JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL.

EXPEDIENTE: SUP-JRC-385/2003.

ACTOR: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

AUTORIDAD RESPONSABLE: PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

MAGISTRADA PONENTE: ALFONSINA BERTA NAVARRO HIDALGO.

SECRETARIA: MAVEL CURIEL LÓPEZ.

 México, Distrito Federal, diecinueve de septiembre de dos mil tres.

 VISTOS para resolver los autos del juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-385/2003, promovido por el Partido Acción Nacional, a través de su representante, en contra de la resolución dictada el cuatro de septiembre del año en curso, por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, en el expediente JI-081/2003, integrado con motivo del juicio de inconformidad promovido por el propio partido político actor; y,

R E S U L T A N D O:

 I. El seis de julio de dos mil tres, en el Estado de Nuevo León, se llevó a cabo la etapa de la jornada electoral, entre otras, de la elección de diputados locales.

II. El once siguiente, la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, realizó, entre otras, el cómputo de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, correspondiente al distrito 08; declaró la validez de la referida elección y expidió la constancia de mayoría a la planilla registrada por la coalición “Alianza Ciudadana”.

El cómputo respectivo, arrojó los siguientes resultados:

III. En desacuerdo con lo anterior, el diecinueve de julio del año en curso, el Partido Acción Nacional, por conducto de su representante, promovió juicio de inconformidad. En él solicitó se decretara la invalidez de la votación recibida en diversas casillas, alegando como causales de nulidad, las siguientes:

Asimismo, solicitó la nulidad de la elección de mérito, ya que, desde su perspectiva, al invalidar la votación de las casillas descritas en el cuadro que antecede, se anularía más del veinte por ciento de las instaladas en el distrito de que se trata; de manera que se actualizaría la hipótesis del artículo 284, fracción I, de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León.

IV. El cuatro de septiembre del año que transcurre, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, resolvió el mencionado juicio de inconformidad, en el expediente JI-081/2003; sentencia cuyas partes considerativa y resolutiva, en lo conducente, son del tenor siguiente:

“Noveno. Ahora bien, para analizar el presente asunto se realizará en atención al grupo de casillas por causal de nulidad del artículo 283 de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, que hace valer el impetrante, quedando comprendido en dos grupos, el primero por la causal de nulidad de votación recibida conforme a la fracción IV y el segundo a la fracción IX.

En relación con la fracción IV del artículo 283 de la Ley de la materia, el impetrante la hace valer en contra de la votación recibida en las casillas 1407 contigua 1, 1410 contigua 1, 1410 contigua 2, 1412 contigua 1, 1417 básica, 1418 contigua 2, 1419 básica, 1375 contigua 2, 1376 básica, 1376 contigua 1, 1378 básica, 1379 básica, 1382 contigua 1, 1385 contigua 1, 1385 contigua 2, 1395 básica, 1397 contigua 1, 1398 contigua 1, 1400 contigua 1, 1357 básica, 1421 contigua 1, 1378 contigua 1, 1357 contigua 2, 1374 básica, 1370 básica, 1370 contigua 1, 1362 contigua 1, 1355 contigua 2, 1356 básica, 1363 básica, 1362 básica, 1359 básica, 1363 contigua 1, 1356 contigua 1, 1355 contigua 1, 1381 contigua 1, 1379 contigua 1, 1371 básica, 1356 contigua 3, 1355 básica, 1387 contigua 1, 1377 básica, 1377 contigua 1 y 1376 contigua 2, en virtud de que de la conformación de las mesas directivas de esas casillas deviene una contravención sustancial al procedimiento establecido en el artículo 176 de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, así como de los principios rectores del proceso electoral, ya que según el actor fueron integradas irregularmente, sin respetar la publicación realizada por la Comisión Estatal Electoral en el Periódico Oficial número ochenta y ocho de fecha seis de julio del dos mil tres, que contiene la ubicación e integración de los funcionarios de las mesas directivas de casillas que actuarán en el proceso electoral local de seis de julio de dos mil tres, para la renovación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como de los cincuenta y un ayuntamientos del Estado.

Al respecto, y por razón de método, a fin de examinar si en las casillas en las que se impugna la nulidad de la votación recibida por la causal en estudio, se remite a la ilustración que a continuación se expone, la cual consiste en un cuadro con los datos relativos a las casillas de referencia, mismo que se integra en siete columnas, siendo la primera el contenido de la identificación de la casilla de cuya nulidad de votación se solicita por el actor; en la segunda se indica el cargo desempeñado en las mesas directivas; en la tercera, el nombre de los funcionarios propietarios a integrar las mencionadas mesas, publicados en el Periódico Oficial número ochenta y ocho de fecha seis de julio del dos mil tres; en la cuarta, los suplentes publicados en dicho listado; en la quinta, los nombres de los funcionarios que se contienen en el acta final de escrutinio y cómputo de cada casilla; en la sexta la existencia en autos de los nombramientos de funcionarios de las mesas directivas de casilla, y en la séptima columna se hacen observaciones en relación con el concepto de anulación esgrimido por el impetrante.

Del análisis del cuadro ilustrativo anterior, este Tribunal llega a la conclusión de que son infundados los conceptos de anulación que hace valer el impetrante para el efecto de que se declare la nulidad de la votación recibida en dichas casillas, ello en cuanto a las casillas 1407 contigua 1, 1410 contigua 1, 1410 contigua 2, 1417 básica, 1418 contigua 2, 1419 básica, 1375 contigua 2, 1376 básica, 1378 básica, 1379 básica, 1382 contigua 1, 1385 contigua 2, 1395 básica, 1397 contigua 1, 1398 contigua 1, 1400 contigua 1, 1357 básica, 1421 contigua 1, 1378 contigua 1, 1357 contigua 2, 1376 básica, 1362 contigua 1, 1355 contigua 2, 1356 básica, 1362 básica, 1359 básica, 1363 contigua 1, 1356 contigua 1, 1355 contigua 1, 1381 contigua 1, 1379 contigua 1, 1371 básica, 1356 contigua 3, 1355 básica, 1377 básica, 1377 contigua 1, y 1376 contigua 2, en virtud de que en ninguna de ellas se transgredió en su perjuicio el procedimiento de instalación de casilla que señala el artículo 176 de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, pues en el caso concreto obran en el sumario las actas de instalación, de cierre y de escrutinio y cómputo de las casillas detalladas en el cuadro anterior, así como los nombramientos expedidos por la Comisión Municipal Electoral de Monterrey, Nueve León, a los que en términos de los artículos 262, fracción; 262 bis, fracción I, inciso a) y b); y 276, párrafos primero y segundo, se les otorga valor probatorio pleno, amén de no haber sido redargüidas de falso, y en ese evento, se procede a analizar la causal invocada en dos grupos de casillas, siendo el siguiente:

a) En lo relativo a las casillas 1410 contigua 1, 1410 contigua 2, 1417 básica, 1419 básica, 1375 contigua 2, 1378 básica, 1385 contigua 2, 1395 básica, 1397 contigua 1, 1421 contigua 1, 1378 contigua 1, 1374 básica, 1362 contigua 1, 1356 básica, 1359 básica, 1356 contigua 3, 1355 básica, 1377 básica, y 1377 contigua 1, si bien en cierto que de las correlativas actas finales de escrutinio y cómputo se desprende que alguno o algunos de los funcionarios que actuaron como propietario o suplente el día de la jornada electoral para recibir la votación, no fueron publicados en el Periódico Oficial número 88 ochenta y ocho de fecha 6 seis de julio de 2003 dos mil tres, también es cierto que fueron designados por la Comisión Municipal Electoral de Monterrey, Nuevo León, como ha quedado acreditado en autos e ilustrado en el cuadro anterior, amén de que también invariablemente aparecen inscritos en las respectivas listas nominales de electores correspondientes a cada una de las secciones en cuestión, por lo que este Tribunal considera infundado el concepto de anulación, pues no es menester desarrollar el procedimiento que estatuye el artículo 176 de la ley de la materia, cuando los funcionarios que actúan fueron nombrados por la autoridad competente electoral, y la falta de su publicación no es determinante para el resultado de la votación recibida, y en ese evento, tal requisito quedó sobradamente cumplido, como se ha expresado en líneas anteriores.

b) Por lo que corresponde a las casillas 1407 contigua 1, 1412 contigua 1, 1418 contigua 2, 1376 básica, 1379 básica, 1382 contigua 1, 1398 contigua 1, 1400 contigua 1, 1357 básica, 1357 contigua 2, 1355 contigua 2 y 1381 contigua 1, si bien es cierto que de las actas finales de escrutinio y cómputo se desprende que alguno o algunos de los funcionarios de esas casilla no fueron sorteados y seleccionados como propietario o suplente para recibir la votación por los organismos electorales competentes, también es cierto que invariablemente aparecen inscritos en la lista nominal, como ha quedado ilustrado en la tabla elaborada en líneas anteriores, por lo que este Tribunal considera infundado el concepto de anulación que hace valer el impetrante, ya que el hecho de no cumplirse el procedimiento establecido por el artículo 176 de la ley de la materia, no es determinante para el resultado de la votación recibida en las casillas en cuestión, pues dicho procedimiento queda satisfecho con la sola circunstancia de estar inscrito en las listas nominales de la sección en que haya de recibirse la votación, y en la especie, tal requisito quedó sobradamente cumplido, como se ha expresado en líneas anteriores, pues todos y cada uno de los funcionarios designados con calidad de emergentes en estas casillas pertenecen a la sección correspondiente al estar inscritos en las listas nominales.

En ese orden de ideas resulta incorrecta la afirmación del partido actor en el sentido de que se hubiesen violado los principios rectores de la función estatal de organizar las elecciones, dado que, contrario a ello, en ninguna de las casillas que refiere se actualiza la causal de nulidad invocada, pues se reitera que los funcionarios que integraron las mesas directivas de las casillas impugnadas se encuentran legitimados para ejercer dicha función, en virtud de haber sido designados por la propia Comisión Municipal Electoral, y otros en su calidad de emergentes por la inasistencia de algunos de los funcionarios previamente nombrados; consecuentemente, no se violan los principios de legalidad, certeza, objetividad, imparcialidad y equidad consagrados en los artículos 43 y 45 de la Constitución Política del Estado, así como en el diverso 3° de la Ley Electoral del Estado.

Para lo anterior resulta aplicable la tesis de jurisprudencia pronunciada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que a la letra dice:

“PERSONAS AUTORIZADAS PARA INTEGRAR EMERGENTEMENTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. DEBEN ESTAR EN LA LISTA NOMINAL DE LA SECCIÓN Y NO SÓLO VIVIR EN ELLA. El artículo 213 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como disposiciones similares de legislaciones estatales, facultan al presidente o funcionario de casilla previamente designado de mayor categoría, que se encuentre en el lugar fijado para la instalación de la casilla, para integrar la mesa directiva, en última instancia con ciudadanos que no hayan sido designados con antelación. Sin embargo, no le confiere plena libertad y arbitrio para escoger a cualquier persona para dichos cargos, sino acota esa facultad a que la designación se haga necesariamente “de entre los electores que se encuentren en la casilla”, con cuya expresión se encuentra establecido realmente el imperativo de que el nombramiento recaiga en personas a las que les corresponda votar en esa sección, y esto encuentra explicación plenamente satisfactoria, porque con esta exigencia el legislador garantiza que, aun en esas circunstancias extraordinarias de inasistencia de los funcionarios designados originalmente, se ofrezca garantía de que las designaciones emergentes recaigan en personas que satisfagan por lo menos algunos de los requisitos previstos por el artículo 120 del ordenamiento electoral invocado, para ser integrante de la mesa directiva de casilla, como son el de ser residente en la sección electoral que comprenda a la casilla; estar inscrito en el Registro Federal de Electores; contar con credencial para votar, y estar en ejercicio de sus derechos políticos; toda vez que así se facilita a quien hace la designación la comprobación, con valor pleno, de los citados requisitos, porque si un ciudadano se encuentra en la lista nominal de la sección, esto es suficiente para tener por probados los demás requisitos mencionados, sin necesidad de realizar diligencia alguna, que ni siquiera sería posible ante el apremio de las circunstancias. De modo que, cuando algún presidente, secretario o suplente designado originalmente ejerce la facultad en comento, pero designa a un ciudadano que no se encuentre inscrito en la lista nominal de la sección, al no reunir éste las cualidades presentadas por la ley para recibir la votación aun en esa situación de urgencia, cae en la calidad de persona no autorizada legalmente para ejercer esa función.

Tercera Época:

Recurso de reconsideración. SUP-REC-011/97. Partido Revolucionario Institucional. 16 de agosto de 1997. Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-035/99. Partido Revolucionario Institucional. 7 de abril de 1999. Unanimidad de votos.

