2. Red social Facebook

(41)        Asimismo, se tiene acreditado que el treinta y uno de marzo en el perfil de Facebook denominado “Un abogado dice”[37] se difundió el spot de campaña de la denunciante, con el siguiente título: DATO PROTEGIDO cuya publicación y comentarios son motivo de denuncia.

(42)        Los comentarios generados a partir de la publicación del usuario previamente referido son los siguientes:

3. Red social TikTok

(43)        Finalmente, se tiene acreditado que, en los perfiles de los usuarios de la plataforma TikTok que se detallan enseguida, se realizaron las publicaciones siguientes:

(44)        Los comentarios denunciados generados a partir de las publicaciones de los usuarios previamente referidos son los siguientes:

c) Titularidad de los perfiles denunciados

(45)        De la totalidad de usuarios que realizaron las publicaciones y comentarios motivo de denuncia, únicamente fueron motivo de emplazamiento[43] nueve personas[44], de las cuales, únicamente se tiene acreditada la titularidad de los ocho perfiles que se detallan enseguida:

(46)        De la red social X

(47)        De los perfiles de la red social Facebook que realizaron comentarios a la publicación de “Un abogado dice”

(48)        De la plataforma TikTok

4. Análisis jurídico de los hechos acreditados

(49)        En el caso, por una parte, se determina la existencia de la infracción denunciada, consistente en VPG en contra de la quejosa, ya que los hechos motivo de inconformidad que se estudiarán en el apartado correspondiente afectaron sus derechos político-electorales como entonces candidata a DATO PROTEGIDO, a partir de elementos de género manifiestos en expresiones de carácter sexista y misógino en redes sociales.

(50)        Por otra parte, se determina la inexistencia de la infracción, al no colmarse los elementos que la constituyen y al no acreditarse la titularidad de un perfil denunciado, tal como se verá en el apartado respectivo.

4.1 Marco normativo y aspectos metodológicos

(51)        El derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación deriva de las obligaciones del Estado, conforme lo establecido en los artículos 1° y 4°, párrafo primero, de la Constitución que prohíbe toda discriminación motivada por, entre otros aspectos, el género, que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

(52)        Conforme a lo anterior, con motivo de la reforma de trece de abril de dos mil veinte, la Ley Electoral[52] define la VPG, establece un catálogo de conductas que la configuran y sanciones, y señala la competencia de las autoridades electorales (administrativas, jurisdiccionales y penales) para conocer de tales asuntos.

(53)        Por su parte, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación prohíbe toda práctica discriminatoria que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades.[53]

(54)        Asimismo, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en términos similares a lo previsto por la Ley Electoral, se reconoce la violencia política de género, como toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género, ejercida en la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos.[54]

(55)        La Sala Superior con relación al tema, ha conformado una línea jurisprudencial sobre los elementos que deben analizarse para determinar si un hecho o conducta denunciada es constitutiva de VPG, tomando en consideración lo previsto en la normativa invocada, así como en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y sobre los Derechos Políticos de la Mujer; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

(56)        Así la Sala Superior ha señalado como elementos o requisitos para actualizar la existencia de VPG los siguientes[55]:

1. Que el acto u omisión se dé en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, o en el ejercicio de un cargo público;

2. Sea perpetrado por el Estado o sus agentes, superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de estos; medios de comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo de personas;

3. Sea simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico;

4. Tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, y

5. Se base en elementos de género, es decir que:

i. se dirija a una mujer por ser mujer;

ii. tenga un impacto diferenciado en las mujeres; y

iii. afecte desproporcionadamente a las mujeres.

(57)        Ahora bien, toda vez que la violencia puede manifestarse a partir de diferentes elementos lingüísticos y/o simbólicos, a partir de sesgos, prejuicios o estereotipos discriminatorios o estigmatizantes, resulta relevante precisar los aspectos metodológicos que permiten visibilizar los elementos psicosociales de tales prácticas discriminatorias, a fin de determinar si la conducta denunciada reproduce estereotipos de género que coloquen a la denunciante en una situación de vulnerabilidad, si estos refuerzan las relaciones de poder para invisibilizarla en su calidad de mujer o si la excluyen del debate político, acreditando en todo caso la infracción de VPG.

(58)        De esta forma, los estereotipos de género[56] se pueden definir para fines de un procedimiento sancionatorio como: la manifestación, opinión o prejuicio generalizado relacionado con roles sociales y culturales que deben poseer o desempeñar los hombres y las mujeres, mediante la asignación de atributos, características o funciones específicas, que pueden generar violencia y discriminación.

(59)        En este sentido, el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, ha definido un estereotipo de género como “una opinión o un prejuicio general sobre los atributos o características que tienen o deberían tener las mujeres y los hombres o sobre las funciones sociales que desempeñan o deberían desempeñar”. Asimismo, ha establecido que “un estereotipo de género es perjudicial cuando [como consecuencia de] niega un derecho, impone una carga, limita la autonomía de las mujeres, la toma de decisiones sobre sus vidas y sus proyectos de vida o su desarrollo personal y crecimiento profesional” [57].

(60)        Al respecto, la jurisprudencia 22/2024 con rubro ESTEREOTIPOS DE GÉNERO EN EL LENGUAJE. METODOLOGÍA PARA SU ANÁLISIS, precisa algunos parámetros para definir cuándo se está en presencia del uso sexista del lenguaje (escrito o verbal), discriminatorio y/o con estereotipos de género discriminatorios, como son:

1. Establecer el contexto en que se emite el mensaje, considerando aspectos como el lugar y tiempo de su emisión, así como el medio por el que se transmite;

2. Precisar la expresión objeto de análisis, para identificar la parte del mensaje que se considera como estereotipo de género; esto implica identificar si el discurso o la conducta contiene referencias de género (roles tradicionales, apariencia física, vida familiar, etc.).

3. Señalar cuál es la semántica de las palabras, es decir, si tiene un significado literal o se trata de una expresión coloquial o idiomática, que si fuera modificada no tendría el mismo significado;

4. Definir el sentido del mensaje, a partir del momento y lugar en que se emite, para lo cual se deberá considerar los usos, costumbres o regionalismos del lenguaje, parámetros sociales, culturales e incluso históricos que rodean el mensaje; y las condiciones del interlocutor, y

5. Verificar la intención en la emisión del mensaje, a fin de establecer si tiene el propósito o resultado de discriminar a las mujeres.

(61)        Adicionalmente, en el marco de los procedimientos sancionatorios, el análisis de hechos posiblemente constitutivos de VPG, a partir de la obligación de juzgar con perspectiva de género, debe basarse en un estándar de debida diligencia, que implica un deber reforzado que incluye tomar en cuenta los siguientes parámetros:[58]

1. Todos los hechos y elementos del caso deben estudiarse de forma contextual e integral ya sea para determinar la procedencia del inicio de un procedimiento o bien para fincar las responsabilidades a partir de un análisis integral y no fragmentado;

2. Se deben explorar todas las líneas de investigación posibles con el fin de determinar lo sucedido y el impacto que generó;

3. Cuando el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar las diligencias probatorias necesarias para detectar dichas situaciones;

4. La oportunidad de la investigación debe privilegiarse;

5. Analizar si los hechos tuvieron lugar en un contexto de discriminación en razón de género o cuestiones estructurales de violencia, ya que ello repercute en el estándar de prueba para tener por demostrado el acto en cuestión;

6. Es preciso detectar si existe una relación asimétrica de poder entre la parte actora y las personas que son parte de la investigación y cuáles son las consecuencias de ello y si la misma se basa en el género o sexo de la víctima, y

7. Se deben detectar las cuestiones estructurales que generaron la violencia, a fin de que, en la medida de lo posible, sean atendidas en la resolución más allá de las reparaciones concretas que el caso amerite.

(62)        A partir de lo anterior, es que se debe realizar el análisis contextual y exhaustivo de los hechos de forma integral, como un conjunto interrelacionado, sin variar su orden cronológico, ni las circunstancias de modo y lugar, y sin restarle elementos e impacto por la probable existencia de patrones o prácticas de carácter estructural.

(63)        De la misma forma, juzgar con perspectiva de género implica reconocer el contexto institucionalizado de desigualdad estructural que enfrentan las mujeres[59], tomando en consideración que ello no implica que cualquier expresión negativa o crítica dirigida a una mujer constituya VPG, máxime que es la conflictividad y la competencia político político-electoral conlleva y requiere el cuestionamiento y la crítica, en un contexto de maximización del debate público, respecto de los antecedentes, trayectorias y propuestas de quienes participan en un proceso electoral.

(64)        En ese sentido, es válida la crítica dirigida a una candidata, aun cuando esta pueda ser incómoda o insidiosa, siempre y cuando no utilice estereotipos estigmatizantes de género o elementos discriminatorios por la condición de mujer y que se traduzcan en VPG.[60]

(65)        Ahora bien, dada la complejidad que implican estos asuntos, así como la invisibilización y normalización de este tipo de situaciones, es necesario que cada caso se analice de forma particular para definir si se trata o no de violencia de género, esto es, si la conducta reproduce estereotipos de género que coloquen a las mujeres en una situación de vulnerabilidad, si estos refuerzan las relaciones de poder para invisibilizarlas en su calidad de mujer o si las excluyen del debate político, acreditando en todo caso la infracción de VPG.

(66)        En el ámbito electoral, para efecto del análisis de los hechos con perspectiva de género se han considerado diferentes niveles, pasos o aspectos que una persona juzgadora debe atender para resolver si una serie de expresiones constituyen VPG o, contrario a ello, se trata de expresiones naturales en una contienda electoral; tales como en primer lugar, analizar las expresiones de forma contextual, esto es, si se está en periodo de campaña, la calidad de la denunciante y de quien denuncia, el medio por el cual se llevaron a cabo las expresiones, así como el contexto en el cual se emitieron, atendiendo a la normativa nacional e internacional aplicable.[61]

(67)        Con base en lo expuesto se analizarán los hechos probados del presente caso, considerando los elementos configurativos de VPG, previstos en la precitada Jurisprudencia 21/2018.

4.2 Calificación jurídica de los hechos

A. Análisis situacional de los hechos (identificación de los sujetos, relaciones intersubjetivas y posible afectación en derechos político-electorales de la víctima)

(68)        Al respecto, se tiene constatado que la quejosa es una mujer que fue DATO PROTEGIDO en el pasado proceso de elección del Poder Judicial Federal y que las partes denunciadas son diversas usuarias y usuarios de las redes sociales X, Facebook y TikTok.

(69)        Asimismo, se advierte que las conductas se configuraron a través de las distintas plataformas de redes sociales al tener como detonadores nueve publicaciones en “X”, una publicación en Facebook y tres publicaciones en TikTok. Las cuales, a su vez generaron cincuenta y ocho comentarios en “X”, catorce comentarios en Facebook y diez comentarios en TikTok.

(70)        Finalmente, se advierte que la conducta se llevó a cabo en un contexto o ámbito político-electoral, toda vez que la denunciante, en la época de los hechos, ostentaba una candidatura a DATO PROTEGIDO. Esto es, los hechos denunciados sucedieron en el marco del ejercicio de los derechos político-electorales, en tanto que ocurrieron durante la etapa de campaña del proceso de elección del Poder Judicial, época en la que la denunciante contendía por un cargo de elección popular[62].

B. Análisis contextual de la conducta

(71)        La denunciante señala como expresiones constitutivas de VPG las contenidas en:

- Dos publicaciones[63] y cincuenta y ocho comentarios, en X.

- Una publicación y trece comentarios en Facebook.

- Diez comentarios en TikTok.

(72)        Todas ellas, previamente descritas en el apartado de “Hechos probados. b) Publicaciones denunciadas”.

(73)        De tales publicaciones y comentarios se pueden advertir tres aspectos: a) los sujetos activos de la conducta son usuarias y usuarios de redes sociales; b) las manifestaciones se dirigen a una mujer al hacer referencia a la denunciante; y c) en algunas de ellas se evidencian comentarios con connotación sexual y misóginos en contra de la denunciante.

(74)        Ahora bien, en tanto que se analizan manifestaciones, lo conducente es considerar si a partir de su contenido y contexto son susceptibles de configurar una violencia de género de tipo sexual, verbal, simbólica y digital.

(75)        La violencia simbólica se manifiesta como una forma de menosprecio o descalificación que genera y reproduce desigualdades y estereotipos de género. Al respecto, esta Sala Superior ha considerado que la violencia simbólica es un tipo de violencia “amortiguada, insensible e invisible para sus propias víctimas, que se ejerce esencialmente a través de los caminos puramente simbólicos de la comunicación y del conocimiento, o más exactamente, del desconocimiento, del reconocimiento o, en último término, del sentimiento”.[64]

(76)        En ese sentido, tratándose de violencia de género se debe verificar si con el uso de palabras o frases, se crean o fomentan relaciones asimétricas que van en detrimento y agravio de “lo femenino”, para subordinarlo a “lo masculino”. Así, en la violencia simbólica[65] lo que se debe evaluar es el factor de riesgo o de vulnerabilidad, por el solo hecho de ser mujer, o como resultado de una relación asimétrica que genera un impacto diferenciado por motivos de género.

(77)        Por ello, el uso de roles estereotipados y características asignadas culturalmente a las mujeres, en el lenguaje restringen la autonomía y responden a una violencia represiva y simbólica que se expresa en las limitaciones que se les imponen para el ejercicio de sus derechos político-electorales.

(78)        Al respecto, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la violencia contra las mujeres es una manifestación de costumbres sociales que las relegan a una posición de subordinación y desigualdad, colocándolas, en consecuencia, en una situación de desventaja en comparación con el hombre. Además, se ha sostenido que la violencia contra las mujeres es una clara manifestación de la discriminación en razón de género.[66]

(79)        Así, la violencia simbólica se presenta bajo el ropaje de discursos e imágenes representativas de relaciones asimétricas de poder entre los sexos y de desigualdades estructurales, especialmente en el uso sexista e invisibilizador del lenguaje.

(80)        Como se ha expuesto, este tipo de violencia no siempre afecta derechos político-electorales, por lo que, el juzgador debe realizar un análisis minucioso de los hechos a fin de verificar si el discurso es equilibrado, neutro, o bien si la narrativa se transforma en sexista.

(81)        Además, se debe considerar que la violencia simbólica puede originarse a través de ciclos que no necesariamente inician con manifestaciones explícitas o evidentes, dado que incluso, el uso de elementos aparentemente neutrales o de estereotipos estigmatizantes pueden configurar reproducciones que a partir de su sistematización o agudización generen violencia verbal, física, simbólica o incluso la incitación al odio.

(82)        Esto es así, porque como lo ha precisado esta Sala Superior “la violencia suele normalizarse, invisibilizarse y manifestarse en ciclos que pueden agravarse; lo que demanda la adopción de medidas preventivas y reactivas”.[67]

(83)        Lo anterior, puede generarse a partir de comentarios “casuales” que en apariencia no son “violentos” en sí mismos, pero que son susceptibles de desencadenar procesos de estigmatización u hostigamiento que buscan generar condiciones en las cuales las víctimas sean invisibilizadas o excluidas, propiciando la discriminación y la violencia o agudizando procesos de desigualdad estructural.

(84)        Es así como elementos discursivos o narrativas estigmatizantes como, por ejemplo, el uso de micromachismos o estereotipos negativos, pueden generar una situación de violencia, en la medida en que se trata de estrategias, gestos, mensajes o actos sutiles o casi imperceptibles pero que al ser constantes o sistemáticos generan, de forma consciente e inconsciente condiciones para el agravamiento paulatino de las situaciones o ciclos de violencia.[68]

(85)        Lo anterior no implica que todo estereotipo tiene un efecto estigmatizante susceptible de generar ciclos de violencia de género que conlleven necesaria o muy probablemente a situaciones de discriminación o violencia. Es por ello que, las autoridades deben hacer un análisis, a partir de una perspectiva de género, integral, contextual e interseccional del discurso, que, por una parte, considere las consecuencias del uso de estereotipos en el discurso político y, por otra, evite restringirlo de manera injustificada.

C. Análisis de las expresiones denunciadas que no actualizan VPG

(86)        Esta Sala Superior estima que, las publicaciones que se analizan en este apartado no acreditan la existencia de VPG denunciada por la quejosa por las siguientes razones.

(87)        Lo anterior, a partir del análisis realizado en términos de la metodología establecida por esta Sala Superior en la jurisprudencia 21/2018 ya referida en la presente sentencia, al advertirse que las publicaciones y comentarios respectivos no colman los elementos constitutivos de VPG en perjuicio de la quejosa, ya que, en términos de la Jurisprudencia 22/2024[69], no evidencian estereotipos de género, a partir del contexto en que surgió el material denunciado, por lo siguiente.

1. Establecer el contexto en que se emite el mensaje, considerando aspectos como el lugar y tiempo de su emisión, así como el medio por el que se transmite;

(88)        Las expresiones motivo de denuncia fueron emitidas los días treinta y treinta y uno de marzo, así como el uno de abril, es decir, durante la campaña electoral del proceso de elección del Poder Judicial.   

2. Precisar la expresión objeto de análisis, para identificar la parte del mensaje que se considera como estereotipo de género.

(89)        De manera específica se trata de dos publicaciones realizadas por Proceso en la red social X y en su portal web, con el título: “Experta” en budismo es candidata a DATO PROTEGIDO; se lanza como DATO PROTEGIDO Exdiputada federal por el PAN cuenta con cursos de bioastrología y mercadotecnia política y por el usuario de la red social Facebook “Un abogado dice”, con el título: “El futuro del Poder Judicial DATO PROTEGIDO.

(90)        Así como de cuatro comentarios, los dos primeros realizados por usuarios de la red social X en respuesta a las publicaciones de los perfiles “Juan Ortiz” y “Ross”, y los dos restantes por usuarios de TikTok, en respuesta a la publicación de “Radio Fórmula”: 1) Obvis, y tú, a poco vas a decir que no?, 2) jajajaja, 3) No puedo creerlo 4) Aja, como no, que mal están empezando desde su spot.

3. Señalar cuál es la semántica de las palabras, es decir, si tiene un significado literal o se trata de una expresión coloquial o idiomática, que si fuera modificada no tendría el mismo significado.

4. Definir el sentido del mensaje, a partir del momento y lugar en que se emite, para lo cual se deberá considerar los usos, costumbres o regionalismos del lenguaje, parámetros sociales, culturales e incluso históricos que rodean el mensaje; y las condiciones del interlocutor;

(91)        Conforme a las anteriores consideraciones semánticas, cabe concluir que los comentarios que se analizan, de manera contextual y conjunta son sarcasmos y críticas severas hacía la entonces candidatura de la denunciante, pues expresan risa irónica y desaprobación derivadas del contenido de su spot de campaña.

(92)        En cuanto al encabezado y el contenido de la nota periodística de Proceso, de un análisis integral y contextual[70] se advierte que su contenido informa sobre el inicio de la campaña de la denunciante en el contexto del proceso de elección del Poder Judicial y refiere fragmentos de lo que expresó en el su video de arranque de campaña.

(93)        Por tanto, se concluye que se trata de una nota informativa amparada en el ejercicio periodístico de un medio de información, en la que hace un recuentro del arranque de campaña de la denunciante compuesto por manifestaciones y videos como parte de sus actividades, en el contexto del proceso de elección del Poder Judicial, así como referencias a su trayectoria profesional, de la que no se advierte que tuviera por objeto demeritar las capacidades profesionales de la denunciante por el hecho de ser mujer.

5. Verificar la intención en la emisión del mensaje, a fin de establecer si tiene el propósito o resultado de discriminar a las mujeres.

(94)        Se advierte que las publicaciones y comentarios denunciados se generaron como reacción a la difusión del spot de campaña de la quejosa cuya intención fue la de expresar su opinión en torno a su contenido y al slogan utilizado como parte de él, en algunos de ellos en forma de crítica y en otros como broma o sarcasmo e incluso con desagrado.

(95)        No obstante, de las publicaciones y comentarios analizados no se advierten expresiones que se basen en estereotipos de género con la intención de violentar a la denunciante, pues los emojis y las risas no contienen elementos de género, al tratarse de frases coloquiales para externar opiniones irónicas o con un tono crítico, sin que el uso de tales expresiones sea propio o exclusivo para demeritar a una mujer por el hecho de serlo.

(96)        Finalmente, en cuanto al contenido de la nota periodística publicada por Proceso, se observa que su intención fue de carácter informativo para dar a conocer aspectos relevantes de la candidatura de la denunciante a partir de datos extraídos de sus promocionales de campaña, así como de los distintos cursos, diplomados, seminarios y especializaciones reportados por la quejosa en la plataforma Conóceles del INE. Por tanto, no están basadas en prejuicios de género que le causen un impacto diferenciado por el hecho de ser mujer.

(97)        Aunado a que, ninguna de las frases denunciadas impidió, bloqueó o restringió formalmente el derecho de la quejosa a ejercer su candidatura, esto es, no demuestran un efecto concreto que haya afectado el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos político-electorales de la denunciante. 

(98)        De lo anterior, se observa que la finalidad de tales expresiones fue la de expresar críticas y sarcasmo sin que tuvieran por objeto menoscabar o anular el ejercicio de los derechos político-electorales de la quejosa y tampoco limitar su participación en el Proceso de elección del Poder Judicial.

(99)        En este sentido, las expresiones denunciadas no configuran VPG porque no trascendieron y tampoco afectaron el derecho a la libre participación política de una mujer, a partir de elementos de género con un impacto diferenciado, esto es, no hay carga simbólica ni verbal de género ofensiva que perjudique a la denunciante.

(100)     En este contexto, a partir del análisis integral, contextual y conjunto del contenido del material denunciado aquí estudiado, no se deriva que la nota periodística y publicaciones de diversos usuarios tengan un propósito o resultado de discriminar a la denunciante en su calidad de mujer.

(101)     Por tanto, se considera que las expresiones denunciadas forman parte del debate político permitido al constituir un genuino ejercicio periodístico por parte del medio de comunicación Proceso y expresión ciudadana, al no incluir ningún estereotipo o prejuicio de género en contra de la quejosa por el hecho de ser mujer.

(102)     De ahí que se determina la inexistencia de VPG hecha valer por la denunciante.

D. Análisis de las expresiones denunciadas que sí actualizan VPG

(103)     Esta Sala Superior estima que la publicación y los comentarios publicados por diversos usuarios en las redes sociales X, Facebook y TikTok, atendiendo el contexto del presente asunto, sí acreditan VPG ejercida en contra de la quejosa, se trata de los siguientes:

- Una publicación y cincuenta y seis comentarios, en X.

- Trece comentarios en Facebook.

- Ocho comentarios en TikTok.

(104)     A partir de lo anterior, se procederá a analizar si dichas manifestaciones constituyen VPG, en términos de las ya referidas jurisprudencias 21/2018 y 22/2024.

1. Establecer el contexto en que se emite el mensaje, considerando aspectos como el lugar y tiempo de su emisión, así como el medio por el que se transmite;

(105)     Las expresiones analizadas en el presente apartado fueron emitidas los días treinta y treinta y uno de marzo, así como el uno de abril, es decir, durante la campaña electoral del pasado Proceso de elección del Poder Judicial. Lo cual, evidencia la intención de la quejosa de crear un efecto inhibitorio, no solo para ella, sino para cualquier mujer que decida participar e involucrarse en la política, mediante el uso de estereotipos de género.

2. Precisar la expresión objeto de análisis, para identificar la parte del mensaje que se considera como estereotipo de género.

(106)     Las publicaciones y comentarios que a juicio de esta Sala Superior contienen elementos que se consideran como estereotipos de género, son los siguientes:

(107)     La publicación realizada en la red social X por el usuario @chikis6377 denominado “Ross”, con el contenido siguiente: “Esta tipa es de la derecha, se llama DATO PROTEGIDO, trabajó para Televisa!! 🤢🤮. Se ve que está acostumbrada hacer Circo, Maroma y Teatro… JAMÁS VOTARÍA POR ESTA TIPEJA!!! #ConoceALosCandidatosDeLaDerecha.

(108)     La cual, además, contiene un video en el que se advierte la frase: DATO PROTEGIDO

(109)     Así como los siguientes comentarios publicados en X, Facebook y TikTok, derivados de diversas publicaciones realizadas por los usuarios que se precisan en cada recuadro:

Red social X

Red social Facebook

Plataforma TikTok

3. Señalar cuál es la semántica de las palabras, es decir, si tiene un significado literal o se trata de una expresión coloquial o idiomática, que si fuera modificada no tendría el mismo significado.

(110)     De las frases señaladas, podemos advertir de manera recurrente expresiones como DATO PROTEGIDO y sus variantes: DATO PROTEGIDO así como DATO PROTEGIDO entre otras.

(111)     Al respecto, la palabra DATO PROTEGIDO tiene diversos usos, por ejemplo:

(112)     Conforme al diccionario de la lengua española[71]:

DATO PROTEGIDO

(113)     De acuerdo al diccionario Red Larousse[72]:

DATO PROTEGIDO

(114)     En términos del diccionario de americanismos[73]:

DATO PROTEGIDO

(115)     En la página web Thesaurus Altervista[74]:

DATO PROTEGIDO

(116)     Conforme al diccionario digital del español[75]:

DATO PROTEGIDO

(117)     De lo anterior se advierte que la palabra en cuestión tiene diferentes acepciones, de uso coloquial, vulgar, informal o neutral, ello de acuerdo con el contexto en el que se utilice y al mensaje que se quiera expresar. 

(118)     En el presente caso para determinar en qué sentido se utilizó dicha palabra, se toma en cuenta que la ola de comentarios similares no fue para apoyar a la denunciante, sino para mandar un mensaje negativo de desaprobación a su candidatura, ya que el objetivo fue ridiculizar y restarle seriedad a su lema de campaña.

(119)     En ese contexto, se advierte que de todos los posibles usos que tiene la palabra DATO PROTEGIDO, en este caso se utilizó en su sentido vulgar y coloquial de tipo sexual, con el fin de atribuirle esa acción a la denunciante de manera deshonrosa.

(120)     De igual forma, cuando se alude a la palabra DATO PROTEGIDO en la narrativa de los comentarios, no se advierte que se refiera a una persona como símbolo de maternidad, ya que, de una valoración al contexto de la controversia, la palabra DATO PROTEGIDO en conjunción con el nombre propio de DATO PROTEGIDO, da como resultado un énfasis en el aspecto sexual denigrante, por lo que, aunque DATO PROTEGIDO por sí solo tenga una connotación de maternidad, en el presente caso se utilizó con un fin diverso.

(121)     Respecto de la frase DATO PROTEGIDO, refuerza la idea de DATO PROTEGIDO o de DATO PROTEGIDO, pero en el sentido de aludir a la palabra DATO PROTEGIDO, con el objetivo de que las personas lectoras asociaran esta última palabra con el nombre de DATO PROTEGIDO en el mismo sentido estigmatizante. 

(122)     Pues en la cultura popular se tiene arraigada la idea de que las mamás castigan o disciplinan a sus hijas e hijos con la sandalia, comúnmente conocida como “chancla”.

(123)     Por otra parte, en cuanto a la frase DATO PROTEGIDO cabe señalar que reproduce una idea tradicional en la cultura mexicana que asocia la elaboración de esos alimentos a las mujeres y madres, lo que refuerza la connotación negativa en el sentido expuesto de relacionar expresiones aparentemente neutras con la palabra DATO PROTEGIDO, para generar una especie de juego de palabras o imaginarios alusivos a la expresión DATO PROTEGIDO asociada al nombre propio de la denunciante.

(124)     Además, tal expresión en su conjunto encasilla o subordina a las mujeres a las labores domésticas o de casa como la elaboración de alimentos y no a la impartición de justicia, lo cual perpetúa un rol estereotipado con la intención de violentarla.

(125)     En cuanto a la frase DATO PROTEGIDO esta Sala Superior considera que, en el contexto de los comentarios ya analizados, posee una connotación de carácter sexual alusivo a la palabra analizada inicialmente y similares, con la finalidad de agredir no solo a la quejosa en el aspecto íntimo, sino además, con el objetivo de reiterar patrones de violencia y discriminación estructural que históricamente han limitado la presencia y la voz de las mujeres en los espacios públicos de poder, al perpetuar la idea de que llegan a los cargos públicos, no por méritos propios, sino por realizar favores sexuales, lo que confirma que la expresión está sustentada en elementos de género.

(126)     Respecto de la palabra DATO PROTEGIDO, de acuerdo con el Diccionario de americanismos, entre sus acepciones significa DATO PROTEGIDO[76]. Tal connotación en el contexto de los comentarios emitidos denota que la denunciante tiene una visión que apunta en diferentes direcciones o que puede desviar la mirada, lo cual, en consonancia con la carga sexual del resto de las expresiones, la coloca como una mujer de moral cuestionable, es decir, que no ve o sigue una sola dirección.

(127)     Aunado a que, otro de los significados que tiene la palabra DATO PROTEGIDO según el Diccionario de Americanismos[77] corresponde al de:

IV. 1. f. ES. DATO PROTEGIDO 

(128)     En cuanto a la palabra DATO PROTEGIDO, conforme al Diccionario de americanismos, entre sus acepciones significa DATO PROTEGIDO[78].

(129)     Ahora bien, en cuanto a la frase: DATO PROTEGIDO, cabe señalar lo siguiente:

(130)     Respecto a la expresión DATO PROTEGIDO conforme al Diccionario del español en México[79] DATO PROTEGIDO tiene el significado siguiente: DATO PROTEGIDO

(131)     Ahora, de la expresión DATO PROTEGIDO por el contexto en que está dicha, se infieren las palabras mugre (suciedad) y morena (fuerza política), en alusión a las personas que visten del color con el que se identifica determinada fuerza política, dado que, en la imagen contenida en la publicación motivo de análisis se observa que la denunciante porta un chaleco color guinda.

(132)     Finalmente, la palabra DATO PROTEGIDO[80] significa: DATO PROTEGIDO

(133)     De lo anterior, observamos que alusiones tales como: DATO PROTEGIDO y DATO PROTEGIDO valoradas conjuntamente en el contexto en que se emitieron los diversos comentarios y no de manera aislada, esto es, en la secuencia en que se publicaron los comentarios los cuales se sumaron unos a otros, tuvieron el propósito de desacreditarla para el cargo al que contendía, ya que disminuyen sus capacidades, provocan rechazo y desconfianza hacia su persona y su candidatura al pretender asociarla con una fuerza partidista determinada por su vestimenta, además de atribuirle conductas de carácter sexual denigrantes.

(134)     Por último, el comentario que refiere la expresión DATO PROTEGIDO en el contexto de la cadena digital de comentarios a la publicación detonadora permite afirmar que la intención es reproducir la secuencia de frases relacionadas con actividades de índole sexual desde una connotación degradante respecto de la quejosa, al complementar con esa alusión las expresiones previas que contienen la palabra DATO PROTEGIDO y sus variantes.

4. Definir el sentido del mensaje, a partir del momento y lugar en que se emite, para lo cual se deberá considerar los usos, costumbres o regionalismos del lenguaje, parámetros sociales, culturales e incluso históricos que rodean el mensaje; y las condiciones del interlocutor;

(135)     Conforme a las anteriores consideraciones semánticas, cabe concluir que las expresiones que se analizan, de manera contextual y conjunta se utilizaron para tergiversar el eslogan DATO PROTEGIDO que la denunciante utilizó como parte de su campaña y cosificarla con el uso del lenguaje, con la intención de causarle un daño en su reputación, honor, dignidad y demeritar su imagen pública, con motivo de su postulación a un cargo de elección popular, lo cual refuerza el estereotipo que disminuye la capacidad de las mujeres para ejercer cargos de alto nivel y tener aspiraciones políticas.

(136)     Al respecto, cabe señalar que esta Sala Superior ha entendido que la violencia simbólica implica expresiones, acciones o conductas que anulan o borran la presencia de las mujeres en la vida política, a través de estereotipos normalizados que provienen de constructos culturales adoptados por una sociedad y que, por lo tanto, dicha violencia suele ser sutil, indirecta o a veces imperceptible.

(137)     En el ámbito político-electoral, la violencia simbólica puede encontrarse a partir de conductas o dichos que deslegitiman la capacidad de las mujeres, que acatan el rol que desempeñan basado en su género, y que subordinan sus aspiraciones, aptitudes y hasta resultados a una figura masculina.

(138)     En el caso, todas las frases que hacen referencia a una actividad sexual y las previamente referidas actualizan una violencia digital, simbólica y sexual, al activar estereotipos de género y reproducir patrones de subordinación y deslegitimación de la entonces candidata.

(139)     Lo anterior, ya que las frases muestran un estereotipo de género porque vinculan a la quejosa con actividades sexuales, la homologan con adjetivos de desprecio y negativos, así como con actividades que históricamente se han reservado a las mujeres como el hecho de cocinar o de reprender a las personas menores de edad; por tanto, reducen sus capacidades a una connotación de carácter sexual al convertir su slogan en un estereotipo sexual y sexista[81] y dejar de observar su mensaje de campaña.

5. Verificar la intención en la emisión del mensaje, a fin de establecer si tiene el propósito o resultado de discriminar a las mujeres.

(140)     En el caso, se advierte que las expresiones DATO PROTEGIDO y DATO PROTEGIDO, se utilizaron para tergiversar el lema DATO PROTEGIDO que la denunciante empleó durante su campaña y cosificarla con el uso del lenguaje con la intención de causarle un daño en su reputación, honor, dignidad y detrimento de su imagen pública.

(141)     En efecto, tales comentarios en redes sociales durante la campaña electoral la expusieron ante la ciudadanía con el fin de demeritar su participación en el proceso electoral, al emitirse bajo una concepción basada en prejuicios de género que le causan un impacto diferenciado por el hecho de ser mujer.

(142)     Lo anterior, pues aquellas expresiones en los comentarios publicados por las y los usuarios denunciados denotan el uso de palabras coloquiales, pero empleadas con el objetivo de exhibir y denigrar públicamente a la denunciante con evidentes connotaciones de género, por el hecho de ser mujer y con un impacto diferenciado dado los estereotipos denigrantes empleados, lo cual rebasa el ámbito de tutela constitucional, aunado a que, las expresiones vertidas no forman parte de alguna información que resulte de interés general, sino de carácter particular de quien lo emite, con la finalidad de evidenciar condiciones de desigualdad al vincular a la denunciante con actividades sexuales por el hecho de ser mujer.

(143)     Asimismo, frases como DATO PROTEGIDO en el contexto en que se emplearon no pueden considerarse como neutrales o meramente coloquiales, sino como vinculadas con el estereotipo de mujer madre, para los efectos de relacionar nuevamente tales alusiones a la connotación de DATO PROTEGIDO lo que más que simplemente aludir a madres que castigan o disciplinan a sus hijas e hijos con una sandalia, buscan identificar el concepto implicado con la noción antes señalada de DATO PROTEGIDO.

(144)     De esta forma, aquella alusión indirecta a la idea de DATO PROTEGIDO implica elementos de género y constituye VPG en contra de la quejosa, con el objeto de demeritar su participación en el proceso electoral, al haberse emitido bajo una concepción basada en prejuicios de género que le causa un impacto diferenciado por el hecho de ser mujer.

(145)     Asimismo, la frase DATO PROTEGIDO tuvo la intención de exhibir públicamente a la denunciante con un aspecto sexual denigrante al complementar los comentarios que se referían a ella con la palabra analizada inicialmente y similares, con el propósito de discriminarla con connotaciones de género, por el hecho de ser mujer, pues como se adelantó, expresiones como esta refuerzan roles de género, con connotación sexual.

(146)     A consideración de esta Sala Superior, la violencia generada por tales comentarios es de carácter simbólico y digital.

(147)     Por su parte, la expresión DATO PROTEGIDO, también activa violencia simbólica y digital dado el contexto en el que se produjo, ya que forma parte del conjunto de comentarios en el que se le minimiza e insulta mediante connotaciones de carácter sexual a los cuales se suma la frase en cuestión para generar la idea de que la denunciante tiene algún padecimiento visual o de sus facultades mentales, que en el contexto de su difusión no pueden disociarse respecto al mensaje central denunciado.

(148)     De igual forma, en cuanto a las frases: DATO PROTEGIDO y DATO PROTEGIDO en el contexto en que se emitieron y tomando en cuenta la cadena que formaron al sumarse los comentarios, tuvieron como propósito desacreditar a la denunciante para el cargo al que contendía, al enviar un mensaje negativo de sus capacidades, de rechazo y desconfianza hacia ella, lo que refuerza el estereotipo de género consistente en que las mujeres son poco confiables para desempeñar un cargo público.

(149)     Tales expresiones escapan de una crítica o manifestación relacionada con la capacidad de la quejosa para desempeñar el cargo para el cual contendía, pues su intención es denostarla, así como menoscabar u obstaculizar su campaña política en el contexto de su entonces candidatura.

(150)     Además, al tratarse de contenido difundido en redes sociales, el impacto generado es desproporcionado y particularmente lesivo en el contexto electoral, dada la dinámica de viralización del entorno digital. Este tipo de difusión constituye un mecanismo especialmente dañino para inhibir, desacreditar o distorsionar la participación política de las mujeres.

(151)     Por lo expuesto, se concluye que las expresiones denunciadas configuran VPG al trascender y afectar el derecho a la libre participación política de una mujer, a partir de elementos de género con un impacto diferenciado, que tuvieron por objeto menoscabar o anular los derechos político-electorales de la quejosa, al ridiculizar el eslogan que utilizó en su campaña y cosificarla con el uso del lenguaje, así como vincularla con un rol estereotipado con la intención de causarle un daño en su reputación, honor, dignidad y demeritar su imagen pública.

(152)     Aunado a ello las manifestaciones denunciadas se basan en elementos de género, porque no se advierte de que forma tales expresiones podrían dirigirse a un hombre ni mucho menos que exista un sentido o significado cultural o regional alternativo.

(153)     Esto es, se emplean las expresiones sobre la base de dos estereotipos sexistas y misóginos: la cosificación de una mujer; una reducción de la identidad de la mujer y un menosprecio a su dignidad y autonomía y el menosprecio o cuestionamiento de su capacidad para desempeñar una candidatura.

(154)     En este sentido, la connotación de género es clara, aunado al hecho de que se pone en duda la capacidad de la quejosa de contender a un cargo.

(155)     Al respecto, resulta ilustrativo lo señalado por el Comité CEDAW en el sentido de que los estereotipos de género que afectan los derechos de las mujeres “se basan en normas patriarcales y estructuras de poder y en lo que significa ser femenino y masculino y, por lo tanto, están vinculados a la discriminación contra las mujeres y la sustentan en la concomitante erosión y negación de sus derechos humanos. Es significativo el hecho de que las prácticas discriminatorias no solo se ejercen a nivel individual, sino que son particularmente dañinas para las mujeres porque están codificadas en la ley, la política y los programas, lo que crea una red invisible e intangible de violencia simbólica incrustada en los sistemas, estructuras y políticas nacionales que también son perpetuadas y aplicadas por el Estado”.[82]

(156)     En el caso, el objetivo o resultado de las conductas denunciadas es deslegitimar, excluir o limitar la participación política con base en estereotipos discriminatorios hacia las mujeres, que no tienen relación con el cargo público que se busca ejercer, y que, ordinariamente, no se emplearían en contra de un hombre en igual situación, lo que implica también un comportamiento diferenciado en función de género, al suponer una significación distinta de los hechos denunciados a partir de lo que representa ser mujer en el contexto del presente asunto.[83] Pues los comentarios se tratan de una forma de degradar a la quejosa por su condición de mujer con el impacto diferenciado que tales expresiones pueden tener respecto de un hombre.

(157)     Con base en lo anterior, esta Sala Superior concluye que las conductas denunciadas vulneraron el derecho de la quejosa a vivir una vida libre de violencia en su vertiente de participación política, y actualizan la violencia política en razón de género sexual, simbólica, verbal y digital atribuida a las y los denunciados porque las expresiones implicaron alusiones de tipo sexista y misógino, mediante estereotipos que objetivizaron[84] a la víctima, empleados para reforzar roles de género o posesión, con connotación sexual.

(158)     Por lo expuesto, se advierte claramente configurados los cinco elementos previstos en la jurisprudencia de esta Sala Superior para configurar un supuesto de VPG, porque 1) se trata de actos realizados en el marco del ejercicio de derechos político-electorales; (2) perpetrados por usuarios y usuarias de redes sociales; (3) son actos simbólicos, verbales y digitales; (4) con el objeto o resultado de menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos político-electorales de la quejosa, y (5) sobre la base de elementos de género.

4.3. Calificación de la conducta

(159)     Al haberse acreditado la existencia de VPG, lo procedente es calificar la infracción, a partir de la importancia de los valores o la norma transgredida, los efectos que produce la transgresión en los fines, bienes y valores jurídicos tutelados por la norma (puesta en peligro o resultado); el tipo de infracción y la comisión intencional o culposa de la falta, y si existió singularidad o pluralidad de las faltas cometidas, o si fue reiterada.

(160)     Lo anterior permite calificar la infracción actualizada con el grado de: levísima, leve o grave, en el entendido de que este último supuesto puede calificarse a su vez como de gravedad: ordinaria, especial o mayor.

(161)     Asimismo, el artículo 458, párrafo 5, de la LEGIPE dispone que, en la individualización de sanciones, se deben tomar en cuenta diversos elementos,[85] debiéndose graduar, en su caso, los topes mínimos y máximos para la imposición de una sanción atendiendo a las circunstancias particulares del caso.

(162)     Al respecto, el artículo 456, numeral 1, inciso e) de la LEGIPE establece que, en el caso de las personas físicas o morales se puede imponer desde una amonestación pública hasta una multa.

(163)     Atendiendo a lo expuesto se analizan los elementos siguientes.

a)     Bien jurídico tutelado. La vulneración al derecho de la denunciante a vivir una vida libre de violencia en su vertiente de participación política y su derecho a ser opción de voto.

b)     Modo. La conducta se llevó a cabo en redes sociales.

c)     Tiempo. Las publicaciones y comentarios motivo de inconformidad se llevaron a cabo el treinta y treinta y uno de marzo, así como el uno de abril, fechas en las que se desarrollaba la campaña electoral del Proceso de elección del Poder Judicial Federal.

d)     Lugar. Se realizaron en un ámbito virtual.

e)     Pluralidad o singularidad de las faltas. Se cometió una sola infracción, consistente en VPG que se tradujo en la actualización de violencia sexual, simbólica, verbal y digital.

f)       Intencionalidad. Las y los usuarios de los perfiles de redes sociales denunciados, tuvieron la intención de cometer la infracción, puesto que realizaron publicaciones y comentarios con el propósito de ridiculizar, tergiversar y menoscabar el eslogan de campaña de la denunciante y cosificarla con el uso del lenguaje.

g)     Contexto fáctico y medios de ejecución. La VPG se actualizó dentro del Proceso de elección del Poder Judicial, durante la etapa de campaña, en un ámbito virtual, a partir de publicaciones y comentarios en redes sociales que trascendieron al conocimiento de la ciudadanía por la naturaleza de dichos medios digitales.

h)     Beneficio o lucro. Del contenido del expediente, no se advierte que exista un lucro o beneficio económico.

i)       Reincidencia.[86] Al respecto, no existen registros en los que conste la comisión de una infracción similar por parte de las y los denunciados, por lo que no se configura reincidencia.

j)       Calificación de la falta. De lo anterior y en atención a las circunstancias específicas de ejecución de la conducta, se considera procedente calificar la infracción como grave ordinaria, al tratarse de publicaciones y comentarios que expresan estereotipos discriminatorios en contra de la denunciante que tuvieron un impacto objetivo y directo en su dignidad.

5. Sanción por imponer

(164)     Al respecto, cabe recordar que la infracción se cometió mediante una publicación y cincuenta y seis comentarios, en X, trece comentarios en Facebook y ocho comentarios en TikTok, no obstante, únicamente se tiene acreditada la titularidad de cinco perfiles de usuarios de la red social Facebook y uno de TikTok, por lo que, respecto de ellos se impondrán las sanciones correspondientes y del resto se emitirá un pronunciamiento de carácter declarativo.

5.1 Amonestaciones

(165)     En el caso de Mariana Figueroa Gómez (Mariana Fg), respecto del comentario DATO PROTEGIDO y Blanca Alicia Arellano López (@baalanca) por la expresión DATO PROTEGIDO si bien por el tipo de conducta y su calificación, se justificaría la imposición de una multa, toda vez que se considera que tal medida permitiría cumplir con la finalidad de una sanción administrativa consistente en disuadir una conducta infractora a fin de evitar la afectación al interés público y la normalización de conductas similares en ámbitos institucionales, atendiendo a la documentación que obra en autos correspondiente a su situación económica, con fundamento en el artículo 456, párrafo 1, inciso e), fracción I, de la Ley Electoral, se les impone una amonestación pública.

5.2 Multas

(166)     Por lo que hace a los usuarios y sus respectivos comentarios:

-         Luis Javier Cornejo Saldaña: DATO PROTEGIDO

-         Alejandro Cabrera Valentín (Alex Cabrera Va): DATO PROTEGIDO

-         José Luis Jiménez Argüello: DATO PROTEGIDO

-         José Manuel Ávila: DATO PROTEGIDO

(167)     Lo procedente de conformidad con el artículo 456, párrafo 1, inciso e), fracción I de la Ley Electoral, es imponer a cada uno una sanción correspondiente a una multa, toda vez que se considera que tal medida permitiría cumplir con la finalidad de una sanción administrativa consistente en disuadir una conducta infractora a fin de evitar la afectación al interés público y la normalización de conductas similares en ámbitos institucionales.

(168)     En efecto, una amonestación pública sería insuficiente e inadecuada para prevenir la comisión futura de esta infracción, dado que tal sanción se trata de una medida para exhortar a una persona respetar una norma.

(169)     Aunado a que, en el caso, la conducta atribuida a las y los denunciados ha sido calificada con una gravedad ordinaria y exhortar a las personas infractoras a no cometer VPG resultaría insuficiente y desproporcionada para disuadir la comisión de tal conducta, lo cual, a juicio de esta Sala Superior, sí se logra mediante la imposición de una sanción económica.

(170)     Así, tomando en cuenta los elementos objetivos y subjetivos de la infracción, especialmente el bien jurídico tutelado, las circunstancias particulares del caso, la información relacionada con su capacidad económica, así como la finalidad de las sanciones consistente en disuadir la posible comisión de faltas similares en el futuro, se considera procedente imponer a cada uno una multa de 10 (diez) veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA)[87] vigente al momento de la comisión de la infracción, equivalente a $1,131.40 (mil ciento treinta y un pesos 40/100 M.N.).[88]

(171)     Al respecto, resulta aplicable la tesis XXVIII/2003[89], de la cual se desprende que la mecánica para imponer una sanción parte de aplicar su tope mínimo para posteriormente incrementarlo conforme a las circunstancias particulares, sin que exista fundamento o razón para saltar de inmediato y sin más al punto medio entre los extremos mínimo y máximo.

(172)     En el caso no se establece un tope mínimo de multa sino un tope máximo, consistente en 500 UMAs, por lo que una sanción equivalente a 10 UMAs, se considera razonable atendiendo a las circunstancias del presente caso.[90]

5.2.1      Pago de multas

(173)     En atención a lo previsto en el artículo 458, párrafo 7, de la LEGIPE, las multas impuestas deberán ser pagadas en la Dirección Ejecutiva de Administración del INE[91], dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia.

(174)     Por lo anterior, se vincula a la referida Dirección para que informe el pago de las multas impuestas dentro de los cinco días hábiles posterior a que ello ocurra en cada caso.

6. Sentencia declarativa

(175)     Ahora bien, en el caso de las y los usuarios respecto de los que se acreditó que sus publicaciones y comentarios actualizaron la infracción de VPG, de los que no se tiene certeza sobre quienes son las personas titulares de los perfiles correspondientes, este órgano jurisdiccional determina emitir una sentencia declarativa.

(176)     Tales casos son los que se indican en el Anexo 2 de la presente sentencia y corresponden a:

-   56 usuarios de la red social X

-   08 perfiles de la red social Facebook

-   07 usuarios de la plataforma TikTok.

(177)     Lo anterior ya que durante la sustanciación del procedimiento si bien se realizaron diversas diligencias de investigación para establecer la identidad de las personas que realizaron la publicación y comentarios constitutivos de VPG, lo cierto es que, no se obtuvieron elementos para localizarlas; no obstante, tal circunstancia no es obstáculo para que este órgano jurisdiccional pueda emitir pronunciamiento sobre la existencia de la infracción denunciada.

(178)     En efecto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 17 de la Constitución general, se establece el derecho a la tutela efectiva, el cual comprende, entre otras cuestiones, la eficacia de las resoluciones emitidas, el cual, debe tener un alcance efectivo.

(179)     Con ello, se busca evitar que conductas violentas y discriminatorias se fomenten y continúen perpetrándose a través del anonimato, ya que se considera que aun cuando la responsabilidad de los hechos denunciados no pueda atribuirse a una persona al no haberse podido conocer su identidad, esta condición no debe ser obstáculo para generar efectos que permitan reparar el daño e inhibir conductas similares a futuro.[92]

(180)     Por tanto, se considera que esta Sala Superior cuenta con la facultad para dictar las determinaciones necesarias para inhibir conductas infractoras, de acuerdo a lo previsto en el artículo 17 párrafo segundo, de la Constitución General, que establece el derecho a la tutela judicial efectiva, el cual comprende la eficacia de las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales, cuyos derechos reconocidos en éstas no deben quedarse como una declaración de intenciones sin alcance práctico o efectividad.

7. Medidas de reparación integral

(181)     La Ley Electoral dispone que en la resolución de los procedimientos sancionadores que involucren la verificación de VPG, la autoridad resolutora deberá ordenar las medidas de reparación integral que correspondan considerando al menos las siguientes: a) indemnización de la víctima; b) restitución inmediata en el cargo al que fue obligada a renunciar por motivos de violencia; c) disculpa pública, y d) medidas de no repetición[93].

(182)     Al respecto, existen dos requisitos fundamentales para establecer la procedencia en la implementación de medidas de reparación integral en materia electoral: i) estar en presencia de una vulneración a derechos fundamentales y ii) analizar si la emisión de la sentencia correspondiente es insuficiente como acto reparador.

(183)     En el presente caso, se satisface el primero de los requisitos, al estar involucrado el derecho humano de la denunciante a ejercer sus derechos político-electorales libre de violencia. Asimismo, el segundo de los requisitos también se cumple, pues para una debida reparación de la vulneración generada es insuficiente la sola emisión de la sentencia.

(184)     Ello, porque las conductas sancionadas responden a estereotipos de género discriminatorios, con lo cual es preciso procurar eliminar prejuicios y prácticas basados en la idea de inferioridad o superioridad de las mujeres.

(185)     En consecuencia, esta Sala Superior considera que lo procedente es ordenar medidas de reparación integral, particularmente medidas de no repetición y satisfacción que se exponen a continuación:

a) Medida de no repetición de naturaleza educativa y cultural

(186)     Aunado a lo anterior y dado que la conducta acreditada consiste en VPG en sus modalidades sexual, verbal, simbólica y digital, con motivo de las expresiones que llevó a cabo respecto de la denunciante en un ámbito institucional protector de derechos humanos, como una medida de no repetición se conmina a las y los denunciados y responsables, la lectura de materiales especializados vinculados con diferentes temáticas orientadas a lograr una vida libre de violencia y discriminación hacia las mujeres, para efecto de evitar la reincidencia en conductas o expresiones micromachistas, misóginas o relacionadas con el tipo de violencia acreditada:

Publicación: Construcción de masculinidades positivas en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.[94] El texto forma parte de un programa institucional que involucra a los hombres en la erradicación de la discriminación y la violencia, aplicable a todos los ámbitos de la sociedad, al buscar trasformar los roles de género tradicionales y fomentar la igualdad sustantiva, además de promover la reflexión sobre roles masculinos y fomenta igualdad sustantiva.

Publicación: Las siete P's de la violencia de los hombres.[95] El documento expone un marco referencial para comprender las raíces de la violencia estructural masculina, mediante la explicación del poder patriarcal, la percepción de derechos a privilegios, el permiso social, la paradoja del poder, la armadura psíquica, la presión de ser hombre y las pasadas experiencias traumáticas, las cuales en su conjunto perpetúan la violencia.

Publicación: Lenguaje de género: ¿necesidad o necedad?[96] El artículo expone el debate entre la tradición lingüística del masculino genérico y la necesidad social de representación mediante el lenguaje.

Publicación: Manual de comunicación no sexista. Hacia un lenguaje incluyente. [97] El manual aporta bases conceptuales, ideológicas y operativas para transformar el lenguaje sexista, excluyente y discriminatorio que prevalece en la sociedad mexicana, en otro incluyente y respetuoso. Asimismo, muestra diversos estereotipos de género que deben erradicarse.

Publicación. Manual para el uso no sexista del lenguaje.[98] El Manual explica la forma en que el lenguaje ha invisibilizado históricamente a las mujeres y diversos grupos vulnerables, reforzando roles de género y ayuda en el reconocimiento de expresiones sexistas.

Publicación. Estudio sobre violencia masculina.[99] El libro reflexiona acerca de los conceptos “Machismo”, para comprender las inequidades de género de mujeres y hombres y “violencia de género masculina”, además de presentar casos y entrevistas a hombres que habitan en la Ciudad de México.

b) Inscripción en el registro nacional de personas sancionadas en materia de VPG del INE

(187)     Esta Sala Superior considera procedente la inscripción de las y los denunciados y responsables Mariana Figueroa Gómez, Blanca Alicia Arellano López, José Luis Jiménez Argüello, Luis Javier Cornejo Saldaña, Alejandro Cabrera Valentín, José Manuel Avila, en el Registro Nacional, conforme a los siguientes elementos[100]:

1) Calificación de la conducta, el tipo de sanción impuesta, así como el contexto en que se cometió la conducta que acreditó la VPMRG.

(188)     La comisión de VPG fue resultado de la publicación de comentarios en la red social Facebook y la plataforma TikTok por las y los denunciados, las cuales contienen elementos estereotipados en las que se planteó violencia sexual, verbal, simbólica y digital, con motivo de la candidatura de la denunciante. Esta situación menoscabó su participación en la contienda electoral. En consecuencia, la comisión de VPG se calificó como grave ordinaria y se les impusieron sanciones consistentes en amonestaciones y multas, respectivamente.

2) El tipo de violencia política de género que se acreditó y sus alcances en la vulneración del derecho político, así como si existió sistematicidad en los hechos constitutivos de VPG o si se trata de hechos específicos o aislados, además de considerar el grado de afectación en los derechos políticos de la víctima.

(189)     Se acreditó violencia sexual, verbal, simbólica y digital, derivado de una sola conducta, puesto que no se tiene acreditado que se hubieran realizado una secuencia de conductas distintas para lograr el mismo objetivo.

3) Considerar la calidad de la persona que cometió la VPG, así como la de la víctima.

(190)     No se puso de manifiesto un contexto subjetivo que revele una vulnerabilidad agravada o cualificada de la denunciante respecto de las partes denunciadas.

4) Si existió una intención con o sin dolo para dañar a la víctima en el ejercicio de sus derechos políticos.

(191)     Las partes denunciadas sí tuvieron la intención de realizar la conducta, conforme a lo que se ha expuesto.

5) Considerar si existe reincidencia por parte de la persona infractora en cometer VPG.

(192)     No obra en los archivos que las y los denunciados hubieran sido reincidentes. En consecuencia, a fin de determinar el plazo de la inscripción que corresponde en el Registro Nacional es necesario destacar que el plazo máximo de inscripción es de tres años; no obstante, dado que no se comprobó reincidencia en los hechos desplegados, debe tomarse como base al menos la mitad de ese tiempo.

(193)     En consecuencia, corresponde inscribir en el registro nacional de personas sancionadas en materia de VPG del INE a Mariana Figueroa Gómez, Blanca Alicia Arellano López, José Luis Jiménez Argüello, Luis Javier Cornejo Saldaña, Alejandro Cabrera Valentín, José Manuel Avila, por un periodo de un año.

(194)     Por otra parte, para esta Sala Superior es un hecho notorio[101] que en diversos procedimientos especiales sancionadores[102], en la etapa de investigación no ha sido posible identificar a las personas físicas usuarias de redes sociales, sin embargo, ello no ha sido obstáculo para analizar sus conductas y, en caso, sancionarlas y ordenar las medidas de reparación correspondientes.

(195)     Ante este fenómeno consistente en que bajo el anonimato de las redes sociales se pretenden realizar acciones violentas y discriminatorias, es viable ordenar al INE que, como responsable de operar el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de VPG, en el ámbito de sus atribuciones haga los ajustes necesarios para inscribir a aquellos perfiles o usuarios cuya titularidad sea indeterminable, identificando claramente que se registran en la calidad de perfiles o usuarios cuya titularidad no se encuentra determinada.

(196)     Esta medida contribuye al conocimiento público del actuar de tales cuentas, mejora la identificación para eventuales reincidencias y fortalece la respuesta institucional frente a fenómenos coordinados de desinformación y violencia.

(197)     En este contexto, esta Sala Superior considera procedente la inscripción de los siguientes usuarios denunciados en el Registro Nacional de personas sancionadas por VPG:

(198)     Conforme lo siguiente:[103]

1.     Se determinó existente la VPG por lo que la falta se calificó como grave ordinaria, ya que derivó de las expresiones realizadas por diversos usuarios en una red social, las cuales contienen elementos estereotipados que actualizaron VPG.

2.     Se acreditó violencia sexual, verbal, simbólica y digital, derivado de una sola conducta.

3.     No obran en autos elementos que revelen una vulnerabilidad agravada o cualificada de la denunciante respecto de la parte denunciada.

4.     La parte denunciada sí tuvo la intención de realizar la conducta.

5.     No obra en los archivos que la parte denunciada hubiera sido reincidente.

(199)     En consecuencia y dadas las particularidades del presente caso, debe inscribirse a los usuarios de X, Facebook y TikTok, enlistados en las tablas que anteceden, de manera indeterminada.

(200)     Lo anterior se justifica en la medida que busca disuadir y erradicar este fenómeno de violencia digital en contra de las mujeres.

(201)     De ahí que, por las particularidades del caso y, toda vez que se determinó existente la VPG, es procedente ordenar al INE lo siguiente:

          Inscribir de manera indeterminada a los usuarios de X, Facebook y TikTok enlistados en la tabla que antecede que, en el presente caso, se acreditó que cometieron VPG.

c) Eliminación de las publicaciones que actualizan VPG

(202)     La autoridad instructora, por actas circunstanciadas de veintiuno y veintisiete de abril[104], así como, de veinticuatro de mayo[105], certificó que los comentarios denunciados publicados en TikTok y Facebook, ya no se encuentran visibles, contenido que en la presente determinación se ha determinado como constitutivo de VPG.

(203)     No obstante, en términos de las actas circunstanciadas de nueve y veinticuatro de mayo[106], se advierte que la autoridad instructora certificó que los comentarios identificados en el Anexo 3 de la presente ejecutoria publicados en la red social X, continuaban alojados en ese espacio digital.

(204)     Por tanto, ya que en la presente determinación se ha establecido que tales comentarios actualizan VPG en perjuicio de la quejosa y que no fue posible identificar a las personas físicas usuarios dentro de la instrucción, a fin de que no se sigan vulnerando los derechos de la quejosa a vivir libre de violencia, es procedente vincular a la UTCE para los siguientes efectos:

-         Certifique si a la fecha se encuentran visibles las cuarenta y tres publicaciones previamente listadas. Lo cual deberá informar a esta Sala Superior.

-         Comunique la presente sentencia a X y el resultado de la certificación realizada, a fin de que lleve a cabo las gestiones pertinentes para accionar los mecanismos que X prevé para retirar todos los comentarios que se acreditaron como constitutivos de VPG y que aún se encuentren visibles.[107]

(205)     Lo anterior se justifica, porque los usuarios denunciados realizaron los comentarios que acreditan VPG en la plataforma electrónica de X y esta red social cuenta con los mecanismos necesarios para eliminarlos.

(206)     Ello, en modo alguno significa atribuir responsabilidad a X, ya que los responsables únicamente son los usuarios denunciados; sin embargo, a fin de reparar los derechos vulnerados de la quejosa, es necesario -como medida de reparación- eliminar las publicaciones que actualizan VPG.

(207)     En este contexto, para iniciar las actuaciones ordenadas, se otorga a la UTCE el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la notificación de la presente sentencia, debiendo informar a esta Sala Superior las acciones realizadas a la brevedad posible una vez que fenezca el plazo en cuestión.

(208)     De igual forma, una vez que sean eliminadas las publicaciones ordenadas, la UTCE deberá certificarlo e informarlo a esta Sala Superior.

(209)     Por otra parte, cabe señalar que, en el acuerdo de emplazamiento se requirió a la denunciante para que manifestara si estaba de acuerdo en la emisión de una disculpa pública como medida de satisfacción, no obstante, al comparecer a la audiencia de pruebas y alegatos fue omisa en pronunciarse al respecto, por lo que, se advierte que no es su voluntad que se emita la disculpa pública[108].

(210)     Aunado a lo anterior, es un hecho notorio para esta Sala Superior que en el expediente SUP-PSC-17/2026, la denunciante manifestó que no está de acuerdo con la medida consistente en una disculpa pública en relación con hechos similares. 

(211)     Finalmente, para una mayor publicidad de las sanciones que se imponen, la presente ejecutoria deberá registrarse, en su oportunidad, en la página de Internet de este órgano jurisdiccional, en el apartado relativo al Catálogo de Sujetos Sancionados en los Procedimientos Especiales Sancionadores, identificando la conducta y sanción involucrada, conforme a las directrices establecidas por este órgano jurisdiccional en Acuerdo General 5/2025 por el que se emiten los Lineamientos para la creación del Catálogo de Sujetos Sancionados en los Procedimientos Especiales Sancionadores.

VI. RESOLUTIVOS

PRIMERO. Se escinde el presente procedimiento respecto de los hechos atribuidos a José Manuel Hernández Matuz, en los términos precisados. 

SEGUNDO. Se sobresee el procedimiento respecto de Alberto Campos González, en términos del apartado III, numeral 3, de la presente ejecutoria.

TERCERO. Es inexistente la infracción de violencia política contra las mujeres en razón de género respecto de dos publicaciones en las redes sociales X y Facebook, así como de la nota periodística del medio de comunicación Proceso y cuatro comentarios de usuarios de X y de la plataforma TikTok, conforme a lo señalado en la presente ejecutoria.

CUARTO. Es existente la infracción de violencia política contra las mujeres en razón de género por cuanto hace a una publicación y cincuenta y seis comentarios en X, trece comentarios en Facebook y ocho comentarios en TikTok, en los términos precisados en esta sentencia.