamental destacar que el criterio anterior tiene como fundamento último el hecho de que el desechar un escrito, sin haber permitido la aclaración en cuando a la firma, equivale a una denegación de justicia y este valor jurídico a tutelar es fundamental, dentro de nuestro sistema normativo, por ello deben tomarse todas las medidas que la ley permita, para que no se llegue al extremo de negar la posibilidad de obtener la impartición de justicia.

Así pues, debe concluirse en el sentido de que la firma notoriamente distinta en un ocurso, en relación a la que ya obra en autos, no trae como consecuencia el desechamiento del ocurso, sino que procede, previamente el requerir al ocursante para que manifieste si dichas firmas fueron puestas de su puño y letra o no y con vista en el resultado de esa diligencia, se dicte el acuerdo correspondiente.

Por consiguiente, la tesis que debe prevalecer es la siguiente: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 31 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después de dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma; pues ambas son hipótesis distintas.

...".

Como puede observarse del texto trasunto, uno de los argumentos principales que expuso la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue en el sentido de que no hay dispositivo legal que obligue a tener una sola grafía o firma para identificar un documento y que puede darse el caso de que dos firmas notoriamente distintas, ambas sean del puño y letra de la misma persona; para ejemplificar esta circunstancia señala que basta con suponer que en un escrito se estampó la rúbrica y en el otro se escribió el nombre completo del ocursante, como si fuera la firma, evidentemente que ambas son firmas de la misma persona y la ley no señala a cuál debe dársele valor de autenticidad, en el ejemplo, ambas son firmas auténticas del ocursante, aun cuando sean notoriamente diferentes una de la otra y el reconocimiento de autenticidad en ambos ocursos no contraviene la seguridad jurídica que debe prevalecer durante la contienda judicial.

En ese orden de ideas, son inexactas las apreciaciones de la enjuiciante; por el contrario, lo que se desprende de la tesis en comento es que aun en el caso de que exista notoria discrepancia en las firmas ello no conlleva la consecuencia de que se tenga por cierto que proceden de distintas personas y por esa razón se ha determinado que debe darse oportunidad a la parte interesada, para que comparezca a ratificar la firma o a negarla.

Con base en estas razones y el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis cuyo rubro es: “FIRMAS. LOS DICTÁMENES QUE RESPECTO A SU FALSEDAD O AUTENTICIDAD EMITAN LOS PERITOS EN EL INCIDENTE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 229 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO OBLIGAN AL MAGISTRADO INSTRUCTOR”, misma que ya ha quedado transcrita al analizar los agravios del Partido Acción Nacional, se arriba a la conclusión de que son inatendibles los argumentos que esgrimió la coalición impugnante en el sentido de que con la simple inspección ocular sí puede tenerse por demostrada una alteración cuando los signos o marcas puestas en las boletas electorales son notoriamente diferentes.

En resumen, como se ha puesto de manifiesto, la jurisdicente responsable carecía de bases jurídicas para decretar la nulidad de la elección basada en la alteración de votos; de modo tal que al haberla decretado por tal motivo, causó al Partido Acción Nacional, algunos de los agravios que este instituto político hace valer.

Las consideraciones precedentes, provocan que resulten inoperantes los agravios que se hacen valer en contra del acuerdo de seis de junio de dos mil dos, en la parte que negó la admisión de diversas pruebas periciales que ofreció la coalición “Alianza Unidos por Juárez”, en razón de que, aun cuando se hubieran desahogado, ningún beneficio obtendría la oferente.

Para arribar a la anotada conclusión, se tiene presente que, la coalición agraviada, en el capítulo XXXIV del ocurso mediante el cual interpuso recurso de inconformidad en contra del cómputo municipal, afirmó, en resumen, que el catorce de mayo de dos mil dos, se hizo constar por un notario público, que el representante de la coalición “Alianza Unidos por Juárez” ante la Asamblea Municipal de esa ciudad, le hizo entrega al mismo fedatario, de los originales de tres tarjetas que se encontraron sobre la mesa del lugar que ocupa el Presidente de esa Asamblea, que contenían expresiones que denotaban la intención de perjudicar al Partido Revolucionario Institucional, presumiblemente realizadas por dos consejeros o por el secretario, lo que implicaba ausencia de imparcialidad por parte del citado órgano electoral.

Para acreditar su dicho, la coalición ofreció, entre otras probanzas, la pericial caligráfica grafoscópica, a efecto de determinar la autoría de los textos contenidos en dichas tarjetas.

Además, en el capítulo XXXVI del mismo escrito, la coalición Alianza Unidos por Juárez manifestó, en síntesis, que ante la duda razonable expresada por el Instituto Estatal Electoral por el número de votos nulos, contrastantes con la diferencia de sufragios entre quienes obtuvieron el primero y segundo lugares en la elección, realizó un análisis a través del cual determinó que se cometieron una serie de violaciones a los principios rectores que rigen los procesos electorales. Que derivado de la apertura de los paquetes electorales por parte de la Asamblea Municipal de Juárez, Chihuahua, se observaba que en el 95% de los paquetes se encontraron votos nulos, mismos que, asegura la coalición, fueron alterados. Que de acuerdo a una apreciación lógica, si la frecuencia de las violaciones es constante en el 10% de las boletas que forman parte de los paquetes abiertos, habida cuenta que, funcionaron durante la elección aproximadamente mil quinientas (1,500) casillas, es claro, sigue diciendo la coalición actora, que hubo violaciones generalizadas durante la elección, por lo que, desde su óptica, se debería decretar la nulidad de la elección.

Con el fin de demostrar tales hechos, ofreció, entre otras, la prueba pericial grafoscópica y grafológica, que solicitó se practicara sobre las boletas declaradas nulas y que fueron revisadas por la Asamblea Municipal, en respuesta a lo determinado por la Asamblea del Instituto Estatal Electoral.

La autoridad responsable negó la admisión de dichos medios de convicción, ya que apreció que la prueba pericial no estaba prevista en la legislación electoral de Chihuahua, por lo que, estimó que no era factible ofrecerla y, en consecuencia, tampoco admitirla.

Ahora bien, como a continuación se pondrá de relieve, incluso en el caso de que se hubieran desahogado las pruebas en comento, la coalición agraviada no habría colmado su pretensión jurídica, consistente en que se anulara la elección extraordinaria que se llevó a cabo el pasado doce de mayo, para elegir a los miembros del Ayuntamiento de Juárez, Chihuahua, razón por la cual, los agravios que se relacionan con la inadmisión de dichas pruebas periciales, devienen inoperantes.

Lo anterior es así, toda vez que, los hechos a que se refiere la coalición impugnante en el capítulo XXXIV de su escrito continente del recurso de inconformidad, según lo afirma, supuestamente acontecieron el catorce de mayo de dos mil dos, esto es, fuera del día de la jornada electoral.

Ahora bien, la coalición pretende, mediante la concatenación de esos hechos y de otras muchas situaciones que asegura se suscitaron durante el proceso electoral atinente, que se actualice la llamada causa abstracta de nulidad (sobre cuya existencia en la legislación electoral de Chihuahua, no se prejuzga por no ser materia de la controversia), y con ello que se anule la mencionada elección extraordinaria.

Sin embargo, como ya fue precisado, el recurso de inconformidad en el que se alegaron tales hechos, fue interpuesto en forma extemporánea (anticipadamente), en virtud de que, cuando se interpuso, no había sido declarada aún la validez de la elección, por lo que aun desahogando esa prueba, no habría podido declararse la nulidad de la elección, tomando en cuenta los hechos relatados en el mencionado capítulo XXXIV, lo que torna inoperantes los agravios de que se trata.

Tocante a la diversa prueba pericial que se le desechó a la coalición, cabe realizar las siguientes precisiones.

Como se recordará, la coalición accionante pidió que la prueba pericial que ofreció para demostrar los hechos que narró en el capítulo XXXVI de su escrito primigenio, se practicara “sobre las boletas declaradas nulas y que fueron revisadas por la Asamblea Municipal, en respuesta a la Asamblea del Instituto Estatal Electoral...”.

Cabe aclarar, que la Asamblea Municipal de Juárez, Chihuahua, abrió ciento setenta y dos (172) paquetes electorales, en donde encontró un mil cuatrocientos veinticuatro (1,424) votos nulos.

Así las cosas, es inconcuso que, aun desahogando, dicha prueba, no hubiere sido factible acoger la pretensión de la coalición inconforme, en el sentido de que se anule la elección, en razón de que, en el mejor de los casos para la coalición, mediante ese medio convictivo, sólo demostraría que mi cuatrocientos veinticuatro votos fueron alterados; sin embargo, ello sería insuficiente para anular la elección, puesto que, como se explicó en párrafos precedentes, no es posible que los efectos de la nulidad de la votación recibida en una o varias casillas se pueda extender a las demás casillas, y, así tener por comprobado que lo que encontrado en lo examinado, se haya presentado también, invariablemente, en lo restante que no fue sometido a verificación; es decir, lo que haya tenido lugar en algunas casillas de un municipio, no implica que, necesariamente también haya ocurrido en el resto de la casillas del municipio, habida cuenta que, se trata de casillas diferentes, instaladas en lugares diversos del municipio, en las que lógicamente los funcionarios de mesa directiva de casilla, los representantes de los partidos políticos y los electores son distintos a quienes actuaron y sufragaron en las casillas que se hayan tomado como muestra.

Consecuentemente, si como se adelantó, aun cuando se hubiesen desahogado las periciales de mérito, la coalición “Alianza Unidos por Juárez” no habría obtenido algún beneficio, ello torna inoperantes los agravios relativos.

Por otro lado, resultan inatendibles aquellos motivos de inconformidad en los que se aduce, fundamentalmente, que el fallo impugnado carece de congruencia, en tanto que, no es posible que en las cuarenta casillas que enumera la coalición actora, aunque erróneamente señala que son cuarenta y seis, y que reportan inconsistencias, la responsable encuentre explicación a las mismas en supuestos errores de folio, dado que las casillas de referencia se abrieron durante el cómputo municipal y los datos asentados en el acta respectiva no derivan del análisis de folios que se hiciera la Asamblea Municipal, sino en el conteo directo, a guisa de ejemplo, se indica que en la casilla 2057 B faltaron cuatrocientas seis boletas, lo que a su parecer es de extrema gravedad, y en la sentencia impugnada se señala que es intrascendente porque no se reflejan en el resultado de esa casilla; insistiéndose que las diferencias encontradas son reales, resultando inválidas las operaciones aritméticas que pretenden explicarlas, existiendo un inexplicable faltante de seiscientas cincuenta boletas; también se aduce, que en otras muchas casillas se detectaron irregularidades de una boleta de más y en otras de menos, pero en la resolución combatida se señalan que derivan de “errores de folio”, ya que presumiblemente al no sumar el primer folio y tratar de obtener el número de boletas recibidas de una operación aritmética, da una cantidad menor en una unidad al número real de boletas que se recibieron, así que, dicha presunción, en principio, sólo cabe en aquellas diferencias de una boleta pero en todas las demás discrepancias no aplica, sin embargo, en la sentencia impugnada insistentemente se ocurre a esa explicación, incluso en diferencias mayores a uno, lo que hace inmotivada esa parte de la sentencia rebatida, desglosándose en un cuadro en el que se insertan ciento sesenta y nueve casillas en las que existe errores mayores a una boleta y que en su conjunto “suman tres mil setecientas boletas dudosas”.

Para arribar a la anotada conclusión se tiene presente que, contrariamente a lo afirmado por la coalición impetrante, el órgano emisor de la resolución impugnada, para desestimar las diferencias argüidas respecto de las casillas 1428 básica, 1428 contigua 1, 1429 básica, 1467 básica, 1508 contigua 1, 1549 contigua 1, 1649 contigua 1, 1657 básica, 1657 contigua 1, 1676 básica, 1686 básica, 1690 contigua 1, 1702 contigua 1, 1710 contigua 1, 1726 contigua 1, 1734 contigua 2, 1750 básica, 1824 básica, 1828 básica, 1835 básica, 1842 contigua 1, 1857 básica, 1857 contigua 1, 1876 contigua 1, 1879 básica, 1885 contigua 9, 1887 básica, 1887 contigua 8, 1913 contigua 22, 1956 básica, 1976 contigua 1, 2039 básica, 2048 básica, 2054 básica, 2055 contigua 1, 2057 básica, 2061 básica, 2061 contigua 1 y 2086 contigua 1, no se basó en “errores de folio”, sino que tomó en cuenta otras particularidades como a continuación se pone de relieve, a través de la transcripción que se hace de las partes conducentes de la sentencia cuestionada, que contienen los razonamientos atinentes de la autoridad enjuiciada.

“Casilla 1428 B. Según los datos asentados en la copia certificada del “acta individual” levantada por la Asamblea Municipal de Juárez se desprende que: Se recibieron 679 boletas de folio 005779 al 006457. Que el número de votos computados y ciudadanos que votaron es 220. Que el número de boletas sobrantes es 424. Como se aprecia, si restamos la cantidad de votos computados a las boletas recibidas nos da 424 boletas sobrantes. En virtud de que en el acta mencionada se corrigieron los errores existentes en las actas levantadas por los funcionarios de casilla, carece de razón la impugnante. b) Igual consideración merece respecto al agravio esgrimidos por rubros en blanco”.

“Casilla 1428 C1. a)Según los datos asentados en la copia certificada del “acta individual” levantada por la Asamblea Municipal de Juárez se desprende que: Se recibieron 680 boletas, del folio 006458 al 007137. Que el número de votos computados y ciudadanos que votaron es 230. Que el número de boletas sobrantes es 449. Como se aprecia si restamos la cantidad de votos computados a las boletas recibidas nos da 449 boletas sobrantes. En virtud de que en el acta mencionada se corrigieron los errores existentes en las actas levantadas por los funcionarios de casilla, carece de razón la impugnante. b) Así mismo, y dado que la autoridad responsable, corrigió el error, igual razonamiento se hace respecto a lo que manifiesta la actora, del agravio de boletas extraídas de la urna, más boletas sobrantes, contra boletas recibidas, según la lista nominal”.

“Casilla 1429 B. Según los datos asentados en la copia certificada del “acta individual” levantada por la Asamblea Municipal de Juárez se desprende que: Se recibieron 613 boletas, del folio 007138 al 007750. Que el número de votos computados y ciudadanos que votaron es 199. Que el número de boletas sobrantes es 413. Como se aprecia si restamos la cantidad de votos computados a las boletas recibidas nos da 413 boletas sobrantes. En virtud de que en el acta mencionada se corrigieron los errores existentes en las actas levantadas por los funcionarios de casilla, carece de razón la impugnante”.

“Casilla 1467 B. Según los datos asentados en la copia certificada del “acta individual” levantada por la Asamblea Municipal de Juárez se desprende que: Se recibieron 668 boletas. Que el número de votos computados y ciudadanos que votaron es 229. Que el número de boletas sobrantes es 437. Como se aprecia si restamos la cantidad de votos computados a las boletas recibidas nos da 437 boletas sobrantes. En virtud de que en el acta mencionada se corrigieron los errores existentes en las actas levantadas por los funcionarios de casilla, carece de razón la impugnante”.

“Casilla 1508 C1. Según los datos asentados en la copia certificada del “acta individual” levantada por la Asamblea Municipal de Juárez se desprende que: Se recibieron 558 boletas. Que el número de votos computados y ciudadanos que votaron es 119. Que el número de boletas sobrantes es 359. Como se aprecia si restamos la cantidad de votos computados a las boletas recibidas nos da 359 boletas sobrantes. En virtud de que en el acta mencionada se corrigieron los errores existentes en las actas levantadas por los funcionarios de casilla, carece de razón la impugnante. Por lo que toca a los agravios vertidos en ésta casilla, respecto a que la suma de votación es mayor que el total de ciudadanos que votaron. Igual consideración merecen a la descrita anteriormente”.

“Casilla 1549 C1. a) Según los datos asentados en la copia certificada del “acta individual” levantada por la Asamblea Municipal de Juárez se desprende que: Se recibieron 618 boletas. Que el número de votos computados y ciudadanos que votaron es 245. Que el número de boletas sobrantes es 377. Como se aprecia si restamos la cantidad de votos computados a las boletas recibidas nos da 377 boletas sobrantes. En virtud de que en el acta mencionada se corrigieron los errores existentes en las actas levantadas por los funcionarios de casilla, carece de razón la impugnante. b) Por lo que toca a los agravios vertidos en ésta casilla, respecto a boletas extraídas de urna, más boletas sobrantes contra boletas recibidas según la lista nominal. Igual consideración merecen a la descrita anteriormente”.

“Casilla 1649 C1. a) Según los datos asentados en la copia certificada del “acta individual” levantada por la Asamblea Municipal de Juárez se desprende que: Se recibieron 592 boletas. Que el número de votos computados y ciudadanos que votaron es 274. Que el número de boletas sobrantes es 317. Como se aprecia si restamos la cantidad de votos computados a las boletas recibidas nos da 317 boletas sobrantes. En virtud de que en el acta mencionada se corrigieron los errores existentes en las actas levantadas por los funcionarios de casilla, carece de razón la impugnante. b) Por lo que toca a los agravios vertidos en ésta casilla, respecto a boletas extraídas de urna, más boletas sobrantes contra boletas recibidas según la lista nominal. Igual consideración merecen a la descrita anteriormente”.

“Casilla 1657 B. Según los datos asentados en la copia certificada del “acta individual” levantada por la Asamblea Municipal de Juárez se desprende que: Se recibieron 668 boletas. Que el número de votos computados y ciudadanos que votaron es 238. Que el número de boletas sobrantes es 428. Como se aprecia si restamos la cantidad de votos computados a las boletas recibidas nos da 430 boletas sobrantes y no 428 como erróneamente se asentó, por lo que existe un error de 2. b) Por lo que toca a los agravios vertidos en ésta casilla, respecto a boletas extraídas de urna, más boletas sobrantes contra boletas recibidas según la lista nominal. Igual consideración merecen a la descrita anteriormente”.

“Casilla 1657 C1. Según los datos asentados en la copia certificada del “acta individual” levantada por la Asamblea Municipal de Juárez se desprende que: Se recibieron 669 boletas de folio 21929 al 219797. Que el número de votos computados y ciudadanos que votaron es 220. Que el número de boletas sobrantes es 450. Como se aprecia, si restamos la cantidad de votos computados a las boletas recibidas nos da 450 boletas sobrantes. En virtud de que en el acta mencionada se corrigieron los errores existentes en las actas levantadas por los funcionarios de casilla, carece de razón la impugnante. b) Igual consideración merece respecto al agravio esgrimidos por rubros en blanco”.

“Casilla 1676 B Según los datos asentados en la copia certificada del “acta individual” levantada por la Asamblea Municipal de Juárez se desprende que: Se recibieron 648 boletas del folio 237316 al 237963. Que el número de votos computados y ciudadanos que votaron es 237. Que el número de boletas sobrantes es 412. Como se aprecia si restamos la cantidad de votos computados a las boletas recibidas nos da 411 boletas sobrantes y no 412 como erróneamente se asentó por lo que hay un error de 1; la citada diferencia no es determinante para el resultado de la votación, pues en la casilla de que se trata el Partido Acción Nacional, ganó por 27 votos con relación a su más cercano oponente, es decir, la Alianza Unidos por Juárez”

“Casilla 1686 B. a) Se recibieron 405 boletas, del folio 248144 al 248548; b) por lo que toca a la suma de votación mayor que el total de ciudadanos que votaron tenemos que del rubro de boletas extraídas se asentó que fueron 187, que coincide con el resultado de la votación; sin embargo, la cantidad de electores votantes difiere en 186; habiendo una diferencia de 1 voto; la citada diferencia no es determinante para el resultado de la votación, pues en la casilla de que se trata el Partido Acción Nacional, ganó por 53 votos con relación a su más cercano oponente, es decir, la Alianza Unidos por Juárez”.

“Casilla 1690 C1. Según los datos asentados en la copia certificada del “acta individual” levantada por la Asamblea Municipal de Juárez se desprende que: Se recibieron 536 boletas. Que el número de votos computados y ciudadanos que votaron es 206. Que el número de boletas sobrantes es 327. Como se aprecia si restamos la cantidad de votos computados a las boletas recibidas nos da 330 boletas sobrantes y no 327 como erróneamente se asentó, por lo que hay un error de 3; no siendo la citada diferencia determinante para el resultado de la votación, pues en la casilla de que se trata la Alianza Unidos por Juárez, ganó por 4 votos con relación a su más cercano oponente, es decir, el Partido Acción Nacional”.

“Casilla 1702 C1. a) Según los datos asentados en la copia certificada del “acta individual” levantada por la Asamblea Municipal de Juárez se desprende que: Se recibieron 691 boletas del folio 265683 al 266373. Que el número de votos computados y ciudadanos que votaron es 255. Que el número de boletas sobrantes es 434. Como se aprecia si restamos la cantidad de votos computados a las boletas recibidas nos da 436 y no 434 boletas sobrantes como erróneamente se asentó, por lo que hay un error de 2; no siendo la citada diferencia determinante para el resultado de la votación, pues en la casilla de que se trata el Partido Acción Nacional, ganó por 52 votos con relación a su más cercano oponente, es decir, la Alianza Unidos por Juárez. b) Respecto a la suma de votación que es mayor que el total de ciudadanos que votaron, iguales consideraciones merece que a la anterior”.

“Casilla 1710 C1. Según los datos asentados en la copia certificada del “acta individual” levantada por la Asamblea Municipal de Juárez se desprende que: Se recibieron 456 boletas. Que el número de votos computados y ciudadanos que votaron es 176. Que el número de boletas sobrantes es 383. Como se aprecia si restamos la cantidad de votos computados a las boletas recibidas nos da 280 boletas sobrantes y no 383 como erróneamente se asentó por lo que existe un error de 103; lo anterior, debido al error de folio, antes mencionado, siendo éste intrascendente para el resultado de la votación”.

“Casilla 1726 C1. Según los datos asentados en la copia certificada del “acta individual” levantada por la Asamblea Municipal de Juárez, se desprende que: Se recibieron 564 boletas. Que el número de ciudadanos que votaron y de votos computados es 201, restados estos últimos a las boletas recibidas nos da un total de 363 boletas sobrantes y no 364 como erróneamente se asentó, por lo existe una diferencia de 1, no siendo la citada diferencia determinante para el resultado de la votación, pues en la casilla de que se trata, el Partido Acción Nacional, ganó por 17 votos, con relación a su más cercano oponente, es decir, la Alianza Unidos por Juárez; ya que los demás datos coincide, siendo éste intrascendente para el resultado de la votación”.

“Casilla 1734 C2. a) Según los datos asentados en la copia certificada del “acta individual” levantada por la Asamblea Municipal de Juárez, se desprende que: Se recibieron 588 boletas. Que el número de votos computados y ciudadanos que votaron es 205. Que el número de boletas sobrantes es 382. Como se aprecia si restamos la cantidad de votos computados a las boletas recibidas nos da 382 boletas sobrantes. En virtud de que en el acta mencionada se corrigieron los errores existentes en las actas levantadas por los funcionarios de casilla, carece de razón la actora. b) Por lo que toca a los agravios en relación a las boletas extraídas de urna, más boletas sobrantes contra boletas recibidas según la lista nominal y la suma de la votación es mayor al número de ciudadanos que votaron, merece igual consideración”.

“Casilla 1750 B. a) Según los datos asentados en la copia certificada del “acta individual” levantada por la Asamblea Municipal de Juárez se desprende que: Se recibieron 535 boletas. Que el número de votos computados y ciudadanos que votaron es 187. Que el número de boletas sobrantes es 349. Como se aprecia si restamos la cantidad de votos computados a las boletas recibidas nos da 349 boletas sobrantes. En virtud de que en el acta mencionada se corrigieron los errores existentes en las actas levantadas por los funcionarios de casilla, carece de razón la impugnante. b) Por lo que toca a los agravios vertidos en ésta casilla, respecto a boletas extraídas de urna, más boletas sobrantes contra boletas recibidas según la lista nominal. Igual consideración merecen a la descrita anteriormente”.

“Casilla 1824 B. a) Según los datos asentados en la copia certificada del “acta individual” levantada por la Asamblea Municipal de Juárez se desprende que: Se recibieron 520 boletas. Que el número de votos computados y ciudadanos que votaron es 192. Que el número de boletas sobrantes es 327. Como se aprecia si restamos la cantidad de votos computados a las boletas recibidas nos da 327 boletas sobrantes. En virtud de que en el acta mencionada se corrigieron los errores existentes en las actas levantadas por los funcionarios de casilla, carece de razón la impugnante. b) Por lo que toca a los agravios vertidos en ésta casilla, respecto a boletas extraídas de urna, más boletas sobrantes contra boletas recibidas según la lista nominal. Igual consideración merecen a la descrita anteriormente”.

“Casilla 1828 B. Según los datos asentados en la copia certificada del “acta individual” levantada por la Asamblea Municipal de Juárez, se desprende que: Se recibieron 614 boletas. Que el número de votos computados y ciudadanos que votaron es 200. Que el número de boletas sobrantes es 413. Como se aprecia si restamos la cantidad de votos computados a las boletas recibidas nos da 414 boletas sobrantes y no 413, existiendo una diferencia de 1, no siendo la citada diferencia determinante para el resultado de la votación, pues en la casilla de que se trata la Alianza Unidos por Juárez, ganó por 4 votos con relación a su más cercano oponente, es decir, el Partido Acción Nacional”.

“Casilla 1835 B. Según los datos asentados en la copia certificada del “acta individual” levantada por la Asamblea Municipal de Juárez, se desprende que: Se recibieron 407 boletas. Que el número de votos computados y ciudadanos que votaron es 159. Que el número de boletas sobrantes es 249. Como se aprecia si restamos la cantidad de votos computados a las boletas recibidas nos da 248 boletas sobrantes y no 249, como erróneamente se asentó, por lo que hay una diferencia de 1, no siendo la citada diferencia determinante para el resultado de la votación, pues en la casilla de que se trata la Alianza Unidos por Juárez, ganó por 6 votos con relación a su más cercano oponente, es decir, el Partido Acción Nacional”.

“Casilla 1842 C1. Según los datos asentados en la copia certificada del “acta individual” levantada por la Asamblea Municipal de Juárez, se desprende que: Se recibieron 440 boletas. Que el número de votos computados y ciudadanos que votaron es 183. Que el número de boletas sobrantes es 256. Como se aprecia si restamos la cantidad de votos computados a las boletas recibidas nos da 257 boletas sobrantes y no 256 como erróneamente se asentó, por lo que hay una diferencia de 1, no siendo la citada diferencia determinante para el resultado de la votación, pues en la casilla de que se trata, el Partido Acción Nacional, ganó por 31 votos con relación a su más cercano oponente, es decir, la Alianza Unidos por Juárez”.

“Casilla 1857 B. Según los datos asentados en la copia certificada del “acta individual” levantada por la Asamblea Municipal de Juárez se desprende que: Se recibieron 718 boletas. Que el número de votos computados y ciudadanos que votaron es 237. Que el número de boletas sobrantes es 483. Como se aprecia si restamos la cantidad de votos computados a las boletas recibidas nos da 481 boletas sobrantes y no 483 como erróneamente se asentó, por lo que existe un error de 2; no siendo la citada diferencia determinante para el resultado de la votación, pues en la casilla de que se trata la Alianza Unidos por Juárez, ganó por 7 votos con relación a su más cercano oponente, es decir, el Partido Acción Nacional. b) Por lo que toca a los agravios vertidos en ésta casilla, respecto a boletas extraídas de urna, más boletas sobrantes contra boletas recibidas según la lista nominal. Igual consideración merece a la descrita anteriormente”.

“Casilla 1857 C1. a) Según los datos asentados en la copia certificada del “acta individual” levantada por la Asamblea Municipal de Juárez se desprende que: Se recibieron 718 boletas. Que el número de votos computados y ciudadanos que votaron es 229. Que el número de boletas sobrantes es 487. Como se aprecia si restamos la cantidad de votos computados a las boletas recibidas nos da 489 boletas sobrantes y no 487 como erróneamente se asentó, por lo que hay un error de 2; no siendo la citada diferencia determinante para el resultado de la votación, pues en la casilla de que se trata la Alianza Unidos por Juárez, ganó por 32 votos con relación a su más cercano oponente, es decir, el Partido Acción Nacional. b) Por lo que toca al agravio vertido en ésta casilla, relativo al error aritmético, merece igual consideración”.

“Casilla 1876 C1. Según los datos asentados en la copia certificada del “acta individual” levantada por la Asamblea Municipal de Juárez se desprende que: Se recibieron 398 boletas. Que el número de votos computados y ciudadanos que votaron es 153. Que el número de boletas sobrantes es 246. Como se aprecia si restamos la cantidad de votos computados a las boletas recibidas nos da 245 boletas sobrantes y no 246 como erróneamente se asentó, por lo que existe un error de 1; no siendo la citada diferencia determinante para el resultado de la votación, pues en la casilla de que se trata la Alianza Unidos por Juárez, ganó por 11 votos con relación a su más cercano oponente, es decir, el Partido Acción Nacional”.

“Casilla 1879 B. a) Según los datos asentados en la copia certificada del “acta individual” levantada por la Asamblea Municipal de Juárez se desprende que: Se recibieron 750 boletas. Que el número de votos computados y ciudadanos que votaron es 226. Que el número de boletas sobrantes es 523. Como se aprecia si restamos la cantidad de votos computados a las boletas recibidas nos da 524 boletas sobrantes y no 523 como erróneamente se asentó, por lo que existe un error de 1; no siendo la citada diferencia determinante para el resultado de la votación, pues en la casilla de que se trata la Alianza Unidos por Juárez, ganó por 125 votos con relación a su más cercano oponente, es decir, el Partido Acción Nacional. b) Igual consideración merece el agravio vertido en ésta casilla, relativo a rubros en blanco”.

“Casilla 1885 C9. Según los datos asentados en la copia certificada del “acta individual” levantada por la Asamblea Municipal de Juárez se desprende que: Se recibieron 693 boletas. Que el número de votos computados, ciudadanos que votaron y boletas extraídas es 201. Que el número de boletas sobrantes es 491. Como se aprecia si restamos la cantidad de votos computados a las boletas recibidas nos da 492 boletas sobrantes y no 491 como erróneamente se asentó, por lo que existe error de 1. Sin embargo, no siendo la citada diferencia determinante para el resultado de la votación, pues en la casilla de que se trata la Alianza Unidos por Juárez, ganó por 31 votos con relación a su más cercano oponente, es decir, el Partido Acción Nacional. b) En lo que toca al agravio en el sentido de que en dicha casilla existe también error aritmético, igual consideración merece a la anteriormente descrita”.

“Casilla 1887 B. Según los datos asentados en la copia certificada del “acta individual” levantada por la Asamblea Municipal de Juárez se desprende que: Se recibieron 724 boletas. Que el número de votos computados y ciudadanos que votaron es 199. Que el número de boletas sobrantes es 524. Como se aprecia si restamos la cantidad de votos computados a las boletas recibidas nos da 525 y no 524 boletas sobrantes como erróneamente se asentó por lo que hay error de 1, no siendo la citada diferencia determinante para el resultado de la votación, pues en la casilla de que se trata la Alianza Unidos por Juárez, ganó por 28 votos con relación a su más cercano oponente, es decir, el Partido Acción Nacional. b) Por lo que hace al agravio que invoca el actor en el sentido de que en dicha casilla existe error aritmético, igual consideración merece a la anteriormente descrita. c) Por lo que toca a los agravios vertidos en ésta casilla, respecto a que existen espacios en blanco en el acta de escrutinio y cómputo, igual consideración merecen a la descrita anteriormente”.

“Casilla 1887 C8. Según los datos asentados en la copia certificada del “acta individual” levantada por la Asamblea Municipal de Juárez se desprende que: Se recibieron 725 boletas. Que el número de votos computados y ciudadanos que votaron es 213. Que el numero de boletas sobrantes es 513. Como se aprecia si restamos la cantidad de votos computados a las boletas recibidas nos da 512 boletas sobrantes. En virtud de que en el acta mencionada se corrigieron los errores existentes en las actas levantadas por los funcionarios de casilla, carece de razón la impugnante. b) Por lo que hace al agravio que invoca el actor en el sentido de que, en la casilla referida existen espacios en blanco en el acta de escrutinio y cómputo, igual consideración merece. c) Por lo que hace al agravio que invoca el actor en el sentido de que, en dicha casilla, la suma de boletas extraídas más boletas sobrantes es mayor que el número de boletas recibidas, igual consideración merece”.

“Casilla 1913 C22. Según los datos asentados en la copia certificada del “acta individual” levantada por la Asamblea Municipal de Juárez se desprende que: Se recibieron 753 boletas. Que el número de votos computados y ciudadanos que votaron es 217. Que el número de boletas sobrantes es 538. Como se aprecia si restamos la cantidad de votos computados a las boletas recibidas nos da 536 boletas sobrantes y no 538 como erróneamente se asentó por lo que hay un error de 2; en este caso el error encontrado en boletas sobrantes como error aritmético no puede considerarse como irregularidad suficiente para anular la votación, en consecuencia el agravio es infundado”.

“Casilla 1956 B. Según los datos asentados en la copia certificada del “acta individual” levantada por la Asamblea Municipal de Juárez se desprende que: Se recibieron 397 boletas. Que el numero de votos computados y ciudadanos que votaron es 133. Que el número de boletas sobrantes es 265. Como se aprecia, si restamos la cantidad de votos computados a las boletas recibidas nos da 264 boletas sobrantes y no 265, por lo que hay un error de 1. Sin embargo, dicha diferencia no resulta determinante para el resultado de la votación, ya que en dicha casilla el Partido Acción Nacional, venció a su más cercano oponente, es decir, la Alianza Unidos por Juárez, por 2 votos”.

“Casilla 1976 C1. Según los datos asentados en la copia certificada del “acta individual” levantada por la Asamblea Municipal de Juárez, se desprende que: Se recibieron 452 boletas. Que el número de votos computados y ciudadanos que votaron es 179. Que el número de boletas sobrantes es 274. Como se aprecia si restamos la cantidad de votos computados a las boletas recibidas nos da 273 boletas sobrantes y no 274 como erróneamente se asentó por lo que hay error de 1; no siendo la citada diferencia determinante para el resultado de la votación, pues en la casilla de que se trata la Alianza Unidos por Juárez, ganó por 44 votos con relación a su más cercano oponente, es decir, el Partido Acción Nacional”.g

“Casilla 2039 B. a) Según los datos asentados en la copia certificada del “acta individual” levantada por la Asamblea Municipal de Juárez se desprende que: Se recibieron 427 boletas. Que el número de votos computados y ciudadanos que votaron es 151. Que el número de boletas sobrantes es 275. Como se aprecia si restamos la cantidad de votos computados a las boletas recibidas nos da 276 y no 275 boletas sobrantes como erróneamente se asentó por lo que hay un error de 1, lo anterior, debido al error de folio, antes mencionado, siendo éste intrascendente para el resultado de la votación. b) Por lo que toca a los agravios vertidos en ésta casilla, respecto a boletas extraídas de urna, más boletas sobrantes contra boletas recibidas según la lista nominal, y el de suma de votación menor que el total de ciudadanos que votaron. Iguales consideraciones merece a la descrita anteriormente”.

“Casilla 2048 B. Según los datos asentados en la copia certificada del “acta individual” levantada por la Asamblea Municipal de Juárez se desprende que: Se recibieron 592 boletas. Que el número de votos computados y ciudadanos que votaron es 206. Que el número de boletas sobrantes es 385. Como se aprecia si restamos la cantidad de votos computados a las boletas recibidas nos da 386 boletas sobrantes y no 385 como erróneamente se asentó, por lo que existe un error de 1; no siendo la citada diferencia determinante para el resultado de la votación, pues en la casilla de que se trata el Partido Acción Nacional, ganó por 30 votos con relación a su más cercano oponente, es decir, la Alianza Unidos por Juárez. b) Por lo que toca a los agravios vertidos en ésta casilla, respecto a boletas extraídas de urna, más boletas sobrantes contra boletas recibidas según la lista nominal. Igual consideración merece a la descrita anteriormente”.

“Casilla 2054 B. Según los datos asentados en la copia certificada del “acta individual” levantada por la Asamblea Municipal de Juárez se desprende que: Se recibieron 595 boletas. Que el número de votos computados y ciudadanos que votaron es 176. Que el número de boletas sobrantes es 418. Como se aprecia si restamos la cantidad de votos computados a las boletas recibidas nos da 419 boletas sobrantes y no 418 como erróneamente se asentó, por lo que existe un error de 1. Sin embargo la citada diferencia no resulta determinante para el resultado de la votación, ya que en la casilla en estudio, la Coalición Alianza Unidos por Juárez venció a su más cercano oponente por 58 votos”.

“Casilla 2055 C1. Según los datos asentados en la copia certificada del “acta individual” levantada por la Asamblea Municipal de Juárez se desprende que: Se recibieron 665 boletas. Que el numero de votos computados y ciudadanos que votaron es 219. Que el numero de boletas sobrantes es 445. Como se aprecia si restamos la cantidad de votos computados a las boletas recibidas nos da 446 boletas sobrantes y no 445 como erróneamente se asentó, por lo que existe un error de 1. Sin embargo, dicha diferencia no resulta determinante para el resultado de la votación, ya que en la casilla en estudio, la Alianza Unidos por Juárez, venció a su más cercano oponente por 77 votos. b) Por lo que hace al agravio que invoca el actor en cuanto a que en dicha casilla existieron más votos computados que electores que votaron, merece igual consideración al anterior”

“Casilla 2057 B. Según los datos asentados en la copia certificada del “acta individual” levantada por la Asamblea Municipal de Juárez se desprende que: Se recibieron 632 boletas. Que el numero de votos computados y ciudadanos que votaron es 226. Que el numero de boletas sobrantes es 0, (anotaron “no se encontraron boletas sobrantes en el interior del paquete”). Deberían ser 406 las boletas sobrantes, por lo que hay un error de 406, sin embargo, el error antes mencionado no es determinante para el resultado de la votación, en virtud de que, las boletas sobrantes no se reflejan en los resultados de los votos obtenidos por cada partido ya que, tanto el total de electores como de votos computados coinciden en 226 y las boletas recibidas son 632, es decir se tienen tres datos ciertos”

“Casilla 2061 B. Según los datos asentados en la copia certificada del “acta individual” levantada por la Asamblea Municipal de Juárez se desprende que: Se recibieron 456 boletas del folio 674082 al 674537. Que el número de votos computados y ciudadanos que votaron es 177; ahora bien, si restamos la cantidad de votos computados a las boletas recibidas nos da 276 boletas sobrantes. En virtud de que en el acta mencionada se corrigieron los errores existentes en las actas levantadas por los funcionarios de casilla, carece de razón la impugnante. b) Por lo que hace al agravio que invoca el actor, en el sentido de que, en dicha casilla en dicha casilla la suma de boletas sobrantes con extraídas resultaba mayor al total de boletas sobrantes, merece igual consideración al anterior. c) Por lo que hace al agravio que invoca el actor, en cuánto a que, en dicha casilla hubieron más votos computados que total de electores que votaron, merece igual consideración al anterior”.

“Casilla 2061 C1. Según los datos asentados en la copia certificada del “acta individual” levantada por la Asamblea Municipal de Juárez se desprende que: Se recibieron 457 boletas. Que el número de votos computados y ciudadanos que votaron es 186. Que el número de boletas sobrantes es 274. Como se aprecia si restamos la cantidad de votos computados a las boletas recibidas nos da 271 boletas sobrantes y no 274 como se asentó, por lo que existe un error de 3. Dicha diferencia sin embargo, no resulta determinante para el resultado de la votación, ya que en la citada casilla, el Partido Acción Nacional venció a su más cercano oponente por 7 votos. b) Por lo que hace al agravio que invoca el actor, en el sentido de que en la citada casilla, había menos votos computados que electores que votaron, igual consideración merece al antes citado”

“Casilla 2086 C1. a)Según los datos asentados en la copia certificada del “acta individual” levantada por la Asamblea Municipal de Juárez, se desprende que: Se recibieron 606 boletas. Que el número de votos computados y ciudadanos que votaron es 212. Que el número de boletas sobrantes es 395. Como se aprecia si restamos la cantidad de votos computados a las boletas recibidas nos da 394 boletas sobrantes y no 395, por lo que existe un error de 1; no siendo la citada diferencia determinante para el resultado de la votación, pues en la casilla de que se trata el Partido Acción Nacional, ganó por 23 votos, con relación a su más cercano oponente, es decir, la Alianza Unidos por Juárez. b) Respecto, a los agravios vertidos en relación a boletas extraídas de urna, más boletas sobrantes contra boletas recibidas según la lista nominal, la suma de la votación menor al total de electores que votaron, merecen igual consideración”.

Como se colige de lo trasunto, la responsable para desvirtuar las diferencias alegadas por la entonces recurrente, respecto de las casillas que nos ocupan, expresó diversas razones, como fueron que en las actas que fueron levantadas por la Asamblea Municipal de Juárez se corrigieron los errores existentes, o que los mismos no eran determinantes para el resultado de la votación recibida en casilla, consideraciones que revelan que el argumento de “errores en el folio” no fue en el que se apoyó la jurisdicente para desestimar las diferencias que analizó; así que al sustentarse los agravios de que se trata, en una premisa falsa, lo procedente, como se dijo, es declararlos inatendibles ante lo inexacto de sus manifestaciones.

No es óbice a lo concluido, que respecto a la casilla 1710 contigua 1, la resolutora haya indicado que la diferencia que apreció de ciento tres boletas se debió a un “error de folio”, porque la lectura integral de las consideraciones que vertió tocante a la casilla en comento, permite advertir con toda claridad, que aunque usó el referido término error de folio, lo que se indicó, es que la irregularidad hallada se debía a un asentamiento erróneo en el rubro de boletas sobrantes, en tanto que, se inscribió el número de trescientos ochenta y tres en lugar de doscientos ochenta, que resultaba de restar el número de votos computados (176) del total de boletas recibidas (456).

Por otra parte, concerniente a la casilla 1456 básica, también resultan inatendibles los motivos de disenso de mérito, toda vez que, si bien dicha casilla no fue materia de análisis en la sentencia impugnada, no obstante de haber sido cuestionada en inconformidad, tal omisión ningún perjuicio le causó a la coalición actora, toda vez que la diferencia  que hizo valer en el referido medio de impugnación consistió en un faltante de dos boletas, discrepancia que no resulta determinante para el resultado de la votación recibida en la casilla de referencia, ya que es superior la diferencia existente entre los contendientes políticos que obtuvieron el primer y segundo lugar de la votación, la cual es de treinta  (30) votos, tomando en consideración que el Partido Acción Nacional recibió ciento diecinueve (119) votos y la coalición “Alianza Unidos por Juárez” ochenta y nueve (89), tal como se advierte de la acta individual levantada por el Consejo Municipal de Juárez; así que, al final de cuentas, ninguna lesión sufrió en su esfera jurídica la accionante, por la falta de estudio en que incurrió la responsable, dado que, la irregularidad argüida resulta insuficiente para provocar la nulidad de la votación recibida en la casilla de referencia.

No resulta ocioso dejar establecido, que la coalición inconforme, a manera de ejemplo en sus agravios, aduce que en la casilla 2057 básica faltaron cuatrocientas seis boletas, lo que es de extrema gravedad, siendo que en la sentencia impugnada se señala que es intrascendente, porque no repercute en el resultado de la casilla, lo que agrega la actora, resulta inexacto; empero, es de advertirse que opuestamente a lo pretendido por la coalición demandante, la diferencia aludida se deriva de la inexistencia de boletas sobrantes en el interior del paquete electoral correspondiente, como se advierte del acta individual levantada por la Asamblea Municipal de Juárez, tomando en consideración que se recibieron seiscientas treinta y dos boletas y el número de votos computados fue de cuatrocientos seis, así que, más que una diferencia de boletas, lo que realmente existió fue el faltante del remanente de boletas no utilizadas, circunstancia que si bien constituye una irregularidad, la misma no tienen el carácter de grave, toda vez que, como bien lo concluyó la jurisdicente, no es determinante para el resultado obtenido en la casilla de que se viene hablando, en virtud de que la falta de boletas sobrantes, es decir, de aquéllas que no se utilizaron en jornada electoral, ninguna repercusión tienen en el caso, tanto que, en las mismas no se encuentra asentada la decisión ciudadana en favor de algún candidato, como sí ocurre en el caso de las boletas que son depositadas en la urna respectiva, en donde adquieren la naturaleza de sufragio efectivo, y por ende, de relevancia para el resultado de la votación correspondiente. Así las cosas, es obvio que la responsable no incumplió el principio de congruencia, como con error pretende hacerlo valer la demandante.

Asimismo, resulta inatendible la queja relativa a que la sentencia impugnada carece de motivación, ya que en relación a ciento sesenta y nueve casillas, que se precisan en el cuadro correspondiente, existieron irregularidades de más de una boleta, las cuales sumadas dan un total de “tres mil setecientas boletas dudosas”; de suerte que, a tales discrepancias no le es aplicable el argumento de “error en el folio” el que, en todo caso, cabe para explicar aquellas diferencias de una boleta, pero no para los demás casos.