Recurso de reconsideración. SUP-REC-015/2000 y acumulado. Coalición Alianza por México. 16 de agosto de 2000. Unanimidad de votos.

Revista Justicia Electoral 2001, suplemento 4, páginas 25-26, Sala Superior, tesis S3ELJ 16/2000.

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, páginas 159-160”

En otro orden de ideas, este Tribunal considera que son fundados los conceptos de anulación que hace valer el partido político actor en relación a la causal en estudio, por lo que corresponde a las casillas 1376 contigua 1, 1385 contigua 1, 1370 básica, 1370 contigua 1, 1363 básica y 1387 contigua 1, ello a virtud de que en la primera casilla de las que se citan el secretario; en la segunda, el segundo escrutador; en la tercera, el segundo escrutador; en la cuarta, el primero y segundo escrutador; en la quinta, el primero y segundo escrutador; y en la sexta, el segundo escrutador, no fueron publicados en el Periódico Oficial número 88-ochenta y ocho de fecha 6-seis de julio del 2003-dos mil tres, para desarrollar la función que ejercieron el día de la jornada electoral, como se advierte que lo hicieron en las actas de instalación de cierre y escrutinio y cómputo correspondientes a las multicitadas casillas 1376 contigua 1, 1385 contigua 1, 1370 básica, 1370 contigua 1, 1363 básica y 1387 contigua 1, documentos que se les reconoce valor probatorio pleno en términos del artículo 267 de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, amén de que tampoco fueron designados por la Comisión Municipal Electoral de Monterrey, Nuevo León, como ha quedado acreditado en autos e ilustrado en el cuadro anterior, amén de que también invariablemente no aparecen inscritos en las respectivas listas nominales de electores correspondientes a cada una de las secciones en cuestión, y a mayoría de razón, no existe constancia alguna de que se hubiese desarrollado el procedimiento que estatuye el artículo 176 de la ley de la materia; consecuentemente, este Tribunal considera fundado el concepto de anulación, y en ese evento, en términos de la fracción IV del artículo 283 de la Ley Estatal Electoral, es de declararse la nulidad de la votación recibida en las casillas 1376 contigua 1, 1385 contigua 1, 1370 básica, 1370 contigua 1, 1363 básica y 1387 contigua 1.

A mayoría de razón, se origina la nulidad de la votación recibida en las casillas 1370 contigua 1 y 1387 contigua 1, toda vez que de las actas de la jornada electoral no se desprende qué persona con nombre y apellido desarrolló la función de segundo escrutador, por lo cual se reitera que el concepto de anulación es fundado.

La causal de nulidad prevista en la fracción IX del artículo 283 de la ley de la materia, que el impetrante hace valer en contra de la votación recibida en las casillas 1355 básica, 1355 contigua 2, 1356 contigua 3, 1357 contigua 1, 1358 contigua 1, 1362 contigua 1, 1371 básica, 1371 contigua 1, 1378 básica, 1378 contigua 2, 1379 contigua 1, 1381 contigua 2, 1382 contigua 2, 1383 contigua 1, 1384 contigua 1, 1387 básica, 1387 contigua 1, 1398 básica, 1399 básica, 1401 contigua 1, 1406 contigua 1, 1424 básica, 1425 contigua 1 y 1427 básica, fusionada, este Tribunal procede a estudiarlas en forma individualizada, y en ese evento se tiene que:

En la casilla 1355 básica el concepto de anulación resulta infundado, toda vez que el error presentado en el acta de escrutinio y cómputo no es determinante para la votación recibida en esta casilla. Obran en autos las actas de instalación y de escrutinio y cómputo, a las que se les reconoce valor probatorio pleno en términos del artículo 267 de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, y conforme a las cuales se arriba a constatar que: la casilla se instaló con 692-seiscientos noventa y dos boletas para la elección de Diputados al Congreso del Estado, cantidad que por error se contiene en el apartado del acta final de escrutinio y cómputo en el recuadro número 2-dos, en el renglón marcado con la letra E, que se refiere al número de electores inscritos en la lista nominal que votó; sin embargo, este Tribunal arriba a la certeza de la votación, recibida en esta casilla, mediante la identidad y equivalencia de la cantidad de boletas utilizadas durante la votación, que son 342-trescientas cuarenta y dos, con la votación total, que son 342-trescientas cuarenta y dos, que si le sumamos todavía las 353-trescientas cincuenta y tres boletas sobrantes, las cuales también señala la propia acta en la letra D del recuadro antes citado, nos da un total de 695-seiscientas noventa y cinco boletas, cantidad que por suma son 3-tres boletas más, la cual tampoco es determinante, pues entre el partido que obtuvo el primer lugar en esa casilla, en relación con el segundo, existe una diferencia de 136-ciento treinta y seis votos; consecuentemente, el error en el llenado en determinados apartados del acta final de escrutinio y cómputo no es determinante, dada la certeza de la votación recibida, como ha quedado anteriormente señalado.

En la casilla 1355 contigua 2 se estima infundado el concepto de anulación toda vez que el error presentado en el acta de escrutinio y cómputo no es determinante para la votación recibida en esta casilla. Obran en autos las actas de instalación y de escrutinio y cómputo, a las que se les reconoce valor probatorio pleno en términos del artículo 267 de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, y conforme a las cuales se arriba a constatar que: la casilla se instaló con 692-seiscientos noventa y dos boletas para la elección de Diputados al Congreso del Estado; que por omisión no se contiene en el apartado del acta final de escrutinio y cómputo en el recuadro número 2-dos, en el renglón marcado con la letra E, que se refiere al número de electores inscritos en la lista nominal que votó, sin embargo, se arriba por este Tribunal a la certeza de la votación recibida en esta casilla, ello mediante la identidad e igualdad de la cantidad de boletas utilizadas durante la votación, que son 317-trescientas diecisiete, con la votación total, que son 317-trescientas diecisiete (sic), que si le sumamos todavía las 375-trescientas setenta y cinco boletas sobrantes, las cuales también señala la propia acta en la letra D del recuadro antes citado, nos da un total de 692-seiscientos noventa y dos, cantidad idéntica con la que se instaló la casilla; consecuentemente, el error por omisión del llenado en determinados apartados del acta final de escrutinio y cómputo no es determinante, dada la certeza de la votación recibida, como ha quedado anteriormente señalado.

En la casilla 1356 contigua 3 el concepto de anulación resulta infundado, toda vez que el error presentado en el acta de escrutinio y cómputo no es determinante para la votación recibida en esta casilla. Obran en autos las actas de instalación y de escrutinio y cómputo, a las que se les reconoce valor probatorio pleno en términos del artículo 267 de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, y conforme a las cuales este Tribunal arriba a la certeza de la votación, recibida en esta casilla, mediante la equivalencia de la cantidad de boletas utilizadas durante la votación, que son 244-doscientas cuarenta y cuatro, con la votación total, que son 230-doscientas treinta, cantidades que por equivalencia existe una diferencia de 14-catorce boletas más, la cual tampoco es determinante, pues entre el partido que obtuvo el primer lugar en esa casilla, en relación con el segundo, existe una diferencia de 114-ciento catorce votos; consecuentemente, el error en el llenado en determinados apartados del acta final de escrutinio y cómputo no es determinante, dada la certeza de la votación recibida, como ha quedado anteriormente señalado.

En la casilla 1357 contigua 1 el concepto de anulación resulta infundado, toda vez que el error presentado en el acta de escrutinio y cómputo no es determinante para la votación recibida en esta casilla. Obra en autos las actas de instalación y de escrutinio y cómputo, así como la lista nominal que se utilizó el día de la jornada electoral, a las que se les reconoce valor probatorio pleno en términos del artículo 267 de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, y conforme a las cuales este Tribunal arriba a la certeza de la votación, recibida en esta casilla, mediante la equivalencia de la cantidad de personas que votaron conforme a lista nominal utilizada el día de la jornada electoral, que son 262-doscientas sesenta y dos, con la votación total, que son 255-doscientas cincuenta y cinco, cantidades que por equivalencia existe una diferencia de 7-siete boletas menos, la cual tampoco es determinante, pues entre el partido que obtuvo el primer lugar en esa casilla, en relación con el segundo, existe una diferencia de 133-ciento treinta y tres votos; consecuentemente, el error en el llenado en determinados apartados del acta final de escrutinio y cómputo no es determinante, dada la certeza de la votación recibida, como ha quedado anteriormente señalado.

En la casilla 1358 contigua 1 el concepto de anulación resulta infundado, toda vez que el error presentado en el acta de escrutinio y cómputo no es determinante para la votación recibida en esta casilla. Obran en autos las actas de instalación y de escrutinio y cómputo, a las que se les reconoce valor probatorio pleno en términos del artículo 267 de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, y conforme a las cuales este Tribunal arriba a la certeza de la votación, recibida en esta casilla, mediante la equivalencia de la cantidad de personas que votaron conforme a las boletas utilizadas el día de la jornada electoral, que son 282-doscientas ochenta y dos, con la votación total, que son 283-doscientas ochenta y tres (ello en virtud de que la suma de los votos obtenidos por cada partido participante más votos nulos, contenida en el acta de escrutinio y cómputo, es errónea), cantidades que por equivalencia existe una diferencia de 1-una boleta menos, la cual tampoco es determinante, pues entre el partido que obtuvo el primer lugar en esa casilla, en relación con el segundo, existe una diferencia de 136-ciento treinta y seis votos; consecuentemente, el error en el llenado en determinados apartados del acta final de escrutinio y cómputo no es determinante, dada la certeza de la votación recibida, como ha quedado anteriormente señalado.

En la casilla 1362 contigua 1 el concepto de anulación resulta infundado toda vez que el error presentado en el acta de escrutinio y cómputo no es determinante para la votación recibida en esta casilla. Obran en autos las actas de instalación y de escrutinio y cómputo, así como la lista nominal que se utilizó el día de la jornada electoral, a las que se les reconoce valor probatorio pleno en términos del artículo 267 de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, y conforme a las cuales este Tribunal arriba a la certeza de la votación, recibida en esta casilla, mediante la equivalencia de la cantidad de personas que votaron conforme a la lista nominal utilizada el día de la jornada electoral, que son 262-doscientas sesenta y dos, con la votación total, son 266-doscientas sesenta y seis (cantidad que nace de la suma que de los votos obtenidos por cada partido político participante más votos nulos, ello a virtud de la omisión del dato de la suma), cantidades que por equivalencia existe una diferencia de 4-cuatro boleta más, la cual tampoco es determinante, pues entre el partido que obtuvo el primer lugar en esa casilla, en relación con el segundo, existe una diferencia de 181-ciento ochenta y un votos; consecuentemente, el error en el llenado en determinados apartados del acta final de escrutinio y cómputo no es determinante, dada la certeza de la votación recibida, como ha quedado anteriormente señalado.

En la casilla 1371 básica el concepto de anulación resulta infundado, toda vez que el error presentado en el acta de escrutinio y cómputo no es determinante para la votación recibida en esta casilla. Obran en autos las actas de instalación y de escrutinio y cómputo, así como la lista nominal que se utilizó el día de la jornada electoral, a las que se les reconoce valor probatorio pleno en términos del artículo 267 de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, y conforme a las cuales este Tribunal arriba a la certeza de la votación, recibida en esta casilla, mediante la equivalencia de la cantidad de personas que votaron conforme a la lista nominal utilizada el día de la jornada electoral, que son 285-doscientas ochenta y cinco, con la votación total, que son 288-doscientas ochenta y ocho (cantidad que nace de la suma de los votos obtenidos por cada partido político participante más votos nulos, ello a virtud del error de la suma de votación total que realizó la mesa directiva), cantidades que por equivalencia existe una diferencia de 3-tres boletas más, la cual tampoco es determinante, pues entre el partido que obtuvo el primer lugar en esa casilla, en relación con el segundo, existe una diferencia de 159-ciento cincuenta y nueve votos; consecuentemente, el error en el llenado en determinados apartados del acta final de escrutinio y cómputo no es determinante, dada la certeza de la votación recibida, como ha quedado anteriormente señalado.

En la casilla 1371 contigua 1 el concepto de anulación resulta infundado toda vez que el error presentado en el acta de escrutinio y cómputo no es determinante para la votación recibida en esta casilla. Obran en autos las actas de instalación y de escrutinio y cómputo, a las que se les reconoce valor probatorio pleno en términos del artículo 267 de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, y conforme a las cuales este Tribunal arriba a la certeza de la votación, recibida en esta casilla, mediante la equivalencia de la cantidad de boletas utilizadas durante la votación que son 284-doscientas ochenta y cuatro, con la votación total, que son 287-doscientas ochenta y siete, cantidades que por equivalencia existe una diferencia de 03-tres boletas más, la cual tampoco es determinante, pues entre el partido que obtuvo el primer lugar en esa casilla, en relación con el segundo, existe una diferencia de 176-ciento setenta y seis votos; consecuentemente, el error en el llenado en determinados apartados del acta final de escrutinio y cómputo no es determinante, dada la certeza de la votación recibida, como ha quedado anteriormente señalado.

En la casilla 1378 básica el concepto de anulación resulta infundado, toda vez que el error presentado en el acta de escrutinio y cómputo no es determinante para la votación recibida en esta casilla. Obran en autos las actas de instalación y de escrutinio y cómputo, así como la lista nominal que se utilizó el día de la jornada electoral, a las que se les reconoce valor probatorio pleno en términos del artículo 267 de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, y conforme a las cuales este Tribunal arriba a la certeza de la votación, recibida en esta casilla, mediante la equivalencia de la cantidad de personas que votaron conforme a la lista nominal utilizada el día de la jornada electoral, que son 265-doscientas sesenta y cinco, con la votación total, que son 271-doscientas setenta y uno, cantidades que por equivalencia existe una diferencia de 6-seis boletas más, la cual tampoco es determinante, pues entre el partido que obtuvo el primer lugar en esa casilla, en relación con el segundo, existe una diferencia de 141-ciento cuarenta y un votos; consecuentemente, el error en el llenado en determinados apartados del acta final de escrutinio y cómputo no es determinante, dada la certeza de la votación recibida, como ha quedado anteriormente señalado.

En relación a la casilla 1378 contigua 2, este Órgano de Justicia Electoral Estatal, considera inatendible el concepto de anulación que hace valer el partido actor, ello a virtud de la inexistencia de la casilla, según informe de la Comisión Estatal Electoral, mediante oficio número CTCEE/978/03 de fecha 26-veintiséis de agosto del 2003-dos mil tres, al que se le reconoce valor probatorio pleno en términos del artículo 267 de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León; y en ese evento no puede haber error o dolo en el acta final de escrutinio y cómputo por la inexistencia de la citada acta.

En la casilla 1379 contigua 1 el concepto de anulación resulta infundado, toda vez que el error presentado en el acta de escrutinio y cómputo no es determinante para la votación recibida en esta casilla. Obran en autos las actas de instalación y de escrutinio y cómputo, así como la lista nominal que se utilizó el día de la jornada electoral, a las que se les reconoce valor probatorio pleno en términos del artículo 267 de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, y conforme a las cuales este Tribunal arriba a la certeza de la votación, recibida en esta casilla, mediante la equivalencia de la cantidad de personas que votaron conforme a la lista nominal utilizada el día de la jornada electoral, que son 195-ciento noventa y cinco, con la votación total, que son 196-ciento noventa y seis, cantidades que por equivalencia existe una diferencia de 1-una boleta más, la cual tampoco es determinante, pues entre el partido que obtuvo el primer lugar en esa casilla, en relación con el segundo, existe una diferencia de 121-ciento veintiún votos; consecuentemente, el error en el llenado en determinados apartados del acta final de escrutinio y cómputo no es determinante, dada la certeza de la votación recibida, como ha quedado anteriormente señalado.

En la casilla 1381 contigua 1 el concepto de anulación resulta infundado toda vez que el error presentado en el acta de escrutinio y cómputo no es determinante para la votación recibida en esta casilla. Obran en autos las actas de instalación y de escrutinio y cómputo, a las que se les reconoce valor probatorio pleno en términos del artículo 267 de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, y conforme a las cuales este Tribunal arriba a la certeza de la votación, recibida en esta casilla, mediante la equivalencia de la cantidad de boletas utilizadas durante la votación, que son 272-doscientas setenta y dos, con la votación total, que son 273-doscientas setenta y tres, cantidades que por equivalencia existe una diferencia de 01-una boleta más, la cual tampoco es determinante, pues entre el partido que obtuvo el primer lugar en esa casilla, en relación con el segundo, existe una diferencia de 142-ciento cuarenta y dos votos; consecuentemente, el error en el llenado en determinados apartados del acta final de escrutinio y cómputo no es determinante, dada la certeza de la votación recibida, como ha quedado anteriormente señalado.

En la casilla 1382 contigua 2 el concepto de anulación resulta infundado, toda vez que el error presentado en el acta de escrutinio y cómputo no es determinante para la votación recibida en esta casilla. Obran en autos las actas de instalación y de escrutinio y cómputo, así como la lista nominal que se utilizó el día de la jornada electoral, a las que se les reconoce valor probatorio pleno en términos del artículo 267 de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, y conforme a las cuales este Tribunal arriba a la certeza de la votación, recibida en esta casilla, mediante la equivalencia de la cantidad de personas que votaron conforme a la lista nominal utilizada el día de la jornada electoral, que son 280-doscientas ochenta, con la votación total, que son 281-doscientas ochenta y uno, cantidades que por equivalencia existe una diferencia de 1-una boleta más, la cual tampoco es determinante, pues entre el partido que obtuvo el primer lugar en esa casilla, en relación con el segundo, existe una diferencia de 128-ciento veintiocho votos; consecuentemente, el error en el llenado en determinados apartados del acta final de escrutinio y cómputo no es determinante, dada la certeza de la votación recibida, como ha quedado anteriormente señalado.

En la casilla 1383 contigua 1 el concepto de anulación resulta infundado toda vez que el error presentado en el acta de escrutinio y cómputo no es determinante para la votación recibida en esta casilla. Obran en autos las actas de instalación y de escrutinio y cómputo, a las que se les reconoce valor probatorio pleno en términos del artículo 267 de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, y conforme a las cuales este Tribunal arriba a la certeza de la votación, recibida en esta casilla, mediante la equivalencia de la cantidad de boletas utilizadas durante la votación, que son 268-doscientas sesenta y ocho, con la votación total, que son 232-doscientas treinta y dos, cantidades que por equivalencia existe una diferencia de 36-treinta y seis boleta más, la cual tampoco es determinante, pues entre el partido que obtuvo el primer lugar en esa casilla, en relación con el segundo, existe una diferencia de 77-setenta y siete votos; consecuentemente, el error en el llenado en determinados apartados del acta final de escrutinio y cómputo no es determinante, dada la certeza de la votación recibida, como ha quedado anteriormente señalado.

En la casilla 1384 contigua 1 el concepto de anulación resulta infundado, toda vez que el error presentado en el acta de escrutinio y cómputo no es determinante para la votación recibida en esta casilla. Obran en autos las actas de instalación y de escrutinio y cómputo, a las que se les reconoce valor probatorio pleno en términos del artículo 267 de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, y conforme a las cuales este Tribunal arriba a la certeza de la votación, recibida en esta casilla, mediante la identidad de la cantidad de boletas utilizadas durante la votación, que son 258-doscientas cincuenta y ocho, con la votación total, que son 258-doscientas cincuenta y ocho, cantidades que por ser idénticas se origina la certeza de la votación recibida en esta casilla; consecuentemente, el error en el llenado en determinados apartados del acta final de escrutinio y cómputo no es determinante, dada la certeza de la votación recibida, como ha quedado anteriormente señalado.

En la casilla 1387 básica el concepto de anulación resulta infundado toda vez que el error presentado en el acta de escrutinio y cómputo no es determinante para la votación recibida en esta casilla. Obran en autos las actas de instalación y de escrutinio y cómputo, así como la lista nominal que se utilizó el día de la jornada electoral, a las que se les reconoce valor probatorio pleno en términos del artículo 267 de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, y conforme a las cuales este Tribunal arriba a la certeza de la votación, recibida en esta casilla, mediante la equivalencia de la cantidad de personas que votaron conforme a la lista nominal utilizada el día de la jornada electoral, que son 307-trescientas siete, con la votación total, que son 298-doscientas noventa y ocho (cantidad que nace de la suma que de los votos obtenidos por cada partido político participante sin sumar votos nulos por no existir cantidad alguna, ello a virtud de la omisión de la suma de votación total que debió realizar la mesa directiva), cantidades que por equivalencia existe una diferencia de 9-nueve boletas más, la cual tampoco es determinante, pues entre el partido que obtuvo el primer lugar en esa casilla, en relación con el segundo, existe una diferencia de 191-ciento noventa y un votos; consecuentemente, el error en el llenado en determinados apartados del acta final de escrutinio y cómputo no es determinante, dada la certeza de la votación recibida, como ha quedado anteriormente señalado.

La casilla 1387 contigua 1 no se estudia por esta causal en virtud de haberse quedado sin materia por resultar nula la votación recibida conforme a la fracción IV del artículo 283 de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, como ha quedado precisado en líneas anteriores.

En la casilla 1398 básica se estima infundado el concepto de anulación, toda vez que el error que presenta el acta de escrutinio y cómputo no es determinante para la votación recibida en esta casilla. Obran en autos las actas de instalación y de escrutinio y cómputo, a las que se les reconoce valor probatorio pleno en términos del artículo 267 de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, y conforme a las cuales se arriba por este Tribunal a la certeza de la votación recibida en esta casilla, ello mediante la identidad e igualdad de la cantidad de boletas utilizadas durante la votación, que son 302-trescientas dos, con la votación total, que son 302-trescientas dos, que si le sumamos todavía las 255-doscientas cincuenta y cinco boletas sobrantes, nos da un total de 557-quinientas cincuenta y siete boletas, cantidad idéntica con la que se instaló la casilla; consecuentemente el error en el llenado en determinados apartados del acta final de escrutinio y cómputo no es determinante, dada la certeza de la votación recibida, como ha quedado anteriormente señalado.

En la casilla 1399 básica se estima infundado el concepto de anulación toda vez que el error presentado en el acta de escrutinio y cómputo no es determinante para la votación recibida en esta casilla. Obran en autos las actas de instalación y de escrutinio y cómputo, a las que se les reconoce valor probatorio pleno en términos del artículo 267 de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, y conforme a las cuales se arriba por este Tribunal a la certeza de la votación recibida en esta casilla, ello mediante la identidad e igualdad de la cantidad de boletas utilizadas durante la votación, que son 293-doscientas noventa y tres, con la votación total, que son 293-doscientas noventa y tres, así como con el número de electores inscritos en la lista nominal que votó y que son 293-doscientos noventa y tres, cantidades idénticas, y consecuentemente el error en el llenado en determinados apartados del acta final de escrutinio y cómputo no es determinante, dada la certeza de la votación recibida, como ha quedado anteriormente señalado.

En la casilla 1401 contigua 1 el concepto de anulación resulta infundado, toda vez que el error presentado en el acta de escrutinio y cómputo sí es determinante para la votación recibida en esta casilla. Obran en autos las actas de instalación y de escrutinio y cómputo, así como la lista nominal que se utilizó el día de la jornada electoral, a las que se les reconoce valor probatorio pleno en términos del artículo 267 de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, y conforme a las cuales este Tribunal arriba a la certeza de la votación, recibida en esta casilla, mediante la equivalencia de la cantidad de personas que votaron conforme a lista nominal utilizada el día de la jornada electoral, que son 307-trescientas siete, con la votación total, que son 319-trescientas diecinueve; cantidades que por equivalencia existe una diferencia de 12-doce boletas más, la cual tampoco es determinante pues entre el partido que obtuvo el primer lugar en esa casilla, en relación con el segundo existe una diferencia de 79-setenta y nueve votos; consecuentemente, el error en el llenado en determinados apartados del acta final de escrutinio y cómputo no es determinante, dada la certeza de la votación recibida, como ha quedado anteriormente señalado.

En la casilla 1406 contigua 1 se estima infundado el concepto de anulación, toda vez que el error presentado en el acta de escrutinio y cómputo no es determinante para la votación recibida en esta casilla. Obran en autos las actas de instalación y de escrutinio y cómputo, a las que se les reconoce valor probatorio pleno en términos del artículo 267 de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, y conforme a las cuales se arriba por este Tribunal a la certeza de la votación recibida en esta casilla, ello mediante la identidad e igualdad de la cantidad de boletas utilizadas durante la votación, que son 283-doscientas ochenta y tres, con la votación total, que son 283-doscientas ochenta y tres, que si le sumamos todavía las 255-doscientas cincuenta y cinco boletas sobrantes, nos da un total de 538-quinientas treinta y ocho boletas, cantidad idéntica con la que se instaló la casilla; consecuentemente el error en el llenado en determinados apartados del acta final de escrutinio y cómputo no es determinante, dada la certeza de la votación recibida, como ha quedado anteriormente señalado.

En la casilla 1424 básica el concepto de anulación resulta infundado, toda vez que el error presentado en el acta de escrutinio y cómputo no es determinante para la votación recibida en esta casilla. Obran en autos las actas de instalación y de escrutinio y cómputo, así como la lista nominal que se utilizó el día de la jornada electoral, a las que se les reconoce valor probatorio pleno en términos del artículo 267 de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, y conforme a las cuales este Tribunal arriba a la certeza de la votación, recibida en esta casilla, mediante la equivalencia de la cantidad de personas que votaron conforme a lista nominal utilizada el día de la jornada electoral, que son 298-doscientas noventa y ocho, con la votación total, que son 288-doscientas ochenta y ocho (cantidad que nace de la suma de los votos obtenidos por cada partido político participante, sin votos nulos, por no existir cantidad alguna que los represente, ello a virtud de la omisión de la suma de votación total que debió realizar la mesa directiva), cantidades que por equivalencia existe una diferencia de 10-diez boletas más, la cual tampoco es determinante, pues entre el partido que obtuvo el primer lugar en esa casilla, en relación con el segundo, existe una diferencia de 143-ciento cuarenta y tres votos; consecuentemente, el error en el llenado en determinados apartados del acta final de escrutinio y cómputo no es determinante, dada la certeza de la votación recibida, como ha quedado anteriormente señalado.

En la casilla 1425 contigua 1 el concepto de anulación resulta infundado, toda vez que el error presentado en el acta de escrutinio y cómputo no es determinante para la votación recibida en esta casilla. Obran en autos las actas de instalación y de escrutinio y cómputo, así como la lista nominal que se utilizó el día de la jornada electoral, a las que se les reconoce valor probatorio pleno en términos del artículo 267 de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, y conforme a las cuales este Tribunal arriba a la certeza de la votación, recibida en esta casilla, mediante la equivalencia de la cantidad de personas que votaron conforme a la lista nominal utilizada el día de la jornada electoral, que son 312-trescientas doce, con la votación total, que son 299-doscientas noventa y nueve (cantidad que nace de la suma de los votos obtenidos por cada partido político participante, sin votos nulos por no existir cantidad alguna que los represente, ello a virtud de la omisión de la suma de votación total que debió realizar la mesa directiva), cantidades que por equivalencia existe una diferencia de 13-trece boletas más, la cual tampoco es determinante, pues entre el partido que obtuvo el primer lugar en esa casilla, en relación con el segundo, existe una diferencia de 163-ciento sesenta y tres votos; consecuentemente, el error en el llenado en determinados apartados del acta final de escrutinio y cómputo no es determinante, dada la certeza de la votación recibida, como ha quedado anteriormente señalado.

En la casilla 1427 básica el concepto de anulación resulta infundado, toda vez que el error presentado en el acta de escrutinio y cómputo si es determinante para la votación recibida en esta casilla. Obran en autos las actas de instalación y de escrutinio y cómputo, así como la lista nominal que se utilizó el día de la jornada electoral, a las que se les reconoce valor probatorio pleno en términos del artículo 267 de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, y conforme a las cuales este Tribunal arriba a la certeza de la votación, recibida en esta casilla, ello mediante la equivalencia de la cantidad de personas que votaron conforme a lista nominal utilizada el día de la jornada electoral, que son 223-doscientas veintitrés, con la votación total, que son 242-doscientas cuarenta y dos (cantidad que nace de la suma de los votos obtenidos por cada partido político participante, más votos nulos, ello a virtud de el error de la suma de votación total que realizó la mesa directiva); cantidades que por equivalencia existe una diferencia de 19-diecinueve boletas más, la cual tampoco es determinante, pues entre el partido que obtuvo el primer lugar en esa casilla, en relación con el segundo, existe una diferencia de 83-ochenta y tres votos; consecuentemente, el error en el llenado en determinados apartados del acta final de escrutinio y cómputo no es determinante, dada la certeza de la votación recibida, como ha quedado anteriormente señalado.

Para lo anterior son aplicables las tesis de jurisprudencia emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que a la letra dicen:

“ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUÁNDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN (Legislación del Estado de Zacatecas y similares). No es suficiente la existencia de algún error en el cómputo de los votos, para anular la votación recibida en la casilla impugnada, sino que es indispensable que aquél sea grave, al grado de que sea determinante en el resultado que se obtenga, debiéndose comprobar, por tanto, que la irregularidad revele una diferencia numérica igual o mayor en los votos obtenidos por los partidos que ocuparon el primero y segundo lugares en la votación respectiva. Tercera Época: Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-046/98. Partido Revolucionario Institucional. 26 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-178/98. Partido de la Revolución Democrática. 11 de diciembre de 1998. Unanimidad de seis votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-467/2000. Alianza por Atzalán. 8 de diciembre de 2000. Unanimidad de votos. Revista Justicia Electoral 2002, suplemento 5, páginas 14-15, Sala Superior, tesis S3ELJ 10/2001”.

“SISTEMA DE ANULACIÓN DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA CASILLA, OPERA DE MANERA INDIVIDUAL. En términos generales el sistema de nulidades en el derecho electoral mexicano, se encuentra construido de tal manera que solamente existe la posibilidad de anular la votación recibida en una casilla, por alguna de las causas señaladas limitativamente por los artículos que prevén las causales de nulidad relativas, por lo que el órgano del conocimiento debe estudiar individualmente, casilla por casilla, en relación a la causal de nulidad que se haga valer en su contra, ya que cada una se ubica, se integra y conforma específica e individualmente, ocurriendo hechos totalmente diversos el día de la jornada electoral, por lo que no es válido pretender que al generarse una causal de nulidad, ésta sea aplicable a todas las casillas que se impugnen por igual, o que la suma de irregularidades ocurridas en varias de ellas dé como resultado su anulación, pues es principio rector del sistema de nulidades en materia electoral, que la nulidad de lo actuado en una casilla, sólo afecta de modo directo a la votación recibida en ella; de tal suerte que, cuando se arguyen diversas causas de nulidad, basta que se actualice una para que resulte innecesario el estudio de las demás, pues el fin pretendido, es decir, la anulación de la votación recibida en la casilla impugnada se ha logrado y consecuentemente se tendrá que recomponer el cómputo que se haya impugnado. Tercera Época: Recurso de reconsideración. SUP-REC-061/97. Partido Revolucionario Institucional. 19 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-205/2000. Partido de la Revolución Democrática. 16 de agosto de 2000. Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-274/2000. Partido Revolucionario Institucional. 9 de septiembre de 2000. Unanimidad de votos. Revista Justicia Electoral 2001, suplemento 4, página 31, Sala Superior, tesis S3ELJ 21/2000. Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, páginas 218-219”.

“ERROR EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. EL HECHO DE QUE DETERMINADOS RUBROS DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO APAREZCAN EN BLANCO O ILEGIBLES, O EL NÚMERO CONSIGNADO EN UN APARTADO NO COINCIDA CON OTROS DE SIMILAR NATURALEZA, NO ES CAUSA SUFICIENTE PARA ANULAR LA VOTACIÓN. Al advertir el órgano jurisdiccional en las actas de escrutinio y cómputo la existencia de datos en blanco, ilegibles o discordancia entre apartados que deberían consignar las mismas cantidades, en aras de privilegiar la recepción de la votación emitida y la conservación de los actos de las autoridades electorales válidamente celebrados, se imponen las siguientes soluciones: a) En principio, cabe revisar el contenido de las demás actas y documentación que obra en el expediente, a fin de obtener o subsanar el dato faltante o ilegible, o bien, si del análisis que se realice de los datos obtenidos se deduce que no existe error o que él no es determinante para el resultado de la votación, en razón de que determinados rubros, como son “TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA NOMINAL”, “TOTAL DE BOLETAS EXTRAÍDAS DE LA URNA” y “VOTACIÓN EMITIDA Y DEPOSITADA EN LA URNA”, están estrechamente vinculados, debiendo existir congruencia y racionalidad entre ellos, porque en condiciones normales el número de electores que acuden a sufragar en determinada casilla debe ser la misma cantidad de votos que aparezcan en ella; por tanto, las variables mencionadas deben tener un valor idéntico o equivalente. Por ejemplo: si el apartado “TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA NOMINAL” aparece en blanco o es ilegible, él puede ser subsanado con el total de boletas extraídas de la urna o votación total emitida (ésta concebida como la suma de la votación obtenida por los partidos políticos y de los votos nulos, incluidos, en su caso, los votos de los candidatos no registrados), entre otros, y si de su comparación no se aprecian errores o éstos no son determinantes, debe conservarse la validez de la votación recibida; b) Sin embargo, en determinados casos lo precisado en el inciso anterior en sí mismo no es criterio suficiente para concluir que no existe error en los correspondientes escrutinios y cómputos, en razón de que, a fin de determinar que no hubo irregularidades en los votos depositados en las urnas, resulta necesario relacionar los rubros de “TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA NOMINAL”, “TOTAL DE BOLETAS EXTRAÍDAS DE LA URNA”, “VOTACIÓN EMITIDA Y DEPOSITADA EN LA URNA”, según corresponda, con el de “NÚMERO DE BOLETAS SOBRANTES”, para confrontar su resultado final con el número de boletas entregadas y, consecuentemente, concluir si se acredita que el error sea determinante para el resultado de la votación. Ello es así, porque la simple omisión del llenado de un apartado del acta del escrutinio y cómputo, no obstante de que constituye un indicio, no es prueba suficiente para acreditar fehacientemente los extremos del supuesto contenido en el artículo 75, párrafo 1, inciso f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; c) Por las razones señaladas en el inciso a), en el acta de escrutinio y cómputo los rubros de total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal, total de boletas extraídas de la urna y votación emitida y depositada en la urna, deben consignar valores idénticos o equivalentes, por lo que, al plasmarse en uno de ellos una cantidad de cero o inmensamente inferior a los valores consignados u obtenidos en los otros dos apartados, sin que medie ninguna explicación racional, el dato no congruente debe estimarse que no deriva propiamente de un error en el cómputo de los votos, sino como un error involuntario e independiente de aquél, que no afecta la validez de la votación recibida, teniendo como consecuencia la simple rectificación del dato. Máxime cuando se aprecia una identidad entre las demás variables, o bien, la diferencia entre ellas no es determinante para actualizar los extremos de la causal prevista en el artículo mencionado. Inclusive, el criterio anterior se puede reforzar llevando a cabo la diligencia para mejor proveer, en los términos del inciso siguiente; d) Cuando de las constancias que obren en autos no sea posible conocer los valores de los datos faltantes o controvertidos, es conveniente acudir, mediante diligencia para mejor proveer y siempre que los plazos electorales lo permitan, a las fuentes originales de donde se obtuvieron las cifras correspondientes, con la finalidad de que la impartición de justicia electoral tome en cuenta los mayores elementos para conocer la verdad material, ya que, como órgano jurisdiccional garante de los principios de constitucionalidad y legalidad, ante el cuestionamiento de irregularidades derivadas de la omisión de asentamiento de un dato o de la discrepancia entre los valores de diversos apartados, debe determinarse indubitablemente si existen o no las irregularidades invocadas. Por ejemplo: si la controversia es respecto al rubro “TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA NOMINAL” debe requerirse las listas nominales de electores correspondientes utilizadas el día de la jornada electoral, en que conste el número de electores que sufragaron, o bien, si el dato alude a los votos extraídos de la urna, puede ordenarse el recuento de la votación en las casillas conducentes, entre otros supuestos. Tercera Época: Recurso de reconsideración. SUP-REC-012/97 y acumulado. Partido de la Revolución Democrática. 16 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. Recurso de reconsideración. SUP-REC-059/97. Partido de la Revolución Democrática. 19 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. Recurso de reconsideración. SUP-REC-065/97. Partido de la Revolución Democrática. 19 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. Revista Justicia Electoral 1997, suplemento 1, páginas 22-24, Sala Superior, tesis S3ELJ 08/97. Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, páginas 83-86”.

“PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN. Con fundamento en los artículos 2o., párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 3o., párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, atendiendo a una interpretación sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 41, base tercera, párrafo primero y base cuarta, párrafo primero y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 69, párrafo 2 del Código de la materia; 71, párrafo 2 y 78, párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 184 y 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el principio general de derecho de conservación de los actos válidamente celebrados, recogido en el aforismo latino “lo útil no debe ser viciado por lo inútil”, tiene especial relevancia en el derecho electoral mexicano, de manera similar a lo que ocurre en otros sistemas jurídicos, caracterizándose por los siguientes aspectos fundamentales: a) La nulidad de la votación recibida en alguna casilla y/o de determinado cómputo y, en su caso, de cierta elección, sólo puede actualizarse cuando se hayan acreditado plenamente los extremos o supuestos de alguna causal prevista taxativamente en la respectiva legislación, siempre y cuando los errores, inconsistencias, vicios de procedimiento o irregularidades detectados sean determinantes para el resultado de la votación o elección, y b) La nulidad respectiva no debe extender sus efectos más allá de la votación, cómputo o elección en que se actualice la causal, a fin de evitar que se dañen los derechos de terceros, en este caso, el ejercicio del derecho de voto activo de la mayoría de los electores que expresaron válidamente su voto, el cual no debe ser viciado por las irregularidades e imperfecciones menores que sean cometidas por un órgano electoral no especializado ni profesional, conformado por ciudadanos escogidos al azar y que, después de ser capacitados, son seleccionados como funcionarios a través de una nueva insaculación, a fin de integrar las mesas directivas de casilla; máxime cuando tales irregularidades o imperfecciones menores, al no ser determinantes para el resultado de la votación o elección, efectivamente son insuficientes para acarrear la sanción anulatoria correspondiente. En efecto, pretender que cualquier infracción de la normatividad jurídico-electoral diera lugar a la nulidad de la votación o elección, haría nugatorio el ejercicio de la prerrogativa ciudadana de votar en las elecciones populares y propiciaría la comisión de todo tipo de faltas a la ley dirigidas, a impedir la participación efectiva del pueblo en la vida democrática, la integración de la representación nacional y el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público. Tercera Época: Recurso de inconformidad. SC-I-RIN-073/94 y acumulados. Partido Revolucionario Institucional. 21 de septiembre de 1994. Unanimidad de votos. Recurso de inconformidad. SC-I-RIN-029/94 y acumulado. Partido de la Revolución Democrática. 29 de septiembre de 1994. Unanimidad de votos. Nota: Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-066/98. Partido Revolucionario Institucional. 11 de septiembre de 1998. Unanimidad de votos. (En sesión privada celebrada el diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral aprobaron, por unanimidad de votos y declararon formalmente obligatoria la tesis de jurisprudencia número JD.01/98 en materia electoral). Revista Justicia Electoral 1998, suplemento 2, páginas 19-20, Sala Superior, tesis S3ELJD 01/98. Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, páginas 170-172.”

Décimo. En virtud de haber resultado parcialmente fundada la demanda hecha valer por el Partido Acción Nacional respecto a las casillas 1376 contigua 1, 1385 contigua 1, 1370 básica, 1370 contigua 1, 1363 básica y 1387 contigua 1, configurándose la causal de nulidad prevista en el artículo 283, fracción IV, de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, debe declararse la nulidad de la votación recibida en esas casillas, y en consecuencia se procede a hacer la modificación del cómputo final de la elección de diputados al Congreso del Estado, efectuada por la Comisión Estatal Electoral correspondiente al día once de julio de dos mil tres, para quedar en los términos siguientes:

En virtud de lo anterior, deberá remitirse la presente resolución a la Comisión Estatal Electoral, para que proceda en su caso a determinar el número de diputaciones de representación proporcional que correspondan a cada partido político, a partir de los resultados del cómputo final de la elección de Diputados al Congreso del Estado de Nuevo León, con base en la recomposición antes precisada, aplicando el procedimiento previsto en los artículos 211, 212, 213, 214, 215 y 216 de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 268, 269, 270 y demás relativos de la Ley Electoral del Estado, es de resolverse y se resuelve:

Primero. Ha procedido parcialmente el presente juicio de inconformidad registrado bajo el número 081/2003, promovido por el ciudadano licenciando Raúl Gracia Guzmán, en su carácter de representante propietario de la organización política denominada Partido Acción Nacional, en contra de la resolución pronunciada el día trece de julio del dos mil tres por la Comisión Estatal Electoral, concerniente a la declaración de validez y el otorgamiento de constancia de mayoría respecto a la elección de Diputado Local en el Distrito VIII, así como los resultados consignados en el acta de cómputo de dicha elección, y la nulidad de la votación recibida en las casillas 1355 básica, 1355 Contigua 1, 1355 Contigua 2, 1356 Básica, 1356 Contigua 1, 1356 Contigua 3, 1357 Básica, 1357 Contigua 1, 1357 Contigua 2, 1358 Contigua 1, 1359 Básica, 1362 Básica, 1362 Contigua 1, 1363 Básica, 1363 Contigua 1, 1370 Básica, 1370 Contigua 1, 1371 Básica, 1371 Contigua 1, 1374 Básica, 1375 Contigua 2, 1376 Básica, 1376 Contigua 1, 1376 Contigua 2, 1377 Básica, 1377 Contigua 1, 1378 Básica, 1378 Contigua 1, 1378 Contigua 2, 1379 Básica, 1379 Contigua 1, 1381 Contigua 1, 1382 Contigua 1, 1382 Contigua 2, 1383 Contigua 1, 1384 Contigua 1, 1385 Contigua 1, 1385 Contigua 2, 1387 Básica, 1387 Contigua 1, 1395 Básica, 1397 Contigua 1, 1398 Básica, 1398 Contigua 1, 1399 Básica, 1400 Contigua 1, 1401 Contigua 1, 1406 Contigua 1, 1407 Contigua 1, 1410 Contigua 1, 1410 Contigua 2, 1412 Contigua 1, 1417 Básica, 1418 Contigua 2, 1419 Básica, 1421 Contigua 1, 1424 Básica, 1425 Contigua 1, 1427 Básica.

Segundo. Se decreta la nulidad de la votación recibida en las casillas 1363 básica, 1370 básica, 1370 contigua 1, 1376 contigua 1, 1385 contigua 1 y 1387 contigua 1, al configurarse la causal de nulidad prevista en el artículo 283, fracción IV de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León.

Tercero. Se declara la validez de la votación recibida en las casillas 1355 básica, 1355 Contigua 1, 1355 Contigua 2, 1356 Básica, 1356 Contigua 1, 1356 Contigua 3, 1357 Básica, 1357 Contigua 1, 1357 Contigua 2, 1358 Contigua 1, 1359 Básica, 1362 Básica, 1362 Contigua 1, 1363 Contigua 1, 1371 Básica, 1371 Contigua 1, 1374 Básica, 1375 Contigua 2, 1376 Básica, 1376 Contigua 2, 1377 Básica, 1377 Contigua 1, 1378 Básica, 1378 Contigua 1, 1378 Contigua 2, 1379 Básica, 1379 Contigua 1, 1381 Contigua 1, 1382 Contigua 1, 1382 Contigua 2, 1383 Contigua 1, 1384 Contigua 1, 1385 Contigua 2, 1387 Básica, 1395 Básica, 1397 Contigua 1, 1398 Básica, 1398 Contigua 1, 1399 Básica, 1400 Contigua 1, 1401 Contigua 1, 1406 Contigua 1, 1407 Contigua 1, 1410 Contigua 1, 1410 Contigua 2, 1412 Contigua 1, 1417 Básica, 1418 Contigua 2, 1419 Básica, 1421 Contigua 1, 1424 Básica, 1425 Contigua 1, 1427 Básica, por las razones expuestas en el considerando noveno; y en consecuencia, la validez de la resolución de fecha trece de julio del año dos mil tres, emitida por la Comisión Estatal Electoral, concerniente a la declaración de validez y el otorgamiento de constancia de mayoría respecto a la elección de Diputado Local en el Distrito VIII.

Cuarto. En consecuencia de los resolutivos segundo y tercero, se ordena remitir la presente resolución a la Comisión Estatal Electoral, para que proceda en su caso a determinar el número de diputaciones de representación proporcional que correspondan a cada partido político, a partir de los resultados del cómputo final de la elección de Diputados al Congreso del Estado de Nuevo León, con base en la recomposición antes precisada, aplicando el procedimiento previsto en los artículos 211, 212, 213, 214, 215 y 216 de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León”.

V. Inconforme con la trasunta resolución, el Partido Acción Nacional, a través de su representante, mediante escrito presentado ante el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, el ocho de septiembre de este año, promovió, en su contra, juicio de revisión constitucional electoral.

En la tramitación atinente compareció la coalición “Alianza Ciudadana”, en su calidad de tercera interesada y formuló los alegatos que a sus intereses convino.

VI. Oportunamente, el Magistrado Presidente de este Órgano Jurisdiccional turnó el presente expediente a la Magistrada Electoral Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, para los efectos a que se refiere el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

VII. Concluida la sustanciación respectiva, se declaró cerrada la instrucción y se ordenó formular el proyecto de sentencia correspondiente; y,

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver este asunto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 41, párrafo segundo, base IV y 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 186, fracción III, inciso b), y 189, fracción I inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el 4 y 87 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un juicio de revisión constitucional electoral, promovido por un partido político, contra una resolución emitida por una autoridad electoral de una Entidad Federativa.

SEGUNDO. En virtud de que las causas de improcedencia están relacionadas con aspectos necesarios para la válida constitución de un proceso jurisdiccional, ya que por tratarse de cuestiones de orden público su estudio es preferente, se impone examinar si en el caso se actualizan las que hacen valer tanto la autoridad responsable como la coalición “Alianza Ciudadana”, quien compareció en su carácter de tercera interesada.

Así, se tiene que, la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, al rendir el correspondiente informe circunstanciado, solicita se deseche de plano el presente juicio, porque, desde su perspectiva, la sentencia combatida no viola ningún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tal pretensión deviene infundada.

Ante todo, se precisa que, entre los requisitos previstos para la presentación de los medios de impugnación, de conformidad con lo que dispone el artículo 9, párrafo 1, inciso e), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se encuentra el relativo a la mención expresa y clara de los hechos en que se basa la impugnación, así como de los agravios que cause el acto o resolución impugnado y los preceptos presuntamente violados; además, el precepto que se comenta, en su párrafo 3 in fine, establece que operará el desechamiento cuando no se expongan hechos y agravios, o habiéndose señalado sólo hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno.

Asimismo, en el diverso artículo 86, párrafo 1, inciso b), del referido ordenamiento legal, se estatuyen requisitos especiales de procedencia para el juicio de revisión constitucional electoral, entre los cuales se encuentra el relativo a que, los actos o resoluciones de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios locales o resolver las controversias que surjan durante los mismos, “violen algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

De esta forma, para la procedencia de juicios como el de que se trata de revisión constitucional electoral, en el aspecto que se estudia, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, no impone más requisito que el de mencionar de manera expresa y clara, entre otros, los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos presuntamente violados.

Ahora bien, en la especie, el requisito de mérito se encuentra satisfecho, en virtud de que, de la lectura íntegra del escrito de demanda que integra este expediente, se advierte, diáfanamente, que el partido político actor manifiesta que se violan, en su perjuicio, diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo que se cumple con el requisito de procedencia previsto por el inciso b) del primer párrafo del artículo 86 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en la medida de que dicho requisito debe entenderse como una exigencia formal y no como el resultado del análisis de los agravios propuestos por el promovente, en razón de que ello implicaría entrar al fondo del juicio antes de su admisión y substanciación.

Lo anterior es así, ya que en las páginas uno, dos y cincuenta y tres del ocurso relativo, en lo que aquí interesa, el accionante expresa lo siguiente: “...En principio es de señalarse que es procedente la interposición de este juicio, toda vez que se cumple con lo dispuesto por el artículo 86 de la mencionada Ley General del Sistema de Medios de Impugnación (sic), en función de que: ...b) La resolución impugnada viola los artículos 8, 14, 16, 41, fracción IV, 116, fracción IV y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos...” y “Los actos de la autoridad responsable violan preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este requisito debe también estimarse satisfecho, porque en la demanda de juicio de revisión constitucional electoral se hacen valer agravios en los que se exponen razones encaminadas a demostrar la afectación jurídica del partido político accionante, puesto que en ellos se trata de destacar la violación de los artículos 8, 14, 16, 41, fracción IV y 116 de la Carta Magna”. Además, expone un capítulo de agravios a través de los cuales argumenta que la resolución impugnada, desde su perspectiva, infringe, en su perjuicio, los preceptos constitucionales aludidos.

Por consiguiente, tal requisito debe estimarse satisfecho cuando, como en el presente caso, se hacen valer agravios en los que se exponen razones encaminadas a demostrar la afectación al interés jurídico del accionante, porque con ello se trata de señalar la violación de los principios de constitucionalidad y legalidad tutelados en los artículos 41, párrafo segundo, base cuarta y 116, párrafo segundo, fracción IV, de la Carta Fundamental.

Ello encuentra apoyo en la jurisprudencia identificada con la clave S3ELJ 02/97, sustentada por esta Sala Superior, consultable en las páginas 117 y 118 de la “Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002”, que dice: “JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. INTERPRETACIÓN DEL REQUISITO DE PROCEDENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 86, PÁRRAFO 1, INCISO B), DE LA LEY DE LA MATERIA. Lo preceptuado por el artículo 86, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, referente a que el juicio de revisión constitucional electoral sólo procederá contra actos o resoluciones “Que violen algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, debe entenderse en un sentido formal, relativo a su establecimiento como requisito de procedencia y no al análisis propiamente de los agravios esgrimidos por el partido impugnante, toda vez que ello supone entrar al fondo del juicio; por lo tanto, dicho requisito debe considerarse que se acredita cuando en el escrito correspondiente se hacen valer agravios debidamente configurados, esto es, que éstos precisen claramente los argumentos o razonamientos enderezados a acreditar la afectación del interés jurídico del promovente, derivado de la indebida aplicación o incorrecta interpretación de determinada norma jurídica en el acto o resolución impugnado, por virtud de los cuales se pudiera infringir algún precepto constitucional en materia electoral, toda vez que ello supondría la presunta violación de los principios de constitucionalidad y legalidad electoral tutelados en los artículos 41, párrafo segundo, fracción IV y 116, párrafo segundo, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; o sea, que de los agravios esgrimidos se advierta la posibilidad de que se haya conculcado algún precepto constitucional en la materia, resultando irrelevante que se citen o no los artículos constitucionales presuntamente violados, ya que, de conformidad con el artículo 23, párrafo 3, de la Ley General citada, en la presente vía este órgano jurisdiccional, ante la omisión de los preceptos jurídicos presuntamente violados o su cita equivocada, resuelve tomando en consideración los que debieron ser invocados o los que resultan aplicables al caso concreto. Por lo anterior, la omisión o cita errónea de los preceptos constitucionales presuntamente violados no tiene como consecuencia jurídica el desechamiento del juicio de revisión constitucional electoral”.

En este sentido, debe estimarse que, la causal de improcedencia aludida, en los términos propuestos por la autoridad responsable, no se actualiza, pues como se ha considerado, ello implicaría un análisis de fondo de los motivos de inconformidad expuestos por el agraviado, a efecto de determinar su idoneidad para controvertir la resolución reclamada.

Por otra parte, la coalición “Alianza Ciudadana”, en su carácter de tercera interesada, alega que esta Sala Superior no debe entrar al análisis de los agravios planteados por el Partido Acción Nacional, en virtud de que, desde su perspectiva, se incumple de manera notoria con el requisito especial de procedencia del juicio de revisión constitucional electoral, previsto en los artículos 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 86, párrafo 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, razón por la cual deberá desechar el presente juicio.

Tal pretensión deviene infundada.

Para arribar a tal conclusión, es pertinente resaltar que, efectivamente, uno de los requisitos especiales del juicio de revisión constitucional electoral, acorde con el artículo 86, párrafo 1, inciso e), del ordenamiento legal en comento, es el concerniente a que la violación reclamada pueda resultar determinante para el desarrollo del proceso electoral respectivo o el resultado final de las elecciones.

Ahora bien, ha sido criterio reiterado de esta Sala Superior, que el carácter de determinante atribuido a la conculcación reclamada, responde al objetivo de llevar al conocimiento de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sólo aquellos asuntos de índole electoral de verdadera importancia, que tengan la posibilidad de cambiar o alterar significativamente el curso del procedimiento electoral, o bien, el resultado final de la elección respectiva. En este sentido; se ha estimado que la violación reclamada será determinante, si la infracción diera lugar a la posibilidad racional de que se produjera un cambio de ganador en los comicios.

Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia identificada con la clave S3ELJ 15/2002, consultable en la página 227 de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, emitida por este Órgano Jurisdiccional, cuyo rubro y texto son: “VIOLACIÓN DETERMINANTE EN EL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. SURTIMIENTO DE TAL REQUISITO. El alcance del requisito establecido en el artículo 86, párrafo 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral consiste en que el carácter de determinante atribuido a la conculcación reclamada responde al objetivo de llevar al conocimiento de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sólo aquellos asuntos de índole electoral de verdadera importancia, que tengan la posibilidad de cambiar o alterar significativamente el curso del procedimiento electoral, o bien, el resultado final de la elección respectiva. Es decir, para que la violación reclamada sea determinante para el desarrollo del proceso electoral se requiere, que la infracción tenga la posibilidad racional de causar o producir una alteración sustancial o decisiva en el desarrollo del proceso electoral, como podría ser que uno de los contendientes obtuviera una ventaja indebida, o bien, que se obstaculizara o impidiera la realización de alguna de las fases que conforman el proceso electoral, por ejemplo, el registro de candidatos, las campañas políticas, la jornada electoral o los cómputos respectivos, etcétera. Será también determinante, si la infracción diera lugar a la posibilidad racional de que se produjera un cambio de ganador en los comicios.

En la especie, el requisito previsto por el inciso c) del artículo 86 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, relativo a que la violación reclamada pueda llegar a ser determinante para el resultado final de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, correspondiente al distrito electoral VIII, del Estado de Nuevo León, se encuentra colmado.

 En efecto, ya que de resultar fundada la pretensión jurídica expuesta por el partido político actor en el presente juicio de revisión constitucional electoral, se produciría, por una parte, la revocación de la resolución reclamada y, por otra, habría el cambio de ganador; de modo que, como se dijo, la violación reclamada sí es determinante para el resultado de la elección cuestionada.

Para arribar a la anterior conclusión, se tiene en cuenta que el promovente solicita que esta Sala Superior declare la nulidad de la votación recibida en cuarenta y nueve casillas instaladas en el distrito electoral VIII, del Estado de Nuevo León, pues según su dicho, en algunas existió indebido cambio de funcionarios electorales que integraron las respectivas mesas directivas de casilla, y en otras hubo dolo o error en el escrutinio y cómputo de los votos recibidos; de manera que, de acoger favorablemente su pretensión, habría cambio de ganador, tal como se ilustra en el ejercicio hipotético plasmado a continuación:

El cómputo que resultó en el distrito electoral VIII, fue el siguiente:

Ahora bien, en el juicio de inconformidad, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, anuló la votación de las siguientes casillas: 1363 básica, 1370 básica, 1370 contigua 1, 1376 contigua 1, 1385 contigua 1, y 1387 contigua 1; de manera que la recomposición del cómputo es el siguiente:

La votación recibida en las casillas cuya impugnación subsiste en esta instancia, acorde con las actas de escrutinio y cómputo, es el siguiente:

Así, al efectuar la recomposición hipotética del cómputo modificado por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, respecto de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, correspondiente al distrito electoral VIII, quedaría en los siguientes términos:

Esto es, como se aprecia, en el supuesto de que se estimaran fundados los agravios expuestos por el partido actor y se declarara la nulidad de la votación recibida en las casillas citadas impugnadas, ello alteraría el resultado de la elección, ya que la coalición “Alianza Ciudadana”, quien fue la que inicialmente obtuvo el triunfo en el distrito de referencia, pasaría a ocupar el segundo lugar, con diecisiete mil setecientos catorce (17,714) votos, en tanto que, el Partido Acción Nacional, asumiría el primer lugar de la votación en la elección de mérito con dieciocho mil ciento treinta y dos (18,132) sufragios, según quedó ilustrado en los cuadros precedentes.

De modo que, la violación reclamada en el presente medio constitucional de defensa sí resulta determinante para el resultado final de la elección cuestionada, ya que, como se ilustró, podría otorgarse el triunfo a un partido político diferente al que originalmente resultó ganador en la contienda electoral de que se trata.

No es óbice a lo anterior, lo expuesto por la coalición tercera interesada, referente a que, la violación reclamada no es determinante, porque, en su opinión, no existe posibilidad racional de que los agravios presentados por el promovente puedan ser suficientes para que se decrete la nulidad de la votación de las casillas impugnadas, toda vez que no encuentran sustento en los hechos o en las pruebas aportadas por el accionante.

Ello es así, porque, como se expuso al inicio de este considerando, implicaría un análisis de fondo de los motivos de inconformidad expuestos por el agraviado, a efecto de determinar su idoneidad para controvertir la resolución reclamada; de manera que, por economía procesal, en este apartado se tienen por reproducidos en todas y cada una de sus partes los razonamientos atinentes.

TERCERO. Procede analizar si están satisfechos los restantes requisitos contemplados en los artículos 8, 9, párrafo 1, y 86, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, encontrándose que:

El presente juicio de revisión constitucional electoral, se promovió dentro del término de cuatro días contados a partir del siguiente a aquél en que se notificó la sentencia impugnada, de conformidad con lo que en tal sentido establece el artículo 8 del ordenamiento legal en cita, si se considera que, la misma fue notificada personalmente al Partido Acción Nacional, el cinco de septiembre del año en curso, y el respectivo escrito de demanda fue presentado ante el Tribunal responsable, el ocho del mismo mes.

El ocurso por el que el accionante promueve este medio constitucional de defensa, contiene los requisitos que establece el artículo 9, párrafo 1, de la propia ley, ya que, se hace constar el nombre del actor; señala domicilio para recibir notificaciones y, en su caso, a quien en su lugar las pueda oír y recibir; identifica la resolución impugnada y la autoridad responsable. Además, se mencionan los hechos en que se basa la impugnación, los agravios que arguye le causa la resolución combatida y los preceptos presuntamente violados; finalmente, hace constar el nombre y firma autógrafa del promovente.

La personería de Raúl Gracia Guzmán, quien suscribe la demanda en su carácter de representante del Partido Acción Nacional, está acreditada conforme a lo dispuesto por el artículo 88, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda vez que, tal persona fue quien, con la misma personería, promovió el medio ordinario de defensa juicio de inconformidad, cuya decisión constituye la sentencia reclamada; además de que la misma le fue reconocida expresamente por la autoridad responsable en su correspondiente informe circunstanciado.

En cuanto a los requisitos previstos en los incisos a) y f) del artículo 86 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se encuentran satisfechos en autos, en virtud de que el actor del juicio de revisión constitucional electoral de mérito Partido Acción Nacional, agotó en tiempo y forma la instancia previa establecida en la Ley Electoral del Estado de Nuevo León juicio de inconformidad, para combatir el acto electoral controvertido, por virtud de la cual podía lograr su modificación, revocación o anulación.

Por otra parte, como la legislación electoral de la citada Entidad Federativa, no prevé medio de impugnación alguno para combatir resoluciones como la reclamada en el presente juicio de revisión constitucional electoral, de ello se sigue que se cumple con el requisito de procedencia referente a un acto definitivo y firme.

Lo expuesto encuentra su explicación en el principio de que, juicios como el de que se trata de revisión constitucional electoral, constituyen medios de impugnación que revisten la naturaleza de excepcionales y extraordinarios, a los que sólo pueden ocurrir los partidos políticos cuando ya no existan a su alcance recursos ordinarios para conseguir la reparación plena de los derechos o prerrogativas en los que se hubieren visto afectados, atinentes para modificar, revocar o anular fallos como el que ahora se combate. En esto estriba precisamente el principio de definitividad que consagra el artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que se desarrolla en los invocados incisos a) y f) del artículo 86 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al reiterar, por una parte, que los actos o resoluciones impugnables en el juicio de revisión constitucional electoral deben ser definitivos y firmes, y por la otra, que para la promoción de dicho juicio tienen que haberse agotado en tiempo y forma, todas las instancias previas establecidas por las leyes.

Apoya lo anterior, la jurisprudencia identificada con la clave S3ELJ 23/2000, consultable en las páginas 53 y 54 de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, emitida por este Órgano Jurisdiccional, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: “DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA, CONSTITUYEN UN SOLO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DEL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. El artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se desarrolla en el artículo 86, apartado 1, incisos a) y f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al reiterar, por una parte, que los actos o resoluciones impugnables en el juicio de revisión constitucional electoral deben ser definitivos y firmes, y por la otra, que para la promoción de dicho proceso tienen que haberse agotado, en tiempo y forma, todas las instancias previas establecidas por las leyes, en virtud de las cuales se pudieron haber modificado, revocado o anulado, constituye un solo requisito que reconoce como razón lógica y jurídica el propósito, claro y manifiesto, de hacer del juicio de revisión constitucional electoral un medio de impugnación excepcional y extraordinario, al que sólo se pueda ocurrir cuando el acto o resolución de que se trate no sea susceptible de revocación, nulificación o modificación, ya sea porque no se pueda hacer oficiosamente por parte de la propia autoridad emisora, de su superior jerárquico o de alguna otra autoridad local competente para ese efecto, o porque no existan ya medios ordinarios para conseguir la reparación plena de los derechos o prerrogativas en los que se hubieran visto afectados, sea porque no están previstos por la ley, porque los contemplados en ella sean insuficientes para conseguir cabalmente ese propósito reparador, o porque los previstos y suficientes hubieran sido promovidos o interpuestos sin éxito para el afectado. Este razonamiento se ve corroborado con el texto del inciso f) del apartado 1 del artículo 86 de la invocada Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en donde no sólo se exige que se agoten oportuna y formalmente las instancias previas establecidas por las leyes para combatir los actos o resoluciones electorales, sino que expresa y enfatiza que esas instancias previas deben ser aptas para modificar, revocar o anular los actos o resoluciones lesivos de derechos”.

Finalmente, tocante a los requisitos contemplados en los incisos d) y e) del indicado artículo 86 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la reparación solicitada es material y jurídicamente posible dentro del plazo electoral constitucional atinente, en virtud de que los diputados del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, electos el seis de julio de dos mil tres, deberán iniciar su mandato el veinte de septiembre del año en curso, conforme lo establecen los artículos 46 y 55 de la Constitución Política de la referida Entidad Federativa.

En consecuencia, existe plena factibilidad de que la violación alegada a través de este medio constitucional de defensa, sea reparada antes de la fecha fijada para el inicio de funciones de los diputados que integrarán el Congreso del Estado de Nuevo León.

Así las cosas, es dable concluir que este juicio de revisión constitucional electoral, reúne los requisitos de procedencia previstos por los artículos 8, 9, párrafo 1 y 86, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Por lo tanto, deberá emprenderse el examen de los motivos de inconformidad propuestos por el partido político actor, previa transcripción de los mismos.

CUARTO. El Partido Acción Nacional, en su demanda, hace valer los siguientes agravios:

“Primero. La resolución recurrida, violenta en perjuicio de mi representada lo dispuesto por los artículos 8, 14, 16, 41, fracción IV y 116, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los principios de legalidad y certeza, inherentes a toda resolución de carácter electoral, en virtud de que la autoridad demandada incumple con el principio de exhaustividad que debe regir su actuación, conforme a lo establecido en el artículo 269 de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, que a la letra dice lo siguiente:

“Artículo 269. En las resoluciones o sentencias se considerarán en forma íntegra y completa los agravios o conceptos de anulación. No se dejará de estudiar por estimar fundado uno solo de ellos, los demás agravios o conceptos de anulación que se hubieren expresado.”

En la especie, el H. Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, sin justificación válida alguna, decide arbitrariamente, no entrar al fondo del asunto planteado por mi representada, es decir, el desacato y la inobservancia, en una cantidad determinante de casillas, específicamente 57 cincuenta y siete de 191 ciento noventa y un casillas instaladas en el Distrito Local 08 ocho en Nuevo León, del proceso que establece el artículo 176, fracción III de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, para sustituir de manera emergente a los funcionarios insaculados y capacitados previamente, que no se presenten el día de la jornada electoral.

La simple lectura de la demanda de juicio de inconformidad presentada ante la responsable por mi representada, deja patente que el concepto de anulación ahí esgrimido, se sustenta en que se demuestra que en las casillas 1355 básica, 1355 contigua 1, 1355 contigua 2, 1356 básica, 1356 contigua 1, 1356 contigua 3, 1357 básica, 1357 contigua 2, 1359 básica, 1362 básica, 1362 contigua 1, 1363 contigua 1, 1371 básica, 1374 básica, 1375 contigua 2, 1376 básica, 1376 contigua 2, 1377 básica, 1377 contigua 1, 1378 básica, 1378 contigua 1, 1379 básica, 1379 contigua 1, 1381 contigua 1, 1382 contigua 1, 1385 contigua 2, 1395 básica, 1397 contigua 1, 1398 contigua 1, 1400 contigua 1, 1407 contigua 1, 1410 contigua 1, 1410 contigua 2, 1412 contigua 1, 1417 básica, 1418 contigua 2, 1419 básica y 1421 contigua 1, instaladas en el Distrito Local 08 ocho en Nuevo León, fungieron como funcionarios electorales de las correspondientes mesas directivas de casilla, ciudadanos cuyos nombres no correspondían a los de aquéllos publicados por la H. Comisión Estatal Electoral de Nuevo León en el Periódico Oficial del Estado el pasado 6 seis de julio. Es decir, se trata de ciudadanos que recibieron la votación, sin estar autorizados para ello, pues como mi representada lo argumentó en dicho ocurso, esta sustitución emergente no se llevó a cabo siguiendo el procedimiento al efecto expresamente contemplado, en términos muy precisos, en la fracción III, del artículo 176 de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León.

Este hecho obligaba a la responsable a referirse a lo esgrimido por mi representada, a pronunciarse sobre este tema, es decir en cuanto a las violaciones al procedimiento contemplado en el artículo 176 de la Ley Electoral de Nuevo León, cometidas en las casillas antes mencionadas en el Distrito Local 08 ocho en Nuevo León. En conclusión, esta omisión desprende que la demandada incumple con lo dispuesto por el ya citado artículo 269 de la Ley Electoral, así como con el principio de exhaustividad que deben cumplimentar las resoluciones en materia electoral. Lo antes expuesto, este agravio, se fortalece con las tesis emitidas por estas Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las cuales a continuación se citan:

“PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN. Las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, cuyas resoluciones admitan ser revisadas por virtud de la interposición de un medio de impugnación ordinario o extraordinario, están obligadas a estudiar completamente todos y cada uno de los puntos integrantes de las cuestiones o pretensiones sometidas a su conocimiento y no únicamente algún aspecto concreto, por más que lo crean suficiente para sustentar una decisión desestimatoria, pues sólo ese proceder exhaustivo asegurará el estado de certeza jurídica que las resoluciones emitidas por aquéllas deben generar, ya que si se llegaran a revisar por causa de un medio de impugnación, la revisora estaría en condiciones de fallar de una vez la totalidad de la cuestión, con lo cual se evitan los reenvíos, que obstaculizan la firmeza de los actos objeto de reparo e impide que se produzca la privación injustificada de derechos que pudiera sufrir un ciudadano o una organización política, por una tardanza en su dilucidación, ante los plazos fatales previstos en la ley para las distintas etapas y la realización de los actos de que se compone el proceso electoral. De ahí que si no se procediera de manera exhaustiva podría haber retraso en la solución de las controversias, que no sólo acarrearía incertidumbre jurídica, sino que incluso podría conducir a la privación irreparable de derechos, con la consiguiente conculcación al principio de legalidad electoral a que se refieren los artículos 41, fracción III; y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercera Época:

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-010/97. Organización Política Partido de la Sociedad Nacionalista. 12 de marzo de 1997. Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-050/2002. Partido de la Revolución Democrática. 13 de febrero de 2002. Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-067/2002 y acumulado. Partido Revolucionario Institucional. 12 de marzo de 2002. Unanimidad de cinco votos.

Sala Superior, tesis S3ELJ 43/2002.”

“EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE. Este principio impone a los juzgadores, una vez constatada la satisfacción de los presupuestos procesales y de las condiciones de la acción, el deber de agotar cuidadosamente en la sentencia, todos y cada uno de los planteamientos hechos por las partes durante la integración de la litis, en apoyo de sus pretensiones; si se trata de una resolución de primera o única instancia se debe hacer pronunciamiento en las consideraciones sobre los hechos constitutivos de la causa petendi, y sobre el valor de los medios de prueba aportados o allegados legalmente al proceso, como base para resolver sobre las pretensiones, y si se trata de un medio impugnativo susceptible de abrir nueva instancia o juicio para revisar la resolución de primer o siguiente grado, es preciso el análisis de todos los argumentos y razonamientos constantes en los agravios o conceptos de violación y, en su caso, de las pruebas recibidas o recabadas en ese nuevo proceso impugnativo.

Tercera Época:

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-167/2000. Partido Revolucionario Institucional. 16 de agosto de 2000. Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-309/2000 Partido de la Revolución Democrática. 9 de septiembre de 2000. Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-431/2000. Partido de la Revolución Democrática. 15 de noviembre de 2000. Unanimidad de seis votos. Revista Justicia Electoral 2002, suplemento 5, páginas 16-17, Sala Superior, tesis S3ELJ 12/2001.

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, páginas 93-94.”

En este orden de ideas, queda claro que la autoridad responsable no atiende, como se desprende de su resolución, el punto toral del litigio en cuestión, es decir, lo claramente combatido por mi representada en la demanda de juicio de inconformidad de mérito, que es el desacato al imperativo contenido en el artículo 176, fracción III de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, que establece un estricto procedimiento de sustitución emergente de funcionarios de casillas, muy diferente al contemplado a nivel federal y en otras legislaciones locales. Para evitar pronunciarse al respecto, busca justificar dicha sustitución en el hecho de que los ciudadanos que actuaron como funcionarios emergentes se encuentran inscritos en la lista nominal de electores, que no era la litis planteada, sino el cumplimiento de lo dispuesto por la fracción III, del artículo 176 de la multicitada Ley Electoral del Estado.

Es entonces menester que, supletoriamente, esta Sala Superior del H. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sí entre al fondo de asunto, decrete la justicia electoral, pronunciándose al respecto, revocando, por todo lo narrado, la resolución atacada para garantizar de esta manera la certeza y la legalidad de los comicios del Distrito Local 08 ocho en Nuevo León, principios constitucionales electorales que sistemáticamente y de manera determinante para el desarrollo de la jornada electoral, y para el resultado comicial, se incumplieron en dicho distrito.

Por otra parte, en lo atinente a las casillas 1355 básica, 1355 contigua 1, 1356 básica, 1356 contigua 1, 1356 contigua 3, 1359 básica, 1362 contigua 1, 1371 básica, 1374 básica, 1375 contigua 2, 1377 básica, 1377 contigua 1, 1378 básica, 1378 contigua 1, 1379 contigua 1, 1385 contigua 2, 1395 básica, 1397 contigua 1, 1410 contigua 1, 1410 contigua 2, 1417 básica, 1419 básica y 1421 contigua 1, la responsable hace referencia a que los “supuestos” funcionarios electorales que indebidamente fungieron como tales en las mismas cuentan con el nombramiento respectivo, sin que se mencionen las fechas en las que dichos nombramientos fueron emitidos, por lo que según la resolución que se combate, “(...) la falta de su publicación no es determinante para el resultado de la votación recibida (...)”.

En primer término, es de señalarse que la H. Comisión Estatal Electoral de Nuevo León informó a la ciudadanía en general, mediante la publicación número 88 ochenta y ocho del Periódico Oficial del Estado en fecha 6 seis de julio de 2003 dos mil tres, es decir el mismo día de la jornada electoral, la ubicación e integración de las mesas directivas de las diversas casillas instaladas en la entidad. Dicha información, tiene el carácter de oficial, y por tanto, cualquier situación contraria a lo ahí establecido, resulta violatoria a los principios rectores de la función electoral. Inclusive, al no referir la responsable las fechas en que fueron emitidos los nombramientos que no corresponden al encarte, debemos de entender que fueron en fechas diversas posteriores al día de la publicación, lo cual es inadmisible, puesto que sería con posterioridad al día de la elección, como igual es intolerable que se señale ahora que existían dichos nombramientos, y si éstos son de fecha anterior, éstos no coincidan con los publicados en el Periódico Oficial del 6 seis de julio de 2003 dos mil tres, documento oficial y válido para conocer esta información, y a cuyo contenido el análisis de este juicio debe circunscribirse.

Remarcamos, resulta de trascendencia señalar que, además de que determinados ciudadanos que indebidamente integraron las casillas antes citadas, no aparecen en la publicación del Periódico Oficial, los nombramientos que supuestamente se presentaron ante la responsable, son violatorios al artículo 108 de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, en función de que los mismos se desprende que fueron emitidos en fechas posteriores a las que marca la Ley, tal y como a continuación se establece:

“Artículo 108. El procedimiento para integrar las mesas directivas de casilla será el siguiente:

(...)

VI. De acuerdo a los resultados obtenidos en el sorteo a que se refiere la fracción anterior, las Comisiones Municipales Electorales harán entre el 16 de abril y el 12 de mayo del año de la elección, una relación de aquellos ciudadanos que, habiendo asistido a la capacitación correspondiente, no tengan impedimento alguno para desempeñar el cargo en los términos de esta Ley. De esta relación, las comisiones municipales electorales insacularán a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla, a más tardar el 14 de mayo de ese mismo año. En el procedimiento de insaculación a que se refiere esta fracción, estarán presentes al menos, dos comisionados ciudadanos de la Comisión Estatal Electoral, según la programación que previamente se determine por este organismo electoral;

VII. A más tardar el 15 de mayo del año de la elección, las Comisiones Municipales Electorales integrarán las mesas directivas de casilla con los ciudadanos seleccionados, conforme al procedimiento descrito en la fracción anterior y determinarán según su escolaridad las funciones que cada uno desempeñará en la casilla. Realizada la integración de las mesas directivas de casilla, las Comisiones Municipales Electorales darán a conocer el listado de los miembros de las mesas para todas las secciones electorales en cada distrito a la Comisión Estatal Electoral, la cual ordenará su publicación en el Periódico Oficial del Estado y en al menos tres diarios de los de mayor circulación en la entidad, a más tardar el 20 veinte de mayo del año de la elección: y

VIII. Las Comisiones Municipales Electorales notificarán personalmente y por escrito a los integrantes de las mesas directivas de casilla, sus respectivos nombramientos.”

Por lo tanto, las discrepancias entre los ciudadanos publicados el pasado 6 seis de julio en el Periódico Oficial del Estado para fungir como funcionarios electorales, y aquéllos a los que se les otorgó nombramiento, en la mayoría de los casos, en fechas posteriores a lo establecido por Ley, contravienen los principios de legalidad, certeza y equidad, irrogándole a mi representada un perjuicio y agravio directo.

Por lo anteriormente expuesto, se solicita a esta Sala Superior del H. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, revoque la resolución que por esta vía se impugna, en virtud de que la misma conculca en perjuicio de mi representada y de la ciudadanía en general, lo dispuesto por los artículos 8, 14, 16, 41 fracción IV y 116 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los principios de legalidad, certeza y exhaustividad, inherentes a toda resolución de carácter electoral.

Segundo. La resolución que por esta vía se impugna, violenta en perjuicio de mi representada y de la Ciudadanía en general, los artículos 41, fracción IV y 116, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el principio de legalidad electoral contemplado en dichos numerales, en razón de que dicha resolución, indebidamente emitida por la autoridad responsable, contraviene lo dispuesto por el artículo 176, fracción III de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, y por lo tanto, vulnera los Principios de Certeza y Equidad consagrados en el artículo 3 del citado ordenamiento electoral.

Es decir, al confirmar la validez de la elección de Diputado Local en el Distrito 08 ocho en Nuevo León, el H. Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León deja sin efectos el espíritu y la letra de los preceptos antes invocados y rompe con el antes mencionado principio de legalidad electoral, avance mayúsculo de la justicia electoral moderna de este país y que es precisado en la jurisprudencia obligatoria de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que responde a los siguientes términos:

“PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL. De conformidad con las reformas a los artículos 41, fracción IV; 99, párrafo cuarto; 105, fracción II y 116, fracción IV, incisos b) y d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en términos de los artículos 186 y 189 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 3o. de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se estableció un sistema integral de justicia en materia electoral cuya trascendencia radica en que por primera vez en el orden jurídico mexicano se prevén los mecanismos para que todas las leyes, actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente a lo previsto en la Constitución Federal y, en su caso, las disposiciones legales aplicables, tanto para proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos mexicanos como para efectuar la revisión de la constitucionalidad o, en su caso, legalidad de los actos y resoluciones definitivos de las autoridades electorales federales y locales.

Sala Superior S3ELJ 21/2001

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-085/97. Partido Acción Nacional. 5 de septiembre de 1997. Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-460/2000. Partido Acción Nacional. 29 de diciembre de 2000. Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-009/2001. Partido de Baja California. 26 de febrero de 2001. Unanimidad de votos.

Tesis de jurisprudencia J. 21/2001. Tercera Época. Sala Superior. Materia Electoral. Aprobada por Unanimidad de votos.”

Este principio de legalidad electoral, en la especie, no se respeta en función de que indebidamente se confirma, con la resolución impugnada, la validez de la elección de Diputado Local en el Distrito 08 ocho en Nuevo León, aun y cuando de manera determinante y en forma sistemática, las mesas directivas de las casillas fueron integradas indebidamente, sin cumplimentar el procedimiento expresamente contemplado para ello en el artículo 176 fracción III de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, por lo que dichas violaciones al procedimiento electoral, configuran la causal de nulidad contenida en la fracción IV del artículo 283 de la referida Ley, el cual a la letra dice:

“Artículo 283. La votación recibida en una casilla será nula:

(...)

IV. Recibir la votación personas u órganos distintos a los facultados por esta Ley;

(...)”

De lo anterior se desprende, que es procedente declarar la nulidad de la votación recibida en determinada casilla, en el caso de que los sufragios emitidos en la misma, no sean recibidos por las personas legalmente designadas para ello, ya sea ordinariamente por la autoridad electoral competente, o de manera emergente en estricto apego al procedimiento que la legislación vigente establezca para la sustitución de funcionarios electorales.

La Ley Electoral del Estado de Nuevo León, contempla el procedimiento a seguir para la selección y capacitación de aquellos ciudadanos que se encargarán de fungir como funcionarios electorales integrantes de las diversas mesas directivas de casilla durante la jornada electoral. La labor realizada por estos ciudadanos es de suma importancia para el desarrollo de la misma, en función de que dichos funcionarios son los encargados de recibir el sufragio del electorado, así como de realizar el escrutinio y cómputo de la votación. Esta primordial tarea se establece en el numeral 106 de la citada Ley Electoral:

“Artículo 106. Las mesas directivas de casilla son los organismos que tienen a su cargo la recepción, escrutinio y cómputo del sufragio en las secciones en que se dividen los municipios; coparticipan en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral”.

Los integrantes de las mesas directivas de casilla no solamente tienen a su cargo la recepción, escrutinio y cómputo de la votación, sino que además, son elementos fundamentales en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral. Es por esto que la Ley Electoral del Estado de Nuevo León regula específicamente el procedimiento a seguir para su selección y capacitación, a fin de que los ciudadanos que participen como funcionarios electorales durante la jornada electoral se encuentren en posibilidades de brindar certeza y legalidad a los actos que se lleven a cabo durante dicha fecha.

Sin embargo, en busca de prever el procedimiento para subsanar cualquier falta o ausencia que represente irregularidad en la integración de las mesas directivas de casilla, la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, en la fracción III, del artículo 176, contempla el mecanismo a seguir en caso de que durante la instalación de las casillas durante la jornada electoral, no se presenten los funcionarios electorales designados previamente por los organismos electorales competentes. Dicha estricta disposición, por lo medular que resulta al presente litigio, es de reproducirse:

“Artículo 176. Si pasados quince minutos después de la hora de la instalación de la casilla no se presentan uno o varios de los cuatro funcionarios titulares de la mesa directiva de la casilla, se cumplirán las siguientes reglas:

I. Al funcionario titular ausente lo reemplazará su suplente. Si también falta el suplente del titular, lo reemplazará el suplente de alguno de los otros funcionarios;

II. En ausencia del presidente y de su suplente, los integrantes de la mesa directiva, de común acuerdo, designarán de entre ellos un presidente sustituto; y

III. En caso de que los integrantes de la mesa sean menos de cuatro, designarán de común acuerdo, de entre los electores presentes, a los funcionarios necesarios para suplir a los ausentes, con la presencia de un Notario Público, quien dará fe de los hechos. Nunca podrán designarse a los representantes de los candidatos o de los partidos políticos. En caso de que el Notario Público no se haga presente en el plazo de treinta minutos a partir de que se haga del conocimiento de la comisión municipal electoral respectiva, bastará que los representantes de los partidos políticos o de los candidatos presentes manifiesten en forma unánime su conformidad. Estos hechos quedarán asentados en el acta de instalación. La falta de cumplimiento a esta disposición por parte de algún Notario Público, dará lugar a la aplicación de la sanción correspondiente, en los términos de Ley.”

De lo anterior se desprende que existen dos supuestos a seguir en el caso de que los integrantes presentes en la mesa directiva de casilla, sean menos de cuatro. El primero de ellos señala que ante la falta de funcionarios electorales, la sustitución se realizará con los electores presentes, contando con la presencia de un Notario Público, a fin de que se sirva dar fe de tales hechos. En segunda instancia, el dispositivo antes invocado establece que en caso de que el fedatario público no se haga presente dentro del plazo de 30 treinta minutos, se procederá a realizar la sustitución necesaria, con la conformidad por unanimidad de los representantes de partidos políticos y candidatos que se encuentren presentes.

Para facilitar el procedimiento de sustitución de funcionarios electorales, contenido en el artículo 176, fracción III de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, así como el artículo 10 último párrafo de la Ley del Notariado de Nuevo León, el Colegio de Notarios en coordinación con la Dirección del Archivo General de Notarías, previo sorteo, realizaron la designación de los Notarios Públicos que habrían de participar en el presente proceso electoral en el Estado de Nuevo León realizándose la asignación de cada uno de ellos a los diversos municipios del Estado. En el Municipio de Monterrey, Nuevo León, del cual el Distrito Local 8 ocho es parte integrante, se designó a los C.C. Lic. Héctor Villegas Olivares, Notario Público Titular Número 122 ciento veintidós, Lic. Daniel Elizondo Garza, Notario Público Titular Número 47 cuarenta y siete, Lic. José J. Serna Ibarra, Notario Público Titular número 50 cincuenta y Lic. Jorge Maldonado Montemayor, Notario Público Titular número 55 cincuenta y cinco, para dar fe de cualquier incidente en dicho municipio, por lo que los órganos electorales tenían a su disposición el auxilio de los mencionados fedatarios públicos para dar fe de los eventos que así lo requirieran. Sin embargo, suponiendo sin conceder que dichos fedatarios públicos no se hubieran hecho presentes, cualquier sustitución de funcionarios electorales en cualesquier mesa directiva de casilla, pudo haber sido válidamente decidida por unanimidad de los representantes de partidos políticos y candidatos presentes en la misma. Todo lo anterior, por disposición expresa de Ley, debe quedar asentado en el acta de instalación de la casilla correspondiente. Ninguno de estos tres imperativos se cumplimentó en las casillas en estudio.

Cabe señalar, en aras de fortalecer el argumento de mi representada, que el anterior procedimiento de sustitución de funcionarios electorales es contemplado a su vez en la doctrina, la cual constituye una importante fuente del derecho. En la especie, la edición 2003 de la Editorial Porrúa del libro titulado “Manual de la Jornada y los Delitos Electorales (Nulidades y Delitos Electorales)” obra del autor Jesús Alfredo Dosamantes Terán, en su página 23 veintitrés, establece lo siguiente:

“3. Integración de la mesa directiva de la casilla y designación de funcionarios

(...)

Cuando los nombramientos de funcionarios de casilla se verifiquen por acuerdo de los representantes de partidos políticos, se requerirá la presencia de un juez o de un notario público quienes tienen la obligación de acudir y levantar la diligencia para que cualquiera de ellos dé fe de la designación de la mesa directiva de casilla.

En ausencia del juez o notario público, bastará que los representantes que expresen su conformidad para designar, de común acuerdo, a los miembros de la mesa directiva.

(...)

De cualquiera de los hechos anteriores, se levantará el acta de integración de mesa directiva de casilla, que contendrá los siguientes datos:

a) El lugar, la fecha y la hora en que se inicia el acto de instalación.

b) El nombre de las personas que actúan como funcionarios de casilla, y que fueron designados con base a cualquiera de las siguientes constancias.

(...)”

En el caso que nos atañe, es decir, en las casillas instaladas para recibir la votación en el Distrito Local 08 ocho en Nuevo León, las mesas directivas de las casillas 1355 básica, 1355 contigua 1, 1355 contigua 2, 1356 básica, 1356 contigua 1, 1356 contigua 3, 1357 básica, 1357 contigua 2, 1359 básica, 1362 básica, 1362 contigua 1, 1363 contigua 1, 1371 básica, 1374 básica, 1375 contigua 2, 1376 básica, 1376 contigua 2, 1377 básica, 1377 contigua 1, 1378 básica, 1378 contigua 1, 1379 básica, 1379 contigua 1, 1381 contigua 1, 1382 contigua 1, 1385 contigua 2, 1395 básica, 1397 contigua 1, 1398 contigua 1, 1400 contigua 1, 1407 contigua 1, 1410 contigua 1, 1410 contigua 2, 1412 contigua 1, 1417 básica, 1418 contigua 2, 1419 básica y 1421 contigua 1, no fueron integradas por los ciudadanos señalados en la publicación número 88 ochenta y ocho realizada por la H. Comisión Estatal Electoral de Nuevo León en el Periódico Oficial del Estado el 6 seis de julio de 2003 dos mil tres. Esto necesariamente implica que hubo una sustitución de funcionarios electorales en dichas casillas, misma que en ningún caso consta se haya realizado conforme al procedimiento que al efecto, de manera estricta, estipula la fracción III, del artículo 176 de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León. Para clarificar lo ocurrido en las casillas antes referidas en el Distrito Local 08 ocho en Nuevo León, a continuación se señalan los nombres de los funcionarios electorales electos para desempeñar sus respectivos encargos durante la jornada electoral, los de aquellos que fungieron como tales el pasado 6 seis de julio del presente, así como la anomalía que se presentó en cada uno de las citadas casillas: