JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL.

EXPEDIENTE: SUP-JRC-338/2004.

ACTOR: COALICIÓN “ALIANZA PARA TODOS”.

AUTORIDAD RESPONSABLE: SALA “B” DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS.

MAGISTRADO PONENTE: LEONEL CASTILLO GONZÁLEZ.

SECRETARIO: CLAUDIA PASTOR BADILLA.

México, Distrito Federal, a ocho de noviembre de dos mil cuatro.

V I S T O S, para resolver, los autos del expediente SUP-JRC-338/2004, integrado con motivo del juicio de revisión constitucional electoral promovido por la coalición “Alianza para Todos”, en contra de la resolución emitida el veinticuatro de octubre de dos mil cuatro, por la Sala “B” del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Chiapas, dentro del recurso de queja TEPJE/RQ/006-“B”/2004, y

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Acto electoral impugnado. El tres de octubre de dos mil cuatro, se celebró la jornada electoral en el Estado de Chiapas para elegir, entre otros, diputados al Congreso del Estado, por el principio de mayoría relativa, en el distrito electoral XIX, con cabecera en el Municipio de Tapachula Sur.

El seis siguiente, el Consejo Distrital Electoral XIX, efectuó el cómputo correspondiente, en el que se obtuvieron los siguientes resultados.

En esa misma fecha, el consejo distrital declaró la validez de la elección y expidió la constancia de mayoría a favor de la fórmula postulada por la coalición “Alianza por Chiapas”.

SEGUNDO. Recurso de Queja. En contra de tales determinaciones, el once de octubre, la coalición “Alianza para Todos” promovió recurso de queja, en el que pretendió la nulidad de votación en diversas casillas.

El veinticuatro de octubre, el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Chiapas dictó sentencia en la que declaró la nulidad de la votación recibida en algunas casillas, modificó los resultados consignados en las actas de cómputo y confirmó la declaración de validez de la elección de diputados y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez a favor de la fórmula de candidatos de la Coalición Alianza por Chiapas.

TERCERO. Juicio de revisión constitucional electoral. Inconforme, la coalición Alianza para Todos promovió juicio de revisión constitucional electoral.

La sala responsable tramitó la demanda y la remitió a esta Sala Superior, conjuntamente con el informe circunstanciado, y demás constancias atinentes.

Recibidos los autos, el presidente de este órgano jurisdiccional turnó el expediente al magistrado Leonel Castillo González, para su substanciación. El ocho de noviembre de dos mil cuatro, lo radicó, admitió y declaró cerrada la instrucción.

El cuatro de noviembre se recibió el escrito de la coalición “Alianza por Chiapas” tercero interesada en el juicio.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción, y la Sala Superior es competente, para conocer y resolver el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186 fracción III inciso b), y 189 fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el 87, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un juicio de revisión constitucional electoral.

SEGUNDO. Requisitos de la demanda, presupuestos procesales y requisitos especiales de procedibilidad.

1. Forma. La demanda se presentó por escrito ante la autoridad responsable, y en ella consta el nombre y firma del actor, se identifica el acto impugnado y la autoridad responsable, se mencionan los hechos materia de la impugnación y se expresan los agravios que se estiman pertinentes.

2. Oportunidad. La demanda se presentó dentro del plazo establecido en el artículo 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues la sentencia impugnada fue notificada a la coalición actora el veinticinco de octubre y la demanda se presentó el veintinueve siguiente.

3. Legitimación. El juicio es promovido por parte legítima, conforme a lo previsto por el artículo 88, apartado 1, de la ley en cita, pues la actora es una coalición de partidos.

4. Personería. Se satisface el requisito, en términos del artículo 88, apartado 1, inciso a), del ordenamiento procesal citado, porque Francisco Javier Ocaña Lutmann, quien presentó la demanda por la Coalición Alianza para Todos, es su representante ante el Consejo Distrital Electoral XIX de Tapachula, Chiapas, como se advierte en el informe circunstanciado.

5. Actos definitivos y firmes. Este requisito se actualiza, porque contra la sentencia impugnada no está previsto algún otro medio de impugnación en la legislación electoral local, ni existe disposición o principio jurídico de donde se desprenda la autorización a alguna autoridad para revisarla oficiosamente.

6. Violación a algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la demanda se aduce la violación a los artículos 14, 16, 41 fracción III, 116 fracción IV, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

7. La violación reclamada puede ser determinante para el resultado final de la elección. Esta exigencia se satisface porque el actor asegura en unos de sus agravios que se actualiza la causal de nulidad abstracta, con lo cual pretende la nulidad de la elección.

8. Posibilidad y factibilidad de la reparación. La reparación solicitada es material y jurídicamente posible, porque la fecha fijada para la instalación del Congreso del Estado de Chiapas, será el dieciséis de noviembre de dos mil cuatro, conforme al artículo 22 de la Constitución Política del Estado de Chiapas.

TERCERO. Las consideraciones en que se funda la resolución reclamada son del tenor siguiente:

“TERCERO. Los agravios a estudiar en este asunto, son los expresados por la parte actora, Coalición “Alianza para Todos” y serán analizados haciendo uso, en lo conducente, de la atribución para suplir la deficiencia del agravio y de la cita errónea del derecho, otorgada a este órgano resolutor conforme a lo dispuesto en los párrafos 1 y 4 del artículo 77 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado.

Así, las casillas cuya votación es impugnada, y en las cuales se entregó escrito de protesta, serán analizadas en el orden en que aparecen en el artículo 57 de la ley adjetiva de la materia, realizando previamente la siguiente adecuación.

Cabe precisar que la parte actora señala en su demanda, que impugna la votación recibida en las casillas 1301 C1, 1312 B, 1312 C1, 1321 C1, 1329 C1, 1324 C2, 1330 B, 1403 C1, 1403 C2, 1403 C4 y 1403 C8, por irregularidades que considera encuadran en la causal f) del artículo 57 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado, sin embargo son hechos que deben analizarse a la luz de la causal d) del numeral referido, porque señala en esencia que las casillas abrieron después de las ocho horas del día tres de octubre del año en curso, lo que a su parecer, ocasionó que se conculcaran los derechos de quienes pretendieron ejercer su voto y no lo hicieron por haber abierto dichas casillas en un horario posterior al que la ley señala. Por lo tanto, supliendo la deficiencia del agravio, es de señalar que los hechos alegados de las citadas casillas, se analizarán a la luz de la causal d) en comento.

La relación de casillas impugnadas y la referencia a la causal que en cada una de ellas se invocó es la siguiente presentándose de la forma siguiente:

Resulta pertinente aclarar que, dentro del análisis de los diferentes supuestos relativos a las causales de nulidad de votación recibida en casilla, este órgano colegiado, tomará en cuenta el principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados que recoge el aforismo “lo útil no debe ser viciado por lo inútil”, y el cual fue adoptado en la tesis de jurisprudencia S3ELJD 01/98, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, publicada en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, páginas 170 a 172, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente:

“PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN. (Se transcribe)”

El principio contenido en la tesis transcrita debe entenderse en el sentido de que, sólo debe decretarse la nulidad de votación recibida en casilla, cuando las causales previstas en la ley se encuentren plenamente probadas y siempre que los errores, inconsistencias, vicios de procedimiento o irregularidades, sean determinantes para el resultado de la votación. Es decir, las imperfecciones menores que puedan ocurrir antes, durante la etapa de la jornada electoral o incluso después de terminada ésta, no deben viciar el voto emitido por la mayoría de los electores de una casilla.

Para tal efecto, se debe tener presente que en toda causal de nulidad de votación recibida en casilla está previsto el elemento determinante, sólo que en algunos supuestos, éste se encuentra regulado de manera expresa, como es el caso de las causales de nulidad de votación recibida en casilla, previstas en los incisos c), d), g), i) y k) del artículo 57 de la ley adjetiva de la materia; en tanto que en otras causales de nulidad de votación, dicho requisito está implícito, como ocurre con las reguladas en los incisos a), b), e), f), h) y j) del mismo precepto.

Esta diferencia no impide que, en el último caso, no se deba tomar en cuenta ese elemento, puesto que su referencia expresa o implícita repercute únicamente en la carga de la prueba.

Así, tratándose de las primeras, para declarar la nulidad de la votación recibida en casilla, se deben acreditar los supuestos normativos que integran la causal respectiva, pero además, será necesario valorar los errores, inconsistencias o irregularidades, con el objeto de ponderar si son o no determinantes para el resultado de la votación; mientras que en las segundas, existe una presunción iuris tantum de que las respectivas causas que provocan la sanción anulatoria, son determinantes para el resultado de la votación, salvo prueba en contrario.

Por ello, en el caso de que se acrediten los extremos de los supuestos que integran las causales de nulidad de votación recibida en casilla a que se refieren los incisos a), b), e), f), h) y j) del precepto legal citado, se estima que la irregularidad no será determinante para el resultado de la votación, cuando de las constancias de autos, se desprenda que con su actualización no se vulneró el principio de certeza tutelado por la respectiva hipótesis normativa.

Tal criterio ha sido sustentado por la Sala Superior en la tesis jurisprudencial número S3ELJ 12/2000, publicada en las páginas 147 y 148 de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo el rubro:

“NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AUN CUANDO EN LA HIPÓTESIS RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE MENCIONE EXPRESAMENTE (Legislación del Estado de México y similares.) (Se transcribe).”

Una vez efectuadas las precisiones anteriores, esta Sala “B” del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Chiapas, considera que la litis en el presente recurso se constriñe a analizar los agravios formulados, mismos que se pueden agrupar en tres vertientes diferentes:

a)  Primero, aquéllos enderezados a buscar la nulidad de votación en casilla.

b) Enseguida los argumentos vertidos en torno a la nulidad de elección contemplada en el inciso a) del artículo 58 de la ley de la materia.

c) Finalmente los argumentos esgrimidos en relación a la causal abstracta de nulidad de la elección.

Por lo que se procederá a realizar el estudio tendente a determinar, si es procedente o no decretar la nulidad de la votación recibida en las casillas y, como consecuencia, si deben modificarse, los resultados asentados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa correspondiente al XIX Distrito Electoral. Seguidamente se estudiará si procede o no decretar la nulidad de la elección, de conformidad con el artículo 58, párrafo 1, inciso a), de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado. Y por último, se procederá a determinar si se actualiza o no la causa abstracta de nulidad de la elección que se hace valer.

Una vez asentado lo anterior, procede entrar al estudio de fondo del presente asunto, para lo cual, por cuestión de método, este órgano jurisdiccional estudiará las casillas cuya votación se impugna, agrupándolas en considerandos, conforme al orden de las causales de nulidad establecido en el artículo 57 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

CUARTO. Las aseveraciones hechas respecto de las casillas 130 C1 y 134 C1 son inatendibles, porque de las constancias que forman el expediente, en especial la copia certificada de la lista de integrantes de mesas directivas de casilla y lugares de ubicación durante la jornada electoral del 3 de octubre del 2004, también denominado -encarte-, visible a fojas 406 a 426 de autos, a la cual se le da pleno valor probatorio en términos de los artículos 19 y 21, inciso b), de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado, se desprende que dichas casillas no están comprendidas dentro del distrito materia de impugnación. Aunado a lo anterior, mediante escrito de dieciocho de octubre del año en curso, que obra a fojas 450 a 451 de autos, el Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral señaló que dichas casillas no corresponden al Distrito Electoral XIX.

QUINTO. Respecto de la casilla 1339 C1, existe en autos, a foja 223, la respectiva acta de escrutinio y cómputo de casilla levantada en el consejo distrital electoral, de la cual se dejó asentado su levantamiento en el acta de sesión extraordinario de seis de octubre del año en curso, del Consejo Distrital Electoral XIX, Zona Sur, con cabecera en Tapachula, Chiapas, visible esta última a fojas 420 a 426 de autos.

En dicha acta de sesión se asentó que el acta de escrutinio se levantó porque no se encontró el original. Y del acta levantada se advierten los siguientes datos:

Y de los rubros: “número de boletas sobrantes”, “total de ciudadanos que votaron conforme a la lista” y “resultados de la votación”, se advierte que no hay error, pues todas las cantidades coinciden.

Así, el acta levantada por el consejo respectivo dejó sin efecto el acta final de escrutinio y cómputo levantada en la casilla impugnada, pues de conformidad con el artículo 249, fracción I, en relación con el artículo 240, el realizar nuevamente el escrutinio y cómputo por el consejo electoral, en los casos expresamente previstos, tiene por objeto subsanar cualquier error que pudiera haber en el cómputo realizado por la mesa directiva de casilla.

Por lo tanto, si el agravio estaba encaminado a impugnar las actas de la casilla y no las del consejo referido, resulta inoperante el agravio esgrimido.

SEXTO. La parte actora hace valer la causal de nulidad prevista en el artículo 57, párrafo 1, inciso a), de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral, respecto de la votación recibida en un total de tres casillas, mismas que se señalan a continuación: 1327 C1, 1328 B, 1334 B.

En su escrito de demanda, el actor argumenta sustancialmente que: las casillas fueron instaladas, sin causa justificada, en un lugar distinto al autorizado por la autoridad electoral correspondiente.

Por su parte, la autoridad responsable, en la parte conducente de su informe circunstanciado, expuso: “... no le asiste la razón al recurrente como puede corroborarse en las actas de instalación y cierre de casilla, así como también en la publicación definitiva de los integrantes de mesas directivas de casilla ...”

Expuestos los argumentos que hacen valer las partes, se estima conveniente precisar el marco normativo en que se sustenta la causal de nulidad de mérito.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 190, párrafo 1, del Código Electoral del Estado de Chiapas, las casillas deben ubicarse en los lugares que hagan posible el fácil y libre acceso a los electores y permitan la emisión secreta del sufragio, por ello deben preferirse los locales ocupados por escuelas u oficinas públicas.

Con el objeto de que los electores conozcan la ubicación de la casilla en la que emitan su voto, los artículos 193, 194 y 195 del código de la materia, establece que los Consejos Electorales respectivos deberán dar publicidad a las listas de los lugares en que serán instaladas, para lo cual, deberán fijarlas en los edificios y lugares públicos de mayor concurrencia en el municipio o distrito según sea el caso.

De la lectura de los anteriores dispositivos se advierte que el establecimiento y publicación de un lugar determinado para la instalación de la casilla, tutela, especialmente, el principio de certeza que permite a los electores conocer el lugar en donde deberán ejercer el derecho al sufragio.

Sin embargo, el día de la jornada electoral, en la fase de la instalación de las casillas, pueden presentarse diversas circunstancias que obliguen a los funcionarios de las mesas directivas de casilla a cambiar su ubicación, como son: a) que no exista el local designado; b) que se encuentre cerrado o clausurado; c) que se trate de un lugar prohibido por la ley; d) que no permita asegurar la libertad o el secreto del voto o el fácil y libre acceso de los electores; e) que no garantice la realización de las operaciones electorales en forma normal; o, f) que el lugar no resguarde a los encargados de la mesa y a los votantes de las inclemencias del tiempo. Estos supuestos, se consideran causas justificadas para la instalación del una casilla en un lugar distinto al señalado y se encuentran previstas en el artículo 212 del código de la materia.

Por su parte, el artículo 213 del Código Electoral del Estado establece que de realizarse un cambio de casilla por causa justificada, la casilla deberá quedar instalada en la misma sección y en el lugar adecuado más próximo, debiéndose dejar aviso de la nueva ubicación en el exterior del lugar original que no reunió los requisitos.

En términos de lo previsto en el artículo 57, párrafo 1, inciso a), de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado, la votación recibida en una casilla será nula, cuando se acrediten los supuestos o elementos normativos siguientes:

a) Que la casilla se instale y funcione en un lugar distinto al señalado por el Consejo Electoral correspondiente;

b) Que el cambio de ubicación se realice sin justificación legal para ello; y,

c) Que sea determinante para el resultado de la votación. Elemento implícito.

Para que se acredite el primer supuesto normativo de la causal de nulidad en análisis, será necesario que la parte actora pruebe que el lugar donde se instaló la casilla es distinto al que aprobó y publicó el consejo electoral respectivo.

En cuanto al segundo supuesto normativo, se deberán analizar las razones que, en su caso, haga valer la autoridad responsable para sostener que el cambio de ubicación de casilla atendió a la existencia de una causa justificada prevista en el artículo 212 del código de la materia; valorando aquellas constancias que aporte para acreditarlo.

Luego entonces, la votación recibida en casilla se declarará nula, cuando se actualicen los dos supuestos normativos que integran la causal en estudio, salvo que de las propias constancias de autos quede demostrado que no se vulneró el principio de certeza protegido por la causal, respecto del conocimiento que deben tener los electores del lugar donde deben ejercer su derecho al sufragio, es decir, que las irregularidades aducidas no fueron determinantes para el resultado de la votación.

En el presente caso, para determinar la procedencia de la pretensión del actor es necesario analizar las constancias que obran en autos, en particular, las que se relacionan con los agravios en estudio, y que son: a) listas de ubicación e integración de las mesas directivas de casilla, publicadas por el consejo electoral respectivo -comúnmente llamadas encarte-; b) actas de instalación y cierre de casilla; y, c) hojas de incidentes que se levantaron el día de la jornada electoral, respecto de aquellas casillas cuya votación se impugna y en las cuales consten hechos relacionados con la causal en análisis. Documentales que al tener el carácter de públicas y no existir prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren, se les concede valor probatorio pleno, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 21, inciso a), y 27, párrafo 1, incisos a), de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado. Además se analizarán los diversos medios de convicción que hayan aportado las partes, que serán analizados en relación a la casilla respecto de la cual fueron ofrecidos y cuyo valor probatorio se determinará con base en lo dispuesto en los artículo 19, 20 y 27 de la citada ley adjetiva electoral.

Ahora bien, del análisis preliminar de las constancias antes aludidas, y con el objeto de sistematizar el estudio de los agravios formulados por la parte actora, a continuación se presenta un cuadro comparativo en el que se consigna la información relativa al número de casilla; la ubicación de las casillas publicadas en el encarte, así como la precisada en las actas de instalación y cierre de casilla; y, por último, se incluye un apartado referente a observaciones, en el cual quedarán señaladas las circunstancias especiales que puedan ser tomadas en cuenta para la resolución de los casos concretos. De acuerdo a lo anterior, se obtienen los datos siguientes:

Con base en la información precisada en el cuadro que antecede, se procederá a ponderar si, en las casillas cuya votación se impugna, se acreditan los supuestos normativos que integran la causal de nulidad invocada, atendiendo a las características similares que presentan, las particularidades de su ubicación y a los supuestos que se deriven.

A) Del referido cuadro comparativo, se observa que, en la casilla 1334 B concuerdan de manera sustancial los datos asentados en el encarte y los asentados en el acta de instalación y cierre de casilla.

Así es, pues en el encarte se señala como domicilio donde debe ubicar la casilla 1334 B, el siguiente: “Esc. Prim. Fral. Margarita Maza de Juárez 5a Av. Sur S/N y 30ª C. Ote. Mza. 79, Col. Centro, Tapachula, Chiapas”, en tanto que en el acta de instalación y cierre de casilla se señala: “3ª Av. Sur Prol. Col. Benito Juárez. Escuela”, como puede apreciarse en ambas se refiere que se instaló en una escuela, además de coincidir en la palabra Juárez.

De los anteriores datos comparativos, se puede colegir que no existen bases suficientes para tener por acreditado que la casilla referida se instaló en un lugar distinto al publicado en el encarte, sino por el contrario, se encuentra cierta similitud en las dos formas de referirse a los sitios de que se trata.

Cabe estimar que una de las posibles razones por la cual no existe total coincidencia entre los lugares de ubicación de la casilla, lo es que, el funcionario encargado de asentar los datos del lugar, lo hizo de manera a como él lo conoce y no como lo señala el encarte, situación que ocurre frecuentemente al momento del llenado del acta respectiva.

En tal virtud, si en el acta de instalación y cierre de casilla se anotó un domicilio que coincide en lo sustancial, es suficiente para considerar que la casilla no se instaló en lugar diverso al autorizado por el correspondiente Consejo. Cabe señalar que fue requerido al INEGI un plano de la cartografía urbana de la ciudad de Tapachula, Chiapas, mismo que obra en copia fotostática simple en autos, que aunque no se toma como documental pública por ser fotocopia simple, sirve de referencia, para tener una noción de cómo está trazada la ciudad de Tapachula, Chiapas. Del cual se advierte que la escuela referida en el encarte y en el acta de instalación y cierre de casilla es la misma, ya que ocupa toda una manzana, entre las calles 5a Av. Sur y 3a Av. Sur Prolongación. Escuela que en el plano de cartografía urbana está señalada con una banderita, simbología que se describe en el mismo documento.

Además, en el apartado relativo a: “¿la casilla se instaló en el lugar aprobado por el consejo correspondiente? Si No”, se marcó en el cuadro de la palabra “si”. En tanto que en el apartado que refiere a “hubo incidentes durante la instalación de la casilla? Si No”, se marcó en el cuadro de la palabra “no”.

Asimismo, del análisis de las actas de instalación y cierre de casilla se desprende que los representantes de partido acreditados ante ella, firmaron sin hacerlo bajo protesta, además de no existir escritos de incidentes relacionados con esta causal.

Lo anterior, prueba que las casillas en análisis se instalaron en el lugar indicado por el Consejo respectivo.

Cabe mencionar que la parte actora, tampoco ofreció algún otro medio de convicción con el cual acreditar su afirmación, como debía hacerlo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, de la ley adjetiva de la materia.

Por lo tanto, al no acreditarse plenamente que las casillas cuestionadas se ubicaron en un lugar distinto al publicado en el encarte y ante la existencia de elementos que generan convicción de que sólo se trata de la falta de anotación correcta de los datos del sitio de instalación en la acta de instalación y cierre de casilla, esta Sala “B” del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, arriba a la conclusión de que no se actualiza la causal de nulidad prevista en el párrafo 1, inciso a), del artículo 57 de la Ley de Impugnación en Materia Electoral.

En consecuencia, se estima INFUNDADO el agravio aducido por la parte actora.

B) Respecto de las casillas 1327 C1 y 1328 B, los datos consignados en listas de ubicación e integración de las mesas directivas de casilla y en las actas de instalación y cierre de casilla, no coinciden. Además de no existir dato alguno que justifique ese cambio de domicilio.

Cabe precisar, que el actor manifestó respecto a la casilla 1327 C1, que ésta se instaló en la Calle 1 Sur, número 4, esquina con la 21 Oriente, de esa ciudad, sin embargo del acta de instalación y cierre de casilla y hoja de incidentes, se aprecia que se asentó que dicha casilla se instaló en 13a Av. Sur No. 51 A esq. 22 Oriente y conforme al encarte debió instalarse en: 13a Av. Sur No. 81-A y 24a C. Ote Mza. 07 Col. 16 de Septiembre, Tapachula, Chiapas. Si bien es cierto, puede existir cercanía entre los domicilios anotados, también es cierto que los números de domicilio 81 y 51 no son los mismos, y las calles 22 y 24 Oriente no son las mismas

Respecto de la casilla 1328 B, en el encarte se señala como domicilio donde debe ubicarse la casilla, el siguiente: “Plaza Edén 17a Av. Sur No. 430 y 26a. C. Ote. Mza. Col. Calcáneo Beltrán, Tapachula, Chiapas”, en tanto que en el acta de instalación y cierre de casilla se señala: “17 Sur entre 22 y 24 Ote”, como puede apreciarse en ambas se refiere que se instaló en la 17 Sur. Y si bien, puede haber cercanía entre ellas, también lo es que al decirse entre calles 22 y 24 no es lo mismo que 26 Oriente.

De la información consignada en el encarte y de los elementos probatorios referidos, hacen presumir a este órgano jurisdiccional, que las casillas citadas se ubicaron en un lugar diverso al señalado por el consejo electoral respectivo, sin que de su contenido, de las afirmaciones de las partes o de algún otro documento que obren en autos, se desprenda la existencia de alguna causa justificada para ello.

En tal virtud, es necesario precisar si con el cambio de ubicación de la casilla, se vulneró el principio de certeza, lo que acontecerá al quedar demostrado que por haberse cambiado de ubicación la casilla, provocó confusión o desorientación en los electores, respecto del sitio exacto donde debían sufragar y, que además, ello resultó determinante para el resultado de la votación.

Para tal efecto, en términos del artículo 27, párrafo 1, de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral en el Estado de Chiapas y de acuerdo con las reglas de la lógica y de la experiencia, en particular, con el principio ontológico en materia probatoria, conforme al cual, lo ordinario se presume y lo extraordinario se prueba, se tiene que es un hecho conocido y cierto que en los Estados Unidos Mexicanos, y en el Estado de Chiapas, son excepcionales las casillas que alcanzan el cien por ciento de participación ciudadana, dado que en los procesos electorales constituye una circunstancia reiterada que sólo un porcentaje del electorado acude a sufragar.

Por tal motivo, para determinar si el cambio de ubicación de la casilla sin causa justificada, vulneró o no el principio de certeza, se deben tomar en cuenta las circunstancias y hechos que rodean el ámbito de participación ciudadana en las casillas cuya votación se solicita sea anulada.

Para ello, resulta necesario establecer un parámetro (porcentaje de votación) que se considere la muestra más representativa de la participación del electorado en una elección, dentro de un ámbito territorial determinado.

A partir de esta idea, el parámetro idóneo para analizar la causal en estudio, en este caso, es el porcentaje de votación recibida a nivel distrital de la elección impugnada, toda vez que un distrito uninominal, estadísticamente, es el ámbito territorial que puede aportar una información más apegada a la realidad acerca de la participación de los votantes en las casillas que lo integran.

En el asunto a estudio, el referido porcentaje de la votación emitida en el XIX Distrito Electoral, Zona Sur, con cabecera en Tapachula, Chiapas, es el resultado de multiplicar la cantidad que representa el total de ciudadanos que votaron en el distrito, por cien, y dividirlo entre el total de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores correspondiente a dicho distrito.

Así, conforme a los datos precisados en el informe que rinde el Instituto Estatal electoral, visible a fojas 899 a 902 de autos, la cantidad total de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores de dicho distrito electoral es de 90,260.

En tanto que, en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, correspondiente al citado distrito, visible a fojas 420 a 426 de autos, aparece que la votación total emitida asciende a 32,525.

Acorde con los datos anteriores y una vez efectuada la operación de referencia, se tiene que el porcentaje de votación emitida para la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral XIX; Zona Sur, con cabecera en Tapachula, Chiapas, es de 36.03 %.

Determinado el porcentaje de votación recibida a nivel distrital en la elección impugnada, y con el objeto de precisar si el cambio de ubicación de casilla, sin causa justificada, provocó confusión o desorientación en el electorado, a continuación se presenta un cuadro comparativo, integrado de la forma siguiente:

En la primera columna, se señala el número y tipo de la casilla cuya votación se solicita sea anulada; en la segunda, se hace referencia al total de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores de las casillas en estudio, dato que se obtiene del propio documento, o bien, del recuadro del acta de instalación y cierre de casilla, que dice: “Total de ciudadanos inscritos en lista nominal”; en la tercera columna, se anota el número de electores que votaron en las casillas según el acta final de escrutinio y cómputo respectiva, dato que se obtiene del recuadro de tal acta que dice: “número de electores que votaron conforme a la lista nominal y representantes de partidos políticos o coaliciones agregados”.

En la cuarta columna se alude al porcentaje de votación en las casillas, el cual, es el resultado de multiplicar el número de electores que votaron en la casilla según el acta final de escrutinio y cómputo, por cien, y dividirlo entre el total de ciudadanos incluidos en la lista nominal de electores de la misma.

Finalmente, en la quinta columna se establece si con el referido cambio de ubicación de la casilla, sin causa justificada, se provocó confusión o desorientación en el electorado, respecto del lugar exacto en donde debieron emitir su voto.

Cabe precisar que cuando exista una correspondencia entre ambos porcentajes, o bien, el porcentaje de votación en la casilla sea superior al distrital, se entenderá que el referido cambio de ubicación de la casilla no generó confusión o desorientación en los electores respecto del lugar al que debían acudir para ejercer su derecho al voto, toda vez que se acreditó una afluencia importante de votantes igual o superior al porcentaje de votación en el distrito, por lo que en dicha columna se anotará la palabra NO.

Empero, cuando el porcentaje de votación en la casilla sea inferior al emitido en el distrito, se considerará que el referido cambio de ubicación de la casilla provocó confusión en los electores, en relación al lugar exacto en donde debieron sufragar, ya que la afluencia de votantes fue menor al porcentaje de votación a nivel distrital, por lo que en estos casos, se anotará la palabra SI.

(PVD = 36.03 %)

En relación al cuadro de referencia, se desprende que el porcentaje de votación recibida en las casillas 1327 C1 y 1328 B, resulta inferior al porcentaje de votación Distrital, de lo que se desprende que el cambio de ubicación de la casilla, sin causa justificada, sí provocó confusión o desorientación entre el electorado, respecto del lugar exacto en donde debieron emitir su voto.

En tal virtud, se procederá a analizar si la irregularidad aducida, resulta determinante para el resultado de la votación. Para tal efecto, se propone la elaboración de un cuadro que contenga la información siguiente:

En la primera columna, se registra el número de la casilla; en la segunda columna, se anota el número de electores inscritos en la lista nominal de la casilla; en la tercera, se consigna el número de electores que votaron; en la cuarta, el número de electores que debieron haber votado en condiciones normales, para lo cual se multiplica el total de ciudadanos incluidos en la lista nominal de la casilla, con el porcentaje distrital.

En la quinta columna, se anotará el total de ciudadanos que dejaron de emitir su voto, que se constituye con la diferencia existente entre el número de electores que votaron y aquellos que debieron hacerlo en condiciones normales. Para lo cual se multiplica el total de ciudadanos de la lista nominal por el porcentaje de votación distrital, que en el caso concreto fue de 36.03%, dividiéndose entre cien.

Y en la sexta columna, se anotará la diferencia de votos existente entre el partido (o coalición) ganador y el que ocupó el segundo lugar de la votación.

Por último, en la séptima columna, se anotará la palabra NO, cuando se deduzca que la cantidad de ciudadanos que dejaron de emitir su voto por el cambio de domicilio de la casilla sin causa justificada, resulta inferior a la diferencia de votos existente entre los partidos que obtuvieron el primer y segundo lugar de la votación, por considerarse que no resultó determinante para el resultado final de la votación.

Por el contrario, en dicha columna se anotará la palabra SI, cuando se deduzca que la cantidad de ciudadanos que dejaron de emitir su voto, es mayor a la diferencia de votos existente entre los partidos que obtuvieron el primero y segundo lugares de la votación, casos en que se entenderá que el cierre de votación anticipado sí fue determinante para el resultado de la misma.

Cabe destacar, que para efectos de determinar el número de ciudadanos que presumiblemente dejaron de emitir su voto, cuando al momento de realizar las operaciones respectivas se obtengan resultados fraccionados, el número se cerrará al inmediato superior.

Para una mejor comprensión de los conceptos con los que se realizarán las operaciones aritméticas necesarias, éstos se abreviarán de la forma siguiente:

PVD = Porcentaje de votación distrital.

PVC = Porcentaje de votación en casilla.

ELN = Electores inscritos en la lista nominal.

EV = Número de electores que votaron.

VCN = Número de posibles votantes en condiciones normales.

PVD = 36.03%

De la información contenida en el cuadro anteriormente propuesto, se obtienen las siguientes conclusiones:

Como ha quedado establecido, existen bases suficientes para considerar que las casillas 1327 C1 y 1328 B, fueron instaladas, sin causa justificada, en un lugar distinto al autorizado por el Consejo respectivo; y, que dicha irregularidad provocó confusión o desorientación en el electorado, respecto del lugar exacto en donde debieron emitir el sufragio.

Además, de los datos consignados en el cuadro que antecede, se puede apreciar que el aludido cambio trascendió al resultado de la votación, ya que el número de electores que no pudieron emitir su voto, por la confusión o desorientación que se provocó, es mayor a la diferencia numérica de los votos obtenidos por los partidos políticos que ocupan el primer y segundo lugar en el resultado de la votación.

Así, se debe considerar que en el caso a estudio, la instalación de la casilla en cuestión, en un lugar distinto al aprobado, sin causa justificada, es determinante para el resultado de la votación, ya que el número de ciudadanos que por confusión o desorientación no pudieron sufragar, lo hubieran hecho en favor del partido que ocupó el segundo lugar de la votación, en dicha casilla, tales votos serían suficientes para que el mismo pasara a ocupar el primer lugar en la casilla impugnada.

En tales condiciones, al resultar determinante para el resultado de la votación la violación alegada, se declara FUNDADO el agravio planteado por la parte enjuiciante respecto de las referidas casillas.

SÉPTIMO. El promovente, en su escrito de recurso de queja hace valer la causal de nulidad de votación recibida en casilla, prevista en el artículo 57, párrafo 1, inciso b), de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado, respecto de un total de dos casillas, mismas que a continuación se señalan: 1312 B y 1329 B.

En su escrito de demanda, el actor argumenta sustancialmente que: se recibió la votación por personas u órganos distintos a los facultados por la norma electoral, pues en ambas casillas fungieron como primer escrutador ciudadanos que son residentes de otra sección electoral.

La autoridad responsable en su informe circunstanciado aduce que: ”...no le asiste la razón como puede probarse del listado definitivo de integrantes de mesa directiva de casilla; así como también de las actas de instalación y clausura de la misma. El recurrente no corrobora su dichos con otros medios...”

Previo al estudio de los agravios que se aducen, se estima conveniente precisar el marco normativo en que se sustenta la causal de nulidad de mérito.

Por mandato legal, las mesas directivas de casilla son los órganos electorales formados por ciudadanos a quienes, el día de la jornada electoral, corresponde asegurar que la recepción del voto esté revestida de las características de certeza y legalidad; asimismo, son responsables de respetar y hacer respetar que el voto de los electores sea universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, encontrándose facultadas para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las secciones en que se divide el territorio de los municipios, tal como lo señala el artículo 135, párrafo primero, del Código Electoral del Estado.

En cuanto a su integración, atento a lo previsto en el artículo 137 del mismo ordenamiento legal, las mesas directivas de casillas se conforman por un presidente, un secretario, dos escrutadores y tres suplentes generales, quienes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 136 del referido código, deberán ser ciudadanos residentes en la sección respectiva, en ejercicio de sus derechos políticos, de reconocida probidad, que sepan leer y escribir, y que no sean mayores de 70 años.

Con el propósito de garantizar la actuación imparcial y objetiva de los miembros del órgano electoral, la legislación sustantiva contempla dos procedimientos para la designación de sus integrantes: el primero para realizarse durante la etapa de preparación de la elección, y el segundo, que se implementa el día de la jornada electoral y tiene como fin suplir las ausencias de los ciudadanos originalmente designados y dar transparencia al procedimiento de integración de las mesas directivas de casilla. Además, se establecen las funciones que corresponden a cada uno de los integrantes de las mesas directivas de casilla.

Acorde con lo anterior, los ciudadanos designados en la etapa preparatoria de la elección deberán seleccionarse mediante un procedimiento de insaculación y un curso de capacitación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 189 del código que se consulta.

Sin embargo, ante el hecho público y notorio de que los ciudadanos originalmente designados incumplan con sus obligaciones y no acudan el día de la jornada electoral a desempeñar sus funciones como miembros de las mesas directivas de casilla, y en el supuesto de que ésta no se instale a las 8:15 horas, con el objeto de asegurar la recepción de la votación, en el artículo 210 del código sustantivo de la materia, se establece el procedimiento que debe seguirse el día de la jornada electoral para sustituirla los funcionarios de casilla.

Pero, toda sustitución de funcionarios debe recaer en electores que se encuentren en la casilla para emitir su voto; que estén inscritos en la lista nominal de la sección; y, en ningún caso podrán recaer los nombramientos en los representantes de los partidos políticos. Atento a lo previsto en el artículo 210, fracción I, y último párrafo del Código Electoral del Estado.

De una interpretación armónica de los preceptos señalados, este órgano jurisdiccional considera que el supuesto de nulidad de votación recibida en casilla que se analiza protege el valor de certeza que debe existir en la recepción de la votación por parte de las personas u órganos facultados por la ley. Este valor se vulnera: a) cuando la mesa directiva de casilla se integra por funcionarios que carecen de las facultades legales para ello; y, b) cuando la mesa directiva de casilla como órgano electoral no se integra con todos los funcionarios designados, por lo que en este caso, tienen relevancia las funciones de carácter autónomo, independiente, indispensables y necesarias, que realiza cada funcionario, así como la plena colaboración entre éstos, con la finalidad de que exista certeza en la recepción del sufragio.

Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el artículo 57, párrafo 1, inciso b), de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la votación recibida en una casilla será nula, cuando se acrediten los supuestos o elementos formativos siguientes:

a) Que la votación se recibió por personas u órganos distintos a los facultados conforme al Código Electoral del Estado; y,

b) Que sea determinante para el resultado de la votación. Elemento implícito.

En tal virtud, este órgano jurisdiccional considera que la causal invocada debe analizarse atendiendo a la coincidencia plena que debe existir en los nombres de los ciudadanos que fueron designados funcionarios de las mesas directivas de casillas, de acuerdo con los datos asentados en la lista de integración y ubicación de casillas -encarte-, los anotados en las actas de instalación y cierre de casillas y, en su caso, los que aparezcan en las actas finales de escrutinio y cómputo.

En el asunto sometido a estudio, obran en el expediente: a) original de la publicación de “ubicación e integración de las mesas directivas para las elecciones”; b) Las listas nominales de electores definitivas con fotografía de las casillas cuya votación se impugna, así como de las demás casillas correspondientes a la misma sección; c) Las actas de instalación y cierre de casilla y de escrutinio y cómputo de las casillas cuya votación se impugna; y f) (sic) copias certificadas de las hojas de incidentes que se presentaron el día de la jornada electoral.

Documentales que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 21, párrafo 1, inciso a), y 27, párrafo 1, inciso a), de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Chiapas, tienen el carácter de públicas, teniendo valor probatorio pleno, por no existir prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren.

Con el objeto de determinar si se actualiza o no la violación alegada, a continuación se presenta un cuadro comparativo, en cuya primera columna se identifica la casilla de que se trata; en la segunda, los nombres de las personas facultadas para actuar en la casilla y sus cargos, según la publicación de las listas de integración de mesas directivas de casilla citadas; en la tercera, los nombres de los funcionarios que integraron la casilla y los cargos que ocuparon, de acuerdo con lo asentado en las correspondientes actas de instalación y cierre de casillas y actas finales de escrutinio y cómputo; y por último, en la cuarta columna, las observaciones sobre las situaciones que se deriven de la comparación entre los distintos rubros del propio cuadro.

NOMENCLATURA:  B = Básica

    C = Contigua

    Ex = Extraordinaria

    Es = Especial.

Del análisis detallado del cuadro que antecede y atendiendo a las características similares que presenta la integración de las mesas directivas de casilla, esta Sala “B” del Tribunal Electoral estima lo siguiente:

A) Respecto de la casilla 1312 B, del análisis del acta de instalación y cierre de casilla se aprecia que Eloy López Giménez, fungió como primer escrutador de la mesa directiva de casilla, y no es de los que había originalmente designado el Consejo electoral respectivo, esto es, no es de los que aparecen en el encarte.

No obstante ello, debe considerarse que cuando no se presenten los ciudadanos que fueron designados por el Consejo respectivo, para recibir la votación en las mesas directivas de casilla, se faculta al presidente de la misma para que realice las habilitaciones de entre los electores que se encuentren formados en espera de emitir su voto en la casilla correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 210, párrafos 1, fracción I y IV, del Código Electoral del Estado de Chiapas.

Para lo anterior, el propio código electoral, para la sustitución de los funcionarios, ordena que los nombramientos deberán recaer en ciudadanos que se encuentren en la casilla para emitir su voto, esto es, que sean residentes en la sección electoral y estar inscritos en la lista nominal que comprenda la casilla y que no sean representantes de los partidos políticos o coaliciones, en términos del párrafo segundo, del artículo citado.

Como se aprecia de lo anterior, el legislador estableció una norma de excepción, a efecto de que el día de la jornada electoral, si no se presenta alguno o algunos de los funcionarios de casilla, ésta se instale, funcione y reciba el voto de los electores, fijando las reglas para que se instalen las casillas en las que ocurra tal ausencia, estimando que no es posible cumplir con las formalidades de designación establecidas por el sistema ordinario, ni tampoco recurrir a ciudadanos que fueron capacitados, doblemente insaculados y designados para desempeñar las funciones en las casillas.

Lo anterior, encuentra sustento en la tesis relevante, clave S3EL 019/97, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, publicada en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, páginas 767 y 768, cuyo rubro es el siguiente:

“SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL. (Se transcribe)”

Entonces, el hecho de que los funcionarios que integraron la casilla sean ciudadanos que no fueron designados previamente por el Consejo respectivo, pero se encuentran sus datos en la lista nominal de la sección correspondiente, no es causa suficiente para considerar que la votación se recibió por un órgano o personas distintas a las facultadas por el código sustantivo electoral.

Ahora bien, en la página 26 de la lista nominal de electores de la casilla 1312 B, que abarca de la letra “A” a la “L”, aparece incluido Eloy López Jiménez (sic). Por lo tanto, al estar incluido en dicha lista, que pertenece a la sección, se concluye que la integración de la casilla fue apegada a derecho, de conformidad con lo establecido en el artículo 210, párrafo 1, fracciones I y IV, del Código Electoral del Estado.

No pasa desapercibido que en el acta de acta de instalación y cierre de casilla se asentó Eloy López Giménez y que en el encarte se dice Eloy López Jiménez, sin embargo la diferencia que existe entre ambos nombres, únicamente respecto a la letra inicial del segundo apellido, es un error intrascendente de ortografía.

Consecuentemente, al no acreditarse los supuestos normativos de la causal de nulidad de votación recibida en casilla, prevista en el artículo 57, párrafo 1, inciso b), de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Chiapas, resulta INFUNDADO el agravio hecho valer en relación a la casilla cuya votación fue impugnada.

B) Del análisis comparativo de los datos asentados en el cuadro anterior, se desprende que en la casilla 1329 B, fungió con el cargo de primer escrutador, María Candelaria Hernández Rodríguez y no se encuentra inscrita en la lista nominal de la casilla o sección correspondiente.

En efecto, la causal de nulidad que se estudia, sanciona aquellas conductas irregulares ocurridas el día de la jornada electoral, consistentes en que la votación sea recibida por personas distintas a las autorizadas por la ley, esto es, que hayan intervenido funcionarios que no fueron autorizados por el Consejo respectivo, por no encontrarse en la lista de ubicación e integración de casillas, no figurar en el acuerdo de sustitución emitido por la autoridad administrativa electoral en caso de existir, o por no ajustarse al procedimiento de sustitución que prevé el artículo 210 del Código Electoral del Estado de Chiapas, que establece que las sustituciones se realizarán, en principio, con los suplentes, y posteriormente, con los electores que se encuentren en la casilla en espera de votar, y que deberán estar incluidos en la lista nominal de electores y no ostentar el carácter de representantes de partido político o coalición.

Ahora bien, como quedó acreditado en el acta de instalación y cierre de casilla, fungió como primer escrutador María Candelaria Hernández Rodríguez; luego, de una revisión de las listas de integración y ubicación de casillas, también denominado encarte, se advierte que dicha ciudadana no es de los ciudadanos que originalmente había designado el consejo electoral respectivo para integrar la casilla en comento; y por último, de una revisión de las listas nominales de la sección, siendo tres, las que abarcan de la “A” a la “G”, de la “G” a la “O” y de la “O” a la “Z”, no se encuentra anotada la ciudadana María Candelaria Hernández Rodríguez, de ahí, que no se cumple con el requisito señalado en el artículo 210, fracción I, del Código Electoral del Estado, que ordena que las personas que integren las casillas deban pertenecer a la sección, por lo que debe considerarse que la recepción de la votación se hizo por personas distintas a las facultadas por la ley.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia clave S3ELJ 13/2002, sustentada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consultable en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, páginas 191 y 192, cuyo rubro es el siguiente:

“RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (Legislación del Estado de Baja California Sur y similares). (Se transcribe).”

En consecuencia, al actualizarse la causal de nulidad prevista en artículo 57, párrafo 1, inciso b), de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado, resulta FUNDADO el agravio que hizo valer la actora respecto de dicha casilla.

OCTAVO. La parte actora hace valer la causal de nulidad prevista en el artículo 57, párrafo 1, inciso c), de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Chiapas, respecto de la votación recibida en cuatro casillas, mismas que se señalan a continuación: 1309 B, 1332 B, 1341 B y 1392 B.

En su escrito de demanda, el actor argumenta sustancialmente que: se estuvo permitiendo emitir el voto a ciudadanos que no contaban con su credencial para votar, así mismo a personas que no aparecían en el listado nominal.

La autoridad electoral, en la parte conducente del informe circunstanciado, expone: “... este agravio no es propio de este órgano electoral, en virtud de que el recurrente no señala específicamente a qué personas o electores refiere, su aseveración es vaga e imprecisa por virtud de que no corrobora con prueba alguna su dicho, únicamente se concreta a transcribir jurisprudencia...”

Ahora bien, para determinar, si en el presente caso, y respecto de las casillas señaladas, se actualiza la causal de nulidad en estudio, se estima conveniente formular las precisiones siguientes:

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 4 del Código Electoral del Estado, las personas con derecho a sufragar el día de la jornada electoral, serán aquéllas que estén anotadas en la lista nominal y tengan su credencial para votar con fotografía. Esta última disposición se reitera en el artículo 149, fracción III, del ordenamiento electoral invocado, que indica que la credencial para votar con fotografía es el documento indispensable para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto.

Así, para que los ciudadanos puedan ejercer válidamente su derecho al sufragio, deben contar con su credencial para votar con fotografía, y también aparecer inscritos en el listado nominal de electores correspondiente a la sección de su domicilio, atento a lo establecido en los artículos 140 fracción III, 214, fracciones IV y VI, del Código Electoral del Estado de Chiapas.

No obstante, de la interpretación gramatical del artículo 57, párrafo 1, inciso c), de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado, se desprende que existen casos de excepción en que los ciudadanos pueden emitir su sufragio, sin contar con credencial para votar o sin estar inscritos en la lista nominal. Estas excepciones, de conformidad con lo previsto en los artículos 214, fracción V, y 215 del código sustantivo de la materia, así como el 85 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, comprenderá:

1. Los representantes de los partidos políticos o coaliciones, ante la mesa directiva de casilla donde estén acreditados;

2. Los electores en tránsito, que emiten el sufragio en las casillas especiales; y

3. Los electores que cuenten con resolución favorable emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el supuesto de que el Instituto Federal Electoral, por razón de los plazos legales o por imposibilidad técnica o material, no los pueda incluir debidamente en la lista nominal correspondiente o expedirles su credencial para votar. En este caso, bastará que el ciudadano exhiba copia certificada de los puntos resolutivos.

De la lectura integral del las anteriores disposiciones, se concluye que la causal de nulidad de mérito tutela el principio de certeza, respecto de los resultados de la votación recibida en casilla, mismos que deben expresar fielmente la voluntad de los ciudadanos, la cual podría verse viciada, si se permitiera votar a electores que no cuenten con su credencial para votar o, que teniéndola, no estén registrados en el listado nominal.

En tal virtud, para decretar la nulidad de la votación recibida en casilla, con base en la causal prevista en el artículo 57, párrafo 1, inciso c), de la ley procesal invocada, se deben acreditar los supuestos o elementos normativos siguientes:

a) Que en la casilla se permitió sufragar a ciudadanos sin derecho a ello, ya sea por no contar con su credencial para votar o porque su nombre no aparezca en la lista nominal de electores; y,

b) Que la anterior circunstancia sea determinante para el resultado de la votación recibida en la casilla.

Antes de estudiar los agravios, se esquematizarán éstos en un cuadro para su mejor apreciación, junto a las pruebas aportadas que tengan relación.

A) Respecto de la casilla 1392 B, no se acreditan los hechos expuestos por el actor.

El actor señala de manera genérica que se estuvo permitiendo emitir el voto a ciudadanos que no contaban con su credencial para votar, así mismo a personas que no aparecían en el listado nominal, sin precisar circunstancias de tiempo, modo y lugar, esto es, no señala a cuántos electores o durante qué tiempo se dieron estas irregularidades.

Y si bien del acta de escrutinio y cómputo se advierten ciertas discrepancias entre boletas encontradas en la urna, que son 234, y el número de electores que votaron conforme a la lista nominal, 223, existiendo una diferencia de once votos. Lo que en determinado momento pudiera crear incertidumbre en cuanto a la certeza de la votación, sin embargo, esta discrepancia no es por el momento objeto de análisis de esta causal, ya que el actor no precisó en sus agravios circunstancias de modo, tiempo y lugar, ni existe documento que precise estas características, para así estar en posibilidad de concatenar lo afirmado con lo apreciado en el acta de escrutinio y cómputo.

Cabe señalar que de conformidad con el artículo 199, fracción IV, los representantes de los partidos políticos que fungen ante las mesas directivas de casilla, tienen derecho a recibir copia legible de todas las actas elaboradas en la casilla. Entonces en caso de que a la autoridad responsable no le llegue completo el paquete que se formó en la casilla, y en consecuencia esté en imposibilidad de remitir dichas constancias a este órgano jurisdiccional para resolver, ello no limita al partido político en su esfera jurídica, en razón de que la parte actora tuvo la posibilidad de ofrecer las pruebas que se hayan formado en su momento en la mesa directiva de casilla, en atención a que ellos reciben copias de todas las actas levantadas en las casillas.

Así, del acta de instalación y cierre de casilla, que obra a fojas 258, se advierte que firmó la misma el representante de la Coalición “Alianza para Todos” ante la mesa directiva de casilla, por lo tanto, estuvo en la posibilidad de presentarlas como pruebas en el presente recurso.

Y al no haber medios de prueba presentados por el actor, para acreditar lo argumentado, se incumplió con lo señalado en el artículo 20, de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral; por lo tanto, al no actualizarse los elementos que integran la causal en estudio, se declara INFUNDADO el agravio manifestado por el partido actor.

B) Respecto de las casillas 1332 B y 1341 B, no se acreditan los hechos expuestos por el actor.

De las hojas de incidentes, respecto de la primera casilla mencionada, se asentó; que a las catorce horas con veinte minutos, Espinal Bravo Marco Vinicio no apareció en la lista nominal; a las dieciséis horas con cincuenta y siete minutos, se asentó que Burguete Guerrero Hugo Ernesto, no apareció en la lista nominal.

De las hojas de incidentes, respecto de la segunda casilla mencionada, se asentó: que a las cinco horas con veinticinco minutos se presentó un ciudadano a votar y no apareció en la lista nominal; a las cinco horas con cuarenta y cinco minutos, se presentó un segundo ciudadano con su credencial para votar y no apareció en la lista.

Ahora bien, de lo asentado sólo se desprende que se presentaron con la intención de votar diversos ciudadanos y que no se encontraban en las listas nominales, pero no se dice cómo se condujeron los funcionarios de las casillas, es decir, no se dice si al percatarse de que no estaban en la lista nominal, se les permitió o no votar. De ahí que estas anotaciones no ayudan a tener por plenamente acreditado que se haya dejado sufragar a ciudadanos que no tenían derecho a ello.

Y al no existir algún otro medio de prueba que demuestre lo afirmado, aunado a que los partidos políticos firmaron sin hacerlo bajo protesta, tal como se aprecia de las actas de instalación y cierre de casilla, cabe decir que el actor incumplió con la carga probatoria que le impone el artículo 20, de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral; por lo tanto, al no actualizarse los elementos que integran la causal en estudio, se declara INFUNDADO el agravio manifestado por el partido actor.

B) Respecto de la casilla 1309 B, es infundado el agravio esgrimido.

En la hoja de incidentes, visible a foja 1034 de autos, se asentó que: se permitió votar a Henning Aracelia Irlanda con clave electoral LPHMAR690607M900 y a Yong Aurora de Jesús con clave electoral PTYNAR63050507M200, quienes no se encontraban en las listas nominales de la casilla pero pertenecían a la casilla; que a las cinco horas se le permitió votar a Saldaña de la Cruz Armando con clave electoral SLCRAR780412074400, quien no apareció en la lista nominal pero pertenece a la sección 1309. Documental pública que tiene pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 21, párrafo 1, inciso a) y 27, párrafo 1, inciso a), de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado.

De lo anterior, se puede establecer que sin que operare alguno de los supuestos de excepción, de los previstos por las disposiciones señaladas, se permitió sufragar a tres ciudadanos, con lo que se acredita el primer supuesto de la causal de nulidad invocada.

Ahora, en cuanto al segundo elemento que constituye la causal de nulidad invocada, esto es, que sea determinante para el resultado de la votación, cabe señalar que el número de ciudadanos que sufragaron en la casilla en estudio, es de tres, resultando este número menor a la diferencia de votos entre los partidos políticos que obtuvieron el primero y segundo lugar, que fue de veinte votos, como se desprende del acta de escrutinio y cómputo, visible a foja 173 de autos, entonces el número de sufragios emitidos por los electores que no reúnen los requisitos exigidos por la ley, no resulta determinante para el resultado de la votación.

Sirve de apoyo, para sustentar el criterio aritmético o cuantitativo de determinancia, lo expuesto en los criterios sustentados por la Sala Superior del  Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en las tesis de jurisprudencia S3ELJ 39/2002 y S3ELJ 10/2001, visibles en Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, páginas 146, 147, y 86, respectivamente, cuyos rubros y textos son los siguientes:

“NULIDAD DE ELECCIÓN O DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA CASILLA. CRITERIOS PARA ESTABLECER CUÁNDO UNA IRREGULARIDAD ES DETERMINANTE PARA SU RESULTADO. (Se transcribe)”

“ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUÁNDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN (Legislación del Estado de Zacatecas y similares). (Se transcribe)”

Por lo tanto al no actualizarse los elementos que integran la causal en estudio, se declara INFUNDADO el agravio manifestado por el partido actor.

NOVENO. La parte actora hace valer la causal de nulidad prevista en el artículo 57, párrafo 1, inciso d), de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral, respecto de la votación recibida en once casillas, mismas que se señalan a continuación: 1301 C1, 1312 B, 1312 C1, 1321 C1, 1329 C1, 1329 C2, 1330 B, 1403 C1, 1403 C2, 1403 C4 y 1403 C8.

En su escrito de demanda, el actor argumenta sustancialmente que: de acuerdo al acta de jornada electoral (acta de instalación y cierre de casilla), las casillas abrieron tarde, sin causa justificada alguna, ocasionado con ello que se conculcaran los derechos de quienes pretendieron ejercer su voto y no lo pudieron hacer, pues el tres de octubre del año en curso: la casilla 1301 C1, abrió a las nueve horas; la casilla 1312 B, abrió a las nueve horas con cincuenta y seis minutos; la casilla 1312 C1, abrió a las nueve horas con diez minutos; la casilla 1321 C1, abrió a las nueve horas con diez minutos; la casilla 1329 C1, abrió a las nueve horas con once minutos; la casilla 1329 C2, abrió a las nueve horas con treinta minutos; la casilla 1330 B, abrió a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos; la casilla 1403 C1, abrió a las nueve horas con treinta minutos; la casilla 1403 C2, abrió a las nueve horas con cinco minutos; la casilla 1403 C4, abrió a las nueve horas con nueve minutos; y la casilla 1403 C8, abrió a las nueve horas con treinta minutos.

La autoridad responsable, en su informe circunstanciado, sostiene lo siguiente: “...el recurrente no tiene razón y confunde la fecha con las horas de instalación de las casillas, pierde de vista lo establecido por el artículo 210, fracciones I, II, III y IV, del Código Electoral; establece las horas en que deben de integrarse las mesas directivas de casilla y no como lo razona erróneamente el inconforme...”

Para efectos de determinar si en el presente caso se actualiza la causal de nulidad que hace valer la parte promovente respecto de la votación recibida en las casillas señaladas, se estima conveniente formular las precisiones siguientes:

Para ejercer el derecho de voto, además de cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 8º de la Constitución Política del Estado de Chiapas, en el Código Electoral en el Estado, también se establecen otras condiciones y circunstancias de tiempo, modo y lugar, que deben ser observados para la legal emisión del sufragio.

De esta manera, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4, párrafo 1, y 6 fracciones I y II del código sustantivo de la materia, las personas con derecho a sufragar el día de la jornada electoral, serán aquéllas que se encuentren inscritas en la lista nominal de electores y cuenten con su credencial para votar con fotografía.

También podrán votar los ciudadanos que se encuentren inscritos en el listado nominal de electores correspondiente a la sección de su domicilio, aun cuando su credencial contenga errores de seccionamiento, por así disponerlo el artículo 216, párrafo primero, del Código Electoral del Estado.

Asimismo, los electores deben votar en el orden en que se presenten ante la mesa directiva de la casilla correspondiente a la sección en que se ubica su domicilio, debiendo, para tal efecto, mostrar su credencial para votar con fotografía, en términos de lo establecido en el artículo 214 del código en consulta.

Además, los electores pueden hacer valer su derecho de voto, únicamente durante el tiempo en que se desarrolle la jornada electoral, esto es, una vez instalada la casilla y hasta el cierre de la votación, según lo previsto en los artículos 99, 209 y 222, del Código Electoral del Estado.

Al respecto, resulta pertinente comentar que la instalación de las casillas debe iniciar a las ocho horas del día de la jornada electoral, salvo las hipótesis previstas en la ley sustantiva de la materia, mediante la realización de diversos actos, como: la firma de las boletas electorales, en caso de que algún representante de partido lo solicitara; el llenado del apartado relativo a la instalación de la casilla; la apertura de las urnas en presencia de los representantes de los partidos políticos para que verifiquen que éstas se encuentran vacías; el armado de las mamparas para la correcta recepción del voto; e, incluso, algunas otras situaciones de carácter extraordinario, como la falta de alguno o algunos de los funcionarios que deban integrar la mesa directiva de casilla; lo que implica que la recepción de la votación no necesariamente debe iniciar a las ocho de la mañana; asimismo, se establece que la recepción de la votación puede cerrarse antes de las dieciocho horas, cuando el Presidente y el Secretario certifiquen que han votado todos los electores incluidos en la lista nominal correspondiente, o bien, que podrá continuarse con su recepción con posterioridad a esa hora, cuando aún se encuentren electores formados para votar, todo ello atento a lo precisado en los artículos 209, 210, 211 y 222, del Código Electoral del Estado de Chiapas.

Ahora bien, de la interpretación sistemática y funcional del contenido de los dispositivos antes citados, se infiere que la causal en estudio tutela los principios constitucionales de imparcialidad, objetividad y certeza; el primero, referido a la actuación que debe observar la autoridad receptora al momento de la emisión de los votos; los siguientes, respecto de los resultados de la votación recibida en casilla, los que deben expresar fielmente la voluntad de los electores.

De este modo, se considera que cuando se impide votar a ciudadanos que reúnen los requisitos constitucional y legalmente establecidos para ello, se afecta en forma sustancial a dichos principios y por tanto, debe sancionarse dicha irregularidad.

En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 57, párrafo 1, inciso d), de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la votación recibida en una casilla será nula, cuando se acrediten los supuestos normativos siguientes:

a) Que se impida el ejercicio del derecho de voto a los ciudadanos, sin causa justificada; y

b) Que sea determinante para el resultado de la votación.

Respecto del primero de los elementos, debe tenerse presente, que para la actualización de la causal de nulidad en estudio, se requiere que los actos a través de los cuales se impida a los ciudadanos ejercer el derecho al voto, sin causa justificada, tengan lugar precisamente durante el lapso en que pueda emitirse válidamente el sufragio, que es únicamente el día de la jornada electoral, durante el horario en que esté abierta la casilla; y, que tales actos provengan de las únicas personas que están en condiciones de impedir la recepción de la votación en la casilla, como son los integrantes de la mesa directiva correspondiente.

Para acreditar el segundo supuesto normativo, debe demostrarse fehacientemente el número de ciudadanos a quienes se impidió votar, o bien, que aun cuando no se pueda saber con certeza el número exacto de ciudadanos a los que se les impidió ejercer su derecho al voto, se demuestre que con dicha circunstancia se vulneraron de manera grave los principios tutelados por esta causal.

Ahora bien, en el caso en concreto, respecto a las casillas impugnadas, se advierte de las respectivas actas de instalación y cierre de casilla, lo siguiente la casilla 1301 C1, abrió a las nueve horas; la casilla 1312 B, abrió a las nueve horas con cincuenta y seis minutos; la casilla 1312 C1, abrió a las nueve horas con diez minutos; la casilla 1321 C1, abrió a las nueve horas con diez minutos; la casilla 1329 C1, abrió a las nueve horas con once minutos; la casilla 1329 C2, abrió a las nueve horas con treinta minutos; la casilla 1330 B, abrió a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos; la casilla 1403 C1, abrió a las nueve horas con treinta minutos; la casilla 1403 C2, abrió a las nueve horas con cinco minutos; la casilla 1403 C4, abrió a las nueve horas con nueve minutos; y la casilla 1403 C8, abrió a las nueve horas con treinta minutos.

A continuación, en el cuadro que se presenta, se vierten los datos obtenidos de las actas de instalación y cierre de casilla, señalando la hora que aparece en el apartado: “siendo las  ------ horas del día 3 de octubre del 2004, en el domicilio ubicado en ------, se reunieron para instalar la casilla...”; además se anota la hora de cierre de las mismas.

A) Respecto a las casillas mencionadas en el cuadro, en sus respectivas actas de instalación y cierre de casilla, visibles a fojas 452, 457, 458, 459, 470, 471, 472, 510, 512 y 514, de autos, en el apartado: “siendo las ----- horas del día 3 de octubre del 2004, en el domicilio ubicado en -----, se reunieron para instalar la casilla...”, se advierte efectivamente que se asentaron horarios diversos, que van de las ocho horas a las nueve cincuenta y seis horas.

En principio, es necesario aclarar que el hecho de que una casilla no se instale a las ocho horas, como se establece en el artículo 209 del código de la materia, no puede tener como consecuencia automática el que se anule la votación recibida en la misma.

Al respecto, es conveniente recordar que para la instalación de la casilla se requiere de la realización de determinados actos previos al inicio de la recepción de la votación, como la firma de las boletas electorales en el caso de que alguno de los representantes de un partido político lo solicite, el llenado del apartado respectivo de la jornada electoral, la apertura de las urnas ante los representantes de los partidos políticos para que se cercioren que están vacías y el armado de las mamparas para la correcta recepción del voto; lo que implica que no necesariamente la casilla debe quedar instalada exactamente a las ocho horas del día de la jornada electoral.

Así mismo, cabe destacar que el propio legislador ha reconocido la posibilidad de que no se logre instalar la mesa directiva de la casilla en el momento antes precisado, por lo que incluso ha establecido el procedimiento que debe seguirse ante la falta de alguno o algunos de sus integrantes, momentos que pueden, en casos extremos, llegar hasta las diez de la mañana del día de la jornada electoral.

Por lo que la eventualidad de que una casilla se instale en un momento posterior a las ocho de la mañana, no implica que ello vaya en detrimento de los ciudadanos que acuden a emitir su sufragio en un momento posterior, máxime que en términos de lo dispuesto por el artículo 222 del código sustantivo, no se cerrará la votación de la casilla hasta en tanto no hayan votado todos los electores que se encuentren formados a las dieciocho horas del día de la jornada.

Máxime que se advierte de las actas de instalación y cierre de casilla, que ninguna de éstas cerró antes de las dieciocho horas, lo que implica que no se impidió ejercer él voto a ningún ciudadano.

Y no existiendo algún otro medio de prueba que revele que se haya impedido sin causa justificaba el ejercicio del derecho de voto a los ciudadanos, es de concluir que no se actualiza la causal invocada, por tanto, el agravio referido resulta INFUNDADO.

DÉCIMO La parte actora hace valer la causal de nulidad prevista en el artículo 57, párrafo 1, inciso g), de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral, respecto de la votación recibida en cuatro casillas, mismas que se señalan a continuación: 1338 B, 1338 C1, 1338 C2 y 1378 B.

En su escrito de demanda, el actor argumenta sustancialmente que: respecto de las casillas 1338 B, 1338 C1 y 1338 C2: I) Se ejerció presión sobre los electores por parte de promotores o activistas de la Coalición “Alianza por Chiapas”, quienes durante el desarrollo de toda la jornada electoral se encontraban en una casa ubicada en frente de donde se encontraban las urnas, siendo necesario mencionar que la citada vivienda en sus paredes tenía propaganda de la citada “Alianza por Chiapas”. II) Los taxis urbanos con número de placas 2314DHC y 8243DHC con número económico 0190 y 1128, estuvieron acarreando en repetidas ocasiones a personas al domicilio antes señalado, quienes después de permanecer adentro por unos minutos se dirigían hacia las urnas a emitir su voto, no siendo casualidad que diversas personas se dirigían primero al interior del domicilio ubicado cercano a las urnas y posteriormente emitan su voto.

Y por lo que concierne a la casilla 1378 B, el actor manifestó que: I) Se ejerció presión sobre los electores por parte de promotores o activistas de la Coalición “Alianza por Chiapas”, específicamente por la señora María del Rosario de la Cruz, quien se identificó como vocal del grupo oportunidades y simpatizantes de los candidatos de la “Alianza por Chiapas”, quien en repetidas ocasiones acarreó gente en una camioneta ford pickup, induciendo al voto previamente a los electores. Hechos que fueron observados en repetidas ocasiones.

Por su parte, en el informe circunstanciado, la autoridad responsable, en lo conducente, expuso: “...este agravio es infundado toda vez que lo aseverado por el recurrente no menciona lugar, tiempo y circunstancia ni mucho menos prueba la inducción, violencia física o presión del electorado, por tanto tal aseveración no se adminicula con otros medios de pruebas que hagan verosímil su dicho...”

Para efectos de determinarse si en el presente caso se actualiza la causal de nulidad que hace valer la parte promovente respecto de la votación recibida en las casillas señaladas, se estima conveniente formular las precisiones siguientes:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado de Chiapas; y 104, tercer párrafo, del Código Electoral en el Estado de Chiapas, los actos de las autoridades electorales deben estar regidos por los principios de certeza, objetividad, legalidad, independencia e imparcialidad.

Para lograr que los resultados de la votación sean fiel reflejo de la voluntad de los ciudadanos y no se encuentren viciados por actos de presión o de violencia, las leyes electorales regulan las características que deben revestir los votos de los electores; la prohibición de actos de presión o coacción sobre los votantes; los mecanismos para garantizar la libre y secreta emisión de los votos y la seguridad de los electores, representantes de partidos políticos e integrantes de las mesas directivas de casilla; y, la sanción de nulidad para la votación recibida en casillas en las que se ejerza violencia física o presión sobre sus miembros o sobre los electores, siempre que esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación.

En esta tesitura, acorde con lo preceptuado por el artículo 3o del Código Electoral en el Estado el voto ciudadano se caracteriza por ser universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, quedando prohibidos los actos que generen presión o coacción a los electores.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en los artículos 139, fracciones V y VI, 219, fracción I, y 220, primer párrafo, del Código Electoral del Estado, el presidente de la mesa directiva de casilla tiene entre otras atribuciones la de solicitar el auxilio de la fuerza pública para preservar el orden, garantizar la libre emisión del sufragio y la seguridad de los electores, los representantes de los partidos políticos y los integrantes de la mesa directiva de casilla; declarar la suspensión temporal o definitiva de la votación o retirar a cualquier persona, en caso de que altere las condiciones que impidan la libre emisión del sufragio, el secreto del voto o que atenten contra la seguridad personal de los electores, los representantes de partidos o los miembros de la mesa directiva.

De las anteriores disposiciones es posible advertir que sancionar la emisión del voto bajo presión física o moral, tutela los valores de libertad, secreto, autenticidad y afectividad en su emisión, así como la integridad e imparcialidad en la directiva de casilla, para lograr la certeza de que los resultados de la votación recibida, expresen fielmente la voluntad de los ciudadanos, y no están viciados con votos emitidos bajo presión o violencia.

En este orden de ideas, y de conformidad con lo previsto en el artículo 57, párrafo 1, inciso g), de la Ley de Medios de Impugnación, la votación recibida en una casilla será nula, cuando se acrediten los tres elementos siguientes:

a) Que exista violencia física o presión;

b) Que se ejerza sobré los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores; y,

c) Que sea determinante para el resultado de la votación

Respecto al primer elemento, por violencia física se entiende la materialización de aquellos actos que afectan la integridad física de las personas y, presión es el ejercicio de apremio o coacción moral sobre los votantes, siendo la finalidad en ambos casos, provocar determinada conducta que se refleje en el resultado de la votación de manera decisiva.

Lo anterior, de acuerdo con el criterio sustentado por la Sala Superior en la tesis de Jurisprudencia identificada con la clave S3ELJD 01/2000 que se consulta en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997/2002, páginas 228 y 229, cuyo rubro dice:

“VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA O LOS ELECTORES COMO CAUSAL DE NULIDAD. CONCEPTO DE (Legislación del Estado de Guerrero y similares). (Se transcribe).”

Así por ejemplo, los actos públicos realizados al momento de la emisión del voto, orientados a influir en el ánimo de los electores para producir una preferencia hacia un determinado partido político, coalición, candidato, o para abstenerse de ejercer sus derechos político-electorales, se traducen como formas de presión sobre los ciudadanos, que lesionan la libertad y el secreto del sufragio.

El segundo elemento, refiere que la violencia física o presión se ejerza por alguna autoridad o particular, sobre los funcionarios de la mesa directiva de casilla o sobre los electores.

En cuanto al tercero, es necesario que el demandante demuestre los hechos relativos, precisando las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que se llevaron a cabo, porque sólo de esta forma se podrá tener la certeza de la comisión de los hechos generadores de tal causal de nulidad y si los mismos fueron determinantes en el resultado de la votación recibida en la casilla de que se trate.

Respecto de los dos últimos elementos mencionados, la Sala Superior ha sustentado el siguiente criterio, mismo que se refleja en la tesis de jurisprudencia S3ELJ 53/2002, visible en la página 228 de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, cuyo rubro dice:

“VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS FUNCIONARIOS DE LA MESA DIRECTIVA O DE LOS ELECTORES, COMO CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA (Legislación del Estado de Jalisco y similares). (Se transcribe).”

Para establecer si la violencia física o presión es determinante para el resultado de la votación, se han utilizado los criterios siguientes:

De acuerdo al criterio cuantitativo o numérico, se debe conocer con certeza el número de electores de la casilla que votó bajo presión o violencia, para comparar este número con la diferencia de votos que existe entre los partidos políticos o coaliciones que ocuparon el primero y segundo lugares en la votación de la respectiva casilla; así en el caso de que el número de electores que votó bajo presión o violencia, sea igual o mayor a dicha diferencia, debe considerarse que la irregularidad es determinante para el resultado de la votación en la casilla.

También puede actualizarse este tercer elemento en base al criterio cuantitativo, cuando sin estar probado el número exacto de electores que votaron bajo presión o violencia, se acrediten en autos, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, que demuestren que durante un determinado lapso se ejerció presión en la casilla y que los lectores estuvieron sufragando bajo violencia física, o moral, afectando el valor de certeza que tutela esta causal, al grado de considerar que esa irregularidad es decisiva para el resultado de la votación, porque de no haber ocurrido, el resultado final podría haber sido distinto.

Para el análisis de esta causal de nulidad, se tomarán en cuenta los medios de prueba que obran en autos, como son: a) las actas de instalación y cierre de casilla; b) actas finales de escrutinio y cómputo; c) hojas de incidentes y d) cualquier otro documento público de donde se desprende la existencia de los hechos aducidos en el escrito de demanda. Documentales que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19, párrafo 1, inciso a), 21 párrafo 1, Inciso a) y 27, inciso a), de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral, tienen el carácter de públicas, teniendo valor probatorio pleno, por no existir prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren.

Igualmente se tomarán en cuenta las documentales privadas, como los escritos de protesta y de incidentes que se hubieren presentado en las casillas cuya votación se impugna o cualquier otro medio de prueba, como pueden ser fotografías, cintas de audio o video aportadas por las partes, que adminiculados con los demás elementos probatorios existen en autos, puedan aportar convicción sobre los hechos aducidos, quedando a cargo del juzgador establecer el valor probatorio que debe otorgárseles, dada su naturaleza de documentales privadas, en términos de lo dispuesto por el artículo 27, párrafo 1, inciso b), de la ley adjetiva de la materia.

A) Respecto de la casilla 1338 C2, no se acreditan los hechos expuestos por el actor.

Como ya se señaló, para que se configure la causal en estudio, es necesario que el promovente acredite que se ejerció presión sobre los electores el día de la jornada electoral, en la inteligencia de que por presión se entiende el ejercer apremio o coacción moral sobre las personas, con la finalidad de provocar determinada conducta que se refleje en el resultado de la votación de manera decisiva.

En esta tesitura, del análisis de los hechos expuestos y de las pruebas aportadas por la autoridad responsable, consistentes en el acta de instalación y cierre de casilla, acta final de escrutinio y cómputo y hoja de incidentes, visibles a fojas 483, 220 y 1134, respectivamente, de autos, no se desprende el más mínimo indicio de que las irregularidades que hace valer el actor hubieren ocurrido durante el desarrollo de la jornada electoral, pues no existe constancia al respecto. Además, el actor no presentó escrito de incidente relacionado con esta causal y los partidos firmaron sin hacerlo bajo protesta.

Así las cosas, al incumplir el actor con la carga probatoria que le impone el artículo 20, de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y al no actualizarse los elementos que integran la causal en estudio, se declara INFUNDADO el agravio manifestado por el partido actor.

B) Por lo que respecta a las casillas 1338 B, 1338 C1 y 1378 B, no se acreditan los hechos expuestos por el actor.

Como ya se señaló, para que se configure la causal en estudio, es necesario que el promovente acredite que se ejerció presión sobre los electores el día de la jornada electoral, en la inteligencia de que por presión se entiende el ejercer apremio o coacción moral sobre las personas, con la finalidad de provocar determinada conducta que se refleje en el resultado de la votación de manera decisiva.

En esta tesitura del análisis de los hechos expuestos y de las pruebas aportadas por la autoridad responsable, consistentes en las actas de instalación y cierre de casilla, actas finales de escrutinio y computo y hoja de incidentes, visibles a fojas 481, 482, 491, 218, 219 y 240, respectivamente, de autos, no se desprende dato alguno de que las irregularidades que hace valer el actor hubieren ocurrido durante el desarrollo de la jornada electoral, pues no existe constancia al respecto.

En cuanto a los escritos de incidentes presentados por el actor en las casillas impugnadas, se desprende que: en la 1338 B el escrito de incidentes se presentó a las: 14:00 horas, en donde se dice que se ejerció presión sobre los electores por parte de miembros de la Alianza por Chiapas, donde justamente enfrente del lugar donde fue instalada la casilla y está pintada con publicidad. Además dos taxis acarreaban gente; en la casilla 1338 C1, se presentó el primer escrito de incidentes a las 8:30 hrs., en el que se le dijo al presidente de la casilla que existen anuncios publicitarios del partido Alianza por Chiapas, y el presidente hizo caso omiso, en el segundo escrito, fue presentado a las 14:00 horas y se dice que se ejerció presión sobre los electores por parte de miembros de la Alianza por Chiapas, donde justamente enfrente del lugar donde fue instalada la casilla y está pintada con publicidad. Además dos taxis acarreaban gente; respecto de la casilla 1378 B fue presentado a las 14:00 horas y se dice que Manuel Bautista Nava fue sorprendido distribuyendo propaganda y dinero a favor de Ángel Barrios.

Como puede observarse de los escritos de incidentes, el actor manifiesta que hubo acarreo de votantes, que se distribuyó propaganda y dinero, sin especificar las circunstancias del lugar, tiempo y modo en que se llevaron a cabo. Y la naturaleza jurídica de esta causa de anulación requiere que se demuestren, además de los actos relativos, las circunstancias del lugar, tiempo y modo en que se llevaron a cabo, porque sólo de esta manera puede establecerse, con la certeza jurídica necesaria, la comisión de los hechos generadores de esa causal de nulidad y si los mismos fueron relevantes en el resultado de la votación recibida en la casilla de que se trate.

Lo anterior no lo acredita el actor, así como tampoco por lo que respecta a la manifestación de que hubo pegada propaganda frente a la casilla, porque dichas afirmaciones las pretende probar únicamente con escritos de incidentes que sólo generan un leve indicio, por lo que se hacía necesario se adminicularan con otros medios de prueba para crear convicción.

Sirve de apoyo a lo expuesto el criterio sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la tesis de jurisprudencia S3ELJD 01/97, visible en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, página 87, cuyo rubro y texto es el siguiente:

“ESCRITOS DE PROTESTA Y DE INCIDENTES. CUÁNDO CARECEN DE VALOR PROBATORIO. (Se transcribe).”

Además, cuando se alega que hubo propaganda el día de la jornada electoral, en las inmediaciones de la casilla, esto es insuficiente para estimar que existieron actos de proselitismo, que se tradujeron en presión sobre el electorado, pues se requiere acreditar, además, que dicha publicidad se colocó en el plazo de prohibición establecido por la ley. Extremo que tampoco acreditó el actor.

Sirve de apoyo a lo expuesto el criterio sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la tesis relevante S3EL 38/2001, visible en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, página 662, cuyo rubro y texto es el siguiente:

“PROPAGANDA ELECTORAL. PARA QUE CONSTITUYA UN ACTO DE PRESIÓN EN EL ELECTORADO, DEBE DEMOSTRARSE QUE FUE COLOCADA DURANTE EL PERÍODO PROHIBIDO POR LA LEY (Legislación del Estado de Colima). (Se transcribe).”

De ahí que al no probarse las afirmaciones del actor y no existir más medios de prueba, es de concluirse que el actor incumplió con la carga que le impone el artículo 20, de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Por lo tanto, al no actualizarse los elementos que integran la causal en estudio, se declara INFUNDADO el agravio manifestado por el partido actor.

DÉCIMO PRIMERO. La parte actora hace valer la causal de nulidad prevista en el artículo 57, párrafo 1, inciso h), de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Chiapas, respecto de las tres casillas siguientes: 1327 C, 1328 B y 1334 B.

En su escrito de demanda, el actor argumenta sustancialmente que: las casillas fueron instaladas, sin causa justificada, en lugar distinto al autorizado por la autoridad electoral correspondiente, lo que además propició que el escrutinio y cómputo se llevara a cabo en lugar diferente al determinado por el órgano electoral.

Por su parte, en el informe circunstanciado, la autoridad responsable expuso: “...no le asiste la razón al recurrente como puede corroborarse en las actas de instalación y cierre de casillas, así como también en la publicación definitiva de los integrantes de mesas directivas de casilla...”

Previo al análisis de los agravios esgrimidos, se estima conveniente formular las precisiones siguientes:

El escrutinio y cómputo de los votos que llevan a cabo los integrantes de las mesas directivas de casillas, constituye dentro del proceso electoral, un acto relevante y trascendente, pues a través de éste se establece con precisión en el sentido de la voluntad de los electores expresada en la casilla.

Para salvaguardar esta expresión de voluntad ciudadana, la legislación electoral establece reglas tendentes a asegurar el correcto desarrollo de las tareas inherentes al escrutinio y cómputo de los votos, para que sus resultados reflejen de manera auténtica y cabal el sentido de la votación de los electores, y que, como acto de autoridad electoral, tengan las características de certeza, objetividad, imparcialidad y legalidad.

De esta manera, el Código Electoral del Estado de Chiapas, señala qué es el escrutinio y cómputo; la autoridad electoral encargada de realizarlo y de asegurar su autenticidad; el tiempo y forma para la realización del mismo y para el levantamiento de las actas correspondientes; en tanto que la ley adjetiva de la materia, establece la sanción de nulidad para la votación recibida en casillas en las que, sin causa justificada, se realice el escrutinio y cómputo en local diferente al determinado por el Consejo respectivo.

En este orden de ideas, el escrutinio y cómputo es el procedimiento por el cual los integrantes de cada una de las mesas directivas de casilla, determinan: a) el número de electores que votó en la casilla; b) el número de votos emitidos a favor de cada uno de los partidos políticos o candidatos; c) el número de votos anulados por la mesa directiva de casilla; y d) el número de boletas sobrantes de cada elección, en términos de lo dispuesto por el artículo 224 del Código Electoral.

Una vez cerrada la votación, llenado y firmado el apartado correspondiente del acta de instalación y cierre de casilla, procederán a realizar el escrutinio y cómputo de los votos sufragados en la casilla, debiendo seguir el orden y procedimiento previsto por los artículos 225, 226, 227 y 228 del ordenamiento sustantivo invocado. Y concluido el escrutinio y cómputo, se levantará acta que firmarán los integrantes de la mesa de casilla y los representantes de partido presentes, tal como lo señala el artículo 299 del Código Electoral del Estado.

De la misma manera, se establece el derecho de los representantes de los partidos políticos acreditados ante las mesas directivas de casilla, de observar y vigilar el desarrollo de la elección, así como el imperativo de firmar el acta de escrutinio y cómputo, pudiéndolo hacer bajo protesta, señalando la causa que la motiva, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199, párrafo primero, y 229, párrafo 2, del propio ordenamiento.

En su conjunto, las normas mencionadas procuran asegurar que no se generen dudas sobre los resultados de las elecciones obtenidas en las casillas y que, por el contrario, estos resultados se ajusten a los principios de certeza, objetividad, imparcialidad y legalidad que se imponen en la actuación de las autoridades electorales; asimismo, protegen específicamente la voluntad popular expresada por los ciudadanos a través de sufragios emitidos en forma libre, secreta y directa, considerando que el sentido de esa voluntad se determina a través del procedimiento de escrutinio y cómputo y se hace constar en el acta correspondiente.

Además, cabe señalar que: a) el Código Electoral del Estado de Chiapas es omiso para determinar, de manera expresa, los locales en que los integrantes de las mesas directivas de casilla habrán de realizar las operaciones del escrutinio y cómputo; b) la autoridad electoral administrativa dentro del ámbito de su competencia, no ha emitido acuerdo alguno para regular esta cuestión; y, c) las leyes que regulan los comicios estatales, tampoco establecen de manera expresa cuáles son las causas que justifican la realización del escrutinio y cómputo en local distinto al señalado por el Consejo respectivo.

Para solucionar esta falta de reglamentación, se recurre a una interpretación sistemática y funcional de diversos preceptos del código sustantivo electoral, de la que se desprende que, en principio y como regla general, la instalación de la casilla, la recepción de la votación y las operaciones de escrutinio y cómputo, deben realizarse en un mismo lugar. Asimismo, es importante aclarar que no existe precepto legal alguno que contemple expresamente las causas por las que justificadamente se puede cambiar de local para la realización del escrutinio y cómputo de casilla; sin embargo, debido a la estrecha vinculación que existe con el lugar de ubicación e instalación de la casilla y la realización del escrutinio y cómputo, se ha considerado que debe aplicarse de manera análoga lo dispuesto en el artículo 212 del código de la materia, relativo a las hipótesis que permiten que una casilla se instale válidamente en un lugar distinto al autorizado por el Consejo respectivo.

Sirve de apoyo, el criterio sustentado por la Sala Superior, en la tesis relevante identificada con la clave S3EL 022/97, visible en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 430 y 431, bajo el rubro:

“ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. CUÁNDO JUSTIFICA SU REALIZACIÓN EN LOCAL DIFERENTE AL AUTORIZADO. (Se transcribe).”

En consecuencia, sancionar la realización, sin causa justificada, del escrutinio y cómputo en un local diferente al determinado por el Consejo respectivo, tutela el valor de certeza entorno a que las boletas y votos contados son los mismos que durante la jornada electoral estuvieron bajo vigilancia continua de los funcionarios de la mesa directiva de casilla y de los representantes de los partidos políticos; además, también garantiza que la referida vigilancia continúe sin interrupción durante el escrutinio y cómputo.

Por lo antes expuesto, para el análisis de la presente causal, se debe tomar en cuenta lo precisado en el considerando sexto de este fallo, relativo a las causas de justificación para la instalación de una casilla en lugar distinto al autorizado; así como la multicitada tesis de jurisprudencia S3ELJD 01/98, visible en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, páginas 170-172, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente:

“PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN. (Se transcribe).”

De conformidad con la jurisprudencia invocada, y en términos de lo previsto en el artículo 57, párrafo 1, inciso h), de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Chiapas, la votación recibida en una casilla será nula cuando se acrediten los supuestos o elementos normativos siguientes:

a) Haber realizado el escrutinio y cómputo de la votación en un lugar diferente al en que fue instalada la casilla;

b) No existir causa justificada para haber hecho el cambio; y

c) Que sea determinante para el resultado de la votación. Elemento implícito.

Para que se actualice el primer supuesto normativo, basta analizar las pruebas aportadas por el actor y las demás constancias que obren en el expediente, y determinar que el local en el que se realizó el escrutinio y cómputo de los votos recibidos en la casilla, es distinto al de su instalación.

En cuanto al segundo supuesto, se deberán analizar las razones que, en su caso, haga valer la autoridad responsable para sostener que, para la realización del escrutinio y cómputo en local distinto, hubo una causa justificada; valorando aquellas constancias que se aporten para acreditarlo.

Consecuentemente, la votación recibida en casilla se declarará nula, cuando se acrediten los elementos que integran la causal, salvo que de las propias constancias da autos quede demostrado, a juicio de este órgano jurisdiccional, que no se vulneró el principio de certeza protegido por la causal, en virtud de que no se afectó la voluntad popular expresada por los ciudadanos, habida cuenta que el escrutinio y cómputo de los votos y los resultados consignados en el acta correspondiente son fidedignos y confiables.

Precisado lo anterior, para el estudio de la causal de nulidad que nos ocupa, esta Sala “B” del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado tomará en cuenta, fundamentalmente, la documentación electoral siguiente: a) actas de instalación y cierre de casilla; b) actas finales de escrutinio y cómputo; c) hojas de incidentes; y d) listas de integración y ubicación de las mesas directivas de casillas, denominadas comúnmente “encarte”. Documentales que al tener el carácter de públicas, y no existir prueba en contrario respecto a su autenticidad o veracidad de los hechos a que se refieren, tienen valor probatorio pleno, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 párrafo 1 inciso a) de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Chiapas.

Asimismo se tomarán en cuenta, en caso de existir, los escritos de protesta y los escritos de incidentes, los que serán valorados de acuerdo a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, de conformidad con los artículos 22 y 27, inciso b), de la ley adjetiva de la materia.

Del análisis preliminar de las documentales aludidas, y con el objeto de sistematizar el estudio de los agravios formulados por la parte actora, a continuación se presenta un cuadro comparativo, en cuya primera columna, se señala el tipo de casilla cuya votación se impugna; en la segunda y tercera, la ubicación de la casilla según el acta de instalación y cierre de casilla y de escrutinio y cómputo de la elección impugnada, respectivamente; y en la cuarta, las observaciones que se desprendan de las hojas y escritos de incidentes, así como de cualquier otra constancia que obre en autos, respecto de las circunstancias que hubieren motivado y las condiciones por las que se generó el cambio de lugar para la realización del escrutinio y cómputo, o bien, se trate de información que permita concluir que las discrepancias entre los datos de ubicación consignados son producto de imprecisiones al momento de llenar las actas y no producto de un cambio de lugar, así como también todas aquellas circunstancias especiales que puedan ser tomadas en cuenta para la resolución de los casos concretos.

Del análisis del cuadro que antecede, se desprende lo siguiente:

A). Antes de analizar las casillas 1327 C1, 1328 B y 1334 B, es conveniente precisar lo siguiente.

Se puede apreciar de las actas finales de escrutinio y cómputo, visibles a fojas 195, 197 y 832 de autos, que los apartados o recuadros que están en la parte superior izquierda, están dedicados para anotar los datos: “distrito”, “cabecera” y “municipio”, no existiendo dentro de dichas actas alguno que diga “domicilio”. Pero sí se encuentra, en la parte central de dichas actas, un recuadro que dice: “¿Se realizó el escrutinio y cómputo en lugar aprobado por el consejo correspondiente?” seguido de ello lo vienen dos cuadros, uno con la palabra “SI” y otro con la palabra “NO”. E inmediatamente abajo, en el mismo apartado dice: En caso de no ser “NO” anotar la causa en hojas(s) de acta de incidentes...”.

De ahí que si se marcó el cuadro respectivo a la palabra “SI” o en caso de no marcarse ninguno, pero tampoco se anotó que haya incidentes, debe concluirse que el escrutinio y cómputo se llevó a cabo en el mismo lugar de aquel en donde fue instalada la casilla. Máxime si no existen escritos de incidentes o protesta alguna.

Ahora bien, de las referidas actas finales de escrutinio y cómputo, se aprecia que: en la casilla 1327 C1 y 1334 B, en el recuadro que dice: “¿Se realizó el escrutinio y cómputo en el lugar aprobado por el consejo correspondiente?” se marcó el cuadro que contiene la palabra “si”. Si bien existe una hoja de incidentes de la primera casilla mencionada, visible a foja 1131, también es cierto que lo asentado en ésta no tiene relación con la causal que hoy se invoca.

Respecto de la casilla 1328 B, en el recuadro que dice “¿Se realizó el escrutinio y cómputo en el lugar aprobado por el consejo correspondiente?” no se anotó nada ni tampoco hubo hoja de incidentes, pues así se advierte del acta final de escrutinio y cómputo.

Aunado a lo anterior, respecto de las tres casillas referidas cabe precisar que los partidos políticos firmaron, sin hacerlo bajo protesta, las actas finales de escrutinio y cómputo.

Por todo lo anterior, se llega a la convicción de que el escrutinio y cómputo se llevó a cabo en el mismo lugar de aquel en donde fue instalada la casilla. Máxime que no existe algún otro medio de prueba que haga presumir lo contrario. Incumpliendo con ello, la parte actora con la carga probatoria que establece el artículo 20 de la ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues el que afirma está obligado a probar.

Por lo tanto, se declara INFUNDADO el agravio hecho valer por la parte promovente en el recurso de queja, en relación a las casillas estudiadas en este apartado.

DÉCIMO SEGUNDO. La parte actora invoca la causal de nulidad prevista en el artículo 57, párrafo 1, inciso i), de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Chiapas, respecto de la votación recibida en cincuenta y cuatro casillas, mismas que se señalan a continuación: 1304 B, 1310 C1, 1311 C2, 1312 B, 1323 B, 1323 C1, 1323 C2, 1324 B, 1324 C1, 1327 C2, 1328 B, 1328 C1, 1329 C1, 1329 C2, 1330 B, 1331 B, 1332 B, 1333 C2,1334 C2,1336 B, 1336 C2,1337 B, 1338 B, 1340 C2, 1340 C3, 1340 C4, 1342 B, 1342 C1, 1343 C1, 1378 C1, 1384 C1, 1385 C1, 1386 B, 1386 C1, 1387 C2, 1391 B, 1391 C1, 1392 B, 1392 C1, 1393 C1, 1394 B, 1396 B, 1396 C1, 1397 B, 1397 C2, 1398 C1, 1399 B, 1400 C1, 1403 C1, 1403 C2, 1403 C3, 1403 C4, 1403 C8 Y 1403 C9.

En su escrito de demanda, el actor argumenta sustancialmente que: en las casillas existió dolo o error en el cómputo de los votos, causando un perjuicio directo a la coalición que represento, pues existen diversas incongruencias entre los rubros “boletas recibidas”, “boletas sobrantes”, “boletas extraídas de la urna”, “votación total recibida” y “ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal”.

La autoridad electoral responsable, en la parte conducente del informe circunstanciado, expone que “...no tiene razón el recurrente toda vez que la suma de las boletas sobrantes inutilizadas con las extraídas de la urna y el número de electores según lista nominal, esto puede corroborarse con todas las documentales, por tanto no se actualiza la causal de nulidad del error y dolo. Primeramente el recurrente confunde lo que es boleta y voto, por tal razón el dolo no lo acredita en forma específica, por tanto el error no existe puesto que la suma de los votos extraídos de la urna presentadas en el acta final de escrutinio y cómputo y el hecho de que no concuerden las recibidas en la urna con las sobrantes, y los votantes anotados en la lista nominal mencionada...”

Ahora bien, para determinar si en el presente caso se actualiza la causal de nulidad en estudio, respecto de las casillas cuya votación se impugna, se formulan las precisiones siguientes:

El escrutinio y cómputo es el procedimiento por el cual, los integrantes de cada una de las mesas directivas de casilla, determinan: a) el número de electores que votó en la casilla; b) el número de votos emitidos en favor de cada uno de los partidos políticos o candidatos; c) el numero de votos anulados por la mesa directiva de casilla; y, d) el número de boletas sobrantes de cada elección, atento a lo dispuesto por el artículo 224 del Código Electoral del Estado de Chiapas.

Los artículos 224, 225, 226 y 227 del ordenamiento en consulta, señalan lo que debe entenderse por voto nulo y por boletas sobrantes; el orden en que se lleva a cabo el escrutinio y cómputo; las reglas conforme a las cuales se realiza, así como aquellas mediante las que se determina la validez o nulidad de los votos.

Concluido el escrutinio y el cómputo de todas las votaciones, se levantará el acta correspondiente para cada elección, la que deberán firmar, sin excepción, todos los funcionarios y representantes de los partidos políticos (coaliciones), que actuaron en la casilla, de acuerdo con lo previsto en los artículos 220 párrafo 2 del código sustantivo de la materia.

De las disposiciones en comento, se puede concluir que sancionar la inexacta computación de los votos, tutela el valor de certeza respecto del resultado electoral obtenido en cada casilla, garantizando que éste refleje con fidelidad la voluntad de los electores que sufragaron.

Atendiendo a lo expuesto y de conformidad con lo previsto en el artículo 57, párrafo 1, inciso i), de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la votación recibida en una casilla será nula, cuando se acrediten los supuestos siguientes:

a) Que haya mediado error o dolo en la computación de los votos; y,

b) Que sea determinante para el resultado de la votación.

En cuanto al primer supuesto normativo debe precisarse que el “error”, debe entenderse en el sentido clásico de cualquier idea o expresión no conforme con la verdad o que tenga diferencia con el valor exacto y que, jurídicamente, implica la ausencia de mala fe. Por el contrario, el “dolo” debe ser considerado como una conducta que lleva implícita el engaño, fraude, simulación o mentira.

Por tanto, considerando que el dolo jamás se puede presumir sino que tiene que acreditarse plenamente y que, por el contrario, existe la presunción iuris tantum de que la actuación de los miembros de las mesas directivas de casilla es de buena fe; entonces, en los casos en que el actor, de manera imprecisa, señale en su demanda que existió “error o dolo” en el cómputo de los votos, el estudio de la impugnación de mérito se hará sobre la base de un posible error en dicho procedimiento, salvo cuando se aporten los medios de convicción idóneos y suficientes para acreditar el dolo.

En lo que respecta al estudio del diverso elemento que integra la causal de nulidad en estudio, consistente en que el error “sea determinante” para el resultado de la votación, se ha atendido preferentemente a dos criterios: el cuantitativo o aritmético, y el cualitativo.

Conforme con el criterio cuantitativo o aritmético, el error será determinante para el resultado de la votación cuando el número de votos computados de manera irregular, resulte igual o mayor a la diferencia numérica de los votos obtenidos por los partidos políticos o coaliciones, que ocuparon el primero y segundo lugares de la votación, ya que de no haber existido ese error, el partido o coalición que le correspondió el segundo lugar podría haber alcanzado el mayor número de votos.

Por otra parte, de acuerdo con el criterio cualitativo, el error será determinante para el resultado de la votación, cuando en las actas de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo, se adviertan alteraciones evidentes o ilegiblilidad en los datos asentados o, en su caso, espacios en blanco o datos omitidos, que no puedan ser inferidos de las cantidades asentadas en las demás actas, o subsanados con algún otro documento que obre en el expediente y con esto se ponga en duda el principio de certeza de los resultados electorales.

Precisado lo anterior, para el análisis de la causal de nulidad que nos ocupa, esta Sala “B” toma en consideración: a) las actas de instalación y cierre de casilla; b) actas finales de escrutinio y cómputo; c) hojas de incidentes; d) recibos de documentación y materiales electorales entregados a los presidentes de las mesas directivas de casilla; y e) las listas nominales de electores que se utilizaron el día de la jornada electoral, en las casillas cuya votación se impugna, documentales que por tener el carácter de públicas de conformidad con el artículo 20 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Chiapas, y no existir prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren, tienen pleno valor probatorio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 inciso a) de la ley en cita.

En el caso de existir, serán tomados en cuenta los escritos de protesta y de incidentes, las pruebas técnicas (fotografías, videos, etc.), así como cualquier otro elemento probatorio presentados por las partes, que en concordancia con el citado artículo 27, inciso b), de la ley invocada, sólo harán prueba plena cuando a juicio de este órgano colegiado, los demás elementos que obran en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.

Del análisis preliminar de las constancias antes aludidas, y con el objeto de apreciar con claridad la existencia de algún error en la computación de los votos y evaluar si dicho error es determinante para el resultado de la votación, se presenta un cuadro comparativo en que, con relación a todas y cada una de las casillas cuya votación se impugna por la causal de nulidad en estudio se precisan los datos numéricos siguientes:

En la columna identificada bajo el número 1, se hace referencia a la cantidad de boletas recibidas para la elección que se impugna, y que comprende aquéllas que se entregan al presidente de casilla, para recibir la votación de los ciudadanos inscritos en la lista nominal y adicional, así como las que corresponden a los representantes de los partidos políticos o coaliciones acreditados ante la casilla; dato que se obtiene del apartado correspondiente del acta de instalación y cierre de casilla, del acta final de escrutinio y cómputo, o en su caso, de los recibos de documentación y materiales electorales entregados al presidente de la casilla.

En la columna señalada con el número 2, se hace referencia a la cantidad de boletas sobrantes, que son aquellas que, al no ser usadas por los electores el día de la jornada electoral, fueron inutilizadas por el secretario de la mesa directiva de casilla, dato que se toma del apartado respectivo del acta de escrutinio y cómputo.

En la columna que se identifica con el número 3, se consigna la cantidad que resulta de restar a las boletas recibidas las boletas sobrantes, y que se infiere representa el número de boletas que fueron utilizadas por los electores para emitir su voto en la casilla, razón por la cual, dicha cantidad servirá de comparativo con las anotadas en los subsecuentes tres rubros de la tabla, con los que guarda especial relación.

Así, en la columna señalada bajo el número 4, se anota el total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal; mientras que, en la columna número 5, se precisa el total de boletas depositadas en la urna y que son aquellas que fueron encontradas en la urna de la casilla; cantidades que se obtienen de los recuadros respectivos del acta de escrutinio y cómputo.

En la columna identificada con el número 6, se anotan los resultados de la votación, cantidad que se obtiene de sumar los votos emitidos en favor de cada partido político o coalición, los relativos a los candidatos no registrados, así como los votos nulos, de acuerdo con los datos asentados en el acta de escrutinio y cómputo respectiva.

En la columna marcada con la letra A, se anotará la diferencia máxima que se advierta de comparar los valores consignados en las columnas 3, 4, 5, y 6 que se refieren a BOLETAS RECIBIDAS MENOS BOLETAS SOBRANTES, TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA NOMINAL, TOTAL DE BOLETAS DEPOSITADAS EN LA URNA y RESULTADOS DE LA VOTACIÓN.

En este sentido, se hace notar que las cantidades señaladas en las columnas de referencia, en condiciones normales deben consignar valores idénticos o equivalentes debiendo existir congruencia y racionalidad entre ellas, en atención a que están estrechamente vinculadas entre sí, pues es lógico pensar que el número de boletas que se utilizaron en una casilla, debe coincidir tanto con la cantidad de ciudadanos que sufragaron en ella, como con el total de boletas depositadas en la urna y que fueron los votos emitidos por los propios electores, y que constituyen la votación recibida por cada uno de los partidos políticos o coaliciones contendientes; así como, en su caso, los votos emitidos a favor de candidatos no registrados y los votos nulos.

Consecuentemente, si las cantidades anotadas en las columnas 3, 4, 5 y 6 son idénticas, se podría afirmar que no existe error en el cómputo de los votos, puesto que todas ellas concuerdan entre sí; sin embargo, cuando las referidas columnas contengan cantidades discrepantes, se considerará que existe un error en la computación de los votos, en estos casos, como se precisó, la diferencia máxima, deberá anotarse en la columna identificada con la letra A.

En la columna B, se indica la cantidad que corresponde a la diferencia numérica de los votos obtenidos por los partidos políticos o coaliciones que ocuparon el primer y segundo lugar de la votación de la casilla respectiva.

Dicha cantidad resulta de deducir al partido político o coalición que obtuvo la votación más alta, la que corresponde al segundo lugar, tomando como base las cifras anotadas en el apartado respectivo del acta de escrutinio y cómputo.

Ahora bien, con el objeto de dilucidar si el error detectado, es o no determinante para el resultado de la votación, éste deberá compararse con la diferencia existente entre el primer y segundo lugar de la votación, anotada en la columna B.

De tal suerte que, si la diferencia máxima asentada en la columna A, es igual o mayor a la diferencia de votos existente entre el primer y segundo lugar, se considerará que el error es determinante para el resultado de la votación, pues debe estimarse que de no haber existido dicho error, el partido que obtuvo el segundo lugar de la votación podría haber alcanzado el mayor número de votos, en este caso, en la columna identificada con la letra C, se anotará la palabra SI. Por el contrario, cuando el error no sea determinante, en la mencionada columna, se escribirá le palabra NO.

Es menester precisar que la existencia de datos en blanco, ilegibles o discordantes entre apartados que deberían consignar las mismas cantidades, como son: BOLETAS RECIBIDAS MENOS BOLETAS SOBRANTES, TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA NOMINAL, TOTAL DE BOLETAS DEPOSITADAS EN LA URNA O RESULTADOS DE LA VOTACIÓN, no siempre constituye causa suficiente para anular la votación recibida en casilla por la causal en estudio, acorde con lo sostenido, en lo conducente, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Tesis de Jurisprudencia S3ELJ 08/97, publicada en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, páginas 83 a 86, bajo el rubro:

“ERROR EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. EL HECHO DE QUE DETERMINADOS RUBROS DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO APAREZCAN EN BLANCO O ILEGIBLES, O EL NÚMERO CONSIGNADO EN UN APARTADO NO COINCIDA CON OTROS DE SIMILAR NATURALEZA, NO ES CAUSA SUFICIENTE PARA ANULAR LA VOTACIÓN. (Se transcribe).”

En efecto, cabe advertir que, en ocasiones, puede ocurrir que aparezca una diferencia entre los rubros del cuadro de estudio, cuya explicación puede obedecer, por ejemplo, a que algunos electores hayan destruido las boletas que se les entregaron o que se las lleven sin depositarlas en las urnas, asimismo, entre otros supuestos, también puede ocurrir que los funcionarios de la mesa directiva de casilla no incluyan entre los electores que votaron conforme a la lista nominal, a algún ciudadano por descuido, o bien, a los representantes de los partidos políticos y coaliciones acreditados ante la respectiva casilla y que también hayan votado; ni aquellos ciudadanos que, en su caso, votaron por contar con resolución favorable para tal efecto del Tribunal Electoral, y que de haber ocurrido así, obviamente aparecería que hubo un mayor número de boletas depositadas en la urna, que el de aquel total de ciudadanos inscritos en la lista nominal que votaron.

En tal virtud, en aras de privilegiar la recepción de la votación emitida y la conservación de los actos de las autoridades electorales válidamente celebrados, en el supuesto de que se actualice alguna de las situaciones antes comentadas, se estará a lo siguiente:

Tomando en cuenta lo ya expresado, en el sentido de que, en condiciones normales, los rubros de BOLETAS RECIBIDAS MENOS BOLETAS SOBRANTES, CIUDADANOS QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA NOMINAL, TOTAL DE BOLETAS DEPOSITADAS EN LA URNA y RESULTADOS DE LA VOTACIÓN, deben consignar valores idénticos o equivalentes, cuando en uno de ellos conste una cantidad de cero o inmensamente inferior o superior a los valores anotados u obtenidos en los otros apartados, sin mediar explicación racional alguna, debe estimarse que el dato incongruente no deriva propiamente de un error en el cómputo de los votos, sino que se trata de una indebida anotación, que no afecta la validez de la votación recibida, teniendo como consecuencia la simple rectificación del dato, máxime cuando se aprecia una identidad entre las demás variables, o bien, la diferencia existente no es determinante para actualizar los extremos de la causal de nulidad en estudio.

Por otra parte, cuando en los documentos de los que se obtiene la información consignada en las diversas columnas del cuadro que se describe, aparezcan datos en blanco o ilegibles, se analizará el contenido de las demás actas y constancias que obren en el expediente, con el objeto de su obtención o rectificación, y determinar si existe o no error en el cómputo de los votos y, en su caso, si es o no determinante para el resultado de la votación.

De forma que, si de las constancias que obran en autos se puede obtener el dato faltante o ilegible, pero éste no coincide con alguno de los asentados en cualesquiera de las columnas identificadas con los números 3, 4, 5 ó 6 del cuadro que se comenta, para establecer la existencia de la determinancia del error correspondiente, se deben considerar los dos datos legibles o conocidos con relación al obtenido mediante diversa fuente.

Si esto no es posible, entonces deberá verificarse si la cifra correspondiente al rubro que aparece inscrito, coincide con el valor correspondiente a su similar, ya sea BOLETAS RECIBIDAS MENOS BOLETAS SOBRANTES, TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA NOMINAL, TOTAL DE BOLETAS DEPOSITADAS EN LA URNA o RESULTADOS DE LA VOTACIÓN, según sea el caso; si ambos rubros son iguales, se presumirá que el dato faltante o ilegible es igual a aquellos y, por ende, que no existe error, máxime si el valor idéntico en ambos rubros, es igual al número de BOLETAS RECIBIDAS MENOS EL NÚMERO DE BOLETAS SOBRANTES.

Ahora bien, en el supuesto de que los dos rubros conocidos o legibles, relativos al cómputo de votos, resulten discordantes, la diferencia o margen de error se deberá establecer con base en su comparación con la diferencia entre el primero y segundo lugar, si dicho error no resulta determinante para el resultado de la votación, entonces deberá conservarse la validez de la votación recibida.

Asimismo, cuando sólo se está en presencia de espacios en blanco y, además, no sea posible la obtención de esos datos, a partir de diversa fuente para los efectos de su rectificación o deducción; entonces, se considerará que las omisiones de referencia, relacionadas con el procedimiento de escrutinio y cómputo ponen en duda, la imparcialidad de los funcionarios de casillas, la certeza en el resultado de la votación, y, por ende, son determinantes para la misma, toda vez que no es posible conocer cuál es la voluntado del electorado.

Empero, en los supuestos en los que sí sea posible obtener la información faltante, ésta se anotará en el rubro que corresponda a efecto de subsanar el dato omitido y estar en posibilidad de establecer si existe o no error en el escrutinio y cómputo, y si éste es determinante para el resultado del la votación.

En este orden de ideas, cabe aclarar que en relación a las casillas 1310 C1, 1323 C2, 1334 C2, 1337 B, 1340 C3, 1342 C1, 1386 C1 y 1399 B, toda vez que en las actas finales de escrutinio y cómputo aparecen en blanco los apartados relativos a total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal, la cantidad que se consigna en el rubro respectivo, fue extraída de la lista nominal de electores que se utilizó el día de la jornada electoral, en las casillas en cuestión.

Respecto de la casilla 1342 C1 y 1391 B, en las actas finales de escrutinio y cómputo, aparecen, en los apartados relativos a total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal, respecto de la primera casilla una cifra inmensamente inferior, y respecto de la otra casilla, una cifra inmensamente superior, en comparación a los demás valores asentados, por lo que se procedió a subsanar dichas cifras, mismas que fueron extraídas de la lista nominal de electores que se utilizó el día de la jornada electoral.

Respecto de la casilla 1336 C2, en el acta final de escrutinio y cómputo, aparece, en el apartado relativo a boletas sobrantes, una cifra inmensamente inferior, en comparación a los demás valores asentados. Y al no poderla subsanar, no se tomará en cuenta.

Respecto de la casilla 1342 C1, en el acta final de escrutinio y cómputo, visible a foja 845, aparece, en el apartado relativo a número de boletas recibidas de la elección de diputados 370, pero del recibo de entrega-recepción de la documentación electoral entregado al presidente de la mesa directiva de casilla, visible a foja 679, se aprecia que fueron entregadas 538 boletas, que van del folio 55131 al 55668, y no fueron 370. Lo que se corrobora con lo asentado en el acta distrital, donde se asentó que “por sugerencia del representante del Partido Convergencia se asienta en esta acta que en el escrutinio y cómputo aparece el recuadro de boletas recibidas el total de 370 boletas, debiendo ser 538, las cuales se entregaron físicamente al presidente de la casilla.

Respecto de las casillas 1328 B, 1393 C1 y 1397 C2, los datos que se tomarán en cuenta para el estudio de esta causal y que se reflejaran en el cuadro que precede, serán extraídos de las actas de escrutinio y cómputo levantadas por el Consejo Distrital XIX, visibles a fojas 807, 261 y 271, de autos.

NOTA:

                   Las cantidades con *, fueron obtenidas de documentos diversos a las actas de instalación y cierre de casilla y finales de escrutinio y cómputo.

                   Las cifras entre ( ) paréntesis, se subsanaron por la relación existente con otros rubros.

                   Las cantidades ____ subrayadas, son desproporcionadas e ilógicas, no ajustada a la realidad.

Del análisis del cuadro que antecede, y atendiendo a las coincidencias o discrepancias en el escrutinio y cómputo de los votos, esta Sala estima lo siguiente:

A) En las casillas 1304 B, 1338 B y 1403 C4, se observa que no existe error, puesto que las cantidades precisadas en los rubros correspondientes a “boletas recibidas menos boletas sobrantes”, “total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal”, “total de boletas depositadas en la urna” y “resultados de la votación”, coinciden plenamente.

En consecuencia, al no acreditarse el primer supuesto normativo de la causal de nulidad prevista en el artículo 57, párrafo 1, inciso i), de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Chiapas, deviene INFUNDADO el agravio planteado por el partido impugnante, respecto de las referidas casillas.

B) Del cuadro comparativo elaborado en el presente considerando, se observa que en las cuarenta y dos casillas siguientes: 1310 C1, 1311 C2, 1312 B, 1323 B, 1323 C1, 1323 C2, 1324 B, 1324 C1, 1327 C2, 1328 C1, 1329 C1, 1329 C2, 1330 B, 1331 B, 1332 B, 1333 C2, 1334 C2, 1336 B, 1337 B, 1340 C2, 1340 C3, 1340 C4, 1342 B, 1378 C1, 1384 C1, 1385 C1, 1386 B, 1386 C1, 1387 C2, 1391 B, 1391 C1, 1392 C1, 1396 C1, 1397 B, 1398 C1, 1399 B, 1400 C1, 1403 C1, 1403 C2, 1403 C3, 1403 C8 y 1403 C9, existen diferencias o discrepancias numéricas entre los rubros de “boletas recibidas menos boletas sobrantes”, “total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal”, “total de boletas depositadas en la urna” y “resultados de la votación”.

Sin embargo, en el caso, no se actualiza la causal de nulidad de votación, en virtud de que la máxima diferencia entre tales rubros, es menor a la diferencia de los votos obtenidos por los partidos políticos o (coaliciones) que ocupan el primero y segundo lugares de la votación, por lo que se considera que el error no es determinante para el resultado de la votación.

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Tesis de Jurisprudencia S3ELJ 10/2001, publicada en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, página 86, bajo el rubro:

“ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUÁNDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN (Legislación del Estado de Zacatecas y similares)”. (Se transcribe).

En consecuencia, al no acreditarse el segundo de los supuestos normativos de la causal contenida en el artículo 57, párrafo 1, inciso i), de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se declara INFUNDADO el agravio que al respecto hace valer el actor.

C) También se alega la existencia de error en el cómputo de votos de las dos casillas siguientes: 1328 B y 1397 C2.

De las documentales que obran en el expediente se aprecia que efectivamente hay errores en el cómputo de votos. Si bien es cierto obra en autos, a fojas 807 y 271 las respectivas actas de escrutinio y cómputo de casilla levantadas en el consejo distrital electoral, asentándose en las mismas que, se levantaron porque no aparece el original del acta de escrutinio y cómputo, por otro lado, también es cierto que el actor ofreció como pruebas las copias legibles de las actas de escrutinio y cómputo que en su momento fueron levantadas en la casilla, visibles a fojas 197 y 270. Documentales que de conformidad con el artículo 21, párrafo 1, inciso a), tienen pleno valor probatorio. Y de la comparación de las actas finales de escrutinio y cómputo con las actas de escrutinio y computo levantadas por el Consejo Distrital, se advierte que no fue subsanado el error existente en ellas, esto es, siguen existiendo discrepancias entre los rubros: “número de boletas sobrantes”, “total de ciudadanos que votaron conforme a la lista” y “resultados de la votación”.

Ahora bien, de acuerdo al cuadro en estudio, se advierte que existen diferencias o discrepancias numéricas entre los rubros: “número de boletas sobrantes”, “total de ciudadanos que votaron conforme a la lista” y “resultados de la votación”.

Sin embargo, en el caso, no se actualiza la causal de nulidad de votación, en virtud de que la máxima diferencia entre tales rubros, es menor a la diferencia de los votos obtenidos por los partidos políticos o (coaliciones) que ocupan el primero y segundo lugares de la votación, por lo que se considera que el error no es determinante para el resultado de la votación.

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Tesis de Jurisprudencia S3ELJ 10/2001, publicada en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, página 86, bajo el rubro:

“ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUÁNDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN (Legislación del Estado de Zacatecas y similares)”.(Se transcribe)

En consecuencia, al no acreditarse el segundo de los supuestos normativos de la causal contenida en el artículo 57, párrafo 1, inciso i), de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se declara INFUNDADO el agravio que al respecto hace valer el actor.

D) El actor, en su demanda alega la existencia de error en el cómputo de votos de la casilla 1393 C1.

De las documentales que obran en el expediente se aprecia que efectivamente hay errores en el cómputo de votos. Si bien es cierto obra en autos, a foja 261, la respectiva acta de escrutinio y cómputo de casilla levantada en el consejo distrital electoral, asentándose en la misma que, se levantó porque no aparece el original del acta de escrutinio y cómputo, por otro lado, también es cierto que el actor ofreció como prueba la copia legible del acta de escrutinio y cómputo que en su momento fue levantada en la casilla, visible a foja 262. Documentales que de conformidad con el artículo 21, párrafo 1, inciso a), tienen pleno valor probatorio. Y de la comparación del acta final de escrutinio y cómputo con la acta de escrutinio y cómputo levantada por el Consejo Distrital, se advierte que no fue subsanado el error existente en ella, esto es, sigue existiendo discrepancias entre los rubros: “número de boletas sobrantes”, “total de ciudadanos que votaron conforme a la lista” y “resultados de la votación”.

Ahora bien, de acuerdo al cuadro en estudio, se advierte que existen diferencias o discrepancias numéricas entre los rubros: “número de boletas sobrantes”, “total de ciudadanos que votaron conforme a la lista” y “resultados de la votación”.

Tal error se considera grave y trasciende al resultado de la votación recibida en esta casilla, puesto que se acredita que los votos computados de manera irregular, revela una diferencia numérica mayor a la que existe entre el número de votos obtenidos por los partidos políticos que obtuvieron el primero y segundo lugares de la votación en esa casilla.

En efecto, se afirma lo anterior en virtud de que, como se puede constatar en el cuadro esquemático de la causal, no hay diferencia de votos entre la Coalición “"Alianza por Chiapas” y Coalición “Alianza para Todos”, ya que cada uno de ellos obtuvo 177 votos; a su vez, la discrepancia máxima entre los rubros 3, 4, 5 y 6 fue de 1.

Como se puede apreciar en el párrafo que antecede, los votos computados de manera errónea y que constituyen las discrepancias que se reflejan en el multialudido cuadro, pudieron marcar un cambio de ganador entre los partidos políticos o coaliciones que ocuparon los primeros lugares de la votación en esa casilla, por lo que se actualizan los dos elementos que integran la causal de nulidad de votación recibida en casilla, prevista en el artículo 57, párrafo 1, inciso i) de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral; en consecuencia, es FUNDADO el agravio aducido por el partido político actor.

D) En las casillas 1336 C2, 1343 C1, 1392 B, 1394 B y 1396 B, del cuadro comparativo se desprende que las cantidades relativas a los rubros “boletas recibidas menos boletas sobrantes”, “total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal”, “total de boletas depositadas en la urna” y “resultados de la votación”, son discrepantes entre sí; hecho que se considera un error ocurrido en el momento de llevar a cabo el escrutinio y cómputo en las casillas, con lo cual se acredita el primer elemento de la causal de nulidad sometida a estudio.

Tal error se considera grave y trasciende al resultado de la votación recibida en esta casilla, puesto que se acredita que los votos computados de manera irregular, revela una diferencia numérica mayor a la que existe entre el número de votos obtenidos por los partidos políticos que obtuvieron el primero y segundo lugares de la votación en esa casilla.

En efecto, se afirma lo anterior en virtud de que, como se puede constatar en el cuadro esquemático de la causal, la diferencia existente entre los partidos políticos que ocuparon los primeros y segundos lugares en las casillas citadas fue de 4, 56, 10, 3 y 2, respectivamente; a su vez, la discrepancia máxima entre los rubros 3, 4, 5 y 6 fue de 189, 103, 11, 10 y 5.

Como se puede apreciar en el párrafo que antecede, los votos computados de manera errónea y que constituyen las discrepancias que se reflejan en el multialudido cuadro, superan la diferencia de votos que existe entre los partidos políticos que ocuparon el primero y segundo lugares de la votación en cada una de esas casillas, por lo que se actualizan los dos elementos que integran la causal de nulidad de votación recibida en casilla, prevista en el artículo 57, párrafo 1, inciso i), de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral; en consecuencia, es FUNDADO el agravio aducido por el partido político actor.

E) En la casilla 1342 C1, en el acta final de escrutinio y cómputo, visible a foja 845, aparece, en el apartado relativo a número de boletas recibidas de la elección de diputados 370, pero del recibo de entrega-recepción de la documentación electoral entregado al presidente de la mesa directiva de casilla, visible a foja 679, se aprecia que fueron entregadas 538 boletas entregadas, que van del folio 55131 al 55668, y no fueron 370.

Se corrobora con lo asentado en el acta de cómputo distrital, donde se asentó que “por sugerencia del representante del Partido Convergencia se asienta en esta acta que en el escrutinio y cómputo aparece el recuadro de boletas recibidas el total de 370 boletas, debiendo ser 538, las cuales se entregaron físicamente al presidente de la casilla.

Además al final del recibo de entrega-recepción de la documentación electoral entregado al presidente de la mesa directiva de casilla, visible a foja 682, se aprecia que recibió la documentación Herman Hernández León, quien firmó de recibido, misma persona que aparece en el encarte como presidente de la casilla con el nombre completo de “Hernández León Díaz Herman”. Quien además en el acta de escrutinio firmó como presidente de casilla.

Por todo lo anterior, aunque aparece en el apartado relativo a número de boletas recibidas de la elección de diputados 370, debe considerarse que en realidad las boletas recibidas fueron 538.

Ahora, con esa corrección de datos, del cuadro comparativo se desprende que las cantidades relativas a los rubros “boletas recibidas menos boletas sobrantes”, “total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal”, “total de boletas depositadas en la urna” y “resultados de la votación”, son discrepantes entre sí; hecho que bien pudiera ser doloso, pero que al no haber más medios de prueba que así lo evidencien, se considerará un error ocurrido en el momento de llevar a cabo el escrutinio y cómputo en las casillas, con lo cual se acredita el primer elemento de la causal de nulidad sometida a estudio.

Tal error se considera grave y trasciende al resultado de la votación recibida en esta casilla, puesto que se acredita que los votos computados de manera irregular, revelan una diferencia numérica mayor a la que existe entre el número de votos obtenidos por los partidos políticos que obtuvieron el primero y segundo lugar de la votación en esa casilla.

En efecto, se afirma lo anterior en virtud de que, como se puede constatar en el cuadro esquemático de la causal, la diferencia existente entre los partidos políticos o coaliciones que ocuparon el primero y segundo lugar en la casilla citada fue de 27 votos; a su vez, la discrepancia máxima entre los rubros 3, 4, 5 y 6 fue de 169.

Como se puede apreciar en el párrafo que antecede, los votos computados de manera errónea y que constituyen las discrepancias que se reflejan en el multialudido cuadro, superan la diferencia de votos que existe entre los partidos políticos o coaliciones que ocuparon el primero y segundo lugares de la votación en esa casilla, por lo que se actualizan los dos elementos que integran la causal de nulidad de votación recibida en casilla, prevista en el artículo 57, párrafo 1, inciso i), de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral; en consecuencia, es FUNDADO el agravio aducido por el partido político actor.

DÉCIMO TERCERO. El actor hace valer la causal de nulidad de la elección prevista en el artículo 58, inciso a), de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado, que señala:

“Artículo 58.

Una elección podrá anularse por las siguientes causas:

a) Cuando los motivos de nulidad a que se refiere el artículo anterior se declaren existentes en cuando menos el 20% de las casillas electorales del municipio, distrito o estado, según corresponda y sean determinantes en el resultado de la votación ...”

Para efectos de declarar la nulidad de una elección de diputados por el principio de mayoría relativa, es necesario que se hayan actualizado plenamente alguna o algunas de las causales de nulidad de votación recibida en casilla previstas por el artículo 57 del mismo ordenamiento, cuando menos en el 20% de las casillas instaladas en el distrito electoral.

En tal virtud, si no se acredita que en el 20% del total de las casillas del distrito, ocurrieron irregularidades que configuren alguna de las causales de nulidad de votación recibida en casilla, se deberá declarar que no se actualiza este supuesto de nulidad de elección.

Ahora bien, el Distrito Electoral XIX, Zona Sur, con cabecera en Tapachula, Chiapas se compone de ciento cincuenta y siete casillas. Por lo que el veinte por ciento estará representado por 31. 4 casillas.

Luego, del análisis realizado en los considerandos anteriores, se advierte que de las casillas impugnadas, sólo procede la anulación de las siguientes: 1327 C1, 1328 B, 1329 B, 1336 C2, 1342 C1, 1343 C1, 1392 B, 1393 C1, 1394 B y 1396 B, haciendo un total de diez casillas, que no representan el veinte por ciento de las casillas que integran al Distrito Electoral XIX, Zona Sur, con cabecera en Tapachula, Chiapas, por lo tanto, no se actualiza la presente causa de nulidad de elección, resultando infundado el presente agravio.

DÉCIMO CUARTO. En cuanto al agravio del actor, referente a que existen irregularidades que encuadran en la causal abstracta de nulidad de la elección, los hechos alegados se sintetizaran y agruparán de la siguiente manera para su estudio:

A) Diversos funcionarios de la administración pública, ajenos a la materia electoral, llevaron a cabo actos tendientes a favorecer a los candidatos postulados por la Coalición “Alianza por Chiapas”, durante la primera etapa del proceso electoral y en el desarrollo de la jornada electoral.

B) Durante el desarrollo del proceso electoral, los candidatos de la Coalición “Alianza por Chiapas” se estuvieron conduciendo en el marco de la ilegalidad. Lo que fue denunciado por el actor ante las autoridades competentes, obteniéndose en algunos casos se sancionara a la coalición denunciada, y en otros hasta el momento no se han resuelto.

C) Hubo compra de voluntades de los funcionarios de las mesas directivas de casilla, por parte del Instituto Estatal Electoral, con el único objeto de permitir la existencia de irregularidades tendientes a favorecer a los candidatos postulados por la Coalición “Alianza por Chiapas”.

D) Estuvieron circulando libremente boletas electorales antes de la jornada electoral, cuando deberían haber estado bajo guarda y cuidado de la autoridad electoral.

E) El día de la jornada electoral se cometieron irregularidades por simpatizantes y militantes de la Coalición “Alianza por Chiapas”, quedando en evidencia la compra del voto, la presión y la coacción a la voluntad de la ciudadanía.

F) El Consejo Municipal Electoral no dio trámite a la denuncia administrativa de hechos que se le presentó, en relación con la libre circulación de boletas antes del día de la jornada electoral. Pues no convocó a la sesión extraordinaria que solicitó la hoy quejosa ni tampoco dio la explicación que en el tiempo y forma fue requerida.

G) El Consejo Distrital Electoral impidió el acceso a los ciudadanos para presenciar el desarrollo de las sesiones, sin que existiera causa o atribución legal alguna, contraviniendo lo señalado en el artículo 55, del Reglamento Interno del Instituto Estatal Electoral.

Antes de estudiar los agravios sintetizados, cabe precisar que el actor califica esos hechos, en su recurso de queja, en el sentido de que configuran la hipótesis de la causal abstracta de nulidad de la elección, a que se refiere la tesis relevante emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro: “NULIDAD DE ELECCIÓN. CAUSA ABSTRACTA (Legislación del Estado de Tabasco)”.

Ahora bien, en el artículo 59 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Chiapas, se establece literalmente:

“Artículo 59.

1. El Tribunal Electoral podrán declarar la nulidad de una elección de Gobernador, o de diputados o de miembros de los Ayuntamientos, cuando se haya cometido en forma generalizada violaciones sustanciales en la jornada electoral, en el municipio, distrito o circunscripción plurinominal, y se encuentren fehacientemente acreditadas y se demuestre que los mismos fueron determinantes para el resultado de la elección, salvo que las irregularidades sean imputables a los partidos promoventes o sus candidatos.”

Los alcances de esa causa de nulidad, que se ha dado en llamar “genérica” son los siguientes.

Para que se anule una elección, conforme a dicho precepto, es preciso que se hubieren cometido, violaciones:

a) sustanciales,

b) en forma generalizada,

c) en la jornada electoral,

d) en el distrito o entidad de que se trate,

e) plenamente acreditadas,

f) determinantes para el resultado de la elección.

Lo anterior sólo admite como excepción aquellas violaciones que reúnan tales características, que sean imputables a los partidos que las invocan, o a sus candidatos.

En primer término, se exige que las violaciones sean sustanciales, es decir, que afecten los elementos sin los cuales no es posible hablar de que se celebró una elección democrática, es decir, en la que la ciudadanía expresó libremente su voluntad acerca de quienes serán sus representantes.

Tales elementos se encuentran inmersos en los principios constitucionales que rigen la elección de los poderes públicos, principalmente en los artículos 39, 41 y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en nuestro caso en los artículos 2, 16, párrafo segundo, 19, 34 y 61, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y que se traducen, entre otros, en: voto universal, libre, secreto y directo; la organización de las elecciones a través de un organismo público y autónomo; la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad como principios rectores del proceso electoral; el establecimiento de condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación social; el control de la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, así como que en el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales debe prevalecer el principio de equidad.

Asimismo, se exige que las violaciones sean generalizadas, lo que significa que no ha de ser alguna irregularidad aislada, sino de las violaciones que tengan mayor repercusión en el ámbito que abarca la elección respectiva, en el caso de la elección de diputados, en el distrito de que se trate. Lo anterior, con el fin de que, por las irregularidades cometidas cuyos efectos dañaran uno o varios elementos sustanciales de la elección, se traduzcan en una merma importante de dichos elementos, que den lugar a considerar que el mismo no se cumplió y, por ende, que la elección está viciada.

Lo anterior se encuentra estrechamente ligado a la exigencia de que las violaciones sean determinantes para el resultado de la elección, pues en la medida en que las violaciones afecten de manera importante sus elementos sustanciales, ello conducirá a establecer la probabilidad de que tales irregularidades determinaron la diferencia de votos entre el partido que obtuvo el primer lugar, respecto del segundo, y de que se cuestione la legitimidad de los comicios y del candidato ganador.

En cuanto al requisito de que las violaciones se hayan cometido en la jornada electoral, se considera que tal exigencia, prima facie, da la apariencia de que se refiere, exclusivamente, a hechos u omisiones ocurridos física o materialmente el día de la jornada electoral, de manera que toda invocación a hechos o circunstancias originados en la etapa de preparación, no serían susceptibles de configurar la causa de nulidad que se analiza.

Sin embargo, se considera que en realidad el alcance del precepto es más amplio, porque se refiere a todos los hechos, actos u omisiones que se consideren violaciones sustanciales, generalizadas y determinantes para el resultado de la elección, que finalmente repercutan o produzcan efectivamente sus efectos principales el día de la jornada electoral.

Por tanto, quedan comprendidos los hechos, actos u omisiones que tengan verificativo de manera física o material desde antes del día de la elección, durante su preparación, así como los que se realizan ese día, todos ellos destinados a producir sus efectos perniciosos contra los principios fundamentales que rigen una elección democrática, durante el día de la jornada electoral, que constituye el momento cumbre o principal en el cual se expresa la voluntad ciudadana acerca de quiénes serán sus representantes en el ejercicio del poder soberano que le corresponde de manera originaria.

En efecto, a fin de que el pueblo, en ejercicio de su soberanía, elija a sus representantes a través de elecciones libres, auténticas y periódicas, en el que exprese su voto de manera universal, libre, secreta y directa, el día de la jornada electoral, se ha establecido todo un proceso electoral compuesto de diversas etapas, todas ellas destinadas a lograr dicha finalidad, en cuyo desarrollo, a través de las distintas fases, se establecen diversos mecanismos y reglas que buscan garantizar o asegurar que tales principios fundamentales tengan efectiva realización.

Un procedimiento es un conjunto de hechos concatenados entre sí, donde el que antecede sirve de base al siguiente, y a su vez, éste último encuentra sustento en aquél, cuyo avance se da en el tiempo como instrumentación para alcanzar determinado fina. En ese sentido, en cada una de sus etapas, en las actividades, actos u omisiones que corresponda hacerse en ellas, deben observarse, en el mayor grado posible, los principios o valores que rigen el fin último al que están dirigidas y con eso contribuir a su logro, precisamente porque le sirven de instrumento; al efecto, se establecen las reglas conforme a las que han de realizarse los actos y los mecanismos adecuados para alcanzar la finalidad última. Pero cuando no es así, sino que se incurre en vicios o se contravienen los mecanismos o reglas, afectándose los principios o valores que los rigen, se puede llegar al grado de que el producto deseado no se consiga, como cuando tales violaciones son de tal manera graves que por sí mismas anulan la posibilidad de que se logre el fin, o como cuando se trata de muchas violaciones que se repitieron de manera constante durante el proceso.

En el proceso electoral, por regla general, la eficacia o vicios que se presenten en cada una de sus etapas van a producir sus efectos principales y adquirir significado, realmente, el día de la jornada electoral, y por tanto es cuándo están en condiciones de ser evaluados, sustancialmente, porque los vicios no dejan de ser situaciones con la potencialidad de impedir que se alcance el fin de las elecciones (que el pueblo elija a quienes ejercerán su poder soberano mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo) e infringir los valores y principios que lo rigen, en tanto constituyen la transgresión a las reglas jurídicas o mecanismos establecidos en la ley para conseguirlo; sin embargo, cabe la posibilidad de que por las circunstancias en que se verificaron las elecciones, el peligro que pudieron generar tales violaciones se torne inocuo, es decir, no produce realmente sus efectos, y a fin de cuentas, prevalecen los valores sustanciales. Esto tiene lugar, por ejemplo, cuando la autoridad electoral aprueba la lista de ubicación de las casillas, en la que un gran número de ellas se determina instalar en lugares de difícil acceso a los electores, acto que infringe la norma prevista en los artículos 190 y 212, fracción III, del Código Electoral del Estado y pone en peligro la universalidad del voto, en tanto que es importante que los electores puedan llegar fácilmente a los centros de votación para ejercerlo; sin embargo, si se demuestra que acudió a votar un gran número de los electores correspondientes a cada una de esas casillas y no se presenta alguna otra irregularidad, en ese caso el peligro se disminuyó considerablemente de manera que el bien jurídico protegido prevaleció.

Es en razón de lo anterior que, luego de que transcurre la jornada electoral y se obtienen los resultados de las casillas, la autoridad administrativa electoral correspondiente procede, después de realizar un cómputo general, a calificar la elección. En ese acto de calificación la autoridad analiza si se cometieron irregularidades durante el desarrollo del proceso electoral en cualquiera de sus etapas, y en caso de ser así, valora en qué medida afectaron los bienes jurídicos, valores y principios que rigen las elecciones con el fin de determinar si los mismos permanecen, o bien, si la afectación fue tal magnitud que en realidad no subsistieron. En el primer caso, declara válida la elección y en el segundo, no, porque en este último caso significa que no se alcanzó la finalidad, esto es, no se logró obtener, mediante el voto universal, libre, secreto y directo, la voluntad popular en torno a quienes elige para que en su representación ejerzan su poder soberano.

Es precisamente ese acto en que se califica y valida la elección, el que constituye el objeto de impugnación cuando se hace valer su nulidad, por el medio de impugnación correspondiente ante la autoridad jurisdiccional electoral, como se desprende, verbigracia, del artículo 44, apartados 1 y 4, inciso a), de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado, en el cual se establece que son actos impugnables a través del recurso de queja, entre otros, las declaraciones de validez de las elecciones, por nulidad de la votación recibida en una o varias casillas o por nulidad la elección.

Así queda demostrado que la causa de nulidad prevista en el artículo 59, de la ley mencionada no se refiere exclusivamente a hechos o circunstancias que hayan tenido realización material el día de la jornada electoral, sino a todos aquellos que incidan o surtan efectos ese día en el gran acto de la emisión del voto universal, libre, secreto y directo, que, por lo mismo, se traducen en violaciones sustanciales en la jornada electoral, al afectar el bien jurídico sustancial del voto en todas sus calidades.

En ese sentido, la causal que se analiza atañe a la naturaleza misma del proceso electoral y los fines que persigue, en la cual, la nulidad la determina el hecho de que las violaciones sean suficientes y en tal grado que permitan afirmar que tales fines no se alcanzaron, es decir, que no se obtuvo una elección libre y auténtica, a través del voto universal, libre, secreto y directo de los ciudadanos. Esto, porque se exige que las velaciones sean sustanciales, generalizadas y determinantes para el resultado de la elección, lo que implica que por su constante presencia durante el desarrollo del proceso electoral, y por sus circunstancias sean eficaces o decisivas para afectar los bienes jurídicos sustanciales mencionados.

Por último, cabe mencionar, respecto del requisito de que las violaciones se prueben plenamente, que la causa de nulidad que se analiza es de difícil demostración, dada su naturaleza y características, donde la inobservancia a los elementos sustanciales implica la realización de un ilícito o incluso, un delito, que su autor trata de ocultar; ante lo cual, para cumplir la exigencia de su plena demostración, resulta importante la prueba indiciaría.

Por su parte, la llamada “causa abstracta de nulidad”, se encuentra establecida en la tesis publicada en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, tomo Tesis Relevantes, en sus páginas 577 y 578, que a la letra dice:

“NULIDAD DE ELECCIÓN. CAUSA ABSTRACTA (Legislación del Estado de Tabasco).” (Se transcribe).

Las notas características de dicha causa de nulidad son las siguientes:

Conforme con esa tesis, la causa abstracta de nulidad, obtenida de la naturaleza misma del proceso electoral, se reúne con la concurrencia de los siguientes elementos:

1. Violaciones de los elementos o requisitos substanciales o esenciales de una elección democrática, de obediencia inexcusable, establecidos en los artículos 39, 41 y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que son, entre otros: la celebración de elecciones libres, auténticas y periódicas; sufragio universal, libre, secreto y directo; predominio del principio de equidad en el financiamiento público de los partidos políticos y sus campañas electorales; organización de las elecciones a través de un organismo público y autónomo; preponderancia de los principios rectores de todo proceso electoral, como son: la certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad y la objetividad; el establecimiento de condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación social; el control de la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales.

2. Que la violación afecte de manera importante alguno de esos elementos, ya porque se presentó de manera generalizada o porque es de tal manera grave o trascendente que incida en una flagrante vulneración a los mismos, con lo cual, ya no se podría hablar de que tales elementos se verificaron y, por tanto, de la existencia de una elección libre y auténtica.

3. Como consecuencia de lo anterior, se ponga en duda fundada la credibilidad y legitimidad de los comicios y de quienes resulten electos en ellos.

4. Es premisa fundamental de la causa abstracta el que la revisión total de esos principios o postulados esenciales puede darse en el momento de la calificación de la elección; de ello dependerá que se declare válida o no esa elección, ya que otro principio fundamental del Derecho Electoral Mexicano es que todos los actos y resoluciones se sometan invariablemente a los principios de constitucionalidad y legalidad, a través de un sistema de medios de impugnación.

5. La prueba indiciaria resulta ser la idónea para la comprobación de las violaciones que dan lugar a esta causa de nulidad, en virtud de que para la demostración de la inobservancia de los elementos constitutitos de una elección democrática, auténtica y libre, con relación a unos comicios determinados, debe tenerse en cuenta que los hechos o circunstancias que dan lugar a la referida inobservancia, se encuentran en distinto contexto, lo cual ocasiona que se presenten diferentes grados de dificultad en su demostración, porque algunas veces se produce la conculcación, en virtud de un acto de autoridad con determinadas particularidades, que permiten la demostración de las afirmaciones sobre el hecho citado, mediante la prueba documental pública; pero en otras ocasiones, la inobservancia de los principios en comento implica, a su vez, la comisión de un ilícito en general o, incluso, un delito. Es patente que al presentarse esto último, el autor del ilícito trate de ocultar su obra, lo cual es difícil probar.

6. Como los elementos fundamentales cuya violación da lugar a esta causa de nulidad, son de obediencia inexcusable e irrenunciables, es innecesario que teles violaciones se encuentren expresamente referidas en la ley electoral, para que dicha causa de nulidad tenga lugar.