JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL

EXPEDIENTE: SUP-JRC-373/2003

ACTOR: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

AUTORIDAD RESPONSABLE: SALA ADMINISTRATIVA ERIGIDA EN SALA ELECTORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CAMPECHE

TERCERO INTERESADO: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ DE JESÚS OROZCO HENRÍQUEZ

SECRETARIO: JOSÉ FÉLIX CEREZO VÉLEZ

México, Distrito Federal, a veintinueve de septiembre de dos mil tres. VISTOS para resolver los autos del juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-373/2003, promovido por el Partido Acción Nacional, en contra de la resolución de treinta y uno de agosto de dos mil tres, dictada por la Sala Administrativa erigida en Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, en el recurso de reconsideración SAE/RR/PAN/14/2003, y

R E S U L T A N D O:

I. El seis de julio de dos mil tres, se realizaron elecciones en el Estado de Campeche para renovar entre otros cargos a los Diputados del Congreso Estatal.

II. El nueve de julio de dos mil tres, el Consejo Electoral Distrital XI, del municipio de Carmen, Campeche, llevó a cabo la sesión de cómputo final de la elección de diputados locales, arrojando los resultados siguientes:

En dicha sesión se declaró la validez de la elección y se hizo entrega de la constancia de mayoría a la planilla postulada por el Partido Revolucionario Institucional.

III. El doce de julio de dos mil tres, el Partido Acción Nacional, promovió juicio de inconformidad, en contra del cómputo distrital para la elección de diputados de mayoría relativa, la declaración de validez de la elección y el respectivo otorgamiento de la constancia de mayoría expedida en favor del candidato postulado por el Partido Revolucionario Institucional; mismo que se radicó en el Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Electoral dependiente del Poder Judicial del Estado de Campeche, con número de expediente J1/JI/017/PAN/2003.

IV. El doce de agosto de dos mil tres, el Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Electoral dependiente del Poder Judicial del Estado de Campeche dictó sentencia en el juicio de inconformidad precisado en el resultando inmediato anterior, declarando la nulidad de cinco casillas y confirmando la declaración de validez de la elección, así como la constancia de mayoría expedida en favor de la fórmula de candidatos a diputado, registrada por el Partido Revolucionario Institucional, en el Distrito Electoral Uninominal XI.

V. El dieciséis de agosto de dos mil tres, el Partido Acción Nacional, a través de su apoderada la ciudadana María del Carmen del Río Yelmi, promovió recurso de reconsideración, ante la Sala Administrativa erigida en Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, en contra de la sentencia mencionada en el resultando que precede, radicándose bajo el número de expediente SAE/RR/PAN/14/2003.

VI. El treinta y uno de agosto de dos mil tres, la Sala Administrativa erigida en Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche dictó sentencia en el recurso de reconsideración referido en el resultando anterior; dicha autoridad jurisdiccional, en lo conducente, sostuvo las siguientes consideraciones:

III.- Que en el caso debe declararse como así se declara, que la vía seguida es procedente pues el medio de impugnación idóneo para combatir las resoluciones de fondo, dictadas en los juicios de inconformidad, lo es el recurso de reconsideración, tal y como lo dispone el artículo 619 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, siempre y cuando cumplan con los presupuestos y requisitos establecidos en el propio código. En congruencia con tal dispositivo, antes de proceder al análisis de lo que es materia del fondo del asunto, es menester avocarnos a la indagación de si el medio de impugnación interpuesto satisface dichos requisitos y presupuestos; por lo consiguiente atentos a que:

Según el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche vigente, de acuerdo a su artículo 501, la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado, erigida en sala electoral, y los Juzgados Electorales dependientes del Poder Judicial del Estado, en términos de los artículos 82-1 y 82-2 de la Constitución Política del Estado, son los órganos jurisdiccionales autónomos en materia electoral, que tienen a su cargo la substanciación y resolución de los medios de impugnación a que se refiere el libro octavo de este código, conforme se previene por el artículo 514; y por mandato de su artículo 502 serán garantes de que los actos o resoluciones electorales se sujeten a los principios de constitucionalidad y legalidad; estableciendo en su Libro Octavo, del Sistema de Medios de Impugnación, Título Primero, Disposiciones Generales, Capítulo Primero, De los Criterios de Interpretación, artículo 513, dicho código que: El sistema de medios de impugnación se integra por:

I. El recurso de revisión, para garantizar la legalidad de actos y resoluciones de la autoridad electoral;

II. El recurso de apelación, el juicio de inconformidad y el recurso de reconsideración, para garantizar la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones de la autoridad electoral; y

III. El juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Electoral del Estado y sus servidores.

Y que para su resolución las normas se interpretarán conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, según su artículo 511; y que corresponde al Consejo General del Instituto Electoral del Estado conocer y resolver el recurso de revisión y a los órganos judiciales electorales los demás medios de impugnación, y que según su artículo 516, las disposiciones del presente título rigen para el trámite, sustanciación y resolución de todos los medios de impugnación, con excepción de las reglas particulares señaladas expresamente para cada uno de ellos.

Y según disponen sus artículos 582 y 602, durante el proceso electoral, para garantizar la constitucionalidad y legalidad de resoluciones podrán interponerse el juicio de inconformidad y el recurso de reconsideración; el juicio de inconformidad procederá para impugnar las determinaciones de las autoridades electorales que violen normas constituciones o legales relativas a las elecciones de diputados en los términos señalados por ese ordenamiento que dispone que son impugnables en inconformidad en la elección de diputados por el principio de mayoría relativa:

a)     Los resultados consignados en las actas de cómputo distrital, las declaraciones de validez de las elecciones y el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez respectivas, por nulidad de la votación recibida en una o varias casillas o por nulidad de la elección;

b)     Las determinaciones sobre el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez respectivas; y

c)      Los resultados consignados en las actas de cómputo distrital por error aritmético.

Debe atenderse a que según el código aludido en su capítulo quinto, del recurso de reconsideración, artículo 619, el recurso de reconsideración sólo procederá para impugnar las sentencias de fondo dictadas por los juzgados electorales en los juicios de inconformidad; siempre y cuando se cumplan los presupuestos y requisitos establecidos en este ordenamiento.

Estableciendo el artículo 620 fracción I de tal código que son presupuestos para el recurso de reconsideración, que la sentencia haya: dejado de tomar en cuenta causales de nulidad, previstas por el Título Cuarto del respectivo Libro invocadas y tiempo y forma, por las cuales se hubiese podido modificar el resultado de la elección; y según su artículo 621 fracciones II y III, a) y c), que además de los requisitos establecidos por el artículo 522 con excepción del previsto en la fracción VI, para la procedencia del recurso se deberá cumplir con: señalar claramente el presupuesto de la impugnación aludido, expresando agravios por los que se aduzca que la sentencia puede modificar el resultado de la elección, porque anule la elección o cuando le otorgue a un candidato, fórmula o planilla, distinta a la que originalmente determinó el consejo correspondiente del instituto el triunfo, al establecer:

Art. 620.- Para el recurso de reconsideración, son presupuestos que la sentencia haya:

I. Dejado de tomar en cuenta causales de nulidad, previstas por el título cuarto de este libro, que hubiesen sido invocadas y debidamente probadas en tiempo y forma, por las cuales se hubiese podido modificar el resultado de la elección;

II. Otorgado indebidamente la constancia de mayoría y validez a una fórmula de candidatos o planilla distinta a la que originalmente se le otorgó;

III. Anulado indebidamente una elección; y/o

IV. Asignado indebidamente diputados o regidores y síndicos por el principio de representación proporcional, por existir error aritmético en los cómputos realizados; o por contravenir las reglas y fórmulas de asignación establecidas en la Constitución Política del Estado y en este código.

Art. 621.- Además de los requisitos establecidos por el artículo 522 del presente ordenamiento, con excepción del previsto en la fracción VI, para la procedencia del recurso de reconsideración se deberán cumplir los siguientes:

I. Haber agotado previamente en tiempo y forma las instancias de impugnación establecidas por esta ley;

II. Señalar claramente el presupuesto de la impugnación, de conformidad con lo previsto por el artículo 620; y

III. Expresar agravios, por los que se aduzca que la sentencia puede modificar el resultado de la elección. Se entenderá que se modifica el resultado de una elección cuando el fallo pueda tener como efecto:

a) Anular la elección;

b) Revocar la anulación de la elección;

c) Otorgar el triunfo a un candidato, fórmula o planilla, distinta a la que originalmente determinó el consejo correspondiente del instituto; y/o

d) Corregir la asignación de diputados o regidores y síndicos de Ayuntamientos y Juntas Municipales según el principio de representación proporcional realizada por el correspondiente consejo del instituto.

Y toda vez que según el invocado código en su artículo 540, dicta que son objeto de prueba los hechos controvertibles; no lo será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos expresamente; en su artículo 541 que quien afirma está obligado a probar; y el que niega, cuando su negación envuelve la afirmación expresa de un hecho; también que según su artículo 542, los medios de prueba serán valorados por el órgano competente para resolver, atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, tomando en cuenta las disposiciones especiales ordenadas; y que según sus artículos 543 y 544, las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran; y las documentales privadas, las técnicas, las presuncionales, la instrumental de actuaciones, la confesional, la testimonial, los reconocimientos o inspecciones judiciales y las periciales, sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver, los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados. Y que según su artículo 622, el recurso de reconsideración no se podrá ofrecer o aportar prueba alguna, salvo en los casos extraordinarios de pruebas supervenientes, cuando éstas sean determinantes para que se acredite alguno de los presupuestos señalados en el artículo 620.

La sala electoral única autoridad competente para resolver los recursos de reconsideración, según el artículo 623 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, valora plenamente de acuerdo con los artículos 533, 536 fracciones I y II, 537, 543, 544, ibídem que en la primera instancia y ahora en el recurso de reconsideración fue aludido por el actor la mención individualizada de las casillas en las cuales hubieran ocurrido los hechos afirmados con el rango de violaciones que actualizaran causales de nulidad de la votación recibida en casilla según el artículo 637 fracciones I a XI, ibídem; y su mención individualizada en bloques equivalentes al veinte por ciento de las casillas integrantes del Distrito Electoral Número XI del Estado, con sede en Carmen, Campeche, según el artículo 637 ibídem, resultando pertinente aclarar que igual hizo en primera instancia.

Pero resulta inconcuso que si la inconformidad planteada por el Partido Acción Nacional tenía por objeto evidenciar las irregularidades acontecidas antes, durante y después de la jornada comicial para la elección de diputado por el principio de mayoría relativa para el Distrito XI con sede en Carmen, Campeche, que hacían ineficaz la elección en su conjunto y, por el contrario, no se sustentaban sólo en hechos tendientes a justificar que se actualizaba alguno o algunos de los supuestos de nulidad de la votación recibida en las casillas previstas en el artículo 637 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, no era menester que el inconforme cumplimentara lo preceptuado en el artículo 604, fracción III, relativo a la mención individualizada de las casillas cuya votación se solicite sea anulada y la causal que se invoque en cada caso. A mayor razón, como lo aduce el recurrente, la ley electoral local de la materia admite un diverso supuesto de nulidad de una elección, como lo es el que establece en el artículo 640, que a diferencia de las causales de nulidad de elección previstas en el numeral 638 fracción I, de ese mismo ordenamiento, no se sustenta en la acreditación de los supuestos específicos de nulidad de la votación recibida en casilla. Robustece lo anterior, el hecho de que en su demanda de inconformidad, el Partido Acción Nacional invoque como fundamento de su pretensión de nulidad de la elección que cuestiona, diversas tesis relevantes emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en torno precisamente al supuesto de nulidad de una elección, tales como NULIDAD DE ELECCIÓN. VIOLACIONES SUSTANCIALES QUE SON DETERMINANTES PARA EL RESULTADO DE LA ELECCIÓN.- (Legislación de San Luis Potosí). ELECCIONES. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES QUE SE DEBEN OBSERVAR PARA QUE CUALQUIER TIPO DE ELECCIÓN SEA CONSIDERADA VÁLIDA, NULIDAD DE ELECCIÓN. CAUSA ABSTRACTA (Legislación del Estado de Tabasco), entre otras, que permiten arribar al convencimiento de que la pretensión del inconforme se dirigía a demostrar la existencia de irregularidades que afectaban los resultados de la elección, y no así a obtener la nulidad de la votación recibida en las casillas instaladas en la demarcación electoral respectiva. Lo anterior, con independencia de lo fundado o no de sus pretensiones.

Cabe señalar que ha sido criterio reiterado de esta Sala Superior, que se recoge en la tesis de jurisprudencia consultable en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2000, página 131, bajo el rubro MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR, que tratándose de medios de impugnación en materia electoral, el juzgador debe leer detenida y cuidadosamente el ocurso que lo contenga en que se haga valer, para que, de su correcta comprensión, advierta y atienda preferentemente a lo que se quiso decir y no a lo que aparentemente se dijo, con el objeto de determinar con exactitud la intención del promovente, ya que sólo de esta forma se puede lograr una recta administración de justicia en materia electoral, al no aceptarse la relación oscura, deficiente o equívoca, como la expresión exacta del pensamiento del autor del medio de impugnación relativo, es decir, que el ocurso en que se haga valer el mismo, debe ser analizado en conjunto para que, el juzgador pueda, válidamente, interpretar el sentido de lo que se pretende.

En este tenor, la autoridad responsable debió proceder a un análisis minucioso de la demanda de inconformidad presentada, para así estar en la aptitud de advertir la pretensión de su promovente y examinar su procedencia y la viabilidad de los agravios expuestos, a la luz de la ley electoral de la entidad, máxime si en su artículo 560, establece el imperativo para el resolutor de los medios de impugnación que prevé dicho ordenamiento, de suplir las deficiencias u omisiones en los agravios, cuando los mismos puedan ser deducidos claramente de los hechos expuestos. La tesis que identifica el rubro NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA, DEBE IDENTIFICARSE LA QUE SE IMPUGNA, ASÍ COMO LA CAUSAL ESPECÍFICA, cobra aplicación, en aquellos casos en que de manera vaga, general e imprecisa, se alegue que el día de la jornada electoral hubo irregularidades en las casillas, en cuyo caso en efecto, debe estimarse que el demandante no cumple con la carga procesal de la afirmación, mas no así, como en el caso acontece, en que el Partido Acción Nacional dejó manifiesta su pretensión, así como los hechos en que la hace descansar y las pruebas que los sustentan, en algunos casos cumpliendo así con los requisitos que dispone el artículo 522 fracciones V y VI, de la ley electoral local así como con los que en lo particular establece el artículo 604, debe satisfacer el escrito por el cual se promueva el juicio de inconformidad.

Por lo cual tampoco es aplicable al caso el criterio que sustenta la tesis relevante identificable bajo la voz SUPLENCIA EN LA EXPRESIÓN DE LOS AGRAVIOS. SU ALCANCE TRATÁNDOSE DE CAUSAS DE NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA, pues de su cuidadosa lectura, es dable advertir que constituye excepción al criterio, que de los hechos expuestos en la demanda se puedan deducir agravios, que pongan de manifiesto la actualización de una causal de nulidad, en la especie, de la elección, como se ha evidenciado es la pretensión del señalado instituto político.

Las mismas consideraciones caben por cuanto al criterio relevante FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE, en la que se reitera la obligación para el juzgador de dar lectura cuidadosa al escrito por el que se promueve un medio impugnativo, e incluso, le obliga a examinar el fondo de la cuestión planteada en caso de que no sea notoria su frivolidad.

En este orden de ideas, advirtiendo esta Sala que del escrito mediante el cual el Partido Acción Nacional promueve reconsideración, es dable advertir su pretensión de nulidad de la elección de Diputado por el principio de mayoría relativa para el Distrito XI con sede en Carmen, Campeche, al estimar la existencia de irregularidades que vulneran los principios fundamentales que la deben orientar, y por ende se determina el estudio del asunto y resolver lo que en derecho corresponda, partiendo de la premisa mayor contenida en el artículo 640 ibídem, del manejo de la posible causa de nulidad de una elección de diputado de mayoría relativa en un distrito electoral uninominal:

Los órganos judiciales electorales podrán declarar la nulidad de una elección de diputados o de presidente, regidores y síndicos de Ayuntamientos y Juntas Municipales cuando se hayan cometido, en forma generalizada, violaciones sustanciales en la jornada electoral en el Distrito, Municipio o Sección Municipal de que se trate, se encuentren plenamente acreditadas y se demuestre que las mismas fueron determinantes para el resultado de la elección, salvo que las irregularidades sean imputables a los partidos o coaliciones promoventes o a sus candidatos.

Es válido deducir que la parte actora planteó agravios de los cuales resulta posible desprender que: fue señalado el presupuesto de la impugnación, y que de los expuestos fue posible deducirse que la sentencia de primera instancia pudo haber modificado el resultado de la elección, al anular esa o al otorgar el triunfo a un candidato distinto al originalmente determinado por el consejo correspondiente del XI Distrito Electoral del Estado de Campeche, por haberse dejado de tomar en cuenta causales de nulidad, previstas por el título cuarto del libro octavo, ibídem, invocadas por las cuales se hubiese podido modificar el resultado de la elección; advirtiéndose que incluso las violaciones graves generalizadas a que se refiere tal Código en invocación en su artículo 640 ibídem, advirtiéndose que tiene que revisarse de tales cuán (sic) debidamente fueron probadas en tiempo y forma, para lo cual pueden estudiarse conjuntamente los agravios por su interconexión sin que se lesione con eso a las partes, pues nunca se implica con tal proceder que se les deje inauditas, resultando aplicable la tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación S3ELI 04/2000, invocada debidamente por el resolutor combatido, en el párrafo introductor del Considerando V de tal sentencia, estableciendo su modus operandi para el abordaje de las cuestiones en litis ante su autoridad, que ahora se aplica debidamente:

AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. (Se transcribe...)

Así que por cuanto a existir irregularidades graves, para que cualesquiera de ellas pueda ser examinada y, en su caso, declarada, es indispensable que el partido político afectado la alegue y a la par haga del conocimiento de la autoridad resolutora, los hechos que estima son integradores de la causa anulatoria respectiva, en tanto que, en el sistema de nulidades que contempla la legislación campechana, no existe la declaratoria oficiosa de causa de nulidad de la elección de diputado por el principio de mayoría relativa; por el contrario, como se vio, es al demandante al que le compete cumplir, indefectiblemente, con la carga procesal de la afirmación, según lo previene el artículo 541 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, de manera nunca vaga, general e imprecisa, que el día de la jornada electoral hubo irregularidades en las casillas, para que pueda estimarse satisfecha tal carga procesal de la afirmación, la cual reviste mayor importancia, porque, además de que al cumplirla se da a conocer al juzgador la pretensión concreta del accionante, permite a quien o quienes figuran como su contraparte, en el caso, la autoridad responsable y los terceros interesados, que en el asunto sometido a la autoridad jurisdiccional, acudan, expongan y prueben lo que a su derecho convenga; habida cuenta que, como en líneas atrás quedó anotado, si los demandantes son omisos en narrar los eventos en que descansan sus pretensiones, falta la materia misma de la prueba, pues malamente se permitiría que a través de los medios de convicción se dieran a conocer a la autoridad jurisdiccional y los demás contendientes hechos no aducidos, integradores de causales de nulidad no argüidas de manera clara y precisa, y de la misma manera, ante la conducta omisa o deficiente observada por el reclamante no podría permitirse que la autoridad jurisdiccional abordara el examen de causales de nulidad no hechas valer como lo marca la ley, ya que aceptar lo que en tal sentido pretende el partido actor, implicaría que, a la vez, se permitiera al tribunal resolutor, el dictado de una sentencia que en forma abierta infringiera el principio de congruencia, rector del pronunciamiento de todo fallo judicial, sobre todo en el caso de los Agravios PRIMERO, SEGUNDO, y TERCERO, relativos a la violación inadecuada de los videos, testimonios, fotografías, recortes de fotocopias de notas informativas periodísticas, y demás, inherentes a que con tales fue acreditado la inequidad para los partidos en los medios televisivos, desproporción entre notas informativas periodísticas, graves irregularidades de proselitismo, presión e intimidación que identificara el actor con el rubro marea verde, identificación entre campañas gubernamentales y las partidistas del tercer interesado, que adujera con que suficiencia les acreditara el actor e indebidamente pese a eso, les negara el juzgador inferior el valor contundente a fin de tener por acreditados los extremos de su alegato, vinculados entre sí los puntos descritos resulta procedente analizarlos en conjunto, para concluir que: consta en autos del juicio de primera instancia que nunca se aportaron testimonios válidos; ni videos inherentes a la marea verde ni en los que se identificara indubitablemente alguna casilla, su número, ni las personas, fecha, hora, lugar, explicitados en su desahogo según el acta respectiva; ni tampoco eso en alguna de las fotografías que obran en autos de la primera instancia a fojas 104 y 105, que además tan solo las presentara para las casillas de las secciones 229 y 244 supuestamente por no constar sin lugar a dudas que a tales identificaran a los pretendidos transgresores, víctimas, fecha, hora, duración de la trasgresión, manera de hacerla; ni la declaración del tercero interesado que desea el recurrente que obtenga el rango de confesión plena de la existencia de la marea verde, puede reputarse tal, toda vez que nunca fue ofrecida: en acta levantada ante fedatario público, recibiéndola directamente del declarante bien identificado asentando la razón de su dicho, tal cual dispone para el caso el artículo 534 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche en vigor; notas periodísticas que aunque ahora mejorándose al desglose su contenido al detalle, le organice y plasmara en cuadros con columnas, celdas y filas, reseñando tales notas nunca fueron aportadas ante la instancia inferior en original sino en copia fotostática simple sin valor pleno, resultando aplicable al respecto:

COPIA FOTOSTÁTCA SIMPLE. SURTE EFECTOS PROBATORIOS EN CONTRA DE SU OFERENTE. (Se transcribe...)

Absteniéndose de aportar el: Diario De Yucatán y Por Esto! Acreditantes a su decir del haber habido (sic) la marea verde; entre otras cosas tales cuales (sic) que la supuesta generalización y nivel de frecuencia en que se realizaron las irregulares actuaciones de la televisora de la que se queja, cuando en los recurridos autos obra que nunca se acreditó por el afirmante tal nivel de frecuencia, consideradas de pleno valor tales instrumentales de actuaciones y presunciones derivadas de acuerdo con los artículos 542, 543 y 544 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, y constando también que al respecto el inferior expresó en las partes respectivas de la sentencia recurrida que:

A).- Respecto del dicho del actor: ...que el Gobierno del Estado vulneró los principios de imparcialidad e igualdad en la contienda pues con las imágenes de ambas campañas se deja subyacente la idea de que aquél ha cumplido y los candidatos del PRI continuarán con tal labor, con lo que se alcanzó a influir en el electorado por el prestigio inherente a la condición de gobierno y la bastedad de los recursos económicos, situando al partido que representa en una posición desventajosa, lo que no pudo ser corregido a través de los medios de impugnación ordinarios previstos en la legislación electoral, adjunta para ello las actoras las fotos que obran a fojas 500, 501, 502, 503, 509, 510 y 511, mismas que se valoran en términos del artículo 542 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche; ...De lo anterior, esta autoridad aprecia que el actor manifiesta que tal situación se dio en los meses anteriores, siendo que los actos realizados por el Poder Ejecutivo Estatal en sus acciones gubernamentales son cuestiones inherentes a las atribuciones que le confieren las leyes y que se acostumbran publicitar, por lo que, como indicara el tercero interesado, dilucidar tales cuestiones implicaría atender a todos los órdenes de gobierno para considerar si una elección es válida o no, cuando nuestro ordenamiento electoral establece regulación al respecto en el artículo 341 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche con la única salvedad de que cuarenta y cinco días antes de la jornada electoral los bienes y toda clase de documentos que se entreguen como consecuencia de las acciones de gobierno deberán contener en lugar visible la leyenda: Esta acción de gobierno beneficia a los campechanos con independencia de su filiación o preferencia política, no habiendo dato alguno que se hubiere infringido lo anterior y presentado el medio de impugnación correspondiente para tener como pruebas, sin que el actor acredite, de haber sido así, el motivo por el que aduce que no era posible corregirse a través de los medios de impugnación ordinarios, por lo que no se considera fundado tal agravio.

B).- Respecto del dicho del actor: ...expone la impetrante que meses antes o pasados, algunos medios de comunicación en el Estado de Campeche se han caracterizado por fijar una tendencia de opinión favorable al Partido Revolucionario Institucional y a sus candidatos con el carácter de supuesta noticia en primera plana con rechazo u omisión hacia las acciones emprendidas por otros institutos políticos o sus abanderados, especialmente el Partido Acción Nacional, siendo el caso de los periódicos Tribuna tanto de Carmen y Campeche como el diario Crónica y de la empresa televisora estatal XHCCA-CANAL 4, lo anterior con recursos provenientes del Estado, adjuntando para ello una supuesta relación de comunicadores que son remunerados; al efecto, el partido político tercero interesado expone que se advierte que el Partido Acción Nacional no sufrió violaciones directas de algún precepto específico del ordenamiento electoral y que los medios impresos de Campeche han expresado opiniones desfavorables a candidatos del Revolucionario Institucional y/o al gobierno estatal, agregando que XHCCA-CANAL 4 transmite por canal abierto y que por limitaciones de orden técnico y financiero tienen una cobertura limitada exclusivamente para la ciudad de Campeche, que existen otros medios impresos aparte del Tribuna con cobertura en todo el estado como son Novedades de Campeche, El sur, Diario de Yucatán, que el Periódico Crónica no es de circulación estatal ni puede afirmarse que el periódico Tribuna sea el de mayor circulación. En autos obran como pruebas aportadas por la actora, copias simples de recortes de periódicos que obran a fojas 211 a 360; copias certificadas de la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal 2003, copias simples de un documento de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado así como documentación de la Coordinación de Comunicación Social y estados de cuenta, dos cintas de video VHS-1 EVIDENCIAS y VHS- EVIDENCIAS, que con fecha veintiséis de julio del año en curso, se perfeccionaron en audiencia pública, sin embargo, todos los anteriores no pueden constituirse en prueba plena en virtud de que fueron aportados sin los requisitos para tener validez cierta, a más que representan partes de un todo, sin tener un contexto íntegro y total, así de los documentos de relaciones, uno no logran identificarse a qué pertenecen y otros son de los años anteriores, siendo una selección de notas y documentos formuladas por el promovente, sin que se acreditara el criterio para recabar la muestra de las cintas de video se evidenció que se refieren a cortes informativos de los Partidos Políticos contendientes como son: Convergencia, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Alianza por Campeche, Partido del Trabajo, Partido Acción Nacional y Partido México Posible, referente a su integración, plataforma de los contendientes en estas elecciones del año dos mil tres, pero también tienen noticias de otro orden en mayor grado que las relativas a partidos y que de todo el proceso electoral, sólo corresponden a determinados días, por lo que no tienen valor probatorio pleno, ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y la dificultad para demostrar en modo absoluto e indudable las falsificaciones o alteraciones, así como el hecho notorio de que actualmente existen un sinnúmero de recursos tecnológicos y científicos al alcance común de la gente, para obtener imágenes impresas, fijas o con movimiento y que dicho valor probatorio sólo se puede reconocer si está adminiculada con otros elementos, pero como se desprende de lo desglosado, no se produce una convicción con los solos elementos indiciales para arribar a la conclusión que de manera general se afectó el principio de inequidad en los medios de comunicación para que se actualice la causa de nulidad abstracta, resultando infundado su agravio.

C).- Respecto del punto en que: XIII.- Corresponde a continuación examinar lo expuesto en los agravios quinto y noveno presentados por el partido político actor, los cuales por cuestión de método se estudiarán en conjunto sin provocarle afectación jurídica alguna al impugnante, así alude a que en las casillas existieron irregularidades graves plenamente acreditadas, con fundamento en la fracción XI del artículo 637 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado en vigor, consistente en el hecho que durante la jornada electoral existieron en las afueras de las casillas y en las casillas instaladas en los lugares públicos o atrás de las mismas, personas vestidas con camisetas verdes que identificaban a los militantes del Partido Revolucionario Institucional, ocasionando que al momento de emitir sus votos los ciudadanos se ocasionara intimidación y presión sobre el electorado, así como sobre los integrantes de la mesa directiva de casilla, de lo que obtiene que su labor fue realizar actos de intimidación y proselitismo y propaganda y por lo tanto presión sobre el electorado, fue suficiente para arrojar el resultado en dicha casilla de la elección, en relación a ello, también manifiesta la inconforme que el hecho de que el Partido Revolucionario Institucional haya, durante el período de reflexión de los votantes, e inclusive el mismo día de la jornada electoral, realizado actos de proselitismo mediante la utilización de una camisa color verde por parte de los simpatizantes a las afueras de diversas casillas, le ocasiona un perjuicio, para esta efecto, la representante legal del Partido Acción Nacional, en términos de la fracción VI del artículo 522 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, ofreció y aportó las pruebas dentro de los plazos para la presentación del medio de impugnación, consistente en fotografías y testimoniales que serán valoradas oportunamente.

De lo anterior se obtiene que, para que se configure dicha nulidad se deben actualizar los siguientes supuestos normativos: a) Que existan irregularidades graves plenamente acreditadas; b) Que no sean reparables durante la jornada electoral o en el escrutinio y cómputo; c) Que en forma evidente pongan en duda la certeza de la votación, y d) Que sean determinantes para el resultado de la votación. Atendiendo a ello se hace necesario destacar que en los agravios formulados, la impetrante manifiesta que tales hechos ocurrieron en todo el Distrito XI; respecto a lo anterior esta autoridad cuenta con los siguientes elementos:

a)       Las ocho fotografías ofrecidas como prueba de las que el mismo actor indica que corresponden a las casillas de las secciones electorales 244 y 229, en las cuales se aprecia diversa persona que visten camisa verde y prueba que no tiene valor probatorio pleno tomando en consideración que las disposiciones especiales para este medio de prueba, el promovente debió indicar las circunstancias de tiempo y modo que reproduce la prueba, siendo que en la especie no se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 538 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado en vigor;

b)      Testimonios de los CC. Alejandra González Baqueiro, Tomás García Luna, Carlos Ortiz Valencia, Emma Luz Montejo Palma, Domingo Fuentes Hernández y William del Jesús López Martínez, mismas que obran a fojas 149 a 151, en las escrituras públicas número 347 pasada ante la fe del LIC. SERGIO AYALA FERNÁNDEZ DEL CAMPO Notario Público del Estado, Titular de la Notaria Pública número trece de este Segundo Distrito Judicial, mismos instrumentos públicos que reúnen las exigencias del artículo 534 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, al haber sido levantadas ante y directamente por la autoridad investida de fe pública, siendo que los testimonios de los CC. Alejandra González Baqueiro y William del Jesús López Martínez son lo que en forma específica aducen en cuanto a la vestimenta verde de las personas, pero la primera de las nombradas menciona que llegaron a su casa vestidas de verde invitándome a votar por el PRI, por lo que respecta al C. William del Jesús López Martínez, se desprende de su testimonio que como a las cinco o seis de la tarde andaba en mi camioneta por la tarde por la colonia donde se ubica la casilla 229 y vi cuando una persona de sexo femenino se estaba llevando una de las urnas, con apoyo de unas personas con camisetas de color verde, es de advertirse que dichas personas no se encontraban en las casillas o en las afueras como aduce en su apartado de expresión de agravios el inconforme, y por lo que concierne a los testimonios de los CC. Tomás García Luna, Carlos Ortiz Valencia, Emma Luz Montejo Palma, Domingo Fuentes Hernández, se aprecia que sus testimonios versan sobre el hecho que no pudieron votar porque no aparecieron en la lista nominal y sólo refieren que se le daba preferencia a los de camisa verde, siendo preciso recalcar que tales testimonios fueron rendidos en conjunto a las veinte horas con veintidós minutos del seis de julio del año en curso, es decir, después de que se hizo el cierre de la votación. Referente a los testimonios que se encuentran en la escritura pública número doscientos cincuenta y uno (251) pasada ante la fe del LIC. EDUARDO ZAVALA HERRERA Notario Público del Estado, Titular de la Notaria Pública número ocho de este Segundo Distrito Judicial a través del cual obran diversas manifestaciones, de los testimonios de los CC. Candelario del Carmen Zavala Metelin, José Manuel Medrano Contreras, Mary Carmen Rocío Córdova de la Rosa, Guadalupe Ortiz Gil, Cristina Martínez Vila, Gabriela de los Ángeles Gómez Santos, María Elina Arrollo, Jaime y Rita Gómez Santos, Mirta Miriam Olome Alamilla que obran a fojas 173 a 190; que al ser valoradas por esta juzgadora se percata que dichos testimonios carecen de valor probatorio por no reunir los requisitos que establece el numeral 534 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche; por tratarse de certificaciones de firmas y escritos y no de declaraciones recibidas directamente por el fedatario público, agregándose que el escrito fue fecha siete y comparecencia de ratificción hasta el nueve de julio del año en curso. Por lo que corresponde a las declaraciones de los CC. Noemí Gómez Santos, Carmen Chuiná Cruz Benítez, Carlos Enrique Pérez Moreno, Elda del Carmen Reyes Benítez y Roberto Reyes Ramírez, declaraciones que obran a fojas 191 a 209 en la escritura pública número 349 pasada ante la fe de LIC. SERGIO AYALA FERNÁNDEZ DEL CAMPO, Notario Público del Estado, Titular de la Notaria Pública, número trece de este Segundo Distrito Judicial, instrumento público que reúnen las exigencias del artículo 534 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, al haber sido levantadas ante y directamente por la autoridad investida de fe pública, de los testimonios se desprende lo siguiente: NOEMÍ GÓMEZ SANTOS: que habían en la fila para votar personas con playeras de color verde; CARMEN CHUINA CRUZ BENÍTES como a las siete y media de la mañana se encontraban varios taxis con los logotipos del PRI y que los mismos taxistas se encontraban dirigiendo a las personas con camiseta verde que iban a caminar por la colonia y como a las ocho de la mañana llegó un representante del PRI con una camiseta color verde y se puso a dirigir la casilla, CARLOS ENRIQUE PÉREZ MORENO que como a las diez no estaba instalada la casilla, porque no estaban completos los funcionarios de casilla, fue a las diez y media de la mañana que instalaron y como funcionario se encontraba una persona con camiseta verde, ELDA DEL CARMEN REYES BENÍTEZ acudió a la casilla en donde le tocó estar como representante propietaria, cuando llegó bajaron personas ante la instalación de casilla trece personas de camiseta verde, mismo que se quedaron a las afueras de la escuela y ROBERTO REYES RAMÍREZ como a las diez de la mañana llegue a la casilla, vio cuando llegó en un taxi una persona de nombre Jorge llevando comida y playeras verdes a los que estaban votando; declaraciones que reiteradamente se refieren a las personas que portaban camiseta verde, pero que fueron vertidos hasta el ocho de julio del año en curso, sin que observen el principio de inmediatez, teniendo aplicación para el caso de los testimonios que se vertieron directamente ante notario y con la observación de las fechas que se ha hecho mención, el siguiente criterio jurisprudencial:

PRUEBA TESTIMONIAL. EN MATERIA ELECTORAL SÓLO PUEDE APORTAR INDICIOS. (Se transcribe...)

En cuanto a la prueba que ofreció el promovente en el apartado respectivo con la finalidad de acreditar la presencia de varias personas con playeras de color verde, consistente en la publicación del Diario de Yucatán y ¡Por Esto! No fue aportada. Por último, del acta circunstanciada de la jornada electoral de seis de julio del dos mil tres, se observa un punto en el que se da cuenta con una llamada telefónica recibida a las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos, por parte del Consejo Municipal respecto a que le fue informado que en las casillas 229, 230 y 244 habían aproximadamente trescientas personas, pero esta autoridad obtiene de ello que no sólo es una información respecto a terceros sino que se indica que las personas vestían camisas verdes, pero también de azul, no teniendo referencia alguno que ello hubiera interferido en la votación. Por todo ello, en consecuencia, al ser valorado lo anterior, en su conjunto, conforme al artículo 542 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, atendiendo a las reglas de la lógica, sana crítica y de la experiencia, permiten arribar a la conclusión que la actora no acredita plenamente la gravedad de las irregularidades que menciona, pues con las pruebas aportadas sólo se constituyen indicios que no producen la convicción en este órgano de que se deba anular la votación recibida, pues ni siquiera, como ya se ha indicado, detalla en qué casillas se dio lo anterior, concretándose a mencionar que las fotos corresponden a las secciones 229 y 244, en concordancia con lo expuesto esta autoridad también toma en consideración la votación obtenida, que los ganadores en cada elección fueron de distintos partidos políticos y que para el caso de la elección en este distrito para diputado, la suma de la votación de los partidos que no obtuvieron el triunfo supera al del primer lugar, por lo que no se comprueba que con ello se hubiera limitado el ejercicio del derecho al sufragio, se declaran infundados los agravios quinto y noveno de la actora, sirve de apoyo a lo anterior, el siguiente criterio jurisprudencial.

PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN. (Se transcribe...)

Referente al A) es un agravio que se considera legalmente analizado al concluirse por el resolutor inferior lo expuesto, toda vez que la preclusión de los derechos del actor, en consideración a los recursos y plazos que regulan los artículos 593 fracción II y 512 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, concluyendo que por consecuencia el acto o resolución recurrido adquiriera firmeza y definitividad, oponible a lo que nunca se impetrara legalmente, que por ende ha de ceñirse quien recurre a su contenido, vinculación y fuerza legal, resultando que contra lo aducido por el que insta, sí hubo un consentimiento tácito de su parte, que para nada le debe beneficiar, atentos al nemo auditur non propriam turpitudinem allegans y de acuerdo al artículo 525 fracción II ibídem, y sobre todo por haberse abstenido quien recurre de adjuntar a su demanda de primer grado la documentación con la que hubiere intentado acreditar el haber impugnado anticipadamente los actos respetando el principio de definitividad, que hizo notar, aspecto debidamente valorado por el juzgador inferior, disponiendo el respectivo código que sólo son de valorarse de acuerdo a la tasación que alcanzaren en derecho, las pruebas aportadas dentro de los plazos legales, de acuerdo con los artículos 522 fracción VI, 545 y 610 ibídem, cual consta en autos del expediente J1/JI/017/PAN/2003, relativo al juicio de inconformidad interpuesto por el Partido Acción Nacional en contra de los resultados del cómputo, la declaración de validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría a favor de la fórmula de candidatos del Partido Revolucionario Institucional, actos expedidos por el Consejo Electoral Distrital No. XI, documentales públicas de actuaciones judiciales, documentales privadas por cuanto hace al escrito de demanda y presunciones derivadas de tales, de pleno valor para dar por acreditado lo analizado, de acuerdo a los artículos 542, 543 y 544 ibídem; por lo cual es INFUNDADO el punto tocante a la que quien insta cree indefinición sobre la coincidencia entre campañas gubernamental y de los candidatos del tercer interesado, toda vez que per se, la pronunciación del inferior derriba el punto de la falta de pronunciamiento en cuanto a las campañas aludidas, o sea que sí hubo un pronunciamiento, que aunque desde algún enfoque diverso al buscado por el actor, con independencia del sentido vertido, por ser diverso nunca es ineficaz ante lo expuesto, y el argumento lógico jurídico en el contenido nunca fue controvertido con argumento que le desvirtuara en el recurso de reconsideración.

Referente al B) es un agravio que se considera legalmente analizado al concluirse por el resolutor inferior lo expuesto toda vez que la parte actora en el recurso nunca desvirtuó con algún argumento lógico-jurídico eficaz que se hubieren valorado con inexactitud las pruebas, al prevalecer lo considerado por la primera instancia respecto de que en autos obran como pruebas aportadas por la actora, las que fueron, son y serán tan sólo copias simples de recortes de periódicos, y no certificadas u ejemplares originales de algún rotativo ni del documento de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, así como de la documentación de la Coordinación de Comunicación Social y estado de cuenta, el de por rubro de supuestos servicios periodísticos, nunca acreditando lo contrario cuanto tenía la carga procesal de la afirmación según el artículo 541 del Código de instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, resultando aplicable al respecto:

COPIA FOTOSTÁTICA SIMPLE. SURTE EFECTOS PROBATORIOS EN CONTRA DE SU OFERENTE. (Se transcribe...)

NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA INDICIARIA. (Se transcribe...)

Tampoco desvirtuó el recurrente con el señalamiento ni acreditación de haber ofrecido y adjuntado a su demanda en la primera instancia obedeciendo la orden de los artículos 522, 541 y 610 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche: probanzas de las que se advierta en esta instancia de alzada máxima en el Estado, que los documentos en fotocopia simple a los que aunó el juez inferior los dos videos VHS-1 EVIDENCIAS y VHS-EVIDENCIAS, que con fecha veintiséis de julio del año en curso, se perfeccionaron en audiencia pública, su señalamiento de que legalmente tales nunca podrían constituirse en prueba plena en virtud de que fueron aportados sin los requisitos para tener validez cierta, además que representan partes de un todo, sin tener un contexto íntegro y total, así, de los documentos de relaciones, unos no logran identificarse a qué pertenecen y otros son de los años anteriores, siendo una selección de notas y documentos formulados por el promovente, sin que se acreditara el criterio para recabar la muestra; de las cintas de video se evidenció que se refieren a cortes informativos de los partidos políticos contendientes: Convergencia, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Alianza por Campeche, Partido del Trabajo, Partido Acción Nacional y Partido México Posible, referente a su integración, plataforma de los contendientes en estas elecciones del año dos mil tres, pero que también contienen noticias de otro orden en mayor grado que las relativas a partidos cual se advierte a fojas 1394 a 1399, en el acta de la diligencia respectiva, a la que nunca ocurriera el oferente recurrente, quien tampoco nunca probó ser la televisora expresada el autor de tales difusiones, empresa que tampoco certificó u avaló el contenido de tales videocintas ni para desvirtuar lo analizad por el resolutor inferior sobre la relativa facilidad con que se pueden confeccionar, y la dificultad para demostrar en modo absoluto e indudable: las falsificaciones o alteraciones, así como el hecho notorio de que actualmente existen un sinnúmero de recursos tecnológicos y científicos al alcance común de la gente, para obtener imágenes impresas, fijas o con movimiento y que dicho valor probatorio sólo se puede reconocer si está adminiculada con otros elementos, pero como se desprende de lo desglosado, no se produce una convicción con los elementos indiciales que le posibilitare arribar a la conclusión que de manera general se afectó al principio de inequidad en los medios de comunicación para que se actualice la causa de nulidad abstracta, resultando infundado su agravio.

Referente al C), es un agravio que se considera legalmente analizado al concluirse por el resolutor inferior lo expuesto, toda vez que la parte actora en el recurso nunca desvirtuó con algún argumento lógico jurídico eficaz que se hubieren valorado con inexactitud las pruebas, al prevalecer lo considerado por la primera instancia respecto de que en autos obran como pruebas aportadas por la actora, las que fueron, son y serán ocho fotografías ofrecidas como pruebas que corresponden según él a las casillas de las secciones electorales 244 y 229, en las cuales expresó que se apreciaba según él, a diversas personas que vestían camisa verde, reputándola el juez inferior, prueba que no tiene valor probatorio pleno tomado en consideración que por las disposiciones especiales para este medio de prueba, el oferente tenía que indicar la circunstancia de lugar, tiempo y modo que reproduce la prueba, siendo que en la especie no se daba cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 538 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche vigente, reputado (sic) correcto pues nunca de manera fidedigna le constó al juzgador inferior que las casillas fueran las fotografiadas porque de las pruebas técnicas inherentes nunca se advierte por esta Sala con claridad el número del alguna supuesta casilla ni que hubieren sido casillas, ni se ven actos de presión indubitables, ni los de las invitaciones al voto, ni los de repartos de camisetas verdes ni de comida, ni parecidos; considerando el inferior que los Testimonios de los CC. González Baqueiro y López Martínez son los que en forma específica aducen en cuanto a la vestimenta verde de las personas, pero la primera mencionó que llegaron a su casa vestidas de verde invitándome a votar por el PRI (sic), por lo respecta al C. López Martínez, se desprende de su testimonio que como a las cinco o seis de la tarde andaba en mi camioneta por la tarde por la colonia donde se ubica la casilla 229 y ví cuando una persona del sexo femenino se estaba llevando una de las urnas, con apoyo de unas personas con camisetas de color verde (sic), se corrobora que tal cual valorara la responsable, puede por lógica y derecho advertirse que dichas personas no se encontraban en las casillas o en las afueras como aduce en su apartado de expresión de agravios el actor, lo cual ahora en el recurso nunca fue desvirtuado ni tratado por el recurrente, faltando a su obligación impuesta por el artículo 541 ibídem, y por lo que concierne a los testimonios de los CC. Tomás García Luna, Carlos Ortiz Valencia, Emma Luz Montejo Palma, Domingo Fuentes Hernández, versan tal cual adujera el inferior, a cerca de que no pudieron votar porque no aparecieron en la lista nominal y sólo refieren que se le daba preferencia a los de camisa verde, rendidos en conjunto después de que se hizo el cierre de la votación; que los contenidos en la escritura pública número doscientos cincuenta y uno (251) pasada ante la fe del LIC. EDUARDO ZAVALA HERRERA Notario Público del Estado, Titular de la Notaria Pública número ocho del Segundo Distrito Judicial, de los CC. Candelario del Carmen Zavala Metelin, José Manuel Medrano Contreras, Mary Carmen Rocío Córdova de la Rosa, Guadalupe Ortiz Gil, Cristina Martínez Vila, Gabriela de los Ángeles Gómez Santos, María Elina Arrollo, Jaime y Rita Gómez Santos, Mirta Miriam Olome Alamilla que obran a fojas 173 a 190; de los autos recurridos carecen de valor probatorio, por no reunir los requisitos que establece el numeral 534 ibídem, por tratarse de certificaciones de firmas y escritos y no de declaraciones recibidas directamente por el fedatario público, agregándose que el escrito fue fecha siete de julio del año en curso, compareciendo para su ratificación hasta el día nueve de tales, tal cual valorara el inferior y no se desvirtuara en el recurso con pruebas fidedignas aportadas antes y recalcadas ahora con el carácter de desatendidas; también que de las declaraciones de los CC. Noemí Gómez Santos, Carmen Chuiná Cruz Benítez, Carlos Enrique Pérez Moreno, Elda del Carmen Reyes Benítez y Roberto Reyes Ramírez, declaraciones que obran a fojas 191 a 209 en la escritura pública número 349 pasada ante la fe de LIC. SERGIO AYALA FERNÁNDEZ DEL CAMPO, Notario Público del Estado, Titular de la Notaria Pública, número trece de este Segundo Distrito Judicial, instrumento público que reúnen las exigencias del artículo 534 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, al haber sido levantadas ante y directamente por la autoridad investida de fe pública, de los testimonios se desprende lo siguiente: que fueron vertidos hasta el ocho de julio del año en curso, sin que observen el principio de inmediatez, teniendo aplicación para el caso de los testimonios que se vertieron directamente ante notario y con la observación de las fechas que se ha hecho mención, el siguiente criterio jurisprudencial: PRUEBA TESTIMONIAL. EN MATERIA ELECTORAL SÓLO PUEDE APORTAR INDICIOS DE LA, Sala Superior, Tesis S3ELJ 11/2002, debidamente vertido por sustento por el inferior, nunca desvirtuado por el recurrente, que tocante a la prueba con que intentó acreditar la presencia de varias personas con playeras de color verde, Diario de Yucatán y ¡Por Esto! no fue aportada, agregando el resolutor atacado que del Acta circunstanciada de la jornada electoral del seis de julio del dos mil tres, se observó un punto en el que se da cuenta con una llamada telefónica del Consejo Municipal respecto a que le fue informado que en las casillas 229, 230 y 244 habían aproximadamente trescientas personas, que las personas vestían camisas verdes, pero también de azul, no teniendo referencia alguno que ello hubiera interferido en la votación, faltándole a los asertos factores que hubieren hecho fidedignas las afirmaciones de que los de camiseta verde resultaban simpatizantes del tercer interesado, al nunca especificar los declarantes que conocían de vista, trato y comunicación a los tenidos por simpatizantes del aludido, por nunca dar sus nombres, apellidos, descripciones físicas, domicilios, placas de los taxis, las palabras exactas que hubieren oído decir de los pretendidos transgresores y a quiénes identificándolos también a plenitud, en qué número, cuántas ocasiones, durante qué lapso, porqué razón estaban ahí dichos declarantes, acusados y víctimas inmediatas en caso de haber presenciado los actos, las razones de sus dichos, para sustentar todo en acreditadas coincidencias entre declarantes respecto de tales datos, para cada uno de los referidos acusados y receptores de presionar, publicitar y transgredir de algunas formas la certeza de las votaciones, e igualmente nunca sirviendo de base por el total de casillas aludidas en los testimonios para pretender que una generalización en todo el Distrito XI ocurriera, lo que de las básicas operaciones aritméticas resulta evidenciado, resultando que la calidad supuestamente veraz de los testigos hecha valer por el recurrente bajo la razón de que votaron en la sección de las casillas de las que hablaron, un nivel insuficiente por lo escueto de cada declaración ya sentado, su falta de respeto al principio procesal probatorio de contradicción, la falta de la indispensable inmediatez, que contra lo aseverado por quien recurre, intentando que se incurra en tal equívoco por esta Sala resolutora, nunca se ha de considerar surtida en el caso de la ratificación notariada de algún escrito, ni en el caso de la declaración notariada verificada tres o cuatro días después de los hechos impugnados, en vez de realizados durante la jornada electoral ante quien notariada, ni contando en el acto con su presencia dando fé pública de los hechos; que la congruencia de tales asertos con las documentales de notas periodísticas, videos, denuncia penal y demás por lo expuesto sobre la nula o poca validez de tales restantes probanzas, en puntos analizados ya para cada cual de tales en este considerando, así que adminiculadas a la nada o a la vaguedad, resultan endebles e insuficientes deviniendo en infundados e inoperantes los alcances jurídicos de las tasaciones de tales pruebas, aisladas y en conjunción, o sea adminiculadas.

Aunándose a lo aludido que: conforme al artículo 78 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, los partidos políticos tienen un órgano interno encargado de la obtención y administración de sus recursos generales y de campaña, y el artículo 80 fracción IV del mencionado código, establece acerca de tal financiamiento que será para comunicación social y que el artículo 84 de nuestra ley electoral, señala que el financiamiento público para comunicación social no podrá ser inferior al cincuenta por ciento del monto que se otorgue para el financiamiento de actividades ordinarias, y que por eso pudo determinar de manera clara que todo partido político, tiene un financiamiento para comunicación social, es decir, igual oportunidad para cada partido, para expresar su noticia tanto en las televisoras estatales como en los diarios de circulación en nuestra entidad; y en la especie el partido impugnante, en ningún instante acreditó que le hubiere sido vedada en algún grado la oportunidad de difundir las campañas que llevan a cabo sus candidatos a puestos de elección popular, en los medios informativos, ya que los ejemplares de los periódicos de Tribuna tanto de Carmen y Campeche son simples notas periodísticas, que si hubieren sido aportadas en original, solamente arrojarían indicios, porque no se adminicularon con otras pruebas fehacientes que determinaran que al Partido Acción Nacional, se le negó en algún periódico o televisora, la difusión de las campañas de sus candidatos, por lo cual no se generó alguna convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados, motivo por el cual nunca hubieran hecho la prueba plena, valoradas conforme al numeral 544 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, asimismo para robustecer lo anterior, es necesario señalar la tesis de la Sala Superior, NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA INDICIARIA, tesis S3ELJ 38/2002, añadido que en cuanto a la prueba de los dos videos presentados, después de ver físicamente su contenido, revisando el acta levantada el día veintiséis de julio de dos mil tres, a las nueve horas, cual consta en lo recurridos autos a fojas 1394 a 1299 no se encontraron elementos de convicción para tener por comprobada alguna causal de nulidad de votación obtenida en el Distrito Electoral XI; tal cual fue la expuesta de la falta de la equidad y la de la marea verde, tras nunca verse gente con camisas verdes, ni en casillas, ni tenerse la certeza de las ubicaciones y función de cada lugar, identificación de: personas, acciones, frecuencia, hora, fecha, autoría de las grabaciones, impactos difusorios de tales, su ser fidedigno comprobado con periciales, etcétera, con motivo del cómputo distrital, porque la promovente ofreció deficientemente esa prueba al no ajustarse a lo establecido en el artículo 538 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, que dispone que en estos casos, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba, por lo que al no poderse identificar a las personas, el lugar de los hechos ni a las circunstancias y modo de cómo se realizaron, porque omitió anexar junto con las citadas pruebas un documento en el que se hiciera la descripción del contenido de esos videos o en un documento en el que se hiciera la descripción del contenido de esos videos o en su defecto el aportante en la fecha del desahogo de la citada prueba, debió de señalarle a la autoridad resolutora, en forma verbal los elementos contenidos en esas videocintas, al no haberlo hecho, no se le daría el valor probatorio correspondiente, que señala el numeral 544 de la Ley Electoral, sustentando su razonamiento la tesis: PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, PERO EN ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA, Revista Justicia Electoral 2000, Tercera Época, suplemento 3, página 66, Sala Superior, Tesis S3EL 041/99; y que en los agravios respectivos a que un grupo de personas que vestían todos camisetas de color verde se encontraban en las afueras de las casillas y junto a las mamparas, y tal hecho era intimidatorio para las personas que votaban, que dichas personas estuvieron dirigiendo a las personas que se encontraban en la fila para emitir su voto, que tal labor fue hacer actos de proselitismo, que debido a ello los ciudadanos no estuvieron en posibilidad de expresar su voto, que los diarios dieron cuenta de la marea verde, habiendo considerado que son INFUNDADOS, porque según el principio de conservación de los actos públicos realizados válidamente, que resulta plenamente aplicable en esta materia, conforme al cual los actos electorales válidamente realizados no se deben ver perjudicados por irregularidades de menor entidad, no afectatorios de su esencia y finalidad, de modo que sólo en casos excepcionales, donde se acrediten deficiencias verdaderamente importantes, debe declararse la nulidad de la votación y la legislación electoral establece un catálogo definido de causa de nulidad de la votación recibida en una casilla, partiendo de las situaciones ordinarias y comunes, es decir, sobre lo previsible, y éstas se constituyen con hechos ilícitos claramente identificados, cuya presencia en los comicios se califica como atentatoria de alguno o varios de los principios fundamentales rectores de esta materia, cuando concurran en circunstancias determinadas, formándose así las denominadas causales específicas de nulidad, y que sin embargo, ante la imposibilidad de establecer en un listado exhaustivo, que comprenda todas las contingencias posibles de la jornada electoral y afectar la esencia de la emisión del sufragio y de su escrutinio y cómputo, el legislador establece un supuesto general, en el cual puedan encuadrarse todas aquellas situaciones no previstas específicamente, que sin embargo constituyan irregularidades graves para decretar la nulidad de la votación siendo elementos de esta causal: A) Existencia de irregularidades graves; B) Acreditación plena de las mismas; C) Irreparabilidad durante la jornada electoral; d) Que en forma evidente pongan en duda la certeza de la votación y E) Sean determinantes para el resultado de la votación; teniendo en cuenta que en el sistema de nulidades de los actos electorales, sólo están comprendidas determinadas conductas, de las cuales se exige, tácita o expresamente, y de manera invariable, que sean graves, y a la vez que sean determinantes para el desarrollo del proceso electoral o para el resultado de la votación en la casilla en que ocurran; y aunque se tiene presente la imposibilidad de prever en forma específica un catálogo limitativo de todos los supuestos en que se puedan dar esas situaciones, el Juzgador inferior consideró insuficientes los medios de convicción existentes en autos, para demostrar las circunstancias de lugar, tiempo y modo en la comisión de los hechos invocados por el ocursante, como causantes de agravios, pues la simple enunciación de tales hechos o circunstancias no bastan para tener por fundado el juicio de inconformidad que deben ser debidamente probados, con base en el artículo 541 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, donde se recoge el principio general de derecho que impone la carga de la prueba a quien afirma un hecho, pues el impugnante advirtió el inferior que omitiera expresar argumentos encaminados a evidenciar cómo probó los elementos de sus pretensiones, al limitarse a señalar que los hechos afirmados debieron enlazarse o adminicularse con las constancias de autos, sin precisar cuales son éstas y su valor específico, en cuanto al sentido de la sentencia sujeta a análisis, razones por las cuales no podrían estimarse eficazmente combatidas las consideraciones vertidas al respecto por la autoridad responsable.

Y también observa esta sala que el hecho, de que las personas vistieren de verde, no le daba la certeza de que hubiera estado haciendo proselitismo a favor de algún partido para la obtención del voto, pues no contaban con algún emblema que los distinguiera de los otros, ni mucho menos era traducible en un acto de presión sobre los votantes, tal como se establece en la ley electoral del Estado, apoyando en: PROPAGANDA ELECTORAL PARA QUE CONSTITUYA UN ACTO DE PRESIÓN EN EL ELECTORADO DEBE DEMOSTRARSE QUE FUE COLOCADA DURANTE EL PERÍODO PROHIBIDO POR LA LAY (Legislación del Estado de Colima). Revista Justicia Electoral 2002, Tercera Época, suplemento 5, página 125, Sala Superior, Tesis S3EL 038/2001; haciendo notar el inferior que tales irregularidades, trató la actora de apoyarlas con los videos presentados ante su juzgado, mas la promovente ofreció deficientemente esa prueba al no ajustarse a lo establecido en el artículo 538 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, pues el aportante debería señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba, sin hacerlo aduciendo que dijo el actor demostrar tales hechos, con los periódicos Por Esto y Diario de Yucatán; y que lo acreditaba plenamente con los testimonios que de la jornada electoral rindieran ante el Notario Público, más dichos rotativos no los presentó ante tal juzgado, que por ello no fueron tomados en cuenta, pues los documentos que obraran en autos, como son periódicos de Tribuna son copias simples, que en juicio, no generaron convicción sobre los hechos afirmados, esto conforme a lo establecido en el artículo 544 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche; y la denuncia que hizo ante el Ministerio Público una diversa persona, tras valorarse conforme establece el artículo 542 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche; se deduce que la posible infracción queda sujeta a las penas aplicables que establece el artículo 381 del código penal vigente en el estado y esta autoridad es ajena para conocer de ello, además de que no se obtiene que haya sido cosa juzgada, por lo que se considera infundado tal parte del agravio.

Por otro lado en autos no existía incidente que determinara el motivo por el cual se dieron esas irregularidades, que tampoco se apreciaba que el representante haya firmado bajo protesta; ni que los hubiera solicitado al consejo correspondiente, y conforme a la ley electoral en su artículo 522 fracción VI, el actor debía de presentar las pruebas necesarias para que el juzgador pudiera en su momento estudiarlas y valorarlas, atendiendo a las reglas de la lógica de la sana crítica y de la experiencia como lo señala el ordinal 542 del mencionado ordenamiento, máxime que la carga de la prueba recae en el impugnante, tal como lo señala el artículo 541 ibídem.

Razonamientos todos corroborados de la lectura y revisión de las probanzas y de los autos indicados, que coincide plenamente con el criterio del inferior por en sus casos nunca haber habido pruebas en contrario u en suficiencia en otros, por lo expuesto, tal cual advirtiera, y que nunca son combatidos con argumento lógico jurídico alguno que les desvirtuara en el presente recurso, ni mencionados por el recurrente, que per se resultan documentales públicas de actuaciones judiciales, documentales privadas por cuanto hace al escrito de demanda, pruebas técnicas y presunciones derivadas de tales, de pleno valor para dar por acreditado lo analizado, de acuerdo a los artículos 542, 543 y 544 ibídem, que tienen per se un alcance legal o fuerza para sostener al acto recurrido, a lo que se aúna el hecho contundente de las ausencias de los documentos descritos en ciertos puntos y los aportados en menor número que los ofrecidos, y lo que mas adelante para punto del sustento en la sentencia electoral federal de Xalapa, considerará este resolutor colegiado de alzada considerando tocante al punto del proselitismo, presión, intimidación, etcétera, que tradujera el actor en irregularidad grave generalizada, considerando que si: Acción Nacional refiere que durante la jornada electoral simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional realizaron propaganda electoral mediante el uso de camisetas verdes para difundir la imagen de sus candidatos quienes también durante la jornada electoral utilizaron camisas del mismo color. Con ello, señala, infringieron la prohibición prevista en el artículo 336 de la legislación electoral en cita, que el Partido Revolucionario Institucional utilizó como un medio para presentar a sus candidatos una playera de color verde, y que siendo un distintivo visual por el que la ciudadanía reconoce los colores de ese partido político, debe concluirse que los simpatizantes el mismo, durante la jornada electoral, en el período que la ley reserva para que los ciudadanos reflexionen sobre las propuestas políticas, el uso de dichas camisetas tuvo como propósito promover a los candidatos del Revolucionario Institucional, hecho que resultó determinante para el resultado de la elección que la difusión de los colores que representan al Partido Revolucionario Institucional resultó en una trasgresión grave que implicó que la emisión de los sufragios no fuera libre y espontánea, sino sujeta al impacto visual que causó lo que denomina marea verde, además de que la presencia de esas personas de verde tuvo un efecto intimidatorio al llevar al elector a replantearse su decisión de votar. De dichas irregularidades, afirma, participó la autoridad electoral al no haber vigilado adecuadamente el proceso, por lo que con ello infringió a su vez los principios de certeza e imparcialidad.

El partido inconforme no acreditó los extremos de su pretensión, pues nunca en momento alguno especificó al detalle todas y cada una de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que, supuestamente, se desarrollaron los actos de presión, propaganda, proselitismo e intimidación hacia los electores, absteniéndose de señalar en qué lugares se presentaron las personas vestidas de verde, a qué hora u horas, durante qué lapso, ni aporta elemento alguno respecto de las personas que resultaron afectadas por dichas irregularidades, lo que resulta inconducente para concluir que tales irregularidades resultaron determinantes para el resultado de la votación.

La ausencia de tales elementos impide calificar las conductas señaladas o concluir si las conductas relatadas pudieron constituir actos que afectaran la libertad de sufragar de los electores. La sola presencia de un grupo de personas de número indeterminado, respecto de las que no se refiere la actitud que tuvieron, ni las expresiones que utilizaron, son insuficientes para considerar que se realizaron las labores de propaganda invocadas, pues a fin de poder acreditar las irregularidades que imputa a simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional, el inconforme debió precisar las acciones de los integrantes de lo que llama la marea verde para realizar las acciones de promoción y para evidenciar que, en el caso se encontraban vinculados con el partido político que denuncia.

No es dable señalar que los electores se vieron influidos por la imagen promovida por los portadores de camiseta verde y en consecuencia votaron por los candidatos del Partido Revolucionario Institucional en un número indeterminado y que ello en consecuencia resultó determinante para el resultado de la elección, tampoco aporta elemento alguno que conlleve a considerar que en el caso se trataba de personas vinculadas al Partido Revolucionario Institucional, pues el mero hecho de portar una camiseta verde no resulta concluyente. No puede estimarse que el solo hecho de portar una camisa de un determinado color conduce necesariamente a la conclusión de ser miembro o simpatizante de un determinado partido político pues utilizar el día de la jornada electoral, prendas de vestir de un color que por ese sólo hecho pudiera relacionarse con el color representativo o emblemático de un partido político, no se encuentra normado por la legislación electoral del Estado.

Es evidente que el sólo hecho del color de la vestimenta, así coincidan respecto a tal un numeroso grupo de ciudadanos, se encuentra tutelado dentro de las libertades que consagra la Constitución Federal y la particular del Estado de Campeche. Por lo que hace a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos basta considerar lo previsto en sus artículos 1°, 9°, 16 y 24 en lo que se refiere a “ceremonias”; el 41 en tanto que establece que los ciudadanos tienen la garantía y libertad para reunirse en actos de naturaleza política.

Resulta en consecuencia inconcuso que no es la cuestión del color de la vestimenta lo que en todo caso pudiera constituir una irregularidad en materia electoral y ni siquiera que dicha vestimenta fuera asociada a un partido político pues, en tanto una norma no establezca esa prohibición, los ciudadanos podrían en ejercicio de las libertades constitucionales su simpatía, aún el mismo día de la jornada electoral. Es claro entonces que si el uso del color en cuestión es lícito al no estar sancionado, lo que debe acreditarse para actualizar alguna de las nulidades previstas en el sistema normativo de Campeche, es la comisión de una irregularidad. Sirve de apoyo lo anterior las tesis, cuyo tenor literal es el siguiente:

PROSELITISMO. CUANDO CONSTITUYE CAUSAL DE NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN LA CASILLA. (Se transcribe...)

VIOLENCIA FÍSICA, COHECHO, SOBORNO O PRESIÓN SOBRE LOS FUNCIONARIOS DE LA MESA DIRECTIVA O DE LOS ELECTORES, COMO CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA (LEGISLACIÓN DE JALISCO). (Se transcribe...)

EJERCER VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA O SOBRE LOS ELECTORES Y SIEMPRE QUE ESOS HECHOS SEAN DETERMINANTES PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN. CUANDO NO SE CONFIGUR ALA CAUSAL DE NULIDAD. (Se transcribe...)

En base a lo anterior podemos advertir que de las actas de escrutinio y cómputo no se pueden desprende que los hechos en análisis tengan alguna relación con actos de presión sobre el electorado, máxime que no presentado escrito de incidente alguno al detalle circunstanciado corroborado de forma inmediata con las pruebas en las que sustenta su dicho, de lo cual, no se desprende fehacientemente que tales hechos incidieron de manera directa en la voluntad de los electores.

Por ello se colige que en la especie no se acreditó bajo ninguna tesitura, que en la elección hubiese existido un ambiente de violencia o presión a los electores, ni que se les hubiese perturbado en su libertad para ejercer su derecho al sufragio, así como que los hechos que describe la quejosa, de ninguna manera ponen en duda, la certeza de la votación, ni los escrutinios, ni los cómputos de los votos, ni la integración de los órganos electorales, ni mucho menos la libertad del sufragio, ni la libertad de la elección de los votantes antes de acudir a las urnas, no existiendo elementos que permitan crear dicha convicción y menos que las mismas hayan podido ser determinantes para el resultado del proceso electoral, por lo que resultan infundadas las pretensiones del hoy quejoso; mas aún si se advierte que jurídicamente no es posible arribar a una hipótesis de nulidad que la ley no contempla, por el camino de una interpretación subjetiva y excesiva como lo pretende el inconforme.

Si en el caso se tratara de una conducta organizada o inducida por un partido político, considerando las nulidades relativas a votación recibida en casilla, previo a asumir que resulta aplicable la prevista en la fracción XI, habría que considerar si las acciones de ese grupo no se tradujeran en acciones previstas en otras fracciones, pues entonces habría que privilegiar la aplicación de la norma específica, por ejemplo, la fracción IX, ó la fracción X. En el caso particular, el inconforme en los agravios en que se refiere a casillas que en ellos precisa, refiere conductas que se encuentran previstas básicamente en la fracción IX. No pasa desapercibido que también marginalmente hace referencia al artículo 336 para señalar que al vestir las camisetas verdes se realizaban labores de propaganda en fechas no permitidas, pero ello constituye un supuesto que finalmente también cabe considerarse dentro de la fracción IX, pues se traduce en un acto de presión. No precisa en consecuencia el partido inconforme cual es la conducta que se traduce en la violación a la fracción XI, las hipótesis las construye, aún cuando no las invoque expresamente, considerando como supuesto otras fracciones, pues ello resulta de la descripción de los hechos que formula y los supuestos contenidos en las fracciones IX ó X.

Desde este punto de vista, la actualización de una causal abstracta de nulidad de la totalidad de la elección, sólo resultaría teóricamente posible, si las conductas previstas, por ejemplo en la fracción IX ó X del artículo 637 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, se hubiesen presentado en forma reiterada en todo el Estado, desde luego, no bastaría que así hubiese sucedido en algunas casillas; tendría ello que haber acontecido en una buena parte de ellas.

Luego, aún cuando se acreditara que a lo largo del Estado y no sólo en un distrito hubiere acontecido la presencia de grupos vestidos de un mismo color, ello no resultaría suficiente para actualizar una causal de nulidad abstracta que por su trascendencia requeriría de la satisfacción de diversos supuestos. Si bien pudiera resultar una presunción el color de la vestimenta para vincularse en un razonamiento distintas conductas irregulares al considerar la hipótesis de la nulidad abstracta, se requeriría siempre la condición necesaria, pero no suficiente de la existencia de una conducta grave realizada por esos grupos, por lo reiterado de violaciones previstas en las fracciones VIII, IX; X u XI, o por alguna otra no prevista en dicho precepto 637, pero de tal naturaleza grave y trascendente que conculcara valores fundamentales previstos en la Constitución Federal.

En los diversos razonamientos formulados por el inconforme en distintos agravios relacionados con la cuestión aparece reiterada la invocación de la camisa verde como el acto irregular mismo y no únicamente como lo que en todo caso sólo cabe considerar: la presunción de que la o las conductas irregulares, que en el caso se omiten señalar, fueron inducidas por un partido político. Así habría quién lo indujo, pero no habría qué indujo.

Así resulta la cuestión de difícil lógica. Al analizarse los agravios referidos a casillas particulares, no se acreditó que se hubiere infringido en alguna la fracción XI, menos aún, en forma reiterada. Sin embargo, se invoca la causal abstracta en razón de lo que el inconforme llama los uniformes, sin otro argumento concreto que la existencia de grupos de camisas verdes.

Todo esto considerado aún antes de señalar que en ningún momento se acredita que la presencia generalizada, que ocurrió en todo el Distrito XI del Estado de Campeche, según señala el impugnante, fue inducida por el Partido Revolucionario Institucional.

Pareciera que el uso del color verde resulta concluyente para ello y así, el argumento no se sustenta en forma alguna. Cabe señalar que en el juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-106/2003 y su acumulado SUP-JRC-107/2003; resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consta que el Partido Acción Nacional, con argumentos similares a los sostenidos en el presente juicio, sostuvo en el juicio de inconformidad ante el Tribunal Electoral Local que se utilizaron camisetas rojas como una acción inducida por el Revolucionario Institucional, al grado que la denomina marea roja, como en el caso de Campeche con razonamientos similares la denomina marea verde.

Así, ni siquiera para el inconforme el color resulta indubitable para identificar a los simpatizantes de un partido político, contra lo que los razonamientos vertidos en la presente inconformidad parecieran implicar. Y es que el color verde, por ejemplo, considerando exclusivamente los partidos políticos que participaron en el proceso de elección de Gobernador, es utilizado por el Partido Verde Ecologista de México, de acuerdo con el artículo 1° de sus estatutos; lo usa el Partido México Posible según su artículo 2°; y conforme al artículo 3° de sus estatutos también es parte de la identificación del Partido Fuerza Ciudadana y desde luego, como se reitera en la inconformidad, también del Partido Revolucionario Institucional. En este orden de ideas, si las irregularidades supuestas no se acreditan, ni tampoco que la camisa verde necesariamente identifique a simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional, menos es de concluirse que de ello resulte responsabilidad alguna por parte del Instituto Electoral del Estado de Campeche.

Finalmente por estos motivos no existe base para establecer que estas afirmaciones pueden dar lugar a la nulidad de la votación recibida en las casillas en el Distrito XI del cual su cómputo para la elección de diputado de mayoría se impugna.

Sirve de apoyo para abundar lo anterior, la tesis de jurisprudencia número S3EL 059/2002 sustentada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, visible en la página 417, con el número 156 de la Compilación Oficial, Jurisprudencial y Tesis Relevantes 1997-2002, con el rubro siguiente:

EMBLEMA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. SUS COLORES NO GENERAN PARA QUIEN LOS REGISTRÓ DERECHOS DE USO EXCLUSIVO. (Se transcribe...)

Aunado a lo anterior que resulta posible la confirmación, vista la posibilidad de que un agravio sea fundado, pero inoperante, toda vez que puede ser útil para destruir alguna o algunas de las consideraciones en que se apoyó el inferior para emitir la resolución, pero también es factible que, de cualquier forma, no sirva para decidir la cuestión controvertida de manera favorable a los intereses del recurrente, debido a la existencia de otras razones, diversas de las aducidas por el juez de primera instancia, aptas para concluir en el sentido en que lo hizo éste, porque si las inconformidades que se plantean son procedentes así debe declararse, toda vez que el tribunal de segunda instancia debe subsanar, a la luz de los agravios respectivos, la omisiones e irregularidades cometidas por el juez natural, a consecuencia de haber reasumido la jurisdicción, pero así a pesar de lo fundado en los argumentos planteados éstos fueran ineficaces para modificar o revocar el fallo recurrido, cuando el quejoso en sus agravios expresa razonamientos que no combaten la parte medular de la sentencia, es inconcuso que sus argumentos son inoperantes por lo cual son dignos del considerarse inoperantes, habida cuenta que el estudio que de ellos se hiciera ningún efecto favorable produciría al recurrente, quien obviamente persigue que se cambie el sentido de la sentencia del primer grado adversa a sus pretensiones. Lo importante resultaría que se analicen en su totalidad las inconformidades del recurrente, como en el caso así lo hizo la autoridad señalada como responsable quien además explicó detalladamente según se vio, las razones y fundamentos que tuvo para otorgarles tal atributo, resultando una ociosidad conceder el recurso, para el único efecto de que la responsable se haga cargo de uno de los motivos de inconformidad cuyo análisis no valoró u omitió, si se advierte que en los agravios expresados ante la autoridad responsable no se impugnó los argumentos torales en que se basó la sentencia del primer grado y que por tal motivo, aun reparado el agravio, la resolución que se emitiera continuaría siendo desfavorable a los intereses del quejoso.

A lo que se aúna que cuando del recurrente sus agravios los haya enderezado contra la falta de valoración de pruebas, debe precisarse su alcance probatorio, ya que sólo en esas condiciones podrá analizarse si las mismas tienen trascendencia en el fallo reclamado, por lo que los agravios que no reúnan esos requisitos tal cual en los que no se razona el porqué de la indebida valoración de las pruebas en que incurrió el inferior, concretándose el recurrente a emitir opinión personal sobre el alcance ilustrativo de los medios de convicción aportados por él, devienen inoperantes por su notoria insuficiencia.

Es válido lo expuesto en relación al todo del recurso en lo conducente, así tal cual para el punto alegado sobre la conducta del inferior, de nunca pronunciarse al decir cierto del que recurre, tocante a la pretendida coincidencia entre las campañas gubernamentales local y de los candidatos del partido tercer interesado, contestada en otro enfoque y nunca desde aquel de tal coincidencia, que de haberse dado tampoco habría sido constitutiva de base para convertir en fundamento el punto aducido por el actor ahora recurrente, pues habría tan sólo habría alcanzado la categoría de fundado pero inoperante, por lo que a continuación se hace valer:

El agravio que ahora se analiza, tiene como punto fundamental el evidenciar, que la propaganda utilizada por el candidato del Partido Revolucionario Institucional a diputado de mayoría relativa del Distrito Electoral XI del Estado, tomó características similares a las utilizadas por el Gobierno del Estado de Campeche en su formato Campeche XXI, HECHOS, con mayúscula; la intención fundamental de los argumentos analizados es, que el actor cree haber demostrado esa similitud y con ello pretende concluir, que se utilizaron recursos públicos en apoyo de la campaña del citado candidato del Partido Revolucionario Institucional; sin embargo, aun cuando se pudiera acreditar la similitud entre la propaganda de mérito, sólo quedaría demostrado que el Partido Revolucionario Institucional, copió las características de la propaganda de ese gobierno, en la implementación de la propaganda de su candidato. Por lo tanto sería demostrada la actividad de aquél, pero no hay sustento para afirmar, que la actividad del Gobierno del Estado de Campeche, con motivo del formato referido, se encaminó a proporcionar recursos en apoyo del candidato aludido, desvaneciéndose así dicho argumento de acuerdo con la intención que pretendió darle el promovente; consecuentemente sólo se demuestra que la actitud del Partido Revolucionario Institucional, consistió en copiar las características de la propaganda del Gobierno del Estado de Campeche, mas no que este gobierno utilizó su propaganda y, por ende, recursos en beneficio del candidato del multicitado partido. Por esto, no existe base que dé lugar a la actualización de causa de nulidad alguna.

Pero adicionalmente, suponiendo que existiere la similitud señalada, de tal no puede sin lugar a dudas de clase alguna inferirse la desviación de recursos públicos que alega el inconforme, toda vez que no se acredita que la propaganda del Gobierno del Estado, aún cuando resultara parecida a la del candidato diputado por el Partido Revolucionario Institucional, se hubiera realizado a partir de la que este último ya venía utilizando.

En este sentido, el Partido Acción Nacional plantea un erróneo silogismo pues aún cuando acreditara la similitud entre una y otra campaña, de ello no puede inferirse que la relativa a las acciones de gobierno hubiese sido desarrollada con el propósito de favorecer al candidato a diputado por el Partido Revolucionario Institucional, ya que es lógico suponer que el objeto mismo de la elección es la renovación de los cargos de elección popular y que necesariamente el ciudadano al emitir su voto realiza una calificación y elección de sus candidatos a partir de una valoración que indefectiblemente está sujeta a presupuestos positivos y también negativos que el gobernado haga de los mismos, por tanto no se puede presumir que necesariamente tal difusión operó definiendo todo en beneficio de determinado actor político.

En este sentido el propio inconforme señala que desde hace varios meses el gobierno del estado venía realizando la mencionada campaña publicitaria, sin que en lugar alguno del agravio señale que previo a ella el candidato del Revolucionario Institucional hubiere venido utilizando los signos visuales y formato con los que guarda similitud la propaganda gubernamental.

En todo caso, también resultaría válido considerar que fue el candidato a diputado quien copió las características y demás signos visuales de la propaganda utilizada por el Gobierno del Estado, situación que pudo hacer válidamente cualquier partido político, ya que las frases o imágenes utilizadas por determinado orden de gobierno, no pueden atribuírseles como exclusivas o propias en extremo del mismo, siendo riesgo de cualquier participante en la contienda electoral allegárselas en su beneficio o incluso en su propio perjuicio, por lo que para nada de manera indubitable se acreditó que la propaganda por la que el Gobierno del Estado publicitó sus acciones, resultó contraria a los principios rectores del proceso y en particular a los de legalidad, imparcialidad y de equidad, más aún debe atenderse que en igualdad de circunstancias el ahora quejoso sin que ello, constituya por sí mismo irregularidad, utilizara de manera equiparada como el ahora denunciado, frases e imágenes similares a las que el Gobierno Federal implementó en la difusión de su obra de gobierno, por tanto es dable observar que existió una equidad no solo en el acceso y elección de los medios de comunicación, sino además que esta imperó también para que los contendientes eligieran sus estrategias propias de campaña, valiéndose para ello de las circunstancias que legítimamente tuvieron a su alcance.

Asimismo, en forma alguna acredita el partido inconforme la existencia de la supuesta campaña publicitaria por parte del gobierno del estado pues a pesar de que al expresar el agravio utiliza expresiones como la de que desde hace varios meses el Gobierno del Estado inició una campaña; que los espectaculares utilizados para difundir dicha publicidad tienen una cobertura de la totalidad del Estado; que la publicidad del Gobierno reforzó la del candidato a gobernador, o que los espectaculares de uno y otro se hubiesen colocado en forma sucesiva. En ningún momento precisa circunstancias de tiempo, modo o lugar que permitan singularizar los supuestos agravios, circunstancia que imposibilita de forma evidente a este órgano jurisdicente para pronunciarse al respecto y que podría devenir, en caso de tomarse en consideración como válidas, en atentar en contra del principio de seguridad jurídica del partido denunciado, ya que no se le precisó con claridad que hechos en concreto se le imputaban para que este a su vez en ejercicio de su garantía de audiencia y defensa, produjera contestación al respecto.

Por lo que hace a que la irregularidad pretendida resultara determinante, el Partido Acción Nacional no acredita que la publicidad del gobierno del estado constituyó una influencia decisiva en el electorado a favor del candidato a diputado por el Partido Revolucionario Institucional y que como resultado de la misma, el resultado de la votación recibida en particular pudo ser distinta de la recibida.

Así, del análisis de las constancias que obran en autos, no se advierte la existencia de medio de prueba idóneo ni suficiente, para de él desprender que, en la especie, se acreditaron plenamente irregularidades que afectaron de manera determinante el resultado de la votación recibida en las casillas, esto es, no se cuenta con elemento válido de convicción que permita sustentar cual fue efectivamente la audiencia televisiva, o radiofónica; ni cual el número de electores que hayan conocido la propaganda de los partidos políticos y del gobierno estatal, y menos aún que hayan podido ser influidos por ella y mucho menos que esto hubiera sido de manera tal que fuera determinante, dado que la quejosa no acredita cual fue la situación y el uso de los medios de comunicación durante toda la campaña electoral y no aporta ningún elemento que permita afirmar que la muestra que pretende se de validez corresponda a un comportamiento uniforme de los medios durante todo el tiempo que duró la misma, tal ejercicio no existe en autos; tampoco existe por parte de peritos o empresas calificadas cuya metodología para el seguimiento de medios sea validada por la autoridad electoral como ocurre en el nivel federal, por lo que es enteramente permisible que el Partido Revolucionario Institucional o Acción Nacional, hayan direccionado su propaganda en ejercicio de su derecho a la autodeterminación en éste rubro y consecuentemente escogido los medios que estimaron serían idóneos para convencer al electorado.

En efecto, se advierte que el promovente pretende probar una hipotética intención de medios para difundir y apoyar a determinado partido político, sin embargo omite exhibir constancias fehacientes que permitan suponer la actualización plena de su afirmación, contando sólo con señalamientos que al encontrarse carentes de sustento probatorio y jurídico devienen en subjetivos y dubitables.

No pasa desapercibido de esta autoridad jurisdiccional que la campaña electoral es previa a la jornada electoral y cualquier acto de un partido político relacionado a esa campaña, debió ser objeto de impugnación a través de los recursos que establece la ley para dicha etapa del proceso electoral, sin embargo el impugnante no sustente que haya impulsado con medio jurídico alguno dicha acción, por lo que si se toma en consideración que tuvo oportunidad de reclamar los hechos que en su concepto le irrogaron inequidad, y sin embargo no lo hizo, consecuentemente resulta mayormente evidente que conforme al principio de definitividad, que rige todo proceso electoral, la quejosa no ejerció tal derecho en su momento y pone en tela de juicio la efectividad con la que ahora pretende alegar violaciones no denunciadas con anterioridad, ya que es claro que las referencias, hechos, argumentos y probanzas que nos ocupan, no están directamente vinculadas con la jornada electoral y con alguna de las hipótesis de nulidad previstas en la ley de la materia, más aún cuando no fueron asentadas de manera inmediata en hoja de incidente o fe notarial expedita, por lo que es mayormente improcedente pretender ahora concederles eficacia jurídica; máxime que hacer lo contrario puede configurar una trasgresión del referido principio constitucional de definitividad, el cual se encuentra previsto en el artículo 41 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Aunado a lo expuesto de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 538 y 544,del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, los elementos de convicción antes relacionados, sólo hacen prueba plena cuando tienen vinculación con el restante cúmulo probatorio que obre en el expediente, cuando los hechos afirmados, la verdad conocida y la relación que guarden entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos narrados.

Estas condiciones, sobre la base de los elementos de convicción relacionados, es posible concluir que atento a los razonamientos expuestos y de conformidad con las probanzas y elementos de convicción que obran agregados en autos y que fueron referidos en el cuerpo del presente apartado, en el caso no se acredita la existencia de irregularidad alguna que acredita o sustente, ya sea de forma aislada ni aún en su conjunto, la actualización de hipótesis normativa que de lugar a determinar la nulidad de la votación recibida en casilla alguna y menos aún de la totalidad de las casillas correspondientes al Distrito XI.

A mayor abundamiento, de los actos de propaganda del candidato priísta a diputado, no se desprenden elementos de convicción que permitan deducir que esa propaganda sea indudablemente similares o iguales a las palabras utilizadas en los slogan del Gobierno del Estado, pues nunca fueron aportadas las fotografías ofrecidas por el actor ante la responsable por lo cual nunca se apreciaría que tengan similitud con los colores, ni con los slogan que sostiene el partido impugnante, sin imágenes de esos slogan o espectaculares.

Por lo tanto válidamente puede arribarse a las siguientes conclusiones:

1.- Que es un hecho conocido que el Gobierno del Estado de Campeche utiliza el logotipo con las características ya descrias y las leyendas Campeche XXI, y HECHOS.

2.- En el cúmulo probatorio que se analiza, sólo existen algunos elementos de referencia, respecto a la propaganda de obras por parte del Gobierno del Estado de Campeche; sin embargo, no se demuestra que esta propaganda esté ubicada en el Distrito Electoral XI inherente al acto reclamado.

3.- Tal ausencia no admite servir de base para establecer, que en forma generalizada, la propaganda del Gobierno del Estado de Campeche esté ubicada en el centro del Distrito Electoral número XI, respecto a proyectos, logros, obras realizadas, obras por realizar y programas asistenciales, sea similar o conjunta a la propaganda electoral del candidato a diputado del distrito aludido del Estado postulado por el Partido Revolucionario Institucional.

4.- En consecuencia, aún en el presupuesto de que se considerara, similitud entre ambas propagandas, ello no demuestra que se utilizaron recursos públicos para el apoyo al candidato aludido, toda vez que esa similitud no ha quedado fehacientemente acreditada, por lo que no ha lugar a considerar que se actualizó alguna causa de nulidad de la elección.

Conforme a los expuesto y por lo que se refiere al motivo de inconformidad, se declara improcedente el agravio que lo contiene.

De considerarse al caso es, que lo vertido a guisa de respaldo para los alegatos del que insta, inherente al caso que identifica este resolutor colegiado máximo constitucionalmente en el Estado de Campeche, con el Expediente SX-III-JIN-013/2003 y acumulado SX-III-RRV-002/2003 del Partido Acción Nacional contra los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados de mayoría relativa, la declaración de validez y el otorgamiento de la constancia de mayoría relativa, al 01 Distrito Electoral Federal en el Estado de Campeche, del Consejo Electoral Distrital en el 01 Distrito Electoral Federal en el Estado de Campeche, siendo tercer interesado la Coalición Alianza para Todos, dictada en Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, en tres de agosto de dos mil tres, contraviene los intereses del recurrente al resolver la Sala Regional de la Tercera Circunscripción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, considerando a sustentos lógicos y jurídicos coincidentes con lo vertido en determinados apartados en que fuera desestimado cada punto de agravios, coincidente con los ahora estudiados, y ante su nunca surtida definitividad al invocarse ante nos (sic), por su nunca legal obligatoriedad, por haber declarado dicha resolución federal: haber acontecido ante sí una total falta de convicción de la generalización de ciertas irregularidades; porque por la duración de las campañas, aún cuando fueren por igual número de días las grabaciones de noticieros, tales nunca generaría la convicción requerida para acreditar la vulneración del principio de equidad, considerando que tal ni siquiera sería posible afirmar que constituía una muestra representativa de lo que pasó; por desechar los diarios yucatecos, por considerar que tales nunca lograrían afectar al cuerpo electoral del Distrito Electoral visto el principio de territorialidad ante la nunca debidamente acreditada materia de cada servicio periodístico, ni que fueren hechos a periodistas, ni con la finalidad de beneficiar a ciertos candidatos, reputándola reforzada el resolutor aquel con la consideración inherente a la característica de las notas de autoría nunca establecidas o coincidente; aunándole a eso el juzgador colegiado federal, que contra el reiterado punto de la supuesta gran influencia de la propaganda tanto que fue de grado determinante le desestimaba por considerar un hecho público y notorio la verificación de la elección para diputados de mayoría relativa en dos distritos electorales federales, resultando triunfador en uno de tales el partido actor, concluyendo así que nunca fue realmente determinante la influencia alegada ni se acreditó en todo el territorio de la entidad federativa uniformidad inherente a tal.

Referente al CUARTO de los agravios que versan acerca de que la Casilla 244 C1 nunca fue anulada pese a que se instaló antes de las ocho horas del día de la jornada electoral, y que la firma de los representantes partidistas nunca convalidaría esa causa de nulidad según S3ELJ18/2002, con independencia de los resultados de la votación encontrados, resulta infundado por no haber tal independencia de los resultados de la votación encontrados, desvinculante de la determinancia de la supuesta causa de nulidad, ante lo expuesto por la resolutora de primer grado, con respecto a que el mero hecho de que se obtenga que la casilla se abrió anticipadamente no es causa inmediata de que se nulifique la votación en ella puesto que, a fin de preservar la votación recibida, era menester estudiar si tal circunstancia resultó determinante para haber infringido el principio de certeza, considerando también tal cual en el primer grado este órgano jurisdiccional, que si bien la casilla se instaló antes de las 8:00 horas del día de la jornada electoral, lo anterior se realizó momentos antes y en presencia de los representantes de los partidos políticos, según se encuentra asentado, con sus firmas, sin que obre algún otro dato al respecto en sentido que le controvierta, cual algún incidente respectivo en que se hubiere aludido a la determinancia de la instalación anticipada que fuere factor impactante sobre los resultados, al grado de haberlos definido, por lo que, en consecuencia, no procedía ni procede decretar su nulidad, ante tal ausencia de los incidentes de la jornada electoral que son los medios para que las partes hagan valer los respectivos agravios como presupuesto de hecho y de derecho, para debida constancia y derivación de los efectos y presunciones inherentes a su verificación, teniendo la carga procesal de acreditar su afirmación que nunca fue cumplida por lo expuesto, nunca desvirtuado en el recurso y establecido en los artículos 418, 533 fracciones I y IV, 536 fracción I, 540, 541, 542, 543 y 544 del código de la materia, y bien sirve de apoyo a lo anterior el criterio jurisprudencial INSTALACIÓN ANTICIPADA DE CASILLA, DEBE SER DETERMINANTE PARA PRODUCIR LA NULIDAD DE LA VOTACIÓN. Juicio de Revisión Constitucional Electoral. SUP-JRC-140/2001. Partido Acción Nacional. 6 de septiembre de 2001. Unanimidad de Votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Carlos Alberto Zerpa Durán. Revista Justicia Electoral 2002, Tercer Época, suplemento 5, páginas 86-87, Sala Superior, tesis S3EL 026/2001. Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, página 520, que invocara el resolutor inferior, pues trata de que la real finalidad de la disposición de que: la instalación no sea antes de las ocho horas, consiste en que los representantes de los partidos políticos no se vean sorprendidos u obstaculizados en su labor de vigilancia de los actos que se susciten en la casilla, para verificar su apego a la ley, en conocimiento de que las actividades empiezan a las ocho horas, para constatar que se armaron las urnas vacías a la vista de todos, de modo que, en caso de instalación anticipada, si no se les respeta tal derecho y se cometen irregularidades que no puedan impedir, con trascendencia a la legalidad de la recepción de la votación, y puesta en duda de los principios que la rigen, en especial el de certeza; ese peligro queda en la sola posibilidad, cuando la casilla se instaló momentos antes de la hora ante la presencia de los representantes de los partidos que así nunca se ven privados de la oportunidad de vigilar y verificar que se cumplan los requisitos materiales y procedimentales de la instalación, y por tanto, en el segundo caso no actualiza una causa de nulidad, por no resultar determinante para el resultado de la votación, resultando que la situación de hecho y de derecho que ocurriera, fue coincidente con tal segundo caso expuesto, por lo que se tiene por correcta la motivación y sustento del inferior.

En relación al agravio QUINTO referente a que haber instalado tardíamente la casillas 230 B, 230 C5, 244 C2, 244 C4 y 244 C5 se traduce para el recurrente, en el impedir el acceso al voto a diferentes porcentajes de ciudadanos, lo cual considera determinante para el resultado de la votación; hecho eso sin causa justificada según actas, y que aunque afirmado por los representantes partidistas reputa nula causa de convalidación el recurrente, resulta INFUNDADO por lo siguiente:

A).- La resolutora inferior consideró que:

En lo concerniente a la casilla 230 Básica, no le asiste la razón a la impetrante puesto que de la copia certificada que obra en autos, se puede apreciar, aún cuando parcialmente se cruza un sombreado negro, que la casilla se abrió a las 8:00 horas.

Punto nunca desvirtuado por la recurrente, que sí fue corroborado de la valoración por esta Sala de las constancias que integran los autos recurridos, faltando así a su obligación de acreditar los extremos de afirmación, confirmando eso el acto del juzgador atacado, valorando lo expuesto de acuerdo con los artículos 533 fracciones I y IV, 536 fracción I, 540, 541, 542, 543 y 544 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche.

B).- Para el estudio de la causal de nulidad invocada por el promovente, el Juzgado realizó un cuadro esquemático para su comprensión, que obra en la sentencia recurrida y que contiene por datos: que nunca hubo incidentes relativos al impedir el acceso al voto a los electores, ni la falta de justificación, pues aunque consta la no consignación de ciertas causas justificantes también es causa justificada el tiempo que conllevaba el trámite de la sustitución de funcionarios ocurridos para las casillas que se reproduce a continuación en la parte que alude al agravio tan sólo:

Deduciendo el juzgador que:

...le asiste la razón al impugnante en cuanto a que la Mesa Directiva de casilla comenzó a recibir el sufragio después de las ocho de la mañana y para lo que se funda en la fracción X del artículo 637 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado, siendo que de las actas de la jornada electoral se desprende que se comenzó a recibir la votación a las 8:44, 8:40, 9:00 y 9:10 horas respectivamente, pero lo anterior, fue en presencia de los representantes de los Partidos Políticos y sin que se hiciera constar incidente alguno o protesta de los representantes de los mismos, ... también se aprecia de las actas de la jornada electoral que tienen valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 536 fracción I del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, lo que pudo retrasar la instalación de la casilla y la consecuente recepción de votación, siendo que el promovente omite acreditar, con prueba alguna, sus afirmaciones en el sentido de impedimento que tuvieron los ciudadanos para emitir su voto, siendo necesario distinguir que al tratarse de apertura retardada y no de cierre anticipado, los ciudadanos que decidieran no esperar, bien pudieron haber regresado a emitir su voto, puesto las casillas estuvieron abiertas hasta la hora señalada, por ello, se estiman infundados los agravios expuestos por el promovente en este sentido.

Deducción nunca desvirtuada por el recurrente pues consta en los autos de la resolución atacada, valorando lo expuesto de acuerdo con los artículos 533 fracciones I y IV, 536 fracción I, 540, 541, 542, 543 y 544 ibídem, que: nunca se acreditó el impedimento a los electores y que tal juez destacara, punto total que resulta suficiente para validar lo resuelto tocante al punto, además de que porque son INFUNDADOS tales alegatos pues lo que ha sido sostenido por el actor no encuadra en la hipótesis prevista del artículo 637 fracción X del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, toda vez, que ésta se refiere a cuestione distintas, se refiere a impedir, sin causa justificada, el ejercicio del derecho a voto a los ciudadanos y que tal cosa sea determinante para el resultado de la votación.

Por ende, la causal de nulidad hecha valer, se refiere al artículo 637 fracción IV, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, el cual se refiere a recibir la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección, y se reitera, son infundados por ser una contundente consideración la que ha de hacerse refiriéndose a que la prohibición que hay para el momento de la instalación siempre resultara posterior a la hora señalada para que se vote, ya que el artículo 390 del citado ordenamiento legal establece distintos horarios posteriores a las ocho de la mañana para instalar las casillas, tal cual ha hecho valer el tercero interesado en su escrito de cuenta, posibilitándose incluso según el caso hacerse tal instalación a las diez horas del día de la jornada electoral, plazo que sobrepasa el equívoco lapso considerado causa de nulidad por el actor, pues al efecto el artículo aludido dispone:

Art. 390. (Se transcribe...)

Resultando sólo subjetividades del actor, estimaciones aritméticas de porcentajes que para ser tenidas por ciertas debieron acreditarse con pruebas fehacientes, y no con simples cálculos estadísticos, respecto de que en promedio por hora votaron un determinado número de ciudadanos obtenido de alguna supuesta división del total de los que sufragaron entre las horas que la casilla recibió el voto de los electores, pues tenía que haber probado de acuerdo con el artículo 541, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche en vigor, que le obliga a la carga de la prueba, que efectivamente faltaron por votar un número de ciudadanos igual al que afirmó que no votaron en el tiempo que dice le fue impedido el acceso al voto por haberse retrasado su recepción al recibir la votación en los horarios descritos en su demanda, siendo válido el principio en este caso de que hay más de una duda razonable respecto del número real de ciudadanos que votaron o dejaron de votar en cada una de las horas en que se celebró la Jornada electoral en todas y cada una de las casillas aludidas, resultando que pudo haber sido mayor o menor el número de los votantes en cada caso en particular, o sea no coincide con las estimaciones numéricas del impugnante, hechos en lo general y en lo específico nunca ciertamente probados con incidentes conexos con las inherentes actas, y nunca referenciarse ni en general ni al detalle en los agravios expresados en la demanda ejercitada, tras nunca haber correcto enlace o siquiera enlace alguno verificable indubitable, entre lo aducido con el carácter de verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí las probanzas aportadas y el alegato vertido, que por ende nunca generarían convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados de acuerdo con los artículos 536 fracción V, 541, 542, 543 y 544 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche en vigor.

Asimismo, cabe hacer notar que adujo que la recepción de la votación retrasada en demasía en su concepto, provocó abstencionismo en los electores que fueron tempranamente pero que se desanimaron optando por ir a cumplir otros posibles compromisos, lo cual no es un argumento encuadrable en la calidad de agravio, toda vez que, la ley Suprema de la Nación y el artículo 4 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche en vigor, establecen que no sólo es un derecho el ser votado y votar sino una obligación de cada ciudadano, por lo que la falta de cumplimiento a dicha obligación es en todo caso, en perjuicio del elector incumplido, o del actor, pues a nadie ha de beneficiar su propio error ni tampoco beneficiarse de los de los terceros, a lo que se suma que las casillas que dice recepcionaron tardíamente los votos, permanecieron abiertas el tiempo que marca la ley electoral invocada en su numeral 416: La votación se cerrará a las dieciocho horas. Podrá cerrarse antes de la hora señalada sólo cuando el presidente y el secretario certifiquen que hubiesen votado todos los electores incluidos en la Lista Nominal correspondiente; por lo que siendo además inhábil por disposición legal el día de la jornada electoral, se privilegia el compromiso del cumplimiento de la emisión del sufragio por sobre otros compromisos particulares de cada ciudadano, así que no es válido pretextar que un retraso justificable les haya desalentado a cumplir con su obligación, cuando tuvieron la oportunidad legal de acceder a la emisión de dicho sufragio durante el resto del tiempo de la jornada, y nunca se aportó prueba alguna que acredite tal dicho en la que conste que los electores de las casillas se fueron sin votar por el retraso en la recepción de la votación, por lo cual tampoco procede su punto tocante a la vulneración del voto en cuanto a que se hubiere impedido tal con el retraso alegado; y tampoco ante la secrecía del voto tampoco pudo el actor tener la certeza de que los votos que dice no se recibieron en los tiempos que alegó fueran para su partido; considerando también que los actos de la instalación de la casilla pueden justificar en principio el retraso en su inicio, pues la recepción del voto sigue a la instalación de la casilla, previamente verificados algunos actos que abarcan tiempo que retrasa la recepción del voto por lógica contundente a la que se aúna más tiempo aún, si la calidad profana del designado al azar para integrar la mesa directiva de la casilla es atendida, por su natural impericia, duda, titubeos, temores, sobre todo teniendo en cuenta que dichas personas ignorantes de la materia electoral fueron instruidas supuestamente para contar, rubricar, sellar boletas haciendo constar en el acta de la jornada electoral, el lugar, la fecha, la hora en que se inicie dicho acto instalatorio, el nombre de cada una de las personas que van a fungir como integrantes de la mes directiva de la casilla, el número de boletas recibidas para cada una de las elecciones, sobre todo si ha de considerarse que puede usualmente concurrentes, que se armaron las urnas en presencia de todos y cada uno de los funcionarios, representantes y electores, para comprobar que estaban vacías y que se colocaron en una mesa o lugar adecuado a la vista de los representantes de los partidos políticos o coaliciones, considerando también que algún representante partidista o coalicionario, puede pedir o rubricar todas y cada una de las boletas, con el derecho que le concede la Ley, previa solicitud y hasta después de todo eso y muchas cosas mas acto continuo se procederá al llenado del primer apartado del acta de la jornada electoral, todo eso atendido que sea el procedimiento establecido por los artículos 387, 389, 391 y demás relativos y aplicables del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, etcétera, siendo aplicable al caso lo que sigue:

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN. LOS ACTOS DE INSTALACIÓN DE LA CASILLA PUEDEN JUSTIFICAR, EN PRINCIPIO, EL RETRASO EN SU INICIO (Legislación del Estado de Durango). (Se transcribe...)

RECIBIR LA VOTACIÓN EN FECHA DISTINTA A LA SEÑALADA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA ELECCIÓN. SU INTERPRETACIÓN PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSAL DE NULIDAD. (Se transcribe...)

También cabe hacer notar que la casilla 244 C5 fue anulada por el juzgador atacado así que ahora la reconsideración enderezada en su contra queda sin materia.

El agravio SEXTO es INFUNDADO también porque, revisados los folios de las boletas recibidas para la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, del acta de la jornada electoral que obra en autos, puede concluirse que: fueron entregadas las boletas de folios 0028937 hasta la 0029630, de donde se obtiene que las entregadas nunca fueron 730, que se consignaron en el acta inherente a la jornada y en la del escrutinio y cómputo de la casilla 244 C2 antes bien fueron: 693, a las que sumadas 420 sobrantes, corregido que fue tal dato precitado en diligencia respectiva, mas 273 votos que se debieron emitir según la lista nominal respectiva, y que si el error de asiento en los rubros del acta tocante resulta superado advertido que tal es la cifra que resulta de la suma de votos emitidos a favor de cada partido: 251, más los votos nulos: 22, es inconcuso que coinciden a plenitud los datos de las boletas recibidas, las que sobraron o se inutilizaron, los votos extraídos de la urna, la cifra de los electores de la casilla según la lista nominal, y los votos válidos y nulos, ocurriendo las incongruencias por el inexacto vaciado de datos para cada rubro de tales actas referidas, que aunque así fueron redactadas, de la certeza de las elementales operaciones aritméticas descritas, puede válidamente concluirse que sólo hubo un error de redacción nunca determinante para el resultado de la votación en la casilla recurrida, por lo que la causa de nulidad contenida en el artículo 637 fracción VI nunca se actualizaría, tras nunca haber correcto enlace o siquiera enlace alguno verificable indubitable, entre lo aducido con el carácter de verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí las probanzas aportadas y el alegato vertido, que por ende nunca generarían convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados de acuerdo con los artículos 536 fracción V, 541, 542, 543 y 544 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche en vigor, valorado que fue lo analizado por la inferioridad colegiada corroborada por lo estudiado exhaustivamente por esta Sala de Alzada concluido en tal sentido resultando aplicable la siguiente tesis jurisprudencial:

ERROR EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. EL HECHO DE QUE DETERMINADOS RUBROS DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO APAREZCAN EN BLANCO O ILEGIBLES, O EL NÚMERO CONSIGNADO EN UN APARTADO NO COINCIDA CON OTROS DE SIMILAR NATURALEZA, NO ES CAUSA SUFICIENTE PARA ANULAR LA VOTACIÓN. (Se transcribe...)

En consecuencia, dado que en ningún momento, en primera instancia, dejó de observar los principios de certeza, constitucionalidad y legalidad que indica el recurrente y mucho menos violentó el principio de proporcionalidad a que se refiere con insistencia, toda vez que en la primera instancia, se observaron todas las disposiciones legales que previenen y definen el procedimiento a seguir, para la asignación de Diputados por principio de Mayoría Relativa, señalando el artículo 453, 459 y 470 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, deben de tenerse por infundados e inoperantes los agravios expresados y confirmarse, la sentencia impugnada, quedando los votos para los partidos tal cual se redactaron en la resolución que se confirma:

Modificación de los resultados del ACTA DE CÓMPUTO DISTRITAL EMITIDA POR EL CONSEJO DISTRITAL No. XI, DEL MUNICIPIO DE CARMEN, CAMPECHE, EN LA QUE SE CONSIGNAN LOS RESULTADOS DEL CÓMPUTO DISTRITAL PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTADO POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA, para quedar como sigue:

Aunque nunca fue contemplado en la litis, no pasa desapercibido para esta autoridad, que al realizar la sección de ejecución el pleno del resolutor inferior, referente al Distrito XI, hizo erróneamente las siguientes anotaciones: RESULTADOS MODIFICADOS DISTRITALES DE LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS DEL ESTADO DE CAMPECHE, DISTRITO XI: PAN=7184 Y PRI=7238, que se advierten a fojas 1797 vuelta de los autos recurridos, notándose que la diferencia entre 1° y 2° lugar es de 54 votos, cuando realmente de acuerdo a la resolución de la reconsideración es de: 44 votos, tal cual se desprende de lo estudiado que se consignó en el cuadro que antecede.

Por lo anteriormente expuesto, considerado y fundado, es de resolverse y se

R E S U E L V E:

PRIMERO: Son infundados e inoperantes los agravios expresados en el recurso de reconsideración interpuesto por el PARTIDO ACCIÓN NACIONAL conforme a lo expuesto en el Considerando III de la presente resolución mismo que aquí se tiene por reproducido para todos los efectos legales correspondientes.

SEGUNDO: Se confirma en todos sus términos la sentencia dictada el doce de agosto de dos mil tres, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Electoral dependiente del Poder Judicial del Estado de Campeche, en el juicio de inconformidad que cursó bajo el expediente número J1/JI/017/PAN/2003, declarándose la validez total de los resultados consignados en el acta de cómputo distrital en la elección de diputado, emitido por el Consejo Electoral Distrital No. XI del Instituto Electoral del Estado de Campeche el día nueve de julio de dos mil tres con sede en el Municipio de Carmen, Campeche.

La anterior resolución le fue notificada al actor el primero de septiembre de dos mil tres, según consta a fojas 304 del cuaderno accesorio número 1.

VII. El cinco de septiembre de dos mil tres, el Partido Acción Nacional, por conducto de su apoderada la ciudadana María del Carmen del Río Yelmi, promovió juicio de revisión constitucional electoral, en contra de la resolución señalada en el resultando precedente, expresando los siguientes agravios:

Causa agravio al partido político que represento la totalidad de la resolución individualizada en el proemio del presente ocurso, ya que la autoridad responsable dejó de aplicar los principios fundamentales de apego a la legalidad, limitándose a ignorar los argumentos vertidos por Acción Nacional en el recurso de reconsideración antes señalado y, además por señalar que aquellos que sí deduce son infundados; aplicando supuestos que no tienen absolutamente relación alguna con los agravios señalados por éste recurrente, vulnerando de este modo, disposiciones legales expresas de la legislación electoral vigente en el Estado de Campeche, así como disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en particular, los principios rectores del proceso electoral: legalidad, certeza, independencia, objetividad e imparcialidad, a los que deben sujetarse las actuaciones y resoluciones de las autoridades electorales, de conformidad con lo siguiente:

PRIMERO.- Causa agravio al Partido Acción Nacional, la resolución señalada en el proemio del presente ocurso, en particular, en los considerados que se irán identificando en el transcurso de este escrito y que llevaron al pronunciamiento de los puntos resolutivos que por este medio se impugnan.

En este tenor, agravia al Partido Acción Nacional el hecho de que la sala electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, teniendo a la vista debidamente probadas las irregularidades sucedidas durante las distintas etapas del proceso electoral celebrado con motivo de la elección de Diputado haya procedido a declarar la validez de la elección de Diputado y a Dulce María Cervera Cetina Diputada electa de Campeche.

Lo anterior se afirma en virtud de que en los términos de la resolución dictada, y de que deriva el presente asunto, por ese mismo órgano jurisdiccional, queda acreditado que la sala electoral del Tribunal Superior de Justicia de aquella entidad federativa en forma completamente desapegada a derecho determinó infundados los agravios hechos valer por mi representado en tiempo y forma, pues dejó de conocer sobre las probanzas aportadas para demostrar las irregularidades manifestadas en el medio de impugnación correspondiente.

Efectivamente, en la resolución que ahora se combate se llega a la conclusión por parte de la sala electoral de que la elección resulta válida, y que se ajustó a los principios de constitucionalidad y legalidad; para arribar a dicha conclusión, es obvio que el órgano jurisdiccional dejó de tomar en cuenta cuestiones fundamentales hechas valer por la suscrita que guardan relación directa precisamente con esos actos trascendentes del proceso electoral, específicamente de la elección de Diputado, y por tanto el contenido de sus resoluciones, a juicio de Acción Nacional no puede considerarse apegado a los principios rectores de la materia electoral señalados por la responsable y consecuentemente la resolución emitida respecto del cómputo distrital que ahora se combate resulta infundada.

A.- Ahora bien, manifestada mi inconformidad respecto a los actos realizados por la sala electoral de referencia procedo a manifestar los motivos en que se funda el perjuicio que considero causan al Partido Acción Nacional a fin de que ésta H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en plenitud de jurisdicción los conozca y se pronuncie al respecto.

El primer punto que me permito poner a su consideración, tiene relación con los términos de procedencia a las pretensiones manifestadas en el proemio del presente escrito y que se refieren específicamente a la consecución de una declaración de nulidad de la elección de Diputado del Estado de Campeche.

En principio la pretensión de la suscrita pudiera considerarse, como materialmente lo hizo la Sala responsable, que no resulta viable a través de un dispositivo que en forma literal la señale; sin embargo, consideramos que sí lo es en los términos de una interpretación sistemática y funcional de las diversas disposiciones que en materia electoral contienen, tanto el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche como la Constitución Local, pues sólo bajo el estudio de todas ellas es que puede concluir la existencia o inexistencia de supuestos jurídicos, y no sólo de una interpretación individual y aislada de las normas.

Estas normas cuya interpretación sistemática y funcional nos permiten arribar a tal conclusión son las que a continuación en los términos siguientes se transcriben.

El artículo 3° del código electoral, por ejemplo, establece que:

La aplicación de las normas de este código corresponde al Instituto Electoral del Estado de Campeche, a la Sala y Juzgados Electorales del Poder Judicial del Estado y al Congreso del Estado, en sus respectivos ámbitos de competencia. La interpretación se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por otra parte, el artículo 511 dispone en el mismo sentido, que:

Para la resolución de los medios de impugnación previstos en este código, las normas se interpretarán conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional. A falta de disposición expresa, se aplicarán los principios generales del derecho.

Finalmente el numeral 34 del mismo ordenamiento secundario electoral claramente dispone que:

Cuando se declare nula una elección o los integrantes de la fórmula o planilla triunfadora resultaren inelegibles, la convocatoria para la elección extraordinaria deberá emitirse dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la conclusión de la última etapa del proceso electoral.

Es decir, ante la posibilidad de que una elección, cualquiera, la de gobernador, diputados, ayuntamientos o juntas municipales, la ley establece el procedimiento que deberá seguirse a fin de poder realizar elecciones extraordinarias.

Por otra parte, el artículo 632 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche establece un sistema de nulidades que pueden afectar las elecciones que se celebren en su territorio. Las nulidades a que se refiere dicho precepto son aquellas que pueden:

... afectar la votación emitida en una o varías casillas y, en consecuencia, los resultados del cómputo de la elección impugnada, o la elección en un distrito electoral uninominal, para la fórmula de diputados de mayoría relativa, o la elección en un Municipio o Sección Municipal para la planilla de presidente, regidores y síndicos de Ayuntamientos y Juntas Municipales, por el principio de mayoría relativa, o la asignación de diputados o regidores y síndicos de Ayuntamientos y Juntas Municipales por el principio de representación proporcional.

En consecuencia, las nulidades contempladas por el artículo 632 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales podrán afectar la votación emitida en una o varías casillas y, en consecuencia, los resultados del cómputo de la elección impugnada;

•         La elección en un Distrito Electoral Uninominal, para la fórmula de diputados de mayoría relativa;

•         La elección en un Municipio o Sección Municipal para la planilla de presidente, regidores y síndicos de ayuntamientos y juntas municipales, por el principio de mayoría relativa, y

•         La asignación de diputados o regidores y síndicos de ayuntamientos y juntas municipales por el principio de representación proporcional.

Es preciso resaltar que el citado numeral de manera expresa establece estas cuatro posibilidades, dado que, entre una y otra, se emplea una conjunción disyuntiva o, con lo cual, de manera categórica se prevé que una nulidad puede afectar la votación emitida en las casillas y el cómputo subsiguiente; la elección en un distrito uninominal; la elección de un Municipio o una Sección; o, finalmente, la asignación de diputados, regidores o síndicos, en tratándose de la representación proporcional.

Contra esta afirmación se podría sostener que el precepto hace referencia, exclusivamente, a los casos en que es impugnada la votación recibida en una o varias casillas en los casos específicos que apunta, lo cual se debe desechar, en consideración a que si este fuera el exclusivo alcance de la disposición que nos ocupa, el segundo y siguientes períodos, que en la misma se separan con punto y coma, carecerían totalmente de sentido, pues su función en esa equivocada interpretación quedaría agotada con la referencia a los resultados del cómputo de la elección impugnada, sin embargo esta expresión es abierta y sin limitaciones, por lo cual comprende a cualquiera de las elecciones reguladas en el código.

Por su relevancia para el caso que nos ocupa, nos interesa la mención expresa de una nulidad que puede afectar la votación emitida en una o varias casillas y, en consecuencia, los resultados del cómputo de la elección impugnada. Dicha nulidad, a diferencia de las otras, no limita su alcance a elecciones en lo específico. En efecto, las otras tres posibilidades se refieren, respectivamente, a nulidades que pueden ocurrir en tratándose de:

•         Un Distrito Electoral Uninominal, para la fórmula de diputados de mayoría relativa;

•         La elección en un Municipio o Sección Municipal para la planilla de presidente, regidores y síndicos de Ayuntamientos y Juntas Municipales, por el principio de mayoría relativa; o

•         La asignación de diputados o regidores y síndicos de Ayuntamientos y Juntas Municipales por el principio de representación proporcional.

A diferencia de las anteriores, la primera, es susceptible de decretarse respecto de la votación emitida en una o varias casillas y, en consecuencia, respecto de los resultados del cómputo de la elección impugnada, por lo que en teoría, de presentarse causales de nulidad en una o varias casillas, es posible decretar una nulidad y que ésta afecte los cómputos de cualquier elección, inclusive la de diputado, que es la que faltaría de enunciar literalmente pero que, si se hubiera buscado prohibir su posibilidad, bastaría que la enunciación se refiriera exclusivamente a las tres hipótesis restantes en ese mismo artículo, pues la primera parte del dispositivo normativo sobraría sin ningún sentido.

A mayor abundamiento, el artículo 602 del mismo Código Electoral en comento textualmente previene lo siguiente:

Durante el proceso electoral y exclusivamente en la etapa de resultados y de declaraciones de validez, el juicio de inconformidad procederá para impugnar las determinaciones de las autoridades electorales que violen normas constitucionales o legales relativas a las elecciones de gobernador, diputados y presidente, regidores y síndicos de Ayuntamientos y Juntas Municipales, en los términos señalados por el presente ordenamiento.

El mandato contenido en este ordinal, entonces, no se encuentra limitado ni condicionado en forma alguna; contrayéndose a establecer una norma de naturaleza genérica en el sentido de que el recurso de reconsideración será procedente para combatir cualquier determinación proveniente de una autoridad electoral que sea violatoria de normas constitucionales o legales relativas a cualquier elección; limitándose únicamente quizá, a establecer una salvedad de carácter temporal pues el mismo procederá exclusivamente en la etapa de resultados y de declaraciones de validez.

De este modo, el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche establece un sistema de nulidades diferenciado, en los términos que se detallan en párrafos posteriores, y que son susceptibles de ser controvertidas a través de la interposición del recurso de reconsideración para atacar no sólo la votación emitida en una o varias casillas, sino además, la validez de la elección de gobernador, diputados y presidente, regidores y síndicos de Ayuntamientos y Juntas Municipales.

Estas afirmaciones se robustecen si se examinan además, sistemáticamente las disposiciones aplicables, ejemplo de ello el contenido del artículo 82-1, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Campeche que textualmente previene:

A la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado, erigida en sala electoral, le corresponde resolver en forma exclusiva, definitiva y firme, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre: (...)III. En segunda instancia los recursos que se interpongan en contra de las resoluciones que en materia electoral se dicten en los juzgados electorales;(...)

Dicho artículo establece, básicamente, que a la sala electoral le corresponde resolver en forma exclusiva, definitiva y firme, en los términos de ley, sobre el cómputo final de la elección de Diputado, procediendo a formular la declaración de validez de la elección y la de diputado electo respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos, expidiendo la respectiva constancia.

Es decir, en el Estado de Campeche a la autoridad judicial en materia electoral le corresponde resolver sobre el cómputo final de la elección de diputado expidiendo la respectiva constancia, pero también le corresponde proceder a formular dos declaraciones: la declaración de validez de la elección y la declaración de diputado electo respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos.

Estas acciones consideramos, aunque se encuentran íntimamente relacionadas no necesariamente son concomitantes a aquélla. Es pertinente considerar lo previsto por el artículo 459 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche que sí distingue de una manera secuencial estas etapas al establecer en lo conducente que:

Concluido el cómputo y emitida la declaración de validez, el presidente del Consejo Electoral, Distrital o Municipal según corresponda, extenderá la respectiva Constancia de Mayoría, de acuerdo con el modelo que al efecto se apruebe por el Consejo General, (...)

Como puede apreciarse, existe un orden lógico de acontecimientos que deben de sucederse en el tiempo y que concurren al mismo propósito. Para la elección de diputado, estos acontecimientos son: realizar el cómputo final, declarar la validez de la misma y hacer la declaración de diputado electo en favor del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos, según el cómputo mencionado; empero si bien todos estos acontecimientos se entrelazan en una unidad de propósito, como ya dijimos, no menos cierto es que son independientes entre sí, pero que, sin embargo, en determinadas circunstancias si no culmina satisfactoriamente una etapa, no puede accederse a la siguiente; tan es así, que no basta con realizar una de estas acciones o tenerla por concluida para que se den por satisfechas el resto pues sería innecesaria su posterior mención o enumeración como acontece; así pues, el cómputo y la declaración de diputado electo son dos acontecimientos que se sustentan en un acto previo imprescindible: la declaración de validez de la elección, pues no sería lógico pretender que en el supuesto de que la elección no fuera declarada válida, se continuara con el resto del trámite: efectuar el cómputo y formular la declaración de diputado electo y lo sería por la simple y sencilla razón de, que estas acciones no pueden producirse en un supuesto según el cual el elemento indispensable, la celebración de unas elecciones válidas o conforme a derecho, no está satisfecho.

Entonces, bajo el estudio de los dos dispositivos transcritos, podemos validamente concluir que la sala electoral tiene la obligación de realizar para la resolución de todas las controversias que se le planteen mediante la aplicación de la normatividad correspondiente, interpretando éstas siempre bajo criterios amplios y no limitados a su literalidad, sino a través de una correlación de todos ellos, definiendo la posibilidad de otorgar las pretensiones de los justiciables tras un análisis exhaustivo de lo que ha tenido a la vista y la medida de lo que su jurisdicción le permita, que en el caso que nos ocupa el propio numeral 518 del ordenamiento citado, establece que la Sala tendrá jurisdicción plena en la resolución de sus asuntos. Por lo que, una acción contraria a lo anterior, como creemos sucedió en el caso concreto, atenta en contra de los intereses de la sociedad campechana y causa agravio a Acción Nacional, pues aún en la posibilidad de proveer satisfactoriamente a nuestra pretensión de tener por acreditadas las irregularidades hechas valer y en consecuencia declarar la nulidad de la elección, la sala electoral dejó de aplicar el derecho en forma correcta, para proceder a dictarlo basada en conclusiones incompletas.

Afirmamos lo anterior pues si bien es cierto, como se desarrollará en los siguientes párrafos, el sistema de nulidades contenido en el código electoral no establece expresamente, en un precepto legal concreto, la existencia de una causal de nulidad respecto a la elección de diputado del estado, no menos cierto es, que ello no obsta para que esta exista en la realidad, en una realidad que jurídicamente puede demostrarse y que sin embargo, la sala electoral no tomó en cuenta para dictar su resolución, específicamente la que se combate por este medio, pues en tanto no se reconozca ella misma la posibilidad de no solamente realizar la acción en sentido positivo de declarar la validez de una elección sino de también poder hacerlo en sentido negativo, es decir, declarar la nulidad de ella, como así lo solicitó la suscrita mediante los hechos demostrados en el recurso de reconsideración que le fue planteado.

A manera de conclusión de lo antes planteado, podemos decir que:

1.     Las autoridades electorales del estado de Campeche, tanto administrativas como jurisdiccionales, tienen la obligación de que para la aplicación de las normas de esta materia se realice una interpretación sistemática y funcional, además de la gramatical.

2.     Que ello significa que el sistema de nulidades comprendido en el código electoral no debe considerarse limitado a los supuestos específicamente establecidos, sino que debió buscarse, partiendo de lo que éstos disponen, la posibilidad de reconocer las pretensiones de los justiciables buscando siempre la interpretación que los favorezca.

3.     Que en virtud de ello, es posible considerar que la sala electoral puede no solamente declarar la validez de una elección, sino también la nulidad de la misma, partiendo para ello de lo que se haga de su conocimiento y se acredite a través de los medios de impugnación referentes a una elección en la etapa de resultados y declaración de validez de ésta.

4.     Que ante el actuar distinto de la autoridad que señalo como responsable, Acción Nacional manifiesta su inconformidad en los términos de este libelo.

B.- Pasamos entonces a explicar por qué consideramos que existe la facultad de la Sala para proveer de conformidad a las pretensiones de Acción Nacional en el sentido de haber declarado la nulidad de la elección.

Señalamos ya lo referente a un análisis exhaustivo de las disposiciones en una interpretación sistemática y funcional de las normas como obligación por parte del órgano jurisdiccional, ahora me permito manifestar cuáles de esas normas son las que a juicio de quien suscribe debieron tomarse en cuenta por la autoridad ahora responsable.

En primer lugar, tenemos que en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 116 de la Constitución General de la República, la Ley Electoral secundaria del Estado de Campeche prevé un sistema de medios de impugnación, si analizamos el fin último del dispositivo constitucional, este mandato va dirigido a crear en cada una de las entidades federativas, la posibilidad de que tanto ciudadanos como partidos políticos tengan alcance a que en el caso de que los actos o resoluciones de las autoridades electorales resulten violatorios de los distintos principios rectores de toda elección, existan medios y autoridades que puedan mediante su intervención garantizar que éstos se cumplan. Esta posibilidad la vemos plasmada en el artículo 512 del Código Electoral que a continuación se transcribe:

El sistema de medios de impugnación regulado por este Código tiene por objeto garantizar que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales se sujeten invariablemente, según corresponda, a los principios de constitucionalidad, legalidad y definitividad de los distintos actos y etapas de los procesos electorales.

Es decir, todos los actos y resoluciones deberán apegarse estrictamente a los principios de constitucionalidad y legalidad de los procesos electorales, vale la pena entonces, conocer cuáles son esos principios.

La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos establece según el artículo 41 en su fracción III que:

La organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores.

Además, en el orden local, el artículo 137 del Código Electoral establece literalmente:

Todas las actividades del Instituto Electoral del Estado se regirán por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad

Vale la pena entonces mencionar que si se considera al Instituto Electoral del Estado como el responsable del desarrollo de un proceso electoral, en este caso para la elección de Diputado, entonces podemos afirmar que los resultados de votación que se reciban así como las condiciones en que así se haga, serán consecuentemente responsabilidad del órgano citado y por lo tanto, su realización deberá sujetarse a éstos principios.

Sin embargo, además de los ya mencionados, los criterios sostenidos por ésta H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha determinado cuales son los principios constitucionales que deben observarse en una elección, ello bajo la aprobación de la siguiente tesis:

ELECCIONES. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES QUE SE DEBEN OBSERVAR PARA QUE CUALQUIER TIPO DE ELECCIÓN SEA CONSIDERADA VÁLIDA.— (Se transcribe...)

Entonces, atendiendo a lo preceptuado por el artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que los poderes de los estados se organizarán conforme con la Constitución de cada uno de ellos con sujeción a las normas que en el mismo ordinal se fijan, y que, a través de las leyes de los estados en la materia que nos ocupa, se deberá garantizar que se establezca un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad, absolutamente ningún acto o ninguna resolución de este tipo podrá sustraerse a los sistemas de medios de impugnación que las leyes de los estados prevean en el ámbito electoral y sean conformes con el mandato constitucional y, mucho menos, al principio de legalidad.

Tenemos pues que el artículo 632 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche establece un sistema de nulidades que pueden afectar, entre otras, la votación emitida en una o varías casillas y, en consecuencia, los resultados del cómputo de la elección impugnada; pudiéndose entender, por ésta, válidamente, la elección de Diputado; y por la expresión cómputo, cualquiera que éste sea; ya sea el emitido por los consejos electorales distritales, ya el emitido por la sala electoral. En este punto es preciso recordar que en la elección de diputado se realizan dos cómputos distintos, primero en el seno de los consejos electorales distritales, los cuales dentro del ámbito de su competencia, tienen la atribución de realizar el Cómputo Distrital de las elecciones de candidato a Diputado en el Estado de Campeche (artículo 191, fracción I y VIII) y el que efectúa el Juzgado Electoral (82-2, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Campeche).

Tenemos además que la sala electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado puede, en uso de atribuciones expresas otorgadas por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Campeche en el señalado artículo 82-1, fracción II, declarar la nulidad de la elección. Se dice que puede formular la declaración de que la elección no fue válida pues, un razonamiento distinto, es decir, en el sentido de que no puede emitir dicha resolución, sería contrario a la sana interpretación de este precepto pues resulta ilógico pretender que quien puede declarar la validez de una elección no pueda declarar igualmente que la misma fue nula, si ocurrieron circunstancias que así lo ameritan por ser contrarias al orden jurídico o a los principios rectores de procesos de tal naturaleza.

Debe reflexionarse además, que la citada declaración de validez constituye un mandato taxativo de orden constitucional y no potestativo según se aprecia de la manera en que está redactada dicha fracción; misma que emplea el verbo proceder, conjugado en gerundio. Así, el multireferido artículo 82-1 constitucional preceptúa que a esta sala electoral corresponde resolver en definitiva sobre En segunda instancia los recursos que se interpongan contra las resoluciones que en materia electoral se dicten en los Juzgados Electorales, {. . .}.; de donde deviene que para resolver en definitiva sobre el cómputo de la elección de diputado debe declarar la validez de la elección y, en su caso, a emitir la declaración de diputado electo.

En apoyo de esta interpretación es dable tener en cuenta que si se pretendiera argumentar que los precitados artículos 632 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche y 82-1, fracción III, de la Constitución Política de ese Estado sólo contienen menciones aisladas o apéndices inocuos, carentes de cualquier significación o efecto, esto sería de considerarse inadmisible, pues en apego a uno de los principios jurídicos de interpretación, ésta debe hacerse de tal modo que ninguna parte de la norma o del ordenamiento de que se trate, resulte sin producir efectos jurídicos; excepto en el caso de que pueda demostrarse de manera fehacientemente, que el enunciado o expresión relativos sólo fueron producto de un yerro, demostrable, del órgano legislativo; o sea, que se demuestre más allá de toda duda, la intención del legislador de no generar ningún efecto con la norma u ordenamiento.

De ahí que sea posible concluir que la legislación del Estado de Campeche, tanto la de rango constitucional como la de rango ordinario, establecen un sistema de nulidades que comprende diferentes especies de éstas: Dos tipos de nulidades específicas y una especie de nulidad no específica en tratándose de la elección de diputado.

La primera nulidad específica se refiere a la votación recibida en una casilla, que como ya quedó precisado es aplicable a cualquier tipo de elección de las reguladas por el código electoral local y se encuentra prevista en el artículo 632 de la ley secundaria en materia electoral. La segunda nulidad específica se refiere a la nulidad de una elección en un Distrito Electoral Uninominal, para la fórmula de diputados de mayoría relativa, o de una elección en un Municipio o Sección Municipal para la planilla de presidente, regidores y síndicos de Ayuntamientos y Juntas Municipales, por el mismo principio, de acuerdo al artículo 611, fracción V, del mismo ordenamiento que previene que las sentencias que resuelvan el fondo del Recurso de Inconformidad podrán Declarar la nulidad de la elección de diputados o presidente, regidores y síndicos de Ayuntamientos y Juntas Municipales, y en consecuencia revocar las constancias expedidas cuando se den los supuestos previstos en el Título Cuarto de este Libro.

La nulidad no específica, se establece en relación con la elección de diputado, regida por diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Campeche, y del propio Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, relacionadas mediante una interpretación sistemática y funcional, como se venido argumentando y se demuestra a continuación.

a).- En primer término, el artículo 602 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche se prevé que alguna especie de nulidad puede afectar la validez de la elección de diputado, y no sólo el cómputo de la misma; lo anterior, si tomamos en cuenta que el juicio de inconformidad es procedente, en términos generales, para impugnar las elecciones de gobernador, diputados y presidente, regidores y síndicos de ayuntamientos y juntas municipales.

b).- Además, se evidenció que en el artículo 632 del último cuerpo normativo señalado, se establecen causales de nulidad específicas respecto de la elección de diputados por mayoría relativa, presidentes municipales, síndicos y regidores.

c).- Por su parte en el artículo 82-1, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Campeche se prevé que la Sala Administrativa, en segunda instancia conocerá de los recursos que se interpongan contra las resoluciones que en materia electoral se dicten en los juzgado electorales, la cual puede afectar la validez de la elección de diputado, y no sólo el cómputo de la misma; ello, si tomamos en cuenta la atribución expresa de este órgano de declarar la validez de la elección de diputado y, por consiguiente, la invalidez de la misma.

d).- Las precisiones hechas en los párrafos anteriores permiten destacar que lo dispuesto en el artículo 82-1, fracción III, de la Constitución Política local, también alude a un supuesto de nulidad de la elección de diputado, ai referirse a que la sala electoral podrá declarar la invalidez de dicha elección, con lo que ya son dos los preceptos en que se advierte que la elección de diputado puede ser declarada nula, porque de otra manera no tendría ningún sentido referirse a la necesaria declaración de validez de la elección.

Todos los razonamientos anteriores nos permiten arribar a la conclusión de que en el sistema legal de nulidades que regula el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche es posible distinguir dos órdenes de causales de nulidad:

El primero de los cuales está compuesto por causales específicas, que rigen tanto la nulidad de la votación recibida en casillas respecto de cualquier tipo de elección, como la nulidad de las elecciones de diputados de mayoría relativa y de presidentes municipales, síndicos y regidores.

El segundo orden integrado por una categoría de nulidad, de tipo abstracta (en oposición al carácter específico de las anotadas en el párrafo anterior), cuyo contenido deberá ser hallado por el juzgador en cada situación que se someta a su consideración, y que tome en cuenta las consecuencias en cada caso concreto y los múltiples y complejos factores que intervienen en un proceso de índole electoral, mismo que solamente puede ser aplicada.

De pretender que la supuesta ausencia de causales específicas de nulidad para la elección de diputado hace imposible declarar la nulidad de la elección, con independencia de las irregularidades cometidas en ella que no pueden remediarse con la nulidad de votación recibida en casillas en particular, se llegaría al absurdo de aceptar que dicha elección debe prevalecer a pesar de la existencia de irregularidades inaceptables que comprometen elementos esenciales y que son determinantes para el resultado de la elección. Lo cual es inadmisible en virtud de que precisamente la obligación impuesta por la Constitución General en el sentido de que debe existir en cada entidad federativa un sistema de medios de impugnación que permita garantizar la constitucionalidad y legalidad de los actos electorales, va encaminada a que el desarrollo de una elección se realice con estricto apego a los principios rectores de la materia electoral y a los principios constitucionales que pueden garantizar una elección democrática.

Ante la ausencia del cumplimiento a los mismos, la sala electoral, no puede omitir su estudio y declarar, como lo hizo, la validez de una elección en la cual no se respetaron esos principios y elementos básicos, puesto que ello significaría una violación más a los mencionados principios de constitucionalidad y legalidad, que la propia legislación impone a las autoridades electorales, al desconocer los hechos ilícitos y agravios que le fueron planteados en los diversos juicios de inconformidad y que se encuentran demostrados con el caudal probatorio que se anexó a ellos.

Por lo antes expuesto es que me causa agravio la resolución que por este medio se impugna pues la omisión del estudio en una forma exhaustiva de las pretensiones planteadas por Acción Nacional respecto de la validez de la elección, fueron desestimadas por la ahora responsable en el conjunto general de toda la resolución; por lo que solamente se limitó, indebidamente como ya lo planteamos, a su análisis en forma aislada en el distrito XI, como se aprecia de la resolución que nos ocupa; y a este indebido fraccionamiento hay que sumar todavía la desestimación de los agravios hechos valer cuando en su concepto éstos aluden a una nulidad abstracta; es decir, en la mayoría de los casos una de las razones que le sirven para desestimar la procedencia de los agravios hechos valer es que los hechos expuestos no encuadran en los supuestos normativos que regulan el limitado concepto de nulidades que la referida Sala sustenta. Método conforme al cual no se permite que puedan apreciarse en forma global la existencia de las irregularidades cometidas y acreditadas y en consecuencia no da pie a la valoración del conjunto de pruebas en relación directa a la responsabilidad de declarar o no la validez de una elección. Ello causa agravio a mi partido, pues no tuvo en cuenta la sala electoral en la aplicación de las normas, el criterio sistemático y funcional en la interpretación de las mismas y por tanto, deja en estado de indefensión al partido político que represento puesto que no analiza como se le solicitó los motivos, hechos, agravios, pruebas y demás argumentaciones hechas valer en tiempo y forma para atacar la validez del desarrollo de una elección, que consecuentemente favoreció a un partido que incurrió reiteradamente en conductas ilícitas y legitimó el actuar indebido de las autoridades, tanto electorales como del Estado. Es decir, en su análisis, en todo momento, hubo un indebido sesgo puesto que la premisa de la que partió para desarrollarlo fue falsa: a saber, que no había posibilidad legal de declarar nula la elección de diputado celebrada el pasado 6 de julio del presente año en el Estado de Campeche.

SEGUNDO.- Causa agravio al Partido Acción Nacional, la resolución a que se hace referencia en el proemio del presente ocurso, en virtud de la cual, la sala electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche resuelve en forma indebida la controversia planteada sin haber sujetado dicha resolución a los principios fundamentales de legalidad, certeza, objetividad, imparcialidad e independencia a los que deben constreñirse todos los actos y resoluciones de la autoridad electoral, pues al no haber hecho un análisis exhaustivo y congruente de los hechos y los agravios vertidos por el partido al que represento como se precisa en el escrito respectivo, al haberlos declarado infundados sin la debida fundamentación y motivación, al no haber hecho una interpretación de las normas legales conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional y al no haber hecho una valoración adecuada del material probatorio ofrecido, de conformidad con las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, la autoridad responsable vulneró principios constitucionales y legales fundamentales, consagrados, principalmente, en los siguientes preceptos:

El artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificarla forma de su gobierno.

De conformidad con el artículo 41, el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por les de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes frases:

... Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.

II.- La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades. Por tanto, tendrán derecho al uso en forma permanente de los medios de comunicación social, de acuerdo con las formas y procedimientos que establezca la misma.

III. La organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores...

IV.- Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votado y de asociación, en los términos del artículo 99 de esta Constitución.

El Artículo 99 Constitucional establece: El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.

Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre:

...

IV.- Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones. Esta vía procederá solamente cuando la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios elegidos;

Artículo 116.- El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

IV.- Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que:

a)     Las elecciones de los gobernadores de los Estados, de los miembros de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo;

b)     En el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales sean principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia;

c)     Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones;

d)     Se establezca un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad;

e)     Se fijen los plazos convenientes para el desahogo de todas las instancias impugnativas, tomando en cuenta el principio de defínitividad de las etapas de los procesos electorales;

f)      De acuerdo con las disponibilidades presupuéstales, los partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público para su sostenimiento y cuenten durante los procesos electoral con apoyos para sus actividades tendientes a la obtención del sufragio

g)     Se propicien condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación social;

h)    Se fijen los criterios para determinar los límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus campañas electorales, así como los montos máximos que tengan las aportaciones pecuniarias de sus simpatizantes y los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos; se establezcan, asimismo, las sanciones por el incumplimiento a las disposiciones que se expidan en estas materias; e

i)      Se tipifiquen los delitos y determinen las faltas en materia electoral, así como las sanciones que por ellos deban imponerse;

Por su parte, el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que: ... nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho...

El artículo 17 de la Constitución señala que:

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartiría en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones

Los preceptos antes señalados, que contienen los principios fundamentales del proceso electoral en un sistema democrático, se consagran en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Campeche, en los artículos 23, 24, 25, 29, 82-1 y 82-2 y en los artículos 3, 4, 75, 135, 136,137, 501 y 502 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche.

De esta forma, causa agravio al Partido Acción Nacional, el hecho de que la resolución combatida no se haya apegado a los principios constitucionales y legales antes señalados, violentando los preceptos que consagra nuestra Carta Magna en los que se consagran los elementos fundamentales de una elección democrática, cuyo cumplimiento debe ser imprescindible para que una elección sea producto del ejercicio popular de la soberanía y, por tanto, que pueda considerarse como válida.

Una vez que se han señalado los preceptos constitucionales vulnerados por la autoridad responsable en la resolución que por este medio se controvierte, analizaremos las razones por las que consideramos que dicha resolución no está apegada a los principios de certeza, imparcialidad, legalidad, objetividad, independencia, exhaustividad y congruencia a los que deben sujetarse los actos y resoluciones de las autoridades judiciales.

I. Falta de Exhaustividad y Congruencia por parte de la autoridad responsable, en el análisis del recurso de reconsideración interpuesto por el Partido Acción Nacional en contra de los resultados del cómputo distrital para la elección de Diputado en el Distrito que nos ocupa.

En primer lugar, cabe destacar frente a esta H. Sala Superior, el agravio que causa al Partido Acción Nacional el hecho de que la sala electoral Permanente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Campeche, haya hecho un análisis en lo individual y de manera aislada del recurso de reconsideración interpuesto para impugnar la elección de diputado, tanto por Acción Nacional como por otros partidos políticos y que no los haya acumulado en un solo expediente con el propósito de hacer un análisis exhaustivo, profundo y completo de cada una de las pretensiones hechas valer por mi representado; incluyéndose, por supuesto, lo relativo al Juicio del que deriva el expediente en el que se actúa.

Asimismo, causa agravio a Acción Nacional, el hecho de que del contenido de la resolución recaída al juicio de inconformidad interpuesto por Acción Nacional en esta causa, se desprenda que tampoco se hizo una valoración exhaustiva y en su conjunto de todos los hechos y agravios, así como del material probatorio aportados en el mismo; pues de haberlo hecho, habría arribado a la conclusión de que, la elección de Gobernador que se llevó a acabo el pasado 6 de julio en el Estado de Campeche, no pudo, de manera alguna, haber sido declarada válida, cuando resultaron debidamente acreditadas el cúmulo de irregularidades y violaciones sustanciales que se presentaron tanto en la etapa de preparación de la elección, como el día de la jornada electoral en dicho Estado.

En este sentido, resulta palpable que la autoridad responsable vulnera en perjuicio de la institución que represento lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 17 de nuestra Ley Fundamental, mismo que a la letra ordena:

...Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las los judiciales...

Como podemos advertir de la simple lectura del texto del dispositivo constitucional anteriormente citado, el principio de exhaustividad se encuentra elevado a rango constitucional para todas las asignaturas jurídicas incluyendo, obviamente, la materia electoral. Así las cosas, por principio de exhaustividad debemos entender aquella obligación que tienen los órganos resolutores jurisdiccionales de atender en las sentencias que dicten a todos y cada uno de los planteamientos establecidos por los justiciables en sus medios de impugnación, de forma y manera tal que si no atienden con cabalidad y en forma minuciosa cada uno de los asuntos sometidos a su consideración, dicha resolución se encontrará conculcando en perjuicio del recurrente, el artículo 17 de nuestro Código Político.

El principio de exhaustividad tiene como fin, el que las autoridades agoten la materia de todas las cuestiones sometidas a su conocimiento, mediante el examen y determinación de la totalidad de las cuestiones vertidas por los partidos políticos al momento de expresar sus agravios, a efecto de que no se emitan resoluciones incompletas o incongruentes.

Es así como estamos en aptitudes de señalar el criterio que al respecto tiene esa Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de conformidad con las siguientes jurisprudencias:

PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN.— (Se transcribe...)

EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE.— (Se transcribe...)

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR.— (Se transcribe...)

De lo anterior se puede advertir, que la autoridad jurisdiccional resolutora, por mandato constitucional, tiene la obligación de estudiar completamente todos y cada uno de los puntos integrantes de las cuestiones o pretensiones sometidas a su conocimiento ya que, de lo contrario, se atentaría contra el principio de exhaustividad en agravio del promovente de un medio de impugnación, que es, en la especie, el Partido Acción Nacional.

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, es palpable que la responsable no justifica en la resolución que hoy se impugna, las razones por las cuales no realizó la acumulación de los juicios de Inconformidad, interpuestos tanto por el Partido Acción Nacional, como por el resto de los Partidos Políticos ni el análisis conducente que evidenciaba el cúmulo de agravios y la generalizada ola de irregularidades y anomalías que se suscitaron en el transcurso de la jornada electoral y días previos; por el contrario, únicamente se limitó a dar respuesta a cada uno de los Recursos de Inconformidad de manera aislada y a examinar, dentro de los estrechos márgenes de su postura de negar la posibilidad de decretar una nulidad abstracta, los agravios vertidos en cada caso, incluidos aquellos contenidos en el escrito que fue resuelto en la sentencia que ahora se combate; sin que en ningún caso razone, funde o motive las consideraciones que lo llevaron a no atender a lo dispuesto por el artículo 576 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, que a la letra dice:

Artículo 576.- Para evitar el pronunciamiento de fallos contradictorios, en los medios de impugnación, los órganos resolutores competentes podrán determinar la acumulación de los expedientes o tocas que guarden conexidad entre sí, para que sean resueltos conjuntamente en una sola resolución.

Lo anterior es así, toda, vez que, como se desprende de la lectura de los medios de impugnación que se pusieron al estudio de la sala electoral del Tribunal Superior de Justicia de la Entidad por el partido al que represento, lo que se solicita en cada uno de ellos es precisamente la anulación de la elección para diputado del Estado de Campeche, haciéndose valer a través de la impugnación de los resultados electorales de aquellos distritos en donde se identificaron el mayor número de violaciones graves a la jornada electoral, mismas que vulneraron la certeza y transparencia del proceso electoral y atentaron contra el derecho fundamental del sufragio de los ciudadanos del Estado y, en virtud de las cuales, la autoridad responsable no podría haber arribado a la conclusión de que dicha elección podía ser calificada como válida.

En ese tenor es evidente que los medios de impugnación presentados en contra de las elecciones distritales para diputado son absolutamente los adecuados para los efectos que se pretendían obtener en la sentencia que ahora sé recurre.

Ahora bien, por el simple hecho de que Acción Nacional se encontraba impugnando la elección para Diputado en su totalidad, vía elecciones Distritales, resulta jurídicamente lógico que la autoridad jurisdiccional debió haber acumulado los expedientes para dictar una resolución exhaustiva y congruente, en virtud de existir identidad en los sujetos y en la elección que se impugnaba.

Por si fuera poco lo anterior, resulta imperioso en el presente agravio enfatizar que la causal que se invocó en todos y cada uno de los agravios que se expresaron en el recurso de reconsideración, fue la causal abstracta de nulidad, cuya procedencia hemos analizado en el agravio anterior y cuya actualización acreditaremos más adelante.

Bajo ese esquema es absolutamente necesario dimensionar con puntualidad dicha causal de nulidad, en virtud de que la misma se invoca en tanto que el partido político que represento, consideró que existieron durante todo el proceso electoral elementos suficientes como para considerar la conculcación de los principios rectores en la materia electoral, mismos que se encuentran elevados a rango constitucional.

A continuación me permito mencionar sucintamente las anteriores afirmaciones, con independencia del desarrollo de la actualización de la causal abstracta de nulidad que se hará más adelante.

Como lo establecen los criterios de esa Sala Superior, hechos valer en su momento mediante la cita de sendas tesis relevantes, el proceso electoral es uno sólo, que comprende varias etapas, entre las cuales se encuentran:

a.     La preparación de la elección;

b.     La jornada electoral;

c.      Los resultados y declaraciones de validez de las elecciones.

De lo anterior se colige que de conformidad con lo sostenido por ese Máximo Tribunal Electoral, si existe una sola vulneración a los principios rectores en materia electoral en cualquiera de esas etapas, se configura precisamente la causal abstracta de nulidad.

Bajo ese orden de ideas, es claro que la elección para Diputados en el Estado de Campeche es una sola, que se encuentra distribuida ordenadamente en distritos electorales para la recepción de los paquetes electorales. Ahora bien, resulta absolutamente entendible, que si se conculcan principios rectores en materia electoral durante cualquier etapa del proceso electoral, éstos serán cometidos mediante irregularidades realizadas en uno o varios distritos electorales en los que se llevaron a cabo las elecciones para diputados del estado y que, como ya se hecho notar, es una sola organizada en demarcaciones electorales determinadas por la autoridad comicial administrativa.

En esa tesitura, es contundente que si se comete una irregularidad de forma y manera tal que conculque principios constitucionales en uno solo de los distritos electorales, como consecuencia lógica afecta a la totalidad de la elección para Diputado; más aún cuando las irregularidades se comenten en la mayoría de los distritos electorales, como sucedió en el caso que nos ocupa. Aunado a lo anterior, es importante hacer notar que la causal que se invoca en el recurso de reconsideración de ninguna manera resultará determinante cuantitativamente hablando, ya que de entenderse de esa manera desvirtuaría la naturaleza de dicha causal abstracta.

Lo anterior es así en tanto que la causal abstracta de nulidad por su propia naturaleza no admite determinancia en el sentido clásico de las causales específicas señaladas y autorizadas por la legislación electoral campechana, sino que, en tanto que resulta ser una situación de corte extraordinario, rebasa los límites de la misma al contemplar ésta, única y exclusivamente situaciones ordinarias, que de suyo, ya se encuentran rebasadas. Con lo anterior podemos arribar válidamente a la conclusión de que la determinancia en tratándose de la causal abstracta de nulidad de ninguna manera atiende a un criterio cuantitativo, sino a un criterio cualitativo, es decir, no atiende a una circunstancia de cantidad de votos per se, sino que por su propia esencia se encuentra en un estadio superior en tanto que por la vulneración de los principios constitucionales rectores en materia electoral se pone en tela de juicio la legitimidad de la elección en su conjunto.

En consecuencia, es pertinente hacer notar a esa Sala Superior que el hecho de que la sala electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche haya resuelto por separado todos y cada uno de los recursos de reconsideración en contra de la elección para diputado en el Estado, sin haber fundado y motivado las razones por las cuales no acumuló los mismos como lo solicitó oportunamente Acción Nacional, agravia al partido político que me honro en representar en tanto que la causal invocada requiere del estudio de las irregularidades ocurridas en todo el entorno de los comicios celebrados para la renovación del Legislativo del Estado y no únicamente respecto de cada uno de los distritos electorales en los que se recibió dicha votación.

Dichas afirmaciones se realizan en tanto que los agravios esgrimidos en los recursos de reconsideración presentados por la suscrita, incluido aquél del que deriva la presente causa, adquieren dimensiones distintas y alcances diferentes a los que le dio la responsable, pues en los mismos se acredita la vulneración a distintos principios rectores del proceso electoral, como analizaremos más adelante, de tal suerte que la autoridad jurisdiccional tuvo ante sí, elementos suficientes para declarar la nulidad de la elección a Diputado en el Estado de Campeche, ante el conjunto de irregularidades acreditadas no sólo por Acción Nacional, sino por el resto de los partidos políticos que interpusieron los medios de impugnación respectivos; por esta razón, es claro que la responsable debió haber acumulado dichos expedientes para darle su justa dimensión a la causal que se hizo valer y que, al no nacerlo sin justificación alguna, causa agravio al Partido Acción Nacional.

Por otra parte, cabe hacer notar frente a esta H. Autoridad, que la resolución que se impugna no puede ser calificada de congruente, porque deriva de una serie de consideraciones que recayeron a los distintos recursos de reconsideración, que no guardan ninguna relación ni argumentación lógica entre sí. Más aún, en las mismas, no se analizaron exhaustivamente los hechos y agravios que se hicieron valer, se omitió valorar en su justa dimensión y alcance el contenido del material probatorio y se dejaron de aplicar los preceptos legales en materia electoral, de conformidad con los criterios gramatical, sistemático y funcional; todo ello, PORQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARTIÓ DE UNA PREMISA ERRÓNEA, A SABER: QUE EN LA ENTIDAD NO HABÍA LA POSIBILIDAD LEGAL DE DECRETAR LA NULIDAD ABSTRACTA DE LA ELECCIÓN DE DIPUTADO.

II.- Falta de una valoración adecuada y en su conjunto, de los hechos señalados, los agravios vertidos y las pruebas ofrecidas en los juicios de reconsideración interpuestos por el Partido Acción Nacional.

SEGUNDO. EN RELACIÓN CON LA CAMPAÑA HECHOS Y LA INEQUIDAD DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

El agravio que me causa el acto reclamado, concretamente en sus considerandos quinto y sexto, es la violación en perjuicio del partido político al que represento, de preceptos establecidos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la particular del Estado de Campeche, así como en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, pues deja en estado de indefensión al Partido Acción Nacional conforme a los siguientes razonamientos:

1.- Se viola la Constitución Política del Estado de Campeche en su artículo 6 al señalar que: Además de lo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prescribe sobre derechos garantizados para los habitantes de la República, los del Estado de Campeche, gozarán de los demás derechos que la presente Constitución les otorga. En este sentido, se viola en perjuicio del Partido Acción Nacional el respeto al derecho consagrado en el artículo 14 de nuestra Carta Magna, que dispone que: Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; y en la especie, es inconcuso que un derecho consagrado en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, en sus artículos 542 y 544 como es el de valorar los medios de convicción aportados por las partes apegado a ciertos principios y atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia y tomando en cuenta las disposiciones especiales señaladas en el capítulo respectivo de la ley de referencia, es quebrantado en perjuicio del instituto político que represento, sin mediar justificación alguna.

2.- Asimismo, se viola el artículo 116 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su correlativo artículo 24 de la Constitución Política del Estado de Campeche, por cuanto que textualmente dicho ordinal prevé, en su fracción IV, que: Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la Ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votado y de asociación, en los términos de los artículos 82-1 y 82-2 de esta Constitución.

En la especie, es claro que la ley secundaria, en los numerales citados, sí prevé un sistema de valoración de pruebas, empero en los hechos, la autoridad judicial electoral responsable, al margen de las disposiciones legales aplicables y de los principios que rigen sobre el particular, omite dar consecuencia a dicho mandato hasta sus últimas consecuencias pues, bajo el sistema de valoración de los medios de prueba a que se alude líneas atrás, conocido como de la sana crítica o de la libre apreciación razonada, los juzgadores no son libres de razonar a voluntad, caprichosa o discrecionalmente, sino que están sujetos a las reglas de la lógica y de la experiencia y a determinadas reglas especiales, según las cuales los medios de convicción de que se trata sólo adquieren una fuerza demostrativa plena si, y sólo si, los contenidos de cada uno de ellos se adminiculan no sólo entre sí, sino con otros elementos con una fuerza demostrativa independiente que los corroboren, de tal modo que la coherencia racional que guarden entre ellos genere, en su conjunto, suficiente convicción en el tribunal sobre la veracidad de los hechos afirmados.

De ahí que se violen las disposiciones en comento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado de Campeche y de la legislación electoral local en los términos apuntados.

3.- Y se dice que es violatoria la referida resolución en los términos que han quedado anotados, porque las conclusiones a las que arriba en los considerandos que nos ocupan respecto a que sí se garantizaron los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones correspondientes a la elección a Diputado y a que debe declararse válida la elección de Diputado en el Estado, se sustentan sobre razonamientos y conclusiones erróneos, inexactos o infundados; y por ende, son contraventorios de los principios rectores de los procedimientos electorales y, dada su naturaleza, susceptibles de acarrear la declaración de nulidad de la elección, en los términos en que han quedado anotados en párrafos de antelación, conforme a los artículos 602, 632 y 661, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, 82-1 de la Constitución Política del Estado de Campeche y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4.- Ahora bien, las afirmaciones relativas a los agravios que causa a la parte que represento la inadecuada valoración de pruebas y la omisión en dicho análisis por lo que hace a diversos medios de convicción, hallan su sustento legal en los razonamientos que a continuación se externan y que tienen que ver con que la autoridad al emitir su resolución no toma en cuenta, pese a que se aportaron múltiples medios de convicción, que en el transcurso de los meses previos a la elección, los medios de comunicación en la Entidad se volcaron a favor de la campaña del PRI de una manera alarmante: caracterizándose porque de manera diaria, particularmente la prensa y la televisión, emprendieron una campaña significada por:

1.- Una agresión constante al Partido Acción Nacional;

2.- Una agresión constante a los candidatos emanados a dichos partido;

3.- Una agresión constante a las figuras o entidades públicas o de gobierno vinculadas con dicho partido;

4.- Una omisión deliberada del impacto o significación de los actos de campaña llevados a cabo por dicho partido;

5.- Una difusión prolongada y continua de las campañas o actos de proselitismo de los candidatos del Partido Revolucionario Institucional, o bien

6.- Una difusión prolongada y continua de los actos del Gobierno estatal

Lo que quiere decir que cuando no difundían uno u otro de los contenidos anteriores, estaban difundiendo dos o más de ellos, de manera sistemática.

Así, habría que considerar en forma separada la televisión estatal y la prensa local, lo que se hace a continuación; debiéndose apuntar que los siguientes, son sólo ejemplos de lo acontecido en los meses de abril a junio de este año; destacándose que se eligieron diversos medios, respecto de distintos lapsos, para demostrar la referida consistencia en cuanto a los contenidos apuntados en líneas anteriores y que la autoridad en su oportunidad no valoró o lo hizo de manera muy deficiente.

A).- Respecto de la campaña de HECHOS.

La resolución que por este medio se combate y que ha quedado plenamente identificada en el proemio de este escrito, para arribar a la conclusión a la que arriba no toma en consideración la indebida ingerencia del Gobierno del Estado en el proceso electoral a través de la referida campaña de HECHOS.

Destaca pues que, no obstante el pronunciamiento expreso de este agravio que hizo la autoridad en distintas resoluciones, la misma no haya entrado al análisis de fondo del mismo en ninguno de los casos; es decir, en cada caso, la responsable se limitó a:

a).- Realizar una serie de consideraciones de índole general respecto de lo que es una campaña electoral y aquellos preceptos que le son aplicables de la legislación secundaria en la materia; empero no hace un análisis propiamente dicho de los alcances, significación e impacto de las referidas campañas de HECHOS que se vinculan entre sí, entrelazándose tan estrechamente que no se sabe bien a bien dónde inicia una y dónde termina la otra; debiéndose tomar en cuenta, en forma especial, que la autoridad no se manifestó al respecto pues se limitó a hacer ligeras alusiones pero omitió expresar si se tuvo o no, por acreditada, dicha identidad o vinculación entre ambas campañas y las consecuencias inherentes a dicho fenómeno.

b).- Omitir el análisis de coincidencias entre las dos campañas de HECHOS y en todo caso se concluye por parte de la responsable de manera parcial favorable a los intereses del Partido Revolucionario Institucional.

c).- Minimizar los efectos de dicha campaña electoral ilícita.

d).- Tener por indemostrada la vinculación entre el Gobierno del Estado y el Partido Revolucionario Institucional, por lo que hace a las multireferidas campañas de HECHOS.

Omisión o conclusiones que le causan agravio al partido que represento por cuanto que estando obligada la responsable a manifestarse de manera expresa sobre el particular, y al no hacerlo, en un punto tan importante, éste QUEDA EN UN ESTADO DE INDEFINICIÓN; siendo que si se tuviera por demostrada dicha irregularidad, como tácitamente ocurre lo que se pondrá de manifiesto en párrafos posteriores, tal circunstancia sería suficiente para ahondar en la posibilidad de declarar la nulidad de la elección sobre la base de una causal genérica en los términos de los artículos 602, 632 y 661, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, 82-1 de la Constitución Política del Estado de Campeche y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es decir, la autoridad estaba jurídicamente obligada, atenta al principio de exhaustividad, a examinar todos y cada uno de los agravios que se hicieron valer respecto de esta anomalía en todos y cada uno de los juicios de inconformidad que se promovieron en las diferentes elecciones que se impugnaron y en su caso, resolver apegada a derecho considerando su existencia y eventualmente su gravedad; la responsable NO LO HACE y con ello vulnera un derecho de la parte que represento.

Empero, más grave aún es que en ocasiones y de manera tácita la autoridad admita la existencia de dicha anomalía y que en otras no se tenga por acreditada dicha circunstancia; como acontece en la especie; gravedad que se alega por cuanto que la responsable, al no realizar un examen exhaustivo sobre el agravio relacionado con las campañas de HECHOS, del que sí toma debida cuenta y a continuación expone una serie de razonamientos jurídicos relativos al concepto y alcance de las campañas electorales, de manera tácita admite que sí existen esas campañas; es decir, la responsable, al no realizar un examen exhaustivo sobre un hecho del que sí toma nota para luego proceder a hacer un examen jurídico del mismo desarrollando una tesis respecto del marco legal que lo ciñe, implícitamente está reconociendo la existencia de ese mismo hecho; y si reconoce la existencia de ese hecho entonces se tienen por acreditadas las circunstancias que sirven de punto de partida para la reflexión jurídica que realiza la actora; faltando sólo, precisamente, que la autoridad responsable realice el análisis lógico-jurídico que se propone, o sea, que la identidad entre ambas estrategias o campañas de publicitarias es una anomalía grave que vulnera los principios rectores del proceso electoral en su conjunto; gravedad que se tiene por demostrada con el solo dato de que una campaña de medios instrumentada por un partido político casi idéntica a la llevada a cabo por el Gobierno no puede ser admisible a ningún título. Ello, pues como en efecto ocurre, para la autoridad resolutora está plenamente acreditada la existencia de elementos comunes entre la publicidad del Gobierno del Estado y la propaganda utilizada por el Partido Revolucionario Institucional, como también admite, aunque sea en forma tácita, los esfuerzos propagandísticos en un mismo sentido del Gobierno del Estado y del Partido aludido; debiéndose en consecuencia concluir el razonamiento iniciado y llevarlo hasta sus últimas consecuencias, mismas que derivan del hecho incuestionable de que el multireferido instituto político gozó de mayor número de oportunidades para difundir su mensaje, no acató la normatividad que rige la propaganda electoral y se benefició de la influencia inherente al Gobierno del Estado.

Siendo todavía más lesivos para el interés jurídico del Partido que represento, los casos en que dicha autoridad simplemente no se pronuncia o descalifica con razonamientos absurdos los medios de acreditación aportados.

En este tenor, es dable repetir aquí lo que debe entenderse por publicidad y propaganda; según el Diccionario de la Real Academia Española, por la primera, se entiende la calidad o estado de público. La PUBLICIDAD de este caso avergonzó a su autor.//2. Conjunto de medios que se emplean para divulgar o extender la noticia de las cosas o de los hechos. // 3. Divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para atraer a posibles compradores, espectadores, usuarios, etc. Y por Propaganda (Del latín propaganda, que ha de ser propagada.) f. Congregación de cardenales nominada De propaganda fíde, para difundir la religión católica. //2. Por ext., asociación cuyo fin es propagar doctrinas, opiniones, etc. //3. Acción o efecto de dar a conocer una cosa con el fin de atraer adeptos o compradores. //4. Textos, trabajos y medios empleados para este fin.

En este tenor, partiendo de su significado en el lenguaje ordinario, se desprende que hacer publicidad o propaganda, para efectos de la interpretación de la disposición legal que se analiza, significa, respectivamente, divulgar o dar a conocer la noticia de las cosas o de los hechos y dar a conocer una cosa con el fin de atraer adeptos; significado que es esencialmente coincidente con el legal, previsto en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, correspondiente a los conceptos de campaña y propaganda electorales. Puede concluirse, entonces, que si se encontraron elementos coincidentes entre la publicidad oficial y la propaganda partidista, es obvio que el o los partidos políticos se vieron beneficiados por esta coincidencia, en este caso, los candidatos postulados por el Partido Revolucionario Institucional, por las siguientes razones:

a).- Gozaron de mayor número de oportunidades para difundir su imagen o sus mensajes al contar con espacios con que el resto de los contendientes no contaban;

b).- Esta propaganda o publicidad no se rige por las disposiciones ordinarias relativas a la normatividad que le es aplicable a la propaganda electoral; por ejemplo, en lo relativo a contenidos o a los topes de gastos;

c).- El Gobierno del Estado, al ser la máxima autoridad dentro del Estado en donde se llevó a cabo la elección, es quien tiene el control ejecutivo en cuanto a los recursos generales, materiales, humanos, etc., por lo que es dable afirmar que genera cierta influencia en la Entidad, y dicha influencia se volcó exclusivamente a favor de un Partido Político y los candidatos por él postulados.

Sin que pueda soslayarse en este punto, que al ser el gobierno del estado el emisor de estos mensajes, en su carácter de tal, tiene gran influencia en el electorado dado que es la máxima autoridad en el territorio de la entidad y dado el papel que juega un gobierno en el seno de una sociedad cualquiera; esto hace que se perciba su influencia como legítima, pues cualquier manifestación que emita o realice tiene gran significado y repercusión.

Y en la especie, cualquiera de estos tres supuestos, máxime considerados los tres juntos, establecen una clara y decisiva ventaja para el partido político o para los candidatos que se encuentren en el referido supuesto de ser beneficiarios de dicha publicidad o propaganda; en el caso concreto, los postulados por el Partido Revolucionario Institucional; extremo o conclusión que se desprende del razonamientos expuesto, y no agotado hasta sus últimas consecuencias, por la autoridad resolutora; agravio al que se volverá a hacer referencia en párrafos posteriores.

Arribar a la conclusión anterior de que los extremos de esta línea de razonamiento no fueron agotados el todo, es decir, para la autoridad responsable no está plenamente acreditada la existencia de elementos comunes entre la publicidad del gobierno del estado y la propaganda utilizada por el Revolucionario Institucional, ni tampoco lo está que el gobierno del estado esté presente en dicha estrategia mediática; más aún, se prejuzga al afirmar que el Partido Revolucionario Institucional copió las características de ese Gobierno, siendo dable, para el caso, razonar a la inversa y señalar que fue el Gobierno del Estado el que a posteriori se sumó al esfuerzo propagandístico del candidato postulado por el Partido Revolucionario Institucional; extremos en realidad irrelevantes pues, lo verdaderamente digno de destacarse es la coincidencia y lo que sí manifiesta la autoridad resolutora, a saber, la correlación de los esfuerzos propagandísticos en un mismo sentido del Gobierno del Estado y de los candidatos emanados del Partido Revolucionario Institucional; debiéndose en consecuencia, concluir el razonamiento iniciado y llevarlo hasta sus últimas consecuencias, mismas que derivan del hecho incuestionable de que el multireferido instituto político gozó de mayor número de oportunidades para difundir su mensaje, no acató la normatividad que rige la propaganda electoral y se benefició de la influencia inherente al Gobierno del Estado, como se señaló en párrafos anteriores.

Debiéndose destacar en todo caso el contraste de los razonamientos que emplea pues, para descalificar los argumentos de la actora usa alambicadas reflexiones y concluye en la descalificación de las pruebas aportadas; y en cambio formula afirmaciones contrarias careciendo en lo absoluto de sustento jurídico para hacerlo y sin explicar el desarrollo de su proceso de pensamiento o las bases de que se sirve para concluir lo que afirma.

Así pues, respecto de la valoración de las pruebas se aprecia que la responsable:

    Prejuzga sobre ciertos datos, al extraer conclusiones infundadas carentes de sustento;

    Omite considerar algunos de los medios de prueba;

    Valora inadecuadamente algunos de los mismos, o

    Se contradice en sus manifestaciones.

Adicionalmente, la resolutora omitió considerar algunos de los medios de prueba que la propia autoridad reconoce y en su derecho no valora en forma adecuada; en efecto, en la resolución que se combate por su contenido, es claro que en su oportunidad no se consideró en su integridad lo siguiente:

a).- Que según el periódico Crónica, en su página 1, correspondiente al 24 de mayo de este año, bajo el encabezado: La oposición no tiene nada para ganar: Madrazo, se presenta una nota que dice textualmente, entre otras cosas que: En un evento multitudinario al que asistió el gobernador del Estado, Antonio González Curi, acompañado de su esposa la profesora Elvia María Pérez de González, el líder nacional del PRI....

b).- Que el periódico Tribuna, en su página 1, correspondiente al 24 de mayo de este año, bajo el encabezado: Oposición Nerviosa, se sabe perdida, presenta una nota que dice textualmente, entre otras cosas: Acompañado por los candidatos a la gubernatura, Jorge Garios Hurtado Valdez y a la presidencia municipal de Campeche Femando Eutimio Ortega Barnés, así como por el gobernador José Antonio González Curi y su esposa; Elvia María, Madrazo reiteró que el PRI ganará primero la elección de julio, ganará el Congreso, los Ayuntamientos y el Congreso del Estado porque hay un proyecto de fondo y de país.

c).- El periódico Tribuna en su página 1, correspondiente al 25 de mayo de este año, bajo el encabezado: PRI prevé recuperación de posiciones aquí, presenta una nota que dice textualmente, entre otras cosas: Militancia logrará armonizar el binomio PEMEX-Gobierno. Dos días en Campeche le bastaron al líder máximo del priísmo, Roberto Madrazo Pintado para prever carro completo.

Madrazo arribó al Casino acompañado del gobernador del Estado, Antonio González Curi, y los candidatos a gobernador, diputado federal presidente municipal Hurtado Valdez, Femando Millán Castillo y Manuel El bebo Rivas Batista.

Notas todas que están en los periódicos a que se ha hecho alusión y que con el sencillo trámite de leerlas es posible percatarse de su contenido; por lo cual, al no haberse controvertido por la autoridad responsable ni por el tercero interesado su contenido, tenemos que la misma es útil para formar convicción de que el Gobernador del Estado, Lic. Antonio González Curi, estuvo participando en forma activa a favor del Partido Revolucionario Institucional.

La inadecuada valoración de las pruebas aportadas o la omisión en su examen se aprecia de diversas partes de la resolución, como por ejemplo:

    La anotada líneas atrás relativa a la presencia del gobernador del Estado, Antonio González Curi, y los candidatos a gobernador, diputado federal presidente municipal Hurtado Valdez, Fernando Millán Castillo y Manuel El bebo Rivas Batista, al evento partidista encabezado por Roberto Madrazo; circunstancia que no fue refutada y que se demuestra con diversas notas periodísticas.

    A fojas 55 de la sentencia de fecha 12 de agosto del presente año y que fue validado por la propia sala electoral estatal, en el que se señala: ... todos los anteriores no pueden constituirse en prueba plena en virtud de que fueron aportados sin el requisito para tener validez cierta, más que presentan parte de un todo, sin tener un contexto integro y total, así de los documentos de relaciones, uno logran identificarse a que pertenecen y otros son de los año anteriores (...) De donde resulta que decide desecharlos y no examinar su contenido; siendo irrelevante para la autoridad la posibilidad de adminicularías con otros medios probatorios y así mismo, atentos al principio de exhaustividad y a la plenitud de jurisdicción que dicho órgano ejerce, la de relacionarlos con todos los medios de convicción que sobre el particular fueron ofrecidos y desahogados, purgados de los vicios que comenta, en los distintos juicios sometidos a su examen.

    A fojas 54 de la sentencia de fecha 12 de agosto del presente año y que fue validado por la propia sala electoral estatal; donde de las pruebas relacionadas con la campaña de HECHOS que se aportan se limitan a destacar que: esta autoridad aprecia que al actor manifiesta que tal situación se dio en los meses anteriores siendo que los actos realizados por el poder ejecutivo estatal en sus acciones gubernamentales son cuestiones inherentes a las atribuciones que le confieren las leyes y que se acostumbran a publicitar, por lo que, como indicara el Tercero Interesado, dilucidar tales cuestiones implicaría atender a todos los ordenes de gobierno para considerar si una elección es valida o no...', como si los agravios hechos valer se limitaran a destacar la similitud de los colores y no de otros elementos; así, se alegó la existencia de coincidencias plenamente acreditables entre ambas campañas relativas a: La misma palabra clave: HECHOS; en general, emplean los mismos colores: verde, blanco y rojo; ambas campañas utilizan la palabra HECHOS, en mayúsculas; la palabra de referencia se emplea en la mayoría de los casos en plural; hay una estrategia conjunta o simultánea que enlaza esta palabra con un mensaje secundario que varía en cada caso; existen espectaculares de una y otra campaña que se refuerzan entre sí pues están colocados en forma sucesiva, y finalmente, no puede olvidarse, ignorarse o soslayarse que el Lic. José Antonio González Curi, Gobernador Constitucional del Estado, es emanado del Partido Revolucionario Institucional. De donde resulta absurdo que se pretenda limitar el alcance y significación del análisis a los colores de los espectaculares cuando los PUNTOS DE COINCIDENCIA SON SIETE.

    A fojas 56 de la sentencia de fecha 12 de agosto del presente año y que fue validado por la propia sala electoral estatal, en el que se señalan que tales medios de convicción no tienen valor probatorio pleno, ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y la dificultad para demostrar en modo absoluto e indudable las falsificaciones o alteraciones; siendo que en la especie, bien pudo considerar la declaración de nulidad de la elección, en los términos en que han quedado anotados en párrafos de antelación conforme a los artículos 602, 632 y 661, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, 82-1 de la Constitución Política del Estado de Campeche y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De donde deriva una limitada e inexacta apreciación de los medios de convicción.

Tenemos también que en su afán de desvirtuar a como de lugar los medios de convicción aportados por la actora en su escrito original, la responsable incurre en contradicciones.

Así lo considera, por ejemplo, la Sala Regional de la Tercera Circunscripción Plurinominal en Xalapa, Veracruz, en su resolución de fecha 3 de agosto del 2003, misma que antes se ha citado, al afirmar que: Por tanto, es una irregularidad grave que puede afectar la libertad del sufragio y de la elección, así como el principio democrático, el hecho de que un partido político o coalición utilice elementos de una campaña de información de gobierno, porque crea la falsa apreciación en el cuerpo electoral de que las acciones de gobierno publicitadas y propuestas políticas son las mismas y por tanto una errónea expectativa que si obtiene el triunfo al partido político se continuarán con dichas acciones (Pag. 472). Y párrafos después: Además, se rompe con el principio de equidad en la contienda, ya que los partidos y coaliciones que no forman gobierno están en posición de desventaja, toda vez que al crearse la confusión en el cuerpo electoral el partido o coalición que hizo suya la publicidad de las acciones de gobierno cuenta, materialmente con una mayor propaganda, además de que los primeros, en lugar de destinar todas capacidades a promover sus propuestas, deben desviar parte de ellas a combatirlas acciones de gobierno (Pag. 473).

Es decir, si la responsable reconoció la existencia de elementos comunes entre ambas campañas, sólo faltó que destacara la gravedad de esta circunstancia y lo lesivo que resulta para la equidad de la contienda electoral, en perjuicio, claro, de quienes no son beneficiarios de ella; tal y como sí hace la diversa en la última resolución que se identifica en este mismo párrafo. De ahí pues que, acreditados estos extremos, es que debió seguirse la consecuencia lógica a dicha circunstancia, y acordar lo conducente cuando se pone de manifiesto que la misma resulta contraventoria de los principios que rigen las contiendas electorales; siendo relevante desde ahora señalar que uno de los valores preponderantes a protegerse dentro del desarrollo de un proceso electoral es precisamente el de la equidad en la contienda, por tanto, el reconocimiento expreso en cuanto a la gravedad de tales coincidencias entre una y otra campaña y el carácter de servidor público que detenta el Lic. Antonio González Curi -precisamente- el de titular de la Administración Pública estatal (que tiene el control ejecutivo en cuanto a los recursos generales, materiales, humanos, etc., y por lo tanto genera cierta influencia en la Entidad), hacen que se patentice la violación de dicho principio fundamental.

A mayor abundamiento, en el caso concreto, no cabe el deslinde de las actividades y conductas llevadas a cabo por el Gobernador Constitucional del Estado, Lic. Antonio González Curi, con las que realizó el Partido Revolucionario Institucional, durante el desarrollo del proceso electoral en la Entidad; lo anterior, porque resulta un hecho conocido y notorio que la asunción para desempeñar el cargo popular ya citado por el C. Antonio González Curi se debió a que el Partido Revolucionario Institucional, en su oportunidad, lo postuló como candidato a ese puesto de elección popular, del cual obtuvo el triunfo, lo que se corrobora de diversas constancias que obran agregadas en autos como son las documentales consistentes en copias de los periódicos de circulación local ya mencionadas e identificadas plenamente; por tanto, si bien no se puede estrictamente atribuir al partido político la responsabilidad de los actos que lleva a cabo un representante popular electo como consecuencia de que el propio instituto político lo postuló, sí se puede apreciar que las tendencias realizadas mediante los actos o conductas que asuma el representante popular, puedan beneficiar en cierto modo a un contendiente, por lo que válidamente se puede deducir que en el caso que nos ocupa, no se trata de sancionar a un partido político por las conductas que llevó a cabo el funcionario estatal ya aludido, sino más bien el objetivo es evitar que mediante la expresión de votos irregulares de parte de los ciudadanos, cuyo sentido fue determinado por una influencia indebida, ya que no se les dejó actuar con libertad, se violenten los principios de legalidad y de certeza que deben regir la celebración de elecciones libres y auténticas. Debiéndose ponderar pues por la autoridad responsable, que con su actuar, el Gobierno del Estado se ubicó frente al derecho de los electores para reflexionar su voto con libertad en las semanas previas a la jornada electoral. Y todo esto pudo válidamente haberlo razonado dicha autoridad si en su ánimo se hubiera visto influido por la debida valoración de las pruebas aportadas en este punto.

También es inexacta la apreciación que hace la responsable cuando afirma que en tratándose de esta vinculación entre las campañas de medios del Gobierno del Estado y del Revolucionario Institucional, debe tenerse presente el principio de definitividad de los actos electorales; lo anterior de acuerdo con el siguiente razonamiento: Este principio está referido exclusivamente a los actos que realizan las autoridades electorales en relación con un proceso electoral determinado; de tal suerte que el mismo no opera en tratándose de actos ajenos imputables a personas o entidades diferentes, como podrían ser los de los ciudadanos, los de los partidos políticos y los de otras autoridades diferentes á las que organizan y llevan a cabo las elecciones.

De lo hasta aquí transcrito y expuesto, podemos afirmar que de acuerdo a las constancias que obran en autos de los diferentes asuntos sometidos a su juicio y que guardan relación con la impugnación de la elección de Diputado del Estado de Campeche, es incontrovertible lo que a continuación se apunta:

a).- Según lo expuesto en diversas sentencias por la autoridad resolutora, se demostró que la propaganda utilizaba por el Partido Revolucionario Institucional en la elección de Gobernador, tomó características similares a las utilizadas por el Gobierno de esta entidad federativa en su formato ‘HECHOS’.

b).- Se comprobó la existencia de elementos comunes entre la publicidad del Gobierno del Estado con la que da a conocer sus acciones de gobierno, con la propaganda utilizada por el Partido Revolucionario Institucional.

c).- Dicha demostración se logra, principalmente, a través de las imágenes de vídeo y fotografías cuyo contenido fue reconocido por la propia autoridad desde el momento en que no controvierte su existencia ni su contenido e implícitamente admite tales circunstancias.

d).- De ahí que se haya evidenciado que el partido político que se vio beneficiado por esta coincidencia, en este caso el candidato postulado por el Partido Revolucionario Institucional en el Distrito que nos ocupa, se benefició de esta medida, como mínimo, porque:

I.- Gozó de mayor número de oportunidades para difundir su imagen o sus mensajes al contar con espacios con que el resto de los contendientes no contaban;

II.- Esta propaganda o publicidad no se rige por las disposiciones ordinarias relativas a la normatividad que le es aplicable a la propaganda electoral; por ejemplo, en lo relativo a contenidos o a los topes de gastos;

III.- El Gobierno del Estado, al ser la máxima autoridad dentro del Estado en donde se llevó a cabo la elección que se impugna por el medio que nos sirve de antecedente, es quien tiene el control ejecutivo en cuanto a los recursos generales, materiales, humanos, etc., por lo que es dable afirmar que genera cierta influencia en la Entidad, y dicha influencia se volcó exclusivamente a favor de un Partido Político y el candidato por él postulado.

e).- Lo anterior, sirvió para establecer una clara y decisiva ventaja para el partido político o para el o los candidatos que se encuentren en el referido supuesto de ser beneficiarios de dicha publicidad o propaganda: en el caso concreto, el postulado por el Partido Revolucionario Institucional en la elección de Diputado; ventaja que se tradujo en el triunfo de su candidatura.

f).- Se acreditó que el titular del Poder Ejecutivo en el Estado, lo es también de la Administración Pública local en el ámbito estatal, y dicha persona, Lic. Antonio González Curi, Gobernador Constitucional del Estado, es emanado del Partido Revolucionario Institucional; e incluso, con su presencia en actos públicos de campaña en apoyo de los candidatos postulados por el mismo, dejó claro su apoyo y que estuvo participando en forma activa a favor del instituto político del que emanó y que forma parte del Partido Revolucionario Institucional.

g).- Se demostró la actividad del Partido Revolucionario Institucional en introducir elementos de la propaganda de la actividad de la Administración Pública estatal.

h).- El hecho de que un partido político utilice elementos de una campaña de información de gobierno, constituye una irregularidad grave que puede afectar la libertad del sufragio y de la elección, porque crea la falsa apreciación en el cuerpo electoral de que las acciones de gobierno publicitadas y propuestas políticas son las mismas.

i).- Se resaltó que lo anterior se traduce en la violación al principio de equidad en la contienda, ya que los partidos y coaliciones que no forman gobierno están en posición de desventaja.

Así las cosas, siendo incuestionable lo hasta aquí reseñado, tal y como queda dicho, no se explica el porqué no se obró en consecuencia declarando la nulidad de la elección en los términos de los artículos 602, 632 y 661, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, 82-1 de la Constitución Política del Estado de Campeche y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que era, en sana lógica, la conclusión natural de dicha tesis argumentativa. Ello, dado que las violaciones e irregularidades de la naturaleza apuntada ameritan, efectivamente, que se declare que la elección de gobernador no fue válida por no desarrollarse dentro de los causes deseables para ello y por no estar sujeta a los principios que norman un proceso de esta índole.

Lo anterior, porque se trata de hechos que constituyen violaciones sustanciales o irregularidades graves porque a través de tales conductas ilícitas también se conculcaron los principios fundamentales o elementos esenciales de todo proceso electoral, los cuales se encuentran establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ciertamente una de las razones para no arribar a la conclusión referida, en criterio de la autoridad resolutora, es que no se estima que los hechos demostrados sean aplicables en la elección de Diputados en todos los distritos en general debiéndose acreditar, en cada caso, que la publicidad estaba colocada de modo tal que influyó en el ánimo de los electores en forma determinante; lo anterior, porque no hay convicción de la generalidad de la irregularidad, por decirlo de algún modo; empero esta forma de razonar es inexacta o, cuando menos, precipitada; lo anterior si tomamos en cuenta los siguientes razonamientos:

a).- El término Estado, dentro de la concepción moderna de organización social, conlleva tener en cuenta sus tres elementos, los que se refieren a su población, territorio y gobierno, sujetos a un orden jurídico. De ahí que el estado, entendía como una entidad jurídico-política, constituya una unidad indisoluble de estos tres factores:

I.- Un territorio propio, constituido como unidad, consistente en el espacio físico en el cual se asienta un conglomerado;

II.- Una población, conformada por la suma de individuos, personas físicas, con derechos y deberes de ciudadanía, y

III.- Un poder público al que la doctrina reputa de distintas maneras y halla diversas distinciones pero que para fines prácticos llamaremos Gobierno.

Ahora bien, dada su naturaleza, ciertamente el territorio permite, para efectos políticos o administrativos, su división; es decir, por razones de índole política o de naturaleza práctica, es posible fraccionar un territorio y así acontece, verbigracia, con el régimen federal, el cual admite, dentro del mismo espacio físico, la coexistencia de tres órdenes de gobierno distintos: el federal, el estatal o local, y el municipal. Reconociéndole además, conforme a las constituciones federal y la propia de cada entidad federativa, a cada orden de gobierno, un ámbito de competencia específico. No obstante lo anterior, y lo tajante que puedan resultar los límites establecidos por este sistema en tratándose de aspectos jurídicos o políticos, es incuestionable que la coexistencia en una misma superficie territorial de esos tres órdenes de gobierno hacen difícil, por no decir imposible, que la población en ella asentada reconozca como absolutamente independientes o completamente ajenos entre sí, a esos órdenes de Gobierno y a las autoridades que a ellos encarnan.

Máxime, si consideramos que la manera de elegir a dichas autoridades es idéntica, es decir, a través de procedimientos electorales y, para colmo, en los cuales participan, no pocas veces, los mismos partidos políticos cuyo registro nacional les abre las puertas a las contiendas regionales.

Sin poder eludir, en este punto, que a la interacción natural de todos estos factores, venga a afectarla el que en una misma fecha, concurran dos o más elecciones como aconteció, en efecto, el pasado domingo seis de julio en el Estado de Campeche, en la cual, los ciudadanos de aquella Entidad, debieron elegir:

    Diputados federales,

    Gobernador del Estado,

    Diputados locales,

    Ayuntamientos, y

    Juntas municipales.

En una misma jornada electoral, hubo de elegirse a cinco tipos de autoridades distintas.

b).- De ahí pues que sea muy difícil sostener, como lo hace la autoridad juzgadora en resoluciones diversas que se ocupan de las impugnaciones de los cómputos distritales para la elección de diputados, que pueda distinguirse con absoluta precisión cuándo estamos frente a una irregularidad que afecta a la población de todo el Estado y cuándo frente a una irregularidad que se limita a un Municipio o Distrito Electoral; pues si bien es cierto esta diferenciación podría hacerse el día de la jornada electoral, en cada sección electoral, por lo que hace al funcionamientos de una o varias casillas, ubicadas en un mismo domicilio empero con propósitos distintos para elegir autoridades de diferente orden, no menos cierto es que tal distinción es difícil de demostrar en tratándose de actos previos, generalizados, ocurridos en todo el territorio de la Entidad, que tuvieron por principal protagonista al Gobierno del Estado (una autoridad con presencia en la totalidad de la extensión geográfica de la entidad) y que influyeron en el ánimo de la población sin posibilidades reales de distinguir su impacto de acuerdo a la elección en juego.

Lo anterior porque es obvio que por su propia naturaleza, el efecto que pretende lograrse con la conducta desplegada desde el Gobierno del Estado no es de carácter selectivo, sino en general, tendiente a favorecer la imagen de los candidatos emanados de un partido político, precisamente el Revolucionario Institucional, mismo que además, constituye el origen del actual titular de la Administración Pública, Lic. Antonio González Curi.

c).- Recapitulando, tenemos que:

I.- Nuestro régimen jurídico constitucional establece un sistema de organización política complejo en el cual coexisten, en un mismo territorio, al menos tres órdenes de gobierno distintos entre sí.

II.- El modo de elegir a las autoridades que integran el poder público es idéntica, a través de procedimientos electorales.

III.- Existen distintos procesos en los que pueden participar -y de hecho participan- de manera indistinta, los mismos partidos políticos con diferentes abanderados.

d).- Por todo lo anterior es difícil, por no decir imposible, determinar el impacto que causa en la población de todo el Estado una estrategia propagandística en la cual se hallan elementos comunes entre la publicidad del Gobierno estatal y con la cual da a conocer sus acciones de gobierno y la propaganda utilizada por el partido ganador de la elección.

e).- Afirmación para arribar a la cual, no es óbice que haya habido un resultado electoral diferenciado según se trate de uno u otro distrito o municipio; es claro que lo hasta aquí afirmado se haga valer solamente para la elección de gobernador, pues el hecho de que en algunas zonas del Estado haya ganado un candidato postulado por Acción Nacional no demuestra sino que, como en cualquier contienda electoral, aún y cuando desde el Gobierno se pretenda influir dolosamente en la voluntad popular, no obstante todo el esfuerzo que se emplee para tal fin, no siempre se logra ese objetivo; esto es, que se hayan ganado algunas posiciones por Acción Nacional no demuestra que la actividad del Gobierno del Estado no influyó en forma generalizada en el territorio de toda la Entidad y en el ánimo de los electores, sino exclusivamente que en este caso no tuvo el éxito deseado por sus orquestadores o por alguna razón, no fue suficiente para tal fin.

f).- Debiéndose ponderar, en todo caso, que es el hecho de que los candidatos del Partido Revolucionario Institucional, con independencia de quién haya ganado y quién no, gozaron de mayor número de oportunidades para difundir su imagen o sus mensajes al contar con espacios con que el resto de los contendientes no contaban; de que esa propaganda o publicidad no se rigió por las disposiciones ordinarias relativas a la normatividad que le es aplicable a la propaganda electoral; y de que el Gobierno del Estado, al ser la máxima autoridad dentro del Estado en donde se llevó a cabo la elección, es quien tiene el control ejecutivo en cuanto a los recursos generales, materiales, humanos, etc., por lo que es dable afirmar que genera cierta influencia en la Entidad, y dicha influencia se volcó exclusivamente a favor de un partido político y los candidatos por él postulados, los que en su conjunto restan credibilidad al proceso electoral celebrado el pasado seis de julio.

Así las cosas, siendo incuestionable lo hasta aquí reseñado, tal y como queda dicho, no se explica el porqué no se obró en consecuencia declarando la nulidad de la elección que era, en sana lógica, la conclusión natural de dicha tesis argumentativa. Ello, dado que las violaciones e irregularidades de la naturaleza apuntada ameritan, efectivamente, que se anule la elección por no desarrollarse dentro de los causes deseables para ello y sujeta a los principios que norman un proceso de esta índole.

Se trata pues de hechos que constituyen violaciones sustanciales o irregularidades graves porque a través de tales conductas también se conculcaron los principios fundamentales o elementos esenciales de todo proceso electoral-, los cuales se encuentran establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como se demuestra a continuación, siendo aplicable la ratio esendi de lo sostenido por este órgano jurisdiccional al resolver los expedientes SUP-JRC-487/2000 y su acumulado SUP-JRC-489/2000, y SUP-JRC-120/2001, relativos a las electores de gobernador del Estado de Tabasco y el Estado de Yucatán, en sus sesiones de veintisiete de diciembre de dos mil y veinticuatro de julio de dos mil uno, respectivamente.

Al efecto, es importante tener presente lo establecido en la citada ejecutoria relacionada con la elección de gobernador de Tabasco: ...Ahora bien, para conocer cuáles son las irregularidades que podrían constituirse como causal de nulidad de la elección de gobernador, es necesario recurrir a las distintas disposiciones donde se contienen los elementos esenciales e imprescindibles de dicha elección. Los artículos donde se contienen estos elementos esenciales, con relación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son los siguientes:

ARTÍCULO 39.- La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

ARTÍCULO 41.- El pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:

I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las formas específicas de su intervención en el proceso electoral. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatales y municipales.

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Sólo los ciudadanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos;

II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades. Por tanto, tendrán derecho al uso en forma permanente de los medios de comunicación social, de acuerdo con las formas y procedimientos que establezca la misma. Además, la ley señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado. (...)

III. La organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores.

(...)

IV. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votado y de asociación, en los términos del artículo 99 de esta Constitución.

ARTÍCULO 99.- El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación...Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal funcionará con una Sala Superior así como con Salas Regionales y sus sesiones de resolución serán públicas, en los términos que determine la ley. [...] IV. Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones.

Esta vía procederá solamente cuando la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios elegidos; [...]

De las disposiciones referidas se puede desprender cuáles son los elementos fundamentales de una elección democrática, cuyo cumplimiento debe ser imprescindible para que una elección se considere producto del ejercicio popular de la soberanía, dentro del sistema jurídico-político construido en la Carta Magna y en las leyes electorales estatales, que están inclusive elevadas a rango constitucional, y son imperativos, de orden público, de obediencia inexcusable y no son renunciables. Dichos principios son, entre otros, las elecciones libres, auténticas y periódicas; el sufragio universal, libre, secreto y directo; que en el financia miento de los partidos políticos y sus campañas electorales prevalezcan los recursos públicos sobre los de origen privado; la organización de las elecciones a través de un organismo público y autónomo; la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad como principio rectores del proceso electoral, el establecimiento de condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación social, el control de la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales. Como consecuencia de lo interior, si esos principios son fundamentales en una elección libre, auténtica y periódica, es admisible arribar a la conclusión de que cuando en una elección, donde se consigne una fórmula abstracta de nulidad de una elección, se constate que alguno de estos principios ha sido perturbado de manera importante, trascendente, que impida la posibilidad de tenerlo como satisfecho cabalmente, y que por esto se ponga en duda fundada la credibilidad y la legitimidad de los comicios y de quienes resulten de ellos, resulta procedente considerar actualizada dicha causal.

Lo anterior significa que el sufragio ha de ajustarse a pautas determinadas para que las elecciones puedan calificarse como democráticas, pautas que parten de una condición previa: la universalidad del sufragio.

La universalidad del sufragio se funda en el principio de un hombre, un voto. Con la misma se pretende el máximo ensanchamiento del cuerpo electoral en orden a asegurar la coincidencia del electorado activo con la capacidad de derecho público.

La libertad de sufragio, cuyo principal componente es la vigencia efectiva de las libertades políticas, se traduce en que el voto no debe estar sujeto a presión, intimidación o coacción alguna. La fuerza organizada y el poder del capital no deben emplearse para influir al elector, porque destruyen la naturaleza del sufragio.

El secreto del sufragio constituye exigencia fundamental de su libertad, considerada desde la óptica individualista. El secreto del voto es en todo caso un derecho del ciudadano-elector, no una obligación jurídica o un principio objetivo.

Consecuentemente, si el acto jurídico consistente en el ejercicio del derecho al voto no se emite en las condiciones indicadas, porque por ejemplo, el autor del acto no votó libremente, ya que fue coaccionado, etcétera, es inconcuso que la expresión de voluntad del votante no merece efectos jurídicos.

Incluso, ese acto, si no cumple con los requisitos esenciales es posible estimar que no se ha perfeccionado y que no debe producir efectos.

Entonces, la libertad de los votantes es un elemento esencial del acto del sufragio y por ende de la elección propiamente dicha, para que pueda ser considerada democrática.

En efecto, la elección es el mecanismo por el cual se logra la expresión de la voluntad popular, se constituye por todas las etapas que preparan la jornada electoral y definen su resultado. Su significado como concepto, está marcado por un dualismo de contenido.

Por una parte puede tener un sentido neutro o técnico, y por la otra, un sentido sesgado u ontológico. El significado neutro de elecciones puede ser definido como una técnica de designación de representantes.

En esta acepción no cabe introducir distinciones sobre los fundamentos en los que se basan los sistemas electorales, las normas que regulan su verificación y las modalidades que tienen su materialización.

El significado ontológico de elecciones se basa en vincular el acto de elegir con la existencia real de la posibilidad que el elector tiene de optar libremente entre ofertas políticas diferentes y con la vigencia efectiva de normas jurídicas que garanticen el derecho electoral y las libertades y derechos políticos; lo cual constituye su esencia.

En ese sentido se da una confluencia entre los conceptos técnico (proceso electoral) y ontológico (la esencia del sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible) de la elección, como método democrático para designar a los representantes del pueblo.

Para ejercer realmente el sufragio, el elector debe tener oportunidad de elegir y gozar de la libertad de elección.

Sólo quien tiene la opción entre dos alternativas reales, por lo menos, puede ejercer verdaderamente el sufragio. Además, debe tener libertad para decidirse por cualquiera de ellas; de lo contrario, no tendría opción.

[...]

Estos principios se consagran en la Constitución Federal... se reflejan en el sufragio universal y el derecho al voto libre, secreto, igual y directo.

El derecho de sufragio, además de ser un derecho subjetivo, en el doble sentido, es sobretodo un principio, el más básico de la democracia, o hablando en términos más precisos del Estado democrático La solidez de este aserto parece indiscutible en la medida en que si se reconoce Que la soberanía reside en el pueblo, no hay otra forma más veraz de comprobación de la voluntad popular, que mediante el ejercicio del voto.

Para llegar a él, como se dijo, el elector debe elegir, cuando menos entre dos alternativas, y sólo puede hacerlo si conoce las propuestas de los candidatos.

El conocimiento de la oferta política del partido, deriva de la comunicación que tiene con el electorado. Resulta obvia la importancia que tienen los medios de difusión en este intercambio de información. La importancia de acceder en condiciones equitativas a los espacios en la radio, televisión y distintos medios de difusión, deriva en la gran eficacia y penetración que tienen en la ciudadanía.

Pues a través de estos medios de difusión los partidos políticos y candidatos tienen la oportunidad de exponer los puntos de vista sobre la forma de enfrentar los problemas que afectan a la ciudadanía, los aspectos sobresalientes de su programa de trabajo, los principios ideológicos del instituto político y la opinión crítica de la posición que sostienen sus adversarios.

Entonces, la equidad en las oportunidades para la comunicación constituye, entre otros, uno de los elementos esenciales en una elección democrática, cuya ausencia da lugar a la ineficacia de la elección.

Todo lo anterior nos lleva a estimar el clima de libertad que debe imperar en una elección, para que cumpla con el principio democrático que prevé la Constitución Federal, pues es obvio que no es posible una elección si se celebran en una sociedad que no es libre.

Tratar de definir el concepto libre, nos enfrenta ante un término relativo, pues dependerá de la concepción histórica y social de cada grupo social que la defina. Sin embargo, existe un común denominador, las elecciones no pueden ser libres, si las libertades públicas no están al menos relativamente garantizadas.

La noción de libertades públicas puede concebirse en términos de un clima social o en términos de derechos y garantías señalados por la ley.

Un clima de libertad es aquel en que circula ampliamente una abundante y variada información sobre los asuntos públicos: lo que se oye o se lee suele ser discutido y las personas se agrupan en organizaciones para ampliar su propia opinión.

En el aspecto legal, las libertades públicas comprenden las clásicas libertad de palabra, de prensa, de reunión, de asociación pacífica y el no ser sancionado económicamente o privado de libertad sin mediar sentencia de tribunal que aplique las leyes establecidas.

De ello se sigue que, en el terreno político, el elector debe quedar libre de ciertas formas explícitas de coacción: Las libertades elementales consisten en que su voto no se vea influido por intimidación ni soborno, es decir, que no reciba castigo ni recompensa por su voto individual, aparte de las consecuencias públicas, que emita su voto en el escenario antes mencionado, garantizado por sus libertades públicas, que lo haga con pleno conocimiento de las propuestas políticas derivado de una equitativa posibilidad de difusión de las propuestas de los partidos políticos.

Estas son las condiciones que debe tener una elección, que tienden a cumplir con el principio fundamental de que los poderes públicos se renueven a través del sufragio universal, tal como lo establece la Constitución Federal; que se cumpla con la voluntad pública de constituirse y seguir siendo un Estado democrático, representativo, en donde la legitimidad de los que integran los poderes públicos, derive de la propia intención ciudadana.

Una elección sin estas condiciones, en la que en sus etapas concurran intimidaciones, prohibiciones, vetos, iniquidades, desinformación, violencia; en donde no estén garantizadas las libertades públicas ni los elementos indicados, no es, ni representa la voluntad ciudadana, no puede ser basamento del Estado democrático que como condición estableció el constituyente, no legitima a los favorecidos, ni justifica una correcta renovación de poderes.

Entonces, en los casos indicados anteriormente, la elección resulta nula, por no ser legal, cierta imparcial, ni objetiva y pronunciarse respecto de ello, es simplemente el analizar y declarar si los actos electorales en su conjunto cumplieron con el mandato constitucional

[...]

Lo anterior no es contrario al principio de definitividad de los actos electorales, de acuerdo con lo siguiente:

Primero, porque este principio esta referido a los actos que realizan las autoridades electorales en relación con un proceso electoral, de manera que no opera con relación a actos de personas o entidades distintas como pueden ser los actos de los ciudadanos de los partidos políticos y de otras autoridades distintas a las que organizan y llevan a cabo las elecciones.

Segundo, porque constituye una medida de seguridad para garantizar que el procedimiento por el que se desarrolla el proceso electoral se realice sana pero firmemente, de manera que si los actos procedimentales incurren en irregularidades estas puedan se corregidas de inmediato a través de los medios de impugnación y si no se combaten en éstos, se logre la firmeza para servir de base sólida a los actos procedimentales subsiguientes, sin embargo como dicho procedimiento constituye sólo una parte del proceso y este desempeña una función instrumental respecto de los actos jurídicos sustantivos, que se constituyen y realizan por esa vía, y que a través de ella deben llegar y cumplir la finalidad principal, resulta obvio que respecto de éstos no opera dicho principio de definitividad, de manera que cuando las irregularidades cometidas en éstos afecten los elementos fundamentales de las elecciones democráticas y puedan producir su nulidad no es obstáculo para el examen de la cuestión y la declaratoria de nulidad.

De todo lo anterior es posible determinar que conforme con la legislación electoral del Estado de Tabasco sí cabe la posibilidad de declarar la nulidad de la elección de gobernador a través del recurso de inconformidad previsto en el mismo ordenamiento.

DÉCIMO CUARTO. Al aplicar todos los anteriores conceptos al presente caso y relacionarlos con algunos de los hachos evidenciados a través de las probanzas que antes se valoraron, con el fin de abordar el estudio de varios planteamientos formulados por los actores y que se encuentran, por ejemplo, en el apartado IV del resumen de agravios hecho con anterioridad, se encuentra que existen determinados hechos que impiden considerar, que la elección de gobernador del Estado de Tabasco se haya realizado mediante el sufragio libre y, por tanto, tal circunstancia conduce a estimar, que en el presente caso no fueron observados los artículos 116, fracción IV, incisos a) y g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 9, tercer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, los cuales prevén el sufragio universal libre, secreto y directo, como elemento indispensable de la elección, entre otras autoridades, de gobernador, así como que deben propiciarse condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación social.

Se parte de la base que el derecho al sufragio, con las características precisadas en las disposiciones constitucionales mencionadas, constituye la piedra angular del sistema democrático; de ahí que si se considera que en una elección, el sufragio no se ejerció con las características antes citadas, ello conduce a establecer que se han infringido los preceptos constitucionales invocados y que se ha atentado contra la esencia del sistema democrático. Se tiene en cuenta que para apreciar si se ha respetado la libertad en la emisión del sufragio, no basta con examinar el hecho aislado referente a si, en el momento de votar, el acto fue producto de la manifestación de una decisión libre, es decir, de una voluntad no coaccionada, sino que para considerar que el derecho al sufragio se ha ejercido con libertad es necesario establecer, si en la elección han existido otra serie de libertades, sin cuya concurrencia no podría hablarse en propiedad de un sufragio libre, por ejemplo, la libertad de expresión, de asociación, de reunión, de libre desarrollo de la campaña electoral, etcétera. Se debe tener presente que para que realmente el ciudadano esté en aptitud de ejercer el sufragio con libertad, se requiere que en la organización de las elecciones se dé a los contendientes políticos un margen de equidad,

[...]

La experiencia a que se refiere el artículo 16, párrafo 1. de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral muestra, que en la actualidad los partidos políticos tienen plena conciencia de la importancia de ganar presencia ante la opinión pública y saben que los medios de comunicación, sobre todo la televisión, constituyen la vía más rápida para llegar a los electores.

[...]

es fácil advertir no solamente la iniquidad en lo que hace al acceso a un importante medio de comunicación, lo cual por sí mismo es conculcatorio del artículo 116, fracción IV, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que también es patente que la ventaja que tuvo el partido ganador fue propiciada por quien tiene la participación mayoritaria en la concesionaria del referido canal de televisión, es decir, el gobierno del Estado de Tabasco.

Esta desproporción en el acceso a un importante medio masivo de comunicación afecta el derecho al sufragio en dos vertientes: Por una parte, según se vio con anterioridad, se ocasiona una limitación en las opciones que tiene el elector para decidir libremente entre las distintas propuestas de los partidos políticos que participan en los comicios, puesto que el ciudadano está más en contacto con la plataforma política de quien ha aparecido más en el medio de comunicación indicado y en mayor o menor medida se le hace perder el contacto con los partidos políticos que menos aparecen en el propio medio de comunicación, lo cual afecta la libertad con la que se debe ejercer el derecho al sufragio.

Por otra parte, la neutralidad gubernamental constituye un factor fundamental en la salvaguarda de la libertad con que debe ejercerse el derecho al sufragio; pero si no existe una actitud en ese sentido, la libertad en el ejercicio en el sufragio se ve afectada.

Esta afectación es decisiva en una elección cuyos resultados son muy cerrados, como ocurre en la elección de gobernador del Estado de Tabasco en la que, según el cómputo realizado por el Consejo General del Instituto Electoral de Tabasco, la diferencia entre los partidos que ocuparon el primero y segundo lugar es de apenas 1.18 puntos porcentuales.

Podría partirse de la base que esta irregularidad por sí sola, no pudiera constituir un factor determinante en el resultado de la elección de gobernador de Tabasco; sin embargo, esta no es la única anomalía que aparece demostrada en el expediente, puesto que en el presente caso acontecieron otras que se mencionarán en seguida.

[...]

En virtud de lo anterior, en el caso fueron conculcados los artículos 41, base IV, y 116, fracción IV, incisos a) y g) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 9, tercer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco.

Incluso, asiste razón al Partido de la Revolución Democrática cuando afirma, que la voluntad del pueblo, expresada mediante elecciones auténticas, que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto, constituye materia del artículo 21.1, párrafo 3, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Igual tema forma parte del artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político, así como del artículo 23, inciso b), de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. De ahí la importancia de que quede salvaguardado el derecho al sufragio. Se hace notar que no es la existencia de una sola de esas circunstancias anotadas lo que permite arribar a la anterior conclusión, sino que ésta se obtiene por la concurrencia de todas ellas, lo cual provoca que cobren relevancia los indicios que arrojan otras probanzas que en otra parte de esta ejecutoria se describieron, tales como los testimonios notariales sobre actas en las que se hicieron constar distintos hechos; las denuncias que dieron origen a averiguaciones penales; documentales privadas y pruebas técnicas como las cintas de vídeo y de audio; porque todo ese material apreciado en conjunto, refuerza la conclusión a la que antes se arribó.

[...]

Se destaca la circunstancia de que con anterioridad se señaló, que en el presente caso, algunas autoridades del Estado de Tabasco no se condujeron con neutralidad, lo cual contribuyó a que se tuvieran por demostradas las conculcaciones aducidas. Con relación a este punto existen antecedentes en esta Sala Superior de que se han nulificado elecciones, cuando ha quedado evidenciado que las autoridades no observaron una actitud neutral en los comicios.

A este respecto, se tiene presente lo resuelto en la ejecutoría de diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, dictada en el expediente SUP-JRC-124/98, relativo a la elección de concejales del Ayuntamiento de Santiago Jamiltepec, Oaxaca. Existió un caso similar en San Luis Potosí, analizado en la ejecutoría de once de septiembre de mil novecientos noventa y siete, dictada en el juicio de revisión constitucional electoral, expediente SUP-JRC-036/97. En esta ejecutoría se sostuvo la siguiente tesis relevante, publicada en el Suplemento número 1 de la Revista Justicia Electoral, páginas 51 y 52, que dice:

NULIDAD DE ELECCIÓN. VIOLACIONES SUSTANCIALES QUE SON DETERMINANTES PARA EL RESULTADO DE LA ELECCIÓN (LEGISLACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ) (Se transcribe...)

De donde deviene que la trascendencia de las irregularidades que se ponen de manifiesto en nuestros escritos originales, son relevantes en sí mismas porque vulneran diversos principios rectores de las contiendas electorales en los términos apuntados en párrafos de antelación; relevancia que, a través de los medios legales que la Ley le brinda, debió ser apreciada por el juzgador cuya resolución por este medio se combate y valorada en su justa significación; debiendo obrar en consecuencia y, por ende, declarar la nulidad de la elección de Diputado para el Estado de Campeche.

B).- El caso de los diversos periódicos y de la empresa televisora estatal XHCCA-CANAL 4.

a).- El agravio que me causa la resolución que se ataca por este conducto en este apartado, es idéntico al expresado en el apartado anterior, por lo que hace a la indebida valoración de las pruebas aportadas y desahogadas por la actor a en los juicios que sirven de antecedente al presente asunto y, con ello, la lesión que se causa en su interés jurídico al partido político que represento en este acto, dado que se quebranta lo preceptuado por los artículos 6 de la Constitución Política del Estado de Campeche, 17 y 116 de la Constitución federal y 542 y 544 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, en los términos ahí indicados y que en obvio de repeticiones innecesarios, pido que se tengan aquí por reproducidos.

b).- Ahora bien, las afirmaciones anteriores, hallan su sustento legal en que la autoridad resolutora apreció de manera errónea los medios de convicción aportados en los diferentes juicios que sirven de antecedente a este Juicio que ahora se intenta por lo que hace a la televisora local, como se desprende de lo siguiente:

La responsable incurre en diversos equívocos que me causan agravio, destacando el posicionamiento respecto de asuntos ajenos a los planteamientos que derivan de la acción intentada y la deficiente valoración de pruebas.

Por lo que hace al planteamiento de asuntos distintos a los que derivan del escrito original, tenemos que a fojas 55 de la resolución del juicio de inconformidad y que valida la propia sala electoral, en el que se señala por parte del partido político tercero interesado que: por limitaciones de orden técnico y financiero tienen una cobertura limitada exclusivamente para la ciudad de Campeche. Afirmaciones éstas que me causan un doble agravio pues la responsable no cae en la cuenta que lo afirmado por el tercero interesado constituye también una afirmación a la que sí le da valor probatorio sin necesidad de que la pruebe, descalificando a continuación el dicho de la actora por una supuesta falta de acreditación.

Respecto de la valoración de las pruebas se aprecia que la responsable:

    Omite considerar algunos de los medios de prueba, o

    Valora inadecuadamente algunos de los mismos.

Lo anterior, como se aprecia de que la responsable, a fojas 55 de la sentencia de fecha 12 de agosto del presente año y que fueron validados como legalmente analizados por la propia sala electoral estatal en su resolución que hoy se combate, en el que se manifiesta en relación con el uso de espacio televisivo de la empresa del Estado XHCCA-CANAL 4, que: todos los anteriores no pueden constituirse en prueba plena en virtud de fueron aportados sin los requisitos para tener validez cierta, a mas que representan partes de un todo, sin tener un contexto integro y total, así, de los documentos de relaciones, unos no logran identificarse a que pertenecen y otros son de los años anteriores...; y a renglón seguido especula respecto de la audiencia y el impacto del uso -y abuso- de los medios de comunicación, minimizando sus efectos. Omitiendo la responsable examinar detalladamente el contenido de dichos videos, pues de la sola revisión de los mismos se extraen conclusiones válidas para apoyar la tesis de la actora. Ello, como se detalla en párrafos posteriores.

Destacándose también, que la responsable omite una consideración muy importante en la especie; que la actora no solamente refiere el hecho de que haya habido una inequidad en los medios masivos de comunicación; sino además, la gravedad de que EL MEDIO RESPONSABLE, SEA UNA ENTIDAD PÚBLICA DEPENDIENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO; ello, pues del contenido de la resolución toda, no se desprende que haya examinado esta circunstancia. Lo que es importante señalar pues esta consideración por sí misma genera consecuencias distintas y al margen de los niveles de audiencia que pueda o no tener dicha televisora; esto es así porque con independencia del alcance y penetración de su programación, el solo hecho de que el Estado se vuelque a favor o en contra de un partido político precisamente dentro de una campaña electoral, es un asunto en sí mismo cuestionable y conculcatorio de los principios que deben regir una elección, específicamente, el de la imparcialidad que debe observar el poder público respecto de los incidentes de la contienda.

De ahí que yerre la autoridad responsable al limitarse a examinar el aspecto de penetración o cobertura de la programación televisiva y guarde un sospechoso mutismo sobre la circunstancia de que ésta es una empresa pública y por ende, pesan sobre ella serias restricciones para participar, a cualquier título y así sea en forma aislada o periférica, en un proceso electoral a favor o en contra de un instituto político cualquiera; como efectivamente lo hace y como se aprecia de la simple revisión de los videos que se aportaron y que, en virtud al principio de exhaustividad y considerando la plena jurisdicción de la precitada autoridad, debieron ser examinados minuciosamente y todos en su conjunto.

Omisiones y deficiencias en el análisis de las pruebas aportadas que se evidencian con mayor fuerza en párrafos tales como el contenido a fojas 125 de la resolución emitida por la sala electoral estatal y que hoy se combate que reza: que aunque ahora mejorándose al desglose su contenido al detalle, le organice y plasmara en cuadros con columnas, celdas y filas, reseñando tales notas nunca fueron aportadas ante la instancia inferior en original sino en copia fotostática simple sin valor pleno ; afirmación lesiva pues en el escrito original claramente se señaló que tales actos se referían a ese periodo y no a otro; ello, al decirse en el mencionado documento: En todos los casos, es evidente un tratamiento favorable hacia las acciones que emprenden los candidatos del Partido Revolucionario Institucional y de rechazo u omisión hacia las acciones emprendidas por otros institutos políticos o sus abanderados, especialmente el Partido Acción Nacional; ello, como se aprecia de las copias simples, de los ejemplares de los periódicos de referencia que se agregaron al juicio de inconformidad que de ninguna manera agotan en forma exhaustiva esta circunstancia, pues nada más sirven para ejemplificaría y poner de manifiesto la parcialidad de estos medios; siendo en realidad peor el tratamiento discriminatorio hacia otros partidos y favorable para los intereses del PRI y siendo peor, también, porque han ocurrido en el transcurso del tiempo a los largo de semanas y meses, de la que se desprende claramente que se cuestiona precisamente la tendencia contraria u opuesta a los intereses del partido político que represento. Y en la especie, si la autoridad tuvo por demostrada la veracidad del contenido de dichos videos, lo que es así pues la autoridad NO ATACA SU CONTENIDO, limitándose a descalificarlos porque: son de hechos ocurridos durante la etapa de preparación del proceso, no durante la jornada electoral, tenía que haberse pronunciado sobre dicho contenido atento a lo que se señaló en el escrito original y no sobre si se refieren a eventos de fechas distintas a la de la jornada electoral; es decir, es evidente que la autoridad resolutora tiene por acreditados los hechos aparecidos en los videos pero los descalifica PORQUE NO SE REFIEREN A LA JORNADA ELECTORAL; empero como ése no fue el punto controvertido en el escrito de expresión de agravios, la autoridad debió examinar dicho contenido que tiene por acreditado y ver si del mismo se desprende lo que se alega en el multireferido escrito original. SIN EMBARGO, LA AUTORIDAD NO HACE NADA DE LO ANTERIOR, LIMITÁNDOSE A NEGARLES VALOR PROBATORIO PLENO PARA LOS EFECTOS QUE MENCIONA, olvidando pronunciarse por lo que hace a lo alegado por la parta autora.

Es decir, la autoridad responsable niega valor probatorio a los medios de convicción aportados al efecto con argumentos endebles como son la afirmación genérica, dicho en términos generales, de que los mismos no son suficientes para demostrar los extremos apuntados en nuestro escrito original; soslayando el examen individualizado de los videos en comento y que son útiles para tener por demostrado que existe una clara desproporción entre las notas informativas, pues en ellos se pone de relieve que es mayor el número de notas que aparecen y que son relativas a los candidatos del Partido Revolucionario Institucional; si bien es cierto, se aportaron con elementos de prueba solamente tres vídeos, no menos cierto es que los mismos son útiles para demostrar que tal y como se afirmó, la mayoría de las notas relacionadas con las elecciones hacen referencia al Partido Revolucionario Institucional y sus candidatos; afirmación esta última que quizá, por sí misma, no fuera suficiente para determinar la gravedad de esta irregularidad pero que, adminiculada con otros medios de convicción no controvertidos, a saber: la presencia del Gobernador Antonio González Curi en actos de campaña, concretamente al lado de Roberto Madrazo Pintado, el Presidente del CEN del Revolucionario Institucional, la campaña de medios en las que existe plena identidad entre la publicidad del Gobierno del Estado y la propaganda partidista, el alud de publicidad negativa en contra de los candidatos o de todo aquello vinculado a sí sea lejanamente con el Partido Acción Nacional, hacen prueba plena de que, efectivamente, existió una clara tendencia inequitativa para los partidos políticos opositores a aquél que salió triunfador en la contienda que nos ocupa y que esa indebida parcialidad del Gobierno influyó decisivamente en el ánimo de los electores durante semanas. Y de nuevo, tenemos que también así lo consideró la Sala Regional de la Tercera Circunscripción Plurinominal en Xalapa, Veracruz, en su resolución de fecha 3 de agosto del 2003, misma que antes se ha citado, al afirmar que: Tal como lo señala el actor en su agravio, la mayoría de las notas relacionadas con las elecciones hacen referencia al Partido Revolucionario Institucional y sus candidatos, principalmente el candidato a la gubernatura; en menor medida a Convergencia, Partido de la Revolución Democrática, al Partido del Trabajo, y únicamente de los tres noticieros existió una nota informativa respecto del Partido Acción Nacional, dicho sea de paso, en forma conjunta con el Partido Revolucionario Institucional. Igualmente se observa que se emitieron dos comerciales donde aparece el candidato a Gobernador del Partido Revolucionario Institucional felicitando a los niños en su día, y ningún otro comercial o espacio similar a favor de otros institutos políticos; es decir, del examen de las citas de marras se coligen éstas y otras circunstancias; las cuales, de haber sido debidamente valoradas y adminiculadas con otros medios de convicción aportados, debieron llevar a la autoridad a la conclusión de que efectivamente hubo inequidad en medios. Y no sólo eso, sino que dicha inequidad es particularmente relevante. Es tan evidente lo aquí externado que la propia Sala Regional de la Tercera Circunscripción Plurinominal en Xalapa, Veracruz, en la resolución multireferida, al hacer valer los agravios vertidos con anterioridad en dicho recurso, identifica una inequidad manifiesta en beneficio de los candidatos emanados del Revolucionario Institucional; así, cuando alude a las veintiséis referencias, entre notas informativas y pautas comerciales, únicamente dos se refieren a la elección federal y las restantes a las elecciones locales de Gobernador, diputados v ayuntamientos; es decir, considerando esta cifra como universo, es de destacar, como dicha autoridad lo admite, que: Tal y como lo señala el actor en su agravio, la mayoría de las notas relacionadas con las elecciones hacen referencia al Partido Revolucionario Institucional y sus candidatos, principalmente el candidato a la gubernatura; en menor medida a Convergencia, Partido de la Revolución Democrática, al Partido del Trabajo, y únicamente de los tres noticieros existió una nota informativa respecto del Partido Acción Nacional. No existe una explicación lógica pues para que la responsable decida declarar la validez de la elección siendo como es un mandato constitucional, el que los procesos de esa índole se lleven a cabo conforme a ciertos principios, uno de los cuales es la independencia que debe regir entre los partidos políticos y el Gobierno y siendo evidente la intromisión del Gobierno del Estado de Campeche en el proceso todo.

En este tenor, los vídeos ofrecidos y desahogados dentro de los diversos juicios que se siguieron ante la autoridad responsable, inconformándose por los resultados de cómputo distrital, sí son suficientes y bastante para tener por demostrada al menos una circunstancia: la desproporción entre los diferentes tipos de información y su parcialidad en beneficio del Partido Revolucionario Institucional.

Así, respecto de la información que por diversas vías se suministró a la autoridad jurisdiccional, podemos señalar que del resumen de videos, se extrae que son tres cintas con distinto tipo de evidencia como se aprecia de lo que a continuación se muestra:

a).- VHS 1. La que contiene:

    Evidencia 1, del 30 Abril. Formato VHS.

    Evidencia 2, del 8 Mayo. Formato VHS.

    Evidencia 3, del 16 mayo. Formato VHS.

b).- VHS 2. La que contiene: Evidencia de la visita del C. R. Madrazo, el viernes 23 de mayo de 2003, evento al que asistió el Gobernador del estado, Lic. Antonio González Curi.

c).-VHS 3. La que contiene:

    Evidencia 4, que contiene un resumen del 6 al 10 de mayo 2003.

    Evidencia 5, que contiene un resumen del 19 al 24 de mayo 2003.

De donde resulta que la información que puede extraerse de los mismos es la que se anota a continuación:

Miércoles 30 abril 2003.-

XHCCA-CANAL 4

PRI

1. CONGRESO JUVENIL: INSTALACIÓN POR IDEA FERNANDO ORTEGA BERNES (HOY CANDIDATO A PDTE. MPAL PRI.): PROPONEN ELEVAR EL CONG. JUVENIL A UN AÑO.

PRI

2. ANTONIO GONZÁLEZ CURI HA DADO 60 AMBULANCIAS DURANTE SU GESTIÓN. HA AMPLIADO LA COBERTURA EN PROGRAMAS DE POBREZA EXTREMA. HA MPLIADO COBERTURA DE SALUD CON 50 CASAS P/ELLO.

Otros 2:38

3. INSTITUTO CAMPECHANO: 435 TRABAJADORES SINDICALIZADOS RECIBEN 4.3% INCREMENTO SALARIAL NO PUDIERON SER INCORPORADOS AL INFONAVIT.

PRI

4. DIF: ELVIA PÉREZ DE GONZÁLEZ. MILES DE JUGUETES PARA NIÑOS DE HECELCHAKAN.

Otros

5. AYUNTAMIENTO: REMODELACIÓN PARQUE DE LA DE LA INDEPENDENCIA (PARQUE PRINCIPAL)

PARQUE DE LA INDEPENDENCIA (PARQUE PRINCIPAL)

PRI

6. SRIO. DE FINANZAS: SANTIAGO PÉREZ AGUILAR: HASTA JULIO SABRÁN SI RECIBEN LOS EXCEDENTES DEL PETRÓLEO.

PRI

7. SRIO. DE TURISMO: TUVIERON 75.56% DE OCUPACIÓN.

Otros

8. PATRONATO DE LA CD. DE CAMPECHE: ARQ. HUGO BERRON.

SPOT-HURTADO. PRI. NIÑOS.

Miércoles 30 abril 2003.-

PRI

1. JCHURTADO. CANTANDO POR MUJERES COMO TU EN TENABO.

PRD

2. ANUNCIAN FORMACIÓN DE MOVIMIENTO SOCIAL CONTRA TLC.

PT promoción p/pulverizar voto.

3. REGISTRO DE SUS CANDIDATOS: ARGENTINA CASANOVA Y JOSÉ LANDA

PPS promoción p/pulverizar voto.

4 Dirigente Edwuviges de la Cruz: FOX PODRÍA INCUMPLIR ACUERDOS CON EL CAMPO . NO TIENEN REGISTRO PERO SE ADHIEREN A LA CAMPAÑA DE HURTADO.

CONVERGENCIA promoción p/pulverizar voto.

5. SE REGISTRA ALVARO GUTIÉRREZ CANDIDATO A PRESIDENTE MPAL.

Otros: SINDICATO BURÓCRATAS

6. MAS DE 2500 EMPLEADOS FEDERALES MARCHARÁN Y PROTESTARÁN EN RECHAZO AL PROGRAMA DE SEPARACIÓN VOLUNTARIA: SECRETARIO GENERAL: JOSÉ LUIS GONZÁLEZ FLORES PRIMO HERMANO DEL GOBERNADOR Y HERMANO DEL CANDIDATO AL VII DISTRITO . el desfile es el foro adecuado.

SPOT-HURTADO. PRI. NIÑOS. .

ES UNA CONSTANTE FINALIZAR CON NOTAS DE DEPORTES. NO SE GRABA.

Jueves 8 mayo 2003.- XHCCA-CANAL 4

TITULARES:

    NIÑOS PUBERTOS CON PROBLEMAS DE DROGADICCIÓN.

    HAY NUEVO PRESIDENTE EN DESARROLLO DE CAMPECHE.

    CANACINTRA: FALTA DE DINAMISMO ECONÓMICO FRENA DESARROLLO.

Otros

9. OBISPOS EN CAMPECHE. EXHORTAN A VOTAR

PRI

7. JCHURTADO: EN ATASTA, MPIO. CARMEN: SE COMPROMETE A SOLUCIONAR PROBLEMAS FALTA DE AGUA Y LUZ: POR FALTA DE CAPACIDAD DE LA CFE PARA DOTARLOS DE ENERGÍA.

PRI

8. JCHURTADO: EL MISMO DÍA POR LA MAÑANA FUE AL INSTITUTO TECNOLÓGICO. EN CD CAMPECHE. EDUCACIÓN Y CREARLES EMPLEOS ES PRIORIDAD.

PRI

9. F. ORTEGA BERNES: CANDIDATO PDTE. MPAL GANAR LA CONFIANZA DE LA CIUDADANÍA. INTEGRAR UNA FUERZA.

CONVERGENCIA, promoción p/pulverizar voto.

10. LSS: DESARROLLO DEL CAMPO Y LA PESCA. NO PUEDEN COMPETIR CONTRA EL DERROCHE DE OTROS CANDIDATOS.

CONVERGENCIA, promoción p/pulverizar voto.

11. RUEDA DE PRENSA: 125 CANDIDATOS, ES PRUEBA DE GRAN ESTRUCTURA ELECTORAL. ALVARO NO TIENE PORQUE RENUNCIAR.

PT promoción p/pulverizar voto.

12. CANDIDATA IV DTO. ARGENTINA CASANOVA MENDOZA EN CAMPAÑA EN COL. SAN JOSÉ Y SAN RAFAEL. ESCUELA J. TORRES BODET SIN ALUMBRADO PUBLICO.

Otros CONGRESO

13. DAN LICENCIA A FERNANDO ORTEGA BERNES PARA CONTENDER POR LA ALCALDÍA DE CAMPECHE y a Isabel Chan Pantí. DIP. CARLOS BAQUEIRO PROTESTA POR EL PASO DEL FERROCARRIL EN LA CD. CONMEMORAN NATALICIO DE MIGUEL HIDALGO. (PAN) DR. CAMBRANIS: SERÁ HASTA EL 10 DAN A CONOCER QUIEN GANARÁ EL RECONOCIMIENTO POR EL DÍA DE LA ENFERMERA.

Otros: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE (UAC)

14. MAS DE 2,700 ASPIRANTES PRESENTARÁN EXAMEN DE ADMISIÓN. SÓLO CABEN 1200 ALUMNOS.

Otros

15. CONALEP ENTREGA FICHAS DE INSCRIPCIÓN...

PRI.

16. DIF: ELVIA PÉREZ DE GONZÁLEZ: DROGADICCIÓN: FIRMA CONVENIO FARMACODEPENDIENTES.

Otros

17. ENCALLA BARCO PESQUERO EN CAYO ARCAS. PROPIEDAD DE LAUREANO CEBALLOS FUENTES (CANDIDATO DE CONVERGENCIA)

Otros

18. MAS DE 400 PESCADORES CONTRA CANAIPESCA. (PRESIDENTE DF CANAIPESCA ES HERMANO DE CANDIDATA PANISTA: NELLY MÁRQUEZ)

DESARROLLO DE CAMPECHE

19. DECAM: TOMA DE PROTESTA A NUEVO PRESIDENTE: AGAPITO CEVALLOS FUENTES (HERMANO DE CANDIDATO DE CONVERGENCIA)

PRI

20. EN CHAMPOTON: ANTONIO ALDAY (SEOPCE) TRABAJOS DRENAJE PLUVIAL QUE POR INSTRUCCIONES DEL GOBERNADOR INICIÓ DESDE OCTUBRE PASADO, A LA FECHA: AVANCE DEL 25%.

Otros

21. CANACINTRA: CONFERENCISTA ALFREDO CAMHAGI: LE FALTA DINAMISMO ECONÓMICO A CAMPECHE.

PRI

22. DIF: ELVIA PÉREZ DE GONZÁLEZ: 19,000 JUGUETES Y UTENSILIOS CON MOTIVO DEL DÍA DEL NIÑO Y DE LA MADRE PARA 41 COMISARIAS. PIDIÓ QUE SE ENTREGUEN CON UN PEQUEÑO FESTIVAL

PRI.

23. SECTOR SALUD: FESTIVAL ARTÍSTICO EN COMISARÍA DE LERMA

24. PALIZADA: PRODUCTORES AGROPECUARIOS PIDEN QUE SE DESVIE EL RIO POR LAS SECAS.

SAGARPA

25. DAN ALIMENTO PARA GANADO POR LA SEQUÍA.

AYUNTAMIENTO

26.- REUBICAN LA FUENTE A LA ELECTRIFICACIÓN.

27.- FERIA DEL LIBRO.

28.- COMUNIDADES INDÍGENAS.

***NOTA: EN TODOS LOS NOTICIEROS ES UNA CONSTANTE QUE SIGUE DEPORTES***

Domingo RESUMEN martes 6 al viernes 9 mayo 2003.- XHCCA-CANAL 4.

MARTES 6 DE MAYO:

CONVERGENCIA: ALVARO GUTIÉRREZ ASEGURÓ QUE NO DECLINARÁ- DESMINTIÓ LOS RUMORES DE SUPUESTA DECLINACIÓN A FAVOR DEL CANDIDATO DEL PAN.

JESÚS DURAN RUIZ SALE DEL PAN, HOY SE UNE COMO PRIMER REGIDOR.

CFE: APAGONES CAUSARON MALESTAR. MAS DEL 80% DE LA CIUDAD DE CAMPECHE.

MIÉRCOLES 7 DE MAYO:

PRI: JC HURTADO. GIRA DE 3 DÍAS EN CARMEN . ATENDERÁ PROBLEMÁTICA PESQUERA.

JUEVES 8 DE MAYO 2003:

OBISPOS DE YUCATÁN Y CAMPECHE: EXHORTAN A SALIR A VOTAR

PRI: JCHURTADO. OFRECE DESARROLLO EN ATASTA MPIO. CARMEN, refiriéndose a CFE: SABEMOS LOS PROBLEMAS QUE SE PADECEN EN TODA LA PENÍNSULA POR LA FALTA DEL SUMINISTRO ADECUADO. DE LA CAPACIDAD MAS QUE NADA DE LA CAPACIDAD ADECUADA, PARA QUE SE PUEDAN INSTALAR NEGOCIOS, ALGUNA FABRICA, INCLUSO MAS VIVIENDA. Y HASTA EL COLMO, PARA QUE PUEDA FUNCIONAR LA UNIVERSIDAD DE ATASTA, LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA.

PRI: JCHURTADO. POR LA MAÑANA ASISTIÓ TAMBIÉN ANTE ALUMNOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO EN LA CD. DE CAMPECHE, (se observa su publicidad en proyección de pantalla, atrás de él).

CONVERGENCIA: LSS asegura que no hay fracturas al interior de ese Partido. VIERNES 9 DE MAYO 2003:

PRI: GOBERNADOR Y SU ESPOSA PRESIDIERON DESAYUNO CON MADRES TRABAJADORAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO. RIFA DE ELECTRODOMÉSTICOS.

REPORTAJE ESPECIAL: MA. CONCEPCIÓN RAMOS RODRÍGUEZ. 73 AÑOS, 7 HIJOS NO SE OCUPAN DE ELLA.

MARINA: RESCATE DE 10 PERSONAS DEL BARCO QUE ENCALLÓ.

INCENDIO DE MALEZA AMENAZÓ CON PROPAGARSE EN GAS DE CAMPECHE. BOMBEROS LO CONTROLAN.

IEEC: HA CAPACITADO A 34,334 DE LISTA NOMINA P/870 CASILLAS DE PADRÓN NOMINAL 435,908; DE LISTA 8947. DECIDIRÁN QUE EMPRESA REALIZARÁ EL PREP. TIENE LISTAS DE RESERVA PARA CUALQUIER IMPREVISTO.

DIF: ELVIA P. DE GONZALEZ: ENTREGÓ EN CARMEN, MAS DE 32,000 JUGUETES Y ENSERES PARA DISTRIBUIRSE A LOS AGENTES MPALES. MENCIONÓ QUE DURANTE 5 AÑOS EL GOBIERNO DEL EDO. HA SIDO DE INTENSO TRABAJO. EL GOBERNADOR HA QUERIDO CONTIBUIR CON UDS.

LUEGO: EN CHUINÁ ENTREGÓ CHEQUE POR $30,000.00 P/CONSTRUCCIÓN CAPILLA DE LA VIRGEN DE LA DOLOROSA. INICIO FERIA DEL LIBRO.

SECRETARIO DE TURISMO: DESAYUNO ALA PRENSA: INFORMA SE CONSOLIDA ACTIVIDAD TURÍSTICA, RICARDO RODRÍGUEZ DIVES: AUMENTO DE VISITANTES DEL 10%.

INTELECTUAL DE CUBA OFRECIÓ CONFERENCIA EN INAUG. FERIA DEL LIBRO: MIGUEL BARNET.

PRI: JCHURTADO. EN CALLE 10 DEL CAMINO REAL . PROBLEMA LIMPIEZA Y AMPLIACIÓN DRENAJE PLUVIAL VIVEN EN CONTINUA INSEGURIDAD POR DESCARRILAMIENTOS QUE HA HABIDO. YA SE ESTÁ ANALIZANDO EL PROYECTO P/QUITARLAS. LUEGO: FESTIVAL PARA LAS MADRES ACOMPAÑADO DE CELORIO CANDIDATO A DIP. II DTO. (Hurtado se despide: que Dios las bendiga a todas)

CONVERGENCIA: ALVARO GUTIÉRREZ: PROBLEMA DE DRENAJE Y FALTA DE TRATAMIENTO AGUAS NEGRAS DE LA RÍA. EN LA COL. 7 DE AGOSTO.

PRD: ***MELCHOR BABE COB EX CAMPEÓN MUNDIAL DE BOXEO CANDIDATO A PRIMER REGIDOR*****

NOTA: ES UNA CONSTANTE EN EL PROGRAMA, QUE LAS ÚLTIMAS NOTAS SON DEPORTIVAS.

Viernes 16 mayo 2003.- XHCCA-CANAL 4.

TITULARES:

    HABRÁ REQUERIMIENTO CONTRA EVASORES DEL FISCO .

    SNTE: NO SATISFACE INCREMENTO A MAESTROS A MAESTROS CAMPECHANOS.

    ESTRATEGIA PARA SOFOCAR INCENDIOS FORESTALES.

    IFE: APRUEBA ACUERDOS, PREVIOS A 6 DE JULIO.

    IEEC: EN 6 DÍAS SE CONOCERÁN CANDIDATOS PLURINOMINALES

    SIN CONTRATIEMPOS AVANZA LA 2a ETAPA PRINCIPAL CENTRO ABASTOS

INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTADO:

10.- SHCP: EL 30 ABRIL VENCIÓ PLAZO P/MAS D 50,000 CONTRIBUYENTES. LOTERÍA FISCAL CAYÓ EN CAMPECHE.

11.- MAGISTERIO: INCONFORME CON EL 5.5 DE INCREMENTO

12.- DIF. ELVIA PÉREZ DE GONZÁLEZ: FELICITÓ A MAESTRO DE CENTROS COMUNITARIOS. ENTREGÓ ESTUFAS Y DIVERSOS.

13.- SECUD: INICIA ETAPA REPARACIÓN POR DAÑOS ISIDORE. RECIBEN RECURSOS DE ASEGURADORA.

14.- CONALEP: FESTEJA A SUS MAESTROS.

15.- CENECAM: CANCELA PROGRAMA DE QUEMAS DURANTE 10 DÍAS. CONAFOR ALBERTO CÁRDENAS JIMÉNEZ. ESTRATEGIAS .

16.- ESPECIAL: GRANIZADOS.

17.- ESCARCEGA: CAYO GRANIZO QUE DAÑÓ TECHOS LAMINA CARTÓN.

18.- ECLIPSE LUNAR. SE VIO EN CAMPECHE.

19.- INDESALUD. CURSO DESNUTRICIÓN.

20.- IFE. VENCIMIENTO REGISTRO OBSERVADORES ELECTORALES.

21.- IFE. INFORME CASILLAS

22.- IEEC: RECIBEN DOCUMENTACIÓN. PROX MARTES: RESULTADOS PLURINOMINALES INSCRITOS.

INFORMACIÓN POLÍTICA:

PRI

29. JCHURTADO: EN HECELCHAKAN. REALIZÓ RECONOCIMIENTO A MAESTROS. DEPOSITÓ OFRENDA FLORAL ACOMPAÑADO DE AUTORIDADES DEL LUGAR.

PRI

30. JCHURTADO: EN NOHALAL RECOGIÓ PETICIONES QUE SERÁN ATENDIDAS EN SU ADMÓN. SIGNIFICÓ QUE PROCESO INTERNO YA QUEDÓ ATRÁS, AHORA ES UN SOLO PRI.

PRI

31. F. ORTEGA BERNES: REUNIÓN CON UNIVERSITARIOS FACULTAD DE DERECHO

PRI

32 CANDIDATO DIP. LOC. II DISTRITO ENRIQUE CELORIO EN BARRIO S. FCO.

PRD promoción p/pulverizar voto.

33. CANDIDATO A LA GUBERNATURA: ALVARO ARCEO .

PRD promoción p/pulverizar voto.

34. CANDIDATA VI DISTRITO MA. EUGENIA PÉREZ MITRE .

CONVERGENCIA promoción p/pulverizar voto.

35. LAYDA VISITA MPIO. CARMEN, SABANCUY DISPUESTA A CAMBIAR LA HISTORIA DE CAMPECHE QUE LA SOCIEDAD GOBIERNE AL PODER. DAN LA AGENDA HASTA EL DOMINGO

CONVERGENCIA promoción p/pulverizar voto.

36. CANDIDATO A DIP. FEDERAL JORGE ABUD,

PPT promoción p/pulverizar voto.

37. TALLER DE MANEJO IMAGEN, DISCURSO, ESTRATEGIAS DE ADVERSARIOS, ETC. EN EL CENTRO DE CONVENCIONES.

NUEVA ASOCIACIÓN CIVIL.

38. FORMARON CLASE CIUDADANA ORGANIZACIÓN CIVIL: INTEGRAN: CIUDADANOS FRUSTRADOS POR NO PODER PARTICIPAR. PREF. SEXUALES DIFERENTES. AMAS DE CASA. GENTE QUE NO HA SIDO ATENDIDA.

AYUNTAMIENTO.

PRI 39. SEGUNDA ETAPA MERCADO PUBLICO

INCL ESTACIONAMIENTO PLANTA ALTA.

AYUNTAMIENTO PRI.

40. DIRECCIÓN DE TURISMO: PROGRAMA EXPRESIONES DE NIÑOS

(SAMULÁ)

GOBIERNO DEL ESTADO. PRI.

41. ANUNCIAN FERIA DEL LIBRO.

DÍA DEL JUBILADO ESTATAL

42. PROMOCIÓN DE REVISTA (MUNDO CAMPECHANO (CHICHAN;. ANUNCIA HOMENAJE A ELVIA PÉREZ DE GONZÁLEZ EL DÍA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 7 DE JUNIO

Domingo RESUMEN lunes19 al sabado24 mayo 2003 - XHCCA-CANAL 4.

LUNES 19 DE MAYO:

PRI: BECAS FUNDACIÓN PABLO GARCÍA. CREACIÓN DEL GOBERNADOR PRD: ROSARIO ROBLES Y ALVARO ARCEO. OPTIMISTAS.

MARTES 20 DE MAYO:

UAC: ESPACIOS ANÁLISIS DE PROPUESTA DE CANDIDATOS.

PRI: JC HURTADO. RECORRIÓ SAN ROMÁN. VISITA GALLETERA

RICHAUD.

PRI: F. ORTEGA BERNES. 1er. CUADRO DE LA CD. .(dos veces imagen saludando a ventero)

CONVERGENCIA: LSS. VISITÓ BECAL Y CALKINÍ.

PT: RECIBE PROPUESTAS P/MEJORAR SISTEMA DE GOBIERNO.

PRI: A ESPAÑA: PREMIO ESTATAL JUVENIL DEL ENSAYO: Fernando Hernández Calderón.

MIÉRCOLES 21 DE MAYO;

CENECAM: CAE PRIMERA LLUVIA. Manuel Flores Hernández.

PRI: JC HURTADO. GIRA DE 3 DÍAS EN MPIO. CARMEN: PROMETIÓ ESTABLECER SUBSECRETARÍAS

POR CADA UNA DE LAS SECRETARIAS ESTATALES

FUERZA CIUDADANA: CANDIDATO A GUBERNATURA DZIB SOTELO. HA LLEGADO A MAS DE 115,000 FAMILIAS.

ZARPÓ EL GALEÓN TURÍSTICO CARMITA R. RECORRIDO DE PRUEBA A CARMEN.

COLOCAN PRIMERA PIEDRA SAM'S CLUB. A PARTIR DE SEPTIEMBRE EMPLEO A 300—

JUEVES 22 DE MAYO:

CONVERGENCIA: ABUD FLORES: CANDIDATO A DIP. FEDERAL II DISTRITO.

PRD: CANDIDATO I DISTRITO DR. ALBERTO RUIZ... VIERNES 23 DE MAYO:

PRI: EN AVIÓN PRIVADO LLEGA ROBERTO MADRAZO LO RECIBE EL GOBERNADOR - AVIÓN ULTRALIGERO SOBREVUELA (3er. día) COLA SALUDA A ROBERTO - COMIDA FRACCIORAMA -TOMA DE PROTESTA A SUS CANDIDATOS, EN CALLE 59 (10,000 priistas)

CFE: SE ENTREVISTAN DIPUTADOS DEL PRI-PRD Y PAN CON DELEGADO PARA SOLICITARLE BAJAR TARIFA A EDO. CAMPECHE.

SÁBADO 24 DE MAYO 2003:

CONVERGENCIA: LSS: LA CENTRALIZACIÓN SIGUE IMPERANDO.

Es evidente de lo hasta aquí referido, que existió en la programación dé la televisora referida una tendencia muy marcada de beneficiar la imagen pública del Gobierno y de los candidatos del Partido Revolucionario Institucional y de omitir, descalificar, ignorar o minimizar la presencia de la oposición local. Así también lo consideró la Sala Regional de la Tercera Circunscripción Plurinominal en Xalapa, Veracruz, en su resolución de fecha 3 de agosto del 2003, misma que antes se ha citado, al afirmar que: Tal y como lo señala el actor en su agravio, la mayoría de las notas relacionadas con las elecciones hacen referencia al Partido Revolucionario Institucional y sus candidatos, principalmente el candidato a la gubernatura; en menor medida a Convergencia, Partido de la Revolución Democrática, al Partido del Trabajo, y únicamente de los tres noticieros existió una nota informativa respecto del Partido Acción Nacional, dicho sea de paso, en forma conjunta con el Partido Revolucionario Institucional. Igualmente se observa que se emitieron dos comerciales donde aparece el candidato a Gobernador del Partido Revolucionario Institucional felicitando a los niños en su día, y ningún otro comercial o espacio similar a favor de otros institutos políticos.

Es decir, no obstante que todos estos medios de prueba obraban en poder de la responsable derivado de uno o de todos los juicios que resolvió respecto de las impugnaciones de los diferentes cómputos distritales; la misma no extrajo ninguna conclusión pese a que es muy clara y marcada la tendencia de favorecer a un instituto político en perjuicio del resto, pues no puede soslayarse que:

a).- La televisora ES UNA EMPRESA DEL ESTADO;

b).- Los recursos del Estado se desviaron ilícitamente a favor de un partido político y en perjuicio del resto;

c).- Esta parcialidad se reduce no sólo a la inequidad inherente a dicho fenómeno, sino además, debe tomarse en cuenta que es extraordinariamente grave que el Gobierno se vuelque en favor de un partido político o pretenda influir de cualquier forma en una contienda electoral.

En este tenor, la responsable omite examinar esta circunstancia y en el análisis que hace, en diferentes ocasiones, respecto de la copia certificada del periódico oficial del Estado, donde se publicó la Ley de Egresos para el presente ejercicio fiscal, no se repara en el hecho de que mediante la misma se demuestra que la televisora es precisamente un ente público

C).- En lo tocante a los medios de información impresos, la responsable desestima en diversas ocasiones el alcance y significación de los agravios hechos valer, los medios de convicción aportados y los hechos demostrados a través del adecuado examen de aquellos.

Respecto de la valoración de las pruebas se aprecia que la responsable:

    Omite considerar algunos de los medios de prueba, o

    Valora inadecuadamente algunos de los mismos.

En la especie es claro que mediante una mera reflexión de la autoridad, visto el contenido de los precitado medios informativos, es posible extraer que existe una marcada tendencia que demuestra, sin lugar a dudas, una señalada parcialidad al momento de presentar una noticia; parcialidad que se caracteriza por una constante agresión al Partido Acción Nacional, a los candidatos emanados a dichos partido o a las figuras o entidades públicas o de gobierno vinculadas con dicho partido; por una omisión deliberada del impacto o significación de los actos de campaña llevados a cabo por dicho partido; por una difusión prolongada y continua de las campañas o actos de proselitismo de los candidatos del Partido Revolucionario Institucional, o bien por una difusión prolongada y continua de los actos del Gobierno estatal. Circunstancia que concatenada con los otros medios convictivos aportados puede llevamos a presumir, fundadamente, que efectivamente existe una indebida influencia del gobierno en la línea editorial de mérito, pues existe una constante manifiesta en su contenido.

De hecho, no es posible saber qué pensaba la señalada autoridad cuando no extrae conclusiones atinentes a dichas notas pues, como mero ejemplo, de las primeras cincuenta notas que transcribe (1 a 50) su examen nos reporta un resultado terrible: 14 notas se refieren al PAN y las 14 son negativas; 36 se refieren al PRI y de éstas 34 son positivas y sólo dos son negativas, aunque no para el candidato, sino para la dirigencia municipal; la marcada con el número 4 se dice que no está directamente con la elección a Gobernador, empero en el recuadro número cinco se aprecia Claramente que dice: arranque de campaña del candidato panista Juan Garios del Río González; es decir, la valoración que pretende hacer la autoridad es muy cuestionable como se aprecia de este brevísimo ejemplo.

Siendo irrelevante además, que las notas periodísticas no se refieran nada más a la campaña a Gobernador por las razones que se aducen en un apartado distinto de este mismo escrito en líneas anteriores respecto a que este ataque no fue selectivo; y vuelve a equivocarse la responsable porque el agravio se hace valer en el escrito original refiere: En todos los casos, es evidente un tratamiento favorable hacia las acciones que emprenden los candidatos del Partido Revolucionario Institucional v de rechazo u omisión. hacia las acciones emprendidas por otros institutos políticos o sus abanderados, especialmente el Partido Acción Nacional: ello, como se aprecia de las copias simples, de los ejemplares de los periódicos de referencia que se agregan al presente escrito que de ninguna manera agotan en forma exhaustiva esta circunstancia, pues nada más sirven para ejemplificaría y poner de manifiesto la parcialidad de estos medios; siendo en realidad peor el tratamiento discriminatorio hacia otros partidos y favorable para los intereses del PRI y siendo peor, también, porque han ocurrido en el transcurso del tiempo a los largo de semanas y meses. Es decir, no se hizo alusión expresa determinadas campañas sino en general al fenómeno de que había una tendencia indiscriminada sospechosamente uniforme de descalificación de representantes, abanderados o entidades vinculadas con la oposición y de favoritismo a los representantes, abanderados o entidades vinculadas con el Revolucionario Institucional.

De lo hasta aquí afirmado, es claro pues que está indebidamente realizada la valoración de pruebas por la responsable pues con bases muy endebles aduce falsamente que no se presentó un criterio de selección, lo que sí se hizo como se aprecia del párrafo anterior; que no se consideró el ¡el volumen de circulación!; que no se refiere porqué dichas notas deben considerarse determinantes; así que si la autoridad encuentra dichas omisiones, es obvio que tal carencia determina que no haya una valoración de pruebas adecuada pues, sobre el análisis que se desprende de la sola lectura del material aportado, debió extraer sus conclusiones y no, como lo hace, escudado en estas excusas, no hacerlo a profundidad.

De ahí que cause agravio al Partido al que represento, la indebida O INEXISTENTE valoración del material probatorio por parte de la autoridad responsable, toda vez que; como se aprecia de la información y el contenido de los medios de información impresos que se aportaron, se destaca, como tendencia, que la inmensa mayoría de la información contenida es contraria o perjudica los intereses que Acción Nacional representa o encarna, así sea indirectamente; o bien, magnifica o favorece la imagen o el discurso de los candidatos del Partido Revolucionario Institucional; si no, baste con sólo dar un repaso a los encabezados, titulares y pies de foto de las notas de referencia en las fechas que a continuación se indican: