JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL.

EXPEDIENTE: SUP-JRC-176/2004.

ACTOR: COALICIÓN “TODOS SOMOS ALDAMA”.

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE CHIHUAHUA.

MAGISTRADO PONENTE:

MAURO MIGUEL REYES ZAPATA.

SECRETARIO: JUAN MANUEL SÁNCHEZ MACÍAS.

México, Distrito Federal, diecinueve de agosto del dos mil cuatro.

V I S T O S para resolver los autos del juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-176/2004, promovido por la Coalición “Todos Somos Aldama”, integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Convergencia, por conducto de su representante Luis Roberto Terrazas Fraga, contra la resolución de cuatro de agosto del año dos mil cuatro, emitida por el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, dentro del recurso de inconformidad 31/2004, y

R E S U L T A N D O

I. El cuatro de julio del dos mil cuatro, se llevó a cabo la elección del Ayuntamiento de Aldama, Chihuahua.

II. El seis siguiente, la Asamblea Municipal de dicho municipio celebró la sesión de cómputo municipal. En el acta respectiva se consignaron los siguientes resultados:

Partido o Coalición	Votación obtenida
“Todos Somos Aldama”	3,331
“Alianza con la Gente”	4,050
Candidatos no registrados	0
Votos nulos	342
Votación total emitida	7,723

III. El nueve de julio del año dos mil cuatro, la Asamblea General del Instituto Estatal Electoral celebró sesión, en la que se declaró válida, entre otras, la elección del Ayuntamiento de Aldama, Chihuahua.

IV. Mediante escrito de diez de julio del dos mil cuatro, la Coalición “Todos Somos Aldama”, a través de su representante Luis Roberto Terrazas Fraga, interpuso recurso de inconformidad contra el cómputo mencionado, así como en contra de la declaración de validez de la elección de ayuntamiento y la expedición de la constancia de mayoría a la planilla ganadora, que fue la de la Coalición “Alianza con la Gente”.

V. El recurso de inconformidad fue radicado en el Tribunal Electoral del Estado de Chihuahua, con el número de expediente 31/2004. Mediante resolución de cuatro de agosto del año dos mil cuatro, se declaró la nulidad de la votación recibida en una casilla, situación que no alteró el resultado de la elección.

VI. Esta resolución fue notificada personalmente a la Coalición impugnante el cinco de agosto del dos mil cuatro, según se advierte en la constancia que obra a fojas seiscientos cuarenta y cinco y seiscientos cuarenta y seis del expediente 31/2004.

VII. Luis Roberto Terrazas Fraga, en su carácter de representante de la Coalición “Todos Somos Aldama” promovió juicio de revisión constitucional electoral, en contra de la resolución mencionada. El escrito correspondiente fue presentado ante el Tribunal Electoral del Estado de Chihuahua a las veintitrés horas con cinco minutos del nueve de agosto del año dos mil cuatro.

VIII. A las doce horas con cuarenta y dos minutos del once de agosto del año dos mil cuatro, en la oficialía de partes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue recibida la demanda del presente juicio, el expediente 31/2004, remitido por la autoridad responsable, junto con el informe de ley.

IX. Por auto de once de agosto del año dos mil cuatro, el Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación turnó el expediente en que se actúa al Magistrado Electoral Mauro Miguel Reyes Zapata, para los efectos precisados en el artículo 19, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y

X. Mediante escrito de doce de agosto del año dos mil cuatro compareció, con el carácter de tercero interesado, la Coalición “Alianza con la Gente”, a través de su representante Jorge Neaves Chacón.

XI. Por auto de dieciocho de agosto del dos mil cuatro, el magistrado instructor admitió a trámite la demanda, tuvo por rendido el informe circunstanciado de la responsable y por hechos los alegatos del partido tercero interesado, y quedó el presente asunto en estado de dictar resolución.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para resolver el presente juicio de revisión constitucional electoral, en conformidad con los artículos 99, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 186, fracción III, inciso b), 189, fracción I, inciso e), y 199, fracciones II y III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 87 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en virtud de que en el presente caso se impugna una resolución emitida por una autoridad jurisdiccional de una entidad federativa, dentro de una controversia electoral local.

SEGUNDO. Previamente al estudio del fondo del presente asunto se procede a analizar, si se encuentran debidamente satisfechos los requisitos esenciales, los especiales de procedibilidad del juicio de revisión constitucional electoral, así como los elementos necesarios para la emisión de una sentencia de mérito.

En primer lugar, se encuentran satisfechos los requisitos generales, contenidos en el artículo 9 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ya que la demanda se presentó ante la autoridad responsable, se hace constar el nombre del actor, se señala domicilio para oír y recibir notificaciones, se identifica la resolución reclamada, se mencionan agravios y hechos y se encuentra firmada en forma autógrafa. Se estima también que se encuentra presentada en tiempo, como consta en los resultandos VI y VII.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el presente juicio de revisión constitucional electoral es procedente, por haber sido promovido para impugnar la sentencia emitida por el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, en la cual se modificó el cómputo municipal de la elección del Ayuntamiento de Aldama, Chihuahua, en el recurso mencionado, resolución respecto a la cual se colman los siguientes requisitos:

La resolución reclamada es definitiva y firme, pues en términos de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, contra dicha resolución no procede medio de impugnación alguno.

En cuanto a que la resolución o el acto materia del juicio de revisión constitucional electoral contravenga algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal requisito, apreciado como exigencia formal, se encuentra también satisfecho, ya que la coalición actora afirma en el curso de su demanda que el acto impugnado contraviene el artículo 116, de dicha constitución, sin que la circunstancia de tener por surtido este elemento legal implique prejuzgar sobre el fondo del asunto.

Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia visible en las páginas 117 y 118 de la obra “Jurisprudencia y Tesis Relevantes. Compilación Oficial” publicación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo texto es:

"JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. INTERPRETACIÓN DEL REQUISITO DE PROCEDENCIA PREVISTO EN EL ARTICULO 86, PÁRRAFO 1, INCISO B), DE LA LEY DE LA MATERIA. Lo preceptuado por el artículo 86, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, referente a que el juicio de revisión constitucional electoral sólo procederá contra actos o resoluciones. `Que violen algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos', debe entenderse en un sentido formal, relativo a su establecimiento como requisito de procedencia, y no al análisis propiamente de los agravios esgrimidos por el partido impugnante, toda vez que ello supone entrar al fondo del juicio; por tanto, dicho requisito debe considerarse que se acredita cuando en el escrito correspondiente se hacen valer agravios debidamente configurados, esto es, que éstos precisen claramente los argumentos o razonamientos enderezados a acreditar la afectación del interés jurídico del promovente, derivado de la indebida aplicación o incorrecta interpretación de determinada norma jurídica en el acto o resolución impugnado, por virtud de los cuales se pudiera infringir algún precepto constitucional en materia electoral, toda vez que ello supondría la presunta violación de los principios de constitucionalidad y legalidad electoral tutelados en los artículos 41, párrafo segundo, fracción IV, y 116, párrafo segundo, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; o sea, que de los agravios esgrimidos se advierta la posibilidad de que se haya conculcado algún precepto constitucional en la materia, resultando irrelevante que se citen o no los artículos constitucionales presuntamente violados, ya que, de conformidad con el artículo 23, párrafo 3, de la ley general citada, en la presente vía este órgano jurisdiccional, ante la omisión de los preceptos jurídicos presuntamente violados o su cita equivocada, resuelve tomando en consideración los que debieron ser invocados o los que resultan aplicables al caso concreto. Por lo anterior, la omisión o cita errónea de los preceptos constitucionales presuntamente violados no tiene como consecuencia jurídica el desechamiento del juicio de revisión constitucional electoral".

Por otra parte, la violación reclamada puede ser determinante para el resultado de la elección, en atención a que la coalición actora hace valer como agravio que procede la nulidad de la elección impugnada, por lo que de acoger su pretensión esto traería como consecuencia la declaración de la nulidad de dicha elección, con lo cual no habría ganador, lo cual evidentemente sería determinante para el resultado de los comicios celebrados en el ayuntamiento de mérito.

La reparación solicitada es material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales, toda vez que en términos del artículo 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, los miembros de los Ayuntamientos tomarán posesión el diez de octubre del año dos mil cuatro.

Por otro lado, se considera que se encuentra satisfecho el requisito de haber agotado las instancias previas, toda vez que el actor impugnó los citados comicios mediante el recurso de inconformidad y contra la sentencia que resolvió ese recurso no procede medio de impugnación alguno, según la legislación estatal electoral de Chihuahua.

Por lo expuesto, se estiman satisfechos todos los requisitos de procedencia del presente juicio de revisión constitucional electoral.

TERCERO. La Coalición “Todos Somos Aldama” manifiesta como agravios, lo siguiente:

“Agravios

La resolución que se impugna, causa agravio al instituto político y coalición que represento, porque no concuerda con el principio constitucional de legalidad, y por no ir conforme a los principios rectores del proceso electoral establecidos en el Constitución Política del Estado y la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, que derivan de aquél, toda vez que se aplica inexactamente la ley, se dejan de valorar medios de prueba ofrecidos y aportados en su oportunidad al sumario y, además con la ilegal resolución se violan los principios reguladores de aceptación, recepción y valoración de las pruebas en materia electoral, a que deben sujetarse todos los acuerdos y resoluciones de las autoridades electorales, como lo es la jurisdiccional apuntada como autoridad responsable.

Primero.

a) La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 116, fracción IV, incisos b) y d), establece:

‘(...)

IV. Las Constituciones y Leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que:

(...)

b) En el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales sean principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia;

(...)

d) Se establezca un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad.

(...)’.

La Constitución Política del Estado de Chihuahua a su vez estipula:

‘Artículo 36. Los procesos electorales del Estado se efectuarán conforme a las bases que establece la presente Constitución y las demás leyes de la materia, y se sujetarán a los siguientes principios rectores: certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad e independencia’.

La ley comicial local, previene en su artículo 21, párrafo 4, lo siguiente:

‘(...)

IV. Los partidos políticos tienen personalidad jurídica para todos los efectos legales, gozan de los derechos y prerrogativas quedando sujetos a las obligaciones que se establecen en la ley, a partir de dicho registro’.

A su vez la Ley Electoral de Chihuahua, en su artículo 36, párrafo 1, establece:

‘Artículo 36.

1. Son derechos de los partidos políticos nacionales y estatales:

a) Participar, conforme a lo dispuesto en la Constitución Federal, la Particular del Estado y la presente Ley, en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral;

(...)’.

El diverso precepto 50, párrafo 2, de este último ordenamiento jurídico, previene:

‘(...)

2. Esta Ley garantiza que en el ejercicio de la función electoral sean principios rectores los de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad e independencia’.

Así también el artículo 69, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, en su primer párrafo contempla: ‘... 1. Las asambleas municipales, son los órganos que forman parte del Instituto Estatal Electoral y dependen administrativamente del Presidente del Instituto, encargados de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia bajo la observancia de los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad e independencia y demás disposiciones y acuerdos de la Asamblea General...’.

Y por último 159 de la ley comicial local, estatuye:

‘Artículo 159. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, el Tribunal Estatal Electoral es un órgano autónomo e independiente, de legalidad, plena jurisdicción y máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, que en los términos de esta Ley tiene a su cargo:

a) Sustanciar y resolver en forma definitiva e inatacable, de conformidad con lo que señala el Libro Sexto de esta Ley:

I. Los recursos o procedimientos que se presenten durante los procesos electorales ordinarios en contra de los actos o resoluciones de los órganos electorales;

II. Los recursos o procedimientos que se presenten en procesos electorales extraordinarios, en plebiscitos, de referéndum y de revocación de mandato;

III. Los recursos o procedimientos que se interpongan durante el tiempo que transcurra entre dos procesos electorales ordinarios por actos o resoluciones de los órganos electorales;

IV. Los recursos que los ciudadanos o partidos interpongan en contra del Registro Federal de Electores con motivo de la elaboración del Padrón Electoral en el Estado, para lo cual en los convenios que se celebren con el Instituto Federal Electoral se reconocerá la competencia respectiva al Tribunal Estatal Electoral;

V. Las diferencias o conflictos laborales que surjan entre el Instituto Estatal Electoral y sus servidores; y

VI. Las diferencias o conflictos laborales que surjan entre el propio Tribunal y sus servidores;

b) Expedir su Reglamento Interior y dictar los acuerdos generales para su adecuado funcionamiento;

c) Realizar tareas de capacitación, investigación y difusión en la materia de Derecho Electoral;

d) Celebrar convenios de colaboración con otros tribunales, instituciones y autoridades para mejorar su desempeño; y

e) Las demás que le señalen las leyes.

2. El Tribunal Estatal Electoral, al resolver los asuntos de su competencia, garantizará que los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad’.

b) En el considerando Sexto de la resolución combatida, establece la responsable:

‘(...)

Sexto. Del contenido del escrito recursal se observa, que la parte actora impugna mediante el recurso de inconformidad que se resuelve, los siguientes actos de autoridad:

a) Los resultados consignados en el acta de cómputo municipal realizados por la Asamblea Municipal de Aldama, Chihuahua del Instituto Estatal Electoral, en la elección de ayuntamiento celebrada en ese municipio, y la entrega de la constancia de mayoría a los candidatos que resultaron triunfadores, y

b) La declaración de validez de la elección de Ayuntamiento correspondiente a ese municipio.

Ahora bien, conforme a lo dispuesto por los artículos 69, numeral 1, inciso i) y 143, numerales 1 y 2 de la Ley Electoral del Estado, corresponde a las Asambleas Municipales del Instituto Estatal Electoral, realizar el cómputo de la elección de ayuntamiento y hacer la entrega de la constancia de mayoría a la planilla que obtenga el triunfo; mientras que de acuerdo con el artículo 54, numeral 1, inciso s) del mismo ordenamiento, es atribución de la asamblea general de ese órgano administrativo hacer la declaración de validez de los comicios de ayuntamientos.

No obstante lo anterior, al promover su inconformidad señala como autoridad responsable, emisora de los actos combatidos, únicamente a la Asamblea Municipal de Aldama, Chihuahua del Instituto Estatal Electoral, sin atribuir ninguno de los actos impugnados a la Asamblea General de ese órgano electoral, por lo que este Tribunal debe establecer el alcance preciso del medio de impugnación que se resuelve, como cuestión previa al estudio de los agravios expresados por el recurrente.

Para tal efecto, es necesario analizar el contenido del recurso a la luz de las disposiciones de la Ley Electoral del Estado y de los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la tesis relevante emitida precisamente respecto de la legislación electoral de Chihuahua, bajo la voz: ‘RECURSO DE INCONFORMIDAD. DEBE INTERPONERSE EN CONTRA DE LOS RESULTADOS CONSIGNADOS EN EL ACTA DE CÓMPUTO MUNICIPAL Y ENTREGA DE CONSTANCIA DE MAYORÍA, O EN SU CASO, EN CONTRA DE LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ CORRESPONDIENTE’. Sala Superior, tesis S3EL 162/2002.

Dicha tesis establece que de lo dispuesto por los artículos 54, 69, 143, 145, 146, 169, 170, 171, 172, 177 y 190 de la Ley Electoral del Estado, se concluye que las asambleas municipales electorales son competentes para efectuar el acto consistente en la realización del cómputo de la votación de la elección de ayuntamiento y como consecuencia, el otorgamiento de la constancia de mayoría a la planilla ganadora, mientras que a la Asamblea General del Instituto Estatal Electoral le corresponde hacer la declaratoria de validez respectiva en un acto distinto y posterior a la sesión de cómputo.

Por esa razón, el artículo 177, numeral 1, inciso c) de la Ley Electoral del Estado, en sus fracciones I y II establece dos supuestos distintos para la interposición del recurso de inconformidad, ya que por una parte puede plantearse para impugnar los resultados consignados en las actas de cómputo de elección de ayuntamiento por nulidad de la votación recibida en una o varias casillas y la consecuente entrega de la constancia de mayoría, y por otra, puede promoverse para recurrir la declaración de validez de la elección de que se trate.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación concluye que en consecuencia, los partidos políticos que interpongan un recurso de inconformidad, necesariamente lo tendrán que hacer valer, o bien, contra los resultados consignados en el acta de cómputo municipal y entrega de constancia de mayoría, o en su caso, en contra de la declaración de validez correspondiente, puesto que se trata de dos actos distintos.

La anterior conclusión se refuerza al considerar que cuando un partido político o coalición impugna el cómputo municipal por nulidad de la votación recibida en una o varias casillas, o por error aritmético, su pretensión siempre irá dirigida a que se modifique el cómputo respectivo para que su resultado no incluya las casillas que estén afectadas de nulidad o para que se corrija el error aritmético en que hubiera incurrido la autoridad electoral, y en tal virtud se revoque la constancia de mayoría con el objeto de que se expida una nueva en la que se consignen los resultados correctos.

Para que así suceda, resulta incuestionable que en los casos en que se impugnan el cómputo y la constancia de mayoría, el actor parte de la premisa de que la elección de que se trate es válida, ya que no podría pretender que se realice un nuevo cómputo y se emita una nueva constancia de mayoría en una elección a la que al mismo tiempo solicita que se declare nula, ya que la declaración de nulidad de elección deja insubsistente no sólo el cómputo, sino el proceso electivo de que se trate, generando la necesidad de celebrar una elección extraordinaria.

Resulta pues, una evidente contradicción entre la acción que se endereza contra el cómputo de la elección y la entrega de la constancia de mayoría respectiva, en la que el actor necesariamente reconoce como cuestión previa la validez de la elección, para estar en condiciones de pedir un nuevo cómputo y una nueva constancia de mayoría, y la que se promueve contra la declaración de validez de la elección en la que lo que se pretende es dejar sin efecto legal alguno la elección en su conjunto para que se celebre una nueva, apegada a derecho.

Así las cosas, y partiendo del hecho ya consignado de que el recurrente endereza su medio impugnativo solamente en contra de la actuación de la Asamblea Municipal de Aldama, Chihuahua, del Instituto Estatal Electoral, y no atribuye acto de autoridad alguno a la Asamblea General del mismo instituto, ni emite reproche de ninguna especie en su contra, en acatamiento del principio de estricto derecho que rige en materia electoral, por disposición del artículo 71 del reglamento interior de este tribunal, en relación con el 37 de la Constitución local y el 159 de la Ley Electoral del Estado, este órgano jurisdiccional solamente puede tener al impugnante promoviendo su recurso en contra de los resultados del cómputo municipal y la entrega de constancia de mayoría a que se refiere en su libelo, y no así en contra de la declaración de validez que realizó el órgano supremo del Instituto Estatal Electoral, pues incluir a esa autoridad como responsable de los actos recurridos constituiría una verdadera suplencia de la queja la cual resulta inadmisible en materia electoral.

No escapa a este tribunal que de acuerdo con la tesis de jurisprudencia S3ELJ02/98, que se encuentra publicada en las páginas 11 y 12 del suplemento número 2 de la revista "Justicia Electoral" del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 1998, cuyo rubro es: ‘AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL’, el juzgador debe interpretar el escrito como un todo y analizar los agravios que se desprendan del mismo, pero en este caso resulta evidente que el actor expresamente señaló como autoridad responsable del acto reclamado únicamente a la Asamblea Municipal de Aldama, Chihuahua del Instituto Estatal Electoral, por lo que no puede desprenderse del recurso, imputación alguna hecha a la Asamblea General del Instituto Estatal Electoral.

Como consecuencia de lo anterior, para la resolución de este recurso únicamente son susceptibles de estudio aquellos agravios que se refieren a la nulidad de votación recibida en casilla por cualquiera de las causas previstas en el artículo 170 de la ley comicial, o a un posible error aritmético en el cómputo municipal, existiendo impedimento legal para entrar al estudio de los que tengan por objeto combatir la validez de la elección con la finalidad que se declare la nulidad de la misma, pues esos motivos de inconformidad sólo podrían expresarse válidamente al recurrir la declaración de validez de la elección de Ayuntamiento del Municipio de Aldama, Chihuahua, que hizo la Asamblea General del Instituto Estatal Electoral el día nueve de julio de dos mil cuatro, y no en este recurso, en el que únicamente se combate la actuación de la Asamblea Municipal de Aldama, la que evidentemente no realizó declaración de validez alguna por no ser competente para ello.

Así pues, los motivos de reproche que vierte el recurrente en los agravios de su escrito recursal, identificados como PRIMERO, inciso b), numerales 1, 2, 3 y 4; SEGUNDO, TERCERO, por lo que se refiere a los hechos narrados en cuarto lugar de ese agravio y QUINTO, resultan inatendibles en virtud de que los hechos en que se fundan están dirigidos a combatir la validez de la elección, pues se refieren a presuntas irregularidades que, de ser estudiadas por este tribunal y tenerse por acreditadas, habrían afectado de manera generalizada al proceso comicial municipal, viciándolo e impidiendo que la elección tuviera las características de libres y auténticas, en la que prevaleciera el sufragio universal, libre, secreto y directo de los ciudadanos con derecho a votar, que por mandato de los artículos 41 y 116 constitucionales debe tener toda contienda electoral, lo que eventualmente podría traducirse en la inobservancia de los principios de certeza, objetividad, imparcialidad, independencia y legalidad, cuyo acatamiento constituye una condición indispensable para que una elección pueda considerarse válida. Por ello, la coalición actora debió hacer valer esos argumentos al promover eventualmente el recurso de inconformidad en contra del acuerdo a través del cual la Asamblea General del Instituto Estatal Electoral hizo la declaratoria de validez de esa elección. La conclusión a que se arriba se confirma al analizar el contenido de los agravios que se declaran inatendibles, por las razones siguientes: En el motivo de inconformidad expresado en el numeral 1, inciso b) del agravio PRIMERO, el recurrente funda su inconformidad en el hecho de que el veintinueve de junio del presente año, los candidatos de la "Alianza con la Gente" al ayuntamiento, sindicatura y diputación por el municipio y distrito con cabecera en Aldama, Chihuahua, asistieron a un acto proselitista organizado por el presidente del comisariado ejidal de Aldama, señor Ernesto Porras de la Cruz, quien entregó simbólicamente trescientos treinta lotes a igual número de ejidatarios. Señala que en ese acto estuvieron presentes autoridades municipales que usaron el micrófono y realizaron actos de proselitismo a favor de los candidatos de la coalición "Alianza con la Gente", lo que en su concepto constituye una violación al principio de equidad que debe informar a todo proceso electoral. Sin prejuzgar acerca de la veracidad y en su caso, de la legalidad de los hechos narrados, este tribunal estima que los mismos no pueden identificarse ni relacionarse directamente con la votación recibida en una o varias casillas el día cuatro de julio, ni mucho menos puede establecerse que tipifiquen alguna de las causales de nulidad previstas en el artículo 170 de la Ley Electoral del Estado, ya que esa disposición prevé única y exclusivamente hipótesis de nulidad de casillas individualmente consideradas; sino que como lo afirma el propio impugnante, contienen elementos que están dirigidos a tratar de demostrar la vulneración del principio de equidad que debe prevalecer entre los partidos y coaliciones contendientes, y por tanto, la inobservancia del principio de legalidad, lo que de ser fundado afectaría la validez de la elección en su conjunto siendo por tanto materia de un recurso diverso al que se resuelve, que sólo puede ocuparse de cuestiones relativas al cómputo municipal y entrega de constancia de mayoría realizados por la Asamblea Municipal de Aldama. Lo mismo puede afirmarse respecto de los argumentos esgrimidos en el numeral 2 del propio inciso b) del agravio PRIMERO, en el que el actor señala que en una ocasión, sin precisar la fecha, el Ayuntamiento de Aldama, Chihuahua se trasladó a las instalaciones municipales conocidas como el parador carretero de la localidad del Placer de Guadalupe, erigiéndolo recinto oficial, para la celebración de una sesión de cabildo, en cuya acta quedó asentado, en el punto siete de asuntos generales, que en el inmueble que se desarrollaba la sesión se encontraba colocada propaganda de la coalición "Alianza con la Gente", a señalamiento realizado por un regidor, ante lo cual el presidente consideró pertinente mandarla retirar por medio del presidente seccional, lo que no se hizo en el acto, debido a que el presidente y la mayoría de regidores militan en uno de los partidos políticos que integran esa coalición, generándose con ello inequidad en la contienda electoral.

Tales hechos, con independencia de que se encuentren probados o no en los autos, tampoco afectan de manera directa e inmediata a la votación recibida en las casillas el día de la jornada electoral, ni al cómputo realizado por la responsable, sino que eventualmente pudieran constituir una irregularidad con efectos en el proceso considerado como un todo, capaz de afectar la validez de la elección, pero sin que sea posible vincularla con el desarrollo de la recepción del voto en las casillas instaladas para ese efecto el cuatro de julio pasado, por lo que es evidente que para ser considerados como verdaderos agravios, debieron esgrimirse en contra de la declaración de validez de la elección emitida por el máximo órgano del Instituto Estatal Electoral.

Los extremos señalados en el numeral 3 del inciso b) del agravio PRIMERO del escrito recursal, consistentes medularmente en el presunto apoyo del Ayuntamiento de Aldama al candidato a la Presidencia Municipal por la "Alianza con la Gente" Jesús José Ruiz Fernández, relativo a que dicho candidato entregaba a los ciudadanos de esa población vales de material para construcción, que a su vez éstos hacían efectivos en una ferretería cuyo propietario acudía a cobrar su importe en la Presidencia Municipal, y en el hecho de que la señora Elsa Gracia Corona, administradora de la institución pública Hospital Regional de Aldama y esposa del candidato a presidente por la "Alianza con la Gente", admitió haber atendido a la Señora María Dariza Armenta cuando le entregó un vale firmado por el señor Jesús José Ruiz, aclarando que atiende a las personas que le envían de la Presidencia Municipal, pero que en el caso particular rompió el vale por lo que ya no lo tenía en su poder. Resulta evidente que, de ser ciertos, también constituyen actos que vician el proceso electivo de tal manera que su verificación reiterada y generalizada tendría por consecuencia la nulidad de la elección, y la consecuente revocación de la declaración de validez respectiva, por lo que debieron expresarse en la inconformidad que eventualmente se promoviera contra ese acto de autoridad, y no en el recurso que se resuelve, cuya materia está constituida por el cómputo municipal y la entrega de la constancia de mayoría realizados por la autoridad electoral municipal de Aldama, Chihuahua. Es importante insistir en que los hechos materia del agravio, no pueden ser relacionados con el desempeño de las funciones de casilla alguna el día de la jornada electoral.

Igual consideración merece el contenido del numeral 4 del inciso b) del agravio PRIMERO, en el que se señala que activistas de la campaña del candidato a la Presidencia Municipal, por la "Alianza con la Gente" Jesús José Ruiz Fernández, entregaban un documento en hoja membretada de la Presidencia Municipal de Aldama, Chihuahua, sin destinatario, sin fecha, ni firma, pero con el sello oficial junto al nombre del Ingeniero Ángel Hugo Gameros Estrada, actual presidente municipal, donde se consignaba el compromiso de que el programa "Alimento para los Adultos Mayores" se seguiría recibiendo en forma gratuita cada dos meses, generando así expectativas y esperanzas en un futuro gobierno municipal conformado por los mismos miembros partidarios que continuarían otorgando dichos apoyos.

Además, en este caso lo inatendible del agravio deriva también de la vaguedad con que se expresa el recurrente, pues no señala circunstancias de tiempo, modo y lugar en los que de manera generalizada se hayan verificado los hechos, lo que se traduce en la falta de elementos esenciales y necesarios para valorar la presunta irregularidad. En el agravio SEGUNDO de su escrito de impugnación, la actora señala que le perjudica el hecho que Luis Carlos Molinar Hernández, Coordinador de la Unidad Municipal de Capacitación, tuvo que renunciar a su puesto, el cuatro de junio, en virtud de haber sido sorprendido realizando actos proselitistas a favor de la "Alianza con la Gente" en forma reiterada, por lo que si el propio capacitador realizó actos tendientes a favorecerle, no podría esperarse que en su desempeño en la capacitación de los primeros insaculados fuera imparcial y eficiente, facilitando con ello que los simpatizantes de la citada alianza, fuesen los únicos que recibieran la capacitación y por tanto los únicos susceptibles de llegar a ser funcionarios electorales en las casillas.

Aunque tal motivo de inconformidad, de estar acreditado, tendría efectos sobre la integración de las casillas que se instalaron el día cuatro de julio en el municipio de Aldama, y por tanto impactarían en el desarrollo de su actividad, debe tenerse en cuenta que el impetrante no se refiere específicamente a que en alguna casilla determinada se hubiera presentado el hecho de que la actuación del señor Molinar Hernández hubiera provocado que los miembros de la mesa directiva fueran todos simpatizantes de la coalición "Alianza con la Gente", sino que atribuye a las preferencias políticas de ese funcionario, consecuencias generalizadas e indeterminadas de inequidad en la contienda, lo que sin duda constituye un vicio que afectaría a la validez de la elección, sin que pueda desprenderse de los agravios expresados el efecto negativo y determinante para el resultado de la elección en alguna o algunas casillas identificadas individualmente, que permitiera tomar en cuenta los argumentos esgrimidos en este medio de impugnación.

Entre otros hechos contenidos en el agravio TERCERO del escrito recursal, se consigna que alrededor de las nueve horas con treinta minutos del día de la jornada electoral, se encontró afuera de la casilla 26 básica, al señor Rodolfo Pacheco Morales, representante general de la coalición "Alianza con la Gente", en posesión material de una boleta para la elección de diputados, la cual fue obligado a devolver al presidente de esa casilla, habiéndose hecho constar tales acontecimientos en un acta notarial. No obstante lo anterior, la parte recurrente no liga esa irregularidad con la votación recibida en esa casilla, ni esgrime argumento alguno tendiente a demostrar que exista nexo causal entre los resultados obtenidos y la irregularidad detectada.

Ahora bien, considerando que la irregularidad consistente en que representantes de una de las coaliciones contendientes tuviera en su poder boletas electorales sin explicación plausible alguna es extremadamente grave y afecta directa y fundamentalmente los principios de legalidad y certeza, es incuestionable que el agravio correspondiente debió hacerse valer en contra de la declaración de validez de la elección en el recurso respectivo, y no en éste, cuyo cometido se circunscribe a la verificación de la legalidad del cómputo municipal y la entrega de la constancia de mayoría, pero no de la elección en su conjunto.

Por último, en el agravio QUINTO de su inconformidad, la parte actora afirma que le causa perjuicio por haber provocado inequidad entre las partes contendientes, en cuanto a la cantidad de propaganda y publicidad desplegada, el hecho de que el precandidato y candidato a Presidente Municipal por la "Alianza con la Gente", Rodolfo Ariel Pacheco Arzate, realizó diversos actos proselitistas encuadrados prácticamente en una campaña electoral, pintando bardas, colgando mantas y espectaculares, publicando desplegados, siendo el caso que con posterioridad a la realización de esa propaganda, por cuestiones de inelegibilidad dicha coalición decidió cambiar de candidato que a su vez desplegó nueva propaganda y proselitismo electoral, pintando nuevas bardas, y colocando espectaculares y mantas. Señala que con ello, también se generó confusión en el electorado, pues al momento de sufragar, unos lo hacían por el candidato que quedó sin registro, pero que sí hizo campaña, y otros lo hacían por el registrado, que también hizo campaña. De nueva cuenta, debe concluirse que los argumentos vertidos contienen hechos que ninguna relación guardan con la verificación de la recepción y cómputo de la votación realizada por las casillas, ni con el cómputo municipal y la entrega de constancia de mayoría que hizo la Asamblea Municipal de Aldama, Chihuahua del Instituto Estatal Electoral, y que en todo caso, pretenden controvertir la validez de la elección, por lo que tampoco son materia del recurso que aquí se resuelve. Así las cosas, resulta innecesario realizar la valoración de las pruebas ofrecidas por el recurrente para acreditar los hechos que narra en esos motivos de inconformidad, pues como ha quedado de manifiesto, los mismos resultan inatendibles...

(...)’.

c) En este sentido, la autoridad responsable omite el estudio de los agravios planteados que fueron dirigidos a que se actualizara la causal de nulidad de elección, puesto que se impugnó el acto de autoridad consistente en declaración de validez de la elección atinente, cosa que se hizo en el recurso primigenio de inconformidad, declarando la autoridad los motivos de inconformidad inatendibles, arguyendo por un lado, que se deja de señalar como responsable a la autoridad administrativa electoral emisora de la declaración de validez de la elección de Ayuntamiento del Municipio de Aldama, Chihuahua, que fue la Asamblea General del Instituto Estatal Electoral, en cambio dijo, se señaló como responsable emisora del acto a la Asamblea Municipal del Municipio de Aldama, Chihuahua, del Instituto Estatal Electoral. Para sustentar su determinación como se puede apreciar claramente en el considerando Sexto, transcrito en el inciso b) de este agravio, el Tribunal Estatal Electoral intenta fundamentar y motivar su determinación en tesis relevante, de rubro: ‘RECURSO DE INCONFORMIDAD. DEBE INTERPONERSE EN CONTRA DE LOS RESULTADOS CONSIGNADOS EN EL ACTA DE CÓMPUTO MUNICIPAL Y ENTREGA DE CONSTANCIA DE MAYORÍA, O EN SU CASO EN CONTRA DE LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ CORRESPONDIENTE.’, y en diversas disposiciones legales aplicables al caso. Por otro lado y también basando su determinación en el criterio al rubro indicado, el tribunal responsable, erróneamente concluye que, resulta incuestionable que en los casos en que se impugnan el cómputo y la constancia de mayoría, el actor parte de la premisa de que la elección de que se trate es válida, ya que no podría pretender que se realice un nuevo cómputo y se emita una nueva constancia de mayoría en una elección a la que al mismo tiempo solicita que se declare nula, ya que la declaración de nulidad de elección deja insubsistente no sólo el cómputo, sino el proceso electivo de que se trate, generando la necesidad de celebrar una elección extraordinaria.

c.1) Primero, es preciso sentar que no era óbice para que la autoridad responsable estudiara, las causales de nulidad de elección que se invocaron con oportunidad, el hecho de la falta de señalar como autoridad responsable del acto a la Asamblea General del Instituto Estatal Electoral, pues en todo caso al rendir la autoridad administrativa electoral que la emisora de la declaración de validez de la elección de Ayuntamiento del Municipio de Aldama, Chihuahua, lo era la Asamblea General y no la Asamblea Municipal de Aldama, debió de haber requerido al recurrente, para que éste manifestara si la señalaba como tal o no, máxime si con oportunidad se impugnó la validez de la elección, pues el recurso fue interpuesto en fecha diez de julio de dos mil cuatro, y la declaración de validez se dio un día antes, esto es así porque en disposición alguna de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua se establece como causa de desechamiento de plano, el hecho de señalar en forma equivocada a la autoridad responsable, máxime si en el sumario obra constancia de que la Asamblea General fue quien emitió la declaración de validez apuntada, y ésta fue impugnada en su momento procesal oportuno.

En este sentido cobra aplicación criterio que por analogía es aplicable al caso, que en todo caso es orientador para cubrir la laguna de la ley, como enseguida se transcribe:

Novena Época.

Instancia: Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: VIII, Octubre de 1998. Tesis: VIII.1o.19K. Página: 1106.

‘AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIR AL QUEJOSO, SI DEL INFORME JUSTIFICADO SE ADVIERTE SU PARTICIPACIÓN EN LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO’. Con vista en el criterio que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Tribunales Colegiados han sustentado en el sentido de que la demanda de garantías constituye un todo y debe interpretarse en su integridad a fin de encontrar los elementos que la conforman, y de que el juzgador es un perito en derecho con capacidad para interpretar una redacción oscura e irregular y determinar si el autor por error incurre en omisiones e imprecisiones por desconocimiento de la técnica de amparo, sin que esto signifique suplir la deficiencia de la queja o integrar la acción que intenta el gobernado, sino sólo en armonizar la información con la que cuenta, tomando también como elemento referencial para determinar la realidad y precisión de los actos reclamados y la designación de las autoridades responsables, los anexos de la demanda y los propios informes justificados que las autoridades rindan; se estima que si el Juez de Distrito, con motivo de los informes justificados o de alguna otra prueba advierte que el acto proviene de una autoridad distinta de las señaladas como responsables o que aparezcan otros actos diversos de los indicados como reclamados que expresamente se hayan omitido en la demanda, deberá ordenar que el contenido de los informes o de esas pruebas se haga del conocimiento de la parte quejosa mediante notificación personal y, prevenirlo para que aclare si señala o no como reclamado, a esos nuevos actos o se tenga como responsable a la nueva autoridad de la que no tenía conocimiento el quejoso, por tratarse de un tercero ajeno al procedimiento o no siéndolo inadvertidamente pasó por alto, y así, estar en posibilidad de dictar una sentencia justa y apegada a la realidad, evitando que la distracción o confusión de aquél sea la base para generar un obstáculo que pueda llegar a ser una trampa procesal que impida al juez resolver el fondo de la cuestión planteada. Por lo tanto, si en el caso la parte quejosa señaló como autoridad responsable a la Junta, pero de los informes justificados se desprende que quien emitió el acto fue el presidente de ésta, el Juez de Distrito debió prevenir a la parte quejosa a efecto de que aclarara si señalaba o no como responsable al titular de la Junta de Conciliación y Arbitraje y, al no hacerlo así, el a quo incurrió en una violación a las normas que regulan el procedimiento y debe ordenarse reponerlo para los efectos precisados.

Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito.

Amparo en revisión 206/98. Gas González de Saltillo, S.A. de C. V. 5 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Irma García Moran’.

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIl, enero de 1998, página 94, tesis P./J. 8/98, de rubro: ‘PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR. OMISIÓN EN EL SEÑALAMIENTO DE ALGUNAS DE LAS AUTORIDADES QUE INTERVINIERON EN LOS ACTOS RECLAMADOS’, y Tomo III, junio de 1996, página 250, tesis 2a./J. 30/96, de rubro: ‘DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA’.

c.2) En segundo lugar, es preciso establecer que el criterio relevante que trae a la sentencia la responsable, que dice cobra aplicación al caso, y de donde sostiene se deduce que, ‘...resulta incuestionable que en los casos en que se impugnan el cómputo y la constancia de mayoría, el actor parte de la premisa de que la elección de que se trate es válida...’, no tiene el sentido y el alcance que le dio el Tribunal resolutor, pues en la sentencia dictada por la propia Sala Superior del Tribunal Electoral Federal(sic), de la que derivó no se le otorgó en momento alguno tal alcance, sino que se dijo que, conforme a la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, existían dos actos impugnables, en dos momentos distintos y, que son dictados por autoridades administrativas electorales diversas, (Asamblea Municipal y Asamblea General), también se dijo en la sentencia de aquel asunto, ’Es preciso aclarar que el primer acto a que se ha hecho alusión, es decir, el cómputo municipal, puede ser recurrido, conforme al artículo 177, apartado 1, inciso c), fracción I, de la Ley Electoral aplicable, en sus resultados, por las causales de nulidad contenidas en los numerales 170, 171, apartado 1, incisos a) y b), y 172 de la misma legislación, sin que sea posible la impugnación en este momento por la causal prevista en el apartado 1, inciso c), del numeral 171, puesto que ésta se relaciona propiamente con la calificación electoral, que es un acto diferente conforme a la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, como ya ha quedado demostrado en párrafos precedentes...’. También se dijo en la sentencia de la que derivó el criterio que trae a colación la responsable: ‘...En congruencia con lo anterior, había imposibilidad jurídica para que el tribunal enjuiciado hiciera un pronunciamiento sobre la demostración de los hechos que en concepto de la coalición actora constituyeron irregularidades graves durante el proceso electoral y que se realizaron antes de que tuviera verificativo la contienda electoral, o después de que ésta pasó, así como de las pruebas ofrecidas para acreditarlos, en virtud de que la existencia de las irregularidades atinentes no podía ser analizada a través, se repite, del recurso de inconformidad 5/2002, en tanto que, cuando el mismo se interpuso –28 de mayo del presente año—, aún no se había hecho la declaratoria de validez de la elección –lo que aconteció hasta el 29 del propio mes de mayo–; luego, el momento adecuado para inconformarse contra tales irregularidades y, con base en ellas, solicitar la nulidad de la elección, en todo caso, hubiera sido cuando se interpuso el recurso de inconformidad contra la declaratoria de validez (recurso de inconformidad 7/2002)...’.

Aparte se dijo, en la sentencia de la sala superior en la misma sentencia de la que derivó el criterio que invoca la ahora responsable: ‘...Pues bien, como acertadamente lo afirma el Partido Acción Nacional, de la lectura íntegra del escrito que dio origen al recurso de inconformidad identificado con el número de expediente 7/2002, por el que se impugnó la declaración de validez de la elección extraordinaria del Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Chihuahua, no se advierte que la coalición inconforme hubiera esgrimido agravios tendientes a demostrar la ilegalidad del referido acto, derivada de hechos acontecidos previa o posteriormente a la jornada electoral, e incluso en la misma, cuando no atañen a la votación recibida en casilla, que son en contra de los que, en todo caso, procede el recurso de inconformidad para impugnar la citada declaración de validez. Ello es así, ya que del referido libelo se desprende que la coalición actora se concreta, en principio, a hacer una relación de hechos acontecidos, según su dicho, durante la jornada electoral y, con posterioridad a ella, en la realización del cómputo municipal; luego, a relatar las irregularidades por las que presentó dicho medio de defensa y, de manera enunciativa, los agravios expresados en el mismo, y por último, expresa los motivos de queja que le causa la declaración de validez aludida, pero en relación a vicios propios de tal acto, sin que se advierta el planteamiento de argumentos que pudieran provocar la nulidad de la elección que, se insiste, derivaran de hechos acaecidos previa o posteriormente a la jornada electoral, e incluso en la misma, cuando no atañen a la votación recibida en casilla. De dicho escrito tampoco se advierte que la coalición inconforme hubiera reiterado, cuando menos, los agravios expuestos en el diverso recurso de inconformidad al que correspondió el número de expediente 5/2002, toda vez que en el mismo no existe alguna expresión de la que pudiera inferirse esa circunstancia, lo que reafirma la inoperancia de los agravios contenidos en los capítulos mencionados en párrafos precedentes, puesto que, como ya se vio, en el diverso recurso de inconformidad 7/2002, es en el que en todo caso pudo plantear los referidos motivos de queja...’.

En este sentido, la conclusión plasmada en el criterio citado por la ahora responsable, que en su parte relativa se transcribe: ‘...En consecuencia, los partidos políticos que interpongan un recurso de inconformidad, necesariamente lo tendrán que hacer valer, o bien, en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo municipal y entrega de constancia de mayoría, o en su caso, en contra de la declaración de validez correspondiente, puesto que se trata de dos actos distinto...’, derivó de una sentencia, en donde jamás se limitó la posibilidad de impugnar ambos actos (computo municipal y declaración de validez), de alguna elección, sino que fue otro el sentido del estudio de donde derivó, como se ha estado evidenciando, pues en la propia sentencia se dijo que la impugnación en contra de la elección (declaración de validez), se dejaba de estudiar por el motivo de la falta de expresión de agravios, o bien, porque con el recurso correspondiente se había omitido ofrecer las pruebas correspondientes, mas nunca limitó el estudio que se hizo en la sentencia, la posibilidad de interponer un solo recurso de inconformidad, para impugnar tanto la nulidad de la elección como el computo municipal, y como consecuencia de ello la entrega de la constancia de mayoría relativa. Lo anterior se pone de relieve porque tiene que ver en forma estrecha con la determinancia requisito indispensable para anular la votación recibida en casillas o bien para anular la elección, luego, aritméticamente hablando, y desde el punto de vista del bien jurídico protegido, entre más reducida sea la diferencia entre el primero y segundo lugar, mayor será la posibilidad de anular la votación recibida en casillas o la elección, entonces, si en un mismo recurso de inconformidad se solicita la nulidad de votación recibida en casillas, como en el caso ocurre, por las causales de nulidad establecidas en el artículo 170 de la Ley Electoral del Estado, y se logra la anulación de alguna o algunas de ellas, y por otro lado se pide la declaración de nulidad de elección, conforme a lo establecido por los artículos 171 y 172 de la Ley Electoral de Chihuahua, mayor será pues la expectativa de nulidad de la elección, atendiendo a la reducción de la diferencia numérica traducida en votos entre el primero y segundo lugar de los que fueron los contendientes en los comicios, por lo que es jurídicamente válido que se hagan valer, en un mismo recurso, causales de nulidad de votación recibida en una casilla y nulidad de elección, cuestión que no tiene que ver con la oportunidad para su impugnación.

Además cabe establecer, que en el caso, el omitir señalar como responsable a una autoridad, no puede considerarse como parte de un agravio, atento a lo dispuesto por el artículo 191, párrafo 1, incisos d) y e), de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua.

Por todo lo anterior, la sentencia en el apartado relativo está ayuna de cumplir con el principio de legalidad constitucional, pues no se ajusta a los principios rectores del proceso electoral de Chihuahua, establecidos en los ordenamientos secundarios, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua y Ley Electoral del Estado de Chihuahua, y por consiguiente el agravio debe resultar procedente y entrar a los agravios hechos valer por el recurrente para solicitar la nulidad de la elección de Ayuntamiento del Municipio de Aldama, Chihuahua.

c.3) En este sentido, después de declarar procedente el presente agravio, y con plenitud de jurisdicción esta sala superior deberá revocar la sentencia en la parte relativa y entrar al estudio de los agravios que se hicieron valer para la nulidad de la elección de Ayuntamiento del Municipio de Aldama, Chihuahua, que vienen a ser los siguientes: en los agravios que la autoridad responsable clasificó como tales, (página 33 de la sentencia): el agravio señalado como PRIMERO, en sus incisos b), numerales 1, 2, 3 y 4; agravio SEGUNDO, TERCERO, por lo que se refiere a los hechos narrados en cuarto lugar de ese agravio y QUINTO, a que se refirió a partir de la página 33 y hasta la página 39 de resolución que se impugna, parte del considerando SEXTO, en donde se deberán estudiar junto con las pruebas que los sustentan, mismas que dejó de estudiar el Tribunal Estatal Electoral, violando así los preceptos apuntados y el principio constitucional de legalidad, mismos agravios y pruebas que se contienen en el recurso de inconformidad.

SEGUNDO.

a) La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 116, fracción IV, incisos b) y d), establece: ‘...IV. Las Constituciones y Leyes de los Estados en Materia Electoral garantizarán que: ... b) En el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales sean principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia;... d) Se establezca un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad’.

La Constitución Política del Estado de Chihuahua a su vez estipula: ‘Artículo 36. Los procesos electorales del Estado se efectuarán conforme a las bases que establece la presente Constitución y las demás leyes de la materia, y se sujetarán a los siguientes principios rectores: certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad e independencia’.

La ley comicial local, previene en su artículo 21, párrafo 4, lo siguiente: ‘Artículo 21... 4. Los Partidos Políticos tienen personalidad jurídica para todos los efectos legales, gozan de los derechos y prerrogativas quedando sujetos a las obligaciones que se establecen en la Ley, a partir de dicho registro’.

A su vez la Ley Electoral de Chihuahua, en su artículo 36 párrafo 1, establece: ‘Artículo 36. 1. Son derechos de los partidos políticos nacionales y estatales: a) Participar, conforme a lo dispuesto en la Constitución Federal, la Particular del Estado y la presente Ley, en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral;

El diverso precepto 50 párrafo 2, de este último ordenamiento jurídico, previene,... 2. Esta ley garantiza que en el ejercicio de la función electoral sean principios rectores los de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad e independencia’.

Así también el artículo 69 del Código Electoral de Chihuahua, en su primero párrafo contempla: ‘... 1. Las asambleas municipales, son los órganos que forman parte del Instituto Estatal Electoral y dependen administrativamente del Presidente del Instituto, encargados de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia bajo la observancia de los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad e independencia y demás disposiciones y acuerdos de la Asamblea General...’.

Y, por último el artículo 159 de la ley comicial local, estatuye: ‘... 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, el Tribunal Estatal Electoral es un órgano autónomo e independiente, de legalidad, plena jurisdicción y máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, que en los términos de esta Ley tiene a su cargo: