RECURSO DE APELACIÓN.

 

EXPEDIENTE: SUP-RAP-004/2003.

 

ACTOR: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: CONSEJO GENERAL, JUNTA GENERAL EJECUTIVA Y VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE YUCATÁN, TODAS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.

 

MAGISTRADA PONENTE: ALFONSINA BERTA NAVARRO HIDALGO.

 

SECRETARIO: SERGIO DÁVILA CALDERÓN.

 

 

México, Distrito Federal, diecisiete de julio de dos mil tres.

 

VISTOS para resolver los autos del expediente SUP-RAP-004/2003, integrado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el Partido de la Revolución Democrática, por conducto de su representante, en contra de la resolución de veintiocho de enero de dos mil tres, dictada en el expediente JGE/QPRD/CG/004/2001, mediante la cual el Consejo General del Instituto Federal Electoral, declaró infundada la queja presentada en contra del Partido Revolucionario Institucional. Asimismo, en contra de la Junta General Ejecutiva y del Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Yucatán, ambos del Instituto Federal Electoral, por el actuar observado durante la tramitación de la queja señalada, al dejar de practicar varias diligencias, que, según el dicho del recurrente, eran necesarias para el correcto desarrollo de la investigación encaminada a comprobar las irregularidades cometidas por el Partido Revolucionario Institucional; y,

 

R E S U L T A N D O :

 

I. El primero de marzo de dos mil uno, el Partido de la Revolución Democrática, presentó queja ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, en contra del Partido Revolucionario Institucional, mediante la cual denunció hechos que consideró pudieran constituir infracciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la cual, para efectos de claridad, a continuación se transcribe.

 

“Asunto: Se presenta queja por faltas administrativas y solicitud de investigación.

 

C. Lic. Fernando Zertuche Muñoz.

Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta

General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral.

Presente.

 

Pablo Gómez Álvarez, representante del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, personería que tengo debidamente acreditada y reconocida ante esta honorable autoridad, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos las oficinas de esta representación ubicadas en el inmueble marcado con el número 100 de Viaducto Tlalpan, Colonia Arenal Tepepan, Edificio A, Planta Baja, Delegación Tlalpan, y autorizando para que las reciban en mi representación a los CC. Cecilia Hernández Ríos, Fernando Vargas Manríquez, Jehová Méndez Olea, Jaime Miguel Castañeda Salas y Héctor Romero Bolaños, ante usted con el debido respeto comparezco para exponer:

Que por medio del presente escrito y con fundamento en los artículos 8, 35, fracción V, 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, párrafo 1, 3, párrafo 1, 23, 25, párrafo 1, inciso a), 38, 39, 40, 73, 82, párrafo 1, incisos h), t) y w), 86, párrafo 1, incisos l) y m), 269, 270, 271, 272, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como de los numerales 1, 6, 8, 12, 13, 14, 15, del “Acuerdo de la Junta General Ejecutiva en el que se establecen los Lineamientos Generales para el conocimiento de las faltas administrativas y de las sanciones previstas por el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales” y demás relativos y aplicables, vengo a PRESENTAR QUEJA POR IRREGULARIDADES Y FALTAS ADMINISTRATIVAS, Y SOLICITUD DE INVESTIGACIÓN por conductas atribuibles al Partido Revolucionario Institucional que constituyen un incumplimiento grave de las obligaciones constitucionales y legales a que está sujeto, solicitando a esta autoridad la determinación y aplicación de las sanciones que correspondan.

Sustento lo anterior en los siguientes hechos y consideraciones de derecho:

H E C H O S.

1. El día treinta y uno de agosto del año dos mil, el H. Congreso del Estado de Yucatán emitió el Decreto número 278 por el cual se ratificó para un período electoral más a los Consejeros Ciudadanos y al Secretario Técnico del Consejo Electoral del Estado de Yucatán, decreto que fue publicado el primero de septiembre en el Diario Oficial del Gobierno del Estado. En dicho Decreto se establece a la letra lo siguiente:

‘El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Yucatán, decreta:

Artículo único. De conformidad con el artículo 86, fracción VI, del Código Electoral del Estado de Yucatán, se ratifica para un período ordinario electoral más en el cargo de Consejeros Ciudadanos del Consejo Electoral del Estado de Yucatán a las siguientes personas:

Propietarios.

Abog. Elena del Rosario Castillo Castillo.

Lic. Ariel Avilés Marín.

LAE. Eduardo Seijo Gutiérrez.

Prof. Francisco Javier Villarreal González.

Lic. José Ignacio Puerto Gutiérrez.

Ing. Carlos Fernando Pavón Gamboa.

Prof. William Gilberto Barrera Vera.

Suplentes.

Jorge Carlos Gómez Palma.

C.D. José Abel Peniche Rodríguez.

Ing. Rusell Almicar Santos Morales.

C.P. Luis Felipe Cervantes González.

Miguel Ángel Alcocer Selem.

Lic. Luis Alberto Martín Iut Granados.

Asimismo, se ratifica para un Período Ordinario Electoral más, al Secretario Técnico del Consejo Electoral del Estado licenciado en derecho Ariel Aldecua Kuk.

Transitorio.

Único. Publíquese el presente decreto en el Diario Oficial del Gobierno del Estado.

Dado en la sede del recinto del Poder Legislativo, en la Ciudad de Mérida, Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, a los treinta y un días del mes de agosto del año dos mil’.

2. El día siete de septiembre del mismo año, el Partido de la Revolución Democrática, por conducto de su representante, Néstor Andrés Santín Velazquez, promovió juicio de revisión constitucional electoral en contra del decreto precisado en el hecho precedente, mismo que tocó conocer y substanciar a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Substanciado el recurso en mérito en todas sus etapas procedimentales, la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, el día doce del mes de octubre del ya mencionado año dos mil, emitió sentencia definitiva e inatacable, cuyos resolutivos mandataron lo siguiente:

‘Primero. Se revoca el Decreto 278 del Congreso del Estado de Yucatán relativo a la ratificación para un período ordinario electoral más en el cargo de Consejeros Ciudadanos y el Secretario Técnico del Consejo Electoral del Estado de Yucatán, de treinta y uno de agosto del presente año (2000), publicado el primero de septiembre siguiente, en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. En consecuencia, se deberá proceder en los términos que se indican en el considerando cuarto de esta sentencia.

Segundo. Se dejan sin efectos todos aquellos actos o resoluciones emanados del Consejo Electoral del Estado de Yucatán, integrado de conformidad con el decreto de referencia.

Tercero. Una vez integrado el Consejo Electoral del Estado de Yucatán, éste deberá proceder designar a su Secretario Técnico, o en su caso, ratificar al ciudadano que actualmente desempeña tal cargo.

Cuarto. Una vez que el Congreso del Estado de Yucatán haya procedido en los términos precisados en el considerando cuarto, deberá informar a esta Sala Superior del cumplimiento de esta sentencia, en un término de cuarenta y ocho horas siguientes a la respectiva designación de consejeros ciudadanos, apercibido de que en caso de no proceder en esos términos, se aplicará los medios de apremio previstos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, independientemente de las responsabilidades que pueda ser objeto’.

3. El considerando cuarto de la sentencia que se invoca en el punto anterior substancialmente ordena al H. Congreso del Estado de Yucatán, reponer el procedimiento para la designación de los consejeros ciudadanos, con una nueva lista integrada con las personas que cumplieran con los requisitos de ley. Asimismo se ordena a la legislatura de dicha entidad, para que dentro de las cuarenta y ocho horas contadas a partir del momento en que fuera notificada la resolución, realizara una sesión plenaria en la que eligiera a los siete consejeros ciudadanos propietarios y a los siete consejeros suplentes, en forma secreta y por mayoría de las cuatro quintas partes de los diputados presentes.

4. El día catorce de octubre de dos mil, la Comisión Permanente, Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales del Congreso del Estado de Yucatán realizó una sesión de trabajo a efecto de atender el mandato contenido en la sentencia de fecha doce de octubre de dos mil, elaborando la lista de personas que, a su entender, cumplían con los requisitos previstos por los artículos 86 y 90 del Código Electoral del Estado de Yucatán, para ser candidatos a Consejeros Ciudadanos del Consejo Electoral del Estado de Yucatán. La mencionada lista fue la siguiente:

a)      Brígida del Pilar Medina Klaussel.

b)     Armando Iván Escobedo Burgos.

c)      Alfredo Cámara Zi.

d)     Ruth Aurora Urrutia Cevallos.

e)      Alba Flor de la Cruz Sobrino Alcocer.

f)       Raúl Edurado Tzab Campo.

g)     Carlos Alberto Sosa Guillén.

h)     Roger Alberto Medina Chacón.

i)       Jesús Efrén Santana Fraga.

j)       Luis Humberto Baeza Burgos.

k)     Miriam Ivette Mijanjos (sic) Orozco.

l)       Ricardo César Romero Álvarez.

m)   Héctor Humberto Herrera Heredía.

n)     José Manuel Álvarez Araujo.

A su vez, el Congreso del Estado de Yucatán elaboró una lista por separado de las personas que, en su opinión, no reunieron los requisitos establecidos en los artículos 86 y 90 del Código Electoral del Estado de Yucatán para ser consejeros ciudadanos.

5. El día dieciséis de octubre de dos mil, en sesión extraordinaria, el Pleno de la LV Legislatura del Congreso del Estado de Yucatán, a partir del dictamen precisado en el punto anterior e incumpliendo diversas formalidades esenciales del procedimiento, eligió a los consejeros ciudadanos propietarios y suplentes del Consejo Electoral del Estado de Yucatán, designación que se contiene en el Decreto número 286, publicado el diecisiete del mismo mes y año, en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. Del mencionado acto, resultaron electos los siguientes ciudadanos:

Propietarios:

Brígida del Pilar Medina Klaussel.

Alfredo Cámara Zi.

Roger Alberto Medina Chacón.

Luis Humberto Baeza Burgos.

Miriam Ivette Mijangos Orozco.

Héctor Humberto Herrera Heredía.

José Manuel Álvarez Araujo.

Suplentes.

Ruth Aurora Urrutia Cevallos.

Alba Flor de la Cruz Sobrino Alcocer.

Raúl Edurado Tzab Campo.

Carlos Alberto Sosa Guillén.

Jesús Efrén Santana Fraga.

Ricardo César Romero Álvarez.

Armando Iván Escobedo Burgos.

6. El dieciocho de octubre de dos mil, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recibió un ocurso signado por el Presidente del Congreso de Yucatán, por el cual informaba que, a juicio de la legislatura estatal, se había dado cumplimiento a lo ordenado por sentencia de doce de octubre del mismo año.

Es importante mencionar, que con los actos mencionados en los puntos 4, 5 y 6 del presente capítulo de hechos, los integrantes del Congreso del Estado de Yucatán reconocieron la jurisdicción y competencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para conocer de los actos derivados de la legislatura de dicha Entidad Federativa, por los que se realizaba la designación de los Consejeros Ciudadanos del Consejo Electoral del Estado de Yucatán.

7. Inconforme con lo anterior, el diecinueve de octubre de dos mil, el Partido de la Revolución Democrática presentó un diverso juicio de revisión constitucional electoral mediante el cual se inconformó con el contenido del Decreto 286 emitido por el Congreso del Estado de Yucatán, relativo a la nueva designación de Consejeros Ciudadanos propietarios y suplentes del Consejo Electoral del Estado de Yucatán, realizada el dieciséis de octubre de dos mil y publicada al día siguiente en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, quedando radicado el mencionado juicio con el número de expediente SUP-JRC-445/2000 y siendo acumulado en su momento a un juicio diverso interpuesto por el Partido Acción Nacional y radicado bajo el número de expediente SUP-JRC-440/2000.

Substanciado el medio impugnativo en mérito, en todas y cada una de sus partes, con fecha quince de noviembre de dos mil, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, emitió sentencia definitiva e inatacable, en la cual concluye que la nueva designación de los consejeros ciudadanos realizada por el Congreso del Estado de Yucatán, contravenía diversas disposiciones constitucionales y legales. En los puntos resolutivos de su sentencia, el Tribunal Federal sostiene medularmente lo siguiente:

“Primero. (...)

Segundo. Se revoca el Decreto 286 del Congreso del Estado de Yucatán relativo a la designación de los consejeros ciudadanos del Consejo Electoral del Estado de Yucatán, de dieciséis de octubre de dos mil, publicado el diecisiete de octubre siguiente, en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. En consecuencia se deberá proceder en los términos que se indican en el considerando quinto de esta sentencia.

Tercero. Se dejan sin efectos todos aquellos actos o resoluciones emanados por el Consejo Electoral del Estado de Yucatán, integrado de conformidad con el decreto de referencia, en términos de lo dispuesto en el considerando Quinto de este fallo.

Cuarto. Una vez que el H. Congreso del Estado de Yucatán haya procedido en los términos precisados en el considerando quinto, deberá informar a esta Sala Superior del cumplimiento de esta sentencia, en un término de cuarenta y ocho horas a la respectiva designación de consejeros ciudadanos, enviando copia certificada de toda la documentación que se hubiese generado con tal motivo, por el medio que considere idóneo y más expedito, apercibido que en caso de no proceder en esos términos, se aplicarán los medios de apremio previstos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral independientemente de las responsabilidades de que pueda ser objeto.

Quinto. Notifíquese. (...)”

En el considerando quinto de la sentencia que se invoca en el punto anterior, en lo substancial, el Tribunal Electoral Federal (sic) ordena al Congreso del Estado de Yucatán lo siguiente (visible a fojas 135 a 188 de la citada resolución):

a) Reponer el procedimiento para la designación de los consejeros ciudadanos, desde el momento en que la Comisión Permanente de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales, se reúna para conocer las propuestas correspondientes presentadas por las organizaciones sociales y los partidos políticos.

b) Dicha comisión, en el término de cuarenta y ocho horas contadas a partir del momento en que se notificara la sentencia en comento, debía reunirse y proceder a realizar los requerimientos que en el capítulo por separado se precisan, respecto a cada candidatura al cargo de consejero ciudadano.

c) Dicha comisión debía otorgar un plazo de cinco días naturales, contados a partir del siguiente a aquél en que se realizara la notificación individual y personal de cada requerimiento, para que los mismos se atendieran en sus términos.

d) Acto seguido, la comisión contaba con cuarenta y ocho horas para elaborar un dictamen de cada una de las propuestas.

e) Dicho dictamen se constituía en la base para que el Congreso del Estado de Yucatán, en sesión plenaria eligiera a los siete consejeros ciudadanos propietarios y los siete suplentes, en forma secreta y por mayoría de las cuatro quintas partes, en el entendido que, de no haberse logrado la elección del número total de integrantes de dicho Consejo Electoral del Estado, debía procederse en los términos previstos en la fracción IV, del artículo 86, del Código Electoral del Estado de Yucatán.

8. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los términos de lo ordenado por el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, órgano especializado del Poder Judicial de la Federación al cual le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable las impugnaciones de actos y resoluciones definitivas y firmes de las autoridades competentes en las Entidades Federativas para organizar y calificar los comicios o resolver controversias que surjan durante los mismos.

En la especie, mediante una sentencia definitiva, firme e inatacable, la mencionada Sala Superior había ordenado en forma directa al Congreso del Estado de Yucatán la reposición del procedimiento de selección de consejeros ciudadanos del Consejo Electoral del Estado de Yucatán. Sin embargo, los integrantes de dicha legislatura determinaron desacatar la resolución de marras, omitiendo realizar los actos mandatados por el Tribunal Federal en su resolución, manifestando públicamente su rechazo a la resolución dictada por la autoridad jurisdiccional federal en el ejercicio de sus atribuciones.

9. Cabe resaltar que la sentencia mencionada recaída en los expedientes SUP-JRC-440/2000 y su acumulado, además de revocar el Decreto 286 del Congreso del Estado de Yucatán relativo a la designación de los consejeros ciudadanos del Consejo Electoral del Estado de Yucatán, de dieciséis de octubre de dos mil; había dejado sin efectos todos aquellos actos o resoluciones emanados por el Consejo Electoral del Estado de Yucatán, integrado de conformidad con el Decreto de referencia. Tal resolución fue notificada vía estrados por el Tribunal Electoral a todos los interesados en los términos de lo dispuesto por los artículos 26, 28 y 30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por lo que había surtido todos sus efectos legales al día siguiente de su fijación en estrados.

Sin embargo, no obstante que el Tribunal Federal ha dejado sin efecto su nombramiento como consejeros del Consejo Electoral del Estado de Yucatán y todos aquellos actos por ellos realizados; los ciudadanos Roger Alberto Medina Chacón, Héctor Humberto Herrera Heredia, Brígida del Pilar Medina Klaussell, Alfredo Jesús Cámara Zi, José Manuel Álvarez Araujo, Luis Humberto Baeza Burgos y Miriam Ivette Mijangos Orozco; en un franco y abierto desacato a dicha resolución, continuaron y continúan a la fecha desempeñando la función de consejeros ciudadanos del Consejo Electoral del Estado de Yucatán, desobedeciendo un mandato legítimo de la autoridad, comunicado legalmente por un superior competente, usurpando dichos cargos y utilizando recursos públicos que les ha otorgado el Gobernador del Estado, Víctor Cervera Pacheco, no obstante están impedidos para ello en términos del mandato de la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en nuestro país.

El conocimiento pleno de la sentencia por parte de dichos ciudadanos se encuentra perfectamente acreditado en el expediente del juicio de revisión constitucional electoral que ha quedado debidamente identificado, pues por auto de fecha veintitrés de noviembre de dos mil, la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal ordenó la ratificación de la notificación correspondiente; ordenando al efecto se notificara personalmente a los terceros interesados en el mencionado juicio, que a saber, eran los consejeros ciudadanos nombrados por el Congreso del Estado de Yucatán mediante el Decreto número 286; Roger Medina Chacón, Héctor Humberto Herrera Heredía, Brígida del Pilar Medina Klaussell, Alfredo Jesús Cámara Zi, José Manuel Álvarez Araujo, Luis Humberto Baeza Burgos y Miriam Ivette Mijangos Orozco.

Dichas personas a la fecha, además de usurpar la función de consejeros ciudadanos del Consejo Electoral del Estado de Yucatán, han celebrado diversas sesiones públicas, dictando acuerdos y resoluciones, atribuyéndose el carácter de consejeros y ejerciendo indebidamente el servicio público, no obstante que les ha sido revocado su nombramiento.

10. El día primero de noviembre de dos mil, el Gobernador del Estado de Yucatán Víctor Cervera Pacheco, en conferencia de prensa avaló los dictámenes emitidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y que se han hecho referencia en el cuerpo de este escrito, dicho funcionario llamó a los diversos actores políticos a respetar los resolutivos para garantizar unas “buenas elecciones” el veintisiete de mayor del dos mil uno. Lo anterior queda recogido en nota periodística del reportero Luis A. Bonfil Gómez, del Periódico La Jornada, de fecha dos de noviembre de dos mil.

11. No obstante del llamado del Gobernador Cervera Pacheco a la civilidad y el orden, Mirna Esther Hoyos Schlamme, realizó el día dieciséis de noviembre de dos mil, y fuera de su actividad de legisladora local, declaraciones que redundan en perjuicio del buen despacho de los asuntos públicos el país, al señalar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha realizado “dictámenes arbitrarios” agregando lo siguiente “es una auténtica marranada, el Tribunal Electoral debe desaparecer por inmoral y deshonesto” advirtiendo que la fracción mayoritaria del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso local buscará algún mecanismo legal que permita prologar el mandato constitucional de los poderes de Yucatán. Lo anterior queda plasmado en nota periodística del reportero Luis A. Bonfil Gómez, del Periódico La Jornada, de fecha diecisiete de noviembre de dos mil.

12. Ante el reiterado incumplimiento de la sentencia precisada en los dos puntos anteriores, con fecha veintitrés de noviembre de dos mil, el Partido de la Revolución Democrática interpuso incidente de inejecución de sentencia, por virtud del cual se denunciaba que los plazos ordenados en la sentencia de fecha quince de noviembre de dos mil, habían transcurrido en exceso, sin que el H. Congreso del Estado de Yucatán hubiera dado cabal cumplimiento a lo ordenado en los resolutivos segundo al cuarto, en relación al considerando quinto del mismo fallo, denunciado en consecuencia la rebeldía en que dicho poder estatal se había constituido, en agravio de las instituciones constitucionales y republicanas, y de la sociedad en su conjunto, conducta que constituye un desacato y desafía a un mandamiento de una autoridad jurisdiccional.

13. El día veinticinco de noviembre de dos mil, la ciudadana Mirna Esther Hoyos Schlamme, en reunión con militantes priístas en la Casa del Pueblo, sede oficial de ese partido, advirtió que no aceptará las resoluciones del Tribunal Electoral, agregando que mantendría su posición hasta las últimas consecuencias, y en Pleno desafío a los magistrados del máximo órgano electoral del país, exhortó conformar un frente común contra los resolutivos de esa instancia. Lo anterior queda recogido en nota periodística del reportero Luis A. Bonfil Gómez, del Periódico La Jornada, de fecha veintiséis de noviembre de dos mil.

14. Mediante acuerdo de fecha veintisiete de noviembre de dos mil, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ordenó dar vista al H. Congreso del Estado de Yucatán, para que en el plazo de veinticuatro horas manifestara lo que a su derecho conviniera, con relación a los hechos denunciados por el Partido de la Revolución Democrática en el incidente de inejecución de sentencia, apercibiéndole que en el caso de resultar ciertas las conductas denunciadas, éstas podrían actualizar responsabilidades de índole penal y administrativa.

15. Con fecha once de diciembre de dos mil, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dictó sentencia en el incidente de inejecución de sentencia identificado el punto que antecede. En dicha resolución incidental, la Sala Superior acredita y deja constancia del desacato en que incurren los integrantes del Congreso del Estado de Yucatán respecto a la resolución dictada por dicho órgano jurisdiccional en el expediente del juicio de revisión constitucional electoral que ha sido previamente identificado. Las consideraciones más importantes de dicho fallo son las siguientes:

a) La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, certifica que hecha una revisión de los registros de la Secretaría General de Acuerdos, y de la Oficialía de Partes de dicho Tribunal, en los períodos comprendidos del quince de noviembre al seis de diciembre del año dos mil, y del veintitrés de noviembre al siete de diciembre de dos mil (plazo que se había otorgado a la Legislatura del Estado de Yucatán para comunicar al Tribunal Federal el acatamiento del fallo), no se encontró anotación alguna relativa a la recepción de comunicación o documento alguno, sobre el cumplimiento que debió dar el H. Congreso de Yucatán a la sentencia recaída en los expedientes SUP-JRC-440/2000 y SUP-JRC-445/2000, acumulados.

b) El escrito presentado por el Partido de la Revolución Democrática, por el cual denuncia el incumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, en el expediente SUP-JRC-440/2000 y SUP-JRC-445/2000 acumulado, se declara fundado.

c) Toda vez que la sentencia de fecha quince de noviembre de dos mil, tuvo efectos condenatorios, puesto que en su considerando quinto estableció diversas obligaciones de hacer, a cargo de los integrantes del H. Congreso del Estado de Yucatán; queda claramente acreditado el abierto desacato en que incurrió dicho órgano legislativo, al dejar de cumplir lo ordenado por la máxima instancia jurisdiccional en la materia.

Como ya se ha mencionado, los diputados que han mantenido una actitud contumaz en contra de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son los ciudadanos Myrna Esther Hoyos Schlamme, José Limber Sosa Lara, Rolando Rodrigo Zapata Bello, Raúl Enrique Lara Caro, Luis Emir Castillo Palma, Verónica Farjat Sánchez, Liborio Vidal Aguilar, Josué Ariel Chuc y Moo, Miguel Arsenio Lara Sosa, William Renan Sosa Altamira, Mario Tránsito Chan Chan, Lucely del Perpetuo Socorro Alpizar Carrillo, Pedro Bartolomé Castillo Salazar, Edwin Andrés Chuc Can, integrantes del Poder Legislativo en el Estado de Yucatán quienes tienen el carácter de servidores públicos, en términos de lo dispuesto por el artículo 212 del Código Penal Federal.

d) Por otro lado, de la sentencia incidental se desprende que el fallo recaído al juicio de revisión constitucional electoral expediente SUP-JRC-440/2000 y su acumulado, fue notificado debidamente el quince de noviembre de dos mil y que, no obstante lo anterior, ninguno de los actos u obligaciones de hacer en ella ordenados, se efectuó por el Congreso de Yucatán, máxime que en el punto resolutivo cuarto, se estableció que dicha autoridad debía informar al Tribunal Federal Electoral sobre el cumplimiento de lo prescrito en dicho mandamiento judicial, disponiendo de un plazo de cuarenta y ocho horas siguientes a la designación de consejeros y enviando copia certificada de las constancias de toda la documentación generada con tal motivo, por el medio idóneo y más expedito.

e) Esto es, el Congreso de Yucatán, no cumplió una disposición que legalmente se le comunicó por el órgano electoral jurisdiccional competente, sin causa justificada para ello (artículo 225, fracción V del Código Penal Federal). Derivado de esta conducta se ha retardado y entorpecido la administración de justicia (artículo 225, fracción VIII, Código Penal Federal).

f) El Tribunal Federal concluye también en su resolución incidental, que el Ciudadano Diputado local de la LV Legislatura del Congreso de Yucatán, que ocupa el cargo de Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Yucatán, está obligado a ordenar el trámite correspondiente a los asuntos con los que se debe dar cuenta a la legislatura y anunciar los asuntos que deben desahogarse en las sesiones inmediatas. Con esta atribución dicho presidente estaba en aptitud de observar si la Comisión Permanente de Legislación, puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales había cumplido con el mandamiento judicial respectivo y en su caso urgirla a que lo observara, requiriéndola a efecto de que aquélla presentara los dictámenes correspondientes que le habían sido solicitados.

g) Derivado la omisión del ejercicio de las atribuciones y facultades que la ley les irroga para el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la misma normatividad o de un mandamiento judicial, el ciudadano Presidente de la Mesa Directiva el Congreso de Yucatán y los demás integrantes del Congreso en actitud de desacato, han producido una afectación y daño al desarrollo del proceso electoral en dicha Entidad Federativa (artículo 225, fracción VII Código Penal Federal). Por tanto, y al no haberse realizado los actos que llevarán a plena ejecución de la sentencia de fecha quince de noviembre de dos mil, toda vez que a dichos funcionarios públicos correspondía velar por el cumplimiento del mandato judicial –la debida instalación del Congreso Electoral del Estado de Yucatán-, se afecta gravemente el desarrollo del proceso electoral, pues la instalación de dicho órgano se encontraba prevista en términos legales para los primeros días del mes de noviembre del año dos mil.

h) Como se desprende así mismo de la sentencia interlocutoria de marras, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación requirió nuevamente al Congreso del Estado de Yucatán para que, a través de su Comisión Permanente de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales, así como del Pleno del propio Congreso local, cumpliera cabalmente con lo ordenado en la sentencia dictada por dicha autoridad electoral con fecha quince de noviembre de dos mil, realizando cada una de las obligaciones de hacer precisadas en el considerando quinto de dicha sentencia, dentro del plazo de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación de la resolución incidental en comento, debiéndose informar del inicio de dichas actividades.

i) Es importante señalar que, durante el desarrollo de las conductas omisivas realizadas por el Congreso del Estado de Yucatán, el cargo de Presidente de la Mesa Directiva del Congreso lo detentaba William Renan Sosa Altamira, cuya actitud obligó al Tribunal Electoral Federal a utilizar los medios de apremio que le confiere el artículo 32 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, imponiéndole a dicho legislador una amonestación por escrito (resolutivo segundo, sentencia incidental de fecha once de diciembre de dos mil), haciendo efectivo el apercibimiento dictado en su sentencia de fondo. La Presidencia de la Gran Comisión y la Presidencia de la Comisión Permanente de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales, estuvo a cargo de la Diputada local Myrna Esther Hoyos Schlamme.

15. Mediante auto de fecha trece de diciembre de dos mil, la Secretaría General de Acuerdos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, certifica que en el período comprendido entre las veinte horas con veinte minutos del once de diciembre de dos mil, a las veinte horas con veinte minutos del trece de diciembre del mismo año, no se recibió comunicación alguna del Congreso de Yucatán respecto de lo ordenado en la resolución del incidente de inejecución de sentencia de fecha once de diciembre de dos mil.

Es decir que, no obstante que en el punto resolutivo tercero de la multicitada resolución incidental se le otorgaba un nuevo plazo al Congreso del Estado para notificar al Tribunal Electoral Federal sobre el cumplimiento de lo ordenado en su resolución, el citado Poder Legislativo no atendió tal requerimiento.

Ante el persistente incumplimiento del Congreso de Yucatán, a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dicho órgano jurisdiccional inició la ejecución de la sentencia en mérito, con el objeto de lograr la debida y urgente integración del Consejo Electoral del Estado de Yucatán.

Para tal efecto la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, procedió a realizar el requerimiento de documentación faltante a los partidos políticos y organizaciones sociales que presentaron propuestas de candidatos a consejeros ciudadanos del Consejo Electoral del Estado de Yucatán, señalando como domicilio para la recepción de documentos en la ciudad de Mérida, en el Estado de Yucatán.

El acuerdo en mención, ordena se haga del conocimiento del Congreso del Estado de Yucatán, que la Sala Superior del Tribunal Electoral, había iniciado la ejecución de la sentencia, dando oportunidad al órgano legislativo a que, en el caso de renunciar a su actitud contumaz, podría dar cumplimiento a lo ordenado en cualquiera de los subsecuentes actos de ejecución de la sentencia, haciéndose cargo del procedimiento de designación respectivo, a partir del estado en que se encontrara.

16. No obstante lo mandatado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su auto de fecha trece de diciembre de dos mil; el Congreso de Yucatán, nuevamente se constituyó en rebeldía a un mandamiento judicial de autoridad competente; mediante proveído de fecha veintidós de diciembre de dos mil, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hace del conocimiento general, la lista de personas que serían consideradas como candidatos a ocupar los cargos de consejeros ciudadanos del Estado de Yucatán. La lista en cuestión comprendía a cuarenta y seis ciudadanos seleccionados de las propuestas presentadas por organizaciones sociales y partidos políticos registrados en el Estado de Yucatán.

De dicha determinación se ordena dar vista al Congreso del Yucatán, a efecto de que dentro las setenta y dos horas siguientes a la notificación, en sesión plenaria, eligiera de entre los ciudadanos nominados en dicha lista, a los siete consejeros ciudadanos propietarios y siete consejeros suplentes, en forma secreta y por mayoría de las cuatro quintas partes de los diputados presentes.

Asimismo se impone el plazo de veinticuatro horas para que el Pleno del Congreso del Estado de Yucatán, informara al Tribunal Electoral Federal de la designación o en su caso insaculación de los ciudadanos que debían integrar el Consejo Electoral del Estado de Yucatán.

Se apercibe a dicho órgano, en caso de continuar con la franca rebeldía mostrada, se consideraría que continuaba vigente el desacato a los mandamientos emitidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Así también, se apercibe al Congreso de Yucatán, que, en caso de no realizar la designación de consejeros como se encontraba ordenado; el día veintinueve de diciembre de dos mil a las trece horas en sesión pública a celebrarse en su Sala de Plenos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, realizaría directamente la insaculación de los consejeros propietarios y suplentes, que debieran integrar definitivamente el Consejo Electoral del Estado de Yucatán.

17. Derivado de la constante, sistemática y habitual actitud de desafío desplegada por el Congreso del Estado de Yucatán, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a efecto de garantizar la plena ejecución de su sentencia; en sesión pública de fecha veintinueve de diciembre de dos mil, realizó la insaculación de los consejeros propietarios y suplentes, que deben integrar definitivamente el Consejo Electoral del Estado de Yucatán. Los nombres de los siete consejeros ciudadanos propietarios y de los siete consejeros ciudadanos suplentes designados fueron los siguientes:

PROPIETARIOS

SUPLENTES

Mijanjos Orozco Miriam Ivette

Corona Cruz Armando

Avilés Marín Ariel

Santos Suárez William de Jesús

Peniche Rodríguez José Abel

Tzab Campo Raúl Eduardo

Bolio Vales Fernando Javier

Solis Robleda Gabriela

Puerto Gutiérrez José Ignacio

Castillo Castillo Elena del Rosario

Sosa Guillén Carlos Alberto

Seijo Gutiérrez Eduardo

Cervantes González Luis Felipe

Alcocer Selem Miguel Ángel

 

El acuerdo en cita, ordena hacer del conocimiento del Congreso de Yucatán, el resultado del procedimiento de insaculación de los consejeros ciudadanos que deben actuar de manera definitiva como integrantes del Consejo Electoral del Estado de Yucatán. Asimismo el acuerdo ordena al Congreso de Yucatán, tomar protesta constitucional a los ciudadanos insaculados de manera definitiva como consejeros ciudadanos que integrarán el Consejo Electoral del Estado de Yucatán.

Por otro lado, se ordena que, en el supuesto que el Congreso del Estado de Yucatán no convocara a los consejeros insaculados a más tardar el día ocho de enero de dos mil uno a efecto de tomarles la protesta correspondiente, dichos funcionarios electorales podrían rendir la protesta legal por escrito ante dicho órgano legislativo en el plazo comprendido del nueve y el catorce de enero del mismo año, acompañados de un fedatario público.

El Tribunal Federal señala asimismo, que en el caso que se actualizara el supuesto precisado en el párrafo anterior, debería realizarse la sesión de instalación del Consejo Electoral del Estado de Yucatán, el quince de enero de dos mil uno, a las doce horas, en el local del Consejo Electoral del Estado de Yucatán, a efecto de iniciar la etapa de preparación de la elección correspondiente al proceso electoral.

Se ordena por tanto a los integrantes del Consejo Electoral y del Congreso, ambos del Estado de Yucatán, informar a la Sala Superior del cumplimiento que se otorgara a lo ordenado, en un plazo no mayor al día dieciséis de enero de dos mil uno.

Se mandata además en dicho proveído, se comunique al Gobernador del Estado de Yucatán el resultado del procedimiento de insaculación realizado por el Tribunal, para designar a los consejeros ciudadanos que deben integrar el Consejo Electoral de dicha Entidad Federativa.

18. Es el caso que, mediante escrito recibido por el Congreso del Estado de Yucatán con fecha tres de enero de dos mil uno, los ciudadanos Roger Alberto Medina Chacón, Héctor Humberto Herrera Heredia, Brígida Del Pilar Medina Klaussell, Alfredo Cámara Zi, José Manuel Álvarez Araujo, Luis Humberto Baeza Burgos y Miriam Ivette Mijanjos Orozco (quienes integraban el Consejo Electoral del Estado de Yucatán designado por el Congreso de dicha Entidad Federativa), comparecen ante la legislatura estatal reconociendo el contenido de la resolución, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que ésta les había sido debidamente notificada. No obstante lo anterior, solicitan al Poder Legislativo de la entidad textualmente lo siguiente:

“(...)

Ahora bien, según nos hemos enterado por medio de la prensa y radio, ésta honorable Legislatura no ha dado curso a la citada resolución en virtud de que es contraria a nuestras leyes y atenta contra la soberanía del Estado de Yucatán, y como de acuerdo a nuestras leyes este H. Congreso es la única autoridad facultada para designar consejeros del Consejo Electoral del Estado y se ha manifestado en el sentido de que estamos en funciones, por medio del presente acudimos a esa instancia para que, por escrito, nos de indicaciones precisas al respecto, y si en su caso, contamos con la autorización para ejercer el presupuesto asignado para el proceso electoral de dos mil uno.”

En respuesta a tal solicitud, el día cinco de enero del año en curso, en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, fue publicado el decreto número cuatrocientos (400) emitido con fecha cuatro de enero de dos mil uno, por el Congreso del Estado de Yucatán, y promulgado por el Gobernador Víctor Manuel Cervera Pacheco, que textualmente dice:

‘Ciudadano Víctor Manuel Cervera Pacheco, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Yucatán, a sus habitantes hago saber:

El honorable Congreso Libre y Soberano de Yucatán, decreta:

Artículo único. Roger Alberto Medina Chacon, Héctor Humberto Herrera Heredia, Brígida del Pilar Medina Klaussell, Alfredo Camara Zi, José Manuel Álvarez Araujo, Luis Humberto Baeza Burgos y Miriam Ivette Mijanjos Orozco, consejeros ciudadanos propietarios del Consejo Electoral del Estado de Yucatán, remitan su actuación a lo dispuesto en el decreto 286 de fecha dieciséis de octubre del año dos mil, aprobado por esta soberanía y publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el día diecisiete de ese propio mes y año y a la protesta de ley que rindieron para desempeñar el cargo de consejeros ciudadanos propietarios del Consejo Electoral del Estado de Yucatán, el día diecisiete de octubre del año dos mil, con todas las consecuencias legales que conllevan los mismos.

Transitorio

Único. Publíquese el presente decreto, en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán.

Dado en la sede del recinto del Poder Legislativo en la Ciudad de Mérida, Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, a los cuatro días del mes de enero del año dos mil uno. Presidente diputado doctor José Limber Sosa Lara. Secretario diputado profesor Josué Aroel Chuc y Moo. Secretario diputado LAE. José Orlando Pérez Moguel. Rúbricas.’

Como puede apreciarse, la legislatura del Estado de Yucatán, no solamente omite cumplir con las obligaciones de hacer que le fueron impuestas por el Tribunal Electoral Federal sino que además, emite un nuevo acto (decreto 400), mediante el cual desafía de nueva cuenta al citado Tribunal Federal, comunicando a los ciudadanos (cuya designación como consejeros fue invalidada por el Tribunal Federal) que debían sujetar su actuación a lo contenido en el decreto 286 de fecha dieciséis de octubre de dos mil y a la protesta que habían rendido como funcionarios; no obstante que la multicitada Sala Superior del Tribunal Electoral había dejado sin efecto dicho decreto mediante resolución de fecha quince de noviembre del mismo año.

Singular relevancia tiene el presente acto de desacato a la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues no obstante que el Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, Víctor Manuel Cervera Pacheco, había sido debidamente notificado de la resolución en comento, decidió promulgar y publicar el decreto cuyo contenido es contrario a las actuaciones seguidas en juicio, y con el que se desconoce y desafía la resolución del Tribunal Electoral.

19. Con fecha seis de enero de dos mil uno, la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional Dulce María Sauri, realizó declaraciones en las que afirma que:

“El Congreso del Estado Libre y Soberano de Yucatán tiene el derecho de elegir a los integrantes del Consejo Electoral del Estado. No permitiremos que ninguna autoridad federal, del Poder Ejecutivo o Electoral atente o vulnere la soberanía o los principios fundamentales del pacto federal”.

(Periódico Reforma siete de enero dos mil.)

20. Con fecha siete de enero de dos mil uno, once gobernadores: Enrique Martínez Martínez, de Coahuila; el guerrerense René Juárez Cisneros; Miguel Ángel Núñez Soto, de Hidalgo; el mexiquense Arturo Montiel Rojas; Víctor Manuel Tinoco Rubí, de Michoacán; el oaxaqueño José Murat Casab; Melquiades Morales Flores, de Puebla; Joaquín Hendricks Días, de Quintana Roo; el potosino Fernando Silva Nieto; Armando López Nogales, de Sonora; y el tamaulipeco Tomás Yarrington Ruvalcaba, se reunieron en el Estado de Yucatán junto con la dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, para dar su respaldo al gobernador de Yucatán Víctor Manuel Cervera Pacheco, emitiendo en declaración conjunta que el objetivo de la reunión es “frenar las arbitrariedades y excesos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, (La Jornada, página treinta y uno, Reforma página central, ambos de fecha ocho de enero de dos mil uno).

21. Con fecha ocho de enero de dos mil uno alrededor de ochenta alcaldes yucatecos se reunieron al vencer el plazo para tomar protesta al Consejo Electoral insaculado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el propósito de apoyar el desacato, realizado por el Gobernador Víctor Cervera Pacheco y de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional en el congreso local, manifestando que respaldarían a este último “hasta las últimas consecuencias”.

Visible en la nota del diario Reforma del nueve de enero de dos mil uno en su página cuatro “A” signada por Wilbert Torre y Luis Armando Mendoza.

22. El día ocho de enero del presente año la mayoría priísta en el Congreso de Yucatán, confirmó el desacato al fallo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, rechazó tomar protesta a los integrantes del Consejo Electoral designados (sic) por el Tribunal Electoral el pasado veintinueve de diciembre de dos mil, que deberían rendir protesta ante dicho órgano legislativo. (visite en la nota de Luis Bonfil Gómez, La Jornada, página veintiséis).

23. El día trece de enero de dos mil uno, el Partido Revolucionario Institucional emitió comunicado de prensa con número C.621/2001, suscrito en México Distrito Federal, señaló su apoyo solidario a las acciones emprendidas por el Congreso del Estado de Yucatán, ante la intromisión del Tribunal Electoral; comunicado de prensa, que por su trascendencia a continuación se reproduce:

EN RELACIÓN CON INFORMACIÓN PUBLICADA EL DÍA DE HOY EN ALGUNOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN...

Comunicado número C.621/2001.

México, D.F., 13 de enero de 2001.

En relación con información publicada el día de hoy en algunos medios de comunicación, a propósito de una posible controversia constitucional que promovería el PRI en relación con el conflicto surgido en el estado de Yucatán, el propio partido hace las siguientes precisiones:

1). El Partido Revolucionario Institucional reitera una vez más su apoyo solidario a la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso del estado de Yucatán a todas aquellas acciones legales que emprenda, ante la intromisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los asuntos que sólo compete decidir y determinar a las instancias locales principio básico de la soberanía de la entidad yucateca.

2). Independientemente de lo anterior, el PRI aclara que no podría entablar por sí mismo una controversia constitucional en este caso, porque los partidos políticos no tienen, conforme a la ley, la posibilidad de intentar juicio de esta naturaleza.

24. En esa misma fecha, el ciudadano Roger Medina Chacon, quien se dice presidente del Consejo Electoral sedicente, declaró en conferencia de prensa, que el consejo que preside continúa su ritmo normal de trabajo, al comenzar a instalar los ciento seis consejos municipales y quince distritales, incluso inició la distribución de prerrogativas económicas a los partidos políticos, que ha participado en dicho consejo, ha saber Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México.

(Jornada, reporteros Andrea Becerril, David Aponte, Luis A. Bofia y Raúl López, trece de enero dos mil uno).

25. El día lunes quince de enero del año que transcurre, en acatamiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral, los ciudadanos insaculados por el órgano jurisdiccional, pretendieron tomar posesión de las instalaciones del Consejo Electoral del Estado de Yucatán, a efecto de realizar la instalación formal de dicho órgano.

Sin embargo, un grupo de personas entre militantes y simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional, y organizaciones afines al Partido Revolucionario Institucional tales como: “Ciudadanos Unidos por Yucatán Asociación Civil” y “Asociación de Colonos Víctor Cervera Pacheco”; impidieron en forma violenta que los consejeros ciudadanos designados (sic) por el Tribunal Electoral pudieran siquiera acercarse a las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de Yucatán, ubicada en la ciudad de Mérida, Yucatán; a efecto de tomar posesión de las instalaciones, y de realizar la instalación formal de dicho órgano, en cumplimiento de la resolución dictada por el Tribunal Federal, por lo que tuvieron que realizarlo en un parque aledaño a las instalaciones electorales.

Dichas personas estaban armadas con palos y lanzaron piedras, huevos, botellas y cohetes en contra de los consejeros ciudadanos, dirigentes del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Acción Nacional, así como de otros ciudadanos.

A efecto de apoyar dichos actos, el Gobernador del Estado de Yucatán, Víctor Cervera Pacheco y diversos gobiernos municipales de extracción priísta, agremiados en una agrupación que se ha denominado Frente Único de Alcaldes del Partido Revolucionario Institucional, han utilizado fondos públicos, distrayéndolos del fin para el que fueron destinados, pues trasladaron personas de los distintos municipios de la Entidad para impedir en forma violenta el ingreso de los consejeros designados (sic) por el Tribunal, por ejemplo en las patrullas de policía que fueron identificadas con los números 1314 y 1618. Así también, han financiado equipos de sonido, alimento, bebidas, sillas y lonas de los simpatizantes y militantes del Partido Revolucionario Institucional que, hasta la fecha, se mantienen en plantón permanente frente a las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de Yucatán, para impedir que los funcionarios electorales designados (sic) por el Tribunal tomen posesión de las instalaciones.

Lo anterior se desprende de las actas notariadas que fueron levantada al efecto y obran en el expediente substanciado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se acompaña al presente escrito en copia certificada, así como de las notas periodísticas que aparecen en los siguientes diarios: La Jornada, página tres, cuatro y cinco; Excelsior página uno; El Universal página seis; Milenio páginas uno, cuatro y cinco; Novedades página uno y seis; Uno Más Uno página siete; El Heraldo de México, página uno y cinco; México Hoy página uno; Sol de México página uno y dieciocho; El Economista página cuarenta y cinco; El Día página cuatro.

26. El mismo dieciséis de enero de dos mil uno, el Partido Revolucionario Institucional, reiteró su apoyo al desacato de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en un comunicado de prensa C.624/2001, en el que señala que el Tribunal Electoral se entromete en instancias de las cuales no tenía derecho a conocer, y que por su importancia se reproduce:

EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL REITERA SU APOYO SOLIDARIO AL CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN...

Comunicado número C.624/2001.

México, D.F., 15 de enero de 2001.

El Partido Revolucionario Institucional reitera su apoyo solidario al Congreso del Estado de Yucatán, a todas aquellas acciones legales que emprendan ante la intromisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en asuntos que sólo competen decidir y determinar a las instancias locales, principio básico de la soberanía de la entidad yucateca.

El PRI hace un llamado a las dirigencias de los partidos políticos y a sus militantes, así como a las autoridades públicas involucrados, para que se resuelva con apego a la legalidad, observando comportamientos de civilidad política, así como de madurez y de responsabilidad, como la sociedad nos los exige a todos.

Ante los hechos suscitados el día de hoy en la sede del Instituto Electoral del Estado de Yucatán (IEEY), son las autoridades competentes de la entidad quienes deben garantizar el estado de derecho.

El PRI lamenta que el Presidente del Partido Acción Nacional y dirigentes del Partido de la Revolución Democrática contribuyan con sus acciones al enrarecimiento del entorno político de la entidad, en un asunto que es competencia estricta del Congreso del Estado de Yucatán, así como el candidato del PAN a la gubernatura de esa entidad, quien con su actitud a las afueras del IEEY, también contribuyó a enrarecer el ambiente político.

El PRI reitera que es un partido apegado a la legalidad y refrenda su disposición a que el diálogo entre las partes responsables, en estricto apego a derecho, resuelva el conflicto.

27. Derivada de la acción de impedir la instalación de los consejeros electorales insaculados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la sede del Consejo Electoral de Yucatán, simpatizantes y militantes del Partido Revolucionario Institucional se han mantenido hasta el día de hoy, en su posición de bloquear el acceso de los consejeros legalmente designados, (sic) involucrando con ello el entorpecimiento del proceso electoral previsto en dicha entidad. Esta circunstancia se encuentra debidamente probada en los autos del expediente del juicio de revisión constitucional ya identificado, y con el resto de las probanzas que se anexan al presente ocurso.

28. El día dieciocho de enero de dos mil, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, remitió a este Instituto Federal Electoral, un oficio en el que precisa que el Consejo Electoral que fue insaculado por el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es el único legalmente constituido y en consecuencia el único con el que puede celebrarse el convenio de colaboración en materia electoral. No omito señalar que este instituto recibió acompañando al oficio en mérito, copia certificada de los expedientes SUP-JRC-440/2000 y 445/2000.

29. Derivada de conducta desplegada por el Gobernador de Yucatán Víctor Cervera Pacheco, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional en el congreso local y de militantes y simpatizantes priístas, el día veinticuatro de enero de dos mil, el Partido de la Revolución Democrática interpuso una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República, por hechos que se aprecian constituyen delitos en términos de la legislación punitiva aplicable, entre otros los siguientes: contra el Gobernador colación de funcionarios, delitos contra la autoridad, ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad, delitos contra la administración de la justicia, peculado; contra los integrantes del Consejo Electoral designado por el Congreso de Yucatán: desobediencia y resistencia de particulares, ejercicio indebido del servicio público, falsificación de documentos y usurpación de funciones; contra simpatizantes y militantes del Partido Revolucionario Institucional: sedición, desobediencia y resistencia, golpes, amenazas y lesiones, apología de los delitos, a la denuncia en mérito se le asignó el número de averiguación previa 03/DGMPEB/2001, adscrita a la subprocuraduría “B” de Procedimientos Penales “B”, de la Dirección del Ministerio Público “B”, Fiscalía Especializada Número 1 de la Procuraduría General de la República.

30. Con fecha veintinueve de enero de dos mil, el Partido Revolucionario Institucional, registró ante el Consejo Estatal Electoral nombrado ilegalmente por el Congreso del Estado, la plataforma política con la que contenderán sus candidatos en la elección programada el día veintisiete de mayo de dos mil uno.

Tanto el Presidente del Comité Directivo Estatal, Roberto Pinzón Álvarez, así como el Secretario Electoral del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, Felipe Solís Acero, ratificaron que su partido no registrara la plataforma política ante el Consejo Estatal Electoral insaculado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por ser un consejo espurio y carecer de competencia legal, el Partido Revolucionario Institucional no lo reconoce sino al designado por el congreso.

(Declaraciones que se recogen en los periódicos México Hoy, fecha treinta de enero dos mil uno, página ocho, El Economista, fecha treinta de enero de dos mil uno, página sesenta y dos)

31. Con fecha de seis de febrero de dos mil uno, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dictó un nuevo auto en el incidente de inejecución de sentencia de los expedientes SUP-JRC-440/2000 y SUP-JRC-445/2000, acumulados. En dicho acuerdo de la Sala, se requiere al Gobernador del Estado de Yucatán, Víctor Manuel Cervera Pacheco, a efecto de que provea lo necesario a fin de que se otorguen todas las garantías a los consejeros ciudadanos del Consejo Electoral del Estado insaculados judicialmente y puedan entrar en posesión de todos los bienes pertenecientes a dicho órgano electoral, así como para que les haga entrega de los recursos económicos aprobados para su funcionamiento; requerimiento, que aparece en el punto segundo de los resolutivos del acuerdo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que a continuación se cita:

“Segundo. Se requiere al ciudadano Gobernador del Estado de Yucatán para que, dentro del plazo de veinticuatro horas siguientes a la notificación de este acuerdo, provea lo necesario a efecto de que el Consejo Electoral del Estado de Yucatán, integrado conforme al procedimiento legal de insaculación realizado por esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sea puesto en posesión de los bienes muebles e inmuebles que conforman el patrimonio del Instituto Electoral del Estado, incluida la partida correspondiente del presupuesto de egresos aprobado por el honorable Congreso del Estado de Yucatán para el ejercicio presupuestal del año dos mil uno, para lo cual deberá girar instrucciones a las dependencias estatales correspondientes con el objeto de que sean desalojadas de las instalaciones de ese organismo público, las personas ajenas al mismo que ilegalmente se encuentren ocupando tales instalaciones, las que deberá ser puestas a disposición del referido consejo electoral legalmente constituido, al igual que toda ministración del mencionado presupuesto; asimismo deberá dictar las medidas necesarias para garantizar la integridad física de quienes integran el mencionado órgano electoral, así como de la totalidad del personal del Instituto Electoral del Estado de Yucatán. Igualmente, dentro de las veinticuatro horas siguientes al vencimiento del plazo anterior, el C. Gobernador del Estado de Yucatán deberá informar a esta Sala Superior, primeramente vía fax a los teléfonos 5695-9852, 5695-7316 o 5728-2383 y posteriormente por la vía que considere más expedita e idónea, sobre el cumplimiento de las referidas obligaciones de hacer, anexando copia certificada de todos los documentos que así lo acrediten, en el entendido de que si no procede en esos términos independientemente de las responsabilidades a que haya lugar, se tendrá como presuntivamente cierto el desacato al requerimiento formulado.”

32. Con fecha de siete de febrero de dos mil uno a las trece horas con cuarenta y cinco minutos; una vez cumplido el plazo impuesto por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación precisado en el punto que antecede, el Gobernador del Estado de Yucatán, Víctor Manuel Cervera Pacheco, omitió realizar los actos mandatados por dicho Tribunal, y manifestó en forma abierta su reiterado apoyo al consejo designado por la mayoría priísta en el Congreso del Estado.

Como puede apreciarse, a las trece horas con cuarenta y cinco minutos; a dos minutos de haberse vencido el plazo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación fijó en su notificación; el C. Gobernador del Estado de Yucatán, no solamente omitió cumplir con lo ordenado por dicha autoridad jurisdiccional, sino que realizó declaraciones expresas, en el sentido de que no acataría el fallo y los requerimientos realizados por el Tribunal Electoral y los cuales debía acatar con su investidura como Gobernador Constitucional de la Entidad Federativa.

33. Con fecha ocho de febrero de dos mil uno, se congregaron en la ciudad de Mérida, Yucatán, simpatizantes y militantes del Partido Revolucionario Institucional, a efecto de establecer una resistencia en contra del fallo del Tribunal Electoral, dicha movilización semiparalizó las actividades públicas en los ayuntamientos de extracción priístas, en dicho mitin la mayoría de las personas que se “animaron” a viajar en su mayoría mujeres lo hicieron invitadas o presionadas por alcaldes, precandidatos y líderes priístas, utilizando recursos públicos, conforme al común ver en los autobuses y taxis rentados por el gobierno del estado y los ayuntamientos, respectivamente, a mujeres, ancianos, niños y empleados municipales.

Periódico Reforma, por Luis Armando Mendoza, página principal, 4 y 6 A; La Jornada, página principal por Luis Bonfil Gómez; El Universal, página A5, A6 y A7, por Fabiola Guarneros y Yazmín Rodríguez.

34. El día ocho de febrero de dos mil mediante comunicado de prensa C-652/2001, estableció su posición sobre la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre la instalación del Consejo Electoral del Poder Judicial de la Federación, censurando de manera efusiva la legalidad de las decisiones del Tribunal Electoral. Comunicados que por su trascendencia se reproducen.

EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL LAMENTA Y REPRUEBA CON LA MAYOR ENERGÍA LA GRAVE DECISIÓN DE USAR LA FUERZA PARA SOMETER EL CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Comunicado No. C-652/2001

México, D.F., 8 de febrero de 2001.

El Partido Revolucionario Institucional lamenta y reprueba con la mayor energía la grave decisión de usar la fuerza para someter al Congreso del Estado de Yucatán y resolver de esta manera, en forma totalmente equivocada, el problema que ha surgido entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y las autoridades legítimas de aquella entidad federativa.

El Congreso de Yucatán ha ejercitado las atribuciones que le confiere la legislación local. Por ende, no ha incurrido en decisiones ilícitas o indebidas. La Federación debiera respetar escrupulosamente las determinaciones adoptadas por el Poder Legislativo (sic) de esa entidad y brindarle el apoyo que requiere, en cumplimiento del pacto federal.

El problema que existe en esa entidad reviste, en este momento, carácter político. Por ello se necesita utilizar la vía política para resolverlo, actuando con prudencia, moderación y perseverancia. Problemas como el presente ponen a prueba la eficacia del sistema político mexicano. El empleo de la fuerza, e incluso la mera amenaza de hacerlo, altera el clima de paz y constituye un mensaje ominoso para las fuerzas políticas del país, no solamente para el Partido Revolucionario Institucional. Los conflictos políticos no pueden solucionarse con la acción de la policía.

El Partido Revolucionario Institucional eleva su más enérgica protesta por este hecho e invita al pueblo de México a reflexionar sobre la injusticia y el peligro que extraña este género de decisiones.

SAURI RIANCHO RECHAZA EL USO DE LA FUERZA EN YUCATÁN Y CONMINA A LA SEGOB A ENCONTRAR UNA SOLUCIÓN POLÍTICA

Comunicado No. C-655/2001

Advirtió que no prosperarán los afanes de golpear e intentar aniquilar al PRI.

Exhortó al TRIFE a actuar apegado a derecho y a no extralimitar sus funciones.

Le exigió que revierta la constancia de mayoría a favor de Jorge Arana Arana.

El TRIFE, aseguró, no debe usurpar funciones de otros poderes soberanos.

Labastida y Madrazo asistirán al CPN como invitados, no son consejeros.

Tonalá, Jal., 10 de febrero de 2001

Al exhortar a la Secretaría de Gobernación a asumir sus atribuciones y sus responsabilidades en el Ejercicio del Gobierno Federal, a fin de encontrar una solución política, apegada a la legalidad, al conflicto generado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el estado de Yucatán, la dirigente nacional priísta, Senadora Dulce María Sauri Riancho, advirtió que existe un grave riesgo para la vida del país, cuando se abdica de la política y se llama al uso de la fuerza, que nunca ha dado resultados positivos.

Tras recordar que hacía mucho tiempo que en México no había una amenaza por parte del Gobierno Federal contra un pueblo que defiende su soberanía, como el de Yucatán, de hacer uso de la violencia para imponer lo que ellos suponen es la legalidad, la presidenta del CEN del PRI sostuvo que no se vale que quienes hicieron de la legalidad su bandera en las campañas políticas para acceder a la Presidencia de la República se olviden de la ley, del diálogo, de la concertación política, “que no concertacesión”, y quieran aplicar todo el peso de la ley según como ellos la interpretan.

En la Reunión de Presidentes Municipales priístas a la que asistieron más de 400 munícipes de todo el país, así como el candidato del PRI a la gobernatura del estado, Jorge Arana Arana, Sauri Riancho dijo que los militantes del PRI en toda la República no permitirán que prospere ese afán, que parece esconderse en la negación del ejercicio de la política, de golpear, derrotar y aniquilar al Revolucionario Institucional.

Al referirse al asunto de la dirigencia nacional del PRI que habrá de abordarse en el próximo Consejo Político Nacional, la legisladora fue clara al señalar que el único órgano colegiado que tiene atribuciones para decidir sobre el asunto son los 352 consejeros representantes del priísmo nacional, y añadió a pregunta expresa que ni Francisco Labastida ni Roberto Madrazo son consejeros, pero tienen el respeto y el espacio político que merecen al interior del partido y estarán en la sesión del Consejo como invitados.

En Tonalá, donde se realizó una férrea defensa de la causa de Jorge Arana Arana, por parte de la dirigencia nacional priísta y de los presidentes municipales de extracción de este instituto político, Sauri Riancho se refirió a la actuación del TRIFE, y dijo que ésta en los últimos meses ha sido errática en sus determinaciones; advirtió que estarán vigilando la forma como va a trabajar en lo sucesivo y le exigió que actúe con imparcialidad, apegado a derecho y que no pretenda usurpar funciones que no le corresponden a los poderes legítimos constituidos en una entidad federativa como es el caso del Congreso Libre y Soberano de Yucatán.

También le demandó que revierta el resultado de Jalisco y le otorgue la constancia de mayoría a Jorge Arana Arana, y le señaló: “Tribunal, si quieres ser congruente reconoce que ganó Jorge Arana, pero si no te animas, porque te tiemblen las corvas, entonces, tienes sobrados elementos legales para poder, sin que tu conciencia sufra ningún desgarramiento, para que puedas proceder a la anulación de la elección de gobernador de Jalisco, como lo hiciste en Tabasco”.

Durante la reunión de presidentes municipales, el secretario de Elecciones del CEN del PRI, diputado Felipe Solís Acero, abordó el tema de la autonomía del estado y municipio, y el nuevo papel del TRIFE. Hizo un detallado recuento de las irregularidades que se cometieron antes, durante y después de los comicios del 12 de noviembre en el estado de Jalisco. Resaltó la parcialidad del gobernador y de los órganos electorales del estado que favorecieron en todo momento al candidato de Acción Nacional.

Por su parte, el senador César Camacho Quiroz, secretario de Operación y Acción Política, explicó a los más de 400 presidentes municipales asistentes, los detalles de las reformas constitucionales que el PRI propone para fortalecer el municipio y al mismo tiempo al federalismo.

A su vez, Mario Marín, presidente de la Federación Nacional de Municipios (FENAM), aseguró que los presidentes municipales de extracción priísta se solidarizan con su dirigencia nacional, respaldan sus decisiones y exigen que el TRIFE actúe apegado a derecho. Aseguró que realizarán en todo el país una resistencia civil pacífica y ordenada en apoyo de Jorge Arana Arana y de los Priístas del Estado de Yucatán.

Al respecto asistieron también el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en la entidad, ing. Ramiro Hernández, y el presidente municipal de Tonalá, Dr. Vicente Vargas.

35. El día once de febrero del dos mil uno, el Partido Revolucionario Institucional, emitió un nuevo comunicado, por virtud del cual pone en entre dicho el buen despacho de instituciones republicanas como lo es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, declaraciones que se reproducen por su trascendencia.

SAURI RIANCHO EXHORTA AL PRIÍSMO NACIONAL A RETOMAR LA NEGACIÓN POLÍTICA INTERNA.

Comunicado No. C-656/2001

Criticó la actuación del TRIFE y sus resoluciones, y demandó un trato equitativo.

Comunicó a defender en todo el país las causas de Yucatán, Jalisco y Tabasco.

Es indispensable contar con candidatos unidos y fuertes en las elecciones, dijo.

‘No nos pongamos camisa de fuerza cuando se trate de vivir la democracia’.

Guadalajara, Jal. 11 de febrero de 2001.

Al exhortar a los dirigentes estatales del PRI en las 32 entidades federativas a reconsiderar el arte de la negociación política al interior del PRI, a fin de tener candidatos más fuertes y con mayores posibilidades de obtener triunfos electorales, la senadora Dulce María Sauri Riancho los conminó a trabajar y cuidar todos los aspectos políticos electorales para enfrentar con éxito los comicios que se realizarán el presente año.

‘No nos pongamos camisas de fuerza cuando se trate de vivir la democracia’, dijo la dirigente nacional priísta durante la reunión realizada en el CDE de Jalisco, en donde sostuvo que su interés e intención es reivindicar la negociación interna para poder conciliar los legítimos intereses de la militancia.

Ante el candidato del PRI al gobierno de Jalisco, Jorge Arana Arana, y los secretarios de Operación y Acción Política y de Elecciones del CEN priísta, senador César Camacho Quiroz y diputado Felipe Solís Acero, respectivamente, la legisladora reiteró sus críticas al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y pidió que se realicen acciones de difusión sobre su actuación y la defensa de las posiciones del PRI en los estados de Tabasco, Yucatán y Jalisco.

En el acto en que hicieron uso de la palabra el candidato priísta al gobierno de la entidad, así como el secretario de elecciones del CEN, y el dirigente de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso del estado de Jalisco, Enrique Ibarra, subrayó la necesidad de revisar las atribuciones de ese órgano electoral, ‘declara tendencia centralista’, por los conflictos que ha generado y porque, advirtió, se está convirtiendo en un poder con supremacía sobre los otros poderes, en el caso de los locales, pero pueden pasar lo mismo con los federales.

En estos casos, dijo, ‘estamos defendiendo la soberanía no sólo de una entidad federativa, sino también la del pueblo de México’.

Señaló la parcialidad del TRIFE cuando emite resoluciones, pues afecta en la mayoría de los casos al PRI y preguntó; ‘¿Qué lo único que les interesa e importa es dañar al PRI, derrotar al PRI y luchar para borrar al PRI del mapa electoral y político del país’, porque ‘representamos un proyecto político que es antagónico al que ocupa ahora la Presidencia de la República’.

Explicó que es antagónico en el sentido de que busca cuestiones diferentes en materia de justicia social, democracia, soberanía, independencia y que haya para todos y todas en México, iguales oportunidades y equidad, como personas, como sociedad y como pueblo.

Sauri Riancho dijo que el priísmo nacional está defendiendo la elección de Jalisco, la soberanía del Congreso de Yucatán y reivindicando el derecho de ganar legítimamente el estado de Tabasco.

Sin embargo, destacó que hay 14 estados con procesos electorales y 15 elecciones pendientes, así como la elección federal del año intermedio, por lo que es necesaria una recapitulación de todo el proceso electoral en su conjunto y la forma como han operado las leyes que los regulan para promover los cambios que se requieran.

Al retomar el tema de la democracia en México, dijo que ésta no es anular los triunfos del PRI. “Nuestros Adversarios quisieran que fuéramos a las elecciones con los pies amarrados, los ojos vendados y las manos atadas a la espalda”.

Y recalcó: “no somos un partido ni atado de manos, ni somos un partido con bozal, ni un partido con las piernas quebradas, como nos quisieran ver nuestros adversarios. Somos un partido que exige y que da; que exige democracia; un partido que participa y un partido que sabe ganar y que sabe también reconocer cuando la voluntad popular no nos favorece”.

Por lo tanto, señaló que “demandamos no solamente un trato equitativo, demandamos iguales oportunidades y, fundamentalmente, demandamos equidad”.

Sauri Riancho mencionó los procesos de elección interna priísta, y consideró que el PRI está cayendo en una especie de darwinismo político, en donde sobrevive el más fuerte, al abdicar de su capacidad de negociar internamente y encontrar puntos de conciliación entre las diferentes y justas aspiraciones de los priístas, y al enviarlos a un proceso en el que aparte del desgaste y los enfrentamientos, surgen lastimados los candidatos, quienes enfrentan una alta competencia, en donde sus adversarios utilizan argumentos de las campañas internas para derrotarlos.

Dijo que los procesos internos si deben ser considerados, de acuerdo a condiciones y necesidades específicas, pero no se puede permitir que democracia sea exclusivamente igual a proceso abierto, porque es todo aquello que garantiza la expresión de la militancia y que permita tener candidatos fuertes para competir.

Ejemplificó con el estado de Jalisco, proceso que, dijo, vale la pena analizar, porque ante un entorno electoral totalmente adverso y en donde nadie apostaba por el PRI, luego de una intensa campaña, Jorge Arana demostró convicción en el triunfo, realizó una labor de proselitismo desenfadada, fresca, de cara a la gente y alcanzó la victoria.

En Jalisco, puntualizó, el PRI no trata de pedir la anulación de la elección, ‘estamos pidiendo que se revierta el resultado y que le entreguen el triunfo a quien lo obtuvo, que se lo den a Jorge Arana, y que el Tribunal resuelva con oportunidad y no a última hora.”

36. Con fecha de doce de febrero de dos mil uno, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, emitió un nuevo acuerdo, en el que acredita y deja plena constancia del abierto desacato del Gobernador del Estado de Yucatán, respecto al mandato directo que se le había impuesto por el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral en nuestro país en su diverso acuerdo de fecha seis de febrero de dos mil uno. Así, en forma unánime, señala dicha sala que, debido a las conductas desplegadas por el C. Gobernador del Estado de Yucatán, Víctor Manuel Cervera Pacheco, se tiene por acreditado su desacato y en consecuencia da vista a la Procuraduría General de la República de tales hechos, remitiéndole copia certificada de diversos documentos.

El acuerdo de marras en lo que interesa para el presente caso, señala textualmente lo siguiente:

“(...)

VI. Los oficios SGA-JA-80/2001 y SGA-JA-81/2001, ambos del seis de febrero del año en curso, así como las correspondientes razones de la notificación, al Ciudadano Gobernador y al H. Congreso del Estado de Yucatán respectivamente.

XII. El escrito de nueve de febrero de dos mil uno, suscrito por el Presidente y el Secretario Técnico del Consejo Electoral del Estado de Yucatán, mediante el cual comunican a esta Sala Superior que para dar cumplimiento al punto resolutivo tercero del acuerdo del seis de febrero del año en curso se giraron diversos oficios, entre otros, al Secretario de Hacienda y Planeación en el Estado de Yucatán; al Secretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal, al Procurador General de la República y al C. Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, así como la intención de comunicarse con el C. Roger Medina Chacón para hacerle de su conocimiento el contenido del punto resolutivo primero del acuerdo del seis de febrero del presente año, y al efecto acompaña copia certificada de todos y cada uno de los oficios aludidos, una copia simple del ejemplar número 29318 del seis de febrero de dos mil uno correspondiente al “Diario de Yucatán” de ocho y nueve de febrero del presente año. En relación con lo anterior, obran agregadas al expediente en que se actúa constancias de transmisión por fax de la documentación precisada en este punto la cual fue recibida en la Secretaría General de Acuerdos de esta Sala Superior el nueve del mismo mes y año;

XIII. El escrito del once de febrero de dos mil uno, suscrito por el Presidente y Secretario Técnico del Consejo Electoral del Estado de Yucatán, recibido en este órgano jurisdiccional federal al día siguiente a través de fax, mediante el cual comunican el incumplimiento por parte de las autoridades requeridas en relación con los puntos resolutivos primero y segundo del multirreferido acuerdo;

XIV. La copia certificada del Diario Oficial de la Federación del ocho de febrero de dos mil uno que contiene el diverso acuerdo del seis del mismo mes y año dictado por esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y

XVI. El informe y certificación del Secretario General de Acuerdos de esta Sala Superior, en el sentido de que durante el período comprendido entre las trece horas con cuarenta y dos minutos del ocho de febrero y las trece horas con cuarenta y dos minutos del nueve de febrero, del año en curso, no se recibió comunicación o documento alguno por parte del C. Gobernador del Estado de Yucatán, respecto del cumplimiento de lo ordenado en el resolutivo segundo en relación con el considerando quinto del acuerdo dictado por esta Sala Superior el seis de febrero del año en curso, en ejecución de la sentencia dictada en los expedientes SUP-JRC-400/2000 Y SUP-JRC-445/2000, acumulados, y

En su resolutivo octavo se señala a la letra lo siguiente:

“Octavo. Conforme con lo razonado en el considerando tercero, se tiene por acreditado el desacato al requerimiento formulado al C. Gobernador del Estado de Yucatán, en el punto resolutivo segundo del acuerdo de seis de febrero de dos mil uno, dictado por esta Sala Superior, razón por la cual, por conducto de su Magistrado Presidente, dése vista a la Procuraduría General de la República de los hechos relativos a las acciones y omisiones en que ha incurrido dicho ciudadano, anexándose para tal efecto copia certificada de los documentos que se indican en los puntos VI, XII, XIII, XIV y XVI de cuenta, así como del presente acuerdo.”

En el mismo proveído el Tribunal Federal establece que, de conformidad con las constancias de autos, el Gobernador del Estado de Yucatán quedó notificado a las trece horas con cuarenta y dos minutos del día siete de febrero del dos mil uno, por lo que el plazo de veinticuatro horas para cumplir con el requerimiento del tribunal concluyó a las trece horas con cuarenta y dos minutos del ocho del mismo mes y año, mientras que el plazo de veinticuatro horas para informar a dicha sala sobre el cumplimiento de las obligaciones de hacer que le habían sido impuestas feneció a las trece horas con cuarenta y dos minutos del nueve de febrero del mismo año.

Entre las obligaciones que omitió realizar el multicitado gobernador del estado, señala el Tribunal que dejó de proveer lo necesario a efecto de que el Consejo Electoral del Estado de Yucatán, integrado conforme al procedimiento legal de insaculación realizado por la Sala Superior, fuera puesto en posesión de los bienes muebles e inmuebles que conforman el patrimonio del Consejo Electoral del Estado, incluida la partida que le corresponde del presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio del presente año.

Para tal efecto, sigue diciendo el Tribunal, omitió girar instrucciones a las dependencias estatales correspondientes con el objeto de que fueran desalojadas de las instalaciones de ese organismo público, las personas ajenas al mismo que ilegalmente se encontraran ocupando tales instalaciones, las que debían ser puestas a disposición del consejo electoral legalmente constituido, al igual que toda ministración del mencionado presupuesto. Dichos actos pudo realizarlos incluso con el uso de la fuerza pública, al ser el gobernador del estado el encargado de su mando en el ámbito de la entidad federativa.

Sostiene también el Tribunal, que el mandatario estatal dejó asimismo de garantizar la integridad física de quienes conforman el mencionado órgano electoral, así como de informar al Tribunal del cumplimiento de las referidas obligaciones de hacer que le fueron impuestas por la máxima autoridad jurisdiccional electoral en nuestro país.

37. Con fecha de trece de febrero de dos mil uno el C. Gobernador del Estado de Yucatán, Víctor Manuel Cervera Pacheco, convocó a elecciones, manifestando que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación era quien en realidad había desacatado. Calificó asimismo el gobernador de la entidad al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como la “santa inquisición”. Tales hechos pueden apreciarse en la nota publicada por Luis A. Boffil Gómez y Mireya Cuellar, en el periódico La Jornada, en la que aparecen las declaraciones del Gobernador del Estado de Yucatán, Víctor Manuel Cervera Pacheco, en el sentido de que el Tribunal es la “santa inquisición” y que señalando que no acatará el fallo en forma alguna.

38. El día veintiséis de febrero de dos mil, el Partido Revolucionario Institucional registró la candidatura de su candidato la elección de Gobernador del Estado de Yucatán, Orlando Paredes Lara, ante el denominado Consejo Estatal Electoral designado por la mayoría priísta del Congreso Legislativo Local.

Las conductas desplegadas por los dirigentes y militantes del partido denunciado son a todas luces violatorias del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales razón por la cual el Partido Revolucionario Institucional debe ser investigado por esta autoridad y en su momento sancionado por el Órgano Superior de Dirección del Instituto Federal Electoral.

Derecho.

Procedencia de la acción.

La presente acción encuentra su sustento en lo dispuesto por los artículos 39 y 40 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en donde se establece que el incumplimiento de las obligaciones de los partidos políticos se sancionará en los términos del Título Quinto del Libro Quinto del citado Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales independientemente de la determinación de otro tipo de responsabilidades.

Correlativamente el citado artículo 40, faculta a los partidos políticos a que, mediante la aportación de elementos de prueba, soliciten al Consejo General, investigue las actividades de los partidos políticos por el incumplimiento de sus obligaciones.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, los partidos políticos para el logro de sus fines constitucionales deben ajustar su conducta a las disposiciones del mismo, estableciendo además el mismo numeral que este instituto debe vigilar que las actividades de los partidos políticos se desarrollen con apego a la ley.

En el artículo 38 del mismo código electoral se establece en el párrafo 1, inciso a), que es una obligación de los partidos políticos, conducir sus actividades dentro de los causes legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del estado democrático, respetando la libre participación política de los ciudadanos; así como abstenerse de cualquier acto, que tenga por objeto alterar el orden público y perturbar el goce de las garantías.

El artículo 49, párrafo 2, del mismo ordenamiento, dispone con relación a los recursos y programas públicos; que no podrán realizar aportaciones o donativos en efectivo o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, de la federación, los estados y ayuntamientos, salvo los establecidos en la ley; las dependencias, entidades y organismos de la administración pública federal, estatal o municipal centralizados o paraestatales y los órganos del Gobierno del Distrito Federal.

Conforme con lo dispuesto por los artículos 41, fracción III, de la Constitución General de la República; 3, párrafo 1, 73, 82, párrafo 1, incisos h) y w) y 270, del Código Electoral Federal, es atribución del Consejo General del Instituto Federal Electoral vigilar el cumplimiento de las normas constitucionales y legales en materia electoral, así como conocer de las infracciones a las mismas, en particular en lo que se refiere a los partidos políticos, con mención expresa en lo que se refiere al cumplimiento de las obligaciones de éstos. Por tanto la determinación de responsabilidades de tipo administrativo en materia electoral corresponde al Consejo General, independientemente de otro tipo de responsabilidades que pudieran exigirse.

33. Con fecha ocho de febrero de dos mil uno, se congregaron en la ciudad de Mérida, Yucatán, simpatizantes y militantes del Partido Revolucionario Institucional, a efecto de establecer una resistencia en contra del fallo del Tribunal Electoral, dicha movilización semiparalizó las actividades públicas en los ayuntamientos de extracción priístas, en dicho mitin la mayoría de las personas que se “animaron” a viajar en su mayoría mujeres lo hicieron invitadas o presionadas por alcaldes, precandidatos y líderes priístas, utilizando recursos públicos, conforme al común ver en los autobuses y taxis rentados por el gobierno del estado y los ayuntamientos, respectivamente, a mujeres, ancianos, niños y empleados municipales.

Periódico Reforma, por Luis Armando Mendoza, página principal, 4 y 6 A; La Jornada, página principal por Luis Bonfil Gómez; El Universal, página A5, A6 y A7, por Fabiola Guarneros y Yazmín Rodríguez.

34. El día ocho de febrero de dos mil mediante comunicado de prensa C-652/2001, estableció su posición sobre la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre la instalación del Consejo Electoral del Poder Judicial de la Federación, censurando de manera efusiva la legalidad de las decisiones del Tribunal Electoral. Comunicados que por su trascendencia se reproducen.

EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL LAMENTA Y REPRUEBA CON LA MAYOR ENERGÍA LA GRAVE DECISIÓN DE USAR LA FUERZA PARA SOMETER EL CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Comunicado No. C-652/2001

México, D.F., 8 de febrero de 2001.

El Partido Revolucionario Institucional lamenta y reprueba con la mayor energía la grave decisión de usar la fuerza para someter al Congreso del Estado de Yucatán y resolver de esta manera, en forma totalmente equivocada, el problema que ha surgido entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y las autoridades legítimas de aquella entidad federativa.

El Congreso de Yucatán ha ejercitado las atribuciones que le confiere la legislación local. Por ende, no ha incurrido en decisiones ilícitas o indebidas. La Federación debiera respetar escrupulosamente las determinaciones adoptadas por el Poder Legislativo (sic) de esa entidad y brindarle el apoyo que requiere, en cumplimiento del pacto federal.

El problema que existe en esa entidad reviste, en este momento, carácter político. Por ello se necesita utilizar la vía política para resolverlo, actuando con prudencia, moderación y perseverancia. Problemas como el presente ponen a prueba la eficacia del sistema político mexicano. El empleo de la fuerza, e incluso la mera amenaza de hacerlo, altera el clima de paz y constituye un mensaje ominoso para las fuerzas políticas del país, no solamente para el Partido Revolucionario Institucional. Los conflictos políticos no pueden solucionarse con la acción de la policía.

El Partido Revolucionario Institucional eleva su más enérgica protesta por este hecho e invita al pueblo de México a reflexionar sobre la injusticia y el peligro que extraña este género de decisiones.

SAURI RIANCHO RECHAZA EL USO DE LA FUERZA EN YUCATÁN Y CONMINA A LA SEGOB A ENCONTRAR UNA SOLUCIÓN POLÍTICA

Comunicado No. C-655/2001

Advirtió que no prosperarán los afanes de golpear e intentar aniquilar al PRI.

Exhortó al TRIFE a actuar apegado a derecho y a no extralimitar sus funciones.

Le exigió que revierta la constancia de mayoría a favor de Jorge Arana Arana.

El TRIFE, aseguró, no debe usurpar funciones de otros poderes soberanos.

Labastida y Madrazo asistirán al CPN como invitados, no son consejeros.

Tonalá, Jal., 10 de febrero de 2001

Al exhortar a la Secretaría de Gobernación a asumir sus atribuciones y sus responsabilidades en el Ejercicio del Gobierno Federal, a fin de encontrar una solución política, apegada a la legalidad, al conflicto generado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el estado de Yucatán, la dirigente nacional priísta, Senadora Dulce María Sauri Riancho, advirtió que existe un grave riesgo para la vida del país, cuando se abdica de la política y se llama al uso de la fuerza, que nunca ha dado resultados positivos.

Tras recordar que hacía mucho tiempo que en México no había una amenaza por parte del Gobierno Federal contra un pueblo que defiende su soberanía, como el de Yucatán, de hacer uso de la violencia para imponer lo que ellos suponen es la legalidad, la presidenta del CEN del PRI sostuvo que no se vale que quienes hicieron de la legalidad su bandera en las campañas políticas para acceder a la Presidencia de la República se olviden de la ley, del diálogo, de la concertación política, “que no concertacesión”, y quieran aplicar todo el peso de la ley según como ellos la interpretan.

En la Reunión de Presidentes Municipales priístas a la que asistieron más de 400 munícipes de todo el país, así como el candidato del PRI a la gobernatura del estado, Jorge Arana Arana, Sauri Riancho dijo que los militantes del PRI en toda la República no permitirán que prospere ese afán, que parece esconderse en la negación del ejercicio de la política, de golpear, derrotar y aniquilar al Revolucionario Institucional.

Al referirse al asunto de la dirigencia nacional del PRI que habrá de abordarse en el próximo Consejo Político Nacional, la legisladora fue clara al señalar que el único órgano colegiado que tiene atribuciones para decidir sobre el asunto son los 352 consejeros representantes del priísmo nacional, y añadió a pregunta expresa que ni Francisco Labastida ni Roberto Madrazo son consejeros, pero tienen el respeto y el espacio político que merecen al interior del partido y estarán en la sesión del Consejo como invitados.

En Tonalá, donde se realizó una férrea defensa de la causa de Jorge Arana Arana, por parte de la dirigencia nacional priísta y de los presidentes municipales de extracción de este instituto político, Sauri Riancho se refirió a la actuación del TRIFE, y dijo que ésta en los últimos meses ha sido errática en sus determinaciones; advirtió que estarán vigilando la forma como va a trabajar en lo sucesivo y le exigió que actúe con imparcialidad, apegado a derecho y que no pretenda usurpar funciones que no le corresponden a los poderes legítimos constituidos en una entidad federativa como es el caso del Congreso Libre y Soberano de Yucatán.

También le demandó que revierta el resultado de Jalisco y le otorgue la constancia de mayoría a Jorge Arana Arana, y le señaló: “Tribunal, si quieres ser congruente reconoce que ganó Jorge Arana, pero si no te animas, porque te tiemblen las corvas, entonces, tienes sobrados elementos legales para poder, sin que tu conciencia sufra ningún desgarramiento, para que puedas proceder a la anulación de la elección de gobernador de Jalisco, como lo hiciste en Tabasco”.

Durante la reunión de presidentes municipales, el secretario de Elecciones del CEN del PRI, diputado Felipe Solís Acero, abordó el tema de la autonomía del estado y municipio, y el nuevo papel del TRIFE. Hizo un detallado recuento de las irregularidades que se cometieron antes, durante y después de los comicios del 12 de noviembre en el estado de Jalisco. Resaltó la parcialidad del gobernador y de los órganos electorales del estado que favorecieron en todo momento al candidato de Acción Nacional.

Por su parte, el senador César Camacho Quiroz, secretario de Operación y Acción Política, explicó a los más de 400 presidentes municipales asistentes, los detalles de las reformas constitucionales que el PRI propone para fortalecer el municipio y al mismo tiempo al federalismo.

A su vez, Mario Marín, presidente de la Federación Nacional de Municipios (FENAM), aseguró que los presidentes municipales de extracción priísta se solidarizan con su dirigencia nacional, respaldan sus decisiones y exigen que el TRIFE actúe apegado a derecho. Aseguró que realizarán en todo el país una resistencia civil pacífica y ordenada en apoyo de Jorge Arana Arana y de los Priístas del Estado de Yucatán.

Al respecto asistieron también el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en la entidad, ing. Ramiro Hernández, y el presidente municipal de Tonalá, Dr. Vicente Vargas.

35. El día once de febrero del dos mil uno, el Partido Revolucionario Institucional, emitió un nuevo comunicado, por virtud del cual pone en entre dicho el buen despacho de instituciones republicanas como lo es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, declaraciones que se reproducen por su trascendencia.

SAURI RIANCHO EXHORTA AL PRIÍSMO NACIONAL A RETOMAR LA NEGACIÓN POLÍTICA INTERNA.

Comunicado No. C-656/2001

Criticó la actuación del TRIFE y sus resoluciones, y demandó un trato equitativo.

Comunicó a defender en todo el país las causas de Yucatán, Jalisco y Tabasco.

Es indispensable contar con candidatos unidos y fuertes en las elecciones, dijo.

‘No nos pongamos camisa de fuerza cuando se trate de vivir la democracia’.

Guadalajara, Jal. 11 de febrero de 2001.

Al exhortar a los dirigentes estatales del PRI en las 32 entidades federativas a reconsiderar el arte de la negociación política al interior del PRI, a fin de tener candidatos más fuertes y con mayores posibilidades de obtener triunfos electorales, la senadora Dulce María Sauri Riancho los conminó a trabajar y cuidar todos los aspectos políticos electorales para enfrentar con éxito los comicios que se realizarán el presente año.

‘No nos pongamos camisas de fuerza cuando se trate de vivir la democracia’, dijo la dirigente nacional priísta durante la reunión realizada en el CDE de Jalisco, en donde sostuvo que su interés e intención es reivindicar la negociación interna para poder conciliar los legítimos intereses de la militancia.

Ante el candidato del PRI al gobierno de Jalisco, Jorge Arana Arana, y los secretarios de Operación y Acción Política y de Elecciones del CEN priísta, senador César Camacho Quiroz y diputado Felipe Solís Acero, respectivamente, la legisladora reiteró sus críticas al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y pidió que se realicen acciones de difusión sobre su actuación y la defensa de las posiciones del PRI en los estados de Tabasco, Yucatán y Jalisco.

En el acto en que hicieron uso de la palabra el candidato priísta al gobierno de la entidad, así como el secretario de elecciones del CEN, y el dirigente de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso del estado de Jalisco, Enrique Ibarra, subrayó la necesidad de revisar las atribuciones de ese órgano electoral, ‘declara tendencia centralista’, por los conflictos que ha generado y porque, advirtió, se está convirtiendo en un poder con supremacía sobre los otros poderes, en el caso de los locales, pero pueden pasar lo mismo con los federales.

En estos casos, dijo, ‘estamos defendiendo la soberanía no sólo de una entidad federativa, sino también la del pueblo de México’.

Señaló la parcialidad del TRIFE cuando emite resoluciones, pues afecta en la mayoría de los casos al PRI y preguntó; ‘¿Qué lo único que les interesa e importa es dañar al PRI, derrotar al PRI y luchar para borrar al PRI del mapa electoral y político del país’, porque ‘representamos un proyecto político que es antagónico al que ocupa ahora la Presidencia de la República’.

Explicó que es antagónico en el sentido de que busca cuestiones diferentes en materia de justicia social, democracia, soberanía, independencia y que haya para todos y todas en México, iguales oportunidades y equidad, como personas, como sociedad y como pueblo.

Sauri Riancho dijo que el priísmo nacional está defendiendo la elección de Jalisco, la soberanía del Congreso de Yucatán y reivindicando el derecho de ganar legítimamente el estado de Tabasco.

Sin embargo, destacó que hay 14 estados con procesos electorales y 15 elecciones pendientes, así como la elección federal del año intermedio, por lo que es necesaria una recapitulación de todo el proceso electoral en su conjunto y la forma como han operado las leyes que los regulan para promover los cambios que se requieran.

Al retomar el tema de la democracia en México, dijo que ésta no es anular los triunfos del PRI. “Nuestros Adversarios quisieran que fuéramos a las elecciones con los pies amarrados, los ojos vendados y las manos atadas a la espalda”.

Y recalcó: “no somos un partido ni atado de manos, ni somos un partido con bozal, ni un partido con las piernas quebradas, como nos quisieran ver nuestros adversarios. Somos un partido que exige y que da; que exige democracia; un partido que participa y un partido que sabe ganar y que sabe también reconocer cuando la voluntad popular no nos favorece”.

Por lo tanto, señaló que “demandamos no solamente un trato equitativo, demandamos iguales oportunidades y, fundamentalmente, demandamos equidad”.

Sauri Riancho mencionó los procesos de elección interna priísta, y consideró que el PRI está cayendo en una especie de darwinismo político, en donde sobrevive el más fuerte, al abdicar de su capacidad de negociar internamente y encontrar puntos de conciliación entre las diferentes y justas aspiraciones de los priístas, y al enviarlos a un proceso en el que aparte del desgaste y los enfrentamientos, surgen lastimados los candidatos, quienes enfrentan una alta competencia, en donde sus adversarios utilizan argumentos de las campañas internas para derrotarlos.

Dijo que los procesos internos si deben ser considerados, de acuerdo a condiciones y necesidades específicas, pero no se puede permitir que democracia sea exclusivamente igual a proceso abierto, porque es todo aquello que garantiza la expresión de la militancia y que permita tener candidatos fuertes para competir.

Ejemplificó con el estado de Jalisco, proceso que, dijo, vale la pena analizar, porque ante un entorno electoral totalmente adverso y en donde nadie apostaba por el PRI, luego de una intensa campaña, Jorge Arana demostró convicción en el triunfo, realizó una labor de proselitismo desenfadada, fresca, de cara a la gente y alcanzó la victoria.

En Jalisco, puntualizó, el PRI no trata de pedir la anulación de la elección, ‘estamos pidiendo que se revierta el resultado y que le entreguen el triunfo a quien lo obtuvo, que se lo den a Jorge Arana, y que el Tribunal resuelva con oportunidad y no a última hora.”

36. Con fecha de doce de febrero de dos mil uno, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, emitió un nuevo acuerdo, en el que acredita y deja plena constancia del abierto desacato del Gobernador del Estado de Yucatán, respecto al mandato directo que se le había impuesto por el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral en nuestro país en su diverso acuerdo de fecha seis de febrero de dos mil uno. Así, en forma unánime, señala dicha sala que, debido a las conductas desplegadas por el C. Gobernador del Estado de Yucatán, Víctor Manuel Cervera Pacheco, se tiene por acreditado su desacato y en consecuencia da vista a la Procuraduría General de la República de tales hechos, remitiéndole copia certificada de diversos documentos.

El acuerdo de marras en lo que interesa para el presente caso, señala textualmente lo siguiente:

“(...)

VI. Los oficios SGA-JA-80/2001 y SGA-JA-81/2001, ambos del seis de febrero del año en curso, así como las correspondientes razones de la notificación, al Ciudadano Gobernador y al H. Congreso del Estado de Yucatán respectivamente.

XII. El escrito de nueve de febrero de dos mil uno, suscrito por el Presidente y el Secretario Técnico del Consejo Electoral del Estado de Yucatán, mediante el cual comunican a esta Sala Superior que para dar cumplimiento al punto resolutivo tercero del acuerdo del seis de febrero del año en curso se giraron diversos oficios, entre otros, al Secretario de Hacienda y Planeación en el Estado de Yucatán; al Secretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal, al Procurador General de la República y al C. Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, así como la intención de comunicarse con el C. Roger Medina Chacón para hacerle de su conocimiento el contenido del punto resolutivo primero del acuerdo del seis de febrero del presente año, y al efecto acompaña copia certificada de todos y cada uno de los oficios aludidos, una copia simple del ejemplar número 29318 del seis de febrero de dos mil uno correspondiente al “Diario de Yucatán” de ocho y nueve de febrero del presente año. En relación con lo anterior, obran agregadas al expediente en que se actúa constancias de transmisión por fax de la documentación precisada en este punto la cual fue recibida en la Secretaría General de Acuerdos de esta Sala Superior el nueve del mismo mes y año;

XIII. El escrito del once de febrero de dos mil uno, suscrito por el Presidente y Secretario Técnico del Consejo Electoral del Estado de Yucatán, recibido en este órgano jurisdiccional federal al día siguiente a través de fax, mediante el cual comunican el incumplimiento por parte de las autoridades requeridas en relación con los puntos resolutivos primero y segundo del multirreferido acuerdo;

XIV. La copia certificada del Diario Oficial de la Federación del ocho de febrero de dos mil uno que contiene el diverso acuerdo del seis del mismo mes y año dictado por esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y

XVI. El informe y certificación del Secretario General de Acuerdos de esta Sala Superior, en el sentido de que durante el período comprendido entre las trece horas con cuarenta y dos minutos del ocho de febrero y las trece horas con cuarenta y dos minutos del nueve de febrero, del año en curso, no se recibió comunicación o documento alguno por parte del C. Gobernador del Estado de Yucatán, respecto del cumplimiento de lo ordenado en el resolutivo segundo en relación con el considerando quinto del acuerdo dictado por esta Sala Superior el seis de febrero del año en curso, en ejecución de la sentencia dictada en los expedientes SUP-JRC-400/2000 Y SUP-JRC-445/2000, acumulados, y

En su resolutivo octavo se señala a la letra lo siguiente:

“Octavo. Conforme con lo razonado en el considerando tercero, se tiene por acreditado el desacato al requerimiento formulado al C. Gobernador del Estado de Yucatán, en el punto resolutivo segundo del acuerdo de seis de febrero de dos mil uno, dictado por esta Sala Superior, razón por la cual, por conducto de su Magistrado Presidente, dése vista a la Procuraduría General de la República de los hechos relativos a las acciones y omisiones en que ha incurrido dicho ciudadano, anexándose para tal efecto copia certificada de los documentos que se indican en los puntos VI, XII, XIII, XIV y XVI de cuenta, así como del presente acuerdo.”

En el mismo proveído el Tribunal Federal establece que, de conformidad con las constancias de autos, el Gobernador del Estado de Yucatán quedó notificado a las trece horas con cuarenta y dos minutos del día siete de febrero del dos mil uno, por lo que el plazo de veinticuatro horas para cumplir con el requerimiento del tribunal concluyó a las trece horas con cuarenta y dos minutos del ocho del mismo mes y año, mientras que el plazo de veinticuatro horas para informar a dicha sala sobre el cumplimiento de las obligaciones de hacer que le habían sido impuestas feneció a las trece horas con cuarenta y dos minutos del nueve de febrero del mismo año.

Entre las obligaciones que omitió realizar el multicitado gobernador del estado, señala el Tribunal que dejó de proveer lo necesario a efecto de que el Consejo Electoral del Estado de Yucatán, integrado conforme al procedimiento legal de insaculación realizado por la Sala Superior, fuera puesto en posesión de los bienes muebles e inmuebles que conforman el patrimonio del Consejo Electoral del Estado, incluida la partida que le corresponde del presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio del presente año.

Para tal efecto, sigue diciendo el Tribunal, omitió girar instrucciones a las dependencias estatales correspondientes con el objeto de que fueran desalojadas de las instalaciones de ese organismo público, las personas ajenas al mismo que ilegalmente se encontraran ocupando tales instalaciones, las que debían ser puestas a disposición del consejo electoral legalmente constituido, al igual que toda ministración del mencionado presupuesto. Dichos actos pudo realizarlos incluso con el uso de la fuerza pública, al ser el gobernador del estado el encargado de su mando en el ámbito de la entidad federativa.

Sostiene también el Tribunal, que el mandatario estatal dejó asimismo de garantizar la integridad física de quienes conforman el mencionado órgano electoral, así como de informar al Tribunal del cumplimiento de las referidas obligaciones de hacer que le fueron impuestas por la máxima autoridad jurisdiccional electoral en nuestro país.

37. Con fecha de trece de febrero de dos mil uno el C. Gobernador del Estado de Yucatán, Víctor Manuel Cervera Pacheco, convocó a elecciones, manifestando que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación era quien en realidad había desacata. Calificó asimismo el gobernador de la entidad al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como la “santa inquisición”. Tales hechos pueden apreciarse en la nota publicada por Luis A. Boffil Gómez y Mireya Cuellar, en el periódico La Jornada, en la que aparecen las declaraciones del Gobernador del Estado de Yucatán, Víctor Manuel Cervera Pacheco, en el sentido de que el Tribunal es la “santa inquisición” y que señalando que no acatará el fallo en forma alguna.

38. El día veintiséis de febrero de dos mil, el Partido Revolucionario Institucional registró la candidatura de su candidato la elección de Gobernador del Estado de Yucatán, Orlando Paredes Lara, ante el denominado Consejo Estatal Electoral designado por la mayoría priísta del Congreso Legislativo Local.

Las conductas desplegadas por los dirigentes y militantes del partido denunciado son a todas luces violatorias del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales razón por la cual el Partido Revolucionario Institucional debe ser investigado por esta autoridad y en su momento sancionado por el Órgano Superior de Dirección del Instituto Federal Electoral.

Derecho.

Procedencia de la acción.

La presente acción encuentra su sustento en lo dispuesto por los artículos 39 y 40 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en donde se establece que el incumplimiento de las obligaciones de los partidos políticos se sancionará en los términos del Título Quinto del Libro Quinto del citado Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales independientemente de la determinación de otro tipo de responsabilidades.

Correlativamente el citado artículo 40, faculta a los partidos políticos a que, mediante la aportación de elementos de prueba, soliciten al Consejo General, investigue las actividades de los partidos políticos por el incumplimiento de sus obligaciones.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, los partidos políticos para el logro de sus fines constitucionales deben ajustar su conducta a las disposiciones del mismo, estableciendo además el mismo numeral que este instituto debe vigilar que las actividades de los partidos políticos se desarrollen con apego a la ley.

En el artículo 38 del mismo código electoral se establece en el párrafo 1, inciso a), que es una obligación de los partidos políticos, conducir sus actividades dentro de los causes legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del estado democrático, respetando la libre participación política de los ciudadanos; así como abstenerse de cualquier acto, que tenga por objeto alterar el orden público y perturbar el goce de las garantías.

El artículo 49, párrafo 2, del mismo ordenamiento, dispone con relación a los recursos y programas públicos; que no podrán realizar aportaciones o donativos en efectivo o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, de la federación, los estados y ayuntamientos, salvo los establecidos en la ley; las dependencias, entidades y organismos de la administración pública federal, estatal o municipal centralizados o paraestatales y los órganos del Gobierno del Distrito Federal.

Conforme con lo dispuesto por los artículos 41, fracción III, de la Constitución General de la República; 3, párrafo 1, 73, 82, párrafo 1, incisos h) y w) y 270, del Código Electoral Federal, es atribución del Consejo General del Instituto Federal Electoral vigilar el cumplimiento de las normas constitucionales y legales en materia electoral, así como conocer de las infracciones a las mismas, en particular en lo que se refiere a los partidos políticos, con mención expresa en lo que se refiere al cumplimiento de las obligaciones de éstos. Por tanto la determinación de responsabilidades de tipo administrativo en materia electoral corresponde al Consejo General, independientemente de otro tipo de responsabilidades que pudieran exigirse.

Señala en su resolución el Tribunal Electoral Federal que para los efectos de la interpretación de dicho precepto, debe entenderse por militantes todos aquellos miembros activos de los partidos políticos, que no se concretan a afiliarse al partido político para mantener dentro de él una actitud pasiva, sino que por el contrario, cuentan con una manera de proceder activa, realizando actos de diversa naturaleza en beneficio del instituto político al que pertenecen.

Sostiene también el Tribunal, que el mencionado inciso a) del párrafo 1 del artículo 38, al hablar de que los partidos políticos y sus militantes deben conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos, se refiere a las conductas de los militantes que se relacionen directa e inmediatamente con el trabajo partidista, con su participación dentro de la vida del partido político, con las funciones partidistas, con la acción partidista y por ende, con los fines fundamentales de los partidos políticos, consistentes en promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público.

En el presente caso, se denuncian hechos en que han participado militantes activos de base del Partido Revolucionario Institucional que han mantenido un “plantón” permanente en la sede del Consejo Electoral del Estado de Yucatán, para impedir la instalación de los consejeros ciudadanos designados (sic) por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y con ello la ejecución de su sentencia; la dirigencia estatal de dicho instituto político que determinó registrar (en fechas y actos diversos) a su representante, su plataforma electoral y a su candidato a Gobernador del Estado de Yucatán, ante el sedicente Consejo Electoral del Estado de Yucatán; a sabiendas que dicho decreto había sido revocado por el Tribunal Electoral Federal y que se habían dejado sin efectos (mediante resolución definitiva y firme) todos aquellos actos y resoluciones emanados del mencionado Consejo Electoral. Así también, en diversos hechos denunciados se encuentran involucrados la Presidenta y el Secretario de Elecciones del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, y el mismo Consejo Político Nacional del partido denunciado (órgano superior de dirección de dicho instituto político), quienes en distintos actos de manera coordinada e institucional, no solamente han avalado las conductas de los militantes de su partido, sino que los han impulsado y motivado a realizar conductas contrarias a la Constitución y la ley reglamentaria.

Por tanto, en la presente queja se denuncian los actos del Partido Revolucionario Institucional y de sus militantes identificados, quienes se encuentran estrechamente vinculados con la vida del partido político y realizan tareas relacionadas inmediatamente con sus fines fundamentales.

Acorde con lo sostenido por el Tribunal Electoral Federal en la sentencia a que se ha hecho referencia (SUP-RAP-010/99 HOJAS 100 y 101), con las conductas ahora denunciadas, los militantes y dirigentes del Partido Revolucionario Institucional, omiten cumplir con los principios del Estado democrático, y por tanto dejan de observar valores superiores como la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo y la supremacía de la ley; dejando de respetar además la participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos.

El mismo Tribunal Federal sostiene que la libre participación de los partidos políticos se traduce en el derecho que tienen todos los partidos políticos de participar en la elección libre de las autoridades del país, mientras que entre los derechos de los ciudadanos se encuentran los de votar y ser votados en las elecciones populares; derechos que se han puesto en situación de grave riesgo en el Estado de Yucatán, por las razones que han sido ampliamente expuestas.

Los actos promovidos por el Partido Revolucionario Institucional entre sus militantes y realizados además por su dirigencia, son particularmente graves, al grado de incumplir hasta su propia normatividad interna de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 25 párrafo 1 inciso a) del mutirreferido Código Electoral Federal.

El artículo 25 del ordenamiento electoral federal dispone que como mínimo, la declaración de principios de los partidos contendrá entre otros:

a) La obligación de observar la Constitución y de respetar las leyes e instituciones que de ella emanen;

Me permito transcribir a continuación diversos artículos de la normatividad interna del partido denunciado, que han sido vulnerados por los militantes, dirigentes y en términos generales por el Partido Revolucionario Institucional:

En la Declaración de Principios del Partido Revolucionario Institucional, se señala textualmente que: "Nuestro partido se sujeta cabalmente a la Constitución General de la República y a las leyes e instituciones que de ella emanan, y en consecuencia se obliga a conducir sus actividades por medios pacíficos y por la vía democrática”.

En su Programa de Acción, en el punto número 2 párrafo tercero se señala: “... Lo podemos hacer por que somos un partido político nacional. No somos un partido ni de regiones ni de eventualidades...”

En el mismo documento, en el capitulo que denominan “ÉTICA POLÍTICA, ÉTICA DE GOBIERNO Y LEGALIDAD” establecen: “La ética política demanda apego a la ley y el más alto cumplimiento de la responsabilidad...”

...

Una ética que demanda lealtad a los principios del partido, a sus dirigentes, a toda su militancia y a los ciudadanos...”

“Nuestro compromiso es velar que todos los gobernantes que surjan del Partido Revolucionario Institucional sean honestos en el ejercicio de sus funciones y apliquen los recursos públicos con absoluta transparencia”.

Por su parte, en el Estatuto del mismo partido se prevé en algunos de sus artículos lo siguiente:

“Artículo 1.

El Partido Revolucionario Institucional es un partido político nacional, popular, comprometido con los principios de la revolución mexicana y los contenidos ideológicos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

“Artículo 9.

El Partido Revolucionario Institucional tiene, además de los prescritos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguiente fines:

...

III. Vigilar que los integrantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo federal y locales, cumplan con sus responsabilidades democráticas, ejerzan el poder y sus funciones dentro de los límites constitucionales y legales en beneficio de los mexicanos.

...”

“Artículo 10.

El Partido Revolucionario Institucional se rige por los principios y normas contenidos en su Declaración de Principios, Programa de Acción, Estatutos y en las resoluciones de la Asamblea General de Delegados y del Consejo Político Nacional.”

“Artículo 11.

Los principios y normas a que se refiere el artículo anterior serán de observancia obligatoria para todos los militantes, organizaciones y sectores.”

“Artículo 21.

El Partido Revolucionario Institucional está integrado por ciudadanos mexicanos, hombres y mujeres, que se afilien individual y libremente, que desean suscribir los documentos básicos del partido...”

“Artículo 22.

El partido establece entre sus integrantes las siguientes categorías, conforme a las actividades y responsabilidades que desarrollen:

I. Militantes, los ciudadanos, hombres y mujeres en pleno goce de sus derechos políticos.

II. Cuadros, los militantes que:

...

b) Hayan sido candidatos del partido, propietarios o suplentes a cargos de elección popular.

...

III. Dirigentes, los integrantes de los órganos de Dirección del partido...”

“Artículo 53.

Con su afiliación el militante asume su vínculo activo, ideológico y programático con el partido, protestando cumplir con sus documentos básicos y con el Código de Ética Partidaria.

...”

“Artículo 56.

Los militantes del partido tienen las obligaciones siguientes:

I. Conocer, acatar y promover los Documentos Básicos del partido

...”

“Artículo 57.

Los cuadros del partido, tienen además de las establecidas en el artículo anterior las obligaciones siguientes:

...

II. Asegurar en el cumplimiento de sus funciones la congruencia con el Programa de Acción y las Plataformas electorales ofertadas en campaña.

III. Regir sus actos de gobierno de acuerdo con el Programa de Acción y las Plataformas electorales sostenidas en campaña.

IV. Ratificar públicamente su militancia y compromiso partidista...

...

VII. Mantener una conducta de honorabilidad y vocación de servidores públicos y contribuir a dignificar la imagen del partido.”

“Artículo 58.

Los dirigentes del partido tienen además las obligaciones siguientes:

I. Promover v vigilar el estricto cumplimiento de los documentos básicos y los instrumentos normativos señalados en el artículo 14 de estos Estatutos;

...”

“Artículo 61.

Los órganos de Dirección del partido son:

...

VIII. Los Comités Directivos Estatales, municipales y distritales;

...”

“Artículo 63.

La Asamblea General de Delegados es el órgano supremo del partido, y se integra con:

...

II. La representación territorial y sectorial paritaria, según los siguientes criterios:

1. La representación territorial se integrará con:

...

c) Los Comités Directivos Estatales y del Distrito Federal en pleno.

...

f) Dos diputados locales por cada Entidad Federativa y dos diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

...”

“Artículo 68.

El Consejo Político Nacional estará integrado con:

...

III. La representación paritaria y de las estructuras territorial y sectorial del partido, cuya representación será paritaria entre una y otra estructura.

1. La representación territorial estará conformada por:

a) Los presidentes de los Comités Directivos Estatales y del Distrito Federal.

...”

“Artículo 83.

Son atribuciones del presidente del Comité Ejecutivo Nacional:

...

III. Mantener con las coordinaciones legislativas una permanente comunicación, a fin de que sus acciones se ajusten a las normas y principios contenidos en los documentos básicos.

...”

“Artículo 143.

Los dirigentes al aceptar sus cargos, protestarán ante el órgano superior o su representante que cumplirán y harán cumplir la Declaración de Principios, el Programa de Acción, los Estatutos del partido y el Código de Ética Partidaria de acuerdo con la siguiente fórmula general:

...”

“Artículo 151.

Los candidatos priístas desarrollarán sus campañas conforme a las características políticas sociales y económicas del ámbito electoral respectivo. Al efecto se apegarán a los siguientes lineamientos:

...

d) Se sujetarán invariablemente a lo establecido en las leyes electorales y demás disposiciones reglamentarias y administrativas.

...”

“Artículo 152.

“En el caso de que un candidato no cumpla con lo dispuesto en el artículo anterior, el Comité Ejecutivo Nacional podrá disponer la cancelación de su registro ante las autoridades electorales competentes en los términos de las leyes respectivas. Lo anterior independientemente de las responsabilidades en que se hubiere incurrido, de conformidad con lo dispuesto en el presente capítulo.”

De igual forma, el Código de Ética Partidaria de ese partido, expedido conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de sus Estatutos impone las siguientes obligaciones:

“Artículo 3.

El Partido Revolucionario Institucional tiene como fin de acuerdo a lo prescrito por el artículo 41 Constitucional, promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organización de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postula, y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.

En el cumplimiento de su fin, el partido compromete a sus militantes a cumplir con los documentos básicos y las plataformas electorales que el voto popular convierte en programa de gobierno.

“Artículo 4.

Todo militante del Partido Revolucionario Institucional que desempeñe un cargo de dirigente, de elección popular o en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en los Gobiernos Federal, Estatal, o Municipal, conservará sus derechos ciudadanos, en especial el político de militar en un partido, debiéndose conducir en todo tiempo con legalidad, dignidad y transparencia en los términos que imponen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los documentos básicos del partido y, en su caso, la plataforma electoral que diera origen a su cargo, así como el mandato expreso de los electores y en general, las disposiciones jurídicas que rijan el ejercicio de su cargo.”

“Artículo 5.

El desempeño de la función pública implica la responsabilidad de ejercer un mandato popular con el propósito de realizar todas aquellas actividades que corresponden al estado en los ámbitos Legislativo, Ejecutivo y Judicial que buscan satisfacer necesidades colectivas, y que éstas se desarrollen dentro del marco de vigencia del Estado de Derecho.

...”

“Artículo 12.

...

En ningún caso girará instrucciones que impliquen la transgresión de una norma jurídica o partidaria”.

Como se ha mencionado con antelación, el Gobierno del Estado de Yucatán ha desviado recursos del erario público para apoyar al Partido Revolucionario Institucional, en su actividad de resistencia al mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo que solicito con todo respeto al Secretario Ejecutivo de este Instituto, que al momento de radicar el presente asunto, independientemente del trámite que deba darle la Junta General Ejecutiva; haga del conocimiento de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y las Agrupaciones Políticas los hechos denunciados, a efecto de que instaure un procedimiento administrativo de sanciones de conformidad con el Reglamento en la materia.

En tal virtud, es procedente que la Comisión de Fiscalización revise el origen de dicho financiamiento otorgado al Partido Revolucionario Institucional, y proponga al Consejo General se apliquen las sanciones a que hace referencia el numeral 269 del código por violación al artículo 49, párrafo 2, incisos a) y b) del multicitado Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.”

 

Dicha queja fue remitida el cinco siguiente a la Junta General Ejecutiva, a efecto de que se le diera el trámite legal atinente, siendo registrada bajo el expediente JGE/QPRD/CG/004/2001.

 

II. La Junta General Ejecutiva, en sesión ordinaria de dieciséis de diciembre de dos mil dos, emitió dictamen en el que señaló que no se encontraban comprobadas las violaciones constitucionales y legales que se afirmó fueron cometidas por el partido denunciado.

 

El dictamen respectivo se envió a la consideración del Consejo General del Instituto Federal Electoral.

 

III. El Consejo General del Instituto Federal Electoral, en sesión ordinaria celebrada el veintiocho de enero de dos mil tres, mediante resolución identificada con la clave CG16/2003, recaída al expediente JGE/QPRD/CG/004/2001, declaró infundada la multirreferida queja.

 

 Las partes resolutiva y considerativa de la resolución en comento, en lo conducente dicen:

 

“... 9. Que en mérito de lo anterior, procede a fijarse la litis la cual consiste en determinar si como lo afirma el quejoso el partido denunciado incurrió en hechos o actos constitutivos de infracciones a la normatividad electoral vigente. Al respecto el Partido de la Revolución Democrática en su escrito de queja realiza imputaciones a diversos funcionarios en los términos siguientes:

a) Al Gobernador del Estado y al Congreso de Yucatán les imputa el no dar cumplimiento a la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-JRC-445/2000 acumulado al SUP-JRC-440/2000, por la cual el órgano jurisdiccional federal revocó el decreto 286 emitido por el Legislativo y publicado por el Ejecutivo Estatal, con lo que incurrieron en desacato a lo ordenado por el Tribunal Electoral Federal.

b) A los consejeros designados por el Congreso de Yucatán, a través del decreto 286, les imputa el haber continuado en funciones no obstante haber sido desconocidos por la máxima autoridad electoral.

c) Al Partido Revolucionario Institucional el haber emitido a través de su representación nacional comunicados de prensa, por medio de los cuales apoyaba los actos realizados por el Congreso y el Gobernador de Yucatán, con lo cual el quejoso concluye que incurrió en desacato a las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cometiendo infracciones a las obligaciones que se consignan en los artículos 23, 38, párrafo 1, inciso a), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

d) El apoyo manifiesto de gobernadores, alcaldes yucatecos, militantes y simpatizantes priístas a favor de los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Yucatán, utilizando recursos públicos.

Por su parte el partido denunciado, en su contestación, negó los hechos que se le imputan, manifestando que las aseveraciones expuestas por el Partido de la Revolución Democrática son simples, especulativas y frívolas.

En razón de lo anterior, tenemos en primer término que con relación a lo pretendido por el partido quejoso, respecto de las imputaciones que realiza en contra del gobernador, congreso, alcaldes y consejeros designados por el órgano legislativo del Estado de Yucatán, y que han quedado señaladas en los incisos a), b) y d), debe decirse que no existe competencia de este Instituto Federal Electoral para conocer y resolver sobre las conductas que les atribuye el actor, por no encuadrar la conducta imputada dentro de las que señala el artículo 264, párrafo 3, del código electoral.

Por lo anterior, es pertinente precisar que el quejoso manifestó primordialmente que el incumplimiento de parte de los órganos que ahora nos ocupan, consistió en el desacato a las resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los juicios de revisión constitucional SUP-JRC-445/2000 y acumulado SUP-JRC-440/2000, así como en los demás hechos que motivaron la inejecución de las resoluciones.

Lo anterior impidió la toma de protesta de los consejeros electorales designados (sic) por el Tribunal Electoral Federal, así como el inicio de sus funciones, alterando supuestamente el estado de derecho y el normal funcionamiento del órgano electoral del Estado de Yucatán, lo cual obstruyó el ejercicio de la justicia federal.

Respecto de la responsabilidad en la cual pudieran haber incurrido las autoridades mencionadas por el quejoso, con relación al desacato en que dice incurrieron, dicha determinación no corresponde valorarla a esta autoridad administrativa, en virtud de que esa facultad corresponde única y exclusivamente a la autoridad jurisdiccional emisora de la sentencia y con relación a quien la misma considere que es sujeto obligado a cumplirla, como en la especie aconteció en la interlocutoria que emitió el Tribunal en el incidente de inejecución de sentencia promovido por el ahora quejoso.

Asimismo, la responsabilidad que pudiera derivar de las conductas referidas e imputadas al Congreso del Estado de Yucatán y sus decisiones competen única y exclusivamente a dicho órgano sobre el cual no existe competencia de esta autoridad administrativa para resolver sobre el particular; sin embargo de dicha determinación no puede imputarse ninguna conducta al partido denunciado por ser actos realizados por funcionarios integrantes del poder legislativo, cuya responsabilidad es sólo atinente al órgano de gobierno al que pertenecían dichos funcionarios.

Es de importancia resaltar, que si bien los integrantes del Congreso Estatal pueden ser militantes o pertenecer al Partido Revolucionario Institucional, tal circunstancia resulta irrelevante, toda vez que las actuaciones de éstos, están revestidas del poder de imperio que la Constitución Política del Estado Soberano de Yucatán les confiere a los funcionarios del Poder Legislativo; por ello resulta infundada la pretensión del quejoso respecto de los actos imputados a los integrantes de la fracción parlamentaria del partido denunciado ante el congreso estatal, en virtud de ser resultado de actos de soberanía estatal.

Con relación a las imputaciones realizadas al Partido Revolucionario Institucional, y siendo el Instituto Federal Electoral el órgano constitucional facultado para aplicar la normatividad federal, conforme al artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, compete a esta autoridad vigilar que los partidos políticos nacionales actúen dentro del marco legal establecido, razón por la que se procede a realizar el estudio de las pruebas aportadas por el quejoso, desprendiéndose que los hechos narrados por el actor se circunscriben a exponer los emitidos por notas periodísticas, mismas que por su condición no son de tomarse en consideración en virtud de que con las mismas no se acreditan hechos concretos imputables al partido denunciado.

En efecto, las notas periodísticas que acompaña no constatan la supuesta alteración del estado de derecho, ni del normal funcionamiento de los órganos electorales a cargo de militantes del Partido Revolucionario Institucional. A juicio de esta autoridad administrativa el actor no presenta evidencias que acrediten incumplimiento alguno de los preceptos invocados por éste, toda vez que, para que las notas periodísticas exhibidas tengan eficacia probatoria, necesariamente deben adminicularse con otros medios de prueba con el objeto de que se les pueda dar valor probatorio, lo que en el presente caso no acontece, ya que, si bien existen en autos las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaídas a los juicios de revisión constitucional e incidental, citados con anterioridad, las mismas no contienen ninguna obligación por parte del denunciado instituto político. Por el contrario, éstas se refieren a hechos y actos atribuibles tanto al Gobierno como al Congreso del Estado de Yucatán; en consecuencia las notas periodísticas resultan ineficaces para acreditar los extremos que pretende su oferente.

Abundando sobre las pruebas aportadas, debe decirse que se trata de documentales privadas, mismas que se valoran en términos de lo que dispone el artículo 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, atendiendo a las reglas de la sana crítica y la experiencia, considerando que dichas documentales tendrán valor probatorio pleno, cuando de acuerdo a los argumentos de las partes, los elementos que obren en el expediente, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí, generen plena convicción sobre la veracidad de los hechos.

Ahora bien, con relación a los comunicados de prensa emitidos por el Partido Revolucionario Institucional con números C-621/2001, C- 624/2001, C-652/2001, C-655/2001 y C-656/2001, de fechas trece y quince de enero, ocho, diez y once de febrero de dos mil uno, con los cuales el quejoso pretende acreditar la conducta negativa de la dirigencia y militantes del denunciado, en el sentido de que no acató las resoluciones del Tribunal Electoral Federal, y alteró el estado de derecho y el normal funcionamiento de los órganos electorales del Estado de Yucatán, transgrediendo lo dispuesto por los artículos 23 y 38, párrafo 1, inciso a), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y de los documentos básicos del partido denunciado, debe decirse lo siguiente:

Es de estimarse que los boletines de prensa aludidos por el quejoso, para esta autoridad únicamente representan la expresión por parte del Partido Revolucionario Institucional respecto a una resolución del Tribunal Electoral Federal que desde su personal punto de vista es contraria a sus intereses, lo cual deja de manifiesto exclusivamente la garantía de libertad de expresión que tiene toda persona física o moral en la manifestación de sus ideas. Además, el contenido de las mismas tampoco implica desacato a alguna resolución, sino simplemente la expresión libre de ideas de uno de los actores políticos. Otorgarle algún otro valor probatorio a tales documentos sería atentar en contra de la libertad de expresión contenida en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En efecto, las notas periodísticas y los boletines de prensa aportados como prueba por el Partido de la Revolución Democrática no demuestran incumplimiento de parte del instituto político denunciado al contenido de los artículos 23 y 38 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en virtud de que los mismos sólo refieren apreciaciones personales de sus autores.

Con relación a lo expresado en las resoluciones del Tribunal Electoral Federal en los juicios de revisión, mismas que obran en autos, la obligación de hacer va dirigida a personas y órganos de gobierno distintos del partido político denunciado.

En consecuencia, es el órgano jurisdiccional quien debe determinar el incumplimiento en que hubieren incurrido los obligados, como lo hizo al emitir su interlocutoria en el incidente de inejecución de sentencia del once de diciembre de dos mil, requiriendo al Congreso del Estado de Yucatán el cumplimiento de la sentencia emitida por dicha instancia federal, cuyos puntos resolutivos señalan lo siguiente:

‘Resuelve.

Primero. Se declaran fundados los incidentes por la inejecución de la sentencia dictada el quince de noviembre de dos mil en los expedientes identificados con las claves SUP-JRC-440/2000 y SUPJRC-445/2000, acumulados, promovidos por los partidos políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, mediante escritos presentados el veintiuno y veintitrés de noviembre de dos mil.

Segundo. Se hace efectivo el apercibimiento previsto en el resolutivo cuarto de la sentencia precisada en el resolutivo que antecede, como consecuencia de su incumplimiento, por lo que se impone amonestación por escrito al Presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Yucatán, por las razones que se expresan en el considerando tercero de esta resolución.

Tercero. Se requiere al Honorable Congreso del Estado de Yucatán para que, a través de su Comisión Permanente de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales, así como del Pleno del Propio Congreso Local, dé cabal cumplimiento a la sentencia dictada por esta Sala Superior el quince de noviembre de dos mil en los expedientes identificados con las claves SUP-JRC-440/2000 y SUP-JRC-445/2000, acumulados, por lo que dicha Comisión Permanente deberá reunirse en el plazo máximo de veinticuatro horas, contado a partir de que reciba la notificación de esta resolución, con el objeto de realizar todas las obligaciones de hacer precisadas en el considerando quinto de dicha sentencia, conforme con los plazos que en dicho considerando se establecen.

Cuarto. Se apercibe al Honorable Congreso del Estado, a través de su Comisión Permanente de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales, así como del Pleno del propio Congreso local, de que en caso de no iniciar en el mencionado plazo de veinticuatro horas la realización de las acciones ordenadas en la sentencia citada, esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a efecto de garantizar la plena ejecución de su sentencia, proveerá todas las medidas necesarias a fin de lograr el cabal cumplimiento de la misma, iniciando con la formulación de los requerimientos a las organizaciones sociales y los candidatos propuestos por éstas y diversos partidos políticos según se precisa en el considerando quinto de la sentencia indicada, hasta obtener la debida integración del Consejo Electoral del Estado de Yucatán.

Quinto. Se ordena al Honorable Congreso del Estado de Yucatán, a través de su Presidente de Mesa Directiva, para que en el plazo de veinticuatro horas, contado a partir de que se reúna la Comisión Permanente de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales, primeramente vía fax a los teléfonos 5695-9852, 5696-7316 ó 5728-2383 y posteriormente por la vía que considere más expedita e idónea, informe que se ha iniciado el cumplimiento de la sentencia dictada en los expedientes al rubro precisados, en el entendido de que si no procede en estos términos, independientemente de las responsabilidades administrativas, penales y políticas a que haya lugar; se tendrá por presuntivamente cierto que continúa el desacato por parte de ese Honorable Congreso del Estado de Yucatán al fallo dictado el quince de noviembre de dos mil en los expedientes identificados con las claves SUP-JRC-440/2000 y SUP-JRC-445/2000, acumulados, por lo que esta Sala Superior procederá en los términos señalados en el resolutivo cuarto anterior.’

Con base en lo anterior, se concluye que el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que quien incurrió en desacato al incumplir con su resolución lo fue el órgano legislativo del Estado de Yucatán, en consecuencia resultan infundados los argumentos vertidos por el actor en la queja que nos ocupa.

Esta autoridad conforme a las facultades y obligaciones establecidas en los artículos 73 y 82, párrafo 1, inciso h), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los hechos y consideraciones de derecho expuestas por el quejoso, respecto de la violación por parte del partido denunciado de preceptos legales, realizó un análisis lógico-jurídico de las disposiciones específicas establecidas en los artículos 23, 25 y 82 del Código Electoral Federal, mismas que establecen las obligaciones tanto de los militantes como del partido denunciado y, en atención a dichos dispositivos, se analizaron los artículos 1 y 2 de la Declaración de Principios, 1, 9, 10, 11, 21, 22, 53, 56, 57, 58, 61, 63, 68, 83, 143, 151 y 152 de los Estatutos, así como 3, 4, 5 y 12 del Código de Ética Partidaria del Partido Revolucionario Institucional.

Del análisis realizado, por esta autoridad, se concluye de una interpretación sistemática y funcional, que por lo que respecta a las violaciones constitucionales y legales cometidas presuntamente por el partido denunciado, y con los elementos aportados por el actor, que no existe la plena convicción de irregularidad por parte del Partido Revolucionario Institucional.

En efecto, si bien en los artículos de los documentos básicos citados, se establece cuál debe ser el comportamiento que deben asumir los militantes o miembros del Revolucionario Institucional, entre las que pudiese encontrarse el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Electoral Federal, mismas cuyos expedientes se han mencionado con anterioridad, en el caso que nos ocupa, no se acreditó responsabilidad alguna del partido denunciado, dado que de autos no se desprende la existencia de conductas que impliquen trasgresión a ninguna norma jurídica o estatutaria del partido.

Las obligaciones contenidas en los documentos básicos relativas a la obligación de los militantes y miembros del partido denunciado de conducirse con legalidad en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes reglamentarias, no obstante que el denunciante las menciona en su queja, según la constatación de los hechos y argumentos que obran en autos, no han creado en esta autoridad una plena convicción con base en la cual se considere procedente sancionar al partido político denunciado.

Con relación al supuesto desacato en que, dice el quejoso, incurrió el Partido Revolucionario Institucional, debe decirse que de conformidad con las constancias que obran en autos (como se ha expresado con anterioridad), esta autoridad llega a la conclusión de que no existió tal situación, ni violación a los artículos 23, 25 y 38 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en virtud de que no se acreditó la figura de desacato, ya que la obligación de hacer, como se ha manifestado, de conformidad con las resoluciones del Tribunal Electoral Federal, correspondió en todo momento a las autoridades estatales de Yucatán.

En las anotadas circunstancias, esta autoridad administrativa considera que, para que se dé la figura de desacato, debe existir una declaración expresa, formal y legal por parte de la autoridad emisora del acto o resolución, que considere como no cumplido o ejecutado el acto por quien jurídicamente se encuentra obligado a realizarlo y, en su momento la instancia jurisdiccional se ha pronunciado en el sentido de considerar que fueron las instancias estatales quienes configuraron tal circunstancia.

De conformidad con lo anterior, cabe decir que el partido quejoso utilizó los medios legales y procesales ante la instancia correspondiente, que finalmente concluyó con las resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien emitió las sentencias y acuerdos correspondientes a efecto de hacer efectiva las mismas por parte de los obligados, que, en este caso, fueron las instancias estatales de Yucatán.

En este orden de ideas, por lo que se refiere al supuesto incumplimiento de las sentencias por parte de la dirigencia y militantes del partido denunciado, que el actor señala como desacato, a juicio de esta instancia administrativa, no se llega a configurar su procedencia, toda vez que, para que se dé esta figura, debe de contar con un requisito sine qua non consistente en la declaración expresa, formal y legal de la autoridad emisora de la resolución que fue desacatada, a través de una actuación judicial, ya que la emisora ha sido dotada de instrumentos legales suficientes y eficaces por parte del legislador para hacer cumplir sus determinaciones.

En consecuencia, la figura del desacato, no nace a la vida jurídica por la simple expresión unilateral de una de las partes en el litigio, toda vez que se necesita el pronunciamiento de la autoridad emisora de la resolución, en la que conste la determinación respecto del incumplimiento y el o los actores que incurrieron en el mismo y, en ese sentido tenemos que en esta materia, las medidas de apremio se encuentran contenidas en los artículos 32 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 89 y 90 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo texto es el siguiente:

‘Artículo 32.

1. Para hacer cumplir las disposiciones del presente ordenamiento y las sentencias que dicte, así como para mantener el orden y el respeto y la consideración debidos, el Tribunal Electoral podrá aplicar discrecionalmente los medios de apremio y las correcciones disciplinarias siguientes:

a) Apercibimiento;

b) Amonestación;

c) Multa hasta por cien veces el salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal. En caso de reincidencia se podrá aplicar hasta el doble de la cantidad señalada;

d) Auxilio de la fuerza pública; y

e) Arresto hasta por treinta y seis horas.’

‘Artículo 89.

Las correcciones disciplinarias a que se refiere el artículo 32 de la Ley General podrán ser aplicadas a las partes, sus representantes, los servidores públicos del Tribunal Electoral y, en general, a cualquier persona que provoque desorden, no guarde el respeto y la consideración debidos o se conduzca con falta de probidad y decoro.

Los medios de apremio a que se refiere el precepto citado, podrán ser aplicados a las partes, sus representantes y, en general, a cualquier persona, con el propósito de hacer cumplir las determinaciones de los órganos jurisdiccionales, actuando de manera colegiada o unitaria.

Si la conducta asumida pudiese constituir delito, el Presidente de la Sala ordenará que se levante el acta correspondiente y que se haga del conocimiento de la autoridad competente, para que proceda conforme a derecho.’

‘Artículo 90.

En la determinación de los medios de apremio y las correcciones disciplinarias, la sala competente, su presidente o el magistrado correspondiente tomará en consideración las circunstancias particulares del caso, las personales del responsable y la gravedad de la conducta.

Por cuanto hace a los órganos del Instituto, así como las autoridades federales, estatales y municipales y los notarios públicos, el apercibimiento podrá consistir en aplicar el medio de apremio o la corrección disciplinaria, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad que pudiera derivarse.’

Por su parte el artículo 183 del Código Penal Federal, dispone en el sentido de la no existencia de la conducta por la que pretende sancionar al partido denunciado, toda vez que establece:

‘Artículo 183. Cuando la ley autorice el empleo del apremio para hacer efectivas las determinaciones de la autoridad, sólo se consumará el delito de desobediencia cuando se hubieren agotado los medios de apremio.’

Con fundamento en lo anterior, resulta claro que, al existir en la legislación electoral medios de apremio para que la autoridad electoral apoye el cumplimiento de sus determinaciones, como es el caso, es necesario la terminación de las mismas en donde conste el desacato al cumplimiento de la resolución, y con antelación la fijación de alguna de las medidas de apremio que hubiere considerado conveniente aplicar, conforme a su criterio.

Por lo tanto, con base en las anteriores consideraciones, tenemos que en ningún momento se configura desacato alguno por parte del Partido Revolucionario Institucional, como lo alega el partido actor, y en consecuencia no se acreditan transgresiones a la normatividad electoral, razón por la cual se propone determinar como infundada la queja planteada por el Partido de la Revolución Democrática.”

XIII. En tal virtud y visto el dictamen relativo al expediente número JGE/QPRD/CG/004/2001, se procede a determinar lo conducente, al tenor de los siguientes:

Considerandos.

1. Que en términos del artículo 270, del Código Electoral, este Consejo General tiene facultades para conocer de las infracciones a la normatividad electoral federal, sustanciar el procedimiento administrativo respectivo a través de la Junta General Ejecutiva del Instituto, la cual elabora el dictamen correspondiente que se somete a la consideración de este órgano superior de dirección, para que en ejercicio de las facultades que le otorga el código de la materia determine lo conducente y aplique las sanciones que en su caso procedan.

2. Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 38, párrafo 1, inciso a), del código electoral, es obligación de los partidos políticos nacionales conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta, así como la de sus militantes, a los principios del estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos.

3. Que el dispositivo 39, párrafos 1 y 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que el incumplimiento de las obligaciones de los partidos políticos se sancionará en los términos de lo dispuesto en el Título Quinto, del Libro Quinto, del ordenamiento legal invocado y, que la aplicación de las sanciones administrativas es facultad del Consejo General del Instituto Federal Electoral.

4. Que el artículo 73 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que el Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad guíen todas las actividades del Instituto.

5. Que el diverso 82, párrafo 1, incisos h) y w), del código de la materia, consigna como atribución del Consejo General, el vigilar que las actividades de los partidos políticos nacionales y de las agrupaciones políticas se desarrollen con apego al código y cumplan con las obligaciones a que están sujetos, así como, conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan.

6. Que atento a que la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral es reglamentaria de los artículos 41, 60 y 99, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de la presente resolución, resulta aplicable en lo conducente.

7. Que en consideración a que se ha realizado el análisis respectivo de la queja, en la forma y términos que se consignan en el dictamen aprobado por la Junta General Ejecutiva del Instituto, el dieciséis de diciembre de dos mil dos, el cual se tiene por reproducido a la letra, se dictaminó declarar infundada la queja presentada por el ciudadano Pablo Gómez Álvarez, en representación del Partido de la Revolución Democrática.

En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, con fundamento en los artículos 38, párrafo 1, incisos a) y s); 39, párrafos 1 y 2; 40, párrafo 1; 73, 82, párrafo 1, inciso h); 269 y 270 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y en ejercicio de la atribución conferida por el numeral 82, párrafo 1, incisos h), w) y z), del ordenamiento legal antes invocado, este Consejo General emite la siguiente:

Resolución.

Primero. Se declara infundada la queja presentada por el ciudadano Pablo Gómez Álvarez, en representación del Partido de la Revolución Democrática, en contra del Partido Revolucionario Institucional.”

 

IV. Inconforme con la trasunta resolución, mediante escrito presentado el primero de febrero de dos mil tres, ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, el Partido de la Revolución Democrática, a través de su representante, interpuso el recurso de apelación que ahora se resuelve.

 

En la tramitación respectiva no compareció tercero interesado a formular alegatos.

 

V. Oportunamente, el Magistrado Presidente de este Órgano Jurisdiccional, turnó el presente expediente a la Magistrada Electoral Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, para los efectos a que se refiere el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

 

VI. Concluida la sustanciación atinente, se declaró cerrada la instrucción y se ordenó formular el proyecto de sentencia correspondiente; y,

 

C O N S I D E R A N D O :

 

PRIMERO. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es competente para conocer y resolver este asunto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 41, párrafo segundo, base IV, 99, párrafo cuarto, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 186, fracción III, inciso a), y 189, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica de dicho Poder de la Unión; así como 4 y 44, párrafo 2, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en razón de que un partido político nacional está impugnando una resolución dictada por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, durante el proceso electoral federal ordinario.

 

SEGUNDO. El Partido de la Revolución Democrática hace valer los siguientes agravios:

 

Primero.

 1. Fuente generadora del agravio. Lo constituye el considerando 7 siete arábigo y todos los puntos resolutivos de la resolución impugnada, dictada por el Consejo General del Instituto Federal Electoral.

 Artículos constitucionales y legales violados. Artículos 14, 16, 17 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo 1, 2, 3, 23, 36, párrafo 1, incisos b) y k), 38, 39, 40, 69, párrafos 1 y 2, 73, 82, párrafo 1, incisos h) y w), 131, 269 y 270 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

 Concepto de agravio. La resolución impugnada carece de congruencia externa, violando con ello el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 La responsable al fijar la litis indebidamente estima que los hechos denunciados por mí representado consistían en el desacato en que incurrieron diversas autoridades en el Estado de Yucatán y el Partido Revolucionario Institucional a diversas sentencias dictadas por esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

 Esto puede apreciarse en la foja 111 de la resolución, donde fija la litis y señala que el partido político que represento denunció el desacato en que incurrieron “diversos funcionarios”, como a) el Gobernador y el Congreso del Estado de Yucatán, b) los consejeros designados por el Congreso de Yucatán por la vía del Decreto 286, c), el Partido Revolucionario Institucional al haber emitido a través de su representación nacional comunicados de prensa, con lo cual –afirma la responsable– el quejoso concluye que incurrió en desacato a las resoluciones de este Tribunal Electoral y d) el apoyo manifiesto de gobernadores, alcaldes yucatecos, militantes y simpatizantes priístas a favor de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de Yucatán utilizando recursos públicos.

 Con base en dicha supuesta litis, el Consejo General del Instituto Federal Electoral pretende desestimar la queja presentada por el Partido de la Revolución Democrática.

 Así, en el primer caso (relativo a los incisos a), b) y d), se declara incompetente para conocer sobre diversos actos imputables al Gobernador y al Congreso del Estado de Yucatán, a los consejeros electorales, gobernadores, alcaldes yucatecos y militantes y simpatizantes priístas. (visible en el tercer párrafo de la hoja 112 de la resolución).

 En principio debe destacarse que la declaración de incompetencia de la responsable respecto a los militantes y simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional, es violatoria del principio de legalidad, pues al estimar que es incompetente para conocer sobre sus actos, omite realizar la indagatoria correspondiente, no se pronuncia sobre el particular y por ende deja de vigilar el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 38, párrafo 1, inciso a), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que impone la obligación para los partidos políticos de conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos, violación que fue denunciada por el suscrito en el escrito original de queja.

 Asimismo, señala también la responsable que si bien los integrantes del Congreso Estatal pueden ser militantes o pertenecer al Partido Revolucionario Institucional tal circunstancia resulta a su juicio irrelevante, toda vez que las actuaciones de éstos están revestidas del poder de imperio que la Constitución Política del Estado Soberano de Yucatán les confiere a los funcionarios del Poder Legislativo.

 Es decir sostiene, en principio, que mi representado imputó diversas conductas a funcionarios del Estado de Yucatán, servidores públicos de algunos otros estados y a militantes y simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional.

 Sin embargo, contrario a lo sostenido por la responsable, mi representado no imputó conductas a dichos sujetos, sino al Partido Revolucionario Institucional lo cual se puede apreciar de una lectura cuidadosa del escrito de queja y particularmente de los apartados relativos al derecho y de las responsabilidades.

 Si bien es cierto en el capítulo de hechos se narraron una serie de circunstancias relacionadas con dichas personas, eso fue para proporcionar al Instituto Federal Electoral un contexto amplio de las circunstancias en que se desarrollaron las conductas imputadas al Partido Revolucionario Institucional, pero nunca se solicitó se conociera sobre conductas y se sancionara a sujetos distintos al partido político denunciado.

 Por otro lado, a partir de la foja 113 de la resolución, la responsable supuestamente analiza las imputaciones que se realizan en la queja al Partido Revolucionario Institucional, sin embargo lo hace de manera incorrecta, pues también parte de la premisa falsa de que en la denuncia se le imputaba a dicho partido un presunto desacato a las resoluciones de esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

 Es decir que, el Consejo General responsable se apartó de lo que le fue originalmente planteado en la queja, pues en la queja presentada por el ahora actor, no se acusó al Partido Revolucionario Institucional de desacato a una resolución, sino de diversas conductas que implicaban violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

 En ese tenor, carece de relevancia lo sostenido por la responsable en el sentido de que no se acreditaba el presunto desacato en que habrá incurrido el partido político denunciado, porque señala el cumplimiento de las resoluciones dictadas por este Tribunal correspondió en todo momento a las autoridades estatales de Yucatán.

 Asimismo, carece de sentido las consideraciones que realiza sobre lo que significa el término desacato y sus consecuencias jurídicas, pues, como ha quedado destacado, mi representado no señaló al partido denunciado como responsable de desacato, sino de otras conductas distintas.

 Es por lo anterior que la resolución impugnada es violatoria al principio de congruencia externa pues, el partido político que represento no imputaba conductas a personas ajenas al partido denunciado ni lo identificaba como responsable de desacato, sino de otras conductas diferentes, violatorias a la Constitución y al código de la materia.

 En efecto, en el escrito de queja el suscrito hace notar a la autoridad las siguientes conductas y violaciones en que pudo haber incurrido el Partido Revolucionario Institucional, lo cual se resume en el apartado que se denomina de las responsabilidades.

 Por su importancia transcribo la parte medular:

 “(...)

 De las responsabilidades.

 La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los términos de lo ordenado por el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, órgano especializado del Poder Judicial de la Federación al cual le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable las impugnaciones de actos y resoluciones definitivas y firmes de las autoridades competentes en las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver controversias que surjan durante los mismos.

 En pleno uso de tales atribuciones constitucionales, la citada Sala Superior ha impuesto obligaciones de hacer a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Yucatán, y a personas diversas, mediante una sentencia definitiva, firme e inatacable, así como en diversas actuaciones derivadas del fallo y encaminadas a su ejecución. Sin embargo, los funcionarios que representan tales poderes, determinaron desacatar la resolución de marras, omitiendo realizar los actos mandatados por el Tribunal Federal y manifestando públicamente su rechazo a la resolución dictada por la autoridad jurisdiccional federal en el ejercicio de sus atribuciones.

 Por su parte, el Partido Revolucionario Institucional por conducto de su dirigencia y su militancia, el día quince de enero del año que transcurre, impidió que los consejeros ciudadanos designados (sic) por el Tribunal Electoral tomaran posesión de las instalaciones del Consejo Electoral del Estado de Yucatán; a efecto de tomar posesión del patrimonio del órgano electoral y de realizar su instalación formal, en cumplimiento de la resolución dictada por el Poder Judicial Federal.

 A efecto de apoyar dichos actos, el Gobierno del Estado de Yucatán y diversos gobiernos municipales, agremiados en una agrupación que se ha denominado “Frente Único de Alcaldes del PRI”, han utilizado fondos públicos, distrayéndolos del fin para el que fueron destinados, a favor de la causa enarbolada por el Partido Revolucionario Institucional, trasladando personas de los distintos municipios de la entidad para impedir en forma violenta el ingreso de los consejeros designados (sic) por el Tribunal. Así también, han financiado equipos de sonido, alimentos, bebidas, sillas, lonas y mantas de los simpatizantes y militantes del Partido Revolucionario Institucional que hasta la fecha se mantienen en plantón permanente frente a las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de Yucatán, para impedir que los funcionarios electorales designados (sic) por el Tribunal tomen posesión de las instalaciones.

 No conforme con obstaculizar el cumplimiento de la sentencia dictada por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en nuestro país, el partido político ahora denunciado registró (en fechas y actos diversos) a su representante, su plataforma electoral y a su candidato a Gobernador del Estado de Yucatán, ante el sedicente Consejo Electoral del Estado de Yucatán integrado conforme al Decreto 286 del H. Congreso del Estado de Yucatán; a sabiendas que dicho decreto había sido revocado por el Tribunal Electoral Federal y que se habían dejado sin efectos (mediante resolución definitiva y firme) todos aquellos actos y resoluciones emanados del mencionado Consejo Electoral, además de que dicho instituto político ha estado recibiendo ministraciones económicas del Consejo Electoral sedicente, por lo que al recibir recursos financieros diversos a los contemplados en la ley, violenta el marco normativo que se encuentra obligado a respetar.

 Es decir, que, el Partido Revolucionario Institucional en su carácter de partido político con registro nacional, ha realizado diversos actos ante un grupo de personas que indebidamente se ostentan como Consejeros ciudadanos del Consejo Electoral del Estado de Yucatán, teniendo dicho partido político pleno conocimiento de causa que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación había dejado sin efecto la integración del Consejo Electoral del Estado de Yucatán realizada conforme al Decreto 286 del Congreso del Estado de Yucatán; y que por tanto, cualquier acto realizado ante dicho órgano es nulo de pleno derecho.

 El Partido Revolucionario Institucional de manera institucional, en voz de sus dirigentes y mediante diversos comunicados de prensa emitidos por el Comité Ejecutivo Nacional del mencionado instituto político, no solamente ha reconocido la realización de actos ante un órgano electoral inexistente e invalidado por el Tribunal Electoral Federal, sino que han otorgado su apoyo incondicional a los militantes de su partido que se encuentran en desacato a la jurisdicción electoral federal, y ha desconocido y cuestionado las facultades con que cuenta la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

 En este punto, es importante resaltar que el Partido Revolucionario Institucional cuestiona la resolución del Tribunal Electoral, porque a su entender, el órgano máximo de decisión en materia electoral en nuestro país se excedió en sus facultades al conocer y revocar un acto emanado del Poder Legislativo de una entidad federativa en nuestro país. Sin embargo, de manera por demás incongruente, en el Juicio de Revisión Constitucional Electoral identificado con el número de expediente SUP-JRC-004/2000, y resuelto con fecha treinta de enero del año que transcurre, sometió a la jurisdicción de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, un litigio en el que reclamó la designación de un magistrado electoral realizada por el congreso de una entidad federativa, reconociendo expresamente que dicho Tribunal cuenta con facultades constitucionales y legales para conocer de asuntos de tal naturaleza. En dicho juicio, dicho sea de paso, el partido político ahora denunciado, obtuvo sentencia favorable.

 Al haber reiteradamente apoyado y coadyuvado el Partido Revolucionario Institucional, en la obstaculización de la libre instalación y funcionamiento del Consejo Electoral del Estado de Yucatán designado (sic) por el Tribunal Electoral Federal, está afectando gravemente el desarrollo del proceso electoral, pues el mandato judicial implica la debida instalación de dicho Consejo Electoral, la cual se encontraba prevista en términos legales para los primeros días del mes de noviembre del año dos mil.

 Por otra parte, la fecha de la jornada electoral en el Estado de Yucatán se encuentra prevista para el día veintisiete de mayo del año que transcurre, en términos de lo ordenado por la Constitución Política y la legislación en materia de dicha Entidad Federativa; por lo que, los actos que han impedido la instalación del órgano encargado de organizar los comicios locales, libres, auténticos y periódicos; estrictamente apegados a los principios de constitucionalidad y legalidad, así como a los principios de imparcialidad, objetividad, certeza e independencia, por parte de una autoridad autónoma cuyos integrantes sean designados en forma legal, tal y como prescribe el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 El hecho de que a la fecha no se haya constituido debidamente el Consejo Electoral del Estado de Yucatán, ha demorado la realización de todos y cada uno de los actos que están comprendidos y calendarizados en la etapa de preparación de la elección por la legislación electoral de Yucatán, todo lo cual, de manera particular, encuentra su origen en los actos realizados por el Partido Revolucionario Institucional.

 Es así, que al obstruirse la ejecución de la resolución definitiva, firme e inatacable dictada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se ha propiciado la demora en el cumplimiento de la sentencia, ha dado lugar a un grave retraso en el inicio del proceso electoral y de las actividades que debe realizar para tal efecto el órgano constitucional facultado para ello que es, a saber, el Consejo Electoral del Estado de Yucatán, cuyos integrantes fueron designados (sic) por el Tribunal Electoral Federal, con las facultades que le confieren los artículos 1, 5, 6, párrafo 3, 21, 25 y 93, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, entre otras disposiciones constitucionales y legales.

 Además de lo anterior, en el caso que nos ocupa, el Partido de la Revolución Democrática es parte en el juicio de revisión constitucional, al haber sido uno de los partidos actores que presentaron la excitativa de justicia ante el máximo órgano jurisdiccional electoral en nuestro país, por considerar que le había sido vulnerado su interés jurídico.

 El Tribunal Electoral, al dictar una resolución acogiendo las pretensiones del partido político que represento, emitió un acto de autoridad revestido con el imperio del Estado. Sin embargo, la pretensión del Partido de la Revolución Democrática, en su carácter de parte en el juicio, no se encuentra satisfecha, por la resistencia y renuencia a que se cumplimente el fallo dictado por el Tribunal.

 La pretensión de mí representado no se verá colmada, en tanto que no se garantice la satisfacción de los intereses tutelados por las normas que en su momento fueron declaradas como violadas. En el caso que nos ocupa, dicho interés consistía en la designación de un órgano electoral cuya integración garantizara la celebración de elecciones libres, auténticas y periódicas; estrictamente apegadas a los principios de constitucionalidad y legalidad, así como a los principios de imparcialidad, objetividad, certeza e independencia, garantizando el sufragio universal, libre, secreto y directo de los ciudadanos yucatecos.

 En tanto no se colme a satisfacción la pretensión de mí representado, garantizando la plena ejecución de la sentencia del Tribunal Electoral, se está incumpliendo con nuestra garantía constitucional de justicia completa y expedita, prevista y tutelada por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 La conducta de los dirigentes y militantes del Partido Revolucionario Institucional ha alterado gravemente el estado de derecho y el normal funcionamiento de los órganos de gobierno. Dicho instituto político, por tanto, incurre en una serie de responsabilidades de distinto orden, pues con los hechos ampliamente referidos, se afectan las atribuciones y el normal funcionamiento de un órgano del Poder Judicial de la Federación, así como disposiciones de rango constitucional.

 En efecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 41, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y demás ordenamientos secundarios en materia electoral, son el marco jurídico que regula la actuación de los partidos políticos nacionales, determinando sus fines, ámbito de actuación y señalando derechos y obligaciones de los mismos.

 En términos de lo ordenado por dicho precepto constitucional, los partidos políticos con registro nacional, contamos con el derecho a participar en las elecciones estatales y municipales, pero tal atribución debe ejercerse siempre en el marco de la ley.

 En el caso que nos ocupa, el Partido Revolucionario Institucional y sus militantes, violan en forma grave la mencionada disposición constitucional, en relación con los artículos 99 y 116 de nuestra ley fundamental, al incurrir en una serie de actos que han obstaculizado el cumplimiento de una resolución definitiva, firme e inimpugnable del Tribunal Federal, impidiendo con ello, el ejercicio de la justicia federal y el normal funcionamiento del Consejo Electoral del Estado de Yucatán.

 Para el caso de incumplimiento grave de las obligaciones, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (ordenamiento que regula la actividad de los partidos políticos con registro nacional como entidades de interés público), dispone en su artículo 39, que el incumplimiento de las obligaciones señaladas por el mismo código debe sancionarse en los términos del Título Quinto del Libro Quinto de dicho ordenamiento.

 El mismo dispositivo legal en su párrafo 2, señala que las sanciones administrativas se aplicarán por el Consejo General del Instituto con independencia de las responsabilidades civil o penal que en su caso pudieran exigirse en los términos de la ley a los partidos políticos, las agrupaciones políticas, dirigentes y candidatos.

 En esta tesitura, el artículo 23 del Código Federal antes citado, dispone en su párrafo 1, que, los partidos políticos, para el logro de sus fines establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben ajustar su conducta a las disposiciones establecidas en el mismo código.

 En relación con lo anterior, el artículo 38, párrafo 1, en su inciso a), dispone la obligación de los partidos de conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los ciudadanos.

 El inciso b) del mismo artículo obliga a los institutos políticos a abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga por objeto o resultado alterar el orden público, perturbar el goce de las garantías o impedir el funcionamiento regular de los órganos de gobierno.

 “Artículo 38.

 1. Son obligaciones de los partidos políticos:

 a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos;

 b) Abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga como objeto o resultado alterar el orden público, perturbar el goce de las garantías o impedir el funcionamiento regular de los órganos de gobierno;

 c) al o)...

 p) Abstenerse de cualquier expresión que implique diatriba, calumnia, injuria, difamación o que denigre a los ciudadanos, a las instituciones públicas o a otros partidos políticos o candidatos, particularmente durante las campañas electorales y en la propaganda política que se utilice durante las mismas;

 q) y r)...

 s) Las demás que establezca este Código.”(sic) 

 El mismo numeral 38, en su párrafo 1, inciso s), obliga a los institutos políticos a sujetarse a las demás obligaciones que establezca el código.

 Con los actos denunciados, el Partido Revolucionario Institucional se aparta de los cauces legales, pues sus dirigentes y sus militantes, no ajustan su conducta a los principios del Estado democrático, omitiendo asimismo respetar la libre participación política de los ciudadanos, lo cual constituye una clara violación al citado artículo 38 del código electoral.

 Viola así mismo, el inciso b) del citado numeral, que obliga a los institutos políticos a abstenerse de realizar cualquier acto que tenga por objeto o resultado perturbar el goce de las garantías, por las razones que han sido ampliamente expuestas.

 Ahora bien; la violación al artículo 38, párrafo 1, inciso a), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se actualiza de manera clara en el caso en estudio, por las razones que se exponen a continuación:

 En el Recurso de Apelación identificado con la clave SUP-RAP-010/99, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha establecido un precedente, con el que interpreta el alcance de lo previsto en dicho precepto legal, el cual impone la obligación a los partidos políticos para que conduzcan sus actividades dentro de los cauces legales y ajusten su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos.

 Señala en su resolución el Tribunal Electoral Federal que para efectos de la interpretación de dicho precepto, debe entenderse por militantes todos aquellos miembros activos de los partidos políticos, que no se concreten a afiliarse al partido político para mantener dentro de él una actitud pasiva, sino que por el contrario, cuentan con una manera de proceder activa, realizando actos de diversa naturaleza en beneficio del instituto político al que pertenecen.

 Sostiene también el Tribunal, que el mencionado inciso a), del párrafo 1, del artículo 38, al hablar de que los partidos políticos y sus militantes deben conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos, se refiere a las conductas de los militantes que se relacionen directa e inmediatamente con el trabajo partidista, con su participación dentro de la vida del partido político, con las funciones partidistas, con la acción partidista y por ende con los fines fundamentales de los partidos políticos, consistentes en promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público.

 En el presente caso, se denuncian hechos en que han participado militantes activos de base del Partido Revolucionario Institucional que han mantenido un “plantón” permanente en la sede del Consejo Electoral del Estado de Yucatán, para impedir la instalación de los consejeros ciudadanos designados (sic) por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y con ello la ejecución de su sentencia; la dirigencia estatal de dicho instituto político que determinó registrar (en fechas y actos diversos) a su representante, su plataforma electoral y a su candidato a Gobernador del Estado de Yucatán, ante el sedicente Consejo Electoral del Estado de Yucatán; a sabiendas que dicho decreto había sido revocado por el Tribunal Electoral Federal y que se habían dejado sin efectos (mediante resolución definitiva y firme) todos aquellos actos y resoluciones emanados del mencionado consejo electoral. Así también, en diversos hechos denunciados se encuentran involucrados la Presidenta y el Secretario de Elecciones del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, y el mismo Consejo Político Nacional del partido denunciado (órgano superior de dirección de dicho instituto político), quienes en distintos actos de manera coordinada e institucional, no solamente han avalado las conductas de los militantes de su partido, sino que los han impulsado y motivado a realizar conductas contrarias a la Constitución y la ley reglamentaria.

 Por tanto, en la presente queja se denuncian los actos del Partido Revolucionario Institucional y de sus militantes identificados, quienes se encuentran estrechamente vinculados con la vida del partido político y realizan tareas relacionadas inmediatamente con sus fines fundamentales.

 Acorde con lo sostenido por el Tribunal Electoral Federal en la sentencia a que se han hecho referencia (SUP-RAP-010/99 hojas 100 y 101), con las conductas ahora denunciadas, los militantes y dirigentes del Partido Revolucionario Institucional, omiten cumplir con los principios del Estado democrático, y por tanto dejan de observar valores superiores como la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo y la supremacía de la ley; dejando de respetar además la participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos.

 El mismo Tribunal Federal sostiene que la libre participación de los partidos políticos se traduce en el derecho que tienen todos los partidos políticos de participar en la elección libre de las autoridades del país, mientras que entre los derechos de los ciudadanos se encuentran los de votar y ser votados en las elecciones populares; derechos que sea han puesto en situación de grave riesgo Estado de Yucatán, por las razones que han sido ampliamente expuestas.

 (...)”

 Como puede apreciarse, la responsable omitió analizar en su integridad, el escrito de queja, con lo cual no sólo violó el principio de congruencia, sino el de exhaustividad.

 En materia electoral esta Sala Superior ha establecido diversos criterios jurisprudenciales en los cuales señala que las autoridades en esta materia tanto administrativas como jurisdiccionales tiene la obligación legal de estudiar todos y cada uno de los puntos que integran las pretensiones sometidas a su conocimiento y no únicamente algún aspecto concreto de la cuestión planteada; ya que de no hacerlo, no sólo acarrearía incertidumbre jurídica, sino que incluso podría conducir a la privación irreparable de derechos, con la consiguiente conculcación al principio de legalidad electoral.

 En el presente caso, la responsable omitió analizar y por tanto pronunciarse sobre aspectos fundamentales de la queja inicial, en los que se denunciaban conductas del Partido Revolucionario Institucional y de sus militantes que podrían ser violatorias de la normativa electoral federal, tales como:

 a) Que impidió que los consejeros ciudadanos designados (sic) por el Tribunal Electoral tomaran posesión de las instalaciones del Consejo Electoral del Estado de Yucatán; a efecto de tomar posesión del patrimonio del órgano electoral y de realizar su instalación formal, en cumplimiento de la resolución dictada por el Poder Judicial Federal;

 b) Que militantes activos de base del Partido Revolucionario Institucional mantuvieron un “plantón” permanente en la sede del Consejo Electoral del Estado de Yucatán, para impedir la instalación de los consejeros ciudadanos designados (sic) por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y con ello la ejecución de su sentencia;

 c) Que militantes del partido denunciado agremiados en una agrupación que se ha denominado “Frente Único de Alcaldes del PRI”, habían utilizado fondos públicos, distrayéndolos del fin para el que fueron destinados, a favor de la causa enarbolada por el Partido Revolucionario Institucional, trasladando personas de los distintos municipios de la entidad para impedir en forma violenta el ingreso de los consejeros designados (sic) por el Tribunal;

 d) Que el partido político denunciado registró (en fechas y actos diversos) a su representante, su plataforma electoral y a su candidato a Gobernador del Estado de Yucatán, ante el sedicente Consejo Electoral del Estado de Yucatán integrado conforme al Decreto 286 del Honorable Congreso del Estado de Yucatán; a sabiendas que dicho Decreto había sido revocado por el Tribunal Electoral Federal y que se habían dejado sin efectos (mediante resolución definitiva y firme) todos aquellos actos y resoluciones emanados del mencionado consejo electoral;

 e) Que el Partido Revolucionario Institucional de manera institucional, en voz de sus dirigentes y mediante diversos comunicados de prensa emitidos por el Comité Ejecutivo Nacional del mencionado instituto político, no solamente reconoció la realización de actos ante un órgano electoral inexistente e invalidado por el Tribunal Electoral Federal, sino que otorgó su apoyo incondicional a los militantes de su partido que se encontraban en desacato a la jurisdicción electoral federal, y desconocieron y cuestionaron las facultades con que cuenta la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;

 f) Que al haber reiteradamente apoyado y coadyuvado, en la obstaculización de la libre instalación y funcionamiento del Consejo Electoral del Estado de Yucatán designado (sic) por el Tribunal Electoral Federal, estaba afectando gravemente el desarrollo del proceso electoral, pues el mandato judicial implicaba la debida instalación de dicho Consejo Electoral;

 g) Que al estar prevista la fecha de la jornada electoral en el Estado de Yucatán para el día veintisiete de mayo de dos mil uno, en términos de lo ordenado por la Constitución Política y la legislación en la materia de dicha entidad federativa; los actos que impidieron la instalación del órgano encargado de organizar los comicios, colocó en una situación de grave riesgo la celebración de los comicios locales, libres, auténticos y periódicos;

h) Que el que no se hubiera constituido debidamente el Consejo Electoral del Estado de Yucatán, demoró la realización de todos y cada uno de los actos que estaban comprendidos y calendarizados en la etapa de preparación de la elección por la legislación electoral de Yucatán, todo lo cual, de manera particular, encontraba su origen en los actos realizados por el Partido Revolucionario Institucional;

i) Que el Tribunal Electoral, al dictar una resolución acogiendo las pretensiones del partido político que represento, había emitido un acto de autoridad revestido con el imperio del Estado, que no se encontraba satisfecho, por la resistencia y renuencia a que se cumplimentara el fallo dictado por el Tribunal, lo cual violaba en nuestro perjuicio nuestra garantía constitucional de justicia completa y expedita, prevista y tutelada por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 Es decir que, no obstante que en la queja se denunciaban actos del Partido Revolucionario Institucional y de sus militantes, quienes se encontraban estrechamente vinculados con la vida del partido político y realizaban tareas relacionadas inmediatamente con sus fines fundamentales, la responsable omitió el análisis y la investigación de las conductas denunciadas.

 De manera destacada, es de mencionar el relacionado con el inciso d) relativo a que el Partido Revolucionario Institucional registró a su representante, su plataforma electoral y a su candidato a Gobernador del Estado de Yucatán, un sedicente Consejo Electoral del Estado de Yucatán.

 Sobre este tema, el Vocal Ejecutivo del Consejo Local del Instituto Federal electoral en Yucatán emite un informe a solicitud del Secretario Ejecutivo, en las que reconoce expresamente que dichos hechos son ciertos (hoja 69 a 78 de la resolución impugnada).

 No obstante lo anterior, el Consejo General no solamente no analizó esa parte de la queja inicial, sino que omitió realizar el estudio y la valoración de la mencionada documental pública, expedida por un funcionario del propio Instituto Federal Electoral.

 Cabe señalar que por lo que se refiere a los hechos que se imputaron en la queja al Partido Revolucionario Institucional, la responsable pretende desestimarlos de manera genérica, argumentando que “los hechos narrados por el actor se circunscriben a exponer los emitidos por notas periodísticas, mismas que por su condición no son de tomarse en consideración en virtud de que con las mismas no se acreditan hechos concretos imputables al partido denunciado”.

 Más adelante las tasa como documentales privadas y afirma que al no estar adminiculadas con otros medios de prueba, no podría otorgarles valor probatorio.

 Sin embargo, la responsable realiza una indebida valoración de dichas pruebas, en principio por que la falta de otros elementos se debió a la responsabilidad de la responsable que no se allegó de los elementos probatorios que el suscrito ofreció en su capítulo de pruebas o de otros adicionales en ejercicio de su facultad indagatoria.

 El mismo Consejo General del Instituto tuvo la debida oportunidad, previo a emitir su determinación, de solicitar a la Junta General Ejecutiva en los términos del numeral 82 párrafo 1 inciso t) de la ley de la materia, que realizara la investigación respectiva, requiriendo la información y certificaciones necesarias. En un asunto de similares características, este Tribunal ya se pronunció a favor de lo que implica la facultad indagatoria en los procedimientos que se tramiten en los términos del Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimiento Electorales, estableciendo los alcances que debe tener el vocablo “investigar”, señalando en la resolución recaída al expediente SUP-RAP-020/97, fojas 11 y 12, a la letra lo siguiente:

 “... entendiéndose por investigar lo que define la Real Academia de la Lengua Española “hacer diligencias para descubrir una cosa” razón por la que esta expresión debe entenderse como la atribución que tiene la propia Junta General Ejecutiva de solicitar la información y documentación con que cuentan las instancias competentes del propio instituto o, en su caso, realizar las diligencias que estime necesarias relacionadas con los hechos denunciados, como sería, entre otros supuestos, solicitar, en términos del artículo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, documentación o información a las autoridades municipales, estatales o federales, que pudiera resultar relevante para la debida integración del expediente de queja que se forme con motivo de los hechos denunciados.”

 En un agravio siguiente me referiré de manera particular a un gran número de actuaciones que la responsable omitió realizar en ejercicio de dicha atribución indagatoria, no obstante que contaba con indicios suficientes de violaciones al código electoral federal.

 Pero, además de lo anterior, a las notas periodísticas que obran en autos debió darles el valor de indicios de mayor grado convictivo y solicitar diversa información, que pudo ser menor, para tener plena convicción de los hechos descritos en la denuncia. Esto es así, en principio, por que en gran parte de las notas periodísticas no se consignan juicios de valor de terceras personas, sino declaraciones de los individuos directamente vinculados con los hechos.

 Por otro lado, las notas periodísticas que obran en autos son coincidentes entre sí, provienen de distintos órganos de información, son signadas por diferentes autores y coincidentes en lo sustancial y su contenido no fue desvirtuado por el partido político denunciado, lo cual les arroja mayor valor convictivo. Lo anterior ha sido sostenido por este alto Tribunal en la siguiente tesis relevante:

 NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA INDICIARIA. Los medios probatorios que se hacen consistir en notas periodísticas, sólo pueden arrojar indicios sobre los hechos a que se refieren, pero para calificar si se trata de indicios simples o de indicios de mayor grado convictivo, el juzgador debe ponderar las circunstancias existentes en cada caso concreto. Así, si se aportaron varias notas, provenientes de distintos órganos de información, atribuidas a diferentes autores y coincidentes en lo sustancial, y si además no obra constancia de que el afectado con su contenido haya ofrecido algún mentís sobre lo que en las noticias se le atribuye, y en el juicio donde se presenten se concreta a manifestar que esos medios informativos carecen de valor probatorio, pero omite pronunciarse sobre la certeza o falsedad de los hechos consignados en ellos, al sopesar todas esas circunstancias con la aplicación de las reglas de la lógica, la sana crítica y las máximas de experiencia, en términos del artículo 16, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, o de la ley que sea aplicable, esto permite otorgar mayor calidad indiciaria a los citados medios de prueba, y por tanto, a que los elementos faltantes para alcanzar la fuerza probatoria plena sean menores que en los casos en que no medien tales circunstancias.

Tercera Época: Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-170/2001. Partido Revolucionario Institucional. 6 de septiembre de 2001. Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-349/2001 y acumulado. Coalición por un Gobierno Diferente. 30 de diciembre de 2001. Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-024/2002. Partido Acción Nacional. 30 de enero de 2002. Unanimidad de votos. Sala Superior, tesis S3ELJ 38/2002.”

Debe destacarse, que al juicio se allegaron además diversas notas periodísticas por el propio Instituto Federal Electoral. El Vocal Ejecutivo de la Junta Local del Instituto en el Estado de Yucatán mediante oficio JL/VE/362/01 (punto IX del capítulo de antecedentes de la resolución impugnada) remitió al Secretario de la Junta General Ejecutiva otras notas periodísticas que provienen de distintos órganos de información del Estado de Yucatán, son signadas por diferentes autores y coincidentes en lo sustancial con las aportadas por el suscrito junto con el escrito inicial de queja, con lo cual la responsable pudo corroborar los hechos narrados en la denuncia.

Aunado a lo anterior, la autoridad responsable omitió darle valor a la documental pública enviada por el citado Vocal Ejecutivo, en la que reconocía como ciertos un gran número de cuestiones relacionadas con la queja.

Así también, desestima de manera indebida los comunicados de prensa emitidos por el Partido Revolucionario Institucional aduciendo que éstos sólo “dejaban de manifiesto la garantía de libertad de expresión que tiene toda persona física y moral en la manifestación de sus ideas”.

Lo anterior es contrario al principio de legalidad, pues la garantía de libertad de expresión no es absoluta, sino que por mandato del propio artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, encuentra sus límites en aquellos casos en que se ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público.

En el caso que nos ocupa, la responsable omitió realizar una valoración integral del escrito de queja y en particular de las cuestiones que se han resumido en párrafos precedentes para, en función de lo anterior, determinar el valor que debía otorgarles a dichos comunicados de prensa, en función de un cúmulo de actividades indebidas que realizó el partido político denunciado.

De igual manera es indebido y contrario al principio de legalidad que la responsable sostenga en foja 115 de la resolución impugnada, que las notas periodísticas y los boletines de prensa no son constitutivos de violaciones a la normativa electoral, por referirse solamente a “apreciaciones personales de los autores”.

Esto es así, pues en el caso de las notas periodísticas, como se ha afirmado, no son sólo apreciaciones personales de sus autores, sino que éstas contienen una serie de declaraciones de las personas involucradas en los hechos y que no fueron desvirtuadas por el partido político denunciado.

Por lo que se refiere a los boletines de prensa, como también ha quedado destacado, debieron adminicularse con el resto del acervo probatorio (constante en autos y el que faltó por allegarse) para determinar si su contenido era o no lesivo a la legislación en la materia. Esto es importante, pues en el expediente la responsable les reconoció valor probatorio y quedó acreditado en autos que eran comunicados institucionales del Partido Revolucionario Institucional.

Segundo.

1. Fuente Generadora del Agravio. Lo constituye el considerando 7 siete arábigo y todos los puntos resolutivos de la resolución impugnada, dictada por el Consejo General del Instituto Federal electoral.

 Artículos constitucionales y legales violados. Artículos 14, 16, 17 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 párrafo 1, 2, 3, 23 párrafo 1, incisos b) y k), 38, 39, 40, 69, párrafos 1, y 2, 73, 82, párrafo 1, incisos h) y w), 131, 269 y 270 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

 Concepto de agravio. La resolución impugnada viola el principio de legalidad, certeza y exhaustividad que consagran los artículos, 16 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 En este orden de ideas y respecto al punto VII de los antecedentes de la resolución que por este acto se impugna debe señalarse:

 Que al efecto, la autoridad administrativa, se encontraba en condiciones de seguir insistiendo a la Procuraduría General de la Republica, mientras se realizaban las diligencias del caso la entrega inmediata del expediente, situación que no aconteció y que es francamente violatoria del principio de exhaustividad desatendiendo lo señalado en el siguiente criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que a continuación se reproduce:

 “PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL IFE ESTÁ FACULTADA PARA SOLICITAR INFORMACIÓN CONTENIDA EN AVERIGUACIONES PREVIAS. La Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral está facultada para requerir información contenida en averiguaciones previas, para la adecuada integración del expediente formado con motivo de una queja o denuncia, por lo siguiente. Conforme a los artículos 2, 131 y 240 del Código Federal de instituciones y Procedimiento Electorales se establece que, para el desempeño de sus funciones, las autoridades electorales establecidas por la Constitución y dicho código, contarán con el apoyo y colaboración de las autoridades federales, estatales y municipales, quienes deberán proporcionar a los órganos del instituto, a petición de los presidentes respectivos, los informes y certificaciones necesarias; potestad que también se otorga a la Junta General Ejecutiva, por conducto de su secretario ejecutivo, conforme lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, aplicada supletoriamente. El conocimiento de las pruebas desahogadas en la averiguación y el informe del estado que guarda, puede aportar mayores elementos a la investigación realizada dentro del procedimiento administrativo sancionador electoral, en la medida en que la autoridad federal ministerial, por mandato constitucional, debe investigar los hechos denunciados y la probable responsabilidad de quienes se perfilan como activos, al recabar los elementos de prueba para ese efecto. Por estas razones, se concluye que la referida junta, a través de su secretario, se encuentra facultada para solicitar información contenida en averiguaciones previas, en la medida de que ésta pueda resultar útil para la integración del expediente relativo, máxime si uno de sus funcionarios tuvo la calidad de denunciante. Sala Superior, tesis S3EL 114/2002. Recurso de apelación. SUP-RAP-035/2000. Coalición Alianza por México. 30 de agosto de 2000. Unanimidad en el criterio. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Javier Rolando Corral Escoboza”.

 De lo anterior se desprende que la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, debió requerir en diversas ocasiones la averiguación previa correspondiente y no limitarse a lo expresado en el oficio “DGMPE “B”/311/2001”, en el que le es negada la información correspondiente pues al efecto dicha averiguación previa, puede, aún ahora aportar elementos de convicción los cuales no fueron valorados, al no contar con ellos, esto en virtud de que las pruebas aportadas y los nombres y personas señaladas en la averiguación en cita, pudieron completar la investigación aclarando o reforzando elementos que constituyen violaciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Situación por la cual la responsable debió insistir en requerir dicha averiguación previa fundando y motivando las razones por las cuales poseía y necesitaba conocer de dicha averiguación, situación que como se aprecia de la lectura de resolución, no aconteció. Violándose en este caso el principio de legalidad y exhaustividad, los cuales está obligada a cumplir la responsable, pues no fundó y motivó debidamente la solicitud ante el Ministerio Público, ni insistió ante dicha representación social, sobre la importancia de que dicha información le fuera otorgada.

 Este mismo orden de ideas y respecto al contenido del punto de antecedentes VIII y IX, debe señalarse que las probanzas señaladas en el punto VIII de los antecedentes no fueron ni adminiculadas ni razonadas con el resto de las pruebas ofrecidas, violándose nuevamente los principios de exhaustividad y legalidad, y dejando de observar lo dispuesto en los siguientes criterios jurisprudenciales:

 “OBSERVAR EL PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD EN LAS. El Tribunal Federal Electoral al dictar sus resoluciones está obligado a analizar en forma integral el escrito recurrente, ya que conforme al principio procesal de exhaustividad no puede basar sus fallos en un examen aislado de los agravios hechos valer”.

 “EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE. Este principio impone a los juzgadores, una vez constatada la satisfacción de los presupuestos procesales y de las condiciones de la acción, el deber de agotar cuidadosamente en la sentencia, todos y cada uno de los planteamientos hechos por las partes durante la integración de la litis, en apoyo de sus pretensiones; si se trata de una resolución de primera o única instancia se debe hacer pronunciamiento en las consideraciones sobre los hechos constitutivos de la causa petendi, y sobre el valor de los medios de prueba aportados o allegados legalmente al proceso, como base para resolver sobre las pretensiones, y si se trata de un medio impugnativo susceptible de abrir nueva instancia o juicio para revisar la resolución de primer o siguiente grado, es preciso el análisis de todos los argumentos y razonamientos constantes en los agravios o conceptos de violación y, en su caso, de las pruebas recibidas y recabadas en ese nuevo proceso impugnativo. Sala Superior. S3ELJ 12/2001. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-167/2000. Partido Revolucionario Institucional. 16 de agosto de 200. Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-309/2000. Partido de la Revolución Democrática. 9 de septiembre de 2000. Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-431/2000. Partido de la Revolución Democrática. 15 de noviembre de 2000. Unanimidad de 6 votos. Tesis de Jurisprudencia J.12/2001. Tercera Época. Sala Superior. Materia Electoral. Aprobada por Unanimidad de votos”.

Respecto a lo señalado en el punto IX de los antecedentes, debe señalarse que tanto la Junta General Ejecutiva y el Vocal Ejecutivo de la Junta Local en el Estado de Yucatán violó el principio de legalidad y exhaustividad pues no realizó ninguna indagatoria, tendiente a establecer, confirmar o desmentir elementos aportados en la queja, pues al no realizar indagatorias como por ejemplo: en el Registro Público de la Propiedad respecto a las asociaciones que estuvieron involucradas en la toma de las instalaciones de órgano electoral estatal de Yucatán, los nombres de los directamente involucrados y su relación con el Partido Revolucionario Institucional, consejeros nombrados por el Tribunal y por el Consejo, otras más violando lo señalado por el siguiente criterio:

“PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LOS HECHOS DENUNCIADOS SÓLO SON LA BASE DEL INICIO DE LA INVESTIGACIÓN. Conforme con el artículo 82, párrafo 1, inciso t), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para conocer la verdad de los hechos, es indudable que el ejercicio de la facultad de investigación que tiene el Instituto Federal Electoral, a través del secretario de la Junta General Ejecutiva no está sujeto o condicionado a los estrictos puntos de hecho referidos en el escrito de queja o denuncia. Estos puntos constituyen simplemente la base indispensable para dar inicio al procedimiento correspondiente, pero una vez que el órgano sustanciador determina, prima facie, que tales cuestiones fácticas pueden ser material de tal procedimiento, dicho órgano está facultado para hacer uso de esos poderes con el fin de llegar al conocimiento de la verdad de las cosas, en acatamiento de los principios de certeza y legalidad que rigen en la materia. Sala Superior. Tesis S3EL 116/2002 Recurso de apelación. SUP-RAP-009/2000. Coalición Alianza por México. 21 de marzo de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretario: David Solís Pérez”.

 Por lo que con base a los documentos con que contaba pudo realizar una investigación completa, pues contaba con una base de información, situación que no aconteció como se desprende de la simple lectura de su informe en el que sólo se limita en el mejor de los casos a confirmar la información con la que contaba y no realiza una sola diligencia y/o entrevista, tendiente a establecer la verdad histórica de los hechos, por lo que debe señalarse que tanto en el informe del Vocal Secretario como en la resolución la responsable, no se avanzó en la investigación, dejando de observarse el siguiente criterio:

“PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL IFE TIENE FACULTADES INVESTIGADORAS Y DEBE EJERCERLAS CUANDO EXISTAN INDICIOS DE POSIBLES FALTAS, INDEPENDIENTEMENTE DEL ESTADO PROCESAL. Conforme a los artículos 40, y 82, párrafo 1, inciso t), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el artículo 12 de los Lineamientos Generales para el Conocimiento de las Faltas Administrativas y de las Sanciones, previstas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, por conducto de su secretario, tiene facultades para investigar la verdad de los hechos, por los medios legales a su alcance, potestad que no se ve limitada por la inactividad de las partes o por los medios que éstas ofrezcan o pidan. En efecto, el establecimiento de esta facultad tiene por objeto, evidentemente, que la referida autoridad conozca de manera plena la verdad sobre los hechos sometidos a su potestad, con el fin de lograr la tutela efectiva del régimen jurídico electoral, el cual está integrado por normas de orden público y observancia general (artículo 1º. del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, entre otros), por lo que no puede verse limitada por las circunstancias apuntadas, y por tanto puede ejercerla de oficio. De lo anterior se advierte, que las normas que regulan la potestad probatoria conferida al secretario ejecutivo, en los principios que rigen la materia de la prueba en el procedimiento en comento, existe una mayor separación del principio dispositivo y un mayor acercamiento al principio inquisitivo, lo cual es explicable porque se está en el terreno donde se desenvuelven actividades de orden público como es la función electoral. Por estas razones, si en el procedimiento administrativo sancionador electoral iniciado con motivo de una queja existen elementos o indicios que evidencien la posible existencia de una falta o infracción legal, ya sea porque el denunciante haya aportado algún medio de convicción con ese alcance, o que de oficio se haya allegado alguna prueba que ponga de relieve esa situación y, no obstante tal circunstancia, el secretario ejecutivo no hace uso de las facultades investigadoras y probatorias que le confiere la ley, con la finalidad de esclarecer plenamente la verdad de las cuestiones fácticas sometidas a su potestad, implica una infracción a las normas que prevén dichas facultades, así como a los principios de certeza y legalidad que rigen en la materia, en términos de lo previsto en el artículo 41, fracción III, constitucional; pues no es sino hasta que el secretario mencionado determina que con los medios de prueba allegados al expediente es factible conocer con certeza los términos, condiciones y particularidades de las cuestiones que se hicieron de su conocimiento, cuando debe formular el proyecto de dictamen correspondiente, porque de no ser así, el expediente no se encuentra debidamente integrado. Consecuentemente, cuando el Consejo General del Instituto Federal Electoral conoce del dictamen elaborado por la Junta General Ejecutiva, para su decisión, y advierte que no están debidamente esclarecidos los puntos de hecho correspondientes, debe ordenar dicha junta, acorde a lo dispuesto por el artículo 82, apartado 1, inciso t), del código en cita, la investigación de los puntos específicos que no están aclarados, para lograr la finalidad perseguida con el otorgamiento de la potestad investigadora, además de que la normatividad en cita no restringe ni limita en forma alguna el ejercicio de esos poderes a una etapa o fase determinada del procedimiento, pues no se le sujeta a un momento determinado, sin que sea obstáculo para lo anterior, que el artículo 10, inciso e), de los lineamientos citados, establezca como regla general que el dictamen se debe presentar en un plazo no mayor de treinta días naturales, contados a partir de que se recibió la denuncia, pues también establece que no será así cuando las pruebas ofrecidas o las investigaciones que se realicen justifiquen la ampliación del plazo, además de que dicho precepto reglamentario no puede dejar sin efecto la atribución del Consejo General de ordenar la investigación de puntos no aclarados. Sala Superior, tesis S3EL 115/2002 Recurso de apelación. SUP-RAP-009/2000. Coalición Alianza por México. 21 de marzo de 2000. Unanimidad de votos. Ponente Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretario: David Solís Pérez. Recurso de apelación. SUP-RAP-035/2000. Coalición Alianza por México. 30 de agosto de 2000. Mayoría de seis votos. Ponente: Leonel Castillo González. Disidente: Eloy Fuentes Cerda. Secretario: Javier Rolando Corral Escoboza”.

“PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO GENÉRICO. PARA INICIARLO NO ES PRESUPUESTO DETERMINAR LA EXISTENCIA DE UNA IRREGULARIDAD. Es incorrecto considerar que para que se inicie el procedimiento disciplinario genérico del artículo 270 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales es presupuesto necesario que se determine previamente la existencia de una irregularidad de la que tenga conocimiento la autoridad electoral, ello es así porque, de una lectura integral de dicho precepto, es fácil advertir que se trata de un procedimiento encaminado a la comprobación o no de alguna posible irregularidad que, en su caso, amerite la aplicación o no de una sanción. Efectivamente, la acreditación de la existencia de una irregularidad es un hecho condicionante para la aplicación de una sanción y no para el inicio de un procedimiento. Uno de los efectos del inicio del procedimiento relativo a las faltas administrativas e irregularidades es justamente allegarse de los elementos de prueba que lleven a la Junta General Ejecutiva a la determinación de si efectivamente cierta irregularidad ocurrió o no, y si ello amerita o no alguna sanción. Por tanto, la interpretación que debe darse a dicho precepto es la de que basta con la queja o denuncia que realice algún partido político o el conocimiento que algún órgano del Instituto Federal Electoral tenga de una posible irregularidad que viole alguna disposición del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para que, previo acuerdo de la Junta General Ejecutiva, se esté en posibilidad de iniciar el procedimiento del artículo 270 del código ya mencionado, toda vez que al final de este procedimiento es cuando se determina, con base en las pruebas que se allegue la autoridad y las que el probable infractor aporte, si una irregularidad o falta se ha cometido. Sala Superior, tesis S3EL 117/2002.

Recurso de apelación. SUP-RAP-020/98. Partido Revolucionario Institucional. 17 de noviembre de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez. Secretario: Carlos Vargas Baca”.

 A manera de conclusión de lo anteriormente expresado respecto a los puntos de antevente VII, VIII, IX, X, y XI todos relacionados con el considerando 7 arábigo de la resolución que se impugna debe señalarse que la responsable extiéndase Vocal de la Junta Local Ejecutiva de Yucatán y la Junta General Ejecutiva dejó de realizar entre otras las siguientes diligencias de investigación.

      Que de las organizaciones que tomaron el órgano electoral estatal en el Estado de Yucatán, no se realizó ninguna investigación y el Vocal Ejecutivo de la Junta Local de Yucatán, no realizó, ni se le ordenó realizar, ninguna investigación a ese respecto a pesar de que existían los datos completos, de muchas de esas organizaciones, como es el caso de la una de: “Ciudadanos Unidos por Yucatán A.C.”, “Asociación de Colonos Víctor Cervera Pacheco”, “Frente Único de alcaldes del PRI.

      En este mismo orden de ideas la Junta General Ejecutiva no realizó nunca investigación para saber si estas organizaciones eran o no parte de Partido Revolucionario Institucional o no y si sus miembros tuvieron no que ver con los actos tendientes a dificultar los trabajos del órgano electoral estatal en el Estado de Yucatán.

      No se requirió informe a la Dirección de Seguridad del Municipio de Mérida Yucatán, sobre los hechos ocurridos y señalados en las notas de prensa en los que estuvieron inmiscuidas las patrullas, con número de placas 1314 y 1618.

      No se requirió informe a los involucrados, como son el Congreso del Estado, el gobernador del mismo y los consejeros involucrados, tanto los asignados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación, como por el Congreso del Estado, cuyos datos profesionales, actas de nacimiento, domicilio y datos de identificación, obran en el expediente SUP-JRC-445 y 440/2000.

      No se requirió tampoco a las personas involucradas directamente en las instalaciones, ni se solicitó información sobre las actas notariales levantadas, al impedírsele al consejo insaculado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tomar posesión de las instalaciones, según las notas periodísticas aportadas.

      Tampoco existió razonamiento alguno respecto a las actas notariadas, que obran en los expedientes sobre los incidentes ocurridos y señalados en el párrafo anterior de este escrito y que se encuentran en el expediente SUP-JRC-445 y 440/2000.

      De igual forma no se toman en cuenta, ni son adminiculados con el resto de los elementos de prueba las declaraciones, desplegados y comunicados de prensa hechos por el Partido Revolucionario Institucional, limitándose la responsable a decir que en cuanto a los comunicados de prensa son una opinión, y la cual en caso de ser limitada violaría lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Federal, sin embargo esto es absurdo pues de la lectura de estos comunicados y de los demás elementos ofrecidos, que obran en el expediente, así como los que no fueron considerados, se desprende objetivamente que fueron actos realizados en forma independiente por personas físicas y morales relacionadas con el Partido Revolucionario Institucional y su dirigencia.

      Tampoco se tomó en cuenta que el Partido Revolucionario Institucional, en su escrito de contestación no ofreció ningún elemento tendiente a desvirtuar en modo alguno lo señalado por el partido que represento, ni desvirtuó ningún elemento de prueba aportado.

      Lo anterior provocó que no se tomara en cuenta que el propio Partido Revolucionario Institucional, violó su normatividad interna al no ceñirse a lo señalado tanto por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, como por su declaración de principios, estatutos, línea política y código de ética que al efecto obra en el escrito inicial presentado por lo que pido se tenga por reproducido.

      Aunado a lo anterior la Junta General Ejecutiva pudo haber realizado además de las diligencias arriba señaladas otras complementarias o derivadas de su investigación que nunca llevó a cabo.

 Todos estos actos objetivos y estrictamente relacionados con el accionar del Partido Revolucionario Institucional a través de su dirigencia, militantes y simpatizantes, dejase estos personas físicas como morales que no guardan relación alguna con un desacato judicial y como ya se ha señalado no fueron tomados en cuenta por la autoridad responsable.

 De lo anterior se desprende que como ya se ha señalado en párrafos anteriores se dejó de observar el principio de legalidad y de exhaustividad, dejando de observar el principio del “ius puniendi” que se aplica en materia del derecho sancionador electoral y que no se cumplió y que la responsable está obligada a respetar como autoridad investigadora, dejándose de cumplir los siguientes criterios de jurisprudencia, los cuales sólo cito en sus encabezados, en virtud de ya estar reproducidos en el presente escrito a saber:

OBSERVAR EL PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD EN LAS.(sic)

EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE.

“DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DE IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL. Los principios contenidos y desarrollados por el derecho penal, le son aplicables mutatis mutandis, al derecho administrativo sancionador. Se arriba a lo anterior, si se considera que tanto el derecho administrativo sancionador, como el derecho penal son manifestaciones del ius puniendi estatal; de las cuales, el derecho penal es la más antigua y desarrollada, a tal grado, que casi absorbe al género, por lo cual constituye obligada referencia o prototipo a las otras especies. Para lo anterior, se toma en cuenta que la facultad de reprimir conductas consideradas ilícitas, que vulneran el orden jurídico, es connatural a la organización del Estado, al cual el Constituyente originario le encomendó la realización de todas las actividades necesarias para lograr el bienestar común, con las limitaciones correspondientes, entre las cuales destacan, primordialmente, el respeto irrestricto a los derechos humanos y las normas fundamentales con las que se construye el estado de derecho. Ahora, de acuerdo a los valores que se protegen, la variedad de las conductas y los entes que pueden llegar a cometer la conducta sancionada, ha establecido dos regímenes distintos, en los que se pretende englobar la mayoría de las conductas ilícitas, y que son: el derecho penal y el derecho administrativo sancionador. La división del derecho punitivo del Estado en una potestad sancionadora jurisdiccional y otra administrativa, tiene su razón de ser en la naturaleza de los ilícitos que se pretenden sancionar y reprimir, pues el derecho penal tutela aquellos bienes jurídicos que el legislador ha considerado como de mayor trascendencia e importancia por constituir una agresión directa contra los valores de mayor envergadura del individuo y del Estado que son fundamentales para su existencia; en tanto que con la tipificación y sanción de las infracciones administrativas se propende generalmente a la tutela de intereses generados en el ámbito social, y tienen por finalidad hacer posible que la autoridad administrativa lleve a cabo su función, aunque coinciden, fundamentalmente en que ambos tienen por finalidad alcanzar y preservar el bien común y la paz social. Ahora, el poder punitivo del Estado, ya sea en el campo del derecho penal o en el del derecho administrativo sancionador, tiene como finalidad inmediata y directa la prevención de la comisión de los ilícitos, ya sea especial, referida al autor individual; o general, dirigida a toda la comunidad, esto es, reprimir el injusto (considerando éste en sentido amplio) para disuadir y evitar su proliferación y comisión futura. Por esto, es válido sostener que los principios desarrollados por el derecho penal, en cuanto a ese objetivo preventivo, son aplicables al derecho administrativo sancionador, como manifestación del ius puniendi. Esto no significa que se deba aplicar al derecho administrativo sancionador la norma positiva penal, sino que se deben extraer los principios desarrollados por el derecho penal y adecuarlos en lo que sean útiles y pertinentes a la imposición de sanciones administrativas, en lo que no se opongan a las particularidades de éstas, lo que significa que no siempre y no todos los principios penales son aplicables, sin más, a los ilícitos administrativos, sino que debe tomarse en cuenta la naturaleza de las sanciones administrativas y el debido cumplimiento de los fines de una actividad de la administración, en razón de que no existe uniformidad normativa, sino más bien una unidad sistemática, entendida como que todas las normas punitivas se encuentran integradas en un solo sistema, pero que dentro de él caben toda clase de peculiaridades, por lo que la singularidad de cada materia permite la correlativa peculiaridad de su regulación normativa; si bien la unidad del sistema garantiza una homogenización mínima. Sala Superior, tesis S3EL 045/2002. recurso de apelación. SUP-RAP-022/2001. Partido del Trabajo. 25 de octubre de 2001. Mayoría de cuatro votos. Ponente: Leonel Castillo González. Disidentes: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, Eloy Fuentes0

Cerda y José Fernando Ojesto Martínez Porcayo. Secretario: José Manuel Quistián Espericueta”.

 En mérito de todo lo antes expuesto, el Consejo General responsable con su resolución vulneró el principio de legalidad electoral, máxima prevista por el artículo 41 de la Constitución General de la República, el cual como autoridad y de conformidad con los artículos 16 de la Carta Suprema; 69 párrafo segundo y 73 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, estaba obligado a cumplir y tutelar”.

 

TERCERO. Ante todo, cabe señalar que procede sobreseer en el presente recurso de apelación por lo que hace a los actos omisivos que se reclaman de la Junta General Ejecutiva y del Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Yucatán, ambos del Instituto Federal Electoral, al advertirse la causal de improcedencia prevista en el artículo 10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, consistente en que los actos que el partido político apelante reclama de ambas autoridades no afectan su interés jurídico, por las siguientes consideraciones:

 

El actor aduce que las autoridades mencionadas violan los principios de legalidad y exhaustividad, ya que, asegura, las actuaciones realizadas por ambas autoridades durante la tramitación del expediente de queja de referencia son deficientes; además de que, tanto la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, como el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Yucatán, omitieron la práctica de varias diligencias que, según el dicho del recurrente, resultaban necesarias para el correcto desarrollo de la investigación tendiente a comprobar las irregularidades cometidas por el Partido Revolucionario Institucional; sin embargo, dichas manifestaciones no son susceptibles de causar alguna lesión jurídica en la esfera del instituto político actor, ya que el actuar observado por las autoridades supradichas, no tienen la fuerza legal suficiente para causar un perjuicio, por carecer de efectos vinculatorios para el Consejo General del Instituto Federal Electoral, quien es el órgano directivo que determina con entera libertad de decisión, si las conductas de los partidos políticos denunciados ante él, relacionadas con las normas aplicables a sus obligaciones, constituyen o no infracciones legales que ameriten ser sancionadas; habida cuenta que dicho Consejo, cuenta con la facultad de ordenar que se practiquen todas las investigaciones que estime pertinentes se lleven a cabo para resolver el asunto sometido a su consideración, con el objeto de lograr la mayor veracidad sin afectar en la medida de lo posible, la vida interna de los partidos políticos.

 

Así, los informes requeridos y diligencias ordenadas dentro de la investigación llevada a cabo en el expediente de la queja JGE/QPRD/CG/004/2001, constituyeron actos preparatorios y no definitivos, cuya realización sirvió de base para la elaboración del dictamen que presentó la Junta General Ejecutiva ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, autoridad que, al considerarlo pertinente, lo aprobó pero también contaba con la facultad de no hacerlo. Por tanto, aun cuando la Junta General Ejecutiva y el Vocal Ejecutivo en el Estado de Yucatán, hayan intervenido en el proceso previo al pronunciamiento de la resolución antes citada, mediante la práctica de varias diligencias necesarias para el desarrollo de la investigación, sus actividades sólo constituyeron actos preparatorios, no definitivos, los cuales, en todo caso, se encontraron subordinados a la voluntad del Consejo General del Instituto Federal Electoral, que es, como se dijo, quien aprueba el dictamen consolidado presentado por la Junta General Ejecutiva. Lo anterior, en términos del artículo 270, párrafo 4, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Así las cosas, es claro que los actos u omisiones que se atribuyen a la Junta General Ejecutiva y al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Yucatán, al carecer de definitividad o vinculación, no afectan el interés jurídico del accionante, ya que, por sí mismos, no le causan perjuicio.

Encuentra apoyo lo anterior, en la jurisprudencia emitida por esta Sala Superior, que aparece en la “Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002”, de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sección jurisprudencia, publicada en febrero de dos mil tres, páginas 37 y 38, cuyos rubro y texto dice:

“COMISIONES Y JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. SUS INFORMES, DICTAMENES Y PROYECTOS DE RESOLUCIÓN NO CAUSAN PERJUICIO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, párrafo 6; 49-A, párrafo 2, incisos c) y e); 82, párrafo 1, inciso w); 86, párrafo 1, inciso l), y 270, párrafos 1, 2, 4 y 6, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, los dictámenes formulados por la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en los expedientes integrados por virtud de un procedimiento administrativo sancionatorio, así como los informes, dictámenes y proyectos de resolución que emitan las comisiones del Instituto Federal Electoral, por sí mismos, no pueden causar perjuicio alguno, en tanto que se trata de actos preparatorios y no definitivos para el dictado del acuerdo o resolución correspondiente por parte del Consejo General del referido instituto, que en todo caso constituye la resolución definitiva y es, por tanto, la que sí puede llegar a causar perjuicios. Lo anterior es así, en virtud de que la Junta General Ejecutiva y las Comisiones del Instituto Federal Electoral son las que se encargan de tramitar los procedimientos administrativos y emitir los informes, dictámenes y proyectos de resolución correspondientes, que desde luego no tienen efecto vinculatorio alguno para las partes ni para el órgano que resuelve en definitiva, pues bien puede darse el caso de que el Consejo General apruebe o no el dictamen o proyecto de resolución respectivo, dado que es la autoridad competente para decidir lo conducente.”

 En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 10, párrafo 1, inciso b), y 11, párrafo 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ha lugar a sobreseer en el presente recurso de apelación, respecto a los actos recurridos de la Junta General Ejecutiva y del Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Yucatán, ambos del Instituto Federal Electoral.

 

En esa tesitura, en el presente medio impugnativo, sólo se examinará el asunto por lo que ve al acto reclamado del Consejo General del Instituto Federal Electoral, consistente en la resolución recaída al expediente JGE/QPRD/CG/004/2001.

 

 No habiendo alguna otra causa de improcedencia que esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación advierta de oficio, a continuación se emprende el estudio de los motivos de disenso planteados por el partido actor.

 

 

CUARTO. Antes de emprender el estudio de los agravios transcritos, conviene precisar que, según se desprende de la resolución impugnada, el Consejo General del Instituto Federal Electoral, determinó ser incompetente para decidir sobre cuestiones que versan sobre el desacato de la sentencia pronunciada por esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los juicios de revisión constitucional electoral, identificados con los expedientes SUP-JRC-440/2000 y SUP-JRC-445/2000, acumulados, respecto de los actos en que pudieron incurrir, el Gobernador del Estado; los integrantes del Congreso de Yucatán, los Consejeros Electorales designados por dicho Congreso a través del decreto 286, así como otros gobernadores y alcaldes yucatecos, a favor de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Yucatán, utilizando recursos públicos.

 

Sobre tal determinación, el apelante manifiesta su total conformidad, cuando en sus motivos de disenso, textualmente acepta que si bien es cierto que en el capítulo de hechos de la queja que dio origen al procedimiento cuya resolución en este juicio se impugna, se narraron: “una serie de circunstancias relacionadas con dichas personas, eso fue para proporcionar al Instituto Federal Electoral un contexto amplio de las circunstancias en que se desarrollaron las conductas imputadas al Partido Revolucionario Institucional, pero nunca se solicitó se conociera sobre conductas y se sancionara a sujetos distintos al partido político denunciado”.

 

Ahora bien, de la lectura íntegra del escrito de queja presentada ante la Secretaría General de la Junta Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, en contra del Partido Revolucionario Institucional, se colige que el Partido de la Revolución Democrática, denunció esencialmente lo siguiente:

 

a) Que el Partido Revolucionario Institucional por conducto de su dirigencia y militancia, impidió que los consejeros ciudadanos insaculados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tomaran posesión de las Instalaciones del Consejo Electoral del Estado de Yucatán, del patrimonio de ese Órgano Electoral e instalación formal, en cumplimiento a la resolución dictada por la Sala Superior en los expedientes SUP-JRC-440/2000 y SUP-JRC-445/2000, acumulados.

 

b) Que el partido denunciado, registró (en fechas y actos diversos) a su representante, su plataforma electoral y a su candidato a gobernador del Estado de Yucatán, ante el Consejo Electoral de dicha Entidad Federativa integrado conforme el Decreto 286 del Congreso de ese Estado, a sabiendas que ese decreto había sido revocado por este Tribunal Electoral y que se habían dejado sin efectos todos aquellos actos emanados del mencionado Consejo Electoral.

 

c) Que el partido Revolucionario Institucional, en voz de sus dirigentes y mediante varios comunicados de prensa emitidos por el Comité Ejecutivo Nacional, otorgó su apoyo incondicional a los militantes de ese partido que se encontraban en desacato a la Jurisdicción Electoral Federal, cuestionando y desconociendo, además, las facultades con que cuenta la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; porque a su entender, dicho órgano máximo de decisión en materia electoral en el país, se excedió en sus facultades al conocer y revocar un acto emanado del poder legislativo de una entidad federativa.

 

d) Que el hecho de que no se haya constituido el Consejo Electoral del Estado de Yucatán, demoró la realización de los actos calendarizados en la etapa de preparación de la elección por la legislación electoral, encuentra su origen en los actos realizados por el Partido Revolucionario Institucional.

 

e) Que la conducta de los dirigentes y militantes del Partido Revolucionario Institucional alteró el estado de derecho y el normal funcionamiento de los órganos de gobierno, incurriendo en una serie de responsabilidades de distinto orden, pues según el denunciante, se afectaron las atribuciones y normal funcionamiento de un Órgano insaculado por esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como disposiciones de rango constitucional.

 

f) Que al haber apoyado y coadyuvado el Partido Revolucionario Institucional en la obstaculización de la libre instalación y funcionamiento del Consejo Electoral del Estado de Yucatán, insaculado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, afectó gravemente el desarrollo del proceso electoral.

 

g) Que el Partido Revolucionario Institucional, se apartó de los cauces legales, pues el actuar de sus dirigentes y militantes, no se ajustaron a los principios del estado democrático, ni respetaron la libre participación política de los ciudadanos, lo cual, a su parecer, constituye una clara violación al artículo 38 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

 

De lo anterior, se desprende que la litis respecto de lo denunciado por el Partido de la Revolución Democrática, consistió en los actos en que dice incurrió el Partido Revolucionario Institucional y los hechos en que han participado sus militantes activos, consistentes en mantener un “plantón” permanente en la Sede del Consejo Electoral del Estado de Yucatán, para impedir la instalación de los consejeros ciudadanos insaculados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; la determinación por parte de la dirigencia estatal del partido denunciado de registrar a su representante, su plataforma electoral y a su candidato a gobernador, ante el Consejo cuya integración había sido revocada o anulada por esta Sala Superior, así como el apoyo a través de comunicados de prensa, a las conductas realizadas por los militantes del Revolucionario Institucional, contrarias a la Constitución y la ley reglamentaria, que afectó el desarrollo del proceso electoral.

 

Siendo ello así, esta sentencia no se ocupará de la decisión adoptada por la responsable, respecto al proceder que en la queja primigenia se relató en lo que concierna a la conducta asumida por el Gobernador del Estado, los integrantes del Congreso de Yucatán, los Consejeros Electorales designados por dicho Congreso a través del decreto 286, así como por distintos gobernadores y alcaldes yucatecos a favor de los mencionados dos poderes del Estado de Yucatán; decisión que, ante la expresa conformidad del apelante, deberá quedar intocada.

 

Precisado lo anterior, esto es, delimitada la materia sobre la que versa la materia del recurso de apelación que se resuelve, por razón de método, este órgano jurisdiccional estudiará los agravios en orden diverso al planteado por el partido político actor en su demanda, particularmente, los que tienen que ver con las violaciones procesales alegadas, ya que de resultar fundado alguno o varios de ellos, sería ocioso abordar el análisis de los restantes motivos de discrepancia aducidos por el instituto impetrante en el presente recurso de apelación, habida cuenta que, de acogerse dichos agravios, ello sería suficiente para que el actor alcanzara su pretensión y se revocara la resolución impugnada.

 

Se inicia, pues, con el estudio del motivo de inconformidad consistente en que el Consejo General del Instituto Federal Electoral, indebidamente dejó de ejercer su facultad investigatoria, ya que, según el partido actor, dicha autoridad no ordenó el desahogo de diversas diligencias tendentes a allegarse material probatorio a fin de confirmar o desvirtuar, el que se haya impedido, por conducto de militantes y agrupaciones adherentes del partido denunciado, la toma de posesión de los Consejeros ciudadanos insaculados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de las instalaciones del Consejo Electoral del Estado de Yucatán; así, entre otras cosas, se arguye que se debió insistir a la Procuraduría General de la República, para que se le proporcionara copia certificada de todo lo actuado dentro de la averiguación previa 03/DGMPEB/2001, ya que, expresa el recurrente, los datos que de ella se desprendan pueden aportar elementos que complementen la investigación sobre los hechos denunciados.

 

El anterior agravio, en la medida que luego se determinará, es sustancialmente fundado.

 

Para arribar a la anotada conclusión, deben tenerse presente las bases generales y las principales características del procedimiento administrativo sancionador, establecidas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en los artículos 40, 82, párrafo 1, incisos t), w) y z), y 86, párrafo 1, inciso l), en relación con los numerales 264 al 272; así como lo dispuesto en los “Lineamientos Generales para el Conocimiento de las Faltas Administrativas y de las Sanciones, previstas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales”, vigentes durante la época de sustanciación del procedimiento en el que se dictó la resolución reclamada, mismas que para mayor claridad, a continuación se transcribirá la parte conducente:

 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

 

“Artículo 40.

1. Un partido político, aportando elementos de prueba, podrá pedir al Consejo General del Instituto se investiguen las actividades de otros partidos políticos o de una agrupación política cuando incumplan sus obligaciones de manera grave o sistemática.

Artículo 82.

1. El Consejo General tiene las siguientes atribuciones:

(...)

t) Requerir a la junta general ejecutiva investigue, por los medios a su alcance, hechos que afecten de modo relevante los derechos de los partidos políticos o el proceso electoral;

(...)

w) Conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan, en los términos previstos en la presente ley;

(...)

z) Dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las anteriores atribuciones y las demás señaladas en este Código.

Artículo 86.

1. La Junta General Ejecutiva se reunirá por lo menos una vez al mes, siendo sus atribuciones las siguientes:

(...)

l) Integrar los expedientes relativos a las faltas administrativas, y en su caso, los de imposición de sanciones, en los términos que establece este Código, y

(...).

Artículo 269.

1. Los partidos políticos y las agrupaciones políticas, independientemente de las responsabilidades en que incurran sus dirigentes, miembros o simpatizantes, podrán ser sancionados:

(...)

2. Las sanciones a que se refiere el párrafo anterior, podrán ser impuestas cuando:

a) Incumplan con las obligaciones señaladas en el artículo 38 y demás disposiciones aplicables de este Código;

b) Incumplan con las resoluciones o acuerdos del Instituto Federal Electoral;

(...)

g) Incurran en cualquier otra falta de las previstas en este Código.

Artículo 270.

1. Para los efectos del artículo anterior, el Instituto Federal Electoral conocerá de las irregularidades en que haya incurrido un partido político o una agrupación política.

2. Una vez que tenga conocimiento de la irregularidad, el instituto emplazará al partido político o a la agrupación política, para que en el plazo de cinco días conteste por escrito lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que considere pertinentes y, en su caso, la pericial contable. Si se considerase necesaria la pericial, ésta será con cargo al partido político o a la agrupación política.

3. Para la integración del expediente, se podrá solicitar la información y documentación con que cuenten las instancias competentes del propio instituto.

4. Concluido el plazo a que se refiere el párrafo 2 de este artículo, se formulará el dictamen correspondiente, el cual se someterá al Consejo General del Instituto para su determinación.

5. El Consejo General del Instituto Federal Electoral, para fijar la sanción correspondiente, tomará en cuenta las circunstancias y la gravedad de la falta. En caso de reincidencias se aplicará una sanción más severa.

6. Las resoluciones del Consejo General del Instituto, podrán ser recurridas ante el Tribunal Electoral, en los términos previstos por la ley de la materia.

7. Las multas que fije el Consejo General del Instituto, que no hubiesen sido recurridas, o bien, que fuesen confirmadas por el Tribunal electoral, deberán ser pagadas en la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto en un plazo improrrogable de quince días contados a partir de la notificación. Transcurrido el plazo sin que el pago se hubiere efectuado, el Instituto podrá deducir el monto de la multa de la siguiente ministración del financiamiento público que corresponda”.

 

Lineamientos Generales para el Conocimiento de las Faltas Administrativas y de las Sanciones, previstas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

 

“1. El órgano responsable de recibir, tramitar, sustanciar y formular el proyecto de dictamen relativo a las quejas o denuncias presentadas por presuntas irregularidades o faltas administrativas de las contenidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, será la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, en su carácter de Secretaría de la Junta General Ejecutiva.

2. Una vez que el Secretario Ejecutivo tenga conocimiento de una presunta falta administrativa o irregularidad cometida por los observadores electorales; las organizaciones de observadores; autoridades federales, estatales y municipales; funcionarios electorales; notarios públicos; extranjeros; ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión o secta; partidos políticos y agrupaciones políticas, se procederá a integrar el expediente relativo con los documentos y pruebas que se tengan al alcance.

3. En el caso de que la irregularidad sea imputable a las autoridades federales, estatales y municipales; notarios públicos; extranjeros, ministros de culto; asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión o secta, el Secretario Ejecutivo del Instituto, una vez integrado el expediente, lo remitirá a la instancia correspondiente según lo dispuesto por los artículos 264, párrafo 3, inciso b); 266, párrafo 2, 267 y 268, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

4. Por cuanto a los funcionarios electorales, conocida la infracción, se procederá a la tramitación de la queja o denuncia presentada, en los términos que establece el presente acuerdo, para los efectos de lo señalado en el artículo 265 del código de la materia, con independencia de lo que disponga al efecto la normatividad aplicable para los miembros del servicio profesional electoral y personal administrativo.

5. De tratarse de infracciones que cometan los observadores electorales, las organizaciones a las que pertenezcan; partidos políticos y agrupaciones políticas, el procedimiento, será conforme a lo señalado en los subsecuentes puntos de este acuerdo.

6. Toda queja o denuncia deberá ser presentada por escrito con firma autógrafa del denunciante y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones. En el escrito correspondiente, deberán precisarse los hechos y casos concretos que motiven la queja o denuncia y aportarse los elementos de prueba con que se cuente al efecto.

7. Aquellas quejas o denuncias que se refieran a observadores electorales o a las organizaciones a las que pertenezcan, serán presentadas por escrito, señalando hechos y casos concretos y aportando los elementos de prueba con que se cuente; la denuncia deberá estar suscrita en forma autógrafa por quien la promueve.

8. Las quejas o denuncias presentadas por un partido político deberán ser formuladas por escrito, contener una narración de los hechos objeto de la queja o denuncia, estar debidamente firmadas en forma autógrafa por los representantes acreditados ante los órganos colegiados del Instituto, según corresponda, o por los dirigentes de los partidos políticos debidamente registrados ante el propio Instituto. Asimismo, se deberán adjuntar los elementos de prueba referentes a los hechos que se denuncien.

9. Recibido el escrito de queja o denuncia correspondiente, deberá remitirse inmediatamente a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral.

10. Recibido el escrito de queja o denuncia, por la Secretaría Ejecutiva del Instituto, se procederá de la siguiente manera:

a). Se registrará en el libro de gobierno;

b). Se formulará el acuerdo de recepción correspondiente;

c). Se asignará el número de expediente que le corresponda, con base en la siguiente nomenclatura:

(...)

d) De ser procedente, conforme a los supuestos establecidos en el numeral 11 de estos lineamientos, se notificará por escrito, en forma personal al denunciado, de la interposición de la queja o denuncia; corriéndosele traslado con el escrito respectivo y las pruebas ofrecidas, a efecto de que, en un plazo de cinco días, conteste por escrito lo que considere conveniente y, en su caso, aporte las pruebas que estime procedentes en su descargo;

e) Agotada la instrucción, el Secretario Ejecutivo elaborará el proyecto de dictamen para ser presentado a la consideración de la Junta General Ejecutiva;

f) Aprobado el dictamen por la Junta General Ejecutiva, se presentará a la consideración del Consejo General del Instituto Federal Electoral para la determinación correspondiente.

11. Si el escrito de queja o denuncia, no contara con la firma autógrafa del denunciante o, en su caso, del representante o dirigente acreditado ante el órgano del Instituto que recibió dicho escrito; o los hechos narrados resultaran evidentemente frívolos o no se aportara prueba alguna, el Secretario Ejecutivo elaborará el proyecto de dictamen proponiendo el desechamiento del asunto, el cual será sometido a la consideración de la Junta General Ejecutiva.

12. El Secretario Ejecutivo del Instituto podrá allegarse de los elementos de convicción que estime pertinentes para integrar el expediente, para tal efecto podrá solicitar mediante oficio, a los Vocales Ejecutivos de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas del Instituto, lleven a cabo las investigaciones correspondientes o recaben las pruebas necesarias para la debida integración del expediente.

13. Los vocales de las Juntas Locales y Distritales del Instituto Federal Electoral, coadyuvarán en la integración de los expedientes y tramitación de las quejas y denuncias, a solicitud del Secretario de la Junta General Ejecutiva.

14. Los dictámenes aprobados por la Junta General Ejecutiva, serán sometidos, en su oportunidad, a la consideración del Consejo General.

15. Para la tramitación y sustanciación de las quejas o denuncias se aplicarán, en lo conducente, las disposiciones relativas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, u otras aplicables”.

 

De lo trasunto se desprende que el procedimiento administrativo sancionador, está constituido por un conjunto de actos por o ante la autoridad competente del Instituto Federal Electoral, para el conocimiento, la investigación y, en su caso, la aplicación de la sanción a quien cometa una infracción a la normatividad electoral, todo ello, con la finalidad de tutelar el orden jurídico electoral y hacer respetar los principios de constitucionalidad y legalidad que rigen en la materia electoral, ya que en los mismos se determina que una vez que se tenga conocimiento de alguna irregularidad, se emplazará al partido o agrupación política presuntamente responsables, para que en el plazo de cinco días conteste por escrito lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que considere pertinentes; acotando que sólo se podrán admitir las pruebas documentales (públicas y privadas), técnicas, pericial contable, presuncionales e instrumental de actuaciones, las cuales deberán ser exhibidas junto con el escrito con el que se comparezca en el procedimiento, pues las aportadas fuera de tal plazo no serán tomadas en cuenta.

 

Para la integración del expediente, se observa que la autoridad substanciadora puede solicitar la información y documentación con que cuenten las instancias competentes del propio Instituto; concluido el plazo otorgado al partido político para contestar las imputaciones que se le hacen, así como para ofrecer pruebas, se formulará el dictamen correspondiente, el cual se someterá a la decisión del Consejo General del Instituto Federal Electoral.

 

De acuerdo con los puntos 1 y 2 de los lineamientos mencionados, el organismo substanciador del procedimiento, es la Junta General Ejecutiva, a través de la secretaría relativa, a cargo del Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral. Dicho secretario es el responsable de recibir las quejas o denuncias, integrar y substanciar el expediente atinente, así como de formular el proyecto de dictamen que corresponda.

 

El procedimiento sancionador puede iniciarse con la presentación de una queja en contra de los partidos políticos (entre otros sujetos), cuando algún órgano del Instituto Federal Electoral tiene conocimiento de que un partido político cometió alguna irregularidad, así como cuando el Consejo General requiere a la Junta General Ejecutiva para la investigación de las actividades de un ente político, previa solicitud de otro instituto político.

 

En este procedimiento, la citada Junta General es el órgano competente para integrar el expediente mediante la realización de cuando menos los siguientes actos:

 

A) El emplazamiento al probable responsable o infractor;

 

B) El otorgamiento de un plazo para que se produzca la contestación y se aporten pruebas;

 

C) La posibilidad de solicitar información y documentación para la integración del expediente; y,

 

D) La elaboración de un dictamen para presentarlo ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral. Esta autoridad concluye con dicho procedimiento al emitir la resolución pertinente.

 

Resulta importante destacar que el procedimiento acabado de relacionar, limita a la autoridad electoral a solicitar la información y documentación con que cuentan las instancias competentes del propio Instituto, razón por la que la investigación por parte de la autoridad competente no debe constreñirse a valorar las pruebas exhibidas, o a recabar las que posean sus dependencias, puesto que, cabe decirlo, su naturaleza pone de manifiesto que, en realidad, no se trata de un juicio en el que la autoridad resolutora sólo asume el papel de un juez entre dos contendientes, sino que, su quehacer, dada la naturaleza propia de la queja, implica realizar una verdadera investigación con base en las facultades que la ley le otorga para apoyarse en las distintas autoridades federales, estatales y municipales, en la medida en que dicho procedimiento se aproxima a los propios en que priva el principio inquisitivo y no el dispositivo, a fin de verificar la certeza de las afirmaciones contenidas en la queja o de los elementos probatorios que, en forma oficiosa, den lugar al inicio del procedimiento respectivo.

 

Lo anterior sirve también para establecer que la frontera de la carga de la prueba que la ley atribuye al denunciante o a la autoridad responsable de la vigilancia de la actuación y participación de los partidos y agrupaciones políticas en al vida política del país, consiste en satisfacer los requisitos mínimos enunciados; en otras palabras, no debe llegar al grado de atribuirle al denunciante esa carga procesal para demostrar fehacientemente los extremos de su pretensión, pues por la naturaleza de gran parte de los hechos generadores de quejas o el inicio oficioso del procedimiento, sería prácticamente imposible para un partido o agrupación política, en el caso de las denuncias, acreditar todos los hechos en que las sustente, en tanto que las pruebas ofrecidas con su escrito inicial, en la mayoría de los casos, se encuentran en manos de autoridades o dependencias gubernamentales, como son, en el caso que aquí interesa,  por citar sólo un ejemplo, las Procuradurías General de la República y la de Justicia del Estado de Yucatán; por lo que siendo del conocimiento público que las dependencias o autoridades mencionadas están impedidas legalmente para proporcionar documentos e información  confidencial a cualquier persona, el  atribuirle al denunciante la carga procesal de acreditar plenamente los hechos en que sustenta las afirmaciones atinentes, hace nugatoria la facultad atribuida por la ley de la materia a los partidos para denunciar probables irregularidades cometidas por sus similares,  violatorias a la Constitución o Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

 

Cabe resaltar que una característica esencial de este procedimiento administrativo, está constituida por el conjunto de atribuciones conferidas al Secretario de la Junta General Ejecutiva, sobre la investigación de las cuestiones materia de tal procedimiento.

 

El Secretario de la Junta General Ejecutiva debe, en una primera fase, hacer una especie de dictamen preliminar sobre la naturaleza y trascendencia de las situaciones de hecho, para el exclusivo efecto de la procedencia del procedimiento de que se trata, con la finalidad de establecer si esos hechos pueden conducir a determinar la existencia de una infracción normativa. De no ser así, es evidente que no se debe iniciar y menos tramitar dicho procedimiento; de ahí que sea explicable el contenido del punto número 11 de los lineamientos invocados, el cual dispone que el Secretario Ejecutivo debe formular el proyecto de dictamen proponiendo el desechamiento del escrito de queja o denuncia, si tal ocurso no está firmado autógrafamente, los hechos narrados resultan evidentemente frívolos o no se aporta prueba alguna que los avale.

 

De encontrarse satisfecho el presupuesto antes dicho, el órgano substanciador está en condiciones de continuar con la instrucción del expediente, en términos de lo previsto en el artículo 270, párrafo 2, y el punto número 10, inciso d), de los mencionados lineamientos generales.

 

Los artículos 40 y 82, párrafo 1, inciso t), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el punto número 12 de los lineamientos citados, confieren poderes a la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, por conducto de su Secretario, para que investigue la verdad de los hechos, por los medios legales a su alcance, sin que la inactividad de las partes lo obligue ni lo limite a decidir únicamente sobre los medios que ellas le lleven o pidan.

 

El establecimiento de esta facultad tiene por objeto, evidentemente, que la referida autoridad conozca de manera plena, la verdad sobre los hechos sometidos a su potestad, con el fin de lograr la tutela efectiva del régimen jurídico electoral, el cual está integrado por normas de orden público y observancia general.

 

Debe advertirse que la normatividad en cuestión, no restringe ni limita, en forma alguna, el ejercicio de esa facultad a una etapa o fase determinada del procedimiento, sino que, por el contrario, la circunstancia de que en los artículos 40, 82, párrafo 1, inciso t) y 270, párrafo 3, del mencionado Código, así como en el punto número 12 de los lineamientos generales referidos, se prevé esa potestad probatoria, sin sujetarla a un momento determinado y permite que la propia facultad pueda ejercitarse válidamente antes del emplazamiento del partido a quien se le imputa la conducta ilegal; durante la integración y sustanciación del expediente; y cuando el Consejo General del Instituto Federal Electoral conoce del dictamen elaborado por la Junta General Ejecutiva, para su decisión, y advierte que no están debidamente esclarecidos los puntos de hecho correspondientes, por tanto, debe ordenar a dicha Junta, la investigación de los puntos específicos que no estén aclarados (artículo 82, párrafo 1, inciso t, del ordenamiento mencionado).

 

En este sentido, cabe precisar que respecto a la presentación de los elementos probatorios a que se refiere el artículo 40 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Secretario tiene también la función de sustentar la seriedad de las afirmaciones contenidas en la queja, independientemente de que esas probanzas sean aptas para demostrarlas plenamente. En tal virtud, las situaciones de hecho que se someten a la consideración de la autoridad, deben ser serias, e implicar, precisamente, una situación o circunstancia que pueda traducirse en una contravención de tales normas, ya que de no ser así, esto es, que los hechos denunciados tengan como sustento circunstancias inverosímiles, insustanciales, hipotéticas, o que por ningún concepto pudieran configurar una infracción normativa, no podría dar lugar, válidamente, al seguimiento del procedimiento administrativo que prevé el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

 

Inclusive, si la normatividad citada confiere a la Junta General Ejecutiva, por conducto de su Secretario, poderes de investigación a través de los medios que estén a su alcance para conocer la verdad de los hechos, es indudable que el ejercicio de esas potestades no están sujetas o condicionadas a los estrictos puntos de hecho referidos en el escrito de queja, en razón de que las consideraciones esgrimidas en una denuncia, constituyen simplemente, la base indispensable para dar inicio al procedimiento administrativo sancionador, pero una vez que el órgano substanciador determina, en primer lugar, que tales cuestiones fácticas pueden ser materia de un procedimiento, dicho órgano está facultado para hacer uso de su autoridad indagatoria con el fin de llegar a la verdad de las cosas, en acatamiento a los principios de certeza y legalidad que rigen en la materia electoral.

 

Por lo anteriormente referido, resulta inconcuso que las normas tanto legales como reglamentarias que establecen la potestad probatoria conferida al Secretario, permiten considerar que, con relación a los principios que rigen la materia de la prueba, en el procedimiento administrativo en comento, existe una mayor separación del principio dispositivo y un mayor acercamiento al principio inquisitivo, lo cual es explicable porque se está en el terreno donde se desenvuelven actividades de orden público, como es la función electoral.

 

En esa tesitura, si en el procedimiento de que se viene hablando se encuentran elementos o indicios que pongan en evidencia la posible existencia de una falta o infracción legal, ya sea porque el denunciante haya aportado algún medio de convicción con ese alcance, o que de oficio se haya allegado de alguna prueba que pongan de relieve esa situación, la falta de ejercicio de esos poderes por parte del Secretario Ejecutivo para esclarecer plenamente la verdad de las cuestiones sometidas a su potestad, implica una infracción a las normas citadas, así como a los principios de certeza y legalidad que rigen en la materia, en términos de lo previsto en el artículo 41, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis publicada en la página seiscientos cincuenta de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, de esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sección Tesis Relevantes, febrero de dos mil tres, cuyos rubro y texto son:

 

“PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL IFE TIENE FACULTADES INVESTIGADORAS Y DEBE EJERCERLAS CUANDO EXISTAN INDICIOS DE POSIBLES FALTAS, INDEPENDIENTEMENTE DEL ESTADO PROCESAL. Conforme a los artículos 40, y 82, párrafo 1, inciso t), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el artículo 12 de los Lineamientos Generales para el Conocimiento de las Faltas Administrativas y de las Sanciones, previstas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, por conducto de su secretario, tiene facultades para investigar la verdad de los hechos, por los medios legales a su alcance, potestad que no se ve limitada por la inactividad de las partes o por los medios que éstas ofrezcan o pidan. En efecto, el establecimiento de esta facultad tiene por objeto, evidentemente, que la referida autoridad conozca de manera plena la verdad sobre los hechos sometidos a su potestad, con el fin de lograr la tutela efectiva del régimen jurídico electoral, el cual está integrado por normas de orden público y observancia general (artículo 1o. del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, entre otros), por lo que no puede verse limitada por las circunstancias apuntadas, y por tanto puede ejercerla de oficio. De lo anterior se advierte, que las normas que regulan la potestad probatoria conferida al secretario ejecutivo, en los principios que rigen la materia de la prueba en el procedimiento en comento, existe una mayor separación del principio dispositivo y un mayor acercamiento al principio inquisitivo, lo cual es explicable porque se está en el terreno donde se desenvuelven actividades de orden público, como es la función electoral. Por estas razones, si en el procedimiento administrativo sancionador electoral iniciado con motivo de una queja existen elementos o indicios que evidencien la posible existencia de una falta o infracción legal, ya sea porque el denunciante haya aportado algún medio de convicción con ese alcance, o que de oficio se haya allegado alguna prueba que ponga de relieve esa situación y, no obstante tal circunstancia, el secretario ejecutivo no hace uso de las facultades investigadoras y probatorias que le confiere la ley, con la finalidad de esclarecer plenamente la verdad de las cuestiones fácticas sometidas a su potestad, implica una infracción a las normas que prevén dichas facultades, así como a los principios de certeza y legalidad que rigen en la materia, en términos de lo previsto en el artículo 41, fracción III, constitucional; pues no es sino hasta que el secretario mencionado determina que con los medios de prueba allegados al expediente es factible conocer con certeza los términos, condiciones y particularidades de las cuestiones que se hicieron de su conocimiento, cuando debe formular el proyecto de dictamen correspondiente, porque de no ser así, el expediente no se encuentra debidamente integrado. Consecuentemente, cuando el Consejo General del Instituto Federal Electoral conoce del dictamen elaborado por la Junta General Ejecutiva, para su decisión, y advierte que no están debidamente esclarecidos los puntos de hecho correspondientes, debe ordenar a dicha junta, acorde a lo dispuesto por el artículo 82, apartado 1, inciso t), del código en cita, la investigación de los puntos específicos que no están aclarados, para lograr la finalidad perseguida con el otorgamiento de la potestad investigadora, además de que la normatividad en cita no restringe ni limita en forma alguna el ejercicio de esos poderes a una etapa o fase determinada del procedimiento, pues no se le sujeta a un momento determinado, sin que sea obstáculo para lo anterior, que el artículo 10, inciso e), de los lineamientos citados, establezca como regla general que el dictamen se debe presentar en un plazo no mayor de treinta días naturales, contados a partir de que se recibió la denuncia, pues también establece que no será así cuando las pruebas ofrecidas o las investigaciones que se realicen justifiquen la ampliación del plazo, además de que dicho precepto reglamentario no puede dejar sin efecto la atribución del Consejo General de ordenar la investigación de puntos no aclarados.”

 

 

Por otra parte, debe decirse que, después de haberse desarrollado el procedimiento respectivo y una vez que el Secretario determine que con los medios de prueba allegados al expediente es posible saber con certeza los términos, condiciones y particularidades de las cuestiones que se hicieron de su conocimiento, debe formular el proyecto del dictamen correspondiente, y ponerlo en consideración de la Junta General Ejecutiva para su aprobación; de suceder tal cosa, como se dijo anteriormente, ésta debe someter el dictamen relativo a la decisión del Consejo General del Instituto Federal Electoral.

 

Sentado lo anterior, a continuación se pondrá de relieve que, como se alega, la autoridad responsable al conocer del dictamen puesto a su consideración, debió ordenar diversas diligencias, para allegarse de elementos probatorios que confirmaran o desvirtuaran algunos hechos en los que el Partido de la Revolución Democrática fundó su queja.

 

De igual forma cabe señalar que una de las cuestiones esenciales sobre la que versa el procedimiento indicado, está referida a aquéllas que se hacen del conocimiento del órgano competente del Instituto, respecto a la existencia, en concepto del denunciante, de una irregularidad o infracción a las normas jurídicas electorales, atribuida al Partido Revolucionario Institucional, a los militantes activos, simpatizantes y asociaciones o agrupaciones adherentes a éste, consistente en esencia, en haber mantenido un “plantón” permanente a partir del quince de enero de dos mil uno, hasta el mes de marzo de ese mismo año, en la Sede del Consejo Electoral del Estado de Yucatán, para impedir la instalación de los consejeros ciudadanos insaculados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; conducta, según el denunciante, que afectó el desarrollo del proceso electoral y podría resultar contraria a las disposiciones constitucionales y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

 

Tocante al mencionado tópico, es dable dejar aclarado que, las irregularidades denunciadas sobre las que hay que dilucidar, relativas a la posibilidad de ordenar diligencias para allegarse pruebas que las confirmen o desvirtúen, pueden sintetizarse en el sentido de dejar de manifiesto que se impidió, por conducto de militantes y agrupaciones adherentes del partido denunciado, la toma de posesión de los Consejeros ciudadanos insaculados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de las instalaciones del Consejo Electoral del Estado de Yucatán, con lo que se pudo haber afectado el desarrollo del proceso electoral que se efectuaba en esa Entidad Federativa.

 

De las constancias que integran la queja JGE/QPRD/CG/004/2001, mismas que la autoridad responsable remitió a este órgano jurisdiccional al rendir su informe circunstanciado, se advierte que el partido denunciante ofreció las siguientes pruebas:

 

a) Las copia certificadas de lo actuado en los juicios de revisión constitucional electoral identificados con las claves SUP-JRC-440/2000 y su acumulado SUP-JRC-445/2000 y SUP-JRC-004/2001;

 

b) El informe que deberían rendir al Instituto Federal Electoral las autoridades e instancias involucradas en los actos denunciados;

 

c) El informe que debería rendir la Procuraduría General de la República, respecto al estado que guardan las averiguaciones previas presentadas;

 

d) Los comunicados de prensa emitidos por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional;

 

e) Las síntesis de notas de prensa publicadas en internet por el Periódico Reforma; y,

 

f) Varios medios de comunicación impresos de circulación local en el Estado de Yucatán y a nivel nacional, cuyos contenidos relatan hechos similares a algunas de las afirmaciones contenidas en el estrito de denuncia.

 

Por su parte, el Partido Revolucionario Institucional, al dar contestación a las cuestiones contenidas la denuncia planteada en su contra, negó todas las imputaciones efectuadas por el Partido de la Revolución Democrática, ya que, por una parte, las consideró sin sustento jurídico, y por otra, manifestó no haberlas efectuado, por lo que, en su concepto, no ha incurrido en responsabilidad administrativa alguna.

 

Ahora bien, entre las pruebas aportadas por el partido denunciante, se encuentran las relativas a las notas periodísticas en las que se dan algunas versiones de los sucesos de que se trata, mismas que coinciden con las afirmaciones del denunciante, y a las cuales, la responsable negó eficacia demostrativa sobre la base de que con ellas no se acreditan hechos concretos imputables al partido denunciado, toda vez que, para que dichas notas periodísticas pudieran tener eficacia probatoria, debían adminicularse con otros medios de prueba, en razón de tratarse de apreciaciones personales de sus actores, empero, es de advertirse que, la coincidencia fundamental del contenido de las noticias publicadas, pueden constituir indicios sobre la existencia de los hechos denunciados y del modo en que éstos se suscitaron, a pesar de que no logren demostrar plenamente la veracidad de su contenido, razón por la cual, debían practicarse mayores diligencias que reforzaran o en su caso destruyeran esos indicios.

 

Para arribar a la anterior conclusión, se tienen presente el cúmulo de las notas periodísticas ofrecidas por el partido denunciante, con las que es posible advertir la existencia de indicios coincidentes, en cuanto al modo, tiempo y lugar que se efectuaron los hechos, esto es, del cómo, cuándo y dónde sucedieron, de tal manera que la responsable, estaba en condición material y jurídica para allegarse todos aquellos elementos que estimara suficientes para su esclarecimiento, mediante la implementación de nuevas líneas de investigación, por lo que para efectos de ilustración, se transcriben a continuación, en su parte conducente, algunas de las notas periodísticas cuyo contenido, en la especie, puede resultar relevante y significativo para la materia de la queja.

 

Fuente

Fecha

Encabezado

Autor

Contenido

Reforma

30-dic-2000

Es nulo, reitera el Congreso.

Luis Armando Mendoza

...Lo único fuera de agenda en la sesión del Congreso local fue la irrupción de unos cien miembros de la Alianza de Colonos de Mérida “Víctor Manuel Cervera Pacheco”, que encabezados por sus dirigentes Jorge Murillo Burgos e Irene Presuel Canul, fueron llevados al recinto legislativo bajo la promesa de despensas, para solidarizarse con la fracción priísta en la “defensa de la soberanía de Yucatán”.

(Aparece una fotografía con personas cargando una manta que dice: Alianza de Colonos de Mérida “Víctor Manuel Cervera Pacheco”, y la gráfica refiere: Integrantes de una agrupación de colonos de Yucatán realizaron una marcha en apoyo a los legisladores priístas).

Diario de Yucatán

16-ene-2001

Exhortación de ocho grupos cívicos a PAN y PRD.

En Yucatán está en juego el futuro de todo el país.

Carece de autor.

...En entrevista que concedió en el cruzamiento de las calles 57 y 62, poco antes de que fuera agredido por los priístas que bloquearon el acceso a la sede del Instituto Electoral del Estado e impidieron que tomen posesión del inmueble los consejeros designados por el Trife, Guillermo Vela calificó lo ocurrido, como “muy lamentable”...

Diario de Yucatán

16-ene-2001

Gobernación dice que no hay un choque entre poderes, sino diálogo para hallar una salida.

En Yucatán debe acatarse el fallo del Trife.

Carece de autor.

...En Mérida, un grupo de militantes y simpatizantes del PRI, armados con palos, botellas de plástico y huevos impidió de manera violenta la instalación del Consejo designado por el Trife.

A empujones y con agresiones verbales, los priístas echaron de la sede del órgano electoral a los consejeros, quienes, como indicamos en la sección local, se declararon formalmente en funciones en el parque meridano de Santa Lucía.

En el PRI, su directiva nacional se solidarizó con la bancada priísta en el Congreso, en todas las medidas que emprenda para el reconocimiento del Consejo Electoral que nombró...

Diario de Yucatán

16-ene-2001

El desacato degenera en bloqueos y desórdenes.

Carece de autor.

...Alrededor de las 11:40 se dirigieron a la oficina del Consejo acompañados de varios notarios públicos, entre ellos Elizabeth López Valencia, Aurora Díaz Carvajal, Gustavo Monforte Luján, Emilio Sosa Heredia, Anastasio Manzanilla Torres y Francisco Cámara Luján. Sin embargo, en la esquina de la 57 con 60 ya no pudieron avanzar porque se encontraron con los primeros grupos de priístas que ya habían bloqueado las oficinas electorales ubicadas unos metros más adelante, sobre la 57...

Entre los priístas se encontraban jovenzuelos y “gritones” de los que siempre acuden al Congreso a ofender a los diputados de la oposición, integrantes de una unión de bandas, colonos y hasta funcionarios, como los alcaldes de Progreso, Valladolid y Tixpeual.

Sin embargo, de nuevo se encontraron con un grupo de jóvenes de la Federación Estudiantil Yucateca, encabezados por su presidente, Mariel Flota Alcocer, quien además de empujar a quienes protegían a los consejeros empezaron a lanzar golpes.

...Por otro lado, hasta ayer a las 5:30 de la tarde unas 300 personas seguían a las puertas del Instituto Electoral del Estado, en un ambiente de aparente calma.

Diario de Yucatán

16-ene-2001

Cadena de agresiones a dirigentes nacionales del PAN y PRD.

Carece de autor.

...Con total impunidad y sin que interviniera ninguna corporación policíaca, a pesar de que la SPV destacó agentes antimotines en calles aledañas, los priístas agredieron cuando menos en tres ocasiones a consejeros y observadores de organizaciones no gubernamentales. El más activo de los agresores fue el conocido alborotador Marciano Yam Cauich, quien golpeó por la espalda al Pbro. Raúl Lugo Rodríguez justo cuando el sacerdote yucateco, en su calidad de integrante del Grupo Indignación, agrupación defensora de los Derechos Humanos, ofrecía una conferencia de prensa.

...Las turbas priístas se comenzaron a concentrar, a las puertas de la sede del Instituto Electoral del Estado en la calle 57 entre 62 y 64, desde primeras horas de la mañana y bloquearon el paso por la calle 57 desde su confluencia en la calle 62. Hasta ya entrada la noche seguían ocupando esa céntrica arteria.

El encuentro entre priístas y consejeros, dirigentes de la oposición representantes de agrupaciones cívicas y otras personas ocurrió poco después de las doce del día, en la 57 con 62.

Diario de Yucatán.

16-ene-2001

Califica de imprudentes a los líderes del PAN y PRD.

Vinieron a provocar a los yucatecos, dice el PRI.

Carece de autor.

El Presidente Estatal del PRI, Roberto Pinzón Álvarez, manifestó que las agresiones que sufrieron ayer los consejeros del Trife y dirigentes de la oposición se debieron a que “gente del interior del país vino a provocar a los yucatecos”.

Los priístas fueron provocados, enfatizó.

El dirigente indicó que él está contra la violencia y que los consejeros del Trife y sus acompañantes debieron retirarse del lugar al ver que había mucha gente, para evitar actos violentos.

Tras conocer los hechos de ayer en esta ciudad, el Comité Nacional del PRI emitió un comunicado en el que expresó su respaldo “a las acciones de sus legisladores” locales de Yucatán.

El directivo insistió en que los dirigentes nacionales y sus acompañantes vinieron “a intervenir en asuntos que competen al Estado”.

—Para nada podemos promover actos de violencia, pero aquí estos señores estaban ahí (los priístas) en forma pacífica llegaron a provocarlos —señaló—. A esto le llamó imprudencia, porque si vieron a un grupo enorme de priístas y llegaron como panistas a querer entrar a la fuerza, estaban provocando...

Por Esto!

16-ene-2001

Priístas yucatecos rechazaron a consejeros insaculados.

A huevazos les impidieron acceder a la sede del IEEY.

Francisco Cárdenas Cruz

...Tal y como se esperaba, los miembros del Instituto Electoral del Estado de Yucatán que fueron insaculados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no pudieron acceder a la sede de aquel organismo en Mérida bloqueado por militantes del PRI que se los impidieron bajo una lluvia de huevos podridos y envases de plástico lanzados contra ellos y los dirigentes nacionales del PAN y del PRD que los acompañaban, obligándolos a tener que instalarse en un parque cercano, ante notarios públicos mismos que “les dieron posesión” de sus cargos.

Por Esto!

16-ene-2001

Ningún enviado del Trife estuvo presente, ni siquiera los actuarios. (Rindieron protesta en Santa Lucía).

Víctor Lara Martínez

...Después de ser rechazados a huevazos y empujones por cientos de priístas que invadieron ayer la calle 57 entre 62 y 64, donde se encuentran las oficinas del Consejo Electoral del Estado, los 7 consejeros designados por el Trife, dirigentes nacionales del PAN y del PRD, tuvieron que replegarse y trasladarse al parque de Santa Lucía para rendir protesta e integrar un Consejo Electoral del Estado, ante los notarios públicos Gustavo Monforte Luján y Emilio Jesús Sosa Heredía.

Por Esto!

16-ene-2001

No se presentaron a la hora señalada al CEE y tampoco tomaron posesión.

Consejeros fallaron al encargo del Trife.

Rene Ché

...El notario público número 85, Francisco Cámara Luján dio fe pública que los consejeros electorales insaculados por el Trife no se presentaron ayer en el local del consejo a la hora señalada en el fallo de esa instancia y, en consecuencia, tampoco tomaron posesión de su encargo.

Poco antes de las 11:30 horas, el notario llegó al CEE cuya puerta principal era custodiada por militantes y simpatizantes del PRI, quienes al ver su libreta de actas, no le permitieron pasar y empezaron a empujarlo...

Diario de Yucatán

16-ene-2001

Atacados por turbas priístas, los consejeros del Trife desvían su toma de posesión al parque de Santa Lucía.

El desacato degenera en bloqueos y desórdenes.

Carece de autor.

Turbas priístas bloquearon ayer las oficinas del Consejo General del Estado y con empujones, golpes e insultos y una lluvia de proyectiles impidieron la instalación de los consejeros designados por el Trife, quienes, ante la falta de garantías a su seguridad, tuvieron que sesionar en el parque de Santa Lucía ante la presencia de notarios públicos y dirigentes locales y nacionales del PAN y PRD.

La imposibilidad de ocupar las oficinas del Consejo se debió ayer a los golpes, agresiones, amenazas, ofensas y todo tipo de insultos que profirieron las turbas priístas contra los consejeros electorales que acudieron a tratar de instalarse, acompañados de notarios públicos y dirigentes nacionales y locales del PAN y PRD.

(En la nota se incluyen 3 fotografías en cuyos pies se señalan: 1. Una multitud de priístas se plantó frente a las oficinas del Instituto Electoral del Estado para bloquear el paso a los consejeros que ayer trataron de instalarse en ese local. A la derecha, un ejemplo de las agresiones que sufrieron los funcionarios seleccionados por el Trife y sus acompañantes. Atestiguan un pleito, entre otros, el notario Gustavo Monforte Luján, los consejeros Ignacio Puerto Gutiérrez y Fernando Bolio Vales, el Pbro. Raúl Lugo Rodríguez, la consejera del IFE Patricia MaCarthy Caballero y el presidente del Comité Municipal del PAN Edgar Ramírez Pech, 2. A la derecha, tratando de calmar los ánimos. 3. Ante los obstáculos que se encontraron para llegar a la sede del consejo electoral, los consejeros nombrados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tuvieron que sesionar en el parque de Santa Lucía, ante varios notarios públicos y protegidos por dirigentes de la oposición y organizaciones civiles. Entre otros, se observa a Eduardo Seijo Gutiérrez, consejero suplente; José Castañeda Pérez, representante del PAN ante los organismos electorales; Ignacio Puerto Gutiérrez, consejero; Jorge Vallejo Buenfil, secretario de acción electoral del PRD y Fernando Bolio Vales, consejero).

Diario de Yucatán

16-ene-2001

Los asistentes atendieron más a las cumbias que a las lecciones.

“Curso de capacitación del Consejo del Congreso”

Carece de autor.

...Ayer mientras afuera decenas de priístas mantenían cerrada la calle e impedían el acceso a la sede del Instituto Electoral del Estado, el Consejero Electoral por el Congreso del Estado ofrecía un “Curso de capacitación” a consejeros distritales y municipales que ocuparon casi todos los espacios disponibles en el inmueble.

En una jornada de tensión, insultos, golpes y agresiones del grupo priísta, de la cual se informa con más amplitud en notas aparte, el edificio del IEEY fue fuertemente resguardado sin necesidad de que interviniera la fuerza pública estatal.

A las 12:10, luego de que a las puertas del inmueble, en la calle 58 entre 62 y 64, medio millar de priístas impidieron a golpes y empujones la entrada a los consejeros electorales y a dirigentes nacionales y locales del PAN y PRD que acudieron a atestiguar su toma de posesión, salieron dos de las consejeras impuestas por la mayoría priísta del congreso, Mirian Ivette Mijangos Orozco y Brígida Medina Klausell.

(En la nota aparece una fotografía la cual refiere: Desde temprano, en la calle 57 entre 62 y 64 se reunieron decenas de violentos priístas que impidieron el paso de vehículos y personas durante varias horas en medio de discursos contra el presidente, el secretario de gobernación y otras autoridades y que no dejaron que los consejeros electorales designados por el Tribunal Federal tomarán posesión del edificio del Instituto Electoral y rindieran la protesta de rigor, ceremonia que finalmente cumplieron en el parque de Santa Lucía.)

Por Esto!

16-ene-2001

No dejaremos que entren los consejeros del Trife, sentencian unos mil yucatecos.

Plantón permanente en el CEE.

Miqueas Be Palma

Desde poco después de las ocho horas los yucatecos de diferentes municipios, comisarías y colonias de Mérida, así como miembros de Ciudadanos Unidos por Yucatán, Alianza de Colonos “Víctor Cervera Pacheco” y la Liga de Resistencia Cívica Benito Juárez A.C., se apostaron a las puertas del consejo electoral ubicado sobre la calle 57 entre 62 y 64...

...El presidente de Ciudadanos Unidos por Yucatán, Juan Centurión Cabrera, advirtió que acudían a las puertas del consejo electoral para hacer valer las leyes y demostrar que los yucatecos son capaces de resolver sus propios problemas, no necesitan de gente del centro para ello.

...En apoyo de su compañero, Marcelino Díaz, con un ejemplar del Por Esto! En la mano, expresó: “El mismo presidente Vicente Fox reconoce que los problemas de los yucatecos lo definan los yucatecos, aquí el Por Esto! lo publica.

Por su parte, el presidente de la Liga de Resistencia Cívica Benito Juárez A. C. Marciano Yam Cauich con lenguaje coloquial adviertió:

—“No somos pendejos, no nos vamos a dejar, no vamos a dejar que vengan a poner un consejo electoral que nombraron en el Distrito Federal”.

Por Esto!

16-ene-2001

No queremos a los huaches.

“Fuera botas, arriba las alpargatas”

Rafael Gómez Chi

...La provocación llegó a su clímax justo con el cenit. Muy cerca de las doce. Hubo conatos de enfrentamientos que pudieron ir mucho más allá de un zafarrancho provocado por los reaccionarios de la ultra derecha. Entre los provocadores se contaban miembros del Frente Cívico Familiar, Grupo Indignación, Coordinadora Democrática de Magisterio, Alianza Cívica, Federación de Colonos Urbanos de Yucatán (FECUY).

Desde muy temprano, poco más de un millar de yucatecos, varios de ellos afiliados a ciudadanos unidos por Yucatán, Alianza de Colonos “Víctor Cervera Pacheco”, Liga de Resistencia Cívica Benito Juárez A. C., Comité de Comisarios de Mérida y varios alcaldes, se concentraron a las puertas del Instituto Electoral del Estado, donde el consejo insaculado irreconocido por el Congreso del Estado sesionaba desde primera hora.

Marciano Yam Cauich, un personaje muy conocido en las grescas que se originan en estos eventos, reto, con feroz mirada, al sacerdote al tiempo que se le acercaba.

(En la nota aparecen varias gráficas en cuyos pies se señalan: 1. Carteles con leyes como: “Trife vendido”, “por la defensa del pueblo yucateco”, “Yucatán ni se vende ni se dobla”, “Los del Trife son unos trinqueteros ” y “Congreso del Estado Libre y Soberano”, fueron muestras del sentir yucateco. 2. Ante la provocación, a los ciudadanos yucatecos no les quedó otro remedio que arremeter no sólo contra los consejeros insaculados por el Trife, sino también contra los agitadores. Empujones, insultos, gritos, manotazos, botellazos, e incluso “huevazos” surcaron los aires. 3. Por mofarse de los yucatecos, el “pato” Patrón Labiada recibió su castigo: Un huevazo. 4. Dos imágenes contrastantes: Patricio jamás borró su sonrisa cívica y Ana Rosa lució como pollita asustada. 5. El clímax justo con el cenit: Hubo conatos de enfrentamientos que pudieron ir mucho más allá de un zafarrancho ocasionado por los funcionarios de la ultra derecha yucateca. 6. Nadie se salvo de los empujones, de la lluvia de proyectiles, entre los que se contaron desde huevos, envases “pet” de refrescos y de agua purificada, hasta bolsas conteniendo quién sabe que sustancias. 7. Entre los provocadores panistas y perredistas se encontraba el sacerdote Raúl Lugo Rodríguez. 8. Desde muy temprano, alrededor de mil ciudadanos hicieron guardia ante las instalaciones del Instituto Electoral del Estado para la defensa de la soberanía de Yucatán).

Por Esto!

16-ene-2001

Huevazo al “pato”, al mofarse con la “V” de la victoria.

Repelidos los provocadores.

Carece de autor.

...Desde la mañana, alrededor de mil ciudadanos miembros de organizaciones tales como Ciudadanos Unidos por Yucatán, Alianza de Colonos “Víctor Cervera Pacheco”, Liga de Resistencia Cívica Benito Juárez A. C., Comité de Comisarios de Mérida y varios alcaldes, se posesionaron prácticamente de las instalaciones del Instituto Electoral del Estado para defender la soberanía de su Estado.

El pueblo yucateco permanecía en toda la 57, entre 62 y 64 para defender la soberanía de Yucatán, de su Congreso y del Consejo Electoral de Yucatán, formaba una valla humana que impedía el paso, pero ante la provocación no les quedó otro remedio que arremeter, no sólo contra los consejeros insaculados por el Trife, sino también contra los provocadores...

La Jornada

16-ene-2001

Priístas y golpeadores coparon las calles aledañas al IEE; hubo huevazos y empujones.

Un parque de Mérida, sede para la instalación del Consejo Electoral.

La presencia de los panistas Luis Felipe Bravo y Patricio Patrón Labiada caldeo los ánimos.

Mireya Cuellar y Luis Boffil

... Un grupo de priístas y golpeadores impidió que los consejeros insaculados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pudieran siquiera acercarse a las instalaciones del Instituto Electoral del Estado (IEE)

A empujones, los obligaron a retirarse. Fue dos calles más adelante en el Parque Santa Lucía —con el aval de notario público número 14 Emilio de Jesús Sosa— y bajo la sombra de un árbol, que pudieron declarar “formalmente instalado el Consejo Electoral del Estado”

Mientras tanto, los priístas siguieron posesionados de la calle donde se ubican las instalaciones del órgano electoral. Fueron llevados ahí desde las nueve de la mañana. En camiones, llegaron de las colonias y municipios cercanos, hasta formar un grupo de alrededor de 800, aunque quienes participaron en la gresca fueron en su mayoría un bien identificado grupo de 30 golpeadores, que aparecen cada vez que el PRI lo requiere. Se conoce también, que la prensa local identificó a Marciano Yam Cauich como la persona que zarandeo al cura. Un equipo de sonido amenizó todo el resto de la tarde la reunión de los priístas, que se fue mermando conforme pasaron las horas. Las tortas y los refrescos llegaron en vehículos oficiales.

La Jornada

16-ene-2001

Reitera el PRI su apoyo al Congreso de Yucatán.

El TEPJF debe desaparecer, plantea el senador Bartlett.

Su intervención produjo un conflicto de poderes, señala.

Piden gobernadores revisar facultades del órgano electoral.

La Jornada de Oriente y José Antonio Román

(Aparece una foto que al pie señala: Priístas ante el Consejo Electoral de Yucatán).

Excélsior

16-ene-2001

Priístas de Yucatán agreden y obligan a huir al CEE del TRIFE.

Toma posesión en un parque de Mérida.

Lluvia de proyectiles y petardos.

Golpean a un sacerdote católico.

“Cervera propicia la violencia”.

Riesgo de inestabilidad: PAN-PRD.

Hora de acabar con cacicazgos.

Atilano González Villa

...Violentos simpatizantes priístas bloquearon las entradas a la sede del oficial del consejo electoral del Estado, donde sesionaba el consejo electoral nombrado por el congreso, y los consejeros insaculados por el TRIFE se vieron obligados a tomar posesión en un parque, a 200 metros de distancia, ante dirigentes nacionales del PAN y del PRD...

La violencia amenazaba a aumentar sin control minutos antes del medio día cuando los consejeros nombrados por el TRIFE intentaron pasar la calle para entrar al local. Una lluvia de botellas, huevos, verduras, petardos y algunos pleitos a golpes los hicieron desistir de sus intentos y decidieron sesionar en el parque Santa Lucía.

La Jornada

16-ene-2001

Priístas y golpeadores coparon las calles aledañas al IEE; hubo huevazos y empujones.

Un parque de Mérida, sede para la instalación del Consejo Electoral.

La presencia de los panistas Luis Felipe Bravo y Patricio Patrón Laveada caldeó los ánimos.

Mireya Cuellar y Luis Boffil

Un grupo de priístas y golpeadores impidió que los consejeros designados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) pudieran siquiera acercarse a las instalaciones del instituto electoral del Estado (IEE).

A empujones, los obligaron a retirarse. Fue dos calles más adelante, en el parque Santa Lucía- con el aval del notario número 14, Emilio de Jesús Sosa- y bajo la sombra de un árbol, que pudieron declarar formalmente instalados” el Consejo Electoral del Estado.

Cuando a las doce del día los consejeros designados por el TEPJF y un grupo de notarios intentaron acercarse al IEE, los priístas ya habían tenido un primer jaloneo con representantes de las llamadas organizaciones cívicas, que pretendieron tender un “cordón de seguridad” que permitiera a los nuevos consejeros llegar hasta la puerta del órgano electoral. Y los ánimos se caldearon todavía más, al aparecer el dirigente nacional del PAN, Luis Felipe Bravo Mena, y el candidato panista a la gubernatura, Patricio Patrón Laviada, quien se convirtió en el centro de las agresiones.

Fueron los fotógrafos de prensa, quienes, en un intento por tomar las mejores placas, se interpusieron entre ambos grupos y de manera involuntaria evitaron que los golpeadores del PRI –para entonces ya llevaban algunos palos- se fueran sobre la cincuentena de dirigentes y militantes del PAN que llegaron hasta el lugar. Los del blanquiazul, que conservaron la calma llamaban a sus compañeros a no dejarse provocar. A las 12:10 se retiraron panistas, perredistas y los nuevos consejeros.

Mientras tanto, los priístas siguieron posesionados de la calle donde se ubican las instalaciones del órgano electoral. Fueron llevados ahí desde las 9:00 de la mañana. En camiones, llegaron de las colonias y municipios cercanos, hasta formar un grupo de alrededor de 800, aunque quienes participaron en la gresca fueron en su mayoría un bien identificado grupo de 30 golpeadores, que aparecen cada vez que el PRI lo requiere. Se conocen tan bien, que la prensa local identificó a Marciano Yam Cauich como la persona que zarandeó al cura. Un equipo de sonido amenizó todo el resto de la tarde la reunión de los priístas, que se fue mermando conforme pasaron las horas. Las tortas y los refrescos llegaron en vehículos oficiales.

Reforma

16-ene-2001

Obligan a consejeros a jurar en un parque.

Acusa PRD al gobernador Víctor Cervera de provocar secándolo político.

Wilbert Torre y Luis A. Mendoza

Luego de que un grupo de priístas les impidió, por la fuerza, ocupar ayer la sede del Instituto Estatal Electoral (IEE), los consejeros avalados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se vieron obligados a rendir juramento en un parque público.

...Cuando los consejeros llegaron al edificio del IEE, los priístas los recibieron con consignas de “¡muera el TRIFE!” y “¡viva el Estado soberano de Yucatán!”, y a golpes, insultos y gritos, e incluso con huevos, petardos y botellas de plástico lanzados como proyectiles, les cerraron el paso.

...Desde temprano, los del tricolor llegaron en patrullas de la Secretaría de Protección y Vialidad del Gobierno del Estado, en autobuses contratados y vehículos de los ayuntamientos priístas, y bloquearon las calles de acceso al IEE.

El Universal

16-ene-2001

Desata PRI violencia en Yucatán.

Agreden a los consejeros avalados por el TEPJF; éstos instalan el CEE en un parque ante notario. Acatar fallo del Tribunal, pide gobierno federal.

Fabiola Guarneros, Yazmín Rodríguez, Arturo Zarate, José Luis Ruiz, Mayra Aguirre y Jorge Teherán.

...Pese a que un grupo de priístas se opuso violentamente –armados con palos y acometiendo con golpes-, el consejo electoral de Yucatán designado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rindió protesta ante notario público.

Los funcionarios reconocidos por el TEPJF fueron echados del consejo electoral por los militantes del tricolor, y en virtud de ello se declararon formalmente en funciones en un parque.

...En tanto, el CEN del PRI refrendó su apoyo al Congreso del Estado en las acciones que emprenda y calificó de injerencista al TEPJF.

El Universal

16-ene-2001

Existen en Yucatán 2 autoridades electorales.

Impiden priístas con violencia la instalación del CEE en la sede del órgano electoral; inician consejeros funciones en una plaza y ante notario público. Responsabilizan Bravo Mena y Zambrano a Víctor Cervera de los hechos.

Fabiola Guarneros y Yazmín Rodríguez.

...Un grupo de priístas, armado con palos, botellas de plástico y huevos, impidió de manera violenta la instalación del Consejo Electoral del Estado designado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). A empujones y con agresiones verbales, los militantes del PRI echaron de la sede del órgano electoral a los consejeros, quienes se declararon formalmente en funciones en una plaza al aire libre, ante un notario público.

Los enfrentamientos –manotazos, puntapiés y empellones- iniciaron quince minutos antes de que venciera el plazo ordenado por el Tribunal, para que los funcionarios electorales se instalaran.

Y mientras el priísta Marciano Yam azuzaba a sus compañeros de partido para repeler a los panistas, los consejeros nombrados por el Congreso del Estado permanecían encerrados en las instalaciones del órgano electoral.

Minutos más tarde –cuando concluyó el plazo, a las 12:01 horas- los funcionarios reconocidos por el Tribunal se refugiaron en la plaza Santa Lucía y en ceremonia al aire libre instalaron su consejo electoral. Ahí se encontraban 10 de los 14 consejeros y representantes del PAN, PRD y PT. De la instalación del órgano electoral dio fe el notario público Emilio Sosa Heredia.

...Desde las nueve de la mañana, decenas de simpatizantes priístas –la mayoría mujeres y niños- se apostaron fuera de las instalaciones del consejo electoral estatal. Ahí, esperaron la llegada de los funcionarios electorales designados por el TEPJF.

Colocaron bocinas, mantas y mostraron cartulinas de rechazo al Tribunal y la intervención del secretario de gobernación, Santiago Creel.

Dos horas más tarde, los priístas ya eran cerca de 500 y con sus cuerpos bloquearon el acceso a la sede electoral. Mientras esperaban, gritaban frases amenazantes como:

...“¡Fuera!”, “No permitiremos la intromisión del Tribunal”, “No van a entrar”.

Los consejeros Gabriela Solís y Eduardo Seijo Gutiérrez fueron los primeros en llegar a esa esquina. Los priístas impidieron su paso, los empujaron y amenazaron con palos.

Los priístas no abandonaron las instalaciones del CEE y permanecieron en guardia hasta entrada la noche, mientras que los funcionarios electorales nombrados por diputados priístas se quedaron en la sede.

Milenio

16-ene-2001

Impiden priístas el acceso de consejeros.

Violencia en Yucatán.

Francisco Garfias y Luis Guillermo Hernández.

Yucatán crea a sus mártires. La violencia defendía de la intromisión a la soberanía. Los odios de la transición. Gritaban su furia los priístas yucatecos. Armados con varas, palos y botellas de vidrio defendían a su modo la soberanía que 14 consejeros electorales querían “arrebatarles”; “perros, fuera de Yucatán... viva la soberanía”.

Milenio

16-ene-2001

Con palos y piedras los priístas imponen su ley.

Sin presencia policíaca, la cual fue acuartelada, integrantes del PRI yucateco defendieron, a su modo, los que consideraban una intromisión a su soberanía “Fox saca tus botas de Yucatán”, eran su principal grito de guerra.

Luis Guillermo Hernández

Gritaban su furia los priístas yucatecos. Armados con varas, palos y botellas de vidrio defendían a su modo la soberanía que 14 consejeros electorales querían arrebatarles: “perros, fuera de Yucatán...viva la soberanía”.

La policía no estaba ahí para impedir la violencia, acuartelada por sugerencia directa del gobernador Víctor Cervera Pacheco, quien decidió dejar al perímetro que rodea la sede del consejo electoral del estado sin más ley que la impuesta por los priístas. Sus priístas.

Ellos llegaron desde los municipios cercanos, en vehículos oficiales pagados por el PRI, para impedir que su partido perdiera el control del órgano electoral que debe organizar la elección del sucesor de su gobernador.

La crisis del día.

El consejo electoral de Yucatán designado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación instaló sus trabajos en la plaza pública Santa Lucía, en Mérida, porque se lo impidieron más de 500 priístas de por lo menos 3 grupos de “choque” afines a Víctor Cervera Pacheco.

El grupo “los gritones del Consejo” golpeadores afines al senador Orlando Paredes, utilizados en distintos actos públicos. Los asistentes al bloqueo incluso portaban camisetas con el logotipo de campaña del legislador, aspirante a la candidatura priísta por la gubernatura, y conocido como “el candidato de Cervera”.

El grupo de “los cubre espaldas de Cervera” es comandado por el diputado federal suplente, Nerio Torres Ortiz, líder de los taxistas de Mérida, compadre de Cervera Pacheco. Es el grupo considerado uno de los más violentos de la entidad, conocido como “el bate fuerte”.

El grupo de Marciano Yam. Se conforma con hombres y mujeres beneficiarios de programas sociales de combate a la pobreza y es uno de los más aguerridos de la entidad. Yam es conocido como el rompecaras y se le ubica como incondicional de Cervera Pacheco.

Milenio

16-ene-2001

La crisis en Yucatán: Dos consejos electorales.

Ante el zafarrancho que se suscitó en la sede del consejo estatal electoral, los 14 consejeros designados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se instalaron en sesión permanente en un parque público, y llamaron al gobernador a regresar a “la senda de la constitucionalidad”.

Luis Guillermo Hernández

...Grupos de hombres y mujeres provenientes de por lo menos 10 municipios de la entidad, armados con palos, piedras y botellas, se apostaron desde temprano en las puertas del consejo estatal, en la calle 57 de esta capital, e impidieron el paso de los consejeros.

...El amplio despliegue policíaco dispuesto la víspera por el gobierno de Cervera Pacheco, se transformó ayer en contingentes de más de 500 priístas enardecidos, que fueron trasladados hasta el centro de Mérida en autobuses pagados por el PRI estatal, en los cuales llevaron a la gente desde sus lugares de origen hasta la sede del consejo estatal, convertido en punto de reunión.

Con mecates y piedras, los priístas dispusieron un “cordón de seguridad”, en la calle 57, desde la esquina de la calle 62 hasta la calle 64, ningún consejero podía atravesar.

Cuando la consejera suplente, Graciela Lozano, intentó llegar al recinto, fue detenida a empujones y jaloneos por simpatizantes del PRI, al mando de Marciano Yam, apodado el rompecaras, conocido golpeador del régimen Cerverista.

La estrategia priísta era hacer estallar la violencia en la zona, para lo que convocaron a por lo menos 3 grupos de choque distintos, que fueron ubicados por las organizaciones no gubernamentales de esta ciudad.

Un grupo fue identificado como “los gritones del congreso”, fieles al senador Orlando Paredes, precandidato priísta a la gubernatura y cercano a Cervera Pacheco.

Un segundo contingente, apostado frente al hotel adjunto a la sede del consejo electoral es operado por Nerio Torres Ortiz, líder de los taxistas de Mérida, compadre de Cervera Pacheco y su “cubre espaldas de toda la vida”, según el rumor popular.

Torres Ortiz es diputado federal suplente y su grupo es considerado uno de los más violentos de la entidad, conocido como “el bate fuerte”.

El tercer grupo es el de Marciano Yam, quien organizó una trifulca con integrantes del frente cívico familiar de Yucatán, y agredió físicamente al candidato del PAN a la gubernatura, Patricio Patrón Laviada.

Novedades

16-ene-2001

Priístas atacan al candidato del PAN en Yucatán.

Agreden a los consejeros nombrados por el Tribunal.

El Consejo Electoral tuvo que instalarse en un jardín.

Posible salida negociada en el marco de la ley: Creel.

Carece de autor.

Cerca de 700 priístas se apoderaron ayer de la sede del Instituto Estatal Electoral, impidieron el acceso a los miembros del Consejo Electoral Estatal (CEE) designados por el Tribunal Electoral Federal y también agredieron verbal y físicamente al candidato panista a gobernar la entidad, Patricio Patrón Labiada.

Los priístas arrojaron botellas de plástico, petardos, huevos, y otro tipo de objetos a panistas y perredistas, que intentaron entrar a la sede del CEE en donde tomarían posesión los consejeros designados por el Tribunal.

El lugar permaneció sitiado por priístas, por lo que el consejo electoral designado por el Tribunal se instaló en el parque Santa Lucía certificado por un notario público y dirigentes nacionales de PAN y PRD.

Novedades

16-ene-2001

Cerveristas agreden a Consejeros del TEPJF.

Yucatán tiene dos consejos electorales.

Más de 800 militantes del PRI impiden acceso al Instituto Electoral del Estado y asumen el cargo en un jardín.

Rocío Leyva

...Los Consejeros avalados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se instalaron ayer en una sede alterna, luego de que grupos de priístas les impidieron regresar a la sede del Instituto Electoral del Estado, con lo que ahora la entidad cuenta con dos consejos electorales.

¡Fuera, fuera el Trife!, gritaban los manifestantes priístas que empezaron a concentrarse desde muy temprano en grupos de 10 o 20 personas y que se identificaron como integrantes de una organización llamada Ciudadanos Unidos por Yucatán (anteriormente conocida en la entidad como Ciudadanos Unidos por Cervera Pacheco).

Los priístas, vecinos de las colonias y pueblos aledaños mostraban cartulinas donde pedían la defensa de la soberanía, sin embargo, al cuestionarlo sobre el significado de la palabra contestaron “No sabemos, pero venimos a apoyar”.

Luego de presenciar y de ser víctimas de los violentos actos, los consejeros del Trife abrigados por los partidos de oposición y por organizaciones no gubernamentales decidieron retirarse del área para posteriormente dirigirse a la plaza de Santa Lucía, donde ante notarios públicos instalaron formalmente el Consejo Estatal Electoral ratificado por el TEPJF.

Unomásuno

16-ene-2001

Golpes e insultos contra consejeros.

Al grito de ¡muera el Trife...! cientos de manifestantes respaldaron al gobernador y a los diputados locales del PRI.

Fabio Fuentes y José Palacios

...Con golpes, proyectiles, palos, insultos y huevazos, más de mil enardecidos simpatizantes del PRI agredieron a los consejeros electorales designados por el Tribunal Electoral, a la prensa y a los dirigentes nacionales del PAN y PRD frente a la sede del Instituto Electoral del Estado, para impedir que los nuevos funcionarios tomarán posesión de su encargo.

Al grito de ¡muera el Trife, viva Yucatán!, cientos de colonos, campesinos, indígenas y trabajadores traídos del interior del Estado respaldaron al gobernador Víctor Cervera Pacheco y a los diputados locales del PRI en su rebeldía contra la federación.

Unomásuno

16-ene-2001

Pese a bloqueo y golpes, asumen cargos funcionarios electorales.

Agreden a consejo en Mérida.

“Lluvia” de botellas y huevos afuera del IEE.

Fabio Fuentes y José Palacios

...Más de mil priístas enardecidos agredieron con palos y huevazos a los consejeros designados por el TEPJF, cuando estos intentaron tomar posesión de su cargo.

Frente a la sede del Instituto Electoral del Estado (IEE), los simpatizantes del tricolor arremetieron también contra la prensa, los dirigentes del PAN y el PRD.

Al grito de “¡muera el Trife, viva Yucatán!”, cientos de colonos, campesinos, y trabajadores que apoyan al PRI manifestaron su adhesión a la fracción priísta del Congreso local y al gobernador Víctor Cervera.

México Hoy

16-ene-2001

Huevazos contra Bravo Mena y Patrón Laviada.

Caos político en Yucatán.

Los panistas y los consejeros insaculados por el TEPJF fueron agredidos frente al CEE.

México Hoy y Agencias

...Alrededor de las 11:45 horas, militantes de organizaciones afines al priísmo local agredieron e impidieron el acceso al Consejo Estatal Electoral (CEE) a los consejeros insaculados por el máximo Tribunal Electoral y a dirigentes nacionales panistas y perreditas, mismos que más tarde rindieron protesta en un parque público.

Botellas de plástico, petardos, huevos, naranjas y otros tipos de objetos fueron lanzados a panista y perredistas que intentaron infructuosamente ingresar a la sede del CEE, el cual se encuentra sitiado por organizaciones adheridas al PRI.

Minutos después se presentaron los consejeros insaculados por el TEPJF para tratar de acceder a la calle y al recinto del CEE, pero igualmente fueron rechazados por las organizaciones adherentes a la mayoría priísta del Congreso Estatal.

Los priístas mantienen acordonada la calle 57, entre la 62 y 64, donde se encuentra el CEE, en pleno centro de la capital del Estado, a dos cuadras del Palacio de Gobierno donde despacha Víctor Cervera Pacheco.

México Hoy

16-ene-2001

Rindieron protesta en la calle.

Notimex

...Posteriormente, el CEE insaculado por el TEPJF se instaló formalmente en un parque público, ante la imposibilidad de hacerlo en las instalaciones del organismo.

Ante 3 notarios públicos, los 7 consejeros que fueron electos por el máximo Tribunal Electoral con el método de insaculación, rindieron protesta en el parque Santa Lucía cercano a la sede del CEE.

El Sol de México

16-ene-2001

Choque de PAN y PRI en Yucatán.

Trifulca en el Consejo Electoral, peligran comicios de mayo, alertan diputados.

Manuel Cosme

En un clima de violencia y agresiones verbales que motivo una lluvia de objetos contra líderes y grupos de panistas y perredistas, cientos de seguidores del PRI impidieron que consejeros insaculados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tomarán posesión de sus cargos en el Consejo Estatal Electoral.

El Sol de México

16-ene-2001

Hubo lluvia de todo tipo de proyectiles pero no heridos graves.

Impiden priístas la toma de posesión del CEE en Yucatán.

Bloquean a consejeros insaculados por el Tribunal Electoral.

Manuel Cosme

En un clima de violencia y agresiones verbales, que motivó una lluvia de objetos contra líderes y grupos de panitas y perredistas, cientos de seguidores del PRI impidieron que los consejeros insaculados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tomaran posesión de sus cargos en el Consejo Estatal Electoral (CEE).

Decididos a impedir la toma de protesta de los consejeros electorales insaculados por el TEPJF, cientos de simpatizantes priístas se posesionaron desde temprano alrededor de la sede del CEE, cuando el contingente encabezado por Bravo Mena y Patricio Patrón intentaron llegar hasta el lugar, lo único que generaron fue una lluvia de proyectiles –huevos, botellas y demás objetos—, insultos, silbidos y demás expresiones de rechazo, aunque al final nadie resultó con lesiones graves.

...Siguieron el dicho de que “el que madruga dios lo ayuda” desde temprano contingentes de grupos afines al PRI estatal se congregaron en torno a la sede del CEE y antes de que los consejeros insaculados junto con los perredistas y panistas que los acompañaban pudieran acceder se dio un zafarrancho que impidió lograran su objetivo.

Como argumento, los seguidores del PRI señalaron que el TEPJF estaba violentando la soberanía de Yucatán.

El Economista

16-ene-2001

Impiden priístas a consejeros ingresar al Instituto Electoral.

Válida Tribunal la instalación del Consejo Electoral en Yucatán.

Heriberta Ferrer

Todo empezó antes del mediodía. Militantes de organizaciones afines al priísmo yucateco agredieron e impidieron el acceso al Consejo Estatal Electoral (CEE) a los consejeros insaculados por el máximo Tribunal Electoral y a dirigentes nacionales panistas y perredistas.

Botellas de plástico, petardos, huevos, naranjas y otros tipos de objetos fueron lanzados a panistas y perredistas, que intentaron infructuosamente ingresar a la sede del CEE, el cual estuvo sitiado por las organizaciones adheridas al PRI.

Minutos después se presentaron los consejeros para tratar de acceder a la calle y al recinto del CEE, pero igualmente fueron rechazados.

También acompañaban a los consejeros los notarios Manuel de Jesús Sosa Heredia, Anastasio Manzanilla y Francisco Cámara Luján, quienes tenían la tarea de dar fe de la instalación del Consejo Electoral.

El Día

16-ene-2001

Los consejeros electorales rindieron protesta en una plaza pública.

Zafarrancho en Mérida: Impide el PRI ascensión del CEE del TEPJF.

Carece de autor.

Militantes y simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) impidieron hoy, con violencia, el acceso a las instalaciones del Consejo Estatal Electoral (CEE) a los integrantes de ese organismo insaculados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quienes tuvieron que rendir protesta en una plaza pública de esta capital, mientras la sede del consejo fue ocupada por los miembros del cuerpo colegiado designados por el Congreso de Yucatán...

...Botellas de plástico, petardos, huevos, naranjas y otros objetos fueron lanzados por las bases de tricolor en contra de los consejeros electorales nombrados por el Tribunal Federal, así como contra militantes de los Partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) que los acompañaban, y aunque hubo lesionados, ninguno requirió atención médica.

La Jornada

17-ene-2001

Retorna la calma a la entidad; mantienen priístas ocupada la sede oficial.

Organizan los consejeros 2 procesos electorales.

Mireya Cuellar y Luis Boffil

...Primero la tempestad, luego la calma. Después de los acontecimientos violentos que precedieron a la instalación, en un parque, del Consejo Electoral Estatal (CEE) avalado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y mientras que priístas mantienen cercadas las instalaciones del otro consejo, reconocido por las huestes tricolores, el clima político en Yucatán entró hoy en un impasse.

Este día en nada se pareció al lunes turbulento cuando grupos de priístas decidieron “sorpresivamente”, respaldar a los integrantes del CEE nombrado por la mayoría legislativa de ese partido e impedir que los consejeros que insaculó el TEPJF tomaran posesión del inmueble de la calle 57, una de las principales arterias del centro histórico de Mérida.

Veinticuatro horas antes, algunos panistas que asistieron en apoyo a los nuevos consejeros se enfrentaron con conocidos agitadores priístas, entre ellos Marciano Yam Cauich, quien tiene antecedentes penales y generalmente acude a las sesiones del congreso para provocar a los legisladores de oposición, y golpeó a traición al sacerdote Raúl Lugo Rodríguez, asesor del grupo de Derechos Humanos Indignación y al coordinador del Frente Cívico Familiar, Guillermo Vela Román.

México Hoy

17ene-2001

Impiden trabajar a los consejeros.

Priístas siguen atrincherados.

Erick Ruiz Novelo

...Más de un centenar de personas de organizaciones afines al PRI continúan frente a las instalaciones del Consejo con pancartas y reiteradas consignas en contra del Tribunal y aseguran que impedirán cualquier acto que atente contra los consejeros instalados en el edificio.

Los priístas impiden que los consejeros nombrados por el Tribunal Federal Electoral    —que ya se reunieron con representantes del IFE— tomen posesión de las oficinas.

...Tras el zafarrancho ocurrido el lunes pasado, cuando atacaron con botellas y huevos a panistas y perredistas, los priístas se atrincheraron en el lugar.

Ahí durmieron y hasta ahí les llevan alimentos sus correligionarios, su aptitud es agresiva con cualquier persona ajena e incluso con los turistas que se acercan por curiosidad.

Unomásuno

17-ene-2001

Acuden consejeros a la vocalía de IFE en Mérida.

Fabio Fuentes y José Palacios Tépate

...Mientras que la sede del Instituto Estatal Electoral de Yucatán permanece secuestrada por los simpatizantes del PRI, los 7 consejeros insaculados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acudieron a la vocalía local ejecutiva del IFE a solicitar apoyo para obtener una copia del listado nominal a fin de iniciar los preparativos de los comicios en mayo.

Novedades

17-ene-2001

Consejeros insaculados solicitan el padrón.

El CEE validado por el Congreso prepara documentación para acreditarse.

Roció Leyva

...A pesar de la beligerancia de los priístas que resguardan las instalaciones del Instituto Estatal Electoral (IEE), el ambiente de la ciudad es tranquilo; mientras, los dos consejos continúan sus actividades preparatorias para los comicios que se aproximan.

Cabe mencionar que entre toda esta situación preelectoral se ha creado un clima de rechazo a los medios de comunicación nacional que son agredidos verbalmente por los grupos priístas que mantienen cerrada la calle e impiden la entrada a la sede ese instituto.

El Heraldo de México

17-ene-2001

Estudian enviar policías a Yucatán.

Si se lo piden, así lo haría el presidente.

Apoyará Fox a la autoridad electoral legalmente constituida.

Fernando Damián, Patricia Ramírez y Clemente Castro

...Pese a que un nutrido grupo de priístas permanece apostado frente a las instalaciones del Instituto Estatal Electoral, el clima político en Yucatán entró una etapa de relativa calma, mientras los dos consejos electorales trabajan cada uno por su cuenta.

El Universal

17-ene-2001

Inician actividades los CEE de Yucatán.

Piden al IFE lista de electores. El que la reciba será reconocido por el Instituto, instancia organizadora de comicios.

Fabiola Guarneros y Yazmín Rodríguez

...Los consejeros insaculados por el TEPJF se reunieron para     integrar     el    Comité

Técnico y designar tres coordinaciones: de capacitación, administrativa y de organización electoral. Asimismo, atrincherados en la calle 57, un grupo de priístas custodia las instalaciones del Consejo Electoral del Estado para impedir el paso a los funcionarios electorales designados por el Tribunal.

...Los simpatizantes priístas organizaron guardias para “resguardar” el edificio y colocaron sillas en las esquinas de las calles 57 y 59, para bloquear el tránsito vehicular. Ahí estuvieron todo el día y la noche de 15, del 16 y amenazaban por permanecer en ese sitio en los próximos días.

Y mientras se define quién es la autoridad electoral del Estado, los priístas permanecerán “vigilando” las instalaciones del Consejo Electoral del Estado.

La Jornada

17-ene-2001

Retorna la calma a la entidad; mantienen priístas ocupada la sede oficial.

Organizan los consejeros dos procesos electorales.

Mireya Cuellar y Luis A. Boffil Gómez

Primero la tempestad, luego la calma. Después de los acontecimientos violentos que precedieron a la instalación, en un parque, del Consejo Electoral Estatal (CEE) avalado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y mientras que priístas mantienen cercadas las instalaciones del otro consejo, reconocido por las huestes tricolor el clima político en Yucatán entró hoy en un impasse.

Este día en nada se pareció a el lunes turbulento cuando grupos de priístas decidieron “sorpresivamente”, respaldar a los integrantes del CEE nombrado por la mayoría legislativa de ese partido e impedir que los consejeros que insaculó el TEPJF tomarán posesión del inmueble de la calle 57, una de las principales arterias del centro histórico de Mérida.

Veinticuatro horas antes, algunos panistas que asistieron en apoyo a los nuevos consejeros se enfrentaron con conocidos agitadores priístas, entre ellos Marciano Yam Cauich, quien tiene antecedentes penales y generalmente acude a las sesiones del Congreso para provocar a los legisladores de oposición, y golpeó a traición al sacerdote Raúl Lugo Rodríguez, asesor del grupo de Derechos Humanos Indignación, y al coordinador del Frente Cívico Familiar, Guillermo Vela Román.

El Financiero

17-ene-2001

Empecinados, los dos consejos electorales en organizar los comicios yucatecos.

Elección en tiempo y forma así sea con un solo partido: Chacón.

La falta de recursos, escollo en la estrategia: Ariel Avilés.

El IFE la “mano bendita” que elija al grupo “legal”.

Yoisi Moguel

...En la sede del Consejo Electoral de Yucatán, que hasta este día se encuentra sitiada por cientos de ciudadanos movilizados por organizaciones priístas y presidentes municipales, se desarrollan los cursos electorales para capacitar a los consejeros, secretarios técnicos de los 106 municipios y de los 15 distritos que organizarán el proceso electoral el 27 de mayo de 2001...

Reforma

17-ene-2001

Consideran priístas salida negociada.

Claudia Guerrero

...Por otro lado, Pinzón insistió en que los responsables de los hechos violentos protagonizados por priístas, panistas y perredistas afuera del Consejo Electoral de Yucatán, obedecen a una provocación de la oposición.

Finalmente, el dirigente del tricolor advirtió que su partido no reconoce al Consejo Electoral que tomó protesta frente a notarios en el parque Santa Lucía.

La Jornada

18-ene-2001

“¡No les estoy jugando chueco, que no les quede duda!”, dice a los priístas Cervera da marcha atrás y llama a diputados locales a flexibilizar su posición y negociar.

El Congreso Yucateco presentará un “juicio de nulidad por ilicitud” ante la SCJN.

Mireya Cuellar y Luis Boffil

...El Consejo que se pretende desconocer y que es precedido por Roger Medina Chacón sigue resguardado por el PRI. Cómodamente instalados los priístas ven televisión, toman café y bailan sobre la calle, custodiados por policías que vigilan a distancia. La calle permanece cerrada a la circulación y no sólo disponen de sillas, sino que ya se colocó una lona que les sirve de techo para que no reciban el rayo del sol. Ningún “guache” —léase defeño— puede acceder a las instalaciones del Instituto Electoral del Estado, porque en la puerta hay un grupo de señoras que demandan una identificación a quienes pretendan el acceso.

Los reporteros de las televisoras tienen que negociar con los priístas antes de cualquier enlace desde lugar; si no les gusta lo dicho por el periodista, proceden a gritar e intentar agredirlo.

El Heraldo de México

18-ene-2001

Pedirá el PRI yucateco a la Corte anular fallos del Tribunal Electoral.

P. Ramírez y F. Reséndiz

...A su vez, los priístas apostados en las inmediaciones de las instalaciones del Instituto Electoral del Estado, que están en manos de los consejeros apoyados por el Congreso del Estado de Yucatán, continúan haciendo sus guardias en ese lugar en el que llevan ya tres días.

El Sol de México

18-ene-2001

No nos moverán, dicen priístas en el IEE de Yucatán.

Manuel Cosme

...Llevan 60 horas en posesión de la calle 57 y los priístas que resguardan la sede del Instituto Electoral del Estado de Yucatán al grito de “¡No nos vamos a mover!” ya empiezan a tomar las previsiones necesarias para permanecer ahí el tiempo que sea necesario, hasta ahora indeterminado, por lo que ya mandaron a poner una lona verde que los cubra del sol y les dé un poco de frescura del calor que este día llegó a los 25 grados.

Unomásuno

18-ene-2001

PFP en la entidad yucateca; actuaría de ser necesario.

Fabio Fuentes y José Palacios

...Apoyados por asociaciones como el Frente Único de Trabajadores del Volante, la gente en plantón “indefinido” recibe alimentos y otro tipo de apoyos para mantenerse en el lugar, siempre coordinados por los mismos rostros con lentes obscuros.

Entre otros “estímulos” a la mayoría de las mujeres indígenas que ocupan media cuadra de la calle 57 les fue proporcionada una lona para la protección del sol, decenas de sillas con las cuales forman un cerco, alimentos y bebidas, todo distribuido por 3 camiones tipo Van que permanecen a las afueras del IEE.

La Jornada

18-ene-2001

Examina el eventual uso de la fuerza pública y las sanciones que aplicaría.

Ratifica el TEPJF que existe sólo un Consejo Electoral en Yucatán, emitirá nuevo acuerdo.

Los funcionarios designados por el Tribunal organizarán los comicios del 27 de mayo.

Jesús Aranda

(En la nota aparece una gráfica en cuyo pie se señala: Simpatizantes del PRI vigilan los accesos del Instituto Electoral del Estado de Yucatán. La solución al conflicto político en la Entidad aún parece lejana).

Novedades

19-ene-2001

“El 15 de febrero la convocatoria para elecciones”

El Tribunal Electoral no tiene bien definidas sus atribuciones: Cervera.

Niega negociar salida política al conflicto preelectoral.

Rocío Leyva

...Al referirse a los priístas que mantienen en resguardo la sede del Instituto Estatal Electoral, el gobernador sostuvo que el hecho de que un grupo de personas bloqueen una calle no es ilegal, pues, como dijo el presidente Vicente Fox, es una manifestación de la democracia.

México Hoy

19-ene-2001

Agentes federales desalojarían a sitiadores del CEE.

Rigor militar a cerveristas.

Militantes del PRI yucateco se refuerzan y policías estatales permanecen en alerta.

José Palacios y Eric Ruiz

...En previsión a una posible intervención de la fuerza pública para desalojar la sede del Consejo Estatal Electoral CEE, sitiada desde el pasado lunes por un grupo de simpatizantes priístas-cerveristas, este fin de semana se espera el arribo de un número aún indeterminado de militares y por lo menos un centenar de agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP).

...Mientras tanto, los elementos de seguridad pública del gobierno del Estado y decenas de organizaciones afiliadas al PRI, permanecen infiltrados entre la gente que tiene tomada la sede del consejo electoral, para enfrentar a quien pretenda ingresar al inmueble.

...En tanto, en las afueras de la sede del órgano electoral “los protectores de la soberanía” mantienen sus posiciones desde hace unas horas apostados a lo largo de la calle 57, donde la música en volumen alto, la basura y los rostros cansados son parte del paisaje.

En el CEE los integrantes del Frente de Alcaldes Yucateco recientemente conformado para defender la soberanía del Estado, y por asociaciones del Frente Único de Trabajadores al Volante, la gente en plantón “indefinido” recibe alimentos y otro tipo de apoyos para mantenerse firmes en respaldo al movimiento cerverista.

La Jornada

19-ene-2001

PRI, PAN y PRD habrían llegado a un acuerdo para reunirse el lunes con Creel.

La conformación de un tercer consejo pluripartidista, posible vía para solucionar el conflicto yucateco.

Luis A. Boffil y Mireya Cuellar

(En la nota aparece una fotografía en cuyo pie se señala: Sesión informativa, frente a las instalaciones del Instituto Electoral de Yucatán, inmueble que sigue ocupado por simpatizantes del PRI que impiden sesionar a los consejeros insaculados por el TEPJF).

La Jornada

19-ene-2001

La SCJN tiene competencia para intervenir, dice el Movimiento Territorial.

En Yucatán, el PRI se atendrá a la decisión del Congreso Local, señala Sergio García Ramírez.

El Secretario General del tricolor confía en que se halle una tercera vía de solución.

Advierte que no se deben buscar caminos fuera de la ley, como las concertacesiones.

José Galán

(Se muestra una foto en cuyo pie aparece: En Mérida, diputados del PRI acudieron al Instituto Electoral a dialogar con los militantes del tricolor que realizan un plantón frente a ese inmueble).

El Sol de México

20-ene-2001

Sólo nuestro consejo electoral es oficial, afirma Myrna Esther Hoyos.

Sin validez jurídica notificaciones de actuarios del TEPJF, aseguran en Yucatán.

Manuel Cosme

...Por la tarde, en la calle 57, frente a las instalaciones del IEEY se realizó una manifestación a la que acudieron cientos de priístas, principalmente, de los ayuntamientos cercanos de esta ciudad, y que fue encabezada por los diputados locales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) con su lideresa Myrna Esther Hoyos.

El acto fue llamado “en defensa de la legalidad, en defensa de la soberanía, y en defensa de Yucatán” y en él hablaron los diputados Edwin Chuck y Luceli Alpizar Carrillo, quienes agradecieron el apoyo recibido por los ciudadanos en defensa de la decisión adoptada por ellos de escoger un consejo electoral para organizar las elecciones del próximo 27 de mayo.

Finalmente los manifestantes siguen dispuestos a no moverse y a la esquina de la calle 57 y 62 ya no se le conoce como “el colonial” sino la de “el plantón”.

El Día

20-ene-2001

Ratifica PRI denuncia contra Tribunal Federal.

Notimex

...Mientras, a 5 días de los hechos en que organizaciones a fines al PRI impidieron el paso de los consejeros insaculados por el TEPJF a la sede del CEE, los simpatizantes del tricolor siguen apoderados del edificio del consejo estatal, al cual sólo permiten el acceso de los consejeros que designó la mayoría priísta del congreso estatal.

Excélsior

20-ene-2001

Ratifica el congreso del estado su denuncia contra 7 magistrados.

Atilano González Villa

...El plantón a las puertas de la sede del consejo electoral, donde trabaja el nombrado por el congreso, se mantiene y el ambiente de fiesta aumenta con los días. Hoy instalaron en plena calle una tarima por donde desfilaron grupos musicales, cantantes y oradores exhortando a mantener el apoyo al consejo legal, nombrado por la legislatura de acuerdo a las leyes del Estado.

El Financiero

22-ene-2001

Priístas yucatecos, en pie de guerra.

Diputados locales de 20 estados asistirán a un mitin de apoyo contra el TEPJF.

No tememos ir a la cárcel por defender a la soberanía: W. Sosa.

Hoy sesionará por primera vez el consejo electoral del tribunal.

Yoisi Moguel

...En la lucha de 24 horas a las puertas del consejo electoral de Yucatán, la fracción parlamentaria del PRI encabezó un mitin para manifestar, una vez más, que no se quebrará en la batalla.

...La celebración, animada con música de salsa reunió a más de 3000 personas de todos los municipios gobernados por priístas, para escuchar los argumentos de sus legisladores.

La Jornada

22-ene-2001

Hoy militantes del PRI organizan acciones para intimidar a los consejeros.

Hoy sesionaría el consejo electoral avalado por el TEPJF en Yucatán.

No negociaremos con la Secretaría de Gobernación, advierte la lideresa Mirna Hoyos.

Luis A. Boffil Gómez

...Los priístas orquestan acciones para intimidar a los consejeros ciudadanos reconocidos por oposición y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), previo a la primera sesión que los funcionarios “impuestos por el centro” proyectan sostener este lunes.

Cobijados y “alentados” por el amplio respaldo que los mismos priístas aseguran tener de miles de yucatecos que rechazan los resolutivos del TEPJF, los catorce diputados del tricolor, con excepción de Gaspar Xiu Cachón, considerado un traidor por sus correligionarios, esperan hacer una basta demostración de fuerza, al tiempo que apoyarán al consejo electoral que preside Roger Medina Chacón, el organismo que la oposición llama espurio.

...La presión arrancará este lunes en la calle 57, que permanece bloqueada desde hace 7 días por la huestes “incondicionales” de ese partido, con un magno mitin que tendrá a decenas de diputados priístas de varios congresos estatales del país.

...El domingo, los diputados del tricolor, encabezados por su lideresa Myrna Hoyos Schlamme, acudieron a la calle 57 para exhortar a los militantes que resguardan las instalaciones donde labora el consejo “espurio”, a no “ceder y aguantar el tiempo que sea necesario”.

Reforma

22-ene-2001

Elegirá CEE a su presidente.

Luis Armando Mendoza

...Por otro lado, grupos de priístas que mantienen secuestrado desde hace siete días el edificio del IEE realizaron ayer un mitin en las afueras del inmueble para repudiar las nuevas acciones del TEPJF, que otorgó su aval al CEE insaculado por esa instancia federal, lo que dio pie a que el IFE decida no otorgar la copia del padrón electoral al Consejo nombrado por la mayoría priísta del Congreso local.

Movilizan a legisladores.

A convocatoria de la presidencia de la Gran Comisión del Congreso local, diputados priístas de las legislaturas locales de todo el país, participarán hoy en una concentración en las afueras del Instituto Electoral Estatal.

La concentración de legisladores priístas será una más de las acciones de respaldo al consejo electoral nombrado por el congreso local y desconocido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Unomásuno

22-ene-2001

Se vence el plazo en Yucatán; preocupación de consejeros.

Fabio Fuentes y José Palacios

...Mientras los priístas apostados en las inmediaciones del instituto electoral del estado (IEE) aseguran que no darán ni un paso atrás, los consejeros insaculados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) mencionaron su preocupación por el vencimiento de los plazos y porque aún no cuentan con un local donde puedan realizar sus sesiones de trabajo.

El Heraldo de México

22-ene-2001

En Yucatán; los actores, inflexibles.

Patricia Ramírez M.

...Aunque el Partido Acción Nacional se mantiene en cautela en espera de los acuerdos en gobernación, el PRI organizó para hoy 4 marchas que convergerán en la sede del instituto electoral de Yucatán, sitiado desde hace una semana, y que estarán encabezas por alrededor de 100 diputados locales provenientes de todo el país.

Los legisladores, coordinados por el diputado Heriberto Ramos, vendrán a esta ciudad a manifestar su solidaridad con sus homólogos yucatecos, ante lo que consideran una extralimitación de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y una invasión a la autonomía estatal.

Explicó que se trata de legisladores de las fracciones parlamentarias del Partido Revolucionario Institucional que vienen a apoyar la “defensa de la soberanía de Yucatán” ante la intervención del TEPJF”.

Milenio

22-ene-2001

100 diputados estatales bloquean hoy el IEE.

Didier Madera Alpuche

Al menos 100 diputados priístas de 20 estados de la República estarán presentes en la “magna concentración” que hoy se realiza en Mérida, el Partido Revolucionario Institucional para rechazar la intervención del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En esta concentración dijo, los priístas manifestarán su apoyo al consejo estatal electoral que preside Roger Medina Chacón que “es el único órgano electoral con validez jurídica y representatividad legal para organizar los comicios”, en los que se elegirá gobernador, 106 alcaldes y 15 diputados.

Anunció que también se espera la presencia de los 80 alcaldes priístas de la entidad, quienes conforman el “frente común para la defensa de la soberanía de Yucatán”.

Cada uno de estos presidentes municipales organizan movilizaciones de sus respectivos poblados para traer gente a la “magna concentración”; incluso, fuentes oficiales revelan que a cada uno de ellos se le estableció una “cuota mínima” de “acarreados” para tratar de que, por lo menos, haya unas 20,000 personas en el acto programa para este día.

El Sol de México

22-ene-2001

Diputados priístas de todo el país en apoyo al congreso yucateco.

Manuel Cosme

El conflicto preelectoral que enfrenta esta Entidad vivió un día crucial, ya que más de 100 legisladores locales priístas de todo el país asistieron a una manifestación en respaldo de los diputados estatales, cuya lideresa, Myrna Esther Hoyos, afirmó que los mandados de la PFP no han determinado intervenir con su fuerza para resolver este problema porque consideran que quien quebrantan la ley es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En apoyo a este acto los priístas invitaron a militantes de todo el Estado para llevar adelante esta magna concentración, mientras que el gobernador Víctor Cervera Pacheco realizará un gira de trabajo por el interior del Estado.

La Jornada

22-ene-2001

Aguantar, la consigna a priístas.

Luis A. Boffil Gómez

...Ellos sólo conocen que “se viola la soberanía de Yucatán” en realidad, quien tienen sus órdenes: aguantar y aguantar. Se turnan, bailan, platican y reciben puntualmente sus alimentos. Es más, algunos por primera ocasión comieron pizza, algo totalmente diferente a sus ancestrales costumbres; son los indígenas mayas, “orgullosos” de ser priístas y defender al consejo reconocido por el tricolor .

Son los mismos que desde hace 7 días permanecen sentados día y noche en la calle 57, llamada ahora “defensa de la soberanía”, y que reciben el constante bombardeo partidista, cuyo mensaje tiende, en ocasiones, a ser discriminatorio: “¡fuera huaches!”, palabras que en el caliche local equivaldría a chilangos.

La protección de la soberanía de Yucatán es el pretexto. “Somos priístas, obedecemos, no hay que dejarnos”, sostienen los militantes.

“Hay comida y dinero, mientras nos paguen, nosotros aguantamos lo que quieran” aseveran algunos priístas, cuya vida en el campo es difícil y ha sido difícil durante muchos años.

Ahora en la ciudad, en un pleito donde son virtualmente carne de cañón, los campesino alivian un poco sus penurias con la comida y agua que les llevan mientras hacen guardia.

La Jornada

22-ene-2001

Los militantes del PRI organizan acciones para intimidar a los consejeros.

Hoy sesionaría el Consejo Electoral avalado por el TEPJF en Yucatán.

No negociaremos con la Secretaría de Gobernación, advierte la lideresa Mirna Hoyos.

Luis A. Boffil Gómez

La presión arrancará este lunes en la calle 57, que permanece bloqueada desde hace siete días pos las huestes incondicionales de ese partido, con un magno mitin que tendrá a decenas de diputados priístas de varios congresos estatales del país.

El domingo los diputados del tricolor, encabezados por su lideresa Myrna Hoyos Schlamme, acudieron a la calle 57 para exhortar a los militantes que resguardan las instalaciones donde labora el consejo (espurio), a no ceder y aguantar el tiempo que sea necesario.

La Jornada

22-ene-2001

Aguantar, la consigna a priístas.

Luis A. Boffil Gómez

...En realidad, tienen sus órdenes: aguantar y aguantar. Se turnan, bailan, platican y reciben puntualmente sus alimentos. Es más, algunos por primera ocasión comieron pizza, algo completamente diferente a sus ancestrales costumbres; son los indígenas mayas, “orgullosos de ser priístas y defender al consejo reconocido por el tricolor.

Son los mismos que desde hace 7 días permanecen sentados día y noche en la calle 57, llamada ahora “defensa de la soberanía”, y que reciben el constante bombardeo partidista, cuyo mensaje tiende, en ocasiones, a ser discriminatorio: “¡Fuera guaches!”, palabra que en el caliche local equivaldría a chilangos.

La protección de la soberanía de Yucatán es el pretexto. “Somos priístas, obedecemos, no hay que dejarnos”, sostienen los militantes.

Novedades

23-ene-2001

El IFE entregarán el padrón al CEE avalado por el Tribunal.

Diputados de 23 congresos piden acotar facultades al TEPJF.

Notimex

...Legisladores de 23 congresos estatales del país demandaron, ante una numerosa concentración de priístas en esta ciudad, una reforma constitucional que “evite se viole sistemáticamente la soberanía de los estados”.

Durante un mitin multitudinario de priístas, afirmaron que es indispensable que se garantice a los mexicanos la imparcialidad en la lucha política y evitar que se viole en forma sistemática la soberanía de la entidades federativas.

Representantes de los 23 estados del país emitieron su “declaración de Yucatán”, en la que fustigaron a dicho órgano, al considerar que se ha extralimitado en sus funciones, palabras que fueron respaldadas por los simpatizantes y militantes del PRI.

...Miles de priístas de los 106 municipios del estado acudieron a esta ciudad para realizar sendas marchas y efectuar un mitin en la calle donde se ubica la sede del consejo estatal electoral con los consejeros designados por la mayoría del PRI del congreso estatal.

La Jornada

23-ene-2001

Exigen respeto a la soberanía de la entidad.

Respaldan diputados priístas de 21 estados a sus homólogos yucatecos.

Luis A. Boffil Gómez

Representantes de diputados locales priístas de 21 estados respaldaron aquí a sus colegas de Yucatán y se manifestaron por la revisión del pacto federal y el respecto a la soberanía de las entidades.

Para ello, indicaron que han constituido un Frente Nacional por la Defensa del Pacto Federal y la Soberanía de los Estados, aunque sus promotores aclararon que “no se trata de chantajear al presidente”.

...Un total de 85 diputados locales priístas de 21 entidades arribaron a Mérida en su calidad de miembros de la Confederación Nacional de Legisladores del PRI y se trasladaron a las instalaciones del consejo electoral reconocido por el tricolor, bloqueado por simpatizantes desde hace 8 días, para celebrar un mitin en compañía de sus correligionario yucatecos, encabezados por Myrna Hoyos Schlamme.

Ahí, ante unos 1,000 priístas, los legisladores se sumaron a la defensa de la soberanía de Yucatán y exhortaron a no ceder ante los embates del TEPJF.

Excélsior

23-ene-2001

Frente nacional de 500 diputados priístas locales en apoyo del congreso yucateco.

Necesario replantear el pacto federal y revisar la constitución para garantizar la soberanía, señalan.

Atilano González Villa

...Un movimiento que dejó de lado a la directiva nacional del PRI comenzaron hoy aquí 500 diputados priístas de los estados del país, para “ revisar la constitución y el pacto federal”, con la integración de un “frente nacional por la defensa del pacto federal y la soberanía de los estados” y emitir su primer declaración formal, “la declaración de Yucatán”, firmada por 93 legisladores, de 22 estados, presentes en la sesión constitutiva, afirmó hoy su coordinador, Heriberto Ramos Salas.

Esta declaración la fundamentan los diputados priístas en la “flagrante violación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las particulares de los estados de Yucatán y Tabasco, que atenta contra sus respectivas soberanías al exceder su competencia y poner en riesgo la estabilidad política de estos estados, la viabilidad del pacto federal y de las instituciones de la República, así como la incierta solución de la elección en Jalisco”.

...Poco después de la constitución del frente y de emitir la declaración de Yucatán, los 93 diputados, acompañados de la presidenta de la gran comisión del Congreso local, Myrna Hoyos Schlamme, encabezaron una magna concentración en la calle 57 de esta ciudad, entre la 62 y 64, frente a la sede del consejo electoral del estado, designado por la legislatura local.

Ahí se concentraron miles de personas provenientes de todos los municipios del interior del estado, así como organizaciones filiales o simpatizantes del PRI quienes escucharon a los diputados visitantes patentizar su apoyo irrestricto a la causa del congreso y de todos los priístas del Estado.

Reforma

23-ene-2001

Pactan priístas defender soberanía de los estados.

Se unen diputados en apoyo a Yucatán.

Recibe congreso local solidaridad de 82 diputados de 23 estados, acuerdan promover reformas a la constitución y juicio político contra magistrados.

Luis Armando Mendoza

...En su lucha por la defensa de la autonomía y soberanía de Yucatán, la fracción parlamentaria del PRI en el congreso local recibió ayer la solidaridad de 82 diputados locales priístas de 23 entidades del país, que anunciaron la integración del frente nacional por la defensa del pacto federal y la soberanía de los estados.

En rueda de prensa, antes de participar en un mitin de respaldo a sus homólogos de Yucatán y militantes que mantienen tomada desde hace ocho días la sede del instituto electoral del estado, los diputados priístas – que viajaron hasta esta ciudad en representación de 525 legisladores de todo el país – el presidente de la conferencia nacional de legisladores. Heriberto Ramos Salas de Coahuila, afirmó que el TEPJF excedió sus facultades e invadió la soberanía del estado de Yucatán.

El Universal

23-ene-2001

Crean priístas “frente común” contra TEPJF.

Diputados de 22 estados buscaran demandar la revisión del pacto federal, limitar y acotar sus funciones. Posponen consejeros insaculados elección de presidente del CEE.

Yazmín Rodríguez Galaz

...Mientras que cientos de diputados priístas, de 22 estados, ayer se constituyeron en un “frente común” para demandar la revisión del pacto federal, limitar y acotar las funciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), los consejeros electorales insaculados por este órgano pospusieron la elección de quienes serán el presidente y secretario del consejo estatal electoral.

...Al medio día, los diputados priístas que llegaron a Yucatán estuvieron a las puertas del consejo electoral del estado que ocupan los consejeros electorales que nombró el congreso del Estado, para encabezar un mitin de apoyo al desacato que mantienen 14 legisladores del PRI, a la sentencia del TEPJF.

El Heraldo de México

23-ene-2001

En riesgo el pacto federal, alertan los priístas en Yucatán.

Patricia Ramírez Martínez

...Legisladores priístas de 22 estados del país se reunieron aquí para integrar un frente común contra las decisiones de las autoridades federales que, alegaron, dañan a la soberanía de las entidades federativas y aseguraron que ante la actual crisis política desatada por los conflictos en Tabasco, Jalisco y Yucatán está en riesgo el pacto federal.

...Cervera Pacheco se reunió con los representantes de los 525 legisladores del PRI quienes a su vez se entrevistaron con diputados federales yucatecos y encabezaron un mitin frente a la sede del Instituto Estatal Electoral, tomada hace 8 días por priístas.

Al emitir la “declaración de Yucatán”, el grupo de 82 legisladores que vino a solidarizarse con el congreso local, manifestó que llegarán hasta las últimas consecuencias para defender el orden legal vigente

La Jornada

23-ene-2001

Exigen respeto a las soberanías de las Entidades.

Respaldan diputados priístas de veintiún estados a sus homólogos yucatecos.

 

 

Luis A Boffil Gómez

... Representantes de diputados locales priístas de 21 Estados respaldaron aquí a sus colegas de Yucatán y se manifestaron por la revisión del pacto federal y el respeto a la soberanía de las entidades.

Para ello, indicaron que han constituido un Frente Nacional por la Defensa del Pacto Federal y la Soberanía de los Estados, aunque sus promotores aclararon que “no se trata de chantajear al presidente”.

Un total de 85 diputados locales priístas de 21 entidades arribaron a Mérida en su calidad de miembros de la Confederación Nacional de Legisladores del PRI y se trasladaron a las instalaciones del Consejo Electoral reconocido por el tricolor; bloqueado por simpatizantes desde hace 8 días, para celebrar un mitin en compañía de sus correligionarios yucatecos, encabezados por Myrna Hoyos Schlamme...

Allí, ante unos mil priístas, los legisladores se sumaron a la defensa de la soberanía de Yucatán y exhortaron a no ceder ante los embates del TEPJF.

Milenio

23-ene-2001

Priístas crean un frente para la defensa del pacto federal.

En Yucatán, diputados del PRI afirman que el ataque a la soberanía de los Estados es un atentado a la nación.

Insisten en que el TEPJF pone en riesgo la estabilidad política de la entidad. Se ha malinterpretado el conflicto dice Cervera Pacheco.

Ivette Rosell

Diputados del Partido Revolucionario Institucional de 23 legislaturas estatales se declararon solidarios con la lucha del congreso de Yucatán por la defensa de su soberanía al considerar que las flagrantes violaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ponen en riesgo la estabilidad política de las entidades, la viabilidad del pacto federal y de las instituciones de la República.

En conferencia de prensa, el coordinador de la conferencia nacional de legisladores del PRI, Jesús Enrique Burgos, leyó la declaratoria de Yucatán en la que los congresos locales rechazan la intromisión de las autoridades federales en los asuntos internos de las entidades federativas que pretendan socavar su soberanía.

...De igual forma denuncian al Tribunal como el instrumento de oscuros intereses en la lucha política, que favorezcan la desestabilización de la nación y ponen en riesgo la viabilidad del pacto federal.

Encabezados por el presidente de la comisión de legisladores del PRI en México, Heriberto Ramos y de diputados de diferentes legislaturas marcharon sobre la calle 60 hasta la sede del consejo electoral que desde hace una semana se encuentra sitiada por simpatizantes del tricolor.

...En un mitin político que reunió a miles de yucatecos de los 96 municipios, el presidente del congreso de Oaxaca, Aquiles López Sosa, hizo un llamado a todos los mexicanos para luchar e impedir que una reacción alcance sus mas puros intereses.

Excelsior

24-ene-2001

Cervera y Fox “pondrán todo de su parte” para un acuerdo en Yucatán.

“Estamos buscando salidas”, confía el presidente.

Demanda penal del PRD contra el gobernador, diputados y el consejo “espurio”.

Facultado el TEPJF, para resolver controversias estatales: J. Cárdenas y López B.

Jaime Contreras, Armando Pineda y Atilano González

...“En cuanto al bloqueo de simpatizantes priístas de la sede oficial del consejo en la calle 57 entre 62 y 64 de esta ciudad, se mantuvo por noveno día consecutivo, aunque los participantes se replegaron para ocupar sólo la mitad del ancho de esta vía y por vez primera en este tiempo la calle se abrió al tránsito vehicular.

La presencia de los simpatizantes priístas se extendió a la calle 60 entre 65 y 67, a unos 500 metros de la sede oficial del consejo, y a las puertas de un periódico local se mantuvieron por dos horas en protesta por el apoyo que este rotativo le da al Partido Acción Nacional y al consejo nombrado por el Trife.

El Universal

24-ene-2001

Dividido, el registro de programas y candidatos.

PRI y PVEM lo harán en el CEE Cerverista; otros cinco partidos, en el órgano que insaculó el TEPJF.

Yazmín Rodríguez Galaz

Únicamente los Partidos Revolucionarios Institucional (PRI) y el Verde Ecologista de México (PVEM) registrarían sus plataformas políticas y candidaturas en el consejo electoral del estado (CEE), que nombró la mayoría priístas del congreso de Yucatán.

...Por lo que respecta a los priístas que tenían cerradas las calles 57 por 62 y 64, donde se encuentran las instalaciones del consejo electoral que apoyan, las liberaron para el paso vehicular y sólo un reducido grupo permaneció a las puertas del local.

La Jornada

24-ene-2001

Las huestes priístas se retiran.

Luis A. Boffil Gómez

...Las huestes priístas que resguardan el consejo electoral del estado reconocido por el gobierno de Víctor Cervera Pacheco y la mayoría legislativa local del PRI, empezaron a retirarse y sólo quedó una pequeña guardia para prevenir cualquier madruguete opositor.

... Hoy, luego de más de 10 días, la calle 57, una de las vías más transitadas y conocidas del centro histórico de Mérida, lució despejada. Los casi 1000 priístas que montaron guardia día y noche y que participaron en numerosos mítines donde fueron exhortados a “defender la soberanía yucateca” se retiraron voluntariamente.

Nada más quedaron algunos alcaldes, diputados y el grupo de choque representado por el golpeador Marciano Yam Cauich, quien se ha caracterizado por agredir a traición a dirigentes opositores y de grupos no gubernamentales como Guillermo Vela Román del frente cívico familiar, y el sacerdote Raúl Lugo Rodríguez, del equipo promotor de los derechos humanos indignación.

México Hoy

24-ene-2001

Protestan priístas ante el Diario de Yucatán.

Redacción y Agencias

Las movilizaciones de simpatizantes del PRI para apoyar el desacato del congreso local a las acciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJ) se trasladaron este martes a las puertas del Diario de Yucatán.

Más tarde, las manifestantes retornaron a la sede del consejo estatal electoral, que resguardan desde el quince de enero pasado, para continuar con su “defensa de la soberanía del Estado” y su lucha en contra de la resolución del TEPJF.

El Financiero

24-ene-2001

Yucatán, al filo de la navaja, operan procesos electorales paralelos.

El gobernador, acotado por federación, señalan PAN y PRD.

31 de enero, clave. Registro de plataformas políticas.

El “mandato divino” concluye el 31 de agosto, advierten.

Yoisi Moguel

...Sin ninguna, explicación los yucatecos que se encontraban apostados frente a las puertas de la sede del consejo electoral estatal abandonaron sus posiciones en la calle 57...

 

El Universal

24-ene-2001

Dividido, el registro de programas y candidatos.

PRI y PVEM lo harán en el CEE Cerverista; otros cinco partidos, en el órgano que insaculó el TEPJF.

Yazmín Rodríguez Galaz

Únicamente los Partidos Revolucionarios Institucional (PRI) y el Verde Ecologista de México (PVEM) registrarían sus plataformas políticas y candidaturas en el consejo electoral del estado (CEE), que nombró la mayoría priístas del congreso de Yucatán.

...Por lo que respecta a los priístas que tenían cerradas las calles 57 por 62 y 64, donde se encuentran las instalaciones del consejo electoral que apoyan, las liberaron para el paso vehicular y sólo un reducido grupo permaneció a las puertas del local.

La Jornada

24-ene-2001

Las huestes priístas se retiran.

Luis A. Boffil Gómez

...Las huestes priístas que resguardan el consejo electoral del estado reconocido por el gobierno de Víctor Cervera Pacheco y la mayoría legislativa local del PRI, empezaron a retirarse y sólo quedó una pequeña guardia para prevenir cualquier madruguete opositor.

Hoy, luego demás de 10 días, las calle 57, una de las vías más transitadas y conocidas del centro histórico de Mérida, lució despejada. Los casi 1000 priístas que montaron guardia día y noche y que participaron en numerosos mítines donde fueron exhortados a “defender la soberanía yucateca” se retiraron voluntariamente.

Nada más quedaron algunos alcaldes, diputados y el grupo de choque representado por el golpeador Marciano Yam Cauich, quien se ha caracterizado por agredir a traición a dirigentes opositores y de grupos no gubernamentales como Guillermo Vela Román del frente cívico familiar, y el sacerdote Raúl Lugo Rodríguez, del equipo promotor de los derechos humanos indignación.

Por Esto!

25-ene-2001

Signan declaración pública los seis precandidatos al Gobierno del Estado.

Garantiza la unidad del tricolor: Berlie.

Miqueas Be Palma

De manera pacífica pero firmes en la defensa de la Soberanía del Estado de Yucatán, por noveno día consecutivo se mantuvieron a las puertas del Instituto Electoral del Estado numerosos ciudadanos integrantes de la Alianza de Colonos de Mérida, la Liga de Resistencia Benito Juárez A. C. y Ciudadanos por Yucatán.

El carril Sur de la calle se mantuvo abierto a la circulación, de acuerdo con el presidente de la Alianza de Colonos de Mérida, Jorge Murillo Burgos, a fin de no perjudicar a los establecimientos que se encuentran en los alrededores del Consejo Electoral del Estado.

Explicó que también decidieron reducir el número de personas a las puertas del inmueble...

Diario de Yucatán

25-ene-2001

Recelo de los priístas.

Sigue la inactividad y el bloqueo en el local del CEE.

Carece de autor.

...A pesar de que no se cierne ninguna amenaza sobre su “trinchera” un grupo de priístas mantenía bloqueado ayer por décimo día consecutivo el acceso al Instituto Electoral del Estado, aunque cada vez con menos gente y con un carril de la calle 57.

La actitud de los priístas que siguen apostados en la calle 57 aún es de recelo ante cualquier persona que se acerque al IEE, y, aunque ya son menos, el ambiente sigue siendo tenso, sobre todo por las noches cuando se agregan algunos refuerzos, generalmente jovenzuelos.

Semanario

25-ene-2001

“Las trampas de Cervera pueden terminar en la derrota del PRI”.

Según el doctorante Efraín Pot, los 5 aspirantes priístas están débiles.

Jorge Pérez Albarrán

(En la nota aparece una fotografía cuyo pie refiere: Gente movilizada por el PRI estatal mantenía el jueves pasado, bloqueado el acceso al instituto electoral de Yucatán, en Mérida. Según los diarios locales, cada participante recibe $50 pesos diarios.)

Reforma

26-ene-2001

Caso Yucatán.

Eligen en un hotel presidente de CEE.

Luis Armando Mendoza

...Los consejeros electorales designados por el TEPJF celebrarán su primera sesión 10 días después de que tuvieron que instalarse formalmente en un parque público de esta ciudad, luego de que grupos de priístas le impidieron el acceso a la sede del Instituto Electoral del Estado (IEE), que mantienen en su poder los consejeros nombrados por la mayoría priísta del congreso local, quienes han guardado hermetismo sobre los trabajos que llevan a cabo.

...De hecho, aunque la calle 57 donde se encuentra ubicada la sede del IEE fue abierta parcialmente al tráfico vehicular, grupos de priístas permanecen a las afueras del edificio para impedir que los consejeros insaculados por el Tribunal ingresen al inmueble.

Excelsior

27-ene-2001

Sesionó el consejo nombrado por el TEPJF en Yucatán y designó presidente a Avilés Marín.

Atilano González Villa

...En tanto, el otro consejo electoral, el nombrado por el congreso, labora a ritmo acelerado en la sede oficial de este organismo, en la calle 57, donde simpatizantes priístas mantuvieron un plantón por décimo segundo día consecutivo para evitar “interferencias ilegales” según dijeron algunos de los presentes.

Milenio

29-ene-2001

Yucatán, la asignatura pendiente.

Carece de autor.

...Los priístas que desde el pasado día quince tenían órdenes de aguantar el control del Instituto Electoral de Yucatán, rebautizaron, antes de irse, la calle 57, justo donde se encuentra la sede de esa instancia “defensa de la soberanía”, la nombraron.

Estos incondicionales que recibieron alimentos y $50 pesos diarios por permanecer tumbados 10 días a las puertas de IEE recibieron el domingo la visita de 14 diputados locales del PRI, encabezados por la líder de la gran comisión del congreso, Myrna Hoyos, quienes les pidieron “no ceder y aguantar el tiempo que fuera necesario”.

Esa misma tarde los priístas desaparecieron del IEE, aunque permaneció el grupo de choque que en el enfrentamiento del 15 de enero golpeó al sacerdote Raúl Lugo, promotor de derechos humanos.

El Universal

8-feb-2001

Pide TEPJF usar fuerza en Yucatán.

24 horas para entregar instalaciones, el ultimátum al consejo Cerverista; solicita a la PGR iniciar averiguación. El PRI reitera el desacato.

Yazmín Rodríguez, Jesusa Cervantes, Francisco Arroyo y Mayra Aguirre

...En acuerdo inusitado de sus 7 magistrados, el TEPJF pidió protección para los consejeros insaculados por este órgano y pidió a la PGR iniciar las averiguaciones previas contra quienes desacataron sus fallos.

Empero, grupos priístas y algunos legisladores impidieron que cuatro actuarios del TEPJF ingresaran a las oficinas del consejo electoral para notificarles la resolución...

El Universal

8-feb-2001

Los días del conflicto.

Carece de autor.

...15 de enero. Un grupo de priístas y golpeadores impiden que consejeros designados por el TEPJF se acercaran a las instalaciones del IEE. A empujones, los obligaron a retirarse. Dos calles más adelante, y bajo la sombra de un árbol pudieron declarar “formalmente instalado” el Consejo Electoral...

Reforma

8-feb-2001

Impiden priístas entrada de actuarios al IEE.

Cierran el paso a la notificación.

Fracasan enviados del Tribunal Electoral en su encargo de entregar resolución a consejeros elegidos por el Congreso local.

Luis Armando Mendoza

...Grupos de priístas, entre ellos los diputados de la fracción del PRI encabezados por su coordinadora, Myrna Esther Hoyos, impidieron ayer que los actuarios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación notificaran a los consejeros electorales nombrados por el Congreso local la resolución de esa instancia judicial, en la que se les emplaza a entregar las instalaciones del Instituto Estatal Electoral en un término de 24 horas.

...Los cuatro actuarios que llegaron ayer a Yucatán entregaron en el Palacio de Gobierno, en el Congreso del Estado a los consejeros insaculados por el TEPJF la notificación respectiva, pero al intentar hacerlo con los consejeros nombrados por los legisladores priístas locales fueron repelidos y se les impidió ingresar a la sede del IEE, que desde el 14 de enero pasado permanece tomado por militantes de agrupaciones identificadas con el PRI y con el gobernador Víctor Cervera Pacheco.

La Jornada

8-feb-2001

Pide a la Procuraduría General de la República “dar vista” a los bancos que conozcan quiénes los usarían.

Ultimátum del TEPJF a gobierno y congreso yucatecos: Hoy deben entregar todos los recursos.

Cervera Pacheco dice: que el resolutivo lo estudian sus abogados.

Priístas “no cederán” y retoman la sede del CEE.

Mireya Cuellar y Luis Boffil

...Posteriormente, los actuarios Homobono Vázquez, Oscar Vela y José Hidalgo, acompañados del funcionario Eduardo Aranda, se dirigieron al Consejo Electoral “ilegal” (calificado así por el tribunal), el cual todavía está resguardado por simpatizantes del tricolor.

...Mientras tanto, militantes y simpatizantes del PRI convirtieron nuevamente en un “bunker” la calle donde se localiza el CEE del tricolor. Esta noche, retornaron las huestes priístas que el pasado 15 de enero impidieron que tomaran posesión consejeros designados por el TEPJF. Asimismo, algunos de los consejeros como Luis Baeza, Alfredo Cámara y Armando Escobedo, indicaron que no sabían oficialmente de ningún plazo emitido por el tribunal...

El Economista

8-feb-2001

Piden intervención de PGR y Seguridad Pública.

Emplaza Tribunal a Consejo Electoral yucateco a regresar instalaciones.

Solicitan magistrados se integre averiguación previa y se garantice integridad física de consejeros.

Heriberta Ferrer

...Actuarios del TEPJF viajaron a Yucatán para notificar personalmente del acuerdo a quienes se “ostentan ilegalmente” como consejeros electorales, pero a su llegada al Instituto Electoral no se les permitió el ingreso, previendo este hecho, el Tribunal decidió publicar el acuerdo en el Diario Oficial de la Federación.

El Día

8-feb-2001

Vence a las 15:00 plazo para entregar sede electoral de Yucatán: TEPJF.

Pide entregar la sede del CEE; de resistirse, entrarán PGR y SSP.

Ultimátum del TEPJF a priístas yucatecos.

Martín Rivera, Juana Galicia, Notimex y DPA

En Yucatán, diputados priístas y simpatizantes de ese partido impidieron ayer el paso a actuarios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a las instalaciones oficiales del Instituto Electoral del Estado en esta ciudad.

...Los actuarios intentaban entregar al Consejo Estatal Electoral (CEE), designado por la mayoría priísta del Congreso local y presidido por Roger Medina Chacón. Sin embargo, los funcionarios fueron interceptados y rechazados sin violencia por representantes de organizaciones ciudadanas afines al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y que se denominan “Defensores de la soberanía del Estado”.

El Universal

8-feb-2001

Impiden entrega del resolutivo al Consejo.

Los legisladores del tricolor se mantendrán en el desacato al órgano judicial: Myrna Hoyos.

Yazmín Rodríguez

...Por su parte, el CEE insaculado por el TEPJF desde el pasado 29 de diciembre, sostuvo una reunión con los actuarios del órgano judicial, Homobono Vázquez García, Óscar Vela, Eduardo Aranda y José Hidalgo Martínez quienes entregaron las notificaciones al Poder Ejecutivo Estatal, al Congreso del Estado y al mismo Consejo Electoral que insacularon, no así a los del Consejo Electoral que apoyan los del PRI, ya que no pudieron ingresar a las instalaciones bloqueadas desde hace más de un mes por simpatizantes del PRI.

...Al momento en que los actuarios del órgano judicial se apersonaron a las Instalaciones del Consejo Electoral, se encontraban a sus puertas los diputados priístas Myrna Hoyos, Lucely Alpízar, Beatriz Peralta, Edwin Chuc y William Sosa Altamira, que se sumaron al coro de gritos, insultos y consignas contra los enviados del TEPJF de parte de los simpatizantes del PRI que desde hace más de un mes, custodian las instalaciones de la sede electoral.

Milenio

8-feb-2001

El PRI yucateco dice que no le teme a la fuerza pública.

La diputada priísta y presidenta de la Gran Comisión del Congreso de Yucatán, ante la resolución del TEPJF, reafirmó su rebeldía ante el organismo federal y señaló que en su lucha porque “las leyes se respeten” llegarán hasta el final.

Ivette Rosell

...Al llegar al edificio de esa instancia, los representantes de los magistrados fueron interceptados por decenas de ciudadanos encabezados por la presidenta de la Gran Comisión del Congreso local, Myrna Hoyos, quienes les impidieron llegar hasta los consejeros electorales...

 

 

 

 

El Financiero

8-feb-2001

Llegaremos hasta las últimas consecuencias: Myrna Hoyos.

Ante la nueva bomba política pospone Fox visita a Yucatán.

Latente el uso de la fuerza pública para desalojar a “usurpadores”.

Prometen priístas luchar cuerpo a cuerpo contra quien sea.

Yoisi Moguel

...Más de 70 personas resguardaron las instalaciones e impidieron el paso a los representantes del Tribunal, argumentando que los integrantes del Consejo no se encontraban.

Entre gritos de “fuera huaches, muera el Trife”, bloquearon el paso a los notificadores.

Al no poder cumplir con su cometido, los actuarios del Tribunal levantaron un acta circunstancial, que será remitida a la Sala Superior del TEPJF.

México Hoy

8-feb-2001

Priístas interceptan y rechazan sin violencia a los funcionarios del Tribunal.

Impiden al TEPJF entregar notificación en el Consejo.

Los actuarios decidieron levantar un acta circunstanciada de los hechos.

Carece de autor.

...Diputados priístas locales y simpatizantes de ese partido impidieron ayer el paso a actuarios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a las instalaciones oficiales del Instituto Estatal Electoral en esta ciudad.

Los actuarios intentaba entregar al Consejo Estatal Electoral (CEE), designado por la mayoría priísta del Congreso local y presidido por Roger Medina Chacón, una resolución emitida la víspera por el máximo tribunal del país, que hasta el momento se desconoce.

Sin embargo, los funcionarios fueron interceptados y rechazados sin violencia por representantes de organizaciones ciudadanas afines al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y que se denominan “Defensores de la soberanía del estado”.

La Jornada

08-feb-2001

Pide a la Procuraduría General de la República “dar vista” a los bancos que conozcan quiénes los usarían.

Ultimátum de TEPJF a gobierno y congreso yucatecos: hoy deben entregar todos los recursos.

Cervera Pacheco dice que el resolutivo lo estudian sus abogados.

Priístas “no cederán” y retoman la sede del CEE.

Mireya Cuellar y Luis Boffil

...El acuerdo no pudo ser notificado a los consejeros “ilegales” porque un grupo de priístas, en el que también participan diputados locales, impidieron a los actuarios del órgano electoral federal entrar a las instalaciones del Instituto Electoral del Estado.

Los actuarios del TEPJF que arribaron ayer por la mañana a Mérida también notificaron al Congreso el resolutivo, y cuando pretendieron hacer lo propio con los consejeros designados por la mayoría legislativa local del PRI, militantes y diputados de ese partido les negaron el paso.

Mientras tanto militantes y simpatizantes del PRI convirtieron nuevamente en un “bunker” la calle donde se localiza el CEE del tricolor. Esta noche, retornaron las huestes priístas que el pasado 15 de enero impidieron que tomaran posesión consejeros designados por el TEPJF.

(En una fotografía se señala: Simpatizantes del PRI negaron la entrada a las instalaciones del Consejo Electoral a los actuarios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación).

Diario de Yucatán

09-feb-2001

El gobernador reitera su apoyo al consejo del Congreso y los diputados priístas siguen en rebeldía.- Mitin, hoy en la plaza.

Carece de autor.

...La calle 57 continuó bloqueada hasta esta madrugada, ahora con “refuerzos” cuyo número llegó a 300 en las primeras horas de hoy, y los consejeros nombrados por la bancada priístas indicaron que no entregarán los bienes de los que están posesionados, como ordenó el Tribunal Electoral, a menos que se los pida el congreso...

La Jornada

09-feb-2001

Se niega a cumplir el ultimátum para reconocer a consejeros insaculados por el TEPJF.

“¡No nos vamos a dejar!” advierte Cervera Pacheco a la Federación

El gobernador critica a traidores que desde el centro quieren desestabilizar Yucatán”.

Luis A. Boffil Gómez

...En este día tan convulsionado, en donde las huestes del tricolor se atrincheraron en el inmueble donde sesiona el Consejo Electoral del Estado (no avalado por el TEPJF), los 14 diputados priístas que asumieron el desacato jurídico contra el Tribunal iniciaron esta mañana una guardia permanente en “solidaridad” con quienes desde hace 25 días permanecen en el lugar para “defender la soberanía de Yucatán”, pero muchos de ellos —según han narrado a los medios— están a cambio de cuarenta pesos diarios, una torta y un refresco.

...Poco más de 2 mil priístas cerraron la calle 57, colocaron una manta en donde se lee “Yucatán soberano”, en medio de gritos de “¡fuera guaches!”, que en el habla popular local significa “no a los chilangos”. No faltó quien exclamara: “¡Yucatán para los yucatecos!”, lo que fue festejado por los priístas decididos a “morirse en la raya”

...Llamó la atención que, de manera discreta, militares estuvieran apostados en varias calles de la ciudad, cerca de donde está el plantón priísta.

 

 

 

Novedades

9-feb-2001

El ultimátum a Cervera vence el sábado: ministros.

Javier Ortiz y Jorge García

...En virtud de que los actuarios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se vieron impedidos de notificar personalmente a los consejeros electorales designados por el Congreso del Estado de Yucatán, que debían entregar las instalaciones de la institución electoral en un plazo de 24 horas, el lapso se amplió al primer minuto de mañana...

Ovaciones

9-feb-2001

Se hará valer la ley en Yucatán, sentencia Creel y exhorta a acatar el fallo del Trife.

Convoca a los titulares de la SSP y PGR.

El respeto a la soberanía de los estados no significa dejar pasar acciones al margen de la legalidad, dijo el Secretario de Gobernación.

Fermín Aguilar

...Luego de la resolución del Tribunal de este miércoles los cuatro actuarios que viajaron al Estado de Yucatán no pudieron entregar la ejecución de sentencia emitida a los consejeros ciudadanos “espurios”, por lo que procedieron a levantar un acta debido a que priístas del Estado les impidieron arribar al edificio electoral situado en la calle 57 de aquélla ciudad...

El Universal

9-feb-2001

Rebelión priísta en Yucatán.

Cercan el acceso al edifico del CEE; usan a mujeres y niños como escudo. SG: no se permitirán actos al margen de la ley. PGR se dice lista para actuar, incluso contra Cervera.

Fabiola Guarneros, José Luis Ruiz, Francisco Arroyo, Jorge Herrera, Jorge Teherán y Jesusa Cervantes

Se rebela el priísmo yucateco. El gobierno del Estado, encabezado por Víctor Cervera, los consejeros electorales designados por el Congreso local y la mayoría legislativa del tricolor no acataron la resolución del TEPJF y convocaron para hoy “a una reunión cívica por la soberanía del estado y repeler la intromisión del gobierno federal”.

Mujeres, niños y ancianas fueron movilizados por el PRI para formar una valla humana afuera de la sede del órgano electoral e impedir el acceso de la fuerza pública...

...La dirigente del PRI, Dulce María Sauri, dio su respaldo al Congreso estatal y exigió a la Federación brindar el apoyo que éste requiera en cumplimiento del Pacto Federal.

El Universal

9-feb-2001

Se atrinchera el PRI en Yucatán.

Desacata la orden del TEPJF para entregar las instalaciones del Consejo Estatal Electoral. Da instrucciones el gobernador para repeler la “intromisión del gobierno federal”.

Fabiola Guarneros y Yazmín Rodríguez

...Junto con los diputados locales, unos 300 simpatizantes priístas se apostaron frente a las instalaciones del órgano electoral, bloquearon con sillas y cuerdas la calle y el acceso al edificio.

Los militantes priístas colocaron una manta que decía: “Yucatán apoya su soberanía de Yucatán”, e impidieron el paso a los automovilistas y transeúntes. Advirtieron que permanecerán frente al CEE para resguardar el edificio.

Los grupos priístas que desde la mañana montaron “barricadas humanas” afuera de las instalaciones del CEE las mantuvieron durante la noche. Asimismo, advirtieron que ahí seguirán y que no se moverán si interviene la fuerza pública.

Excélsior

9-feb-2001

Cervera no cede; “Aquí luchamos sin

Capuchas”.

Si utilizan la fuerza, allí estaremos: Mirna Hoyos.

I. P. Ortiz y G. Contreras

...Por vigésimo quinto día consecutivo, los simpatizantes priístas se mantuvieron estacionados en la calle 57, en franco bloqueo de la sede oficial del Consejo donde trabajan los consejeros nombrados por el Congreso. El ingreso al local lo deciden unas señoras y señores sentados en la puerta, encabezados por Minelia Canto. “Soy una ciudadana, sí, y aquí nadie pasa”, señaló en forma retadora.

Al respecto, el presidente del Consejo, Roger Medina Chacón y el consejero Héctor Herrera Heredia acotaron desconocer a estas personas. “No sabemos quienes son, no las conocemos, y para ingresar al interior hay una guardia ante la cual el visitante se identifica y se notifica sobre su interés por entrar, para decidirse en consecuencia”. Este procedimiento, en estos momentos no opera con los simpatizantes priístas en pleno bloqueo de la entrada.

...En un comunicado de prensa, el CEN-PRI fijó ayer su posición en torno de este conflicto en Yucatán, mientras que los 521 diputados locales de los congresos estatales, integrantes de la Conferencia Nacional de Legisladores Locales, reprobaron enérgicamente la grave decisión de llegar al extremo de utilizar la fuerza pública para acometer al Congreso de Yucatán y pretender dar solución equivocadamente al litigo político-jurídico existente entre el Tribunal Electoral y las autoridades legítimas de esa entidad.

Mientras el Comité Nacional que preside Dulce María Sauri lamentó y reprobó con la mayor energía la grave decisión de usar la fuerza para someter al Congreso de Yucatán y resolver de esa manera, en forma totalmente equivocada, el problema que ha surgido entre el Tribunal Electoral y las autoridades legítimas de aquella entidad.

...El Congreso yucateco ha ejercitado las atribuciones que le confiere la legislación local. Por ende, no ha incurrido en decisiones ilícitas o indebidas. La Federación debiera respetar escrupulosamente las determinaciones adoptadas por el Poder legislativo en esa entidad, y brindarle el apoyo que requiere, en cumplimiento del pacto federal.

La Crónica

9-feb-2001

“Inaceptable” la nueva resolución del Trife, afirma Cervera Pacheco.

Agencias

...Numerosos miembros de organizaciones sociales y vecinales, así como militantes del PRI, se concentraron en las afueras del Instituto Estatal Electoral (IEE) para impedir la entrega de las instalaciones a los consejeros insaculados.

...Al igual que el pasado 15 de enero, contingentes de simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se han apostado en el lugar para impedir el acceso de los consejeros insaculados.

Alrededor de 350 personas, entre habitantes de comunidades del interior, organizaciones estudiantiles, asociaciones de colonos de Mérida y habitantes de zonas populares, todos afines al PRI, permanecen frente al inmueble para impedir la entrada al mismo.

Novedades

9-feb-2001

Recibe apoyo de 92 alcaldes priístas de Yucatán.

Cervera rechaza ultimátum del Tribunal Electoral.

Se dice dispuesto a negociar una salida política.

Isidro Chávez

...Mientras tanto, en la sede del CEE, localizado en la calle 57, alrededor de 500 colonos del PRI de Mérida y otros municipios, continuaron custodiando las instalaciones con la consigna de no permitir el acceso a ningún extraño y mucho menos a los consejeros indeseados.

Adentro, el presidente del CEE afín al PRI, Medina Chacón, acotó que no van a entregar los equipos ni las instalaciones a los otros consejeros, amparado en que “ni siquiera he recibido la notificación del Tribunal”.

Hay que recordar que en la víspera, los priístas que se encuentran en platón permanente impidieron a los actuarios del TEPJF entregar copia del acuerdo a los consejeros.

El Heraldo de México

9-feb-2001

No nos dejaremos, alertan exaltados alcaldes priístas.

Patricia Ramírez y Clemente Castro

...En la ciudad de México, Dulce María Sauri Riancho, lideresa nacional del PRI, acusó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de convertir el caso Yucatán en un conflicto político, y reprobó de manera enérgica, “la grave decisión de usar la fuerza pública”para someter al Congreso yucateco, y resolver, en forma totalmente equivocada, el problema que ha surgido entre el TEPJF y las autoridades legítimas de esa entidad.

Indicó que la Federación debiera respetar escrupulosamente las determinaciones adoptadas por el Poder Legislativo de Yucatán “y brindarle el apoyo que requiere, en cumplimiento del pacto federal”, porque sostuvo que el Congreso no ha incurrido en decisiones ilícitas o indebidas.

...Grupos de colonos, estudiantes y vecinos afines al PRI cerraron nuevamente la calle donde se encuentra la sede del Instituto Electoral de Yucatán para impedir que se les pudiera obligar a entregar las instalaciones, incluso por la fuerza.

Alrededor de 400 personas reforzaron la vigilancia que mantienen en el lugar desde el pasado 15 de enero y bloquearon totalmente el acceso a la calle 57, en pleno centro de esta ciudad.

Milenio

9-feb-2001

“De aquí no nos movemos”, advierten consejeros priístas.

Ante la inminente llegada de miembros del PFP para hacer valer las resoluciones del TEPJF, los consejeros, diputados militantes y acarreados que custodian la sede del Consejo Electoral del Estado señalan que defenderán la “soberanía de Yucatán”.

Guadalupe Angélica Mercado e Ivette Rosell

...Cincuenta pesos diarios es lo que pagan los alcaldes priístas de Yucatán por la permanencia de cada persona que está en custodia de las instalaciones del Consejo Electoral del Estado, sobre la calle 57 por 64 y 62, en pleno centro de la ciudad. Cincuenta pesos, si se toma en cuenta su alimentación diaria mínima de 20 pesos, más una “gratificación de 30 pesos”.

Novedades

9-feb-2001

El gobernador y el PRI rechazan la orden.

Creel exhorta a Cervera acatar fallo del tribunal.

La ley se va aplicar, trátese de quien se trate: Macedo de la Concha.

Carece de autor.

...Mientras tanto, la sede del Consejo Electoral en la capital yucateca permanecía anoche resguardada por unos 500 colonos priístas quienes, aseguraron, no permitirán el paso de los consejeros designados por el Poder Judicial de la Federación, quienes despachan en un hotel emeritense...

Reforma

9-feb-2001

Refuerzan priístas el Instituto Electoral.

Luis Armando Mendoza

...En un nuevo desacato a una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), los consejeros electorales nombrados por el Congreso local mantuvieron en su poder la sede del Instituto Estatal Electoral, que continúa custodiada por grupos de militantes priístas encabezados por los diputados locales de ese partido.

Ayer, al vencer el plazo de 24 horas el TEPJF dio para que desocupen esas instalaciones y entreguen a los consejeros insaculados por esa instancia el patrimonio del IEE, alrededor de 40 militantes priístas permanecían en la calle 57 donde está ubicada la sede del organismo electoral.

Los manifestantes portaban una gran manta con la leyenda “Yucatán soberano”, y varios oradores, entre ellos los diputados de la fracción priísta del congreso local, pronunciaron discursos y consignas en contra del TEPJF y su resolución.

...Mientras tanto, por lo menos 2 mil militantes priístas de todo el Estado fueron congregados desde la mañana en la unidad deportiva conocida como el Polifórum Zamna, con la consigna de que serían trasladados a la sede del IEE para bloquear la calle y evitar que agentes de la policía federal preventiva desalojen a los consejeros nombrados por el Congreso local.

Unomásuno

10-Feb-2001

Arrecian los tambores de guerra, en Yucatán.

Llama Cervera ha hacer frente a la intervención de los cuerpos de seguridad federales.

Fabio Fuentes y José Palacios

...A pesar de los augurios de que la noche del viernes o la madrugada de hoy se vería finalmente la intervención de la Policía Federal Preventiva (PFP), la presidenta de la gran comisión en el Legislativo Local y Coordinadora del PRI en ese recinto, Myrna Hoyos, se mostró segura, tranquila, al punto de que se presentó antes de la media noche a las afueras del Instituto Estatal Electoral a montar una de las guardias junto con el resto de los simpatizantes de su partido, no obstante que hay un ordenamiento judicial federal para desocupar a quienes bloquean el acceso al inmueble.

Novedades

10-Feb-2001

La IP de Yucatán pide la renuncia de los dos Consejos Electorales.

Isidro Chávez

...La pregunta que durante el día asaltó tanto a los priístas que custodian la sede del Instituto Electoral de Yucatán como a los que asistieron al mitin en la plaza principal fue: ¿a qué hora llega la policía?.

María González Marín, una obrera de la CROC que pasó toda la noche anterior afuera del IEY, a cambio de 100 pesos y alimentos, relató que muchos correligionarios y los consejeros priístas no pudieron dormir, debido a que recibieron la versión de que ayer serían desalojados.

El Sol de México

11-Feb-2001

Renunciarían los Consejos elegidos por el Tribunal Federal

Beatriz Ramírez

...A su llegada a las instalaciones del Instituto Estatal Electoral, que sigue resguardado por simpatizantes priístas, el Presidente del CEE nombrado por el Congreso local dijo que los consejeros ciudadanos están en la mejor disposición de renunciar: “si esa es la resolución con nosotros cuentan”.

Milenio

11-Feb-2001

Cervera Pacheco se abre al diálogo.

Angélica Mercado e Ivette Rossel

...Tras su discurso ante simpatizantes priístas, el Gobernador Víctor Cervera viajó a algunos poblados y hasta en la tarde regresó a Mérida, donde a manera de rumor se comenta ya de la presencia de agentes de la PFP que nadie ha visto.

En la calle 57 permanece apostado un grupo cada vez menor de militantes priístas, entre quienes permea ya preocupación por la posible irrupción de los cuerpos policíacos federales.

La Jornada

11-feb-2001

Se compromete a entregarles padrón, listas nominales y dar respaldo técnico.

Ofrece el IFE su más amplio apoyo a consejeros electorales insaculados por el TEPJF en Yucatán.

Signan convenio de colaboración para que las elecciones se realicen en forma transparente.

Juan Antonio Zúñiga

(Aparece una gráfica, que señala: En Mérida, militantes del Partido Revolucionario Institucional mantienen su plantón ante el Instituto Electoral de Yucatán).

La Jornada

11-feb-2001

Venció el ultimátum;           los

consejeros insaculados por el TEPJF tampoco aparecieron.

Indefinición e incertidumbre en el conflicto yucateco; la PFP y los priístas bailan.

Se habla de una posible “negociación” que lleve a la renuncia de los dos consejos.

Diputados panistas fueron sorprendidos por empresarios y legisladores del tricolor.

Mireya Cuellar y Luis Boffil

...Decenas de priístas bailaban esta   media   noche,   sobre  la

calle 57, al ritmo de las cumbias de moda. Los consejeros insaculados por el Tribunal Electoral tampoco aparecieron por el lugar, del que se supone debían haber tomado posesión para organizar las elecciones programadas para el 27 de mayo.

El Universal

12-Feb-2001

Descartan priístas que entre la PFP

Asegura Myrna Hoyos que el gobierno federal “no se atreverá” a enviarla. Hizo Creel el ridículo, afirma.

Fabiola Guarneros y Yazmín Rodríguez

...Y en una “contraofensiva”, los simpatizantes del Revolucionario Institucional se dedicaron a repartir por toda la ciudad volantes, en los que se repudia la intervención del Tribunal Electoral y se convoca a la defensa de la soberanía de la entidad.

...Los simpatizantes priístas que resguardan la sede del órgano electoral, desde el pasado 15 de enero, festejaron la ausencia de la fuerza pública. Recibieron el primer minuto del domingo con mariachis, música y bailes. Echaron porras y vítores por la soberanía de Yucatán.

La Jornada

12-Feb-2001

La fuerza pública no va a intervenir en Yucatán; váyanse a divertir sugieren a periodistas.

Santiago Creel nada más hizo el ridículo afirma la diputada priísta Myrna Hoyos.

Los militantes del PRI se divierten viendo películas como Terminator “por si hay madrazos”

Un mariachi bautizado como desacato 2000 amenizó el plantón frente al Consejo Electoral.

Luis A. Boffil y Mireya Cuéllar

...Sonriente, la diputada Myrna Hoyos acudió esta mañana a cumplir con su guardia en la sede del Consejo Electoral del Estado, que permanece resguardado desde hace casi un mes por un puñado de priístas. Con semblante despreocupado, la legisladora soltó: “aquí no pasa nada. No va entrar la fuerza pública”.

Santiago Creel “nada más hizo el ridículo”

Los medios informativos se acercaron a la priísta considerado un bastión en el desacato contra los ordenamientos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Trató de calmarlos y hasta los invitó a “darse una vuelta” por el Puerto de Progreso.

Excélsior

12-Feb-2001

Convocaré a elecciones el día 15: Cervera.

Movimientos militares en la ciudad, “son normales”

Confiere ejecutivo en lograr un pacto, con paciencia.

Atilano González, M. García-Durán, A. Mayorga y M. A. García

...Así, la población se mantiene a la expectativa, tranquila, sin alteración ni del orden público ni de las actividades productivas y otras cotidianas. La única evidencia pública del problema preelectoral se ubica en la calle 57, entre la 62 y la 64, la calle de la sede oficial del Consejo del Estado, en donde trabajan cotidianamente los consejeros nombrados por el Congreso local.

En esa vía, 200 simpatizantes priístas mantienen guardia permanente desde el 15 de enero, controlan el acceso al local del consejo y mantienen estrecha vigilancia de toda persona que pasa por el lugar y no pertenezca a su grupo...

Reforma

12-Feb-2001

Incumplen en Yucatán y notifican al Tribunal.

Informan consejeros electos por el TEPJF que no han recibido instalaciones y recursos.

Esperanza Barajas y Luis Armando Mendoza

...Un mariachi acompañó la velada de los priístas que mantuvieron el plantón, frente a las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de Yucatán.

Los 92 alcaldes han sido los responsables de llevar a la gente que se encarga del plantón; de acuerdo con la ex senadora del PAN Ana Rosa Payán, el pago por noche a cada uno de ellos es de 50 pesos, además de brindar la alimentación.

...La Federación de Estudiantes de Yucatán, fiel a Víctor Cervera, también ha estado presente en la calle 57, una brigada de jóvenes se ubicó a unos metros del Instituto en una casa de campaña.

La Crónica

12-Feb-2001

Aumenta la tensión en Yucatán tras un conato de violencia entre priístas y panistas.

Agencias

...Por otra parte, parapetados a las puertas del IEE, acostados en las banquetas, sentados en bancas de plástico y hasta en tiendas de campaña, los simpatizantes priístas autodenominados los “guardianes de la soberanía” prosiguen su “plantón” en la calle 57 del centro de esta ciudad.

El Economista

12-Feb-2001

Se enfrentan priístas y panistas en Yucatán.

Insisten perredistas y panistas: la única salida, que se cumpla resolución del Tribunal Electoral.

Andrea Merlos y Notimex

...Luego, en las inmediaciones del Instituto Electoral del Estado, donde se encuentran desde el 15 de enero simpatizantes del PRI, los inconformes aprovecharon la presencia de las cámaras de televisión para tomar un ejemplar del Diario de Yucatán, periódico con las causas de Acción Nacional y lo quemaron.

Así, poco más de un centenar de priístas concluyeron al amanecer otra velada frente a la casona del Instituto electoral ante la incertidumbre por la eventual intervención de la fuerza pública federal.

El Día

13-Feb-2001

Ratifica PAN y PRD demanda de juicio político contra Cervera.

Ignacio Castro y Notimex

...El presidente del Consejo Electoral del Estado (CEE) avalado por el congreso, Roger Medina Chacón insistió en que están dispuestos a renunciar si eso soluciona el conflicto electoral en esta entidad federativa.

Entrevistado en las instalaciones del Instituto Electoral del Estado (IEE) que permanecen resguardadas por simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) aclaró que hay esa disposición, “siempre y cuando el CEE insaculado por el TEPJF también renuncie”.

El Universal

13-Feb-2001

Anuncian marchas empresarios y civiles.

Exigen definir un órgano electoral. Debe prevalecer el Estado de derecho, dice Claudio X. González.

Fabiola Guarneros y José Luis Ruiz

...Las instalaciones del órgano electoral de Yucatán –ocupadas por el consejo que nombró el congreso del Estado- permanecen resguardadas por los priístas, quienes ayer colocaron una imagen de la Virgen de Guadalupe junto al acceso del edificio.

La Jornada

13-feb-2001

Lo más probable es que los comicios tengan que posponerse, asegura líder panista.

“Plazos fatales” para las elecciones en Yucatán.

A la media noche del jueves vence el término para que los partidos registren plataformas.

El CEN del blanquiazul informó extraoficialmente que no quiere alianza con el PRD.

Mireya Cuellar y Luis A. Boffil

(Aparece una gráfica que refiere: Aspecto del plantón que los priístas mantienen en la sede del Instituto Estatal Electoral.)

Por Esto!

14-feb-2001

Firmes los yucatecos en defensa de la soberanía.

Enfatiza el gobernador Cervera Pacheco que Yucatán es uno de los Estados en donde los ciudadanos participan con mucho entusiasmo en los procesos electorales. Repudió a medios televisivos.

Carece de autor.

...En tanto en las puertas del Instituto Electoral del Estado, los yucatecos continúan firmes en su lucha por defender la soberanía de Yucatán, ante las intromisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en asuntos que son exclusivamente facultad del Congreso del Estado.

Fue aproximadamente al medio día cuando hicieron acto de presencia la reportera de televisión Azteca, quien se identificó como Lorna Verónica López, acompañada de un camarógrafo y comenzaron a filmar a un grupo de valientes mujeres, quienes les reclamaron su actitud amarillista y manipulada de la realidad que se vive en el Estado en torno al conflicto contra el Trife.

Llegó un momento en que ante la insistencia de la reportera y la negativa de las mujeres, que intervino el dirigente de la Liga de Resistencia “Benito Juárez García”, Marciano Yam Cauich, quien en un intento por ayudar a las mujeres colocó su mano delante de la cámara filmadora...

El Sol de México

15-Feb-2001

Citará la PGR a consejeros insaculados a diligencias ministeriales: Avilés Marín.

Notimex

...Los consejeros insaculados no pueden tomar posesión de la casona que ocupa el Instituto Estatal Electoral, sede del CEE, debido a que grupos de personas vinculadas con el PRI se mantienen en las afueras del edificio en respaldo del consejo nombrado por la fracción priísta del congreso local...

Excélsior

18-Feb-2001

Desestima Cervera amenazas de juicio político.

Infructuoso diálogo en Gobernación; no encuentran salida al caso Yucatán.

N. López  y

P. Ortiz y A. González

...En Mérida, los simpatizantes priístas mantienen la ocupación de la calle 57, en donde se ubica la sede del Consejo Electoral, con música, repartición de comida y baile por las noches; el naciente partido yucateco que ocupa el local de Ciudadanos Unidos, organización que ha apoyado y actuado a la sombra del PRI, distribuye cientos de camisetas con el nombre del partido y de apoyo a la soberanía del Estado.

La Jornada

18-feb-2001

Aprueban topes de gastos de campañas en Yucatán.

Avanza Consejo del Congreso en la organización de comicios.

Posible responsabilidad judicial; disponen de un padrón desfasado que excluye a 100 mil ciudadanos, dice IFE.

Luis A. Boffil Gómez y Mireya Cuellar

...En su Quinta Sesión Extraordinaria, desde que reanudaron labores, bajo el amparo de un puñado de priístas atrincherados en el Instituto Electoral del Estado (IEE), 14 diputados de ese partido y el gobernador Víctor Cervera Pacheco...

Diario de Yucatán

26-feb-2001

Al medio día, en el Consejo del Congreso.

Hoy se registra el candidato del PRI al gobierno.

Carece de autor.

...El recién designado candidato del PRI al gobierno del Estado, Orlando Paredes Lara, anunció que se registrará hoy al medio día en el Consejo Electoral nombrado por la mayoría priísta en el Congreso local.

La jornada en la calle 57 entre 62 y 64, que desde el 15 de enero pasado permanece “secuestrada” por un grupo de simpatizantes priístas, transcurrió con tranquilidad.

Por Esto!

26-febrero-2001

Ante el CEE designado por el Congreso local .

Hoy será registrado el candidato del tricolor.

Víctor Rene Pat Braga

Hoy lunes, a las 12 horas, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI Roberto Pinzón Álvarez, registrará ante el Consejo Electoral que designó el Congreso a su candidato al gobierno del Estado, abogado Orlando Paredes Lara para cumplir con lo que marca el Código Electoral de Yucatán.

El mismo aspirante y decenas de sus seguidores harán acto de presencia en el local que ocupa el CEE sobre la calle 57 y entre 62 y 64, y que desde hace más de un mes es resguardado por valientes defensores de la soberanía de la Entidad...

Masiosare

04-mar-2001

El cacicazgo y los plazos fatales.

Susana Berruecos García Travesi

...En respuesta al desacato y luego de que un grupo de priístas, les impidió por la fuerza ocupar la sede del Instituto Estatal Electoral, los consejeros avalados por el TEPJF se vieron obligados a rendir juramento en un parque público, hasta el día de hoy, a tres meses de que se deba celebrar el proceso electoral local, los dos consejos existen y ninguno puede trabajar realmente en la organización de las elecciones que han sido convocadas formalmente por el gobernador Cervera Pacheco.

Ante la polémica desatada en Tabasco y Jalisco, junto con la confrontación directa del gobierno Yucateco a una resolución en teoría inapelable del TEPJF, una buen parte de la élite priísta nacional, con la presencia de todos sus gobernadores, decidió respaldar a Cervera al conformar en Yucatán un frente común contra esa instancia federal, por sus “violaciones” a la soberanía estatal.

...Asimismo, diputados priístas de 23 legislaturas locales en las que domina el PRI se sumaron a la posición soberanista del PRI yucateco, conformando el Frente Nacional por la Defensa del Pacto Federal y la Soberanía de los Estados...

El Financiero

8-mar-2001

Defenderemos Yucatán como si fuera nuestra casa.

El único plazo, el 27 de mayo: Cervera.

Descarta que se esté gestando un estado de guerra.

Con buena voluntad se puede llegar a una solución, asegura.

Yoisi Moguel

...Sobre la resolución del TEPJF, que dio un plazo de 24 horas a los integrantes del CEE para que dejen de ostentar el cargo de consejeros, el gobernador dijo que los únicos que tienen que omitir una opinión al respecto son los propios consejeros.

Por su parte, Adán Armenda Gómez, actuario del TEPJF, se presentó en la sede del Consejo Electoral del Estado a notificar a cada uno de los 7 consejeros la resolución del Tribunal.

Después de haber entregado el citatorio y de ser identificado por las mujeres que resguardan el edificio ubicado en la calle 57, Armenda Gómez fue sacado, arrastrado de los pantalones y golpeado con periódicos.

El diputado priísta en guardia, Limbert Sosa Lara, velozmente marcó un número para expresar: “Chin... ya nos vinieron a sacar”. A los cinco minutos, en la calle 57 se reunieron un número considerables de “defensores”.

La Jornada

08-mar-2001

El Tribunal solicita al presidente apoye la ejecución de las sentencias que dicte.

Ultimátum de veinticuatro horas para que consejeros no reconocidos desalojen Instituto Electoral yucateco.

Vencido el plazo, se procederá al cumplimiento coactivo de las sentencias, señala.

Mireya Cuellar, Enrique Méndez, Jesús Aranda, Luis Boffil y Emmanuel Salazar

... Adán Armenta Gómez, actuario del TEPJF que acudió a notificar esa decisión, burló el cerco de priístas que desde hace 50 días custodian las instalaciones del Consejo Electoral designado por 14 diputados priístas del Congreso, pero un grupo de mujeres lo descubrió y lo sacó por la fuerza a punta de jaloneos, periodicazos e insultos.

El funcionario no logró notificar personalmente a los consejeros que encabeza Roger Medina Chacón, pero recordó que su publicación en el Diario Oficial de la Federación cumple esa función...

La Jornada

8-mar-2001

El Tribunal solicita al presidente apoye la ejecución de las sentencias que dicte.

Ultimátum de 24 horas para que consejeros no reconocidos desalojen el Instituto Electoral yucateco.

Vencido el plazo, se procederá al cumplimiento “coactivo” de las sentencias, señala.

Mireya Cuellar, Enrique Méndez, Jesús Aranda, Luis Boffil y Emmanuel Salazar

...Adán Armenta Gómez actuario del TEPJF que acudió a notificar esa decisión, burló el cerco de priístas que desde hace 50 días custodian las instalaciones del Consejo Electoral designado por 14 diputados priístas del Congreso, pero un grupo de mujeres lo descubrió y lo sacó por la fuerza a punto de jaleos, periodicazos e insultos.

Por la noche, la presidenta del PRI, Dulce María Sauri Riancho, señaló que la resolución del Tribunal es “una cuenta más del rosario de presiones en contra” de su partido, e hizo un llamado al gobierno federal “a la serenidad y a la cordura” y que evite “aventarles la policía” a ciudadanos desarmados y sin la posibilidad de defenderse.

El Universal

8-mar-2001

Ultimátum al Consejo Electoral priísta.

Tiene 24 horas para desalojar y entregar instalaciones, inmobiliario, equipos y recursos económicos. Posible uso de la fuerza.

Yazmín Rodríguez, Alejandro Lelo y Francisco Arroyo

...El actuario del TEPJF, Adán Armenta Gómez, acudió este mismo miércoles a las instalaciones del Consejo Electoral, para entregar a los consejeros la notificación personal, pero después de 25 minutos de espera se vio obligado a retirarse, debido a las agresiones verbales y físicas de parte de un grupo de mujeres priístas, que desde hace más de 40 días se encuentra apostado en ese edificio sede.

...En la ciudad de México, la dirigente nacional del PRI, senadora Dulce María Sauri Riancho, responsabilizó al gobierno federal de los problemas que puedan surgir a consecuencia del posible desalojó, mediante la fuerza pública, del Consejo Estatal Electoral de Yucatán.

Reforma

8-mar-2001

Demanda orden y hacer cumplir su sentencia.

Exige Trife a Fox actuar en Yucatán.

Daniel Lizárraga, Claudia Guerrero y Luis Armando Mendoza.

...Mientras, en Mérida grupos de priístas que mantienen ocupada la sede del Instituto Estatal Electoral impidieron a un actuario del Tribunal Federal entregar a los consejeros electorales nombrados por el Congreso local una notificación en la que se les fija un plazo de 24 horas para desalojar el inmueble.

Novedades

8-mar-2001

El conflicto en Yucatán.

Carece de autor.

...Con el paso de los días e incluso de las horas se va cerrando la posibilidad de resolver el conflicto preelectoral en el Estado de Yucatán y, hasta la noche de ayer, no había indicios de una flexibilización de las partes, sino que, por el contrario, parecía que el Consejo Electoral integrado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no podría comenzar sus labores normales a menos que la fuerza pública federal desalojara el local ocupado actualmente por los consejeros designados por el Congreso local y custodiado por cientos de militantes del PRI.

Reforma

09-mar-2001

Montan guardias ante posible intervención federal.

Cercan los priístas Consejo en Yucatán.

Luis Armando Mendoza, Daniel Lizárraga y Mayolo López

...Al menos 200 priístas cercaron ayer la sede del Consejo Estatal Electoral, en guardia ante una posible intervención de las fuerzas federales.

La calle 57, sede del mismo Instituto Estatal Electoral, está cerrada a la circulación de vehículos, pues los priístas la ocupan con sillas para descansar y distraerse con los programas y telenovelas en una televisión que tienen en el lugar.

Este plantón, protegido del sol por una enorme lona, fue instalado desde el 15 de enero pasado cuando por primera vez se habló de la posibilidad de que el Tribunal Federal solicitará la intervención de la fuerza pública para desalojar la sede del instituto...

Reforma

09-mar-2001

‘Ésta es una fiesta cívica’

Luis Armando Mendoza

...Como desde hace más de 50 días la sede del Instituto Estatal Electoral permanecía copada por unos ciento cincuenta priístas, que desde el 15 de enero se mantienen a las afueras para evitar el desalojo de los Consejeros Electorales nombrados por el Congreso Local

Aunque por las mañanas el número de priístas que se mantienen en las afueras del IEE, disminuye notablemente, por las noches aumenta considerablemente con contingentes traídos por los alcaldes priístas desde sus municipios.

A ritmo de cumbias y salsa, la pachanga de los priístas en rebeldía sigue en su apogeo.

La fiesta en las afueras del IEE se combina con juegos de azar la lectura de revistas y periódicos para hacer menos pesado el “compromiso de defender la soberanía del Estado de Yucatán”.

Excélsior

9-mar-2001

Condena Sauri el amago de uso de la fuerza pública en Yucatán.

Irma Pilar Ortiz

...En entrevista, la senadora yucateca se refirió al ultimátum del Tribunal Electoral al Consejo Electoral de aquella entidad para que desalojen las instalaciones en que han trabajado en los últimos meses y la posibilidad de que los consejeros sean aprehendidos y afirmó que esta autoridad electoral se extralimitó para servir a los intereses opositores al PRI...

El Universal

9-mar-2001

Critican el uso de la violencia para solucionar problema.

Francisco Arroyo

...Sauri Riancho lamentó que el gobierno federal panista pretenda utilizar la fuerza pública para desalojar a los consejeros electorales nombrados, por el Congreso local yucateco. “Ellos no han violado la ley, quienes lo hicieron fueron los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al extralimitarse en sus funciones”, agregó.

Dijo que la decisión de la autoridad federal electoral, comprueba que su actuación ha dejado de ser imparcial, como se establece en la Constitución y la ley; también se comprueba que “sirve a los intereses de los partidos opositores al PRI”.

El problema de Yucatán es la violación al pacto federal y la soberanía de esa entidad del sureste mexicano. El único facultado para integrar el órgano electoral, es el Congreso local, pero el gobierno federal panista y las propias autoridades electorales y federales se niegan a reconocer y admitir, por ende, que se equivocaron.

Excélsior

9-mar-2001

Nuestros actos, regidos por la ley y sujetos a normas del Congreso: VCP.

La Federación impondrá el Estado de derecho en Yucatán: Ariel Avilés.

Atilano González Villa

...Los actores políticos se mantienen a la expectativa y el bloqueo a la sede oficial del consejo —en la calle 57— continúa en un ambiente de fiesta, con música y reparto de comida.

El Universal

9-mar-2001

Confía CEE en regular la situación para no poner en riesgo los comicios.

Se apresurarían tiempos después de que se logre “desarticular la elección que pretendían realizar los consejeros nombrados por el Congreso del Estado”, dice.

Yazmín Rodríguez

...Mientras tanto, en la sede del Consejo Electoral se mantenían decenas de priístas que desde hace más de 45 días custodian el lugar.

Reforma

9-mar-2001

Montan guardias ante posible intervención federal.

Cercan los priístas Consejo en Yucatán.

Luis Armando Mendoza, Daniel Lizárraga y Mayolo López

...Al menos 200 priístas cercaron ayer la sede del Consejo Estatal Electoral, en guardia ante una posible intervención de las fuerzas federales.

La calle 57, sede del mismo Instituto Estatal Electoral, está cerrada a la circulación de vehículos, pues los priístas la ocupan con sillas para descansar y distraerse con los programas y telenovelas en una televisión que tienen en el lugar.

Este plantón, protegido del sol por una enorme lona, fue instalado desde el 15 de enero pasado cuando por primera vez se habló de la posibilidad de que el Tribunal Federal solicitara la intervención de la fuerza pública para desalojar la sede del Instituto.

Reforma

9-mar-2001

‘Esta es una fiesta cívica’

Luis Armando Mendoza

...Como desde hace más de 50 días, anoche la sede del Instituto Estatal Electoral permanecía copada por unos 150 priístas, que desde el 15 de enero se mantienen a las afueras para evitar el desalojo de los consejeros electorales nombrados por el Consejo local...

El Heraldo de México

10-marzo-2001

Propone Cervera modificar el Código Electoral de Yucatán.

Notimex

...Al tiempo que la Procuraduría General de la República (PGR) trabaja en la integración de las averiguaciones previas correspondientes ante solicitud hecha por el TEPJF, los priístas que se autodenominan “guardianes de la soberanía” custodian la sede oficial del CEE.

Apostados en la calle 57 del centro de esta ciudad, los simpatizantes y militantes priístas han cumplido ya más de 50 días, como “protectores” de los integrantes del CEE designado por la mayoría priísta en la LV Legislatura local.

El Universal

10-mar-2001

Caso Yucatán, en manos de la PGR.

Se negaron consejeros cerveristas a desalojar y entregar las instalaciones y recursos del CEE. Intenta el gobernador “diferir” las elecciones para el 17 de junio.

Fabiola Guarneros, Yazmín Rodríguez y Alejandro Lelo de la Rea.

...En tanto, las instalaciones del edificio electoral permanecen resguardadas por simpatizantes priístas, que abordan, detienen y rodean a cualquier persona que se acerque a la puerta de acceso.

Reforma

10-mar-2001

Advierte el Tribunal posibles detenciones.

Daniel Lizárraga y Luis Armando Mendoza

...Los dos actuarios enviados por el TEPJF a Mérida evitaron acudir a la sede del Instituto Estatal Electoral de Yucatán custodiado por priístas y optaron por trasladarse a cada uno de los domicilios particulares de los funcionarios apoyados por el Congreso local.

Unomásuno

11-mar-2001

PGR, lista en Yucatán.

La cuenta regresiva en la Entidad sigue su marcha.

Fabio Fuentes y José Palacios Tépate

...De igual forma, los uniformados que apoyarían a la Procuraduría en las acciones de desalojo al bloqueo que los simpatizantes del PRI mantienen en la sede del IE están listos para entrar en acción, pues el dispositivo está preparado.

Comandantes de la Policía Federal Preventiva y de la Policía Judicial Federal forman un bloque de más de 30 coordinadores para llevar a cabo las acciones que, presumiblemente, serían de asalto, con el fin de ejercer el desalojo en el menor tiempo posible.

Reforma

11-mar-2001

Dan presupuesto a los consejeros.

Daniel Lizárraga y Luis Armando Mendoza

...Los integrantes del llamado consejo “espurio” encabezado

por Roger Medina Chacón, cumplieron 48 horas sin ser vistos públicamente en está capital yucateca y tampoco acudieron a la calle 57, donde simpatizantes del PRI no dan un paso atrás en la vigilancia del Instituto Estatal Electoral de Yucatán.

La Jornada

13-mar-2001

Hoy nueva cita.

Consejeros del Tribunal no rinden protesta.

Mireya Cuellar y Luis Boffil

...Una vez que se realice la protesta de ley, los militantes priístas que resguardan las instalaciones del Instituto Electoral del Estado se retirarán de la calle 57 para permitir que el nuevo consejo entre en funciones, reveló la diputada priísta Mirna Hoyos...

Milenio

13-mar-2001

Acorralado, el consejo insaculado se fractura.

La maniobra orquestada por Cervera Pacheco colocó a los consejeros del Tribunal en un callejón sin salida, y a provocado su división. Mientras que el presidente Ariel Avilés amenaza con renunciar, algunos estarían dispuestos a sumarse al “super consejo”.

Alberto Aguirre

...Cuando el consejo finalmente quede instalado, prometió la legisladora, el local de la calle 57 será desalojado pacífica y voluntariamente por los priístas que lo mantienen sitiado.

La Jornada

14-mar-2001

Tres miembros del consejo insaculado se unen al órgano que Cervera creó.

En el conflicto se han asumido posiciones muy cerradas, afirma el Secretario de gobernación.

Yucatán: Insaculados por el TEPJF se integran al super consejo electoral del PRI.

El Congreso tomó protesta a 10 de los 14 miembros del Tercer Consejo Electoral del Estado.

Citan a los otros 4 designados por el Trife.

Mireya Cuellar y Luis A. Boffil

...Una vez cumplida la formalidad de la protesta de los 14 super consejeros, los militantes del PRI que resguardan las instalaciones del Instituto Electoral del Estado se retirarán de la calle 57 —en el centro histórico— donde permanecen desde hace más de 58 días.

El Universal

14-mar-2001

Rindieron protesta 10 funcionarios electorales.

Integrarán parte del nuevo Consejo Electoral en Yucatán.

Sin éxito el Congreso convocó por tercera ocasión a los 4 funcionarios insaculados que faltaron.

Fabiola Guarneros y Yazmín Rodríguez

...La presidenta de la gran comisión Mirna Hoyos, aseguró que hoy, después de que quede completamente instalada la nueva autoridad, desalojarán las instalaciones que hoy son bloqueadas por priístas, y liberarán los recursos para continuar con la organización de las elecciones, ya que el 15 de marzo se vence el plazo para concluir el registro de candidatos y alcaldes.

La Jornada

15-mar-2001

Resuelta la controversia según Cervera.

Mireya Cuellar y Luis A. Boffil

...El conflicto preelectoral entrará este jueves en una nueva etapa, si, como se pretende, se completan los 14 miembros del llamado super consejo –ya que no pudo alcanzar tal categoría— y se les entrega a ellos el vetusto inmueble del Instituto Electoral del Estado, resguardado desde hace casi 60 días por huestes priístas que han recibido —según alguno de ellos— cuarenta pesos diarios y, por lo menos, almuerzo y comida.

Reforma

16-mar-2001

Esperamos opinión de la Corte, señala consejo insaculado.

Ofrecen cerveristas reconocer candidatos.

Daniel Lizárraga

...Los priístas que resguardan las instalaciones del Instituto Electoral de Yucatán no dejarán pasar a nadie a menos que lo pidan los propios consejeros, en su mayoría señoras provenientes de los municipios aledaños, dicen estar dispuestos a lo que sea.

Para demostrarlo, impidieron a dos agentes del ministerio público realizar una diligencia en el lugar.

“Sobre nuestro cadáver”, gritaron las mujeres, siempre respaldadas por una veintena de jóvenes militantes de la Federación de Estudiantes Yucatecos (FEY).

“¿Qué quieren? Aquí no se puede pasar. Vamos a impedirlo, para defender la soberanía de Yucatán”, espetó el líder estudiantil Marciano Yam Cauich a los agentes del Ministerio Público, Luis González Chacón y Humberto Morales Nava.

La Jornada

16-mar-2001

Con sólo 13 de sus 14 miembros; 5 días anduvo el congreso cazando ciudadanos.

Yucatán: Se instaló el super consejo priísta pese a estar incompleto.

Mireya Cuellar y Luis Boffil

...Momentos después de que el Congreso le dio el banderazo de salida al tercer consejo para que continúe con los preparativos de la elección programada para el 27 de mayo, dos agentes del ministerio público federal y dos peritos se presentaron en las instalaciones del Instituto Electoral del Estado con la intención de tomar fotografías del inmueble y realizar “diligencias”.

Sin embargo, los 12 priístas que se encontraban allí en ese momento les bloquearon el paso. Se dio un pequeño jaloneo; las únicas 6 mujeres del plantón fueron colocadas a la vanguardia —“sólo pasarán sobre nuestro cadáver”, gritaba una de ellas— y con sus cuerpos cubrieron el acceso. En eso estaban cuando apareció Marciano Yam –identificado por la oposición como golpeador a sueldo del PRI— quien con ánimo de iniciar la gresca provocó a los representantes del ministerio público: “Usted no es del ministerio público porque el M.P. da sus nombres y se identifica... podemos decir que viene de incógnito de otra institución, de gobernación, a intimidar”...

El Economista

16-mar-2001

Sin discusión se debe acatar en Yucatán fallo del TEPJF: Góngora.

Frenan reformas del Congreso yucateco fracción judicial para consignar a los consejeros electorales, dice la PGR.

Rubén Torres

...En Yucatán, militantes del PRI que custodian las instalaciones del Consejo Electoral impidieron la entrada al recinto a los agentes del ministerio público Luis Gómez y Humberto Morales, quienes intentaban dar seguimiento a una diligencia que se iba a integrar a las averiguaciones previas que realiza la PGR contra los consejeros electorales designados por los priístas.

Los agentes pretendieron hablar con algún encargado del inmueble pero cerca de 50 priístas, encabezados por Marciano Yam, impidieron la entrada. Los agentes les informaron que querían hablar con algún consejero electoral para entrar al inmueble, tomar fotografías y hacer observaciones.

Pero, amenazantes los priístas les gritaron que impedirían a toda costa efectuar la diligencia.

Reforma

16-mar-2001

Esperamos opinión de la Corte, señala consejo insaculado.

Ofrecen ceveristas reconocer candidatos.

Daniel Lizárraga

...Los priístas que resguardan las instalaciones del Instituto Electoral del Yucatán no dejan pasar a nadie, a menos que lo pidan los propios consejeros.

En su mayoría señoras provenientes de los municipios aledaños, dicen estar dispuestos a lo que sea.

Para demostrarlo, impidieron ayer a 2 agentes del ministerio público realizar una diligencia en el lugar “¡sobre nuestro cadáver!”, gritaron las mujeres, siempre respaldas por una veintena de jóvenes militantes de la Federación de Estudiantes Yucatecos (FEY).

“¿Qué quieren? Aquí no se puede pasar. Vamos a impedirlo para defender la soberanía de Yucatán, espetó el líder estudiantil Marciano Yam Cauich a los agentes del ministerio público, Luis González Chacón y Humberto González Nava.

El Universal

16-mar-2001

Instala nuevo consejo cerverista en Yucatán.

Falta sólo un miembro; impiden labor de PGR en Instituto. Avala Magistrada la operación del órgano.

Fabiola Guarneros, Yazmín Rodríguez, Israel Chávez, Jorge Teherán y Francisco Arroyo

...En tanto, representantes del ministerio público federal y dos peritos que siguen el proceso judicial iniciado por la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de los consejeros avalados por el Congreso del Estado, se presentaron en las instalaciones del CEE, pero un grupo de priístas les impidió el paso...

El Universal

16-mar-2001

Instalan nuevo órgano electoral en Yucatán.

Fue ratificado con sólo 13 integrantes. Convoca a sesión de trabajo para hoy, pese a que el TEPJF no lo reconoce como instancia encargada de organizar los comicios.

Fabiola Guarneros y Yazmín Rodríguez

...Un grupo de priístas que custodia las instalaciones del CEE impidió la entrada a los dos agentes, quienes pretendían entrar al inmueble para tomar fotografías y realizar un reporte de la ocupación.

A las trece treinta horas, los agentes pretendieron hablar con algún encargado del inmueble pero de inmediato Marciano Yam —uno de los líderes priístas que el 15 de enero pasado protagonizó agresiones contra militantes del Partido Acción Nacional y del Sol Azteca—, se interpuso e impidió la entrada...

La Jornada

16-mar-2001

Con sólo 13 de sus 14 miembros; 5 días anduvo el congreso cazando ciudadanos.

Yucatán: Se instaló el super consejo priísta pese a estar incompleto.

Militantes del PRI bloquean el paso al IEE a dos agentes del ministerio público federal.

Mireya Cuellar y Luis A. Boffil

...Sin embargo, los 12 priístas que se encontraban allí en ese momento les bloquearon el paso. Se dio un pequeño jaloneo; las únicas 6 mujeres del plantón fueron colocadas a la vanguardia —“sólo pasarán sobre nuestro cadáver”, gritaba una de ellas— y con sus cuerpos cubrieron el acceso. En eso estaban cuando apareció Marciano Yam —identificado por la oposición como golpeador a sueldo del PRI— quien con ánimo de iniciar la gresca provocó a los representantes del ministerio público: “usted no es el ministerio público porque el MP da sus nombres y se identifica... podemos decir que viene de incógnito de otra institución, de gobernación, a intimidar”.

La respuesta de Marciano Yam fue que “No vamos a permitir que sea violentado este consejo”...

Excélsior

16-mar-2001

Quedó instalado el super consejo electoral de Yucatán y nombró Secretario Técnico: Herrera.

Atilano González Villa

... Hoy dos agentes de la Procuraduría General de la República (PGR), Luis Gómez Chacón y Humberto Morales Nava, fueron rechazados con violencia por simpatizantes priístas, cuando intentaron entrar a la sede oficial del Consejo Electoral para tomar fotografías. Cuando los simpatizantes priístas los identificaron les lanzaron una lluvia de insultos y amenazas, y los sacaron del área a empujones y golpes.

La Crónica de Hoy

16-mar-2001

Quedó integrado formalmente en Yucatán el superconsejo electoral.

Fue integrado por 13 de sus 14 miembros. Las instalaciones custodiadas por priístas llamados “guardianes de la soberanía”.

Notimex en Mérida

...En medio de la controversia, el tercer Consejo Electoral del Estado (CEE) se instaló la tarde de este jueves de manera formal, bajo la protección de los militantes priístas llamados “guardianes de la soberanía”.

Novedades

16-mar-2001

Son protegidos por priístas “guardianes de la soberanía”.

Instalan el “superconsejo” electoral en Yucatán.

Impiden a fiscales federales el ingreso al Instituto Estatal Electoral.

Notimex

...En medio de la controversia, el tercer Consejo Electoral del Estado (CEE) se instaló la tarde de ayer de manera formal, bajo la protección de los militantes priístas llamados “guardianes de la soberanía”.

...Durante el día de ayer, simpatizantes del PRI impidieron que agentes del Ministerio Público Federal (MPF) realizaran una diligencia judicial en las instalaciones del Instituto Electoral del Estado (IEE).

El agente del MPF, Luis Gómez Chacón, llegó junto con otros compañeros a la puerta de ese edificio, ocupado por simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), para tratar de entrar al recinto y tomar algunas fotografías. Sin embargo, los priístas que resguardan el sitio le advirtieron que no podía entrar porque en ese momento trabajaba el nuevo Consejo Electoral del Estado avalado por el Congreso, y si insistía “estaría violando la soberanía del Estado”...

Unomásuno

16-mar-2001

Ignora el Congreso la resolución del TEPJF.

Fabio Fuentes y José Palacios Tépate

Alrededor de las 13:30 horas, los agentes Humberto Morales Nava y Luis Gómez Chacón se presentaron frente al Instituto Estatal Electoral con la intención de “continuar diligencias en tornó a la averiguación previa que la Procuraduría General de la República integra por orden del TEPJF”.

El activista Marciano Yam Cauich, de la Federación de Estudiantes de Yucatán, fue el primero en acercarse a amenazar a los enviados de la PGR y lanzar junto con la turba insultos no sólo para los funcionarios sino para con los medios de comunicación, en particular los de cobertura nacional.

Milenio

16-mar-2001

Determinará el superconsejo si amplía el plazo para registros.

El plazo para registrar candidatos a diputados y presidentes municipales ya concluyó. Considera Roque Medina Chacón. Que a partir de la instalación del nuevo consejo los dos anteriores quedaron invalidados.

Ivette Rossel

...Las promesas de abrir la calle 57 y desalojar la sede del CE, quedaron en el aire porque permanecerán resguardadas por los ciudadanos “que se encuentran en la defensa de su soberanía”.

...De manera inesperada agentes del ministerio público federal se presentaron a las instalaciones del Consejo Electoral para levantar una averiguación previa, labor que quedó sólo en deseo al impedirle el paso las mujeres y los hombres que resguardan el edificio.

El Economista

16-mar-2001

Instalan formalmente “superconsejo”.

Carece de autor.

...En medio de la controversia, el tercer Consejo Estatal Electoral (CEE) se instaló de manera formal, bajo la protección de militantes priístas llamados “guardianes de la soberanía”.

Uno más Uno

17-mar-2001

PAN: Soborna en Mérida a consejeros insaculados.

Fabio Fuentes y José Palacios.

...Luego de 61 días de mantener bloqueado el Instituto Electoral de Yucatán, los diputados del PRI y simpatizantes del partido levantaron las barricadas y permitieron el libre acceso al inmueble, una vez que el nuevo consejo electoral fue completado con la insaculación de Ruth Urrutia Ceballos en la sesión extraordinaria del Congreso local celebrada ayer.

Unomásuno

17-mar-2001

El gobierno yucateco les entregó $6 millones: PAN.

Soborno a insaculados.

Afirma el diputado Sergio Chan que cuenta con pruebas de los movimientos bancarios y sobre como fue entregado el dinero a los 3 consejeros; deberá comprobar el panista sus acusaciones, advierte Myrna Esther Hoyos.

Fabio Fuentes y José Tépate

(En la nota aparece una foto en cuyo pie se señala: Simpatizantes priístas retiran sillas y pancartas del Instituto local que mantuvieron bloqueado durante 61 días, en Mérida).

Milenio

17-mar-2001

Desalojan la calle 57.

Ivette Rosell

...Luego de 61 días de haber sido tomada “la violada calle 57”, ésta volvió a su normalidad.

Eran las 15:30 y en medio de una gran expectación apareció la presidenta de la gran comisión Myrna Hoyos Schlamme acompañada de diputados de su partido a desalojar a las personas, sillas, tiendas de campaña y otros elementos que obstaculizaban el tránsito de vehículos y peatones...

Unomásuno

17-mar-2001

Levantan priístas el bloqueo al Instituto Electoral en Yucatán.

Fabio Fuentes y José Palacios Tépate.

...Luego de 61 días de mantener bloqueado el Instituto Electoral de Yucatán, los diputados del PRI y simpatizantes levantaron las barricadas y permitieron el libre acceso al inmueble, una vez que el “superconsejo” electoral fue completado con la insaculación de Ruth Urrutia Ceballos en la sesión extraordinaria del Congreso local de este viernes.

El priísmo estatal proclamó el triunfo a pesar de que en el “superconsejo” sólo hay tres consejeros de los insaculados por el Tribunal Electoral y está por verse si la Suprema Corte de Justicia de la Nación no deroga el decreto 412 que orquestó tal acción.

Al grito de ¡Viva Cervera y la soberanía de Yucatán!, los activistas de la Federación de Estudiantes Yucatecos —principales custodios de bloqueo iniciado desde el pasado 15 de enero— se alzaron con la victoria, mientras que los diputados del PRI no podían ocultar las sonrisas de satisfacción.

El Heraldo de México

17-mar-2001

Terminó el bloqueo de priístas al Consejo Electoral yucateco.

Clemente Castro

...Los grupos de priístas que mantenían bloqueada desde hace dos meses la calle frente a las oficinas del Instituto Estatal Electoral (IEE), en la calle 57 de la ciudad de Mérida, se retiraron; al respecto, el gobernador de Yucatán, Víctor Cervera Pacheco, celebró que sus correligionarios hayan tomado ese acuerdo. Dijo que se cumplirán los tiempos establecidos para que haya elecciones el 27 de mayo.

...A través de su secretario de elecciones, Felipe Solís Acero, el Revolucionario Institucional sostuvo que el único Consejo Electoral plenamente válido, plenamente ajustado a la legalidad, es el que ha sido integrado de manera reciente y que se hizo de acuerdo a la legislación de Yucatán.

Novedades

17-mar-2001

Concluye ocupación priísta del Consejo Electoral yucateco.

Se retiran priístas de la sede del IFE.

Al fin queda completo el “superconsejo” yucateco.

Carece de autor.

...Militantes y diputados priístas, después de 61 días de mantener apostados en la sede del Instituto Estatal Electoral, finalizaron ayer su movimiento y despejaron el lugar, al considerar que existen condiciones para efectuar las elecciones el próximo 27 de mayo. Luego de que la mayoría priísta del Congreso del Estado aprobó la creación del “superconsejo” con 14 miembros —que ya rindieron protesta—, la movilización priísta autodenominada de “defensa de la soberanía” concluyó.

Novedades

17-mar-2001

Se retiran priístas de la sede del IEE.

Al fin queda completo el superconsejo yucateco.

Afirman que “quedó en la historia” la controversia entre el congreso local y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Rubín Darmo Hau

...Sesenta y un días después de haber “tomado” las instalaciones del Instituto Estatal Electoral, militantes y diputados priístas despejaron el lugar, al considerar que con la conformación del “superconsejo” ya hay un consejo “legal”.

Reforma

17-mar-2001

‘¡Y sigue siendo el rey...!’

Daniel Lizárraga

...La tensión prolongada a lo largo de 62 días en la calle 57 de esta capital, terminó en chunga. Los simpatizantes del PRI, fieles al cerverismo, se abrazaron, levantaron los brazos y, cada quien a su modo, cantó “El corrido del Desacato”, como himno a la victoria.

Para la Federación de Estudiantes Yucatecos (FEY) —otro de los grupos que permaneció como vigilante de la sede oficial—, no existe mejor manera de grabar en la historia la jornada de ayer que instaurarlo como día de fiesta.

Ovaciones

17-mar-2001

Levantaron plantón del Instituto Electoral.

Priístas consideran que ya existe un consejo legal.

Notimex

...Después de 61 días de mantenerse apostados en la sede del Instituto Estatal Electoral, militantes y diputados priístas determinaron finalizar su movimiento y despejar el lugar, al considerar que existen condiciones para efectuar las elecciones el próximo 27 de mayo.

Diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) llamaron a poner fin al “plantón” que los simpatizantes y militantes de ese instituto político mantuvieron desde el pasado 15 de enero, cuando rechazaron el ingreso de consejeros insaculados por magistrados federales.

El Universal

17-mar-2001

Completan nuevo Consejo en Yucatán.

Rinde protesta Ruth Urrutia Cevallos. Aseguran los legisladores del tricolor que el órgano electoral cumple con el fallo del TEPJF y termina con la controversia.

Fabiola Guarneros y Yazmín Rodríguez

...La coordinadora de diputados del PRI, Myrna Hoyos, ordenó el desalojo de simpatizantes y militantes de su partido, quienes desde el 15 de enero bloquearon la calle y el acceso al edificio del IEE. Los legisladores y militantes priístas levantaron el plantón y abrieron nuevamente la calle 57 entre gritos de: “¡Viva la soberanía de Yucatán!”.

Ayer, los priístas que bloquearon por dos meses la calle 57 y el acceso a la sede del CEE, levantaron su plantón y retiraron las cartulinas y mantas de protesta.

Allí estaban amas de casa, mujeres de la tercera edad y simpatizantes priístas liderados por Marciano Yam, un ex boxeador conocido por reventar reuniones y protagonizar escándalos y enfrentamientos, como las agresiones que propinaron a panistas y perredistas el pasado 15 de enero.

Luego de la desocupación de las instalaciones, Myrna Hoyos dijo que la creación del nuevo órgano electoral es legal, y que la controversia entre el Tribunal Electoral y el Congreso del Estado ya no existe. Dijo que esperara la resolución de la Suprema Corte de la Justicia de Nación, en tornó a la constitucionalidad del decreto que ordena la integración de un consejo electoral de 14 integrantes.

Las diligencias de PGR.

Ayer, la PGR tomó las declaraciones de Francisco Poot, responsable de la décima agencia del Fuero Común y de Wendy Hernández, subdirectora de averiguaciones previas de la Procuraduría de Justicia del Estado de Yucatán, en relación a la negativa de la autoridad judicial local de entregar los expedientes de las averiguaciones que existen en contra de los consejeros insaculados por el TEPJF.

Al respecto, el procurador del estado, José Manuel Echeverría dijo que no entregarán los expedientes a la PGR, porque no han sustentado jurídicamente su intención de atraer las investigaciones.

Cabe recordar que las dirigencias naciones de PAN y PRD presentaron ante la PGR una denuncia en contra de los siete funcionarios electorales designados por el Congreso, por los presuntos delitos de desacato, obstrucción de la autoridad, uso indebido de documentos y sellos oficiales, así como por usurpación de funciones.

Los diputados priístas, por su parte, presentaron una denuncia en los mismos términos, pero en la Procuraduría del Estado en contra de los funcionarios electorales insaculados por el tribunal.

La Jornada

17-mar-2001

Festivos, terminaron plantón frente al IEE... y sigue siendo el rey: Priístas.

Luis Boffil y Mireya Cuellar

...Festivos, entre gritos de “¡Cervera sigue siendo el rey!”, los priístas dieron fin a 62 días de plantón frente al edificio Instituto Electoral del Estado. Lo que resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación no parecía importarles. De hecho Mirna Hoyos anunció que acatarán su fallo sin reservas.

Fueron días de defender la soberanía de Yucatán y de soportar noches en vela, por aquello de la posible intervención policíaca; y es que los rumores nunca cesaron: el desalojo pesaba sobre los consejeros “espurios” y los custodios priístas que celosamente —aunque también por dos comidas diarias—, vigilaban el vetusto inmueble electoral de la calle 57.

Pero todo llega a su fin. Esta tarde, los últimos 30 priístas que resguardaban el centro de operaciones del tercero o cuarto Consejo Electoral en funciones (aquí ya se perdió la cuenta), llamado ahora superconsejo de 14 integrantes, recibieron una noticia que, tal vez, ya esperaban, pero confiaban en que tardaría en presentarse: “Señores, muchas gracias por haber permanecido en este sitio y defender la soberanía del estado, pero ya acabó todo y estoy satisfecha por lo que ustedes, desinteresadamente, hicieron. Nos vamos, se acabo”.

Myrna, la punta de lanza en casi cinco meses de conflicto, dio el ejemplo. Agarró unas sillas de metal y las apiló. Los priístas hicieron lo mismo. El toldo gigante también cayó. En menos de 15 minutos la calle estaba libre. Faltaba la limpieza. Un camión de bomberos arribó y, a manguerazos, lavó las “impurezas electorales”, como dirían algunos.

Excélsior

18-mar-2001

El problema preelectoral en Yucatán no se ha resuelto: Pacheco.

Necesario que Víctor Cervera acate la ley por el bien de todos: Claudio X González

Atilano González Villa

...En cuanto a la sede oficial del superconsejo electoral, en la calle 57, sus puertas por vez primera en 62 días amanecieron sin los acostumbrados simpatizantes priístas, sin sillas, y sin las grandes cafeteras y las ollas de comida, sin las mesas en donde los guardianes de la “libertad y la soberanía del Estado” jugaban lotería, cartas y otros muchos juegos.

El Sol de México

18-mar-2001

Incompleta la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en Yucatán.

Beatriz Ramírez

...Desde el pasado viernes los 14 “superconsejeros” trabajan en las instalaciones que durante 62 días fueron tomadas por los priístas, ubicadas en la calle 57, número 411, sin embargo, las pugnas aún persisten entre las denuncias de que los consejeros que fueron en su momento insaculados por el Tribunal recibieron fuertes cantidades de dinero por pasarse al tercer Consejo Estatal Electoral según señaló un legislador local del PAN.

Proceso

19-mar-2001

Cervera se burla de Fox.

Yucatán: El presidente no puede.

Martín Morita y José Palacios

....Como promotor del desacato ante el fallo del TEPJF, el mandatario yucateco le declaró la guerra a la federación y hasta amenazó con la secesión y con romper el pacto federal; amago con paralizar el Estado; ha permitido que desde el 15 de enero decenas de priístas, incondicionales suyos, mantengan tomadas las instalaciones del Instituto Electoral de Yucatán, quienes se dan el lujo de agredir e insultar a funcionarios del TEPJF, de la PGR y periodistas; y promulgó en complicidad con los diputados priístas, un decreto que contraviene el artículo 105 de la Constitución, el cual dio origen a la creación del “superconsejo electoral”...

Reforma

20-mar-2001

‘Vamos a entregar los documentos’

Daniel Lizárraga

...Los priístas levantaron voluntariamente el plantón del Instituto Electoral de Yucatán...

 

Así, del anterior cuadro ilustrativo, se infiere, por ejemplo, que a Marciano Yam Cauich, se le identifica como militante del Partido Revolucionario Institucional, y que participó en la dirección, organización y bloqueo de las instalaciones de la sede del Consejo Electoral del Estado de Yucatán, para impedir la instalación de los consejeros ciudadanos insaculados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se advierte que durante los días que estuvieron ocupadas las instalaciones del Consejo Estatal Electoral de Yucatán, se contó con la asistencia de grupos de personas pertenecientes a organizaciones que el partido denunciante identifica como adherentes o filiales del Revolucionario Institucional, mismas que al parecer colaboraron y participaron directamente en el referido plantón, en concreto, las denominadas Ciudadanos Unidos por Yucatán, A.C., Asociación o Alianza de Colonos “Víctor Cervera Pacheco”, Liga de Resistencia Cívica Benito Juárez, A.C., Coordinadora Democrática de Magisterio, Alianza Cívica, Federación de Colonos Urbanos de Yucatán (FECUY), Comité de Comisarios de Mérida, así como la Federación de Estudiantes Yucatecos.

 

De igual manera, de las notas informativas de los diarios  nacionales y locales, cuyos contenidos se transcribieron con antelación, se advierte además de la averiguación previa  03/DGMPEB/2001, que en ese entonces se seguía en la Agencia adscrita a la Procuraduría “B” de Procedimientos Penales “B” de la Dirección del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada número uno de la Procuraduría General de la República, la integración de otras indagatorias ministeriales de las que en ningún momento se requirió o se allegó la responsable para ver si en ellas se apreciaba algún indicio o información que facilitara el esclarecimiento de las conductas al parecer, constitutivas de infracciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, denunciadas por el Partido de la Revolución Democrática. Tal es el caso de la averiguación previa que se integraba ante la Procuraduría General de la República, con motivo de las denuncias presentadas por las dirigencias nacionales de los Partidos Acción Nacional y el de la Revolución Democrática, contra los siete funcionarios electorales designados por el Congreso del Estado de Yucatán, por los delitos de desacato, obstrucción a la autoridad, uso indebido de documentos y sellos oficiales, y por el de usurpación de funciones,  así como la que se llevaba a cabo ante la Procuraduría de Justicia del Estado de Yucatán, presentada en los mismos términos de la indagatoria referida líneas arriba, pero por diputados priístas en contra de los Consejeros Electorales insaculados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

 

Además, cabe mencionar que del examen de las constancias del expediente se advierte, en lo que al caso atañe, que el Secretario de la Junta General Ejecutiva, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en el Estado de Yucatán, mediante oficio SE-209/2001, realizara las investigaciones pertinentes sobre los hechos narrados por el quejoso y que efectuara un informe en el que se asentara las circunstancias de modo, tiempo y lugar de sus investigaciones y los medios por los cuales arribó a sus conclusiones.

 

Así, en cumplimiento a tal requerimiento, el nueve de mayo de dos mil uno, el Vocal Ejecutivo aludido, a través del oficio JL/VE/362/01, rindió su informe sobre las irregularidades que denunció el Partido de la Revolución Democrática, el cual es del tenor siguiente:

 

“...

En primer lugar, me permito señalar que la queja que se pide investigar, narra diversos hechos acontecidos entre el 31 de agosto del año 2000 y el 26 de febrero del presente año, en las cuales esta honorable Junta Local del Instituto Federal Electoral, no fue parte, por lo que no nos constan directamente ninguno de los hechos de referencia.

En cuanto a los juicios de revisión constitucional que se indica, tampoco hemos tenido conocimiento oficial de su existencia, sino solamente a través de diversas notas periodísticas.

El día 5 de abril del año en curso, al recibir su atento oficio SE-209/2001, me apersoné a la calle 57 entre 62 y 64, zona centro de esta ciudad de Mérida, en la que se encuentra la sede del Instituto Electoral del Estado de Yucatán y pude percatarme que la calle se encuentra abierta plenamente a la circulación, sin manifestación ciudadana de ninguna especie a las puertas de dicho instituto, tal y como se pone de manifiesto con las 10 fotografías y diskette que como anexo 1 se acompañan al presente.

Haciendo referencia a lo ordenado por usted en su oficio precitado y respecto de cada uno de los 36 hechos que contiene la queja, se expresa lo siguiente:

1. Efectivamente es cierta la emisión del decreto 278 del honorable Congreso del Estado de Yucatán y como anexo 2, se acompaña copia de la parte conducente del Diario Oficial número 29208 de fecha 01 de septiembre de 2000, del gobierno del propio Estado, que contiene la publicación del mencionado decreto.

2. No tenemos comunicación oficial respecto de lo expuesto en el correlativo de la queja; sin embargo, diversos medios periodísticos de circulación diaria en la entidad, informaron de los propios hechos, según consta en la publicación del ‘Diario de Yucatán’ de fecha 10/10/00 que en copia simple se anexa con el número 3.

3. No fue posible obtener copia certificada de la sentencia emitida por la Sala Superior del honorable Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo cual no puede establecerse la veracidad o no de lo expuesto en el hecho 3 de la queja.

4. Los periódicos ‘Diario de Yucatán’ y ‘Por Esto’, en sus ejemplares de fecha 15 de octubre de 2000, hacen referencia a lo expuesto en el correlativo de la queja, en los términos que aparecen en las copias simples que se acompañan como anexo 4.

5. Se acompaña copia del decreto 286 publicado en día 17 de octubre del año 2000 en el Diario Oficial número 29242, del Gobierno del Estado de Yucatán, que se acompaña como anexo 5.

6. No pudo obtenerse documento fehaciente alguno que corroborara o no lo expuesto en el hecho 6 de la queja.

7. La queja que motiva el presente, señala que acompaña como medio probatorio copia certificada de todo lo actuado en el juicio de revisión constitucional identificado con el SUP-JRC-440/2000 y SUP-JRC-445/2000, acumulado, siendo que del tenor de las constancias que la integren, se podrá desprender la veracidad o no de lo que el quejoso expone en los hechos que marca con los números 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 28, 31 y 36, haciendo constar que hasta la fecha, el suscrito no ha tenido oportunidad de revisar las constancias que integran el expediente en cita, por lo que se ignora si los hechos a que me he referido, contienen o no, referencia concreta a dicho expediente.

8. Como claramente se asienta en el primer párrafo del hecho 8, efectivamente por mandato del artículo 99 constitucional, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tiene las atribuciones que se indican. En cuanto a lo expuesto en el segundo párrafo, únicamente se pudo corroborar mediante informaciones periodísticas publicadas en el ‘Diario de Yucatán’ de fechas 22 y 23 de noviembre de 2000 y ‘Por Esto’ de fecha 26 del propio mes y año que se acompañan como anexo 6.

9 En virtud de que el diario ‘La Jornada’, no se adquiere por la honorable Junta Local en Yucatán del Instituto, no nos consta lo que en el hecho 10 se sostiene contiene su ejemplar de fecha 2 de noviembre del año 2000; sin embargo, como anexo 7, se acompaña copia de notas al respecto publicada el propio día, por los periódicos locales ‘Diario de Yucatán’ y ‘Por Esto’.

10. Notas de los periódicos locales ‘Diario del Sureste’ de fechas 17, 20, 22 y 30 de noviembre de 2000 ‘Mundo al Día’, de fechas 20 y 30 de noviembre de 2000 y ‘Tribuna de Yucatán’, de fecha 23 de noviembre de 2000 y contienen referencias similares a las señaladas en el hecho 11, mismas que se acompañan como anexo 8, sin que conste al suscrito si las declaraciones de la ciudadana Mirna Esther Hoyos Schlamme, las efectúo o no en su carácter de legisladora local y presidente de la gran Comisión del honorable Congreso del Estado de Yucatán.

11. En la Junta Local Ejecutiva del Instituto en Yucatán, no se adquieren los ejemplares del periódico denominado ‘La Jornada’, por lo que no es posible determinar la veracidad o no de lo expuesto en el hecho 12 de la queja; sin embargo, se acompañan al presente (anexo 9), recortes periodísticos de los diarios ‘Por Esto’ y ‘Diario de Yucatán’ del día 25 de noviembre del año próximo pasado, que contienen referencia a unas declaraciones de la ciudadana Mirna Esther Hoyos Schlamme.

12. Se acompañan (anexo 10) copias de diversas notas publicadas en los periódicos ‘Por Esto’ de fecha 4 de enero del año en curso y ‘diario de Yucatán’, de fecha 5 del propio mes y año, que contienen referencias a lo sostenido por el primer párrafo de hecho 18 de la queja; igualmente se anexa bajo el número 11, copia del Diario Oficial del Estado, número 29296 de fecha 5 de enero del año en curso, que contiene el decreto 400 del honorable Congreso del Estado de Yucatán.

13. Como se ha manifestado, la Junta Local Ejecutiva en Yucatán, no adquiere ejemplares de periódicos de circulación nacional, por lo que no ha sido posible corroborar lo expuesto en el hecho 19 de la queja, por no contar con el ejemplar del periódico ‘Reforma’ de fecha 6 de enero de 2001.

14. Efectivamente, en esta Ciudad de Mérida, Yucatán, se llevó a cabo una reunión de gobernadores, sin que le conste al suscrito si tuvo por objeto o no el señalado en el hecho 20 de la queja; se acompañan, como anexo 12, copias de notas periodísticas de fecha 8 de enero del presente año de los diarios ‘Diario de Yucatán’ y ‘Por Esto’ que reseñan dicha reunión.

15. Al no contar con el ejemplar del diario ‘Reforma’ de fecha 9 de enero del presente año, no fue posible corroborar o no la existencia de la nota que se indica en el hecho 21, sin embargo es cierto que hubo una reunión de alcaldes el día 8 del mes en cita, pero no se cuenta con testimonio de persona alguna que pueda atestiguar lo acontecido durante la misma; pese a ello, se acompañan notas periodísticas publicada en el ‘Por Esto’ de fecha 9 del propio mes, que consigan la realización de la reunión (anexo 13).

16. En cuanto a los hechos narrados en el apartado 22 de la queja, se reitera que no tenemos acceso a los ejemplares de ‘La Jornada’.

17. No fue posible tener acceso a los comunicados de prensa del Partido Revolucionario Institucional marcados con los números C-621/2001, C-624/2001, C-652/2001, C-655/2001 y C.656/2001 que se mencionan en los hechos 23, 26, 34 y 35 de la queja, por lo que la veracidad o no de la transcripción no fue posible corroborarla.

18. Por no tener los ejemplares de ‘La Jornada’, se desconoce si efectivamente apareció o no la nota periodística que se indica en el hecho 24 de la queja; sin embargo, es menester señalar que el ciudadano Roger Medina Chacón, amparado en el decreto número 400 del honorable Congreso del Estado de Yucatán, que obra como anexo número 10 del presente, llevó a acabo diversos actos en materia electoral; se acompañan notas de los periódicos locales ‘Diario Yucatán’, ‘Por Esto’ y ‘Mundo al Día’, de fecha 13 de enero del 2001, como anexo número 14.

19. En cuanto a los hechos narrados en el apartado 25 de la queja, se adjuntan al presente como anexo 15, copias de notas aparecidas en los periódicos locales ‘Diario de Yucatán’ y ‘Por Esto’ de fecha 16 de enero del 2001.

20. Si bien no nos consta que los hechos referidos en el apartado 27 de la queja, se hubiese suscitado en la forma expuesta, es menester señalar que efectivamente, un grupo de personas, mantuvo ocupada en ocasiones en su totalidad y en otras parcialmente, la calle cincuenta y siete por sesenta y dos y sesenta y cuatro de esta ciudad, precisamente a las puertas del local que ocupa el Instituto Electoral de Yucatán; como anexo 16, se acompañan notas periodísticas de fechas 16 y 25 de enero del año en curso de los periódicos locales ‘Diario de Yucatán’ y ‘Por Esto’, y de fecha 25 del propio mes y año publicadas en ‘El Mundo al Día’. Por otra parte, se reitera que como se ha expresado líneas arriba, a la fecha, el grupo en cuestión se ha retirado.

 21. Tengo conocimiento que efectivamente es cierto lo expresado en el hecho 28 de la queja.

 22. Sin poder precisar las causas o motivos que originaron que el partido quejoso la interpusiera, manifiesto a usted, que los periódicos locales ‘Diario de Yucatán’ y ‘Por Esto’ en su edición de fecha 25 de enero del año en curso, dan cuenta de la interposición de dicha denuncia, que fue puesta el día 24 de enero del 2001 y no en la fecha que se indica en el apartado 29 de la queja (24 de enero de 2000). (Anexo 17).

 23. Las notas periodísticas de fecha 30 de enero de 2001, publicadas en los periódicos locales ‘Diario de Yucatán’ y ‘Por Esto’, consignan como ciertas las aseveraciones contenidas en el hecho 30 de la queja, tal y como se desprende del anexo 18.

 24. No obra a nuestro alcance, documento de convicción alguno que permita establecer la veracidad o no de lo expuesto por la parte quejosa en su hecho 32, en cuanto a la hora precisa en que dice que el gobernador del Estado efectuó los hechos que narra, ni existe algo que haga presumir como ciertos los juicios de valor que se emiten, sin embargo, como anexo 19, se acompañan notas periodísticas de los diarios locales ‘Diario de Yucatán’ y ‘Por Esto’, respecto a lo expuesto en el propio hecho.

 25. El día 8 de febrero del presente año, en esta ciudad, hubo una congregación de ciudadanos, ignorándose si todos pertenecían o no al P.R.I., los medios locales dieron difusión a dicho evento, tal y como se evidencia con las notas periodísticas de los periódicos locales ‘Diario de Yucatán’ y ‘Por Esto’, de fecha 9 del propio mes y año, que como anexo 20 se acompaña.

 26. Efectivamente, con fecha 13 de febrero del año en curso, el gobernador del Estado, firmó los decretos números 408, 409 y 410 mediante los cuales convocó a elecciones locales, como anexo 21 se acompaña copia del Diario Oficial número 29324 del Estado que contiene la publicación de los decretos (sic). Se anexan con el número 22 copias de los diarios locales ‘Diario de Yucatán’ y ‘Por Esto’, de fecha 14 de febrero del año en curso, que hacen referencia a lo expuesto en el hecho 37 de la queja.

 27. Por último, se indica que es cierto lo expuesto en el hecho 38 de la queja, tal y como se pone de manifiesto con las notas periodísticas del ‘Diario de Yucatán’ y ‘Por Esto’, de fecha 26 de febrero del año en curso, que con el número 23 se anexan).

 Por otra parte, para su conocimiento y efectos legales que correspondan, me permito comunicarle, que con posterioridad al día 1º de marzo del año en curso, fecha en la cual se encuentra datada la queja que motiva el presente, se han dado en Yucatán, entre otros acontecimientos relacionados con el proceso electoral local, los siguientes hechos:

 I. Con fecha 11 de marzo del presente año el honorable Congreso del Estado de Yucatán, emitió el denominado decreto 412, mismo que fue publicado en el Diario Oficial número 29342 del Estado, el día 12 del propio mes y año; mediante el citado decreto, se reformaron los artículos 85, fracción I y 86, del Código Electoral del Estado, en cuanto a la conformación el Consejo Electoral de la entidad, para establecer su conformación con catorce consejeros, señalándose en sus artículos transitorios, que se integraría con los ciudadanos que en su oportunidad, fueron designados como consejeros, tanto por el propio congreso, como por la honorable Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se acompaña como anexo A, copia del propio decreto.

 II. El día 20 de marzo del año en curso, recibí una comunicación suscrita por el ciudadano Uriel Avilés Marín, quien se desempeña como presidente consejero del consejo insaculado por la honorable Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en copia se acompaña como anexo B.

 III. El Consejo Electoral integrado al amparo del decreto 412 ya citado, rindió protesta y comenzó a ejercer sus funciones, como se demuestra con las copias de las notas periodísticas de los ‘Diarios de Yucatán’ ‘Por Esto’ y ‘Mundo al Día’ de fecha catorce de marzo del año en curso, que como anexo C, se adjuntan.

 IV. En su oportunidad, se tuvo conocimiento que tanto el Partido de la Revolución Democrática como el Partido Acción Nacional, interpusieron juicio de revisión constitución (sic) ante la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, argumentando la inconstitucionalidad del decreto 412. Se acompañan como anexo D, notas periodísticas al respecto, del ‘Diario de Yucatán’, ‘Por Esto’ y ‘Tribuna de Yucatán’ de fecha 15 de marzo de 2001.

 V. Con fecha 31de marzo y 3 de abril, la prensa local, dio cuenta de que el pleno de nuestro máximo Tribunal Federal, había resuelto el juicio de revisión constitucional y declarado la inconstitucionalidad del decreto 412, igualmente se anexan como E, notas publicadas al respecto, en el ‘Diario de Yucatán’, ‘Por Esto’ y ‘Tribuna de Yucatán’.

 VI. El día 10, los medios de información escrita locales, dan cuenta de que tanto la documentación, personal, como instalaciones del Instituto Electoral de Yucatán, han sido entregadas al presidente del consejo electoral insaculado por la honorable Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, según se comprueba con las notas periodísticas de fecha 10 de abril del año en curso, publicadas en el ‘Diario de Yucatán’ y ‘Por Esto’ que conforman en anexo F del presente.

 VII. Con fecha 4 de presente mes, la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el Estado de Yucatán, entregó al Instituto Electoral del Estado de Yucatán, las listas nominales de electores con fotografía, que serán utilizadas en el proceso electoral de esta entidad federativa, igualmente se hizo entrega de los cuadernillos que contienen la relación de formatos de credenciales robadas, credenciales duplicadas y de credenciales de ciudadanos suspendidos en sus derechos políticos, por resolución judicial, se acompaña como anexo G copia de los recibos.”.

 

Del anterior informe se observa que el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en el Estado de Yucatán, se concretó a tratar de contestar los hechos contenidos en la denuncia, manifestando en unos casos, que no eran de su conocimiento oficial, en otros, que sí eran ciertos los acontecimientos, para lo cual acompañó la documentación relativa, que, en su mayoría fueron notas periodísticas de diversos medios impresos locales, cuyo contenido, dicho sea de paso, también coinciden con las afirmaciones del denunciante.

 

Sentado lo anterior, para los efectos del procedimiento sancionador de que se trata, debe tenerse presente que las afirmaciones efectuadas en el escrito de denuncia, no es posible considerarlas de inverosímiles, genéricas o carentes de sustento, ya que, con el material probatorio que obra en autos, así como con las síntesis y notas periodísticas de los diarios locales que circulan en dicha Entidad, y la documentación que acompañó el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en el Estado de Yucatán, al rendir el informe correspondiente al Secretario de la Junta General Ejecutiva del citado instituto, quedó de manifiesto algunas conductas dirigidas en contra de las instituciones y autoridades electorales del Estado de Yucatán, como son los Consejeros ciudadanos insaculados por este Tribunal a quienes en principio, no les permitieron desempeñar sus funciones en la sede del Consejo Electoral del Yucatán por más de sesenta días, al estar “tomadas” las instalaciones, y, por ende, el establecimiento de presupuestos o condiciones necesarias para el funcionamiento autónomo y la independencia de las decisiones del órgano superior de decisión del Instituto Electoral del Estado de Yucatán.

 

Tan es así, que los miembros del Consejo electoral legalmente facultado para organizar la contienda electoral en el Estado de Yucatán, a pesar de haber sido insaculado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el veintinueve de diciembre de dos mil,  tuvieron que tomar protesta de su encargo hasta el quince de enero de dos mil uno, en el parque “Santa Lucía” ubicado en la confluencia de las calles sesenta y cincuenta y cinco, en el centro de la ciudad de Mérida, esto es, en un lugar distinto al que ocupa el recinto electoral del Estado donde desempeña normalmente sus actividades, tal como se infiere de las actas notariales dos, tres, cuatro y siete, pasadas respectivamente, ante la fe de los notarios públicos números diez, ochenta y cinco, setenta y nueve y noventa y ocho, con residencia en la aludida capital estatal, mismas que es de hacer notar, obran en el tomo XI accesorio, dentro de las copias certificadas de las actuaciones practicadas en el expediente SUP-JRC-440/2000 y SUP-JRC-445/2000, acumulado, las que, dicho sea de paso, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 14, párrafos 1, inciso a), y 4, incisos c) y d), en relación al 16, párrafos 1 y 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, merecen valor probatorio pleno al tratarse de documentos expedidos por autoridades en el ámbito de sus funciones y estar investidos de fe pública, mismas que en la resolución combatida en este medio de impugnación electoral, no fueron referidas, menos aún, tomadas en consideración, valoradas ni adminiculadas por la autoridad electoral responsable con los demás elementos de prueba que se hizo referencia en este considerando.

 

Ahora bien, si las conculcaciones alegadas residen, como se dijo, en conductas en contra de las autoridades electorales, es evidente que quienes deben tener pleno conocimiento sobre la existencia o no de los hechos referidos son, precisamente, por un lado, las autoridades electorales que se vieron implicadas en tales sucesos, y por otro, las personas que integraron el Consejo nombrado por el Congreso Local. De esto se sigue que, esas autoridades electorales y personas eran, entre otros, los sujetos idóneos para establecer con precisión y certeza sobre los hechos que realmente ocurrieron, ya que si se afirmó que a los Consejeros ciudadanos insaculados se les impidió la toma de posesión de las instalaciones y que el partido denunciado registró su plataforma electoral y a su candidato a gobernador ante una autoridad no válida, nadie mejor que los propios funcionarios públicos, pueden aportar información y hasta documentación para contribuir a normar el criterio de la autoridad en la investigación de los hechos denunciados.

 

Sin embargo, a pesar de que el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, en su oficio SE-209/2001, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Yucatán que realizara investigaciones y un informe de los hechos narrados por el denunciante, haciendo constar las circunstancias de modo, lugar, personas y tiempo de los hechos, así como los medios utilizados para llegar a su conclusión, lo cierto es que, la investigación efectuada por dicho Vocal no fue exhaustiva, ya que, como se puso de relieve en parágrafos pretéritos, únicamente se limitó a contestar los hechos contenidos en la denuncia, sin hacer otro tipo de diligencias tendentes a comprobar la veracidad o no de los acontecimientos manifestados por el Partido de la Revolución Democrática en su queja.

 

Lo anterior, no sólo porque con esos elementos se constituiría la base de la investigación, sino también debido a su corroboración o, en su caso, desestimación, situación que resultaría fundamental para el objeto investigado, si se toma en cuenta que, según los hechos denunciados referentes a que grupos de personas entre militantes, simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional y varias organizaciones filiales, adherentes o relacionadas al mencionado instituto político, impidieron a los Consejeros insaculados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tomar posesión de las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de Yucatán.

 

Así, una de las formas idóneas, necesarias y proporcionales para llevar a cabo tal verificación, y con ello, cumplir cabalmente con el requisito de exhaustividad que toda investigación debe satisfacer,  podría ser, verbigracia, realizar una indagatoria mediante la elaboración de informes que de ser posible, les soliciten al propio Partido Revolucionario Institucional, respecto de Marciano Yam Cauich y su participación en los acontecimientos que se le reprochan al instituto político denunciado, con el fin de determinar si es o no militante del mismo, así como en lo que se refiere a establecer si las diversas asociaciones o las organizaciones  señaladas como adherentes al Revolucionario Institucional, y los demás grupos que participaron en los hechos constitutivos de posibles infracciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tuvieran relación o vínculo con ese instituto político. Del mismo modo, tocante a las asociaciones u organizaciones filiales del Revolucionario Institucional, podría recabarse información en ese sentido, a través de un informe que se pudiera solicitar al Registro de Agrupaciones Políticas tanto en el Instituto Federal Electoral como en el Instituto Electoral del Estado de Yucatán, o en las oficinas o dependencias públicas ante las que debieran estar registradas, con el objeto de verificar su razón social, los nombres de los asociados y miembros que componen su órganos de dirección o representación, el objeto social para el cual fueron creadas, su normatividad interna o estatutos, y demás documentación correspondiente, a fin de determinar algún vínculo o relación con el supradicho instituto político, lo cual también es posible confirmar, de los indicios que arrojen el cúmulo de pruebas que obran en autos o en alguna otra indagatoria que se practique al respecto.

 

En esa virtud, como se anticipó, no puede decirse que la investigación se haya agotado, pues ni siquiera se extinguieron en su totalidad las posibles diligencias que se concretan a la materia de los hechos denunciados.

 

Lo anterior es así, pues si los medios de convicción que obran en el expediente de la queja, proporcionan a la autoridad electoral responsable, elementos en los que se podían seguir diversas líneas de investigación a las implementadas en la substanciación del expediente JGE/QPRD/CG/004/2001, a saber, la verificación de los nombres de algunas de las personas y de las asociaciones u organizaciones que participaron en el “plantón” en la sede del Consejo Electoral del Estado de Yucatán, para impedir la instalación de los consejeros ciudadanos insaculados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para determinar su militancia, relación o vínculo con el Partido Revolucionario Institucional, así como las averiguaciones previas que se seguían ante la Procuraduría General de la República y en la Procuraduría de Justicia del Estado de Yucatán, con motivo de las denuncias presentadas por las dirigencias nacionales del Partido Acción Nacional y por el Partido de la Revolución Democrática, resulta inconcuso que la autoridad responsable tenía la ineludible obligación de iniciar otras diligencias encaminadas a su verificación, y así, dar seguimiento a las nuevas indagatorias que se formaran por la concatenación que  llegara a establecerse, entre los datos que ya se tienen y los que fueran surgiendo con motivo de todas las diligencias que se decretaran, vinculándose de un modo lógico y natural, hasta agotarlas, es decir, al llegar a sus puntos terminales, determinar si las mismas conducían o no a la probable demostración en la comisión de infracciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o a diversa normatividad que amerite la imposición de una sanción; de modo que al no haber procedido de la manera mencionada, causó al apelante algunos de los agravios que hace valer.

 

En otro orden de ideas, resulta sustancialmente fundado el agravio argüido, relativo al hecho de que la responsable no insistió en el requerimiento efectuado a la Procuraduría General de la República para que expidiera una copia certificada de lo actuado dentro de la averiguación previa 03/DGMPEB/2001, puesto que tal proceder, es contrario al principio de legalidad.

 

Ello es así, en razón de que, resulta pertinente el conocimiento de las pruebas que se encuentren desahogadas en la averiguación previa mencionada, ya que en atención a la totalidad de las pruebas que obran en expediente JGE/QPRD/CG/004/2001, formado con motivo de la queja presentada por el Partido de la Revolución Democrática, al parecer, podrían aportar mayores elementos a la investigación de referencia, en la medida en que la autoridad federal ministerial, en ejercicio de las funciones que le confiere los artículos 21 y 102, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los numerales 1, 2, 113, 168 y 180 del Código Federal de Procedimientos Penales, debía investigar los hechos materia de la denuncia que dio origen a la averiguación previa 03/DGMPEB/2001, y de ser el caso, tener por demostrada la responsabilidad de los agentes activos que intervinieron, empleando los medios de investigación conducentes según su criterio, verbigracia, las declaraciones de las personas a quienes les constaran o hayan participado en los hechos constitutivos de conductas delictuosas, inspecciones oculares, pruebas periciales, etcétera.

 

De ahí que, el solicitar, insistir y recabar la indicada información a la autoridad ministerial, así como en su caso, aquélla que se estime necesaria derivada de los datos arrojados por las notas periodísticas a que se hizo referencia en este considerando, no podría considerarse contraria a la moral, ni prohibida por la ley.

 

Para arribar a la anterior conclusión, se tiene presente que los artículos 2, 131 y 240 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establecen que para el desempeño de sus funciones las autoridades electorales creadas por la Constitución y en el Código citado, contarán con el apoyo y colaboración de las autoridades federales, estatales y municipales, las cuales están obligadas a proporcionar a los órganos del Instituto Federal Electoral, a petición del Presidente respectivo, los informes y certificaciones de los hechos que les consten o de los documentos que existan en los archivos a su cargo, relacionados con el proceso electoral, que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones y resoluciones.

 

Por su parte, en el artículo 21 de la Ley General del Sistema Medios de Impugnación en Materia Electoral, que resulta aplicable al presente caso, por disposición del punto 15 del Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral por el que se aprueban los Lineamientos Generales para el Conocimiento de las Faltas Administrativas y de las Sanciones, previstas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, donde establece que, para la tramitación y sustanciación de las quejas o denuncias se aplicarán, en lo conducente, tanto las disposiciones contenidas en el referido Código como en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y otras que resulten aplicables, también se señala que el Secretario del órgano del Instituto o el Presidente de la Sala del Tribunal, en los asuntos de su competencia, podrán requerir a las autoridades federales, estatales y municipales, cualquier elemento o documentación que obrando en su poder, pueda servir para la sustanciación y resolución de los asuntos de su conocimiento. Asimismo, en casos extraordinarios, podrán ordenar que se realice alguna diligencia o que una prueba se perfeccione o desahogue, siempre que ello no signifique una dilación que haga jurídicamente o materialmente irreparable la violación reclamada, o sea un obstáculo para resolver dentro de los plazos establecidos, de conformidad con lo señalado en las leyes aplicables.

 

De ahí que la autoridad responsable sí se encuentra facultada para solicitar el informe respecto a las averiguaciones previas que se encuentren relacionadas con hechos denunciados por esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como por el Partido Acción Nacional y el de la Revolución Democrática.

 

Ahora bien, si a través del oficio DGMMPE“B”/311/2001, el Director General de la Subprocuraduría de Procedimientos Penales “B” de la Procuraduría General de la República, negó la copia certificada de las actuaciones contenidas en la averiguación previa que solicitó el Presidente del Consejo General del Instituto Federal electoral, en razón de la confidencialidad y reserva de la indagatoria, sucede que dicha circunstancia no es suficiente para que la responsable no hubiese insistido en la petición de obtener las constancias pedidas, ya que, como quedó puntualizado, al contener la averiguación información que puede resultar útil para la integración de la queja que se sigue en contra del Partido Revolucionario Institucional, y toda vez que, es obligación de las autoridades Federales, Estatales y Municipales coadyuvar con el Instituto Federal Electoral en sus actividades, es por ello que se debió insistir sobre la petición primigenia y no conformarse con la respuesta que se le dio, respecto de la compulsa de copias certificadas de la averiguación previa 03/DGMPEB/2001, instruida ante la Agencia adscrita a la Procuraduría “B” de Procedimientos Penales “B” de la Dirección del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada número uno de la Procuraduría General de la República.

 

Lo anterior encuentra sustento, en lo conducente, en la tesis relevante que fue publicada en la página 649, de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes, 1997-2002, sección Tesis Relevantes, febrero de dos mil tres, con el rubro y texto siguientes:

 

“PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL IFE ESTÁ FACULTADA PARA SOLICITAR INFORMACIÓN CONTENIDA EN AVERIGUACIONES PREVIAS. La Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral está facultada para requerir información contenida en averiguaciones previas, para la adecuada integración del expediente formado con motivo de una queja o denuncia, por lo siguiente. Conforme a los artículos 2o., 131 y 240, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se establece que, para el desempeño de sus funciones, las autoridades electorales establecidas por la Constitución y dicho código, contarán con el apoyo y colaboración de las autoridades federales, estatales y municipales, quienes deberán proporcionar a los órganos del instituto, a petición de los presidentes respectivos, los informes y certificaciones necesarias; potestad que también se otorga a la Junta General Ejecutiva, por conducto de su secretario ejecutivo, conforme lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, aplicada supletoriamente. El conocimiento de las pruebas desahogadas en la averiguación y el informe del estado que guarda, puede aportar mayores elementos a la investigación realizada dentro del procedimiento administrativo sancionador electoral, en la medida en que la autoridad federal ministerial, por mandato constitucional, debe investigar los hechos denunciados y la probable responsabilidad de quienes se perfilan como activos, al recabar los elementos de prueba para ese efecto. Por estas razones, se concluye que la referida junta, a través de su secretario, se encuentra facultada para solicitar información contenida en averiguaciones previas, en la medida de que ésta pueda resultar útil para la integración del expediente relativo, máxime si uno de sus funcionarios tuvo la calidad de denunciante.”

 

Sobre la base de todo lo antes dicho, como se anticipó en el cuerpo de esta sentencia, este órgano jurisdiccional considera que el motivo de impugnación en análisis es sustancialmente fundado y apto para revocar la resolución reclamada, habida cuenta que, como lo aduce la recurrente, el Consejo General del Instituto Federal Electoral infringió lo dispuesto en el artículo 41, fracción III, constitucional, al aprobar en sus términos el dictamen elaborado por la Junta General Ejecutiva y emitir la resolución apelada en el sentido que lo hizo, pues dicho Consejo pasó por alto, indebidamente, que el Secretario de dicha junta conculcó los principios de certeza y legalidad que rigen en la materia, así como los preceptos que lo facultan para realizar diligencias para el cabal conocimiento de la verdad de los hechos sometidos a su consideración, ya que, el expediente identificado con el número JGE/QPRD/CG/004/2001, no se sustanció ni integró debidamente, dado que, como se puntualizó, se faltó al principio de exhaustividad al no agotar hasta sus puntos terminales, las investigaciones relativas a la denuncia presentada por el Partido de la Revolución Democrática en contra del Partido Revolucionario Institucional, ni haber insistido respecto de las copias certificadas de la averiguación previa 03/DGMPEB/2001, instruida ante la aludida Fiscalía Especializada número uno de la Procuraduría General de la República, lo cual pudiera haber trascendido al resultado de la resolución materia de la presente apelación.

 

En esa virtud, si no se cumplió con la exhaustividad en la investigación, la autoridad responsable no quedó en condiciones para determinar válidamente lo concerniente a la probable comisión de las infracciones denunciadas por el Partido de la Revolución Democrática que se le atribuyen al Partido Revolucionario Institucional, a través de algunos dirigentes, militantes, simpatizantes, asociaciones u organizaciones adherentes, vinculadas o relacionadas con ese instituto político, que se traducen en conductas dirigidas en contra de las instituciones y autoridades electorales del Estado de Yucatán, como son los Consejeros ciudadanos insaculados por este Tribunal, a quienes, el quince de enero de dos mil uno, se les impidió tomar posesión de las instalaciones, y ello pudo afectar el desarrollo normal de sus funciones hasta el dieciséis de marzo de ese mismo año, esto es, durante más de sesenta días; de modo que, la investigación que en su caso se efectuará, deberá proporcionar y lograr el acopio de pruebas e información necesaria que permitan determinar, en principio, si son o no ciertos los hechos denunciados, y posteriormente, de ser el caso, sí el Partido Revolucionario Institucional es responsable de las conductas desplegadas por los sujetos y organizaciones o agrupaciones que participaron en los hechos denunciados.

 

En consecuencia, con apoyo a lo previsto en el artículo 41, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, esta Sala Superior revoca la resolución reclamada, con el objeto de que se reponga el procedimiento administrativo sancionatorio de que se ha venido hablando; de modo tal que el Consejo General del Instituto Federal Electoral, remita a la Junta General Ejecutiva, el expediente administrativo, para que, por su conducto, esté en condiciones de llevar a cabo las diligencias necesarias para determinar la veracidad de los hechos denunciados, y así, en su oportunidad, con plena libertad decisoria, resuelva si se actualiza o no por parte del Partido Revolucionario Institucional, alguna violación a lo que establecen la Constitución y la Ley que amerite la imposición de alguna sanción.

 

Cabe mencionar que al haber sido fundados los agravios relativos a diversas violaciones procesales cometidas durante la substanciación de la queja presentada en contra del Partido Revolucionario Institucional, resulta ocioso abordar el análisis de los restantes motivos de discrepancia aducidos por el instituto político impetrante, toda vez que, el mencionado instituto político, alcanzó su pretensión mediante la revocación del acuerdo materia de la presente impugnación.

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo además en el artículo 47 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral se

 

R E S U E L V E:

 

PRIMERO. Se sobresee en el presente recurso de apelación por lo que hace a los actos que se reclaman de la Junta General Ejecutiva y del Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Yucatán, ambos del Instituto Federal Electoral.

 

 SEGUNDO. Queda intocada la resolución impugnada, por lo que ve a lo resuelto por el Instituto Federal Electoral, tocante a la conducta desplegada por el por el Gobernador del Estado, los integrantes del Congreso de Yucatán, los Consejeros Electorales designados por dicho Congreso a través del decreto 286, así como por distintos gobernadores y alcaldes yucatecos a favor de los mencionados dos poderes del Estado de Yucatán.

 

TERCERO. En lo que constituye la materia de la impugnación, se revoca la resolución de veintiocho de enero de dos mil tres, emitida por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, en el expediente JGE/QPRD/CG/004/2001, mediante la cual se declara infundada la queja presentada por el Partido de la Revolución Democrática en contra del Partido Revolucionario Institucional, para los efectos precisados en el postrer considerando de esta sentencia.

 

NOTIFÍQUESE personalmente esta sentencia al Partido de la Revolución Democrática, en su calidad de actor, y por oficio acompañado de la copia certificada de la presente resolución al Consejo General del Instituto Federal Electoral; en los lugares que tengan señalados para recibir notificaciones; y por estrados de este Tribunal a los demás interesados; lo anterior, con apoyo en lo que disponen los artículos 26, 27, 28 y 48 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Hecho lo anterior, devuélvanse los documentos atinentes que correspondan al Consejo General del Instituto Federal Electoral, y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido.

 

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firmaron los señores Magistrados José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, Leonel Castillo González, José Luis de la Peza, Eloy Fuentes Cerda, Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, quien fue la ponente, José de Jesús Orozco Henríquez y Mauro Miguel Reyes Zapata, respecto de los puntos resolutivos primero y segundo; y por mayoría de seis votos, tocante al tercer punto resolutivo, con el voto en contra del Magistrado Eloy Fuentes Cerda, quienes integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El Secretario General de Acuerdos autoriza y da fe.

VOTO PARTICULAR QUE EMITE EL MAGISTRADO ELOY FUENTES CERDA EN EL RECURSO DE APELACIÓN SUP-RAP-004/2003.

 

Por disentir de la resolución mayoritaria que se pronuncia en el presente recurso de apelación, formulo voto particular en los términos siguientes.

 

Es motivo de mi disenso, los razonamientos que en la ejecutoria mayoritaria se vierten, en relación con el ejercicio de la facultad investigatoria que la legislación electoral confiere a favor del órgano sustanciador de un procedimiento administrativo sancionatorio.

 

No comparto el criterio de la mayoría, por cuanto estima fundado el argumento de impugnación en el que se aduce que el Consejo General del Instituto Federal Electoral, indebidamente dejó de ejercer su facultad investigatoria, al no ordenar el desahogo de diversas diligencias tendientes a allegarse de material probatorio, a fin de confirmar o desvirtuar los hechos denunciados, ya que en mi concepto, escapa al alcance de un medio impugnativo, como el que ahora se resuelve, la calificación sobre la suficiencia o insuficiencia en el ejercicio de las facultades indagatorias conferidas al secretario ejecutivo de la Junta General Ejecutiva de ese Instituto.

 

En efecto, conforme lo dispone la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, en su artículo 3, párrafo 2, inciso b), el recurso de apelación se encuentra previsto para garantizar la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones de la autoridad electoral, cuyo conocimiento concluye con un pronunciamiento de fondo, determinando en cada caso concreto, si el acto o resolución que es impugnado, se encuentra o no ajustado a derecho, en razón de lo cual lo confirma, modifica o revoca. Mas no así, es el medio apto para determinar sí las facultades de orden potestativo, propias de la competencia del órgano responsable, se agotaron a cabalidad.

 

Desde mi perspectiva, el considerar que la facultad indagatoria que se confiere al órgano electoral administrativo, no se ha ejercido en forma debida, contraría lo que de suyo se reconoce y califica en la propia ejecutoria como una potestad, la que implica el ejercicio libre de una atribución que en si misma, entraña un acto volitivo propio.

 

En este tenor, resulta contradictorio un pronunciamiento que califique de suficiente o no el ejercicio de una facultad a la que se le atribuye el carácter de una potestad, íntimamente vinculada con la noción de libre arbitrio. Es oportuno citar, que en el Lineamiento 12 de los generales para el conocimiento de las faltas administrativas y de las sanciones, previstas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se precisa que el Secretario Ejecutivo podrá allegarse de los elementos de convicción que estime pertinentes para integrar el expediente, lo que confirma el atributo de potestad que atinadamente se da en el fallo a la facultad investigatoria dentro del procedimiento en cuestión.

 

En el caso, en el procedimiento instaurado, se ejercieron diversas facultades que la ley le otorga a los órganos competentes, bien de manera imperativa, a cuyo cumplimiento se encuentra compelida de una manera insoslayable, o bien como una mera potestad, habiéndose agotado por su solo ejercicio, dando lugar a la determinación cuestionada, la que ha de ser materia de examen por parte de este órgano jurisdiccional, únicamente cuando a través de ello, se estime se ha vulnerado el orden constitucional o legal establecido.

 

Dicho procedimiento se siguió en todas sus fases, allegando al mismo los elementos que se juzgó conveniente, conforme a la potestad indagatoria que le es propia, por lo cual, es mi convicción, no puede ser materia de análisis en esta vía, sino en caso de una ausencia absoluta que evite resolver sobre los hechos, ante su desconocimiento, en detrimento de la finalidad que con el mismo se persigue y que no es otra que la de tutelar el orden jurídico a través del esclarecimiento de los hechos que pueden derivar en una irregularidad sancionada por la ley.

 

No obstante lo anterior, en la ejecutoria no sólo se califica el grado de suficiencia con que se llevó a cabo la investigación, sino que, además, se dictan, aunque sea a título ejemplificativo, ciertos lineamientos para agotar ésta, que constituyen la apreciación de la mayoría sobre como debió seguirse.

 

Así, en la mayoritaria se sugiere que las autoridades electorales que se vieron implicadas en los hechos denunciados y por otro las personas que integraron el Consejo nombrado por el Congreso local, eran entre otros, los sujetos idóneos para establecer con precisión y certeza, sobre los hechos que realmente ocurrieron, pudiendo aportar información y hasta documentación para contribuir a normar el criterio de la autoridad en la investigación de tales hechos. Asimismo, realizar una indagatoria mediante la solicitud de un de informe que de ser posible le soliciten al propio Partido Revolucionario Institucional, acotando los puntos específicos sobre los que podría versar y que se estima que de mejor manera podrían contribuir a la correcta investigación de los hechos denunciados.

 

En los términos apuntados, no ha de ser objeto de revisión el ejercicio de una potestad, quedando en un ámbito subjetivo, de mera apreciación, calificar si ello fue de manera adecuada o no, resultando inadmisible el dictar lineamientos a seguir por la autoridad, cuando implícitamente queda sujeto a su propio arbitrio el seguimiento de la indagatoria, dentro del ámbito de las facultades que conforman su competencia, potestad que en la especie ya ejercitó, como se advierte de las probanzas que se allegó; de lo contrario, se podría incurrir en subrogarse en la facultad indagatoria, convirtiendo a quien tiene su titularidad, en una ejecutora de las diligencias que previamente le fueron señaladas.

 

Por lo que hace a los restantes pronunciamientos que se vierten en la ejecutoria y que conducen a que se determine sobreseer el presente recurso, por lo que hace a los actos reclamados de la Junta General Ejecutiva y del Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Yucatán, ambos del Instituto Federal Electoral, así como dejar intocada la resolución impugnada, por lo que ve a lo resuelto por el Instituto Federal Electoral, tocante a la conducta desplegada por el Gobernador del Estado, los integrantes del Congreso de Yucatán, los Consejeros Electorales designados por dicho Congreso mediante decreto 286, y distintos funcionarios yucatecos a favor de los mencionados dos poderes de esa entidad federativa, manifiesto mi plena conformidad.

 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE

 

 

JOSÉ FERNANDO OJESTO

MARTÍNEZ PORCAYO

 

 

 

MAGISTRADO    MAGISTRADO

 

 

 

LEONEL CASTILLO    JOSÉ LUIS DE LA PEZA

GONZÁLEZ


 

MAGISTRADO    MAGISTRADA

 

 

 

ELOY FUENTES CERDA   ALFONSINA BERTA

NAVARRO HIDALGO

 

 

 

MAGISTRADO    MAGISTRADO

 

 

 

JOSÉ DE JESÚS OROZCO  MAURO MIGUEL REYES HENRÍQUEZ                                                         ZAPATA

 

 

 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

 

 

 

FLAVIO GALVÁN RIVERA.