SUP-OP-8/2025

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 90/2025 Y SU ACUMULADA 93/2025

Ciudad de México, tres de octubre de dos mil veinticinco.

En atención a la solicitud de la ministra Loretta Ortíz Ahlf, integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta Sala Superior emite opinión en los siguientes términos:

GLOSARIO

I. ANTECEDENTES

1. Decretos de reforma. El diecisiete de julio de dos mil veinticinco,[1] se publicaron en el Periódico Oficial, los Decretos 363 y 433 por los que se reformaron la Constitución de Morelos y el Código electoral local, en materia de paridad de género para acceder a presidencias municipales;[2] se ampliaron las diputaciones de mayoría relativa y se crearon cuatro diputaciones de primera minoría.[3]

2. Demandas. En contra de lo anterior, MC y el PRI de Morelos promovieron acciones de inconstitucionalidad, mismas que fueron radicadas en los expedientes 90/2025 y 93/2025 del índice de la SCJN, respectivamente.

3. Solicitud de opinión. Por acuerdo de dieciocho de septiembre, la ministra instructora Loretta Ortíz Ahlf solicitó opinión a esta Sala Superior sobre la demanda de acción de inconstitucionalidad 90/2025. Asimismo, determinó el desechamiento respecto de la acción de inconstitucionalidad 93/2025 por falta de legitimación activa del promovente.

4. Trámite. La presidencia de esta Sala Superior ordenó integrar el expediente respectivo y turnarlo a la Ponencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña.

II. BASE NORMATIVA DE LA OPINIÓN

La Ley Reglamentaria[4] faculta a quien instruye una acción de inconstitucionalidad en materia electoral a solicitar opinión a la Sala Superior.

La Corte[5] ha establecido que la opinión no es vinculatoria, pero aporta elementos para una mejor comprensión de las instituciones electorales y orienta el control abstracto. Por ello, cuando se solicita opinión, se deben atender los planteamientos que sean del ámbito electoral.

III. CONSIDERACIONES DE LA OPINIÓN

La Ley Reglamentaria[6] faculta a quien instruye una acción de inconstitucionalidad en materia electoral a solicitar opinión a la Sala Superior.

La Corte[7] ha establecido que la opinión no es vinculatoria, pero aporta elementos para una mejor comprensión de las instituciones electorales y orienta el control abstracto. Por ello, cuando se solicita opinión, se deben atender los planteamientos que sean del ámbito electoral.

1. GRÁFICA DEL CONTENIDO DE LA OPINÓN

2. DESARROLLO DE LAS CONSIDERACIONES DE LA OPINIÓN

Tema uno: Implementación de postulación paritaria y alternancia de género

Subtema 1. Establecimiento de bloques exclusivos para mujeres.

Para poder emitir una opinión al respecto, esta autoridad jurisdiccional estima necesario hacer alusión a la medida impuesta con el Decreto del cual se aduce su inconstitucionalidad.

Al respecto, el Decreto de reforma modificó el Código electoral local quedando de la siguiente manera.

Para evitar que a algún género le sean asignados los Distritos o Municipios en los que el partido político, coalición o candidatura común haya obtenido los porcentajes de votación más bajos y más altos, el Instituto local realizará una lista con los distritos y municipios en los que cada partido local postuló candidaturas.[8]

Para garantizar el acceso al cargo de las presidencias municipales y en cumplimiento al principio de paridad de género, se conformarán tres bloques con respecto a los treinta y tres municipios que se rigen por el sistema de partidos y candidaturas independientes.[9]

El primer bloque será el “Bloque de Postulación Exclusiva de Mujeres”, y estará integrado por once municipios, en los cuales los partidos postularán exclusivamente candidaturas pertenecientes a mujeres. En el segundo bloque, denominado “Bloque de Alta-Media Población”, se agrupará un bloque de once municipios de mayor población en orden decreciente hasta llegar a la media población.

Y un tercer bloque, denominado “Bloque de Media-Baja Población”, comprenderá los once municipios restantes, agrupados en orden decreciente, partiendo de los municipios de media población hasta llegar a los de baja población.

Al respecto, el segundo y tercer bloque se ordenarán de acuerdo con el censo de población elaborado por el INEGI y se verificará que la mitad de las candidaturas sean ocupadas paritariamente por mujeres y hombres. Al respecto se establece específicamente que con base en el principio de autoorganización, los partidos tendrán plena libertad para decidir el género que postularán en los municipios que integran estos bloques, verificando el cumplimiento de paridad.

Cuando el número de municipios sea impar, no podrán postular candidaturas de un mismo género en más de la mitad más uno de la totalidad de las candidaturas a postular y se estableció la posibilidad de que los partidos determinen el género que ocupará esa posición impar.

Aunado a lo anterior, en la reforma se especificó que los partidos pueden postular, dentro de los bloques segundo y tercero, más del cincuenta por ciento de candidaturas a favor de mujeres, cuando dicha decisión tenga por objeto promover de manera efectiva la participación política de las mujeres y garantizar un mayor acceso a espacios de representación.

Por otro lado, se estableció que con el fin de asegurar que todos los municipios sean gobernados de manera paritaria por ambos géneros, el bloque de postulación exclusivo para mujeres se alternará en cada periodo electoral, para que así se garantice que, en elecciones consecutivas, este bloque no esté integrado por los mismos municipios que lo conformaron en el periodo inmediato anterior.[10]

En razón de lo hasta aquí expuesto, es importante mencionar que la reforma al texto constitucional de seis de junio de dos mil diecinueve tuvo entre otras finalidades, el hacer efectiva la paridad para garantizar la postulación igualitaria de candidaturas a todos los cargos de elección popular en todos los ámbitos, la obligación de los partidos para postular candidaturas acordes con ese criterio, y el derecho fundamental de la ciudadanía a ser votada en condiciones de paridad.[11]

Al respecto, esta Sala Superior[12] ha sostenido que, tanto los partidos políticos, como las autoridades electorales tienen deberes concretos a fin de cumplir la paridad en todo, reiterándose que la Constitución reconoce el derecho de la ciudadanía de ser votada en condiciones de paridad y que el hacer posible su acceso al poder público es uno de los fines de los partidos, al igual que lo es fomentar el principio paritario, debiendo observarlo en la postulación de candidaturas.

En concreto, se ha sostenido que la regulación en materia de paridad para cargos de elección popular estatales es una materia que debe regularse por las legislaturas, pues del análisis sistemático de lo dispuesto en los artículos 35, fracción II y 41 Base I del texto fundamental se advierte que el Constituyente Permanente dispuso que, tanto el derecho al sufragio pasivo en condiciones paritarias, como la obligación de postular candidaturas están sujetas al cumplimiento de los términos y condiciones que se dispongan en la Ley.

Lo anterior implica que las condiciones para el ejercicio del derecho y las reglas de postulación paritaria deben emitirse por las legislaturas en el ámbito de sus competencias, en la medida que dependen de la naturaleza del cargo.

Aunado a que el poder legislativo local cuenta con libertad configurativa para diseñar las acciones afirmativas que deben aplicarse en el Estado y, en ese sentido, establecer a quiénes deben ir dirigidas. En efecto, se advierte que la Constitución no establece una exigencia concreta respecto de cómo se debe garantizar la paridad de género, sino que existe un marco de libertad de configuración legislativa para los congresos locales.

Así, en el artículo 115, fracción I, de la Constitución, se estableció que cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente o presidenta Municipal y el número de regidurías y sindicaturas que la ley determine, de conformidad con el principio de paridad.

En este contexto, es claro que las legislaturas de las entidades federativas gozan de libertad configurativa y se encuentran constitucionalmente obligadas a establecer en su normativa local acciones tendientes a garantizar la paridad de género en los Ayuntamientos.

De tal forma que pueden existir múltiples medidas en el ámbito local, al constituir una cuestión que, en todo caso, forma parte de la libertad configurativa de las entidades federativas.[13]

Así, en el caso concreto, se estima que el Decreto de reforma cuestionado es constitucional ya que la incorporación de una acción afirmativa traducida en bloques poblacionales como criterio para organizar la postulación paritaria, en conjunto con el bloque exclusivo de postulación de mujeres y la alternancia entre los bloques en cada periodo electoral, implican una medida positiva implementada por el legislador local para garantizar que las mujeres efectivamente accedan a las presidencias municipales.

Ello con el fin de eliminar la discriminación y exclusión histórica o estructural que han sufrido las mujeres en los cargos de toma de decisiones.

Esto es, la medida implementada por el poder legislativo local surgió a partir de que se advirtió que, con el sistema de postulación previo, si bien había municipios gobernados por mujeres, lo cierto era que la participación femenina en la gobernanza municipal representaba un número bajo.

Por lo que, al establecerse un bloque de postulación exclusiva de mujeres, ello garantizaba que por lo menos tuvieran una asignación directa en por lo menos once municipios en cada proceso electoral.

Máxime si se toma en consideración que la SCJN[14] ha sostenido que los ajustes de paridad están en el ámbito de libertad configurativa de las entidades federativas.

Si bien dicha libertad configurativa no es ilimitada,[15] en el caso no se advierten vicios de inconstitucionalidad de la norma porque si bien en la Constitución se recoge el principio de paridad de género, así como los derechos a votar y ser votados, lo cierto es que esas previsiones se traducen en parámetros a partir de los cuales los poderes legislativos locales tienen un margen de acción para —en el contexto y necesidades del estado en cuestión— diseñar acciones afirmativas, que, en su caso, de acuerdo con su propia naturaleza,[16] deberán ser evaluadas y rediseñadas en su momento.

Es decir, si bien las entidades federativas están obligadas a garantizar el principio de paridad de género, el cual no se agota en las reglas de postulación, sino que trasciende a la integración de los órganos, tienen competencia para establecer el diseño de los mecanismos y reglas específicos para garantizar su cumplimiento en su régimen interno, sin tener que replicar las reglas y mecanismos específicos establecidos en las disposiciones aplicables para las elecciones federales y lo pueden hacer tanto en sus constituciones locales como en la legislación secundaria, al no actualizarse una reserva de fuente.[17]

La vigencia de estos criterios se ve confirmada por el hecho de que la Constitución no prevé un catálogo exhaustivo de reglas y medidas para garantizar la paridad de género en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular,[18] sino que prevé que éstas deberán establecerse en las leyes electorales, sin exigir que estén en las constituciones de las entidades federativas.

De ahí que de una interpretación conforme del Decreto de reforma, esta Sala Superior logra advertir que del artículo 179 Quinquies se precisa que el bloque de postulación exclusiva de mujeres será alternado por cada periodo electivo hasta configurar un ciclo que se renovará de forma continua.

Así, el legislador local estableció la conformación del primer, segundo y tercer periodo electivo, señalando los municipios correspondientes para cada uno que tendrán el bloque de postulación exclusiva hasta concluir el ciclo.

En ese sentido, se estima que el Decreto de reforma 363 está ajustado al marco constitucional y será aplicable en los procesos electorales locales correspondientes, hasta en tanto se complete el ciclo precisado en el Decreto; esto es, la acción afirmativa que busca regular en tema de paridad será aplicable en tres periodos electivos hasta completar el ciclo, al encontrarse permitido dentro del ámbito de configuración normativa de los estados y, de manera abstracta, no se advierte una posible colisión con otros derechos o principios rectores en materia electoral.

Es decir, la acción afirmativa establecida por el legislador local tiene una temporalidad definida para garantizar que en algún momento los partidos políticos puedan decidir de manera libre las postulaciones correspondientes y que la ciudadanía se encuentre en posibilidad de ejercer sus derechos político-electorales a través de su postulación.

Máxime si se toma en consideración que el decreto de trece de abril de dos mil veinte, el Congreso de la Unión reformó diversos ordenamientos en materia de paridad y de violencia política en razón de género, entre los cuales se incluyó la modificación a los párrafos 3 y 4, del artículo 3 de Ley General de Partidos Políticos, en el que se dispuso la obligación de postulación paritaria para los partidos políticos, en la que consideró las candidaturas a legislaturas federales y locales, así como la integración de ayuntamientos y alcaldías de la Ciudad de México.

De esta manera, es a las legislaturas estatales a las que constitucionalmente corresponde construir modelos que recojan el contexto político, social y cultural de cada entidad federativa, y en los que se reconozcan derechos y se impongan obligaciones a los sujetos que intervienen en las contiendas, a fin de tutelar la observancia del principio de paridad en la postulación de candidaturas de mujeres y hombres y, en su caso, revertir los obstáculos y las barreras que en cada entorno han impedido el ejercicio pleno de los derechos políticos electorales de las mujeres.[19]

Similares consideraciones se sostuvieron en las opiniones SUP-OP-14/2022, SUP-OP-18/2023 y SUP-OP-20/2023.

Subtema 2. Alegaciones sobre técnica legislativa

En lo tocante a la presente temática, MC argumenta que el Decreto de reforma se extralimita respecto de la capacidad de autoorganización que tienen los partidos políticos, pues a su consideración, se imponen restricciones desproporcionadas y no se ajusta al principio de progresividad de los derechos humanos, sin que en el caso concreto argumente porqué la implementación de la medida atenta contra la Constitución.

Es decir, se hacen señalamientos genéricos vinculados a que con el Decreto en cuestión se impone una carga normativa que podría derivar en efectos regresivos, si no se consideran los avances ya alcanzados en participación femenina y no se permite el ajuste dinámico del modelo; además de que señala que no se establece un criterio técnico transparente para integrar los bloques, por lo que se transgrede el principio de certeza electoral, pues se beneficia potencialmente a determinadas regiones o estructuras partidistas y se compromete la equidad en la contienda.

De igual forma, MC señala que previo al Decreto 363, el modelo de bloques de competitividad permitía a los partidos distribuir libremente sus candidaturas dentro de parámetros paritarios, sin que se les impusiera la postulación forzosa en municipios específicos.

Al respecto, esta Sala Superior concluye que no existen elementos suficientes para pronunciarse respecto de lo antes reseñado, ya que, referir que falta claridad a la redacción del Decreto con relación al criterio técnico para integrar los bloques, corresponden a una cuestión de técnica legislativa.

Es decir, la temática del presente concepto de invalidez no es materia de opinión especializada porque, conforme al criterio reiterado de este órgano jurisdiccional, todo lo relacionado con posibles violaciones o irregularidades del procedimiento legislativo escapa del ámbito de competencia especializada en la materia electoral y, por ende, no es objeto de opinión.[20].

Asimismo, el concepto de invalidez relativo a la transgresión del principio de certeza electoral, ya que se beneficia potencialmente a determinadas regiones o estructuras partidistas y se compromete la equidad en la contienda, se enfoca a la parte de técnica legislativa que por su naturaleza no puede ser objeto de pronunciamiento por parte de esta Sala Superior.[21]

Tema dos: Integración del Congreso del Estado de Morelos.

Subtema 1. Incorporación de diputaciones de “primera minoría”

a. Concepto de invalidez. MC afirma que las modificaciones normativas para incorporar cuatro diputaciones de “primera minoría” carecen de sustento constitucional y desnaturaliza el sistema mixto de integración previsto en el artículo 116 de la Constitución. A su juicio, este mecanismo no constituye un componente de representación proporcional, sino una reiteración de la lógica de mayoría relativa, que incrementa la sobrerrepresentación de los partidos dominantes y reduce injustificadamente los espacios de representación proporcional.

b. Opinión. Esta Sala Superior considera que el esquema de primera minoría es constitucional, si se realiza una interpretación conforme en el sentido que ese mecanismo de representación está incorporado a las diputaciones de RP, lo cual es acorde al sistema mixto de diputaciones de MR y RP previsto en el artículo 116, fracción II, de la Constitución.

c. Justificación.

La CPEUM establece dos sistemas electorales: la MR y la RP para integrar la cámara de diputados federal y los congresos locales.

Así, la Cámara de Diputados está integrada por 300 diputaciones de MR y 200 de RP.[22] Por otra parte, el Senado está compuesto por 64 senadurías de MR, 32 de primera minoría y 32 de RP.[23]

De igual manera, la CPEUM prevé que, las legislaturas estatales se integrarán con diputaciones electas según los principios de MR y RP, en los términos señalados en las leyes locales.[24]

En ese sentido, es evidente la existencia de dos principios electorales reconocidos en la CPEUM. Uno, el de MR, en el cual el triunfo es obtenido por quien consiga el mayor número de votos. El otro, el de RP, en el cual se asignan diputaciones conforme al porcentaje de votación obtenido en las elecciones de MR.

Sobre esto, es necesario señalar que, la elección de las diputaciones de RP se hace de manera indirecta, porque éstas serán asignadas a partir de los votos obtenidos por los partidos políticos en la elección de MR.

Es decir, es la votación o el porcentaje de votos obtenidos en el conjunto de diputaciones de MR, lo que determina el número de diputaciones a asignar a los partidos políticos en RP.

En el caso, el Congreso local estableció un esquema de cuatro diputaciones de primera minoría, las cuales serán asignadas a las cuatro fórmulas de candidaturas que, no habiendo resultado electas por el principio de mayoría relativa, hayan ocupado el segundo lugar en sus respectivos distritos uninominales y hayan obtenido, en lo individual, el mayor número de votos válidos en toda la entidad federativa.

Para tal efecto, el OPLE identificará, en cada distrito electoral uninominal, la fórmula que haya obtenido el segundo lugar. Posteriormente, se ordenarán dichas fórmulas en función de la votación válida total obtenida por cada una de ellas, de mayor a menor. Las cuatro fórmulas que encabecen esta lista serán las que obtendrán las diputaciones por el principio de primera minoría.

Conforme a lo expuesto, es posible advertir que el sistema implementado como “primera minoría” en realidad se trata de un mecanismo de representación proporcional, porque las diputaciones se asignan a los mejores perdedores en el ámbito estatal.

Además, contrario a lo que sostiene el accionante, no se emula el sistema previsto para senadurías, porque de ser así, se asignaría una diputación para mejor perdedor en cada uno de los distritos electoral, pues para el caso de las senadurías la primera minoría aplica para cada entidad federativa.

Ahora bien, en el artículo 116, de la Constitución se establece con claridad que las legislaturas de las entidades federativas se deben conformar con mecanismos de mayoría relativa y representación proporcional, sin que se excluyan mecanismos que puedan coadyubar con la representación proporcional, como sucede en el caso concreto.

En este contexto, el mecanismo local incorporado en el decreto impugnado admite una interpretación conforme a la Constitución, en la parte en la que se prevé que en los congresos de las entidades federativas regirá un sistema mixto conformado por diputaciones de MR y RP, porque el mecanismo de diputaciones de primera minoría se debe entender dentro de la representación proporcional. 

Es importante señalar que el presupuesto de una interpretación conforme reside en la exigencia de que las normas que se sujeten a la misma, a la hora de ser aplicadas, se desentrañe su sentido de acuerdo con los preceptos constitucionales; de forma que, en caso de que existan varias posibilidades de interpretación, se elija aquella que mejor se ajuste a lo dispuesto en la Constitución.[25]

Bajo esa lógica, la previsión local consistente en crear curules de “primera minoría” para integrar el congreso estatal implica, en realidad, una modalidad de representación proporcional, por lo que se les tendrán que aplicar mutatis mutandis las reglas referentes a sobre o subrepresentación e inclusive previo a desarrollar la fórmula de asignación de RP, se deberá verificar si los partidos políticos no resultan sobrerrepresentados con esas asignaciones de “primera minoría”.

Es importante mencionar que el principio de RP se caracteriza porque la asignación de curules no se produce mediante la competencia directa por el mayor número de votos en un distrito, sino a partir de la proporción de sufragios obtenidos por los partidos políticos en la elección de mayoría relativa.

En ese sentido, si la asignación de diputaciones de primera minoría se hace conforme a una lista estatal de mejores perdedores, en realidad lo que se pretende es la máxima representación y pluralidad.

Importa señalar que la SCJN ha reconocido que las legislaturas locales cuentan con libertad configurativa legislativa para definir la conformación de los órganos legislativos, por lo que esa permisión contempla la incorporación de elementos que complementen de manera razonable el sistema previsto expresamente en la CPEUM.

Además, la SCJN, al resolver la acción de inconstitucionalidad 45/2014, validó una norma del Código Electoral del entonces Distrito Federal, en la que se preveía que, para la asignación de diputaciones de RP, se conformaría dos listas, una de ellas integrada con candidatos no vencedores por el principio de mayoría relativa. Todo ello enmarcado en la asignación de diputaciones de RP. [26]

En consecuencia, esta Sala Superior concluye que son constitucionales las porciones normativas en las que se incorporan cuatro diputaciones de “primera minoría” en el Congreso local, si se hace una interpretación conforme en el sentido que en realidad se trata de una modalidad de representación proporcional, por lo que se deberán aplicar las reglas que resulten conducentes a las diputaciones de RP.

Subtema 2. Aumento de diputaciones de mayoría relativa

a. Concepto de invalidez. MC sostiene que el aumento de diputaciones de mayoría relativa de doce a dieciocho rompe el equilibrio constitucional entre los principios de mayoría relativa y representación proporcional previsto en el artículo 116 de la Constitución Federal, al privilegiar indebidamente la votación directa en detrimento de la representación proporcional.

b. Opinión. Esta Sala Superior considera que es constitucional el incremento de diputaciones de mayoría relativa, pues ese aspecto tiene cabida en la libertad configurativa de la que gozan las legislaturas estatales en materia electoral.

c. Justificación. Existe criterio reiterado de la SCJN, en el sentido de que las legislaturas de las entidades federativas y de la Ciudad de México cuentan con libertad de configuración legislativa para definir la conformación de los órganos legislativos[27].

En el artículo 116, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución, se prevé que las legislaturas de los estados se integrarán con diputados electos por los principios de mayoría relativa y representación proporcional, en los términos que señalen sus leyes.

Así, la SCJN ha establecido que la introducción del sistema electoral mixto en las entidades federativas instituye la obligación de integrar sus legislaturas con diputados electos por los principios de mayoría relativa y representación proporcional, pero no vincula a los congresos locales a adoptar, tanto para los estados como para los municipios, reglas específicas para reglamentarlos.

De esta manera ha considerado que la facultad de reglamentar los principios de MR y RP corresponde a las legislaturas estatales que, conforme al citado artículo 116 de la Constitución, sólo deben considerar ambos principios de elección en su sistema, sin que se prevea alguna disposición adicional al respecto.

De ahí que, la regulación específica respectiva será responsabilidad directa de las entidades, pues la Ley Suprema no establece lineamientos y, por el contrario, dispone expresamente que esto debe hacerse conforme a la legislación estatal correspondiente que, claro está, no puede desnaturalizar o contravenir las bases generales salvaguardadas por la Ley Suprema que garantizar la efectividad del sistema electoral mixto.

El criterio está contenido en la Tesis de Jurisprudencia 8/2010 del Pleno de la SCJN, de rubro: DIPUTADOS LOCALES. LA LIBERTAD LEGISLATIVA DE LOS ESTADOS PARA COMBINAR LOS SISTEMAS DE ELECCIÓN (MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL) EN LA INTEGRACIÓN DE SUS CONGRESOS LOCALES, ESTÁ SUJETA A LOS LÍMITES IMPUESTOS POR LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TOMANDO EN CUENTA LOS PORCENTAJES SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 52 DE LA PROPIA CONSTITUCIÓN.

Las consideraciones que anteceden fueron sustentadas por el Máximo Tribunal, entre otras, en las acciones de inconstitucionalidad 2/2009 y su acumulada; 21/2009; 27/2013 y sus acumuladas; 32/2014 y su acumulada; 35/2014 y sus acumuladas; 69/2015 y sus acumuladas; 38/2017 y sus acumuladas.

A partir de lo expuesto, es claro que, conforme a los criterios fijados por la SCJN, las legislaturas estatales gozan de libertad configurativa para establecer la reglamentación específica para determinar el número de diputaciones de MR, con la única limitante de no desnaturalizar o contravenir las bases generales establecidas por la Constitución.

En el caso concreto, el legislador local prevé aumentar de doce a dieciocho el número de diputaciones de MR, porque desde su perspectiva consideran adecuada regresar al número de diputaciones que se tenían en dos mil diecisiete.

Importa señalar que en el caso concreto las diputaciones de RP quedan en el mismo número de ocho, pero se adicionan cuatro diputaciones denominadas de “primera minoría”, que como se analiza en el apartado anterior, realmente son de representación proporcional, por lo que el congreso se conformará por un total de treinta diputaciones, de las cuales el 60% corresponderá a MR y 40% RP, porcentajes que son acordes a lo previsto en el orden federal. 

En consecuencia, el aumento de diputaciones de mayoría relativa en el Congreso local resulta constitucional, pues se ubica dentro de la libertad configurativa reconocida a las entidades federativas, respeta el diseño constitucional del sistema electoral mixto y no afecta el derecho de los partidos políticos a acceder a la representación proporcional ni la función de ésta como mecanismo de expresión de las minorías en la vida democrática.

IV. OPINIÓN

PRIMERO. No son materia de opinión las temáticas relacionadas con los posibles efectos regresivos y la falta de un criterio técnico transparente para integrar los bloques de postulación para lograr paridad.

SEGUNDO. Son constitucionales las normas del Código Electoral de Morelos que prevén bloques exclusivos de postulación de mujeres para garantizar paridad en la elección de presidencias municipales en los ayuntamientos de la entidad federativa.

TERCERO. Son constitucionales las porciones normativas del artículo 24, de la Constitución de Morelos y de los numerales 13 y 14 bis, del Código Electoral local, en las que se estableció el mecanismo para incorporar cuatro diputaciones de “primera minoría”, en atención a la interpretación conforme, y se ampliaron las diputaciones de MR en el Congreso local.

Emiten la presente opinión las magistradas y magistrados integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con las opiniones diferenciadas de los magistrados Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón, y la ausencia de la magistrada Janine M. Otálora Malassis. El secretario general de acuerdos autoriza y da fe, así como de que la presente opinión se firma de manera electrónica.

ANEXO SUP-OP-8/2025

Decreto número 363 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de instituciones y procedimientos electorales para el Estado de Morelos, con la finalidad de garantizar el principio de paridad de género en el acceso al cargo de ayuntamientos en el Estado de Morelos.

PRIMERO. - Se reforman los artículos 179 BIS y 180 del Código de instituciones y procedimientos electorales para el Estado de Morelos.

SEGUNDO. - Se adicionan los artículos 179 Ter, 179 QUATER, 179 QUINTIES, 179 SEXTIES, 179 SEPTIES al Código de instituciones y procedimientos electorales para el Estado de Morelos.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.