JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL

EXPEDIENTE: SUP-JRC-271/2007

ACTORA: COALICIÓN “ALIANZA PARA QUE VIVAS MEJOR”

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

TERCERA INTERESADA: COALICIÓN “ALIANZA POR BAJA CALIFORNIA”

PONENTE: MAGISTRADO FLAVIO GALVÁN RIVERA

SECRETARIO: JULIO CÉSAR CRUZ RICÁRDEZ

México, Distrito Federal, a treinta de octubre de dos mil siete.

VISTOS para resolver los autos del juicio de revisión constitucional electoral, identificado con la clave SUP-JRC-271/2007, promovido por la Coalición “Alianza Para Que Vivas Mejor”, en contra del Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California, para impugnar la sentencia de veintisiete de septiembre de dos mil siete, dictada en los recursos de revisión radicados en los expedientes RR-108/2007 y RR-109/2007, acumulados, y

R E S U L T A N D O :

I. Antecedentes. De la narración de hechos que la Coalición actora hace en su demanda y de las constancias que obran en autos se advierte lo siguiente:

a) Jornada electoral. El cinco de agosto de dos mil siete se llevó a cabo la jornada electoral en el Estado de Baja California, para elegir, entre otros cargos de elección popular, al Gobernador Constitucional del Estado.

b) Cómputo Estatal. El día quince de agosto del año en curso, el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California realizó el cómputo estatal de la elección de Gobernador del Estado, cuyos resultados fueron los siguientes:

Al finalizar el aludido cómputo, el Consejo Estatal Electoral declaró la validez de la elección de Gobernador Constitucional del Estado de Baja California y entregó la Constancia de Mayoría y Validez al candidato postulado por la Coalición “Alianza por Baja California”, José Guadalupe Osuna Millán.

c) Recursos de revisión. El veinte de agosto del año que transcurre, Carlos Alberto Astorga Othón, representante propietario de la Coalición “Alianza Por Baja California”, ante el Consejo Estatal Electoral, promovió recurso de revisión en contra de ese Consejo Electoral, para controvertir, entre otros actos, el considerando VI del Acuerdo Relativo a la Declaración de Validez de la Elección de Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California, de Elegibilidad del Candidato Electo y Entrega de Constancia de Mayoría en la Elección Estatal.

El recurso de revisión fue radicado ante el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California, en el expediente con clave de identificación RR-108/2007.

El día veintiuno del citado mes de agosto, José Obed Silva Sánchez, representante propietario de la Coalición “Alianza Para Que Vivas Mejor”, ante el Consejo Estatal Electoral promovió recurso de revisión en contra del mencionado Consejo Estatal, para controvertir los resultados consignados en el acta de cómputo estatal de la elección de Gobernador Constitucional del Estado, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la respectiva constancia de mayoría y validez, aduciendo que existieron irregularidades graves ocurridas antes, durante y después de la jornada electoral, mediante las cuales se violan los principios constitucionales rectores de la materia electoral, solicitando además la declaración de nulidad de la votación recibida en diversas casillas. Ese recurso fue radicado ante el Tribunal Electoral del Estado, en el expediente con clave de identificación RR-109/2007.

Mediante escrito presentado ante el tribunal responsable el doce de septiembre del año en curso, la Coalición “Alianza Para Que Vivas Mejor” solicitó la acumulación de los recursos de revisión relativos a la impugnación de los cómputos distritales de la elección de Gobernador Constitucional del Estado de Baja California, al diverso recurso de revisión en el que se impugnó el cómputo estatal y la declaración de validez de esa elección. A tal petición recayó el acuerdo dictado el catorce de septiembre por la autoridad responsable, mediante el cual denegó la acumulación solicitada.

El veintiocho de agosto del año en curso, la Coalición “Alianza Para Que Vivas Mejor”, por conducto de su representante, presentó ante el Tribunal Electoral, ahora responsable, escrito por el cual compareció como tercero interesado, en el recurso de revisión identificado con la clave RR-108/2007.

d) Resolución impugnada. El veintisiete de septiembre del año en curso, el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California, previa acumulación, dictó sentencia en los mencionados recursos de revisión RR-108/2007 y RR-109/2007, cuyos puntos resolutivos son al tenor siguiente:

PRIMERO.- Son fundados los agravios de la Coalición "Alianza para que vivas Mejor", únicamente por lo que hace a las casillas 699C1 perteneciente al distrito VII; 737C1, 768B, 795B, 800B, 1362C1, 1503B, y 1525B del Distrito Electoral VIII; 957C, 969B, 997B, 999C2, 1030C2, 1032C y 1024C instaladas en el Distrito Electoral X y las casillas 876C, 1040B, 1058C, 1299B y 1304B, ubicadas en el Distrito Electoral XII; 1048C2, 1048C3, 1049C5, 1049C6, 1050C1,1050C6, 1052C1, 1152B, 1152C1, 1152C5, 1156B, 1156C2, 1183C2, 1222B, 1224C1, 1226C2, 1233C1, 1236C6, 1282C9, 1302C1, 1302C3, 1313B, 1310B, 1398B, 1400B, 1412C, 1419C1, 1464B y 1472C1 instaladas en el Distrito Electoral XIII en los términos indicados por el Considerando Décimo Tercero de esta resolución.

SEGUNDO.- Se modifican los Cómputos de la Elección de Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California, efectuados por los Consejos Distritales Electorales de los Distritos Electorales VII, VIII, X, XII y XIII del Instituto Estatal Electoral, y por consecuencia el Cómputo del Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral del Estado de Baja California, de la misma elección de conformidad con lo señalado en el Considerando DÉCIMO CUARTO de esta resolución.

TERCERO.- Se confirma la declaración de validez de la elección de Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California, emitida por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral del Estado de Baja California, y se ordena a dicha autoridad, modifique el Considerando VI del “Acuerdo relativo a la declaración de validez de la elección de Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California, de elegibilidad del candidato electo y entrega de constancia de mayoría en la elección estatal del cinco de agosto del 2007”, de acuerdo a lo establecido en el considerando DÉCIMO PRIMERO al haber resultado fundado el agravio único formulado por la Coalición “Alianza por Baja California” en el Recurso de Revisión RR-108/2007; y que de cumplimiento en un plazo de cinco días posteriores a la notificación del presente fallo, debiendo informar a este Tribunal del acatamiento dado al mismo, en un plazo de dos días contados a partir de su cabal cumplimiento.

CUARTO.- Se confirma el otorgamiento de la constancia de Mayoría al Candidato a Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California C. José Guadalupe Osuna Millán, postulado por la Coalición “Alianza por Baja California”.

QUINTO.-Se ordena a los Consejos Distritales y al Estatal del Instituto Estatal Electoral, que en un plazo de cinco días contados a partir de la notificación de la presente sentencia le den cumplimiento cabal.

La sentencia fue notificada a la Coalición “Alianza Para Que Vivas Mejor” el día veintinueve de septiembre del año que transcurre, como consta a fojas seiscientas noventa y seis y seiscientas noventa y siete del Tomo II del expediente RR-108/2007.

II. Juicio de revisión constitucional electoral. El tres de octubre de dos mil siete, la Coalición “Alianza Para Que Vivas Mejor”, por conducto de José Obed Silva Sánchez y Claudio Miguel Sandoval González, promovió el juicio de revisión constitucional electoral que ahora se resuelve, a fin de impugnar la sentencia de veintisiete de septiembre del año en curso, emitida en los recursos de revisión acumulados, identificados con las claves RR-108/2007 y RR-109/2007.

III. Tercero interesado. Durante la tramitación del juicio de revisión constitucional electoral, la Coalición “Alianza Por Baja California” compareció como tercera interesada, haciendo las manifestaciones que consideró pertinentes.

IV. Recepción de expediente en Sala Superior. Por oficio TJE/1016/2007, de tres de octubre de dos mil siete, recibido en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior el inmediato día cuatro, la Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California remitió la demanda, con sus anexos, a esta Sala Superior.

V. Turno de expediente y requerimiento. Mediante acuerdo de cinco de octubre de dos mil siete, la Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional ordenó integrar el expediente respectivo identificado con la clave SUP-JRC-271/2007 y determinó turnarlo a la Ponencia del Magistrado Flavio Galván Rivera, para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. En el mismo auto requirió al Tribunal Electoral del Estado de Baja California, por conducto de su Presidenta o su Secretaria General, la remisión de las hojas mil doscientas veintitrés a mil doscientas treinta y seis, faltantes en el escrito de demanda del juicio que se resuelve.

El requerimiento fue cumplido por la autoridad responsable el inmediato día seis de octubre.

VI. Radicación, certificación y diligencia de constatación de material probatorio. Por auto de fecha ocho de octubre del año en curso, el Magistrado Instructor determinó radicar el expediente en que se actúa, en la Ponencia a su cargo; ordenó realizar la certificación de las hojas faltantes en el respectivo ocurso de demanda de juicio de revisión constitucional electoral y desahogar la diligencia de constatación de material probatorio, contenido en las cajas cerradas aportadas por la Coalición “Alianza Para Que Vivas Mejor”, redactándose al efecto la respectiva acta circunstanciada.

VII. Requerimiento. Mediante proveído de nueve de octubre de dos mil siete, el Magistrado Instructor requirió al Tribunal Electoral responsable que remitiera la sentencia dictada en los recursos de revisión RR-108/2007 y RR-109/2007 acumulados, en versión electrónica; requerimiento que fue cumplido por la autoridad jurisdiccional local.

Por auto de quince de octubre del año en curso, el Magistrado Instructor requirió al tribunal señalado como responsable, rindiera informe sobre el estado procesal de los recursos de revisión tramitados en los expedientes RR-66/2007; RR-69/2007; RR-77/2007; RR-82/2007; RR-85/007; RR-89/2007; RR-93/2007; RR-97/2007, y RR-101/2007; requerimiento que fue cumplido por la autoridad responsable.

VIII. Acuerdos de sustanciación. Mediante escritos presentados el veintidós y veintisiete de octubre, la Coalición demandante ofreció diversas pruebas y expresó diversos argumentos, respectivamente. A dichas promociones recayeron sendos acuerdos dictados por el Magistrado Instructor, en el sentido de que sería esta Sala Superior la que resolviera, actuando en Pleno, sobre las pruebas ofrecidas y las argumentaciones formuladas.

Mediante escrito presentado el veinticinco de octubre del año en curso, dirigido a esta Sala Superior, los autorizados de la Coalición demandante solicitaron que se proveyera respecto del escrito de ofrecimiento de pruebas señalado en el párrafo anterior. A tal petición recayó el acuerdo dictado por este órgano jurisdiccional el día veintinueve de octubre siguiente, en el que se le dijo que se estuviera a lo acordado por el Magistrado Instructor.

IX. Admisión y cierre de instrucción. Por auto de veintinueve de octubre de dos mil siete, el Magistrado Instructor admitió la demanda de juicio de revisión constitucional electoral, presentada por la Coalición “Alianza Para Que Vivas Mejor” y, por no existir diligencias pendientes de desahogar, declaró cerrada la instrucción, quedando el juicio en estado de dictar sentencia, razón por la cual se procedió a elaborar el proyecto respectivo.

C O N S I D E R A N D O :

PRIMERO. Competencia. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver el medio de impugnación al rubro indicado, en conformidad con los artículos 41, párrafo segundo, base IV, y 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 186, fracción III, inciso b), y 189, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 4 y 87 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, relacionados con la tesis de jurisprudencia S3ELJ 21/2002, establecida por esta Sala Superior, consultable a fojas cuarenta y nueve a cincuenta de la Compilación Oficial de “Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005”, volumen “Jurisprudencia”, identificada con el rubro: “COALICIÓN, TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LOS MEDIOS IMPUGNATIVOS EN MATERIA ELECTORAL”; esto es así porque se trata de un juicio de revisión constitucional electoral, promovido por la Coalición “Alianza Para Que Vivas Mejor”, a fin de controvertir la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California, al resolver dos recursos de revisión electoral acumulados, sin que sea impugnable a través de un medio ordinario de defensa.

SEGUNDO. Causales de improcedencia. En virtud de que las causales de improcedencia están relacionadas con aspectos necesarios para la válida constitución de un proceso, su estudio es de carácter preferente; por tanto, se impone examinar si, en el caso en estudio, se actualiza la que hace valer la autoridad responsable, en su informe circunstanciado.

El Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California argumentó que el juicio de revisión constitucional electoral bajo análisis es improcedente, porque del contenido de los agravios hechos valer por la Coalición actora, para controvertir la resolución recaída a los recursos de revisión RR-108/2007 y RR-109/2007, acumulados, de fecha veintisiete de septiembre de dos mil siete, no se advierte que se haya afectado interés jurídico alguno a la demandante, toda vez que no señala las causas por las que considera que la resolución impugnada resulta violatoria de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A juicio de esta Sala Superior es infundado el alegato de la autoridad responsable.

Al efecto conviene precisar que el interés jurídico ha sido concebido, como aquél que asiste a quien es titular de un derecho subjetivo –público o privado– que resulta lesionado por el acto de autoridad reclamado.

Así, supone la reunión de los siguientes requisitos: 1) la existencia de un interés exclusivo, actual y directo; 2) el reconocimiento y tutela de ese interés por la ley, y 3) que la protección legal se resuelva, en la aptitud de su titular para exigir del obligado la satisfacción de ese interés mediante la prestación debida.

En este sentido, en principio, para el ejercicio de la acción impugnativa correspondiente, cabe exigir que el promovente sea el titular del derecho subjetivo afectado directamente por el acto de autoridad y que el perjuicio que resienta sea actual y directo.

Para que tal interés exista, el acto o resolución impugnado en la materia electoral, debe repercutir de manera clara y suficiente en la esfera jurídica de quien acude al proceso como enjuiciante, pues sólo de esa manera, de llegar a demostrar en juicio que es ilegal la afectación del derecho de que es titular, se le podrá restituir en el goce del derecho desconocido o violado.

Sobre la base apuntada, únicamente está en aptitud jurídica de instaurar un proceso, quien afirma la existencia de una lesión a sus derechos o prerrogativas. Ese interés no cobra vigencia cuando los hechos invocados, como causa de pedir, no son susceptibles de actualizar algún supuesto de la vigente legislación aplicable, para fundar la pretensión del demandante.

En este caso, la Coalición “Alianza Para Que Vivas Mejor” controvierte la resolución de veintisiete de septiembre de dos mil siete, emitida por el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California, mediante la cual, entre otras cuestiones, confirmó la declaración de validez de la elección de Gobernador Constitucional del mencionado Estado, por lo que es claro que los motivos de inconformidad aducidos por la Coalición accionante al cuestionar la validez de una elección en la que postuló candidato, satisfacen el requisito de existencia de interés jurídico, para controvertir el acto considerado contrario a Derecho.

Ahora bien, la alegación de la autoridad responsable, en cuanto a que en los agravios, formulados por la Coalición actora no se precisan las razones por las cuales estima que la resolución impugnada es contraria a los principios tutelados en la Constitución federal, esta Sala Superior considera que, de conformidad con el artículo 9, párrafo 1, inciso e), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el requisito formal para la presentación de los medios de impugnación, consiste en que en el escrito respectivo se haga mención expresa y clara de los hechos en que se basa la impugnación y que se expresen los agravios que causa el acto o resolución impugnado, así como los preceptos presuntamente violados, sin que con ello se exija, en principio, que esos agravios deban reunir determinadas características, menos aún que este órgano jurisdiccional federal deba analizar de inicio la configuración de los conceptos de agravio, para determinar la procedibilidad del medio de impugnación.

Por tanto, no es dable exigir, para la procedibilidad del juicio de revisión constitucional electoral que se analiza, determinadas características que la ley no impone para considerar, a priori, que existe una indebida configuración de agravios, por lo que la supuesta omisión de la Coalición demandante, por no señalar en los agravios contenidos en su escrito de demanda, las causas por las que considera contraria a las disposiciones constitucionales la sentencia impugnada, no puede ser objeto de estudio y resolución en la etapa de análisis sobre la satisfacción de los requisitos de procedibilidad del medio de impugnación bajo estudio y menos aún se podría considerar por sí misma suficiente para sostener su improcedencia.

En el caso, lo externado a manera de agravios en el escrito inicial de demanda se expresa una causa de pedir y se señala la supuesta violación a preceptos constitucionales y legales, ocurrida con la emisión de la sentencia combatida, lo cual es suficiente para que tales motivos de inconformidad sean objeto del estudio del fondo, que realice este órgano jurisdiccional federal en la resolución que se emite, con independencia de que se determine o no su eficacia e idoneidad para controvertir la resolución reclamada.

TERCERO. Requisitos de procedibilidad. En el medio impugnativo que se analiza, se satisfacen los requisitos de procedibilidad, previstos en el artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los numerales 8; 9, párrafo 1; 86, párrafo 1, y 88, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, como se expone a continuación:

I. Oportunidad. El juicio de revisión constitucional electoral fue promovido dentro del plazo de cuatro días, previsto en el artículo 8 de la citada ley, toda vez que la sentencia impugnada fue notificada, personalmente, a la Coalición demandante el veintinueve de septiembre del año en curso, en tanto que el escrito de demanda fue presentado, en la Oficialía de Partes del tribunal responsable, el tres de octubre de este año, habiendo transcurrido el plazo para impugnar, el cual transcurrió del treinta de septiembre al tres de octubre del año en que se actúa.

II. Legitimación. El juicio de revisión constitucional electoral es promovido por parte legítima, pues según lo dispuesto en el artículo 88, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, corresponde instaurarlo a los partidos políticos y, conforme a lo sostenido en la tesis jurisprudencial S3ELJ21/2002, emitida por esta Sala Superior, consultable en las páginas cuarenta y nueve y cincuenta de la Compilación Oficial Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, volumen “Jurisprudencia”, cuyo rubro es: “COALICIÓN. TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LOS MEDIOS IMPUGNATIVOS EN MATERIA ELECTORAL”, la legitimación de una Coalición para promover los medios impugnativos en materia electoral, se sustenta en la que tienen los partidos políticos que la conforman.

III. Personería. La personería de José Obed Silva Sánchez y Claudio Miguel Sandoval González, quienes suscriben la demanda como representantes de la Coalición “Alianza Para Que Vivas Mejor”, está acreditada en términos del artículo 88, párrafo 1, incisos a y b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; por lo que respecta a José Obed Silva Sánchez toda vez que él fue quien, con la misma representación, interpuso el recurso de revisión, cuya sentencia constituye el acto reclamado en el juicio que se resuelve; además, de que le fue reconocida por la Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California, al rendir el respectivo informe circunstanciado.

En cuanto a Claudio Miguel Sandoval González, porque en autos del expediente del juicio de revisión constitucional electoral citado al rubro, obra el original de la constancia de tres de octubre de dos mil siete, expedida por el Secretario Fedatario del Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en la que refiere que está acreditado con el carácter de representante suplente de la Coalición “Alianza Para Que Vivas Mejor”, ante esa instancia electoral, tomando en consideración que el mencionado Consejo Estatal Electoral es el órgano señalado como responsable en el medio impugnativo primigenio. Encuentra apoyo lo anterior, en la tesis de jurisprudencia S3ELJ 02/99, sustentada por esta Sala Superior, consultable en las páginas doscientos veinticuatro a doscientos veinticinco de la Compilación Oficial intitulada “Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005”, volumen “Jurisprudencia”, con el rubro: “PERSONERIA. LA TIENEN LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS REGISTRADOS ANTE LOS ÓRGANOS ELECTORALES MATERIALMENTE RESPONSABLES, AUNQUE ÉSTOS NO SEAN FORMALMENTE AUTORIDADES RESPONSABLES NI SUS ACTOS SEAN IMPUGNADOS DIRECTAMENTE EN EL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL.”

IV. Formalidad. El escrito de demanda reúne los requisitos formales que establece el artículo 9 de la mencionada Ley de Impugnación Electoral, porque se hace constar el nombre de la Coalición actora; se identifica el acto impugnado y la autoridad responsable; se mencionan los hechos en que se sustenta la impugnación, así como los agravios que a la enjuiciante causa la resolución combatida, además de hacer constar el nombre y firma autógrafa del representante de la Coalición actora.

V. Definitividad y firmeza. En cuanto a los requisitos previstos en los incisos a) y f), del artículo 86 de la citada ley, también están satisfechos, porque la Coalición accionante agotó, en tiempo y forma, la instancia previa establecida en la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California, sin que exista medio de impugnación alguno por virtud del cual la sentencia reclamada, dictada en el recurso de revisión de origen, pueda ser revocada, nulificada o modificada, de tal suerte que se debe tener por agotada la cadena impugnativa local, respecto del acto reclamado y considerarlo definitivo y firme, para efectos de la procedibilidad del juicio al rubro señalado.

Lo expuesto encuentra su explicación en el principio de que los juicios como el de revisión constitucional electoral, constituyen medios de impugnación excepcionales y extraordinarios, a los que sólo pueden ocurrir los partidos políticos o coaliciones, cuando ya no existan a su alcance medios de impugnación ordinarios e idóneos, mediante los cuales sea factible modificar, revocar o anular, los actos o resoluciones como el que ahora se controvierte, con la finalidad de conseguir la reparación plena de los derechos o prerrogativas que hubieren sido afectados.

En esto estriba el principio de definitividad establecido en el artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desarrollado en los invocados incisos a) y f), del artículo 86 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al reiterar, por una parte, que los actos y resoluciones, impugnables mediante el juicio de revisión constitucional, electoral deben ser definitivos y firmes, para lo cual se requiere agotar, en tiempo y forma, todas las instancias previas establecidas por las leyes de la entidad federativa correspondiente.

Lo expuesto se ha sostenido en la tesis de jurisprudencia emitida por este órgano jurisdiccional, bajo el rubro: “DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA, CONSTITUYEN UN SOLO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DEL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL”, identificada con la clave S3ELJ23/2000, consultable en las páginas setenta y nueve a ochenta, de la Compilación Oficial intitulada Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, volumen “Jurisprudencia”.

VI. Violación a preceptos constitucionales. La Coalición accionante manifiesta expresamente que con la determinación impugnada se violan en su perjuicio los artículos 1, 8, 14, 16, 35, 40, 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, razón por la cual se debe tener por satisfecho el requisito de procedibilidad previsto en el inciso b), del artículo 86, párrafo 1, de la ley electoral en cita, en tanto que la Coalición demandante hace valer agravios tendentes a demostrar la violación a esos preceptos constitucionales.

Encuentra apoyo el razonamiento anterior, en la tesis de jurisprudencia identificada con la clave S3ELJ02/97, sustentada por esta Sala Superior, consultable en las páginas ciento cincuenta y cinco a ciento cincuenta y siete, de la Compilación Oficial Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, Volumen “Jurisprudencia”, cuyo rubro es: “JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. INTERPRETACIÓN DEL REQUISITO DE PROCEDENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 86, PÁRRAFO 1, INCISO B), DE LA LEY DE LA MATERIA”.

VII. Violación determinante. En el caso se cumple con el requisito previsto por el inciso c), del artículo 86 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, relativo a que la violación reclamada pueda llegar a ser determinante para el normal desarrollo del procedimiento electoral o para el resultado final de la elección de Gobernador en el Estado de Baja California.

En la especie, la Coalición “Alianza Para Que Vivas Mejor” pretende se revoque la resolución reclamada y se declare la nulidad de la elección de Gobernador y, como consecuencia, se deje sin efecto la constancia de mayoría expedida a favor del candidato postulado por la Coalición “Alianza por Baja California”, circunstancia que evidencia el carácter determinante a que alude el precepto legal invocado, toda vez que, en concepto de la Coalición accionante, al existir irregularidades graves durante el proceso electoral, se actualiza la causal abstracta de nulidad de la elección, de ahí que, si se acogieran los motivos de conformidad que se alegan, afectaría el resultado final de la elección.

VIII. Reparación posible. La reparación solicitada es material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales, constitucional y legalmente establecidos, en razón de que el Gobernador del Estado de Baja California debe entrar en funciones el primero de noviembre de dos mil siete, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California. Precisado lo anterior, en razón de que se cumplieron los requisitos de procedibilidad del juicio y que no se actualiza alguna de las causales de improcedencia o sobreseimiento previstas en la legislación aplicable, lo conducente es realizar el estudio del fondo de los motivos de impugnación, expuestos por la Coalición enjuiciante, en su escrito de demanda.

CUARTO. Pruebas. La Coalición “Alianza Para Que Vivas Mejor”, en su escrito de demanda de juicio de revisión constitucional electoral, ofrece las siguientes pruebas:

1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en copia certificada del informe policíaco número T02/766/2007 de fecha 19 de julio de 2007, prueba que se relaciona con el agravio relativo al ilegal comportamiento de la FEPADE.

2.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en copia certificada del expediente 330/2007 radicado en el Juzgado 4º de Distrito en el Estado, prueba que se relaciona con el agravio relativo al ilegal comportamiento de la FEPADE.

3.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en copia certificada del expediente 328/2007 radicado en el Juzgado 4º de Distrito en el Estado, prueba que se relaciona con el agravio relativo al ilegal comportamiento de la FEPADE.

4.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en copia simple del auto emitido por el Juzgado 5º de Distrito dentro del Juicio de Amparo 339/2007-1, prueba que se relaciona con el agravio relativo al ilegal comportamiento de la FEPADE.

5.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el oficio número 2157 dirigido a la FEPADE, prueba que se relaciona con el agravio relativo al ilegal comportamiento de la FEPADE.

6.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el oficio número T02/766/2007 por la que se hace una turnación vía denuncia, prueba que se relaciona con el agravio relativo al ilegal comportamiento de la FEPADE.

7.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la Gaceta Parlamentaria del Senado de la República de fecha 31 de julio de 2007 No. 34, tomos I y II, prueba que relaciono con el agravio relativo a la intervención del Gobernador del Estado en el proceso Electoral y el agravio consistente en el desacato a las disposiciones de la autoridad electoral.

8.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la Gaceta Parlamentaria del Senado de la República de fecha 15 de marzo de 2007 No. 79, tomos I y II, prueba que relaciono con el agravio relativo a la intervención del Gobernador del Estado en el proceso Electoral y el agravio consistente en el desacato a las disposiciones de la autoridad electoral.

9.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la Gaceta Parlamentaria del Senado de la República de fecha 15 de agosto de 2007 No. 39, tomo II, prueba que relaciono con el agravio relativo a la intervención del Gobernador del Estado en el proceso Electoral y el agravio consistente en el desacato a las disposiciones de la autoridad electoral.

10.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la Gaceta Parlamentaria del Senado de la República de fecha 8 de agosto de 2007 No. 37, tomo II, prueba que relaciono con el agravio relativo a la intervención del Gobernador del Estado en el proceso Electoral y el agravio consistente en el desacato a las disposiciones de la autoridad electoral.

11.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el oficio número CEE/2183/2007 de fecha 24 de julio emitido por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral del Estado de Baja California, prueba que relaciono con el agravio relativo a la intervención del Gobernador del Estado en el proceso Electoral y el agravio consistente en el desacato a las disposiciones de la autoridad electoral.

12.- LA DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en los ejemplares de los Periódicos “El Mexicano”, “Frontera” y “Sol de Tijuana”, las cuales relaciono con los agravios relativos a la intervención del gobierno del Estado en el proceso electoral, el ilegal comportamiento de la FEPADE, la campaña negra denostativa; mismos que a continuación se relacionan:

Periódicos (ANEXOS 2 Y 3) son:

 38 ejemplares del periódico FRONTERA

 23 ejemplares del periódico SOL DE TIJUANA

 82 ejemplares del periódico EL MEXICANO

 12 ejemplares del periódico LA CRÓNICA

 6 ejemplares del periódico en síntesis de LA VOZ DE LA FRONTERA

13.- LA PRUEBA TÉCNICA.- Consistente en seis videograbaciones en formato VHS, prueba que relaciono con el agravio relativo a la campaña negra.

14.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.- En su doble aspecto, en todo lo que beneficie a los de mis representados, que se deriven de los razonamientos y valoraciones de carácter deductivo o inductivo por las cuales la autoridad llega al conocimiento de hechos primeramente desconocidos a partir de la existencia de un hecho conocido y que se relaciona con todos los hechos expuestos en la presente queja.

15.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- En todo lo que favorezca a los intereses del Partido Político que represento y que se obtengan al analizar el conjunto de las constancias que obran en el expediente y que se relacionen con todos los hechos expuestos en la queja.

Las anteriores pruebas se relacionan en forma particular con todos los hechos aquí expuestos y de manera general con el agravio y preceptos legales violados, por lo que deben ser valorados en forma sistemática y colectiva, en cuanto a la materia de este medio de impugnación, mismos que producen la convicción de que la casilla impugnada adolece de las causales de nulidad que se hacen valer.

Al respecto, el artículo 91, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral establece, que en los juicios de revisión constitucional electoral no se podrá ofrecer o aportar prueba alguna, salvo en los casos extraordinarios de pruebas supervenientes.

Por su parte, el artículo 16, párrafo 4, del mismo ordenamiento electoral define como pruebas de naturaleza “superveniente”, aquellas que: A) Hubieren surgido después del plazo legal en que deban aportarse los elementos probatorios, o B) Aquellas existentes desde antes, pero que el promovente no pudo ofrecer o aportar por desconocerlos o por existir obstáculos que no estaban a su alcance superar.

En el mismo sentido, es aplicable en lo conducente, la tesis de jurisprudencia S3ELJ12/2002, consultable en las páginas doscientas cincuenta y cuatro y doscientas cincuenta y cinco, de la Compilación Oficial “Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005”, Volumen “Jurisprudencia” que para mayor claridad se transcribe:

“PRUEBAS SUPERVENIENTES. SU SURGIMIENTO EXTEMPORÁNEO DEBE OBEDECER A CAUSAS AJENAS A LA VOLUNTAD DEL OFERENTE”. De conformidad con lo establecido en el artículo 16, párrafo 4, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se entiende por pruebas supervenientes: a) Los medios de convicción surgidos después del plazo legal en que deban aportarse, y b) Los surgidos antes de que fenezca el mencionado plazo, pero que el oferente no pudo ofrecer o aportar por desconocerlos o por existir obstáculos que no estaba a su alcance superar. Respecto de la segunda hipótesis, se advierte con toda claridad que se refiere a pruebas previamente existentes que no son ofrecidas o aportadas oportunamente por causas ajenas a la voluntad del oferente. Por otra parte, respecto de los medios de convicción surgidos en fecha posterior al vencimiento del plazo en que deban aportarse, mencionados en el inciso a), se puede advertir que tendrán el carácter de prueba superveniente sólo si el surgimiento posterior obedece también a causas ajenas a la voluntad del oferente, en virtud de que, por un lado, debe operar la misma razón contemplada en relación con la hipótesis contenida en el inciso b) y, por otra parte, si se otorgara el carácter de prueba superveniente a un medio de convicción surgido en forma posterior por un acto de voluntad del propio oferente, indebidamente se permitiría a las partes que, bajo el expediente de las referidas pruebas, subsanaran las deficiencias en el cumplimiento cabal y oportuno de la carga probatoria que la ley les impone."

Ahora bien, del análisis de los transcritos medios de convicción ofrecidos por la Coalición demandante, se advierte que no revisten el carácter de supervenientes, los señalados en los apartados uno, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce, debido a que se trata de documentales que existían desde antes de la presentación del escrito de demanda del recurso de origen, lo cual aconteció el día veintiuno de agosto del año en curso, sin que la Coalición accionante alegue y menos demuestre, que existiera algún obstáculo que hubiere impedido aportarlos en tiempo ante el Tribunal responsable, o bien, que existiera alguna circunstancia que justificara el retraso en la presentación de las pruebas documentales en comento.

En consecuencia, al no tener el carácter de pruebas supervenientes,esta Sala Superior no está en posibilidad jurídica de admitir y valorar tales elementos de convicción.

La únicas pruebas documentales que son de fecha posterior a la presentación de la demanda del recurso de revisión o que contienen actuaciones posteriores a esa fecha, son las marcadas los números dos, tres, cuatro y cinco, del correspondiente capítulo de pruebas, con lo cual se advierte el carácter de supervenientes, por lo que procede admitirlas.

Por lo que respecta a la prueba técnica señalada en el apartado 13, del capítulo de pruebas del escrito de demanda de juicio de revisión constitucional electoral, consistente en seis videograbaciones en formato VHS, no ha lugar a admitirla, en virtud de que la misma, no fue aportada en el recurso primigenio, por tanto constituye una prueba novedosa, de la cual la autoridad responsable no se pronunció al respecto y tampoco se justifica respecto de ella, que cumpla las características de las pruebas supervenientes que regula el artículo 16, párrafo 4, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, como ha quedado expuesto en los primeros párrafos de este considerando.

Por otra parte, con fundamento en lo previsto en el artículo 14 párrafo 1, incisos d) y e), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, relacionado con el numeral 69 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se admite la prueba presuncional y la instrumental de actuaciones ofrecidas por la actora, dado que la primera deriva del análisis que realice esta Sala Superior al momento de resolver y la segunda se conforma con las constancias que integran el expediente al rubro indicado.

Respecto de las pruebas ofrecidas en el escrito presentado el veintidós de octubre de dos mil siete consistentes en:

1.                           Copias certificadas de la libreta de acceso y registro a éste tribunal, específicamente la correspondiente al once de octubre de dos mil siete.

2.                           Videograbación de los sistemas de circuito cerrado o cualesquiera otro similar o análogo que permita la captura y registro de imágenes respecto del día once de octubre de dos mil siete.

3.                           Impresión de la agenda de labores del día once de octubre de dos mil siete.

4.                           Impresión de la página de la nómina correspondiente al Gobierno de Baja California.Se considera que la demandante pretende acreditar con ellas que Víctor Lujano Sarabia estuvo presente en esta Sala Superior, en su calidad de funcionario del Gobierno de Baja California el once de octubre del año en curso y se entrevistó con varios Magistrados integrantes de este órgano jurisdiccional para tratar asuntos relacionados con la litis de Gobernador de esa entidad federativa y para alegar a favor de la Coalición “Alianza por Baja California” y por su candidato.

Al respecto, esta Sala Superior estima que es innecesario el desahogo de todas las pruebas que propone porque con la agenda de actividades de los Magistrados que la demandante reproduce en su escrito y que constituye un hecho notorio para este Tribunal, con fundamento en el artículo 15, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se puede establecer que efectivamente en la fecha y hora que señala la Coalición, una persona que se presentó con el nombre de Víctor Lujano Sarabia se entrevistó con algunos de los Magistrados, a quienes manifestó ser “acompañante de los asistentes al alegato”, “asesor jurídico electoral” o “coordinador jurídico”, sin mencionar en absoluto ser funcionario del Gobierno de esa entidad federativa, como se advierte en la propia agenda electrónica de los Magistrados de este Tribunal.

Ahora bien, como la calidad de funcionario en el Gobierno del Estado de Baja California que la demandante atribuye a esa persona podría incidir en la comisión de conductas tipificadas como delito tanto en la legislación del ámbito federal como del ámbito local en esa entidad federativa, esta Sala Superior considera que lo procedente es dar vista a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, para que en el ámbito de sus atribuciones dicten las medidas necesarias y ordenen las diligencias que resulten pertinentes.

Por otra parte, en cuanto al valor probatorio que se le debe dar a la circunstancia de que la persona mencionada hubiera estado presente en esta Sala Superior y realizado las gestiones que menciona la Coalición demandante, este hecho no tiene la trascendencia que aduce.

En efecto, la Coalición actora pretende vincular el hecho mencionado, con la violación consistente en la intervención del gobierno y del Gobernador del Estado de Baja California en el procedimiento electoral para elegir Gobernador. Sin embargo, en la demanda del recurso de revisión no existe planteamiento alguno en el que, de manera destacada, se alegue que el Gobernador de esa entidad federativa haya comisionado u ordenado a la persona señalada o algún otro funcionario, para que acudiera ante las autoridades administrativas o jurisdiccionales a gestionar a favor de la Coalición “Alianza por Baja California”.

Lo que se planteó en ese recurso de revisión es que la injerencia del Gobernador y del Gobierno se dio mediante hechos relacionados fundamentalmente con el procedimiento de ratificación de Magistrados Electorales locales; la violación al acuerdo de neutralidad dictado por la autoridad electoral local; el procedimiento de ratificación de Consejeros Electorales locales; declaraciones y entrevistas; difusión de obra pública; creación de Fiscalía Especializada, y uso de recursos públicos para promover a la Coalición “Alianza por Baja California”.

Como se ve, los planteamientos sobre la injerencia del Gobierno y del Gobernador de Baja California, en el procedimiento electoral para elegir Gobernador, no guardan relación con la participación de funcionarios a quienes se les hubiera encargado gestionar, alegar o pretender influir en las autoridades administrativas o jurisdiccionales que por sus funciones tuvieran bajo su conocimiento la elección en comento. En consecuencia, la prueba ofrecida no es idónea para acreditar, a través de ella, la injerencia mencionada.

QUINTO. Por otro lado, no ha lugar a tener por formuladas las argumentaciones que realiza la Coalición demandante mediante el escrito presentado en la Oficialía de partes de este Tribunal, el día veintisiete de octubre de dos mil siete, porque las mismas se encuentran encaminadas a solicitar que este órgano jurisdiccional estudie los agravios que se hicieron valer en el recurso de inconformidad RR-109/2007, porque el contenido de ese escrito constituye en realidad la mejora de sus argumentos expresados en la demanda de juicio de revisión constitucional electoral que se traduce en una ampliación de la demanda, la cual no es admisible conforme a Derecho, razón por la que no es posible acoger su pretensión.

Lo anterior encuentra sustento, en la tesis de jurisprudencia S3ELJ06/2000, de esta Sala Superior consultable en las páginas ochenta y uno a ochenta y tres, de la Compilación Oficial Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, Volumen “Jurisprudencia”, cuyo texto es el siguiente:

DEMANDA DE JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. SU AMPLIACIÓN O LA PRESENTACIÓN DE UN SEGUNDO LIBELO ES INADMISIBLE. Una vez presentada la demanda de juicio de revisión constitucional electoral, es inadmisible ampliarla o presentar una nueva con relación al acto impugnado en la primera, toda vez que con ésta quedó agotado el derecho público subjetivo de acción del demandante, al haber operado la preclusión. En efecto, la interpretación sistemática de los artículos 17 y 41, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 86, 89, 90, 91, 92 y 93, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, evidencia que la institución de la preclusión rige en la tramitación y sustanciación del juicio de revisión constitucional electoral. Dicha institución consiste en la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal y contribuye a que las diversas fases del proceso se desarrollen en forma sucesiva, a través de la clausura definitiva de cada una de ellas, a medida que el proceso avanza hasta el dictado de la resolución, con lo cual se impide el regreso a etapas y momentos procesales ya superados. En el trámite del citado medio de impugnación, una vez presentada la demanda, la autoridad electoral debe, de inmediato, remitirla a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, junto con el expediente y el informe circunstanciado y, sin dilación alguna, hacer del conocimiento público el referido libelo; por lo que al producirse de modo tan próximo la etapa a cargo de la autoridad responsable, fase que, por otra parte, queda agotada con su realización, no es posible jurídicamente que se lleve a cabo una actividad que implique volver a la etapa inicial, en virtud de que la facultad para promover la demanda quedó consumada con su ejercicio. En lo atinente a una segunda demanda debe tenerse también en cuenta que, en conformidad con los referidos preceptos constitucionales, la sentencia que se dicte en el juicio promovido en primer término tendrá como efecto confirmar, modificar o revocar el acto o resolución impugnados y, en su caso, proveer lo necesario para la ejecución del fallo estimatorio, por lo que en atención al principio de seguridad jurídica, sólo puede haber una sentencia que se ocupe de ese acto o resolución, fallo que, por generar una situación jurídica diferente respecto de éstos, extingue la materia del segundo juicio de revisión constitucional electoral, originado por la segunda demanda que pretendiera hacerse valer.

SEXTO. Precisiones y metodología para la resolución. Previamente al examen de los agravios expresados en la demanda, resulta pertinente hacer algunas precisiones con relación a litis, que será objeto de estudio al dictar esta ejecutoria, así como la metodología para realizar el análisis correspondiente.

1. Sentencia impugnada. La parte conducente de la sentencia dictada por la autoridad señalada como responsable se integra con los apartados que a continuación se precisan:

En los considerandos Primero, Segundo y Tercero, la responsable señala el fundamento de su competencia para conocer y resolver los medios de impugnación primigenios; desestima las causales de improcedencia hechas valer y justifica la no inclusión, en el texto de su sentencia, de la transcripción de los agravios expresados en las demandas, mediante las cuales se promovieron los recursos de revisión acumulados, que al ser resueltos dieron origen a la sentencia ahora impugnada.

En el Considerando Tercero de su sentencia, la responsable expone lo siguiente, respecto de las pruebas ofrecidas por la Coalición “Alianza Para Que Vivas Mejor”, en el recurso de revisión RR-109/2007:

Aunado a lo anterior en su escrito de mérito en tres distintos apartados de su escrito recursal realiza el ofrecimiento de pruebas, advirtiéndose que en algunos casos omite relacionar las pruebas con los hechos y/o agravios alegados y en el resto los relaciona únicamente en forma genérica con ‘todos y cada uno de los agravios’, como también existen deficiencias en su aportación, toda vez que omitió identificar debidamente las probanzas para efectos de su debido cotejo con lo alegado en el escrito recursal, sin embargo este órgano jurisdiccional estima que dicha deficiencia no es de tal gravedad que implique el desechamiento del recurso solicitado por el tercero interesado, ello en aras de no privar a la Coalición “Alianza para que Vivas Mejor” de su garantía de acceso a la justicia.

En el Considerando Cuarto, la responsable precisa que hará primero el examen de los agravios expresados por la Coalición “Alianza Para Que Vivas Mejor”, los cuales advierte que no están agrupados de manera homogénea, ni debidamente numerados, además de que contienen repetición de argumentos y transcripciones varias.

En los siguientes párrafos del Considerando Cuarto, la responsable hace notar que existen algunos agravios dirigidos a combatir la elección de diputados locales, otros destinados a impugnar la elección de munícipes en los Ayuntamientos de Tijuana, Tecate y Ensenada e incluso, de manera genérica, controvierte la elección de “munícipes de Baja California”; a pesar de tales inconsistencias, la responsable advierte que la pretensión clara de la demandante consistió en obtener la anulación de la elección de Gobernador del Estado de Baja California, por razones atinentes a dos temas, el primero relativo a la actualización de causales específicas de nulidad de votación recibida en casilla, en los distritos VII, VIII, X, XII y XIII, ubicados en los municipios de Tecate y Tijuana, Baja California y, el segundo, relativo a la nulidad de la elección de Gobernador del Estado, sustentada en la causal abstracta de nulidad y en la causal genérica de nulidad de la elección.

La responsable precisa, en el citado Considerando Cuarto, que el agravio relativo a que el Consejo Estatal Electoral indebidamente se abstuvo de declarar que la elección no era válida, constituía un planteamiento distinto a las irregularidades en las que sustentó la causal de nulidad de la elección, el cual debía ser analizado previamente al examen de tales irregularidades.

Luego, en el mismo Considerando Cuarto de la sentencia reclamada, la responsable señala que en la Ley de Instituciones y Procesos Electorales de Baja California no está prevista la causal genérica de nulidad de la elección de Gobernador y que tal causal genérica de la elección es distinta a la causal genérica de nulidad de la votación recibida en casilla; precisa también la responsable que la causal abstracta de nulidad de la elección de Gobernador no está prevista expresamente en la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California, pero agrega que ello no impide su análisis, por estar prevista en la jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En los considerandos Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno y Décimo, de la sentencia reclamada, la responsable analiza, respectivamente, los agravios de la Coalición “Alianza Para Que Vivas Mejor”, identificados con los rubros: “La no declaración de no validez de la elección por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California, aduciendo que carecía de facultades legales para ello”; “Intervención del Ejecutivo Estatal en la Elección de Gobernador”; “La revocación de candidaturas y su consecuencia de violación al principio de equidad en la contienda, de objetividad y legalidad en el proceso electoral”, “Difusión de obra pública y servicios de asistencia social durante el periodo de prohibición legal”, “Campaña denostativa en contra del candidato de la Coalición “Alianza Para que Vivas Mejor”; “Coerción, represión e intimidación de miembros y simpatizantes de la Coalición “Alianza Para Que Vivas Mejor”, por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de Justicia del Estado”.

En el Considerando Decimoprimero, de la sentencia reclamada, la responsable examinó los agravios de la Coalición “Alianza por Baja California”. Entre tales agravios, la responsable declaró fundada la impugnación del Considerando VI del “Acuerdo Relativo a la Declaración de Validez de la Elección de Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California, de Elegibilidad del Candidato y Entrega de Constancia de Mayoría en la Elección Estatal del cinco de Agosto de 2007”; en consecuencia, determinó modificar el mencionado acuerdo, para el efecto de excluir de su contenido el considerando VI impugnado, dejándolo sin efectos jurídicos.

En los considerandos Decimosegundo y Decimotercero, la responsable analizó los demás agravios hechos valer por la Coalición “Alianza por Baja California” y por la Coalición “Alianza Para Que Vivas Mejor”, atinentes a: “La presentación de una serie de irregularidades graves en las casillas de los municipios de Mexicali, Tecate, Tijuana y Ensenada, configurativos de la causal genérica de nulidad de votación en casilla prevista en la fracción XII del artículo 411, así como de presión en el electorado contemplada en la fracción XI del precepto citado” y a “Otras causales de nulidad específica de votación recibida en casillas”.

2. Demanda de la enjuiciante. Por su parte, en su demanda, la “Coalición Alianza Para Que Vivas Mejor”, plantea, siete agravios, en los cuales combate los razonamientos relacionados con la valoración de las pruebas que ofreció en el recurso de revisión RR-109/2007, así como lo expuesto por la responsable en los Considerandos Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno y Décimo, de la sentencia impugnada.

Sin embargo, la Coalición enjuiciante omitió expresar agravios dirigidos a controvertir los demás razonamientos de la autoridad responsable, vertidos en los considerandos Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Decimoprimero, Decimosegundo y Decimotercero, de la sentencia reclamada.

El contenido de los aludidos considerandos no controvertidos es como se enuncia a continuación:

1)                Considerando Primero.- Competencia del Tribunal responsable para conocer y resolver los recursos acumulados;

2)                Considerando Segundo.- Procedibilidad de los recursos de revisión acumulados, que motivaron la integración de los expedientes identificados con las claves RR-108/2007 y RR-109/2007;

3)                Considerando Tercero.- La no inclusión literal de los agravios, de las demandas de revisión, en el texto de la sentencia ahora impugnada;

4)                Considerandos Cuarto, Décimosegundo y Décimo tercero.- El examen de las causales de nulidad de la votación recibida en las mesas directivas de casilla, y

5)                Considerando Décimoprimero.- Las consideraciones por las que dejó sin efectos el considerando VI del Acuerdo de “Declaración de Validez de la Elección de Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California, de Elegibilidad del Candidato y Entrega de Constancia de Mayoría en la Elección Estatal del cinco de Agosto de 2007”, emitido por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California.

Lo anterior permite delimitar el objeto de la litis en el juicio en que se actúa, la cual versa única y exclusivamente sobre las cuestiones impugnadas, con la consecuencia jurídica de que las consideraciones no combatidas, señaladas en los párrafos que anteceden, quedan intocadas y, por tanto, continúan rigiendo el sentido de la resolución reclamada, tal como fueron emitidas por el ahora Tribunal demandado.

3. Orden en el análisis de agravios.- Se debe dejar sentado también que el examen de los agravios, en el juicio en que se actúa, no se hará en el orden expresado por la Coalición demandante, puesto que, por razón de método, se estima pertinente analizarlos conforme la temática de la litis, en la inteligencia de que su análisis, en el enunciado orden distinto, se hace sin demérito del principio de exhaustividad, de manera que ninguno de los agravios quedará sin resolver, en conformidad con la tesis de jurisprudencia de esta Sala Superior, consultable en la página veintitrés de la Compilación Oficial de “Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005”, Volumen “Jurisprudencia”, que es al tenor siguiente:

AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.—El estudio que realiza la autoridad responsable de los agravios propuestos, ya sea que los examine en su conjunto, separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno y en el propio orden de su exposición o en orden diverso, no causa afectación jurídica alguna que amerite la revocación del fallo impugnado, porque no es la forma como los agravios se analizan lo que puede originar una lesión, sino que, lo trascendental, es que todos sean estudiados.

4. Inaplicabilidad de la suplencia por agravios deficientes.- Es conveniente precisar además que, en el juicio de revisión constitucional electoral, en atención a lo previsto en el artículo 23, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, no procede la suplencia para el caso de deficiencia en la expresión de agravios, en tanto que se está ante un medio de impugnación de estricto Derecho, que impide a este órgano jurisdiccional suplir las deficiencias u omisiones en el planteamiento de los agravios, imponiendo a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el imperativo de resolver la controversia con sujeción estricta a los agravios expuestos por el enjuiciante.

En este sentido, esta Sala Superior ha considerado que para analizar un agravio, su formulación debe ser expresando claramente la causa de pedir, detallando la lesión o perjuicio que ocasiona el acto o sentencia impugnado, así como los motivos que originaron ese agravio, de tal forma que se encamine a demostrar la ilegalidad o inconstitucionalidad en la actuación de la autoridad responsable, con independencia de la ubicación de los conceptos de agravio en cierto capítulo o sección del escrito de demanda, así como de su presentación, formulación o construcción lógica, ya como silogismo jurídico o utilizando cualquier fórmula deductiva, inductiva o dialéctica, puesto que el juicio de revisión constitucional electoral no está sujeto a un procedimiento formulario o solemne, que requiera de una especial estructura rígida o de determinadas palabras o expresiones sacramentales o solemnes.

Es oportuno citar, al respecto, la tesis de jurisprudencia emitida por esta Sala Superior, publicada en las páginas veintiuna y veintidós de la Compilación Oficial “Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005”, volumen “Jurisprudencia”, al tenor siguiente:

AGRAVIOS, PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR. En atención a lo previsto en los artículos 2o., párrafo 1, y 23, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que recogen los principios generales del derecho iura novit curia y da mihi factum dabo tibi jus (el juez conoce el derecho y dame los hechos y yo te daré el derecho), ya que todos los razonamientos y expresiones que con tal proyección o contenido aparezcan en la demanda constituyen un principio de agravio, con independencia de su ubicación en cierto capítulo o sección de la misma demanda o recurso, así como de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, puesto que el juicio de revisión constitucional electoral no es un procedimiento formulario o solemne, ya que basta que el actor exprese con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le causa el acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese agravio, para que, con base en los preceptos jurídicos aplicables al asunto sometido a su decisión, la Sala Superior se ocupe de su estudio.

5. Agravios inoperantes.- De lo expuesto en el parágrafo que antecede se concluye que los agravios deben estar encaminados a desvirtuar todas y cada una de las consideraciones o razones, de hecho y de Derecho, que la autoridad responsable tomó en cuenta al emitir la sentencia ahora reclamada, esto es, el actor debe hacer patente que los argumentos en los cuales la autoridad enjuiciada sustentó el acto reclamado, conforme a los preceptos jurídicos que estimó aplicables, son contrarios a Derecho.

Por tanto, cuando el impugnante omita expresar argumentos debidamente configurados, en los términos anticipados, los agravios deben ser calificados como inoperantes, ya porque se trate de:

1. Una simple repetición o abundamiento respecto de los expresados en la instancia anterior;

2. Argumentos genéricos o imprecisos, de tal forma que no se pueda advertir la causa de pedir;

3. Cuestiones que no fueron planteadas en los recursos de revisión, cuya resolución motivó el juicio de revisión constitucional electoral que ahora se resuelve, y

4. Alegaciones que no controviertan los razonamientos de la responsable, que son el sustento de la sentencia o acto ahora reclamado.

En los mencionados supuestos, la consecuencia directa de la inoperancia de los agravios es que las consideraciones expuestas por la autoridad responsable continúen rigiendo el sentido de la resolución controvertida, porque tales agravios no tendrían eficacia para anularla, revocarla o modificarla.

Por ende, en el juicio que se resuelve, al estudiar los conceptos de agravio se aplicarán los señalados criterios, para concluir si se trata o no de planteamientos que deban ser desestimados por inoperantes; una vez cumplido y superado ese análisis, aquellos agravios que no adolezcan de inoperancia, serán examinados y confrontados con los razonamientos vertidos en la sentencia reclamada, para establecer si son fundados o infundados.

SÉPTIMO. Fijación de la litis.

1. Sentencia impugnada. Las consideraciones de la sentencia impugnada, en lo que es materia del juicio de revisión constitucional electoral que se resuelve, son al tenor siguiente:

PRIMERO. Que este Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado, es competente…

SEGUNDO. Previo al análisis del fondo de los asuntos planteados se procederá al estudio de las causas de improcedencia…

TERCERO. … se considera innecesario hacer la transcripción acostumbrada…

CUARTO. Por cuestión de método, derivado del orden lógico de conocimiento de los planteamientos efectuados en los recursos de revisión RR-108/2007 y RR-109/2007, en primer término se examinará la impugnación interpuesta por la Coalición “Alianza para que Vivas Mejor” en relación con la causal abstracta de nulidad de la elección en el segundo de los expedientes mencionados y posteriormente la interpuesta por la Coalición “Alianza por Baja California” substanciada en el primero expediente citado, toda vez que el sentido de su fallo, se encuentra íntimamente relacionado con los agravios formulados en este último.

En ese orden de ideas, corresponde el análisis de la impugnación promovida por la Coalición “Alianza para que Vivas Mejor”, radicada bajo expediente número RR-109/2007, en la cual se inconforma en contra del cómputo estatal, la declaración de validez y la entrega de constancia de mayoría de la elección de Gobernador del Estado, a favor del candidato de la Coalición “Alianza por Baja California”.

Para ello se impone definir los siguientes aspectos previos.

En la demanda del recurso de mérito se aprecia que los agravios expresados se asientan desde la página 0011 hasta la página 2256, estos es, en 2245 páginas; agravios que no se encuentran agrupados bajo un criterio de clasificación homogéneo, y el esquema de identificación numérica de los mismos que se empleó tampoco tiene congruencia. Además, se advierte una marcada repetición de argumentos en los distintos agravios así como una reiterada transcripción innecesaria de diversos Acuerdos del Consejo Estatal Electoral y de otros actos y resoluciones.

Por otra parte, a lo largo de la demanda la Coalición “Alianza para que Vivas Mejor”, alude que los conceptos lesivos que argumenta les agravian en relación con la elección de diputados, en otras señala que impactan a la elección de munícipes de Tijuana, en unos más refiere a la elección de munícipes de Tecate o munícipes de Ensenada, o bien señala en términos generales la elección de “munícipes de Baja California”, inclusive finaliza la demanda precisando en el punto petitorio QUINTO que solicita “decretar la nulidad de la votación recibida en las casillas inconformadas, y por consecuencia la nulidad de la Elección de la Planilla de Munícipes del Ayuntamiento de Tijuana, revocando consecuentemente la constancia de mayoría a los candidatos postulados por la Coalición “Alianza por Baja California”.

Las anteriores inconsistencias, fueron observadas por la Coalición “Alianza por Baja California” en su escrito de tercero interesado, manifestando que dichos agravios se están refiriendo a una elección distinta a la impugnada, -que en el caso es la elección de Gobernador-, por lo que a su juicio no forman parte de la litis y por ende deben desestimarse por este órgano resolutor.

No obstante lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 463 de la ley de la materia, así como en la tesis sustentada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación identificada con la clave S3ELJ 04/99, visible a páginas 182 y 183 de la compilación de Jurisprudencias y Tesis Relevantes 1997-2005, este órgano jurisdicente procederá a suplir los errores indicados cuando así corresponda por tratarse únicamente de una deficiencia de argumentación más no a la suplencia del agravio en sí mismo, atendiendo a que de la lectura integral de la demanda se advierte con claridad la pretensión de la actora y el acto de reclamo refiriéndose estos a la elección de Gobernador del Estado de Baja California, y no a las otras elecciones indicadas. Para mayor ilustración se transcribe el fundamento citado.

ARTÍCULO 463.- Cuando exista deficiencia en la argumentación de los agravios, pero éstos puedan ser deducidos claramente de los hechos expuestos en el recurso, el Tribunal no lo desechará y lo resolverá con los elementos que obren en el expediente.

“MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR”. (Se transcribe).

En ese orden de ideas este órgano resolutor distingue que el escrito recursal consta de dos apartados generales:

El primero, que alude a causales de nulidad específica de votación recibida en casillas, impugnando concretamente casillas correspondientes a los Distritos Electorales VII, VIII, X, XII y XIII, con ubicación en los municipios de Tecate y Tijuana, Baja California, por las causales contenidas en las fracciones I, II, III y XII del artículo 411 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales para el Estado de Baja California; el cual se asocia con el primero de los actos reclamados, consistente en:

• Se impugnan los resultados contenidos en el Acta de cómputo estatal de la elección de Gobernador del Estado realizado por el Consejo Estatal Electoral, por nulidad de la votación recibida en casillas.

El segundo, en el que se demanda la nulidad de la elección, con base tanto en la denominada causal abstracta de nulidad, como la causal genérica de nulidad, invocando como motivos de la misma las siguientes irregularidades configurativas de agravios que para efectos del presente análisis se agrupan en siete amplios grupos:

I.  Intervención del Gobernador del Estado en la elección;

II. La revocación de candidaturas y su consecuencia de violación al principio de equidad en la contienda, de objetividad y legalidad en el proceso electoral;

III. Difusión de obra pública y servicios de asistencia social durante el periodo de prohibición legal, y uso de recursos públicos a favor de la Coalición “Alianza por Baja California”;

IV. Campaña denostativa en contra del candidato de la Coalición “Alianza para que Vivas Mejor”;

V. Coerción, represión e intimidación de miembros y simpatizantes de la Coalición “Alianza para que Vivas Mejor”, por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de Justicia del Estado;

VI. La presentación de una serie de irregularidades graves en casillas de los municipios de Tecate, Tijuana y Ensenada, configurativos de la causal genérica de nulidad de votación en casilla prevista en la fracción XII del artículo 411, así como de la de presión en el electorado establecido en la fracción XI del mismo numeral, mediante hechos consistentes en la presencia de personas vestidas de azul el día de la jornada en las casillas que indica, y otros.

Estos motivos de inconformidad se relacionan con los dos últimos actos reclamados señalados en el escrito recursal:

• Se impugna la declaratoria de validez de la elección de Gobernador del Estado, emitida por el Consejo Estatal Electoral, en sesión pública que inició el día 15 y concluyó el 16, ambos del mes de agosto del año en curso, por existir irregularidades graves, sustanciales, de forma generalizada, plenamente acreditadas, no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo, que evidentemente ponen en duda la certeza de la votación recibida el 5 de Agosto del año en curso, afectando de nulidad el resultado de la misma.

• La declaratoria de validez de la elección de Gobernador del Estado, por la existencia de irregularidades graves ocurridas antes, durante y después de la jornada electoral, que violan los principios constitucionales rectores en materia electoral e impiden considerar válido el proceso constitucional y los resultados de la elección.

Además de lo anterior, el VII agravio lo encontramos en el motivo de disenso asentado en la página 559 y siguientes del escrito recursal identificado como “segundo”, en el que se inconforma la Coalición actora con que el Consejo Estatal Electoral no declaró la no validez de la elección aduciendo que carecía de facultades legales para ello. Situación que se considera de diversa índole a las irregularidades que señala como configurativas de la causal de nulidad de la elección, ya que consiste en que la autoridad administrativa electoral debió haber reconocido aquellas y aplicado la sanción legal que a juicio del recurrente correspondía, por lo que dicha situación por prelación lógica debe ser de previo pronunciamiento al conocimiento de los agravios de referencia.

Ahora bien, es preciso señalar que la Ley de Instituciones y Procesos Electorales de Baja California, en relación con la elección de Gobernador del Estado, no prevé la figura jurídica de la nulidad genérica de elección, tal y como la contempla la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en su artículo 78 en relación con la elección de Diputados y Senadores, consistente en:

Artículo 78

1. Las Salas del Tribunal Electoral podrán declarar la nulidad de una elección de diputados o senadores cuando se hayan cometido en forma generalizada violaciones sustanciales en la jornada electoral, en el distrito o entidad de que se trate, se encuentren plenamente acreditadas y se demuestre que las mismas fueron determinantes para el resultado de la elección, salvo que las irregularidades sean imputables a los partidos promoventes o sus candidatos.

En forma diversa, el artículo 414 de la ley de la materia local únicamente establece como causas de nulidad de la elección de Gobernador, las siguientes:

ARTÍCULO 414.- Procede la nulidad en la elección de Gobernador, en los siguientes supuestos:

I. Cuando alguna o algunas de las causas señaladas en el Artículo 411 de esta Ley, se acrediten en por lo menos el veinte por ciento de las casillas correspondientes a cada uno de los municipios en la Entidad;

II. Cuando no se instalen el veinte por ciento de las casillas correspondientes a cada uno de los municipios de la entidad, y

III. Cuando por causas supervenientes el Gobernador electo deje de reunir requisitos para ocupar el cargo.

Supuestos que coinciden con las causales específicas de nulidad de la elección de Diputados y Senadores previstas en los numerales 76 y 77 de la ley adjetiva electoral federal precitada.

Cabe destacar, que los agravios agrupados en el presente fallo como primera parte, aluden a las causales de nulidad específica en casilla previstas en el artículo 411 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales indicadas líneas arriba, y en la segunda parte en forma dispersa a lo largo de los diversos agravios, -y concretamente al aludir a las elecciones de munícipes de Tecate y Tijuana-, invoca la actualización de la causal genérica de nulidad de votación recibida en casilla contemplada en la fracción XII del referido artículo 411 de la ley electoral local, la cual difiere de la causal genérica de nulidad de la Elección.

Sin embargo en ninguno de sus planteamientos, la Coalición actora señala expresamente como agravio el que dichas causales específicas de nulidad de votación recibida en casilla se presentó en el 20% de las casillas instaladas, como tampoco el que ese mismo porcentaje de casillas se dejó de instalar de conformidad a las causales de nulidad de elección a que alude el artículo 414 de la ley electoral local, no obstante este Tribunal, una vez efectuada la revisión correspondiente procederá a examinar la posible existencia de la nulidad de la elección en los términos regulados por la ley de la materia, tomando en consideración en forma conjunta ambos segmentos de casillas, ello en virtud de tratarse de una cuestión de orden público.

Asimismo por lo que hace a la causa de nulidad abstracta, la Ley de Instituciones y Procesos Electorales para el Estado de Baja California tampoco la contempla expresamente, ya que, como su nombre lo indica no se trata de una causa establecida concretamente en los cuerpos legales, sino una violación de los principios contenidos en forma abstracta en los textos constitucional y legal, construida jurisprudencialmente por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y la cual es de aplicación en materia local por así disponerlo el artículo 7 de la ley de la materia en el Estado, por lo que este Tribunal considera que la impugnación de la declaración de validez y el otorgamiento de la constancia respectiva, aduciendo que no se respetaron los principios constitucionales rectores de toda elección válida, mediante la presencia de una serie de irregularidades graves, debe considerarse procedente realizar el estudio bajo la figura de la causal abstracta, pese a que el promovente invoca en forma indistinta para los hechos argüidos, tanto ésta como la causal genérica en términos diversos a lo regulado en el Estado, sin establecer diferencia alguna.

Ahora bien, de conformidad con lo establecido por el artículo 5to de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y a lo dispuesto por el artículo 1ro de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales para el Estado, las normas que rigen el proceso electoral y el sistema de medios de impugnación son de orden público y de observancia general, por lo que las violaciones o actualizaciones de las hipótesis contenidas en dichos ordenamientos, deben analizarse en primer término, toda vez que si este Tribunal tuviere por acreditado que ocurrieron irregularidades graves en el proceso electoral, no sería viable que la elección subsistiera, pues al evidenciarse dichas irregularidades, deben sancionarse con la pena máxima, como lo es la nulidad de la elección, en este caso la de Gobernador del Estado de Baja California, y por ende el cómputo de la misma se revocaría, y por tanto resultaría innecesaria la revisión de la existencia de posible causales de nulidad específica de votación de casilla.

Por tanto en la presente resolución, por cuestión de método se analiza en primer término, el apartado denominado segundo relativo a la causal de nulidad abstracta, iniciando con la resolución de la cuestión previa indicada con el número VII.

Con la finalidad de dar mayor claridad y orden al fallo, los distintos agravios mencionados a lo largo de la demanda relacionados con los temas indicados en los seis puntos agrupados en el segundo apartado, identificados con un número romano, se analizarán en forma conjunta, en el siguiente orden de revisión: los agravios I al V; de ser improcedente la nulidad de la elección solicitada, se continuará con el análisis de las causales de nulidad de votación recibida en casilla, contenidas en el agravio identificado con el número VI del apartado segundo, así como de los agravios integrantes del apartado primero, para concluir con la consideración de la posible actualización de la causal genérica de nulidad de la elección contemplada en la fracción I del artículo 414 de la ley electoral local, o bien una posible modificación en el cómputo de la elección de Gobernador invocada como primer acto reclamado en el escrito recursal.

Lo determinado se sustenta además, en la tesis de jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo contenido literal es el siguiente:

“AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”. (Se transcribe).

QUINTO. AGRAVIO VII. La no declaración de no validez de la elección por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California, aduciendo que carecía de facultades legales para ello.

En distintos apartados de las páginas 515 a541 y 559 a 586 del escrito recursal, la Coalición “Alianza para que Vivas Mejor” plantea el presente agravio.

A juicio de la recurrente el Consejo Estatal Electoral al emitir la declaración de validez de la elección de Gobernador y la consecuente entrega de la constancia de mayoría a favor del candidato registrado por la Coalición “Alianza por Baja California”, le lesiona jurídicamente debido a que dicho órgano administrativo debió “concluir en la nulidad de la elección de Gobernador, por la causal abstracta que se deriva del incumplimiento de los principios constitucionales a que está sujeta la elección de Gobernador”, por lo que “debió de haber declarado la no validez.”

Señala el recurrente que la responsable debió de haber analizado, además de las que precisa en la parte considerativa del acuerdo en que declaró válida la elección, otras irregularidades en que incurrieron las autoridades encabezadas por el titular del Poder Ejecutivo Local, incluso antes del inicio del proceso electoral, las cuales estima incidieron en la vulneración a los principios constitucionales que regulan la materia, irregularidades que, entre otras consecuencias, concluye, llevaron obligadamente al Consejo Estatal Electoral a declarar válida la elección aduciendo que de conformidad con el artículo 122, fracción XXVI de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales para el Estado de Baja California, no contaban con facultades para declarar la no validez, pese a haber determinado en el propio acuerdo aprobado por votación unánime de los siete consejeros, la presencia de las irregularidades referidas.

Continúa manifestando el impugnante que a su consideración la responsable sí tenía y tiene facultades para haber declarado la no validez de la elección, derivada de una interpretación “a contrario sensu” tanto del dispositivo legal citado, como de lo previsto en el artículo 404, fracción II del mismo ordenamiento, ya que carecería de la más elemental lógica concluir que sólo se le faculta para declarar la validez y no para declarar la no validez. Preceptos que literalmente establecen:

ARTÍCULO 122.- El Consejo Estatal Electoral tendrá las siguientes atribuciones:

XXVI.- Realizar el cómputo estatal de la elección de Gobernador, declarar la validez de la misma y expedir la constancia de mayoría correspondiente;

ARTÍCULO 404.- Concluido el cómputo de las elecciones, el Consejo Estatal Electoral procederá a:

II.- Declarar la validez de la elección de Gobernador y extender la constancia de mayoría al candidato que haya obtenido mayor número de votos, y

Precisa el recurrente que lo anterior es así, porque la facultad otorgada al Consejo Estatal Electoral para declarar la validez no es algo que inexorablemente deba hacer, sino que sería necesario que previamente se analizara el cumplimiento de todos los requisitos formales de la elección entre los cuales indica se encuentran los que derivan de los artículos 39, 41, 99 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en caso de que no se cumplieran dichos principios estaría obligado a no hacer la declaración de validez, facultad que se encuentra implícita o derivada en el texto legal transcrito líneas arriba.

Procediendo posteriormente a estas alegaciones, a transcribir el Acuerdo de Validez dictado por el Consejo Estatal Electoral y a puntualizar las diversas irregularidades que constituyen a su estima, la causal abstracta de nulidad de la elección, las cuales, de acuerdo a la metodología de análisis planteada, serán estudiadas en los siguientes considerandos, correspondiendo en el presente únicamente el pronunciamiento con relación a las facultades del Consejo Estatal Electoral controvertidas.

En ese orden de ideas, en primer lugar resulta pertinente diferenciar lo relativo a la nulidad de la elección, de la invalidez de la misma, situaciones diversas que aparecen entremezcladas en los alegatos de la recurrente.

Así tenemos que, en cuanto a la manifestación inicial del impugnante relativo a que el Consejo Estatal Electoral debía haber concluido en que se presentó la causal de nulidad abstracta de la elección y por ende declarar la no validez, es infundada toda vez que la autoridad administrativa electoral no dispone de atribuciones constitucionales ni legales para decretar la nulidad de una elección, correspondiendo la aplicación de la medida sancionatoria de nulidad en forma exclusiva a la autoridad jurisdiccional, ello de conformidad a lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo del artículo 5 y el 68 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, de los artículos 244 y 245 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y del Libro Octavo de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales de la entidad.

Ahora bien, por lo que hace a su alegato consistente en que la responsable sí dispone de facultades para declarar la invalidez de la elección, le asiste la razón, toda vez que, efectivamente no es dable asumir que la facultad conferida al Consejo Estatal Electoral por el artículo 122, fracción XXVI, deba entenderse como un imperativo legal consistente en que en forma inexorable, en todo tiempo deba decretar la validez de la elección de Gobernador, ya que se trata precisamente de una atribución y no de una obligación legal; por lo que es dable concluir como una consecuencia lógica derivada de una interpretación gramatical de dicho precepto, que el Consejo Estatal Electoral se encuentra facultado a declarar la validez de la elección, omitir la declaración o bien, a contrario sensu, a declarar la no validez de la elección.

Sin embargo es infundado el agravio de mérito, por lo que hace a los motivos que el impugnante aduce como presupuestos para la declaración de no validez que debieron ser tomados en cuenta por parte de la autoridad administrativa electoral, -los cuales incluso fueron esbozados por la responsable en el Acuerdo dictado con fecha dieciséis de agosto con motivo de la declaratoria de validez de la elección de Gobernador del Estado-, siendo éstos la presencia de irregularidades que afirma son violatorios de los principios constitucionales que rigen la elección y configurativos de la causal abstracta de nulidad de la elección, mismos que en el presente recurso invoca como agravios; ya que a juicio de este órgano resolutor, de conformidad con lo dispuesto por el marco jurídico que regula la actuación del Consejo Estatal Electoral como más adelante se precisará, para la emisión de la declaración de validez de la elección, corresponde únicamente la revisión del cumplimiento de los requisitos formales de la elección, como también lo reconoce la propia recurrente en la página 562 de la demanda, así como la responsable, en su informe circunstanciado y al asentar en el considerando IV del acuerdo de validez de la elección lo siguiente:

IV. Que una vez asentado lo anterior, y habida cuenta que la declaración de validez de una elección implica, revisar si en la misma se han cumplido la totalidad de los requisitos formales que determinan la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Baja California, la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California y los acuerdos dictados por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral del Estado de Baja California, procederemos continuación a verificar el cumplimiento de los referidos requisitos formales: del contenido de los antecedentes de esta resolución se desprende: I) Que este Consejo Estatal Electoral y los Consejos Distritales del Instituto Estatal Electoral del Estado de Baja California, se instalaron legalmente para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 5 y 27, fracción VIII, y 80 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y los artículos 107, 111, 122, 138, 148, 284 fracción II, 315, 316, 317, 320, 339, 389, 395, 397, 403 y 404 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales; 2) Que los Órganos del Instituto Estatal Electoral, realizaron en tiempo y en forma, los trabajos encomendados por la Ley de Instituciones y Proceso Electorales, relativos a la preparación de la elección, de la jornada electoral y de' cómputo de la elección; y, 3) Que con base en el artículo 275 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales, cada una de las etapas del proceso electoral fueron definitivas al momento de concluirse, en virtud de que se realizaron todos los actos que corresponden a cada una de ellas.

En base a todo lo anterior y atendiendo al hecho de que se realizaron la totalidad de los actos y actividades trascendentes del proceso electoral ordinario para elegir al Gobernador del Estado de Baja California, según se desprende del capitulo de Antecedentes, este Consejo Estatal Electoral considera que debe declararse valida la elección de Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California.

Asimismo al finalizar el considerando VI del mismo Acuerdo de Validez, enfatiza:

Sin embargo, la Ley Electoral no concede la atribución de declarar la no validez de la elección, por lo que, el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California, sólo tiene la facultad de declarar la validez de la elección en los términos de los artículos 268, 122 fracción XXVI y 271 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales de Baja California; atribución que ejerce en cumplimiento de los principios que rigen las actividades de este órgano electoral, no obstante de las irregularidades que han sido señaladas en el cuerpo del presente instrumento.

Los preceptos que señala la responsable como marco legal de su actuación en el tema atiente son los que se transcriben a continuación, y contienen los requisitos formales que deben cumplirse en una elección, entendiéndose por éstos, los que atañen a la expresión externa del acto, al procedimiento, la forma de la declaración y la notificación, de conformidad a la teoría del acto administrativo (Andrés Serra Roja, Derecho Administrativo, Editorial Porrúa, pág. 256-267), a diferencia de los elementos objetivos que aluden a su contenido, y a los subjetivos; y elementos formales que en forma expresa, a diferencia de la legislación loca que se derivan implícitamente, son mencionados en los numerales 247, apartado 1 inciso h), y 265, apartado 1 inciso c), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al reglamentar los cómputos distritales de las elecciones de diputados y senadores, al mencionar que una vez efectuados los cómputos la autoridad administrativa electoral deberá verificar el cumplimiento de “los requisitos formales de la elección” y de los requisitos de elegibilidad de los candidatos que hubiesen obtenido la mayoría de votos.

ARTÍCULO 268.- El proceso electoral se inicia con la sesión de instalación del Consejo Estatal Electoral, en los términos del Artículo 119 de esta Ley, y concluye una vez entregadas las constancias de asignación de representación proporcional correspondientes.

El proceso electoral, para los efectos de esta Ley, comprende las etapas siguientes:

I.  Preparación de la elección;

II. Jornada electoral;

III. Cómputo y resultado de las elecciones, declaración de validez y entrega de constancia de mayoría, y

IV. Asignación de representación proporcional.

ARTÍCULO 122.- El Consejo Estatal Electoral tendrá las siguientes atribuciones:

XXVI.- Realizar el cómputo estatal de la elección de Gobernador, declarar la validez de la misma y expedir la constancia de mayoría correspondiente;

ARTÍCULO 271.- El cómputo y resultado de las elecciones, declaración de validez y entrega de constancia de mayoría comprende:

I. La remisión de la documentación, expedientes y paquetes electorales a los Consejos Distritales Electorales;

II. La realización de los cómputos de las elecciones de Diputados por el Principio de Mayoría Relativa, Munícipes, Gobernador y Diputados por el Principio de Representación Proporcional, y

III. Declaración de validez y entrega de constancias de mayoría relativa en la elección de Diputados, Munícipes y Gobernador.

Como se observa de los preceptos transcritos, los mismos hacen alusión a las distintas etapas y actividades que comprenden el proceso electoral, cuya organización y desarrollo son responsabilidad directa del Consejo Estatal Electoral, y las cuales le competen, además, por disposición constitucional, conforme lo establece el párrafo séptimo y octavo del artículo 5 de la carta magna local, los cuales para una mayor comprensión, se transcriben:

“La organización de las elecciones estatales y municipales es una función pública que se realiza a través de un organismo público autónomo e independiente denominado Instituto Estatal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, a cuya integración concurren los ciudadanos y los partidos políticos, según lo disponga la Ley. En el ejercicio de esta función pública, serán principios rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

El Instituto Estatal Electoral agrupará para su desempeño, en forma integral y directa, además de las que determine la Ley, las actividades relativas a la capacitación y educación cívica, geografía electoral, derechos y prerrogativas de los partidos políticos, al padrón electoral y Listas Nominales de Electores, impresión de materiales electorales, preparación de la Jornada Electoral, cómputos, otorgamiento de constancias de mayoría, y asignaciones por el principio de representación proporcional. Así como lo relativo a la regulación de la observación electoral y de las encuestas o sondeos de opinión con fines electorales. Asimismo, tendrá a su cargo en los términos que señale esta Constitución y la Ley, la realización de los procesos de Plebiscito, y Referéndum.”

Siendo la debida realización de estas actividades las que, como bien señala en la página 16 de su informe circunstanciado, compete revisar por parte del Consejo Estatal Electoral para efectos de determinar la validez de la elección; y sólo a falta de alguna de ellas cuya ausencia repercuta gravemente en el proceso, o en caso de que no pueda emitirse la voluntad ciudadana a través del voto, o bien que exista la imposibilidad material de concluir el sentido de dicha voluntad, o que los candidatos resultaren inelegibles e insustituibles en los términos legales, es que procedería decretar la no validez de la elección.

Si bien, el recurrente hace extensiva la facultad del Consejo Estatal Electoral para emitir la declaración de validez o no de las elecciones a la revisión de otros actos ajenos a su actuación, al señalar todos aquellos posiblemente constitutivos de la causal de nulidad abstracta, este Tribunal considera que la facultad del Consejo se encuentra acotada al análisis de aquellos actos que sean de su competencia, en los términos previstos por el numeral 111 de la Ley de la materia, que alude a la responsabilidad de dicho órgano de vigilar y preservar que en las actividades del Instituto Estatal Electoral se cumplan con los principios que rigen la función electoral. Para mayor comprensión se transcribe el texto legal citado:

ARTÍCULO 111.- El Consejo Estatal Electoral será responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de preservar que en las actividades del Instituto se observen los principios que rigen la función pública electoral.

La misma conclusión se obtiene de lo previsto en el artículo 3 del mismo ordenamiento legal, que establece que la ejecución y aplicación de las normas electorales corresponde, según su ámbito de competencia al legislativo, y a las autoridades administrativa y jurisdiccional electoral, en los términos siguientes:

ARTÍCULO 3.- Corresponde la ejecución y aplicación de las normas contenidas en esta Ley, dentro de su respectivo ámbito de competencia, al Poder Legislativo, al Instituto Estatal Electoral y al Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado, quienes tendrán la obligación de velar su estricta observancia y cumplimiento.

Por lo que, la tesis relevante que invoca la recurrente, sostenida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que se inserta líneas abajo, y atento a las disposiciones legales de actuación del Consejo Estatal Electoral, conforme al régimen de facultades expresas que regula la actuación de todo ente público, es de entenderse, que a éste corresponde la observancia de los principios constitucionales y legales dentro del ámbito de su competencia, y no así en aquellos aspectos que son extraños a ésta, como sería la revisión de la actuación de entes ajenos al Instituto o que no se encuentran bajo su regulación directa, como por ejemplo los actos de autoridades u organismos privados, o bien, la valoración de actos acaecidos incluso con anterioridad al inicio del propio proceso electoral, como pretende la recurrente que debía haberlo efectuado la ahora responsable.

Máxime cuando lo que la recurrente alega es la actualización de la causal abstracta de nulidad, la cual es de creación jurisprudencial y cuya declaración corresponde a las autoridades jurisdiccionales, y no a la autoridad administrativa electoral al pronunciarse sobre la validez de la elección, como claramente se advierte en la tesis relevante precitada, así como en la tesis de jurisprudencia que describe la causa de nulidad esgrimida, que a continuación de igual manera se transcribe, para mayor ilustración.

“ELECCIONES. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES QUE SE DEBEN OBSERVAR PARA QUE CUALQUIER TIPO DE ELECCIÓN SEA CONSIDERADA VÁLIDA”. (Se transcribe).

“NULIDAD DE ELECCIÓN. CAUSA ABSTRACTA (Legislación de Tabasco y similares)”. (Se transcribe).

En efecto.

En la evolución del derecho electoral encontramos en lo relativo a la calificación de la elección que ésta se puede dar en dos vías. La primera a través de la autoridad administrativa electoral, como es el Instituto Federal Electoral y los Institutos Electorales de los Estados, la cual, citando al autor Jean Paul Huber Olea y Contró (en su obra El Proceso Electoral, Editorial Porrúa, páginas 459 y 460), se realiza basada en el principio de buena fe de los órganos del Estado; y la segunda denominada calificación jurisdiccional, que se realiza a través de las sentencias que dictan los tribunales electorales al resolver los medios de impugnación que versan sobre los resultados de la elección.

Al respecto, no pasa desapercibido para este resolutor que el recurrente manifiesta que la Sala Superior, ha considerado que es en el momento de la calificación de la elección donde debe revisarse de manera total e íntegra el cumplimento de los principios constitucionales a que está sujeta la elección cuya validez se va a calificar; no obstante es de señalarse que en materia federal la regulación es divergente de la local, ya que, por vía de ejemplo se menciona que, entratándose de las elecciones presidenciales, la calificación de la elección corresponde precisamente a una autoridad jurisdiccional, y no a la administrativa, como es la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y que además el Juicio de Inconformidad no se encuentra contemplado para ventilar cuestiones relativas a la declaración de validez de la elección presidencial, todo ello atento a lo dispuesto en los artículos 99, fracción II de la Constitución Federal, 174 apartado 6 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 186, fracción II y 189, fracción I, inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que la única ocasión en que es dable jurídicamente realizar la revisión de referencia lo es en la calificación de la elección, lo que no acontece en nuestra entidad, en la cual, por disposición expresa del artículo 422 de la ley de la materia, la declaración de validez de la elección de Gobernador es impugnable a través del recurso de revisión, como en la especie acontece.

ARTÍCULO 422.- Los partidos políticos y las coaliciones, por conducto de sus representantes legítimos, podrán interponer el recurso de revisión para impugnar:

IV. La declaración de validez y el otorgamiento de la constancia de mayoría, por nulidad de la elección de Diputados, Munícipes o Gobernador, por los supuestos previstos en los Artículos 412, 413 y 414 de esta Ley;

VII. La declaración de validez de la elección de Gobernador y el otorgamiento de la constancia de mayoría, que realice el Consejo Estatal Electoral;

En ese orden de ideas se estima parcialmente fundado el agravio hecho valer por la Coalición “Alianza para que Vivas Mejor” toda vez que el Consejo Estatal Electoral sí dispone de atribuciones para declarar no válida la elección, pero no por las causas que hace valer la recurrente y que asienta el Consejo en el acuerdo de validez de la elección, por lo que a la postre resulta inoperante.

Por otra parte, y continuando con el método de estudio propuesto para abordar los recursos planteados, se procederá a determinar la existencia, acreditación y determinancia de las irregularidades asentadas en el Acuerdo en mención, las que resultan coincidentes con los agravios alegados por la recurrente, quien esgrime irregularidades adicionales, y si éstas, en su caso, son configurativas de la causal abstracta de nulidad invocada, en los términos dispuestos por la tesis jurisprudencial sostenida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se transcribió líneas arriba.

Para dicho fin, conviene hacer las precisiones previas siguientes.

Según lo ha sostenido la Sala Superior, en la tesis de jurisprudencia precitada, de los artículos 39, 41, 99 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, derivan ciertos principios fundamentales, tales como el sufragio universal, libre, secreto y directo; la organización de las elecciones a través de un organismo público y autónomo; la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad como principios rectores del proceso electoral; el establecimiento de condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación social; el control de la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, así como que en el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales debe prevalecer el principio de equidad. Estos principios deben observarse en los comicios para considerar que las elecciones son libres, auténticas y periódicas, tal y como se consagra en el artículo 41 constitucional, propias de un régimen democrático, pues de acreditarse su afectación grave y generalizada, provocaría que la elección de que se trate careciera de sustento constitucional y, en consecuencia, procedería declarar su nulidad.

Es decir, la denominada causa abstracta de nulidad de elección, encuentra su origen en la afectación grave y generalizada a los principios fundamentales que dimanan de los señalados artículos de la Constitución federal, a través de ciertos actos que puedan afectar su validez, y que aunque irregulares, no fueron sancionados por el legislador con la nulidad de la elección, oponiéndose en este sentido, como su propio nombre lo expresa, a los supuestos de nulidad específicos que se prevén ordinariamente en las Leyes de la materia.

De igual forma, la Sala Superior en criterio relevante de rubro ELECCIONES. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES QUE SE DEBEN OBSERVAR PARA QUE CUALQUIER TIPO DE ELECCIÓN SEA CONSIDERADA VÁLIDA, transcrito con antelación, sostiene que de los artículos 39, 41, 99 y 116 de la carta magna federal, se puede desprender cuáles son los elementos fundamentales de una elección democrática, cuyo cumplimiento debe ser imprescindible para que una elección se considere producto del ejercicio popular de la soberanía, dentro del sistema jurídico-político construido en constitución general y en las leyes electorales estatales, que están inclusive elevadas a rango constitucional, y son imperativos, de orden público, de obediencia inexcusable y no son renunciables.

En tanto que, la observancia en un proceso electoral de los principios de elecciones libres, auténticas y periódicas; el sufragio universal, libre, secreto y directo; que en el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales prevalezca el principio de equidad; la organización de las elecciones a través de un organismo público y autónomo; la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad como principios rectores del proceso electoral, el establecimiento de condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación social, el control de la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se traducen en el cumplimiento de los artículos 39, 41, 99 y 116 de la Ley fundamental.

Se hace énfasis además, que la causal abstracta atañe a la naturaleza misma del proceso electoral y los fines que persigue, en la cual, la nulidad la determina el hecho de que las violaciones sean suficientes y en tal grado que permitan afirmar que tales fines no se alcanzaron, es decir, que no se obtuvo una elección libre y auténtica, a través del voto universal, libre, secreto y directo de los ciudadanos.

Esto, porque se exige que las violaciones sean determinantes para el resultado de la elección, lo que implica que por su constante presencia durante el desarrollo del proceso electoral, y por sus circunstancias sean eficaces o decisivas para afectar los bienes jurídicos sustanciales mencionados, lo que ocurre, por ejemplo, cuando las violaciones demostradas conducen a establecer la probabilidad de que tales irregularidades determinaron la diferencia de votos entre el partido que obtuvo el primer lugar, respecto del segundo.

No sólo es necesario que se acrediten irregularidades, si no que efectivamente al momento de ser valoradas impliquen, que si estas no hubiesen ocurrido el resultado de la votación en la jornada electoral hubiese sido distinto; pues como ya se advirtió, la nulidad abstracta encuentra su origen en la afectación grave y generalizada a los principios fundamentales que dimanan de los mencionados preceptos constitucionales, a través de ciertos actos que puedan afectar su validez.

Asimismo en forma previa al estudio de los agravios planteados en relación con la causal abstracta, resulta de igual manera indispensable establecer algunas de las reglas que prevé la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California, sobre la valoración de pruebas, ya que la mayoría de los planteamientos del recurrente versan sobre este tema.

En conformidad con los artículos 448, 450, 451, 459 y 460 de la Ley de la materia, los medios de prueba admisibles en la impugnación de actos electorales pueden consistir en documentales públicas, documentales privadas, técnicas, periciales, reconocimiento o inspección judicial, presuncionales e instrumental de actuaciones.

Las documentales privadas, por exclusión de las referidas en la Ley como documentales públicas, son todos los documentos que aporten las partes, siempre que resulten pertinentes y relacionadas con las pretensiones. Las pruebas técnicas comprenden, entre otras, las fotografías, cintas de video o audio, copias u otros medios de reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia.

Los medios de prueba deben ser valorados conforme con las reglas de la lógica, de la experiencia y de la sana crítica, a excepción de las documentales públicas que tienen pleno valor probatorio, salvo prueba en contrario, según lo dispone la propia Ley. Las documentales privadas, las técnicas, entre otras, sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver, los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.

La Sala Superior al resolver el Juicio de Revisión Constitucional SUP-JRC-233/2004, sostuvo que en diversas ejecutorias ha fijado el criterio, -que en algunos casos se ha recogido en tesis aisladas y en otros ha constituido jurisprudencia-, de que los alcances demostrativos de las pruebas consistentes en documentales privadas, fotografías, cintas de video o audio, copias fotostáticas, notas periodísticas, documentos que contengan declaraciones (testimoniales) y otras, son de meros indicios respecto de las afirmaciones de las partes, y que para su mayor o menor eficacia es necesario que se corroboren entre sí o con otros elementos de prueba, a efecto de estimarlos suficientes para acreditar las hipótesis de hechos aducidas por las partes.

Respecto a las notas periodísticas, su valor probatorio deberá realizarse en los términos de la tesis de jurisprudencia de la Sala Superior, siguiente:

“NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA INDICIARIA”. (Se transcribe).

Y con respecto a los documentales, debe observarse la tesis de jurisprudencia:

“PRUEBAS DOCUMENTALES. SUS ALCANCES”. (Se transcribe).

Asimismo, por regla general en el derecho procesal corresponde la carga de la prueba al que afirma el acontecimiento de ciertos hechos y también al que los niega cuando su negativa envuelva la afirmación de un hecho, lo que se establece en la ley de la materia en el artículo 457; consecuentemente corresponderá al actor demostrar los hechos en que se base para solicitar la causa de nulidad invocada.

En ese tenor, el examen de los agravios se hará conforme a esas bases, cuando se trate de alguno de los tipos mencionados.

SEXTO.- AGRAVIO I. Intervención del Ejecutivo Estatal en la elección de Gobernador.

La Coalición actora alude en las páginas 525 a 558 así como en las fojas 697a 763 del escrito de demanda, la intervención del Gobernador del Estado de Baja California básicamente en cuatro aspectos:

A) Vulneración a la autonomía de este Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California, mediante hostigamiento presupuestal y negativa del derecho de ratificación a los suscritos magistrados integrantes del Pleno.

B) Hostigamiento presupuestal al Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral, mediante una campaña pública de desprestigio y denuncia penal en contra de cuatro consejeros, vulnerando con ello su autonomía.

C) Creación de una reforma a la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado a fin de crear condiciones favorables al Partido Acción Nacional en el proceso electoral 2007.

Es un hecho público y notorio que no requiere medio de prueba en términos del artículo 456 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California, la situación presupuestal de este Tribunal de Justicia Electoral, y el planteamiento de controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde incluso se obtuvo sentencia favorable en la controversia 10/2005, así mismo por las mismas razones se promovió en el año 2006 de nueva cuenta controversia constitucional, sin embargo ésta fue desechada por falta de personería y en el 2007 efectivamente de igual manera se promovió una controversia constitucional en virtud del presupuesto aprobado para el presente ejercicio fiscal. Resulta importante destacar como un hecho notorio para este tribunal que los presupuestos de egresos de los ejercicios fiscales del 2005, 2006 y 2007 fueron aprobados por todas las fracciones parlamentarias que integran la XVIII Legislatura, no obstante lo anterior, el hecho de que el Tribunal de Justicia Electoral de Poder Judicial del Estado, haya acudido al órgano máximo de justicia en defensa de su presupuesto de ninguna manera afecta los principios rectores de la función pública electoral en el proceso electoral en curso, máxime que la independencia y autonomía de este Tribunal se encuentra garantizada en los artículos 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 57 y 68 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.

Dispone el artículo 116 fracción IV, inciso c), de la Carta Magna, que las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones.

A su vez en la Constitución local en su artículo 57 párrafo sexto, acorde a la Constitución federal, se determina que corresponde al Tribunal de Justicia Electoral como máxima autoridad jurisdiccional electoral estatal, y órgano especializado del Poder Judicial garantizar el cumplimiento del principio de legalidad de los actos y resoluciones electorales.

Por su parte el artículo 68 del mismo ordenamiento constitucional reitera que el Tribunal de Justicia Electoral será la máxima autoridad jurisdiccional electoral estatal y órgano especializado del Poder Judicial del Estado. Será autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, debiendo el Poder Legislativo, garantizar su debida integración; con competencia para resolver, en los términos de la Constitución local y de la Ley de la materia, las impugnaciones que se presenten en materia electoral estatal.

Autonomía e independencia que no puede estimarse violada en perjuicio del proceso electoral 2007, por las disminuciones presupuestales referidas, pues este Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado, se encuentra cumpliendo con las encomiendas constitucionales y legales previstas en la Constitución y leyes respectivas, como lo es, la substanciación y resolución del presente medio de impugnación; aunado a que el actor no precisa como se afectan tales principios en el quehacer jurisdiccional del Tribunal.

Así mismo y derivado de la reducción presupuestal del año 2005, el Tribunal Electoral adquirió adeudos con el personal jurídico, administrativo e incluso con el Magistrado Armando Bejarano Calderas, adeudos que aun subsisten, es de señalarse que en el caso del magistrado Bejarano Calderas efectivamente promovió Juicio de Garantías para efecto de lograr el amparo y protección de la justicia federal, respecto de las remuneraciones que se le adeudaban, situación que quedo resuelta mediante ampliación presupuestal de fecha 19 de abril del 2007. Sin embargo los problemas presupuestales por lo que a travesado el Tribunal de Justicia Electoral en nada afectan en cuanto a su deber constitucional que tiene encomendado, por lo que es dable subrayar que las carencias económicas de los años 2005 y 2006 en nada han afectado que las resoluciones que se han emitido los principios de autonomía, certeza, legalidad e independencia, como infundadamente lo sostiene la actora.

Inconcuso es, que esta pendiente el proceso de ratificación de los magistrados electorales que integran este Tribunal de Justicia Electoral, empero es innegable también, que le compete al Poder Legislativo del Estado instaurar el proceso de ratificación respectivo conforme a lo ordenado por la justicia federal, y que en dicho proceso no interviene el Poder Ejecutivo, además de que el actor no demuestra que dicho procedimiento hubiere iniciado para afirmar la “incertidumbre de su permanencia en el cargo la cual en cualesquier momento puede verse interrumpida”, para arribar un perjuicio hacia los justiciables.

En efecto el recurrente no demuestra, por ejemplo que el Poder Legislativo del Estado, haya iniciado el proceso de ratificación de los magistrados integrantes del Tribunal, para inferir aun indiciariamente, la falta de equidad, dudas en la imparcialidad, y estabilidad en los criterios, que de manera genérica y subjetiva se hacen valer en la demanda en estudio, sustentado vagamente el cambio de criterio en la interpretación y aplicación de la llamada “Ley Antichapulín”, sin precisar la relación de causa efecto para afirmar lo anterior.

Con independencia de lo anterior, es evidente que en la entidad existe un órgano jurisdiccional encargado de resolver las controversias surgidas en materia electoral, dotado de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, al que correspondió resolver en primer instancia los conflictos judiciales surgidos a razón de la aplicación o no de las normas electorales en el presente proceso electoral dos mil siete, sin que se haya dejado de resolver medio de impugnación alguno, de ahí, la inoperancia del agravio.

Respecto al Instituto Estatal Electoral señala el recurrente que las irregularidades que ha incurrido el Ejecutivo Estatal como el Congreso del Estado (mayoría panista) y que han vulnerado la autonomía e independencia del Instituto, son:

1) La no ratificación de tres consejeros electorales del Consejo Estatal Electoral, debido a la reforma legal de fecha 16 de octubre de 2006, lo que originó la presentación de diversos juicios;

2) La negativa del presupuesto mínimo indispensable para que el Instituto Estatal Electoral funcionara los años 2005, 2006 y 2007, y su disminución por parte del Ejecutivo del Estado;

3) El hostigamiento estatal hacia los Consejeros Ciudadanos del Consejo Estatal Electoral, lo que se reconoció por el propio organismo en el acuerdo de calificación de la elección de Gobernador, citando la denuncia por responsabilidad administrativa en contra de los Consejeros Ciudadanos Jaime Vargas Flores y Raúl Flores Adame; así como la intervención del Órgano Superior de Fiscalización al fiscalizar los meses de marzo y abril del año 2007;

4) Que se percibe claramente la intromisión de las autoridades en la autonomía e independencia del Consejo Estatal Electoral vulnero los principios derivados se los artículos 39, 41, 99 y 116 de la Constitución Nacional; siendo el colmo la denuncia penal interpuesta por el Partido Acción Nacional en contra de cuatro de los siete Consejeros Electorales, lo que agudizó la moral de los dichos funcionarios y prueba de ello es la inexplicable conducta de aprobar la validez de la elección impugnada no obstante que en su acuerdo plasmaron una serie de irregularidades en perjuicio del proceso electoral.

A fin de analizar el agravio en cuestión primeramente resulta conveniente recordar que, de conformidad con el artículo 109 de la Ley de la materia, los fines del Instituto Estatal Electoral, son entre otros, el contribuir al desarrollo de la vida democrática en el Estado; fortalecer el régimen de partidos políticos; administrar el Registro Estatal de Electores; asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político electorales y en cumplimiento de sus obligaciones; garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar la integración de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, y los Ayuntamientos del Estado; preservar la autenticidad y efectividad del sufragio; realizar los procesos de plebiscito y referéndum en los términos de la ley de la materia, y llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar al fortalecimiento y difusión de la cultura cívica y política.

En cuanto al argumento que esgrime la recurrente respecto de la negativa de presupuesto mínimo indispensable para que el Instituto Estatal Electoral funcionara los años 2005, 2006 y 2007, y su disminución por parte del Ejecutivo del Estado; la coalición recurrente incumple con la carga de la prueba al no demostrar su afirmación, ya que incluso es omisa en determinar los montos disminuidos presupuestalmente en cada ejercicio fiscal, por otra parte es de resaltarse que la coalición actora en el agravio en estudio no señala que se hayan visto mermados en su actuación el Instituto Estatal Electoral, respecto de los fines que tiene legalmente encomendados, con la supuesta disminución presupuestal, al no constar en el caudal probatorio elemento alguno que demuestre lo contrario; además son hechos públicos y notorios que no requieren probarse, el desahogó por parte de las órganos que integran el Instituto Estatal Electoral de las etapas de preparación de la elección, jornada electoral, cómputo y resultados de las elecciones, declaración de validez y entrega de constancias de mayoría; es decir la máxima autoridad electoral administrativa en el estado cumplió con los fines antes indicados, aunado a que en el expediente no obra dato alguno sobre actividad específica no ejecutada por falta de presupuesto, por ello lo infundado del agravio.

Incluso el tercero interesado refiere como hecho público y notorio, que la falta de presupuesto hacia el Consejo Estatal Electoral, se desvirtúa con un sólo ejemplo en donde se aprecia la existencia de presupuesto suficiente para el proceso electoral, citando que días antes de la jornada electoral la responsable, previo dictamen de la Comisión de Fiscalización Presupuesto y Administración del Consejo Estatal Electoral acordó contratar los servicios de la empresa Ipsos - Bimsa para llevar a cabo encuestas de salida el día de la elección por un costo aproximado de 1,200,000 (Un millón doscientos mil pesos 00/100 moneda nacional). Hecho público y notorio, del que incluso conoció la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el juicio de revisión constitucional electoral, con clave SUP-JRC-178/2007. Situación que en base a la lógica, la experiencia y de la sana crítica, generan presunción sobre la existencia de presupuesto suficiente para el desahogo del proceso electoral 2007.

La actora ofreció como pruebas para acreditar el agravio en estudio las siguientes documentales públicas: 1) Ejemplar del Periódico Oficial del Estado de Baja California, de fecha 31 de diciembre de 2004, Sección II en donde se publica el presupuesto de egresos del estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2005; 2) Ejemplar del Periódico Oficial del Estado de Baja California, de fecha 30 de diciembre de 2005, Sección II en donde se publica el presupuesto de egresos del estado para el ejercicio fiscal 2006, y 3) Ejemplar del Periódico Oficial del Estado de Baja California, de fecha 32 de diciembre de 2006, Sección II en donde se publica el presupuesto de egresos del estado 2007; medios probatorios que al tratarse de documentales públicas tienen valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 459 y 460 de la Ley electoral local; sin embargo son insuficientes para demostrar las disminuciones presupuestales en perjuicio del Instituto Estatal Electoral, pues los periódicos en comento sólo reflejan el presupuesto de egresos autorizados para la autoridad administrativa electoral en comento, sin establecer las diferencias entre lo solicitado y lo finalmente autorizado para arribar a las conclusiones del recurrente

Respecto al hostigamiento estatal hacia los consejeros ciudadanos citando la denuncia por responsabilidad administrativa en contra de los consejeros ciudadanos Jaime Vargas Flores y Raúl Flores Adame, no obstante que no se presentó medio de prueba alguno con relación a la denuncia citada, este Tribunal advierte que se trata de un hecho público y notorio, al formar parte uno de sus integrantes en la Comisión para el Régimen de Responsabilidades de los Consejeros Ciudadanos, en efecto, de acuerdo a lo establecido por el artículo 491 fracción I de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales, se establece que corresponde al Presidente del Tribunal de Justicia Electoral presidir y ser instructor de la causa, en la Comisión del Régimen antes mencionada.

De tal manera, que si una denuncia por responsabilidad administrativa como la que se interpuso en contra de los consejeros en mención, puede reflejar acto de molestia hacia la esfera de los sujetos denunciados, ello no implica irregularidad en perjuicio del proceso electoral, pues en principio dichas acciones se realizaron durante el año anterior de la elección, además de que se trata de mecanismos establecidos en el Título Tercero, del Libro Noveno de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California, instaurado a petición de parte tal y como lo establece el artículo 492, correspondiendo a la comisión que se integre definir la situación jurídica de los denunciados, imponiendo alguna de las sanciones previstas en el artículo 490 del citado ordenamiento, o incluso la absolución al no demostrarse la conducta denunciada.

Así mismo como un hecho notorio es para este Tribunal, la denuncia que presentó la hoy actora, Coalición Alianza Para que Vivas Mejor, en la Comisión Para Régimen de Responsabilidades de los Consejeros Ciudadanos radicado bajo expediente No. CRRCC-DH-001/2007, denuncia mediante la cual solicitaban sanción administrativa en contra del Consejero Ciudadano Tonatiuh Guillen López, denuncia que resulto procedente y que concluyo con la destitución del Consejero en mención mediante resolución de fecha 14 de mayo del presente año.

Por lo que, el ejercicio del derecho previsto del artículo 492 de la Ley, por uno de los partidos políticos integrantes de la Coalición "Alianza por Baja California", no configura irregularidad en perjuicio de la autonomía e independencia del Consejo Estatal Electoral, al permitirse por el derecho positivo electoral la interposición de denuncias y la instauración del procedimiento administrativo sancionador cuando se considere la existencia de responsabilidad administrativa. Estado de derecho que garantiza la sujeción a las normas públicas tanto de gobernantes y gobernados. De igual manera, el derecho ejercido por la hoy actora en base también al citado artículo 492 y que ha quedado precisado en el párrafo anterior, de manera alguna podría implicar un perjuicio en la autonomía del Consejo Estatal Electoral.

En cuanto a la denuncia penal en contra de cuatro consejeros que refiere la actora e fojas 540 de su escrito de demanda argumentando que dicha denuncia es “el colmo del hostigamiento y de la coacción”, al respecto es de mencionarse que la actora no aporta elemento de convicción alguno con el que pruebe la existencia de dichas denuncias, no obstante ello suponiendo sin conceder que efectivamente estas se hubiesen presentado ante la instancia correspondiente, de igual forma no acredita de que forma se hostigo o coaccionó y para que fines a los integrantes del Consejo Estatal Electoral, independientemente de lo anterior, en el supuesto de que la denuncia se hubiera presentado un día posterior a la jornada electoral seria ilógico concluir algún perjuicio que no permitiera el desarrollo de una elección libre y auténtica, a través del voto universal, libre, secreto y directo de los ciudadanos.

Además como ya se precisó, el ejercicio de un derecho, como lo es la interposición de denuncia penal, que por su regulación inclusive se convierte en una obligación para aquellos ciudadanos que tengan conocimiento de conductas que pudieran actualizar un tipo penal, no configura irregularidad en perjuicio de la autonomía e independencia del Consejo Estatal Electoral, al permitirse por el derecho positivo penal la interposición de denuncias y la instauración de las averiguaciones previas correspondientes.

Concerniente a la intervención del Órgano Superior de Fiscalización al fiscalizar los meses de marzo y abril del año 2007, debe citarse que el actor incumplió con la carga probatoria derivada de la regla de derecho actori incumbit probatio (al actor incumbe probar), establecida por el ya citado artículo 457, relativa a demostrar su afirmación en el sentido de tal intervención, y cual es la afectación hacia los integrantes del Consejo Estatal Electoral.

En consecuencia el actor no comprobó la supuesta intromisión de las autoridades en la autonomía e independencia del Consejo Estatal Electoral, y por ende la vulneración a los principios derivados de los artículos 39, 41, 99 y 116 de la Constitución federal.

Asimismo refiere la parte actora la intromisión del Ejecutivo y del Congreso en la “amañada” reforma a la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California del 12 de octubre de 2006, y publicada el 16 del mismo mes y año, con el propósito de crear condiciones favorables para el proceso electoral del 2007.

Sostiene el inconforme que con motivo del proceso electoral 2004, el Gobierno Estatal con la complicidad de la fracción mayoritaria del Congreso del Estado, diseño, planeó y ejecutó un plan cuyo propósito era establecer condiciones ventajosas para la elección 2007, reconociendo que no lograron su propósito en virtud de que diversos operadores políticos acudieron ante las instancias judiciales de control de legalidad y constitucionalidad; iniciando actividades depresoras y difamatorias en contra de las autoridades electorales, como son:

En principio, es un hecho público y notorio que la reforma electoral publicada en el Periódico Oficial del Estado, el 16 de octubre de 2006, se dejo sin efectos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por tanto la misma no tuvo aplicabilidad alguna en el proceso electoral 2007, por ende, al haberse decretado la invalidez de la reforma, ésta no afectó de ninguna forma al proceso electoral 2007, ni la esfera jurídica de la coalición actora, pues aquel se desarrolló con las normas electorales vigentes, aunado a que no se comprueba el supuesto hipotético planteado por el actor de la acción deliberada del ejecutivo y legislativo (mayoría panista) con miras al proceso electoral, al plantear en forma genérica que se pretendió condicionar la integración de las coaliciones, restringir la libertad de ser electo para un cargo público a los dirigentes de los partidos políticos, condicionar la participación de los partidos políticos nacionales, modificar los procedimientos de renovación e integración del Tribunal Electoral y del Consejo Estatal Electoral.

Debe tomarse en cuenta, que incluso en el supuesto de que el actor hubiere ofrecido pruebas fehacientes para demostrar la acción deliberada de intervención, las mismas no afectarían algún principio democrático de los contenidos en el artículos 39, 41, 99 y 116 de la Carta Magna, al decretarse la invalidez de la norma electoral reformada, en base a la acción de inconstitucionalidad prevista en el artículo 105 de la Constitución federal, y por ende no generar consecuencia legal alguna con relación al proceso electoral 2007, de ahí la inexistencia de la afectación reclamada.

Empero, como ya se determinó en líneas anteriores tal reforma electoral no tuvo aplicación en el proceso electoral 2007, por la resolución del más alto Tribunal Judicial del país, además de que es un hecho público y notorio que el Consejo Estatal Electoral se encuentra funcionando en términos de Ley, siendo irrelevantes los hechos reclamados basados en situaciones ocurridas fuera del proceso electoral 2007, ya que tampoco existe evidencia de que los actuales consejeros ciudadanos hubieren dejado de actuar en la función pública electoral.

Así mismo y como parte del hostigamiento y coacción a los consejeros a que refiere la actora estuvieron expuestos estos últimos, que derivo en lo “inexplicable de la conducta del Consejo” al haber emitido la declaración de validez de la elección de Gobernador del Estado, no obstante que en el acuerdo relativo, el Consejo Estatal Electoral dejo establecida la existencia de irregularidades cometidas por el Gobernador del Estado y la Coalición "Alianza por Baja California"; resultan inatendibles dichos argumentos toda vez que la recurrente incumple con la carga probatoria establecida en el artículo 457 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado, que establece que quien afirma está obligado a probar, por lo que al no aportar elemento de convicción alguno para acreditar su aserto, y al no existir prueba alguna en contra , es de concedérsele veracidad a la afirmación del Consejo Estatal Electoral relativo a que su juicio no dispone de facultades legales paras declarar la no validez de la elección de conformidad con el artículo 122 de la ley, y no atribuirle a este último sin razón y fundamento acciones u omisiones por hostigamiento o coacción.

SÉPTIMO. AGRAVIO II.- LA REVOCACION DE CANDIDATURAS Y SU CONSECUENCIA DE VIOLACION AL PRINCIPIO DE EQUIDAD EN LA CONTIENDA, DE OBJETIVIDAD Y LEGALIDAD EN EL PROCESO ELECTORAL.

La Coalición “Alianza para que Vivas Mejor” hace alusión a este agravio en las paginas 551 a 630, así como en las paginas 1168 y 1167 de su escrito recursal, haciendo valer que la revocación de su candidatura a Gobernador del Estado y a Presidente Municipal de Ensenada, Baja California, con motivo de las sentencias emitidas por este Tribunal dentro de los expedientes RI-023/2007 y RI-26/2007 provoco inequidad en la contienda, toda vez que dichos candidatos se vieron impedidos de realizar campana electoral por el periodo de tiempo en que se resolvieron las impugnaciones contra dichos fallos ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En cuanto a lo esgrimido por la Actora relacionado con la elección de Munícipes de Ensenada Baja California, resultan inatendibles en virtud de que en el expediente en el que se actúa, el acto impugnado es la elección de Gobernador y no la de Munícipes de la entidad antes mencionada, toda vez que atento a lo establecido por los numerales 425 fracción II y 428 fracción I, de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California, se establecen como requisitos de procedencia para la interposición de los Recursos de Revisión que se señale la elección que se impugna, por lo que los argumentos referidos a una elección distinta a la que contiene el acto de reclamo no pueden ser motivo de estudio por no ser parte de la litis.

Por lo que respecta al agravio relativo a la revocación de la candidatura a Gobernador postulado por La Coalición "Alianza para que Vivas Mejor", la actora sostiene:

1) Que le causa agravio la ilegal e irresponsable revocación de la candidatura del C. Jorge Hank Rhon al cargo de Gobernador del Estado de Baja California, por parte del Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado dentro del Expediente RI-023/2007, violentado el principio de equidad en la contienda electoral y de congruencia de las resoluciones electorales;

2) Que al suspenderse la campaña por casi dos semanas, se vio totalmente roto el principio de equidad que debe regir para todos los candidatos en el desarrollo del proceso electoral, circunstancia que ocasionó graves consecuencias para el candidato de la “Alianza para que Vivas Mejor”, vulnerándose además el principio de certeza, en virtud de que el elector no sabía quienes eran los contendientes;

3) Que dentro de la campaña del candidato José Guadalupe Osuna Millán, se siguió denostando la figura del Ing. Jorge Hank Rhon, arreciando a nivel nacional la denostación del mismo por esta impugnando la ilegal decisión del Tribunal de Justicia Electoral local;

4) Para efectos de comprobar que la resolución del Tribunal dentro del expediente RI-023/2007 violentó el principio de equidad y congruencia en perjuicio del recurrente, la actora transcribe el voto particular emitido por un “Magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación” al resolver la causa en la instancia federal.

Los agravios son inatendibles.

Si bien es cierto, este Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado, al resolver el recurso de inconformidad con clave RI-023/2007, revocó la candidatura a Gobernador del C. Jorge Hank Rhon, postulado por la Coalición "Alianza para que Vivas Mejor", debido a la aplicación del artículo 42 de la Constitución Política del Estado, cierto es además, que dicho agravio cesó al momento en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SUP-JDC-695/2007, resolvió revocar la sentencia antes citada, y confirmar el acuerdo de registro de Jorge Hank Rhon, como candidato a Gobernador del Estado de Baja California, aprobado el veintitrés de mayo de dos mil siete por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California.

Por tal situación, la afectación a la esfera jurídica de la Coalición “Alianza para que Vivas Mejor” y del C. Jorge Hank Rhon, fue resarcida por resolución judicial, que le permitió continuar como candidato registrado en la contienda electoral para la renovación del Poder Ejecutivo Estatal, es decir tal situación ya fue juzgada en su oportunidad, generándose las consecuencias jurídicas antes apuntadas, como lo es la revocación de sentencia y la confirmación del acuerdo de registro.

Ante tal escenario revisar si existió violación al principio de congruencia entre las resoluciones dictadas por este juzgador en los expedientes RI-001/2006 y RI-023/2007, sería transgredir el principio de cosa juzgada y retroceder a litigios ya resueltos, que devienen innecesarios.

La doctrina, respecto al principio de cosa juzgada sostiene que no es un efecto, sino una característica de eficacia plena que adquiere la sentencia y que se traduce en su inimpugnabilidad, inmutabilidad y coercibilidad; por ello, lo inatendible del agravio al pretenderse traer a colación la supuesta violación al principio de congruencia.

No obstante lo anterior, se cita lo expuesto por la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal, al resolver el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano SUP-JDC-695/2007, correlacionado al cambio de criterio de este juzgador, la sentencia en su parte conducente establece: (Transcribe)

Énfasis añadido.

De la transcripción anterior se resalta que la Sala Superior, precisó que el actor en ese juicio, planteó ante el Consejo Estatal Electoral una consulta acerca de la interpretación del artículo 42, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, sobre, la posibilidad para registrarse como candidato a gobernador, pese a que al momento de la elección no hubiera concluido el período para el cual fue electo como presidente municipal. Y que tal autoridad administrativa consideró que no había impedimento para proponer, en su momento, como candidato, a la persona que se encontrara en las citadas condiciones, lo cual se impugnó ante el tribunal local, quien confirmó la decisión.

Tal determinación, se impugnó ante la Sala Superior y en el juicio de revisión constitucional con clave SUP-JRC-534/2006, se consideró esencialmente, que no era procedente pronunciarse sobre la interpretación de esa disposición, al no ser determinante el acto reclamado para el proceso electoral, ya que no se trataba del registro de un candidato, razón por la cual debía desecharse el medio de impugnación.

Esto es, la Sala Superior, última instancia en la materia electoral, no se pronunció acerca de la interpretación de esa disposición, por lo tanto, el criterio no tenía la calidad de cosa juzgada, porque en el momento en que se planteó ante dicha instancia, no era un acto determinante.

Bajo esa guisa, es que resulta inatendible lo expresado por la coalición recurrente, por el pronunciamiento de la Sala Superior al resolver el Expediente SUP-JDC-695/2007, en el sentido de que la interpretación al artículo 42 de la Constitución local, con motivo de la consulta del C. Jorge Hank Rhon, no adquirió el carácter de cosa juzgada, al no haberse pronunciado en última instancia la citada autoridad judicial federal, por lo que, este juzgador interpretó y aplicó el mencionado precepto constitucional en el momento oportuno derivado de la impugnación en contra del registro del candidato radicado en el Expediente RI-023/2007.

Ahora bien, por lo que respecta al “voto particular emitido por el Magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, para demostrar que este juzgador violentó el principio de equidad y congruencia, de inicio este juzgador advierte que los votos particulares no generan ningún efecto con relación a las sentencias aprobadas por la mayoría, por lo siguiente.

El Voto particular, es la opinión que el miembro de un órgano jurisdiccional colegiado formula por escrito para hacer constar su disconformidad con la solución dada por la mayoría del mismo al caso concreto (Diccionario de Derecho, Rafael de Pina, Rafael de Pina Vara).

Su validez respecto a la resolución dictada es nula, y no afecta en ningún modo a los efectos que ésta pueda tener. Tampoco cabe recurrir una sentencia basándose en la existencia de votos particulares, al constituir apreciaciones unilaterales contrarios a lo resuelto por el Tribunal, al ser una opinión divergente emitida con respecto a la decisión final tomada por la mayoría.

En la especie, la Coalición recurrente transcribe parte del voto concurrente emitido por el Magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar, respecto de la sentencia dictada en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-695/2007, en el cual, el Magistrado de la Sala Superior refiere en que esta de acuerdo con que se revoque la resolución impugnada y, por ende, que se confirme el acuerdo de registro de C. Jorge Hank Rhon, como candidato a gobernador del Estado de Baja California, postulado por la coalición "Alianza para que Vivas Mejor", disintiendo no sólo en la metodología utilizada para la solución del presente litigio, sino también respecto de ciertas consideraciones que sustentan el fallo.

Voto concurrente, en donde al inicio del mismo se precisa:

“VOTO CONCURRENTE QUE EMITE EL MAGISTRADO SALVADOR OLIMPO NAVA GOMAR, RESPECTO DE LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO SUP-JDC-695/2007.

Con el debido respeto a los honorables magistrados que forman la mayoría que aprueba en su integridad la presente sentencia, formulo voto concurrente, con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo del artículo 187 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que si bien estoy de acuerdo con que se revoque la resolución impugnada y, por ende, que se confirme el acuerdo de registro de Jorge Hank Rhon, como candidato a gobernador del Estado de Baja California, postulado por la coalición "Alianza para que Vivas Mejor", disiento no sólo en la metodología utilizada para la solución del presente litigio, sino también respecto de ciertas consideraciones que sustentan el fallo.

Es mi convicción que el análisis de los agravios formulados por la coalición actora se debe realizar conforme al método aplicado en mi proyecto, porque de esta manera no sólo se da certeza respecto a lo planteado en el presente juicio, sino también a las futuras consecuencias normativas que esta decisión pueda generar.

Por lo anterior, es que mi voto concurrente se integra con el total de las consideraciones formuladas en el proyecto de resolución relativo al expediente SUP-JRC-122/2007, donde expreso las razones que sustentan el sentido de mi convicción.”

Por lo tanto, la opinión divergente respecto a la mayoría de los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el expediente SUP-JDC-695/2007, al no formar parte de la fundamentación y motivación de la sentencia, no genera vinculación alguna con relación a lo planteado por el recurrente, máxime que, como ya se estableció la autoridad jurisdiccional citada en referido expediente concluyó que no era factible considerar actualizada la eficacia refleja de la cosa juzgada, en relación con el acto concreto de aplicación del criterio conducente.

Por otra parte, es inadmisible considerar violación al principio de equidad que debe regir para todos los candidatos en el desarrollo del proceso electoral, por la supuesta suspensión de campaña por casi dos semanas, reclamada por la parte actora, quien afirma que: “después de que el registro del C. Jorge Hank Rhon. (sic) como candidato a Gobernador del Estado postulado por la Coalición "Alianza para que Vivas Mejor, fue indebidamente cancelado NO REALIZO actos de campaña electoral por el periodo de doce días”.

En principio la resolución que dictó este Tribunal de Justicia Electoral, por la cual se revocó la candidatura del C. Jorge Hank Rhon, se debió a la aplicación del derecho a un caso en particular, derivado del quehacer jurisdiccional encomendado por la Constitución Política del Estado, en los artículos 5 y 68, en la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California en su Libro Octavo, y en diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.

En efecto, la decisión base de reclamó del recurrente resultó de la interposición del Recurso de Inconformidad promovido por la Coalición "Alianza por Baja California" en contra del registro de candidatura a favor del C. Jorge Hank Rhon, que una vez substanciado en términos de ley fue resuelto por la mayoría con efectos revocatorios del acto impugnado; efectos contenidos en el artículo 470 de la Ley de la materia, al disponer que “Las sentencias que recaigan a los recursos de inconformidad tendrán como efecto la confirmación, modificación o revocación del acto o resolución impugnado”.

Sentencia que se originó, como ya se estableció, del sistema de medios de impugnación ordenado por la Constitución local, en el artículo 5º, penúltimo párrafo, conforme a los razonamientos lógico jurídicos que este juzgador consideró en el dictado del fallo respectivo; en ese sentido, el cumplimiento de un deber constitucional, aún cuando pudiera afectar la esfera jurídica de la persona, no puede traducirse en violación al principio de equidad por derivar de mandato constitucional, máxime que el dictado de una sentencia forzosamente generará un beneficio y a la vez un perjuicio a las partes involucradas que se someten a la jurisdicción del juez para que aplique el derecho; teniendo los medios de defensa necesarios para combatir los efectos de tal determinación, como en el presente caso sucedió.

Inconcuso es, que la sentencia del expediente RI-023/2007 revocó para todos los efectos legales, el registro del ciudadano Jorge Hank Rhon, como candidato a Gobernador del Estado de Baja California, postulado por la Coalición Alianza para que Vivas Mejor, y que en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 291 de la ley electoral estatal, debería proseguir su campaña electoral en base al candidato que resultará registrado.

Esto es, que dicha coalición debía suspender el proselitismo electoral hasta en tanto obtuviera el registro respectivo, aún en el supuesto de que la Alianza para que Vivas Mejor impugnara el fallo en cuestión, mediante los juicios previstos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ya que en materia electoral la interposición de medios de impugnación constitucionales y legales no produce efectos suspensivos sobre la resolución o acto impugnado, por así disponerlo el penúltimo párrafo del artículo 5º de la Constitución Local, y artículo 6, numeral 2, de la Ley General en comento.

Empero, hay elementos suficientes en el expediente que se resuelve en el sentido de que el C. Jorge Hank Rhon, durante el periodo del 22 de junio al seis de julio del año de la elección, tuvo una presencia en medios electrónicos y prensa escrita, sobre su imagen y su situación jurídica concerniente a la revocación del registro y la redención a cargo de la autoridad judicial federal, lo que generó que los efectos de la sentencia no se cumplieran a cabalidad, por la promoción considerable antes citada, por ende, no puede considerarse la violación al principio de equidad que reclama la Alianza para que Vivas Mejor, en el sentido de que “NO REALIZO actos de campaña electoral por el periodo de doce días”

Obra en el expediente documental pública consistente en Segundo Testimonio de la Escritura Pública de Fe de hechos pasada ante la fe del Notario Público Número Cinco de esta municipalidad, licenciado Luis Alfonso Vidales Moreno, que obra en el instrumento 113,552 (ciento trece mil quinientos cincuenta y dos) del volumen 2817 (dos mil ochocientos diecisiete) de fecha del veintiocho de julio de 2007. Testimonio en donde se da fé de los videos, imágenes y sonido, contenidos en un disco compacto que fue puesto ante la disposición del referido notario. Disco compacto, cuyo contenido son ocho mensajes televisivos según se denota del referido testimonio y de diligencia judicial desarrollada por este Juzgador.

Testimonio que al tratarse de documental pública tiene valor probatorio pleno, sólo por lo que respecta al contenido del disco compacto conforme a la propia narrativa que realiza el notario, al ser los hechos que únicamente le constan derivados del desahogo del tal instrumento técnico.

Asimismo, obra en el expediente los informes rendidos por las empresas televisoras “Canal 66 Intermedia de Mexicali S.A.”, “TV Azteca Baja California””, por el cual informan que la publicidad o propaganda electoral difundida por el citado medio electrónico, entre los días veintidós de junio al seis de julio del presente año, contratada por la coalición “Alianza que vivas mejor”, y/o el Partido Revolucionario Institucional, y/o el Partido Estatal de Baja California, y/o el Partido Verde Ecologista de México y/o tercero alguno, a favor del ciudadano Jorge Hank Rhon, quien contendió en el proceso electoral en curso, específicamente el costo, número de publicaciones, horarios y frecuencia de transmisión;

Así, del oficio de fecha 19 de septiembre y con cinco anexos y que obra a fojas 705-710 del TOMO I del expediente RR-108/2007 y acumulado, que remite la primera de las televisoras en cita, se desprende que quien contrato el servicio de paquete especial de publicidad fue le Sr. Jorge Hank Rhon, que dicha publicidad se transmitió del 22 al 26 de junio del 2007, con un total de 124 spots de 60 segundos, y 80 spots de 40 segundos, de acuerdo a los horarios de transmisión que se explica en las hojas anexas, con 4 temas, TESTIMONIO 1, TESTIMONIO 2, HANK ANULACION y HANK EXPLICACION, según se detalla en el informe.

En cuanto a la segunda de las televisoras que mediante oficio de fecha 18 de septiembre con cuatro anexos y que obra a fojas 711 -715 de los autos se desprende que se transmitieron 132 spots de 40 y 60 segundos en el transcurso del día 22 de junio al 6 de julio del presente año, con las versiones EXPLICACION, TESTIMONIALES 1, TESTIMONIALES 2, según se detalla en los anexos del oficio.

Referente al valor probatorio de tales informes, atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana critica y de la experiencia, de la inexistencia de prueba en contrario respecto de su autenticidad, adminiculadas entre sí, conjuntamente con el disco compacto antes citado, generan convicción plena sobre los hechos ahí consignados, y la difusión de los mensajes televisivos.

Respecto de la documental pública relativa al testimonio notarial que constituye simple indicios sobre los hechos ahí consignados, que al adminicularse con los informes rendidos por las empresas televisoras, adquiere mayor valor probatorio como en párrafos anteriores se determinó, por lo que se acredita la transmisión de los siguientes mensajes que obran en la prueba técnica que se desahogo mediante el Testimonio Notarial citado en párrafos anteriores, así como en la diligencia ordenada por este tribunal y que obra a fojas 749 del tomo I de los autos del expediente RR-108/2007 y de los cuales básicamente se desprende lo siguiente:

1) Promocional televisivo, denominado por el tercero interesado como “Hank-Anti-PAN 1”, de la coalición “Alianza para que Vivas Mejor”, duración aproximada de cuarenta segundos; cuyo contenido cuadro por cuadro es:

Primer Cuadro.- Aparece la proyección de un fondo de color rojo, con una frase escrita al centro de la imagen en color blanco que se lee: “Al pueblo no se le engaña.” Seguido del audio en que se escucha la frase siguiente: “Al pueblo no se le engaña”.

Segundo Cuadro.- Aparecen en la imagen dos personas una mujer y un hombre, cargando en sus brazos la primera de estas personas, a un menor de edad, ambos se encuentran parados en lo que al parecer es una calle, observándose al fondo unos árboles.

En este cuadro el hombre, emite el siguiente mensaje:

[1] “No, se nota que el PAN le tienen miedo a Hank.”

Tercer Cuadro.- Aparecen en la imagen una mujer de pie y dos menores de edad, uno de ellos cargado en los brazos de la mujer, se encuentran en lo que al parecer es el interior de una tienda de abarrotes, pues se aprecia mercancía combustible acomodada en repisas y un mostrador, al fondo se observa a otra mujer caminando.

En este cuadro la mujer que carga al menor, emite el siguiente mensaje:

[2] “Porque el PAN no sabe perder, desde que yo tengo uso de razón, el PAN no sabe perder”

Cuarto Cuadro.- Aparecen en la imagen dos jóvenes del sexo femenino sentadas, una de ellas emite el siguiente mensaje:

[3] “Yo pensaba votar por el PAN, pero ya no porque son unos tramposos.”

Quinto Cuadro.- Aparece en la imagen una mujer parada en el interior en lo que al parecer es una tienda de abarrotes, se observa tras de ella a otra mujer caminando.

En este cuadro la primera mujer, emite el siguiente mensaje:

[4] “¿Porqué primero no hacen las cosas ordenadamente?. Si le das permiso, si le diste permiso, le das permiso, y después se los quitas, ¿Porqué?.”

Sexto Cuadro.- Aparece en la imagen un joven del sexo masculino de pie sobre una calle, vistiendo camiseta color rojo y con lentes, al fondo se observan árboles, carros y áreas verdes, y emite el siguiente mensaje:

[5] “Pienso que lo que espera al Partido Acción Nacional, es que metan a un sustituto que no sea tan fuerte.”

Séptimo Cuadro.- Aparece en la imagen un hombre de edad avanzada vestido con camisa a cuadros y gorra color azul, se encuentra parado sobre una calle, observándose al fondo dos vehículos estacionados y árboles, emite el siguiente mensaje:

[6] “Como dice el refrán, el miedo no anda en burro.”

Octavo Cuadro.- Aparece en la imagen un hombre de edad avanzada vistiendo camisa de color amarillo y una gorra de color oscuro, se encuentra de pie sobre una calle recargado en la puerta abierta de un vehículo de color amarillo estacionado, emite el siguiente mensaje:

[7] “Por eso los azules se pasaron de vivos, hay envidia, sintieron, sintieron que va a ganar y, por eso no quieren que gane el ingeniero, porque es mucha pieza.”

Noveno Cuadro.- Aparece la proyección de un fondo de color rojo, con una frase escrita al centro de la imagen en color blanco que dice: “Gracias por su apoyo”, en forma simultanea a esta imagen se escucha una voz que repite la frase: “Gracias por su apoyo.”

2) Promocional televisivo, denominado por el tercero interesado como “Hank-AntiPAN 2”, de la coalición “Alianza para que Vivas Mejor”, duración aproximada de treinta y nueve segundos; cuyo contenido cuadro por cuadro es:

Primer Cuadro.- Aparece la proyección de un fondo de color rojo, con una frase escrita al centro de la imagen en color blanco que se lee: Al pueblo no se le engaña. Seguido del audio en que se escucha la frase siguiente: “Al pueblo no se le engaña”.

Segundo Cuadro.- Aparecen una mujer con cabello color rubio, vestida con una blusa de color negro y portando en su hombro derecho una bolsa, se encuentra de pie sobre una banqueta al costado de una calle, a tras de ella se observa una lamina de color azul, una carretilla de mercado, un señalamiento de tránsito (alto) y varios vehículos en circulación.

En este cuadro la mujer, emite el siguiente mensaje:

[1 ] “Me parece que le tienen miedo al empuje y liderazgo que tiene Hank Rhon.”

Tercer Cuadro.- Aparecen en la imagen una persona de edad avanzada del sexo femenino de cabello corto, vistiendo una camisa a cuadros con tonalidades en rojo y blanco, se encuentra de pie con las manos apoyadas en una carretilla de mercado que contiene algunas bolsas en color blanco de mandado, al fondo se observan varias carretillas de mercado estacionadas, tres personas adultas, dos hombres y una mujer caminando hacia lo que parece ser es la entrada de un mercado conocido como Ley y finalmente un niño que se cruza de tras de ella vistiendo camiseta color naranja y pantalón color negro.

En este cuadro la mujer de edad avanzada, emite el siguiente mensaje:

[2] “Me siento muy molesta, muy desilusionada, porque se hablaba de una democracia, y no se ha cumplido con esa democracia que tanto pregona el PAN.”

Cuarto Cuadro.- Aparecen en la imagen una persona de edad avanzada del sexo femenino de cabello corto, vistiendo una blusa con estampados de flores, se encuentra parada en lo que al parecer es el interior de un puesto de dulces, de tras de ella se aprecia una pared de color azul y a su lado derecho una ventana, emite el siguiente mensaje:

[3] “Es que no se vale, porque lo que le dieron fue un golpe bajo.”

Quinto Cuadro.- Aparece en la imagen una persona del sexo femenino de avanzada edad, con anteojos y vestida con un suéter color café, a su lado se encuentra una niña que viste una blusa de color rosa y una diadema en la cabeza, ambas están sentadas en una banca y al fondo se observa una construcción en color amarillo.

En este cuadro la mujer de edad avanzada, emite el siguiente mensaje:

[4] “Le dieron una puñalada por la espalda, y eso, nomás lo hacen los cobardes.”

Sexto Cuadro.- Aparece en la imagen una persona del sexo masculino vestido con una camisa de color blanco y chaleco de color oscuro, se encuentra parado sobre una calle y con las manos cruzas por su espalda, al fondo se aprecia a un niño con camiseta color verde y pantalón de color negro esta cargando una bolsa de color negro, también se observa una casa con cerco de rejas.

En este cuadro el hombre, emite el siguiente mensaje:

[5] “No es justo que no me dejen votar por el partido que yo elija.”

Séptimo Cuadro.- Aparece en la imagen una persona del sexo femenino de cabello corto vistiendo blusa de color rosa y estampada, se encuentra de pie, tras de ella se aprecia una construcción de color amarillo. Emite el siguiente mensaje:

[6] “Como siempre el PAN es candil de la calle y oscuridad de su casa. Que se puede esperar de este partido, siempre ha sido lo mismo.”

Octavo Cuadro.- Aparece la proyección de un fondo de color rojo, con una frase escrita al centro de la imagen en color blanco que se lee: “Gracias por su apoyo”, en forma simultanea a esta imagen se escucha una voz que repite la frase: “Gracias por su apoyo.”

3) Promocional televisivo, denominado por el tercero interesado como “Hank-AntiTribunal 2”, de la coalición “Alianza para que Vivas Mejor”, duración aproximada de cuarenta segundos; cuyo contenido cuadro por cuadro es:

Aparece la imagen del C. Jorge Hank Rhon, caminando vestido con camisa color blanco, chaleco color rojo con las iniciales de H7 y pantalón de color negro, al frente de él se observa una banca de color blanco, a su lado derecho un cerco color blanco y al fondo se aprecian árboles y macetas con plantas, emite el siguiente mensaje:

[1 ] “Hay muchos de ustedes que todavía no entienden ¿porqué el Tribunal Estatal Electoral nos hizo esta injusticia?. Se los voy a explicar.”

Acto seguido el C. Jorge Hank Rhon, se detiene frente a la banca de color blanco, y emite el siguiente mensaje:

[2 ] “Para ser candidato el Consejo Estatal Electoral te tiene que dar un registro y, el Tribunal Estatal Electoral lo tiene que ratificar. En mi caso, me dieron el registro y lo ratificaron.”

Posteriormente, el C. Jorge Hank Rhon, camina para colocarse detrás de la banca de color blanco y apoyándose en ella continúa con el siguiente mensaje:

[3] “Por más de tres semanas estuve cerca de ustedes, ahí fue donde se dieron cuanta que les íbamos a ganar las elecciones, y entonces utilizando artimañas jurídicas, obligaron al Tribunal Estatal Electoral, a que nos quitaran el registro.

Es como si le das permiso a tu hijo de ir al cine, y cuando regresa lo castigas por haber ido al cine. Así de fácil.

Por eso el caso esta siendo analizado ahorita en México por el Tribunal Federal Electoral, que es el que tiene la última palabra, y nuevamente estaré otra vez muy cerca de ustedes.

Siempre supimos que nos tienen mucho miedo y que nos iban hacer muchas trampas, lo que no sabían, es que nosotros contamos con tu apoyo. Muchas gracias.”

Aparece la proyección de un fondo de color rojo, con una frase escrita al centro de la imagen en color blanco que se lee: Gracias por su apoyo, en forma simultanea a esta imagen se escucha una voz que repite la frase: “Gracias por su apoyo.”

De el mensaje número uno, se desprende diversa promoción en apoyo al C. Jorge Hank Rhon, y denostativa hacia el Partido Acción Nacional, con las frases: “No, se nota que el PAN le tienen miedo a Hank.”, “Porque el PAN no sabe perder, desde que yo tengo uso de razón, el PAN no sabe perder”, “Yo pensaba votar por el PAN, pero ya no porque son unos tramposos.”, “¿Porqué primero no hacen las cosas ordenadamente? Si le das permiso, si le diste permiso, le das permiso, y después se los quitas, ¿Porqué?”, “Pienso que lo que espera al Partido Acción Nacional, es que metan a un sustituto que no sea tan fuerte.”, “Como dice el refrán, el miedo no anda en burro.”, “Por eso los azules se pasaron de vivos, hay envidia, sintieron, sintieron que va a ganar y, por eso no quieren que gane el ingeniero, porque es mucha pieza.” “Gracias por su apoyo”.

En segundo spot, se aprecia las siguientes frases de igual forma en apoyo al C. Jorge Hank Rhon y denostativa hacia el Partido Acción Nacional: “Me parece que le tienen miedo al empuje y liderazgo que tiene Hank Rhon.”, “Me siento muy molesta, muy desilusionada, porque se hablaba de una democracia, y no se ha cumplido con esa democracia que tanto pregona el PAN.”, “Es que no se vale, porque lo que le dieron fue un golpe bajo.” “Le dieron una puñalada por la espalda, y eso, nomás lo hacen los cobardes.”, “No es justo que no me dejen votar por el partido que yo elija.”, “Como siempre el PAN es candil de la calle y oscuridad de su casa. Que se puede esperar de este partido, siempre ha sido lo mismo.”, “Gracias por su apoyo”.

Mensajes, que en base al recto raciocinio, la experiencia, la lógica y sana critica, se infieren diversas muestras de apoyo hacia el C. Jorge Hank Rhon y por ende a la Coalición "Alianza para que Vivas Mejor", dirigidos a la comunidad en general al trasmitirse en diversas canales de televisión, los cuales se difundieron en el periodo que la coalición recurrente manifiesta que no realizó proselitismo electoral; mensajes que incluso contienen ataques explícitos hacia el Partido Acción Nacional, desacreditándolo con respecto a los diversos contendientes, lo que esta prohibido en términos del artículo 91 fracción IV, de la Ley electoral local.

En el tercer mensaje, se aprecia incluso la imagen del C. Jorge Hank Rhon manifestando: “Hay muchos de ustedes que todavía no entienden ¿porqué el Tribunal Estatal Electoral nos hizo esta injusticia?. Se los voy a explicar.”, “Para ser candidato el Consejo Estatal Electoral te tiene que dar un registro y, el Tribunal Estatal Electoral lo tiene que ratificar. En mi caso, me dieron el registro y lo ratificaron.”, “Por más de tres semanas estuve cerca de ustedes, ahí fue donde se dieron cuanta que les íbamos a ganar las elecciones, y entonces utilizando artimañas jurídicas, obligaron al Tribunal Estatal Electoral, a que nos quitaran el registro. Es como si le das permiso a tu hijo de ir al cine, y cuando regresa lo castigas por haber ido al cine. Así de fácil. Por eso el caso esta siendo analizado ahorita en México por el Tribunal Federal Electoral, que es el que tiene la última palabra, y nuevamente estaré otra vez muy cerca de ustedes. Siempre supimos que nos tienen mucho miedo y que nos iban hacer muchas trampas, lo que no sabían, es que nosotros contamos con tu apoyo. Muchas gracias.”

Mensaje del cual se infiere válidamente un posicionamiento del mencionado ciudadano, en el que explica desde su óptica la revocación de su candidatura, manifestando que por más de tres semanas estuvo cerca y que iba a ganar, obvio las elecciones, y que el Tribunal Federal sería el que tendría la última palabra y que nuevamente estaría cerca de los electores. Llamando, que en base al recto raciocinio, la experiencia, la lógica y sana critica, infiere un posicionamiento ante la ciudadanía con la intención de continuar con presencia en medios divulgado en su beneficio el estatus jurídico en el proceso electoral dos mil siete.

El tercero interesado señala que, el C. Jorge Hank Rhon de manera considerable tuvo presencia en la prensa escrita durante el periodo que duró la revocación de la candidatura, tal y como se demuestra de los ejemplares del Periódico “El Mexicano”, de fecha veintidós al treinta de junio y del dos al siete de julio del año en curso. y Periódico “La Crónica”, los cuales aportó como prueba y que obran en el tomo IV del Expediente RR-109/2007 y acumulado, siendo estas 19 ediciones impresas de periódicos, 16 del Diario “El Mexicano” y 3 del Periódico “La Crónica”.

Así mismo obra en autos a fojas 716 del Tomo I del Expediente RR-108/2007 oficio de fecha 20 de septiembre del 2007 mediante el cual el Director Local del Gran Diario Regional “El MEXICANO” informa que en el periodo del 22 de junio al 6 de Julio se publicaron inserciones en medidas de “OREJA” y “4x10.5” con los precios que en el oficio de mérito se especifican, para la Coalición Alianza para que Vivas Mejor, en el que además señala las fechas exactas de publicación.

De igual forma obra en autos el oficio de fecha 25 de septiembre del presente año, mediante el cual La Gerente General de Cias. Periodísticas del Sol del Pacifico, S.A. de C.V.informa que durante el periodo de 22 de junio al 6 de Julio se publicaron en el Diario ”La Voz de la Frontera” 6 desplegados así como 15 orejas en la primera sección de; periódico con los precios que en el oficio de mérito se especifican, para el candidato a Gobernador del PRI, Jorge Hank Rhon, oficio en el cual se detallan las fechas y costos de publicación

En efecto, en el Diario “El Mexicano”, sección Estatal, páginas 1-A-, de fecha veintidós de junio de dos mil siete, se pública en la oreja ubicada en la parte superior derecha, propaganda de la Coalición "Alianza para que Vivas Mejor", con la foto de Jorge Hank Rhon a la izquierda del recuadro y las palabras “Jorge Hank GOBERNADOR Seguro. Vas a estar mejor.” al centro; asimismo, se denota el logotipo de la Alianza para que vivas mejor a la derecha superior de la oreja.

A su vez, en el mismo Diario “El Mexicano”, sección Estatal página 1-A, de fecha veintitrés junio del año de la elección, se publica en forma idéntica en oreja ubicada en la parte superior derecha, recuadro con fondo de color rojo, con la foto de Jorge Hank Rhon a la izquierda del recuadro y las palabras “Estamos con Hank.” al resto de la oreja.

En el Diario del mismo nombre, en la sección Estatal página 1-A, de fecha veinticuatro de junio del presente, se publica en Oreja ubicada en la parte superior derecha, recuadro con fondo de color rojo, con la foto de Jorge Hank Rhon a la izquierda del recuadro y las palabras “Gracias por su apoyo. Jorge Hank” al resto de la oreja.

Y en los Diarios de fecha veinticinco al treinta de junio y dos al siete de julio del mismo año, sección Estatal página 1-A. se publican en Oreja ubicada en la parte superior derecha, recuadro con fondo rojo, con la foto de Jorge Hank Rhon a la izquierda del recuadro y las palabras “Gracias por tu apoyo Hank” al resto de la oreja.

De los anteriores medios de prueba, que al tratarse de documentales privadas, a juicio de este órgano jurisdiccional, que adminiculadas con el oficio que remite el Director Local del Periódico de referencia las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados, esto es, que el C. Jorge Hank Rhon durante el periodo de revocación de la candidatura a Gobernador de la Coalición "Alianza para que Vivas Mejor", tuvo presencia notable en la prensa escrita, con propaganda similar a la utilizada antes de la revocación aludida, tal y como se observa de las imágenes plasmadas en los periódicos en cita, apreciándose incluso la utilización de la misma fotografía antes y durante la cancelación; de ahí que es lógico concluir que el principio de equidad no se afecto en perjuicio de la Coalición "Alianza para que Vivas Mejor", por las acciones realizadas por esta misma con la difusión aludida.

También obra en el expediente, indicios sobre diversas entrevistas y eventos en que participó el C. Jorge Hank Rhon durante la fase de revocación de la candidatura. Tales indicios leves en lo individual, se aprecia en las siguientes notas periodísticas:

1) Diario “El Mexicano”, sección Estatal página 1-A. de fecha veintiocho de junio, en donde se publica en Cintillo vertical, ubicado en la parte superior izquierda, donde aparece la foto de Jorge Hank Rhon sosteniendo un micrófono, misma que descansa sobre la descripción: “MEXICALI.- JORGE HANK RHON, quien se comprometió a respetar la resolución del Tribunal Federal, convocó ayer a sus seguidores a no hacer ningún acto fuera de la ley”; asimismo, se encuentra el nombre de la nota periodística que dice en su parte principal: “Acataré el fallo Convoca Hank a respetar la Ley”.

2) Diario “El Mexicano”, sección Estatal página 1-A. de fecha treinta de junio, en donde se publica la nota: “Se solidariza sector obrero con Hank”, se visualiza además, una fotografía de Jorge Hank Rhon sosteniendo un micrófono aparentemente dando un mensaje a diversas personas, la misma descansa sobre la siguiente descripción: “TIJUANA.- JORGE HANK RHON agradeció la solidaridad y muestras de apoyo que le ofreció el sector obrero de Baja California, durante una reunión el secretario general de la Federación Estatal CTM, Eligio Valencia Roque, y a la que asistieron también los dirigentes de la CROM y CRT, Rafael García Vázquez y José Maria González Escobedo.”

3) Diario “El Mexicano”, sección Estatal página 1-A. de fecha tres de julio, en donde se publica la nota: “No hay sustituto; así nos la jugamos: Hank.”. Visualizándose la fotografía de Jorge Hank Rhon de frente vestido de color rojo y descansando sobre la descripción: “MEXICALI.- EL INGENIERO Jorge Hank Rhon realizó ayer una visita de cortesía a EL MEXICANO, plaza Mexicali. Confió en un fallo favorable del TRIFE y reveló que la Alianza para que Vivas Mejor no contempla sustitución de candidato a la gubernatura.”

4) Diario “El Mexicano”, sección Estatal página 1-A. de fecha seis de julio, en donde se publica la nota: Encabezado, a la letra dice: “¡Hoy deciden el caso Hank!”. Se visualiza la fotografía de Jorge Hank Rhon en la parte central donde se denota que él mismo esta siendo cuestionado por periodistas de diversos medios de comunicación y que descansa sobre la descripción siguiente: “LA SALA SUPERIOR del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Poder Judicial de la Federación decidirá hoy, mediante dos resoluciones, si revoca o confirma el fallo del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California que anuló la candidatura de Jorge Hank Rhon.”

5) Diario “La Crónica de Baja California”, de fecha veintidós de junio, en donde se publica la nota: el cual publica en primera plana la siguiente nota periodística:

“Sigo siendo candidato’

Además de señalar que se esperaba una resolución en contra por parte de los integrantes del Tribunal Estatal Electoral (Triee), Jorge Hank Rhon, candidato a la Gubernatura de Baja California, dijo que tendrá un fallo a favor en el próximo nivel judicial, el Tribunal Federal Electoral (Trife).

Sus abogados ya trabajan en el tema, afirmó el abanderado de la Alianza para que Vivas Mejor en entrevista con Frontera, tres horas después de darse a conocer el fallo.

“Sigo siendo candidato, nada me prohíbe seguir mi campaña hasta no conocer los detalles de la resolución judicial, para lo cual tengo aún 48 horas”, indicó, por lo que su equipo continúa enviando la agenda y se va a cumplir.”

Dijo que ganará en el Trife porque ningún partido ni candidato puede pasar por encima de la Constitución de México, la cual no limita las aspiraciones políticas de nadie.”

Reportaje que también se publica en el Diario Frontera, de fecha veintiuno de junio del año en curso.

7) La nota publicada en Diario “La Crónica de Baja California”, de fecha veinticuatro de junio, siguiente:

“Retira Hank spots; sigue de ciudadano

La Alianza para que Vivas Mejor suspenderá los anuncios proselitistas

Por Luis Adolfo San

lsan@lacronica.com

La campaña de Jorge Hank, como candidato a gobernador de la Alianza para que Vivas Mejor, será suspendida en tanto que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), resuelva su caso.

Sin embargo, el alcalde con licencia de Tijuana seguirá acudiendo a actos públicos en donde informará sobre su situación y defenderá sus aspiraciones.

Mario Madrigal Magaña, dirigente estatal del PRI en Baja California, informó que en estos momentos los abogados del Partido preparan en la Ciudad de México el recurso de impugnación que se presentará tentativamente mañana ante el Tepjf

Aun cuando en el fallo del Tribunal Estatal Electoral no especifica si se debe o no suspender campaña, refirió, la Alianza para que Vivas Mejor decidió detener cualquier actividad proselitista y propaganda en medios de comunicación en la que se pida el voto a favor de Hank Rhon.

Mencionó que pese a todo, el Alcalde con licencia de Tijuana será elegido gobernador de Baja California el próximo 5 de agosto, ya que tienen los suficientes argumentos legales para que el Tribunal Federal ratifique su candidatura.

Aun cuando ya no realizará actos de campaña acudirá a todos los eventos públicos a donde lo inviten e informará sobre la situación jurídica y denunciará el irregular despojo de su candidatura y el trasfondo político que hay detrás.

Por su parte, Obed Silva, representante de la Alianza para que Vivas Mejor ante el Consejo Estatal Electoral (CEE), dijo que existen muchas posibilidades de que el Tepjf ordene de nuevo la candidatura de Hank.”

8) La nota publicada en Diario “La Crónica de Baja California”, de fecha veintisiete de junio, siguiente:

‘No puedo perder piso’: María Elvia A. de Hank

Sostiene que no se siente preparada para relevar a su esposo en la candidatura a la gubernatura

Por Carlos Acevedo

cacevedo@lacronica.com

“Me honra que puedan pensar en mí, pero yo no puedo perder el piso, porque no siento que sea la persona indicada”, manifestó María Elvia Amaya de Hank, durante su visita a las instalaciones de LA CRÓNICA.

Indicó que ha recibido apoyo para ser ella candidata a la gubernatura de la Alianza para que vivas mejor (PRI-PVEM-PEBC) si la instancia federal no falla a favor de su esposo Jorge Hank Rhon, pero se siente preparada para ello.

El Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado revocó la semana pasada la candidatura a la gubernatura de Hank Rhon, alcalde con licencia de Tijuana.

Es atractiva la idea de volver a la vida civil alejada de la política, comentó, en caso de que el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial de la Federación ratifique la revocación de la candidatura de Hank Rhon.

Pero se perdería la oportunidad de llevar beneficio a las personas de Baja California, agregó.

Luciendo un vestido rojo y joyería que contrasta con las pulseras de tela que dicen ‘Hank’, afirmó sentirse confiada en que el Tribunal federal otorgue la candidatura a su esposo.

Precisó que actualmente efectúa eventos dentro de la ‘Campaña sin candidato’, un título que no tiene que ver con la revocación, pues inició desde la campaña a la alcaldía de Tijuana, en el 2004.

Esta campaña se conforma de tres puntos: Seguir en favor de la Alianza en general, concientizarse de las problemáticas en el Estado y convocar a las mujeres para que voten.

Alrededor de su esposo existen leyendas ‘negras’ pero solo son eso, dijo, ya que las leyendas no son ciertas.

“Me han dicho que si me lanzo sí arraso, pero creo que son buenos deseos, ya si lo meditara, yo creo que no”:

María Elvia Amaya de Hank, esposa de Jorge Hank Rhon.”

Las anteriores documentales relacionadas del número 1 al 8, a juicio de este órgano jurisdiccional, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generan convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados, esto es, que el C. Jorge Hank Rhon durante el periodo del veintidós de junio al seis de julio de dos mil siete, realizó una serie de actividades que le permitía tener presencia en los medios de comunicación, y promocionar su imagen, en este caso en los diarios “El Mexicano”, “La Crónica de Baja California”, ostentándose como “no candidato” o como “ciudadano”, con lo cual daba continuidad a la promoción de su imagen personal, ya que incluso declaró que continuaría en campaña con la coalición actora y el resto de sus candidatos.

Respecto de las anteriores notas cabe señalar, que si bien es cierto que las notas periodísticas corresponde a reportajes realizados por periodistas de la fuente noticiosa, que no se tratan de inserciones pagadas, o que haya elementos para considerar que la Coalición "Alianza para que Vivas Mejor" hubiere girado invitación a los medios de comunicación antes citado; ello no le resta valor probatorio a tales notas en el sentido de que se demuestra indudablemente, la difusión realizada a favor del C. Jorge Hank Rhon, con diversas fotografías de los eventos en que participaba y comentarios en torno a la revocación de la candidatura, habida cuenta la reiteración de varias notas periodísticas en torno a tales hechos.

Por lo anterior, es que aún cuando la sentencia RI-023/2007, afecto la esfera jurídica de la Coalición "Alianza para que Vivas Mejor" y de Jorge Hank Rhon, al revocarle la candidatura, esta no quebrantó el principio de equidad, al ser notorio y reiterativo durante todo el tiempo de la revocación, la difusión personal antes citada.

Se cita como un hecho público y notorio, además derivada de las notas anteriores, que la Alianza para Vivir Mejor no registró candidato sustituto alguno como lo ordenaba la sentencia mencionada, por lo que, no se puede asegurar como lo dice la Coalición recurrente que “el elector no sabía a escasas tres semanas de la jornada electoral, quienes eran los contendientes”, pues de la información contenida en las notas periodísticas y en los mensajes televisivos, se comunicaba a la ciudadanía que no habría sustitución del candidato a Gobernador, habida cuenta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvería a su favor.

Las acciones antes descritas permiten concluir la no vulneración al principio de equidad en la contienda en perjuicio de la Coalición "Alianza para que Vivas Mejor" pues la difusión reiterada de la imagen de Jorge Hank Rhon permitió alcanzar una de las finalidades de la propaganda electoral.

En efecto, en términos del artículo 291 de la Ley de la materia, la campaña electoral se define como el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las coaliciones y sus candidatos registrados, para la difusión de sus respectivas plataformas electorales y la obtención del voto, comprendiendo actos de campaña y propaganda electoral.

Los actos de campaña, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del citado artículo, son las reuniones públicas, debates, asambleas, visitas domiciliarias, marchas y en general aquellos en que los candidatos o voceros de los partidos políticos o coaliciones se dirigen al electorado para promover sus candidaturas; y la propaganda electoral, en los términos de la fracción II, es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos o coaliciones, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, respecto a la finalidad de la propaganda electoral, en la tesis relevante cuyo rubro es “PROPANGANDA ELECTORAL. FINALIDADES (Legislación del Estado de Chihuahua y similares)”, sostiene que atendiendo a las reglas de la experiencia y la sana crítica, se llega a la convicción de que la propaganda no solamente se limita a captar adeptos, lo cual es ordinario al presentarse ante la ciudadanía las candidaturas y programas electorales con la finalidad de obtener el mayor número de votos, sino que también busca reducir el número de adeptos simpatizantes o votos de los otros partidos políticos que intervienen en la contienda electoral; igualmente, tal actitud puede provocar dos efectos no excluyentes sino concurrentes, por una parte, el atraer votos en detrimento de los contrincantes, o bien, únicamente reducir las preferencias electorales hacia éstos, lo cual puede traducirse en abstencionismo en la jornada electoral.

Además la Sala Superior, en sentencia dictada en los expedientes SUP-RAP-098/2003, SUP-RAP-099/2003, SUP-RAP-100/2003, SUP-RAP-101/2003 y SUP-RAP-102/2003 ACUMULADOS, estableció que la propaganda en sentido amplio, se entiende, como una forma de comunicación persuasiva, que trata de promover o desalentar actitudes en pro o en contra de una organización, un individuo o una causa, en tal concepto debe incluirse cualquier esfuerzo sistemático para influir la opinión, conforme con un plan deliberado que incluye la producción y la transmisión de textos y mensajes específicamente estructurados, mediante todos los medios de comunicación disponibles para llegar a la audiencia más amplia o audiencias especiales y provocar los efectos calculados.

Fijó además, que “el propósito de la propaganda electoral es ejercer influencia sobre los pensamientos, emociones o actos de un grupo de personas para que actúen de determinada manera, adopten ciertas ideologías o valores, cambien, mantengan o refuercen sus opiniones sobre temas específicos. La propaganda se caracteriza por el uso de mensajes emotivos más que objetivos y porque trata de estimular la acción; se dice qué pensar, no enseña a pensar, esto es, la propaganda fuerza a las personas a pensar y hacer cosas del modo que no lo harían si se les hubiera dejado decidir por sus propios medios.”

De ahí que al promoverse la imagen personal de Jorge Hank Rhon en su beneficio, con mensajes televisivos, inserciones pagadas, notas periodistas, asistencia a eventos, reuniones, entrevista, tal y como quedo acreditado con el caudal probatorio antes citado, derivado en un esfuerzo sistemático por parte Coalición "Alianza para que Vivas Mejor" y del mencionado candidato para influir en la opinión de la ciudadanía en su favor; incluso desalentar actitudes en contra del Partido Acción Nacional integrante de la Coalición "Alianza por Baja California" con los mensajes “No, se nota que el PAN le tienen miedo a Hank.”, “Porque el PAN no sabe perder, desde que yo tengo uso de razón, el PAN no sabe perder”, “Yo pensaba votar por el PAN, pero ya no porque son unos tramposos.”, “Pienso que lo que espera al Partido Acción Nacional, es que metan a un sustituto que no sea tan fuerte.”, “Como dice el refrán, el miedo no anda en burro.”, “Por eso los azules se pasaron de vivos, hay envidia, sintieron, sintieron que va a ganar y, por eso no quieren que gane el ingeniero, porque es mucha pieza.”. es que se concluye que, no se actualiza vulneración al principio de equidad, por las acciones realizadas que permitieron a la Coalición "Alianza para que Vivas Mejor" y al ciudadano Jorge Hank Rhon, continuar en la esfera pública con una serie de mensajes en pro y en contra de la contendientes en el proceso electoral dos mil siete.

OCTAVO. AGRAVIO III. DIFUSION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL DURANTE EL PERIODO DE PROHIBICION LEGAL

En tal agravio, el impetrante sostiene:

a) Difusión de obra pública y asistencia social por parte del Gobernador del Estado, fuera de los plazos acordados por el Consejo Estatal Electoral de Baja California, violentando el acuerdo de neutralidad;

b) Uso de recursos públicos provenientes de los programas oficiales del estado, aplicados de manera directa a las campañas de los candidatos del PAN-PANAL-GOBIERNO;

c) Violación a los acuerdos y reglas de neutralidad gubernamental emitidos por el Consejo Estatal Electoral, basada en violación sistemática de la Ley que provocó condiciones de inequidad, ilegalidad, parcialidad y dependencia en la contienda; y

Los agravios a) y c), serán analizados en forma conjunta por la relación que guardan entre sí, el agravio b) en forma separada, haciéndose la aclaración que por razón de método y por economía procesal, que cuando exista íntima relación entre los presentes agravios con los ya examinados en la presente sentencia, se remitirá a las consideraciones expuestas como si a la letra obrasen insertas, para evitar transcripciones innecesarias.

IV. a) y c).- Refiere la parte actora que existió difusión de obra pública y asistencia social por parte del Gobernador del Estado, fuera de los plazos acordados por el Consejo Estatal Electoral de Baja California.

La parte actora indica el actor que una de tantas irregularidades que se dieron durante el desarrollo del proceso electoral, fue la violación por parte del gobernador del estado, al acuerdo de neutralidad emitido por el Consejo Estatal Electoral, principalmente a las Bases IV y V del Acuerdo Primero, que establecen:

“Primero.- Las reglas de neutralidad que el Instituto Estatal Electoral establece para que sean atendidas por el Gobernador del Estado, Presidentes Municipales, Delegados Federales de las diversas dependencias, y en su caso, todos los Servidores Públicos Federales, Estatal y Municipales durante el Proceso Electoral Estatal 2007 consistente en abstenerse de:

I a la III …

IV. Realizar dentro de los treinta días naturales anteriores a la jornada electoral y durante la misma, cualquier tipo de campaña publicitaria de programas de obra pública o de desarrollo social, Se exceptúa de dicha suspensión la comunicación de medidas urgentes de Estado, o de acciones relacionadas con protección civil, programas de salud por emergencias, servicios y atención a la comunidad por causas graves.

V. Efectuar dentro de los treinta días naturales previos a la jornada electoral y durante la misma, campañas de promoción de la imagen personal del servidor público, a través de inserciones en prensa, radio, televisión o Internet, así como bardas, mantas, volantes, anuncios espectaculares u otros similares.”

Alegando que el gobernador del estado, dentro de los treinta días naturales anteriores a la jornada electoral, es decir del seis de julio al cuatro de agosto de dos mil siete, procedió a difundir en forma pública y notoria las obras públicas y de asistencia social realizadas durante ese periodo, actuar que transgredió la plena libertad del voto y la inequidad en la contienda, que son susceptibles de afectarse con la entrega de material de bienes o la realización de servicios, pues es claro que estas acciones tienen efectos persuasivos que la simple publicidad de las actividades gubernamentales.

Es infundado el agravio.

En principio, se advierte que las fracciones IV y V del acuerdo antes citado tienen un contenido prohibitivo idéntico al artículo 308 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California, ya que en ambos casos prohíbe la celebración de campañas mediáticas para difundir actividades institucionales, por lo que, el contexto de la norma adquiere mayor convicción en el sentido de que no es la realización de actividades la prohibida, ni tampoco la difusión que los medios de comunicación privados le den ha determinados eventos, sino que tal difusión haya sido organizada, planeada u ordenada por la autoridad pública con el fin de dar a conocer los logros de gobierno.

El artículo 308, tercer párrafo, de la Ley electoral local, establece:

“Las autoridades estatales y municipales deberán suspender dentro de los treinta días anteriores al día de la elección, la difusión de sus actividades institucionales, excepto en los casos de programas de asistencia social y de ayuda a la comunidad, derivados de emergencias o programas de protección civil, por la eventualidad o presencia de condiciones de riesgo a la población.“

El alcance de esta norma, conjuntamente con las fracciones IV y V del Acuerdo Primero de Neutralidad, es con el objeto que las autoridades estatales y municipales –artículo 308–, delegados federales de las diversas dependencias, y en su caso, todos los servidores públicos federales, estatales y municipales –acuerdo de neutralidad–, suspendan la difusión de actividades institucionales dentro de los treinta días anteriores a la jornada electoral –seis de julio al cuatro de agosto–, con lo que se pretende evitar la difusión de eventos que tiendan a proyectar las obras públicas y demás servicios que ofrecen tanto el gobierno federal, estatal y municipal, con la intención de promover o desalentar actitudes en pro o en contra de una organización, un individuo o una causa específica relacionada con la contienda electoral; es decir que la difusión organizada por la autoridad no beneficie o perjudique ha determinado ente político, pues la difusión de obra tiende a generar adeptos hacia la autoridad que la realiza, y por ende al partido político al que pertenezca el funcionario respectivo.

Normas que de ninguna manera prohíben a los distintos ámbitos de gobierno o a sus titulares, a suspender las actividades institucionales porque ello sería contrario al principio de la buena marcha de la administración pública, generando responsabilidades administrativas por la omisión de deberes constitucionales y legales. Sino que, lo prohibido es llevar a cabo de mutuo propio la difusión de las actividades institucionales que se desarrollen, más no la realización en sí, de las mismas.

Correlacionado con lo anterior, se resalta que en el proceso electoral federal de dos mil seis, el Consejo General del Instituto Federal Electoral emitió el acuerdo CG39/2006, disponiendo en Considerando Primero fracciones III y IV, en términos similares a lo dispuesto en el numeral 308 y al acuerdo de neutralidad antes citados, lo siguiente:

“Acuerdo CG39/2006 del Instituto Federal Electoral:

“PRIMERO.- Las reglas de neutralidad que el Instituto Federal Electoral establece para que sean atendidas por el Presidente de la República, los Gobernadores de los Estados, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, los Presidentes Municipales y los Jefes Delegacionales en el Distrito Federal consisten en abstenerse de:

III. Condicionar obra o recursos de programas gubernamentales a cambio de la promesa del voto a favor o para apoyar la promoción de determinado partido político, coalición o candidato.

IV. Realizar dentro de los cuarenta días naturales anteriores a la jornada electoral y durante la misma, cualquier tipo de campaña publicitaria de programas de obra pública o de desarrollo social. Se exceptúa de dicha suspensión la comunicación de medidas urgentes de Estado o de acciones relacionadas con protección civil, programas de salud por emergencias, servicios y atención a la comunidad por causas graves, así como asuntos de cobro y pagos diversos.”

Acuerdo que prohíbe la celebración de campañas mediáticas para difundir actividades institucionales, el cual fue interpretado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver en la sentencia el expediente SUP-REC-9/2006, en el sentido de que el acuerdo de neutralidad de ninguna manera prohibió la realización de obra pública o actividades gubernamentales, al establecer: (Transcribe)

Bajo esa guisa de ideas, se concluye que el desarrollo de los programas de gobierno, no trasgrede el tercer párrafo del artículo 308, ni el acuerdo de neutralidad antes citado, siempre y cuando estos no sean difundidos en el tiempo que la Ley y el acuerdo lo prohíbe, por la propia autoridad que lo desarrolle, debiéndose analizar bajo los parámetros anteriores las irregularidades alegadas por la coalición recurrente.

Ahora bien se cita además el siguiente criterio relevante de la Sala Superior:

SUSPENSIÓN DE PUBLICIDAD DE PROGRAMAS Y ACCIONES GUBERNAMENTALES DURANTE LOS TREINTA DÍAS PREVIOS A LA JORNADA ELECTORAL. COMPRENDE LA ENTREGA INJUSTIFICADA DE BENEFICIOS (Legislación de Yucatán). (Se transcribe).

En principio, dicha tesis no tiene aplicabilidad en Baja California, al advertirse claramente que derivo de la interpretación al artículo 174 párrafos sexto y séptimo del Código Electoral del Estado de Yucatán, legislación que fue sustituida por la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán.

Empero, es orientadora en el sentido de que la restricción precisada tiene como excepción, la prestación de servicios públicos o la satisfacción de necesidades colectivas, cuando provienen de la actividad gubernamental ordinaria, así como los beneficios que deriven de los programas de asistencia social o de ayuda a la comunidad por emergencia, previamente establecidos y sistematizados, ejecutados conforme al procedimiento habitual diseñado para el efecto; de manera que, la excepción referida no incluye las acciones gubernamentales extraordinarias en beneficio de la población; es decir la limitación no abarca las acciones programadas ordinariamente en los programas de trabajo respectivo, sino que aquellas acciones que en forma extraordinaria se realizan con el fin de generar un beneficio en la sociedad.

No pasa desapercibido para este Tribunal que pudieran existir actos por parte de las autoridades estatales y municipales del Gobierno de Baja California, que en un momento dado, pueden llegar a ser contrarios a lo dispuesto en el acuerdo transcrito con anterioridad y el propio artículo 308 de la Ley electoral, sin embargo tales actos deben ser acreditados plenamente así como su factor de determinancia en el proceso electoral.

Sin embargo, no obstante lo señalado en párrafos anteriores, es necesario precisar, que dentro de las atribuciones de este órgano jurisdiccional, no está la de pronunciarse al respecto del incumplimiento de dicho acuerdo, o en su caso, mucho menos compete a esta Tribunal la imposición de sanciones a las autoridades que lo hayan infringido, sino que la actuación de esta órgano colegiado se circunscribe estrictamente a cuestiones relacionadas con el resultado final de las elecciones y determinar si en el caso concreto las irregularidades planteadas producen o no la nulidad de la elección; sin perjuicio de prever la imposición de sanciones administrativas por violación a la normatividad electoral, o sanciones de tipo penal, tipificando ciertas conductas con el carácter de delito, lo que en su caso debe hacerse por parte de las instancias y autoridades competentes.

En este aspecto cabe recordar, que para la actualización de la causal de nulidad invocada por el actor en su demanda, y que se estudia en el presente considerando, resulta indispensable que el propio actor demuestre con los elementos probatorios idóneos, que las irregularidades alegadas, tuvieron un impacto en el resultado final de la elección cuya nulidad se solicita, es decir, resulta indispensable que el promovente demuestre en forma clara e indubitable, que los hechos irregulares fueron determinantes para que el resultado de la elección fuera en determinado sentido.

El punto toral de las alegaciones referidas, consiste básicamente en la difusión de obras de gobierno y entrega de material de obra durante los 30 días de restricción que establece la ley.

Para llevar a cabo el análisis de estos argumentos es necesario determinar, si con el cúmulo probatorio existente en autos se acreditan los elementos de la infracción citada que se deducen del artículo 308 citado en párrafos anteriores del cual se desprende lo siguiente:

a) La existencia y contenido de los mensajes de difusión de actividades institucionales, estatales o municipales.

b) Que dicha difusión sea imputable a los gobiernos estatal y municipal, y

c) Que dicha difusión se haya llevado a cabo dentro el periodo de restricción, esto es, dentro de los 30 días anteriores a la jornada electoral.

Establecido lo anterior, se procede a la valoración de las pruebas aportadas por el recurrente en el presente apartado para analizar si se acredita el ilegal actuar del “Gobernador del estado de Baja California”, para ello, la parte actora aporto como elementos de prueba los siguientes:

a) Obra en autos a fojas 4496 del Tomo VIII del expediente RR-109/2007 y acumulado, un sobre amarillo que contiene 20 de ejemplares de notas periodísticas.

b) Obra en autos a fojas 4500 del Tomo IX del expediente RR-109/2007 y acumulado, un sobre amarillo que contiene 1 disco compacto en formato DVD.

c) Obra en autos a fojas 4505 del Tomo IX del expediente RR-109/2007 y acumulado, un sobre amarillo que contiene 30 fotos a color con la imagen del Gobernador del Estado entregando despensas

d) Obra en autos a fojas 4506 del Tomo IX del expediente RR-109/2007 y acumulado, un sobre amarillo que contiene 1 testimonio notarial No. 38,359 volumen 1,379 folio 82 de la Notaria Pública No.105 del Estado de México.

En cuanto a las notas periodísticas éstas se describen en el siguiente cuadro, en el cual se podrá observar el contenido de la nota, medio que lo público, fecha de su publicación, así como un capítulo de observaciones en el cual se índica si la nota periodística es relativa a difusión de obra Estatal o Municipal, si se encuentra comprendida dentro de los 30 días previos a la jornada electoral. Cabe mencionar que la actora transcribe en su recurso 30 notas periodísticas que señala se agregan en el sobre señalado en el inciso a) sin embargo solo obran 20 notas de periódico, no obstante solamente 14 de ellas tienen relación con el tema que nos ocupa y el resto no están relacionados con sus pretensiones.

Del Cuadro anterior se pueden clasificar las notas periodísticas desde dos aspectos:

1.-Aquellas enumeradas 4 y 7 corresponden a notas periodísticas cuyo contenido no se refiere a la difusión de obra o de programas de gobierno así como tampoco de logros obtenidos, por lo cual resultan irrelevantes.

3.- Aquellas cuyos números son 1, 2, 3, 5,6, , 8, 9, 10, 11, 12, 14, son indicativas de los extremos a) y c) antes mencionados, es decir, de que se difundieron actividades presumiblemente gubernativas, dentro de los 30 días anteriores a la jornada electoral; más no así del b), esto es, que la difusión de las obras o acciones de gobierno, haya sido ordenado por el Gobierno del Estado o el Gobierno Municipal, tal y como lo afirma la impugnante.

En efecto. El párrafo tercero del artículo 308 de la ley de la materia, lo que pretende evitar o sanciona es la difusión de eventos que tiendan a proyectar las obras públicas y demás servicios que ofrecen tanto el gobierno federal, estatal y municipal, con la intención de promover o desalentar actitudes en pro o en contra de una organización, un individuo o una causa específica relacionada con la contienda electoral; es decir que la difusión organizada por la autoridad no beneficie o perjudique ha determinado ente político, pues la difusión de obra tiende a generar adeptos hacia la autoridad que la realiza, y por ende al partido político al que pertenezca el funcionario respectivo.

Normas que de ninguna manera prohíben a los distintos ámbitos de gobierno o a sus titulares, a suspender las actividades institucionales porque ello sería contrario al principio de la buena marcha de la administración pública, generando responsabilidades administrativas por la omisión de deberes constitucionales y legales. Sino que, lo prohibido es llevar a cabo de mutuo propio la difusión de las actividades institucionales que se desarrollen, más no la

Como se observa, todas y cada una de las notas citadas refieren hechos distintos, y por ende circunstancias de tiempo y modo diverso, sin que existan mayores elementos para acreditar la existencia de los eventos narrados, de ahí su mínimo valor indiciario.

En conclusión, se considera que las catorce notas periodísticas, no acreditan la irregularidad aducida, ya que de las mismas se advierte que en ellas únicamente se contiene una cobertura noticiosa de actividades diversas en las que participan algunos funcionarios como lo es el Gobernador del Estado, así como otros servidores públicos.

Asimismo, se observa que dichas notas describen las actividades que las personas mencionadas realizan en ejercicio de la función pública, sin que en forma alguna se busque exaltar los beneficios o resultados de tal actividad, pero además no se advierten inserciones pagadas o la reiteración de un acto de gobierno concreto que dé lugar a considerar que se está ante la presencia de una campaña de promoción.

Notas periodísticas de las cuales sólo se advierte que tienen por objeto informar a la población la actividad de un gobernante a manera de noticia, por parte de los medios de comunicación escrito; sin que denote que se hubiere exaltado las cualidades del funcionario o magnificar la calidad de la actividad materia de la nota.

Ofrece el actor además para acreditar la entrega de despensa Video en el que aparece el Gobernador Eugenio Elorduy Walter y el Secretario de Desarrollo Social del Estado Carlos Reynoso Nuño; sin embargo no es factible adminicularlo con las notas periodísticas, al no apreciarse las circunstancias de tiempo y lugar, las cuales tampoco indica la parte actora, requisitos indispensables para que las pruebas técnicas adquiera indicios sólidos, en términos de los artículo 451, 459 y 460 de la Ley de la materia; por lo que, la falta de tales elementos, aunado a la ausencia de prueba, no se tiene por acreditado tal suceso de entrega de despensa.

Si bien, el aportante señala concretamente lo que pretende acreditar, identifica a las personas, omite señalar el lugar y el tiempo en que ocurrió tal evento que reproduce la prueba, por ello la ineficacia de la misma, pues incluso el evento pudo haber ocurrido en periodo distinto al referido en el acuerdo de neutralidad.

En cuanto a las 30 fotografías se deduce lo siguiente:

1.- En la fotografía de tamaño diez centímetros de ancho por quince centímetros de largo, que trae anotado por la parte de atrás con plumón de color café el número uno, se observa la mano izquierda de una persona sosteniendo un periódico llamado “El Mexicano”, con la nota a primera plana que dice “Refrendaron compromiso”, no se distingue la fecha de esa publicación al fondo se aprecia una casa con cerco de maya y como sombra una lona de color azul a fuera de ella se encuentra un camión estacionado de color blanco, con un logotipo a un costado que dice: “BC GRANDE POR TI” de color azul y blanco e imágenes de las calles de una ciudad al fondo de una de ellas se aprecia un camión revolvedor de color blanco con franjas de color azul rojo y blanco el cual trae descubierta la parte trasera de la unidad motriz conteniendo en su interior bolsas de color blanco no se puede apreciar el contenido de las mismas.

2.- En la fotografía de tamaño diez centímetros de ancho por quince centímetros de largo, que trae anotado por la parte de atrás con plumón de color café el número dos, y en la fotografía de tamaño veintiún centímetros de ancho por veintiocho centímetros de largo, que trae anotado por la parte de atrás con plumón de color café el número diecisiete ya que es la misma imagen se observa, un camión estacionado de color blanco, con un logotipo a un costado que dice: “BC GRANDE POR TI” de color azul y blanco y aproximadamente a un metro de distancia a una persona del sexo masculino volteando asía la cámara se observa muy de cercas a tres personas el sexo femenino dos de ellas volteando a lado izquierdo y por ello solo se aprecia el perfil de ellas y la tercer persona volteando al lado derecho entre ellas mas atrás de la imagen se aprecia a una persona del sexo masculino vestido con una camisa de color azul con pantalones de tela mezclilla, el cual camina asía la cámara con la mano izquierda cercas de su rostro el cual trae en su mano al parecer un teléfono.

3.- En la fotografía de tamaño diez centímetros de ancho por quince centímetros de largo, que trae anotado por la parte de atrás con plumón de color café el número tres, se observa dos carros e color blanco estacionados sobre la calle frente a una casa y en la banqueta se aprecian cuatro árboles, el primero de ellos es tipo pick-up doble cabina el cual trae unas letras en el guardafangos delantero izquierdo que dicen “CESPT 1626”, en la puerta trasera de lado izquierdo trae un logotipo que dice “BC GRANDE POR TI’, al fondo de la imagen se aprecia a un grupo de personas vestidas de diferentes colores y mas aya de la imagen se observa un cerro.

4.- En la fotografía de tamaño diez centímetros de ancho por quince centímetros de largo, que trae anotado por la parte de atrás con plumón de color café el número cuatro, y en la fotografía de tamaño veintiún centímetros de ancho por veintiocho centímetros de largo, que trae anotado por la parte de atrás con plumón de color café el número dieciocho ya que es la misma imagen se observa, un camión estacionado de color blanco, con unos logotipos del lado derecho que dice: “BC GRANDE POR TI” de color azul y blanco e imágenes de las calles de una ciudad, otro con las letras “PIPCA”, en la puerta de lado derecho el logotipo que dice “BC GRANDE POR TI”, en el guardafangos de lado izquierdo se aprecia una calcomanía de color azul con rojo con las letras DES y el número 070, a fondo de la imagen se ve a un grupo de personas de ambos sexos asiendo fila en dirección a unas carpas de lonas de color azul.

5.- En la fotografía de tamaño diez centímetros de ancho por quince centímetros de largo, que trae anotado por la parte de atrás con plumón de color café el número cinco, y en la fotografía de tamaño veintiún centímetros de ancho por veintiocho centímetros de largo, que trae anotado por la parte de atrás con plumón de color café el número diecinueve ya que es la misma imagen se observa, un pick-up de color azul estacionado a un lado de una construcción de material de hojas de madera comprimida, en la caja del pick-up trae bolsa de plástico de color blanco no se paresia el contenido de esas bolsa al lado del pick-up se aprecia a una persona del sexo masculino vestido con camisa de color azul el cual esta sosteniendo unas hojas de papel en sus manos al perecer las esta revisando y a lado de el se encuentran a dos personas del sexo femenino una de ellas volteando asía su lado izquierdo y la otra persona sostiene un paraguas y esta de espaldas hacia la cámara.

6.- En la fotografía de tamaño diez centímetros de ancho por quince centímetros de largo, que trae anotado por la parte de atrás con plumón de color café el número seis, se aprecia un camión estacionado de color blanco, con un logotipo a un costado que dice: “BC GRANDE POR TI” de color azul y blanco e imágenes que por la distancia de la toma e la fotografía no se pueden apreciar el cual trae descubierta la parte trasera de la unidad motriz conteniendo en su interior bolsas de color blanco no se puede apreciar el contenido de las mismas, se observa también a una persona del sexo masculino volteando asía la cámara se observa muy de cercas a cuatro personas el sexo femenino dos de ellas volteando a lado izquierdo y por ello solo se aprecia la cabeza de ellas y las otras dos personas se están viendo entre ellas, mas atrás de la imagen se aprecia a una persona del sexo masculino vestido con una camisa de color azul con pantalones de color café claro, el cual camina asía la cámara a lado derecho de la imagen se observan a dos autos de color blanco solo se aprecia parte de la carrocería y los vidrios.

7.- En la fotografía de tamaño diez centímetros de ancho por quince centímetros de largo, que trae anotado por la parte de atrás con plumón de color café el número siete, se aprecia la parte trasera de un camión la cual trae en su interior bolsas de plástico de color blanco no se aprecia el contenido de estas.

8.- En la fotografía de tamaño diez centímetros de ancho por quince centímetros de largo, que trae anotado por la parte de atrás con plumón de color café el número ocho, se aprecia un cerco de color blanco y a un grupo pequeño de personas y niños, debajo de una lona de color azul con estructura tubular de color blanco seis personas de estas están de frente a la cámara una persona del sexo masculino viste con una camisa de color azul, y al fondo se apresia una lona de color blanco con azul y un letrero que dice “BC GRANDE POR TI” con letras de color azul y blanco.

9.- En la fotografía de tamaño diez centímetros de ancho por quince centímetros de largo, que trae anotado por la parte de atrás con plumón de color café el número nueve, se aprecia la mano izquierda de una persona sosteniendo un periódico llamado “El Mexicano”, con la nota a primera plana que dice “Refrendaron compromiso”, no se puede apreciar la fecha de la publicación de dicho diario, la persona párese estar de pie en medio de una calle de terracería, al lado izquierdo de la imagen se ven una hilera de pequeñas carpas de color azul con estructura de color blanco debajo de estas carpas se encuentran pequeños grupos de personas, a lado derecho se una barda de piedra y un poste al parecer de teléfono con un letrero de color rojo con blanco con la imagen de un a persona del sexo masculino y unas letras en la parte inferior lo único que se puede apreciar es el nombre de Astiazarán.

10.- En la fotografía de tamaño diez centímetros de ancho por quince centímetros de largo, que trae anotado por la parte de atrás con plumón de color café el número diez, se aprecia una hilera de pequeñas carpas de color azul con estructura de color blanco instaladas a lado de un cerco de color blanco sobre una superficie de tierra, debajo de las carpas se encuentran sillas en las cuales se encuentran personas sentadas y mesas, se observan también letreros de imágenes que no se aprecian claramente, pero en una se observan carreteras al fondo de la fotografía se ve una lona a distancia de color azul con letras de color blanco que dicen MA(ilegible)OBRAS Y SERVICIOS PARA.

11.- En la fotografía de tamaño diez centímetros de ancho por quince centímetros de largo, que trae anotado por la parte de atrás con plumón de color café el número once, se observa una casa con cerco de maya y como sombra una carpa de color azul de estructura blanca con una mesa y dos sillas, a fuera de la casa se encuentra un camión estacionado de color blanco, con un logotipo a un costado que dice: “BC GRANDE POR TI” de color azul y blanco e imágenes de las calles de una ciudad al fondo de una de ellas se aprecia un camión revolvedor de color blanco con franjas de color azul rojo y blanco el cual trae descubierta la parte trasera se observa que conteniendo en su interior bolsas de color blanco, no se puede apreciar el contenido de las mismas.

12.- En la fotografía de tamaño diez centímetros de ancho por quince centímetros de largo, que trae anotado por la parte de atrás con plumón de color café el número doce, y en la fotografía de tamaño veintiún centímetros de ancho por veintiocho centímetros de largo, que trae anotado por la parte de atrás con plumón de color café el número catorce ya que es la misma imagen se observa, un pick-up de color azul estacionado a un lado de una construcción de material de hojas de madera comprimida, en la caja del pick-up trae bolsa de plástico de color blanco no se paresia el contenido de esas bolsa al lado del pick-up se aprecia a una persona del sexo masculino vestido con camisa de color azul, el cual observa asía abajo.

13.- En la fotografía que se imprimió en una hoja de papal tamaño carta, que trae anotado por la parte de atrás con plumón de color café el número trece, se aprecian tres carpas de color blanco instaladas sobre pasto en las cuales se observa a personas de diferentes edades de ambos sexos, en la parte de debajo de la hoja se observa otra imagen en la cual se ve a un grupo de personas sentadas y apoyándose sobre una pequeña barda al fondo se aprecian tres letreros de color blanco con letras de color negro que dicen: “BC GRANDE POR TI” , “CONSULTA DE ESPECIALIDADES” el segundo dice: “BC GRANDE POR TI”, “DETENCIÓN DE H(ilegible) TENSIÓN Y DIABETES” y el ultimo dice: “BC GRANDE POR TI”, “VACUNACIÓN UNIVERSAL”.

14.- En la fotografía de tamaño veintiún centímetros de ancho por veintiocho centímetros de largo, que trae anotado por la parte de atrás con plumón de color café el número quince, se observan bolsa de plástico de color blancas en su interior se aprecia que traen bolsas de plástico de color rojo que contienen granos de maíz inflado “cereal” y al lado derecho de la imagen muy de cerca al parecer una manija de fierro.

15.- En la fotografía de tamaño veintiún centímetros de ancho por veintiocho centímetros de largo, que trae anotado por la parte de atrás con plumón de color café el número dieciséis, se observan una toma demasiado cercas lo que párese ser el costado de una automóvil de color blanco en la salpicadura se aprecia una insignia del automóvil de color plateado que dice E-SUPER DUTV , a bajo de ella se encuentra una calcomanía de color azul con letras de color rojo y blanco que dicen “DES 070, Poder Ejecutivo”, y en la puerta se aprecia la letra “C” de color blanco sombreada con color azul .

16.- En la fotografía de tamaño veintiún centímetros de ancho por veintiocho centímetros de largo, que trae anotado por la parte de atrás con plumón de color café el número veinte, se observan como un cerco de maderas o llamadas redilas de camión, con tres calcomanías de propaganda electoral de color blanco con azul, las primera dice: “DONALDO PEÑALOSA PRESIDENTE TECATE MERECE LO MEJOR” y el logotipo de la Coalición Alianza para que Vivas Mejor, la segunda se observa el rostro de una persona del sexo masculino y dice: “Osuna Millán GOBERNADOS, la tercer calcomanía dice: “FERREIRO TECATE MERECE LO MEJOR” y el logotipo de la Coalición Alianza para que Vivas Mejor, sobre las tablas se aprecian el techo de las carpas de color azul y parte de un tablero de marcación de béisbol.

17.- En las fotografías de tamaño veintiún centímetros de ancho por veintiocho centímetros de largo, que traen anotado por la parte de atrás con plumón de color café el número veintiuno y veintitrés, ya que se trata de la misma fotografía, se aprecia a un grupo de personas de ambos sexos predominando las mujeres, sentadas de espalas asía la cámara en sillas de plástico de color blanco debajo de una carpa de color azul con estructura de color blanca al frente de ellas se encuentra una lona de color azul con blanco que dice: ““BC GRANDE POR TI” por un lado y por el otro dice: “MAS OBRAS Y SERVICIOS PARA TI”.

18.- En las fotografías de tamaño veintiún centímetros de ancho por veintiocho centímetros de largo, que traen anotado por la parte de atrás con plumón de color café el número veintidós, se aprecia a un grupo de personas de ambos sexos predominando las mujeres, sentadas de espalas asía la cámara en sillas de plástico de color blanco debajo de una carpa de color azul con estructura de color blanca colocadas debajo de una superficie de pasto al parecer un campo de juego, al frente de ellas se encuentra una lona de color azul con blanco que dice: “BC GRANDE POR TI” por un lado y por el otro dice: “MAS OBRAS Y SERVICIOS PARA TI”, al frente de las personas se encuentra una persona del sexo masculino con un micrófono en la mano derecha sosteniéndolo cercas de su boca y con la mano izquierda sostiene unos papeles.

19.- En las fotografías de tamaño veintiún centímetros de ancho por veintiocho centímetros de largo, que traen anotado por la parte de atrás con plumón de color café el número veinticuatro, se aprecia al Gobernador Eugenio Elorduy Walter saludando a una persona del sexo femenino, alrededor de ellos se encuentran personas del sexo femenino al fondo se encuentran cuatro personas viendo en dirección a la cámara y una de ellas del sexo femenino esta tomando fotografía del momento a los pies de esa mujer se observan cinco cajas de cartón con una leyenda pero no se aprecia que es lo que dice a espaldas de Gobernador se encuentra un letrero que dice: “BC GRANDE POR TI”. El escenario es lo que párese ser el campo de un estadio ya que se encuentran todos de pie en una superficie de pasto.

20.- En las fotografías de tamaño veintiún centímetros de ancho por veintiocho centímetros de largo, que traen anotado por la parte de atrás con plumón de color café el número veinticinco, se aprecia al Gobernador Eugenio Elorduy Walter cargando una caja de cartón el cual se encuentra rodeado por cinco personas cuatro mujeres y un hombre a espalda de ellos se encuentra un letrero que dice: “MAS OBRAS Y SERVICIOS PARA TI”, de color azul con letras de color blanco, una de las personas del sexo femenino sostiene en su mano izquierda un micrófono que esta cercas de su boca, frente al Gobernador se encuentra una persona del sexo femenino que viste una playera de color rosa. El escenario es lo que párese ser el campo de un estadio ya que se encuentran todos de pie en una superficie de pasto, al fondo se aprecia un letrero de color rojo con letras blancas que dicen: “TECATE”.

21.- En las fotografías de tamaño veintiún centímetros de ancho por veintiocho centímetros de largo, que traen anotado por la parte de atrás con plumón de color café el número veintiséis, se aprecia a una persona del sexo femenino caminado asía la cámara en la parte de atrás se observan cinco carpas de color azul debajo de ellas se encuentran aproximadamente setenta personas, también se alcanza a observar un letrero de color azul con blanco el cual dice: “BC GRANDE POR TI”. El escenario es lo que párese ser el campo de un estadio ya que se encuentran en una superficie de pasto, al fondo se aprecia una bocina, y un letrero de color rojo con letras blancas que dicen: “TECATE”.

22.- En las fotografías de tamaño veintiún centímetros de ancho por veintiocho centímetros de largo, que traen anotado por la parte de atrás con plumón de color café el número veintisiete, se observa cinco carpas de color azul debajo de ellas se encuentran un grupo de personas, también se alcanza a observar un letrero de color azul con blanco el cual dice: “BC GRANDE POR TI”. El escenario es lo que párese ser el campo de un estadio ya que se encuentran en una superficie de pasto, al fondo se aprecia una bocina, y un letrero de color rojo con letras blancas que dicen: “TECATE”. De lado derecho de la imagen se observa un camión cargado con material de construcción como tablas, bloks y rollos para aislamiento.

23.- En las fotografías de tamaño veintiún centímetros de ancho por veintiocho centímetros de largo, que traen anotado por la parte de atrás con plumón de color café el número veintiocho, se observa una carpa de color azul debajo de ellas se encuentran un grupo de personas, también se alcanza a observar un letrero de color rojo, blanco y negro que dice: “TECATE”. De lado derecho de la imagen se observa un camión cargado con material de construcción como tablas, bloks, rollos para aislamiento y unos sacos no se aprecia el contenido de ellos.

24.- En la fotografía de tamaño de veintiún por veinticinco centímetros de largo, que trae anotado por la parte de atrás con plumón de color café el número veintinueve, se observan cuatro carpas, tres de color azul de esta ultima se observa el fondo verde y otra anaranjada, bajo las dos primeras algunas personas de sexo masculino y femenino unos sentados y otros parados, bajo la de color naranja una mesa rectangular con mantel azul y sobre ella bebidas a la altura de la esquina izquierda de ella una mujer joven vistiendo camiseta rosa y pantalón levis, bajo la carpa azul con fondo verde doce cajas cerradas, color café claro, advirtiéndose en tres de ellas dentro de un cuadro dibujado lo siguiente: en letras blancas con fondo color azul y anaranjado BC GRANDE POR TI y con letras negras Gobierno del Estado Secretaria de Desarrollo Social y con letras anaranjadas DESPENSAS.

25.- En la fotografía de tamaño de veintiún por veinticinco centímetros de largo, que trae anotado por la parte de atrás con plumón de color café el número N, se observa que corresponde a la toma descrita como número veintinueve sólo que tomada de mas retirado, advirtiéndose cinco carpas tres color azul una de estas con fondo verde, una color naranja, al fondo otra color blanco, bajo dos azules personas de ambos sexos unas paradas y otras sentadas en sillas color café, bajo la blanca a un grupo de personas entre ellos el c. Eugenio Elorduy, bajo la color naranja una mesa rectangular con mantel azul y sobre esta bebidas, a la altura de la esquina izquierda de ella, una mujer vestida con camiseta color rosa y pantalón levis y bajo la carpa color azul con fondo verde doce cajas y otras cuatro de las que solo se la parte de arriba, en tres de las cajas dentro de un cuadro dibujado le lee lo siguiente: en letras blancas con fondo color azul y anaranjado BC GRANDE POR TI y con letras negras Gobierno del Estado Secretaria de Desarrollo Social y con letras anaranjadas DESPENSAS.

En conclusión, el valor probatorio que se les debe de dar a las fotografías es de simple indicio ya que no se puede atribuir que los eventos que proyectan las imágenes correspondan al periodo prohibido por la ley, toda vez que no se encuentran adminiculadas a otras probanzas, así mismo tampoco es factible adminicularlas a las notas periodísticas toda vez que no se advierte elemento de coincidencia alguno que permite su relación.

Si bien, el aportante señala concretamente lo que pretende acreditar, identifica a las personas, omite señalar el lugar y el tiempo en que ocurrió tal evento que reproduce la prueba, aunque se presume que fue en el tiempo prohibido, requiere de robustecerlo con prueba fehaciente, por ello la ineficacia de la misma, pues incluso el evento pudo haber ocurrido en periodo distinto al referido en el acuerdo de neutralidad.

Además, se reitera en términos de la tesis “SUSPENSIÓN DE PUBLICIDAD DE PROGRAMAS Y ACCIONES GUBERNAMENTALES DURANTE LOS TREINTA DÍAS PREVIOS A LA JORNADA ELECTORAL. COMPRENDE LA ENTREGA INJUSTIFICADA DE BENEFICIOS (Legislación de Yucatán).” El actor no acreditó que se tratara de programa extraordinario no previsto en forma ordinaria en los programas operativos del gobierno del estado.

En efecto, al corresponder la carga de la prueba al que afirma en términos del artículo 457 de la Ley, el actor en este caso, debió comprobar, verbigracia, los programas operativos dos mil siete de las dependencias del estado, para que este órgano jurisdiccional pudiera concluir que los eventos recurridos no constituyen en forma ordinaria actividades del gobierno del estado, por ello, ante la ausencia del principio de prueba, se considera insuficiente la misma para demostrar las pretensiones del actor.

Por lo tanto, resulta evidente para este Órgano Jurisdiccional que de los acaecimientos aislados apreciados en las notas periodísticas, y de la prueba técnica, no es posible concluir, objetivamente, la violación al acuerdo de neutralidad emitido por el Consejo Estatal Electoral y al artículo 308 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California.

Por último, agrega el recurrente testimonio Notarial pasado ante la fe del notorio público número ciento cinco del Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, licenciado Conrado Zuckermann Ponce, para acreditar que en la página de Internet del Gobierno del Estado se contiene información relacionada con la difusión de las Obras Públicas y Asistencia Social que desplegó el Gobernador en las fechas estrictamente prohibidas por el Consejo Estatal Electoral. Instrumento que por tratarse de documental pública genera prueba plena sobre la información ahí contenida; sin embargo tal medio probatorio no es idóneo para demostrar la ejecución de la mayoría de las obras ahí contenidas, toda vez que, tal testimonio es de fecha dieciséis de agosto de dos mil siete, esto es diez días posteriores a que concluyera el periodo prohibido por la Ley, para la difusión de las actividades institucionales, generando prueba plena, de que la difusión se realizó en fecha permitida por la Ley.

Con el testimonio en mención se pretende acreditar tres eventualidades.

1) La agenda del C. Gobernador del Estado del primero al diecisiete de agosto de dos mil siete; en la cual se establece que el Miércoles primero de agosto a las 10:45 horas la “INAUGURACIÓN DE LA OBRA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES”, y a las 11:10 horas “ENTREGA DE CASAS Y CERTIFICADOS DEL PROGRAMA VIVIENDA 2007”, y si bien la difusión de las actividades gubernamentales de mutuo propio si constituye una irregularidad conforme al acuerdo de neutralidad y al artículo 308 de la Ley, debe considerarse primeramente que al ser el testimonio de fecha posterior a la jornada, no existe certeza que durante el periodo prohibido, en la página de gobierno se encontrará la publicación de la agenda del Gobernador, pues con tal instrumento notarial se acredita plenamente que el dieciséis de agosto se difundió validamente actividades institucionales.

Por otra parte, de las notas periodísticas no se comprueba algún evento similar a los contenidos en la página electrónica, por tal motivo tal difusión no constituye una irregularidad en los términos antes planteados.

2) “Videos BC GRANDES POR TI”, se dice en el testimonio que en la página identificada como www.bajacalifornia.gob.mx/portal/videos_BC.jsp aparece un menú que permite acceder a diversos videos en las que aparece el Gobernador del Estado promoviendo en cada uno de ellos las acciones de gobierno.

Lo anterior se comprueba fehacientemente, en el sentido de que tales videos se divulgaron el dieciséis de agosto, esto es fuera del periodo prohibido por la Ley y el acuerdo de neutralidad, por lo que no existe la irregularidad que se pretende probar.

3) Boletín número ciento seis de la semana del treinta de julio al tres de agosto de dos mil siete, de la Secretaría de Desarrollo Social, fechado el día veinticuatro de julio de citado año.

Publicación que en efecto transgrede el acuerdo de neutralidad y el artículo 308 de la Ley de la materia, al demostrarse plenamente que el boletín se hizo público desde el día veinticuatro de junio, dentro de periodo que se limita tal actividad.

Lo anterior, si bien constituye una irregularidad no puede considerarse de tal magnitud como para lograr la pretensión del actor, puesto que como puede advertirse, únicamente se realizaron la publicación de actividades relacionadas con la semana del treinta de julio al tres de agosto, sin que se pueda advertir que electores del Estado de Baja California hayan sido beneficiados con la aplicación y difusión de las actividades comprendidas en tal boletín.

En esencia la testimonial pública es insuficiente para acreditar el impacto que generó en el electorado la difusión institucional contenida en la página electrónica, pues ni del testimonio ni de los anexos que se agregaron se puede desprender, aunque sea de manera indiciaria, el número de visitantes que en ese lapso abrieron la página web y mucho menos el número de personas que consultaron la información.

Es un hecho notorio, el cual se invoca en términos del artículo 456 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California, que en algunas páginas web se encuentra un recuadro específico en el que se informa el número de visitantes que ha ingresado a la página; sin embargo, en las pruebas aportadas por el actor no se encuentra dato alguno que facilite esa información.

Por otra parte, en la demanda del presente recurso de revisión, el partido promovente no proporcionó dato alguno relativo al impacto que pudo tener la difusión de propaganda en internet, durante el tiempo prohibido, pues sin aportar elemento de convicción alguno, sólo se ha limitado a manifestar, que es claro que influyó en el proceso electoral y como consecuencia en la etapa correspondiente a la jornada electoral.

Se debe tener presente que los referidos datos son relevantes para que se pueda determinar la trascendencia que, en su caso, la propaganda institucional difundida en internet tuvo en el electorado, al ser un criterio reiterado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que no basta la existencia de una irregularidad para que se afecte la decisión ciudadana emitida mediante el sufragio, sino que es necesario que esté demostrado, que dicha inconsistencia afectó de manera grave y generalizada esa decisión.

A diferencia de otro tipo de propaganda, como puede ser la difundida en radio y televisión, en donde la experiencia indica que es factible que llegue a la mayoría de la población, en la divulgada a través de internet no se puede inferir tal situación, puesto que la información que circula en la red sólo es accesible para aquellas personas que cuentan con computadora y pagan el servicio de internet. Además, porque no basta con que las personas estén conectadas al sitio web, sino que es necesario que los usuarios tengan la voluntad de consultar una página determinada, como podría ser, la del gobierno del estado de Baja California. Por lo que tendría que demostrarse, en primer lugar, que cierto segmento de la población cuenta con acceso a internet y, en segundo lugar, que un posible número de personas tuvo acceso, precisamente, a la página donde se contenía la propaganda mencionada, de forma tal que se demuestre, mediante los elementos probatorios atinentes, el carácter determinante de la violación, ya sea por sí misma o en relación con otras. (Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el expediente de clave SUP-JRC 233/2004).

En esta virtud, al no existir elementos que acrediten el impacto que tuvo en el electorado la propaganda difundida por internet, en el tiempo prohibido por la ley, es claro que no ha lugar a considerar que dicha situación, por sí misma, es apta para acoger la pretensión de nulidad del actor.

IV. b).- Se sostiene como agravio el “Uso de recursos públicos provenientes de los Programas Oficiales del Estado, aplicados de manera directa a las campañas de los candidatos del PAN – PANAL – GOBIERNO”,

Alega la recurrente que “al ser público y notorio, el uso de recursos públicos en la difusión de actos de gobierno en el periodo prohibido por la Ley electoral, por parte del Gobernador del Estado C. Eugenio Elourduy Walter, la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados Federal” “sometió a consideración un punto de acuerdo mediante la cual advierte la intervención del ejecutivo estatal en la elección del 5 de Agosto, con el propósito de beneficiar a los candidatos de su partido de origen”.

Destaca que, con relación a este apartado de agravio, la recurrente no ofrece otro medio probatorio diverso a la trascripción del referido Punto de Acuerdo, supuestamente presentado en fecha treinta y uno de julio de dos mil siete a consideración o votación en la Cámara de Diputados Federal por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Se advierte así que en principio no existe prueba plena respecto de la existencia del Punto de Acuerdo en comento, y la recurrente únicamente sostiene que la presentación del mismo a consideración de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados Federal “se advierte de la pagina electrónica de la LX Legislatura Federal, en la Gaceta No. 34, del martes 31 de Julio, cuyo contenido expresa...”

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION QUE PRESENTA EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL POR EL QUE LA COMISION PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNION REPRUEBA ENRGICAMENTE LA INTROMISION DEL GOBERNADOR DE BAJA CALIFORNIA DURANTE EL PROCESO ELECTORAL DESARROOLLADO EN ESE ESTADO.

Este órgano resolutor en atención al principio de exhaustividad que rige en el dictado de las sentencias, procedió a ingresar en la página Web siguiente:

http://www.diputados.gob.mx/informacion_parlamentaria.htm

Una vez ubicado en esa página virtual, se dio ingreso en la liga o link “Gaceta Parlamentaria”, y de ahí a la liga “Anteriores” solicitando la información correspondiente al día treinta y uno de julio de dos mil siete, apareciendo la siguiente información:

“Gaceta Parlamentaria, año X, número 2308, martes 31 de julio de 2007

Anexo I Informe de la Comisión Especial para conocer las responsabilidades y origen de la tragedia de la mina Pasta de Conchos, de resultados finales de las investigaciones objeto de este órgano legislativo.

Informes

• De la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos, relativo a su visita a Tamaulipas del lunes 25 y el martes 26 de junio de 2007.

Actas

• De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, atinente a la séptima reunión de su mesa directiva, efectuada el martes 17 de abril de 2007.

• De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, concerniente a su séptima reunión plenaria, llevada a cabo el miércoles 18 de abril de 2007.

• De la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos, referente a su sexta reunión plenaria, realizada el lunes 25 y el martes 26 de junio de 2007 en Tamaulipas.

• De la Comisión Especial para la defensa de los derechos sociales de acceso al agua y la protección de ambientes acuáticos, correspondiente a su sexta reunión ordinaria, prevista para el miércoles 25 de julio de 2007.

Indicadores

• De la economía mexicana y las finanzas públicas. Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la honorable Cámara de Diputados.

Convocatorias

• De la Comisión de Vivienda, a la octava reunión de mesa directiva, que se verificará el martes 31 de julio, a las 9:30 horas.

• De la Comisión de Marina, a la reunión de mesa directiva que se llevará a cabo el martes 31 de julio, a las 10 horas.

• De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, a la reunión ordinaria que se efectuará el martes 31 de julio, a las 10 horas.

• De la Comisión de Economía, a la reunión plenaria que se llevará a cabo el martes 31 de julio, a las 11 horas. Cambió de lugar.

• De la Comisión de Marina, a la séptima reunión ordinaria, que se realizará el martes 31 de julio, a las 11 horas.

• De la Comisión de Vivienda, a su séptima reunión ordinaria, que se llevará a cabo el martes 31 de julio, a las 11 horas.

• De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a la reunión de trabajo que se realizará el martes 31 de julio, a las 12 horas.

• De la Comisión de Energía, a la reunión de trabajo que se llevará a cabo el martes 31 de julio, a las 12:30 horas.

• De la Comisión de Marina, a la reunión de trabajo con directivos de astilleros de Sinaloa y de Sonora, que se efectuará el martes 31 de julio, a las 12:30 horas.

• De la Comisión de Marina, a la reunión de trabajo en comisiones unidas con la de Transportes, y la de Gobernación, que tendrá lugar el martes 31 de julio, a las 13:30 horas.

• De la Comisión de Desarrollo Rural, a la reunión de la mesa directiva con el director general de Financiera Rural, licenciado Enrique de la Madrid Cordero, el martes 31 de julio, a las 18:30 horas.

• De la Comisión de Desarrollo Metropolitano, al recorrido por la obra de la nueva terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así como a la reunión de trabajo con el director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, el miércoles 1 de agosto, a las 10:00 y a las 11:30 horas, respectivamente.

• De la Comisión de Puntos Constitucionales, a la reunión de trabajo con funcionarios adscritos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público –con la finalidad de analizar las iniciativas de reforma fiscal–, que se realizará el miércoles 1 de agosto, a las 10 horas.

• De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a su reunión de trabajo con las comisiones interesadas en las iniciativas sobre la reforma integral de la hacienda pública, que se llevará a cabo el miércoles 1 de agosto, a las 11 horas.

• De la Comisión Especial del Café, a la reunión de mesa directiva que se llevará a cabo el miércoles 1 de agosto, a las 12 horas.

• De la Comisión Especial de Citricultura, a la reunión de trabajo que se llevará a cabo el jueves 2 de agosto, a las 10 horas.

• De la Comisión de Desarrollo Metropolitano, a la reunión de trabajo con el director general de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, doctor Juan Manuel Carreras López, que se realizará el jueves 2 de agosto, a las 11 horas.

• De la Comisión de Turismo, a la reunión de trabajo de la Subcomisión de Ley General de Turismo que se llevará a cabo el jueves 2 de agosto, a las 11 horas.

• De la Comisión para Investigar los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria en cuanto al origen, cobro, destino e impacto que tiene en las finanzas el pago del derecho de trámite aduanero, a su primera sesión ordinaria, que se verificará el jueves 2 de agosto, a las 13:30 horas.

• De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a la undécima sesión ordinaria, que se realizará el jueves 2 de agosto, a las 17 horas.

• De la Comisión de Puntos Constitucionales, a la reunión extraordinaria que se realizará el martes 7 de agosto, a las 10 horas.

• De la Comisión de Salud, a la duodécima reunión de mesa directiva, que se llevará a cabo el martes 7 de agosto, a las 12 horas.

• De la Comisión de Puntos Constitucionales, a la reunión de trabajo de la Subcomisión de Reforma Electoral que se llevará a cabo el martes 7 de agosto, a las 12:30 horas.

• De la Comisión de Investigación del daño ecológico y social generado por Pemex, a la segunda reunión de trabajo, que tendrá lugar el jueves 9 de agosto, a las 12 horas.

• De la Comisión de Salud, a la duodécima reunión plenaria, que se llevará a cabo el martes 14 de agosto, a las 14 horas.

Invitaciones

• Del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, al encuentro Reflexiones sobre bioética jurídica: la eutanasia, que se llevará a cabo el martes 31 de julio, a las 11:30 horas.

• Del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, a la presentación del Reporte CESOP número 3, que se llevará a cabo el martes 31 de julio, a las 17:30 horas.

• De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, a diputadas, diputados, senadoras y senadores, asesores, funcionarios de gobierno, instituciones educativas, asociaciones civiles y público en general al Seminario internacional de alto nivel en educación, que se realizará el miércoles 8 y el jueves 9 de agosto.

• De la Comisión de Salud, al foro La salud con perspectiva de género, que se realizará el martes 14 de agosto, de las 9 a las 14 horas.

• De la Comisión Especial para la Reforma del Estado, al diplomado Análisis y diseño de la reforma del Estado en México, que –en coordinación con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México– ese órgano legislativo llevará a cabo hasta el lunes 12 de noviembre, de las 8 a las 10 horas.

Sin salir de la anterior página virtual se procedió seleccionando la liga “Acuerdos” ubicada en la barra de opciones ubicada a la izquierda de la pantalla, apareciendo una pantalla con tres listados de órganos y comisiones denominados “Órganos de Gobierno”, “Comisiones Ordinarias” y “Comisiones Ordinarias”, de entre el primer grupo fue seleccionada la liga correspondiente a la “Comisión Permanente”, respecto de la cual apareció la siguiente información:

De la Comisión Permanente

Acuerdo sobre la integración de la Mesa Directiva que funcionará durante el primer receso del primer año de ejercicio de la LX Legislatura.

Gaceta Parlamentaria, número 2160, miércoles 27 de diciembre de 2006.

Acuerdo que establece los lineamientos para el desarrollo de las sesiones del primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LX Legislatura. Gaceta Parlamentaria, número 2165, jueves 4 de enero de 2007.

Acuerdo sobre la integración de las comisiones de trabajo para el primer receso del primer año de ejercicio de la LX Legislatura.

Gaceta Parlamentaria, número 2165, jueves 4 de enero de 2007.

Comunicación con los criterios para la recepción de asuntos remitidos por ciudadanos legisladores para su inclusión en el orden del día de las sesiones. Gaceta Parlamentaria, número 2165, jueves 4 de enero de 2007.

Desahogado lo anterior, este Tribunal advierte que en la página electrónica aludida por el recurrente no existe el supuesto Punto de Acuerdo elaborado por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que a decir de la actora se sometió a consideración ante la Comisión Permanente el día treinta y uno de julio de dos mil siete, además la recurrente no acredito que dicho instrumento se hubiere efectivamente aprobado.

Independientemente de lo anterior, el referido Punto de Acuerdo, suponiendo su existencia, es insuficiente para demostrar que existió un uso de recursos públicos provenientes de programas oficiales del Estado de Baja California aplicados directamente a las campañas políticas de los candidatos de la coalición “Alianza por Baja California” por haber sido emitido por una autoridad que carece de competencia para determinar si hubo o no irregularidades en el proceso electoral que trascurre en el Estado de Baja California, sin perjuicio de que no se encuentra sustentado en medio de prueba alguno, salvo las afirmaciones y consideraciones del grupo parlamentario que lo elaboro.

En efecto en términos de los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la organización de las elecciones en los Entidades Federativas se lleva a cabo de conformidad con sus propias leyes y constituciones, respetando las bases establecidas en los citados preceptos constitucionales.

Es así que en términos del artículo 5 y 68 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Baja California, el Instituto Estatal Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California, son los órganos competentes depositario el primero de la función publica electoral y el encargado de velar por el control de la legalidad de los actos y resoluciones electorales que se susciten en el Estado.

Así mismo el último párrafo del artículo quinto de la Constitución local se establece, que será la ley electoral la que establezca las faltas y sanciones administrativas que deriven de su incumplimiento, mientras que el Código Penal tipificara los delitos y penas que se deriven.

En este orden de ideas y en términos del artículo tercero de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado, a quien corresponde la ejecución y aplicación de sus normas es al Poder Legislativo Estatal, al Instituto Estatal Electoral y al Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado; así mismo y en términos de los artículos 4, 92, 93, 111, 122, 477 a 480, el Consejo Estatal Electoral es el responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de preservar que en las actividades del Instituto se observen los principios que rigen la función pública electoral, y al efecto le corresponde vigilar el cumplimiento de los derechos y obligaciones de los partidos políticos, así como de las autoridades públicas, también le corresponde conocer de las infracciones de aquellas disposiciones, mediante la sustanciación de los procedimientos al efecto establecidos, así como imponer, en su caso, las sanciones que correspondan.

Esta Autoridad no desconoce que los medios de comunicación electrónica y escrita permitidos por los avances de la tecnología repercuten en forma importante en cualquier comunidad social, sin embargo en el asunto que se resuelve y en particular el apartado de agravio en estudio, la parte actora no acredita en forma fehaciente las declaraciones que imputa al ciudadano Gobernador del Estado de Baja California, tales como “el PAN ganara la gubernatura”, a través de medios de prueba idóneos, mediante la comprobación de las circunstancias de modo, tiempo y lugar de las mismas, para estar en aptitud de determinar si efectivamente se realizó “una inducción desmedida para que votaran por la coalición “Alianza por Baja California” como lo aduce la impetrante.

Es así que, para efectos de acreditar el supuesto uso de recursos de programas oficiales de Gobierno del Estado aplicados en forma directa a las campañas políticas de los candidatos de la Coalición “Alianza por Baja California”, la coalición actora tendría que haber acreditado en esta instancia, primeramente, la existencia de los programas oficiales atinentes, identificándolos individualmente, posteriormente tendría que evidenciar por un lado los recursos asignados por cada uno de aquellos, así como demostrar la aplicación de los mismos efectivamente al fin al que estaban destinados, para estar en posibilidad de verificar algún posible desvió o gasto injustificado.

Sin embargo, como se precisó al abordar el presente apartado de agravio, la actora únicamente aporta como prueba de sus afirmaciones una trascripción de un supuesto “Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución que presenta el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, reprueba enérgicamente la Intromisión del Gobernador de Baja California durante el Proceso Electoral Desarrollado en ese Estado.”

No es óbice a lo anterior que como un hecho notorio puede resaltarse, que este Tribunal de Justicia Electoral, recibió con fecha 21 de Agosto Oficio No. CP2R1A.-1997.2 de fecha 15 de Agosto del Senador Franciso Arroyo Vieyra vicepresidente, de la Comisión Permanente del Poder Legislativo Federal, en donde señala que en sesión celebrada, en la fecha anterior, se aprobó el dictamen de la primera Comisión de la Comisión Permanente, en el que hace un exhorto a este Tribunal, entre otras autoridades, “a no validar aquellos procesos electorales que se sustenten en campañas negativas o en la indebida intervención de las autoridades”.

EL documento en mención es insuficiente para demostrar que existió un uso de recursos públicos provenientes de programas oficiales del Estado de Baja California aplicados directamente a las campañas políticas de los candidatos de la coalición “Alianza por Baja California” por haber sido emitido por una autoridad que carece de competencia para determinar si hubo o no irregularidades en el proceso electoral que trascurre en el Estado de Baja California. Lo que en un momento dado demuestra el documento en cita, es la exhortación hecha a este Tribunal por el vicepresidente del Senado, a no validar procesos electorales que se sustenten en campañas negativas o en la indebida intervención de las autoridades, ya que como se menciono líneas arriba carece de competencia para calificar los procesos electorales, ya que por disposición Constitucional está corresponde a los organismos instituidos para tales efectos.

En ese orden de ideas, y al no haberse acreditado que fuera aprobado efectivamente el Punto de Acuerdo multicitado por la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados Federal, no constituye un documento público con el valor probatorio que corresponde a estos documentos, y en el mejor de los casos sólo procede valorarlo como la trascripción de un documento privado, en términos de los artículos 449 fracción III, 450, 459 y 460 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California, y ante la falta de competencia de la citada cámara para pronunciarse sobre los procesos electorales locales, tal acuerdo carece de efectos vinculatorios para las autoridades electorales del estado.

Por ello lo infundado del agravio cuarto inciso b), en análisis.

NOVENO. AGRAVIO IV.- CAMPAÑA DENOSTATIVA EN CONTRA DEL CANDIDATO DE LA COALICION “ALIANZA PARA QUE VIVAS MEJOR”

La Coalición “Alianza Para Que Vivas Mejor”, en las páginas 551 a 558, 764 a 1225, 1175 a 1177 y 1296 a 1299 de su demanda, hace valer como agravio la existencia de una campaña negativa de parte de la Coalición “Alianza por Baja California” y su candidato a gobernador, así como del Gobernador del Estado, que afectó a las elecciones de Gobernador del Estado, Diputados y Munícipes de Baja California, mediante la transmisión de spots publicitarios en las principales estaciones de radio y televisión en el Estado, los cuales a su juicio fueron violatorios a las disposiciones constitucionales y legales, y del “Acuerdo del Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral, relativo a la propaganda electoral que no se apegue a los contenidos establecidos en la ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California”.

Así mismo en las páginas 551 y 552 manifiesta que con motivo de la consulta realizada ante el consejo Estatal Electoral por parte del ciudadano Jorge Hank Rhon en relación si le era o no aplicable el artículo 42 de la Constitución Política para el Estado de Baja California, se realizó una campaña de denostación, al igual que cuando le fue revocado a éste su candidatura por parte de este Tribunal.

En nuestro sistema, la regulación de las campañas electorales esta enfocada a la divulgación de la información que proporcione a los electores, todos los elementos necesarios para que éstos estén en aptitud de emitir su voto de forma informada y razonada, en donde el elector este en posibilidad de conocer los programas de gobierno de los candidatos, como factor de valoración en base sobre la cual, los votantes estén en aptitud de orientar su sufragio.

La ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California establece en sus artículos 291 a 293 lo que debe entenderse por campaña electoral, así mismo nos índica que las actividades que comprenden la campaña electoral son actos de campaña que corresponden a las reuniones públicas, debates, asambleas, visitas domiciliarias, marchas y en general aquellos en los que los candidatos o voceros de los partidos políticos o coaliciones se dirigen al electorado para promover sus candidaturas, y propaganda electoral que es el conjunto de escritos publicaciones imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos o coaliciones, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas.

En los artículos en cita se puede apreciar que se busca que las campañas electorales sean propositivas favoreciendo con ello la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados por los partidos políticos o coaliciones en sus documentos básicos y particularmente, en la plataforma electoral que para la elección hayan registrado.

Así mismo el artículo 300 de la ley en cita, establece que la propaganda electoral deberá evitar que en su contenido expresiones verbales o alusiones ofensivas a las personas, candidatos y partidos políticos y aquellas contrarias a la moral y a las buenas costumbres y las que inciten al desorden, así como las que injurien a las autoridades o a los candidatos de los diversos partidos o coaliciones que contiendan en la elección.

De todo lo anterior, se tiene que el legislador consideró que el papel de los partidos se debe de concretar principalmente a la discusión de proyectos, programas, principios, debate de las ideas y plataformas electorales que cada partido posea o predique.

Sin que lo anterior implique una restricción a libertad de expresión a que tienen derecho realizar en sus diversas manifestaciones los partidos políticos coaliciones o sus militantes, sin embargo dicha libertad si esta restringida a que se ubique en el contexto del debate de las ideas y las propuestas que apoyen y defiendan los partidos políticos y sus candidatos, así como de la crítica aceptable, razonada como se manifestó anteriormente, dentro de los principios de un estado democrático como el nuestro, en el que se promueva a los militantes y simpatizantes así como a la ciudadanía en general, una autentica cultura democrática, evitando por ende, cualquier acto que pueda alterar el orden público, o que afecte derechos de terceros.

De otra manera, si se permitiera la propaganda negativa se afectarían las bases sobre las cuales se funda o se sustenta un proceso electoral democrático, lo que nos llevaría a que lejos de lograr campañas en la que el electorado pueda razonar su voto en base a los programas, acciones y propuestas de sus candidatos, tenga solamente el deterioro de la imagen de las opciones políticas, lo que a su vez podría afectar la libertad del voto o inclusive promover el abstencionismo.

La Sala Superior del Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido que no toda expresión en la cual se emita una opinión, juicio de valor o crítica especialmente negativos respecto de los ciudadanos, las instituciones públicas, otro partido político o coalición y sus candidatos, implica una violación a los artículos antes citados.

Y ha concluido que para determinar si un mensaje es contrario a los preceptos en comento, es necesario examinar y precisar el contenido del mensaje, pues existirá dicha violación cuando el mensaje implique el desprestigio de la imagen de algún partido político, coalición o sus candidatos, de las instituciones públicas o de la ciudadanía en general, como consecuencia del uso de diatriba, calumnia, injurias o difamación, por la expresión de calificativos o frases vejatorias, deshonrosas que en nada abonan en la formación de una opinión, que debe ser libre; también ha sostenido que la conculcación en comento se actualiza cuando las alusiones o expresiones ya sean escritas, habladas o representadas gráficamente resultan impertinentes, innecesarias o desproporcionadas, ya sea para explicitar la crítica que se formula o para resaltar o enfatizar el mensaje, la oferta política o, incluso, la propuesta electoral que se pretenda hacer llegar al electorado, esto es, cuando el propósito manifiesto del mensaje o su resultado objetivo no sea difundir preponderadamente la oferta o propuesta política, sino descalificar a alguno de los contendientes o a su candidato.

La Coalición actora afirma que la Coalición “Alianza por Baja California” y los partidos políticos que la integran contrató estaciones de radio y televisión para transmitir propaganda electoral, injuriando, calumniando , difamando y desacreditando al entonces candidato a la gubernatura del Estado.

Para acreditar su dicho la actora presenta un DVD que contiene video el cual obra a fojas 4501 del tomo IX del los autos del expediente RR-109/2007 y su acumulado, el cual por diligencia de desahogo de prueba técnica dio fe de su contenido la Secretaria General de este Tribunal, video que lleva por nombre C. DENOSTATIVA TELEFONO DE HANK.

No pasa desapercibido para este Tribunal que el actor señala que en relación al anterior spot, con fecha 15 de junio del presente año, presentó una denuncia ante le Consejo Estatal Electoral la cual se radico bajo el número CRPP/DH/27/2007 en la cual se resolvió multar al Partido Acción Nacional con dos mil salarios mínimos.

Resulta un hecho notorio para este Tribunal la existencia de dicha resolución, toda vez que la misma fue impugnada a través del Recurso de Inconformidad RI-065/2007 ante este Tribunal, habiendo sido resuelto con fecha 13 de Septiembre del presente año, revocando la resolución y ordenando se repusiera el procedimiento administrativo sancionador de nueva cuenta; Por lo tanto la resolución del Consejo Electoral que cita, no tiene el valor de cosa juzgada y por ende carece de valor probatorio, para los efectos que pretende la recurrente.

Así mismo señala la recurrente que con fecha 13 de julio del año en curso, de igual forma interpuso diversa denuncia por la difusión de un spot que denigraba la imagen de su candidato a gobernador a la que señala le correspondió el número CRPP/DH/37/2007 y por la cual se instauró el procedimiento administrativo sancionador por parte de la Comisión de Régimen de Partidos Políticos, y que al resolver en su dictamen consideró que los hechos denunciados eran susceptibles de ser sancionados.

Es preciso señalar que la actora no demostró con medio de convicción alguno la existencia del expediente a que se refiere en el párrafo que antecede, por lo que no es susceptible de conceder valor probatorio alguno.

En cuanto al spot a que hace referencia la actora obra en autos a fojas 812 del tomo I del los autos del expediente RR-109/2007 y su acumulado, el cual por diligencia de desahogo de prueba técnica de fecha 23 de septiembre del presente año, dio fe de su contenido la Secretaria General de este Tribunal, video que lleva por nombre C. TU CONFIANZA.

Así mismo obra en autos a fojas 798 del tomo I del los autos del expediente RR-109/2007 y su acumulado, el cual por diligencia de desahogo de prueba técnica de fecha 23 de septiembre del presente año, dio fe de su contenido la Secretaria General de este Tribunal, video que lleva por nombre CAMPAÑA DENOSTATIVA ENTREVISTA

Pruebas técnicas a las que se les confiere un valor probatorio de indicio leve, toda vez que al no adminicularse con otras pruebas que puedan fortalecer este indicio, como podrían ser los informes de las televisoras en las cuales señala el recurrente se difundieron los spots en mención, además de que con carácter general, debe reconocerse que la prueba técnica consistente en los videos presentan una posibilidad cierta de manipulación, trucaje y distorsión, por lo que requieren para su eficacia probatoria ser robustecidas con otros elementos.

Aun suponiendo sin conceder que se les pudiera ponderar a los promocionales de mérito con un valor probatorio pleno, los efectos de una campaña de esta naturaleza, como la que arguye el actor, difícilmente puede ser medidas de manera precisa, pues no existen elementos objetivos que permitan arribar a una conclusión definitiva, inobjetable y uniforme de la relación causa-efecto entre la propaganda negativa y el sentido concreto de la votación emitida en una elección.

Para determinar cuando la voluntad del ciudadano ha sido afectada negativamente de modo que pueda afirmarse la conculcación al principio de libertad del sufragio, no basta con atender a un hecho específico, sino que es necesario valorar un conjunto de elementos que permitan percibir objetivamente esa influencia. El proceso es dinámico y en él confluyen un conjunto de factores que inciden y determinan la posición de las distintas fuerzas políticas que participan.

Por ello, afirmar que la divulgación de propaganda negativa genere la perdida de la posición que se había estimado tener, sólo sería posible si dicha afirmación estuviera respaldada con los elementos suficientes para dotarla de convicción, un medio de prueba que podría orientar el resultado, que no sería definitorio, serían las mediciones técnicas debidamente diseñadas y metodológicamente realizadas, con encuestas, que muestren la relación de las campañas electorales, sobre la base de referencias previas, coexistentes y posteriores a la campaña , que muestren la intención del voto antes de la campaña y durante ésta y finalmente, la forma en que el voto se emitió en la jornada.

Sin embargo este Tribunal no encuentra elementos que pongan en evidencia los efectos producidos por las campañas electorales y en particular tampoco se acredito la publicidad ni autoría de los mensajes o promocionales referidos, por lo que resulta inatendible el agravio en estudio.

DÉCIMO. AGRAVIO V. Coerción, represión e intimidación de miembros y simpatizantes de la Coalición “Alianza para que Vivas Mejor”, por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

La Coalición recurrente, de las páginas 811 a la 1035 de su demanda esgrime como agravio una serie de situaciones relacionadas con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, entre las cuales es dable distinguir:

A. La ilegalidad de su Acuerdo de creación, publicado el ocho de junio de dos mil siete en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, por falta de atribuciones para su creación por el Procurador General de Justicia del Estado, y la inoportunidad de su creación.

B. Que el acuerdo de creación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), fue emitido injustificadamente al no actualizarse una necesidad “real y urgente”;

C. La parcialidad de su actuación al no dar cauce legal a las denuncias presentadas por la recurrente.

D. La coerción e intimidación en contra candidatos, simpatizantes y ciudadanos afines al proyecto de la coalición “Alianza para que Vivas Mejor”; mediante la emisión de una serie de citatorios en contra de aquellos, derivados de una denuncia interpuesta por la Coalición “Alianza por Baja California” en contra de diversas autoridades del Ayuntamiento de Tijuana Baja California, por supuesto acopio de despensas.

A. Por lo que se refiere al apartado relativo a la ilegalidad e inoportunidad de la creación de la Fepade, se considera parcialmente fundado pero a la postre inoperante en razón de lo siguiente:

El artículo 422 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California prevé la impugnación, a través del recurso de revisión, de los cómputos, declaraciones de validez y entrega de constancias de mayoría que realiza el Consejo Estatal Electoral para calificar los comicios locales.

En el presente caso, la Coalición “Alianza para que Vivas Mejor”, promovió este recurso, para impugnar “los resultados contenidos en el Acta de cómputo estatal de la elección de Gobernador del Estado realizado por el Consejo Estatal Electoral, por nulidad de la votación recibida en casillas” y “la declaratoria de validez de la elección de Gobernador del Estado, emitida por el Consejo Estatal Electoral, en sesión pública que inició el día 15 y concluyó el 16 ambos del mes de agosto del año en curso…”.

Consecuentemente, la materia de este juicio se circunscribe a la determinación sobre la legalidad de la citada declaración de validez, mediante el examen de los agravios, esto es, al estudio de las violaciones a Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California en que a juicio de la impugnante, pudo haber incurrido el Consejo Estatal Electoral, al declarar válida la elección de Gobernador Constitucional del Estado de Baja California.

En tal virtud, las consideraciones del actor relativas a que la FEPADE se creó indebidamente, o adolece de vicios se refieren a una incompetencia de origen derivada de un acto anterior y diverso al aquí impugnado, como expresamente lo reconoce en el escrito recursal. Por tanto, ese tema no es objeto de revisión en el presente recurso, porque constituye un acto diferente al impugnado y, por ende, no forma parte de la litis de este medio de impugnación.

En apoyo a lo anterior se cita, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia con datos de identificación J.12/97, sustentada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubor y texto rezan:

INCOMPETENCIA DE ORIGEN. NO PROCEDE “ANALIZARLA EN LA SENTENCIA DE UN JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL CONTRA UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL. (se transcribe)

Como se advierte, este Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California no es competente para determinar en el presente recurso la legalidad o no de la creación de la FEPADE.

No obstante lo anterior, de la revisión del numeral 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado relativo a las unidades que integran dicha Institución, invocado por la recurrente en la página 831 de la demanda se advierte que, además de las enumeradas de las fracciones I a la XVI que transcribe, se encuentra regulado en la fracción XIX que el Procurador dispone de facultades para el establecimiento de unidades diversas a las señaladas expresamente en dicho precepto, en los términos siguientes:

ARTÍCULO 4.- La Procuraduría General de Justicia en el Estado estará a cargo del Procurador General de Justicia, quien será titular de la institución del Ministerio Público, y ejercerá autoridad jerárquica sobre todo el personal de la Procuraduría.

Para el ejercicio de sus atribuciones, funciones y despacho de los asuntos de su competencia, la Procuraduría se auxiliará de las siguientes unidades y servidores públicos:

(…)

XVII.- Derogada;

XVIII.- Derogada;

XIX.- Las demás unidades y servidores públicos que legalmente establezca el Procurador, y asimismo los que señale esta ley y su reglamento, el cual precisará las atribuciones que le correspondan.

El cual en primera instancia admite la posibilidad de que el Procurador establezca unidades adicionales a las listadas, sin la necesidad de reforma a la propia ley orgánica, como en el caso concreto aconteció, advirtiéndose además del Acuerdo de creación, que únicamente versó en una organización del trabajo para atender los delitos electorales tipificados en el Código Penal del Estado de Baja California, los cuales son competencia de la Procuraduría General de Justicia del Estado, sin que implicare dicha determinación el arrogarse facultades adicionales a las atribuidas constitucional y legalmente a dicha Institución, por lo cual no se observa en que términos dicho Acuerdo resulta vulneratorio del espíritu que inspira los establecido en el artículo 105, inciso f), tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece: “Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales”, en los términos alegados por la recurrente.

Adicionalmente se advierte de los elementos que obran en autos y de los argumentos expresados por la recurrente, que no se demuestra en qué forma la creación de esta entidad influyó en el ánimo del electorado, de manera tal que su inexistencia hubiese revertido el resultado de la elección, por lo que a la postre resulta inoperante el presente aspecto del agravio en análisis.

B. De igual manera se estima infundado el agravio esgrimido por la recurrente en la parte relativa a si existía o no una “necesidad urgente” para crear la FEPADE local, en razón de que este órgano jurisdiccional, como ya se precisó líneas arriba no le corresponde legalmente calificar la urgencia de este tipo de medidas y la creación de estas entidades, toda vez que de la argumentación así como de las pruebas ofrecidas no se advierte el impacto de su creación en el resultado de la elección de Gobernador del Estado impugnada.

Asimismo, afirma la recurrente que la FEPADE comenzó a funcionar de inmediato sin que existiera el presupuesto autorizado necesario, lo cual carece de pertinencia con el agravio aducido por la actora, toda vez que, como ya se destacó en el apartado anterior, del Acuerdo se observa que lo que se buscó fue una organización del trabajo y trámite que se daría a las denuncias en materia electoral; pero además no existe ningún imperativo legal que subordine el establecimiento de unidades de trabajo al otorgamiento de recursos adicionales a los que disponen los organismos.

Por otra parte la recurrente también argumenta que la FEPADE se creó ante la desaprobación tanto de los ciudadanos, como de las fuerzas políticas, diferentes al Partido Acción Nacional, sin embargo no aporta ningún medio de convicción para corroborar este aserto, por lo que resulta infundado dicho alegato.

C. En lo referente a la parcialidad de su actuación, al brindar un trato desigual a las denuncias interpuestas por el representante de la Coalición recurrente, ya que las diferentes averiguaciones previas presentadas en contra del Gobernador del Estado y otros funcionarios, no han seguido la línea de investigación que establece el acuerdo por el cual se creó la FEPADE, ni han seguido los procedimientos marcados en el Código de Procedimientos Penales, ni los previstos dentro de la Ley Orgánica que rige la vida interna de la Procuraduría o el Reglamento respectivo, se estima infundado en razón de lo siguiente:

Por una parte el impetrante refiere que el pasado treinta y uno de julio del presente año se presentaron por parte del representante de la Coalición “Alianza para que Vivas Mejor” varias denuncias ante la FEPADE por la comisión de delitos de carácter electoral en contra del Gobernador del Estado, por intervenir en el proceso electoral a favor de la “Alianza por Baja California”, presentando con su escrito recursal copias de las denuncias presentadas, las cuales obran agregadas en el Tomo VI de los autos, sin embargo de la lectura de estas documentales privadas se advierte que las mismas fueron presentadas por particulares en su carácter de ciudadanos y no en representación de ningún partido político o coalición.

Lo cual se ve corroborado con el oficio número 003575 signado por el Licenciado Julio Lamas Gracia, en su carácter de Secretario Particular del licenciado Antonio Martínez Luna, Procurador General de Justicia del Estado, que obra en el Tomo I del expediente RR-108/2007 mediante el cual, en respuesta al requerimiento efectuado por este Tribunal con motivo del ofrecimiento de dicha probanza por la Coalición actora, en los términos de lo dispuesto por el penúltimo párrafo del artículo 425 de la ley de la materia; informa que “de las 65 denuncias de las que tuvo conocimiento la Fiscalía en mención, ninguna fue presentada por los representantes de las coaliciones que contendieron en la jornada electoral”, señalando que no se presentó denuncia de hechos por la posible comisión de un delito de carácter electoral ante la FEPADE, a nombre o en representación de ningún partido político o coalición, escrito que tiene el carácter de documental y que se encuentra corroborada con los términos en que fueron presentadas denuncias que allegó a los autos la coalición actora, por lo que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 449, fracción III, 450, 459 y 460 de la ley electoral local se le atribuye valor probatorio pleno en cuanto a su contenido.

Dado lo anterior, no es factible tener por demostrado que existió una parcialidad en cuanto al trámite otorgado a las denuncias presentadas por una y otra coalición, toda vez que ninguna denuncia fue recibida e identificada en la Fiscalía como procedente de alguno de los actores políticos de la contienda electoral.

No obstante resulta oportuno destacar que de la lectura de los escritos de denuncias presentadas contra el Gobernador del Estado, que aporta la recurrente, con volantes de identificación de expedientes números: 7421/07/211/AP, 7424/07/211/AP, 7427/07/211/AP, 7429/07/211/AP, 7431/07/211/AP, 7434/07/211/AP, 7532/07/211/AP, 7536/07/211/AP Y 7537/07/201/AP, refieren hechos supuestamente suscitados en municipios distintos al de Tijuana, y se denuncia la probable violación al artículo 308 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales para el Estado relativo a la suspensión de la publicidad institucional dentro del periodo de treinta días anteriores al día de la elección, y no así por la posible comisión de algún delito electoral contemplado en el Título Sexto del Código Penal del Estado, por lo que, tampoco acredita la actora en que forma la supuesta desatención de estas denuncias por la FEPADE, le irrogó algún perjuicio diverso al agravio alegado en el apartado relativo a la difusión de actividades institucionales ya abordado en el presente fallo, cómo ello pudo haber impactado en el ánimo de los electores de la elección impugnada al momento de emitir su sufragio.

Cabe mencionar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el Juicio de Revisión Constitucional identificado con el número SUP-JRC-205/2004 mediante el cual se demandó la nulidad de la elección de Gobernador del Estado de Oaxaca, argumentando la intervención de la Procuraduría General de Justicia del Estado, señaló que e no era jurídicamente dable para ese órgano jurisdiccional, que se pronunciara sobre tales determinaciones, toda vez que no son cuestiones que le competan, además de que su materia no es de naturaleza electoral, sino penal; situación aplicable por mayoría de razón al presente caso.

D. Por cuanto hace a la parte relativa a que la FEPADE se utilizó como instrumento de coerción, represión e intimidación de las estructuras de campaña, los militantes, candidatos, simpatizantes y ciudadanos afines al proyecto de la coalición “Alianza para que Vivas Mejor”, resulta infundado, en virtud de que la coalición actora no acredita mediante elementos probatorios, ni fundamenta, en qué consistió el actuar ilegal por parte de la referida autoridad, ya que únicamente vierte señalamientos generales, que no demuestran que se haya cometido infracción a normatividad alguna, ya que en el caso del cateo que refiere o de la emisión de citatorios, no manifiesta que la FEPADE se haya apartado de la legalidad.

Ahora bien, por lo que hace a la manifestación de la Coalición “Alianza para que Vivas Mejor” en el sentido de que diversos militantes del Partido Revolucionario Institucional y/o personas consideradas como integrantes de la estructura de la campaña de la Coalición “Alianza para que Vivas Mejor” el día dos de agosto del año en curso fueron citados por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California por conducto de la FEPADE y ante el temor de ser arrestados, la totalidad de dichos integrantes en todos sus niveles, promovieron amparos en contra de una posible orden de aprehensión girada por la Procuraduría en mención y las diversas autoridades administrativas que señala con residencia en el Distrito Federal así como en esta entidad, en Tijuana, Ensenada, y Playas de Rosarito, Baja California.

Asimismo aduce que con los trece citatorios que presenta como prueba se demuestra el ánimo inquisidor de la citada Procuraduría a través de su Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, ya que fueron elaborados y entregados en los domicilios de los ciudadanos en la misma fecha, sin indicarse en que calidad son llamados a declarar, señalando que fueron citados por cientos y a la misma hora, por lo que resulta materialmente imposible que la Procuraduría pudiera llevar a cabo tantas declaraciones, lo que dice define que fue un mero acto de intimidación.

Además hace hincapié que los citatorios fueron girados tres días antes de las elecciones, esto sería, el día cinco de agosto de 2007, y que su objetivo era infundir temor y desconfianza en la estructura de la Alianza para que Vivas Mejor, logrando que varios de ellos no operaran el día de la jornada electoral.

Agrega que la militancia o activismo de los ciudadanos que interpusieron los amparos se corroboró por el Presidente del Comité Ejecutivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional en Tijuana, Licenciado Carlos Murguía Mejía, quien manifestó en su escrito de quince de agosto del presente año que esos ciudadanos cuentan con una antigüedad en las filas del Partido Revolucionario Institucional de entre cinco y veinte años y que en ese momento eran parte de la estructura de la Coalición “Alianza para que Vivas Mejor”.

Asimismo hace una relación de 964 ciudadanos (repetidos algunos de los nombres) que afirma promovieron Juicios de Garantías, que dice fueron concedidos dentro de los expedientes que indica.

Al respecto debe decirse que resulta infundado el argumento toral en que hace descansar su agravio y que consiste en los actos de intimidación por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado a través de su Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de que afirma fueron objeto los militantes del Partido Revolucionario Institucional que formaron parte de la estructura de la campaña de la Coalición “Alianza para que Vivas Mejor”, y que afirma impidió que algunos de ellos operaran el día de la jornada electoral; atendiendo a las siguientes razones.

En primer lugar se tiene que la actora no acredita en autos la existencia de los cientos de citatorios que dice fueron girados en contra de sus militantes y simpatizantes, toda vez que únicamente aporta trece citatorios, los cuales obran a fojas de la 3765 a la 3777 del tomo VI del expediente RR-108/2006 y acumulado, mismos que se advierte se encuentran relacionados con la averiguación previa 6923/07/211/AP que se instruye por delitos en materia electoral cometidos por funcionarios electorales y por funcionarios partidistas.

Dichos citatorios fueron girados únicamente a nueve personas de nombres: Blanca García Galindo, Marcelina López García, Prisciliana Hernández, Paula Sánchez, Rosendo Von, María Contreras, Juan Ávila, Graciela Regentiadora y Rafael Zurdo Casillas, ya que dos citatorios se presentaron por duplicado, variándose la hora y fecha de la cita como se desprende a fojas 3765 y 3777, 3766 y 3776, 3769 y 3775, 3770 y 3773 del Tomo VI en consulta.

Es de hacerse notar que las nueve personas a que se ha hecho referencia no fueron citadas a la misma hora y fecha como lo afirma la recurrente, ya que la primera y segunda fueron citadas a las 11:30 horas, la tercera a las 11:00 horas, la cuarta y quinta a las 10:30 horas, la sexta y séptima a las 9:00 horas, del día tres de agosto del presente año; la octava y la novena a las 19:00 horas del día dos del mes y año citados, y por lo que respecta a las mencionadas en primer y segundo término fueron citadas primeramente a las 20:00 horas del dos de agosto del año en curso.

Dado lo anterior, con las constancias obrantes en autos no queda demostrado que las antes mencionadas hayan sido citadas a la misma hora y fecha, y menos aún que se hayan girado cientos de citatorios a militantes del Partido Revolucionario Institucional integrantes de la estructura de la campaña “Alianza para que Vivas Mejor” como lo afirma la actora.

Cabe mencionar que de los citatorios a que se hace referencia solamente quedó acreditado en forma indubitable que sólo uno de ellos se dirigió a una de las personas cuyo nombre se incluyó en las solicitudes de los informes que se pidieron al Representante del Partido Revolucionario Institucional para que manifestara si en sus archivos se encuentran registrados como sus militantes, si cuentan con credencial de afiliación, remitiendo copia certificada de éstas, fecha de ingreso al padrón de ese partido o si están considerados como parte integrante de la estructura de campaña “Alianza para que vivas Mejor”, siendo dicha persona la de nombre Marcelina López García.

Lo anterior se desprende de las solicitudes que realizó el Licenciado Manuel Lomelí Bañuelos al ciudadano Carlos Murguía Mejía en su carácter de Presidente del partido en mención en la ciudad de Tijuana, Baja California; porque si bien dentro de esas solicitudes aparecen los nombres de Prisciliana Hernández Alonso, Blanca Rosa Galindo Juárez, y María de Jesús Contreras Acuña, Rafael Casillas Hernández y Rosendo Acosta Bon, Juana Ávila Asperano, éstos no coinciden totalmente con los nombres de las personas a quienes se giraron los citatorios, por lo que no se acredita fehacientemente que se trate de las mismas personas, y por lo que respecta a las de nombre Graciela Regenteadora y Paula Sánchez no se incluyeron sus nombres en las solicitudes que obran a fojas 3779, 3780, 3782, 3783, 3785, 3786, 3787, 3789 a 3791, 3793 a 3796, 3798, 3799, 3801, 3802, 3804 a 3806, 3808 y 3809 del Tomo VI.

Ahora bien y respecto de las referidas solicitudes que realizó el Licenciado Manuel Lomelí Bañuelos al ciudadano Carlos Murguía Mejía, Presidente del Partido Revolucionario Institucional en la ciudad de Tijuana, Baja California, para que manifestara si las personas que se señalan se encuentran registradas en los archivos como sus militantes, y de ser así si cuentan con credencial de afiliación (remitiendo copia certificada de las mismas), la fecha de ingreso al padrón de ese partido o si están considerados como parte integrante de la estructura de la campaña “Alianza para que Vivas Mejor”; obrantes a fojas supracitadas, es oportuno precisar que aún cuando obran en autos nueve oficios, que afirma la recurrente son la respuesta a dichas solicitudes (fojas 3778, 3781, 3784, 3788, 3792, 3797, 3800, 3803 y 3807, tomo VI), los nueve oficios son idénticos en su contenido y características, redactados en términos generales ,y sin que en ellos obre la información precisa y concreta de las personas cuya información se solicita, como tampoco contienen algún dato que permita vincular cada oficio con la solicitud específica que afirma la recurrente da respuesta, como se demuestra con la transcripción que al efecto se realiza de los oficios de referencia:

(Se transcribe).

(sic) su listado sean efectivamente militantes o simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional y que a éstas se les giró citatorio por la FEPADE, ya que como se vio, únicamente se demostró ese extremo en una de las personas referidas.

No obstante lo anterior, y suponiendo en el mejor de los casos que las personas cuyos nombres aparecen en las solicitudes, fueran militantes del Partido Revolucionario Institucional y/o hubieran sido considerados como parte de la estructura de campaña “Alianza para que Vivas Mejor” para el proceso electoral del cinco de agosto del año en curso, no queda demostrado fehacientemente con las documentales aportadas por la actora, y que obran en el Tomo VI en consulta, que dichas personas hayan sido objeto de intimidación o presión por la FEPADE, que hayan promovido Juicio de Garantías por los motivos que aduce la actora, esto es, contra dichos actos de presión, y que hubiesen obtenido el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión en sentencia firme derivada de los juicios que promovieron.

Al respecto cabe manifestar que los actos reclamados en las demandas que aporta, consisten en términos generales en la posible emisión de una orden de aprehensión o de detención en contra de los quejosos, sin hacer alguna alusión particular en cuanto a que hayan sido objeto de persecución o intimidación por parte de la FEPADE, sino que señalan como autoridades responsables diversas autoridades federales y estatales, en forma genérica, en los términos usualmente empleados para este tipo de trámites, además se observa que con excepción de una de las demandas que más adelante se precisará, fueron tramitados ante jueces federales del Distrito Federal, siendo que la recurrente manifiesta que los quejosos son militantes y/o participan en actividades a favor del Partido Revolucionario Institucional en la ciudad de Tijuana, Baja California, lugar donde menciona fueron objeto de los actos de molestia que refiere en su escrito recursal por la FEPADE estatal.

Además que de algunas de las personas que tramitaron los Juicios de Amparo a que alude en la demanda, no se solicitó el informe sobre su militancia y/o activismo, como es el caso de los quejosos que a continuación se señalarán con la aclaración correspondiente.

No se solicitó la información aludida respecto de los quejosos en el Juicio de Amparo que refiere la coalición actora como el 671/2000-3, siendo en realidad el 671/2007-3 del índice del Juzgado Décimo Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal.

Tampoco se solicitó dicho informe respecto de los quejosos en el Juicio de Amparo 676/2007-VI y 681/2007-IV este último del índice del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal (fojas, 3897- 3906,4231-4234).

Lo mismo aconteció respecto de las personas que la actora señala como quejosas en el Juicio de Amparo 683//2007-4 que en realidad corresponden al 682/2007 el cual en su oportunidad se acumuló al Juicio de Garantías 679/2007-IV-A.

De la revisión que este Tribunal efectuó de las probanzas aportadas por la recurrente, se advirtió que en cuanto a las personas que aparecen como quejosos en el Juicio de Amparo 683/2007 y 681/2007, si bien se realizó la solicitud respecto a su militancia o activismo en los términos ya indicados, la recurrente no hace referencia a la tramitación de dichos amparos.

En relación al Juicio de Amparo 679/2007 las personas que se señalan con los números del 222 al 276 del listado contenido en el escrito recursal corresponden al Juicio de Amparo 680/2007 que en su oportunidad se acumuló al 679/2007-IV-A y por tanto se repiten en el Amparo que la actora identifica con el número 680/2007-IV-A; en cuanto al Juicio de Amparo que la recurrente identifica con el número “02882/2007” es de aclararse que respecto de las personas que aparecen indicadas en los números del 541 al 547 del listado de referencia no se advierte de autos el número de Juicio que le correspondió, toda vez que el número de identificación citado se refiere al registro de la promoción, y respecto al resto de las personas numeradas del 547 al 571 y del 584 al 602 se encuentran repetidos pues corresponden al Juicio de Amparo 689/2007; considerándose oportuno hacer la correspondiente aclaración no obstante que en cuanto a dichas personas si se realizó la multicitada solicitud, al igual que respecto a los quejosos en los Juicios de Amparo 682/2007 (fojas 4034-4083) del índice del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, 684/2007-IV del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal del Distrito Federal, 684/2007 del índice del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal del Distrito Federal, 678/2007-4 y 689/2007-IV.

En efecto, si bien obran en autos las demandas de amparo que promovieron las personas señaladas en los juicios citados, no existe en el expediente copia certificada de la sentencia que se haya emitido por los correspondientes Jueces de Distrito que admitieron aquéllas, en las que se haya concedido el Amparo y Protección de la Justicia Federal y mucho menos los autos en que hayan causado estado, o bien las sentencias dictadas por el Tribunal de alzada que hayan confirmado los fallos, ni tampoco obran los informes previos o justificados rendidos por las autoridades señaladas como responsables o dato alguno que permita inferir si son ciertos los actos que se reclaman por los promoventes.

Ciertamente, en autos sólo obran los acuses de recibo de las demandas de amparo y de algunas de ellas copias certificadas de los autos de admisión, constancias de notificación a las autoridades responsables, así como de los autos en los que se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados.

En relación a los autos en los que se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados por los quejosos en las demandas de garantías, debe decirse que su otorgamiento no implica la existencia de los mismos.

Además es de observarse que todas las demandas de Amparo que refiere la actora con la salvedad que se especificará enseguida, se presentaron el 30 de julio de dos mil siete, como se advierte de los acuses de recibo correspondientes, es decir antes del día dos de agosto del presente año en que afirma la recurrente se elaboraron y giraron los citatorios que afirma motivaron la presentación de cada una de las demandas de amparo, por lo que tampoco se acredita su aseveración.

A mayor abundamiento se menciona que en la demanda de amparo promovida por Marcelina López García, Prisciliana Hernández Alonso, Blanca Rosa Galindo Juárez, y María de Jesús Contreras Acuña, Rafael Casillas Hernández, Rosendo Acosta Bon y Juana Ávila Asperano cuyo acuse de recibo obra a fojas 3849 a 3853 presentada el tres de agosto del año en curso, sólo se advierte que le correspondió conocer de ella al Juzgado Sexto de Distrito en Tijuana, Baja California, sin que obre en autos alguna constancia sobre su tramitación, aunado a que se señala como acto reclamado la orden de aprehensión dictada en contra de los quejosos, sin que hayan señalado a autoridad jurisdiccional alguna, que es la competente para el dictado de aquélla, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución General de la República, sino sólo autoridades administrativas, por lo que en el acuse recibo se asentó como acto reclamado “POSIBLE DETENCION”. En dicha demanda se señalan autoridades administrativas con residencia en esta Ciudad de Mexicali y de Tijuana, del Estado de Baja California, sin que se mencione a la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales.

Las demandas que hace llegar la recurrente constituyen documentales privadas, las cuales por los argumentos precisados con anterioridad, no es dable otorgarles pleno valor probatorio en cuanto a los hechos que aduce la actora en el escrito recursal relativo a que sus signantes fueron objeto de actos de intimidación por la FEPADE, ya que dichos actos no obran asentados como parte de los hechos narrados en las demanda; por lo que hace a los acuses de recibo y los autos que contienen las suspensiones provisionales son documentales públicas, sin embargo lo único que acreditan plenamente es que las demandas fueron recibidas por las autoridades jurisdiccionales federales que los expiden y en su caso, objeto del trámite respectivo, pero no son los medios idóneos para acreditar los hechos referidos por la recurrente en su escrito recursal supraindicados, ello en apego al principio lógico de identidad y de la sana crítica, ya que no es factible atribuir a dichas documentales información ajena a su propio contenido, ello con apego a lo dispuesto por los artículos 450, 459 y 460 de la ley de la materia.

De igual forma no queda acreditado en autos el hecho que refiere la coalición actora en el sentido de que dada la intimidación que sufrieron los militantes del Partido Revolucionario Institucional y/o Integrantes de la Campaña “Alianza para que Vivas Mejor” algunos de ellos no operaron el día de la Jornada Electoral, al no existir medio de convicción alguno que lo demuestre.

No pasa inadvertido para este Tribunal el escrito que obra en autos aportado por la recurrente, escrito presentado a nombre de Marcelina López García, Prisciliana Hernández Alonso, Blanca Rosa Galindo Juárez, y María de Jesús Contreras Acuña, Rafael Casillas Hernández, Rosendo Acosta Bon, Juana Ávila Asperano, Graciela Regentiadora, Víctor Osorio Hernández y Paula Sánchez ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la Oficina Regional de Tijuana, Baja California, el tres de agosto del año en curso, sin embargo a simple vista se puede observar que las firmas de las siete primeras personas que lo signan no corresponden a las que se ostentan al calce de la demanda de amparo que al parecer presentaron las personas con los mismos nombres, como se advierte a fojas 4455 y 3853 de autos del Tomo VI del expediente RR-108/2007.

Ahora bien, de acuerdo con el principio de adquisición procesal, sustentado por la Sala Superior en la tesis relevante que a continuación se transcribe, se procederá a analizar el resto del caudal probatorio obrante en los autos acumulados.

ADQUISICIÓN PROCESAL. OPERA EN MATERIA ELECTORAL. (se transcribe)

Al respecto, cabe mencionar que obra en el Tomo V, sobre con número de folio 3602 del expediente RR-109/2007, aportado por el Consejo Estatal Electoral en su informe circunstanciado disco compacto relativo al monitoreo de medios, en el cual en los términos descritos en la inspección y fe de hechos del mismo que corre agregado en el Tomo I del expediente RR-108/2007 en una subcarpeta denominada “Fepade”, se aprecian 10 videos de noticieros televisivos y una nota periodística escaneada, de los cuales, los dos primeros aluden a los actos de presión argumentados por la Coalición actora en el agravio en estudio, al referir ambos que el regidor Edgar Fernández interpondría una denuncia ante “Derechos Humanos” por la actuación de la FEPADE y el segundo alude que diez empleados municipales del Ayuntamiento de Tijuana denunciarían presiones por parte de la institución de referencia, sin embargo, dichos videos poseen el valor de un leve indicio que no se ve corroborado con ningún otro medio probatorio, ya que por lo que hace a la denuncia que refieren interpondría el regidor mencionado no se aporta a los autos, como tampoco las denuncias de los empleados municipales.

Los restantes ocho videos obrantes en la carpeta digital aludida no guardan relación con la denuncia de la que derivaron los citatorios de los que se duele la actora, sino que refieren a notas relativas a la presentación de otras denuncias por el ciudadano Obed Silva, a la actuación de la FEPADE investigando el uso de menores de edad para la destrucción de propaganda sin atribuir la autoría a ninguno de los actores políticos, a una investigación relacionada con una denuncia en contra del uso de un vehículo oficial de Gobierno del Estado (vinculado con el Partido Acción Nacional), y a acusaciones al propio Fiscal Electoral; así como la nota periodística alude en forma general a distintas actividades desarrolladas por la FEPADE, medios de prueba que en todo caso constituyen indicios únicamente de que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales estuvo recibiendo denuncias de distinta procedencia y actuando en consecuencia, por lo que las mismas no son los medios idóneos para acreditar el agravio esgrimido por la recurrente.

Por otra parte, en el sobre con número de folio 4496 del Tomo VIII del Recurso RR-109/2007 dos notas periodísticas del diario El Sol de Tijuana, ofrecidas por el tercero interesado en el cual constan declaraciones en el sentido de que solicitarían amparos las personas encargadas de movilización el día de la jornada electoral por parte de la Coalición “Alianza para que Vivas Mejor”, empero dichos medios probatorios aportan únicamente un leve indicio de los amparos tramitados, que nada añaden a la valoración de las probanzas preanalizadas en relación con la supuesta persecución política, sin embargo también son un leve indicio de que por parte de la coalición recurrente hubo una organización para realizar activismo político de movilización de simpatizantes a las casillas electorales.

Siguiendo con el análisis del agravio que nos ocupa tenemos que afirma la recurrente en las páginas 904 y 905 de su escrito recursal, que la denuncia que dio objeto a la emisión de los citatorios mencionados por parte de la FEPADE, se hizo “dirigida a desacreditar al H. Ayuntamiento de Tijuana, y lo hizo ya que el impacto mediático en los medios de comunicación televisivos, electrónicos y prensa escrita en contra del denunciado, en este caso el Ayuntamiento de Tijuana… si crea un impacto en el votante, pues se crea un silogismo que tiene como base que si un municipio tan fuerte como el de Tijuana, hoy día es gobernado por el Partido Revolucionario Institucional, comete una mala acción, luego entonces los priistas, llevan a cabo malas conductas”. Sin embargo la recurrente no aporta medios convictivos para demostrar el impacto mediático que asevera, como tampoco demuestra la intencionalidad que atribuye a las diligencias llevadas a cabo por la FEPADE derivadas de la averiguación previa 6923/07/211/AP.

Máxime cuando en forma contradictoria en las páginas 1024 y 1025 del mismo escrito atribuye la recurrente consecuencias diversas a los mismos hechos, al aseverar: “no existe duda de que la sociedad tijuanense y bajacaliforniana, quedó impactada con el brutal atropello que cometió el Gobernador del Estado a través del Procurador de Justicia y de los Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada para la atención de Delitos Electorales, infundiendo con ello temor a los servidores públicos que participaban en el programa institucional del Ayuntamiento de Tijuana, B.C., y en general a los electores que acudirían a emitir su voto el día de la jornada electoral, porque el mensaje enviado por el Gobierno Estatal, no fue otro sino el que orilló a que la vox populi considerara: si esto se atreven a hacerle a una autoridad legítimamente elegida, qué no serán capaces de hacerle a quien no forme parte de una institución de gobierno, y esto fue lo que obligó a los propios funcionarios aludidos a demandar la protección de la justicia federal y evitar ser detenidos…”. De lo que siguiendo la línea argumentativa manejada por el recurrente, el “silogismo” de estas manifestaciones de la recurrente tendría como base que si el Gobierno estatal perteneciente al Partido Acción Nacional comete esos atropellos, luego, los panistas cometen malas conductas. No obstante la recurrente tampoco acredita que funcionarios del Ayuntamiento de Tijuana hayan promovido Juicios de Garantías, toda vez que únicamente aporta indicios de que supuestos militantes y/o activistas del Partido Revolucionario Institucional presentaron demandas de Amparo, en los términos expresados con anterioridad.

De acuerdo al principio de contradicción no es dable tener a la recurrente por haciendo ambas afirmaciones, por lo que en pureza lógica correspondería tenerla por realizando aquella manifestación que se encuentre demostrada, no obstante de la revisión de los elementos de convicción aportados se tiene que no se acredita fehacientemente ninguno de sus dos asertos.

En cuanto a su diversa manifestación obrante en la página 907 de su escrito de demanda donde concluye que la creación de la FEPADE fue tendiente por parte del Gobierno del Estado a minar la confianza de los colaboradores y militantes de la “Alianza para que Vivas mejor”, ya que “la concentración de todo militante u operador tenía de cara al proceso electoral se distrajo por este artero actuar del Gobierno del Estado”, es infundada, toda vez que, como ya se señaló líneas previas, en autos únicamente quedó demostrado en forma indubitable que uno de los militantes fue objeto de citatorio por parte de la FEPADE, y seis más existen indicios de que fueron citados, al no corresponder completamente los nombres asentados en los citatorios con los señalados en los listados en que se solicitó información sobre la militancia al Presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional en la ciudad de Tijuana.

A mayor abundamiento, cabe recordar, que para la actualización de la causal de nulidad invocada por el actor en su demanda, y que se estudia en el presente considerando, resulta indispensable que el propio actor demuestre con los elementos probatorios idóneos, que las irregularidades alegadas, tuvieron un impacto en el resultado final de la elección cuya nulidad se solicita, es decir, resulta indispensable que el promovente demuestre en forma clara e indubitable, que los hechos irregulares fueron determinantes para que el resultado de la elección fuera en determinado sentido.

Ahora bien, por otro lado, en lo que se refiere al aspecto cuantitativo, tampoco existen elementos en el expediente mediante los cuales se demuestre el número de electores que pudieron verse afectados por estos hechos, y que fueron condicionados o intimidados al momento de ejercer su voto, situación que resulta indispensable para que este Tribunal pudiera, en un momento dado, arribar a la determinación de que se configura la nulidad alegada, en atención al número de ciudadanos que emitieron su voto de forma irregular, comparando este número con la diferencia de votos entre los partidos que obtuvieron el primero y segundo lugar respectivamente, que en el presente caso es de 55,588 votos.

Así las cosas, ante la deficiencia probatoria para acreditar los hechos en que funda su pretensión de nulidad, los argumentos expresados por el actor, carecen de consistencia para demostrar la afectación de los principios de legalidad, equidad o certeza que deben caracterizar a todo proceso electoral, y afirma fueron afectados de manera determinante.

Cabe mencionar que la recurrente aportó junto con su demanda dos cajas de diferentes dimensiones, que contienen recortes de notas periodísticas, sin que los contenedores contuviesen algún dato que permitiera identificarlas como anexos, asimismo de la lectura del escrito recursal no se encontró ninguna alusión específica que permitiera vincular dichas documentales con alguno de los agravios citados en particular, no obstante este órgano jurisdiccional procedió a una revisión de su contenido, encontrando que aproximadamente un 60% corresponden a notas de fechas que se encuentran fuera del periodo de prohibición legal para la difusión de obra pública, así como un gran porcentaje que contienen información no relacionada con el proceso electoral, porcentaje que dado lo reducido de los plazos de resolución, no fue factible determinar con precisión; empero son de desestimarse al no encontrarse relacionadas con alguna circunstancia en especial de los hechos y agravios planteados por la actora con lo que pretende se declare la nulidad de la elección.

Por otra parte, no pasa desapercibido para este Tribunal que la inconforme reclama la infracción a lo dispuesto en “las bases para la correcta ejecución de la jornada electoral” contenidas en la sentencia dictada en el expediente SUP-JRC-180/2007, que establece que constituye una irregularidad, el despliegue de acciones coordinadas y deliberadas, así como la utilización de vestimenta con fines proselitistas, a través del empleo del color con el que se identifica al partido, como una irregularidad que da motivo a la nulidad de la elección por la causal abstracta.

En ese sentido, la recurrente argumenta que el día de la jornada electoral, se verificó la organización ilegal de los militantes y “ciudadanos en general” quienes vistieron de color azul el día de la elección; irregularidad que considera grave, dada la organización perfecta de la militancia de la Coalición “Alianza por Baja California” en todo el Estado, pues afirma que en más de tres mil casillas se encontraron ciudadanos vistiendo el mismo tipo de camisa, confeccionadas con la misma tela, portando el mismo logotipo de la Coalición “Alianza para que Vivas Mejor”, lo que reconoce como una muestra indefectible de que tales ciudadanos fueron organizados por el PANAL-PAN- GOBIERNO.

En el caso concreto, el acuerdo que se aduce vulnerado, fue emitido en la sentencia dictada en el expediente SUP-JRC-180/2007, por la tarde del día cuatro de agosto de dos mil siete, es decir, el día previo a la elección y a fin de darlo a conocer a la ciudadanía y funcionarios electorales para su debido cumplimiento, el Consejo Estatal Electoral del Estado lo publicó el propio día de la jornada electoral, esto es, el cinco de agosto de dos mil siete.

Ahora bien, el Acuerdo precitado en su base quinta establece:

“Se instruye a la Dirección General del Instituto estatal Electoral para que instrumente lo necesario a fin de la capacitación electoral y de la publicidad y difusión del presente acuerdo, a efecto que oportunamente sea conocido para su observancia por los funcionarios de las mesas directivas de casilla, debiendo por todos los medios a su alcance hacer público que …”

De lo que se obtiene que no se emitió una instrucción específica en cuanto a la difusión de su contenido hacia la ciudadanía en general o a la militancia y simpatizantes de los distintos actores electorales, ya que el mandato citado alude concretamente a la difusión del Acuerdo hacia los integrantes de las mesas directivas de casilla únicamente, para que procedieran a su acatamiento.

Aunado a lo anterior, no obra en autos elemento probatorio alguno que permita arribar a la conclusión de que la ciudadanía en general haya tenido conocimiento de la exhortación relativa a abstenerse de usar vestimentas con los colores de los partidos políticos, y que este conocimiento, además, haya sido con la debida anticipación, a efecto de que estuvieran en aptitud de no incurrir en conductas vulneratorias de dicho acuerdo.

Por otra parte, la circunstancia de que la publicidad de la citada normatividad, se efectuara en la misma fecha prevista para la celebración de los comicios, evidentemente dificultó su debida difusión y por ende su acatamiento.

Lo anterior, tomando en consideración que se advierte de la publicación referida, que la autoridad responsable, en la propia fecha, es decir, el cinco de agosto de dos mil siete -día de la celebración de los comicios- instruyó a la Dirección General del Instituto Estatal Electoral para su difusión.

Inclusive en los autos que conforman este expediente, no se advierte elemento que constate que todos los ciudadanos que fungieron como Presidentes de Casilla en el Estado, tuvieron conocimiento de dichas bases, por así haberlo hecho del conocimiento, la Dirección General del Instituto Estatal Electoral.

Por el contrario, en la especie es congruente concluir, de conformidad con las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, que debido a que la instrucción de su difusión correspondió al propio día de la jornada electoral, ni la totalidad de los electores, ni la totalidad de los funcionarios electorales, ni de los militantes y simpatizantes partidistas pudieron estar al corriente de éste –al no haber prueba en contrario que así lo demuestre- y ante su desconocimiento, es inconcuso que no estaban en aptitud de darle cabal cumplimiento; máxime que, tal desconocimiento, fue por causas que no son imputables a quienes fue dirigido.

No obstante lo anterior, se procederá al estudio de la violación al citado acuerdo, en atención al principio de exhaustividad que rige toda sentencia.

Así, a fin de acreditar su argumento, la actora transcribe diversos incidentes que arguye se suscitaron en diversas casillas mencionadas en distintos apartados de su escrito recursal, las cuales se analizarán en considerando posterior del presente fallo, como se mencionó al esbozar la metodología de estudio.

Previo al estudio del agravio, debe precisarse, que la cantidad de las casillas mencionadas no son las tres mil que se aducen inicialmente; sin embargo, a fin de no dejar en estado de indefensión al actor, se procederá al estudio del material probatorio a fin de examinar el agravio.

Por cuanto hace a los incidentes transcritos, respecto de cada una de las indicadas casillas, cabe decir, que éstos tienen un alcance indiciario, por lo que necesariamente deben ser adminiculados con otros elementos a fin de acrecentar su eficacia probatoria.

En el caso en estudio, la parte recurrente aportó material videográfico, del cual fue posible obtener diversas imágenes acorde a lo registrado en las inspecciones y fe de hechos llevadas a cabo por este órgano jurisdiccional.

Del material de referencia, se desprenden diversas imágenes en las que aparecen algunas personas con la indumentaria referida; sin embargo, en ninguna de ellas es posible constatar que estuvieran en alguna de las casillas aquí mencionadas, máxime que en un solo caso, se reflejó el número de casilla; por consiguiente, no se estiman idóneas para reforzar los indicios incidentales antes aludidos.

Por otra parte, de las fotografías obrantes en el expediente no fue posible confirmar que:

a) Las personas que aparecen en las fotos, efectivamente fueran militantes de la coalición “Alianza por Baja California” y que hubieran estado en todas las casillas que aduce.

b) Que los hechos a que se refieren ocurrieron el cinco de agosto de dos mil siete.

c) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos.

Como se precisó, del caudal probatorio obrante en autos, no es posible afirmar la presencia generalizada y permanente de personas uniformadas con prendas de color azul en la mayor parte de las casillas que aduce, sino que sólo en algunas de ellas fue posible notar la presencia de dichas personas; lo que en el caso concreto, no resulta contundente y apto para acceder a la pretensión del promovente, debido a la imposibilidad de constatar que ello se haya verificado el día de la jornada electoral en la totalidad de las casillas que menciona y menos aún en las tres mil que refiere en todo el Estado.

Además, la actora fue omisa en comprobar que la presencia de personas con camisa azul se haya desplegado de manera permanente en las casillas mencionadas, como tampoco que tales conductas se desplegaran en forma generalizada en el Estado.

Asimismo, tampoco demostró fehacientemente, el número aproximado de personas que vistieron camiseta azul, ni que éstas pertenecieran a la Coalición “Alianza por Baja California”; ni acreditó la influencia que ejerció la presencia de dichas personas, es decir, el elemento determinancia.

En efecto, para este Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado, es un hecho notorio, que el cinco de agosto de dos mil siete, se llevaron a cabo los comicios para elegir además del Gobernador, a los diputados del Congreso local, así como a los miembros de los ayuntamientos; en esa tesitura, de la información proporcionada por la autoridad electoral, se precisa, que los ciudadanos emitieron un voto diferenciado, es decir, eligieron libremente al candidato de su preferencia, con independencia del partido que los postuló, pues en muchos de los casos fue diferente el voto otorgado por el Diputado Gobernador y por los miembros del ayuntamiento.

En esta virtud, si los ciudadanos emitieron su voto en las condiciones señaladas, la recurrente se encontraba obligada a demostrar el porque la influencia de las camisas azules se verificó únicamente respecto de la elección de Gobernador y no respecto de otra diversa elección.

Acorde a lo expresado, es inconcuso que los elementos de prueba examinados, no fueron suficientes para corroborar el dicho del recurrente, en relación a la permanencia generalizada de grupos de personas con camisa azul el día de la jornada electoral, en términos de lo dispuesto por el acuerdo contenido en el expediente SUP-JRC-180/207, además de su influencia en el electorado.

Por consiguiente, al no demostrarse en términos del artículo 457 del ordenamiento legal en cita, es inconcuso que no se violentó la libertad del sufragio o algún otro de los principios rectores de la función electoral.

Recapitulando, las irregularidades aducidas, estudiadas en su conjunto no muestran el extremo pretendido por la Coalición “Alianza para que Vivas Mejor” puesto que no obra elemento probatorio relativo al posible alcance que hayan tenido en la voluntad de los votantes, que permita arribar al resultado pretendido por la actora.

Consecuentemente, es procedente concluir que en autos no se encuentra acreditado que en el actual proceso electoral se hayan inobservado de manera trascendental y generalizada los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad que demanda la función electoral, de manera que los comicios celebrados el cinco de agosto de dos mil siete, en la entidad, no hayan sido libres y auténticos.

DÉCIMO PRIMERO. Análisis de agravios contenidos en el Recurso de Revisión-108/2007.

En el recurso de revisión interpuesto por la Coalición “Alianza por Baja California” radicado bajo expediente RR-108/2007, en el que impugna el Considerando VI del Acuerdo Relativo a la Declaración de Validez de la Elección de Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California, de Elegibilidad del Candidato Electo y Entrega de Constancia de Mayoría en la Elección Estatal del cinco de Agosto de 2007, argumenta en el agravio único lo siguiente:

Que el Consejo Estatal Electoral excede de las facultades legales que le otorga la ley al dictar el considerando controvertido del acuerdo, al elaborar consideraciones que estima la recurrente, parten de apreciaciones subjetivas, infundadas e inmotivadas; que el considerando impugnado carece de motivación y fundamentación debiendo exclusivamente señalar cuál es el cómputo de la elección y declarar la validez de la elección con los elementos esenciales que la misma debe incluir, y en consecuencia extender la constancia de mayoría; que la responsable al sustentar o retomar el exhorto realizado por el Congreso de la Unión para que no se validen las elecciones acontecidas el pasado cinco de agosto de dos mil siete, vulnera los principios rectores de la función pública electoral, al admitir dependencia a dicho órgano legislativo; que asentó hechos no acreditados, al no probarse las irregularidades que cita, como son “Ingerencia del Gobernador”, “Seguridad Pública el día de la elección”, “Ampliación presupuestal”, “Declaraciones del C. Gobernador respecto a la compra de votos”, “Actuación de FEPADE”, “Difusión de logros de gobierno”, “Propaganda negra” y “Campaña de descrédito en contra del Instituto Estatal Electoral”; y que existió incongruencia en el actuar del Consejo Estatal Electoral, dado que en los acuerdos relativos a la declaración de validez de la elección de munícipes del ayuntamiento de Tecate, Tijuana, Ensenada, Playas de Rosarito y Ensenada, Baja California, de elegibilidad de los candidatos electos y entrega de constancia de mayoría, no emitió las consideraciones vertidas en el Acuerdo de declaración de validez de la elección de gobernador.

Conceptos de agravios que en lo medular se consideran fundados en base a las consideraciones que a continuación se exponen.

En primer lugar cabe citar textualmente el considerando VI del Acuerdo de Validez de la elección de Gobernador impugnado por la Coalición Alianza por Baja California:

(Se transcribe).

Conforme a lo asentado en el Considerando QUINTO del presente fallo, quedó establecido que de conformidad con el marco legal que rige la actuación del Consejo Estatal Electoral y del principio de legalidad rector de la función electoral, éste sí posee atribuciones para declarar no válida la elección, sin embargo los motivos que pueden originar el uso de dicha facultad, consisten en que se hayan dejado de cumplir con los requisitos formales de validez de la elección.

Contrariamente a lo alegado por la Coalición Alianza para que Vivas Mejor en el recurso RR-109/2007, este Tribunal sostiene que el Consejo Estatal Electoral carece de competencia para decretar la validez de la elección por causas configurativas de la nulidad abstracta de la elección, la cual es de configuración jurisprudencial y no legal, y atribuida en su caso, a las autoridades jurisdiccionales y no a las administrativas en el acto de calificación de la elección.

En ese orden de ideas, se considera fundado el agravio esgrimido por la recurrente Coalición “Alianza por Baja California”, toda vez que el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral carece de competencia para pronunciarse en relación con aspectos ajenos a aquéllos que le confiere expresamente la Ley de Instituciones y Procesos Electorales, motivo por el cual incurrió en exceso en el ejercicio de sus atribuciones al asentar en el Considerando VI del Acuerdo de Validez de la Elección de Gobernador Constitucional del Estado de Baja California hechos que no son materia de su competencia, de lo que deviene infundada su inclusión.

Asimismo y dado el análisis efectuado en el presente fallo, en los considerandos SEXTO, SEPTIMO, OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO, de los agravios esgrimidos por la Coalición “Alianza para que Vivas Mejor” actora en el recurso RR-109/2007, -los cuales coinciden plenamente con cada uno de los hechos y supuestas irregularidades planteadas en el Considerando VI del Acuerdo impugnado-, se estimó que existe una insuficiencia probatoria para acreditar cada uno de los extremos en comento, considerandos que se tienen aquí por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias; en mérito de lo cual se concluye que las irregularidades a que la autoridad administrativa electoral hace alusión en el Considerando VI del Acuerdo de Validez de la elección, no se encuentran fehacientemente acreditadas y por ende la afirmación categórica que de ellas se realiza en dicha determinación resulta inmotivada.

En forma general se menciona, y a fin de no ser redundantes con lo ya explicitado en los considerandos previos, a manera de evidenciar la falta de pertinencia del Consejo Estatal Electoral para efectuar pronunciamientos como los que al presente se combaten, es lo asentado en relación a que observó como constancia que el Partido Acción Nacional y la Coalición “Alianza por Baja California”, “a pesar de las sanciones impuestas por este autoridad electoral y del ACUERDO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA, RELATIVO A LA PROPAGANDA ELECTORAL QUE NO SE APEGUE A LOS CONTENIDOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, aprobado el pasado dieciocho de julio, la difusión de propaganda electoral con contenido distinto al establecido en los artículos 291 y 300 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California, incumpliendo con las disposiciones establecidas en la Ley de la materia, en virtud de tener como Único objetivo el de proyectar una imagen negativa de candidatos y partidos políticos frente al electorado, sin atender al contenido que debe tener toda propaganda electoral como lo es el propiciar la exposición, desarrollo y discusión de los programas y acciones fijadas por los partidos políticos en sus documentos básicos y en su plataforma electoral.”

Siendo que algunas de esas sanciones impuestas por dicho Consejo no han sido aplicadas ni se encuentran firmes, al haber sido objeto de impugnación por parte de los actores políticos que menciona, como es del conocimiento de este Tribunal por encontrarse en etapa de substanciación ante este órgano jurisdiccional; así como que es un hecho notorio para este Tribunal de conformidad con el artículo 456 de la ley de la materia, que el Acuerdo relativo a la propaganda cuyo incumplimiento cita por parte de la Coalición actora en el recurso que se atiende, fue revocado mediante sentencia firma emitida por este Tribunal en el expediente RI-064/2007 interpuesto por la Coalición Alianza por Baja California, en Sesión Pública de resolución de fecha ocho de agosto del presente año, no obstante invoca como irregularidad su falta de acatamiento.

En mérito de lo expuesto es de concluirse que al resultar fundado el agravio expresado por la Coalición “Alianza por Baja California”, resulta procedente decretar la modificación del “Acuerdo relativo a la Declaración de Validez de la Elección de Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California, de elegibilidad del candidato electo y entrega de constancia de mayoría en la elección estatal del cinco de agosto de dos mil siete”, para efectos de que se excluya de su contenido, el considerando VI impugnado.

DÉCIMO SEGUNDO. AGRAVIO VI. La presentación de una serie de irregularidades graves en casillas de los municipios de Mexicali, Tecate, Tijuana y Ensenada, configurativos de la causal genérica de nulidad de votación en casilla prevista en la fracción XII del artículo 411, así como de presión en el electorado contemplada en la fracción XI del precepto citado.

La recurrente en las páginas 1035 a 2237 del medio impugnativo hace referencia a la existencia de diversas irregularidades que a su juicio son configurativas de las causales precitadas, consistentes primordialmente en los siguientes hechos:

A. La presencia de personas vestidas de azul el día de la jornada en las casillas que indica en forma particularizada vulnerando el Acuerdo del Consejo Estatal Electoral;

B. Presencia de funcionarios de gobierno como integrantes de las mesas directivas de casilla;

C. La difusión e inauguración de obra pública

D. La privación de diez días de campaña al candidato de la Coalición Alianza para que Vivas Mejor a Munícipe de Ensenada.

E. La extracción indebida de boletas por parte de la autoridad electoral.

Por lo que hace a la causal genérica de nulidad de votación recibida en casilla, tenemos que ésta se encuentra prevista en la fracción XII del artículo 411 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales para el Estado, cuyo texto expresa:

ARTÍCULO 411.- La votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite alguno de los siguientes supuestos:

XII. Existir irregularidades graves, sustanciales, de forma generalizada, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo, que en forma evidente pongan en duda la certeza de la votación y estas sean determinantes para el resultado de la misma, la votación recibida será nula, si además se acredita alguno de los supuestos de las fracciones anteriores.

Esta causal de nulidad de votación recibida en casilla tutela el valor jurídico de certeza, por lo que en caso de existir irregularidades graves que no hayan sido reparadas durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo, y pongan en duda la certeza de la votación, deberá declararse la nulidad de la votación recibida en la casilla respectiva.

Los elementos que integran esta causal han sido definidos por la tesis relevante S3EL 032/2004 sustentada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente:

“NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. ELEMENTOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA CAUSA GENÉRICA (Legislación del Estado de México y similares)”. (Se transcribe).

De ahí encontramos que, para ser procedentes los agravios vertidos por la recurrente en cuanto al tema que nos ocupa, debe actualizarse lo siguiente, atento a lo dispuesto por la fracción XII precitada:

a) La existencia de irregularidades graves, de naturaleza sustancial;

b) El acreditamiento pleno de dichas irregularidades graves;

c) La irreparabilidad de esas irregularidades durante la jornada electoral;

d) La evidencia de que las irregularidades ponen en duda la certeza de la votación y

e) El carácter determinante de las irregularidades para el resultado de la votación, tanto en el aspecto cuantitativo como cualitativo.

En la legislación electoral del Estado se adiciona un último elemento consistente en que se presenten, además, alguna de las diversas causales de nulidad previstas en el artículo 411 de la Ley.

Entendiéndose como “irregularidades graves”, todos aquellos actos contrarios a la ley, que produzcan consecuencias jurídicas o repercusiones en el resultado de la votación y que generen incertidumbre respecto de su realización, las cuales deben estar apoyadas con los elementos probatorios conducentes.

Además, que no sean reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo, se refiere a todas aquellas irregularidades que no fueron subsanadas en su oportunidad y que hayan trascendido al resultado de la votación, incluyéndose aquéllas que pudiendo haber sido reparadas, no se hubiera hecho tal reparación durante la jornada electoral; que en forma evidente pongan en duda la certeza de la votación, sucede cuando se advierta en forma manifiesta que la votación no se recibió atendiendo al principio constitucional de certeza que rige la función electoral, esto es, que no se garantice al elector que su voluntad emitida a través del voto, ha sido respetada y; que sean determinantes para el resultado de la votación, se establece atendiendo a los criterios cuantitativos o aritméticos y cualitativo de conformidad con la tesis de jurisprudencia con datos de identificación S3ELJ 13/2000, sustentada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes:

“NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AUN CUANDO EN LA HIPÓTESIS RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE MENCIONE EXPRESAMENTE (Legislación del Estado de México y similares)”. (Se transcribe).

A. La presencia de personas vestidas de azul el día de la jornada, en las casillas que indica en forma particularizada, vulnerando el Acuerdo del Consejo Estatal Electoral.

Argumenta la recurrente que en clara violación a la disposición emitida en la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro del expediente SUP-JRC-180/2007, un número de representantes y simpatizantes del PAN, con camisetas de color azul con logotipos del PAN, alusivas a su propaganda y al color que les identifica como partido estuvieron presentes en diversas casillas, constituyendo una irregularidad generalizada que pone en duda la imparcialidad y certeza del proceso electoral, al haberse efectuado por ese medio presión sobre los electores y actividades de proselitismo al interior de las casillas, sin que las autoridades electorales realizaran acción alguna para inhibir esas actividades en los términos ordenados por la Sala Superior; así como la presencia de funcionarios de gobierno estatal y municipal al interior de las casillas 711, 712 y 713 del municipio de Tecate, lo cual considera configurativo de las causales de nulidad previstas en las fracciones XI y XII de la ley de la materia.

En la ejecutoria a que hace referencia la recurrente, efectivamente se ordenó al Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California que, por todos los medios a su alcance, comunicara inmediatamente las bases contenidas en el último considerando de dicha ejecutoria, en los términos consignados en la propia parte considerativa, relativa a la “SOLICITUD DE RESOLVER SOBRE LA PRESENCIA DE ELECTORES EN LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA, PORTANDO VESTIMENTAS O ACCESORIOS QUE CONTENGA PROPAGANDA ELECTORAL Y DE VEHÍCULOS QUE CON ESAS MISMAS MOTIVACIONES PERMANEZCAN DENTRO DEL RADIO DE CINCUENTA METROS DE SU LUGAR DE INSTALACIÓN, A EFECTO DE GARANTIZAR LA LIBRE EMISIÓN DEL VOTO”, cuyo tenor propuesto por la Sala es el siguiente: (Transcribe).

Asimismo en la ejecutoria de mérito la cual, como lo indica la recurrente, es del conocimiento público al encontrarse publicada en el sitio de la red informática del Tribunal de referencia, se advierte que la Sala Superior, puntualizó invocando como precedente el fallo emitido en el expediente SUP-JRC 233/2004 relativo a la impugnación de la elección de munícipes del Ayuntamiento de Tijuana Baja California en el pasado proceso electoral, que el uso de vestimenta de un determinado color puede constituir una irregularidad siempre y cuando sea producto de la realización de acciones coordinadas, planeadas y deliberadas de manera que por sus características se constituya en una verdadera propaganda electoral que pudiera afectar el ejercicio libre del derecho de voto. Para mayor ilustración se transcriben las porciones atinentes:

“Tocante a la vestimenta, debe tenerse en consideración que, como se sostuvo al resolver el diverso Juicio de Revisión Constitucional Electoral SUP-JRC-233/2004, que la utilización de vestimenta de un color que sea susceptible de servir como identificación a un partido político o coalición determinados, siempre y cuando es producto de la realización de acciones coordinadas y deliberadas, puede constituir una irregularidad, al implicar la difusión de propaganda durante el periodo prohibido por la ley, con lo cual se transgrede el artículo 308 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Baja California.

(…)

La decisión de los ciudadanos de vestir de cierto color puede derivar del ejercicio de otro derecho fundamental: la libertad de expresión o manifestación de las ideas de que goza todo individuo, prevista en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de la cual se hace patente una opinión, idea o pensamiento por cualquier tipo de medio, entre otros, la imagen y la forma de vestir.

Constituye una situación diferente, se sostuvo en el precedente invocado, la existencia de actos de planeación, organización, coordinación, etcétera, enderezados, por un lado, a lograr que los ciudadanos identifiquen cierto color con un partido político o candidato y, por otro, a conseguir que ese color se encuentre presente en las casillas y en sus inmediaciones, de manera que con todas esas acciones se realice una verdadera propaganda electoral el día en que se celebren los comicios. La difusión de esta propaganda durante la jornada electoral puede afectar el ejercicio libre del derecho de voto, sobre todo, si el Presidente de la Mesa Directiva de Casilla no ejerce las atribuciones que la legislación electoral le confiere para salvaguardar esa libertad.”

Como se advierte del contenido del punto de acuerdo en comento, dicho documento tuvo por finalidad identificar las conductas de referencia como irregularidades por parte de ciudadanos al presentarse a las casillas o en las inmediaciones prohibidas por la ley electoral con distintivos o propaganda electoral, así como el procedimiento a seguir por los funcionarios de casilla ante la presencia de dichas eventualidades.

Asimismo, el acuerdo también exhorta a ciudadanos y funcionarios de casilla a que se abstenga de ejercitar acciones deliberadas y concertadas tendientes a realizar proselitismo a través de vestir indumentaria como camisetas, gorras, pulseras o cualquier otro distintivo que se identifiquen con los colores que representan en todo o en parte alguno de los elementos de la propaganda electoral de los mismos partidos políticos o coaliciones; haciendo hincapié la sentencia que la sola utilización de un determinado color en la vestimenta de los ciudadanos, no constituye un impedimento legítimo para que una persona acceda a la casilla y emita su sufragio, sino que la prohibición radica en que los ciudadanos o partidos políticos realicen actos de planeación, organización y coordinación con la finalidad de lograr que los ciudadanos identifiquen cierto color con un partido político o coalición y conseguir además que ese color se encuentre presente en las casillas y en sus inmediaciones, de manera que con todas esas acciones se realice una verdadera propaganda electoral el día en que se celebren los comicios.

La recurrente Coalición Alianza por Baja California, esgrime como agravio que mediante la utilización de colores y distintivos afines a la propaganda electoral de la misma, generó, en su opinión, actos de presión sobre el electorado, con lo que hace valer la causal de nulidad prevista en el artículo 411, fracción XI de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado.

Para efectos de determinar si en el presente caso se actualiza la causal de nulidad que hace valer la parte promovente respecto de la votación recibida en las casillas señaladas, se estima conveniente formular las precisiones siguientes:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 5, párrafo séptimo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y 109, párrafo segundo, de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales de la Entidad, los actos de las autoridades electorales deben estar regidos por los principios de certeza, objetividad, legalidad, independencia e imparcialidad.

Para lograr que los resultados de la votación sean fiel reflejo de la voluntad de los ciudadanos y no se encuentran viciados por actos de presión o de violencia, las leyes electorales regulan las características que deben revestir los votos de los electores; la prohibición de actos de presión o coacción sobre los votantes; los mecanismos para garantizar la libre y secreta emisión de los votos y la seguridad de los electores, representantes de partidos políticos e integrantes de las mesas directivas de casilla; y, la sanción de nulidad para la votación recibida en casillas en las que se ejerza violencia física o presión sobre sus miembros o sobre los electores, siempre que esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación.

En esta tesitura, acorde con lo preceptuado por el artículo 8 de Ley de Instituciones y Procesos Electorales de la entidad, el voto ciudadano se caracteriza por ser universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, quedando prohibidos los actos que generen presión o coacción en los electores al momento de emitirlo.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en los artículos 155, fracciones IV, VI y VII, 358 y 362 de la ley de la materia, el presidente de la mesa directiva de casilla tiene entre otras atribuciones la de solicitar el auxilio de la fuerza pública para preservar el orden, garantizar la libre emisión del sufragio y la seguridad de los electores, los representantes de los partidos políticos y los integrantes de la mesa directiva de casilla; declarar la suspensión temporal de la votación o retirar a cualquier persona, en caso de que altere las condiciones que impidan la libre emisión del sufragio, el secreto del voto o que atenten contra la seguridad personal de los electores, los representantes de partidos o los miembros de la mesa directiva.

En efecto, el artículo 358 dispone que corresponde al Presidente de la Mesa Directiva de Casilla, en el lugar en que se instale, el ejercicio de la autoridad para preservar el orden, asegurar el libre acceso de los electores, garantizar en todo tiempo el secreto del voto y mantener la observancia de esta Ley.

Asimismo, del artículo 359 siguiente se desprende el derecho de acceso a las casillas durante el día de la votación, en dos vertientes temporales: a) En forma permanente, para los funcionarios de las mesas directivas de casillas, los representantes de los partidos políticos y los observadores electorales; y, b) En forma transitoria, para los ciudadanos con derecho a voto, los notarios públicos, jueces del fuero común, jueces calificadores, agentes del ministerio público y las demás personas habilitadas para dar fe de cualquier acto relacionado con la integración o instalación de la Mesa Directiva, y de desarrollo de la votación, y, a los auxiliares electorales de los Consejos Distritales Electorales que apoyen al Presidente de la Mesa Directiva de Casilla.

Finalmente, el artículo 362 de la ley en cita, establece la facultad del presidente de la mesa directiva de casilla, de poder solicitar, en todo tiempo, el auxilio de las fuerzas de seguridad pública a fin de preservar el orden en la misma, así como la normalidad de la votación, ordenando el retiro de cualquier persona que interfiera o altere el orden.

Como ha quedado de manifiesto, existen en la normatividad atinente, las obligaciones y atribuciones necesarias para los órganos del Instituto Estatal Electoral, y en especifico para las mesas directivas de casillas que se instalen el día de la jornada electoral, de modo que puedan garantizar la emisión del voto en forma universal, libre, secreto y directo, tal como lo exige el artículo 116, fracción IV, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con los diversos 5, párrafo cuarto de la Constitución local de Baja California, y 8, párrafo segundo de la ley electoral local.

De las anteriores disposiciones, es posible advertir que esta causal tutela los valores de libertad, secreto, autenticidad y efectividad en su emisión, así como la integridad e imparcialidad en la actuación de los miembros de la mesa directiva de casilla, para lograr la certeza de que los resultados de la votación recibida, expresen fielmente la voluntad de los ciudadanos, y no están viciados con votos emitidos bajo presión o violencia.

En este orden de ideas, y de conformidad con lo previsto en el artículo 411, fracción XI de la Ley electoral local, la votación recibida en una casilla será nula, cuando se acrediten los tres elementos siguientes:

a) Que exista violencia física o presión;

b) Que se ejerza sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores; y,

c) Que esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación. Es decir que la presión se viera reflejada de manera decisiva en el resultado de la votación.

Respecto al primer elemento, por violencia física se entiende la materialización de aquellos actos que afectan la integridad física de las personas y, presión es el ejercicio de apremio o coacción moral sobre los votantes, siendo la finalidad en ambos casos, provocar determinada conducta que se refleje en el resultado de la votación de manera decisiva.

Así por ejemplo, los actos públicos realizados al momento de la emisión del voto, orientados a influir en el ánimo de los electores para producir una preferencia hacia un determinado partido político, coalición, candidato, o para abstenerse de ejercer sus derechos político-electorales, se traducen como formas de presión sobre los ciudadanos, que lesionan la libertad y el secreto del sufragio.

El segundo elemento, requiere que la violencia física o presión se ejerza por alguna autoridad o particular, sobre los funcionarios de la mesa directiva de casilla o sobre los electores.

En cuanto al tercero, es necesario que el demandante demuestre además de los hechos relativos, precisando las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que se llevaron a cabo, que los mismos fueron determinantes en el resultado de la votación recibida en la casilla de que se trate.

Los anteriores criterios, referentes a los dos últimos elementos mencionados, se contienen en las tesis de jurisprudencia identificadas con los números S3ELJ 53/2002 y S3ELJD 01/2000 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes:

“VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS FUNCIONARIOS DE LA MESA DIRECTIVA O DE LOS ELECTORES, COMO CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA (Legislación de Jalisco y similares)”. (Se transcribe).

“VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA O LOS ELECTORES COMO CAUSAL DE NULIDAD. CONCEPTO (Legislación de Guerrero y similares)”. (Se transcribe).

Para establecer si la violencia física o presión es determinante para el resultado de la votación, se han utilizado los criterios siguientes:

De acuerdo al criterio cuantitativo o numérico, se debe conocer con certeza el número de electores de la casilla que votó bajo presión o violencia, para comparar este número con la diferencia de votos que existe entre los partidos políticos o coaliciones que ocuparon el primero y segundo lugares en la votación de la respectiva casilla; así en el caso de que el número de electores que votó bajo presión o violencia, sea igual o mayor a dicha diferencia, debe considerarse que la irregularidad es determinante para el resultado de la votación en la casilla.

También podrá actualizarse este tercer elemento en base al criterio cualitativo, cuando sin estar probado el número exacto de electores que votaron bajo presión o violencia, se acrediten en autos, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, que demuestren que durante un determinado lapso se ejerció presión en la casilla y que los electores estuvieron sufragando bajo violencia física o moral, afectando el valor de certeza al grado de considerar que esa irregularidad es decisiva para el resultado de la votación, porque de no haber ocurrido, el resultado final podría haber sido distinto.

Aunado al señalamiento y acreditación de la presión sobre el electorado y los integrantes de las mesas directivas de casilla, debe probarse también que dicha conducta es determinante para el resultado de la votación, siendo mecanismos para probar este carácter los métodos cuantitativo o cualitativo.

La determinancia cuantitativa en la hipótesis que nos ocupa de los agravios esgrimidos, consiste en conocer con certeza el número de electores de la casilla que votó bajo presión o violencia, para comparar este número con la diferencia de votos que existe entre los partidos políticos o coaliciones que ocuparon el primero y segundo lugar de la votación de la respectiva casilla, así en el caso de que el número de electores que votó bajo presión o violencia, sea igual o mayor a dicha diferencia.

Por lo que toca al método cualitativo este se puede aplicar cuando sin estar probado el número exacto de electores que votaron bajo presión, se acredite en autos las circunstancias de tiempo, modo y lugar, que demuestren que durante un determinado lapso se ejerció presión en la casilla y que estuvieron sufragando ciudadanos bajo violencia o presión, afectando el valor de la certeza al grado de considerar que esa irregularidad es decisiva para el resultado de la votación, porque en caso de que esto no hubiese sucedido el resultado de la votación hubiese sido distinto.

Lo anterior, se corrobora con el siguiente criterio emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación:

“PRESIÓN SOBRE LOS ELECTORES. HIPÓTESIS EN LA QUE SE CONSIDERA QUE ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA (Legislación de Hidalgo y similares)”. (Se transcribe).

De esta forma, la recurrente presenta diversas pruebas técnicas, a efecto de probar la supuesta comisión de actos de presión en el electorado por parte de la Coalición Alianza por Baja California; medios probatorios a valorarse conforme a lo dispuesto por los artículos de la ley de la materia que regulan los medios de convicción, su ofrecimiento y valoración.

En este sentido, la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado establece en sus artículos 459 y 460 que los medios de prueba deben ser valorados conforme a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, a excepción de las documentales públicas que tienen pleno valor probatorio, salvo prueba en contrario. De esta forma, las documentales privadas, las técnicas, la testimonial, entre otras, sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver, los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.

Por lo que toca, a las pruebas técnicas dentro de las cuales encuadran las fotografías y los videos, el artículo 451 de la Ley Electoral, dispone que su ofrecimiento debe de ir acompañado, invariablemente, por el señalamiento concreto lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba, en los términos siguientes:

ARTÍCULO 451.- Son pruebas técnicas, las fotografías u otros medios de reproducción de imágenes que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos, instrumentos o accesorios que no estén al alcance del órgano competente para resolver y que tengan por objeto crear convicción en el juzgador acerca de los hechos controvertidos. En estos casos, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba.

Lo anterior, aunado al hecho de acreditar que de los medios de pruebas ofrecidos se aprecie la presión que los votantes e integrantes de las mesas directivas de casilla recibieron a través de una acción concertada, en este caso, por parte de los integrantes de la Coalición Alianza por Baja California, la cual consistió a decir de la coalición actora en vestir ropas y distintivos electorales que se traduzcan en medios de presión en el electorado.

En este sentido, los medios probatorios tendientes a demostrar la realización de actos de presión en contra de los electores o de funcionarios electorales deben cumplir con los requisitos descritos por las tesis precitadas.

Establecidos los precedentes, se procederá al análisis de los hechos descritos por la recurrente en su escrito recursal, a la valoración de las pruebas que aporta, y a la determinación si los mismos actualizan la causal de nulidad imputada.

Al respecto, en primer término tenemos que en las páginas 1041 y 1042 del escrito recursal la actora solicitó la acumulación de las pruebas técnicas que se presentaron en la diversa impugnación de la elección de munícipes Ensenada, relativas a las casillas 178B, 178C1, 178C2, 178C3, 113B, 113C, 88B, 127B y 127C, en las que dice apreciarse representantes de casilla vistiendo camisas azules, sin embargo dicho ofrecimiento no fue admitido en el auto respectivo, atento a la naturaleza de la probanza y de la imposibilidad material de este órgano jurisdiccional para efectuar la reproducción correspondiente en las condiciones necesarias para su debida valoración, y dado que la obligación de la aportación corresponde al oferente de conformidad a lo establecido en el artículo 425 de la ley electoral, al igual que la carga probatoria establecida en el numeral 457 de la ley en consulta, por lo que es de desestimarse el agravio alegado con relación a dichas casillas.

Por otra parte de las páginas 1314 a 1369 de la demanda la recurrente elabora un cuadro en el que relaciona 30 casillas describiendo el contenido de las fotografías. Y de las páginas 1412 a 1447, proporciona varios listados correspondientes a los distritos VIII, IX, X, XII y XIV señalando la existencia de personas vestidas de azul en un total de 103 casillas, anexando al recurso sobres que contienen las fotografías con las que acredita la irregularidad de referencia, que se agregan en caja identificada bajo el rubro “fotos” a los autos.

En efecto las pruebas técnicas consistentes en fotografías ofrecidas por la recurrente, las describe conforme al esquema siguiente: (Transcribe ofrecimiento de pruebas fotográficas).

De la descripción del material fotográfico elaborado por la recurrente, el cual fue cotejado con las fotografías que anexó en sobre separado con su escrito recursal, tenemos que lo clasifica en cuatro categorías, las cuales se pueden identificar con los siguientes rasgos comunes, además de la referida presencia de personas con camisa de color azul:

1. Fotografías en que se identifica con claridad la sección de la que se trata;

2. Fotografías en las que se aprecia material electoral;

3. Fotografías de personas en la calle, y

4. Fotografías de personas que se presume son funcionarios de casilla por encontrarse manipulando lo que afirma la recurrente es “material electoral”.

Ahora bien, por lo que hace a las casillas que relaciona con material fotográfico clasificado en los grupos 2, 3 y 4, la recurrente incumple con la carga de la prueba de señalar en las probanzas ofrecidas las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que acontecen los hechos que muestran, conforme lo exigido por el artículo 451 de la ley de la materia, y siendo que está haciendo valer las causales específicas de nulidad de votación recibida en casilla contempladas en las fracciones XI y XII del artículo 411 de la ley de la materia, dichos requisitos son indispensables para efectos de identificar las casillas cuya votación solicita anular y estar en aptitud de hacer el análisis correspondiente, ya que no es suficiente la sola afirmación de la recurrente para acreditar plenamente que las casillas a que hace alusión en el cuadro precedente se refieren efectivamente a las casillas donde fueron tomadas dichas fotografías ya que en las mismas no aparece ningún dato que así lo confirme y dado que no existe ningún otro elemento de convicción que corrobore el aserto de la impugnante, encontrándose este Tribunal impedido de asumir o deducir dicho dato del material ofrecido.

Por otra parte, la actora aporta fotografías sin identificar las casillas a las que afirma pertenecen, las cuales corresponden a los números 17, 20, 25, 26, 28 y 30 del listado relativo al VII Distrito; al 10 del VIII Distrito, a los números 12 y 13 del X Distrito, y 1 y 2 del XII Distrito; por lo que son de desecharse tales probanzas al no encontrarse vinculadas con ninguna casilla en particular.

Ello es así en mérito de que el máximo órgano jurisdiccional federal ha sostenido el criterio de que el sistema de nulidades en el Derecho Electoral Mexicano, se encuentra construido de tal manera que solamente existe la posibilidad de anular la votación recibida en una casilla, por alguna de las causas señaladas limitativamente por los artículos que prevén las causales de nulidad relativas, y dicha causal sea determinante exclusivamente para la votación en esa casilla, por lo que es menester que se realice el estudio individualmente, en relación a la causal de nulidad que se haga valer en su contra, ya que cada una se ubica, integra y conforma, específica e individualmente, de manera distinta, por lo que no es válido que al generarse una causal de nulidad, éstas se trasladen a otras casillas que se impugnen por igual; que la suma de irregularidades ocurridas en varias de ellas de como resultado su anulación, o que la irregularidad o irregularidades ocurridas en las mismas de manera individual, trasciendan al resultado de la elección, pues es principio rector del sistema de nulidades en materia electoral, que la nulidad de lo actuado en una casilla, sólo afecta de modo directo a la votación recibida en ella. Teniendo sustento legal el anterior criterio en la tesis de jurisprudencia identificada con la clave S3LJ21/2000 cuyo contenido es del tenor siguiente: “SISTEMA DE ANULACIÓN DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA CASILLA, OPERA DE MANERA INDIVIDUAL”.

Ahora bien, en relación con las casillas que sí se logran identificar en el material fotográfico (categoría 1 del cuadro precedente) tenemos que en once de ellas alude la recurrente que aparece una persona con camisa azul; en catorce casillas manifiesta que se aprecian dos personas con camisa color azul; en una casilla, tres personas; en cuatro casillas, cinco personas; y en una casilla nueve personas con camisa de color azul.

Sin embargo, cabe recordar que de conformidad con el título tercero de la ley de la materia, el día de la jornada electoral en las casillas encontramos distintos tipos de personas: funcionarios de casilla, representantes de partidos políticos y electores, y el hecho de que en algunas de las fotografías aparezcan personas con camisa azul, con algún documento en las manos no implica necesariamente que se trate de un funcionario de casilla o de un representante de partido, dado que no se encuentra fehacientemente acreditada la calidad o identidad de los mismos.

No obstante las fotografías aportadas, de conformidad con la sana crítica y las máximas de la experiencia, en los términos de lo dispuesto por los artículos 451 y 459 de la ley electoral local, constituyen únicamente un indicio de la existencia de personas con camisas azules en las casillas que aparecen identificadas en los términos precitados, y poseen tal valor en mérito de que dada su naturaleza no poseen plena credibilidad ya que admiten la posibilidad de manipularse, emplear técnicas para simular o variar su contenido, distorsionar el contexto en el que tuvieron lugar las situaciones que representan gráficamente; por lo que para que adquieran un mayor valor convictivo se requiere que se encuentren apoyadas por otros elementos probatorios.

En ese orden de ideas tenemos que la recurrente aporta, tres videos con los que se dice corroborar los hechos aducidos en el agravio en estudio, los cuales de conformidad con la diligencia de desahogo que obra en el Tomo I del expediente RR-108/2007, se advierte aluden a lo siguiente:

a) El intitulado “Maestros azules, playeras azules” refiere la presencia de un grupo de maestros vestidos de azul, sin que se establezca en el comentario del reportero la razón por la cual calificó como maestros a las personas en comento, así como la presencia de varias personas vestidas de playera color negro con letras color amarillo con la leyenda “No a la ley del Issste” cercanas a la casilla 781 especial; de lo que tenemos que esta casilla no es de las impugnadas por la recurrente por los motivos precitados y además no se refiere la presencia de personas con camisa color azul en esta ni en ninguna otra casilla.

b) El video identificado como “Playeras azules nota 6 de agosto”, alude a diversos hechos no relacionados con el presente agravio narrados por un reportero del noticiario “Notivisa”, menciona la casilla 1388 básica, que tampoco se encuentra dentro de aquellas que se aportó el material fotográfico y finalmente menciona el reportero que una observadora del Partido Revolucionario Institucional grabó en una video casera a una funcionaria de casilla que identificaron como Rebeca Cervantes portando una camisa azul; sin embargo no se menciona la casilla en la que se dio este supuesto hecho; y

c) El video rotulado como “Playeras azules” contiene unas tomas no identificada su autoría, en las que se enfoca la casilla 1840 y cercana a esta se aprecian aproximadamente seis personas vestidas de azul y posteriormente en otras tomas se aprecia en varias personas vestidas con playeras color azul en diversos sitios de la vía pública; al respecto es de señalarse que la casilla 1840 no se encuentra en el listado de las casillas impugnadas en el agravio que se atiende.

Asimismo se advierte que se aportaron escritos de incidentes elaborados por representantes de la Coalición Alianza para que Vivas Mejor, cuyo contenido transcribe la recurrente en las páginas 1337 a 1369 de su escrito recursal y las cuales fueron aportadas a la par del mismo y que obran en el Tomo VII del expediente RR-109/2007 y acumulado, sin embargo estas fueron elaborados por los propios representantes de la Coalición actora, por lo que su grado de veracidad es levísimo. Y por lo que hace a las copias fotostáticas de los escritos de incidentes elaboradas por la misma Coalición son de desestimarse en base a la tesis S3EL 018/99 de rubro: “COPIA FOTOSTATICA SIMPLE. SURTE EFECTOS PROBATORIOS EN CONTRA DE SU OFERENTE”, pero además en ambos casos –las aportadas en copia original y en copia fotostática–, no corresponden en cuanto a este agravio con las casillas de las cuales fueron aportadas fotografías, y que se listaron en el cuadro precedente; con excepción únicamente de diez casillas, siendo estas las 698C, 697B, 706C1, 711C1, 711D, 712C1, 721B, 722D2, 723D, 725B.

En estas diez casillas citadas, si bien en cuanto a las fotos aportadas no son en todos los casos de las clasificadas como aquellas en que se distinga la casilla a la que pertenecen, es dable otorgarles valor de un indicio que se corrobora con el incidente asentado en las hojas elaboradas por la propia actora, por lo que aún la suma de ambos indicios no aporta un grado convictivo pleno de los hechos que pretenden acreditar, no obstante se aprecia que tampoco se acredita que las personas vestidas de azul hayan realizado propaganda o presionado al electorado a fin de inducir el sentido de su voto, por lo que no esa dable tener por acreditada la causal de nulidad invocada.

Únicamente en el sobre con número de folio 4495, obran 18 hojas de incidentes elaboradas por los integrantes de las mesas directivas de casillas, de las cuales sólo en cinco de ellas se asentaron incidentes relacionadas con el tema de las camisetas azules, en los términos siguientes:

• Casilla 64 C: El representante de partido vestía camisa azul con logotipo del PAN y una persona se presentó a votar con camisa azul.

• Casilla 0056 B: Se presentó un grupo de personas con camisa azul.

• Casilla 001 C1: Un representante se presentó con playera azul sin logo, se le pidió que se fuera a cambiar y accedió.

• Casilla 44 D1C3: El suplente del PAN asistió con camisa azul.

• Casilla 037 C1 se presentaron dos personas que portaban camisetas del PAN pidiendo información sobre cuántos votos se habían llevado a cabo.

De las anteriores casillas mencionadas no se aportaron fotografías, y como se observa de la descripción de los incidentes, estos no describen una irregularidad en los términos de que se duele la quejosa, ya que en la casilla 001C1 la representante accedió a cambiarse la camiseta, por lo que dejó de subsistir la pretendida irregularidad, al igual que en las casillas 64C, 037C1 y 056B en la que únicamente se menciona que se presentaron personas, pero no que hayan permanecido durante la jornada, y en cuanto a la 64C y 44D1C3 en los que se indica que representantes del “PAN” acudieron con camisa azul, de igual manera no se comprueba que los mismos hubiesen efectuado proselitismo, propagando o presionado al electorado para incidir en el sentido de su voto, por lo que tampoco es dable tener por acreditada la nulidad invocada, máxime cuando las hojas de incidentes no se encuentran corroboradas con ningún otro medio de convicción.

Finalmente en apartado diverso de sus agravios, la recurrente afirma, que debe declararse la nulidad de la votación con fundamento en la fracción XI del artículo 411 de la ley de la materia, en las casillas 870C1, 871C1, 875C, 877 B, 1038C1, 1061C1, 1318B, 1086B, 1088C1, 1038C1, 1076C3, 1076B toda vez que asegura, se ejerció presión sobre los votantes por parte de personas que acudieron en diferentes casillas y diferentes ocasiones con camisetas azules. Casillas de las cuales no se aportó material fotográfico como se aprecia en el esquema proporcionado por la recurrente como tampoco se ofreció ningún otro elemento probatorio relacionado con los hechos que refiere en estas casillas, por lo que no es dable tener por acreditado su aserto al incumplir la actora la carga de la prueba que legalmente le corresponde.

Así las cosas se tiene que la coalición impugnante no acreditó la existencia de una irregularidad grave en las casillas controvertidas, al no comprobar el número aproximado de personas que vistió la citada camiseta; que dichas personas vestidas de azul, pertenecieran a la Coalición Alianza por Baja California; que éstas ejercieron algún acto de presión sobre el electorado que acudió a emitir su voto a las casillas que menciona, sea a través del ejercicio de la violencia física o realizando alguna forma de proselitismo.

Asimismo tampoco prueba siguiendo criterios cuantitativos o cualitativos, la posible influencia que la presencia de ese hipotético número de personas que portaban camisa azul en las casillas a que hace alusión en las fotografías, influyó en el sentido del voto de los ciudadanos que sufragaron; y que en su caso, de no haber existido dicha influencia el resultado de la votación hubiese sido diferente, esto es, no acredita el factor determinancia de la pretendida irregularidad, por lo que no es dable tener por acreditadas las causales de nulidad previstas por las fracciones XI y XII del artículo 411 de la ley electoral que invoca.

Por otra parte, tampoco aportó los medios de prueba idóneos para comprobar la existencia de una acción concertada por parte de los integrantes de la Coalición Alianza por Baja California consistente en vestir el día de la jornada electoral prendas y distintivos electorales y la existencia de personas vestidas de azul en “cada una de las mas de tres mil casillas instaladas el día de la jornada electoral”, de manera tal que fuese violatorio del Acuerdo dictado en acatamiento a la resolución dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro del expediente SUP-JRC-180/2007, como una verdadera organización para realizar propaganda y proselitismo electoral de la índole necesaria para considerar que se vulneró la libertad del sufragio, sin que sea óbice a lo anterior el que la recurrente haya aportado junto con su escrito electoral dos camisas tipo playera de color azul con el logotipo de la Coalición Alianza por Baja California impreso y dos gorras de color azul una con la impresión de la leyenda “Osuna Millán Gobernador” y otra con bordado de un logotipo del PAN y el texto “Vamos por Tijuana 2007”, ya que en autos no se comprobó la procedencia de dichos elementos materiales, como tampoco el que hubiese sido precisamente artículos de vestir de esas características los que se hubiesen utilizado por la totalidad de las personas que captó en las fotografías con camisa azul, como tampoco el que hubiese sido la Coalición “Alianza por Baja California” quien ordenó la fabricación y/o distribución y /o utilización de las mismas durante la jornada electoral, máxime cuando la aportación de las mismas al presente recurso por la Coalición actora evidencia que su adquisición o posesión son accesibles para cualquier persona y no únicamente para el Partido Político que tiene registrado ante la autoridad administrativa electoral un determinado color o emblema.

La insuficiencia probatoria se ve aunada al hecho de que la Coalición Alianza por Baja California en su escrito de tercero interesado niega la existencia de una organización con fines proselitistas o de presión al electorado por medio del uso de camisas de color azul, como también niega que sus representantes hayan utilizado un determinado tipo de camisetas, tal y como se aprecia en la página 414 del escrito de tercería.

Más aún, suponiendo sin conceder que hubiese existido la utilización generalizada de la prenda de vestir en comento por los representantes de la Coalición tercera interesada en las casillas, la recurrente no formula argumento alguno en relación con la forma en que a su juicio ello sería vulneratorio del multicitado Acuerdo, toda vez que en el mismo no se hace pronunciamiento alguno con relación a la situación específica de los representantes de partidos en las casillas, y por otro lado la Ley de Instituciones y Procesos Electorales en su artículo 323 segundo párrafo ordena que éstos se identifiquen ante el electorado al mencionar que “deberán” portar en lugar visible durante el día de la jornada electoral un distintivo con el emblema oficial del partido, y que la impresión y distribución del distintivo estará a cargo de los partidos políticos.

B. Presencia de funcionarios de gobierno como integrantes de las mesas directivas de casilla.

En las páginas 1299 y 1300 del escrito recursal, al finalizar el rubro del inciso e) relativo al proselitismo que afirma se realizó durante el desarrollo de la jornada electoral por el “PAN-PANAL-GOBIERNO”, señala la actora: “Así como por la presencia de funcionarios del gobierno estatal y municipal al interior de la casilla 711, 712 y 713 del municipio de Tecate, tal y como se desprende de actuaciones del cuadro de referencia”.

Al respecto en el texto del agravio en comento la recurrente no hace alusión a los hechos que actualizan la hipótesis citada en el rubro del agravio transcrito, no obstante en las páginas 1350 a la 1355 de la demanda en un cuadro sinóptico que realiza de los escritos de incidentes elaboradas por sus representantes en casilla, se advierten dos fotografías impresas en el escrito de demanda, narrándose al pie de las mismas que se trata de imágenes captadas en la casilla 712C1, y que “siendo las 11:25 am y llevándose a cabo la jornada electoral y en virtud del calor, se pidió por parte de los integrantes de la casilla ubicada en calle Oaxaca # 160 de la Colonia Loma Alta al IEE se les pusiera una lona así como una carpa, llegando posteriormente personal del IEE con una lona azul de aproximadamente diez pies y una lona gris de aproximadamente 2X4 metros manifestando que los del IEE iban acampanados (sic) por Salvador García Estrella y Francisco Arreola funcionarios estatales, siendo claro que es en forma deliberada y organizada en contra del acuerdo de sentencia SUP-JRC-180/2007 emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial, RC Martín Vázquez Bustamante”.

Para acreditar lo anterior en el capítulo final de ofrecimiento de pruebas la actora en el numeral 7 refiere la documental pública consistente en el Acta Notarial elaborada por el Notario Público Número Dos Lic. Gerardo Manuel Sosa Olachea, sin embargo dicha probanza no fue aportada al expediente en que se actúa; asimismo en el numeral 8 señala documental consistente en 3 fojas que se obtienen de la plantilla de personal que se publica en la página WEB internet en dos direcciones que indica, las cuales de igual manera no obran en autos y habiendo sido realizada la búsqueda en la red informática en las direcciones que menciona no se obtuvo información al no ser posible el acceso con la nomenclatura que aporta a ningún sitio en particular.

Ante lo anterior tenemos que el único medio de convicción que obra en autos son las fotografía impresas, y las cuales únicamente aluden a la casilla 712 C1 y no así a las otras secciones indicadas, elemento que es insuficiente para tener por acreditar alguna irregularidad, toda vez que aún suponiendo sin conceder que los nombres de las personas que menciona fuesen empleados de Gobierno, no acreditó que dichos nombres corresponden efectivamente a las personas que se observan en las fotos, como tampoco comprobó que estas personas hubiesen realizado alguna labor de proselitismo o de presión hacia el electorado de magnitud tal que fuese violatorio del Acuerdo que refiere, o bien en qué forma la presencia de los supuestos funcionarios públicos vulneró la libertad y la certeza del sufragio en la casilla de referencias; máxime cuando el escrito de incidentes de la recurrente no se encuentra corroborado con las actas de jornada y hojas de incidentes respectivas.

A mayor robustecimiento de la valoración efectuada se cita la tesis de jurisprudencia S3ELJD 01/97 de rubro y texto siguientes:

“ESCRITOS DE PROTESTA Y DE INCIDENTES. CUÁNDO CARECEN DE VALOR PROBATORIO”. (Se transcribe).

C. La difusión e inauguración de obra pública.

De las páginas 1076 a 1109 del escrito recursal, arguye la quejosa que la causal genérica de nulidad de votación recibida en casilla, se presenta con motivo de la inauguración de obra pública que afectó de manera individualizada en veintitrés secciones: 7, 13, 14, 31, 37, 57, 62, 67, 98, 112, 117, 118, 126, 130, 141, 155, 156, 157, 171, 178, 198, 206 y 207; lo cual considera ejerció presión sobre los electores y constituye una irregularidad grave que puso en riesgo las garantías que deben prevalecer en la emisión del sufragio.

Los hechos aducidos por el recurrente manifiesta acreditarlos con notas periodísticas del Periódico El Mexicano y tres publicaciones de Los Volcanes, así como en ocho videos de noticiero televisivo; no obstante dichas probanzas no fueron aportadas con el escrito recursal, incumpliendo con ello la carga de la prueba que le corresponde de conformidad con lo dispuesto por los numerales 425 y 457 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales para el Estado; asimismo aporta un plano de la ciudad de Ensenada donde indica las secciones que dice afectadas por estas irregularidades, sin embargo éste constituye una documental privada elaborado por la propia recurrente, que no posee mayor valor probatorio que el que se les atribuye a los elementos de convicción que se pretenden ilustrar gráficamente, por tanto no arroja por sí mismo mayor prueba.

No obstante y aún suponiendo que se hubiesen aportado los elementos convictivos de referencia, de la descripción que de ellos hace en la demanda se aprecia que todos hacen alusión a la cobertura mediática realizada por los periódicos mencionados y de reportajes televisivos, más no de una difusión dirigida u ordenada directamente por las autoridades gubernamental y/o municipal; por lo que con los mismos no es dable tener por acreditada la infracción a la prohibición establecida en el artículo 308 de la ley electoral estatal, que dispone:

ARTÍCULO 308.- …

Las autoridades estatales y municipales deberán suspender dentro de los treinta días anteriores al día de la elección, la difusión de sus actividades institucionales, excepto en los casos de programas de asistencia social y de ayuda a la comunidad, derivados de emergencias o programas de protección civil, por la eventualidad o presencia de condiciones de riesgo a la población.

Como se observa, la prohibición legal no implica que los medios de comunicación social, como son noticieros o periódicos, no puedan tampoco cubrir y dar a conocer espontáneamente gestiones u obras públicas que estén llevando a cabo las autoridades de la entidad en donde se llevará a cabo la elección correspondiente, de tal forma que en el plazo de treinta días antes de la jornada electoral hasta celebrada ésta exista una desinformación a la población acerca de la labor realizada por las autoridades, pues, como ha quedado precisado, la prohibición contenida en el precepto citado está dirigida únicamente a que las autoridades que actúen dentro de tal entidad suspendan la difusión de sus actividades institucionales; por ende aún suponiendo la veracidad de las notas periodísticas y videos, no es factible tener por acreditada una irregularidad grave.

Asimismo en su alegato, la recurrente es omisa en establecer el enlace de causa-efecto que dice existir entre tales conductas y los resultados de la votación; es decir no establece ni acredita las consecuencias o repercusiones de la obra pública y su cobertura mediática en el resultado de la votación, y además que ello genere incertidumbre respecto a ésta o el sentido de la votación, por lo que tampoco acredita la determinancia de la irregularidad, la cual debe estar de igual manera apoyada con los elementos probatorios conducentes; máxime cuando en más del 50% de las casillas que señala, hubo voto diferenciado, concretamente en trece secciones, las de números 7, 14, 31, 37, 57, 62, 67, 98, 130, 171, 198, 206 y 207, de un total de veintitrés casillas que impugna señalando esta irregularidad, pertenecen al XIV Distrito Electoral, en el cual es un hecho público y notorio para este Tribunal, –por haber sido materia del conocimiento del expediente RR-076/2007–, que resultó electo el candidato a Diputado por la Coalición actora, sin que demuestre el motivo por el cual, a su juicio, la difusión de la obra pública que esgrime presionó e influyó en el electorado, por lo que hace al voto emitido para la elección de Gobernador del Estado y no así para el de Diputado por el principio de mayoría relativa, de lo que su agravio resulta infundado e improcedente.

D. La privación de diez días de campaña al candidato de la Coalición Alianza para que Vivas Mejor a Munícipe de Ensenada.

Con relación a la nulidad de la votación de ochenta casillas de los Distritos XIV y XV correspondientes al municipio de Ensenada solicitada en los términos planteados en las páginas 1064 a 1070 del escrito recursal, por considerar como irregularidad grave y generalizada el hecho de que en el momento de realizar los cómputos distritales en la elección de munícipes del ayuntamiento de Ensenada, no se consideró que el candidato de la Coalición Alianza para que Vivas Mejor dejó de realizar campaña electoral por diez días con motivo de la revocación de su candidatura por este Tribunal Electoral, por lo que a su juicio para obtener los resultados electorales, debió realizarse una operación aritmética ininteligible (dividir el número de votos obtenidos en la casilla –sin mencionar cuál es el divisor– y multiplicar el resultado por sesenta días, restándole los votos que obtuvieron con cincuenta días de campaña, para obtener la diferencia entre el primero y segundo lugar), y de ella derivar el número de votos que la actora debiera haber obtenido de no habérsele privado del lapso mencionado para realizar la campaña, por considerar que esto es lo equitativo; es infundado e improcedente no sólo porque la omisión de la operación aritmética que menciona no puede ser considerada como una irregularidad grave, toda vez que su realización carece de fundamento legal alguno, y contrariamente a lo argüido por la actora, el haber llevado a cabo el ejercicio aritmético que indica sí hubiese sido constitutivo de una irregularidad grave por contravenir lo estipulado en la ley electoral en materia de cómputos, sino además en razón de que estos hechos son ajenos a la materia planteada en el presente medio de impugnación, por aludir a una elección diversa a la de Gobernador del Estado, que es la recurrida en el caso que nos ocupa.

E. La extracción indebida de boletas por parte de la autoridad electoral.

Manifiesta la recurrente que se observó en el distrito XIV con cabecera en el municipio de Ensenada una irregularidad grave consistente en que se extrajeron indebidamente boletas por parte de la autoridad electoral que en ningún momento fundamentó ni motivó su acto.

Señala que en un Acuerdo emitido por el Consejo Estatal Electoral se asignó a cada sección y casilla electoral el número de boletas necesarias para la recepción del voto a los ciudadanos, que conforme a la lista nominal estaban inscritos en la sección correspondiente; Acuerdo que no fue aportado ni solicitado por la recurrente como tampoco aportado por la responsable.

Expone la recurrente en un cuadro de las casillas en las que a su juicio se entregaron a cada una de las mesas directivas en cantidad no correspondiente a las consignadas en la “Lista nominal de electores definitiva para asignación y sellado de boletas” emitida para los distritos XIV y XV, del cual afirma “se desprende la entrega de una cantidad determinada de boletas conforme a la lista nominal de electores, sin que se justifique la posterior extracción de la misma”.

Este agravio también fue esgrimido por la recurrente en el recurso RR-106/2007 y acumulado, en contra de la elección de munícipes del ayuntamiento de Ensenada Baja California, asignado a la misma magistrada ponente, en el cual se requirió al Consejo Electoral del XIV Distrito Electoral a petición de la propia recurrente, los “Recibos de entrega de documentación y materiales electorales al Presidente de la Mesa Directiva de Casilla” mismos que constituyen un hecho notorio para este Tribunal, en los cuales se constató que los números de folios entregados a las mesas directivas de casillas, y por tanto el número de boletas efectivamente entregadas, no es coincidente con la numeración de los folios indicada por la recurrente en su demanda, siendo en todos los casos un número menor el entregado efectivamente del que apunta la actora en el cuadro esquemático que elabora, y en la mayoría de los casos, coincidente con el que se asentó en las actas de jornada electoral, el esquema proporcionado por la recurrente y la evaluación realizada es el que se inserta para mayor ilustración.

ANÁLISIS DE FOLIOS SEGÚN IEE CONTRA FOLIOS REALES EN CASILLAS RECIBIDOS DEL DISTRITO XIV. (Transcribe tabla de folios).

Ahora bien es de mencionarse que de los Recibos de entrega por el Consejo Electoral del XIV Distrito se desprende que existe una diferencia de cinco a seis folios entre las distintas casillas, no obstante dicha circunstancia, que no se encuentra justificada en el sumario, no es dable que sea considerada como una irregularidad grave que ponga en duda la certeza de la votación recibida en cada casilla, toda vez que no fue una conducta atribuible a los funcionarios integrantes, ni que se haya presentado en el transcurso de la jornada electoral; dado que cada casilla operó con el número de boletas que le fueron entregadas conforme a los recibos de entrega, sin que sea dable fincar responsabilidad por el uso o paradero de boletas que no le fueron entregadas, como tampoco se acreditó que se hubiesen extraído boletas de la cantidad efectivamente recibida por la mesa directiva, por lo que a juicio de este órgano jurisdiccional y con fundamento en el principio de conservación de los actos válidamente celebrados no es procedente la nulidad solicitada, ya que no se acreditó en que forma la irregularidad de la actuación del Consejo en un acto previo a la recepción de la votación, vició ésta, o de que manera influyó en el sentido del voto.

Adicionalmente, se advierte que no hay elemento alguno de prueba que acredite los argumentos de la recurrente, en virtud de que los ciudadanos que acudieron a votar tuvieron la posibilidad de ejercer el derecho a sufragio ya que no existe ningún incidente en actas de que algunos ciudadanos no hayan sufragado por falta de boletas.

A mayor abundamiento resulta oportuno destacar que, como se mencionó con antelación, en el Distrito XIV la coalición actora obtuvo el triunfo por lo que hace a la elección de Diputados de mayoría relativa, siendo que el numero de folios de boletas entregadas en cada casilla fue el mismo para cada una de las tres elecciones que concurrieron en la pasada jornada electoral como se desprende de las documentales remitidas por el Consejo Electoral del XIV Distrito, sin que la Coalición se hubiese inconformado con la irregularidad de que trata el agravio que se atiende con relación a dicha elección, como tampoco acreditó en que forma la misma vulneró la certeza de la votación en cuanto a la elección de Gobernador, más no así la elección de Diputado.

Cabe precisar en términos generales en relación con las presuntas irregularidades hechas valer por la Coalición Alianza para que Vivas Mejor en el apartado que se atiende y que no se han tenido por acreditadas de acuerdo a las consideraciones formuladas en cada una de ellas, que ha sido establecido en jurisprudencia firme por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que no toda conducta puede ser considerada como causa de nulidad del voto emitido por el electorado, sino que debe ser especialmente grave a la vez que sea determinante para el resultado de la votación, conforme al texto siguiente:

SISTEMA DE NULIDADES. SOLAMENTE COMPRENDE CONDUCTAS CALIFICADAS COMO GRAVES.

DÉCIMO TERCERO. Otras causales de nulidad específica de votación recibida en casillas.

…

DÉCIMO CUARTO. Agotado el estudio de los agravios hechos valer por la coalición impugnante “Alianza para que Vivas Mejor”, lo señalado por el Tercero Interesado y la legalidad del acto reclamado aducida por la autoridad responsable Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral del Estado de Baja California; de conformidad con las constancias procesales y atendiendo lo estipulado por la Constitución Local, la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se concluye de conformidad con los razonamientos plasmados en el presente fallo, que no es procedente anular la Elección de Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California, por la causal abstracta de nulidad invocada.

…

Por lo que hace a los Cómputos Distritales y Estatal, con motivo de la nulidad de la votación recibida en las casillas mencionadas en el considerando DÉCIMO TERCERO de la presente resolución, deberán ser modificados para quedar como se ilustra en los esquemas siguientes:

….

Finalmente en el cuadro siguiente se anota en la primer columna el nombre del partido o coalición, enseguida el cómputo emitido por el Consejo Estatal Electoral, en la tercer columna se aprecia la votación anulada en los Distritos impugnados por la recurrente y en la cuarta columna se observa el cómputo final modificado:

En mérito de haberse decretado la nulidad de la votación recibida en 49 casillas de un total de 3624 instaladas en el Estado, implica sólo la anulación del 1.35 % de las casillas, en consecuencia de haberse declarado parcialmente fundados los agravios formulados por la Coalición “Alianza para que Vivas Mejor” en relación con las causales específicas de nulidad hechas valer, por lo que de igual manera no procede la nulidad genérica de la elección de Gobernador en los términos indicados por la fracción I del artículo 414 de la Ley de la materia, sino únicamente modificar los resultados consignados en el acta de cómputo elaborada por el Consejo Estatal Electoral, en los términos precitados.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, es de resolverse y se,

RESUELVE:

PRIMERO.- Son fundados los agravios de la Coalición "Alianza para que vivas Mejor", únicamente por lo que hace a las casillas 699C1 perteneciente al distrito VII; 737C1, 768B, 795B, 800B, 1362C1, 1503B, y 1525B del Distrito Electoral VIII; 957C, 969B, 997B, 999C2, 1030C2, 1032C y 1024C instaladas en el Distrito Electoral X y las casillas 876C, 1040B, 1058C, 1299B y 1304B, ubicadas en el Distrito Electoral XII; 1048C2, 1048C3, 1049C5, 1049C6, 1050C1,1050C6, 1052C1, 1152B, 1152C1, 1152C5, 1156B, 1156C2, 1183C2, 1222B, 1224C1, 1226C2, 1233C1, 1236C6, 1282C9, 1302C1, 1302C3, 1313B, 1310B, 1398B, 1400B, 1412C, 1419C1, 1464B y 1472C1 instaladas en el Distrito Electoral XIII en los términos indicados por el Considerando Décimo Tercero de esta resolución.

SEGUNDO.- Se modifican los Cómputos de la Elección de Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California, efectuados por los Consejos Distritales Electorales de los Distritos Electorales VII, VIII, X, XII y XIII del Instituto Estatal Electoral, y por consecuencia el Cómputo del Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral del Estado de Baja California, de la misma elección de conformidad con lo señalado en el Considerando DÉCIMO CUARTO de esta resolución.

TERCERO.- Se confirma la declaración de validez de la elección de Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California, emitida por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral del Estado de Baja California, y se ordena a dicha autoridad, modifique el Considerando VI del “Acuerdo relativo a la declaración de validez de la elección de Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California, de elegibilidad del candidato electo y entrega de constancia de mayoría en la elección estatal del cinco de agosto del 2007”, de acuerdo a lo establecido en el considerando DÉCIMO PRIMERO al haber resultado fundado el agravio único formulado por la Coalición “Alianza por Baja California” en el Recurso de Revisión RR-108/2007; y que de cumplimiento en un plazo de cinco días posteriores a la notificación del presente fallo, debiendo informar a este Tribunal del acatamiento dado al mismo, en un plazo de dos días contados a partir de su cabal cumplimiento.

CUARTO.- Se confirma el otorgamiento de la constancia de Mayoría al Candidato a Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California C. José Guadalupe Osuna Millán, postulado por la Coalición “Alianza por Baja California”.

QUINTO.-Se ordena a los Consejos Distritales y al Estatal del Instituto Estatal Electoral, que en un plazo de cinco día contados a partir de la notificación de la presente sentencia le den cumplimiento cabal.

2. Agravios. La Coalición “Alianza Para Que Vivas Mejor”, en su escrito de demanda, formula los siguientes agravios:

HECHOS

PRIMERO.- Con fecha cinco de agosto de dos mil siete se celebraron los comicios para elegir diputados, munícipes y Gobernador del Estado, en los dieciséis distritos electorales uninominales del Estado de Baja California, en la que, según los resultados computados por el Consejo Estatal Electoral fue entregada la constancia de mayoría a favor del candidato de la coalición “Alianza por Baja California” y declarada la validez de la elección a su favor.

SEGUNDO.- Inconforme con dichos resultados, declaratoria de validez y entrega de constancia de mayoría, mi representada promovió en tiempo y forma ante el Consejo Estatal Electoral, recurso de revisión que fue tramitado ante el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California bajo los números de expediente señalados en el proemio del presente escrito.

TERCERO.- Dicho Tribunal local resolvió sentencia definitiva con la que no inconformamos por medio del presente escrito. Resolución que fue notificada legalmente a mí representada el día 29 de septiembre del año en curso, por lo que en tiempo y forma, acudo ante esta superioridad a expresar, en contra del acto reclamado, los siguientes:

AGRAVIOS

PRIMERO.- VIOLACIONES PROCESALES Y OMISIONES DEL TRIBUNAL QUE DELATAN SU PARCIALIDAD. Causa agravio a mí representada la falta de fundamentación y motivación de la resolución dictada por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, infringiendo con ello los principios de certeza, legalidad, objetividad, independencia e imparcialidad, que deben regir en toda contienda electoral, tutelados en el artículo 41 y 116 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Baja California, y los artículos 1, 3, 4, 6, 7, 319, 320, 321, 411, 412, 413 y 431 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California.

Efectivamente, no se encuentra debidamente motivado y fundamentado, ya que omite valorar de manera legal las pruebas ofrecidas, exhibidas y presentadas por mi representada ante la autoridad responsable y en su oportunidad ante la propia autoridad jurisdiccional, por lo que son de su inevitable conocimiento al tenor de las siguientes consideraciones:

El primer motivo de agravio que se hace valer contra la sentencia de mérito, deviene del argumento sostenido por la responsable a lo largo de toda la parte considerativa de su resolución, en el sentido que, de las constancias del expediente, no obran pruebas suficientes para tener por acreditados los extremos de la pretensión de mi representada. Efectivamente, la responsable llega a tan lógica conclusión desde una perspectiva viciada y restringida de su actuación judicial por los siguientes motivos:

Mi representada demandó la nulidad de la elección de gobernador del Estado y de munícipes de Tijuana, Tecate y Ensenada, motivada y sustentada en una misma causa de nulidad, y similares líneas de agravio y de argumentación jurídica. Ello obedece a que, durante el desarrollo del proceso electoral en todo el territorio de Baja California, la conducta ilegal, constante y generalizada fue que, el Gobierno del Estado, como ente público, realizó un sinnúmero de acciones tendientes a un solo objetivo, ganar las elecciones de diputados, munícipes y gobernador. Luego, la conducta ilegal punible resultó ser la misma en las elecciones impugnadas y por tal motivo la coincidencia de agravios y argumentación jurídica en cada uno de los medios de impugnación hechos valer por mi representada.

Al margen de lo anterior, es necesario precisar a esa máxima autoridad que, aun cuando la conducta punible es la misma en cada una de las elecciones impugnadas, los actos y sujetos a los que se les atribuye son distintos, ya que por obviedad, la finalidad del gobierno del Estado, fue operada o llevada a cabo de un número importante de sujetos quienes desplegaron diversas conductas que a nivel personal e individualizado es imposible encuadrar como conductas sistematizadas o generalizadas en perjuicio del normal desarrollo del proceso electoral.

Efectivamente, se demanda la nulidad de las elecciones de munícipes de Tijuana, Ensenada y Tecate, así como de la elección de gobernador en Baja California, porque en esta entidad se vivió una auténtica “elección de Estado”, que no es otra cosa que la disposición del poder público del Estado en beneficio personal de quien lo detenta, como individuo, y en perjuicio de los principios de elección democrática consagrados por la constitución federal. Empero, ese objetivo final, demandado de manera coincidente en los recursos de mi representada, fue logrado a través de despliegue de un sinnúmero de acciones de distintas personas, en lugares y fechas distintas, cuya materialización se advierte de las distintas pruebas ofrecidas por mi representada en un “expediente madre” que contiene la demanda de nulidad de la elección de gobernador del Estado.

Como es de explorado derecho en materia electoral, resulta imposible para las partes ofrecer pruebas originales en cada uno de los medios de impugnación que se hacen valer, más aún cuando los argumentos jurídicos, como ya se ha dicho, son coincidentes entre sí, por lo que la mayoría de las pruebas existentes, sirven normalmente, para justificar los mismos hechos y argumentos de las partes, esgrimidos en los distintos medios de impugnación. Por tales motivos, tal y como lo sostuvo mi representada en los distintos escritos que contienen los recursos de revisión hechos valer, se solicitó a la responsable, realizara un cotejo de pruebas sobre las ofrecidas y exhibidas para la elección de gobernador del Estado, sin que esto haya sido realizado por la responsable, lo que constituye sin lugar a dudas, una violación procesal en perjuicio de mi representada.

Tal es el caso inclusive, que mi representada solicitó a la responsable que hiciera, precisamente para juntar los expedientes y causas de agravio hechas valer por la coalición que represento, en los distintos medios de impugnación, la acumulación de los expedientes que contenían los recursos de revisión promovidos por las partes contra los distintos actos de la elección de gobernador y de munícipes, por lo que al no haberlo realizado, dicha omisión causa un visible agravio a mi representada, ya que la autoridad responsable de manera dolosa vulneró el ejercicio del derecho que me otorga el artículo 8,14,16,41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 5o de la Constitución Política del Estado, al no acumular los medios de impugnación en los que se recurren los cómputos distritales de la elección de Gobernador del Estado, con la impugnación del cómputo estatal y declaratoria de validez de la citada elección, en virtud de que se impugna el resultado del cómputo parcial realizado por los Consejos Distritales Electorales y el cómputo final a cabo por el Consejo Estatal Electoral, respecto a la elección de Gobernador del Estado de Baja California; siendo vital para mi representada que se procediera a decretar su acumulación, ante la evidente e indisoluble conexidad de las causas, dado que en el contenido sustancial de dichas impugnaciones tiende a repercutir, en último término, en el resultado final de la elección combatido en los juicios citados, todo lo cual generaba la posibilidad de la emisión de sentencias contradictorias, además de que mediante la acumulación se facilitaba la pronto y expedita resolución, esto con fundamento en el articulo 438 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California y que las pruebas ofrecidas por mi representada, en distintos expedientes pudieran ser adquiridas procesalmente por las partes en los distintos juicios, cuya finalidad era la misma.

Efectivamente, mediante escrito presentado por mi representada solicité al Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California se decretara la acumulación de los medios de impugnación RR-66/2007; RR-67/2007; RR-69/2007; RR-75/2007; RR-82/2007; RR-85/2007; RR-89/2007; RR-93/2007; RR-97/2007; RR-101/2007); en los que se recurren los cómputos distritales de la elección de Gobernador del Estado de Baja California, con la impugnación del cómputo estatal y declaratoria de validez de dicha elección y la respectiva entrega de constancia RR-109/2007, misma petición que no fue considerada por la responsable en perjuicio de la coalición que represento.

En efecto, el artículo 438 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California, dispone:

ARTÍCULO 438.- Podrán acumularse al inicio, durante la substanciación o para resolución de los recursos, aquellos expedientes en que se impugnen simultáneamente, por dos o más partidos políticos o coaliciones, el mismo acto o resolución o actos o resoluciones conexas.

Con ello, se demuestra que sin fundamento o motivación alguna, el Tribunal no se pronunció respecto a la petición de mi representada, que en ejercicio de sus derechos realizó en tiempo y forma, amen de que la acumulación de los expedientes interpuestos en primer término ante los Consejos Distritales Electorales por las causales invocadas en la demanda, tienen una estrecha relación con el Recurso de Revisión promovido ante el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California, debiendo luego entonces de manera indispensable tomar los argumentos esgrimidos y las pruebas ofrecidas en las diversas demandas para llegar a la convicción de que los hechos en realidad acontecieron y que las pruebas en ellos ofrecidas tienen una estrecha relación sobre los actos impugnados contra la declaratoria de validez tanto de las elecciones de munícipes, como de gobernador del Estado.

La actuación omisa y presumiblemente dolosa de la autoridad electoral señalada como responsable, es precisamente parte sustancial de la denominada “elección de Estado en Baja California”, del texto de la propia sentencia se advierten claramente, la falta de técnica para resolver como tribunal en conciencia, puesto que es clara la intención de destruir los argumentos y pruebas de mi representada, no de juzgarlos, sino que uno a uno, sin analizar todos ni valorar todas la pruebas en su conjunto, desecha puerilmente los argumentos de mi representada.

En algunos casos, por poner un ejemplo, la responsable llega al extremo de señalar que, las pruebas de video ofrecidas por mi representada para justificar que hubo “propaganda negra”, no pueden ser valoradas como tales porque aun no han sido juzgadas por ella, en virtud de que son parte de expedientes de diversas denuncias hechas ante el Consejo Estatal Electoral, que en su oportunidad serán enjuiciadas... permítame el tribunal local reflexionar, que este es precisamente el momento procesal en que, con plenitud de jurisdicción, debe resolver sobre la calificativa que dará a dichos spot televisivos, (puesto en este caso como meros ejemplos) o bien, tal vez la responsable prefiera pronunciarse sobre la legalidad o ilegalidad de dichos videos durante el próximo proceso electoral que tenga Baja California.

Por tales omisiones y otras, como el caso de la modificación de su criterio para revocar la candidatura del Ing. Jorge Hank Rhon, se tilda de parcial su actuación. NO HAY MAYOR PRUEBA DE ELLO, QUE LA PROPIA SENTENCIA DE DICHO TRIBUNAL, EVITA POR TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, ENTRAR AL ESTUDIO DE LOS ARGUMENTOS HECHOS VALER POR MI REPRESENTADA Y A LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS APORTADAS EN EL EXPEDIENTE DE LA NULIDAD DE LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR DEL ESTADO, QUE COMO YA SE HA MENCIONADO, ES EN LA ELECCIÓN EN DONDE TODAS LAS VIOLACIONES E ILEGALIDADES OCURRIDAS EN OTROS MUNICIPIOS Y DISTRITOS, FINALMENTE Y POR CUESTIÓN LÓGICA, IMPACTARON.

Así, causa agravio a la coalición Alianza para que Vivas Mejor, el resultado del cómputo parcial realizado por los Consejos Distritales Electorales y el cómputo final efectuado por el Consejo Estatal Electoral, respecto a la elección de Gobernador del Estado de Baja California; siendo vital para mi representada que se procediera a decretar su acumulación, ante la evidente e indisoluble conexidad de las causas, dado que en el contenido sustancial de dichas impugnaciones tiende a repercutir, en último término, en el resultado final de la elección combatido en los juicios citados, todo lo cual generaba la posibilidad de la emisión de sentencias contradictorias, además de que mediante la acumulación se facilitaba la pronto y expedita resolución.

Es aplicable de manera orientadora la siguiente tesis:

Octava Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: XIV-Diciembre

Tesis: IV. 3o. 137 C

Página: 326

ACUMULACIÓN DE AUTOS. EFECTOS DE LA. EN JUICIOS CIVILES.

Pues bien, el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California nunca entendió que mediante la acumulación de lo expedientes atinentes pudo con pleno apego a derecho aplicar las reglas de la lógica, la sana critica y la experiencia, en razón, además, de la adminiculación de las diversas pruebas y elementos indiciarios existentes en autos que, atendiendo a su contenido, la relación con los hechos afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, no se contraponen ni son inconsistentes, llegando a la convicción de que efectivamente se cometieron los hechos que ahora son causa de la nulidad que debe decretarse en cuanto a la elección de Gobernador, y munícipes de Tijuana, Tecate y Ensenada del Estado de Baja California.

Lo anterior es así debido a que, la valoración de pruebas, debe realizarla el juzgador conforme con las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y el recto raciocinio. De ahí que las pruebas aportadas por mi representada fueron indebidamente negadas al conocimiento del tribunal responsable, es decir, tal y como lo sostiene en su sentencia, el tribunal local advierte que en el expediente de mérito, no se exhibió prueba alguna que acredite las supuestas irregularidades hechas valer por mi representada, desconociendo de tajo que, contrariamente a lo que sostiene, las referidas pruebas, sí fueron ofrecidas en autos de la impugnación de la elección de Gobernador del Estado, bajo la premisa que, en materia electoral los tiempos para impugnar los actos de autoridad son severamente reducidos por mandato de ley, lo que impide física y fácticamente obtener 32 distintas copias autorizadas, en el mejor de los casos, 4 juegos de copias autorizadas, de todos aquellos documentos ofrecidos como prueba en alguno de los expedientes que tengan relación directa con alguno de los otros expedientes. Además que, en todo caso, las pruebas ofrecidas por mi representada tienden a justificar, como ellas mismas lo solicitan, los mismos hechos irregulares ocurridos tanto en la elección de diputados, como de munícipes de Tijuana, Tecate y Ensenada, así como de la elección de Gobernador del Estado.

Adquiere relevancia lo anterior, si tomamos en consideración que conforme con lo dispuesto por el artículo 422 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California, los distintos actos de autoridad administrativa electoral que tienen que ver con los resultados de las tres distintas elecciones en el Estado, se impugnan por separado, por lo que bajo la perspectiva de que cada medio de impugnación contenga pruebas, se llegaría al ilógico de tener que ofrecer mas de treinta o cuarenta juegos de las mismas pruebas en original lo que en obvio de inútiles repeticiones va en contra del principio de impartición pronta y expedita por los tribunales. A saber: (Transcribe).

No obstante lo anterior, para las reglas de la lógica, una cosa no puede ser y dejar de ser al mismo tiempo; es decir, los hechos conocidos por los magistrados integrantes del tribunal de justicia electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California, no pueden serles desconocidos. De ahí que, cuando la responsable sostiene que en el expediente a estudio, mi representada no aportó pruebas suficientes para justificar a) La intervención del Gobierno del Estado de Baja California, en el normal desarrollo del pasado proceso electoral para renovar diputados, ayuntamientos y gobernador; b) La existencia de una “campaña negra” o “denostativa” en perjuicio de las ideas, proyectos, programas e imagen de los candidatos, partidos y de la coalición “Alianza para que vivas mejor”; c) La existencia de una irregularidad grave durante el desarrollo de la jornada electoral, consistente en que la coalición “Alianza por Baja California” organizó deliberadamente a sus militantes y simpatizantes, representantes generales y de casilla, para que vistieran uniformemente, la misma camiseta de color azul con el logotipo de su coalición, y en otros casos con unos ojos blancos al centro de la playera, en violación a lo resuelto por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el juicio de Revisión Constitucional SUP-JRC-180/2007; así como d) La violación a los principios de equidad, seguridad jurídica, legalidad, certeza y objetividad en la contienda electoral, debido a la ilógica e inconcebible modificación de criterio realizada por los magistrados integrantes del tribunal de justicia electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California, respecto de la aplicación del artículo 42 y 18 de la Constitución Política del Estado de Baja California, en el registro de las candidaturas de la coalición que represento, conocida también como “Ley Antichapulín”.

Es así lo anterior en virtud que, como se desprende de actuaciones, finalmente la votación de las tres elecciones, de diputados, munícipes y gobernador, se recibió exactamente en la misma casilla instalada el día cinco de agosto pasado, lo que conlleva a la única lógica que, las pruebas ofrecidas por mi representada en el expediente que contiene la impugnación de la elección de gobernador del Estado, afectan de manera sustancial a las causas de nulidad hechas valer para las elecciones de munícipes de Tecate, Tijuana y Ensenada, pues inclusive, por un lado, es imposible que durante períodos tan cortos y plazos legales fatales tan reducidos, mi representada hubiera ofrecida las mismas pruebas de manera diferenciada en cada uno de los expedientes que finalmente se basan en una argumentación jurídica similar, mas aún cuando se le solicitó compulsa de dichos expedientes a la responsable, cuya omisión se traduce en una violación procesal, y por si fuera poco, se solicitó a la responsable la acumulación de expedientes cuyas pruebas documentales y técnicas, son precisamente ofrecidas en ambos expedientes a efecto de hacer valer en los mismos, la existencia de dichas pruebas. No obstante lo anterior, la responsable inclusive viola en perjuicio de mi representada el principio de exhaustividad al no haber realizado diligencia alguna que le llevara a la convicción negativa o positiva de los hechos argumentados por mi representada, sino por el contrario, lo que se advierte visible en el presente documento, es la clara voluntad de la responsable, para ir desarticulando los agravio y las pruebas ofrecidas por mi representada, hasta el ilegal punto de aseverar que ninguna de las pruebas ofrecidas por mi representada tiene valor probatorio.

Prueba adicional de ello, es la omisión de la responsable al desconocer los elementos probatorios en demás actuaciones, que deben ser considerados como HECHOS NOTORIOS, ya que su invocación como prueba, al resolver el presente recurso, debe considerarse sustentada en los criterios sostenidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que a continuación se transcriben y cuya observancia resulta obligatoria para este Tribunal:

HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO.

HECHOS NOTORIOS. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TALES, LOS EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS TANTO DEL PLENO COMO DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

Robustece lo anterior, que la propia responsable, haya administrado justicia de manera diferenciada entre los recursos y juicios hechos valer por la coalición “Alianza por Baja California” y los de mi representada, en tanto que, en el RR-108/2007 ordena diligencias para mejor proveer, y en el RR-109/2007 no, aún cuando se encuentran bajo los mismos supuestos y acumulados. Además, debió considerar que las actuaciones promovidas ante ese propio tribunal deben tenerse invocados como hechos notorios, ya que en todo caso, son hechos conocidos por el referido tribunal, viola además el principio de adquisición procesal, pues dichas probanzas obran en diverso expediente conocido por el tribunal, y además le fue requerida su compulsa en obvio de inútiles repeticiones.

Lo anterior llega al extremo de que, en vez de analizar en su conjunto y particularmente cada una de las pruebas ofrecidas por mi representado al tenor de los juegos de pruebas que obran en los diversos expedientes de actuaciones ante el propio tribunal y en específico de las elecciones de gobernador del Estado, la responsable argumenta que le fueron exhibidas dos cajas de recortes periodísticos de los que, según ella, “...al no encontrarse ninguna alusión específica que permitiera vincular dichas documentales con algún agravio citado en particular... son de desestimarse por no encontrarse relacionadas con alguna circunstancia en especial de los hechos y agravios planteados por la actora con lo que pretende se declare la nulidad de la elección...”

Tal argumento de la responsable es completamente falso e ilógico. Si existe referencia, más no la advirtió, entre las cajas de notas periodísticas que contienen distintos recortes de notas de prensa escrita, que se encuentran debidamente identificadas y redactadas en el cuerpo del escrito de demanda de la elección de Gobernador, bajo el número de expediente RR-109/2007. Por tal motivo, y para mayor claridad de su vinculación y facilidad de manejo, SIN INTRODUCIR NUEVOS ARGUMENTOS NI PRUEBAS QUE LOS YA ARGUMENTADOS Y EXHIBIDOS, RESPECTIVAMENTE, EN EL ESCRITO INICIAL, SINO TAN SOLO SISTEMATIZANDO DICHA INFORMACIÓN OBTENIDA DEL PROPIO ESCRITO DE DEMANDA DEL RECURSO DE REVISIÓN RR-109/2007, HECHO VALER POR MI REPRESENTADA PARA IMPUGNAR LA DECLARATORIA DE VALIDEZ DE LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR DE ESTADO, SE SISTEMATIZA LA INFORMACIÓN EN EL SIGUIENTE CUADRO, Y QUE COMO YA SE HA MENCIONADO ANTERIORMENTE, APLICA DE IGUAL FORMA A LAS ELECCIONES DE MUNÍCIPES DE TIJUANA, ENSENADA Y TECATE, PUES EN DICHOS ESCRITOS SE HIZO VALER LA MISMA CAUSAL Y LA MISMA PRUEBA A LA QUE SE SOLICITO COMPULSA, YA QUE FUE PRECISAMENTE EN DICHOS MUNICIPIOS DONDE OCURRIERON LOS HECHOS IDENTIFICADOS EN LAS TRANSCRIPCIONES, POR LO QUE INCIDEN DE MANERA DIRECTA EN LAS TRES ELECCIONES LOCALES RECIBIDAS EN CADA CASILLA, A SABER:

(Transcribe tabla contenida en su demanda, de la hoja 24 a la 684).

En relación a dichos argumentos transcripciones y demás probanzas, se manifiesta lo siguiente:

Adjunto al presente escrito como ANEXO 2, se exhiben los ejemplares originales de los distintos diarios y periódicos a que se hace referencia en el cuadro concentrador anterior, documentales que precisamente fueron exhibidas en recortes periodísticos en aquellas dos cajas que el Tribunal local no advierte que tuvieran referencia ni relación alguna con los agravios hechos valer por mi representada. Es decir, los ejemplares que se anexan al presente escrito como ANEXO 2, no son nuevas pruebas sino los originales de aquellos transcritos en el cuadro concentrador y presentados en copia simple al recurso de revisión, que hacen referencia, precisamente, a los distintos argumentos de mi representada, consistentes en la intervención del gobierno de Estado en el normal desarrollo del proceso electoral, el incumplimiento de la coalición “Alianza por Baja California” a la sentencia SUP-JRC-180/2007, el impacto y gravedad ocasionado por la sentencia del tribunal local RI-023/2007 que revocó el registro de la candidatura de Gobernador del Estado del Ingeniero Jorge Hank Rhon, conocida como la “Ley Antichapulín”, así como la campaña negra generada en contra de los candidatos de la coalición “Alianza para que vivas mejor” en PRI, sus simpatizantes y militantes.

Asimismo, como ANEXO 3 al presente escrito, se adjunta una carpeta de plástico color negro, con los ejemplares originales de las notas periodísticas señaladas en segundo cuadro concentrador, que al igual que el primero de ellos, contiene la sistematización de los argumentos transcritos de cada una de ellas que como prueba se ofrecen sobre los hechos irregulares que fueron objeto de análisis en el expediente RR-109/2007 ante el tribunal local.

Tales periódicos (ANEXOS 2 Y 3) son:

38 ejemplares del periódico FRONTERA

23 ejemplares del periódico SOL DE TIJUANA

82 ejemplares del periódico EL MEXICANO

12 ejemplares del periódico LA CRÓNICA

6 ejemplares del periódico en síntesis de LA VOZ DE LA FRONTERA

No valorados por la autoridad responsable, en los términos de los argumentos que en líneas anteriores se han desarrollado como motivo de agravio.

SEGUNDO AGRAVIO.- FALTA Y EN SU CASO, INDEBIDA VALORACIÓN DE PRUEBAS OFRECIDAS POR EL SUSCRITO RESPECTO A LA VIOLACIÓN A LAS REGLAS DE NEUTRALIDAD GUBERNAMENTAL IMPUESTAS POR EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA, manteniendo condiciones de inequidad e ilegalidad en la contienda que evitaron que la elección fuera auténticamente democrática y privilegiada con la actuación respetuosa de la Ley.

En este apartado se hace evidente que la autoridad responsable en el cuerpo de la sentencia que se impugna, lo denomina como “OCTAVO. AGRAVIO III. DIFUSIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL DURANTE EL PERIODO DE PROHIBICIÓN LEGAL”, mismo que para su análisis encuadra en tres apartados:

a) Difusión de obra pública y asistencia social por parte del Gobernador del Estado; fuera de los plazos acordados por el Consejo Estatal Electoral de Baja California, violando el acuerdo de neutralidad;

b) Uso de recursos públicos provenientes de los programas oficiales del estado, aplicados de manera directa a las campañas de los candidatos del PAN-PANAL-GOBIERNO;

c) Violación a los acuerdos y reglas de neutralidad gubernamental emitidos por el Consejo Estatal Electoral, basada en violación sistemática de la Ley que provocó condiciones de inequidad, ilegalidad, parcialidad y dependencia en la contienda; y

Causa agravio al partido político que represento la resolución emitida por el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California ya que en la misma la autoridad responsables dejó de aplicar los principios fundamentales de apego a la legalidad, con relación a la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California y de la Constitución Local, ignorando parte de los argumentos por mi vertidos y de la declaración de los hechos denunciados por parte del Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California tanto en el ACUERDO RELATIVO A LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, DE ELEGIBILIDAD DEL CANDIDATO ELECTO Y ENTREGA DE CONSTANCIA DE MAYORÍA EN LA ELECCIÓN ESTATAL DEL 05 DE AGOSTO DE 2007 de fecha quince de agosto de dos mil siete, como en los informes circunstanciados rendidos con motivo de los medios de impugnación radicados en los expedientes acumulados RR-108/2007 y RR-109/2007, aduciendo que son infundados, aplicando en forma incorrecta disposiciones diversas del ordenamiento legal en comento.

En efecto, la resolución combatida se aparta del principio de Legalidad, ya que durante el desarrollo del pasado proceso electoral para la renovación del Poder Ejecutivo en el Estado de Baja California, se violentaron los principios rectores del derecho electoral, tomando en consideración que en dichos comicios se suscitaron irregularidades graves y no reparables que ponen en duda la certeza de la votación y que son determinantes para el resultado de la votación puesto que la totalidad de las violaciones expuestas en el recurso de revisión inicial por la coalición que represento y que no fueron consideradas por la autoridad responsable constituyen irregularidades, máxime que como se desprende de autos quedaron acreditadas las circunstancias de tiempo, modo o lugar que permiten concluir, que dicha elección debió de declararse nula, pues el motivo que la responsable toma en consideración para no hacerlo, los siguientes argumentos:

PRIMERO.- Que el Pacto de Neutralidad emitido por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral y del artículo 308 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California, son normas que de ninguna manera prohíben a los distintos ámbitos de gobierno o a sus titulares, a suspender las actividades institucionales porque ello sería contrario al principio de la buena marcha de la administración pública, generando responsabilidades administrativas por la omisión de deberes constitucionales y legales. Sino que, lo prohibido es llevar a cabo de mutuo propio la difusión de las actividades institucionales que se desarrollen, más no la realización en si de las mismas. Es decir, que tal difusión haya sido organizada, planeada u ordenada por la autoridad pública con el fin de dar a conocer los logros de gobierno.

SEGUNDO.- Que no pasa desapercibido por el Tribunal, que pudieran existir actos por parte de las autoridades estatales y municipales del Gobierno de Baja California, que en un momento dado, pueden llegar a ser contrarios a lo dispuesto en el acuerdo de neutralidad y del propio artículo 308 de la Ley Electoral, sin embargo tales actos deben ser acreditados plenamente así como su factor de determinancia en el proceso electoral.

TERCERO- Que dentro de las atribuciones del Tribunal de Justicia Electoral, no está la de pronunciarse al respecto del incumplimiento de dicho acuerdo, o en su caso, mucho menos compete a ese Tribunal la imposición de sanciones a las autoridades que lo hayan infringido, si no que la actuación de ese órgano colegiado se circunscribe estrictamente a cuestiones relacionadas con el resultado final de la elecciones y determinar si en el caso concreto las irregularidades planteadas producen o no la nulidad de la elección;

CUARTO.- Que para la actualización de la causal de nulidad invocada por el actor en su demanda, resulta indispensable que el propio actor demuestre que con los elementos probatorios idóneos, que las irregularidades alegadas, tuvieron un impacto en el resultado final de la elección cuya nulidad se solicita, es decir, resulta indispensable que el promovente demuestre en forma clara e indubitable, que los hechos irregulares fueron determinantes para que el resultado de la elección fuera en determinado sentido.

QUINTO.- Que de los acaecimientos aislados apreciados en las notas periodísticas y de las fotografías ofrecidas, no le es posible concluir, objetivamente, la violación al acuerdo de neutralidad emitido por el Consejo Estatal Electoral y al artículo 308 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California.

Contrario a lo expuesto por el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California, durante la sustanciación del proceso electoral, el Gobierno del Estado y su “Alianza por Baja California”, PAN, PANAL, GOBIERNO, se abstuvieron de respetar las disposiciones de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California y los acuerdos emitidos por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California, violentando fragantemente el marco jurídico de manera constante y sistemática; en una actitud maquiavélica el gobierno y su coalición promovieron el desacato a través de actos que susceptiblemente de transcendieron al conocimiento de la comunidad bajacaliforniana, violentando los principios constitucionales y legales de la materia electoral afectando de modo relevante los derechos de los partidos políticos, coaliciones y candidatos participantes, tal y como se acreditó plenamente en el escrito de demanda inicial.

El Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial de la Federación se aparta de los principios que regulan su actuación al excusar al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, al establecer que no le es imputable la difusión de las actividades institucionales hechas durante el plazo prohibido por Ley, “por ser pruebas que únicamente contienen una cobertura noticiosa de las actividades diversas en las que participaban algunos funcionarios como lo es el propio gobernador del Estado, así como otro servidores públicos”, agregando que “las notas periodísticas describen las actividades que las personas mencionadas realizan en ejercicio de la función pública, sin que en forma alguna se busque exaltar los beneficios o resultados de tal actividad, pero además no se advierten inserciones pagadas o la reiteración de un acto de gobierno concreto que de lugar a considerar que se está ante la presencia de una campaña de promoción”. Que son “notas periodísticas de las cuales se advierte que tienen por objeto informar a la población la actividad de un gobernante a manera de noticia, por parte de los medios de comunicación escrito; sin que denote que se hubiere exaltado las cualidades del funcionario o magnificar la calidad de la actividad materia de la nota”. Cuando debió considerar que los actos ilícitos se cometen tanto por acción como por omisión; es decir, si la ley dispone que los gobiernos estatales y municipales no deben difundir las actividades institucionales, dichas autoridades tienen el imperativo legal de prever lo necesario para su NO difusión, por lo que si se ve que se están difundiendo las actividades propias de su gobierno, y lo consiente la ilicitud es de manera culposa. En efecto, si la autoridad gubernamental aún cuando haya pedido la suspensión de sus actividades institucionales, esta es una medida preventiva, pero si a pesar de ello la siguen difundiendo, como responsabilidad objetiva debió insistir para cumplir con su responsabilidad tomando las acciones necesarias para que en realidad cesara la difusión de las actividades institucionales y no se violentara el principio de equidad y la trasgresión de la Ley, como en la especie ocurrió.

Incluso esta autoridad electoral debe considerar que el acuerdo de neutralidad buscaba que el Gobernador del Estado, Presidentes Municipales, Delegados Federales de las diversas dependencias y, en su caso todos los Servidores Públicos Federales, Estatales y Municipales durante el Proceso Electoral Estatal 2007 se sujetaran a las normas que limitan ya sea desde la perspectiva electoral en materia de uso de recursos públicos, o desde la esfera penal, su actuación durante las campañas electorales en el estado; tomando en cuenta que en el desempeño de su cargo, todos los servidores públicos, y especialmente los de mayor jerarquía administrativa, tienen el deber de guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, así como de mirar en todo momento por el bien y la prosperidad de su ámbito de autoridad. Asimismo, están obligados por mandato constitucional a evitar en el ejercicio de sus funciones perjuicio a los intereses públicos fundamentales.

Asimismo, el Consejo Estatal Electoral del Estado en un ejercicio de reflexión, que la historia reciente deriva el criterio constante de considerar como premisa de neutralidad el hecho de suspender la promoción de la obra o de los programas gubernamentales con cierto tiempo de anticipación a la jornada electoral. Por tales motivos consideró pertinente determinar suspender durante 30 anteriores a la jornada electoral y en el transcurso de la misma, la publicidad de gobierno o de promoción personal.

En ese tenor, las reglas de neutralidad que el Instituto Estatal Electoral estableció para que fuesen atendidas por el Gobernador del Estado, Presidentes Municipales, Delegados Federales de las diversas dependencias y, en su caso todos los Servidores Públicos Federales, Estatales y Municipales durante el Proceso Electoral Estatal 2007 consistieron en abstenerse de:

I. Efectuar aportaciones provenientes del erario público a partidos políticos, coaliciones o candidatos o brindarles cualquier clase de apoyo gubernamental distinto a los permitidos por los artículos 65 y 66 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales.

II Asistir en días hábiles a cualquier evento o acto público, gira, mitin, acto partidista, de coalición o de campaña, de los aspirantes y candidatos a cargos de elección popular en el presente proceso electoral.

III. Condicionar obra o recursos de programas gubernamentales a cambio de la promesa del voto a favor o para apoyar la promoción de determinado partido político, coalición o candidato.

IV Realizar dentro de los treinta días naturales anteriores a la jornada electoral y durante la misma, cualquier tipo de campaña publicitaria de programas de obra pública o de desarrollo social. Se exceptúa de dicha suspensión la comunicación de medidas urgentes de Estado o de acciones relacionadas con protección civil, programas de salud por emergencias, servicios y atención a la comunidad por causas graves.

V. Efectuar dentro de los treinta días naturales previos a la jornada electoral y durante la misma, campañas de promoción de la imagen personal del servidor público, a través de inserciones en prensa, radio, televisión o Internet, así como bardas, mantas, volantes, anuncios espectaculares u otros similares.

VI. Realizar cualquier acto o campaña que tenga como objetivo la promoción del voto.

VII. Emitir a través de cualquier discurso o medio, publicidad o expresiones de promoción o propaganda a favor de un partido político, coalición o de sus aspirantes y candidatos a cargos de elección popular en el proceso electoral estatal 2007, incluyendo la utilización de símbolos y mensajes distintivos que vinculen a un partido político, coalición o candidato.

Como puede observarse, las apreciaciones de Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado son desacertadas, toda vez que es obvio que la intención de Gobernador del Estado de Baja California, fue precisamente difundir por medio de la cobertura noticiosa, las actividades institucionales en contravención a la Ley Electoral, ya que por Ley debió impedir por los medios necesarios la difusión de las actividades institucionales. Efectivamente, el artículo 308 en su párrafo tercero dispone: “las autoridades estatales y municipales deberán suspender dentro de los treinta días anteriores al día de la elección, la difusión de sus actividades institucionales, excepto en los casos de programas de asistencia social y de ayuda a la comunidad, derivados de emergencias o programas de protección civil, por eventualidad o presencia de condiciones de riesgo a la población”; prevención legal que se violento de manera fragante y sistemática, toda ves que además de lo anterior es evidente que si bien es cierto los medios de comunicación en ejercicio de su actividad natural difunden lo que hace un determinado funcionario público, también lo es que las coberturas noticiosas fueron más allá que esta simple afirmación, toda vez que en las coberturas de los medios de comunicación realizada en los plazos prohibitivos se aprecia conocimiento de éstos agentes de modo, tiempo y lugar del hecho noticioso, así como del manejo de costos de obras, anuncios de obras y supervisiones de éstas, número de beneficias, intensidad de trabajos etc., que sólo pueden obtenerse de quien las produce por lo que se demuestra que la cobertura noticiosa en realidad fue difusión gubernamental.

Efectivamente, los datos concretos de las actividades institucionales solo se obtuvieron directamente de las instancias de gobierno, siendo valido concluir que dicha institución gubernamental provocó la emisión de las coberturas noticiosas y proporcionó la información publicada a través de boletines informativos o por mención expresa

Dicha acción de reto a la ley y a la autoridad electoral irrumpió los principios de de legalidad, equidad y constitucionalidad y de a libertad plena del sufragio emitido el pasado cinco de agosto de dos mil siete; toda vez que como consta en autos, el PAN PANAL GOBIERNO, no dejo de violentar las garantías que deben revestir en un proceso democrático, actualizando la hipótesis de nulidad por violaciones al principio rector de equidad y ausencia de neutralidad gubernamental.

Como lo podrá constatar este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la máxima autoridad administrativa electoral en el Estado hace declaraciones sobre la trasgresión del tercer párrafo del artículo 308 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales y del acuerdo de neutralidad emitido, a pesar de que promovió que el sistema protege los principios de la democracia electoral y de las elecciones libres y justas; que la integridad de la elección requería de la voluntad de los actores políticos en sujetarse al sistema de gobierno democrático y el imperio de la ley; de encauzar la participación y las inconformidades por las vías legales, tratando con ello disuadir los intentos para socavar el sistema e identificar y castigar a quien infringía la ley, para preservar la integridad electoral, esto fue insuficiente, para ser observado por la coalición PAN PANAL GOBIERNO, toda vez que en pleno reto a la ley y al Instituto Estatal Electoral del Estado de Baja California, desacató del marco legal y el marco institucional así como de sus valores institucionales.

Fundo el origen del perjuicio ocasionado con tales considerandos de la resolución a mi representada, en la violación franca a lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contiene el principio de legalidad de los actos que se puede traducir como la obligación para todas las autoridades de fundar y motivar debidamente todas sus actuaciones que puedan crear una molestia a los gobernados, es así entonces que, en el análisis que pueda hacer esta H. Sala Superior del considerando que ahora se impugna, podrá darse cuenta, que en toda la referencia que hace el Tribunal únicamente se limita a desestimar a raja tabla las probanzas ofrecidas en el escrito inicial de demanda.

Por otra parte, es causa de agravio, el hecho de que el Tribunal de Justicia Electoral, considere que es necesario para actualizar la causa de nulidad abstracta, el elemento de determinancia, puesto que ello atenta completamente en contra de la interpretación que debe hacerse del principio de supremacía constitucional, en el que por disposición de la propia Carta Magna, se establece que no puede existir ordenamiento alguno que vaya en contra de lo que en ésta se dispone así como la obligación impuesta a los estados de respetar y ajustar, tanto sus leyes como su actuar a los principios constitucionales que ésta dicta, y en consecuencia, al existir en el Estaco de Baja California, un orden jurídico en forma semejante a las disposiciones federales, a saber, una Constitución Local para el Estado, leyes secundarias, reglamentos y acuerdos, todos del orden local, entonces si la Constitución del Estado contiene una disposición en la que establezca como prohibición expresa que el Gobernador no puede intervenir en las elecciones; por sí o a través de otras autoridades, disposición que además se complementa cuando establece como sanción para el caso de que la conducta descrita se diera además de las responsabilidades que en forma personal le pueden ser aplicables, la nulidad de la elección de que se trate, no puede pensarse, considerarse y mucho menos resolverse por parte de ningún otro órgano jurisdiccional que se aprecie de cumplir con el principio de legalidad, que no se actualiza un supuesto de tal magnitud toda vez que limita la aplicación de dicha disposición, una condicionante que no contiene la norma que no dispone la jurisprudencia y que además no puede superar la disposición constitucional.

En virtud de lo anterior, y tomando además en cuenta el contenido de la Tesis Relevante dictada por esta H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es que me permito afirmar que, contrario a lo que señala la resolución del Tribunal Electoral local, la causa de nulidad abstracta no requiere para su actualización de que se encuentre demostrado en forma numérica si la conducta irregular afectó o no al número suficiente de electores como para que el resultado de la contienda sea distinto, sino que es en virtud de que las violaciones que dan origen a la causa de nulidad abstracta son de tal gravedad por tratarse disposiciones de carácter constitucional, y por lo tanto, no es posible declarar en una resolución que la violación a una norma constitucional sí existe pero que resulta insuficiente como para actualizar la sanción a dicha violación, puesto que se desconoce en qué magnitud ello repercutió sobre un hecho concreto.

Agrego al presente las tesis relevantes en que sustento mi criterio y que rezan al tenor de los siguientes rubros: “NULIDAD DE ELECCIÓN. CAUSA ABSTRACTA (Legislación del Estado de Tabasco), PRINCIPIO DE LEGALIDAD CONSTITUCIONAL ELECTORAL ESTÁ VIGENTE PARA TODOS LOS ESTADOS DESDE EL 23 DE AGOSTO DE 1996.

“NULIDAD DE ELECCIÓN. CAUSA ABSTRACTA (Legislación de Tabasco y similares)”. (Se transcribe).

“PRINCIPIO DE LEGALIDAD CONSTITUCIONAL ELECTORAL. ESTÁ VIGENTE PARA TODOS LOS ESTADOS, DESDE EL 23 DE AGOSTO DE 1996”. (Se transcribe).

Es así entonces, que una aplicación de la norma de estricto derecho, la resolución dictada por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, viola flagrantemente las disposiciones constitucionales ya mencionadas en perjuicio de la Coalición que represento y de toda la sociedad del estado de Baja California, pues ante la interpretación errónea que realiza de los artículos que dan sustento a las pretensiones puestas a su consideración, anula la posibilidad de conseguir la aplicación de la justicia y de alcanzar el cumplimiento al principio rector de los procesos electorales como es el de certeza.

Por ello solicitamos a este H. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la revocación de la resolución dictada por el órgano jurisdiccional local en la materia, a fin de que en estricto apego a la legalidad, declare la nulidad de la elección.

A fin de reafirmar los argumentos vertidos anteriormente, se citan a continuación diversas tesis relevantes y de jurisprudencia dictadas por esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. EXHAUSTIVIDAD PRINCIPIO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN.

“PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN”. (Se transcribe).

Tan es así que se encuentra acreditada la actuación indebida del Poder Ejecutivo Estatal en franca transgresión al artículo 308 y del acuerdo de neutralidad emitido, que inclusive el máximo órgano normativo electoral del Estado, declara la intromisión ilegal tal y como se aprecia en el considerando VI del Acuerdo RELATIVO A LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, DE ELEGIBILIDAD DEL CANDIDATO ELECTO Y ENTREGA DE CONSTANCIA DE MAYORÍA EN LA ELECCIÓN ESTATAL DEL 05 DE AGOSTO DE 2007, de fecha quince de agosto de dos mil siete; por ello se afirma que la autoridad responsable debió aplicar los conceptos vertidos con anterioridad (análisis respecto a la procedencia de la causa de nulidad abstracta), relacionándolos con los hechos y agravios expresados, así como con los medios de convicción que se allegaron a esa autoridad jurisdiccional y así encontrar que existen probados en actuaciones, determinados hechos que evidencian que no fueron observados todos los principios que deben existir en la celebración de elecciones democráticas y que pueden incidír: en que el sufragio no se ejerció con las características que la Constitución establece.

Ante ello me permito manifestar que a juicio del suscrito, la resolución en la parte impugnada, no se encuentra debidamente motivada, puesto que la motivación comprende, un análisis concienzudo de los agravios vertidos por la parte actora, las consideraciones vertidas por el partido tercero interesado, por el informe que rindió circunstanciadamente el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California al momento de remitir los recursos interpuestos y que dieron origen a la sentencia que se impugna, así como lo contemplado por la legislación correspondiente y las disposiciones constitucionales, que permita al juzgador estar en condiciones de concluir en forma afirmativa o negativa si son dables las pretensiones al impugnante.

Es así que entonces, al no verse cumplidos tales elementos por parte del órgano jurisdiccional, o por lo menos al no alcanzar a verlos plasmados en el documento que se impugna, se origina un perjuicio a mi la coalición que represento.

Dentro del recurso inicial de Revisión presentado junto con las probanzas ofrecidas, y con el informe circunstanciado que rindió el Consejo Estatal Electoral que se encuentran en autos de los expedientes RR-108/2007 y RR-109/2007, se acredita lo siguiente:

En lo relativo a la difusión de logros de gobierno durante los treinta días previos a la jornada electoral, quedó acreditado que efectivamente después del seis de julio del año en curso, fecha en la que inició la prohibición de la difusión de logros de gobierno, conforme lo establece el artículo 308 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California, se publicaron notas periodísticas, entrevistas y reportajes dando a conocer acciones de gobierno en el nivel estatal.

El agravio sobre la violación que del artículo 308 de la Ley Electoral Local llevaron a cabo el Gobernador y diversos funcionarios de su Gobierno, ....treinta días previos a la jornada electoral quedó comprobada con las probanzas que se encuentran en autos de la sentencia que se impugna donde se aprecia lo denunciado, demostrándose que no se trató de un hecho aislado, sino por el contrario de una acción sistematizada, pues estos actos se dieron ... (incluso) dentro del periodo de reflexión que legalmente se otorga para que el elector pueda decidir su preferencia electoral, podemos concluir que se indujo el voto a favor del partido en el gobierno y se dejó en desventaja a los otros partidos políticos. Lo anterior constituye sin lugar a dudas una violación sustancial, determinante para la votación en el proceso electoral de la elección de Gobernador del Estado.

Efectivamente, tal y como se podrá observar el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California intentó hacer efectivo el cumplimiento de la ley, exhortando en diversas ocasiones al Poder Ejecutivo para que se abstuviera de inmediato de intervenir en el proceso electoral, y que su actuación se sujetara a la Ley y demás Acuerdos establecidos en el marco del respeto, la concordia, la prudencia, independencia y la autonomía, tomando en cuenta que en el desempeño de su cargo, todos los servidores públicos, y especialmente los de mayor jerarquía administrativa, puesto que tiene el deber de ser ejemplo, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, así como de mirar en todo momento por el bien y la prosperidad en su ámbito de autoridad, apercibiendo que en caso de incumplimiento, se le aplicaran las medidas de apremio estipuladas en la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California, tal y como se estableció en su acuerdo de fecha veintitrés de julio de dos mil siete, mediante el cual, se rechazaba la injerencia del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California, el C. Eugenio Elourduy Walter, en el proceso electoral local 2007; e informar a la población que el Instituto Estatal Electoral de Baja California, es el único responsable de la conducción del proceso y la jornada electoral del 05 de agosto de 2007. Mismo documento que se ofreció como prueba publica en copia certificada, y que la autoridad responsable omitió valorar justamente.

Efectivamente, el Consejo Estatal Electoral desde el inicio de proceso electoral, tuvo conocimiento pleno de la actuación intrépida y aberrante del Partido en el Poder, comandado por el C. Gobernador del Estado de Baja California, y que dichas acciones deliberadas pusieron en riesgo los requisitos formales y los principios constitucionales y legales para que el presente proceso electoral fuese considerado producto del ejercicio popular de la soberanía, determinados por la Constitución Federal, la Constitución del Estado de Baja California, La ley de Instituciones y Procesos Electorales y los acuerdos dictados por la misma autoridad; en ese tenor se violentaron por parte del C. Gobernador del Estado y de la coalición Alianza por Baja California los artículos 39, 41, 99 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el 5o de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.

Se señala contundentemente que la responsable en la sentencia que se combate, pasó por alto que los elementos fundamentales, y que son imperativos de orden público, de obediencia inexcusable y por lo tanto irrenunciables, de cumplimiento imprescindible para que una elección se considere, producto del ejercicio popular de la soberanía, se violentaron; por lo que las elecciones indiscutiblemente no pueden ser consideradas por esta autoridad jurisdiccional como libres, auténticas y periódicas; y que la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad fueron los principios rectores de las elecciones.

En efecto, el PAN, PANAL GOBIERNO, faltaron con su responsabilidad de cumplir el marco constitucional y legal provocando condiciones de INEQUIDAD e ILEGALIDAD en la contienda que evitaron que la elección fuera AUTÉNTICAMENTE DEMOCRÁTICA y privilegiada con la debida neutralidad gubernamental. Misma circunstancia que se agrava por la omisión de la ahora responsable al resolver con apego al principio de legalidad la sentencia que ahora se combate.

Esta autoridad de alzada debe tomar en cuenta, que tal y como se encuentra acreditado en autos que la responsabilidad del órgano electoral administrativo para hacer cumplir la legislación, mediante sus acuerdos y resoluciones emitidas no cesó durante todo el proceso electoral, y ante la presencia de los problemas suscitados y generados desde el Palacio de Gobierno del Estado, si bien se pronunció al respecto este no hizo valer en estricto sentido la Ley Electoral faltando a su obligación de emplear todas las medidas sancionatorias para evitar a toda costa la consecución de los actos ilícitos que ella misma detectó, faltando a la esencia que debe revestir a todo órgano electoral.

En efecto, de acuerdo con las fracciones XXXVII, XXXXVIII y XXXIX del artículo 122 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California el Consejo Estatal Electoral esta obligado a procurar que las actividades de los partidos políticos se desarrollen con apego a la ley y cumplan con las obligaciones a los, que están sujetos, procurar que en lo relativo a las prerrogativas de los partidos políticos se actué conforme a la ley y el vigilar que las autoridades de la administración pública centralizada y descentralizada, estatales y municipales para que no realizaran propaganda oficial de acciones de gobierno de conformidad por lo señalado en el artículo 308 de la Ley Electoral, hasta treinta días antes de la realización de la jornada electoral, y en su caso turnarla al superior jerárquico, a aquellas autoridades que no acaten dicha disposición, no fue ejercido por el Consejo Estatal Electoral, toda vez que se limitó a señalar y rechazar la injerencia del Gobierno del Estado en el proceso electoral y conminó al Partido Acción Nacional para que observara el cumplimiento irrestricto de la ley, sin que en la realidad castigara a éstos por los actos ilícitos que incurrieron. Hechos que la autoridad jurisdiccional del Estado, no tomó en cuenta en la resolución de los expedientes que se recurren por medio del presente escrito.

Es decir, la instancia electoral no ejerció sus facultades para hacer cumplir lo estipulado en la Ley, puesto al no sancionar su incumplimiento, consintió al PAN PANAL GOBIERNO, como si estuviera impedido para hacer cumplir la ley y que sólo mediante exhortos y acuerdos velara por su real cumplimiento. Por lo que es vital que esta autoridad jurisdiccional mediante su resolución indique que la manipulación de las disposiciones legales, no le será tolerado y que aquellos que actuaron al margen de la Ley serán castigados, estando al tanto de no solo de los argumentos vertidos mediante este escrito sino de los hechos conocidos por la opinión publica y de las circunstancias políticas que ilícitamente quebrantaron la integridad de la elección.

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Baja California, la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California y los acuerdos dictados por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral del Estado de Baja California, no fueron observados ni remotamente por la coalición Alianza por Baja California y por el Gobernador del Estado.

Con lo que respecta al ACUERDO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA, POR EL CUAL SE EMITEN LAS REGLAS DE NEUTRALIDAD PARA QUE SEAN ATENDIDAS, POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO, PRESIDENTES MUNICIPALES, DELEGADOS FEDERALES DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS Y, EN SU CASO TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES DURANTE EL PROCESO ELECTORAL ESTATAL 2007, aprobado en sesión de fecha veintisiete de junio de dos mil siete), se dice lo siguiente:

En primer término debe considerarse que es procedente por parte de esta autoridad hacer el estudio del caso planteado, partiendo de los principios constitucionales sobre los cuales se deben desarrollar las elecciones siendo aplicables de la Constitución Federal los artículos 39, 41, 99 y 116 y el 5º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, y que su cumplimiento es imprescindible para que una elección se considere producto del ejercicio popular de la soberanía, mismos que en el caso que nos ocupa, no se cumplieron.

Dichas premisas disponen sustancialmente que la soberanía nacional reside originalmente en el pueblo; que es voluntad del pueblo mexicano ser una República representativa democrática y federal; que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión; que la renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo serán mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, y que para tal efecto, los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, haciendo posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo que la ley garantizará que los partidos cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades, y que haya un limite a las erogaciones que hagan en sus campañas electorales, así como que las elecciones deben ser organizadas por el Estado a través de un organismo público y autónomo, que debe ser profesional en su desempeño y regir su actividad por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, y objetividad. Con lo que se concluye que:

a) Que el acuerdo de neutralidad cuando buscaba entre otras cosas frenar la campaña emprendida por el Partido en el poder, por parte del C. Gobernador Constitucional del Estado de Baja California, a favor de los candidatos de la Coalición "Alianza por Baja California".

b) Que a través de diversos medios de comunicación, prueba que se ofreció en el capítulo respectivo del presente escrito, y que la autoridad ahora responsable omitió valorar, el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California, impulsado ante la fragante y descarada violación a su acuerdo por parte del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, reiteró a mandatarios y servidores públicos a cumplir con el acuerdo de neutralidad.

c) Que en apego al acuerdo de neutralidad y párrafo tercero de artículo 308 y 20 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales, los treinta días previos a la jornada electoral empezaron a correr a partir del cinco de julio de dos mil siete.

d) Que es el caso que el Gobierno del Estado, ha infringido el acuerdo de neutralidad aprobado por el Consejo Estatal Electoral al realizar campañas publicitarias de programas de obra pública y de desarrollo social, por las siguientes razones:

PRIMERO: Que a partir de la vigencia del pacto de neutralidad referido con antelación, el gobierno estatal través del C. Eugenio Elourduy Walter, Gobernador Constitucional del Estado de Baja California, sus secretarías y dependencias, han violentado el principio de equidad al no observar las disposiciones establecidas en el multicitado acuerdo, ya que a sabiendas que el cinco de julio de mayo del presente año se impidió difundir campañas publicitarias de programas de obra pública o de desarrollo social, así como la imagen del servidor público, ha infringido innumerablemente el pacto de neutralidad, como se prueba fehacientemente con los ejemplares de la prensa escrita de circulación estatal, y de los medios electrónicos que se ofrecieron en el escrito inicial de demanda que logran demostrar la actitud irreverente del Gobierno Estatal, que aprovechado la complacencia del Consejo del Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral del Estado de Baja California quebrantó a modo y a todas luces los principios que rigen la materia electoral.

SEGUNDO. Es una mofada la actuación del Gobierno del Estado de Baja California, ya que a sabiendas que se encontraba limitado por dicho acuerdo y por la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California, por un plazo, actuaron dolosamente para promover la imagen personal y de los programas de desarrollo público y de gestión social a favor de sus candidatos de la Coalición Alianza por Baja California, actuando premeditadamente a sabiendas de los efectos e impactos que trae consigo, el quebranto de dicho acuerdo.

TERCERO. No es posible, que la autoridad señalada como responsable, haya pasado por alto la notoria y pública violación premeditada a las normas electorales y del acuerdo de neutralidad, por parte del Gobierno del Estado.

De los hechos narrados con anterioridad, en relación con el acuerdo de pacto de neutralidad y con los artículos invocados de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California y del Código Penal Estatal vigente, se desprende que se violentan dichas disposiciones legales, por las siguientes consideraciones:

    PRIMERA.- Violentó el acuerdo de neutralidad al publicar dentro de los plazos prohibidos, los logros alcanzados de la administración estatal.

    SEGUNDA.- Violentó el acuerdo de neutralidad al publicar los compromisos adquiridos con la sociedad, dentro de las administraciones federal y estatal.

    TERCERA.- Violentó el acuerdo de neutralidad al hacer campañas publicitarias de programas de obra pública y de desarrollo social.

    CUARTA.- Violentó el acuerdo al promoverse la imagen personal del C. Eugenio Elourduy Walter, Gobernador Constitucional del Estado de Baja California.

Como puede observarse los servidores públicos del Gobierno del Estado encabezados por el Titular del Ejecutivo, violentaron el bien jurídico tutelado que es el: EL ADECUADO COMPORTAMIENTO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, LA NEUTRALIDAD E INCONDICIONALIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO FRENTE A LOS PROCESOS ELECTORALES Y LA LIBERTAD PARA EMITIR SU VOTO. Y por consiguiente CONSTITUYE UNA FALTA DE PROBIDAD QUE EL SERVIDOR PÚBLICO UTILIZARON SU CARGO PARA OBTENER BENEFICIOS PARA UN PARTIDO POLÍTICO Y SUS CANDIDATOS. LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEBEN EJERCER SU FUNCIÓN CON HONRADEZ, LEALTAD, IMPARCIALIDAD Y EFICIENCIA Y NUNCA CONDICIONAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS QUE ESTÁN EN LA ESFERA DE SU COMPETENCIA A INTERESES ELECTORALES.

Con lo señalado en el presente agravio se constata la clara violación al estado de derecho y en especifico a la Ley Electoral, que el Tribunal de Justicia Electoral soslayo en perjuicio del principio de legalidad y exahustividad; toda vez que con dichas acciones se corrompió el espíritu y los principios rectores da la materia electoral, tomando en cuenta que el voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, y que quedan prohibidos los actos de presión o coacción a los ciudadanos, de conformidad con el articulo 8 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California.             

En virtud de ello, esta autoridad electoral jurisdiccional debe considerar que por parte del Gobierno del Estado si hay voluntad dolosa, al conocer y querer, siendo servidor público, pasar por alto el pacto de neutralidad, de manera expresa y haciendo uso de su autoridad para apoyar a los candidatos de la Coalición Alianza por Baja California., contrario a como ilegalmente lo sostuvo la responsable.

Debe tenerse en cuenta que este agravio contempla además de los señalados con anterioridad como infractor de la Ley, a los candidatos de la coalición Alianza por Baja California por permitir o en su caso provocar dichas actitudes ilícitas, tal y como se estableció mediante el Acuerdo por el que se emitieron las reglas de neutralidad, para que fuesen atendidas por el Gobernador del Estado, Presidentes Municipales, Delegados Federales de las diversas dependencias y, en su caso todos los servidores públicos federales, estatales y municipales durante el proceso electoral estatal 2007.

Dicho acuerdo disponía entre otras cosas, las bases fundamentales o esenciales del actuar del gobierno de Estado en el presente proceso electoral.

Los señalamientos vertidos actualizan la hipótesis "de nulidad por violaciones al principio rector de equidad y "ausencia de neutralidad gubernamental, pues resulta que la actuación lacerante del C. Eugenio Elourduy Walter Gobernador Constitucional del Estado de Baja California, quebrantó los principios fundamentales de toda elección, razón por la que este Tribunal de Justicia Electoral en base a sus atribuciones debe declarar la nulidad de la elección.             

Por lo anterior, la intervención del Gobernador del Estado, provocó los efectos de trascender en la orientación del voto que emitieron los electores el pasado cinco de agosto a favor de los candidatos del PAN, PANAL GOBIERNO al encontrarse inmersa dentro de la dinámica propia que se sigue en un proceso electoral, particularmente en periodos de campaña, viéndonos los demás participantes opacados por las actuaciones de los servidores públicos, por dirigentes partidistas, candidatos incluso por el propio titular del Poder Ejecutivo Estatal.

La participación activa de Gobierno del Estado, se encuentra plenamente acreditadas y que resultan determinantes para el resultado de elección; luego entonces, la intervención del Gobernador del Estado es de tal modo evidente, impidiendo a la ciudadanía expresar libremente su decisión política al vincular su decisión a optar por el candidato favorecido por la intervención de ésta.

Lo anterior genera la convicción que la actuación y el desacato del Gobernador del Estado generó tal influencia que sin lugar a dudas determinó el resultado de la elección de Gobernador del Estado, por lo que se desprende que tiene la trascendencia mencionada al existir, como se demostró, en el capítulo de pruebas del escrito inicial de demanda, evidencia de que se alteró sustancialmente la decisión del electorado por la opción política de la Coalición Alianza por Baja California.

En efecto de los medios probatorios que obran en autos, se desprende que el Gobernado (sic) del Estado, tuvo una participación ilegal en el proceso electoral para beneficiar al candidato al Gobierno del Estado postulado por la coalición PAN, PANAL, GOBIERNO al exponer las actividades institucionales de su gobierno, más allá de lo que pudiera calificarse como una actividad aislada o circunstancial, resultando determinante para el resultado la elección; pues en todo modo se encuentra acreditado lo vertido pues se generó una afectación en la decisión del electorado.

En ese sentido, la existencia da las pruebas que se aportaron deben estimarse como elementos suficientes para establecer que la intervención del Titular del Poder Ejecutivo del Estado en la elección en cuestión, resulto determinante a favor del candidato a Gobernador del Estado de la Coalición Alianza por Baja California, en completo desacato a los acuerdos emitidos por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California.

Este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ahora tiene un importante y vital papel en el mantenimiento de la integridad. Toda vez que su participación asegurará que las leyes serán cumplidas sobre la base de los estándares establecidos en términos de imparcialidad, por encima de un eventual sesgo político, y que aquellos que se señalan serán encontrados culpables y sean castigados; brindando un entorno apolítico que escuche las violaciones que han sido señaladas, interpretando la ley y determinando la inconstitucionalidad de la elección.

Esta autoridad debe juzgar que dentro del proceso electoral, se violentaron los principios fundamentales de toda elección, toda vez que para contar con elecciones libres y justas entendiendo que el atributo de libres es definido como "el derecho y la oportunidad de elegir una cosa sobre otra" y el de justas como el de "imparcialidad", tuvo que haber respeto a la las disposiciones legales y el acatamiento de los acuerdos y resoluciones emitidos por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California.

Ahora bien, la actitud del Consejo Estatal Electoral al ser condescendiente con el Gobierno del Estado y de su coalición y candidatos, afectó de modo relevante el resultado de la elección, puesto que al emitir sus acuerdos fue incapaz de frenar la violación de las disposiciones legales por parte de los actores señalados, cuando lo que en realidad se necesitaba era establecer un vínculo coercitivo par asegurar el estricto cumplimiento de la Ley, que de hecho en los artículos ya señalados con anterioridad determinan implícitamente la facultad del órgano electoral administrativo de omitir acuerdos a este respecto y en su caso sancionar a las instituciones y sujetos obligados, al detectar el despliegue de las conductas sancionables en términos de la Legislación Electoral del Estado, como aconteció en el desarrollo del proceso electoral, sin realizar sus facultades inherentes y de cumplimento inexcusable pues en la especie no emitió actos por los que realmente velara por la debida aplicación del marco jurídico electoral tendientes a exigir el cumplimiento de la Ley.

De lo anterior se colige pues, se hace hincapié que al ser corta la responsabilidad del órgano electoral para inhibir el incumplimiento de la Ley, de sus acuerdos y resoluciones tomadas en pleno del Consejo Estatal Electoral, no tuvo la operatividad de que de conformidad con el texto constitucional debió revestir, pues en realidad no vigiló la exacta aplicación de la Ley electoral, y mucho menos sancionó a quien en contravención de esta realizó actos prohibidos y que afectaron el desarrollo normal del proceso electoral y la incertidumbre de sus resultados.

Sentado lo anterior, se concluye que a interpretación gramatical y sistemática permite establecer que corresponde al pleno del Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal de Baja California, en el libre ejercicio de la función estatal de renovación de los poderes en la entidad, atender de forma exacta y cuidadosa el cumplimiento de la Constitución y de la normatividad electoral aplicable, lo que implica necesariamente la posibilidad de establecer pautas normativas obligatorias y generales, a manera de garantizar que la legislación electoral fuese cumplida, cuestión que no se vio materializada al consentir los actos contradictorios de los que me duelo.

Lo anterior es así, toda vez que la autoridad responsable sólo intento cuidar los objetivos asignados en la Constitución Local de autenticidad, certeza y efectividad del cumplimiento de la Ley, sin convertirla en una realidad aplicada, sino en una serie de supuestos abstractos no actualizados al no castigar a quien infringió la Ley.

Por otra parte, el cumplimiento cabal de las disposiciones electorales no se encuentra supeditado a la voluntad de los actores políticos, de los gobiernos federal y estatal y municipal, toda vez que éste es un imperativo constitucional y de observancia inexcusable. Por lo que ante su incumpliendo este debe ser sancionado, declarando la nulidad de la elección de Gobernador del Estado, toda vez que se violentaron los principios fundamentales que debe reunir toda elección a efecto de considerarla como válida en pleno ejercicio democrático.

La conducta llevada acabo por el PAN, PANAL, GOBIERNO encabezado por el Gobernador del Estado, violenta el marco Constitucional y legal vigente, puesto que su actuación se basó en la falta de cumplimiento de la Ley, careciendo de razón que la Ley exija su cumplimiento y esta sea incumplida de manera constante y sistemática por el señor Gobernador del Estado en beneficio de sus candidatos.

Luego entonces, resulta indebido que quienes infringen la Ley, ante la omisión de su cumplimiento, se vean recompensados con la declaración de validez de la elección. El cumplimiento de la Ley, no queda al arbitrio de quien debe hacerlo puesto que a falta de su cumplimiento existe quien la haga cumplir y si este actúa omisamente, no tiene porque repercutir en contra de terceros (en este caso a la coalición que represento y a la ciudadanía bajacaliforniana), sino que debe circunscribirse entre el obligado a ello y no traslaparse en contra de la voluntad libre y autentica de la ciudadanía, sin importar los argumentaciones que traten de ocultar o minimizar la ilegalidad de sus actos.

Por lo que esta autoridad jurisdiccional en pleno cumplimiento de sus atribuciones y obligaciones, debe revocar el acto y la resolución impugnada consistente en dejar sin efecto la declaración de validez de la elección de Gobernador del Estado de Baja California y la constancia de mayoría entregada al C. Eugenio Elourduy Walter postulado a dicho cargo por la coalición Alianza por Baja California, sin que sirva de pretexto o argumento los números arrojados en los resultados electorales, puesto que ello seria consentir e impulsar la violación de los principios fundamentales de toda elección y conceder exenciones en el cumplimiento de la Ley.

En este sentido, al no respetarse el Acuerdo de Neutralidad emitido por el Consejo Estatal que buscaba que los servidores públicos de alta investidura coadyuven con su neutralidad a preservar el ejercicio auténtico y efectivo del sufragio en condiciones libres y de igualdad a través de abstenerse de hacer pronunciamientos favorables a un candidato o partido político, y el hecho de suspender la promoción de la obra o de los programas gubernamentales con cierto tiempo de anticipación a la jornada electoral, no cumplió su objetivos influyendo negativamente en la autenticidad y efectividad del sufragio, y en perjuicio de los intereses públicos fundamentales.

Se hace notar que no es la existencia de una sola de esas circunstancias anotadas, lo que permite arribar a estas conclusiones, sino que éstas se obtienen por la concurrencia de todas las circunstancias acontecidas, y que fueron creando convicción a través de los indicios, de las documentales públicas y de las pruebas técnicas, las cuales adminiculadas aplicando las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, respetando desde luego las reglas legales que establece la legislación electoral para la valoración de las pruebas y la interpretación de la ley."

Es decir, el propio Consejo Estatal Electoral, reconoce y tiene por acreditada en el ACUERDO RELATIVO A LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, DE ELEGIBILIDAD DEL CANDIDATO ELECTO Y ENTREGA DE CONSTANCIA DE MAYORÍA EN LA ELECCIÓN ESTATAL DEL 05 DE AGOSTO DE 2007, que la “intervención del gobernador" se realizó durante la etapa de preparación de la elección y durante la jornada electoral a través de: la difusión de una indebida campaña de logros de gobierno; una campaña de proselitismo a favor de los candidatos de la Coalición Alianza por Baja California, incluso denostando la imagen de nuestro candidato al gobierno del Estado y llegando al extremo de atacar con ánimos de protagonismo la actuación del Consejo Estatal Electoral.

En el presente escrito esta Sala Superior comprobará que fehacientemente que los hechos del caso están acreditados y que dichas violaciones sustanciales y graves cometidas son determinantes para el resultado de la elección, lo que debe acarrear la sanción de nulidad de la elección de Gobernador del Estado de Baja California realizada el cinco de agosto de dos mil siete, como se razona a continuación.

Efectivamente, se encuentra plenamente acreditado que se actualizó dicha causal, a través de lo siguiente:

A. Declaraciones recurrentes del Gobernador del Estado de Baja California y de diversos funcionarios, las cuales fueron difundidas en prensa y televisión, en contra del C. Jorge Hank Rhon en contravención a las disposiciones de la Ley Electoral y en el acuerdo de neutralidad. A través de diversas notas periodísticas, de las videograbaciones exhibidas en el escrito inicial de demanda, en el monitoreo los medios de comunicación efectuado por el Consejo Estatal Electoral de Instituto Estatal Electoral de Baja California, y en los acuerdos de dicha autoridad electoral (mediante el cual se rechazaba la injerencia del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California, el C. Eugenio Elourduy Walter, en el proceso electoral local 2007; e informar a la población que el Instituto Estatal Electoral de Baja California, es el único responsable de la conducción del proceso y la jornada electoral del 05 de agosto de 2007, de fecha veintitrés de julio de dos mil siete y en el Acuerdo relativo a la declaración de validez de la elección de Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California, de elegibilidad del candidato electo y entrega de constancia de mayoría en la elección estatal del 05 de agosto de 2007 de fecha 15 de agosto de 2007).

Cabe hacer notar que el Tribunal de Justicia Electoral del Pode Judicial del Estado de Baja California, no se pronuncia respecto a la afirmación del Consejo Estatal Electoral respecto a la vulneración al principio de equidad en la contienda electoral por la intervención indebida del Titular del Ejecutivo, así como tampoco se pronuncia respecto al monitoreo que realizó a los medios de comulación, por medio de los cuales llegó a la conclusión la autoridad administrativa electoral, de la injerencia del gobierno del estado en perjuicio de los principios fundamentales de toda elección.

A través de dichas conductas se vulneró la coexistencia de condiciones para la realización de un proceso democrático que, en síntesis, fuera la expresión de la soberanía popular, a través de elecciones libres, auténticas y periódicas, por medio de voto universal, igual, libre y secreto [artículos 39; 40; 41, párrafo segundo, fracción I, párrafo segundo; 115, párrafo primero, y 116, párrafo cuarto, fracción IV, incisos a), b) y g), de la Constitución federal, así como 5° de la Constitución Local, así como la vigencia de los principios rectores de la función electoral (legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia), el principio de igualdad de los ciudadanos en el acceso a los cargos públicos y el principio de equidad en tas condiciones de la competencia electoral.

Al respecto, y al contrario de la responsable, para esta Sala Superior no puede pasar inadvertido el hecho de que la participación del Gobernador del Estado no fue marginal o accesoria, en tanto que en lo que es debido está acotada constitucional y legalmente, mediante la prestación del auxilio de la fuerza pública, así como los apoyos y colaboración que se requieran para la preservación del orden público en los procesos electorales, mientras que en la especie ocurrió de una manera principal y partidista, de forma tal que se atentó contra el principio de legalidad y competencia, desconociendo que las autoridades electorales tienen precisas atribuciones en la materia, a fin de garantizar su autonomía e independencia, así como la vigencia de los principios de certeza, objetividad, independencia, imparcialidad y legalidad en la función estatal de organizar las elecciones, en el entendido de que la participación en materia política está reservada como parte de un derecho fundamental de los ciudadanos mexicanos, tanto en forma individual como colectiva, a través de los partidos políticos que como organizaciones de ciudadanos hacen en posible su acceso en condiciones de igualdad a los cargos públicos, bajo condiciones de equidad en la competencia electoral cuyo ejercicio por parte del Gobernador del Estado se encuentra limitado en razón de su encargo.

B. La realización de campañas de comunicación social en radio y televisión y medios impresos sobre las acciones de gobierno en general en el nivel estatal, durante los treinta días anteriores a la jornada electoral y aún durante la jornada electoral, precisamente mediante la difusión de logros de gobierno (a través de notas periodísticas, entrevistas y reportajes en los cuales se daban a conocer acciones de gobierno en el nivel estatal), después del seis de julio del año en curso, cuando resultaba cierto que el respectivo gobierno estatal estaba compuesto de militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional, en virtud de que había obtenido el triunfo dicho instituto en las elecciones pasadas.

Todo esto en contravención de lo previsto en los artículos 41, fracciones I y II, y 116, fracción IV, incisos b) y g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 308 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales y 5°, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.

Con dicha conducta se contrarió lo preceptuado en disposiciones de orden público y observancia general, y en el acuerdo de neutralidad emitido por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California, puesto que está acreditada la intervención del Gobernador del Estado de Baja California en la elección, cuando con infracción de lo previsto en el artículo 308 de la Ley Electoral del Estado, no suspendió su campaña de comunicación social en prensa y televisión; dicha conducta materialmente la llevó a cabo por sí mismo y por medio de otros agentes; fue indebida, porque pesaba sobre la misma una prohibición terminante, es decir, la prevista en el invocado artículo 308 de la Ley Electoral y en el acuerdo de neutralidad; se cometieron violaciones graves, consistente en una campaña de comunicación social disfrazada en coberturas noticiosas, en medios impresos, a través de notas periodísticas, e, inclusive, televisivos, lo cual atentó contra la equidad en la contienda electoral, ya que los ciudadanos fácilmente podían asociar los resultados de dicha gestión con el partido que tiempo atrás había postulado al entonces gobernador y así con el candidato correspondiente del propio partido en los recientes comicios, en un momento en que estaba prohibido hacerlo, en términos de lo previsto en el multicitado artículo 308 de la Ley Electoral y del acuerdo de neutralidad.

Al respecto, cabe advertir que existe afinidad entre el titular del Poder Ejecutivo estatal y el candidato José Guadalupe Osuna Milla registrado para la elección de Gobernador del Estado de Baja California, ya que era inconcuso que el primero, a su vez, había sido también postulado en su oportunidad por el Partido Acción Nacional.

En relación con lo anterior, además de la afinidad "partidaria'' entre el candidato y el gobernador del Estado (en cuanto a este último en razón del partido que originalmente lo había postulado), es necesario destacar que este último servidor público expresamente enlazó la continuidad de su obra de gobierno, con lo cual implícitamente se sugería que debía votarse por ese candidato.

Ahora bien, esta Sala Superior sin lugar a dudas considerará que la acreditación de la irregularidad antes señalada, si bien es grave y de gran magnitud, por sí sola, alguien podría estimar que no actualizaría la causa de nulidad de la elección que se analiza; sin embargo, sumada a las demás irregularidades, en las que también se acredita plenamente una indebida intervención del gobernador (por sí o por medio de otras autoridades o agentes) en el desarrollo del proceso electoral, la conclusión debe ser diversa, según se demuestra en el cuerpo del presente escrito.

Además debe tomarse en cuenta que el cúmulo de notas periodísticas, provenientes de distintos órganos informativos, atribuidos a diferentes autores y coincidentes en lo sustancial, lleva a la convicción de que los hechos así ocurrieron, máxime que no obra constancia que afecte su contenido, no se ofreció prueba que lo desmienta y sólo se cuestionó su valor probatorio sin pronunciarse sobre su falsedad o certeza, de acuerdo con la tesis de jurisprudencia que aparece publicada en las páginas 140-141 de la obra Jurisprudencia. Tesis relevantes 1997-2002. Compilación oficial, volumen jurisprudencia, bajo el rubro NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA INDICIARÍA.

Lo anterior, es así si, además, se tiene presente que, en autos, obra las videograbaciones aportadas por mi representada, las ofrecidas por el Consejo Estatal Electoral mediante el monitoreo que realizó a los medios de comunicación en el proceso electoral presente, (que la autoridad responsable desestimó) y en la declaración de la misma autoridad sobre la ilegal intromisión del Ejecutivo del Estado en contravención a los principios fundamentales de toda elección.

En dicho monitoreo ofrecido en el informe circunstanciado rendido por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Elector (sic) con motivo de la interposición del recurso de revisión en contra del considerandos sexto del acuerdo de declaración de validez de la elección, se desprende que dicha autoridad determinó que la validez de la elección de Gobernador del Estado se vio afectado por la realización de actos que atentaron contra la libertad del sufragio y la equidad en la contienda, puesto que la máxima autoridad gubernamental no se mantuvo al margen del presente proceso electoral, tal y como se le solicitó, utilizando el poder público en detrimento de la equidad e imparcialidad que debe tener en las elecciones.

Efectivamente, tal y como se demuestra a continuación, en dicho monitoreo que se ofreció por la autoridad electoral administrativa, las constantes y diversas declaraciones realizadas por el C. Eugenio Elourduy Walter, sirvieron de evaluación y motivación para que ese Consejo Estatal Electoral considerara indebida su participación provocando perturbación en el estado de ánimo de los ciudadanos bajacalifornianos en perjuicio del proceso electoral; tal y como se consignó en el Acuerdo del Consejo Estatal Electoral, mediante el cual se rechaza la injerencia del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California, el C. Eugenio Elourduy Walter, en el proceso electoral local 2007; e informar a la población que el Instituto Estatal Electoral de Baja California, es el único responsable de la conducción del proceso y la jornada electoral del 05 de agosto de 2007. (Transcribe monitoreo).

Como puede observarse, las apreciaciones del Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado son desacertadas, toda vez que no es obvio que la intención del Gobernador del Estado de Baja California, y de los funcionarios de su gobierno, fue precisamente difundir por medio de la cobertura noticiosa las actividades institucionales en contravención a la Ley Electoral, ya que por Ley debió impedir por los medios necesarios de difusión de las actividades institucionales. Efectivamente, el artículo 308 en su párrafo tercero dispone: “las autoridades estatales y municipales deberán suspender dentro de los treinta días anteriores al día de la elección, la difusión de sus actividades institucionales, excepto en los casos de programas de asistencia social y de ayuda a la comunidad, derivados de emergencias o programas de protección civil, por eventualidad o presencia de condiciones de riesgo a la población”; prevención legal que se violentó de manara fragante y sistemática, toda ves que además de lo anterior es evidente que si bien es cierto los medios de comunicación en ejercicio de sus actividad natural difunden lo que hace un determinado funcionario público, también lo es que las coberturas noticiosas fueron más allá que esta simple afirmación, toda vez que las coberturas de los medios de comunicación realizada en los plazos prohibitivos se aprecia conocimiento de éstos agentes de modo, tiempo y lugar del hecho noticioso, así como el manejo de costos de obras, anuncios de obras y supervisiones de éstas, número de beneficias, intensidad de trabajos, etc, que sólo pueden obtenerse de quién las produce, por lo que se demuestra que la cobertura noticiosa en realidad fue difusión gubernamental.

Efectivamente, los datos concretos de las actividades institucionales solo se obtuvieron directamente de las instancias de gobierno, siendo valido concluir que dicha institución gubernamental provocó la emisión de las coberturas noticiosas y proporcionó la información publicada a través de boletines informativos o por mención expresa.             

Aplicando las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, en razón, además, de la admiculación de las diversas pruebas y elementos indiciarios existentes en autos que, atendiendo a su contenido, la relación con los hechos afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, no se contraponen ni son inconsistentes, se llega a la convicción de que efectivamente se cometieron los hechos que ahora son causa de la nulidad que debe decretarse en cuanto a la elección de Gobernador del Estado de Baja California.

Por último vale decir que la injerencia indebida del Gobernador del Estado, en perjuicio del proceso electoral fue tan evidente, que éste transcendió al conocimiento nacional tal y como la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados Federal, en fecha 31 de julio de la presente anualidad, sometió a consideración un punto de acuerdo mediante la cual advierte la intervención del ejecutivo estatal en la elección del 5 de agosto, con el propósito de beneficiar a los candidatos de su partido de origen y que formaron coalición en la agrupación de partidos denominada "Alianza por Baja California", como se advierte de la pagina electrónica de la LX Legislatura Federal, en la Gaceta No. 34, del martes 31 de Julio, cuyo contenido expresa: (Transcribe).

En efecto, el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California, ante la imposibilidad de hacer cumplir las disposiciones normativas del proceso electoral y detener la injerencia indebida del C. Gobernador del Estado, con fecha veintitrés de julio de dos mil siete, sometió un punto de acuerdo para hacer del conocimiento de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión estas acciones injerencistas en el proceso electoral local por parte del gobernador de Baja California, y a la vez, dada la gravedad de las mismas, que ponen en riesgo el desarrollo normal de los comicios del próximo 5 de agosto, solicitando su intervención bajo los procedimientos que se consideren más convenientes, con el propósito de que cese toda injerencia del ciudadano Eugenio Elourduy Walter, como titular del Ejecutivo estatal, en funciones que sólo competen al Instituto Estatal Electoral; asimismo, que no utilice los órganos del Estado que están bajo sus órdenes para obstaculizar y perturbar el funcionamiento normal de los distintos órganos del Instituto Estatal Electoral; asimismo, que no sean utilizados para hostigar, coaccionar o tratar de vulnerar los derechos político-electorales de los ciudadanos en el estado de Baja California. Dicho punto de acuerdo se cumplió mediante oficio No. CEE/2183/2007 de fecha 24 de julio de dos mil siete, mismo que se transcribe a continuación: (Transcribe).

Ahora bien, la autoridad responsable indebidamente desestima dichas documentales en contravención al principio de legalidad y de exahustividad, toda vez que como ya se apuntó, dicho acto se encuentra inmerso dentro del acuerdo mediante el cual se rechaza la injerencia del Gobernador del Estado de Baja California, documental que hace prueba plena del conocimiento público y notorio respecto de la ilegal intromisión del C. Eugenio Elorduy Walter en perjuicio del proceso electoral, y que al parecer el Tribunal de Justicia Electoral del Estado no examinó con pleno apego a las obligaciones que tiene conferidas por la normatividad electoral, documentos públicos que se ofrecen a esta Sala Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En efecto, la autoridad responsable, aún cuando con fecha 21 de agosto recibió Oficio No. CP2R1A.-1997.2 de fecha 15 de agosto del Senador Francisco Arroyo Vieyra vicepresidente, de la Comisión Permanente del Poder Legislativo Federal, en donde señala que en sesión celebrada, en la fecha anterior, se aprobó el dictamen de la primera Comisión de la Comisión Permanente, en el que hace un exhorto a ese Tribunal, entre otras autoridades, "a no validar aquellos proceso electorales que se sustenten campañas negativas o en la intervención de las autoridades”, dicho documento, dice, es insuficiente para demostrar que existió un uso de recursos públicos provenientes de programas oficiales del Estado de Baja California aplicados directamente a las campañas políticas de los candidatos de la coalición Alianza por Baja California, por haber sido emitido por una autoridad que carece de competencia para determinar si hubo o no irregularidades en el proceso electoral que transcurre en el Estado de Baja California, lo que en su momento dado demuestra que e documento en cita, es la exhortación hecha a este Tribunal por el vicepresidente del Senado a no validar procesos electorales que se sustenten en campañas negativas o en la indebida intervención de las autoridades, ya que como se mencionó en líneas arriba carece de competencia para calificar los procesos electorales, ya que por disposición Constitucional está corresponde a lo organismos instituidos para tales efectos.

En efecto, el Instituto Estatal Electoral es una institución que por disposición constitucional tiene competencia para calificar los procesos electorales estatales y es quien, solicita su intervención bajo los procedimientos que se consideren más convenientes, con el propósito de que cese toda injerencia del ciudadano Eugenio Elourduy Walter, como titular del Ejecutivo estatal, en funciones que sólo competen al Instituto Estatal Electoral; y para que no utilice los órganos del Estado que están bajo sus órdenes para obstaculizar y perturbar el funcionamiento normal de los distintos órganos del Instituto Estatal Electoral; asimismo, que no sean utilizados para hostigar, coaccionar o tratar de vulnerar los derechos político-electorales de los ciudadanos en el estado de Baja California.

Pues bien, el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California nunca entendió que aplicando las reglas de la lógica, la sana critica y la experiencia, en razón, además, de la admiculación de las diversas pruebas y elementos indiciarios existentes en autos que, atendiendo a su contenido, la relación con los hechos afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, no se contraponen ni son inconsistentes, se llega a la convicción de que efectivamente se cometieron los hechos que ahora son causa de la nulidad que debe decretarse en cuanto a la elección de Gobernador del Estado de Baja California.

Ahora bien, esta Sala Superior sin lugar a dudas considerará que la acreditación de la irregularidad antes señalada, si bien es grave y de gran magnitud, por sí sola, alguien podría estimar que no actualizaría la causa de nulidad de la elección que se analiza; sin embargo, sumada a las demás irregularidades, en las que también se acredita plenamente una indebida intervención del gobernador (por sí o por medio de otras autoridades o agentes) en el desarrollo del proceso electoral, la conclusión debe ser diversa, según se ha demostrado fehacientemente en el cuerpo del presente escrito.

Cabe hacer notar que el Tribunal de Justicia Electoral del Pode Judicial del Estado de Baja California, no se pronuncia respecto a la afirmación del Consejo Estatal Electoral respecto a la vulneración al principio de equidad en la contienda electoral por la intervención indebida del Titular del Ejecutivo, así como tampoco se pronuncia respecto al monitoreo que realizó a los medios de comulación, por medio de los cuales llegó a la conclusión la autoridad administrativa electoral, de la injerencia del gobierno del estado en perjuicio de los principios fundamentales de toda elección.

Además debe tomarse en cuenta que el cúmulo de notas periodísticas, provenientes de distintos órganos informativos, atribuidos a diferentes autores y coincidentes en lo sustancial, lleva a la convicción de que los hechos así ocurrieron, máxime que no obra constancia que afecte su contenido, no se ofreció prueba que la desmienta y solo se cuestionó su valor probatorio sin pronunciarse sobre su falsedad o certeza, de acuerdo con la tesis de jurisprudencia que aparece publicada en las páginas 140-141 de la obra Jurisprudencia. Tesis relevantes 1997-2002. Compilación oficial, volumen jurisprudencia, bajo el rubro NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA INDICIARÍA.

Lo anterior, es así si, además, se tiene presente que, en autos, obra las videograbaciones aportadas por mi representada, las ofrecidas por el Consejo Estatal Electoral mediante el monitoreo que realizó a los medios de comunicación en el proceso electoral presente, (que la autoridad responsable desestimó) y en la declaración de la misma autoridad sobre la ilegal intromisión del Ejecutivo del Estado en contravención a los principios fundamentales de toda elección.

En dicho monitoreo ofrecido en el informe circunstanciado rendido por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Elector con motivo de la interposición del recurso de revisión en contra del considerando sexto del acuerdo de declaración de validez de la elección, interpuesto por la coalición Alianza por Baja California y del que se anexó en el informe circunstanciado derivado de mi escrito inicial de demanda, se desprende que dicha autoridad determinó que la validez de la elección de Gobernador del Estado se vió afectado por la realización de actos que atentaron contra la libertad del sufragio y la equidad en la contienda, puesto que la máxima autoridad gubernamental no se mantuvo al margen del presente proceso electoral, tal y como se le solicitó, utilizando el poder público en detrimento de la equidad e imparcialidad que debe tener en las elecciones.

Efectivamente, en dicho monitoreo que se ofreció por la autoridad electoral administrativa, las constantes y diversas declaraciones realizadas por el C. Eugenio Elourduy Walter, sirvieron de evaluación y motivación para que ese Consejo Estatal Electoral considerara indebida su participación provocando perturbación en el estado de ánimo de los ciudadanos bajacalifornianos en perjuicio del proceso electoral; tal y como se consignó en el Acuerdo del Consejo Estatal Electoral, mediante el cual se rachaza la injerencia del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California, el C. Eugenio Elourduy Walter, en el proceso electoral local 2007; e informar a la población que el Instituto Estatal Electoral de Baja California, es el único responsable de la conducción del proceso y la jornada electoral del 05 de agosto de 2007.

Con fecha veinte de agosto de dos mil siete, la coalición “Alianza por Baja California”, por conducto de sus representantes, interpuso Recurso de Revisión ante el Consejo Estatal Electoral de Baja California, en contra del considerando VI del acuerdo relativo a la declaración de validez de la elección de Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California, de elegibilidad del Candidato electo y entrega de constancia de mayoría en la elección estatal del 05 de agosto de 2007, del que la autoridad electoral administrativa del Estado remitió al Tribunal de Justicia Electoral, mediante el siguiente informe circunstanciado: (Transcribe).

Por otra parte el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral del Baja California, con motivo de la presentación del Recurso de Revisión por conducto de mi representada de fecha veintiuno de agosto de dos mil siete, remitió dicho recurso mediante el siguiente informe circunstanciado: (Transcribe).

Como ya se apunto en líneas anteriores, el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California, no se pronuncia respecto a la afirmación del Consejo Estatal Electoral sobre a la vulneración al principio de equidad en la contienda electoral por la intervención indebida del Titular del Ejecutivo, así como tampoco se pronuncia respecto al monitoreo que realizó a los medios de comulación, por medio de los cuales llegó a la conclusión la autoridad administrativa electoral, de la injerencia del gobierno del estado en perjuicio de los principios fundamentales de toda elección, lo que me causa agravio al no configurarse la figura jurídica de la adquisición procesal en la materia, toda vez que las pruebas ofrecidas por mi representada como las exhibidas mediante el informe circunstanciado resultaban a todas luces un factor importantísimo para resolver el presente asunto en pleno apego a derecho, amen de que por disposición legal la autoridad responsable esta obligada a examinar y valorar las pruebas que obren en autos, lo que en la especie no ocurrió, a fin de obtener con el resultado de esos medios de convicción, la verdad histórica que debe prevalecer en el presente asunto, ya que éstas resultaban benéficas a los intereses de la coalición Alianza para que Vivas Mejor y de la ciudadanía que representa.

Lo anterior, es así si, además, se tiene presente que, en autos, obra las videograbaciones aportadas por mi representada, las ofrecidas por el Consejo Estatal Electoral mediante el monitoreo que realizó a los medios de comunicación en el proceso electoral presente, (que la autoridad responsable desestimó) y en la declaración de la misma autoridad sobre la ilegal intromisión del Ejecutivo del Estado en contravención a los principios fundamentales de toda elección.

En dicho monitoreo ofrecido en el informe circunstanciado rendido por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Elector con motivo de la interposición del recurso de revisión en contra del considerando sexto del acuerdo de declaración de validez de la elección, interpuesto por la coalición Alianza por Baja California y del que se anexó en el informe circunstanciado derivado de mi escrito inicial de demanda, se desprende que dicha autoridad determinó que la validez de la elección de Gobernador del Estado se vio afectada por la realización de actos que atentaron contra la libertad del sufragio y la equidad en la contienda, puesto que la máxima autoridad gubernamental no se mantuvo al margen del presente proceso electoral, tal y como se le solicitó, utilizando el poder público en detrimento de la equidad e imparcialidad que debe tener en las elecciones.

Efectivamente, en dicho monitoreo que se ofreció por la autoridad electoral administrativa, las constantes y diversas declaraciones realizadas por el C. Eugenio Elourduy Walter, sirvieron de evaluación y motivación para que ese Consejo Estatal Electoral considerara indebida su participación provocando perturbación en el estado de ánimo de los ciudadanos bajacalifornianos en perjuicio del proceso electoral; tal y como se consignó en el Acuerdo del Consejo Estatal Electoral, mediante el cual se rachaza la injerencia del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California, el C. Eugenio Elourduy Walter, en el proceso electoral local 2007; e informar a la población que el Instituto Estatal Electoral de Baja California, es el único responsable de la conducción del proceso y la jornada electoral del 05 de agosto de 2007.

En efecto, la adquisición procesal para la resolución de la sentencia que se impugna debió efectuarse por parte del Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California, según lo establece la siguiente tesis de jurisprudencia sustentada por esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que a continuación se transcribe:

ADQUISICIÓN PROCESAL OPERA EN MATERIA ELECTORAL. (Se transcribe).

AGRAVIO TERCERO. INDEBIDA APRECIACIÓN O FALTA DE VALORACIÓN DE LAS PROBANZAS OFRECIDAS.

Causa agravio a la Coalición “Alianza Para que Vivas Mejor” la indebida valoración de las pruebas ofrecidas y acompañadas al total de los agravios en el recurso de revisión, mismo que de su simple lectura se advierte que las violaciones reclamadas resultan determinantes para el resultado final de la elección.

El carácter de determinante responde al objetivo de llevar al conocimiento del órgano jurisdiccional solo aquellos asuntos de índole electoral de verdadera importancia, que tengan la posibilidad de cambiar o alterar significativamente el curso del procedimiento electoral, o bien, el resultado final de la elección respectiva, es decir, para que la violación reclamada sea determinante para el desarrollo del proceso electoral, se requiere que la infracción tenga la posibilidad racional de causar o producir una alteración sustancial o decisiva en el desarrollo del proceso electoral como podría ser el que uno de los contendientes obtuviera una ventaja indebida o bien, que se obstaculizara o impidiera la realización de alguna de las fases que conforman el proceso electoral.

La infracción será determinante si da lugar a la posibilidad racional de que se produzca un cambio de ganador en los comicios.

Orienta el criterio anterior, la tesis Jurisprudencial S3ELJ15/2002 de esta sala superior, que se publica en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, tomo Jurisprudencia, pagina 227, que es del texto siguiente:

“VIOLACIÓN DETERMINANTE EN EL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL SURTIMIENTO DE TAL REQUISITO”. (Se transcribe).

Es así que tenemos que la transgresión a los principios rectores de todo proceso electoral, efectivamente da lugar a la nulidad de la elección, siempre que la afectación esté debidamente acreditada mediante pruebas en autos y sean determinantes para el resultado para la elección correspondiente.

Como en todos los asuntos de tipo electoral, los autos de juicio quedan a disposición de los Magistrados para su consulta y estudio directo de los agravios que se expresan en dicho recurso. En esas condiciones, los Magistrados en mención, están obligados a entrar al estudio profundo de la litis a efecto de satisfacer plenamente los principios de certeza, legalidad y exhaustividad del propio proceso, situación que en la sentencia combatida se dio de manera parcial por parte de la responsable, vulnerando gravemente a la Coalición “Alianza Para que Vivas Mejor” y a su candidato a Gobernador por los agravios que portal situación se derivan.

Las pruebas que fueron ofrecidas en el juicio que se recurre, son fundamentales y demuestran los extremos aducidos por el reclamante en virtud de la índole extraordinaria de determinado medio de impugnación electoral, ya que las pruebas aportadas fueron dirigidas a acreditar las afirmaciones en que se sustentan las pretensiones que se formulan en el proceso. El medio de convicción que no cumple con este requisito es considerado como prueba impertinente.

Es así que tenemos que los medios de convicción ofrecidos por la Coalición “Alianza Para que Vivas Mejor” en la sustentación de este juicio cumplen con los requisitos formales que deben de acompañarse a toda probanza.

Conviene establecer algunas de las reglas que prevé la ley sobre la valoración de pruebas, ya que la mayoría de los planteamientos de la parte demandante versan sobre este tema.

Es así que tenemos que de conformidad con los artículos 448, 450, 451, 459 y 460 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California, y 14, párrafos I, II y XVI, párrafos I, II y III de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, los medios de prueba admisibles en la impugnación de actos electorales pueden consistir en documentales publicas, documentales privadas, técnicas, testimoniales, etc.

Las documentales privadas por exclusión de las referidas en la ley como documentales públicas, son todos los documentos que aporten las partes siempre que resulten pertinentes y relacionadas con las pretensiones. Las pruebas técnicas comprenden entre otras las fotografías, cintas de video o audio, copias u otros medios de reproducción de imágenes y en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y el desarrollo de la tecnología.

Los medios de prueba deben ser valorados conforme con las reglas de la lógica, de la experiencia y de la sana crítica, a excepción de las documentales publicas que tienen pleno valor probatorio, salvo prueba en contrario, según lo dispone la propia ley. Las documentales privadas, las técnicas, la testimonial entre otras solo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre si, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.

PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA. (Se transcribe).

PRUEBAS DE INSPECCIÓN JUDICIAL, RECONOCIMIENTO Y PERICIAL. DERECHO A SU OFRECIMIENTO Y REQUISITOS PARA SU ADMISIÓN. (Se transcribe).

Es así que tenemos que la ley reconoce como medios de prueba los antes indicados, y de sus términos inferimos esta consecuencia: luego los jueces y tribunales no pueden admitir otras pruebas que las ya mencionadas, o lo que es lo mismo, el mencionado precepto enumera limitativamente los medios de prueba admisibles en juicio.

El juzgador puede recibir todas las pruebas que se presenten menos las que fueren contra derecho o contra la moral; y contrarias a derecho son aquellas que no reconoce ni permite la ley.

SU PERTINENCIA: Pero no basta que las pruebas sean de las que reconocen y permiten la ley para que sean admisibles, sino que es además necesario que sean pertinentes, que tengan un influencia decisiva en la contienda; pues de otra manera resultan perfectamente inútiles y no producen otro resultado que prolongar sin motivo justificado el juicio “Frustra probatur quod probatum non relevat”.

Explicando Manresa y Reus que se entiende por pruebas impertinentes, dice que son “aquellas que no se refieren a los hechos alegados por las partes y por consecuencia que no tienen ninguna relación con la cuestión que se ventila”.

De los términos de este precepto se infiere que las pruebas deben ser pertinentes a la controversia que se ventila entre las partes y que la violación de el (sic) se castiga con la pena, al autor de ella, del pago de los gastos que causen al colitigante, pero no faculta a los Jueces y tribunales para repeler de oficio tales pruebas.

En mérito de las expresiones anteriormente referidas, resulta evidente y contundentemente necesario el buscar y el aplicar los principios mas elementales que rigen un estado de derecho que debe de preciarse de democrático y plenamente justo, sobre todo entratándose de materia electoral, pues, el espíritu que debe de prevalecer y respetarse es precisamente el mas puro y elevado compromiso de todos -sin excepción- los mexicanos en su conjunto : EL RESPETO A LA VOLUNTAD POPULAR, misma que se expresa a través de los medios idóneos como los que se significan en un proceso electoral, para la clara y libre manifestación del querer y el sentir social y popular a través del sufragio.

CUARTO AGRAVIO.- SENTENCIA ILEGAL E INCONGRUENTE, DERIVADA DE QUE TRIBUNAL LOCAL JUZGA SUS PROPIOS ACTOS. (LA SENTENCIA IMPUGNADA JUZGA SOBRE LA ACTUACIÓN DEL PROPIO TRIBUNAL LOCAL EN EL EXPEDIENTE Rl-23/2007).

Causa agravio la inobservancia que hizo el Tribunal Estatal Electoral de los requisitos materiales de fondo, intrínsecos o sustanciales de la sentencia como son: Congruencia, motivación y exhaustividad, por tanto en ejercicio del principio de exhaustividad en materia electoral, se solicita a esa H. Sala Superior, juzgue el fondo de la cuestión planteada.

Constituye un agravio para la parte actora el que la autoridad responsable haya omitido el análisis de todos y cada uno de los factores que intervinieron durante la jornada electoral del día 5 de agosto de 2007, y dejó de observar las disposiciones legales que rigen todo quehacer electoral, pues tenemos que si la autoridad hubiese entrado de fondo al estudio y estricta aplicación de las normas que la regulan, y a todo el proceso electoral en su conjunto, no habría ninguna duda que hubiera concluido que no era correcto ni valido jurídica y legalmente el declarar la validez de la elección por todas y cada una de las anomalías y hechos irregulares ocurridos antes y durante la jornada electoral, y como consecuencia la autoridad responsable previo análisis y estudio, no habría ratificado la constancia de validez a favor del C. José Guadalupe Osuna Millán.

El principio de congruencia, ha de ser analizado desde dos ópticas diferentes, esto es como requisito interno y externo del fallo.

Para tal efecto tenemos y a materia de previo análisis citar la definición del concepto de congruencia, que según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española establece como conveniencia, coherencia o relación lógica. Esto es: Conformidad entre los pronunciamientos del fallo y las pretensiones de las partes formuladas en el juicio.

En su primera acepción, la congruencia es definida como: La armonía que debe de existir entre las distintas partes de la sentencia. Esta no debe contener afirmaciones o resoluciones contradictorias entre si.

En su aspecto externo la congruencia es: La correspondencia o relación lógica entre lo aducido por las partes y lo considerado y resuelto por el tribunal, caso contrario SI LA SENTENCIA SE REFIERE A COSAS QUE NO HAN SIDO MATERIA DEL LITIGIO, NI DE SUS POSICIONES DE LAS PARTES, SERÁ INCONGRUENTE.

Por supuesto, la motivación no se da de manera aislada, sino formando un binomio indisoluble con la fundamentación, de manera que ambos constituyen un requisito constitucional que debe satisfacer todo acto de autoridad que cause molestia o privación de derechos en la esfera jurídica de los gobernados, según lo previsto en los artículos 14 y 16 de la ley suprema de la federación.

En sentido lato, motivar significa señalar con precisión, en todo acto de autoridad las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que determinaron su emisión.

En sentido estricto, esto es, aplicable expresamente a la materia jurisdiccional, la motivación significa que al dictar sentencia el juzgador debe señalar con toda precisión, invariablemente, los aspectos fácticos determinantes de la resolución, debiendo partir de los hechos controvertidos, así como el análisis y valoración de los medios probatorios que obren en autos.

De la exhaustividad, como parte esencial de todo acto de resolución jurisdiccional, es oportuno recordar las breves pero profundas palabras de los procesalistas Rafael De pina y José Castillo Larrañaga, al decir que: “Las sentencias civiles, solo pueden decidir sobre los puntos sujetos a debate, pero no pueden dejar de decidir sobre todos y cada uno de ellos”.

Esto es que, una sentencia es exhaustiva cuando haya tratado todas y cada una de las cuestiones planteadas por las partes, sin dejar de considerar ninguna, el tribunal al sentenciar, deberá agotar todos los puntos aducidos por las partes y referirse a todas y cada una de las pruebas rendidas, y no será exhaustiva cuando deje de referirse a algún punto, a alguna argumentación, a alguna prueba, esto es, que la autoridad responsable al dictar una sentencia debe tener mucho cuidado en examinar, agotándolos, todos los puntos relativos a las afirmaciones y argumentaciones de las partes y a las pruebas rendidas.

Lo anterior significa que, al dictar sentencia es deber de las sala del tribunal electoral analizar en su totalidad los argumentos de hecho, así como los conceptos de derecho, contenidos en los ocursos de las partes, incluso aquellos conceptos de agravio deficientemente externados por el actor y los expresados tácitamente, siempre que se deduzcan sin duda alguna de los hechos narrados en el escrito de impugnación.

La sala de conocimiento se debe ocupar de todos los medios probatorios ofrecidos, aportados y admitidos en su oportunidad, bien para formar su convicción o para desestimarlos por no ser idóneos, por impertinentes o por carecer de valor probatorio suficiente, procediendo de la misma manera en cuanto a las pruebas traídas a juicio en ejercicio de sus facultades para mejor proveer.

Causa agravio a mi representada la sentencia definitiva dictada por el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado en el expediente numero RR-108/2007 y el acumulado RR-109/2007 que resuelve el recurso de revisión promovido por la coalición “Alianza Para Que Vivas Mejor” en contra de la elección de Gobernador, declaratoria de validez de la elección y entrega de la constancia de mayoría, por violentar el contenido de los artículos 1, 8, 14, 16, 35, 39, 40, 41, 99, y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 3, 5, y demás relativos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como los correlativos de la ley de Procesos Electorales de Baja California por los siguientes motivos y consideraciones:

EL RESOLUTIVO NOVENO. AGRAVIO IV.- CAMPAÑA DENOSTATIVA EN CONTRA DEL CANDIDATO DE LA COALICIÓN “ALIANZA PARA QUE VIVAS MEJOR”.

De la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California que establece lo siguiente: (Se transcribe).

El Tribunal local viola los principios de certeza, legalidad y seguridad jurídica ya que indebida e irregularmente desestima las pruebas ofrecidas por la Coalición “Alianza Para que Vivas Mejor” sin motivación ni fundamentación alguna de acuerdo a los considerandos resolutivos de la sentencia y que se citan en párrafos anteriores, pruebas de vídeo que si bien la autoridad desestima por falta de contundencia al no ser valoradas debidamente, sí tienen pleno valor indiciario y resultan idóneas para la comprobación de las violaciones que dan lugar a este recurso, comprobándose con esto la inobservancia por parte de la autoridad ejecutora de los elementos constitutivos de una elección democrática, autentica y libre con relación a unos comicios determinados, por lo cual, debe tenerse en cuenta que la inobservancia anteriormente citada ocasiona perjuicios y causa agravios a la coalición “Alianza Para que Vivas Mejor” y a su candidato a gobernador. Es así que tenemos que en el acto que se combate, la resolución de la responsable, es incongruente consigo misma incumpliendo con los principios de congruencia, certeza, legalidad y fundamentación jurídica, debido a que los resolutivos de la sentencia violan los supremos y muy legítimos intereses jurídicos de la Coalición “Alianza Para que Vivas Mejor”.

QUINTO AGRAVIO.- DEBIDO A LA RESOLUCIÓN RI-23/2007, INDEBIDAMENTE ANALIZADA POR EL TRIBUNAL LOCAL EN EL RR-109/2007, VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE EQUIDAD, CERTEZA, LEGALIDAD Y OBJETIVIDAD, SOLICITANDO SE ESTUDIE EXHAUSTIVAMENTE LOS ARGUMENTOS PRIMIGENIOS DEL RR-109/2007, CON PLENITUD DE JURISDICCIÓN, EN RAZÓN DE LOS AGRAVIOS HECHOS CON ANTERIORIDAD.

I. Me causa agravio y se viola en perjuicio de mi representada el principio fundamental de equidad el que a nuestro candidato Jorge Hank Rhon, se le impidió competir en similitud de circunstancias con el resto de los participantes, toda vez que las bases democráticas del estado, se sustentan en el conjunto de Normas Constitucionales que reconocen al pueblo como titular originario y único de la soberanía nacional, la pluralidad política y la igualdad de oportunidades de los ciudadanos para acceder a cargos de representación popular, a través de la más amplia participación posible en las elecciones sustentadas en instrumentos que garanticen la libertad real en la expresión y manifestación de la voluntad de los ciudadanos, en un ámbito de respeto a la totalidad de los derechos humanos, como marco indispensable para la autenticidad de los comicios electorales, en la que se requiere principalmente La igualdad de oportunidades para acceder a los cargos públicos, a través de elecciones democráticas, libres y auténticas.

Respecto al método idóneo para descubrir cuales son los principios que sustenta un orden jurídico dado, Del Veccio afirma que sustancialmente, éste consiste en ascender, por vía de abstracción, de las disposiciones particulares de la ley a determinaciones cada vez más amplias, continuando esta generalización creciente hasta llegar a comprender la esfera del derecho positivo. Esta idea es congruente con la concepción del sistema jurídico en conjunto, como una representación o adaptación de principios axiológicos de máxima generalidad, como los de equidad y justicia, de los cuales siempre será posible derivar, tomando en cuenta las peculiaridades del asunto que se pretende resolver, un criterio adecuado.

El artículo 39 Constitucional, proporciona los elementos iniciales en cuanto a la vigencia del principio del estado democrático de derecho en el estado mexicano. Tal precepto dispone que la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo, indicando que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste, que tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno.

Este artículo remite a lo dispuesto por el artículo 41 de la Carta Magna, que define que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la propia constitución federal y las particulares de los estados, que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto federal.

Todos los partidos políticos, define el texto constitucional, son entidades de interés público; la ley determinará las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y tendrán derecho a participar en las elecciones estatales y municipales. Posteriormente se indica que los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, concediéndose sólo a los ciudadanos la posibilidad de afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos.

El artículo 35 de la Constitución debe ser interpretado en forma armónica con lo dispuesto por el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consagra los principios que toda elección debe contener para que se pueda considerar como válida, indicando que las constituciones y leyes de los estados garantizarán que las elecciones de los gobernadores de los estados se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, y que serán principios rectores de las autoridades estatales electorales, los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. Al lado de tales principios, se plantean los elementos fundamentales de una elección democrática, cuyo cumplimiento debe ser imprescindible para que una elección se considere producto del ejercicio popular de la soberanía, dentro del sistema jurídico-político construido en el texto constitucional y en las leyes electorales estatales y por ende son imperativos, de orden público, de obediencia inexcusable y no renunciables.

Entre los elementos mencionados se encuentra la exigencia de elecciones libres, auténticas y periódicas; el sufragio universal, libre, secreto y directo; que en el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales prevalezca el principio de equidad, la organización de las elecciones a través de un organismo público y autónomo; la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad como principios rectores del proceso electoral, el establecimiento de condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación social, el control de la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales.

Es en este artículo en el que se plantea la vigencia del principio de equidad referido a la necesidad de que éste prevalezca, observado a través de determinadas condiciones, en las campañas electorales. Tal mención, sin embargo, resulta insuficiente para poder delimitar los verdaderos alcances que tiene la exigencia de observar en este principio en el marco de un proceso electoral, por lo que se hace necesario acudir a la doctrina y verificar que aspectos abarca el concepto de equidad, que desde ahora, debemos mencionar, se ha caracterizado como una calidad jurídica que juega un papel sustancial en la aplicación del derecho, al ser concebido como uno de los principios generales del derecho al que, en particular, se le ha asignado un papel de integración del derecho para llenar las lagunas del mismo, es decir, como principio rector de insuficiencias y principio de interpretación que flexibiliza la aplicación de la ley en la norma individualizada a fin de obtener la aplicación de la justicia donde la ley no alcanza este propósito.

El término o palabra equidad deriva del latín aequitas, provenido éste a su vez de aequus que significa ‘igual’; atendiendo a su raíz etimológica, la noción se vuelve incierta y equivoca, por lo que también se le concibe como justicia natural por oposición a la legal. De igual modo, atendiendo a este criterio de igualdad, la equidad es sinónimo de determinada actitud a la hora de regir las relaciones entre las personas.

Según Friedmann, la equidad tiene dos funciones:

a) Corregir las insuficiencias y la rigidez del derecho civil o del derecho común; y

b) Funcionar como principio de interpretación

Esta segunda función, es la que otorga a la equidad un lugar preponderante como un principio de interpretación esencial y sumamente difundido en las codificaciones contemporáneas y en los sistemas de derecho consuetudinario.

La referencia a la equidad en los textos legales suelen encontrarse en dos formas, la primera es una referencia expresa, la segunda es sobreentendida, implícita. La primera forma no requiere por supuesto de mayores análisis ni comentarios, en cuanto a la segunda con frecuencia se nos presenta en forma evidente y en muchos casos sólo es posible ver su presencia mediante el análisis cuidadoso que hace el jurista de las múltiples relaciones que se presentan en un sistema jurídico dado, en estos casos, la equidad pasa desapercibida para el no versado en la materia.

Con el surgimiento del derecho social, la equidad ha adquirido una significación particular, pues los ‘los derechos sociales representan la victoria de la equidad sobre una justicia anquilosada’ según lo afirmó Gustavo Radbruch y con ella quiere significarse que la idea de la justicia social como un principio nuevo, diferente y hasta opuesto a la idea tradicional de la justicia, nació como una reivindicación de una clase social que reclamaba justicia. A este respecto, el Maestro Mario de la Cueva, según se refiere en la obra que recoge algunos de sus postulados más importantes, El humanismo jurídico de Mario de la Cueva, define los alcances de esta nueva concepción de la equidad, al resumir el pensamiento aristotélico y aquinatense:

‘La equidad es una fuente supletoria por cuanto es lo justo más allá de la ley escrita y su enderezamiento o rectificación y, un principio de interpretación que obliga al juez a mirar no a la ley sino al legislador, no a la letra ni al hecho, sino a la intención, no a la parte sino al todo, nos preguntamos si la idea de lo social no está de tal suerte impregnada por la equidad que de verdad no es sino la aplicación de su sentido humano... Creemos que estamos en presencia de una nueva misión de la equidad, que ya no es la búsqueda de la justicia para cada persona individual, sino la justicia para los hombres por las peculiaridades de su trabajo constituyen una especie de individualidad social, para decirlo así, frente a otras individualidades sociales... si se acepta esta ampliación, la idea de la equidad debe ser considerada como una noción doble, o como poseedora de una doble misión: la justicia del caso personal y la justicia del caso colectivo individualizado.

Tratándose de materia electoral, el reclamo de la equidad planteado por los partidos políticos para lograr un tratamiento igual ante la ley en la competencia electoral, ha sido determinante en los progresivos avances que ha mostrado el derecho que rige este ámbito de la actividad humana, encaminados a compensar las desventajas contingentes en las que se encuentran algunos partidos políticos en dirección a la igualdad con aquéllos otros que han logrado acceder en diferentes formas y estados a la integración de la representación popular.

Esta concepción tiene su fundamento, sin lugar a dudas, en la idea Aristotélica de la justicia distributiva, sustentada en el principio de que los iguales deben recibir cosas iguales y los desiguales cosas desiguales de manera proporcional a su desigualdad. A partir de este principio, establece la relación entre justicia y equidad, para definir a la equidad como una cierta especie de justicia. Apoyada en el principio señalado, la equidad en materia electoral se ha orientado al fin de de proporcionar un beneficio a favor de los partidos políticos o candidatos que se encuentren en desventaja contingente, por lo que la ley define determinadas medidas a fin de garantizar formalmente un status de igualdad entre los participantes en un mismo proceso electoral, que les permiten competir en similitud de concisiones en la integración de una representación determinada. A partir de esto, es dable concluir que la equidad, en materia electoral, es una calidad jurídica que busca compensar las desventajas contingentes en que se encuentran los participantes en un proceso electoral con respecto a sus contendientes.

Ahora bien, la vigencia y los alcances de este principio de equidad se encuentran definidos no sólo en los artículos como el 116 constitucional que lo enlista en forma expresa, sino en otras normas jurídicas que si bien no aluden a él directamente, si lo hacen implícitamente, al estar su contenido encaminado a generar condiciones de equidad o igualdad entre los contendientes en una campaña electoral a fin de que compitan en condiciones similares, con el menor grado de ventaja posible que pueda observarse de uno con respecto a otro.

Esta concepción se puede obtener a partir de la interpretación sistemática de las normas que componen el entramado legal que, en conjunto, forma un sistema, lo que implica que cada norma debe ser dispuesta en correlación con las demás que le sean afines a fin de integrar una unidad reglamentaria para una institución o una materia objeto de regulación, en este caso, el principio de equidad. En este supuesto, esta Comisión se encuentra obligada a contemplar tal principio a partir de la naturaleza misma del elemento sistemático de un régimen jurídico, constituido por el principio de que las normas que lo integran derivan de un sólo principio que le da coherencia.

Así, la equidad, interpretada en la materia electoral como una calidad jurídica cuya misión es la de compensar las desventajas contingentes en que se encuentran algunos partidos políticos o candidatos en un determinado proceso electoral, no puede dejar de ser vinculada con las reglas que imponen condiciones de igualdad en una elección, principio que, como ya se ha dicho, es uno de los que integran la concepción del estado democrático de derecho, cuya observancia impone el artículo 38 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales a los Partidos Políticos, dado que en éste no podría considerarse vigente en alguna organización que permita un trato desigual a los que se encuentran en desigualdad de condiciones.

Así, por ejemplo, forman parte de las reglas que tutelan el principio de equidad en materia electoral, aquellas que ordenan la suspensión de publicidad de programas y acciones gubernamentales durante un tiempo determinado anterior a la jornada electoral, dado que los bienes jurídicos tutelados en dicha norma son la plena libertad del voto y la equidad en la contienda, los cuales se ha considerado que son susceptibles de afectarse con motivo de esa propaganda que puede llegar a inducir el sentido del voto de los beneficiarios a favor del partido en que militen los gobernantes que los proporcionan, con la consecuente afectación a la libertad del voto y a la equidad en la contienda electoral.

De acuerdo a un criterio basado en la interpretación funcional de la prohibición de la que se habla, es dable concluir que uno de los propósitos fundamentales de su implementación, consiste en evitar que las autoridades (Gobierno del Estado de Baja California), se encuentren en posibilidad de disponer de recursos materiales o humanos para favorecer las labores proselitistas de algún candidato durante la campaña electoral, o de aprovechar su posición, de cualquier modo, para ejercer hasta la más mínima influencia, o para proyectar la imagen de su partido ante el electorado, especialmente los organismos electorales, en el desarrollo de los comicios. Para evitar esta situación, la norma ha considerado un tiempo considerado razonable para que se de la suspensión de publicidad, para evitar que algún partido político pueda participar en el proceso sin obtener alguna ventaja adicional o indebida respecto al resto de sus competidores.

‘En el discurso que Del Vecchio pronunció como introducción al curso de Filosofía del Derecho en la Universidad de Roma, se mantenía la tesis de que los principios generales de derecho debían entenderse como los de la razón natural, de la naturaleza de las cosas, de la equidad natural; todos ellos necesarios para integrar la inevitable imperfección de las leyes del derecho positivo en el ejercicio del procedimiento interpretativo. En la perspectiva actual, esos principios se reconocen en los derechos humanos antiguos y nuevos, que representan, como se ha demostrado a través de un análisis puntual, un esquema interpretativo de la juridicidad de las normas comprendidas en los ordenamientos nacionales; es decir, han asumido la función de paradigmas que constituyen el fundamento último al que remontarse para conferir validez a las leyes, y ello conforme al espíritu del derecho internacional que ha sido proclamado en los pactos y declaraciones universales’.

La equidad y la igualdad, deben ser aplicados de tal modo que se salvaguarde la finalidad de los actos electorales y se respeten los derechos y prerrogativas de los ciudadanos, dentro de las condiciones reales prevalecientes y con las modalidades que impongan las necesidades particulares de la situación. La aplicación de esta regla en el ámbito electoral, debe señalarse, está plenamente reconocida por la tesis de jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación identificada con el rubro LEYES. CONTIENEN HIPÓTESIS COMUNES, NO EXTRAORDINARIAS.

Los derechos fundamentales de carácter político-electoral consagrados constitucionalmente, como los derechos de votar y ser votado en elecciones libres y auténticas, gozando de garantías de igualdad y equidad con respecto al resto de los participantes, con todas las garantías inherentes a tales condiciones, no pueden ser restringidos o hacerse su ejercicio nugatorio, sino que por el contrario, toda interpretación y la correlativa aplicación de la norma jurídica, conforme lo ha definido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su criterio identificado con el rubro DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORAL. SU INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SER RESTRICTIVA, debe ser dirigida a ampliar sus alcances jurídicos para potenciar su ejercicio, siempre que aquella esté relacionada con un derecho fundamental.

Por lo planteado con antelación, es pertinente insistir ante este Tribunal Electoral que a nuestro Candidato a Gobernador por el Estado de Baja California, le furon violadas en su perjuicio el principio fundamental de equidad en virtud de que, se le impidió competir en similitud de circunstancias con el resto de los participantes, por lo siguiente:

1.- El 20 de Abril del 2007, la Coalición “Alianza Para que Vivas Mejor” presentó ante el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California, solicitud de registro de Jorge Hank Rhon como candidato al cargo de Gobernador del Estado. Este órgano electoral con fecha 23 de Mayo del 2007, aprobó el registro solicitado.

Con motivo de que se le otorgó el registro el ingeniero Jorge Hank Rhon inició su campaña electoral al día siguiente que obtuvo la constancia respectiva.

2.- El 27 de Mayo del 2007, la Coalición “Alianza por Baja California” impugnó el acuerdo anterior, radicándose en el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California con el número de expediente RI-023/2007; y dicho Tribunal el 22 de Junio del año en curso ordenó la revocación del acuerdo del Consejo Estatal Electoral, impidiendo la candidatura de Jorge Hank Rhon al cargo de Gobernador del Estado de Baja California.

Con motivo de esta resolución jurisdiccional tomada por dos votos a favor y uno en contra, el ingeniero Jorge Hank Rhon se vio en la necesidad de suspender todo acto de campaña electoral, por un término de doce días, lapso que transcurrió hasta que se resolvió en definitiva.

7.- El 27 de Junio del año en curso, el ingeniero Jorge Hank Rhon, promovió juicio de protección de los derechos ciudadanos, en contra de la resolución que se menciona en el punto anterior, mismo que fue radicado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal bajo el expediente SUP-JDC-695/2007, y en el cual, el 6 de Julio del año en curso, se dictó la resolución con los siguientes puntos resolutivos:

PRIMERO. Se revoca la sentencia de veintiuno de junio de dos mil siete, emitida por el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California en el recurso de inconformidad RI-023/2007.

SEGUNDO. Se confirma el acuerdo de registro de Jorge Hank Rhon, como candidato a gobernador del estado de Baja California, postulado por la coalición Alianza para que Vivas Mejor, aprobado el veintitrés de mayo de dos mil siete, por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California.

No obstante esto, en una campaña electoral de la índole que estaba desarrollando el candidato Hank Rhon, al suspenderse la campaña por casi dos semanas, se vio totalmente roto el principio de equidad que debe de regir para todos los candidatos en el desarrollo del proceso electoral. Esta fue una circunstancia que ocasionó graves consecuencias para el candidato de la “Alianza para que Vivas Mejor”, vulnerándose además del principio de equidad, el principio de certeza, en virtud de que el elector no sabía a escasas tres semanas de la jornada electoral, quienes eran los contendientes.

Repetimos, tal situación afectó gravemente el principio de certeza electoral, que es un presupuesto indispensable para que un proceso electoral sea considerado jurídicamente válido, en virtud de que el electorado, a menos de un mes de la jornada electoral ignoraba quienes eran los candidatos y quienes iban a ser éstos, dependiendo de la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Se generó una ilegalidad, inequidad y falta de certeza en el proceso electoral que dio lugar a la elección del 05 de agosto del año en curso, para Gobernador en el Estado de Baja California, y con ello se ocasionó el perjuicio consiguiente a mi representada “ALIANZA PARA QUE VIVAS MEJOR”, en cuanto que al candidato que representó a esta Alianza de Partidos Políticos, JORGE HANK RHON, no se le permitió realizar campaña política como Candidato a Gobernador, durante el periodo comprendido del 27 de Junio al 06 de Julio del año 2007, no obstante, que este lapso quedaba comprendido dentro de los (60) sesenta días que para hacer campaña se le otorgó a todas las fuerzas políticas contendientes, dado que, en efecto las campañas se abrieron del día primero Junio y se cerraron el día primero de agosto del año en curso, ocasionando con ello la incertidumbre en los ciudadanos del Estado, al no contar con Candidato para Gobernador por la “ALIANZA PARA QUE VIVAS MEJOR”, y privándole del derecho de competir en igualdad de circunstancias con sus competidores.

Por ello, se insiste que la resolución que se combate le causa los siguientes agravios a mí representada en cuanto a la equidad se refiere,

1- En virtud de que la responsable Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California al momento de resolver esta cuestión manifestó precisamente a foja 50 de su resolución y en relación al Voto Particular emitido por un “Magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación” al resolver la causa en la instancia Federal, lo siguiente:

Los agravios son inatendibles.

“Si bien es cierto, este Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado, al resolver el recurso de inconformidad con la clave RI-023/2007, revocó la candidatura a Gobernador del C. Jorge Hank Rhon, postulado por la Coalición “ALIANZA PARA QUE VIVAS MEJOR”, debido a la aplicación del artículo 42 de la Constitución Política del Estado, cierto es, además, que dicho agravio cesó al momento en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SUP-JDC-695/2007, resolvió revocar fa sentencia antes citada...”.

“... La afectación a la esfera Jurídica de la Coalición “ALIANZA PARA QUE VIVAS MEJOR”, y del C. Jorge Hank Rhon, fue resarcida por resolución Judicial que le permitió continuar como candidato...”.

La propia resolución que se combate, es una prueba plena, clara y contundente, en el sentido de que la revocación de la candidatura de nuestro candidato a Gobernador SI LE CAUSO AGRAVIO, (22 DE JUNIO DEL 2007) PERO, COMO YA FUE REVOCADA YA SE RESARCIÓ EL DAÑO CAUSADO POR DICHO TRIBUNAL, EN PERJUICIO DE NUESTRO CANDIDATO, lo anterior, es completamente falso, ya que a nuestro candidato a partir de que fue notificada la revocación a su candidatura, se le impidió realizar cualquier acto de proselitismo para allegarse votos a su favor, es decir, no pudo durante un periodo cercano a los catorce días a promoverse como candidato para Gobernador, en todo el Estado de Baja California, ni tampoco se le permitió dar a conocer cuales eran sus propuestas de campaña, con lo cual queda evidenciado claramente que no existió una equidad en lo que se refiere a los tiempos del proceso electoral o de campaña de los candidatos a Gobernador.

2.- Por otro lado, (foja 56 de la resolución impugnada) manifestó la responsable lo siguiente: ...por otra parte, es inadmisible considerar violación al principio de equidad que debe regir para todos los candidatos en el desarrollo del proceso electoral, por la supuesta suspensión de campaña de casi dos semanas, reclamada por la parte actora, quien afirma que “después de que el registro del C. Jorge Hank Rhon, como candidato a Gobernador del Estado postulado por la Coalición “ALIANZA PARA QUE VIVAS MEJOR”, fue indebidamente cancelado NO REALIZO actos de campaña electoral por el periodo de doce días”.

Continúa diciendo la responsable (foja 58 de la resolución impugnada) “Empero, hay elementos suficientes en el expediente que se resuelve en el sentido de que el C. Jorge Hank Rhon, durante el periodo del 22 de Junio al 06 de Julio del año de la elección, tuvo una presencia en medios electrónicos y prensa escrita, sobre su imagen y su situación jurídica concerniente a la revocación del registro...por ende, no puede considerarse la violación al principio de equidad...”.

Lo anterior, desde luego le causa agravios a mi representada, en virtud de que como lo manifestó la responsable en su resolución, el Ingeniero Jorge Hank Rhon, tuvo una presencia en medios electrónicos y prensa escrita, sobre su imagen y su situación jurídica concerniente a la revocación del registro, pero en ningún momento continuó con la campaña electoral, la cual, en la propia resolución que se combate (foja 73) la responsable transcribió diversos Artículos y plasmo en su resolución; “En términos del articulo 291 de la ley de la materia define como “el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las coaliciones y sus candidatos registrados, para la difusión de sus respectivas plataformas electorales y la obtención del voto, comprendiendo actos de campaña y propaganda electoral”. Lo anterior, se refiere claramente a los candidatos registrados, pero en la especie, la responsable omite mencionar que al C. Jorge Hank Rhon, ya no se encontraba registrado como candidato, toda vez que fue la propia responsable la que determinó que se le había retirado el registro, por lo cual, por disposición de la ley no se encontraba realizando alguna campaña electoral, toda vez que ya no era candidato registrado.

Sigue asentando la responsable lo siguiente:

“los actos de campaña, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del citado artículo, son las reuniones públicas, debates, asambleas, visitas domiciliarias, marchas y en general aquellos en que los candidatos o voceros de los partidos políticos o coaliciones se dirigen al electorado para promover sus candidaturas; y la propaganda electoral, en los términos de la fracción II, es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden tas partidos políticos o coaliciones, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de PRESENTAR ANTE LA CIUDADANÍA LAS CANDIDATURAS REGISTRADAS.

Ante lo anterior, no me queda más que dejar en claro, que todo tipo de “spot publicitario” que haya aparecido en la radio o televisión como manifiesta la responsable, no puede ni debe ser considerado como campaña electoral, si el mismo no tuvo por objeto lo establecido en el artículo 291 de la Ley de la Materia, que claramente establece: que debe hacerse con el propósito de difusión de las plataformas electorales y la obtención del voto, comprendiendo actos de campaña y propaganda electoral, además de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas, lo que en la especie no aconteció, toda vez que el Ingeniero Jorge Hank Rhon, no era candidato registrado, tal y como lo prevé el Artículo en mención y es de todas las personas que se presten a conocer un poco de derecho electoral que las campañas son para “convencer o inducir” el voto de los ciudadanos a su favor; y por el solo hecho notable, acreditado y contundente de que se le impida a una persona a promocionar una campaña electoral a su favor por un periodo determinado, sin importar cuanto, hace que el proceso se encuentre viciado de origen y por ende sea una contienda inequitativa a todas luces, lo cual debió considerar la responsable al momento de dictar su resolución, ya que así ha sido considerado en los diversos criterios emitidos por ese Tribunal, que a continuación se transcriben:

NULIDAD DE ELECCIÓN. CAUSA ABSTRACTA (Legislación de Tabasco y similares).-

Para una mayor explicación del perjuicio ocasionado a mi representada, al momento de que le fue retirado al Ing. Jorge Hank Rhon el registro de su campaña, me permito hacer un comparativo de lo que pudo haber sucedido en caso de existir un periodo equitativo de la contienda electoral.

De este ejercicio, se desprende claramente que de haber existido una equidad en cuanto a los tiempos de campaña, la coalición “ALIANZA POR BAJA CALIFORNIA”, hubiese obtenido en 48 días de campaña un total de 349,084.8 VOTOS, los cuáles en comparación con los votos obtenidos por la coalición “ALIANZA PARA QUE VIVAS MEJOR” en ese mismo periodo de tiempo de campaña que fueron un total de 380,772 VOTOS, existiría una diferencia a favor de nuestro representante por la suma de 31,6872 VOTOS, con lo cual nuestro representante hubiese ganado la elección, lo cual no aconteció, en virtud de la inequidad y diferencia de los tiempos de campaña para ambos candidatos.

Pero, aunado a lo anterior, en caso de no haber sido interrumpida la campaña de nuestro candidato ING. JORGE HANK RHON, y se le hubiese permitido contar con los 60 días de campaña, AL IGUAL QUE SU CONTRINCANTE de la coalición “ALIANZA POR BAJA CALIFORNIA”, los resultados también hubiesen sido favorable a nuestro candidato según se desprende del cuado que a continuación me permito realizar.

De este ejercicio, se desprende claramente que de haber existido una equidad y una igualdad en cuanto a los tiempos de campaña, la coalición “ALIANZA POR BAJA CALIFORNIA” y la “ALIANZA PARA QUE VIVAS MEJOR”, hubiese obtenido en 60 días de campaña un total de 475,965 VOTOS, los cuáles en comparación con tos votos obtenidos por la coalición “ALIANZA POR BAJA CALIFORNIA” en ese mismo periodo de tiempo de campaña que fueron un total de 436,360 VOTOS, existiría una diferencia a favor de nuestro representante por la suma de 39, 605 VOTOS, con lo cual nuestro representante hubiese ganado la elección, lo cual no aconteció, en virtud de la inequidad y diferencia de los tiempos de campaña para ambos candidatos.

En ambos casos comparados por cuanto a tiempos de campaña ya sea de 48 y 60 días, en condiciones iguales ambos candidatos se desprende

1.- EN AMBOS CASOS EL PROMEDIO DE VOTOS DE LA “ALIANZA PARA QUE VIVAS MEJOR” FUE MAYOR.

2.- EN AMBOS CASOS EL PROMEDIO DE VOTOS DE LA ALIANZA POR BAJA CALIFORNIA FUE MENOR QUE LA DE SU CONTRINCANTE.

AGRAVIO SEXTO.- FALTA DE VALORACIÓN DE PRUEBAS Y ARGUMENTOS SOSTENIDOS POR MI REPRESENTADA SOBRE LA CAMPAÑA DENOSTATIVA EN EL CONSIDERANDO NOVENO DE LA SENTENCIA COMBATIDA. Causa agravio a mi representada la ilegal resolución emitida por el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California, dentro del expediente RR-108/2007 y acumulado RR-109/2007, integrado con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por la coalición “Alianza para que Vivas Mejor”, por el que impugnó el cómputo estatal, declaración de validez y entrega de constancia de mayoría de la elección de Gobernador del Estado, a favor del candidato de la coalición “Alianza por Baja California”; toda vez que se lesionan los principios de certeza y legalidad que deben regir en toda contienda electoral, tutelados en el artículo 41 y 116 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 5º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Baja California, y los artículos 1º, 3°, 4, 6, 7, 90, 91, 92, 93, 300, 302, 303, 459 y 460 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California; en virtud de que se viola en mi perjuicio los principio de exhaustividad, el principio de congruencia, la debida valoración de pruebas, así como la omisión de la responsable de realizar diligencias para mejor proveer, principios que se encuentra obligado a cumplir toda autoridad jurisdiccional en materia electoral en la emisión de sus resoluciones, siendo el acto impugnado en el presente escrito la emisión de una sentencia correspondiente a un medio de impugnación local en materia electoral.

Causa agravio a la actora la resolución expedida por el Tribunal Estatal Electoral por ser contraria a la ley debido a que valoró indebidamente las pruebas aportadas para demostrar que la Coalición Alianza por Baja California realizó propaganda injuriosa en contra de la Coalición para que vivas mejor y de su candidato a la Gobernatura Jorge Hank Rhon. Esto es que el tribunal responsable actuó de manera ilegal al considerar que las pruebas aportadas en el Recurso de Revisión no eran aptas para demostrar que existieron actos de propaganda injuriosa en contra de la coalición “Alianza para que Vivas Mejor” y de su candidato a la Gobernatura, puesto que de los spots publicitarios, actos de propaganda electoral, fueron transmitidos por las cadenas televisivas y de radio. En la sentencia emitida por el Tribunal Estatal Electoral hace mención a los hechos reclamados por mi representada, sobre la propaganda injuriosa sin embargo se advierte que en momento alguno el tribunal responsable haya entrado a fondo al estudio y valoración de las probanzas ofrecidas, pues es hecho notorio que desecho de plano dicha probanza al emitir considerandos frívolos y faltos de lógica jurídica aunada a la inexistencia de fundamentación legal alguna.

En efecto, en el considerando enumerado como “Noveno” de la referida resolución, la responsable aduce que “la regulación de las campañas electorales está enfocada a la divulgación de la información que proporcione a los electores, todos los elementos necesarios para que éstos estén en aptitud de emitir su voto de forma informada y razonada, en donde el elector esté en posibilidad de conocer los programas d gobierno de los candidatos, como factor de valoración en base sobre la cual, los votantes estén en aptitud de orientar su sufragio” (extracto contenida en la foja 107 del acto combatido). Establece que, atendiendo al marco contenido en la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California, se contienen una serie de dispositivos en los cuales se regula la campaña electoral, consistente en actos de campaña y propaganda electoral; teniendo como ratio legis el que las campañas electorales sean prepositivas, favoreciendo la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones fijadas por los partidos o coaliciones en sus documentos básicos y su respectiva plataforma electoral registrada ante la autoridad administrativa electoral local; reconociendo que las prohibiciones señaladas en las propia legislación, se encuentran orientadas en el mismo sentido, de forma que los partidos políticos y coaliciones propicien que l campaña electoral esté dirigida hacia la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas contenidos en sus documentos básicos y plataformas electorales. Agrega la responsable que las prohibiciones no implican una restricción a la libertad de expresión, y que de esta guisa no sea limitada la libertad de expresión que ejerzan los partidos políticos o coaliciones, al mismo tiempo, advierte la responsable que si se encuentra restringida la libertad de expresión de tos partidos políticos, sus candidatos y sus militantes, de forma que se ubique en el contexto, el debate de las ideas y las propuestas de los partidos políticos, así como de la critica aceptable; de manera que sean privilegiados los principios del estado democrático. Bajo esta tesitura la responsable concluye en su razonamiento que “De otra manera, si se permitiera la propaganda negativa se afectarían las bases sobre las cuales se funda o se sustenta un proceso electoral democrático, lo que nos llevaría que lejos de lograr campañas en las que el electorado pueda razonar su voto en base de los programas, acciones y propuestas de sus candidatos, tenga solamente el deterioro de la imagen de las opciones políticas, lo que a su vez podría afectar la libertad del voto o inclusive promover el abstencionismo.” (Texto localizado en la foja 109 de la resolución que se impugna). Advierte que ha sido criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que no todas las expresiones emitidas por los partidos políticos, coaliciones, candidatos y militantes en las cuales se emita una opinión, juicio de valor o crítica especialmente negativos respecto de los ciudadanos, las instituciones públicas, partidos políticos o coaliciones distintos, no implica una violación a la normatividad aplicable; sino que, habría que realizarse una valoración respecto de los mensajes que se emitan, de esta guisa, si el mensaje resulta contrario a la normatividad establecida, implicando un desprestigio para un partido político o coalición, donde fueren utilizadas la diatriba, calumnia, injurias o difamaciones, entonces se estarían infringiendo los principios rectores del estado democrático y consecuentemente los principios de objetividad, certeza, legalidad, equidad en la contienda que rigen en materia electoral. Actos que al ser dirigidos al electorado se estaría contribuyendo a la formación de una opinión o un juicio de un partido político o coalición del electorado; asimismo, cuando las expresiones o alusiones realizadas en cualquiera de sus modalidades (gráficas, escritas, habladas) resulten impertinentes, innecesarias o desproporcionados, atendiendo a la finalidad del mensaje y su apego a los principios del estado democrático, por lo que el contenido del mensaje no sea la oferta política, la propuesta política, y si se encuentre dirigido ala descalificación de uno de sus contendientes y candidatos.

En esta tesitura, atendiendo al marco normativo y a los criterios descritos en la resolución impugnada, el Tribunal de Justicia electoral del Estado de Baja California, delimita por medio de la legislación y los principios del estado democrático, el sentido en el que deberán estar dirigidos de los actos relativos a la campaña electoral y en específico los consistentes en propaganda electoral.

Posteriormente, la responsable realiza un análisis de los elementos de prueba ofrecidos por mi representada, partiendo de la premisa consistente en que en el Recurso de Revisión promovido ante el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, la suscrita basó su agravio en la afirmación consistente en que la colación “Alianza por Baja California” y los partidos políticos que la integran contrataron estaciones de radio y televisión para la transmisión de la propaganda electoral por la cual se injuriaba, calumniaba, difamaba y desacreditaba a nuestro candidato a la gobernatura del Estado.

A) Así las cosas, en el estudio de las probanzas la responsable refiere que el spot publicitario ofrecido por mi representada contenido en formato DVD intitulado “C. DENOSTATIVA TELÉFONO DE HANK”, dio fe de su contenido la Secretaría General del tribunal electoral local y que no pasó desapercibido por la autoridad jurisdiccional local el acontecimiento consistente en la interposición de una denuncia de hechos presentada por el suscrito ante el Consejo Estatal Electoral en contra del Partido Acción Nacional por la difusión del spot publicitario por tratarse de propaganda electoral contraria a las disposiciones que regulan las campañas electorales, misma que radicó con el numero de expediente CRPP/DH/27/2007, quien resolvió fundada la denuncia interpuesta multando al Partido Acción Nacional con dos mil salarios mínimos. De igual forma, que para te responsable resultó un hecho público y notorio que la resolución emitida por el Consejo Estatal Electoral recaída a la denuncia de hechos fue impugnada con el Recurso de Inconformidad RI-065/2007 interpuesto ante la autoridad jurisdiccional responsable el 13 de septiembre del año en curso, la cual resolvió revocar la resolución emitida por el Consejo Estatal Electoral ordenando se repusiera el procedimiento administrativo sancionador.

Acto que causa agravio a mi representada, al valorar indebidamente las pruebas ofrecidas que respaldan los argumentos planteados en el medio de impugnación interpuesto por la coalición actora, en virtud de que uno de los agravio expresados, en esencia, radica en la emisión de un spot publicitario, el cual constituye propaganda electoral contraria a la normatividad que regula la campaña electoral, que incurre en prohibiciones señaladas en la ley electoral del materia, y consecuentemente viola los principios de equidad y legalidad que rigen en la materia electoral. Del spot publicitario se anexó copia en formato DVD al escrito impugnativo promovido ante la autoridad jurisdiccional local, el cual se dejó de valorar, limitándose la responsable a desahogar la prueba referida por medio de la Secretaria General del Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial de Baja California, como consta en la foja 110 de la resolución impugnada.

Respecto de la valoración de la resolución emitida por el Consejo Estatal Electoral recaída a la denuncia de hechos identificada con el número de expediente CRPP/DH/27/2007, no debe pasar desapercibido a esta Sala Superior, el hecho de que la resolución referida fue ofrecida como prueba al momento en que fue presentado el Recurso de Revisión al cual recayó la sentencia que en el presente recurso se impugna, y que la responsable resta valor probatorio al ser revocada en fecha posterior por medio de la resolución que emitió para resolver el Recurso de Inconformidad RI-065/2007, a efecto de reponer el procedimiento administrativo sancionador instaurado por la autoridad administrativa electoral local; como tampoco deberá quedar desapercibido de que los efectos de la reposición del procedimiento administrativo sancionador se ordenó a partir de su instrucción, posterior al procedimiento por el cual la autoridad administrativa electoral local haciendo uso de sus facultades de investigación sobre los hechos denunciados, recabó diversos informes de estaciones de radio y televisión por los que se remitieron informes y pautas publicitarias relacionadas con el spot publicitario y su respectiva transmisión en distintos días y horarios en las estaciones referidas; documentos que obran en el expediente integrado por la Comisión del Régimen de Partidos Políticos del Consejo Estatal Electoral correspondiente a la denuncia de hechos identificada con el número de expediente CRPP/DH/27/2007, mismo que tuvo a la vista la responsable para resolver el Recurso de Inconformidad citado..

Asimismo, contrario al principio de exhaustividad, la autoridad jurisdiccional no agotó las diligencias suficientes para obtener mayores elementos de convicción con los cuales le permitieran arribar a la verdad material, de tal manera que omitió requerir a las estaciones de radio y televisión en el Estado informaran sobre quién o quiénes pagaron u ordenaron su transmisión, en qué período se difundió el spot publicitario, cuántas veces se transmitió al día y en qué horarios, así como cuál fue el costo de su transmisión; en virtud de lo anterior, la responsable no recabó mayores elementos que le permitieran valorar la prueba presentada por la coalición actora y admitida en el juicio de marras. En efecto, la responsable para la emisión de la resolución combatida despliega una actividad intelectiva al momento de valorar las pruebas que se le presentan, cuya justipreciación no puede estar sujeta a reglas rígidas que la obliguen a tener por demostrado determinados hechos sólo con pruebas exclusivamente predeterminadas, sino que, debe entenderse, que tiene la libertad para valerse de los elementos de convicción a su alcance permitidos por la ley, con el objeto de conocer la verdad de los hechos materia de la litis. Concurrentemente, la autoridad responsable omitió realizar diligencias para mejor proveer, las cuales pudo haber efectuado siendo que las constancias que obren en autos resultaban insuficientes para conocer los valores de las probanzas y asertos aducidos, siendo que en la especie la autoridad jurisdiccional contaba con tiempo suficiente que le permitiera llevar a cabo, con el fin de remitirse a fuentes de donde se obtuvieran datos correspondientes a la situación planteada, de forma que permitieran valorar con mayores elementos de convicción los agravios expresados por mi representada, consiguiendo con ello que al momento de impartir justicia se tomaran en cuenta los mayores elementos para conocer la verdad material, y de esta forma cumplimentar satisfactoriamente los principios legalidad y certeza que rigen los actos electorales. Es el caso, que la responsable tuvo a la vista el expediente integrado con motivo de la denuncia de hechos interpuesta por la actora ante el Consejo Estatal Electoral, quien al admitirla formó el expediente CRPP/DH/27/2007, en donde la autoridad administrativa electoral en ejercicio de su facultad inquisitiva recabó elementos relacionados con el spot publicitario indebidamente valorado por la responsable en el presente juicio. En efecto, no obstante que la resolución recaída al recurso de Inconformidad RI-65/2007 por la cual el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California revoca del dictamen emitido por el Consejo Estatal Electoral con el que resuelve la denuncia de hechos citada, y ordena la reposición del procedimiento instaurado por la autoridad administrativa electoral; la responsable en el presente juicio especifica en la citada resolución recaída al recurso de inconformidad que la reposición del procedimiento deberá realizarse a partir de la etapa de instrucción, ordenando dar vista a la denunciada de las probanzas recabadas por el órgano del Consejo encargado de la instaurar el procedimiento administrativo sancionador, a efecto de que manifestara lo que a su interés convenga respecto de los informes y pautas publicitarias recabados de las estaciones de radio y televisión en el Estado de Baja California, en los que se daba cuenta de quién o quiénes pagaron la transmisión, los horarios y fechas en que fue transmitido el spot aludido, así como las veces en que se transmitió. La responsable en la resolución que emitió dentro del Recurso de Inconformidad y que cita en la resolución hoy impugnada, no se pronuncia sobre la videograbación del spot publicitario el cual fue presentado en formato DVD, mismo que se anexó en el escrito por el que la actora interpuso el Recurso de Revisión. En efecto, si bien es cierto que en la resolución del Recurso de Inconformidad advierte que son operantes los agravios de la actora dentro de ese juicio, no se pronuncia sobre el contenido del mensaje del spot publicitario el cual resulta a la luz como propaganda electoral que no cumple con lo dispositivos normativos contenidos en la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California, faltando el partido político denunciado a las obligaciones contenidas en la fracción II del artículo 91 y demás disposiciones normativas de carácter prohibitivo aplicables al caso concreto relativas a la regulación de la campaña electoral. En este orden de ideas, cabe apuntar que la responsable tuvo conocimiento de los informes y pautas publicitarias que la autoridad administrativa electoral local recabo relacionadas con la transmisión del spot publicitario, donde es posible advertir quien contrato el spot publicitario, las fechas y costos de su transmisión. Por ello, la autoridad jurisdiccional la tener conocimiento pleno de estos elementos, para un mejor proveer pudo solicitar a las distintas estaciones de radio y televisión un informe relativo a la transmisión del spot publicitario ofrecido por mi representada a efecto de hacerse de mayores elementos que le permitieran valorar debidamente la prueba ofrecida, de forma de acercarse a la verdad material de los hechos.

Del contenido de las pruebas que dejó de valorar la responsable, se advierte en la videograbación presentada la propaganda electoral consistente en un spot publicitario de una duración de treinta segundos en el cual se expone un mensaje en el que se difama e injuria al candidato de la coalición “Alianza para que Vivas Mejor”, el cual fue transmitido en estaciones de radio y televisión, pagada por el Partido Acción Nacional, leyenda que también aparece al finalizar el spot en comento. De la reproducción del spot publicitario se extrae la transcripción de su contenido:

“GRACIAS POR LLAMAR AL CORPORATIVO ACHE, I, SIETE, DONDE LO

PATROCINAMOS TODO, UAJAJAJAJAJAJAAJA,

PARA COMPRAR GENTE, MARQUE UNO,

PARA COMPRAR ANIMALES EXÓTICOS, MARQUE DOS

PARA COMPRAR JÓVENES, MARQUE TRES,

PARA COMPRAR PARTIDOS POLÍTICOS, MARQUE CUATRO,

PARA COMPRAR CANDIDATOS, MARQUE CINCO,

PARA CONVERTIR TUUANA EN SAN DIEGO, MARQUE SEIS,

PARA COMPRAR RESTAURANTES DE COMIDA CHINA Y HACERLOS CASAS DE GOBIERNO, MARQUE SIETE,

PARA COMPRAR SU VOTO, MARQUE OCHO,

Y COMO PARA MI, LA MUJER ES SU ANIMAL PREFERIDO JAJAJAJAJA, ME ENCANTA, MARQUE NUEVE,

Y PARA COMPRAR GENTE COMO EXTRAS PARA MIS ANUNCIOS MARQUE CERO,

Y NUEVAMENTE MUCHAS GRACIAS POR MARCAR, RECUERDE YO LO COMPRO TODO, JAJAJAJAJAJAJAJA”

Del desahogo de la probanza ofrecida durante la instauración del procedimiento administrativo sancionador y de los elementos que se hizo llegar la autoridad administrativa electoral local, como fueron las pautas publicitarias emitidas por los medios las estaciones de televisión Canal 66, Televisa Mexicali, TV Azteca Mexicali, MVS Noticias, Cadena Baja California, Televisa Tijuana, TV Azteca Tijuana, Síntesis Tijuana, Televisa Ensenada; así como las radiodifusoras Radio Capital, MVs Radio, Cadena Baja California Mexicali, Radiorama Mexicali, Grupo Calafia, Imagen, Uniradio, Cadena Baja California Tijuana, Mvs Tijuana, Radio Moderna, Interamericana De Radio, Radio Fórmula y Radio Incisoradio; la autoridad determinó que el spot publicitario fue transmitido en diversas horas y horarios que va del día 6 de junio al 11 de junio de los presentes, elementos que se desprendieron de los periodos contenidos en las pautas publicitarias y que la transmisión del spot publicitario fue contratada por el Partido Acción Nacional, instituto político integrante de la coalición “Alianza por Baja California”

Propaganda que fueron transmitidas de acuerdo a las circunstancias de tiempo, modo y lugar que se indican en el siguiente cuadro representativo plasmado en el dictamen referido:

De esta guisa, la responsable dejó de valorar elementos de prueba que tuvo a la vista en el expediente integrado con motivo del recurso de revisión interpuesto por la actora identificado con la calve RR-108/2007 y su acumulado RR-108/2007 y, por otra parte, omitió realizar las diligencias de mejor proveer que le permitieran obtener mayores elementos para la valoración de la prueba presentada en tiempo y forma. Consecuentemente, con los actos citados se causa agravio a mi representada al infringir la autoridad responsable los principios de legalidad y certeza que rigen en materia electoral, en virtud de incumplir con el acto impugnado con los principios de coherencia y exhaustividad que deben cumplir las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales.

En efecto, los principios de legalidad y certeza que rigen en materia electoral tutelan formalmente el que los ciudadanos y las autoridades electorales actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley electoral, de tal manera que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo; consecuentemente, con el principio de certeza se tutela el que los participantes en el proceso electoral conozcan de las disposiciones normativas a las cuales se encentran sujetas las autoridades electorales. En tanto, los principios de exhaustividad y congruencia que deben cumplir las autoridades jurisdiccionales electorales al emitir sus resoluciones, en tesis relevantes y jurisprudencia emitida por esta Sala Superior, se ha establecido que el principio de exhaustividad consiste en la obligación de las autoridades jurisdiccionales de estudiar completamente todos y cada uno de los puntos integrantes de las cuestiones o pretensiones sometidas a su conocimiento, sin limitarse al análisis de un aspecto concreto por considerarlo suficiente, toda vez que con este principio se asegura el estado de certeza jurídica que las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales, evitando la privación injustificada de derechos que pudiera sufrir un ciudadano o una organización política, provocando incertidumbre jurídica y la privación irreparable de derechos que vulneren el principio de legalidad electoral señalado en los artículos 41, fracción III; y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Principios que obligan al juzgador agotar cuidadosamente en la sentencia, todos y cada uno de los planteamientos hechos por el recurrente en cuanto hace a la integración de la litis, en apoyo de las pretensiones planteadas en su impugnación. Sirve de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se transcriben a continuación:

PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN. (Se transcribe)

EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE. (Se transcribe)

En cuanto hace al principio de congruencia que deben observar las decisiones de todo organismo jurisdiccional, éste tutela la exacta aplicación de la ley, de modo que las resoluciones deberán adecuarse a la letra de la ley, su interpretación jurídica y, en última instancia, los principios generales del derecho; por lo que se exige que exista identidad jurídica entre lo que se resuelva, en cualquier sentido, con las pretensiones del promovente, frente a los fundamentos que sirvieron de base para dictar el fallo, y lo ordenado por la Ley.

Por lo tanto, atendiendo a la normatividad aplicable, a la jurisprudencia emitida por el máximo tribunal, la autoridad con la resolución emitida dentro del expediente identificado con el número RR-108/2007 y su acumulado RR-109/2007, vulnera los principios de legalidad y certeza que rigen en la materia electoral, al incumplir en la resolución de marras con los principios de congruencia y exhaustividad.

B) En relación con lo resuelto por el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California en el considerando “Noveno” respecto al señalamiento de mi representada por el que manifiesta que con fecha 13 de julio del año en curso interpuso una denuncia de hechos por la difusión de un spot publicitario por el que se denigraba la imagen de nuestro candidato a gobernador por la cual se instaló el procedimiento administrativo sancionador identificado con la clave CRPP/DH/37/2007 y que de su resolución se advirtió que los hechos denunciados fueron susceptibles de ser sancionados, declarando la responsable que no se demostró con medio de convicción alguno la existencia del expediente. Dicha consideración causa agravio a mi representada en virtud de contravenir lo contenido en los artículos 1º, 3º, 4, 6, 7, 90, 91, 92, 93, 300, 302 y 303 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California, toda vez que la integración del expediente CRPP/DH/37/2007 se realizó con motivo de la denuncia de hechos interpuesta por la coalición “Alianza para que Vivas Mejor” en contra de un spot publicitario contratado por la coalición “Alianza por Baja California”, en la que el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California emitió el dictamen número 62 aprobado en la Décima Segunda Sesión Ordinaria de fecha 22 de agosto del año en curso, ordenándose su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California; acto de carácter público del cual también tuvo conocimiento la responsable, en virtud de que la coalición “Alianza por Baja California” impugnó el dictamen aludido ante la responsable el día 27 de agosto del año en curso, por lo que el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California tuvo conocimiento del acto a partir de esa fecha. Por lo tanto, la autoridad responsable tuvo conocimiento no soto de un hecho público consistente en la integración del expediente formado con motivo de la denuncia de hechos presentada por la coalición “Alianza para que Vivas Mejor” identificado con el número CRPP/DH/37/2007, sino que el dictamen aprobado por el Consejo Estatal Electoral por el que se resuelve la denuncia de hechos aludida, en el que se sanciona a los partidos políticos que integran la coalición “Alianza por Baja California” por la contratación de un spot publicitario el cual denosta al candidato a gobernador del Estado de la coalición que represento, siendo un acto público vigente y que no ha resuelto la autoridad jurisdiccional local. En efecto, el dictamen aprobado por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California por el que se resuelve la denuncia de hechos integrada en el expediente CRPP/DH/35/2007 que interpuso la coalición que represento en contra de la coalición “Alianza por Baja California” por la transmisión de un spot publicitario por el que se denosta al candidato al gobierno del Estado de la coalición “Alianza para que Vivas Mejor” resulta a todas luces como propaganda electoral que es contraria a los dispositivos normativos contenidos en la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California, faltando el partido político denunciado a las obligaciones contenidas en la fracción II del artículo 91 y demás disposiciones normativas de carácter prohibitivo aplicables al caso concreto relativas a la regulación de la campaña electoral. En este orden de ideas, cabe apuntar que la responsable tuvo conocimiento de los informes y pautas publicitarias que la autoridad administrativa electoral local recabó, mismas que guardan relación con la transmisión del spot publicitario, donde es posible advertir quién contrato el spot publicitario, así como las fechas y costos de su transmisión. Por ello, la autoridad jurisdiccional al tener conocimiento pleno de estos elementos, para un mejor proveer, tuvo la facultad de solicitar a las distintas estaciones de radio y televisión un informe relativo a la transmisión del spot publicitario ofrecido por mi representada a efecto de hacerse de mayores elementos que le permitieran valorar debidamente la prueba ofrecida, de forma de acercarse a la verdad material de los hechos. Situación que no ocurrió en la especie, limitándose la responsable a desahogar la prueba técnica (como la señala la responsable en la foja 111 de la resolución combatida) sin realizar ningún tipo de valoración sobre el particular, siendo a todas luces evidente que el mensaje contenido en el spot publicitario resulta contrario a las disposiciones que regulan la campaña electoral, en específico a aquellas aplicables a la propaganda electoral.

El spot al que nos referimos, contiene un mensaje que denosta, injuria y difama al candidato de la coalición “Alianza para que Vivas Mejor”, mismo que fue transmitida en diversas estaciones de televisión, el cual tienen una duración de treinta segundos, del cual se extrae la descripción siguiente:

“Se encuentra una persona adulta de sexo masculino, sentado en un sillón en lo que al parecer es el interior de su casa, dirigiéndose a los televidentes y manifiesta lo siguiente: A MÍ ME PREOCUPA EL FUTURO DE MI FAMILIA, Y SOBRE TODO EL DE MIS HIJOS, ¿TU CONFIARÍAS EN ALGUIEN ASI? Seguido del audio que dice: BAJO SOSPECHA DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO.

Simultáneamente aparece la portada de una revista que se denomina proceso, con la fotografía de JORGE HANK ROHN, y en la que se puede leer lo siguiente: LOS HANK, EL REGRESO. En la parte inferior de la misma con letras grandes aparece la leyenda CACHORROS DE LA CORRUPCIÓN. Continúa el audio del spot diciendo BAJO SOSPECHA DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO.

De nueva cuenta una fotografía en la cual del lado izquierdo aparece de nueva cuenta JORGE HANK ROHN, y del lado derecho aparece un recuadro en el que se puede leerlas palabras FINANCIERO, ESTIRPE DE CORRUPCIÓN.

Nuevamente el audio que se escucha dice: ALGUNAS PUBLICACIONES RELACIONAN A HANK CON EL NARCOTRÁFICO y LAVADO DE DINERO.

Un recorte de periódico en el cual aparece la fotografía de JORGE HANK ROHN, y en el que se alcanza a leer lo siguiente: GUARDAESPALDAS ASESINO DE HÉCTOR FÉLIX. A continuación se escucha a través del audio la frase: EMPLEADOS DE JORGE HANK PRESOS EN EL PENAL DE LA PALMA, ACUSADOS DE ASESINATO.

Posterior a esto, sigue una fotografía en la que aparece JORGE HANK ROHN, detrás de unas rejas, acto seguido se escucha por medio del audio lo siguiente: JORGE HANK ACUSADO POR PRESUNTO TRÁFICO ILEGAL DE PIELES EXÓTICAS. Después vuelve a aparecer la imagen del adulto antes referido, es decir, con el que da inicio el spot, pero en esta ocasión acompañado por un menor, aparentando ante el público en general, que dicho infante es su hijo. En esta ocasión da respuesta a la pregunta con la que inicia el spot manifestando lo siguiente: DEFINITIVAMENTE, YO NO PORQUE EL FUTURO DE MIS HIJOS LO VALE TODO.

Al final del spot, se lee la leyenda del responsable de la propaganda, toda vez que aparece el nombre de ALIANZA POR BAJA CALIFORNIA”.

Del spot de referencia, la autoridad administrativa electoral recabó la pauta publicitaria en la que se advierten las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó la transmisión del spot publicitario:

C) En relación con lo resuelto por el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California en el considerando “Noveno” respecto de la prueba técnica consistente en la videograbación que contiene una entrevista, la cual fue presentada en formato DVD que lleva por nombre “CAMPAÑA DENOSTATIVA ENTREVISTA”, el tribunal de marras les confiere un valor probatorio de indicio leve, en virtud de considerar que al no adminicularse con otras pruebas que pudiesen fortalecer el indico indicado (sic), como podrían ser los informes de las televisoras en los que se señaló que fue transmitida la entrevista. Asimismo, la responsable refiere que aún suponiendo sin conceder que dicha probanza se les pudiera ponderar con un valor probatorio pleno, los efectos de este tipo de campaña difícilmente pueden ser medidos e manera precisa, pues considera la responsable que no existirían elementos objetivos que permitan arribar a la conclusión definitiva, inobjetable, y uniforme de la relación causa-efecto entre la propaganda negativa y el sentido concreto de la votación emitida en una elección. Las consideraciones citadas causan agravio a mi representada en virtud de ser contrarias a los principios de certeza y legalidad que rigen en materia electoral al incumplirse con el principio de exhaustividad en la emisión de la resolución impugnada, así mismo al valorarse indebidamente la prueba ofrecida por mi representada en su escrito impugnativo, de tal suerte que la autoridad jurisdiccional omitió realizar diligencias para mejor proveer a efectos de obtener mayores elementos que le permitieran arribar a la verdad material de los hechos, pues atendiendo a los elementos que tuvo a la vista, los plazos para la emisión de la resolución, permitían a la responsable ejercer sus facultas en el sentido de corroborar la existencia de la transmisión de la entrevista y ordenar la realización de las diligencias para mejor proveer para efectos de contar con elementos suficientes para realizar una valoración de las pruebas más exacta.

En relación con lo argumentado por la responsable sobre los efectos de este tipo de campaña, al no poder ser medidos atendiendo a las consecuencias de la votación emitida; dicha consideración causa agravio a mi representada en virtud de contravenir lo contenido en los artículos 1°, 3°, 4, 6, 7, 90, 91, 92, 93, 300, 302 y 303 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California, toda vez que el agravio que se formuló ante la autoridad jurisdiccional electoral local fue el concerniente a la violación de los principios considerados para determinar si en la elección correspondiente al proceso electoral 2007 en Baja California, se observaron los principios legales y constitucionales para considerar una elección válida. En efecto, con la resolución impugnada se vulnera el principio de exhaustividad y congruencia al dejar de estudiarse la totalidad de los agravios expresados en el escrito de impugnación presentado por la coalición “Alianza para que Vivas Mejor”, entre ellos el concerniente al incumplimiento de los principios constitucionales y legales para considerar que una elección puede ser considerada válida, de manera que la autoridad responsable dejó de valorar que con las pruebas aportadas y su adminiculación se expresaba el agravio por le cual se afectaba el principio de elecciones libres, auténticas y periódicas; el concerniente al sufragio universal, libre, secreto y directo; así como tos de certeza y legalidad. Elementos que han sido definidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia identificada con el rubro “ELECCIONES. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES QUE SE DEBEN OBSERVAR PARA QUE CUALQUIER TIPO DE ELECCIÓN SEA CONSIDERADA VÁLIDA.”, y que de su enumeración se advierte que su violación sistemática en una elección, ésta no podrá ser considerada como válida; siendo que en la especie que con la probanza aportada y su debida valoración se advierten elementos que adminiculados a otros valorados correctamente por la responsable en el sentido relativo a la transgresión de los principios citados (como es el caso del considerando décimo déla resolución impugnada), dejaron de valorarse en su conjunto, por lo que la responsable violó los principios de exhaustividad y congruencia que debe cumplir toda resolución emitida por la autoridad jurisdiccional electoral, y consecuentemente los principios de certeza y legalidad que rigen en materia electoral. En el contenido de la videograbación se puede observar una entrevista rendida por el Secretario General del Partido Nueva Alianza, integrante de la coalición “Alianza por Baja California” ante la televisión, quien rinde declaraciones que denostaron en todo momento al candidato de la coalición al gobierno del Estado, entrevista que a continuación se transcribe:

Conductor. Secretario General del PANAL, del Partido Nueva Alianza, a quien le damos la bienvenida esta noche. Que tal buenas noches.

JORGE KAHWAGI: Buenas noches como están, buenas noches muchas gracias y buenas noches a tu auditorio.

Conductor Bien pues en Baja California, que haciendo promoviendo en esta campaña electoral.

JORGE KAHWAGI: Si mira es muy importante el que expliquemos porque hicimos esta alianza con el PAN y con el PES. Es una alianza para verdaderamente servirle a los de Baja California, es una alianza que se privilegia la educación, que se privilegian los principios, que estamos viendo y buscando que se cumpla la palabra que no se siga engañando a la gente de Baja California como lo ha venido haciendo Jorge Hank Rhon, ahorita estaba escuchando que se van a dar mucho más pronta las cartas de no antecedentes penales, yo creo que sería bueno referírselo a Jorge Hank Rhon, tengo entendido que tuvo algunos problemas con la justicia, yo creo que sería muy bueno que se los pidiéramos; y también ahorita que estaba esperando escuche que decía que Guadalupe Osuna sólo había presentado una iniciativa de gobierno y que era un inepto, yo le pediría a Jorge Hank, que tan siquiera se pusiera a investigar, pues no son iniciativas de gobierno, son iniciativas de ley, y por supuesto que no presentó una, presentó muchas, entonces yo creo que ya debe de dejar de estar mintiendo, otra incongruencia que estaba ahorita en el ratito que estuve esperando, fíjate se supone que es candidato por el partido verde junto con el PRI, y viene con un chalequito de piel de cocodrilo, promueve peleas de gallos, corridas de toros... es muy triste ver como no se están persiguiendo principios, sino que se están persiguiendo posiciones, se está tratando de comprar la conciencia de la gente de Baja California, ha subido la delincuencia en un 300 % en el tiempo que a él le ha tocado gobernar, él cuando entró una de sus promesas de campaña es que no le iba a temblar la mano para parar la delincuencia, pero yo creo que no le tembló la mano para abrirle la puerta a los delincuentes, para unirse con el hampa, no le ha temblado la mano para tratar a las mujeres como lo hizo en su campaña, como animales, él dice que su animal favorito es la mujer, me parece indignante, pues yo no se a que le tira este señor, cree que esto de hacer política es un juego, creo que debemos tomarlo más en serio, que vaya a los debates, para que debata las ideas, se ha rehusado a ir a debatir con los demás candidatos, y yo también invitaría al Presidente del Partido Verde, al Presidente del PRI que vengan y que debatamos el porque se hizo esta alianza, el cual son las características de sus candidatos y en que están representando en sus ideas.

CONDUCTORA: Jorge tuvo algo que ver tu salida del Partido Verde con esta relación que se dio entre la dirigencia de ese partido y Jorge Hank

JORGE KAHWAGI: Mira una de las muchas razones por las que me salí del Partido Verde es que no se están ya persiguiendo los ideales por los que se supuestamente nosotros luchábamos el cuidado al medio ambiente pues en el 2003 se hizo una alianza aquí en Baja California con todos los demás candidatos excepto con Jorge Hank porque obviamente ataca al medio ambiente en este momento ellos deciden hacer esta alianza, que además la decisión fue una decisión ilegal porque en la asamblea para que se pudiera permitir la alianza con el PRI por parte del Verde hubo Falsificación de firmas que por cierto hay interpuestas denuncias penales en contra del delincuente éste que es el presidente del Partido Verde aquí en el estado Eduardo Ledesma que haber si luego también nos explica que relación ha tenido con tos Arellano Félix a mi que me cuente porque se que ha tenido relación con los Arellano Félix que nos explique no.

CONDUCTOR: Jorge quisiera que me explicaras un poco porque en este caso tienen que venir ustedes del centro del país y ya lo hemos cuestionado en muchas ocasiones aquí en síntesis del centro del País a hacer este tipo de señalamientos a los bajacalifornianos ¿no hay bajacalifornianos que se atrevan a hacerlo?

JORGE KAHWAGI: Por supuesto que si pero, somos mexicanos preocupados por nuestro país que por supuesto que debíamos de señalar cualquier anomalía que haya en cualquier parte de nuestro país es nuestra obligación he yo como parte de la dirigencia nacional de mi partido pues por supuesto que tengo que estar al pendiente de todas las entidades y todas las entidades donde vamos a hacer una alianza, mucho más debemos de estar muy claros el porque lo estamos haciendo porque proyecto para que y en que podemos ayudar a los bajacalifornianos todos somos mexicanos y tenemos que echamos la mano.

D) Causa agravio a la coalición “Alianza para que Vivas Mejor” que la resolución impugnada no cumple con los principios de exhaustividad y congruencia que toda resolución recaída a un medio de impugnación debe cumplir, violándose con ello los principios de certeza y legalidad. En efecto, la responsable dejó de valorar y desahogar las pruebas que se anexaron al escrito impugnativo primigenio promovido por la actora consistentes en spots publicitarios y entrevistas ofrecidas por los candidatos de la coalición “Alianza por Baja California” a Presidente Municipal de Mexicali y Gobernador del Estado en televisión, las cuales denostan a los partidos integrantes de la coalición “Alianza para que Vivas Mejor” y a sus candidatos, actos que constituyen propaganda electoral señalada como prohibida en el legislación electoral local:

Durante el transcurso de la etapa de preparación de la elección, en específico en el período de campañas electorales, el candidato de la coalición “Alianza por Baja California” declaró ante el noticiero “Síntesis” lo siguiente:

“CONDUCTORA: José Guadalupe Osuna Millán, manifestó: su aprobación a la campaña que inicio el Partido Acción Nacional, en donde cuestiona a Jorge Hank,

Osuna Millán, señaló, que Acción Nacional no inició los ataques en los medios de comunicación simplemente está respondiendo

JOSÉ GUADALUPE OSUNA MILLÁN: el PAN, no ha iniciado ninguna campaña, el PAN está respondiendo a señalamientos que le hicieron solamente yo apruebo, el nivel que le imprimamos en esta campaña con propuestas sin descalificaciones y sin ataques, a los ataques mi partido va respondiendo.”

Declaraciones que dejan a la vista la posición del candidato de la coalición “Alianza por Baja California”, de la cual forma parte el Partido Acción Nacional, consintiendo la campaña de denostación emprendida por ese instituto político.

El candidato de la coalición “Alianza por Baja California” apareció en diversos spots publicitarios de la citada coalición, desacreditando al candidato de la coalición al gobierno del Estado de mi representada, conducta que afirma las declaraciones rendidas por el candidato de la coalición “Alianza por Baja California”, José Osuna Millán, en el sentido de responder con ataques a los señalamientos formulados al partido que pertenece, como se desprende del spot referido y del que a continuación se describe su contenido:

“Aparece el candidato a gobernador JOSÉ GUADALUPE OSUNA MILLAN, en un jardín en la imagen aparece en la parte inferior izquierda el logotipo de la Alianza por Baja California, en la parte inferior derecha la leyenda “OSUNA MILLAN GOBERNADOR”. EL candidato aparece con una camisa blanca con la leyenda “OSUNA MILLAN”

En el segundo 26 aparece la leyenda vota por los candidatos de la Alianza por Baja California” y enseguida se escucha el siguiente audio:

Osuna Millán: “Yo como la mayoría también creo que los gobernantes cuando recibimos el voto y la confianza de la gente, mínimo deberíamos tener la vergüenza de terminar nuestros cargos cuando juramos hacerlo, pero respetamos la ley, por eso, ahora que el TRIFE en México nos regresó al incongruente como candidato, órale, nada nos dará más gusto que ganarle en las urnas con la fuerza de los votos”.

Spot publicitario en el que se alude al candidato al gobierno del Estado de la coalición que represento, refiriéndose a él de forma velada, causándole un descrédito y difamación frente al electorado.

Un spot publicitario transmitido por televisión en el que aparece el emblema del PAN registrado ante la autoridad administrativa electoral, y una persona que se identifica como vendedor de periódicos, en el que se escucha un audio:

“Ah que ironía, ¡verdad! la ley antichapulín le da el palo a Hank, mister hy7, si yo fuera usted, también me tiraba al piso a llorar y me hacía la víctima, pos que caray, mira que clavarlo con una ley que propuso su propio partido, que ironía, ¡verdad!, pero ya no llore.”

El candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de Mexicali de la coalición “Alianza para que Vivas Mejor” quien en una entrevista ante los medios de comunicación electrónica denostó, infamó y desacreditó al candidato a la gobernatura de la coalición que represento, mismas que a continuación se transcriben:

“REPORTERO: Ustedes los de acción nacional están usando discursos del pasado de Hank y lo malo que es Hank y todos los nexos que tiene, el homicidio y todo esto que se dice de él es verdad porque sigue en las calles después de dieciocho años de gobierno panista.

RODOLFO VALDES: Mira yo hace 19 años era director de un periódico cuando mataron a Héctor Félix Miranda, y hay en la revista proceso una editorial que yo publiqué protestando porque no fuéramos al evento de libertad de expresión, cuando el Gobernador convocó, si quieres te lo enseño, y yo platiqué con Jesús Blancornelas de cómo mataron al gato y quién lo mató, y es el compadre del señor que tu hablas, del chaleco rojo ¿estoy diciendo una mentira? ¿Estoy diciendo una mentira? No, lo mató el compadre. Quiero decirte que yo personalmente siendo Secretario General de Gobierno, por el imperio de terror y de manejo de droga que tenía en la Penitenciaría de La Mesa, yo mandé al señor Vera Palestina, yo firmé la instrucción para que se fuera, junto con un subsecretario de Gobernación, que se llamaba Humberto Lira Mora, yo mandé al señor Vera Palestina, al compadre del candidato del PRI a Puente Grande Jalisco yo lo mandé, y tú crees que yo estoy diciendo alguna mentira hasta ahorita? Es su compadre, y el hijo de ese señor es su jefe de seguridad. Yo que sepa ningún compadre de José Guadalupe está en alguna cárcel de alta seguridad por asesinar a un periodista, te lo digo más claro, asesinaron a un periodista dos empleados del hipódromo Agua Caliente, yo lo mandé a Puente Grande Jalisco, más claro quieres que lo diga? Así es, yo no estoy inventando nada, como persona ni siquiera lo conozco, nunca he estado ni a doscientos metros de cerca del señor del chaleco rojo, pero ese señor representa, para mi punto de vista lo contrario a José Guadalupe Osuna Millán si, él no tiene guardaespaldas en la cárcel por homicidio a periodistas en activo, él no tiene un zoológico, no es multimillonario, no lleva a Luis Miguel a sus fiestas, esa es una vida frívola, es una vida que creo yo, como ex secretario general de dos gobernadores que fui, creo tener alguna visión de lo que se necesita tener como gobernador, y ese señor representa lo que yo creo que no debe de ser, es así de claro, yo no estoy acusándolo de nada, estoy diciendo hechos puntuales que me constan y que le constan a cualquiera que tenga más de unos 35 años de edad, 40, lo que pasa es que tu estabas ¿Cuántos años tienes tú? Tienes veinticinco, cuando tu tenías seis años en este Estado en Tijuana, dos personas a quemarropa con una escopeta a boca de jarro mataron un periodista así duró eh, un periodista agresivo como Antonio Magaña, tú eres compañero de Antonio Magaña si lo mataran mañana, Dios guarde la hora, si lo mataran mañana los jefes de seguridad de alguien de aquí se te olvidaría dentro de diecinueve años? A mi no se me ha olvidado. Te voy a mandar la revista Proceso y te voy a mandar que el único editorial de todos los periodistas de Baja California, conste que no me considero periodista que escogió Proceso fue el de Rodolfo Valdez Gutiérrez y lo firmé con mi nombre y apellido yo sostengo lo que digo, soy consistente y soy congruente, entonces por eso quiero que gane Osuna Millán y por eso no quiero que llegue el otro señor.

REPORTERO: Lo de tener dinero para poder contratar a Luis Miguel o tener un zoológico de animales es...

RODOLFO VALDEZ: Yo no estoy en contra, yo no estoy en contra de eso, peor yo no estoy en contra de eso, pero yo pienso que una persona que vive así, pienso que no tiene el perfil social humano que Baja California merece, porque nadie en este Estado, nadie hace eso más que él, tiene todo el derecho de hacerlo he, yo no lo cuestiono pero de ahí a que ese personaje quiera ser gobernador de mí Estado, yo no estoy de acuerdo es mi opinión tú puedes estar en contra.

REPORTERO: ¿Cuándo iniciaron las campañas llevaba más de veinte puntos de ventaja veinte, veinticuatro, hoy está cinco puntos ha disminuido demasiado la ventaja ¿que opinión le merece?

RODOLFO VALDEZ: ¿Quién lleva cinco puntos?

REPORTERO: Usted lleva cinco puntos de ventaja. Según algunas encuestas.

RODOLFO VALDES: (RISAS)”.

Declaraciones que denigraron al candidato a la gobernatura del Estado de mi representada, encaminadas a dañar su imagen ante el electorado, situación que lo colocó en franca desventaja ante los demás contendientes; asimismo, en las declaraciones rendidas por el candidato de la coalición “Alianza por Baja California” se realizaron pronunciamientos relativos a las tendencias electorales de supuestos estudios demoscópicos, los cuales causan un impacto ante el electoral, pues tenían por objeto atraer más adeptos al partido político que lo postulaba.

Es necesario resaltar a los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que la campaña negra y denostativa no sólo fue realizada por la coalición “Alianza por Baja California”, los partidos políticos que la integran y sus candidatos. En distintos medios de comunicación se transmitieron en estaciones de radio y televisión spots publicitarios promovidos por terceros quienes se ostentaron como asociaciones civiles dirigiendo mensajes al electorado haciendo uso desproporcionado de su derecho de libertad de expresión. En efecto, del mensaje contenido en el spot de referencia se alude al candidato a gobernador, realizando una serie de declaraciones que denigran a la mujer, hechos que le causan agravio en su imagen frente a los electores. Contenido que a continuación se transcribe:

“Y todavía hace algunos días este señor volvió a declarar que la mujer es su animal preferido”.

En la parte inferior izquierda aparece una inserción de un fragmento del programa “SHALALA” transmitido por TV Azteca en donde le preguntan a Jorge Hank ¿cuál es tú animal favorito?

A lo que el responde: Es la mujer indiscutiblemente.

NARRADOR: no señor candidato las mujeres no somos animales ni de chiste, ¿en verdad tu corazón confía en él? Yo tampoco.

En el segundo cinco aparece en la parte inferior izquierda la leyenda ¿Confías en él?, en el segundo quince aparece en la parte central superior de la imagen la leyenda “MUJERES UNIDAS INTEGRANDO UN MUNDO MEJOR A.C.”, en el segundo diecisiete aparece la leyenda: “¿CONFIAS EN ÉL?... YO TAMPOCO”.

Acto que resulta contrario a las normas aplicables a la campaña y propaganda electoral, con el cual se promovieron mensajes que tenían por objeto restar las preferencias electorales a favor del candidato de mi representada al gobierno del Estado, causando un descrédito e infamia realizadas ante los medios de comunicación masiva frente al electorado, manipulando declaraciones rendidas ante los medios de comunicación por parte de nuestro entonces candidato.

El mismo caso ocurrió con el spot publicitario en el que se realizaron señalamientos directos en contra del candidato de la coalición “Alianza para que Vivas Mejor” relacionados con su gestión como Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, presentándose una serie de porcentajes y estadísticas en el cual se aducía que el entonces candidato de mi representada actos que lo difamaban y desacreditaban en relación a su ejercicio de gobierno. Spot publicitario que a continuación se describe:

“Dijo; y al mismo tiempo aparece la leyenda que dice hablar es gratis y en el fondo una silueta, después cambia la imagen donde sale el ing. Jorge Hank Rhon, y aparece nuevamente una leyenda donde dice campaña 2004.

Después aparece Jorge Hank Rhon diciendo: Para mantener la seguridad lo que se necesita es inteligencia, incluso de estos... se corta

De ahí cambia la pantalla y sale una pantalla con fondo negro y aparece la leyenda de secuestro y subiendo de cero hasta llegar a trescientos veintinueve por ciento y al lado una flecha subiendo hacia arriba.

Posteriormente se escucha una voz que dice: y la verdad es que en sus dos años de gobierno el secuestro se incrementó el trescientos veintinueve por ciento y el robo un cuarenta y nueve por ciento y su vez aparece en el fondo la leyenda de robo a casa y comercio y subiendo de cero hasta llegar a cuarenta y nueve por ciento al lado una flecha subiendo hacia arriba.

Nuevamente cambia la pantalla y sale la leyenda de: ¿Y tú confiarías en alguien así? se corta...

En ocnclusión (sic), más allá del elemento cuantitativo al que alude la responsable, el agravio formulado por la actora se encontraba dirigido a una sentido cuantitativo, en donde, de los principios vulnerados, no se puede considerar que la elección correspondiente sea válida. En efecto, la responsable advierte que, no obstante los elementos objetivos que pudieron desprenderse de la documental técnica presentada por la actora, no se desprende que exista un sentido concreto respecto del sentido de la votación emitida el día de la jornada electoral, del que se pueda desprender un elemento objetivo entre la relación campaña negra y votación. Sobre el particular, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha emitido tesis de jurisprudencia en las que se ha determinado lo siguiente:

“PROPAGANDA ELECTORAL. FINALIDADES (Legislación de Chihuahua y similares)”. (Se transcribe).

De lo anterior, si se reconoce que los fenómenos electorales no se generan en forma espontánea o sin encontrar una causa suficiente en el actuar de los ciudadanos, partidos políticos y autoridades, a menos que obedezcan a un caso fortuito, se puede, conforme con las reglas de la lógica, la sana critica y los elementos probatorios ofrecidos, concluir que obedeció a la campaña de denostación implementada por la coalición “Alianza por Baja California”, los partidos políticos que la integran, así como sus candidatos; lo cual puede ser desalentador para la participación electoral en virtud de la calidad propia o específica de quien hacía esas advertencias y el momento en que ocurrieron.

En suma, si se atiende a las reglas de la experiencia y la sana crítica, resulta evidente que la propaganda electoral no solamente se limita a captar adeptos, lo cual son sus efectos ordinarios al presentarse ante la ciudadanía las candidaturas y plataformas electorales, campaña a la que se encuentran obligados los partidos políticos, coaliciones y candidatos a realizar los partidos políticos, donde su finalidad es obtener el mayor número de votos, pero que de igual forma, con los actos de campaña se puede producir un fenómeno político consistente en buscar reducir el número de adeptos, simpatizantes o votos de los otros partidos políticos que intervienen en la contienda electoral, por medio de la descalificación de los candidatos o partidos políticos quedando comprendidas las acciones tendientes a provocar infamias, injurias, descrédito; actos que se encuentran prohibidos en la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California, tutelando el principio de equidad dentro de la contienda, así como el de legalidad. Tampoco deberá pasar desapercibido que tal actitud consistente en la descalificación puede provocar dos efectos concurrentes, pues por un lado se atraen votos en detrimento de los contrincantes, o bien, se reducen las preferencias electorales hacia éstos, lo cual puede traducirse en abstencionismo en la jornada electoral; violaciones sustanciales que son determinantes para el resultado de la elección, supuesto que se dio en la presente jornada electoral, pues de no haberse cometido las mismas no se habría registrado, incluso, un abstencionismo significativo, siendo que el resultado podría haber sido otro.

Por los agravios motivos y fundamentos expuestos, este tribunal no puede permitir el que las campañas electorales “negras” dirigidas a denostar a los partidos políticos, candidatos y militantes, sigan realizándose sin importar los preceptos normativos que la prohíben. De igual forma, este máximo tribunal no puede soslayar el hecho consistente en la flagrante violación a la libertad del sufragio, los principios rectores del Estado Democrático tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los principios de certeza, legalidad, objetividad e imparcialidad que rigen en la materia electoral. Después de la emisión del dictamen y declaración de validez de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, esta Sala Superior no puede seguir permitiendo que las campañas negativas sigan siendo un factor que ponga en entredicho los procesos electorales, menoscabando los derechos íntegros de los ciudadanos, de forma que sea la prioridad la salvaguarda de los principios de certeza, legalidad y equidad en la contienda en materia electoral. Asimismo, atendiendo a la teleología del reciente proyecto de reforma electoral, se muestra una tendencia dirigida a realizar una regulación más estricta de la propaganda electoral que realicen los partidos y sus candidatos a través de los medios masivos de comunicación electrónica como son la radio y la televisión. Medios que tienen un mayor impacto en el electorado. Pues no se puede dejar de advertir que dentro de los mecanismos actuales para realizar propaganda electoral, cobra gran importancia la proyección de la figura o imagen de los candidatos, con el objeto de resaltar su personalidad individual, sus atributos personales, sus aptitudes, sus hábitos y costumbres, e incluso algunas cuestiones más individualizadas, que se ve intensificado durante el período de campaña electoral y tiende a producir un efecto el día de la jornada electoral.

AGRAVIO SÉPTIMO. INDEBIDA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR MI REPRESENTADA SOBRE EL ARGUMENTO ESGRIMIDO DE MANERA PRIMIGENIA DEL USO DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES (FEPADE) DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, BAJO LAS ÓRDENES DEL GOBERNADOR DEL ESTADO, COMO HERRAMIENTA DE INTIMIDACIÓN, COACCIÓN Y REPRESIÓN DE LOS MILITANTES, CUADOS, CANDIDATOS, SIMPATIZANTES Y CIUDADANOS AFINES A LOS INTERESES DE LA COALICIÓN “ALIANZA PARA QUE VIVAS MEJOR”. (ARGUMENTO QUE INCIDE TANTO EN LOS RESULTADOS Y DECLARATORIA DE VALIDEZ DE LA ELECCIÓN DE MUNÍCIPE DE TIJUANA COMO DE GOBERNADOR DEL ESTADO, DEBIDO AL LUGAR DONDE OCURRIÓ.)

Respecto a este punto y a otros, el Tribunal utiliza un argumento recurrente a lo largo de la sentencia, el que atiene a que los hechos de que se duele el actor deben estar íntima o directamente relacionados con la decisión de los electores o en perjuicio de estos. En ese sentido, cabe indicar que no sólo los actos que influyen directamente en la decisión de los votantes deben ser considerados como irregularidades del proceso electoral, sino también aquellos dirigidos a menoscabar la independencia de los órganos electorales, la legalidad de los actos de preparación y subsecuentes al desarrollo de la jornada electoral, el principio de equidad entre los contendientes que participan en una elección, la certeza jurídica electoral de las normas aplicables al proceso, entre otras.

Así pues, no resulta comprensible cómo el Tribunal puede colegir que la creación irregular de un órgano policial e investigador especializado en perseguir delitos electorales, mismo que fue instituido a menos de dos meses del día de la jornada electoral no afecta a mi representada, y no sólo a ella, sino a los ciudadanos tijuanenses y baja californianos. Más aun cuando el Tribunal ha aceptado tácitamente que dicha irregularidad existió. Sirve para robustecer el argumento, el hecho de que ninguna Ley en materia electoral puede ser objeto de modificaciones noventa días antes de la jornada electoral. Ya que, si bien es cierto, la creación de la mal nacida Fiscalía Especializada que se trata, no es de carácter electoral ni es creada por iniciativa de los órganos rectores del proceso electoral (como sí lo fue la FEPADE dependiente de la Procuraduría General de la República, misma que, ha iniciativa del Consejo General del Instituto Federal Electoral, legítimamente promovió la creación que formalmente generó el Presidente de la República mediante decreto, y aunado a la pertinente modificación de las leyes atinentes). Se refleja entonces el abismo existente entre una Fiscalía creada por consenso de los órganos electorales, las estructuras de procuración de justicia y el Poder Ejecutivo, y otra, la FEPADE local, que fue creada al vapor, por ordenes del Gobernador (que no oficiales ni decretadas, sino más bien como cómplice de una estrategia electoral, a su empleado el Procurador, para que este sin facultades para hacerlo dictara apresurado la creación de una Fiscalía dedicada a perseguir priístas. Sirva para aclarar el argumento vertido el siguiente esquema:

Antecedentes del Agravio: “Creación irregular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales del la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California”.

Con fecha 8 de junio del 2007, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el “Acuerdo por el que se crea una ‘Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales’”, dependiente de La Procuraduría General de Justicia de Baja California”, el cual se basó para su creación en los siguientes considerandos: (Transcribe).

Del artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California, se desprende que para el estudio, planeación y despacho de los negocios en los diversos ramos de la Administración Pública del Estado, el Gobierno de Baja California, contará con diferentes dependencias, entre ellas la Procuraduría General de Justicia.

El artículo 18 de la misma Ley, fija las facultades y obligaciones del Procurador General de Justicia, a saber: (transcribe).

De la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, se desprende en su artículo 4, que “La Procuraduría General de Justicia en el Estado estará a cargo del Procurador General de Justicia, quien será titular de la institución del Ministerio Público, y ejercerá autoridad jerárquica sobre todo personal de la Procuraduría”.

En el segundo párrafo de ese mismo artículo, se enumeran las unidades y servidores públicos que auxiliarán las actividades de la Procuraduría, siendo éstas:

I. Procurador General de Justicia;

II. Dirección Jurídica;

III. Dirección de Asuntos Internos;

IV. Dirección Administrativa;

V. Dirección del Instituto de Capacitación Profesional;

VI. Dirección de Servicios Periciales;

VII. Dirección Estatal de la Policía Ministerial;

VIII. Dirección de Averiguaciones Previas;

IX. Dirección de Atención a Víctimas del Delito;

X. Dirección de Control de Procesos;

XI. Unidad de Control Seguimiento;

XII. Subprocuraduría de Zona de la Policía Ministerial;

XIII. Comandancias de Zona de la Policía Ministerial;

XIV. Agencias del Ministerio Público;

XV. Jefaturas de Grupo de la Policía Ministerial;

XVI. Subprocuraduría Contra la Delincuencia Organizada.

Ahora bien, se desprende que para ser titular de cualquiera de estas unidades, se deben de cumplir una serie de requisitos cualitativos que definen perfectamente un perfil para cada puesto, por ejemplo tenemos que para ocupar el cargo de Procurador de Justicia del Estado se requiere de acuerdo al artículo 7 de la ley en cita:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles;

II. Tener cuando menos treinta y cinco años de edad y no más de sesenta y cinco, al día de su designación;

III. Poseer al día de la designación con antigüedad mínima de diez años, título profesional de Licenciado en Derecho; expedido por la autoridad o institución legalmente facultada para ello, debidamente registrado y por lo menos diez años de ejercicio profesional;

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de una año de prisión, pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, se le inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena;

V. Haber residido en el Estado durante los diez años anteriores al día de la designación;

VI. No haber ocupado el cargo de titular en una secretaría o el de Gobernador del Estado de Baja California, durante el año previo al día de la designación;

VII. Presentar programa integral de trabajo sobre la Procuración de Justicia en Baja California; y,

VIII. Presentar examen de salud y antidoping de una Institución Pública de Salud.

Ahora bien, del artículo 17 se desprenden como facultades del Procurador las Siguientes:

I. Coordinar las actividades inherentes a la función del Ministerio Público en la entidad, y la operación de las unidades orgánicas que lo integran;

II. Acordar con el Gobernador los asuntos de la Procuraduría, proponiendo lo que estime conveniente para mejorar la procuración de justicia;

III. Proponer al Ejecutivo de Estado, los anteproyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, convenios, acciones y mecanismos relativos a los asuntos de la competencia de la Procuraduría;

IV. Conceder audiencias al público que lo solicite, para tratar asuntos relativos a la procuración de justicia;

V. Celebrar convenios de coordinación operativa y de cooperación técnica-científica con la Procuraduría General de Justicia de las Entidades federativas y con la Procuraduría General de la República, así como con las demás dependencias, entidades y personas de los sectores social y privado que se estime conveniente, previo acuerdo con el Gobernador del Estado;

VI. Exigir que se haga efectiva la responsabilidad en que incurran los funcionarios y empleados de la Administración Pública del Estado, por los delitos oficiales que se cometan;

VII. Investigar de oficio o por medio de denuncia, los casos de enriquecimiento indebido de los funcionarios y empleados públicos, y ejercitar la acción penal en su contra cuando esta proceda;

VIII. Poner en conocimiento en el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, las irregularidades que adviertan o se denuncien en los Juzgados o dependencias judiciales, para que se adopten las medidas pertinentes, y en caso de responsabilidad, promueva lo conducente;

IX. Emitir dictamen en los casos en que el Ministerio Público formule conclusiones no acusatorias, y en los casos previstos en el Código de Procedimientos Penales para el Estado;

X. Derogada;

XI. Rendir los informes necesarios para su intervención en los juicios de amparo;

XII. Tomar las medidas necesarias y dictar las providencias respectivas, a fin de que los servidores públicos de la Procuraduría desempeñen con exactitud y diligencia, sus funciones;

XIII. Dictar las medidas tendientes a unificar la acción del Ministerio Público;

XIV. Intervenir personalmente ante el pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, teniendo únicamente vos; y por medio de los Subprocuradores o Agentes del Ministerio Público que designe ante las Salas del mismo;

XV. Presidir el Consejo interno de la Procuraduría;

XVI. Participar con voz y voto en el Consejo Interno de la Procuraduría, y

XVII. Las demás que le encomiende el Gobernador y le señalen las leyes y reglamentos.

Así tenemos que, cada una de las unidades dependientes de la Procuraduría de Justicia del Estado cuenta con atribuciones específicas que definen su actuar, cada una cuenta con personal que se encarga del despacho de los asuntos que les corresponde conocer, pero lo más importante, es que han sido creadas por acuerdo previo entre el Procurador y el Gobierno del Estado, siguiendo el proceso legislativo conducente, incorporando en este caso a la Ley Orgánica de la Procuraduría de Justicia y a su consecuente Reglamento, las funciones y atribuciones de cada cargo, pero sobre todo las cualidades de su titular.

Del estudio sistemático y funcional de los párrafos anteriores, se desprende que el Procurador de Justicia del Estado no cuenta con facultades para crear la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, por un Acuerdo como se hizo, menos aún en los tiempos que se manejaron, a 60 días del día de la jornada electoral.

Que el Procurador debió plantear al Gobernador del Estado, la necesidad de crear una Fiscalía Especializada, a efecto de que con base en el presupuesto, ver la posibilidad material y humana para su creación.

Una vez considerado lo anterior, fijar los requisitos y calidades a cumplir por el funcionario para ocupar el cargo de Fiscal Especial para la Atención de Delitos Electorales, y proponerlos al Gobernador para que una vez aprobados, ser insertados a través de la aprobación de una reforma, en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, y definir sus funciones tanto en esa Ley como en su Reglamento.

Del análisis de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, se desprende que cada una de las unidades de la Procuraduría tiene especificados lineamientos a seguir en su actuación, así como personal específico para la realización de sus funciones.

Del Acuerdo por el que se creó la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales se desprende que no hay una debida fundamentación y motivación, la primera porque los artículos constitucionales y legales no dan la posibilidad al Procurador de crear una dependencia de esta naturaleza, sin antes ser aprobado por el Gobernador y el Congreso.

Una Fiscalía de esta naturaleza, con el carácter de Especializada lo es, porque los funcionarios que la integran realizarán actividades técnico-jurídicas específicas que darán ese carácter, de forma tal que garanticen que la intervención de la Procuraduría en esos asuntos sea sólida y eficaz.

Dentro del Acuerdo se quiso implementar un procedimiento paralelo para resolver las denuncias de carácter electoral: (Transcribe).

Lo anterior, no hace más que evidenciar que los funcionarios que atenderán e integrarán las averiguaciones previas, donde se denuncie la comisión de delitos electorales serán los Ministerios Públicos comunes, es decir, los encargados de atender e integrar las averiguaciones especiales de carácter electoral, son los Ministerios Públicos que conocen toda clase de delitos, motivo por el cual, se pone en duda la supuesta Especialización de una unidad que no cuenta con instalaciones, personal capacitado y presupuesto propios para la persecución de esta clase de delitos.

Este último tema es importante, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California, y de la Ley Orgánica de la Procuraduría para la creación de una unidad de esta naturaleza es necesario contar con un presupuesto asignado, al ser creada dos meses antes del día de la elección, se debió acreditar una necesidad urgente, sin embargo como se ve, en esta motivación no existe necesidad real y urgente que justifique la creación de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, en los procesos anteriores la presencia de la FEPADE dependiente de la Procuraduría General de la República fue suficiente para resolver los conflictos presentados.

Abona a lo anterior, que días antes de la creación de esta Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, se nombró a su titular, el C. J. Luis Gutiérrez Ivarra, por acuerdo de fecha 1° de junio de dos mil siete, empero, se nombró un titular sin haber entrado en funciones la multicitada Fiscalía.

Como se mencionó en ideas anteriores, no se conocen los antecedentes y el perfil de la persona que se encuentra al frente de la Fiscalía Especializada, por encontrarse su nombramiento muy alejado de los supuestos y calidades que prevé la Ley.

Del considerando Tercero del acuerdo mencionado, se desprende que la Fiscalía nace con la intención de tutelar lo sustentado en Ley de Instituciones y Procesos Electorales de Baja California, teniendo como objetivo vigilar el cumplimiento a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad en el Proceso Electoral.

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales Federales, dependiente de la Procuraduría General de la República, cuenta con una verdadera profesionalización de sus servidores públicos, oficinas propias, un presupuesto designado, lo cual le permite ser confiable, es necesario mencionar a la autoridad, que la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales dependiente de la Procuraduría General de la República, participó activamente en los dos procesos inmediatos anteriores en este Estado, en los años de 2001 y 2004, teniendo resultados positivos en la Elección.

La supuesta Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, comenzó a funcionar inmediatamente, ante la desaprobación tanto de los ciudadanos, como de las fuerzas políticas, diferentes a Acción Nacional.

Por eso nos parece tan atinadamente equivocado el dictamen del Tribunal en el sentido de que la creación irregular del infame organismo adjetivado electoral, no afecta de ninguna manera el resultado de la jornada electoral.

En esa tesitura podemos señalar entonces que los actos preparatorios y posteriores al día de la elección, y que no necesariamente influyen directamente en la decisión de los electores, sí afectan de manera determinante el normal desarrollo del proceso electoral. Máxime cuando se está hablando de la creación y función de una autoridad policial y de investigación cuya actividad específica es vigilar el proceso electoral, además de averiguar y en su caso ejercer la acción penal contra aquellos ciudadanos que a su consideración han infringido el marco legal.

Estima el Tribunal, que la elección de Gobernador no pertenece o está directamente relacionada con la elección de Munícipe. Tal aseveración nos llevaría al grado de afirmar que los hechos que atañen a una elección de Gobernador o una elección de Munícipe no comparten ningún elemento de relación entre sí. De tal forma que se negaría que comparten los mismos tiempos de campaña, que la mayoría de la propaganda va dirigida a relacionar una elección con otra y lograr el voto para ambos, incluso para los Diputados de mayoría relativa, que los mítines políticos o de promoción se hacen compartidamente entre los candidatos a Gobernador y Munícipe, mismos que, cabe señalar son postulados por una misma coalición. Negar todo esto sería alejarse de la realidad y desestimar su obligación de sentenciar conforme a las máximas de la experiencia. Incluso cabe indicar que el fin de la coalición es asegurar el triunfo tanto de su candidato a Gobernador y candidato a Munícipe, como de Diputado en determinado distrito electoral, atendiendo siempre a intricar una elección con otra.

Así pues, que lo que el actor quiso hacer llegar al Tribunal, a manera de agravio es la exposición de lo que se consideran indicios muy importantes tendientes a acreditar la participación de las autoridades policíacas del Orden Estatal en un conjunto de actividades emprendidas por el PAN-PANAL-GOBIERNO en contra de la coalición actora. Mismas que tenían como objetivo demeritar el trabajo electoral que se pudo haber logrado, socavar la participación de sus miembros y militantes, intimidar a sus activistas y promotores del voto, etc.

En tratándose de la duda que dice el Tribunal le impera al cuestionarse si el hecho que se alega, el cateo, fue difundido por los medios de comunicación, podemos decir que falta a su criterio y a su modo de razonamiento aplicar las máximas de la experiencia. Explicado así: si atendemos al carácter natural de las premisas y hechos dados, mediante la observación y la experiencia meramente social, es decir, si a través de un desglosamiento inductivo de lo que se nos presenta, fundándonos en la naturalidad del carácter de las premisas generales, de la observación, presumiendo indiscutiblemente la calidad ordinaria de la repetición de hábitos y conductas sociales manifestadas en mayor o menor medida uniformemente. Así pues, es posible, mediante los mencionados razonamientos inductivos y de observación general de la sociedad, presumir o predecir el resultado de un hecho que afecta a la sociedad.

En otras palabras, que el Tribunal delibere que no le es posible saber si los cateos irregulares hechos a bodegas donde el ayuntamiento de Tijuana resguarda elementos de ayuda social, fueron o no transmitidos por medios de comunicación en la Ciudad de Tijuana resulta contrario a los principios que deben regir su sentencia, como lo son las reglas de la lógica, las MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA y la sana critica.

Todo esto sin tocar el punto relativo a que son hechos del dominio público.

Cabe señalar que el Tribunal impone además, dos presupuestos que deben cumplir todas las difusiones en medios de comunicación para considerar que las mismas causan daño a la recurrente:

En primer lugar pide que hayan sido difundidas directamente por el Gobierno del Estado, o su caso, la Procuraduría General de Justicia del Estado.

En segundo término, se alude a un elemento meramente subjetivo: que las difusiones (difundidas directamente por el Gobierno del Estado o su Procuraduría) se hayan hecho con el propósito de influir en el ánimo o decisión de los votantes.

Es importante agregar que sí existen las pruebas necesarias para acreditar la difusión por medios de comunicación masivos con alcance regional, es decir, en todo el Estado, del ataque hecho por el Gobernador del Estado a través de la Procuraduría y su FEPADE al Ayuntamiento de Tijuana de extracción priísta. Dichas pruebas fueron aportadas dentro del interpuesto recurso de revisión de la elección de Gobernador que redacto nuestra coalición. No debe el Tribunal aseverar que no tiene conocimiento de dichas pruebas toda vez que es la misma autoridad que resolvió el recurso de revisión interpuesto en contra de la elección de Gobernador del Estado, resultando entonces que las pruebas ofrecidas por la coalición que represento pasan a ser notoriamente públicos, y del conocimiento de los magistrados que resuelven.

Resulta notoriamente agraviante que el Tribunal pida al actor que le extienda razones por las cuales las averiguaciones previas iniciadas en contra del Gobernador del Estado, Eugenio Elourduy Walther por la probable comisión de delitos electorales, no han avanzado con la extraordinaria rapidez con la que avanzaron aquellas iniciadas en contra de varios miembros de la estructura partidista, y de empleados del ayuntamiento de Tijuana. Es evidente entonces que el Tribunal desatiende total y completamente todo lo que se ha querido hacer valer ante el, en cuestión de los indicios que se han planteado referentes al total manejo del la FEPADE por el Gobernador del Estado. Aunado a lo anterior resulta inverosímil que el Tribunal quiera que la parte actora le compruebe posibles ilícitos concernientes al ilegal e imparcial actuar de dicha Fiscalía. Resulta pues, medios idóneos para llegar a la conclusión de que la precitada Fiscalía actuó ilegalmente el hecho de que se aporten los indicios necesarios.

Además resulta contradictorio que por una parte, diga que no ha conocido las mencionadas denuncias, y por otra, trate de justificar sin elementos, la tardanza en el procedimiento penal.

Sirve para sustentar mi argumento lo dicho por el mismo Tribunal en la página número veintitrés de la sentencia que se impugna, donde en su penúltimo párrafo dice:

...“La prueba indiciaria resulta ser la idónea para la comprobación de las violaciones que dan lugar a esta causa de nulidad (la nulidad abstracta), en virtud de que para la demostración de la inobservancia de los elementos constitutivos de una elección democrática, auténtica y libre, con relación a unos comicios determinados, debe tenerse en cuenta que los hechos o circunstancias que dan lugar a la referida inobservancia, se encuentran en distinto contexto, lo cual ocasiona que se presenten diferentes grados de dificultad en su demostración, porque algunas veces se produce conculcación, en, virtud de un acto de autoridad con determinadas particularidades, que permiten la demostración de las afirmaciones sobre el hecho citado, mediante la prueba documental pública; pero en otras ocasiones, la inobservancia de los principios en comento implica, a su vez, la comisión de una ilusión en general o, incluso, un delito.

Es por tanto que resultaría imposible aportar pruebas al Tribunal tendientes a acreditar por qué la FEPADE dolosamente incurrió en una ilegalidad al detener sin justificación las averiguaciones en contra del Gobernador del Estado. Sin embargo, y como apoyo para evidenciar la manera en que actuó la FEPADE local me permito transcribir íntegramente la Fe Ministerial que del cateo hecho a las bodegas que utilizaba o utiliza el Ayuntamiento de Tijuana, mismas que fueron objeto del ilegal y persecutorio cateo que ya anteriormente se ha tratado, para que de su lectura se pueda comprender lo que encontraron, desprendiéndose, si se aplica la lógica, que no existieron elementos constitutivos de delitos electorales: (transcribe)

Luego pues, de lo que se transcribió anteriormente podemos dilucidar que desde el inicio del tan citado incidente realizado por la FEPADE local contra el ayuntamiento de Tijuana se hace notorio como trataron la denuncia del Partido Acción Nacional como instrucción que se debía cumplir pasare lo que pasare, de manera parcial, falta de objetividad y en violación a los principios procesales que debía regir la actuación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California.

Es de hacerse notar como de las mismas actuaciones del Ministerio Público asignado a la Fiscalía, se desprende fehacientemente, al ser hechos públicos y que constan en una documental pública que seguramente fue ofrecida por el tercero interesado, por lo que se tiene como cierto, que no se encontró ningún elemento para suponer que las despensas y útiles escolares encontrados en las bodegas estaban destinados a ser objeto de un delito de los catalogados como electorales.

Luego entonces, la misma actividad persecutoria del PAN-PANAL-GOBIERNO redundó en que mediante un documento dotado de Fe Pública se hiciera constar que el ayuntamiento de Tijuana no pretendía con esas despensas cometer un ilícito.

Sin embargo, el daño que perseguían si subsistió al verse favorecidos notoriamente con la mala imagen que provocó en el ayuntamiento de Tijuana de extracción priísta, y por ende de todos los candidatos que postuló la Coalición “Alianza para que Vivas Mejor”.

Con el objeto de justificar los extremos de las aseveraciones realizadas por el suscrito a nombre de mi representado, ofrezco de mi parte, las siguientes:

OCTAVO. Estudio de los agravios.

El análisis de los agravios expresados por la Coalición demandante se hará en cinco apartados, en el orden y contenido siguiente:

I. Planteamientos atinentes a la denegación de acumulación de los recursos de revisión y adquisición procesal de la prueba.

II. Alegaciones respecto a la falta de congruencia y exhaustividad de la sentencia impugnada.

III. Argumentos sobre la valoración de pruebas efectuada por la autoridad responsable.

1. Planteamientos en los que se aduce la ilegal intervención del Gobernador del Estado de Baja California en el procedimiento electoral.

2. En relación con la campaña publicitaria denostativa.

IV. Creación y actuación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California.

V. En lo atinente a la modificación del criterio respecto de la aplicación del artículo 42 de la Constitución del Estado, así como la violación de los principios de equidad y de certeza, por la cancelación del registro de la candidatura de Jorge Hank Rhon al cargo de Gobernador Constitucional del Estado de Baja California.

Precisado lo anterior, el estudio correspondiente es el que sigue:

I. Planteamientos atinentes a la denegación de acumulación de los recursos de revisión y adquisición procesal de la prueba.

La Coalición actora se queja de que las pruebas que ofreció en la impugnación de la elección de Gobernador no fueron cotejadas con las ofrecidas en las impugnaciones de las elecciones de munícipes de Tijuana, Tecate y Ensenada, para lo cual solicitó la acumulación de los expedientes, de manera que al no haber sido acogida su pretensión no fueron tomadas en cuenta las pruebas ofrecidas en los diversos medios de impugnación de la elección de munícipes.

Asimismo la demandante alega que el Tribunal responsable omitió acumular los medios de impugnación en los que se recurrieron los cómputos distritales de la elección de Gobernador, con la impugnación del cómputo estatal y declaratoria de validez de esa elección, todo lo cual tenía por finalidad la adquisición procesal de las pruebas ofrecidas en los distintos expedientes.

En este mismo aspecto, se queja la Coalición demandante de que la responsable no tomó en cuenta las pruebas ofrecidas en la impugnación de Gobernador del Estado de Baja California, para el análisis de las causales de nulidad hechas valer respecto de las elecciones de diputados locales y munícipes de Tecate, Tijuana y Ensenada.

Las anteriores alegaciones, en las que esencialmente la actora se queja de la falta de acumulación de expedientes y, por ello, de violación al principio de adquisición procesal, así como a la omisión del cotejo de pruebas, respecto de las impugnaciones promovidas para controvertir el cómputo estatal de la elección de Gobernador, con relación a la impugnación de la elección de integrantes de los Ayuntamientos de Tecate, Tijuana y Ensenada, e incluso de la impugnación a la elección de diputados locales, son infundadas, porque en el caso de los recursos promovidos para controvertir las elecciones municipales y la elección de Gobernador del Estado de Baja California, las materias de impugnación en los recursos de revisión mencionados son diversas, ya que se trata de controversias relacionadas con elecciones diferentes, por lo que no se podrían efectuar las actuaciones solicitadas por la enjuiciante, específicamente, la acumulación de todos los recursos de revisión que promovió, con motivo de todas las elecciones realizadas en el Estado, y tampoco la pretendida adquisición de las pruebas ofrecidas en un medio de impugnación, a fin de tomarlas en consideración para todas las impugnaciones promovidas para cuestionar todas las elecciones, es decir, de Gobernador, diputados locales y munícipes para los ayuntamientos del Estado.

Cabe destacar al respecto que el artículo 438 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California prevé literalmente que:

Podrán acumularse al inicio, durante la substanciación o para resolución de los recursos, aquellos expedientes en que se impugnen simultáneamente, por dos o más partidos políticos o coaliciones el mismo acto o resolución o actos o resoluciones conexas.

Esto es, la acumulación procederá cuando se impugne, por diferentes actores, el mismo acto o resolución o bien cuando exista conexidad entre los actos y resoluciones, objeto de controversia, en dos o más recursos promovidos.

En este particular, los recursos de revisión a que alude la Coalición enjuiciante fueron interpuestos por la propia Coalición “Alianza Para Que Vivas Mejor”, en contra de diversos actos, relativos a diferentes elecciones, sin que se pueda estimar que la sola existencia de la similitud que aduce la actora, entre las supuestas irregularidades acontecidas en las elecciones celebradas en el Estado de Baja California, tanto para elegir al Gobernador, como a los munícipes de Tijuana, Tecate y Ensenada, así como diputados al Congreso del Estado, sea suficiente para decretar su acumulación porque, dada la naturaleza de los actos impugnados, las elecciones controvertidas y los efectos de cada una de las sentencias, tal acumulación no es jurídicamente posible.

Cada una de las impugnaciones mencionadas revisten características propias, diversas entre sí, porque se refieren a elecciones diferentes, en las cuales, pese a la posible existencia de agravios similares, se debe mantener su singularidad, porque en cada recurso el efecto de la sentencia puede o debe ser diferente y, en el caso que así procediera, la consecuencia de la declaración de nulidad de una elección, se debe circunscribir, única y exclusivamente, a la elección controvertida, según lo dispone el artículo 416 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California, cuyo texto no deja lugar a dudas y que es al tenor siguiente:

Los efectos de las nulidades decretadas por el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado, respecto de la votación emitida en una casilla o de una elección en un distrito electoral o Municipio, se contraen exclusivamente a la votación o elección para la que expresamente se haya hecho valer el recurso correspondiente.

Aunado a lo anterior, en cuanto a la falta de acumulación de los recursos de revisión relativos a las elecciones de Gobernador e integrantes de los Ayuntamientos de Tecate, Tijuana y Ensenada, cabe precisar que, de la lectura del escrito de demanda de recurso de revisión interpuesto por la Coalición ahora enjuiciante, no se advierte que haya formulado la correspondiente solicitud de acumulación y, por tanto, es evidente que no existe la omisión imputada al Tribunal responsable, de la cual se queja la demandante.

Con relación a la acumulación de los recursos de revisión interpuestos para controvertir los cómputos distritales y el cómputo estatal, todos de la elección de Gobernador, consta en autos del recurso de revisión acumulante RR-108/2007, a fojas seiscientas cincuenta y seis a seiscientas cincuenta y ocho, la solicitud de acumulación, formulada mediante escrito recibido por el Tribunal responsable el doce de septiembre de dos mil siete, a la cual recayó el acuerdo emitido por la Magistrada Instructora, en fecha catorce de septiembre, en el cual determinó no acordar de conformidad la acumulación solicitada, en los términos siguientes:

“… dígasele al promovente que no ha lugar a acordar de conformidad la acumulación solicitada, en mérito del Acuerdo del Pleno de este Tribunal tomado en la Sesión Pública de fecha trece de septiembre y toda vez que de las ocho demandas promovidas en contra del cómputo distrital de Gobernador cuya acumulación a los presentes autos solicita, seis fueron resueltas en la sesión de referencia.”

Además, obra en autos del juicio de revisión constitucional electoral que se resuelve, copia certificada de las resoluciones emitidas por el aludido Tribunal local, en los recursos de revisión RR-66/2007, RR-69/2007, RR-77/2007, RR-82/2007, RR-85/2007, RR-89/2007, RR-93/2007, RR-97/2007 y RR-101/2007, de cuya lectura se advierte que fueron promovidos para impugnar los cómputos distritales de la elección de Gobernador Constitucional en los distritos I, III, II, IV, XV, XII, IX, XIII y VII, respectivamente; tales recursos fueron desechados de plano como se precisa en sendas resoluciones, siete de fecha trece de septiembre y dos de veintiuno de septiembre, todos de dos mil siete.

Por tanto, al estar resueltos esos recursos de revisión, al día veintisiete de septiembre de dos mil siete, fecha en la cual se emitió la sentencia ahora controvertida, mediante el juicio que se resuelve, resulta evidente era material y jurídicamente imposible decretar la acumulación solicitada, en el supuesto de que fuera procedente.

En cuanto a la adquisición procesal de las pruebas, tampoco le asiste la razón a la Coalición ahora demandante debido a que esta adquisición sólo resulta aplicable en relación al material probatorio que legalmente esté agregado al expediente, correspondiente a un específico juicio, recurso o proceso en materia electoral, motivo por el cual si, en los casos mencionados por la Coalición actora, no era procedente la acumulación, tampoco habría adquisición procesal de las pruebas ofrecidas y aportadas en cada uno de los recursos de revisión promovidos, para considerar tales pruebas como constitutivos de una unidad probatoria.

Esto es así, porque la adquisición procesal de la prueba consiste en que, una vez aportado, el material probatorio debe surtir efecto para todas las partes del proceso, por quedar integrado al expediente y estar a disposición del juzgador para el momento de valorarlo, a fin de resolver el litigio sometido a su conocimiento y decisión.