JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL.

EXPEDIENTE: SUP-JRC-249/2003.

ACTOR: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

AUTORIDAD RESPONSABLE: PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL.

MAGISTRADO PONENTE: LEONEL CASTILLO GONZÁLEZ.

SECRETARIO: JOSÉ HERMINIO SOLÍS GARCÍA.

México, Distrito Federal, a once. de septiembre de dos mil tres.

V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-249/2003, promovido por el Partido Acción Nacional, en contra de la sentencia de diez de agosto de dos mil tres, dictada por el Tribunal Electoral del Distrito Federal, en el recurso de apelación TEDF-REA-048/2003; y,

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Antecedentes. El seis de julio de dos mil tres se celebraron elecciones en el Distrito Federal, para elegir diputados a la Asamblea Legislativa por el principio de mayoría relativa, entre otros, en el Distrito Electoral XXV.

El siete siguiente, el XXV Consejo Distrital del Instituto Electoral del Distrito Federal realizó el cómputo distrital de la elección a diputados a la Asamblea Legislativa, en el que se obtuvieron los siguientes resultados:

El ocho de julio, el Consejo Distrital anteriormente referido expidió y entregó la constancia de mayoría a la fórmula de candidatos postulada por el Partido de la Revolución Democrática.

SEGUNDO. Recurso de apelación. El once de julio, el Partido Acción Nacional, por conducto de su representante, Venustiano Reyes Reyes, interpuso recurso de apelación contra los actos indicados en el resultando que antecede.

Al respecto hizo valer irregularidades graves, no reparables durante la jornada electoral, así como otras causas de nulidad.

Las casillas impugnadas y las causas de nulidad invocadas fueron las siguientes:

El diez de agosto, el Pleno del Tribunal Electoral del Distrito Federal resolvió en la siguiente forma: consideró parcialmente fundado el recurso de apelación, declaró la nulidad de la votación recibida en nueve casillas, modificó los resultados consignados en el acta de cómputo distrital, en virtud de no cambiar el ganador de la elección, confirmó la declaración de validez y la entrega de la constancia de mayoría de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a la fórmula de candidatos postulada por el Partido de la Revolución Democrática, lo cual se notificó el once siguiente al Partido Acción Nacional.

TERCERO. Juicio de revisión constitucional electoral. El quince de agosto, el Partido Acción Nacional promovió juicio de revisión constitucional electoral en contra de la resolución señalada.

Una vez que se realizó el trámite correspondiente, la autoridad responsable remitió a este órgano jurisdiccional la demanda, el expediente del juicio de inconformidad, el informe circunstanciado, las constancias de publicitación y el escrito presentado por el Partido de la Revolución Democrática, en su carácter de tercero interesado.

El dieciocho siguiente, se recibió la demanda en esta Sala Superior, donde el Magistrado Presidente turnó el expediente al magistrado Leonel Castillo González, para su substanciación, quien mediante proveído de diez de septiembre de dos mil tres, dictó auto de radicación.

El mismo día, el Magistrado Instructor admitió la demanda y, por considerar que el expediente se encontraba debidamente substanciado, declaró cerrada la instrucción.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción, y la Sala Superior es competente, para conocer y resolver el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso b), y 189, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el 87 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un juicio de revisión constitucional electoral.

SEGUNDO. Presupuestos procesales y requisitos especiales de procedibilidad. Éstos también están reunidos, como se explica enseguida.

1. Forma. La demanda se presentó por escrito ante la autoridad responsable y, en ella, consta el nombre y firma del actor, se identifica el acto impugnado y la autoridad responsable, se mencionan los hechos materia de la impugnación y se expresan los agravios que se estiman pertinentes.

2. Oportunidad. La demanda se presentó dentro del plazo de cuatro días, que fija el artículo 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda vez que la sentencia impugnada fue notificada el once de agosto del año en curso y la demanda se presentó el quince siguiente ante la responsable.

3. Legitimación. El juicio de revisión constitucional electoral fue promovido por parte legítima, conforme a lo previsto por el artículo 88, apartado 1, de la ley citada, ya que el actor es un partido político.

4. Personería. Respecto al promovente Venustiano Reyes Reyes, se acredita en los términos del artículo 88, apartado 1, inciso b), del ordenamiento legal citado, porque se trata de la persona que promovió el medio de impugnación al cual le recayó la resolución reclamada y está reconocida por la autoridad responsable

5. Actos definitivos y firmes. El requisito de definitividad y firmeza, previsto en el artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y desarrollado en el artículo 86, apartado 1, incisos a) y f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se encuentra cumplido, porque se reclama una sentencia de fondo, respecto de la cual no se encuentra previsto en la legislación del Distrito Federal, algún recurso, juicio o medio de defensa, por el cual pudiera ser revocada, modificada o nulificada, ni alguna posibilidad de revisión oficiosa con iguales efectos.

6. Violación a algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este requisito se satisface, porque en la demanda se aduce que la resolución impugnada resulta violatoria de los artículos 16, 41 fracción IV, 116 fracción IV inciso b), y 122 apartado C fracción V inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

7. La violación reclamada puede ser determinante para el resultado final de la elección. Este requisito se encuentra satisfecho, porque la pretensión del actor consiste en que se declare la nulidad de la votación recibida en ochenta y tres casillas de las instaladas en el Distrito Electoral XXV del Distrito Federal, de la elección de Diputados a la Asamblea Legislativa por el Principio de Mayoría Relativa, la que en caso de ser acogida, y sumadas a las nueve casillas cuya nulidad decretó la autoridad responsable, sumarían noventa y dos casillas, que exceden del veintisiete por ciento de las trescientas treinta y seis casillas instaladas en ese distrito, con todo lo cual se podría actualizar la causal de nulidad de la elección prevista en el artículo 219 inciso a) del Código Electoral del Distrito Federal.

8. Posibilidad y factibilidad de la reparación. La reparación solicitada es material y jurídicamente posible, antes de la fecha fijada para la instalación de la nueva Asamblea Legislativa del Distrito Federal, toda vez que los artículos 7 y 8 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en relación con el diverso 39 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, la Asamblea se instalará el próximo catorce de septiembre.

TERCERO. Improcedencia. En el informe circunstanciado la autoridad responsable, y de manera coincidente el Partido de la Revolución Democrática, por medio de su representante propietario Javier Ceja Pérez, con la calidad de tercero interesado que tiene ese ente político, hacen valer las siguientes causas de improcedencia del presente juicio.

Que el juicio de revisión constitucional electoral es improcedente porque la violación reclamada no es determinante para el resultado final de la elección para diputados por el principio de mayoría relativa a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Resulta inatendible la invocada causa de improcedencia, porque de resultar fundados los agravios aducidos por el Partido Acción Nacional se anularía la elección, toda vez que, el promovente solicita la invalidez de la elección, por considerar que en el distrito electoral XXV del Distrito Federal, se debe declarar la nulidad en más del veinte por ciento de las casillas instaladas en la demarcación correspondiente.

En otro aspecto, consideran improcedente el presente medio de impugnación vinculado con los acuerdos emitidos el trece de febrero y nueve de mayo del año en curso, respectivamente, por el Consejo General y el XXV Consejo Distrital del Instituto Electoral del Distrito Federal, pues la aplicación de los mismos ocurrió el seis de julio  en que tuvo lugar la jornada electoral, en tanto que la demanda del juicio de revisión constitucional electoral se promovió el quince de agosto último, es decir, con cuarenta días de diferencia.

Esta argumentación es inatendible.

De las constancias que conforman el recurso de apelación, antecedente del presente medio de impugnación, se evidencia que el once de julio del presente año el Partido Acción Nacional se inconformó contra los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados a la Asamblea Legislativa por el principio de mayoría relativa, al XXV Distrito Electoral, y frente al acto jurídico con que culminó el mencionado recurso, promovió la presente instancia extraordinaria, argumentando, entre otros aspectos, la inconstitucionalidad de los acuerdos dictados por las mencionadas autoridades administrativas electorales, y como acto concreto de aplicación de los mismos la resolución sometida a la consideración de esta Sala Superior.

Así las cosas, como el partido actor considera que los acuerdos de observancia general, trascendieron a su esfera jurídica generándole un perjuicio que se traduce en una afectación al invocarlos la autoridad responsable como fundamento de su resolución impugnada, de ahí que resulta incuestionable que a partir de ese acto concreto de aplicación  surgió el derecho para combatirlos, y en esas circunstancias, se estima que la calificación de los agravios pertinentes se hará al momento de proveer sobre el fondo del problema planteado.

Por otra parte, el tercero interesado señala que el actor no hace valer la violación de preceptos constitucionales, omisión que, a su decir, es suficiente para tener por colmados los supuestos de improcedencia del juicio de revisión constitucional electoral.

Es infundada la causa de improcedencia en mención porque es suficiente para tener por satisfecho el requisito de procedencia previsto en el artículo 86, apartado 1, inciso b) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque en la demanda se invoca la violación de los artículos 16, 41 fracción IV, 116 fracción IV inciso b), y 122 apartado C fracción V inciso f) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la medida en que, dicho requisito, debe entenderse como una exigencia formal y no como el resultado del análisis de los agravios propuestos por el partido actor, en razón de que, ello implicaría entrar al fondo del juicio antes de su admisión y tramitación.

Al respecto, es aplicable la tesis de jurisprudencia J.2/97, visible en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, páginas 117-118, que señala:

“JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. INTERPRETACIÓN DEL REQUISITO DE PROCEDENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 86, PÁRRAFO 1, INCISO B), DE LA LEY DE LA MATERIA. Lo preceptuado por el artículo 86, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, referente a que el juicio de revisión constitucional electoral sólo procederá contra actos o resoluciones: Que violen algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe entenderse en un sentido formal, relativo a su establecimiento como requisito de procedencia, y no al análisis propiamente de los agravios esgrimidos por el partido impugnante, toda vez que ello supone entrar al fondo del juicio; por lo tanto, dicho requisito debe considerarse que se acredita cuando en el escrito correspondiente se hacen valer agravios debidamente configurados, esto es, que éstos precisen claramente los argumentos o razonamientos enderezados a acreditar la afectación del interés jurídico del promovente, derivado de la indebida aplicación o incorrecta interpretación de determinada norma jurídica en el acto o resolución impugnado, por virtud de los cuales se pudiera infringir algún precepto constitucional en materia electoral, toda vez que ello supondría la presunta violación de los principios de constitucionalidad y legalidad electoral tutelados en los artículos 41, párrafo segundo, fracción IV, y 116, párrafo segundo, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; o sea, que de los agravios esgrimidos se advierta la posibilidad de que se haya conculcado algún precepto constitucional en la materia, resultando irrelevante que se citen o no los artículos constitucionales presuntamente violados, ya que, de conformidad con el artículo 23, párrafo 3o., de la ley general citada, en la presente vía este órgano jurisdiccional, ante la omisión de los preceptos jurídicos presuntamente violados o su cita equivocada, resuelve tomando en consideración los que debieron ser invocados o los que resultan aplicables al caso concreto. Por lo anterior, la omisión o cita errónea de los preceptos constitucionales presuntamente violados no tiene como consecuencia jurídica el desechamiento del juicio de revisión constitucional electoral.”

También resulta infundada la causa de improcedencia prevista en el artículo 86, apartado 1, inciso e) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, consistente en que la promoción del juicio de revisión constitucional electoral se encuentra supeditada a que la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales, porque el artículo 266 párrafo tercero del Código Electoral del Distrito Federal, acota la solución de los recursos de apelación en que se impugnen cómputos totales y constancias de mayoría o asignación a más tardar treinta y cinco días antes de la toma de posesión de diputados.

Se robustece la consideración que antecede pues, cuando se establece en el artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 86, párrafo 1, inciso d), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, como requisito especial de procedibilidad del juicio de revisión constitucional electoral “que la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales”, se refiere únicamente a los períodos temporales fijados por las leyes para llevar a cabo los actos de que se compone el proceso electoral, como por ejemplo, la depuración del padrón electoral, la elaboración de las listas nominales, la integración e instalación de los órganos electorales, el registro de candidatos, la campaña electoral, la jornada electoral, el escrutinio y cómputo de la elección, etcétera; sin que en esto queden comprendidos los lapsos previstos legalmente para deducir las acciones, realizar los trámites y dictar las resoluciones en los medios de impugnación correspondientes, los que más que plazos electorales son plazos procesales.

Esto se evidencia si se tiene presente que la finalidad perseguida con el establecimiento de este requisito de procedibilidad se pretende garantizar la satisfacción del cometido esencial de los procesos electorales, que consiste en que se lleven a cabo los comicios, se determinen los representantes populares electos y se ponga a éstos en posesión de sus cargos o se instalen los organismos correspondientes, sin que esto pueda ser impedido en modo alguno, ni siquiera mediante una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Por otra parte, si se toman en consideración los términos breves que ordinariamente se encuentran en las leyes procesales electorales para la resolución de los medios de impugnación, y que el juicio de revisión constitucional sólo procede después de que aquellos se hayan agotado, esto pone en evidencia que si incluyeran los plazos procesales en el concepto de plazos electorales contenidos en las disposiciones constitucional y legal que se interpretan, el juicio de revisión constitucional se haría nugatorio, porque prácticamente nunca procedería dado que cuando se actualizara el requisito consistente en haber agotado los medios ordinarios, ya sería imposible la reparación material y jurídica de las violaciones cometidas al resolver esos medios ordinarios.

Por tanto, contrariamente a lo sostenido por el tercero interesado, el hecho de que ya se hayan agotado los plazos fijados en el párrafo tercero del artículo 266 del Código Electoral del Distrito Federal, para resolver los recursos de apelación, no impide que se satisfaga el requisito de procedibilidad en comento.

El anterior criterio se encuentra inmerso en la tesis relevante de esta Sala Superior, consultable en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002,página 627, del siguiente tenor:

“PLAZOS ELECTORALES. CONCEPTO Y DIFERENCIA CON LOS PLAZOS PROCESALES (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 99, PÁRRAFO CUARTO, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN). El artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 86, párrafo 1, inciso d), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al establecer como requisito especial de procedibilidad del juicio de revisión constitucional electoral que la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales, se refiere únicamente a los períodos fijados por las leyes para llevar a cabo los actos del proceso electoral, como son, por ejemplo, la depuración del padrón electoral, la elaboración de las listas nominales, la integración e instalación de los órganos electorales, el registro de candidatos, la campaña electoral, la jornada electoral, el escrutinio y cómputo de la elección, etc., y en modo alguno a los lapsos previstos legalmente para deducir las acciones, realizar los trámites y dictar las resoluciones en los medios de impugnación correspondientes, que no son plazos electorales sino procesales. Esto se evidencia si se tiene presente que la finalidad perseguida con el establecimiento de este requisito consiste en que se lleven a cabo los comicios, se determinen los representantes populares electos, se ponga a éstos en posesión de sus cargos o se instalen los organismos correspondientes, sin que esto pueda ser impedido, ni siquiera mediante una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, si se toman en consideración los términos breves que se encuentran en las leyes procesales electorales para la resolución de los medios de impugnación, y que el juicio de revisión constitucional sólo procede después de que aquellos se hayan agotado. Si se incluyeran los plazos procesales en el concepto de plazos electorales, el juicio de revisión constitucional se haría nugatorio, porque prácticamente nunca procedería dado que, cuando se actualizara el requisito consistente en haber agotado los medios ordinarios, ya sería imposible la reparación material y jurídica de las violaciones cometidas al resolver esos medios ordinarios.”

CUARTO. Las consideraciones de la resolución reclamada son del tenor siguiente:

“SEXTO. En el agravio identificado con la letra B, afirma el recurrente que se actualiza la causal de nulidad contenida en el artículo 218, inciso c), del Código Electoral del Distrito Federal, en 83 (ochenta y tres) casillas, del DISTRITO ELECTORAL XXV, a saber: 3217 contigua uno, 3370 contigua uno, 3370 básica, 3371 básica, 3385 contigua uno, 3388 contigua uno, 3389 básica, 3390 básica, 3391 contigua 3, 3397 contigua uno, 3478 básica, 3478 contigua uno, 3479 contigua uno, 3480 contigua dos, 3484 contigua uno, 3490 contigua uno, 3491 contigua 4, 3491 contigua dos, 3492 básica, 3493 contigua uno, 3499 básica, 3499 contigua uno, 3507 contigua uno, 3508 contigua uno, 3510 básica, 3512 básica, 3512 contigua uno, 3513 contigua dos, 3513 básica, 3514 contigua uno, 3518 básica, 3520 básica, 3521 básica, 3523 contigua uno, 3532 contigua uno, 3532 contigua dos, 3533 básica, 3543 contigua uno, 3543 básica, 3544 contigua uno, 3545 básica, 3548 básica, 3552 contigua uno, 3552 básica, 3553 básica, 3556 contigua uno, 3559 contigua uno, 3560 básica, 3561 básica, 3563 contigua uno, 3554 contigua uno, 3565 básica, 3566 contigua uno, 3567 contigua uno, 3569 básica, 3570 contigua uno, 3571 básica, 3571 contigua uno, 3579 básica, 3579 contigua uno, 3580 básica, 3580 contigua uno, 3581 contigua dos, 3586 contigua dos, 3586 contigua uno, 3589 básica, 3590 básica, 3590 contigua uno, 3591 básica, 3592 contigua uno, 3593 contigua uno, 3594 contigua uno, 3595 contigua dos, 3595 contigua uno, 3596 contigua uno, 3596 contigua dos, 3597 contigua uno, 3598 básica, 3600 básica, 3600 contigua uno, 3605 contigua dos, 3606 contigua uno y 3607 básica; en virtud de que el apelante manifiesta que en las mismas, la recepción de la votación se efectuó por personas distintas a las facultadas por el Código Electoral local.

La autoridad responsable, en su informe circunstanciado, manifiesta que son 65 (sesenta y cinco) las casillas impugnadas por dicha causal, siendo éstas: 3217 contigua uno, 3370 contigua uno, 3370 básica, 3371 básica, 3388 contigua uno, 3389 básica, 3391 contigua 3, 3478 básica, 3478 contigua uno, 3480 contigua dos, 3484 contigua uno, 3490 contigua uno, 3491 contigua 4, 3491 contigua dos, 3493 contigua uno, 3499 básica, 3499 contigua uno, 3507 contigua uno, 3508 contigua uno, 3510 básica, 3512 básica, 3512 contigua uno, 3513 contigua dos, 3513 básica, 3514 contigua uno, 3518 básica, 3532 contigua uno, 3532 contigua dos, 3533 básica, 3543 básica, 3544 contigua uno, 3545 básica, 3548 básica, 3552 contigua uno, 3552 básica, 3553 básica, 3559 contigua uno, 3560 básica, 3564 contigua uno, 3567 contigua uno, 3569 básica, 3570 contigua uno, 3571 básica, 3571 contigua uno, 3579 básica, 3579 contigua uno, 3580 básica, 3580 contigua uno, 3581 contigua dos, 3586 contigua dos, 3586 contigua uno, 3589 básica, 3590 básica, 3590 contigua uno, 3591 básica, 3592 contigua uno, 3593 contigua uno, 3594 contigua uno, 3595 contigua uno, 3596 contigua uno, 3596 contigua dos, 3600 contigua uno, 3605 contigua dos, 3606 contigua uno y 3607 básica.

Respecto de las 18 (dieciocho) casillas restantes, la autoridad electoral administrativa omitió hacer pronunciamiento alguno, a saber: 3385 contigua uno, 3390 básica, 3397 contigua uno, 3479 contigua uno, 3492 básica, 3520 básica, 3521 básica, 3523 contigua uno, 3543 contigua uno, 3556 contigua uno, 3651 básica, 3563 contigua uno, 3565 básica, 3566 contigua uno, 3995 contigua dos, 3597 contigua uno, 3598 básica y 3600 básica.

Asimismo, la autoridad responsable aduce que la votación recibida en las casillas se llevó a cabo de conformidad con los artículos 168 y 187 del Código Electoral del Distrito Federal y en cumplimiento al acuerdo de nueve de mayo de dos mil tres, aprobado por el XXV Consejo Distrital, no existiendo, por ende, violación directa a las características con que debe emitirse el sufragio.

Por lo que se refiere al tercero interesado, éste manifestó que no se actualiza la causal de nulidad en estudio, en virtud de que las sustituciones de los funcionarios de las mesas de casilla se realizó conforme a lo establecido en el Código Electoral del Distrito Federal.

Expuestos brevemente los argumentos que hacen valer las partes, se procede a determinar, si en las casillas impugnadas se actualiza la causal de nulidad invocada.

Para tal efecto, en primer término se estima conveniente precisar el marco normativo en que se encuadra la causal de nulidad de mérito.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 93, párrafo primero, del Código de la materia, las mesas de casilla son los órganos electorales formados por ciudadanos facultados para recibir la votación, que constituyen la autoridad electoral y que se integran por un presidente, un secretario, un escrutador y tres suplentes generales.

Por su parte, el artículo 168 de dicho ordenamiento legal, dispone el procedimiento para su integración, el cual comprende una doble insaculación y un curso de capacitación, encaminados a designar y preparar a los ciudadanos que ocuparán los cargos citados.

Por último, el artículo 187 del mismo Código, establece el procedimiento a seguir el día de la jornada electoral para la sustitución de dichos funcionarios, en el supuesto de que éstos no se presenten a desempeñar los cargos respectivos, disponiendo a la letra:

““Artículo 187. El primer domingo de julio del año de la elección ordinaria a las 8:00 horas, los ciudadanos Presidente, Secretario y Escrutador de las Mesas de las casillas nombrados como propietarios procederán a la instalación de la casilla en el lugar previamente señalado por el Consejo Distrital y en presencia de los representantes de partidos políticos que concurran. En ningún caso se podrán instalar las casillas antes de las 8:00 horas.

De no instalarse la casilla a las 8:15 horas conforme al párrafo anterior, pero estuviera el Presidente, éste designará a los funcionarios necesarios para su integración, recorriendo, en primer término y en su caso, el orden para ocupar los cargos de los funcionarios ausentes con los propietarios presentes y habilitando a los suplentes presentes para los faltantes, y en ausencia de los funcionarios designados, de entre los electores que se encuentren en la casilla; (sic)

Si no estuviera el Presidente, pero estuviera el Secretario, el Escrutador o los suplentes generales, en este orden, asumirán las funciones de Presidente de la casilla y procederá a integrarla en los términos señalados en el párrafo anterior.

Si no asistiera ninguno de los funcionarios de la casilla, el Consejo Distrital tomará las medidas necesarias para la instalación de la misma y designará al personal encargado de ejecutarlas y cerciorarse de su instalación. Cuando no sea posible la intervención oportuna del personal designado por el Consejo Distrital, a las 10:00 horas, encontrándose presentes más de dos representantes de los Partidos Políticos ante las Mesas de Casilla, designarán, por mayoría, a los funcionarios necesarios para integrar la Mesa de Casilla de entre los electores presentes.

En el supuesto previsto en el párrafo anterior, se requerirá la presencia de un notario público, quien tiene la obligación de acudir y dar fe de los hechos, en su defecto bastará que los representantes expresen su conformidad para designar, de común acuerdo, a los miembros de la Mesa de Casilla.

Integrada conforme a los anteriores supuestos, la Mesa de Casilla, iniciará sus actividades, recibirá válidamente la votación y funcionará hasta su clausura. Los miembros de la Mesa de Casilla no podrán retirarse sino hasta que ésta sea clausurada.”“

El precepto señalado protege los principios rectores de la función electoral de CERTEZA Y LEGALIDAD, mismos que se vulneran cuando la recepción de la votación se lleva a cabo por personas que carezcan de facultades legales para tal efecto.

Ahora bien, el inciso c) del artículo 218, del Código de la materia, prevé que:

““Artículo 218. La votación recibida en una casilla será nula cuando se acrediten circunstancias que afecten las garantías del procedimiento electoral para la emisión libre, secreta, directa y universal del sufragio, o por violación directa a las características con que debe emitirse el sufragio, como son las siguientes:

...

c) La recepción de la votación por personas distintas a los facultados por este Código;

...”“

De acuerdo con lo anterior, la causal de nulidad en comento se actualizará cuando se compruebe que la votación se recibió por personas distintas a las facultadas conforme al Código, entendiéndose como tales a las que fungiendo como funcionarios de casilla, no fueron nombradas de acuerdo con los procedimientos establecidos por la ley y, por tanto, no fueron insaculadas, capacitadas y designadas por su idoneidad para actuar el día de la jornada electoral en las casillas; así como aquellas que, en su caso, sustituyan a dichos funcionarios autorizados cuando éstos no acudan a desempeñar el cargo y que con ello se afecten las garantías del procedimiento electoral para la emisión libre, secreta, directa y universal del sufragio, o se violen directamente las características con que debe emitirse el mismo.

Ahora bien, en términos de lo manifestado por las partes, se considera que la causal invocada debe analizarse partiendo de la coincidencia plena que debe existir entre los nombres de las personas que fueron designadas, según el acuerdo aprobado por el XXV Consejo Distrital en sesión de nueve de mayo de dos mil tres, respecto de las personas que actuaron durante la jornada electoral como funcionarios de mesas directivas de casilla, según las correspondientes Actas de la Jornada Electoral.

Precisado lo anterior, para el análisis de la causal de nulidad que nos ocupa, este Tribunal toma en consideración las constancias siguientes:

a) Lista de ubicación e integración de las mesas de casilla, comúnmente llamada encarte, con el corte al veintidós de junio de dos mil tres, misma que obra a fojas de la veintisiete a la treinta y seis de autos, documental privada en términos de lo dispuesto por los artículos 261, inciso b), 262, párrafo segundo, y 265, párrafo tercero, del Código Electoral del Distrito Federal;

b) Copia certificada del Acuerdo del XXV Consejo Distrital de nueve de mayo del año en curso, por el que se designó a los ciudadanos que debían integrar las mesas de casilla, y se aprobó la lista de reserva para cubrir las bajas de los referidos ciudadanos; mismo que obra en autos a fojas de la mil cuatrocientos cuarenta y ocho a la mil quinientos veintidós de autos;

c) Copia certificada de las Actas de la Jornada Electoral, de Escrutinio y Cómputo, así como de Incidentes, de las casillas cuya votación se impugna, mismas que obran en autos de la foja mil ciento seis a la mil cuatrocientos treinta y nueve;

d) Copia certificada de diversos nombramientos de integrantes de las mesas de casilla, expedidos por el XXV Consejo Distrital, mismos que obran a fojas de la treinta y siete a la doscientos cincuenta y uno, inclusive, de autos; y

e) Original de las Listas Nominales de electores, bajo resguardo del XXV Consejo Distrital, que obran a fojas mil quinientos cincuenta y tres a dos mil cuatrocientos doce del expediente.”“

Por lo que se refiere a las constancias identificadas con los incisos b), c), d) y e), al ser documentales públicas, se les otorga pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 26, inciso a) 262, incisos a) y b) y 265, párrafo segundo, del Código Electoral local, las que serán valoradas para el análisis de la causal de nulidad en estudio, atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, conforme lo establece el artículo 265, párrafo primero, del ordenamiento legal en cita.

Para el estudio de las casillas impugnadas por la causal de nulidad en comento, este Tribunal estima adecuado realizar su análisis conforme al siguiente cuadro esquemático, en cuya primera columna se identifica la casilla de que se trata; en la segunda, constan los nombres de los funcionarios autorizados en el Acuerdo del XXV Consejo Distrital de nueve de mayo del año en curso; en la tercera, los nombres de las personas facultadas para actuar en la casilla y sus cargos, según el Encarte; en la cuarta, los nombres de los funcionarios que recibieron la votación y los cargos que ocuparon, conforme a lo asentado en las correspondientes Actas de la Jornada Electoral, y, en su caso, de Escrutinio y Cómputo; y por último, las observaciones con relación a dichas sustituciones.

DISTRITO XXV

DISTRITO XXV

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DISTRITO XXV

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DISTRITO XXV

DISTRITO XXV

DISTRITO XXV

DISTRITO XXV

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DISTRITO XXV

DISTRITO XXV

DISTRITO XXV

DISTRITO XXV

DISTRITO XXV

DISTRITO XXV

DISTRITO XXV

Con base en los datos anteriores, se procede a agrupar aquellas casillas que guardan similitud a efecto de estudiarlas en conjunto, evitando con ello incurrir en repeticiones innecesarias.

1. Por lo que se refiere a las casillas 3595 contigua dos y 3598 básica, no se detectó ninguna discrepancia entre los nombres de los funcionarios designados por el XXV Consejo Distrital y los que aparecen en las Actas de Jornada Electoral, las cuales obran en autos a fojas mil trescientos cincuenta y dos y mil trescientos cincuenta y ocho, respectivamente. Porque el agravio a estudio deviene INFUNDADO respecto a las casillas en comento.

2. Procede analizar las casillas 3217 contigua uno, 3389 básica, 3490 contigua uno, 3518 básica, 3532 contigua uno, 3533 básica, 3545 básica, 3552 básica, 3559 contigua uno, 3581 contigua dos, 3586 contigua dos y 3592 contigua uno.

Del cuadro que antecede se advierte que en estas casillas los ciudadanos que actuaron cuentan con sus respectivos nombramientos de funcionarios de casilla para actuar el día de la Jornada Electoral, los cuales les fueron expedidos por el XXV Consejo Distrital, y obran en autos a fojas de la treinta y siete a la doscientos cincuenta y uno, de ahí que no puede estimarse que la recepción de la votación hubiere estado a cargo de personas que carecían de facultades para hacerlo.

Es importante destacar que en todas las casillas mencionadas tuvo verificativo el procedimiento a que se refiere el artículo 187 del Código de la materia, y si bien éste no fue realizado en los términos exactamente ordenados por dicho precepto, esta irregularidad no puede ser considerada relevante, toda vez que el corrimiento se efectuó por ciudadanos que ya habían sido designados previamente por la autoridad electoral administrativa para fungir como funcionarios de mesa de casilla.

En tal virtud, aun cuando se advierte una irregularidad en el procedimiento de sustitución, la misma se considera menor, pues se considera que en la especie no se afectaron las garantías del procedimiento electoral, por lo que no se advierte la actualización de la causal de nulidad invocada y, consecuentemente, resulta INFUNDADO el agravio en análisis por lo que hace a estas casillas.

3. Enseguida se analizan las casillas 3370 básica, 3388 contigua uno, 3391 contigua tres, 3397 contigua uno, 3484 contigua uno, 3491 contigua cuatro, 3499 contigua uno, 3507 contigua uno, 3512 básica, 3512 contigua uno, 3520 básica, 3521 básica, 3523 contigua uno, 3532 contigua dos, 3548 básica, 3556 contigua uno, 3563 contigua uno, 3567 contigua uno, 3569 básica, 3570 contigua uno, 3579 contigua uno, 3580 contigua uno, 3586 contigua uno, 3590 básica, 3591 básica, 3594 contigua uno, 3595 contigua uno y 3597 contigua uno.

En este grupo se advierte que las personas que fungieron como funcionarios de casillas, según se desprende de las respectivas Actas de Jornada Electoral, fueron designadas previamente por la autoridad electoral administrativa para ocupar los cargos en las mesas de casilla de sus respectivas secciones electorales, tal como se acredita en la columna relativa al Acuerdo del XXV Consejo Distrital, que se encuentra agregado en autos a fojas de la mil cuatrocientos cuarenta y ocho a mil quinientos veintidós.

En consecuencia, y toda vez que no se acreditó circunstancia alguna que afecte las garantías del procedimiento electoral, así como tampoco las características con que debe emitirse el sufragio, esta autoridad jurisdiccional considera que el agravio hecho valer por el partido político recurrente es INFUNDADO, respecto de las casillas mencionadas.

4. Respecto a la casilla 3385 contigua uno, como se desprende del cuadro comparativo, el ciudadano Garfias Ortega José Félix actuó como escrutador en la mesa de casilla, sin aparecer en el encarte, ni en el Acuerdo del XXV Consejo Distrital; sin embargo, dicho ciudadano aparece registrado en la lista de reserva de funcionarios correspondiente al citado Consejo Distrital, la cual obra en autos a fojas de la mil cuatrocientos noventa y seis a mil quinientos veintidós.

Consecuentemente, la casilla mencionada se integró con un ciudadano que fue debidamente insaculado y capacitado por la autoridad responsable, amén de que dicho funcionario también pertenecía a la sección electoral respectiva, por lo que este Tribunal concluye, con relación a la citada casilla, que el agravio esgrimido por el actor en el presente asunto es INFUNDADO.

5. Respecto de las casillas 3371 básica, 3508 contigua uno, 3543 contigua uno, 3561 básica, 3564 contigua uno, 3566 contigua uno, 3580 básica, 3593 contigua uno, 3596 contigua uno, 3600 básica, 3605 contigua dos, 3606 contigua uno y 3607 básica, se advierte que los funcionarios que aparecen en las actas de la Jornada Electoral, y que no coinciden con los que se señalan en el encarte, en el Acuerdo del XXV Consejo Distrital, así como en los nombramientos expedidos por dicha autoridad electoral, fueron tomados de la fila de electores y se encuentran inscritos en el Listado Nominal de la sección electoral que corresponde a cada casilla, tal como se advierte del cuadro comparativo realizado para el estudio de la presente causal de nulidad; en virtud de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que los ciudadanos que se encuentran en el supuesto en comento, fueron debidamente autorizados en términos del artículo 94, inciso a), y 187 del Código de la materia, para desempeñar la función que desarrollaron el día de la Jornada Electoral.

En tal virtud, es posible concluir que los ciudadanos fueron autorizados para recibir la votación el mismo día en que ésta tuvo lugar, lo cual se encuentra contemplado como un caso de excepción en los preceptos invocados.

Por consiguiente, dado que en la especie, la actuación de estos ciudadanos en las casillas que nos ocupan, se apega a lo dispuesto en los artículos citados, es claro que ello no puede estimarse como una situación anómala que motive la nulidad de la votación recibida.

Sirven de criterio orientador las siguientes tesis de jurisprudencia y relevante, emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:

“PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. DEBEN ESTAR EN LA LISTA NOMINAL DE LA SECCIÓN Y NO SÓLO VIVIR EN ELLA.” (se transcribe).

“SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL.” (se transcribe)

En razón de lo anterior, por lo que se refiere a las casillas mencionadas, deviene INFUNDADO el presente agravio.

6. Ahora bien, en este apartado se analizan las casillas en las que, tal como se advierte del cuadro esquemático, concurren indistintamente dos de los siguientes tres supuestos: a) los ciudadanos se encuentran en el Acuerdo del XXV Consejo Distrital; b) dichas personas fueron tomadas de la fila de electores y figuran en el Listado Nominal de su sección electoral; o bien, c) les fue expedido nombramiento de funcionarios de casilla por el referido Consejo.

Así, las casillas donde se actualizan las hipótesis señaladas son las siguientes: 3390 básica, 3478 básica, 3478 contigua uno, 3479 contigua uno, 3480 contigua dos, 3491 contigua dos, 3492 básica, 3493 contigua uno, 3513 básica, 3514 contigua uno, 3543 básica, 3544 contigua uno, 3552 contigua uno, 3560 básica, 3571 básica, 3571 contigua uno, 3579 básica, 3589 básica, 3596 contigua dos y 3600 contigua uno.

En este contexto, toda vez que las tres hipótesis mencionadas han sido analizadas de manera individual en los apartados anteriores, este órgano jurisdiccional estima que los funcionarios que participaron en el desarrollo de la Jornada Electoral en las casillas de mérito, reúnen los requisitos que para tal efecto establece el Código Electoral local, pues de una u otra forma, se hallan autorizados como funcionarios de casilla, por lo que en el presente caso, el agravio relativo a la causal de nulidad que invoca el recurrente deviene INFUNDADO.

7. Por lo que se refiere a las casillas 3499 básica y 3510 básica, este Tribunal estima conveniente hacer las siguientes consideraciones:

En relación a la casilla 3499 básica, según se advierte del cuadro esquemático, la ciudadana Araujo González Beatriz fungió como secretaria en la mesa de casilla; sin embargo, del Encarte respectivo, así como del Acuerdo del XXV Consejo Distrital, aparece el nombre de Arroyo González Beatriz, por lo que se observa una discrepancia en el primer apellido.

En este sentido, si bien ello constituye una irregularidad, esto no es suficiente para declarar la nulidad de la casilla mencionada, por lo siguiente:

Obra en autos, de la foja mil quinientos cincuenta a la mil quinientos cincuenta y dos, el oficio CD XXV/638/07/03 de veinticinco de julio del año en curso, a través del cual el Secretario del XXV Consejo Distrital expresó en lo que interesa:

“...

No omito mencionar que, a fin de reunir toda información posible que permita mejor proveer conforme a derecho a ese H. Tribunal, esta Autoridad Electoral realizó una revisión de las casillas 3499 básica ..., impugnadas por la recurrente, habiendo detectado en las actas correspondientes levantadas en dichas casillas, en las listas nominales de esas secciones y en el encarte, lo siguiente:

a) Por cuanto hace a la casilla 3499 básica la persona que fungió como Secretaria C. Beatriz Araujo González, aparece en la Lista Nominal y en el encarte con el apellido paterno como “Arroyo”, ello debido a un error en la base de datos del Registro Federal de Electores del Instituto Electoral del Distrito Federal, que es quien emite las listas mencionadas de electores con fotografía y la credencial para votar. Ante tal situación, se verificó la identidad de dicha ciudadana resultando que Beatriz Araujo González y Beatriz “Arroyo” González es la misma persona, según se acredita con el documento de veintiuno de julio de dos mil tres que la propia interesada extendió y entregó personalmente ante este Consejo Distrital, mismo que en original acompaño al presente.

...”

Documental pública a la que se le otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 261, inciso a), 262, inciso b) y 265, párrafo segundo, del Código Electoral local, en virtud de haber sido expedida por un funcionario electoral dentro del ámbito de su competencia.

Asimismo, obra en autos a foja dos mil cuatrocientos veintitrés, escrito de veintiuno de julio del año en curso, signado por la ciudadana Beatriz Araujo González, en el cual se manifiesta lo siguiente:

““México, Distrito Federal a 21 de julio de 2003

A QUIEN CORRESPONDA:

La suscrita Beatriz Araujo González, manifiesto lo siguiente:

Que mi nombre correcto es el arriba mencionado y deseo manifestar que en la pasada jornada electoral del 6 de julio, me desempeñé con el cargo de secretario en la casilla 3499 de tipo Básica y en las actas correspondientes que se levantaron en la referida mesa directiva de casilla se asentó mi nombre como tal. Sin embargo, en mi credencial de elector con fotografía y en la lista nominal de electores con fotografía, mi nombre está registrado como Beatriz Arroyo González, situación que no he corregido en el Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral.

Por lo anterior deseo manifestar que Beatriz Araujo González y Beatriz Arroyo González soy la misma persona y puedo declararlo ante al autoridad electoral en caso de que así se me requiera.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

A T E N T A M E N T E

(RÚBRICA)

Beatriz Araujo González”“

Documental privada que a juicio de este órgano jurisdiccional hace prueba plena, por encontrarse relacionada con los demás elementos que obran en el expediente, en términos de lo dispuesto por los artículos 261, inciso b), 262, párrafo segundo, y 265, párrafo tercero, del Código Electoral del Distrito Federal.

De lo anterior se colige que la ciudadana Beatriz Araujo González, quien fungió como Secretario en la casilla que nos ocupa, es la misma persona que aparece en la base de datos del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, quien aparece bajo el nombre de Beatriz Arroyo González.

De tales circunstancias, se entiende perfectamente el por qué la autoridad responsable tiene registrado erróneamente el nombre de la ciudadana referida.

Aunado a lo anterior, cabe decir que de las Actas de Jornada Electoral y de Escrutinio y Cómputo, que obran en autos a fojas mil doscientos sesenta y nueve y mil ciento treinta y nueve, respectivamente, se desprende que la representante del Partido Acción Nacional, ante la mesa de casilla en estudio, ciudadana Rosa Martha Gómez Díaz de León, firmó ambas actas sin hacerlo bajo protesta.

Asimismo, de las Actas mencionadas se desprende que no se presentaron incidentes durante el desarrollo de la jornada electoral, ni durante el escrutinio y cómputo de los votos emitidos por los ciudadanos en la casilla en estudio, por lo que no existe en autos constancia alguna de la que se pueda inferir que el error en comento haya dado lugar a confusión respecto de la identidad de dicha persona o que su actuación hubiera dado lugar a irregularidades.

Por lo que se refiere a la casilla 3510 básica, según se advierte del cuadro esquemático, la ciudadana Marisol Morales Ríos fungió como presidente en la mesa de casilla; sin embargo, del Encarte respectivo, así como del Acuerdo del Consejo Distrital, aparece el nombre de Marisol Ríos Morales, observándose que los apellidos están invertidos entre sí.

En este sentido, si bien esto constituye una irregularidad, la misma es insuficiente para declarar la nulidad de la casilla mencionada, por lo siguiente:

Obra en autos a fojas mil quinientos cincuenta a mil quinientos cincuenta y dos, el oficio CD XXV/638/07/03 de veinticinco de julio del año en curso, a través del cual el Secretario del XXV Consejo Distrital expresó en lo que interesa:

“...

No omito mencionar que, a fin de reunir toda la información posible que permita mejor proveer conforme a derecho a ese H. Tribunal, esta Autoridad Electoral realizó una revisión de las casillas... y 3510 básica, impugnadas por la recurrente, habiendo detectado en las actas correspondientes levantadas en dichas casillas, en las listas nominales de esas secciones y en el encarte, lo siguiente:

...

b) En relación con la casilla 3510 básica, la persona que fungió como Presidente de la misma, Marisol Ríos Morales, aconteció que en las actas correspondientes levantadas en dicha casilla pro un error involuntario del Secretario, éste asentó sus apellidos en forma invertida: Morales como apellido paterno y Ríos como apellido materno. En tal virtud, es por ello que en la Lista Nominal y en el encarte el nombre de la ciudadana en mención aparece como Ríos Morales Marisol, no coincidiendo con el nombre asentado erróneamente en las actas de la casilla: Morales Ríos Marisol.

Ante tal situación, se verificó la identidad de dicha ciudadana resultando que, en efecto, los apellidos de la C. Marisol Ríos Morales se invirtieron al asentarse en las actas de casilla correspondientes, según se acredita con el documento de 21 de julio de 2003 que la propia interesada extendió y entregó personalmente ante este Consejo Distrital, juntamente con una copia de su credencial para votar con fotografía y una copia de su identificación para alumnos expedida por la Facultad de Ciencias de Universidad (sic) Nacional Autónoma de México, mismos documentos que me permito acompañar al presente.

Con lo anterior, se considera queda acreditado que Marisol Ríos Morales y Marisol Morales Ríos es la misma persona y fue la que legalmente se desempeño como Presidente de la Mesa Directiva de Casilla referida.

...”“

Documental pública al que, como ya se dijo, se le otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 261, inciso a), 262, inciso b) y 265, párrafo segundo, del Código Electoral local, en virtud de haber sido expedida por un funcionario electoral dentro del ámbito de su competencia.

Asimismo, obra en autos a fojas dos mil cuatrocientos veinticuatro, escrito de veintiuno de julio del año en curso, signado por la ciudadana Marisol Ríos Morales, en el cual se manifiesta lo siguiente:

““México, Distrito Federal a 21 de julio de 2003

A QUIEN CORRESPONDA:

La suscrita Marisol Ríos Morales, manifiesto lo siguiente:

Que mi nombre correcto es el arriba mencionado según lo acredito con la copia de mi credencial de elector, misma que adjunto a la presente.

Asimismo, deseo manifestar que en la pasada jornada electoral del 6 de julio, me desempeñe con el cargo de presidente en la casilla 3510 de tipo Básica y en las actas correspondientes que se levantaron en la referida mesa directiva de casilla se asentó mi nombre erróneamente con los apellidos invertidos, quedando en primer lugar el apellido materno y después el paterno.

Por lo anterior deseo manifestar que Marisol Ríos Morales es mi nombre correcto y puedo declararlo ante la autoridad electoral en caso de que así se me requiera.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

(RÚBRICA)

Marisol Ríos Morales”“

Documental privada que a juicio de este órgano jurisdiccional hace prueba plena, por encontrarse relacionada con los demás elementos que obran en el expediente, en términos de lo dispuesto por los artículos 261, inciso b), 262, párrafo segundo, y 265, párrafo tercero, del Código Electoral del Distrito Federal.

De lo anterior, se arriba a la convicción que los apellidos relativos a la ciudadana Marisol Ríos Morales, asentados en las respectivas Actas de Jornada Electoral y Escrutinio y Cómputo, fueron invertidos por el Secretario de la casilla en comento, pero que el orden correcto de los mismos es “Ríos Morales”.

Así, de dichas manifestaciones e infiere con precisión el error asentado en la mencionadas Actas.

Aunado a lo anterior, de las Actas de Jornada Electoral y de Escrutinio y Cómputo, que obran en autos a fojas mil doscientos setenta y siete y mil ciento cuarenta y siete, respectivamente, se desprende que la representante del Partido Acción Nacional ante la mesa de casilla, ciudadana Concepción Esperanza Martínez Alarcón, firmó ambas Actas sin hacerlo bajo protesta.

Por otra parte, si bien del Acta de Jornada Electoral se desprende que en el desarrollo de la misma sí hubo incidentes, ninguno de estos guarda relación con la irregularidad en comento.

Con todo lo anterior, este Tribunal Electoral arriba a la conclusión de que no ha lugar a decretar la nulidad de la votación en las casillas mencionadas, por las irregularidades mencionadas, pues como se ha expuesto, éstas son mínimas y no trascienden al resultado de la votación, lo cual se relaciona con el principio expresado en el aforismo latino “utile per inutile non vitiatur”, según el cual, en virtud de que lo útil no puede ser viciado por lo inútil, tal como se establece en el criterio orientador de la Tesis de Jurisprudencia cuyo rubro es “PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN”, misma que se tiene por reproducida en este apartado en obvio de repeticiones.

En consecuencia, y toda vez que no se acreditó circunstancia alguna que afecte las garantías del procedimiento electoral, así como tampoco las características con que debe emitirse el sufragio, esta autoridad jurisdiccional considera que el agravio hecho valer por el partido político recurrente, respecto de las casillas mencionadas, es INFUNDADO.

8. Por lo que se refiere a las casillas 3370 contigua uno, 3513 contigua dos, 3553 básica, 3565 básica y 3590 contigua uno, este órgano colegiado concluye lo siguiente:

Del cuadro esquemático de la causal en comento se desprende, por lo que hace a la casilla 3370 contigua uno, que la ciudadana Teresa Juárez Aguilar, quien fungió como secretario, no fue designada por la autoridad electoral administrativa para actuar con tal carácter, y menos aún apareció su nombre publicado en el encarte.

En tal virtud, se procedió a la revisión detallada de la Lista Nominal de electores de la sección correspondiente, la que arrojó como resultado que dicha persona no se encuentra inscrita en la misma.

Asimismo, por cuanto hace a la casilla 3513 contigua dos, según el cuadro esquemático, se desprende que el ciudadano Gerardo Rivera, quien fungió como escrutador, no fue designado por la autoridad electoral administrativa para actuar con tal carácter, y tampoco apareció su nombre publicado en el Encarte; asimismo, la revisión minuciosa de la Lista Nominal de electores de su sección, arrojó como resultado que dicha persona no se encuentra inscrita en la misma.

Por su parte, en relación a la casilla 3553 básica, se infiere que el ciudadano Julio Cesar Ríos Sánchez, quien actuó como escrutador, no fue designado por la autoridad electoral administrativa para fungir con tal carácter, y menos aún apareció su nombre publicado en el encarte.

En virtud de lo anterior, se procedió a una revisión cuidadosa de la Lista Nominal de electores correspondiente a su sección, concluyéndose que dicha persona no aparece registrada en la misma.

Por su parte, en relación a la casilla 3590 contigua uno, se infiere que la ciudadana Perla Prieto Paredes, quien actuó como secretaria, no fue designada por la autoridad electoral administrativa para fungir con tal carácter, y menos aún apareció su nombre publicado en el encarte; por lo que, después de una revisión acuciosa de la Lista Nominal de electores correspondiente a su sección, se concluyó que tal persona no aparece registrada en la misma.

Finalmente, es importante destacar que para el análisis de las casillas mencionadas, se acudió a la revisión de las Listas de nombramientos de funcionarios y de reserva, que obran como anexos en el Acuerdo del XXV Consejo Distrital de nueve de mayo del dos mil tres, mismas que obran a fojas de mil cuatrocientos cincuenta y cuatro a mil quinientos veintidós, del expediente en que se actúa, las que igualmente arrojaron un resultado negativo.

Después de analizar todos los elementos de prueba antes relacionados, es de concluirse que las personas que actuaron como funcionarios electorales en las casillas en estudio, no estaban facultadas pro el Código de la materia para desarrollar válidamente las funciones inherentes a los cargos que asumieron, por lo que se surten los extremos de la causal de nulidad invocada por el partido actor.

Sirve de criterio orientador de tesis de jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificada con la clave S3ELJ 13/2002, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:

“RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (Legislación del Estado de Baja California Sur y similares) (se transcribe)

Respecto de la casilla 3565 básica, tal como se desprende del cuadro esquemático, en las Actas de Jornada Electoral y Escrutinio y Cómputo no existió persona que fungiere como escrutador, siendo inconcuso que la referida casilla no se integró en los términos a que se refiere al artículo 93 del Código Electoral del Distrito Federa; por lo que, en el presente caso, le asiste la razón al recurrente, en el sentido de que la mesa directiva correspondiente no se conformó debidamente.

Lo anterior es así toda vez que el primer párrafo del mencionado numeral 93 del Código de la materia dispone que:

“Artículo 93. Las mesas de casilla, son los órganos electorales formados por ciudadanos que constituyen la autoridad electoral que tienen a su cargo de forma inmediata la recepción de la votación, integradas con un Presidente, un Secretario, un Escrutador, y tres suplentes generales.

...”

Del precepto legal en cita, se advierte que la integración de las mesas de casilla ésta compuesta por tres funcionarios, a saber: un presidente, un secretario y un escrutador.

Ahora bien, cada uno de estos funcionarios tiene a su cargo diversas atribuciones que le confiere la legislación electoral local para el debido desempeño de su cargo; en el caso del escrutador, éstas se encuentran claramente señaladas en el artículo 98 del Código de la materia, el cual establece lo siguiente:

“Artículo 98. Son atribuciones de los Escrutadores de las mesas de casilla:

a)      Contar antes del inicio de la votación y ante los representantes de Partidos Políticos que se encuentren presentes, las boletas electorales recibidas;

b)      Contar la cantidad de boletas depositadas en cada urna, y el número de electores anotados en la Lista Nominal de Electores;

c)       Practicar, conjuntamente con el Presidente y Secretario, ante los representantes de los Partidos Políticos presentes, el escrutinio y cómputo;

d)      Contar el número de votos emitidos a favor de cada candidato o fórmula regional;

e)      Auxiliar al Presidente o al Secretario en las actividades que les encomienden; y

f)        Las demás que les confiera este Código.”

Ahora bien, en el caso que no ocupa, al carecer la casilla en estudio del funcionario que debería asumir las atribuciones a que se refiere el artículo que antecede, este Tribunal arriba a la convicción de que la casilla de mérito no fue integrada debidamente.

Para arribar a la anterior conclusión, no es óbice el hecho de que no se hayan registrado irregularidades adicionales en esta casilla, pues el que no se haya integrado debidamente la mesa debe estimarse como una anomalía sustancial y no meramente circunstancial, que por tanto, constituye una franca transgresión al deseo manifestado del legislador ordinario de que los órganos receptores de la votación se integren por determinado número de personas, que deberán satisfacer ciertas cualidades, de lo contrario, se pone en entredicho el apego irrestricto a los principios de certeza y legalidad rectores de la función electoral.

Al respecto, sirve de criterio orientador la tesis de jurisprudencia identificada con la clave S3ELJ 32/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:

“ESCRUTADORES. SU AUSENCIA TOTAL DURANTE LA FASE DE RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN, ES MOTIVO SUFICIENTE PARA CONSIDERAR QUE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA SE INTEGRÓ INDEBIDAMENTE.” (se transcribe)

Consecuentemente, resulta FUNDADO el agravio en estudio por lo que hace la casilla de mérito.

En consecuencia, es de resolverse que en la especie se actualiza la causal de nulidad contenida en el artículo 218, inciso c), del ordenamiento legal invocado, y procede declarar la nulidad de la votación recibida en las casillas 3370 contigua uno, 3513 contigua dos, 3553 básica, 3590 contigua uno y 3565 básica.”

“SÉPTIMO. Procede el estudio del agravio C, en el que el recurrente aduce que en las siguientes 66 (sesenta y seis) que se identifican como: 3217 contigua uno, 3219 contigua uno, 3370 básica, 3370 contigua uno, 3371 básica, 3371 contigua uno, 3385 contigua uno, 3389 básica, 3390 básica, 3390 contigua uno, 3391 básica, 3391 contigua tres, 3397 contigua uno, 3478 contigua uno, 3480 contigua dos, 3490 contigua uno, 3491 contigua cuatro, 3492 contigua uno, 3496 básica, 3498 básica, 3499 básica, 3499 contigua uno, 3506 contigua uno, 3509 contigua uno, 3510 contigua uno, 3513 contigua uno, 3513 contigua dos, 3518 básica, 3519 contigua uno, 3521 básica, 3522 contigua uno, 3532 contigua uno, 3533 básica, 3536 contigua uno, 3541 contigua uno, 3542 básica, 3543 contigua uno, 3544 contigua uno, 3545 básica, 3545 contigua uno, 3548, contigua uno, 3553 básica, 3558 contigua uno, 3560 básica, 3561 básica, 3563 básica, 3563 contigua uno, 3564 contigua uno, 3566 contigua uno, 3579 contigua uno, 3580 básica, 3580 contigua uno, 3586 contigua dos, 3589 básica, 3589 contigua uno, 3590 básica, 3592 contigua uno, 3593 contigua uno, 3595 contigua dos, 3596 básica, 3596 contigua uno, 3596 contigua dos, 3597 contigua uno, 3598 contigua uno, 3600 contigua uno y 3605 básica, se actualiza la causal de nulidad prevista en el artículo 218, inciso d) del Código Electoral del Distrito Federal, dado que durante el escrutinio y cómputo de los votos, medió error o dolo que resulta irreparable y determinante para el resultado de la votación.

Al respecto, se impone señalar que no serán objeto de estudio las casillas 3370 contigua uno, 3513 contigua dos, 3553 básica, habida cuenta que tal como quedó precisado en el Considerando que antecede, este Tribunal decretó la nulidad de la votación recibida en las mismas, de ahí que no sea lógico ni necesario su examen, dado que éste sería ocioso al encontrarse excluida cualquier posibilidad de anular nuevamente la votación recibida en esas casillas.

Sentado lo anterior, conviene señalar que el artículo 218, inciso d) del Código de la materia, a la letra dice:

“Artículo 218. La votación recibida en una casilla será nula cuando se acrediten circunstancias que afecten las garantías del procedimiento electoral para la emisión libre, secreta, directa y universal del sufragio, o por violación directa a las características con que debe emitirse el sufragio, como son las siguientes:

...

d) Haber mediado dolo o error en la computación de los votos que sea irreparable y esto sea determinante para el resultado de la votación.

...”

Del texto transcrito se desprende que para la actualización de la causal en comento, deben acreditarse los siguientes extremos:

a)     Que haya mediado dolo o error en la computación de los votos;

b)     Que sea irreparable; y

c)     Que sea determinante para el resultado de la votación.

Por cuanto hace al “error”, éste debe entenderse como cualquier idea o expresión no conforme a la verdad o que tiene diferencia con el valor exacto, mismo que jurídicamente implica la ausencia de mala fe; por el contrario, el “dolo” debe ser considerado como una conducta que implica engaño, fraude, simulación o mentira, llevando implícita, por lo tanto, la mala fe.

Sobre este último concepto, también conviene precisar que en ningún caso podrá suponerse, sino que tiene que acreditarse plenamente, pues de no ser así, se presume la buena fe en la actuación de los funcionarios de casilla, lo que ocasiona que el estudio del agravio, parta de la base de un posible error.

Sirve de criterio orientador, la tesis de jurisprudencia del extinto Tribunal Federal Electoral, que a la letra dice:

“ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. ESTUDIO DE LA IMPUGNACIÓN GENÉRICA”. (se transcribe).

De acuerdo con la causal de nulidad en comento, el error o el dolo se dan con motivo del escrutinio y cómputo de los votos que llevan a cabo los integrantes de la mesa directiva de casilla. Cabe apuntar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 199 del Código de la materia, estas operaciones tienen por objeto determinar el número de electores que votó en la casilla; el total de votos emitidos a favor de cada uno de los partidos políticos, candidatos o coaliciones; el número de votos nulos y votos en blanco; así como el total de boletas sobrantes no utilizadas de cada elección.

Por otra parte, la “irreparabilidad” del error o dolo, se presenta cuando no es posible conciliar las inconsistencias que existen entre las cifras que se aprecian en los diversos rubros del acta de escrutinio y cómputo y en las demás constancias que obran en el expediente, máxime cuando habiéndose realizado la apertura de paquetes electorales, subsiste el error y no es posible obtener o inferir el dato omitido o controvertido o bien, componer y en su caso, ajustar las diferencias entre los diversos rubros.

Así se desprende de la tesis de jurisprudencia aprobada el veintidós de marzo de dos mil uno por el Pleno de este órgano colegiado, publicada con la clave TEDF2ELJ 011/2001, que textualmente dice:

“DOLO O ERROR EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. IRREPARABILIDAD, SU INTERPRETACIÓN.” (se transcribe).

El error o dolo será “determinante” para el resultado de la votación, desde una perspectiva cuantitativa o aritmética, cuando se refleje en una cantidad de votos que resulte igual o mayor a la diferencia numérica de los obtenidos por los contendientes que ocuparon el primero y segundo lugar de la votación, de tal forma, que si se dedujeran al primer lugar los votos emitidos o contabilizados en forma irregular, éste deje de ocupar dicha posición, en razón de que el ubicado en el segundo, alcance la misma votación o una superior.

Así lo ha considerado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis de jurisprudencia que enseguida se transcribe:

“ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUÁNDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN (Legislación del Estado de Zacatecas y similares).” (se transcribe).

No obstante lo anterior, debe advertirse que la determinancia, puede actualizarse también atendiendo a un criterio de carácter cualitativo, en aquellos casos en que aun cuando se advierte que la cantidad de votos irregulares no altera el resultado de la votación en la casilla respectiva, sí pone en duda el cumplimiento del principio constitucional de certeza que rige la función electoral y como consecuencia de ello, exista incertidumbre en el resultado de la votación, como en el caso de existir una serie de inconsistencias que se aprecian en el acta de escrutinio y cómputo y que implican un desaseo generalizado en la realización de estas operaciones.

Así lo ha sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis de jurisprudencia que a continuación se transcribe:

“NULIDAD DE ELECCIÓN O DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA CASILLA. CRITERIOS PARA ESTABLECER CUÁNDO UNA IRREGULARIDAD ES DETERMINANTE PARA SU RESULTADO”. (se transcribe)

Por consiguiente, sólo en el caso de que se colmen los extremos antes señalados, debe declararse la nulidad de la votación recibida en una casilla en términos de la causal en comento, pues estando en presencia de un error evidente en la computación de los votos, que además es irreparable y determinante para el resultado de la votación, es inconcuso que se afectan las garantías del procedimiento electoral para la emisión libre, secreta, directa y universal del sufragio, plasmadas en el primer párrafo del numeral 218 ya citado.

Esto es así, en razón de que cuando la votación recibida en una casilla está afectada por irregularidades que vulneran las garantías aludidas, creando incertidumbre respecto a la autenticidad y legitimidad de la jornada electoral, amerita ser sancionada con su nulidad, por no haberse desenvuelto conforme al marco jurídico que el Código de la materia prevé; empero, tal sanción debe quedar plenamente justificada, en tanto que recae sobre el valor primigenio y fin último de todo el proceso electoral, que es el sufragio.

En tal virtud, la declaración de nulidad debe considerarse como una medida extrema, aplicable sólo en aquellos casos en que además de estar fehacientemente acreditada la causal alegada por el recurrente, este Tribunal, con base en los datos que aparecen en el expediente, estime fundadamente que el acto viciado no debe subsistir.

Sentado lo anterior y a fin de estar en posibilidad de determinar la existencia de las irregularidades aducidas por el apelante, a continuación se presenta un cuadro esquemático, mismo que contiene los diversos datos relevantes que, después de un minucioso examen, arrojan las siguientes documentales públicas que obran en autos: a) Actas de la Jornada Electoral de las casillas impugnadas, que obran de la foja mil doscientos treinta y seis a la mil trescientos setenta y cinco y; b) Actas de Escrutinio y Cómputo de las casillas en estudio, que obran de la foja mil ciento seis a mil doscientos treinta y cinco. Estos documentos tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 261, inciso a), 262, inciso b) y 265, párrafo segundo del Código Electoral del Distrito Federal y de ellos se extraen las cifras que contienen los siguientes rubros básicos:

1. Total de boletas recibidas para la elección de Diputados a la Asamblea Legislativa por el principio de Mayoría Relativa, que se asentará en la columna marcada como (A);

2. Total de boletas sobrantes e inutilizadas, que se asentará en la columna marcada como (B);

3. Total de ciudadanos que votaron de acuerdo con la lista nominal, incluidos los representantes de los partidos políticos, y en su caso, los que lo hicieron con resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se anotará en la columna marcada como (C);

4. Total de votos encontrados en la urna, que se consignará en la columna identificada como (D);

5. Total de votación emitida (suma de votos asignados a los partidos políticos, votos en blanco y votos nulos), que se asentará en la columna marcada como (E);

6. Total de boletas contabilizadas, que será el resultado de sumar la votación emitida (E) más las boletas sobrantes e inutilizadas (B), mismo que se asentará en la columna identificada como (B+E);

7. Diferencia entre las boletas recibidas (A) y contabilizadas (B+E), cantidad que se asentará en la columna identificada como [A-(B+E)];

8. Diferencia entre el número de votos extraídos de la urna (D) y la votación emitida (E); cifra que se anotará en la columna marcada como (E-D);

9. Diferencia entre votación emitida (E) y votantes (C); resultado que se asentará en la columna identificada como (E-C);

10. Diferencia entre votos extraídos de la urna (D) y votantes de acuerdo con la lista nominal de electores (C), la cual se consignará en la columna (D-C);

11. Votos obtenidos por el partido político que ocupó el primer lugar, que se harán constar en la columna (F);

12. Votos obtenidos por el partido político que ocupó el segundo lugar, que se harán constar en la columna (G);

13. Diferencia entre los votos obtenidos por el primer lugar (F) y el segundo (G), la cual se anotará en la columna marcada como (F-G); y

14. Finalmente, se insertará una columna auxiliar para indicar el supuesto en el que cada casilla se encuentra, para lo cual se hará uso de una escala que comprende nueve rangos marcados con los numerales 1 (uno) al 9 (nueve), a fin de que se identifiquen aquellas casillas que se encuentran en situaciones similares y a través de sendos apartados señalados con los números de la escala mencionada en los que se expongan los argumentos tendientes al examen de los agravios, se facilite su análisis conjunto, evitando así incurrir en repeticiones innecesarias.

El cuadro esquemático resultante es el siguiente: