JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL.

EXPEDIENTE: SUP-JRC-246/2003.

ACTOR: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

AUTORIDAD RESPONSABLE: PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

MAGISTRADA PONENTE: ALFONSINA BERTA NAVARRO HIDALGO.

SECRETARIO: SERGIO DÁVILA CALDERÓN.

México, Distrito Federal, tres de septiembre de dos mil tres.

VISTOS para resolver los autos del juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-246/2003, promovido por el Partido Acción Nacional, por conducto de Héctor Alan Reyes Moro, quien se ostenta como su representante propietario en el Segundo Distrito Electoral en el Distrito Federal, en contra de la resolución de diez de agosto de dos mil tres, dictada por el Pleno del Tribunal Electoral del Distrito Federal, en los expedientes acumulados TEDF-REA-042/2003 y TEDF-REA-082/2003, integrados con motivo de los recursos de apelación interpuestos por el Partido Revolucionario Institucional y el ahora actor, respectivamente; y,

R E S U L T A N D O:

I. El seis de julio del año en curso, se llevó a cabo la etapa de la jornada electoral, para la elección de diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, entre otras, la correspondiente al Segundo Distrito Electoral local.

II. En la misma fecha, el segundo Consejo Distrital con sede en el Distrito Federal, realizó el cómputo correspondiente, mismo que concluyó el siete de julio inmediato, cuyos resultados fueron los siguientes:

El ocho de julio siguiente, el propio Consejo Distrital declaró la validez de la elección y expidió la constancia de mayoría y validez a la fórmula de candidatos propuesta por el Partido de la Revolución Democrática.

III. Inconforme con lo anterior, el Partido Acción Nacional por conducto de su representante, interpuso recurso de apelación, en el que solicitó la nulidad de la votación recibida en ciento dieciséis casillas, por considerar que, en las mismas, se actualizaba la causal prevista en el artículo 218, inciso f), del Código Electoral del Distrito Federal, consistente en haber impedido el acceso a los representantes de los partidos políticos o haberlos expulsado sin causa justificada.

Dichas casillas son las siguientes: 943 B, 943 C, 944 C1, 945 B, 945 C, 949 C1, 950 B, 950 C1, 951 B, 951 C1, 952 B, 952 C1, 959 B, 959 C1, 960 B, 960 C1, 961 B, 961 C1, 962 C1, 964 B, 964 C1, 965 B, 977 B, 979 B, 982 B, 982 C1, 983 B, 983 C1, 984 B, 984 C1, 986 B, 986 C1, 989 B, 994 C1, 995 C1, 997 B, 1001 C, 1002 C3, 1004 B, 1004 C1, 1005 C1, 1006 C1, 1009 C1, 1009 B, 1015 B, 1016 B, 1019 B, 1019 C1, 1020 B, 1020 C1, 1021 B, 1021 C1, 1027 B, 1027 C1, 1028 C1, 1028 C2, 1030 C1, 1031 B, 1031 C1, 1032 C2, 1034 C1, 1038 C1, 1039 B, 1040 B, 1041 B, 1042 B, 1043 B, 1043 C1, 1044 B, 1044 C1, 1047 C1, 1049 B, 1050 C1, 1052 C1, 1053 C1, 1055 C1, 1056 C1, 1057 B, 1058 C1, 1059 B, 1060 C1, 1064 B, 1064 C1, 1065 B, 1067 B, 1068 B, 1068 C1, 1072 B, 1074 C1, 1075 B, 1078 B, 1214 B, 1217 C1, 1217 C2, 1253 B, 1254 B, 1256 C1, 1257 B, 1296 C1, 1451 C1, 1455 B, 1455 C1, 1457 B, 1457 C1, 1460 C1, 1462 C1, 1466 B, 1466 C1, 1467 B, 1495 B, 1047 B, 1257 C1, 1042 C, 1048 C1, 1062 C1, 1219.

Respecto a la casilla 1296 C1, además de impugnarla por la causal prevista en el inciso f), del artículo 218 del Código Electoral precitado, el actor la combate también por la diversa causa establecida en el inciso a), del precitado precepto legal, referente a que la instalación de la casilla o la realización del escrutinio y cómputo sin causa justificada, en lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital correspondiente.

Por último, también solicitó la nulidad de la elección del Segundo Distrito Electoral en el Distrito Federal, haciendo valer entre otras causas de nulidad, las contempladas en los incisos c), g) e i), del numeral 218 del Código Electoral del Distrito Federal, aduciendo que, existieron irregularidades graves, no reparables durante la jornada electoral ni en el cómputo distrital, al haberse entorpecido la recepción y entrega de los paquetes electorales.

IV. El diez de agosto siguiente, el Pleno del Tribunal Electoral del Distrito Federal, resolvió los recursos de apelación mencionados, en los expedientes acumulados TEDF-REA-042/2003 y TEDF-REA-082/2003, sentencia cuyas partes considerativa y resolutiva, en lo conducente, son del tenor siguiente:

“Segundo. Este Tribunal procede en el expediente de mérito, al análisis de las causales de improcedencia que en la especie se pudieran actualizar, por considerar que su estudio es preferente por tratarse de una cuestión de orden público, tal como se ha sostenido por este Órgano Colegiado en la Tesis de Jurisprudencia publicada con la clave TEDF1ELJ01/99, misma que a continuación se transcribe:

“IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. SU ESTUDIO ES PREFERENTE Y DE OFICIO EN LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS POR EL CÓDIGO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL. Previamente al estudio de los agravios formulados a través de los medios de impugnación que regula el Código Electoral del Distrito Federal, este Tribunal debe analizar las causales de improcedencia que en la especie puedan actualizarse, por ser su examen preferente y de orden público, de acuerdo con lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 1° del Código Electoral del Distrito Federal.

Recurso de apelación TEDF-AP-001/99. Partido Acción Nacional. 30 de marzo de 1999. Unanimidad de cinco votos. Ponente: Estuardo Mario Bermúdez Molina. Secretaria de Estudio y Cuenta: Nohemí Reyes Buck.

Recurso de apelación TEDF-REA-008/99. Partido Revolucionario Institucional. 24 de junio de 1999. Unanimidad de cinco votos. Ponente: Rodolfo Terrazas Salgado. Secretario de Estudio y Cuenta: Alejandro Juárez Cruz.

Recurso de apelación TEDF-REA-011/99. Socorro Aparicio Cruz. 24 de junio de 1999. Mayoría de tres votos. Ponente: Estuardo Mario Bermúdez Molina. Secretaria de Estudio y Cuenta: Nohemí Reyes Buck.

Fecha de sesión: 9 de diciembre de 1999. Época: Primera. Materia: Electoral.”

Al respecto, es oportuno mencionar que en el expediente identificado con la clave TEDF-REA-042/2003, la autoridad responsable, al rendir su informe circunstanciado, de fecha quince de julio del año que transcurre, no hizo valer causal de improcedencia alguna.

Ahora bien, por lo que hace al tercero interesado, Partido de la Revolución Democrática, en su escrito de comparecencia relativo al expediente en mención, expuso sendas causales de improcedencia, mismas que hizo consistir en lo siguiente:

Que resulta improcedente el recurso de apelación promovido por el Partido Revolucionario Institucional, dado que el acto impugnado no afecta su interés jurídico, colmándose en consecuencia la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 251, inciso a), del Código Electoral del Distrito Federal.

Que los agravios vertidos en el escrito recursal, carecen de relación directa con el acto o resolución que se pretenden combatir, o que por falta de hechos o los expuestos, no puede deducirse agravio alguno, lo que colmaría la hipótesis prevista en el numeral 251, inciso g), del ordenamiento legal en cita.

Establecidas que han sido las causales de nulidad hechas valer en el expediente TEDF-REA-042/2003, este Tribunal procede a su resolución de la siguiente manera:

Por lo que respecta a la primera de las causales invocadas por el Partido de la Revolución Democrática, en su calidad de tercero interesado, este Órgano Jurisdiccional estima que es inatendible, por los razonamientos que a continuación se vierten:

Sobre este particular, cabe señalar que el artículo 251, inciso a), del Código Electoral del Distrito Federal, dispone a la letra que:

“Artículo 251. Los medios de impugnación previstos en este Código serán improcedentes en los casos siguientes:

Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones que no afecten el interés jurídico del actor;”...”.

En este sentido, a fin de estar en aptitud de determinar si en la especie se actualiza la causal de improcedencia referida, es menester precisar qué debe entenderse por interés jurídico; para lo cual, resulta ilustrativo transcribir la parte conducente del informe de labores rendido por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el año de mil novecientos setenta y dos, sección relativa a la Presidencia, página 340, que dice:

“El interés jurídico, reputado como un derecho reconocido por la ley, no es sino lo que la doctrina jurídica reconoce con el nombre de derecho subjetivo, es decir, como facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho. En otras palabras, el derecho subjetivo supone la conjunción en su esencia de dos elementos inseparables, a saber: una facultad de exigir y una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia, y cuyo objeto, desde el punto de vista de su índole, sirve de criterio de clasificación de los derechos subjetivos en privados (cuando el obligado sea un particular) y en públicos (en caso de que la mencionada obligación se impute a cualquier órgano del Estado). Por tanto, no existe derecho subjetivo ni por lo mismo interés jurídico, cuando la persona tiene sólo una mera facultad o potestad que se da cuando el orden objetivo solamente concede o regula una mera actuación particular, sin que ésta tenga la capacidad, otorgada por dicho orden, para imponer coercitivamente a otro sujeto, es decir, cuando no hay un poder de exigencia imperativa; tampoco existe un derecho subjetivo ni por consiguiente interés jurídico, cuando el gobernado cuenta con interés simple, lo que sucede cuando la norma jurídica objetiva no establezca a favor de persona alguna ninguna facultad de exigir, sino que consigne solamente una situación cualquiera que pueda aprovechar algún sujeto, o ser benéfica para éste, pero cuya observancia no puede ser reclamada por el favorecido o beneficiado, en vista de que el ordenamiento jurídico que establezca dicha situación no le otorgue facultad para obtener coercitivamente su respeto…”

Asimismo, es pertinente transcribir el criterio orientador que los Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial de la Federación, han sostenido en materia de interés jurídico, que es del tenor literal siguiente:

“Octava Época.

Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 364.

Tesis: VI.2°.J/87.

“INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste, en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona.

Amparo en revisión 410/88. Enrique Moreno Valle Sánchez. 14 de diciembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Mario Machorro Castillo.

Amparo en revisión 341/89. Hugo Porfirio Angulo Cruz. 9 de noviembre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Armando Cortés Galván.

Amparo en revisión 93/90. Miguel Abiti Abraham. 18 de abril de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Armando Cortés Galván.

Amparo directo 179/90. Distribuidora Poblana de Carnes de Tabasco, S.A. de C. V. 11 de mayo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.

Amparo directo 295/90. Esteban Mejía Morales, en su carácter de Coordinador General y Representante Legal de la Escuela Preparatoria Nocturna Licenciado Benito Juárez García de la Universidad Autónoma de Puebla. 7 de agosto de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.

Nota: Esta tesis también aparece publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 35, noviembre de 1990, página 96. También aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995. Tomo VI, Materia Común, Segunda Parte, Tesis 854, página 582.”

De lo antes expuesto, es posible concluir que para considerar la existencia del interés jurídico, será necesario que se presenten simultáneamente los elementos siguientes:

Un derecho subjetivo, entendido como una facultad que la norma jurídica concede a un sujeto y que a la vez entraña una potestad de exigencia; y

Que ese derecho subjetivo implique necesariamente una obligación correlativa a cargo de otro sujeto distinto del titular de la facultad, quien está obligado a cumplir o acatar las pretensiones que se reclamen a través del ejercicio de esa potestad.

En este sentido, habrá interés jurídico para reclamar un acto de autoridad, cuando por virtud de éste, una situación establecida de conformidad con una norma jurídica a favor de una determinada persona, se vea afectada o lesionada y ésta, como titular del derecho, se encuentre facultada para hacerlo valer.

Por ello, procesalmente se ha considerado que el interés jurídico nace por virtud de una situación de hecho contraria a otra nacida bajo la protección de una norma de la que se ostenta como titular el afectado, que lo coloca en aptitud de reclamarla con el propósito de poner fin a dicha afectación.

En consecuencia, si un acto de autoridad no menoscaba alguna situación instaurada a favor del reclamante por virtud de una norma jurídica, o no existe otra regla que lo faculte para exigir su derecho, no es posible afirmar que existe interés jurídico para inconformarse en contra de tal determinación; por el contrario, cuando se dañe una situación particular garantizada o tutelada por el orden jurídico normativo, ésta derivará en un perjuicio para el titular del derecho afectado, quien en su caso, contará con interés jurídico para acudir a los órganos jurisdiccionales a hacer efectivo el derecho desconocido o violado.

Sentado lo anterior, este Tribunal estima que en la especie, no tiene lugar lo argumentado por el tercero interesado, en el sentido de que el recurrente carece de interés jurídico, habida cuenta que de un examen acucioso del escrito recursal se advierte que el apelante Partido Revolucionario Institucional, sí cuenta con aquél para combatir el acto que reclama por esta vía, con base en los razonamientos que a continuación se expresan:

En el caso que nos ocupa, el recurrente comparece a este Tribunal Electoral a través de su representante propietario acreditado ante la autoridad responsable, impugnando el cómputo total, la declaración de validez y la entrega de la constancia respectiva, por considerar que tales actos lesionan su esfera jurídica.

En consecuencia, resulta evidente que el actor acredita su interés jurídico para combatir el acto que reclama, toda vez que contendió en la jornada electoral celebrada el día seis de julio para la elección de diputados por el principio de mayoría relativa a la Asamblea Legislativa de esta Entidad.

En este sentido, si a juicio del recurrente los resultados consignados en el Acta de Cómputo Total del segundo Consejo Distrital se apartan del principio de legalidad y vulneran en su perjuicio diversas disposiciones legales, es innegable que en el caso, cuenta con el interés jurídico suficiente para interponer el presente medio de impugnación, pretendiendo con ello que este Tribunal lo restituya en el goce de los derechos que estima violados, mismos que nacieron a la vida jurídica el día seis de julio del año en curso, es decir, durante la jornada electoral.

Por lo que, esta autoridad jurisdiccional resuelve que en el caso en concreto no se actualiza la causal de improcedencia invocada por el tercero interesado.

Respecto de la segunda causal de improcedencia hecha valer por el tercero interesado, este cuerpo colegiado estima que la misma no se actualiza, en atención a los razonamientos siguientes:

Según se advierte del escrito recursal interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional, en el expediente identificado con la clave TEDF-REA-042/2003, contrario a lo que manifiesta el partido tercero interesado en el presente asunto; del ocurso en estudio se desprende lo siguiente: a) se expresan hechos; b) aduce los preceptos legales presuntamente violados en su detrimento; c) establece en algunos casos circunstancias de modo, tiempo y lugar; d) ofrece prueba para soportar sus afirmaciones; e) individualiza una casilla en el ocurso que nos ocupa y; f) explica en qué consistieron, según su parecer, las cuestiones que afectaron de forma irreparable las garantías del sufragio.

De las consideraciones vertidas con antelación, resulta inconcuso que, con base en las mismas, este Tribunal se encuentra en aptitud para deducir claramente los agravios, aún cuando exista deficiencia en la argumentación de éstos. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 254, párrafo cuarto, del Código Electoral del Distrito Federal, mismo que a la letra dispone:

“Artículo 254.

Cuando exista deficiencia en la argumentación de los agravios pero éstos puedan ser deducidos claramente de los hechos expuesto en el recurso, el Tribunal Electoral del Distrito Federal no lo desechará y resolverá con los elementos que obren en el expediente.”

Por consiguiente, se considera que el escrito de impugnación en análisis, sí reúne los requisitos que previene el artículo 253, fracciones I y II, del Código Electoral del Distrito Federal, para aquellos recursos de apelación que se hagan valer en términos del artículo 242, inciso c), del propio Código. En tal virtud, se estima que la hipótesis de improcedencia esgrimida por el Partido de la Revolución Democrática resulta inaplicable en el presente caso, toda vez que de los hechos manifestados por el actor, este cuerpo colegiado se encuentra en aptitud para deducir agravios.

De lo antes expuesto, se concluye que no le asiste la razón al tercero interesado, Partido de la Revolución Democrática, dentro del expediente TEDF-REA-042/2003, respecto de las causales de improcedencia que hizo valer.

Ahora bien, en lo que corresponde al diverso expediente TEDF-REA-082/2003, en donde la parte actora es el Partido Acción Nacional, la autoridad responsable al momento de rendir su informe circunstanciado, de fecha dieciséis de julio del año que transcurre, hace valer una causal de improcedencia, consistente en que el medio de impugnación promovido por el partido recurrente, resulta extemporáneo, toda vez que el plazo de cuatro días para impugnar los cómputos totales de la elección de diputados a la Asamblea Legislativa por el principio de mayoría relativa, empezó a correr a partir de las cero horas del día ocho de julio y hasta las veinticuatro horas del día once del mismo mes y año, por lo que a juicio de la responsable, al presentarse el escrito relativo hasta el día doce del mes y año en cita, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 251, inciso b), del Código Electoral para el Distrito Federal.

Al respecto, este Tribunal considera que no le asiste la razón ni el derecho al Consejo responsable, en atención a los razonamientos siguientes:

En principio, debe destacarse que contrario a lo afirmado por la autoridad electoral administrativa, según se advierte del sello de recepción del escrito que nos ocupa, el mismo fue interpuesto ante la responsable, a las veintidós horas con treinta minutos del día once de julio de dos mil tres, no así el doce del mismo mes y año como se afirma en el informe circunstanciado.

Asimismo, conforme al acuerdo de recepción de fecha doce de julio del presente año, en relación con la razón de retiro en estrados del quince de julio del año en curso, localizable en la foja 806 (ochocientos seis) del Volumen II del expediente TEDF-REA-082/2003, ambos documentos elaborados por la misma autoridad responsable, por lo que se les concede pleno valor probatorio en términos de los numerales 261, inciso a), 262 inciso b) y 265 párrafo segundo, pertenecientes al Código Electoral del Distrito Federal, se desprende fehacientemente que el multicitado recurso de apelación, fue presentado el día once de julio de dos mil tres, con lo que se desvirtúa el argumento esgrimido por el segundo Consejo Distrital del Instituto Electoral local.

A mayor abundamiento, el acápite del artículo 247, del Código Electoral de la entidad, establece lo siguiente:

“Artículo 247.

Los medios de impugnación previstos por este Código deberán interponerse dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente en que se tenga conocimiento o se hubiese notificado el acto o la resolución que se recurra.”

Ahora bien, según se advierte del acuerdo por virtud del cual el segundo Consejo Distrital del Instituto Electoral del Distrito Federal, declaró la validez de la elección de diputados a la Asamblea Legislativa, por el principio de mayoría relativa y otorgó la constancia respectiva a los candidatos que obtuvieron el triunfo en dicha elección, de fecha ocho de julio de dos mil tres, visible de fojas 1,220 (mil doscientos veinte) a 1,229 (mil doscientos veintinueve), este Órgano Colegiado considera que son estos últimos actos los que fijan la fecha a partir de la cual debe computarse el término para la interposición del recurso de apelación, toda vez que de conformidad con el numeral 242, inciso c), del Código de la materia, el recurso de apelación en este particular procede en contra de los cómputos totales y la entrega de las constancias de mayoría o asignación de las elecciones reguladas por el mencionado ordenamiento legal, dentro de las cuales se encuentran las elecciones de Diputados por el principio de mayoría relativa a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, previstas en el Título Tercero del mencionado ordenamiento legal; por lo que al ser el último acto efectuado, es a partir del cual debe realizarse la verificación conducente que determine si el recurso se interpuso o no en tiempo.

En este tenor, si el acto reclamado fue emitido el día ocho de julio de dos mil tres, el plazo de referencia comenzará a correr a partir del día siguiente al que se tuvo conocimiento del mismo, por lo que, si en el particular la parte actora conoció el acto que combate el mismo día de su emisión, es inconcuso que el término para impugnarlo transcurrió durante los días nueve, diez, once y doce del año en curso.

Así las cosas, aún suponiendo sin conceder que el partido actor hubiese interpuesto el escrito de mérito el día doce de julio de dos mil tres, es inconcuso que se encontraba dentro del término legal para ejercer su derecho, por lo que en términos de los razonamientos vertidos, deberá desestimarse la causal de improcedencia argüida por la autoridad responsable.

Sentado lo anterior, y toda vez que no se actualiza ninguna de las causales de improcedencia hechas valer por el partido tercero interesado dentro del expediente TEDF-REA-042/2003, ni por la autoridad responsable en el diverso TEDF-REA-082/2003, además de que este Tribunal no advierte alguna otra que en la especie pudiera colmarse, se procede al estudio de la legitimación y personería tanto del recurrente como del tercero interesado en el primero de los medios de impugnación enunciados; así como el correspondiente análisis de legitimación y personería en lo que toca a la parte actora y tercero interesado que actúan en el segundo de los expedientes mencionados.

Tercero. En cuanto a la legitimación de la parte actora y del tercero interesado que intervienen en el juicio identificado como TEDF-REA-042/2003, es conveniente precisar lo siguiente:

La legitimación del actor, Partido Revolucionario Institucional, es de reconocerse en virtud de tratarse de un partido político con registro nacional, el cual promueve el recurso de apelación en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo total, la declaración de validez y el otorgamiento de la constancia respectiva, de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, correspondientes al Segundo Distrito Electoral local, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 242, inciso c) y 245, inciso a) del Código Electoral del Distrito Federal.

Por su parte, se le reconoce al ciudadano Antonio Pimentel Alzati, la personería con la que se ostenta en el expediente mencionado, es decir, con el carácter de Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el segundo Consejo Distrital del Instituto Electoral del Distrito Federal, toda vez que la autoridad responsable en su informe circunstanciado, visible a foja 6 (seis) del expediente TEDF-REA-042/2003, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 255, párrafo último, del Código Electoral de la entidad, le reconoce el carácter con el que se ostenta, según lo establecido por el numeral 246, fracción I, inciso a), del propio Código.

Respecto a la legitimación del Partido de la Revolución Democrática, quien actúa como tercero interesado en el expediente mencionado en primer término, es de reconocerse de conformidad con lo dispuesto en los artículos 245, inciso c), y 247, fracción II, del Código Electoral local, en virtud de tratarse de un partido político con registro nacional, con intereses derivados de derechos incompatibles con los del recurrente; en virtud de que es el instituto político cuya fórmula registrada ante ese Consejo Distrital, obtuvo la constancia de mayoría de la elección impugnada.

De igual forma, se le reconoce al ciudadano Luis Emmanuel Gómez Rodríguez, el carácter de Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática, toda vez que la propia autoridad responsable, en su informe circunstanciado, afirma tal carácter.

En lo atinente a la legitimación de la parte actora y de los terceros interesados en el expediente TEDF-REA-082/2003, debe manifestarse lo siguiente.

La legitimación del actor, Partido Acción Nacional, es de reconocerse en virtud de tratarse de un partido político con registro nacional, el cual promueve el recurso de apelación en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo total, la declaración de validez y el otorgamiento de la constancia respectiva, de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, correspondientes al Segundo Distrito Electoral local, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 242, inciso c) y 245, inciso a) del Código Electoral del Distrito Federal.

De la misma manera, se le reconoce al ciudadano Héctor Alan Reyes Moro, la personería con la que se ostenta en el expediente mencionado, es decir, con el carácter de representante propietario del instituto político apelante ante el segundo Consejo Distrital del Instituto Electoral del Distrito Federal, máxime que la propia autoridad responsable en su informe circunstanciado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 255, párrafo último, del Código Electoral de la Entidad, le reconoce el carácter con el que se ostenta, según lo establecido por el numeral 246, fracción I, inciso a), del propio Código.

En los mismos términos, se le reconoce al ciudadano Luis Emmanuel Gómez Rodríguez, el carácter de Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el segundo Consejo Distrital local, toda vez que la propia autoridad responsable, en su informe circunstanciado, afirma tal carácter.

Precisado lo anterior, este Tribunal procede a examinar tanto el escrito presentado por el ciudadano José Antonio Hernández Miranda, quien solicita se le reconozca el carácter de tercero interesado, como el ocurso a través del cual el Partido Revolucionario Institucional, solicita se le reconozca el mismo carácter; ambos casos, en el expediente identificado con el número TEDF-REA-082/2003.

Cuarto. Por lo que hace al escrito del ciudadano José Antonio Hernández Miranda, quien se ostenta como candidato propietario del Partido Acción Nacional a la elección de diputados a la Asamblea Legislativa, por el principio de mayoría relativa, en el Segundo Distrito Electoral Uninominal, el cual corre agregado en autos del expediente TEDF-REA-082/2003, este Tribunal lo tiene por no presentado en el expediente en que se actúa, en atención a los razonamientos siguientes:

1. Con fecha ocho de julio de los corrientes, el segundo Consejo Distrital del Instituto Electoral del Distrito Federal, celebró sesión pública extraordinaria a efecto de declarar la validez de la elección de Diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el principio de mayoría relativa, y entregar la constancia respectiva a la fórmula de candidatos que obtuvo el triunfo en las elecciones locales de dos mil tres, la cual es localizable en la foja 1,220 (mil doscientos veinte) del Volumen II del expediente TEDF-REA-042/2003.

2. Luego entonces, el plazo para la interposición de los recursos de apelación en contra de los actos antes descritos, de conformidad con el artículo 247, párrafo primero, del Código Electoral del Distrito Federal, transcurrió del nueve al doce de julio de dos mil tres.

3. El Partido Acción Nacional hizo valer el medio de impugnación que se identificó con el expediente TEDF-REA-082/2003, el once de julio de dos mil tres, de donde se desprende que tal escrito recursal fue presentado en tiempo y forma ante la autoridad responsable, de conformidad con el numeral 247, párrafo primero, del Código Electoral de la Entidad.

4. De lo anterior se desprende, que el ciudadano José Antonio Hernández Miranda, debió presentar ante la autoridad responsable su escrito de coadyuvante del Partido Acción Nacional, de igual manera, en el plazo que transcurrió del nueve al doce de julio del presente año, a fin de que se le reconociera tal carácter, de acuerdo con los artículos 245, inciso d), y 247, fracción I, del Código invocado.

5. Además, es importante destacar que al ciudadano José Antonio Hernández Miranda, no puede reconocérsele el carácter de tercero interesado como lo solicita en su ocurso de catorce de julio de dos mil tres, debido a que en el presente caso, dicho ciudadano no hace valer un interés legítimo en la causa derivado de un derecho incompatible con el que pretende el Partido Acción Nacional en el expediente TEDF-REA-082/2003, en atención a que por el contrario, la pretensión de dicho ciudadano consiste en que el recurso de apelación aludido, se resuelva de manera favorable a los intereses del instituto político impugnante.

Con base en lo anterior, este Tribunal concluye lo siguiente:

Que el ciudadano José Antonio Hernández Miranda, quien se ostenta con el carácter de candidato propietario del Partido Acción Nacional, a la elección de Diputados a la Asamblea Legislativa, por el principio de mayoría relativa, en el Segundo Distrito Electoral Uninominal, presentó en forma extemporánea su escrito respectivo, toda vez que el plazo previsto por la ley para la presentación de los escritos de coadyuvantes con el partido político apelante, transcurrió del día nueve al doce de julio de dos mil tres, siendo que en la especie, su ocurso presenta como sello de recibido por la autoridad responsable, el día catorce del mismo mes y año; y,

Que el ciudadano José Antonio Hernández Miranda, no puede comparecer en el expediente TEDF-REA-082/2003 como tercero interesado, habida cuenta que sus pretensiones no son incompatibles con las aducidas por el Partido Acción Nacional, quien tiene el carácter de recurrente en el citado medio de impugnación, lo cual es un requisito indispensable para reconocerle esta calidad, dado que en la especie, por el contrario, los intereses de dicho ciudadano son idénticos a los hechos valer por el citado instituto político.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 245, inciso d), y 247, fracción I, del Código Electoral del Distrito Federal, y 102 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Distrito Federal, este Órgano Colegiado determina que se tiene por no presentado el escrito del ciudadano José Antonio Hernández Miranda, debido a que fue presentado ante la autoridad responsable fuera del plazo establecido en el Código para su presentación, razón por la cual tampoco se le reconoce el carácter de coadyuvante del Partido Acción Nacional en el expediente en que se actúa, en los términos previamente analizados.

Por otro lado, este Órgano Jurisdiccional no le reconoce al Partido Revolucionario Institucional el carácter de tercero interesado en el expediente número TEDF-REA-082/2003, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el Partido Acción Nacional en contra del cómputo total, la declaración de validez y entrega de constancia respectiva de la elección de Diputados a la Asamblea Legislativa, por el principio de mayoría relativa, en el Segundo Distrito Electoral Uninominal, mismo que fue identificado con el expediente TEDF-REA-092/2003, dado que en el presente asunto, acontecen las condiciones siguientes:

1. Mediante recurso de apelación interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional, que fue identificado con el expediente TEDF-REA-042/2003, se combatieron el cómputo total, la declaración de validez y entrega de constancia respectiva de la elección de Diputados a la Asamblea Legislativa, por el principio de mayoría relativa, realizados por el segundo Consejo Distrital del Instituto Electoral del Distrito Federal.

2. Por Acuerdo del Pleno de este Tribunal, de fecha veinte de julio de dos mil tres, se propuso la acumulación de los expedientes TEDF-REA-042/2003 y TEDF-REA-082/2003, en atención a que la misma resultó procedente, de conformidad con el artículo 107, fracción II, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Distrito Federal, en virtud de que si bien tales recursos son interpuestos por diferentes actores, resulta evidente que en ambos se combaten los mismos actos provenientes del segundo Consejo Distrital del Instituto Electoral del Distrito Federal.

En su ocurso denominado “Escrito de tercero interesado” el Partido Revolucionario Institucional, pretende que se le reconozca dicho carácter en el expediente TEDF-REA-082/2003, aduciendo que tiene “... un interés legítimo en la causa derivada de un hecho compatible, con el que pretende hacer valer el partido fundados (sic) los agravios que hace valer el partido actor.” y en su petitorio tercero manifestando que “Previos los trámites de ley, dictar sentencia que en derecho proceda declarando los agravios hechos valer por el Partido Acción Nacional.”

De lo anterior, se desprende que el Partido Revolucionario Institucional, no hace valer en su escrito de comparecencia un interés legítimo en la causa derivado de un derecho incompatible con el que pretende el Partido Acción Nacional en el recurso de apelación identificado con el expediente TEDF-REA-082/2003, en atención a que por el contrario, el Partido Revolucionario Institucional sostiene en su ocurso respectivo, un derecho compatible con el de la parte actora, lo cual inobserva lo dispuesto por el artículo 245, inciso c), del Código Electoral de la Entidad.

Además, tal cuestión se desapega de lo dispuesto por el artículo 247, fracción II, inciso e), del propio Código, porque el Partido Revolucionario Institucional, en el presente asunto, no logra precisar la razón de su interés jurídico ni las pretensiones concretas del compareciente, debido a que en su escrito de fecha catorce de julio de dos mil tres, no hace valer argumentos tendentes a sostener la legalidad de los actos combatidos, sino por el contrario, solicita se declaren fundados los agravios expuestos por el Partido Acción Nacional en el diverso expediente en que se actúa.

También es importante señalar, que el Partido Revolucionario Institucional interpuso el recurso de apelación identificado con la clave TEDF-REA-042/2003, por medio del cual impugna el cómputo total, la declaración de validez y la entrega de la constancia respectiva, de la elección de Diputados a la Asamblea Legislativa, por el principio de mayoría relativa, realizados por el II Consejo Distrital del Instituto Electoral del Distrito Federal.

De ahí, que no pueda en el recurso de apelación identificado con la clave TEDF-REA-042/2003 pedir que revoquen los actos impugnados, y por otra parte, en el medio de impugnación TEDF-REA-082/2003 enderezar sus pretensiones a favor de que se confirmen los mismos actos combatidos.

Por consiguiente, y toda vez que en el asunto de marras no se cumplen los extremos de los artículos 245, inciso c), y 247, fracción II, del Código referido, este Tribunal no le reconoce el carácter de tercero interesado al Partido Revolucionario Institucional, en el expediente TEDF-REA-082/2003.

Quinto. Ahora bien, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 254, párrafos tercero y cuarto, del Código citado, este Órgano Jurisdiccional procede a examinar acuciosamente los escritos de impugnación promovidos por los institutos políticos recurrentes, a efecto de desprender los agravios que les causa el cómputo total, la declaración de validez y la entrega de la constancia respectiva a la elección de Diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, realizados por el Segundo Distrito Electoral Uninominal, así como a invocar los preceptos legales que presuntamente se dejaron de observar en perjuicio de cada uno. Por tanto, resulta aplicable en el presente caso la tesis de jurisprudencia aprobada por el Pleno de este Tribunal, con clave de identificación J.015/2002, cuyo rubro y texto son:

“SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA EN LA ARGUMENTACIÓN DE LOS AGRAVIOS. PROCEDE EN LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN CUYA RESOLUCIÓN CORRESPONDA AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 254, párrafos tercero y cuarto, del Código Electoral del Distrito Federal, cuando en un medio de impugnación exista deficiencia en la argumentación de los agravios u omisión o cita equívoca de los preceptos legales presuntamente violados, este Tribunal estará obligado a deducir de los hechos narrados por el apelante los motivos de inconformidad respectivos y proceder a resolver con los elementos que obren en el expediente, atendiendo a los preceptos legales que debieron ser invocados o los que resulten aplicables al caso concreto. Por lo tanto, en ejercicio de esta facultad, este Órgano Jurisdiccional debe realizar un estudio integral del recurso planteado, a fin de estar en posibilidad de advertir de cualesquiera de sus apartados y no sólo del capítulo que el actor dispuso para tal efecto, los agravios que le ocasiona el acto que reclama y que con la mayor efectividad permitan restituir al inconforme en el ejercicio de los derechos transgredidos por la autoridad responsable; sin embargo, la facultad en comento supone invariablemente la existencia de hechos de los cuales puedan válidamente inferirse los motivos de inconformidad a estudiar en el medio impugnativo, pues sólo así puede conocerse con la mayor exactitud posible la intención que tuvo el promovente al combatir el acto de autoridad, esto es, atender preferentemente a lo que quiso decir el recurrente y no a lo que aparentemente refirió, lo que a su vez garantiza el cumplimiento, en beneficio de los justiciables, de los principios de exhaustividad y congruencia que, entre otros, debe observar este Tribunal en el dictado de sus resoluciones.

Recurso de Apelación TEDF-REA-001/2001. Gonzalo Cedillo Valdés. 17 de febrero de 2001. Unanimidad de cinco votos. Ponente: Rodolfo Terrazas Salgado. Secretario de Estudio y Cuenta: Enrique Figueroa Ávila.

Recurso de Apelación TEDF-REA-011/2001. Convergencia por la Democracia, Partido Político Nacional. 16 de octubre de 2001. Unanimidad de cinco votos. Ponente: Hermilo Herrejón Silva. Secretario de Estudio y Cuenta: Fernando Lorenzana Rojas.

Recurso de Apelación TEDF-REA-016/2001. Partido de la Revolución Democrática. 15 de abril de 2002. Unanimidad de cinco votos. Ponente: Raciel Garrido Maldonado. Secretario de Estudio y Cuenta: Rafael Cruz Juárez.”

Para tal efecto, el análisis conducente se hará atendiendo al acto impugnado, a los argumentos vertidos por los recurrentes, a lo manifestado por el tercero interesado en cada caso, a las pruebas de las partes, ofrecidas y admitidas, y a los demás elementos que obren en cada uno de los expedientes en que se actúa.

En este sentido, primeramente se deducirán los agravios que el Partido Revolucionario Institucional hace valer en su escrito de apelación, identificado con el expediente número TEDF-REA-042/2003 y, posteriormente, se seguirá el mismo procedimiento con el medio de impugnación interpuesto por el Partido Acción Nacional, identificado con la clave TEDF-REA-082/2003.

Con base en lo anterior, se aprecia que el Partido Revolucionario Institucional, aduce como agravios de su parte, los siguientes:

Que el día de la jornada electoral, en la casilla 1296 contigua 1 se actualizó la causal de nulidad dispuesta en el numeral 218, inciso a), del Código de la materia, porque se instaló sin causa justificada, en lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital correspondiente.

Agravio que en concepto del apelante, viola en su perjuicio lo dispuesto por los artículos 1º, 3º, 166 y 188 del Código Electoral del Distrito Federal.

Que el día de la jornada electoral, en 319 casillas se actualiza la causal de nulidad prevista por el artículo 218, inciso f), del Código Electoral del Distrito Federal, toda vez que se impidió el acceso a los representantes del partido recurrente o se les expulso de aquéllas, sin causa justificada.

Agravio que a juicio del impetrante viola en su detrimento lo previsto, por los artículos 1º, 3º, 169, 170 y 194, inciso b), del Código de la materia.

Que con motivo de las irregularidades anteriores, se actualiza en la elección de Diputados a la Asamblea Legislativa, por el principio de mayoría relativa, en el Segundo Distrito Electoral Uninominal, la causal de nulidad de la elección señalada por el artículo 219, inciso a), del Código de la materia, debido a que las anomalías expuestas en los agravios A y B se acreditan en por lo menos el veinte por ciento de las casillas, en el ámbito correspondiente a la elección impugnada.

Lo anterior, porque según el recurrente, se trastocan en su detrimento los principios rectores de la función electoral, dispuestos por los artículos 122, Apartado C, base primera, fracción V, inciso f), en relación con el 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 120 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; y 1º y 3º del Código Electoral del Distrito Federal.

Por su parte, el Partido Acción Nacional, expresó como motivos de inconformidad los siguientes:

Que el día de la jornada electoral, en la casilla 1296 contigua 1 se actualizó la causal de nulidad dispuesta en el numeral 218, inciso a), del Código de la materia, porque se instaló sin causa justificada, en lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital correspondiente.

Agravio que en concepto del apelante, viola en su perjuicio lo dispuesto por los artículos 1º, 3º, 166 y 188 del Código Electoral del Distrito Federal.

Que el día de la jornada electoral, en 116 casillas tuvo lugar el supuesto de nulidad señalada por el numeral 218, inciso f), del Código de la materia, porque se les impidió el acceso a los representantes del instituto político impetrante o se les expulsó de aquéllas sin causa justificada.

Agravio que a juicio del impetrante viola en su detrimento lo previsto, por los artículos 1º, 3º, 169, 170 y 194, inciso b), del Código de la materia.

Que el día de la jornada electoral, se actualizó de igual manera el artículo 218, inciso i), del Código invocado, porque existieron irregularidades graves, no reparables durante el cómputo distrital que en forma evidente afectaron las garantías del sufragio, dado que:

A menos de cincuenta metros de la sede del segundo Consejo Distrital Electoral, se “... ubicaba una unidad (camión) con propaganda electoral del Partido de la Revolución Democrática, que tenía una manta que decía centro de acopio, por lo que a petición expresa, la Consejero Presidente requirió al ciudadano Representante del Partido de la Revolución Democrática, retirara la unidad, a efecto de evitar confusiones en la entrega y recepción de los paquetes electorales.”

Además, el apelante aduce que con las acciones y omisiones del segundo Consejo se provocó o propició que los militantes del Partido de la Revolución Democrática, obstaculizarán la recepción de los paquetes electorales.

De igual forma, el recurrente señala que las situaciones anteriormente descritas, dieron origen a que el segundo Consejo Distrital fuera objeto de presión por el Partido de la Revolución Democrática.

Todo lo anterior, en concepto del recurrente, actualiza en el presente caso los supuestos de nulidad del artículo 218, incisos c), g), e i), del Código Electoral del Distrito Federal, toda vez que se provocó que el cómputo distrital y el resultado de la elección fuera favorable al partido triunfador, sin que éste tuviera derecho a ello.

Concepto de violación, que a juicio del apelante viola en su perjuicio lo dispuesto por los artículos 1º, 3º, 207, 208, 209, 210, 211 y 212 del Código de la materia.

Que con motivo de las irregularidades anteriores, se actualiza en la elección de Diputados a la Asamblea Legislativa, por el principio de mayoría relativa, en el Segundo Distrito Electoral Uninominal, la causal de nulidad de la elección señalada por el artículo 219, inciso a), del Código de la materia, debido a que las anomalías expuestas en los agravios D, E y F se acreditan en por lo menos el veinte por ciento de las casillas, en el ámbito correspondiente a la elección impugnada.

Lo anterior, porque según el recurrente, se trastocan en su detrimento los principios rectores de la función electoral, dispuestos por los artículos 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso f), en relación con el 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 120 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; y 1º y 3º del Código Electoral del Distrito Federal.

En tal virtud, y a fin de realizar el estudio correspondiente, del recurso de apelación interpuesto por el Partido Acción Nacional, a continuación se inserta cuadro analítico en el que se muestran gráficamente los datos siguientes: las casillas impugnadas y las causales de nulidad hechas valer por el recurrente en cada una de ellas.

Cabe señalar en relación con la casilla 1219, que del escrito recursal no se desprende si la misma es básica o contigua, lo cual, da lugar a que este Tribunal no esté posibilitado a realizar el examen correspondiente, en virtud de que el justiciable no individualiza en forma adecuada tal casilla, inobservando en la especie lo dispuesto por el artículo 253, fracción II, inciso b), del Código Electoral del Distrito Federal. Por consiguiente, no procede el estudio de la casilla en comento por las razones aducidas con anterioridad.

Precisado lo anterior, este Tribunal estima que en ambos casos, la litis se constriñe a determinar si el acto impugnado, es decir, el cómputo total y en consecuencia, la declaración de validez y la entrega de la constancia respectiva, de la elección de Diputados a la Asamblea Legislativa, por el principio de mayoría relativa, realizados por el Segundo Distrito Electoral Uninominal, del Instituto Electoral del Distrito Federal, se ajustaron o no a derecho. Para tal efecto, el análisis conducente se hará atendiendo al acto impugnado, a los argumentos vertidos por los recurrentes en cada caso, a lo manifestado por el tercero interesado en cada asunto, a las pruebas de las partes, ofrecidas y admitidas, y a los demás elementos de convicción que obran en los expedientes en que se actúa.

Sexto. El Partido Revolucionario Institucional, aduce en el agravio identificado con la letra A, que el día de la jornada electoral en la casilla 1296 contigua 1, se actualizó la causal de nulidad dispuesta en el numeral 218, inciso a), del Código Electoral de la entidad, porque se instaló sin causa justificada en lugar distinto al señalado por el consejo distrital correspondiente.

Cabe precisar, que la autoridad responsable en su informe circunstanciado sustenta la legalidad de la instalación de la casilla en comento.

Por lo que se refiere al tercero interesado, igualmente sustenta la legalidad de la instalación de dicha casilla, en virtud de las circunstancias especiales que sucedieron en el presente caso.

Expuestos brevemente los argumentos que hacen valer las partes, se procede a determinar, si en este caso y respecto de la casilla impugnada se actualiza la causal de nulidad invocada. Para tal efecto, en primer término se estima conveniente precisar el marco normativo en que se encuadra la causal de nulidad de mérito.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 85, inciso j), y 167 del Código invocado, corresponde a los consejos distritales, determinar el número y ubicación de las casillas que habrán de instalarse en cada una de las secciones comprendidas en su distrito.

Al respecto, el artículo 166 del ordenamiento en cita, establece que las casillas deben instalarse en lugares de fácil y libre acceso para los electores; que propicien la instalación de canceles o elementos modulares que garanticen el secreto en la emisión del voto; no sean casas habitadas por servidores públicos de confianza, federales o locales, ni por candidatos registrados en la elección de que se trate o dirigentes de partidos políticos o sus familiares con parentesco hasta el segundo grado; no sean establecimientos fabriles, templos o locales destinados al culto, o locales de asociaciones políticas, o sus organizaciones; ni cantinas, centros de vicio o similares, debiendo instalarse, preferentemente, en locales ocupados por escuelas y oficinas públicas.

Ahora bien, con el objeto de que los electores conozcan la ubicación de la casilla en la que emitirán su voto, el artículo 167, inciso d), in fine, del Código de la materia, establece que los presidentes de los consejos distritales deberán dar publicidad a las listas de los lugares en los que serán instaladas, en sitios públicos comprendidos en su distrito.

Los anteriores dispositivos, atienden al principal valor jurídicamente tutelado por las normas electorales que es el sufragio universal, libre, secreto y directo; en este sentido, se estima que el establecimiento y publicación de un lugar determinado, para la instalación de la casilla, tiende a conseguir las condiciones más óptimas para la emisión y recepción de los sufragios, garantizando que los electores tengan la plena certeza de la ubicación de los sitios en donde deberán ejercer este derecho.

Ahora bien, el día de la jornada electoral al momento de la instalación de las casillas, como lo dispone el artículo 187, párrafo primero, del Código de la materia, los integrantes de las mesas directivas, procederán a la instalación de las mismas, en los lugares previamente señalados por el consejo distrital. Sin embargo, pueden presentarse diversas circunstancias que obliguen a los funcionarios de las mesas a cambiar su ubicación, situación que el código de la materia prevé en el artículo 188, párrafo primero, como son las siguientes:

a)      Que no exista el local indicado;

b)     Que se encuentre cerrado o clausurado;

c)      Que se trate de un lugar prohibido por la ley;

d) Que no permita asegurar la libertad o el secreto del voto o el fácil y libre acceso de los electores; o bien, no garantice la realización de las operaciones electorales en forma normal; y,

e) Que el consejo distrital así lo disponga por causa de fuerza mayor o caso fortuito.

Estos supuestos se consideran causas justificadas para la instalación de una casilla en un lugar distinto al señalado por los Consejos Distritales. Para ello, de acuerdo con lo dispuesto por el precepto antes indicado, en su segundo párrafo, se establece que en cualesquiera de tales casos, la casilla deberá quedar instalada en la misma sección y en el lugar adecuado más próximo, debiéndose dejar aviso de la nueva ubicación en el exterior del lugar original que no reunió los requisitos marcados por la ley.

Por consiguiente, una casilla podrá instalarse en un lugar distinto al autorizado por el consejo distrital, sólo cuando exista causa justificada para ello, pues de lo contrario, podría provocarse confusión o desorientación en los electores, respecto del lugar exacto en el que deben sufragar, infringiéndose, con ello el principio de certeza que debe regir todos los actos electorales.

Ahora bien, el artículo 218, inciso a), del Código Electoral del Distrito Federal, a la letra dispone:

“Articulo 218. La votación recibida en una casilla será nula cuando se acrediten circunstancias que afecten las garantías del procedimiento electoral para la emisión libre, secreta, directa y universal del sufragio, o por violación directa a las características con que debe emitirse el sufragio, como son las siguientes:

“a) Instalar la casilla o realizar el escrutinio y cómputo sin causa justificada, en lugar distinto al señalado por el consejo distrital correspondiente;”

De lo anterior, se desprende que la votación recibida en una casilla será nula, cuando se actualicen los elementos que integran el supuesto normativo, a saber:

Que la casilla se instale en un lugar distinto al señalado por el consejo distrital respectivo; y

Que el cambio de ubicación se realice sin causa justificada.

Para que se actualice el primer elemento en análisis, es necesario que la apelante acredite con las pruebas conducentes, que el lugar donde se instaló la casilla es distinto al que aprobó y publicó el consejo distrital respectivo.

En cuanto al segundo elemento, deberán analizarse las razones que, en su caso, haga valer la autoridad responsable para sostener que el cambio de ubicación de casilla atendió a la existencia de una causa justificada prevista en el citado artículo 188 del Código de la materia; valorándose las constancias que aporte para acreditarlo.

Luego entonces, la votación recibida en casilla se declarará nula, cuando se actualicen los dos extremos que integran la causal en estudio; salvo que no se hubiere vulnerado el principio de certeza, respecto del lugar donde los electores debían ejercer su derecho al sufragio, o que no se afecten las garantías del procedimiento electoral para la emisión libre, secreta, directa y universal del sufragio, así como las características con que debe emitirse el mismo.

Precisado lo anterior, para el análisis de la causal de nulidad que nos ocupa, este Tribunal toma en consideración las pruebas siguientes: a) listas de ubicación e integración de las mesas de casilla, comúnmente llamada Encarte, documental privada en términos de lo dispuesto por los artículos 261, inciso b), 262, párrafo segundo, y 265, párrafo tercero, del Código Electoral aplicable; b) instrumento notarial 51,214 (cincuenta y un mil doscientos catorce), consistente en fe de hechos levantada por el Notario Público 124 del Distrito Federal; c) acta de la sesión permanente del seis de julio de dos mil tres, del segundo Consejo Distrital del Instituto Electoral del Distrito Federal, foja 11 (once), donde se hace constar que dicho órgano desconcentrado tuvo conocimiento del cambio de domicilio de la casilla 1296 contigua 1; y, d) copia certificada de las actas de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo, de la casilla cuya votación se impugna, mismas que obran en autos; documentales públicas a las que se les otorga pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 261, inciso a), 262, incisos a), b) y d), y 265, párrafos primero y segundo, del Código Electoral local, y que serán valoradas para el análisis de la causal de nulidad en estudio, atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, conforme lo establece el artículo 265, párrafo primero, del ordenamiento legal en cita.

Ahora bien, del análisis preliminar de las constancias aludidas, y con objeto de sistematizar el estudio del agravio formulado por el apelante, a continuación se presenta la información conducente a efecto de determinar si en el asunto en estudio, se surten los extremos del supuesto de nulidad en examen.

Según el encarte, la casilla 1296 contigua 1 se debió instalar en la calle Geranio Mz. 13 (trece), Lt. 4 (cuatro), en la colonia Segunda Sección San Juan Ixhuatepec, Código Postal 07360 (cero, siete, tres, seis, cero), debiendo tener como referencia entre Calle Parque Nacional y área de reserva ecológica.

Ahora bien, según consta en el primer testimonio del instrumento notarial número 51,214 (cincuenta y un mil doscientos catorce), levantado por el Notario Público número 124 (ciento veinticuatro) del Distrito Federal, se hizo constar la fe de hechos que se realizó a solicitud del Secretario Técnico Jurídico del segundo Consejo Distrital, de donde se desprende que la presidente de la mesa directiva de casilla, y los representantes de los Partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México y Acción Nacional, estuvieron conformes con el cambio de domicilio para la instalación de la casilla multicitada, por lo que habiéndose instalado primeramente en el domicilio de la calle Geranio, manzana trece, lote cuatro, en la colonia identificada como Segunda Sección de San Juan Ixhuatepec, se trasladaron finalmente a la Avenida Parque Nacional, manzana doce, lote uno, de la misma colonia.

Cabe advertir, que según el informe circunstanciado de la autoridad responsable, localizable en la foja 6 (seis) del Volumen I del expediente TEDF-REA-042/2003, el domicilio en el que finalmente se instaló la casilla en estudio, se encontraba a dos casas de distancia sobre la misma acera del domicilio primeramente señalado, por lo que indicó, que dicha casilla se instaló dentro de la misma sección electoral, y no se causó confusión o desorientación en el electorado, debido a la cercanía del lugar donde actuó finalmente dicha casilla electoral.

Además, según se aprecia del acta de la jornada electoral de la casilla 1296 contigua 1, localizable en la foja 683 (seiscientos ochenta y tres) del Volumen I del expediente TEDF-REA-042/2003, que la misma se instaló en Avenida Parque Nacional, lote uno, manzana doce.

También, es importante destacar que el segundo Consejo Distrital, según se aprecia en el acta de la sesión permanente del seis de julio de dos mil tres, tuvo conocimiento de dicha situación, y la autorizó, pues no existe en tal documento manifestación en contrario, al hacerse del conocimiento de sus integrantes, que en dicho domicilio habitaba un ciudadano que tenía en ese momento el carácter de presidente de colonia, lo cual podía afectar las condiciones de libertad y seguridad con las que debía emitirse el sufragio.

En consecuencia, se concluye en el presente caso, que si bien es cierto se instaló la casilla en un lugar distinto al primeramente señalado por el Consejo Distrital correspondiente, ello no fue sin causa justificada, dado que del acta de la sesión permanente se advierte, que en este caso se surtieron los extremos del artículo 188, incisos c) y d), del Código Electoral del Distrito Federal, porque las condiciones del local no permitían asegurar la libertad o el secreto del voto, en atención a que el propietario del inmueble del primer domicilio, es presidente de colonia, lo cual afectaba, en opinión de todos los integrantes de la mesa directiva de casilla, las garantías con que debía emitirse el sufragio, debido a que la salvaguarda de estas garantías, en ese momento, se encontraba bajo su responsabilidad.

Asimismo, en la especie se advierte que los funcionarios y representantes presentes tomaron la determinación de común acuerdo, en virtud de que según se aprecia del testimonio notarial antes señalado, no existió divergencia u oposición alguna para adoptar esa decisión, por ninguno de los integrantes de la mesa directiva de casilla.

De igual forma, se observa que el segundo Consejo Distrital aprobó la situación en comento, debido a que ninguno de sus integrantes formuló manifestación contraria a la decisión asumida por los integrantes y representantes de la mesa directiva de casilla 1296 contigua 1.

Por consiguiente, en el asunto de marras no se actualiza la causal de nulidad prevista por el artículo 218, inciso a), del Código de la materia, porque si bien tuvo lugar el cambio de domicilio para su instalación, también es cierto que sí existió causa justificada para cambiar de ubicación la instalación de la casilla en comento, adoptando dicha decisión por unanimidad de los integrantes de la mesa directiva de casilla en cuestión; razón por la cual, deviene infundado el agravio en estudio.

Séptimo. En relación con el agravio B, el partido apelante esgrime que el día de la jornada electoral en las 319 (trescientas diecinueve) casillas que se instalaron en el Segundo Distrito Electoral Uninominal, se actualizó la causal de nulidad prevista en el artículo 218, inciso f), del Código Electoral del Distrito Federal, toda vez que se impidió el acceso a sus representantes o se les expulsó de aquéllas, sin causa justificada.

Sobre el particular, este Órgano Jurisdiccional concluye que en el asunto de marras se encuentra impedido para examinar la causal de nulidad esbozada, por las razones que a continuación se exponen.

Toda vez que el presente medio de impugnación, es un recurso de apelación mediante el cual se combate el cómputo total y la entrega de la constancia de mayoría correspondiente, de conformidad con el numeral 253, fracciones I y segundo, del Código Electoral de la entidad, debe cumplir los requisitos siguientes:

“Artículo 253. Para la interposición de los recursos se cumplirá con los requisitos siguientes:

Deberán presentarse por escrito y se sujetará las siguientes reglas:

Deberán presentarse ante la autoridad electoral que realizó el acto o dictó la resolución. El órgano electoral que reciba un medio de impugnación que no sea de su competencia lo señalará de inmediato al recurrente o en su defecto lo remitirá de inmediato a la autoridad competente;

Se hará constar el nombre del actor y domicilio para recibir notificaciones;

En caso de que el promovente no tenga acreditada la personalidad ante la autoridad electoral ante el que actúa, acompañará los documentos con los que la acredita, se entenderá por promovente a quien comparezca con carácter de representante legítimo;

Mencionar de manera expresa el acto o resolución impugnados y la autoridad electoral que sea responsable;

Mencionar de manera expresa y clara los agravios que cause el acto o resolución impugnado, los preceptos presuntamente violados y los hechos en que se basa la impugnación;

Ofrecer las pruebas que junto con el escrito se aporten, mencionar las que se habrán de aportar dentro de los plazos legales y solicitar las que deban requerirse, cuando el promovente justifique que habiéndolas solicitado por escrito y oportunamente al órgano competente, no le fueron entregadas; y

Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente.

En el caso del recurso de apelación por el cual se impugnen los resultados de los cómputos totales y expedición de constancias de mayoría o asignación además de los requisitos señalados en el párrafo anterior, deberán cumplirse los siguientes:

La elección que se impugna. No se podrá impugnar más de una elección con un mismo recurso;

La mención individualizada de las casillas cuya votación se solicite que se anule en cada caso y la causal que se invoca para cada una de ellas o para la elección; y

La relación, en su caso, que guarde el recurso con otras impugnaciones.”

Así, por agravios esta autoridad jurisdiccional comprende, el menoscabo o detrimento del cual se duele el apelante por habérselo causado la autoridad responsable mediante el acto o resolución que pronunció y que expone a través de su escrito recursal ante este Tribunal, a fin de que se repare en su caso, los perjuicios ocasionados por virtud de aquél.

Sin embargo, cuando los recursos de apelación esgrimen agravios que se encuentran enderezados en contra de los cómputos totales y la expedición de constancias de mayoría, para tenerlos por debidamente configurados, es menester que se cumplan también los requisitos enunciados en el artículo 253, fracción II, inciso b), del Código Electoral de la Entidad, que en este caso consisten:

En la mención individualizada de las casillas cuya votación se solicita que se anule en cada caso; y

En la mención individualizada de la causal de nulidad que se invoca para cada una de ellas o para la elección.

La observancia de ambas exigencias es obligatoria para el justiciable, por las razones siguientes: 1) porque la ley le impone su cumplimiento exclusivamente a la parte apelante; 2) además, lo anterior es indispensable, debido a que se fijan los extremos de los agravios que hace valer el recurrente ante este Tribunal; y, 3) finalmente, dado que se evita que los partidos políticos o coaliciones impugnen irreflexivamente, la votación recibida en aquellas casillas en donde no existen indicios que hagan presumir la probable actualización de alguna de las causales de nulidad previstas por el artículo 218 del Código Electoral del Distrito Federal, en atención a que, dicho ordenamiento legal se encuentra dirigido a tutelar la participación de la ciudadanía en los comicios locales, y por excepción, establece las condiciones especiales para la procedencia de las impugnaciones que se hagan valer.

Por consecuencia, si el motivo de inconformidad aducido por el apelante adolece de la carencia de alguno de estos requisitos, de ello se sigue, válidamente, que los agravios no se encuentran debidamente configurados.

Con apoyo en lo expresado, de un estudio exhaustivo del escrito recursal, se desprende que el medio de impugnación mencionado no cumple con los extremos del artículo 253, fracción I, inciso e), en relación con la fracción II, inciso b), del mismo precepto legal, en atención a que, en el recurso de apelación en examen, no se puede tener por debidamente configurado el agravio que causa los actos combatidos, porque no se mencionan de manera individualizada las casillas cuya votación solicita que se anule en este caso.

En efecto, de una lectura cuidadosa del dispositivo referido con antelación, se advierte que en el presente recurso de apelación se impugna el cómputo total y la entrega de la constancia de mayoría respectiva, por ende, para que se tenga por debidamente configurado el agravio en estudio, además de los hechos de los cuales se desprenda la causa de pedir, deben ineludiblemente mencionarse de manera individualizada las casillas cuya votación solicite el apelante que se anule en el asunto de mérito.

De ahí, que en el presente caso para tenerse por debidamente configurado el agravio, el cual debe entenderse como ya se explicó, la lesión o afectación de los derechos e intereses jurídicos de una persona o los motivos de impugnación expresados en el recurso de apelación, es necesario que el justiciable señale tanto de manera individualizada las casillas impugnadas como las causales de nulidad que se invoquen en cada caso, pues de lo contrario, de no cumplirse tales requisitos, este Tribunal se encuentra impedido para subsanar dichas anomalías, en virtud de que no existe ningún precepto legal que lo faculte para formular algún requerimiento al apelante tendiente a reparar las irregularidades antes mencionadas.

Sentado lo anterior, del escrito de impugnación se aprecia que el apelante solicita la nulidad de las 319 (trescientas diecinueve) casillas, con fundamento en el artículo 218, inciso f), del Código aplicable, pues se limita a explicar que “... los incidentes señalados en la jornada electoral durante la sección (sic) en este Consejo, otro incidente que considero que afectó el cómputo a mi favor fue la no aceptación de acreditaciones por parte de los Presidentes de casilla hacia los representantes de partido y representantes generales, no pudiendo tomar su cargo en el momento oportuno para tener vigilancia por parte de nuestro partido y que de acuerdo al Código Electoral del Distrito Federal que en su artículo 218 inciso f), es causa de nulidad inclusive del total de la elección si se determina y comprueba que estos hechos sucedieron en más de un veinte por ciento de las casillas instaladas ...”.

No obstante lo anterior, de una revisión minuciosa de los autos que integran el expediente número TEDF-REA-042/2003, formado con motivo del recurso de apelación en estudio, no se localizó algún documento en el que se individualizaran tales casillas.

Asimismo, este Tribunal no puede realizar un examen oficioso de las 319 (trescientas diecinueve) casillas instaladas en el Segundo Distrito Electoral Uninominal, relativas a la elección de Diputados a la Asamblea Legislativa, por el principio de mayoría relativa, dado que el apelante tiene la carga procesal correspondiente a su individualización, así como de establecer circunstancias de tiempo, modo y lugar en el que sucedieron las presuntas irregularidades, a efecto de que la autoridad responsable, los terceros interesados, y en su caso, los coadyuvantes, tengan los elementos necesarios para realizar sus alegaciones o defensas correspondientes, pues de lo contrario, se les dejaría en estado de indefensión.

De lo expuesto, se colige que en la especie este Tribunal no puede configurar debidamente el agravio, porque el medio de impugnación respectivo se basa en hechos genéricos e imprecisos. Ello es así, porque el impugnante tiene la obligación de señalar en su escrito recursal los hechos en los que apoya la causal de nulidad que hace valer mencionando las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que éstos se suscitaron, debido a que le corresponde probar los hechos en que soporta su afirmación de conformidad con el numeral 264, párrafo segundo, del ordenamiento legal en cita; por lo que, si se advierte que el impugnante invoca una causal de nulidad, e impugna todas las casillas instaladas en el Segundo Distrito Electoral Uninominal, sin individualizar las casillas cuya nulidad reclama, resulta inconcuso que de los hechos expuestos en el escrito de nueve de julio del dos mil tres, no puede desprenderse el agravio correspondiente, dado que se carece de la mención individualizada de las casillas cuya votación se solicita que se anule en este caso.

Sirven como criterios orientadores, las tesis jurisprudencial y relevante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que establecen lo siguiente:

“NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA, DEBE IDENTIFICARSE LA QUE SE IMPUGNA, ASÍ COMO LA CAUSAL ESPECÍFICA. Es al demandante al que le compete cumplir, indefectiblemente, con la carga procesal de la afirmación, o sea, con la mención particularizada que debe hacer en su demanda, de las casillas cuya votación solicita se anule y la causal de nulidad que se dé en cada una de ellas, exponiendo, desde luego, los hechos que la motivan, pues no basta que se diga de manera vaga, general e imprecisa, que el día de la jornada electoral hubo irregularidades en las casillas, para que pueda estimarse satisfecha tal carga procesal, la cual reviste mayor importancia, porque, además de que al cumplirla da a conocer al juzgador su pretensión concreta, permite a quienes figuran como su contraparte —la autoridad responsable y los terceros interesados,— que en el asunto sometido a la autoridad jurisdiccional, acudan, expongan y prueben lo que a su derecho convenga. Si los demandantes son omisos en narrar los eventos en que descansan sus pretensiones, falta la materia misma de la prueba, pues malamente se permitiría que a través de los medios de convicción se dieran a conocer hechos no aducidos, integradores de causales de nulidad no argüidas de manera clara y precisa, y así, ante la conducta omisa o deficiente observada por el reclamante, no podría permitirse que la jurisdicente abordara el examen de causales de nulidad no hechas valer como lo marca la ley. Aceptar lo contrario, implicaría a la vez, que se permitiera al resolutor el dictado de una sentencia que en forma abierta infringiera el principio de congruencia, rector del pronunciamiento de todo fallo judicial.

Tercera Época:

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-052/98. Partido Acción Nacional. 28 de agosto de 1998. Unanimidad de seis votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-178/2001. Partido Acción Nacional. 30 de agosto de 2001. Mayoría de seis votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-330/2001. Partido Acción Nacional. 19 de diciembre de 2001. Unanimidad de seis votos.

Sala Superior, tesis S3ELJ 09/2002.

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, páginas 148-149.”

“SUPLENCIA EN LA EXPRESIÓN DE LOS AGRAVIOS. SU ALCANCE TRATÁNDOSE DE CAUSAS DE NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. El órgano jurisdiccional no está constreñido legalmente a realizar estudio oficioso alguno sobre causas de nulidad que no fueron invocadas por el actor, en atención a una pretendida suplencia de la queja o causa de pedir, pues tal como se establece en el artículo 52, párrafo 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es un requisito especial del escrito de demanda mencionar, en forma individualizada, las casillas que se pretendan anular y las causas que se invoquen en cada una de ellas; por lo que, si el actor omite señalar en su escrito de demanda de inconformidad, las causas de nulidad de la votación establecidas en el artículo 75 de la citada ley general, tal omisión no puede ser estudiada exoficio por la autoridad que conoce del juicio de inconformidad, puesto que tal situación no sería una suplencia de la queja, sino una subrogación total en el papel de promovente, cosa totalmente ilegal, a menos que de los hechos expuestos en la demanda se puedan deducir agravios, que pongan de manifiesto la actualización de una causa de nulidad de la votación, en términos de lo dispuesto en el artículo 23 párrafo 1, de la ley adjetiva citada.

Recurso de reconsideración. SUP-REC-006/2000. Coalición Alianza por México. 16 de agosto de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez. Secretario: Armando I. Maitret Hernández.

Sala Superior, tesis S3EL 138/2002.

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, página 765.”

Por consiguiente, resulta evidente para este Tribunal que la carencia de los requisitos a que se refiere el artículo 253, fracción I, inciso e), en relación con la fracción II, inciso b), del propio numeral, del cuerpo legal mencionado, deviene necesariamente, en forma manifiesta e indubitable, en declarar inatendible el presente motivo de inconformidad, por las razones que fueron explicadas con anterioridad.

Octavo. Por último, el Partido Revolucionario Institucional solicita:

“C. Que con motivo de las irregularidades anteriores, se actualiza en la elección de Diputados a la Asamblea Legislativa, por el principio de mayoría relativa, en el Segundo Distrito Electoral Uninominal, la causal de nulidad de la elección señalada por el artículo 219, inciso a), del Código de la materia, debido a que las anomalías expuestas en los agravios A y B se acreditan en por lo menos el veinte por ciento de las casillas, en el ámbito correspondiente a la elección impugnada;

Lo anterior, porque según el recurrente, se trastocan en su detrimento los principios rectores de la función electoral, dispuestos por los artículos 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso f), en relación con el 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 120 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; y 1º y 3º del Código Electoral del Distrito Federal.”

Este Tribunal concluye que dicho concepto de violación es infundado, en atención a las consideraciones de derecho siguientes:

La autoridad responsable, en la parte conducente de su informe circunstanciado manifiesta que en el presente asunto no se actualiza la causal de nulidad de la elección contenida en el artículo 219, inciso a), del Código de la materia, porque de las constancias presentadas por el partido recurrente y de los elementos que aporta y ofrece como pruebas, se advierte que no se cumplen con los extremos de la misma.

Por su parte, el tercero interesado expresa que no se acreditan los hechos que hace valer el apelante, toda vez que del análisis de los supuestos agravios, no se desprende la actualización de ninguna de las causales de nulidad que pudieran afectar los resultados en las casillas, y en consecuencia, que pudieran afectar el resultado de la elección. En tal virtud, solicita se desestimen los agravios esgrimidos por el apelante.

Ahora bien, para el estudio del presente agravio esta autoridad jurisdiccional analizará en forma adminiculada, las pruebas aportadas y ofrecidas por las partes, así como todos y cada uno de los elementos que integran el expediente TEDF-REA-042/2003, y que serán valoradas atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 265, párrafo primero, del ordenamiento legal en cita.

Al efecto, el apelante invoca que con motivo de las supuestas irregularidades que tuvieron lugar el día de la jornada electoral en las casillas que impugnó del Segundo Distrito Electoral Uninominal, se actualizó en la especie la causal de nulidad prevista en el artículo 219, inciso a), del Código Electoral del Distrito Federal, al violarse los principios rectores de la función electoral.

La causal de nulidad de la elección invocada dice a la letra:

“Artículo 219. Son causas de nulidad de una elección las siguientes:

a) Cuando alguna o algunas de las causas señaladas en el artículo anterior se acrediten en por lo menos el veinte por ciento de las casillas, en el ámbito correspondiente a cada elección;

Sólo podrá ser declarada nula la elección en un distrito electoral o en todo el Distrito Federal, cuando las causas que se invoquen hayan sido plenamente acreditadas y sean determinantes para el resultado de la elección.”

De la lectura pormenorizada de dicha causal de nulidad, y para el caso que nos ocupa, será necesario la actualización de los elementos para su configuración, siendo aquellos los siguientes:

Que en el veinte por ciento de las casillas instaladas en el Segundo Distrito Electoral Uninominal, para la elección de Diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por el principio de mayoría relativa, se hayan acreditado alguna o algunas de las causales señaladas por el artículo 218 del mismo ordenamiento legal; y

Que las causas que se invoquen hayan sido plenamente acreditadas y sean determinantes para el resultado de la citada elección.

En consecuencia, y para verificar si en el caso concreto se actualizan los elementos antes precisados, se procede a su análisis en los términos siguientes:

La autoridad responsable a través de su informe circunstanciado, localizable en la foja 6 (seis) del Volumen I del expediente TEDF-REA-042/2003, informa que aprobó la instalación de 319 (trescientas diecinueve) casillas para el día de la jornada electoral, en el Segundo Distrito Electoral Uninominal, para la elección de Diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por el principio de mayoría relativa.

Luego entonces, el veinte por ciento requerido por el precepto legal en análisis equivale a 63 (sesenta y tres) casillas.

Ahora bien, en términos de lo analizado en los considerandos sexto y séptimo de la presente resolución, se concluye que en ninguna casilla fue declarada nula la votación recibida en la misma, por virtud de la actualización de las causales de nulidad invocadas por el apelante, respecto de cada una de ellas.

En consecuencia, se concluye que al no anularse ninguna casilla, no se configura la causal de nulidad de la elección invocada. En tal virtud, se tiene por no satisfecho el primero de los elementos ya enunciados para tal efecto.

Respecto al segundo de los elementos, este Tribunal considera que el mismo no se actualiza en el presente caso, habida cuenta que guarda una estrecha relación con la efectiva configuración del primero de ellos.

En efecto, es importante destacar que para el estudio correspondiente al segundo de los elementos y decidir si en la especie acontece la condición “determinante”, es imprescindible la actualización del porcentaje exigido de casillas anuladas por el supuesto normativo; y toda vez que en el presente recurso no se actualiza el primer elemento, deja de abordarse el estudio de la condición “determinante”.

Por consiguiente, este cuerpo colegiado concluye que el agravio esgrimido respecto de las supuestas violaciones a los principios rectores de la función electoral por parte de los funcionarios de las mesas directivas de casilla cuya votación fue impugnada, durante la sesión del cómputo total, no tuvieron lugar, habida cuenta que del estudio realizado en los considerandos sexto y séptimo, e inclusive en el presente, resulta inconcuso que el agravio en estudio deviene infundado.

Noveno. Ahora bien, en relación con el Partido Acción Nacional, de igual forma hace valer como agravio D, que el día de la jornada electoral, en la casilla 1296 contigua 1 se actualizó la causal de nulidad dispuesta en el artículo 218, inciso a), del Código aplicable, porque se instaló sin causa justificada en lugar distinto al señalado por el consejo distrital correspondiente.

Sobre el particular, este Tribunal observa que dicho motivo de inconformidad resulta idéntico al identificado con la letra A aducido por el Partido Revolucionario Institucional, resultando además, que lo expresado por la autoridad responsable en su informe circunstanciado y lo señalado por el tercero interesado es igual a lo que se hizo valer en aquél concepto de violación.

En tal virtud, y a efecto de evitar repeticiones innecesarias en el presente apartado, este Tribunal determina que el agravio en comento resulta infundado, siendo aplicables en el presente caso los razonamientos que fueron expuestos en el considerando sexto de este fallo, los cuales se tienen por reproducidos a la letra a fin de sostener la determinación anterior.

Décimo. Por lo que se refiere al agravio identificado con la letra E el Partido Acción Nacional hace valer en este motivo de inconformidad, la actualización de la causal de nulidad contenida en el artículo 218, inciso f), del Código Electoral del Distrito Federal, en un total de 116 (ciento dieciséis) casillas, porque a su juicio, se violó el principio de certeza, en virtud de que se impidió el acceso de sus representantes a las casillas el día de la jornada electoral.

Dicha causal de nulidad, la hace valer respecto de la votación recibida en las casillas siguientes: 943 básica, 943 contigua, 944 contigua 1, 945 básica, 945 contigua, 949 contigua 1, 950 básica, 950 contigua 1, 951 básica, 951 contigua 1, 952 básica, 952 contigua 1, 959 básica, 959 contigua 1, 960 básica, 960 contigua 1, 961 básica, 961 contigua 1, 962 contigua 1, 964 básica, 964 contigua 1, 965 básica, 977 básica, 979 básica, 982 básica, 982 contigua 1, 983 básica, 983 contigua 1, 984 básica, 984 contigua 1, 986 básica, 986 contigua 1, 989 básica, 994 contigua 1, 995 contigua 1, 997 básica, 1001 contigua, 1002 contigua 3, 1004 básica, 1004 contigua 1, 1005 contigua 1, 1006 contigua 1, 1009 básica, 1009 contigua 1, 1015 básica, 1016 básica, 1019 básica, 1019 contigua 1, 1020 básica, 1020 contigua 1, 1021 básica, 1021 contigua 1, 1027 básica, 1027 contigua 1, 1028 contigua 1, 1028 contigua 2, 1030 contigua 1, 1031 básica, 1031 contigua 1, 1032 contigua 1, 1034 contigua 1, 1038 contigua 1, 1039 básica, 1040 básica, 1041 básica, 1042 básica, 1042 contigua, 1043 básica, 1043 contigua 1, 1044 básica, 1044 contigua 1, 1047 básica, 1047 contigua 1, 1048 contigua 1, 1049 básica, 1050 contigua 1, 1052 contigua 1, 1053 contigua 1, 1055 contigua 1, 1056 contigua 1, 1057 básica, 1058 contigua 1, 1059 básica, 1060 contigua 1, 1062 contigua 1, 1064 básica, 1064 contigua 1, 1065 básica, 1067 básica, 1068 básica, 1068 contigua 1, 1072 básica, 1074 contigua 1, 1075 básica, 1078 básica, 1214 básica, 1217 contigua 1, 1217 contigua 2, 1219, 1253 básica, 1254 básica, 1256 contigua 1, 1257 básica, 1257 contigua 1, 1296 contigua 1, 1451 contigua 1, 1455 básica, 1455 contigua 1, 1457 básica, 1457 contigua 1, 1460 contigua 1, 1462 contigua 1, 1466 básica, 1466 contigua 1, 1467 básica y 1495 básica.

Al respecto, la autoridad responsable en su informe circunstanciado manifiesta que este agravio del recurrente, éste lo expresa de forma general y vaga, pues no aporta datos o elementos en el que se haya realizado la supuesta irregularidad que aduce. Por consiguiente, concluye que en la especie no tuvo lugar la violación manifestada por el apelante.

Asimismo, el tercero interesado al referirse a esta causal invocada por el recurrente, manifiesta que los supuestos agravios y hechos aducidos son falsos, de los cuales no se desprende causal de nulidad alguna.

Una vez precisados los argumentos vertidos por las partes, se procede a determinar si en el presente caso y respecto de las casillas señaladas, se actualiza la causal de nulidad establecida en el artículo 218, inciso f), del Código de la materia.

Previo al análisis del agravio esgrimido por el apelante, en relación con esta causal conviene señalar el marco normativo en que se encuadra.

Al respecto, es importante señalar que este supuesto se relaciona con el derecho de los partidos políticos para registrar hasta dos representantes propietarios y un suplente, ante cada mesa directiva de casilla, y representantes generales a razón de uno por cada diez casillas electorales, conforme a lo establecido en el artículo 169, incisos a) y b), del Código Electoral del Distrito Federal.

La actuación de los representantes generales de los partidos y los representantes acreditados ante las mesas directivas de casilla, se regula en el artículo 170 del Código invocado, que a la letra establece:

“Artículo 170. La actuación de los representantes de los partidos para la jornada electoral está sujeta a las normas comunes siguientes:

Ejercerán su cargo exclusivamente ante las mesas de casilla para las que fueron acreditados;

Tendrán el derecho de observar y vigilar que el desarrollo de la elección se apegue a las disposiciones de este código;

En ningún caso ejercerán o asumirán las funciones de los integrantes de las mesas de casilla, no obstaculizarán el desarrollo normal de la votación en las casillas;

Se deberán acreditar ante el presidente de la casilla mediante su nombramiento respectivo; y

Podrán portar en el lugar visible durante todo el día de la jornada electoral, un distintivo de hasta dos punto cinco por dos punto cinco centímetros, con el emblema del Partido Político o coalición al que representen y con la leyenda visible de “representante”.

Participarán en la instalación de la casilla y contribuirán al buen desarrollo de sus actividades hasta su clausura;

Podrán presentar en cualquier momento escritos de incidentes o de protesta y solicitar que los mismos se asienten en actas;

Se les deberá entregar copia legible de las actas de la jornada electoral, de escrutinio y cómputo y, en su caso, de incidentes, elaboradas en la casilla, mismas que deberán firmar, pudiéndolo hacer bajo protesta con mención de la causa que la motiva; y

Podrán acompañar al Presidente de la Mesa de Casilla, al Consejo Distrital correspondiente, para hacer entrega de la documentación y el expediente electoral.

Los representantes generales verificarán la presencia de sus representantes ante las mesas de casilla, recibirán de los mismos informes y los auxiliarán en sus funciones, pudiendo presentar escritos de incidentes y de protesta. Sólo por inasistencia o ausencia definitiva del representante de casilla, el representante general podrá sustituirlo sus funciones, sin que pueda presentarse más de un representante general por casilla.”

Asimismo, en el artículo 179, inciso b), del mencionado código, se impone al Presidente del Consejo Distrital la obligación de entregar al presidente de cada mesa directiva de casilla, listas de los representantes con derecho a actuar en la casilla; en tanto, que el artículo 194 establece quiénes tienen derecho de acceso a las casillas, otorgando el inciso b), del numeral en cita, tal derecho a los representantes de los partidos políticos debidamente acreditados, en los términos que fija el artículo 169 antes invocado.

En el ámbito de la casilla, acorde con lo dispuesto en los artículos 96, inciso c), y 195 del referido código, corresponde al presidente de la mesa, tanto verificar la identidad de los representantes de los partidos políticos, de los auxiliares y de los observadores, como el ejercicio de la autoridad para preservar el orden y mantener la estricta observancia de la ley. Para ello, puede solicitar en todo tiempo, el auxilio de la fuerza pública, con objeto de ordenar el retiro de la casilla, de cualquier persona, incluyéndose desde luego a los representantes de los partidos políticos, que alteren gravemente el orden; impida la libre emisión del sufragio; viole el secreto del voto; realice actos que afecten la autenticidad del escrutinio y cómputo; o bien, intimide o ejerza violencia sobre los electores, los representantes de los partidos y los miembros de la mesa directiva de casilla. También podrá el presidente ordenar el retiro de los representantes generales de partido, cuando dejen de cumplir su función; coaccionen a los electores; o, en cualquier forma, afecten el desarrollo de la votación. En este sentido, el secretario de la casilla hará constar las causas del quebranto del orden y las medidas acordadas por el presidente, en el acta de incidentes que deberá firmarse por los funcionarios de la casilla y los representantes de los partidos acreditados ante la misma. Si algún funcionario o representante se negase a firmar, el secretario hará constar tal hecho.

Por otra parte, el Código Electoral del Distrito Federal, en su artículo 218, inciso f), establece:

“Artículo 218. La votación recibida en una casilla será nula cuando se acrediten circunstancias que afecten las garantías del procedimiento electoral para la emisión libre, secreta, directa y universal del sufragio, o por violación directa a las características con las que debe emitirse el sufragio, como son las siguientes:

f) Haber impedido el acceso a los representantes de los Partidos Políticos o haberlos expulsado, sin causa justificada.”

Esta causal de nulidad tutela el principio de certeza, para que no se generen dudas en torno a los resultados en una casilla electoral, garantizando la participación equitativa de los partidos políticos en la contienda electoral, de tal forma que el día de la jornada electoral, los partidos políticos, puedan presenciar, a través de sus representantes todos los actos que se realizan desde la instalación de la casilla hasta la entrega de la documentación y del paquete electoral, asegurando con ello el procedimiento electoral para la emisión libre, secreta, directa y universal del sufragio.

Dicha garantía hace posible la correcta vigilancia del desarrollo de la elección, actividad ésta, en la que son corresponsables los partidos políticos nacionales.

En este contexto, de la lectura del precepto legal antes referido, se puede concluir que para la actualización de dicha causal, en el caso concreto, es preciso que se acredite plenamente, que sin causa justificada, se impidió el acceso a la casilla a los representantes del partido político recurrente, o se les expulsó de ésta.

Al respecto, y para el análisis del agravio hecho valer, obran en el expediente en que se actúa, copias certificadas de:

Actas de la jornada electoral de las mesas de casilla impugnadas, que obran en autos de la foja 1,182 (mil ciento ochenta y dos) a la 1,388 (mil trescientas ochenta y ocho) del Volumen II del expediente TEDF-REA-082/2003.

Actas de escrutinio y cómputo de las mesas de casilla recurridas que constan de la foja 863 (ochocientas sesenta y tres) a la 1,181 (mil ciento ochenta y uno) del Volumen II; del expediente TEDF-REA-082/2003 acumulado al TEDF-REA-042/2003.

Actas de incidentes de las mesas directivas de casilla impugnadas de la foja 682 (seiscientos ochenta y dos) a la 792 (setecientos noventa y dos), del Volumen II del expediente en que se actúa.

Los nombramientos que el partido político recurrente realizó para acreditar a sus representantes ante las mesas directivas de casilla, localizables en el Volumen III de la foja 1,842 (mil ochocientos cuarenta y dos) a la 1,993 (mil novecientos noventa y tres) del expediente TEDF-REA-082/2003 acumulado al TEDF-REA-042/2003.

La lista de sustituciones de representantes ante las mesas directivas de casilla del Partido Acción Nacional, que obra en la foja 50 (cincuenta) del Volumen I del expediente TEDF-REA-082/2003.

La “Lista de los representantes de los partidos políticos acreditados ante la mesa directiva de casilla” visible en el Anexo I del expediente TEDF-REA-082/2003.

Listas nominales de electores de las mesas directivas de casilla recurridas, las cuales constan en los Anexos I, II y III del expediente TEDF-REA-082/2003.

Documentales públicas a las que se les otorga pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 261, inciso a), 262, incisos a) y b), y 265, párrafo segundo, del Código Electoral local, y que serán valoradas para el análisis de la causal de nulidad en estudio, en forma adminiculada y atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, conforme lo establece el artículo 265, párrafo primero, del ordenamiento legal en cita.

Por su parte, el Partido Acción Nacional ofreció como pruebas de su parte y le fueron admitidas las siguientes:

1. Las documentales privadas, consistentes en los originales de los acuses de recibo de las relaciones de los representantes de casilla que corresponden al Partido Acción Nacional de fechas veintiocho y veintinueve de junio del año en curso, localizables de la foja 41 (cuarenta y uno) a la 49 (cuarenta y nueve) del Volumen I del expediente TEDF-REA-082/2003, a las cuales se les concede valor indiciario en términos de lo dispuesto por los numerales 261, inciso b), 262, párrafo segundo, y 265, párrafos primero y tercero, del Código Electoral del Distrito Federal.

2. La documental pública, consistente en copia certificada de los 35 (treinta y cinco) nombramientos de representantes generales de casilla del Partido Acción Nacional, visibles en el Anexo IV del expediente TEDF-REA-082/2003 acumulado al TEDF-REA-042/2003.

3. La documental pública, consistente en la copia certificada del acta de la sesión permanente del segundo Consejo Distrital del Instituto Electoral del Distrito Federal, visible de la foja 1,616 (mil seiscientos dieciséis) a la 1,640 (mil seiscientos cuarenta) del Volumen III del expediente TEDF-REA-082/2003.

Cabe señalar, que a las pruebas identificadas con los numerales 2 y 3 se les confiere valor probatorio pleno de acuerdo a lo previsto por los artículos 261, inciso a), 262, inciso c), y 265, párrafos primero y segundo del Código de la materia.

4. La instrumental de actuaciones en todo lo que beneficie a los intereses del Partido Acción Nacional, de conformidad con los numerales 261, inciso e), y 265, párrafos primero y tercero del Código Electoral local.

5. La presuncional en su doble aspecto legal y humana, en todo lo que favorezca al instituto político apelante, en términos de los artículos 261, inciso d), y 265, párrafos primero y tercero, del ordenamiento legal invocado.

Con base en los elementos probatorios enumerados con antelación, se procede a verificar si durante la jornada electoral en las casillas impugnadas estuvieron presentes o no algún representante del Partido Acción Nacional, así como si existe constancia tanto de que se les haya impedido su acceso o se les hubiere expulsado sin causa justificada de las mismas, como lo afirma el apelante, en términos del artículo 264, párrafo segundo, del Código de la materia.

Precisado lo anterior, a continuación se inserta un cuadro analítico, con el que se establece mediante el signo de “X”:

En la columna A, si los representantes del Partido Acción Nacional firmaron las actas de la jornada electoral;

En la columna B, si los representantes del partido apelante, firmaron las actas de escrutinio y cómputo respectivas;

En la columna C, si los representantes del instituto político recurrente, firmaron las actas de incidentes correspondientes;

En la columna D, si en el acta de incidentes se aprecia algún evento relacionado con la expulsión de los representantes del Partido Acción Nacional acreditados ante la casilla correspondiente, o se les hubiera impedido su acceso a las mismas, en ambos casos sin causa justificada; y

En la columna E, si los representantes acreditados del Partido Acción Nacional ante las mesas directivas de casilla impugnadas, votaron en las mismas, de conformidad con el numeral 191, párrafo último, del código de la materia.

Cabe señalar, que los datos torales del ejercicio valorativo en comento, se centran esencialmente en las columnas A, B, C, y D, y que los asentados en la columna E servirán de apoyo a este órgano jurisdiccional, a efecto de deducir si se surten en cada caso los extremos del artículo 218, inciso f), del Código de la materia.

Por último, es necesario precisar que en las celdas donde se asiente la expresión “No hay” significa que a pesar de que medió requerimiento para que la autoridad responsable hiciera llegar a este Tribunal las actas de incidentes respectivas, la autoridad electoral administrativa desahogó dicha solicitud contestando que dentro de los paquetes electorales correspondientes, no se localizó tal documento. Adicionalmente, cabe señalar que la autoridad responsable en el oficio CDII/1048/03 de fecha treinta y uno de julio del año en curso, localizable en el Anexo I del expediente TEDF-REA-082/2003, afirmó categóricamente lo siguiente:

1. Por una parte, respecto de las 25 (veinticinco) casillas 945 contigua, 950 básica, 950 contigua 1, 951 contigua 1, 960 básica, 960 contigua 1, 979 básica, 984 contigua 1, 986 básica, 986 contigua 1, 994 contigua 1, 995 contigua 1, 1001 contigua, 1016 básica, 1027 básica, 1027 contigua 1, 1039 básica, 1040 básica, 1055 contigua 1, 1057 básica, 1060 contigua 1, 1253 básica, 1455 básica, 1457 contigua 1 y 1462 contigua 1, que “... no se reportan incidentes, por lo que no se encontraron en el paquete electoral Actas de Incidentes de estas casillas”.

2. En relación con las 4 (cuatro) casillas identificadas con los números 943 básica, 1005 contigua 1, 1052 contigua 1 y 1068 contigua 1, “... en las actas de jornada electoral se reportan incidentes, sin embargo, no aparecieron las actas de incidentes dentro de los paquetes electorales”.

Sentado lo anterior, del análisis de las documentales antes enunciadas se desprende lo siguiente:

Precisado lo anterior, en primer lugar es necesario dejar sentado que este órgano jurisdiccional dejará de analizar la casilla 1219 en atención a que el recurrente no especifica el carácter de la misma, dado que, de las constancias que corren agregadas a los expedientes, se advierte que existe tanto la básica como la contigua; de ello, se sigue que en la especie el justiciable no cumplió los extremos previstos por el artículo 253, fracción II, inciso b), del Código de la materia, toda vez que no individualizó en forma adecuada la casilla referida.

De igual forma, este órgano colegiado deja analizar las casillas 945 básica y 1074 contigua 1, porque de una lectura cuidadosa de los documentos por medio de los cuales el Partido Acción Nacional solicitó al segundo Consejo Distrital del Instituto Electoral del Distrito Federal, la acreditación de sus representantes ante las mesas directivas de casilla, se observa que dicho instituto político no acreditó a ciudadano alguno para que fungiera con tal carácter el día de la jornada electoral, según se aprecia de los anexos 1, 2 y 3, del apartado de pruebas del escrito recursal interpuesto por el instituto político actor.

Ahora bien, del cuadro que antecede este Tribunal arriba a las conclusiones siguientes:

1. En 4 (cuatro) casillas, las cuales son: 1020 básica, 1028 contigua 2, 1042 básica, y 1043 básica, se advierte que el Partido Acción Nacional, contó con representación en todo momento, porque sus acreditados firmaron las actas de jornada electoral, de escrutinio y cómputo, y de incidentes, además de que en dicha acta nunca se relaciona algún evento tocante a su expulsión o a que se les hubiera impedido el acceso, sin causa justificada, e igualmente se aprecia que votaron dichas mesas directivas de casilla.

Por tanto, deviene infundado el agravio en cuestión respecto de las casillas antes enunciadas.

2. Por lo que hace a las 11 (once) casillas, siendo éstas 961 básica, 977 básica, 982 contigua 1, 1031 contigua 1, 1034 contigua 1, 1041 básica, 1048 contigua 1, 1072 básica, 1257 básica, 1257 contigua 1 y 1495 básica, se observa que los representantes del partido apelante, firmaron las actas de jornada electoral, de escrutinio y cómputo, y de incidentes, además de que estas últimas no refieren ningún evento relativo a su expulsión o a que se les hubiera impedido el acceso a aquéllas.

Por consiguiente, resulta inconcuso que el agravio en estudio es infundado porque no existe elemento probatorio alguno, que genere convicción en este juzgador en sentido contrario.

3. Respecto de las 27 (veintisiete) casillas identificadas con los números 959 básica, 959 contigua 1, 964 básica, 964 contigua 1, 965 básica, 982 básica, 983 básica, 983 contigua 1, 984 básica, 989 básica, 997 básica, 1002 contigua 3, 1004 básica, 1009 básica, 1015 básica, 1030 contigua 1, 1032 contigua 1, 1038 contigua 1, 1042 contigua, 1044 contigua 1, 1058 contigua 1, 1062 contigua 1, 1075 básica, 1254 básica, 1451 contigua 1, 1466 básica y 1467 básica se observa que los representantes del instituto político impugnante, firmaron en todos los casos las actas de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo, siendo que en algunos de ellos votaron en la propia casilla, y en otros muchos no signaron el acta de incidentes, aclarando sobre este último particular, que en ninguna de dichas actas se refiere algún evento atinente a su probable expulsión o impedimento para ingresar a éstas, sin causa justificada.

En tal virtud, el agravio en cuestión deviene infundado.

4. Ahora bien, en lo relativo a las 4 (cuatro) casillas siguientes: 1028 contigua 1, 1047 contigua 1, 1056 contigua 1 y 1256 contigua 1, se desprende que los representantes del partido impetrante si bien es cierto, no firman las actas de jornada electoral, de escrutinio y cómputo y de incidentes y que además en estas últimas no se refiere ninguna irregularidad concerniente a la expulsión o al haberles impedido el acceso a las casillas, también lo es que dichos representantes emitieron su sufragio en las mencionadas casillas, porque quedó constancia de ello al final de las listas nominales de electores.

Por tanto, se arriba a la conclusión de que el motivo de inconformidad en examen resulta infundado.

5. Por otra parte, respecto de las 12 (doce) casillas que a continuación se enumeran 949 contigua 1, 962 contigua 1, 1043 contigua 1, 1047 básica, 1050 contigua 1, 1053 contigua 1, 1065 básica, 1067 básica, 1217 contigua 1, 1296 contigua 1, 1455 contigua 1 y 1466 contigua 1, se advierte que en todos los casos, los representantes del Partido Acción Nacional, firman el acta de jornada electoral, aunque ello no sucede en todas las ocasiones en relación con el acta de incidentes, las cuales nunca refieren irregularidades o anomalías concernientes a que se les hubiera expulsado o impedido su acceso, sin causa justificada.

No pasa inadvertido, que en algunas casillas, inclusive votaron los propios representantes del partido político actor; razón por la cual, el agravio hecho valer es infundado, por las consideraciones antes vertidas.

6. Acerca de las 2 (dos) casillas 943 contigua y 944 contigua 1, este órgano colegiado aprecia que los representantes del Partido Acción Nacional, si bien no firman las actas de jornada electoral y de escrutinio y cómputo, sí lo hacen respecto del acta de incidentes, advirtiendo que no aparece en dicha acta irregularidad alguna que guarde relación con la que se analiza en la especie; razón por la cual, resulta infundado el agravio en estudio.

7. En relación con las 2 (dos) casillas 1031 básica y 1044 básica, se observa que los representantes del partido apelante, firmaron en ambos casos el acta de escrutinio y cómputo, aunque dejaron de firmar las actas de jornada electoral y de incidentes. No obstante lo anterior, las actas de incidentes no refieren ninguna anomalía respecto de que se hubiera impedido el acceso de tales representantes o que se les hubiera expulsado sin causa justificada; en consecuencia, se determina que en el presente caso no se actualiza la causal de nulidad en estudio, por lo que deviene infundado dicho motivo de inconformidad.

8. En lo tocante a la casilla 1068 básica, se advierte que el representante del Partido Acción Nacional firmó las actas de escrutinio y cómputo así como de incidentes, observándose en este último caso, que no se asienta ningún dato relacionado con la causal de nulidad en estudio, por lo que se concluye que resulta infundado el concepto de violación en examen.

Sirve como criterio orientador de este Tribunal, para el análisis del concepto de violación identificado con el artículo 218, inciso f), del Código Electoral aplicable, la tesis de jurisprudencia sostenida por el otrora Tribunal Federal Electoral, cuyo rubro y texto son:

“IMPEDIR EL ACCESO A LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS O EXPULSARLOS SIN CAUSA JUSTIFICADA. CUANDO NO SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD. Si del análisis integral de las constancias que obran en el expediente como son las copias certificadas que obran en el expediente como son las copias certificadas del acta de la jornada electoral y de las hojas de incidentes, se desprende que el representante del partido político recurrente firmó los apartados correspondientes desde que se instaló la casilla y hasta que se cerró la votación, y que su rúbrica también figura en la parte relativa del acta de escrutinio y cómputo, aún bajo protesta y sin expresar el motivo de la misma, se debe concluir que no se actualiza la causal de nulidad prevista en el artículo 287, párrafo I, inciso h) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, toda vez que a tal representante no se le impidió el acceso a la casilla ni tampoco se le expulsó de ella.

SC-I-RIN-095/94. Partido de la Revolución Democrática. 5-X-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-161/94 y Acumulado. Partido de la Revolución Democrática. 5-X-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-194/94 y Acumulado. Partido de la Revolución Democrática. 5-X-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-191/94 y Acumulado. Partido de la Revolución Democrática. 14-X-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-218/94. Partido de la Revolución Democrática. 14-X-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-160/94. Partido de la Revolución Democrática. 21-X-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-193/94. Partido de la Revolución Democrática. 21-X-94. Unanimidad de votos.”

9. Por último, respecto de las 50 (cincuenta) casillas identificadas con los números 943 básica, 945 contigua, 950 básica, 950 contigua 1, 951 básica, 951 contigua 1, 952 básica, 952 contigua 1, 960 básica, 960 contigua 1, 961 contigua 1, 979 básica, 984 contigua 1, 986 básica, 986 contigua 1, 994 contigua 1, 995 contigua 1, 1001 contigua, 1004 contigua 1, 1005 contigua 1, 1006 contigua 1, 1009 contigua 1, 1016 básica, 1019 básica, 1019 contigua 1, 1020 contigua 1, 1021 básica, 1021 contigua 1, 1027 básica, 1027 contigua 1, 1039 básica, 1040 básica, 1049 básica, 1052 contigua 1, 1055 contigua 1, 1057 básica, 1059 básica, 1060 contigua 1, 1064 básica, 1064 contigua 1, 1068 contigua 1, 1078 básica, 1214 básica, 1217 contigua 2, 1253 básica, 1455 básica, 1457 básica, 1457 contigua 1, 1460 contigua 1 y 1462 contigua 1, se advierte que no existe referencia alguna respecto a la presencia de algún representante del Partido Acción Nacional, durante el desarrollo de la jornada electoral, el escrutinio y cómputo, la clausura de casilla y el traslado de los paquetes electorales al segundo Consejo Distrital del Instituto Electoral del Distrito Federal.

No obstante lo anterior, este Tribunal determina que resulta infundado el agravio en estudio, debido a los razonamientos siguientes:

El Partido Acción Nacional expresó en su escrito recursal, que los días veintiocho y veintinueve de junio de dos mil tres, presentó ante la autoridad responsable, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 169 del Código Electoral del Distrito Federal, tres relaciones a efecto de acreditar a un total de 35 (treinta y cinco) representantes generales, y a 321 (trescientos veintiún) representantes ante las mesas directivas de casilla, según se aprecia en los anexos 1, 2 y 3 que como pruebas se adjuntaron al medio de impugnación respectivo. No pasa inadvertido señalar, que la parte actora afirma que acreditó a 324 (trescientos veinticuatro) representantes de casilla, empero, de la revisión acuciosa realizada por este Tribunal sólo se contabilizaron 321 (trescientos veintiuna) acreditaciones.

Con fecha cinco de julio de dos mil tres, el partido apelante presentó a la autoridad responsable un escrito por medio del cual solicitó la sustitución de 4 (cuatro) de sus representantes generales, lo cual se demuestra con la probanza identificada como anexo número 4 del escrito recursal en estudio.

Ahora bien, este Tribunal advierte que en los apartados 1.6 y 1.9 del escrito recursal, el apelante manifiesta lo siguiente:

“1.6. Siendo aproximadamente las nueve horas del día seis de julio y estando la sesión constituida en pleno de forma permanente, empezaron los primeros reportes de mi representada, sobre las anomalías en la instalación de casillas, en donde de diversos puntos del Distrito Electoral segundo del Distrito Federal, se me informaba que no se habían llegado a instalar en tiempo, y que a mis representantes de casilla inclusive a varios de mis representantes generales, no se les permitía el ingreso a la casilla y mucho menos se les permitía acreditarse ante las mismas, porque sus nombramientos no habían llegado con el paquete electoral, asimismo también se puso en la mesa de sesiones...”

“1.9. De regreso los integrantes de la comisión que se había formado durante el transcurso de la mañana, nos encontramos con la sorpresa que el consejo se encontraba en receso, y sin que los demás consejeros estuvieran presentes en el local del H. Segundo Consejo Distrital Electoral Local del Distrito Federal, motivo por el cual, no había forma de requisitar, al consejo sobre los nombramientos que no habían llegado a las mesas de casilla, resultando también evidente ...”

En este contexto, en el apartado de agravios, “primero,” párrafo cuarto, el Partido Acción Nacional manifestó que:

“Es el caso que como consecuencia directa de la acción de impedir el acceso al local de las casillas, por parte de los funcionarios de casilla, y de la omisión del H. Segundo Consejo Distrital Electoral Local del Instituto Electoral del Distrito Federal, de remitir conjuntamente al paquete electoral las acreditaciones de mis representantes de casilla y de mis representantes generales que ocasiona a mi representada el Partido Acción Nacional, un estado de indefensión absoluto, toda vez que no tuvo la oportunidad de presentar ni hacer valer por ningún medio las impugnaciones dentro de las casillas en donde se presentó esta anomalía de forma por demás recurrente, por lo que de forma por demás arbitraria se limitó a un treinta y siete por ciento de los acreditados de mi representada, a intervenir dentro de las casillas que más adelante detallaré.”

Sobre el particular, este órgano jurisdiccional aprecia que el partido político impetrante incurre en un desacierto en sus afirmaciones, por las consideraciones siguientes:

El artículo 85, incisos m) y n), del Código de la materia, prevén que los consejos distritales dentro del ámbito de su competencia, tienen la atribución tanto de registrar los nombramientos de los representantes que los partidos políticos acrediten para la jornada electoral, como de expedir la identificación de los representantes de los partidos en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas a partir de su registro, y en todo caso cinco días antes de la jornada electoral.

De acuerdo a lo dispuesto por el numeral 96, inciso c), del Código Electoral local, es atribución de los presidentes de las mesas de casilla, verificar la identidad de los representantes de los partidos políticos, de los auxiliares y de los observadores que realizarán sus funciones el día de la elección.

De conformidad con el artículo 169 del Código Electoral del Distrito Federal, los partidos políticos tendrán derecho a nombrar representantes ante las casillas electorales, de acuerdo con las reglas previstas por ese propio dispositivo legal.

De igual forma, se aprecia que el inciso e) del numeral en comento, prevé que el presidente y secretario del consejo distrital sellarán y firmarán los nombramientos respectivos y los devolverán a los partidos políticos, a más tardar cinco días antes de la elección, conservando una relación de los mismos para su entrega a los presidentes de mesas de casilla y asistentes electorales.

Es importante señalar, que los párrafos penúltimo y último del referido precepto legal, disponen los mecanismos para subsanar cualquier omisión en que incurra, ya sea el partido político solicitante, o el Consejero Presidente del Consejo Distrital, cuando sin causa justificada, no resuelva favorablemente la solicitud respectiva.

Ahora bien, con fundamento en el artículo 170, inciso d), del cuerpo legal en cita, la actuación de los representantes de los partidos políticos está sujeta, entre otras normas, a la consistente en que se deberán acreditar ante el presidente de la casilla mediante su nombramiento respectivo.

En este contexto, el numeral 179, inciso b), del Código aplicable, establece que los presidentes de los consejos distritales entregarán a cada presidente de la mesa de casilla, dentro de los cinco días previos al anterior de la elección y contra el recibo detallado correspondiente, entre otros insumos, el concerniente a la relación de los representantes de los partidos ante la casilla, que fueron registrados en el Consejo Distrital Electoral. Al respecto, es necesario precisar que tal dispositivo legal, en ningún apartado establece que se entregará a los presidentes de las mesas de casilla, las acreditaciones o nombramientos de los representantes de cada uno de los partidos políticos, sean éstos ante la casilla o de carácter general.

Por su parte, el artículo 194, incisos b) y e), del Código invocado, señala que tendrán derecho de acceso a las casillas, entre otros, los representantes de los partidos políticos ante la mesa de casilla, debidamente acreditados en los términos de este código; así como los representantes generales, quienes permanecerán en las casillas el tiempo necesario para cumplir con las funciones que les fija el propio código.

De lo anterior se desprende, que los nombramientos de los representantes de los partidos políticos acreditados ante las mesas de casilla, no forman parte de la documentación electoral que se entrega al presidente de cada casilla, dado que, sólo se les proporciona la relación de los representantes de los partidos ante la casilla referida, registrados en el Consejo Distrital Electoral.

Ello es así, porque los nombramientos o acreditaciones registrados por el consejo distrital, se devolverán a los partidos políticos cinco días antes de los comicios, con la finalidad de que los institutos políticos se los entreguen a los ciudadanos que fungirán con tal carácter, el día de la jornada electoral, a efecto de que estén en posibilidad de acreditarse con esa calidad ante el presidente de cada mesa de casilla.

Por consiguiente, la afirmación del Partido Acción Nacional consistente en que las acreditaciones o nombramientos de sus representantes debían encontrarse en poder de los presidentes de casilla, resulta inexacta, toda vez que por una parte, dichos funcionarios electorales sólo tienen acceso a la relación de los representantes de los partidos políticos acreditados ante la propia casilla y que fueron registrados por el consejo distrital y, por otro lado, que corresponde a cada partido político entregar los nombramientos respectivos a cada uno de los ciudadanos que ostentarán ese cargo el día de la jornada electoral.

De ahí, que se concluya que el segundo Consejo Distrital Electoral no incurrió en ninguna omisión, como lo afirma el partido recurrente, debido a que como ya se explicó, los nombramientos o acreditaciones de los representantes de los partidos políticos, no forman parte de la documentación y el material electoral que se entregará a los presidentes de las mesas de casilla por los presidentes de los consejos distritales, según lo dispuesto por el artículo 179 del Código Electoral de la Entidad.

Asimismo, es importante destacar que si los presidentes de casilla impiden el acceso a los ciudadanos, que si bien se encuentran registrados en la “Lista de los representantes de los partidos políticos acreditados ante la mesa directiva de casilla”, pero no presentan su nombramiento o acreditación respectivo, resulta inconcuso que sí existe una causa justificada para impedir su acceso a la casilla, toda vez que no se surten los extremos de los artículos 96, inciso c), 170, inciso d), 179, inciso b), y 194, inciso b), del Código Electoral del Distrito Federal.

Por otro lado, resulta evidente que si en las casillas referidas los ciudadanos que fungirían como representantes del Partido Acción Nacional no acreditaron dicha calidad, se infiere que no pudieron presentar durante la jornada electoral los escritos de incidentes y de protesta para que éstos fueran consignados en el acta respectiva, en términos del numeral 97, inciso e), del Código Electoral local.

A mayor abundamiento, el partido político apelante, no demuestra en el recurso de marras, que sí entregó en tiempo y forma a los ciudadanos que actuarían como sus representantes ante las mesas de casilla, los nombramientos o acreditaciones correspondientes, a fin de que éstos pudieran válidamente solicitar a los presidentes de casilla, que les reconocieran dicho carácter, a efecto de evitar que se les impidiera el acceso a las mismas con causa justificada, e igualmente, tampoco se acredita en el expediente en que se actúa, que los representantes sí hubieran acudido a las casillas a cumplir sus funciones como representantes de partido.

De igual forma, el recurrente no acredita a este cuerpo colegiado, que la autoridad responsable hubiera incurrido en la omisión de entregarle en tiempo y forma, las acreditaciones o nombramientos de sus representantes, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 169, inciso e), del Código de la materia, pues en caso contrario, si se advirtiera la inobservancia de tal situación, ello conllevaría para el justiciable, el incumplimiento de una obligación que efectivamente trastocaría su derecho a acreditar representantes ante las mesas directivas de casilla. Además, es menester precisar, que cuando las solicitudes de registro no reúnan alguno o algunos de los requisitos, se regresarán al partido político solicitante, para que dentro de los tres días siguientes, subsanen las omisiones, aclarando que, vencido el término señalado sin corregirse la omisión, no se registrará el nombramiento respectivo. Finalmente, cabe señalar que en caso de que el Consejero Presidente del Consejo Distrital no resuelva dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la solicitud o niegue el registro, el partido político interesado podrá solicitar al Consejero Presidente del Consejo General, que registre a sus representantes de manera supletoria, lo cual no sucedió en la especie.

Aunado a lo anterior, este Tribunal después de realizar una minuciosa revisión de la documentación que corre agregada a los autos del expediente en que se actúa, consistente en las actas de la jornada electoral, de escrutinio y cómputo y de incidentes de cada una de las casillas impugnadas, se aprecia que en las mismas fueron acreditados representantes de otros institutos políticos diferentes al que obtuvo el primer lugar en la elección de Diputados a la Asamblea Legislativa, por el principio de mayoría relativa, en el Segundo Distrito Electoral Uninominal, según se observa en el cuadro que a continuación se inserta: