RECURSO DE APELACIÓN

 

EXPEDIENTE: SUP-RAP-008/2001

 

ACTOR: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL  INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

 

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ LUIS DE LA PEZA

 

SECRETARIO: FELIPE DE LA MATA

 

 

 

 

México, Distrito Federal a veintiséis de abril de dos mil uno.

 

VISTOS para resolver los autos del expediente citado al rubro, integrado con motivo del recurso de apelación interpuesto por  el Partido Acción Nacional, en contra de la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, el treinta de enero pasado y con motivo de la queja administrativa tramitada en el expediente JGE/QAGG/JD03/NL/157/2000 y,

 

R E S U L T A N D O

 

I. Con fecha veintitrés de enero del año en curso, la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral emitió dictamen respecto de la denuncia presentada por Abel Guerra Garza, entonces candidato a diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional, en contra del Partido Acción Nacional en el expediente JGE/QAGG/JD03/NL/157/2000. Dicho dictamen, en lo conducente, es del siguiente tenor literal:

 

 

C O N S I D E R A N D O S

1.- Que en términos del artículo 270, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General del Instituto Federal Electoral tiene facultades para conocer de las infracciones a la normatividad electoral federal, sustanciar el procedimiento administrativo respectivo a través de la Junta General Ejecutiva del Instituto, la cual elabora el Dictamen correspondiente que se somete a la consideración del órgano superior de Dirección, para que en ejercicio de las facultades que le otorga el Código de la materia determine lo conducente y aplique las sanciones que en su caso procedan.

2.- Que el artículo 85, párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece la integración de la Junta General Ejecutiva; y que el 86, párrafo 1, incisos d) y l) de dicho Código Electoral consigna como facultad de este órgano colegiado, supervisar el cumplimiento de las normas aplicables a los partidos políticos y sus prerrogativas, así como integrar los expedientes relativos a las faltas administrativas, y en su caso, los de imposición de sanciones en los términos que establezca el citado ordenamiento legal.

3.- Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 38, párrafo 1, inciso a) del Código Electoral, es obligación de los partidos políticos nacionales conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta, y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos.

4.- Que el dispositivo 39, párrafos 1 y 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que el incumplimiento de las obligaciones de los partidos políticos se sancionará en los términos de lo dispuesto en el Título Quinto del Libro Quinto del ordenamiento legal invocado y que la aplicación de las sanciones administrativas es facultad del Consejo General del Instituto Federal Electoral.

5.- Que con base en lo dispuesto por el artículo 40, párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, un partido político aportando elementos de prueba, podrá pedir al Consejo General del Instituto Federal Electoral se investiguen las actividades de otros partidos políticos, cuando incumplan sus obligaciones de manera grave o sistemática.

6.- Que el diverso 82, párrafo 1, incisos h) y w) del Código de la materia, consigna como atribución del Consejo General, vigilar que las actividades de los partidos y de las agrupaciones políticas nacionales se desarrollen con apego al Código Electoral y cumplan con las obligaciones a que están sujetos, así como, conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan.

7.- Que atento a que la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral es reglamentaria de los artículos 41, 60 y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto del presente Dictamen resulta aplicable en lo conducente.

8.- Que por cuestión de orden procede entrar al estudio de la causal de improcedencia planteada por el Partido Acción Nacional, respecto de la queja instaurada en su contra por el C. ARQ. ABEL GUERRA GARZA, candidato a Diputado Federal por el Tercer Distrito del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Nuevo León, por su propio derecho, ante el Consejo Distrital 03 del Instituto Federal Electoral en el Estado antes mencionado y que denomina como incidente de desechamiento de la queja, el cual hace consistir principalmente en que el quejoso no logra acreditar con los elementos de prueba que aporta ninguna de sus argumentaciones y mucho menos que el partido denunciado haya cometido alguna irregularidad, tales afirmaciones son única y exclusivamente argumentos unilaterales del denunciado que no constituyen ningún elemento para acreditar el incidente planteado. Por otra parte obran en autos documentos aportados por el quejoso cuya valoración se hará en el momento oportuno, otorgándoles el valor que merezcan dichos elementos al momento de dictaminar sobre la procedencia de la queja presentada. Por consiguiente no se actualiza la causal de desechamiento prevista por el numeral 11 de los Lineamientos Generales para el Conocimiento de las Faltas Administrativas y de las Sanciones Previstas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que solicita la parte incidentista.

En consecuencia resulta infundada la causal de desechamiento de la queja argumentada por el partido denunciado.

9.- Que en mérito de lo expuesto procede a fijarse la litis, misma que consiste en determinar si como lo argumenta el quejoso, los actos de proselitismo que estaba realizando fueron interrumpidos por militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional, quienes sin autorización de la autoridad municipal procedieron también a realizar actos proselitistas en el mismo lugar que el denunciante, además de que el candidato a la Alcadía de General Escobedo, Nuevo León por el partido antes mencionado, profirió agresiones verbales al denunciante y sus colaboradores, siendo agredidos físicamente por militantes y simpatizantes de Acción Nacional, conducta con la cual se viola lo dispuesto por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, o bien, si como alega el partido denunciado que del contenido de los documentos que integran el expediente de queja no se desprende la existencia de actos que pudieran estimarse como irregularidades cometidas por el Partido Acción Nacional, negando lisa y llanamente los hechos constitutivos de la queja.

Del análisis del escrito de queja se desprende que en efecto existen en autos constancias que hacen presumir, como lo manifiesta el quejoso, que éste celebró actos proselitistas el día 21 de mayo de 2000, contando con el permiso correspondiente por parte del Ayuntamiento de Cd. General Escobedo, N. L., cumpliendo lo dispuesto por el artículo 184 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que señala:

“ARTICULO 184

1.       Los partidos políticos o sus candidatos que decidan dentro de la campaña electoral realizar marchas o reuniones que impliquen una interrupción temporal de la vialidad, deberán hacer conocer a la autoridad competente su itinerario a fin de que ésta provea lo necesario para modificar la circulación vehicular y garantizar el libre desarrollo de la marcha o reunión.”

Por lo que se refiere a la interrupción de los actos proselitistas que se encontraba realizando el quejoso, así como a las agresiones verbales y físicas de que fue objeto él y sus colaboradores, por parte del candidato a la Alcaldía de Cd. General Escobedo, N. L., militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional, se procede a realizar el análisis de los documentos que en copia fotostática fueron ofrecidos por el quejoso y que consisten en notas periodísticas de las que se desprende que en efecto en el Municipio de General Escobedo, N. L., fueron interrumpidos los actos de proselitismo que se encontraba realizando el candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Diputación Federal por el Tercer Distrito Electoral de Nuevo León, suscitándose actos de agresión de los militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional en contra de los del Partido Revolucionario Institucional, hechos que se corroboran con el video que anexó el quejoso, el cual proyecta imágenes que evidencian agresiones entre simpatizantes de ambos partidos, acciones de las cuales, se desprenden conductas que se apartan de las disposiciones que como obligación les impone a los partidos nacionales del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 38, párrafo 1 incisos a) y b) que a la letra señala:

“ARTICULO 38

1.     Son obligaciones de los partidos políticos nacionales:

a)     Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos;

b)     Abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga por objeto o resultado alterar el orden público, perturbar el goce de las garantías o impedir el funcionamiento regular de los órganos de gobierno;...”

Por otra parte, debe decirse que si bien las notas periodísticas no señalan la fecha en la cual se suscitaron los hechos que se narran en las mismas, se tiene la presunción de que se trata de los mismos actos que narra el quejoso en su escrito; lo que se corrobora aún más si se toma en consideración que el candidato a Diputado Federal por el Tercer Distrito Electoral, por el Partido Revolucionario Institucional, en el Estado de Nuevo León, procedió a formular la denuncia de hechos correspondiente ante la Delegada del Ministerio Público, adscrita al Tercer Distrito Judicial en el Estado mencionado, que si bien se trata de declaraciones unilaterales, presumen la existencia de las conductas denunciadas.

La presunción de la existencia de los hechos se corrobora aún mas con las manifestaciones que realiza en su informe el Lic. Manuel Moncada Fuentes, Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital 03 del Instituto Federal Electoral en el Estado de Nuevo León, quien manifiesta lo siguiente:

“... me permito informar a usted que además del video y la amplia documentación enviada con el escrito original, únicamente es preciso añadir que el C. José Alberto López Cruz participa como candidato registrado del Partido Acción Nacional a la Presidencia Municipal del municipio de General Escobedo, N. L., que es jurisdicción de este Distrito Electoral Federal. Asimismo, las constancias enviadas con antelación acreditan que la C. Teresa Hernández Santana es militante activa de esa Organización Política.

... debo informar que desde la presentación del escrito, ni la parte denunciada ni la parte quejosa han realizado actuación alguna al respecto, ni en la oficina del suscrito, mucho menos en sesión del Consejo, inclusive el impacto de prensa que originalmente tuvo desapareció por completo.”

El informe anterior fortalece la presunción de que los hechos narrados por el quejoso acontecieron en la fecha y lugar señalados, razón por la que, al hacer un análisis de los documentos exhibidos y del video presentado, se infiere por parte de esta Junta General Ejecutiva que militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional participaron en actos de violencia, apartando su conducta de la legalidad al agredir durante actos de proselitismo a los simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional, así como al candidato a la Diputación Federal, ahora quejoso, faltando a la obligación que impone el ya transcrito artículo 38, párrafo 1 incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo anterior se desprende de las escenas filmadas por el denunciante, las cuales presentan imágenes de agresión de los militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional, como se ha manifestado anteriormente.

En consecuencia, con los elementos probatorios valorados en su conjunto por la relación que guardan entre sí, generan en esta autoridad la convicción sobre la veracidad de los hechos que se contienen en la denuncia.

Lo anterior se robustece si se toma en consideración que los hechos acontecieron en actos de proselitismo realizados por el candidato del Partido Revolucionario Institucional, desprendiéndose del video aportado que fueron militantes o simpatizantes del Partido Acción Nacional los que intervienen en los actos de agresión, ya que en las imágenes de video se observan personas portando banderas con el logotipo del Partido Acción Nacional, gorras con la leyenda “FOX” y vistiendo playeras con la leyenda “Alberto López”, “confianza para mejorar“, así como una carpa con el emblema del partido denunciado, lo que permite presumir que se trata de militantes y simpatizantes de dicho partido y su candidato a la Presidencia Municipal del municipio de General Escobedo, N. L., sirven de apoyo de manera ilustrativa a este criterio las siguientes tesis:

“PRUEBA PRESUNCIONAL, INTEGRACIÓN DE LA. La prueba presuncional, para que engendre prueba plena, debe integrarse por medio de las consecuencias que lógicamente se deduzcan de los hechos, derivada del enlace armónico de los indicios que se encuentran ligados íntimamente con el hecho que se pretende probar, y que proporcionen, no una probabilidad, sino una conclusión categórica.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 9/96. José Luis Camino Rojas. 25 de enero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: José Refugio Raya Arredondo. Secretario: Ignacio Cuenca Zamora.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Época: Novena Época. Tomo V, Enero de 1997. Tesis: XXI. 1º.34 P Página: 525. Tesis Aislada.

PRUEBA PRESUNCIONAL. EN QUE CONSISTE.

La prueba presuncional no constituye una prueba especial sino una artificial que se establece por medio de las consecuencias que sucesivamente se deduzcan de los hechos por medio de los indicios, de manera que por íntima relación llevan al conocimiento de un hecho diverso a través de una conclusión muy natural, todo lo cual implica que es necesaria la existencia de dos hechos, uno comprobado y el otro no manifiesto aunque se trate de demostrar.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SÉPTIMO CIRCUITO.

Octava Época:

Amparo directo 1374/88. Ferrocarriles Nacionales de México. 30 de enero de 1990. Unanimidad de votos.

Amparo directo 1076/88. Ferrocarriles Nacionales de México. 23 de mayo de 1990. Unanimidad de votos.

Amparo directo 1382/87. Antonio Balanzar Cárdenas y otro. 12 de marzo de 1991. Unanimidad de votos.

Amparo directo 386/89. Darío Hernández Sánchez. 18 de marzo de 1991. Unanimidad de votos.

Amparo directo 1972/88. Ángel Villegas Argueta. 16 de abril de 1991. Unanimidad de votos.

NOTA:

Tesis VII. 2º.J/3, Gaceta número 41, pág. 115, Semanario Judicial de la Federación, tomo VII-Mayo, pág. 112.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Apéndice de 1995. Época: Octava Época. Tomo VI, Parte TCC. Tesis: 922 Página: 633. Tesis de Jurisprudencia.

PRESUNCIONAL, APRECIACIÓN DE LA PRUEBA.

Para la apreciación de prueba de presunciones se debe de observar, por un lado, que se encuentren probados los hechos de los cuales se derivan las presunciones, y, por otro, que exista un enlace más o menos necesario entre la verdad conocida y la que se busca.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.

Amparo directo 335/91. Sergio Ruvalcaba Morales. 6 de noviembre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Adán Gilberto Villareal Castro. Secretaria: Rosa Eugenia Gómez Fosado.

Véase: Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tribunales Colegiados, 1969-1987, Tomo XIII, página 4487.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Época: Octava Época. Tomo IX-Marzo. Tesis: Página: 261. Tesis Aislada.

En razón de lo anterior, debe concluirse que resulta fundada la queja interpuesta por el C. Arq. Abel Guerra Garza, candidato del Partido Revolucionario Institucional a Diputado Federal por el Tercer Distrito Electoral en el Estado de Nuevo León, en contra del Partido Acción Nacional, por lo que es procedente la aplicación de una sanción de las previstas en el artículo 269 del Código Electoral al partido denunciado, toda vez que existe la evidente violación a lo dispuesto por el artículo 38, párrafo 1, incisos a) y b) del Código invocado.

10.- Que en atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 270 y 271, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como los lineamientos 1, 2, 6, 8, 9, 10, inciso e), 11 y 12 de los lineamientos Generales para el Conocimiento de las Faltas Administrativas y de las Sanciones previstas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y sus reformas, publicadas respectivamente en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio de 1997 y 20 de marzo del 2000, y en ejercicio de la atribución conferida por los numerales 85, párrafo 1 y 86, párrafo 1, incisos d) y l), del ordenamiento legal invocado, la Junta General Ejecutiva emite el siguiente:

D I C T A M E N

PRIMERO.- Se declara fundada la queja presentada por el C. Arq. Abel Guerra Garza, candidato del Partido Revolucionario Institucional a Diputado Federal por el Tercer Distrito Electoral en el Estado de Nuevo León, en contra del Partido Acción Nacional, en términos de lo señalado en el considerando 9 del presente dictamen.

SEGUNDO.- Dése cuenta al Consejo General del Instituto Federal Electoral en una próxima sesión que celebre, a fin de que determine lo conducente.

 

 

II. El Consejo General del Instituto Federal Electoral, en sesión del treinta de enero de dos mil uno, emitió resolución en torno a la queja administrativa tramitada en el expediente JGE/QAGG/JD03/NL/157/2000. Dicha resolución, en lo que importa, es del siguiente tenor:

 

C O N S I D E R A N D O S

1.- Que en términos del artículo 270, del Código Electoral, este Consejo General tiene facultades para conocer de las infracciones a la normatividad electoral federal, sustanciar el procedimiento administrativo respectivo a través de la Junta General Ejecutiva del Instituto, la cual elabora el Dictamen correspondiente que se somete a la consideración de este órgano superior de Dirección, para que en ejercicio de las facultades que le otorga el Código de la materia determine lo conducente y aplique las sanciones que en su caso procedan.

2.- Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 38, párrafo 1, inciso a), del Código Electoral, es obligación de los partidos y agrupaciones políticas nacionales conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta, así como la de sus militantes, a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos.

3.- Que el dispositivo 39, párrafos 1 y 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que el incumplimiento de las obligaciones de los partidos y agrupaciones políticas se sancionará en los términos de lo dispuesto en el Título Quinto, del Libro Quinto, del ordenamiento legal invocado y, que la aplicación de las sanciones administrativas es facultad del Consejo General del Instituto Federal Electoral.

4.- Que el artículo 73 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que el Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad guíen todas las actividades del Instituto.

5.- Que el diverso 82, párrafo 1, incisos h) y w), del Código de la materia, consigna como atribución del Consejo General, el vigilar que las actividades de los partidos políticos nacionales y de las agrupaciones políticas se desarrollen con apego al Código y cumplan con las obligaciones a que están sujetos, así como, conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan.

6.- Que atento a que la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral es reglamentaria de los artículos 41, 60 y 99, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de la presente resolución, resulta aplicable en lo conducente.

7.- Que en consideración a que se ha realizado el análisis respectivo de la queja, en la forma y términos que se consignan en el Dictamen aprobado por la Junta General Ejecutiva del Instituto, el veintitrés de enero del año dos mil uno, el cual se tiene por reproducido a la letra, se dictaminó declarar fundada la presente queja.

8.- Que en virtud de que no se considera grave la violación al artículo 38, párrafo 1, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se impone al Partido denunciado una multa de doscientos cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, con fundamento en el artículo 269, párrafo 1 inciso a) del Código Electoral, la cual deberá ser pagada dentro del improrrogable plazo de quince días en la Dirección Ejecutiva de Administración de este Instituto Federal Electoral, a partir de la notificación del presente fallo de conformidad con el artículo 270 párrafo 7 del Código de la Materia.

En atención a los antecedentes y considerandos vertidos, con fundamento en los artículos 38, párrafos 1, incisos a) y s); 39, párrafos 1 y 2; 40, párrafo 1; 73; 82, párrafo 1, inciso h); 269 y 270 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y en ejercicio de la atribución conferida por el numeral 82, párrafo 1, incisos h), w) y z), del ordenamiento legal antes invocado, este Consejo General emite la siguiente:

R E S O L U C I O N

PRIMERO.- Se declara fundada la queja presentada por el C. Arq. Abel Guerra Garza, candidato del Partido Revolucionario Institucional a Diputado Federal por el Tercer Distrito Electoral en el Estado de Nuevo León, en contra del Partido Acción Nacional, en términos de lo señalado en los considerandos de la presente resolución.

SEGUNDO.- En consecuencia se impone al Partido Acción Nacional una multa de doscientos cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en términos del considerando 8 de la presente resolución.

 

 

III. Inconforme con tal resolución, el Partido Acción Nacional presentó el seis de febrero pasado, libelo de demanda por el cual interpuso este recurso de apelación, mismo que en lo conducente señala:

 

H E C H O S

1.- Con fecha 22 de mayo del año 2001, el C. Abel Guerra Garza, entonces candidato del PRI a Diputado Federal por el 3º Distrito en el Estado de Nuevo León, presentó diverso escrito en el que denuncia haber sufrido insultos y un golpe en el rostro por parte de la señora Teresa Hernández Santana.

2.- Asimismo manifestó el denunciante haber observado aproximadamente a 20 simpatizantes del Partido Acción Nacional “golpeando” a sus “colaboradores”.

3.- Con motivo de las “investigaciones” ordenadas por el C. Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, fue girado el oficio número 607/2000 suscrito por el C. Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital 03 del Instituto Federal Electoral en el Estado de Nuevo León.

En este oficio, el vocal Ejecutivo Distrital “informa” que además “....Es preciso añadir que el C. José Alberto López Cruz participa como candidato registrado del Partido Acción Nacional a la Presidencia Municipal del municipio de General Escobedo, N. L., que es jurisdicción de este Distrito Electoral Federal. Asimismo, las constancias enviadas con antelación acreditan que la C. Teresa Hernández Santana es militante activa de esa organización política”.

4.- Es necesario en este punto llamar la atención de los ciudadanos Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya que concurrieron las elecciones federales y las locales del Estado de Nuevo León el día 2 de julio del año 2000, siendo público y notorio, por lo que no es necesario acreditar este hecho.

Por su parte, el mismo denunciante reconoce en su escrito inicial que los “simpatizantes” de Acción Nacional procedieron a realizar actos proselitistas con el candidato al cargo de Presidente Municipal del Ayuntamiento de General Escobedo, es decir, para un proceso electoral LOCAL y no federal.

Es importante resaltar este hecho pues demuestra la falta de incompetencia constitucional y legal del Instituto Federal Electoral para sancionar a un partido político por supuestas irregularidades ocurridas al amparo de una legislación electoral local, como sucedió en la especie.

En efecto, a fojas 17 del dictamen de la Junta General Ejecutiva se aprecia que “...en las imágenes de video se observan personas portando banderas con el logotipo del Partido Acción Nacional, gomas con la leyenda “Fox” y vistiendo playeras con la leyenda “Alberto López” “confianza para mejorar”; así como una carpa con el emblema del partido denominado ...” por lo que esta plenamente probado y reconocido por el Partido Revolucionario Institucional que se trató de actos de propaganda estatal.

En la fecha en que supuestamente ocurrieron los hechos, el Partido Acción Nacional llevó a cabo sus campañas federales al amparo del emblema de la coalición “Alianza por el Cambio” y no al amparo del lema “confianza para mejorar” ni del emblema utilizado para las campañas locales en el Estado de Nuevo León, por lo que en todo caso, el querellante debió presentar su denuncia ante la autoridad electoral competente para vigilar el desempeño de las campañas locales y no ante la instancia federal que de suyo solamente es competente para vigilar a las campañas y los procesos federales.

5.- Por otra parte, y sin perjuicio de la falta de competencia del Instituto Federal Electoral por sancionar al Partido Acción Nacional por un acto de campaña de carácter local, resulta infundada la queja y debieron resolver en este sentido tanto la Junta General Ejecutiva como el Consejo General del Instituto Federal Electoral por los siguientes motivos:

a).- La autoridad responsable se permite “presumir” que se trata de militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional y del candidato a la Presidencia Municipal del Municipio de General Escobedo, N. L., por el hecho de que en las imágenes del video se observan personas portando banderas con el logotipo del Partido Acción Nacional y diversos elementos gráficos propios del Partido Acción Nacional y pasa por alto y hace caso omiso de que un medio de reproducción de imágenes, como es el caso del multicitado video, para ser considerado prueba técnica, debe hacer el señalamiento concreto de lo que se pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce el medio, tal y como lo dispone el artículo 14, párrafo 6 de la Ley General del Sistema de Medios de impugnación en Materia Electoral.

Nos es necesario “presumir” que se trata de simpatizantes de Acción Nacional cuando es  “evidente” que se trata de simpatizantes de ambos partidos porque así se puede “ver” en el video.

Lo que sí es necesario para que fuera debidamente motivada la sanción y que no sucede en la especie, es que hubiera algún elemento que diera certeza de que el “video” se refiere al iniciante denunciado y no a otro incidente anterior ó posterior.

En la especie, las notas periodísticas y el video carecen de certidumbre sobre la fecha en que ocurrieron, el modo y la identificación de las personas, pues de las mismas solamente puede desprenderse en todo caso de, que hubo una contienda de hecho entre priístas y panistas pero no puede desprenderse ni siquiera que fue tomado el video en el lugar que dice el quejoso ni a la fecha de sus afirmaciones y que corresponde a la campaña federal mencionada.

Es de explorado derecho que una sanción procede cuando esta plenamente acreditado el hecho que la motiva, no por conjeturas obtenidas aplicando indebidamente la figura de la prueba presuncional al afirmarse que se trata de un acto de violencia por que unas notas periodísticas sin fecha lo afirman y en un video aparecen elementos gráficos de un determinado partido. Es necesario como se indicó anteriormente que exista un elemento de certeza que demuestre que el video corresponde a los hechos denunciados y en caso contrario, debe absolverse al amparo del principio jurídico de IN DU- BIO PRO REO.

En todo caso, la presunción que alega el Consejo General opera en contra de las pretensiones del denunciante ya que si en el video aparecen elementos gráficos propios del Partido Acción Nacional y no de la Coalición “Alianza por el Cambio” aunado al hecho público y notorio que la elección federal “concurrió” con la local en el Estado de Nuevo León, debió llegar a la conclusión de que se trató a una contienda de hecho por actos proselitistas locales y no federales que son competencia de autoridad distinta al Instituto Federal Electoral. Esta presunción también se encuentra robustecida con el contenido del oficio 607/2000 suscrito por el vocal ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva 03 donde se menciona el nombre del candidato de Acción Nacional a la Presidencia Municipal de General Escobedo, N. L., como uno de los involucrados.

No basta que el denunciante afirme que la Sra. Teresa Hernández lo insultó, lo abofeteó y 20 simpatizantes golpearon a sus colaboradores para llegar a la conclusión de que se trató de las mismas personas, el mismo lugar y fecha en que se realizó el video que obra en actos y la duda siempre es en beneficio del reo.

AGRAVIOS

PRIMERO.- La autoridad responsable violó los principios de constitucionalidad y de legalidad consagrados en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la resolución combatida carece de la debida motivación y fundamentación al haber sido emitida por autoridad no competente para conocer y resolver una supuesta irregularidad cometida fuera del procedimiento electoral federal por las razones ya apuntadas.

En efecto, de lo manifestado por el denunciante y particularmente de los hechos que contiene el presente escrito, se desprende que la autoridad responsable pudo constatar que la denuncia se refiere a un incidente ocurrido durante una campaña a Presidente Municipal en el Estado de Nuevo León, y sin embargo, en plena contradicción a la competencia federal, pretende sancionar al Partido Acción Nacional contraviniendo lo dispuesto por el artículo 82 y aplicando indebidamente los artículos 38, 39, 40 y 73 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En efecto, los dispositivos legales invocados por la autoridad responsable en el acto ahora combatido, no otorgan competencia al Instituto Federal Electoral para conocer y sancionar un acto de violencia que ocurrió durante la campaña local en el Estado de Nuevo León.

SEGUNDO.- La responsable violó los principios de legalidad y constitucionalidad consagrados en el artículo 41 Constitucional al omitir la observancia de lo dispuesto por los artículos 14, párrafo 6 y 16, párrafo 3, ambos numerales de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

De acuerdo a lo manifestado en el cuerpo de este escrito, las notas periodísticas y el video que obra en el expediente, no pueden ser considerados como pruebas técnicas y carecen de valor probatorio tomando en cuenta que son inoperantes para identificar a las personas, así como las circunstancias de tiempo, modo y lugar a que se refieren los numerales antes mencionados.

De igual manera, carecen de valor probatorio las pruebas que obran en autos para establecer la responsabilidad de los actos de violencia, particularmente de aquellos producidos en un informe por el Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva 03 del Estado de Nuevo León ya que a dicho funcionario electoral, no le consta la relación partidista de ninguno de los implicados ni explica la razón de su dicho, sino que de manera tajante afirma que fueron simpatizantes del Partido Acción Nacional, quienes agredieron al candidato del Partido Revolucionario Institucional. Debió haber obrado en actos, prueba diversa e idónea para demostrar el carácter de militante de uno o varios ciudadanos involucrados.

 

 

IV. Mediante oficio número  SCG/026/2001, de diecinueve de febrero de dos mil uno, recibido en la misma fecha por la Oficialía de Partes de esta Sala Superior, el Consejo General del Instituto Federal Electoral, por conducto de su Secretario, remitió el expediente formado con motivo del recurso de apelación de mérito, integrado, entre otros documentos, con el original de la demanda recursal presentada por el actor, copia de la resolución impugnada, cédulas y razones de publicitación, y el informe circunstanciado de ley.

 

V. Por acuerdo del Magistrado Presidente de éste Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de veinte de febrero de dos mil uno, se ordenó integrar el expediente respectivo con la clave SUP-RAP-008/2001, así como turnar a la ponencia del suscrito, el asunto de mérito. Dicho acuerdo se cumplió mediante oficio TEPJF-SGA-144/01, signado por el Secretario General de Acuerdos de la Sala Superior.

 

VI. Por auto de fecha veintidós de febrero del año en curso el magistrado instructor tuvo por radicado el asunto en estudio y, toda vez que el expediente contenía la video cinta ofrecida por el denunciante en el procedimiento de queja administrativa, resultando por ello necesario dar forma escrita a dicho instrumento, para un mejor manejo de la información en él contenida, así como para que quedara constancia en autos, de manera precautoria y para el caso de que el asunto fuese admitido, ordenó la realización de una diligencia para su desahogo, misma que tuvo verificativo el veintiséis siguiente, levantándose la correspondiente acta circunstanciada.

 

VII. Por auto de veinticinco de abril del año en curso, al no advertir causa manifiesta de improcedencia alguna, el magistrado instructor acordó admitir el asunto a estudio y, toda vez que en autos se encontraban los elementos necesarios para resolver, se cerró la instrucción, quedando el asunto en estado de dictar sentencia, y 

 

C O N S I D E R A N D O

 

PRIMERO. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación  es competente para resolver el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, fracción IV, y 99, párrafo cuarto, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso a), y 189, fracción I, inciso d) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 44, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un recurso de apelación interpuesto durante el tiempo que transcurre entre dos procesos electorales federales.

 

SEGUNDO.  Por ser preferente su análisis, esta Sala Superior habrá de estudiar, en este considerando, la causal de improcedencia que la responsable aduce en su informe circunstanciado, consistente en que el recurso de apelación interpuesto por el Partido Acción Nacional resulta, en su concepto, frívolo, pues los agravios formulados por el actor, al ser subjetivos, no tienen posibilidad alguna de revocar o modificar lo concluido por la autoridad responsable.

 

A juicio de esta Sala Superior es infundada la causal invocada, ya que el recurso de mérito no es frívolo, puesto que por tal se entiende, en materia procesal, aquel medio de impugnación ligero, pueril, superficial anodino; esto es, la frivolidad en un recurso significa que el mismo debe resultar totalmente intrascendente, ya sea que la eficacia jurídica de la pretensión del recurrente se vea limitada por la subjetividad que revistan los argumentos plasmados en el escrito inicial, que, en general sea notorio el propósito del actor de interponerlo sin existir motivo o fundamento para ello, o bien, que evidentemente no pueda alcanzar su objeto.

 

En la especie, tales características no se presentan, toda vez que, de un análisis estrictamente formal de los agravios esgrimidos por el actor, se hace evidente que éste los fundamenta en diversas disposiciones constitucionales y legales, emitiendo en todo caso argumentos formalmente conformados a fin de impugnar jurídicamente la resolución sancionatoria en cuestión.

 

En efecto, el actor formula peticiones jurídicas concretas, basadas en el actuar de la autoridad, inconformándose con tal,  las cuales, en el plano ideal y sin que ello implique prejuzgar  la eficacia que las mismas pudiesen traer a fin de revocar o modificar la resolución reclamada, resultan idóneas para controvertir la actuación de la responsable, pues, en concreto, plantea la falta de competencia de ésta para emitir la resolución recurrida y, además, una indebida valoración del acervo probatorio existente en el expediente de queja administrativa. Por ende, sus argumentaciones no son de carácter subjetivo o insustancial.

 

En consecuencia, el recurso incoado por el Partido Acción Nacional, al contener agravios debidamente configurados, resulta procedente, sin que pueda calificársele en modo alguno de frívolo o insustancial, ya que, en todo caso, y de resolverse hipotéticamente a favor del actor, la consecuencia sería la revocación de la multa de doscientos cincuenta días de salario mínimo impuesta al mismo.

 

Al no actualizarse la causa de improcedencia hecha valer, sin que la autoridad responsable hubiere invocado en su informe circunstanciado alguna otra, ni esta Sala Superior, de oficio, advierta su actualización, procede en consecuencia estudiar la cuestión sustancialmente planteada.

 

TERCERO.  De una lectura integral del escrito inicial de demanda, se desprende que, fundamentalmente, el partido actor argumenta dos agravios, a saber:

 

A. El Consejo General del Instituto Federal Electoral es incompetente para conocer de los hechos denunciados por Abel Guerra Garza, pues se refieren a incidentes acaecidos “durante una campaña de Presidente Municipal en el Estado de Nuevo León”, por lo que al sancionar al partido hoy actor, contraviene la competencia federal, así como los artículos 38, 39, 40, 73 y 82 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, toda vez que estos dispositivos legales no confieren competencia al Instituto Federal Electoral para conocer y sancionar “un acto de violencia” ocurrido durante una campaña local.

 

B. Con la resolución reclamada se violan los principios de  legalidad y constitucionalidad contenidos en el artículo 41 constitucional, ya que se omite la observancia de los artículos 14, párrafo 6 y, 16, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. En concreto, manifiesta los siguientes puntos de disenso:

 

a)    Las notas periodísticas y el video que obran en el expediente no pueden ser considerados como pruebas técnicas y “carecen de valor probatorio”, tomando en cuenta que son inoperantes para identificar las personas, así como las circunstancias de tiempo, modo y lugar que exigen los preceptos legales invocados. Adicionalmente, sostiene que de tales probanzas sólo se puede desprender que hubo un contienda de hecho entre priístas y panistas, pero no es posible advertir que el video fuera tomado “en el lugar que dice el quejoso” ni en la fecha de sus afirmaciones, por lo que carece de certeza en relación a que corresponda al incidente denunciado y no a otro anterior o posterior. Finalmente, respecto a este aspecto, arguye que no basta que el denunciante afirme que la señora Teresa Hernández lo golpeó e insultó y que veinte simpatizantes golpearon a sus colaboradores, para concluir que se trata de las mismas personas, lugar y fecha en que se realizó la grabación.

 

b)   Se pasa por alto que un medio de reproducción de imágenes, como es el caso del video aportado por el denunciante, para ser considerado como prueba técnica, debe hacerse el señalamiento concreto de lo que se pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce el medio de convicción.

 

c)    El informe rendido por el Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva 03 del estado de Nuevo León carece de valor probatorio, ya que a dicho funcionario no le consta la relación partidista de ninguno de los implicados, ni explica la razón de su dicho, siendo que, de manera tajante, afirma que fueron simpatizantes del Partido Acción Nacional quienes agredieron al candidato del Partido Revolucionario Institucional.

 

d)   Como con las pruebas existentes no es posible acreditar que exista un elemento de certeza que demuestren los hechos denunciados, ante la duda que subsiste, debe resolverse al amparo del principio jurídico de “in dubio pro reo”.

 

Por razón de método, esta Sala Superior analizará los agravios esgrimidos por el actor en el mismo orden en que fueron sintetizados, puesto que de asistirle la razón al incoante en el primero de ellos, relativo a la competencia, resultaría innecesario cualquier estudio de los restantes motivos de inconformidad.

 

Es infundado el primer agravio hecho valer por el actor, según se demuestra a continuación:

 

En el sentido que interesa, es decir, el organizacional de las funciones del Estado, la competencia debe entenderse como el conjunto de potestades conferidas por el ordenamiento jurídico a un órgano o ente público para la satisfacción del interés colectivo cuya tutela le está encomendada, de ahí que, usualmente, los distintos ordenamientos empleen diversos términos con un significado equivalente, tales como “función”, “facultad” o “atribución”. Su fundamento y necesidad, en el Estado moderno, radica en la racionalización y eficacia en el cumplimiento de las tareas públicas, en el establecimiento de frenos y contrapesos entre las diversas autoridades, así como garantía del gobernado, quien se encuentra en posibilidad de conocer qué autoridades se encuentran habilitadas para resolver sus peticiones, normar su conducta o, en general, incidir en su esfera jurídica.

 

Sentado lo anterior, queda claro, pues, que la delimitación del ámbito competencial de las diversas autoridades debe partir del análisis de la Constitución, en primer término, por tratarse del cuerpo jurídico de mayor jerarquía y fuente del resto del ordenamiento, y, en segundo lugar, por ser el documento político-jurídico que pretende organizar el funcionamiento del aparato estatal y de la sociedad misma.

 

Como se precisó, el actor, en su escrito de demanda, alega que la materia de la queja no es competencia del Instituto Federal Electoral, por tratarse de hechos ocurridos durante una gira proselitista de carácter local, en específico, para el cargo a presidente municipal del ayuntamiento de General Escobedo, Nuevo León. Atento a lo anterior, debe tenerse por sentado que, por disposición del artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestro país se configura como una República representativa democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, aunque unidos en una Federación establecida según los principios de la propia Ley Fundamental.

 

La adopción de un régimen federal como forma de gobierno, además de requerir previsiones que organicen y garanticen la división de los poderes federales, implica las relativas a una separación vertical para las relaciones entre la Federación y los miembros de ésta, toda vez que, tal y como dispone el artículo 41, primer párrafo, de la Carta Magna, cada uno de los estados integrantes conservan su potestad, dentro de los propios márgenes constitucionales, de determinarse políticamente y emitir su propia Constitución y la legislación que desarrolle el correspondiente ámbito jurídico.

 

En este tenor, resulta imperante que la Constitución Federal determine cuáles son las materias que son competencia de la Federación y cuáles de la de los estados miembros. De lo contrario, el estado federal no podría funcionar adecuadamente si las dos instancias de poder reconocidas (federal y locales) extendieran su competencia sobre las mismas materias, ya que el conflicto entre ambas sería permanente.

 

La fórmula adoptada por nuestra Ley Fundamental para dicha determinación de competencias se encuentra consignada en el artículo 124, según el cual, las facultades que no estén expresamente reconocidas por la Constitución a los funcionarios federales, deben entenderse reservadas a los estados parte de la Unión.

 

De acuerdo con este principio de distribución acogido por la Carta Magna, por regla general, sólo uno de los legisladores puede ser en cada caso competente para regular determinada materia. Sin embargo, como todo texto normativo pretende dar respuesta a una realidad social, adoptando para ello las medidas eficaces conducentes y dado el alto grado de evolución y complejidad de las sociedades contemporáneas, el derecho interno forma un entramado tan interconectado como lo está la realidad a la que trata de responder, por lo que continuamente se dan relaciones de conexión entre las diferentes materias legislativas. Esta complejidad, plasmada en diferentes preceptos constitucionales, ha pretendido ser sistematizada por la doctrina mexicana, hablándose entonces de facultades atribuidas a la Federación o a las entidades federativas, las prohibidas a una u otras, las coincidentes, las coexistentes y las de auxilio (Carpizo, Jorge. “Comentario al artículo 124” en Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Comentada, Poder Judicial de la Federación, Consejo de la Judicatura Federal, Universidad Nacional Autónoma de México, México 1997, tomo II, páginas 1302 y siguientes). 

 

Precisamente, la regulación de la actividad de los partidos políticos, en específico de los que cuentan con el carácter nacional, se encuentra dentro de aquellas materias en que tanto la Federación como las entidades federativas participan en su regulación.

 

Como ha tenido oportunidad de pronunciar este tribunal, en el recurso de apelación con número de expediente SUP-RAP-001/99, resuelto en sesión pública del veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y nueve, para el régimen jurídico mexicano de los partidos políticos nacionales, la regla general es que están sujetos a las bases previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la leyes federales que reglamentan, precisan y desarrollan aquellas bases, y que la aplicación y ejecución de tal normatividad corresponde también, ordinariamente, a las autoridades federales en el ámbito de sus respectivas competencias.

 

Semejante afirmación tiene como sustento las bases del sistema político electoral federal contempladas en el artículo 41 constitucional, entre las cuales destacan las relativas a la existencia y regulación de la vida de los partidos políticos nacionales. Así, se establece que son entidades de interés público, y se reserva a la ley secundaria la determinación de las formas específicas de su intervención en el proceso electoral.

 

En otra parte se determinan los fines de los partidos políticos, los cuales se hacen consistir en: a) Promover la participación del pueblo en la vida democrática; b) Contribuir a la integración de la representación nacional y c) Como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulen y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.

 

Asimismo, se precisa  quiénes pueden afiliarse a los partidos políticos, reservando el derecho sólo a los ciudadanos, quienes deberán hacerlo, según disposición de la norma constitucional, libre e individualmente.

 

Por otra parte, en la fracción II del propio artículo 41 constitucional, se establece que en la ley se garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten, de manera equitativa, con los elementos para llevar a cabo sus actividades; que tendrán derecho al uso permanente de los medios de comunicación  social, en los términos que fije la ley, la cual también señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales, con la exigencia de garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los privados; y se sientan bases para el otorgamiento del financiamiento público. Del mismo modo, se indica que la ley fijará los criterios para determinar los límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus campañas electorales federales, establecerá los montos máximos que tendrán las aportaciones pecuniarias de sus simpatizantes, y los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten, y que además señalará las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de dichas disposiciones.

 

Lo anterior revela que, en principio, todo lo relacionado con la constitución, registro, prerrogativas y obligaciones de los partidos políticos nacionales se encuentra encomendado en el artículo 41 de la Ley Fundamental, a las autoridades federales, tanto en el ámbito legislativo como en los demás ramos.

 

En ejercicio de estas atribuciones constitucionales, el Congreso de la Unión expidió el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, cuyas disposiciones son, por revisión de su artículo 1, párrafo 1, de orden público, y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos.

 

En dicho ordenamiento federal, se reglamentan las bases generales del sistema electoral federal establecidas, entre otros, en el artículo 41 Constitucional, pues en el párrafo 2 del artículo 1, se señala textualmente que el Código reglamenta las normas constitucionales relativas a la “función estatal de organizar las elecciones de los integrantes de los poderes Ejecutivo  y Legislativo de la Unión”, función estatal que de conformidad con la fracción III del artículo 41 constitucional, se realiza a través del Instituto Federal Electoral.

 

Lo mismo acontece con las bases constitucionales relativas a los partidos políticos, lo que se corrobora con el hecho de que en el mismo precepto se prevenga que el Código reglamenta las normas constitucionales relativas a “La organización, función y prerrogativas de los partidos políticos y las agrupaciones políticas”.

 

En el Libro Segundo, que comprende de los artículos 22 al 40, y que se denomina precisamente “De los Partidos Políticos”, se regula gran parte de lo relacionado con tales entes, destacando los aspectos relativos al registro constitutivo para acceder a tal carácter, los derechos y obligaciones inherentes a tal calidad, así como las causas por las que pueden ser sancionados.

 

De tal forma, en aquella ocasión, se determinó que, en principio, es en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, donde se establece la normatividad rectora de los partidos políticos nacionales, toda vez que en aquélla se prevé su existencia y se fijan ciertas bases sobre los mismos, mientras que en el segundo, se desarrollan las normas constitucionales, estableciendo un sistema integral de regulación de los partidos políticos nacionales.

 

Esta conclusión se corrobora si se toma en consideración que el propio artículo 41, fracción III, último párrafo, de la Constitución confiere al Instituto Federal Electoral, en forma integral y directa, los derechos prerrogativas de las agrupaciones y de los partidos políticos nacionales, disposición de la que se colige que tales aspectos corresponde reglarlos al Congreso de la Unión en la legislación federal correspondiente.

 

Con base a este precepto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo, al resolver la acción de inconstitucionalidad 5/99, el once de marzo de mil novecientos noventa y nueve, que la regulación de los aspectos relacionados con la adquisición o pérdida del registro de estos institutos políticos es facultad exclusiva de las cámaras legislativas federales (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo IX, marzo de 1999, volumen correspondiente a las Acciones de Inconstitucionalidad y Controversias Constitucionales, página 777). En el mismo sentido, en el expediente SUP-JRC-116/99 y acumulado, del dieciocho de agosto del mismo año, esta Sala Superior consideró que la regulación de los aspectos orgánicos e internos de los partidos políticos nacionales configura una materia de las que conforman el ámbito competencial de las autoridades de la Unión. A lo anterior, cabe agregar que a similar postura debe conducir lo relacionado con la conducta que deben guardar estas entidades de interés público en el desarrollo de sus actividades para el cumplimiento de sus fines, dada la normatividad constitucional existente y su reglamentación legislativa correspondiente.

 

Ahora bien, ciertamente, como también lo ha reconocido este órgano jurisdiccional en el primero de los expedientes citados, respecto a la materia electoral de los estados, al no existir otorgadas facultades a la Federación, esto queda comprendido en el ámbito reservado para las entidades federativas, con las limitaciones previstas en la Constitución General en algunos de sus preceptos, como los consagrados en los artículos 115 y 116 de esta máximo ordenamiento.

 

Una de las bases constitucionales que deben observar y acatar los estados al emitir sus leyes electorales, es la prevista en el artículo 41 de la Carta Magna, que consiste en que los partidos políticos nacionales pueden participar en las elecciones estatales y municipales.

 

Con esta última disposición constitucional, al establecer el derecho de los partidos políticos nacionales a participar en los comicios locales, se abre la posibilidad de que dichas organizaciones se vinculen a las actividades político-electorales de las entidades federativas, en los términos en que se fije en la legislación de éstas (en cuanto no se opongan a la ley fundamental), y de este modo se pueden encontrar inmersos en cualquiera de las etapas del proceso electoral, desde la integración de los órganos electorales, administrativos o jurisdiccionales, hasta la etapa de resultados y declaraciones de mayoría y validez de las elecciones; en las relaciones que surjan con el otorgamiento de financiamiento público estatal; en la participación en el funcionamiento y desarrollo de actividades de los órganos electorales fuera del proceso electoral, o en cualquier actividad de esta materia regida por la legislación electoral local.

 

Empero, como ya quedó demostrado anteriormente, si la legislación electoral de los estados la expiden las legislaturas de estos y su aplicación y ejecución corresponde a las autoridades locales previstas en ellas, por no haberle conferido estas atribuciones a la federación, es inconcuso que la actuación de los partidos políticos nacionales dentro de las actividades regidas por las disposiciones legales estatales queda sujeta a éstas y a las autoridades que deben aplicarlas.

 

Consecuentemente, se puede concluir en el sentido de que, por regla general, los partidos políticos nacionales se encuentran ceñidos al fuero federal en su constitución, registro, funcionamiento, prerrogativas y obligaciones en general, y a las sanciones a que se hagan acreedoras por el incumplimiento de las leyes federales, especialmente la de cancelación de su registro, pero que esta regla general no resulta aplicable en los casos de conductas identificadas de manera clara con cualquiera de los ámbitos de aplicación de la Constitución o las leyes electorales estatales. Lo anterior, se dijo en aquél entonces, sin perjuicio de la posibilidad de que determinada conducta pudiera generar a la vez supuestos legales constitutivos de ciertas infracciones previstas en las leyes federales y de otras contempladas en las leyes locales.

 

En lo tocante a la última precisión, cabe destacar que a similar conclusión ha arribado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En efecto, nuestro máximo tribunal sostuvo en la acción de inconstitucionalidad 2/99 y su acumulada 3/99, el ocho de junio de mil novecientos noventa y nueve que, “Atendiendo al derecho que tienen los partidos políticos con registro nacional para participar en las elecciones federales o locales, se desprende el doble régimen jurídico al que deben estar dependiendo del tipo de elección de que se trate (federal o local), pues de ser una elección federal y siendo un partido con registro nacional, las disposiciones aplicables serán las relativas al régimen federal, pero de ser una elección estatal y siendo un partido con registro nacional deberá atenderse tanto a las disposiciones locales que rigen la elección y a las federales que rigen al partido político pero armónicamente” (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, septiembre de 1999, página 678). 

 

Ahora bien, como los fines que tienen encomendados los partidos no se reducen, por supuesto, a la mera participación en los procesos electorales, ya que no sólo contribuyen a la integración de la representación nacional y hacen posible el acceso de los ciudadanos a los cargos electivos (mediatizando la composición y funcionamiento de los órganos constitucionales), sino que, del mismo modo, promueven la participación popular en la vida democrática, expresando en consecuencia el pluralismo político de la Nación y, por ende, se constituyen como instrumento fundamental de la participación política, sin los cuales no sería factible hablar de un régimen democrático.

 

Desde luego, se enfatiza, la participación de la ciudadanía como elemento esencial de legitimación democrática del Estado no se circunscribe a la realización de los comicios y el ejercicio del sufragio. Por el contrario, se convierte en característica constante de los modernos Estados democráticos de Derecho y, en tal virtud, los partidos políticos nacionales, en tanto fuerzas políticas constitucionalmente reconocidas, normalmente no expresan solamente el interés individual de algunos miembros de la comunidad, sino el interés de la colectividad entera, ya que participan en la formación y expresión de la opinión pública libre, poniendo a disposición de los ciudadanos en general y de los electores en particular una pluralidad de opciones políticas para que puedan formar sus propias opiniones políticas y, en los procesos comiciales, para que puedan elegir libremente los programas con los que comulguen.

 

Aunado a lo anterior, según se ha precisado en párrafos anteriores, la importancia reconocida por la Carta Magna a estas entidades de interés público, como piezas fundamentales del sistema democrático mexicano, en su más amplio aspecto, se refleja en el establecimiento de prerrogativas constitucionales de carácter permanente para que estén en condiciones de promover su desarrollo y mantenimiento y, así posibilitar la consecución de sus fines, desde luego, en tanto justifiquen su perfil de corriente ideológica con influencia dentro de los espacios ciudadanos, en los términos legalmente establecidos.

 

Consecuentemente, la regulación del legislador federal debe atender no sólo el procedimiento de registro o la pérdida del mismo, sus derechos, sus prerrogativas o los aspectos orgánicos de estas asociaciones ciudadanas, sino, en general, todas aquellas exigencias (cumplimiento de determinadas pautas en sus estructura, actuación y fines) que, en su concepto y dentro de los parámetros constitucionales, resulten indispensables para su correcto funcionamiento y el cumplimiento de sus propósitos. Así, corresponde al Congreso de la Unión el establecimiento de las reglas de conducta y el de las consecuencias para el caso de su incumplimiento, aspectos que, por ende, tendrán que ser aplicados por las autoridades federales competentes.

 

Por otro lado, como se señaló, las formas específicas de participación de los partidos políticos, en los procesos electorales respectivos, se deben regular por la ley federal y la ley local según el tipo de proceso de que se trate. Conforme esta disposición, contenida en el artículo 41, fracción I, de la Constitución, también corresponde al Congreso legislar la participación de los partidos con registro nacional en los comicios para la renovación de los titulares de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión, así como compete a las autoridades de este ámbito la aplicación de las reglas que al efecto se expidan. En tanto, a los legisladores estatales corresponde normar la intervención de este tipo de partidos en sus procesos comiciales internos (gobernador, diputados locales y miembros de los ayuntamientos), en el entendido de que, se reitera, dicha regulación local puede atender no sólo los aspectos inherentes a la participación de los partidos políticos nacionales en los procesos electorales, sino también aquellos que se relacionen con la actividad permanente y que deba ser sujeta de observación y control, de conformidad con el artículo 116, fracción IV, incisos f), g) y h), de la propia Ley Fundamental, así como las actividades relacionadas con la actuación de las autoridades electorales, cuando éstas sean permanentes, como podrían ser las tareas encaminadas a la creación o mantenimiento de un padrón electoral propio, las labores de actualización de la geografía electoral, o bien, se trate de prerrogativas adicionales conferidas en forma permanente por la legislación atinente, de forma que también tuvieran que ser objeto de fiscalización o revisión.

 

Sentado este marco normativo de orden fundamental, relativo al ámbito de distribución de competencias para la regulación de financiamiento de los partidos políticos nacionales, que bien pudiera encuadrarse dentro de lo que la doctrina nacional antes mencionada ha denominado “facultades coexistentes”, es decir, aquellas que parte de la misma compete a la Federación y la otra a las entidades federativas (también llamadas en otros órdenes como “competencias compartidas”), queda claro que, eventualmente, una misma conducta realizada por un partido político nacional pudiera contravenir alguna o algunas disposiciones estatales, por vincularse con su participación en un comicio local o con las tareas permanentes, susceptibles de regulación con ese ámbito, que realiza en esa entidad federativa, y, al mismo tiempo, conculcar alguna de las pautas genéricas de conducta que le establece la normatividad federal.     

 

Una vez establecido lo anterior, esta Sala Superior llega a la convicción que en el presente asunto el Instituto Federal Electoral se encontraba facultado para conocer de la queja presentada por Abel Guerra Garza. En efecto, el entonces candidato del Partido Revolucionario Institucional a diputado federal por el tercer distrito en el estado de Nuevo León, mediante escrito del veintidós de mayo del año pasado, denunció los siguientes hechos:

 

a.    El veintiuno de mayo, desde las diez horas, se encontraba desarrollando labores de proselitismo, junto con otros “compañeros” de su partido, en el Boulevard Benito Juárez y Prolongación Manuel Barragán, municipio de General Escobedo, Nuevo León.

 

b.    Poco después, un grupo de aproximadamente veinte simpatizantes del Partido Acción Nacional arribó al lugar y comenzó labores proselitistas, sin contar con la autorización administrativa correspondiente.

 

c.     José Alberto López Cruz, candidato a la alcaldía del municipio de mérito, junto con sus simpatizantes, iniciaron agresiones verbales en su contra y de varios de sus colaboradores.

 

d.    Alrededor de las trece horas con treinta minutos, la señora Teresa Hernández Santana le insultó y le golpeó el rostro.

 

e.    Los militantes del Partido Acción Nacional, acto seguido, golpearon a sus colaboradores, entre otros, Adriana Benavides Chapa, Mauricio Tapia Cero; Pablo Valadés Quezada, Mario Ramírez González y Mario Antonio Solís Arellano.

 

f.       Con tales hechos, se interrumpió su labor proselitista y se violaron sus derechos constitucionales como candidato legalmente registrado ante el Instituto Federal Electoral.

Ahora bien, de conformidad con los artículos 23, párrafo 2, 39, 269, párrafos 1 y 2, inciso a), y 270, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al Instituto Federal Electoral le corresponde vigilar que las actividades de los partidos políticos nacionales se desarrollen con apego a la ley, y el Consejo General de dicho instituto es el único competente para sancionar administrativamente a los partidos políticos nacionales, por incumplimiento de las obligaciones señaladas en dicho ordenamiento legal, independientemente de las responsabilidades en que incurran sus dirigentes, miembros o simpatizantes.

 

Consecuentemente, la competencia del Consejo General del Instituto Federal Electoral para sancionar administrativamente a los partidos políticos nacionales se surte, entre otros supuestos, cuando éstos incumplan con alguna de las obligaciones señaladas en el mencionado Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. El artículo 38 del ordenamiento de mérito establece algunas de dichas obligaciones, las cuales son:

 

a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos;

 

b) Abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga por objeto o resultado alterar el orden público, perturbar el goce de las garantías o impedir el funcionamiento regular de los órganos de gobierno;

 

c) Mantener el mínimo de afiliados en las entidades federativas o distritos electorales, requeridos para su constitución  y registro;

 

d) Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados;

 

e) Cumplir sus normas de afiliación y observar los procedimientos que señalen sus estatutos para la postulación de candidatos;

 

f) Mantener en funcionamiento efectivo a sus órganos estatutarios;

 

g) Contar con domicilio social para sus órganos directivos;

 

h) Editar por lo menos una publicación mensual de divulgación, y otra de carácter teórico, trimestral;

 

i) Sostener por lo menos un centro de formación política;

 

j) Publicar y difundir en las demarcaciones electorales en que participen, así como en los tiempos oficiales que les corresponden en las frecuencias de radio y en los canales de televisión, la plataforma electoral que el partido y sus candidatos sostendrán en la elección de que se trate. En este caso, el tiempo de le dediquen a la plataforma no podrá ser menor de cincuenta por ciento del que les corresponda;

 

k) Permitir la práctica de auditorías y verificaciones que ordene la comisión de consejeros a que se refiere el párrafo 6 del artículo 49 del código citado, así como entregar la documentación que la propia comisión les solicite respecto a sus ingresos y egresos;

 

l) Comunicar al Instituto Federal Electoral cualquier modificación a sus documentos básicos;

 

m) Comunicar al instituto mencionado los cambios de su domicilio social o de los integrantes de sus órganos directivos;

 

n) Actuar y conducirse sin ligas de dependencia o subordinación con partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras, organismos o entidades internacionales y de ministros de culto de cualquier religión o secta;

 

o) Utilizar las prerrogativas y aplicar el financiamiento público exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, para sufragar los gastos de campaña, así como para realizar las actividades enumeradas en el inciso c) del párrafo 1 del artículo 36 del propio código;

 

p) Abstenerse de cualquier expresión que implique diatriba, calumnia, infamia, injuria, difamación o que denigre a los ciudadanos, a las instituciones públicas o a otros partidos políticos y sus candidatos, particularmente durante las campañas electorales y en la propaganda política que se utilice durante las mismas;

 

q) Abstenerse de utilizar símbolos religiosos, así como expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter religioso en su propaganda; y

r) Abstenerse de realizar afiliaciones colectivas de ciudadanos.

 

Sin prejuzgar sobre la veracidad de los hechos que se atribuyen al candidato y militantes o simpatizantes del Partido Acción Nacional, sino sólo ubicándose en la hipótesis de que llegaren a considerarse acreditados tales hechos, con el objeto de determinar la competencia o incompetencia de la ahora autoridad responsable, las conductas denunciadas bien pudieran encuadrar dentro de los dos primeros supuestos normativos contemplados en el precepto citado.

 

En efecto, el artículo 38, párrafo 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales exige que los partidos políticos y sus militantes ajusten su conducta a los principios del Estado democrático, esto es, de los valores superiores como la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la supremacía de la ley, así como que sean respetuosos de la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos.

 

Para esta Sala Superior, según se sostuvo al resolver el recurso de apelación con número de expediente SUP-RAP-010/99, el seis de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, la libre participación política de los partidos políticos se traduce en el derecho que tienen estos de participar, en su más amplia acepción, en la elección libre de las autoridades del país, mientras que entre los derechos de los ciudadanos se encuentran, el de votar y ser votado en elecciones populares, el de reunirse pacíficamente para tomar parte en los asuntos políticos del país, así como asociarse individual y libremente con el mismo propósito, según lo dispuesto por los artículos 9, 35, fracciones I, II y III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

En tal virtud, de acreditarse los extremos necesarios, los acontecimientos materia de la queja, podrían considerarse que contravienen de los principios democráticos, de la libre participación política de los partidos y de los derechos de los ciudadanos, al traducirse en la interrupción injustificada y violenta de las actividades proselitistas en una campaña electoral federal de un partido político nacional, con la consecuente conculcación material de su derecho a realizarlas, así como de la participación del ejercicio de los ciudadanos participantes a asociarse y reunirse pacíficamente con propósitos electorales, sin que para alegar lo contrario sea válido que el presunto transgresor sea un candidato, así como un grupo de simpatizantes o militantes, de un partido político nacional (el Partido Acción Nacional), pero participando para la obtención de un cargo de elección municipal, puesto que, en primer lugar, el proselitismo aparentemente interrumpido se desarrollaba en el marco de una campaña federal (la del candidato agredido); y, en segundo término, como ya se demostró, las autoridades federales se encuentran facultadas para regular, vigilar y, eventualmente, sancionar las pautas de comportamiento genérico con que deben conducirse los partidos políticos nacionales en todas sus actividades, independientemente del lugar del territorio nacional en que estas se produzcan y del marco en el que hubieren tenido verificativo.

 

Por ello, si lo que se arguye es que los simpatizantes o militantes y el candidato participaban como tales en actos de campaña locales, ello sólo traería como consecuencia que, en el ámbito estatal, pudieran actualizar diversos tipos de responsabilidades (civil, penal o administrativas), sin embargo, como ya se ha razonado, tal circunstancia no excluye la competencia del Instituto Federal Electoral para vigilar y aplicar las disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por ser éste el ordenamiento que, entre otros aspectos, norma la conducta de los partidos políticos nacionales en los términos ya precisados.

 

Del mismo modo, las conductas materia de la queja, de resultar ciertas, resultarían contrarias a los imperativos consignados en el inciso b) del precepto en comento, no solo porque de las mismas se desprenden actos de violencia (agresiones verbales y golpes),  sino también porque con los mismos, supuestamente, se alteró el orden público (las labores de proselitismo en vía pública para las cuales se había solicitado y obtenido el correspondiente permiso por la autoridad administrativa atinente) y perturbó el goce de garantías (las libertades de reunión y asociación, en el marco de una campaña electoral, así como de la libre expresión de las ideas), de conformidad con los artículos 6, 9 y 35, fracciones I, II y III, de la Constitución Federal, y 184 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

 

En tal virtud, conforme lo razonado, no le asiste la razón al incoante en el primero de sus motivos de disenso.

stenO     Oooooo 

Por el contrario, son sustancialmente fundados los agravios hechos valer por el Partido Acción Nacional, sintetizados en el apartado B anterior, en los que, fundamentalmente, se alega una indebida valoración del acervo probatorio.

 

Para arribar a esta conclusión, debe tenerse presente que en la resolución combatida no se contiene dicho análisis, sino que, en el séptimo de los considerandos, de forma implícita remite a los razonamientos y fundamentos de derecho realizados en el dictamen aprobado por la Junta General Ejecutiva del Instituto, el veintitrés de enero del año en curso, razón por la cual, los agravios de mérito deben contrastarse con dicho dictamen, mismo que, en copia certificada, obra a fojas 249 a la 259 del expediente en el que se actúa.

 

Según se desprende de esta documental pública, con valor probatorio pleno, conforme los artículos 14, párrafo 4, inciso b) y 16, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en relación con el diverso 89, párrafo 1, inciso t) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Junta General Ejecutiva dictaminó la responsabilidad del Partido Acción Nacional, al considerar que se violaba el párrafo 1, incisos a) y b) del artículo 38 del código mencionado, en razón de lo siguiente:

 

a) De las constancias existentes, en particular del permiso concedido por el ayuntamiento de General Escobedo, Nuevo León, se desprendía que el quejoso celebró actos proselitistas el veintiuno de mayo del año pasado, cumpliendo así con lo dispuesto en el artículo 184 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

 

b) En relación con la interrupción de dichos actos proselitistas, así como de las agresiones verbales y físicas de que fue objeto el quejoso y sus colaboradores, por parte del candidato a la alcaldía de General Escobedo, Nuevo León, militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional, consideró que tales hechos se desprendían de las notas periodísticas ofrecidas y aportadas, y que, además, los mismos se corroboraban del video anexado, del cual se obtenían imágenes que evidenciaban agresiones “entre simpatizantes de ambos partidos” y de las cuales se apreciaban conductas apartadas de las obligaciones estatuidas en el artículo 38, párrafo 1, incisos a) y b) del ordenamiento electoral federal de corte sustantivo.

 

c) A continuación, la Junta General Ejecutiva puntualizó que si bien de las notas periodísticas no era posible obtener la fecha en la que tuvieron lugar los hechos narrados, se tenía la presunción de que se trataba de las mismas acciones narradas por el quejoso, lo cual se corroboraba con la denuncia de hechos presentada por el quejoso ante la delegada del Ministerio Público adscrita al Tercer Distrito Judicial en el Estado de Nuevo León, pues aunque se tratara de declaraciones unilaterales, se debía presumir la existencia de las conductas denunciadas, presunción que se volvía a corroborar con las manifestaciones vertidas por el Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital 03 del Instituto Federal Electoral en la entidad federativa, en el informe que le fue solicitado por el Secretario del Instituto durante la sustanciación del procedimiento de queja, ya que, en el mismo, se reconocía a José Alberto López Cruz como candidato registrado del Partido Acción Nacional a la Presidencia Municipal de General Escobedo, Nuevo León, jurisdicción del distrito electoral federal mencionado, y a Teresa Hernández Santana como militante de dicho partido, según las “constancias enviadas con antelación”.

 

d) En este tenor, en el dictamen se reitera que de los documentos exhibidos y del video presentado, se infiere que militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional participaron en actos de violencia, agrediendo durante actos de proselitismo a los simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional, así como al candidato a la diputación federal, como se desprendía de las escenas filmadas por el denunciante. Del mismo modo, se sostiene que con los elementos probatorios valorados en su conjunto, por la relación que guardan entre sí, le generaban convicción sobre la veracidad de los mismos, máxime si se consideraba que los hechos acontecieron en actos de proselitismo realizados por el candidato del Partido Revolucionario Institucional, en tanto que del video de mérito era posible advertir que fueron militantes o simpatizantes del hoy enjuiciante los que intervinieron en los actos de agresión. Al efecto, de manera ilustrativa, se citan dos tesis aisladas y una de jurisprudencia sostenidas por los Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial de la Federación, relativas a la apreciación de la prueba presuncional.

 

Cabe aclarar que, en su escrito presentado ante la autoridad instructora del procedimiento de queja, el Partido Acción Nacional, entre otros aspectos, negó los hechos denunciados, “para dejar a cargo de la contraria la prueba del mismo”, además de controvertir los alcances probatorios de los medios de convicción agregados al expediente.

 

Por vía del libelo de demanda, el Partido Acción Nacional fundamentalmente se duele de la indebida motivación del mencionado acto de autoridad, pues a su juicio, de un análisis individual y en conjunto de las pruebas presentadas, no se desprende certeza en torno a la responsabilidad del actor y, por ende, debe prevalecer el principio “in dubio pro reo”.

 

De manera específica, alega lo siguiente:

 

1)    Del contenido del video: a) No es posible advertir que fuera tomado en el lugar y fecha señalados por el denunciante; b) De la “contienda de hecho entre priístas y panistas” que es posible advertir, no se coligen los golpes e insultos materia de la queja, pues no basta el dicho del quejoso para desprender que se trata de los hechos filmados; y c) No puede considerársele como prueba técnica, ya que en su ofrecimiento no se especificó qué se pretendía acreditar, ni se identificaran a las personas ni los lugares, así como tampoco las circunstancias de modo, tiempo y lugar que se reproducen.

 

2)    De las notas periodísticas, que no identifican las personas ni las circunstancias de modo, tiempo y lugar legalmente exigidas.

 

3)    Respecto del informe rendido por el Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital 03 de Nuevo León: a) Al funcionario no le consta la relación partidista de ninguno de los implicados; y b) No explica la razón de su dicho.

 

A efecto de determinar la inadecuada motivación del acto impugnado, el actor señala como disposiciones sustancialmente aplicables, los artículos 14, párrafo 6 y 16, párrafo 3 de Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, los cuales efectivamente, como se consideró al resolver el SUP-RAP-042/2000, el veintinueve de marzo del presente año, resultan obligatorios para la autoridad responsable cuando conoce y decide en torno a las sanciones previstas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

 

Ciertamente, del artículo de dicho título, sólo el 271 se refiere a la cuestión probatoria, siendo del siguiente tenor:

 

“ARTÍCULO 271. 1. Para los efectos previstos en este Título, sólo serán admitidas las siguientes pruebas:

 

a) Documentales públicas y privadas;

b) Técnicas;

c) Pericial Contable;

d) Presuncionales; y

e) Instrumental de actuaciones.

 

2. Las pruebas deberán ser exhibidas junto con el escrito en el que se comparezca al procedimiento.

 

3. Ninguna prueba aportada fuera del plazo previsto para ello será tomada en cuenta.”

 

 

Es evidente que tal precepto dispone cuáles son las pruebas que pueden ser admitidas durante el procedimiento sancionatorio y su momento procesal de exhibición, sin embargo, es también notorio que tal precepto no indica las reglas de valoración a que deben sujetarse las autoridades sustanciadora y resolutora.

Como ha sido sostenido por este tribunal en reiteradas ocasiones, dentro de los diferentes subsistemas sancionatorios en materia electoral que han sido reconocidos, aquél en que se encuentran comprendidos los partidos políticos, las agrupaciones políticas nacionales, ciudadanos, observadores y organizaciones de observadores, se halla a su vez compuesto de dos procedimientos sancionatorios distintos que, fundamentalmente, están determinados por la conducta que se estima susceptible de ser investigada o sancionada. Uno, que ha sido llamado genérico, fundado principalmente en el artículo 270 del código en comento, y otro, específico, derivado del artículo 49-A, párrafo 2 del propio ordenamiento, que se circunscribe a los actos cometidos por los partidos y agrupaciones políticas en relación con el origen y la aplicación de los recursos derivados de su financiamiento.

 

En la especie, la sanción que se recurre se impuso en aplicación del primero de los procedimientos anotados. Respecto de éste, -el genérico- la ley distingue las características generales que lo rigen y distinguen, no obstante, es igualmente omiso en diversas materias tan indispensables como es, por ejemplo, el procedimiento interno. Así, pues, lo relativo a la valoración de los medios de convicción es otro de los aspectos que no se encuentran desarrollados normativamente en el código electoral federal.

 

En virtud de lo anterior, el veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y siete la Junta General Ejecutiva del Instituto emitió los “Lineamientos Generales para el conocimiento de las faltas administrativas y de las sanciones previstas en el título quinto del libro quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales” (publicados en Diario Oficial de la Federación el diecinueve de junio siguiente), los cuales fueron modificados por dicha Junta el veintidós de febrero del año dos mil (Diario Oficial de la Federación del veinte de marzo siguiente).

 

Dichos lineamientos, que fueron expedidos en uso legítimo de atribuciones, conforme lo razonado al resolverse el diverso SUP-RAP-011/2000, el diez de mayo de dos mil, determinan y establecen la manera y términos en que el mencionado procedimiento administrativo debe llevarse a cabo, esto es, el órgano de sustanciación y los métodos que al efecto deben seguirse para que se establezca clara y precisamente si el partido o agrupación en cuestión, realizó cierta conducta que se presuma como no ajustada a derecho, y se elabore el respectivo dictamen para su aprobación por el Consejo General del Instituto Federal Electoral. Dentro de las reglas relativas al trámite que debía darse a la sustanciación de los asuntos y los supuestos y características de desahogo procedimental que tienen que realizarse, se encuentra el lineamiento número 15, que dice:

 

“15. Para la tramitación y sustanciación de las quejas o denuncias se aplicarán, en lo conducente, las disposiciones relativas del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral u otras aplicables”

 

Esta disposición, atendiendo a su carácter electoral y a la remisión que prescribe, con fundamento en el artículo 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, admite ser interpretada de manera gramatical, sistemática y funcional, a fin de evidenciar su aplicación por lo que hace a la valoración mencionada.

 

Así, la disposición en comento señala que para la tramitación y sustanciación de las quejas o denuncias se aplicarán, en lo conducente, las normas del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

 

Por cuanto hace al aspecto gramatical, la experiencia enseña que cuando el legislador, entendido aquí en su concepto amplio o material, emplea en un ordenamiento palabras de uso general en el vocabulario común y, como en el presente caso, se abstiene de proporcionarles una noción jurídica específica, esto obedece a que el uso del término de que se trata se hizo en la acepción que corresponde al uso común o generalizado.

 

Este es el caso del vocablo “trámite” que en los lineamientos bajo análisis no se precisa conceptuación específica alguna por lo que hay que recurrir a su significado común, el cual, se refiere al procedimiento por el que se va del inicio a un fin determinado.

 

Es así que en relación con este vocablo, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, vigésima primera edición, Espasa Calpe, Madrid, 1992, tomo II, página 2007, lo define, en su segunda acepción, como cada uno de los estados y diligencias que hay que recorrer en un negocio hasta su conclusión, en tanto que, de manera similar, el Diccionario del Español Actual, de Manuel Seco, Olimpia Andrés y Gabino Ramos, Aguilar Lexicografía, Madrid, 1999, volumen II, página 4374, lo identifica como la vía establecida oficial o formalmente para la consecución o resolución de un negocio.

 

En este tenor la tramitación a que se refieren los lineamientos antes mencionados se circunscribe a cada una de las etapas y diligencias del procedimiento regulado hasta su conclusión especialmente en la elaboración del dictamen atinente.

 

Por ende, son aplicables a cada una de estas etapas,  en lo conducente, las normas contenidas en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de ahí que las pruebas, en los procedimientos de referencia, deben ser desahogadas y valoradas de conformidad con la ley adjetiva antes referida.

 

A esta misma conclusión puede arribarse con una interpretación sistemática y funcional de la normatividad electoral en comento, dado que, como se ha puesto de relieve, el propósito de los multicitados lineamientos es fijar las reglas en que deba desarrollarse, de manera específica, el procedimiento genérico de sanción contemplado en la ley electoral federal, y si dentro de las bases que en la misma se instituyen se encuentran las relativas a la elaboración de un dictamen para su sometimiento al órgano resolutor (artículos 81, párrafo 1, inciso w), 86, párrafo 1, inciso l) y 270), y para ello se requiere no sólo integrar el expediente respectivo, sino llegado el momento, la valoración del acervo probatorio, sin cuya realización resulta imposible la correcta emisión de un dictamen, consecuentemente, la remisión que en los lineamientos se contiene, debe entenderse referida a todos aquellos aspectos indispensables para el debido desenvolvimiento procedimental, y que sean omisos con los mencionados lineamientos, en tanto sean conducentes, esto es, acorde con la naturaleza del procedimiento y sus normas básicas.

 

Esta conclusión se corrobora si se toma en cuenta que la interpretación propuesta resulta acorde con la unidad y coherencia del orden jurídico electoral federal, ya que, conforme a los artículos 270, párrafo 6, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,  contra las resoluciones emitidas por el Consejo General del Instituto Federal Electoral relativas a los procedimientos sancionatorios de referencia, cabe interponer el recurso de apelación, el cual debe ser resuelto de conformidad con lo dispuesto en el segundo de los ordenamientos antes mencionados, esto es, debe dirimirse la controversia por un organismo jurisdiccional  con base en los criterios y reglas contenidos en la ley en cuestión.

 

De dicha consideración se hace evidente que las reglas de valoración a que está constreñido el organismo que revise la resolución formulada serían concordantes con las que  aplicadas por los órganos dictaminador y resolutor. En tanto que, una interpretación contraria, podría redundar en evidente incompatibilidad procesal que eventualmente podría traducirse en la revocación de la resolución, puesto que los órganos administrativos no estarían obligados a seguir los criterios de valoración a los que necesariamente se sujetaría este Tribunal al resolver un recurso de apelación con tal objeto, circunstancia  con la que, ciertamente, de manera injustificada, se quebrantaría la coherencia y racionalidad que inspira todo orden normativo.

 

Sentada la precisión precedente, cabe ahora detallar el contenido de las reglas de valoración normadas en los artículos 14 y 16 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, cuyo texto es el siguiente:

 

“ARTÍCULO 14. 1. Para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta ley, sólo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes:

 

a) Documentales públicas;

b) Documentales privadas;

c) Técnicas;

d) Presuncionales legales y humanas, y

e) Instrumental de actuaciones.

 

2. La confesional y la testimonial también podrán ser ofrecidas y admitidas cuando versen sobre declaraciones que consten en acta levantada ante fedatario público que las haya recibido directamente de los declarantes, y siempre que estos últimos queden debidamente identificados y asienten la razón de su dicho.

 

3. Los órganos competentes para resolver podrán ordenar el desahogo de reconocimientos o inspecciones judiciales, así como de pruebas periciales, cuando la violación reclamada lo amerite, los plazos permitan su desahogo y se estimen determinantes para que con su perfeccionamiento se pueda modificar, revocar o anular el acto o resolución impugnado.

 

4. Para los efectos de esta ley serán documentales públicas:

 

a) Las actas oficiales de las mesas directivas de casilla, así como las de los diferentes cómputos que consignen resultados electorales. Serán actas oficiales. Las originales, las copias autógrafas o las copias certificadas que deben constar en los expedientes de cada elección;

b) Los demás documentos originales expedidos por los órganos o funcionarios electorales, dentro del ámbito de su competencia;

c) Los documentos expedidos, dentro del ámbito de sus facultades, por las autoridades federales, estatales y municipales, y

d) Los documentos expedidos por quienes estén investidos de fe pública de acuerdo con la ley, siempre y cuando en ellos se consignen hechos que les consten.

 

5. Serán documentales privadas todos los demás documentos o actas que aporten las partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus pretensiones.

 

6. Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance del órgano competente para resolver. En estos casos, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba.

 

7. La pericial sólo podrá ser ofrecida y admitida en aquellos medios de impugnación no vinculados al proceso electoral y a sus resultados, siempre y cuando su desahogo sea posible en los plazos legalmente establecidos. Para su ofrecimiento deberán cumplirse los siguientes requisitos:

 

a) Ser ofrecida junto con el escrito de impugnación;

b) Señalarse la materia sobre la que versará la prueba, exhibiendo el cuestionario respectivo con copia para cada una de las partes;

c) Especificarse lo que pretenda acreditarse con la misma, y

d) Señalarse el nombre del perito que se proponga y exhibir su acreditación técnica.

 

ARTÍCULO 16.  1. Los medios de prueba serán valorados por el órgano competente para resolver, atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, tomando en cuenta las disposiciones especiales señaladas en este capítulo.

 

2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran.

 

3. Las documentales privadas, las técnicas, las presuncionales, la instrumental de actuaciones, la confesional, la testimonial, los reconocimientos o inspecciones judiciales y las periciales, sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver, los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.

 

4. En ningún caso se tomarán en cuenta para resolver las pruebas ofrecidas o aportadas fuera de los plazos legales. La única excepción a esta regla será la de pruebas supervenientes, entendiéndose por tales los medios de convicción surgidos después del plazo legal en que deban aportarse los elementos probatorios, y aquellos existentes desde entonces, pero que el promovente, el compareciente o la autoridad electoral no pudieron ofrecer o aportar por desconocerlos o por existir obstáculos que no estaban a su alcance superar, siempre y cuando se aporten antes del cierre de la instrucción.”

 

 

De manera sustancial, de la transcripción que antecede se desprenden los siguientes aspectos concernientes a la apreciación probatoria:

 

1.    Los medios de prueba deben ser valorados atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia.

 

2.    Las documentales públicas tendrán valor pleno, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o veracidad.

 

3.    El resto de las pruebas, en ocasiones llamadas  por la doctrina imperfectas, sólo harán prueba plena cuando de las constancias que obren en autos, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida, y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos.

 

Pon ende, a fin de resolver el caso planteado se hace indispensable determinar si, efectivamente, la responsable se ciñó a tales reglas a efecto de sancionar al hoy actor.

 

En esta tesitura, como se anticipó, es criterio de este órgano jurisdiccional que son sustancialmente fundados los motivos de disenso planteados por el incoante, tal y como se desprende del análisis de cada uno de los elementos de convicción que fueron estudiados por la responsable y de su adminiculación, según se demuestra a continuación:

 

La responsable valoró el contenido de una videocinta aportada por el candidato a diputado federal del Partido Revolucionario Institucional en la queja respectiva. El contenido de dicha probanza está consignado en el acta de veintiséis de febrero, la cual se transcribe en lo conducente:

 

“... Al inicio de la filmación, con música estridente de fondo, se aprecia un hombre entrecalvo vestido con pantalón negro y camiseta blanca caminando de espaldas a la cámara por el medio de una calle pavimentada. Este sujeto saluda a otras personas y, a su vez, es saludado por varios individuos; se ven asimismo personas, posiblemente haciendo propaganda, con él y a una mujer sosteniendo una banderola de apoyo al Partido Revolucionario Institucional. Tres automóviles blancos pasan por la calle y varios sujetos se les acercan, uno de los cuales es el hombre entrecalvo del inicio.

 

Cambia la escena y se ve a un grupo de personas con camisetas blancas y gorros con propaganda electoral. Se detiene la imagen para que se vea que entre estos sujetos no identificados se hallan personas vistiendo y portando propaganda tanto del Partido Acción Nacional como del Partido Revolucionario Institucional. Inclusive, se aprecia una banderola que dice “Abel” y el logotipo del Partido Revolucionario Institucional. El sujeto entrecalvo antes mencionado aparece en escena y se acerca a un automóvil.

 

En la toma siguiente la cámara enfoca a diversos sujetos sin identificar, vestidos indistintamente de camiseta blanca con propaganda tanto azul y verde como del Partido Revolucionario Institucional. Aparece una mujer con una camiseta blanca que golpea ligeramente el foco de la cámara con un papel, gira la grabación y se percibe a varios sujetos repartiendo papeles a transeúntes y carros que transitan por el lugar.

 

A continuación se filma otra escena, en la que se muestra una carpa azul junto a la cual se encuentran unas bocinas que emiten fuerte música, así como a cuatro personas, dos de las cuales dialogan entre sí, una es mujer que usa un gorro con propaganda del Partido Acción Nacional y la restante es el hombre entrecalvo que ha aparecido anteriormente. Llegan otros sujetos y se aleja el hombre entrecalvo, sin que sea posible saber que dice, en tanto que se filma un taxi ecológico.

 

Se graba  otra imagen, donde se pueden ver diversas personas vestidas indistintamente con camisetas con propaganda del Partido Revolucionario Institucional y azul y verde; aparecen, al lado de ellos, un carro y una camioneta.

 

Hay empujones y gritos. Se detiene la imagen y se congela la escena para que sea posible apreciar que se amenaza con el palo de un banderín a un hombre que pareciera intenta alejarse. Se reanuda la acción y es posible observar a una mujer portando un gorro con propaganda del Partido Acción Nacional que corre gritando a gente que se aleja, y nuevamente se congela la imagen a fin de que se vea la cara de esa mujer. En la misma toma se advierten ligeros jaloneos a personas vestidas con camisetas con propaganda azul y verde para que la cámara los pueda filmar, en especial se sujeta a un hombre mientras se oye, en “off”, una voz que dice “¿Porqué no volteas? ¡No seas puto!”

 

En la siguiente escena se graba a diversas personas que, con camisetas de propaganda azul y verde aparecen en actitud amenazadora. Se congela la filmación para que se perciba sus caras y poses.

 

Cambia la vista filmada y se ve a cierta distancia la carpa azul en que se puede percibir un logo del Partido Acción Nacional; hay jaloneos entre diversos sujetos que no son identificables, aunque visten camisetas, unos, con propaganda electoral azul y verde  y, otros, del Partido Revolucionario Institucional, al tiempo se ve que una mujer, con camiseta de este último instituto político, sujeta por el cabello por otra persona no identificable, es arrastrada por el suelo.

 

En otra toma se ve al hombre entrecalvo antes mencionado, quien es filmado de frente en medio de un grupo de personas que visten, como él, camisetas con propaganda del Partido Revolucionario Institucional, a las que parece decir algo como “vámonos, vámonos”, mientras manotea. Atrás de ellos, siguiéndolos lentamente, van unas personas que visten camisetas con propaganda azul y verde. Se congela la imagen a fin de que se vea con claridad a tales sujetos.

 

Cambia la imagen y temporalmente aparece en pantalla la fecha “JAN. 29, 2000”. Se ve una banderola del Partido Acción Nacional sostenida en una señal de tránsito, y un grupo de personas vistiendo camisetas con propaganda de ese partido. Se aprecian ligeros manoteos con otros individuos que no aparecen en escena.

 

A continuación, con música de fondo muy fuerte, se percibe la entrevista a una mujer que habla a una radio grabadora portátil y, al fondo, rodeando a la señora, diversas personas están paradas observando.

 

En otra toma se advierte gente vestida con diversas camisetas que contienen indistintamente propaganda del Partido Revolucionario Institucional y del azul y verde, a un sujeto portando una banderola del Partido Acción Nacional, así como jaloneos y discusiones, entre ellos. En tanto, se ve pasar un microbús con franjas azules, imagen con la cual termina la filmación efectiva de la cinta...”

 

Como prueba técnica de las reconocidas en los artículos 271, párrafo 1, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y, 14, párrafo 6, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, dicha video-cinta pertenece a la especie de las privadas, siendo dicho tipo de pruebas desde antaño considerado unánimemente por la doctrina como de tipo imperfecto, ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y la dificultad para demostrar de modo absoluto e indudable las falsificaciones o alteraciones, pues es hecho notorio e indudable que actualmente existen, al alcance común de la gente, un sinnúmero de aparatos e instrumentos, y recursos tecnológicos y científicos para la obtención de imágenes de acuerdo al deseo, gusto o necesidad de quién las realiza, ya sea mediante la edición total o parcial de las representaciones que se quieran captar y de la alteración de las mismas, colocando una persona o varias en determinado lugar y circunstancias o ubicándolas de acuerdo a los intereses del editor, para dar la impresión de que están actuando conforme a una realidad aparente; tal situación es obstáculo para conceder a los medios de prueba como el que se examina, pleno valor probatorio, si no están suficientemente adminiculados con otros elementos que sean bastantes para suplir lo que a éstos les falta.

 

Es decir, para que tales medios probatorios hagan prueba plena, requieren ser perfeccionados o robustecidos con otros elementos, ya sea, entre otros, el reconocimiento expreso o tácito de las personas que participan, un exhaustivo dictamen de peritos, inspecciones judiciales o notariales, pues solo de esa manera podría existir un fundamento lógico para formar en el juzgador cabal convicción; toda vez que de la cohesión de unos con otros, su coincidencia o diferencia con los demás elementos, y conjuntados los de semejante calidad probatoria, unidos los afines y los que se les oponga, se puede determinar si su alcance probatorio es el de prueba plena, respecto a alguno o varios hechos.

 

Por lo mismo, aunque de la mencionada videocinta se apreciaran objetivamente diversos hechos que pudiesen ser actualizantes de alguna causal de responsabilidad, debería adminicularse tal prueba, con otros indicios y elementos probatorios que dieran al juzgador la convicción plena, en virtud de su general coincidencia, de que tales circunstancias en realidad acontecieron.

 

Ahora bien, lo anterior debe ser sopesado de acuerdo a las características particulares de la cinta, a fin de que pueda ser valorada en cuanto a su contenido, en el entendido de que, contrariamente a lo sostenido por el recurrente, su carácter de prueba técnica no se pierde por el hecho de que, en su ofrecimiento, no se hubieran especificado los hechos que se pretendían acreditar, ni se identificaran a las personas ni los lugares, así como tampoco las circunstancias de modo, tiempo y lugar que se reproducen, ya que la naturaleza de estos medios de convicción viene dada por sus características intrínsecas del soporte en el que se contenga la información proporcionada, como se desprende de la primera parte del artículo 14, párrafo 6, de la ley adjetiva aplicable, en el que se describe qué instrumentos se consideran como pruebas técnicas, destacando las fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y, en general, todo elemento aportado por los descubrimientos de la ciencia, siempre y cuando puedan ser desahogadas sin necesidad de peritos o instrumentos accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance del órgano resolutor. En tanto, los requisitos contenidos en la segunda parte del precepto citado no se encuentran dirigidos a conformar la naturaleza de estos medios de convicción, sino que, dadas sus características, constituyen una carga para el oferente cuya inobservancia puede afectar más o menos decisivamente el alcance probatorio del elemento aportado, ya que, sin los mismos, el juzgador no contará con el parámetro necesario sobre aspectos determinados, contenidos en la prueba, que pretenden demostrarse con la misma y que puedan ser contrastados con otras probanzas. Tales requisitos son, por tanto, ad utilitatem y no constitutivos del medio de prueba.

 

En tales circunstancias, como el entonces quejoso omitió particularizar todas aquellas circunstancias, la apreciación de la cinta debe efectuarse con la mera descripción objetiva de lo que de ella se desprende, resultando lo siguiente:

 

a. Como alega el partido actor en su escrito de demanda, no se acreditan de manera fehaciente circunstancias de tiempo y lugar, pues no existen elementos en la grabación que permitan situar los hechos en alguna hora o lugar determinado:

 

1.      Es posible apreciar diversas circunstancias posiblemente llevadas a cabo en calles pavimentadas y los alrededores de algún lugar urbano, sin que sea factible saber el sitio en que están siendo filmados los hechos.

 

2.      No se desprende en que estado de la República acontece lo grabado, ni se determina población, municipio, colonia o calle. Del mismo modo, no se filma algún lugar característico o un monumento que hiciese saber a ciencia cierta la ubicación de lo filmado, ni se graba alguna dirección o casa particular, sino que, fundamentalmente, lo filmado se refiere a áreas urbanas indeterminadas como son calles, terrenos baldíos, y aceras.

 

3.      Tampoco se menciona algún día o fecha en particular, ni se filma alguna circunstancia temporal específica que permitiera suponer que efectivamente lo acontencido se refiere a algún día y hora determinado. Inclusive, durante la filmación, aparece en el recuadro las iniciales de una fecha en idioma inglés, “JAN. 29, 2000”, esto es, veintinueve de enero (january) de dos mil. Dicha fecha, complica aún más la determinación del día y preciso momento al que corresponde lo grabado (aunque se argumentara que fue un error por parte del operario de la cámara), puesto que se dice en el escrito de queja que lo filmado se refiere al veintiuno de mayo de dos mil.

 

b. Como se destaca en los agravios, al igual que en el aspecto precedente, las circunstancias de modo tampoco están acreditadas en la cinta en comento por lo siguiente:

 

1.    La video cinta, a simple vista, se muestra posiblemente editada, pues a lo largo de esta es evidente como alguna persona, por medios técnicos, “congeló” ciertas imágenes para que fueran fácilmente perceptibles algunos momentos que estaba interesada se vieran en particular y, en especial, ciertas actitudes quizá agresivas de determinados sujetos.

 

Por ende, se aprecia que no es una filmación lisa y llana que sencillamente reporte la realidad acontecida en un momento determinado, de la cual pudiera inferirse la naturalidad u originalidad con que la misma fue obtenida sino que, la manipulación de que fue objeto le resta credibilidad y fuerza de convicción, ya que igualmente el  contenido restante bien pudo haber sido modificado o cortado lo filmado a fin de que se vea exclusivamente lo que a sus intereses convenía, sin que esto signifique, por supuesto, que así hubiese sucedido.

 

2.    No se identifica en lo individual, por su nombre, a ninguna de las personas que aparecen en la filmación, si bien se perciben normalmente las caras y los cuerpos de algunos sujetos y, en ocasiones, existen acercamientos que permiten determinar los rasgos fisonómicos de algunos hombres y mujeres, no obstante, en el video no existe ningún dato preciso que permita saber quiénes son las personas que en lo particular aparecen en cada una de las imágenes, mucho menos si en realidad los filmados son los supuestos agresores o si son militantes o simpatizantes de algún partido en particular.

 

3.    Al filmarse los eventos en que aparecen diversas confrontaciones entre dos grupos de personas, tampoco se acredita fehacientemente cuál de los grupos que pareciese está en choque inició la gresca, así como tampoco es posible dilucidar la causa de la confrontación, pues lo único que es factible obtener es a diversas personas riñendo, mas no si la razón de ello se debe a un acto de agresión premeditada o a cualquier otra causa, que inclusive pudiese ser diferente a la electoral.

 

4.    La video cinta no incluye el inicio de la gresca, su total transcurso, ni su final, por lo que por vía de lo filmado es imposible saber el contexto del pleito, ya que sólo se filman escenas muy particulares que cambian constantemente. Por lo mismo no es posible determinar, si es que existieron, al agresor, el agredido, la totalidad de sujetos participantes, el motivo de la riña, los incitadores a la violencia y demás circunstancias que permitan llegar lógicamente a alguna conclusión al respecto de lo filmado.

 

5.    Es importante destacar que si bien se aprecian personas  en actitud agresiva, que portan camisetas con posible propaganda de la coalición Alianza por el Cambio (siendo un hecho notorio que el partido denunciado formó parte de la misma), igualmente se ve en confrontación con estos a personas que portan camisetas con propagan del Partido Revolucionario Institucional, sin que en el video se acredite circunstancia alguna de modo al respecto, pues no se sabe si tales personas efectivamente participaron en un mítin político, que tal hecho efectivamente aconteció y que algunas personas fueron agredidas o insultadas de inicio.

 

6.    Dado lo estridente de la música de fondo es imposible saber, por medios ordinarios, en la mayoría de los casos, las palabras y frases que se pronuncian por los sujetos filmados, por lo que no es posible determinar lo que se dice, salvo en casos muy particulares y determinados. Por lo mismo, el audio que contiene la cinta no ayuda a contextualizar la misma  a efecto de determinar la veracidad de los hechos denunciados, como, por ejemplo, en la entrevista que se hace a una mujer, en que no es posible percibir de forma clara y nítida lo que se le pregunta y lo que ésta responde.

 

Es así que, individualmente consideradas, las circunstancias filmadas de ninguna manera acreditan los hechos narrados por el candidato federal en su escrito de queja, como es que durante un mítin verificado el veintiuno de mayo pasado en General Escobedo, Nuevo León, los simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional hubiesen sido agredidos por los del Partido Acción Nacional y que inclusive el candidato quejoso  hubiese sido lastimado de manera contundente por una militante del partido supuestamente agresor; ya que, para alcanzar tales extremos, los leves indicios que derivan de la cinta analizada (en concreto, las agresiones entre los grupos de personas aparentemente pertenecientes a partidos o fuerzas políticas distintas), requieren ser adminiculados con algún otro medio de convicción, especialmente para corroborar los hechos objetivamente desprendidos del video y, también, para enlazarlos o relacionarlos con las particulares circunstancias en que se dicen ocurrieron.

 

Consecuentemente, de las consideraciones vertidas por la responsable respecto del video de mérito, sólo aquella en la que afirma que del mismo se desprenden agresiones “entre simpatizantes de ambos partidos” resulta adecuada con una correcta valoración de tal probanza (aunque con carácter nuevamente indiciario), en tanto que aquellas en las que sostiene que de la misma se infiere que militantes y simpatizantes participaron en actos de violencia, agrediendo durante actos de proselitismo a los simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional y a su candidato a diputado federal, resultan, en el mejor de los casos, parciales, al no poder obtenerse de este elemento probatorio, siquiera indiciariamente, todas las circunstancias que evidenciaran que, efectivamente, las agresiones se dieron en el marco de un acto proselitista y con motivo de causas estrictamente políticas y no de otra índole.

 

En diversos aspectos, la valoración particular de las “notas periodísticas” aportadas por el candidato denunciante en el procedimiento de queja tampoco pueden generar el grado de convicción que estimó la responsable. A efecto de ilustrar lo anterior, su contenido se transcribe a continuación:

 

 

Denuncia agresión; demanda garantías

 

- Abel Guerra, candidato del PRI a diputado federal resulta agredido por simpatizantes de candidato panista

-        Denuncia hechos ante AMP y demanda garantías a las autoridades estatales.

-        Suspendería su campaña de no recibir respuesta positiva del Gobierno de Nuevo León.

-        Asegura que candidato panista a Escobedo minimiza agresión y solapa a responsables.

-        “No puedo concebir que a un candidato se le trate a sí por militantes de otro partido

 

“Agreden panistas a Abel Guerra; demanda garantías

Por Héctor Hernández

“Una cachetada” que recibió el candidato del PRI a diputado federal por el tercer distrito, Abel Guerra Garza, de parte de una simpatizante del candidato del PAN a la alcaldía de Escobedo, durante una labor de pegoteo originó ayer una trifulca.

Motivo por el cual, el aspirante tricolor, anunció que pedirá hoy garantías de parte del gobernador en funciones y secretario general de gobierno, José Luis Coindreau, y advirtió que de no recibir una respuesta satisfactoria suspenderá su campaña.

El candidato tricolor demandó al gobierno del estado proporcione a los candidatos de todos los partidos las condiciones de seguridad necesarias para el desarrollo del proceso electoral en que la entidad se encuentra inmersa, por lo que ya interpuso la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público número 1 del fuero común con sede en Escobedo.

El priísta explico que realizaba labor de volanteo en varios cruceros en donde asegura que había pedido permiso para su labor proselitista, y que en el crucero de Manuel L. Barragán y Juárez del citado municipio, un contingente de panistas del equipo de campaña del aspirante a munícipe, Alberto López Cruz, se acercó en actitud beligerante, no molestándolos ese hecho. Y que al advertir una actitud de “simpatía” de los automovilistas, una señora a la que ya identificó y denunció, se abalanzó contra él y le dio una cachetada.

“No puedo concebir que a un candidato se le trate de esa manera por un militante (de otro partido)”, lamentó Guerra Garza, dijo que existe un video en donde claramente la persona agresora cuenta y acepta la agresión, al candidato de su partido, por lo que deduce que López Cruz puede, ser el que ordenó la actitud provocadora.

El candidato del PRI refirió que López Cruz expresó no denunciar nada ante el MP, y que al contrario, con sólo decirle al Procurador del Estado éste le mandaría un fiscal hasta el lugar donde se suscitaron los hechos.

Abel Guerra Garza se entrevistará hoy al filo de mediodía con el Gobernador en funciones, para posteriormente trasladarse al IFE y presentar la denuncia correspondiente

 

 

Hacen campaña a cachetadas

 

Pelean en Escobedo panistas y priístas; mujer agrede a Abel Guerra. Por OSVALDO ROBLES.

Las campañas proselitistas pasaron de las propuestas y promesas, a los golpes, patadas y hasta cachetadas ayer en Escobedo.

El equipo de campaña del candidato del PRI a Diputado federal, Abel Guerra; y el del PAN a la Alcaldía, Alberto López Cruz, llegaron a los golpes.

El cruce de las avenidas Prolongación Barragán y Juárez fue el escenario de la “batalla campal” alrededor de las 12:00 horas.

Aunque la llegada de los reporteros Guerra negó que hubiera sucedido algún incidente mayor, al entrevistar a Cruz, el panista acusó al priísta de haber golpeado a una de sus militantes, contestándole una cachetada.

“Llega este hombre (Guerra), empezó a insultarme, incluso me dio unos aventones, y provocándome, y (diciendo) que el Gobierno de Canales no servía para nada y que qué cambio “y empezó a hablar incoherencias que definitivamente no es de un político”, expresó López Cruz.

Teresa Hernández, militante panista presuntamente agredida, aseguró que el candidato a Diputado federal la insultó reiteradamente, por lo que contestó las agresiones verbales con una cachetada a Guerra, que éste respondió de igual manera.

Al presentar una denuncia contra quien resulte responsable por lesiones ante la Agencia No. 1 del Ministerio Público de Escobedo, Guerra reconoció el altercado con la mujer, pero dijo no acordarse de cuál fue su reacción.

“La señora esa se acercó para hacer una reclamación.... cuando yo le dije que no los insultara me dio una cachetada, y yo tuve que aventarla... una cosa así no, no sé la verdad qué hice porque fue una reacción que yo no esperaba”, expresó.

Los priístas mostraron un oficio en el que daban aviso al Ayuntamiento de su presencia en el lugar para realizar propaganda proselitista, mientras que los panistas argumentaron que ningún partido puede reservar las calles.

López Cruz aseguró que aunque los priístas llegaron un poco antes que ellos al lugar, los panistas tenían cuatro domingos realizando proselitismo en ese cruce vehicular. Videos proporcionados por priístas y panistas muestran escenas de golpes de las dos partes.

Un panista resultó lesionado de una costilla e interpuso una denuncia ante la Agencia del Ministerio Público adscrita al Hospital Metropolitano contra Abel Guerra y quién resulte responsable.

Es venganza del Gobierno, asegura Abel.

El pleito que protagonizaron priístas y panistas ayer en Escobedo fue producto de una provocación del Gobierno como respuesta a su petición de citar al director del Registro Civil por la falsificación de actas de nacimiento, señaló ayer Abel Guerra.

El candidato a Diputado federal por el PRI y Alcalde con licencia de Escobedo dijo que su campaña proselitista fue objeto de un complot por criticar los citatorios que un periodista de EL NORTE recibió de parte de las autoridades.

“Seguramente se prestó más para que esa gente, que seguramente no tiene ninguna posibilidad de ganar en Escobedo, venga a ser utilizada por la gente que se sintió agredida por mis declaraciones en cuanto a que hay coyotaje, que ustedes mismos lo descubrieron y que es evidente”, expresó Guerra.

 

Abel Guerra demanda a quien agredió a su comitiva en SN

Por Luis Martín Puga

El candidato del Partido Revolucionario Institucional a la diputación federal, Abel Guerra Garza, interpuso una denuncia penal en contra de quien resulte responsable por la agresión que sufriera, junto a otros integrantes de su comitiva ayer al mediodía, mientras realizaba actos de campaña en el cruce de Juárez y Prolongación Barragán, en San Nicolás de los Garza.

Guerra Garza mostró un permiso que le fue otorgado por la Secretaría del Ayuntamiento del citado municipio para efectuar actos en dicho lugar.

“Nosotros sí teníamos permiso, pero la gente del candidato panista a la alcaldía, Alberto López Cruz, no tenían ningún permiso y llegaron a invadirnos; tratamos de que las cosas no pasaran a mayores pero al final fue imposible”, externó.

El alcalde con licencia de Escobedo manifestó que al ratificar su denuncia  ante las autoridades, presentará una copia del video en donde una mujer admite haberle dado una cachetada.

“Ella lo acepta allí mismo, claramente con sus propias palabras. En otra parte del video se ve cómo otro grupo de mujeres agreden a una muchacha preparatoriana que nos ayuda, la tiran al suelo de los cabellos y la golpean”, expresó.

Tras la zacapela, algunas personas resultaron con lesiones leves como arañazos, algunos hematomas, pero no hubieron heridas de consideración.

“Aquí lo que me preocupa es la falta de garantías para llevar a cabo una campaña de altura”, indicó el exalcalde escobedense.

“Si se nos van a atravesar por todos lados y van a provocar, entonces no es posible seguir adelante, porque no tiene caso exponer la vida y la integridad de quienes nos apoyan”.

Después del incidente, Abel Guerra Garza se trasladó hasta el municipio de Escobedo para interponer una denuncia penal en contra de quien resulte responsable por las agresiones recibidas.

“No queremos que esto pase desapercibido y que se castigue a quien resulte responsable”.

En total, cuatro personas del equipo de Abel Guerra Garza solicitaron  atención médica en la Cruz Roja de Escobedo, para anexar los dictámenes ante el fiscal.

Tras la trifulca, el propio Guerra Garza y el aspirante albiazul Alberto López Cruz dialogaron y convinieron en retirar del sitio a sus respectivos simpatizantes para evitar mayores desaguisados.

La Procuraduría de Justicia del Estado informó haber tomado declaración de una persona del equipo de Alberto López Cruz en su domicilio.

“Creo que alguno de ellos iba a interponer alguna denuncia, pero está bien claro que nosotros estábamos en un sitio con permiso del Ayuntamiento, que por cierto es panista; ellos llegaron sin permiso alguno, lo cual es ya mucha coincidencia.

“Podrán decir lo que quieran, pero nada tenían que hacer en ese sitio. Utilizan a la gente como carne de cañón en su problema, a mí me preocupa la seguridad de quienes me apoyan, porque no les puedes pedir que usen su tiempo para acompañarte y luego exponerlos mientras tú te quedas viendo”, manifestó el abanderado tricolor.

Dijo que de todos modos, afortunadamente no hubo desgracias que lamentar, aunque insistió en su crítica respecto a los modos de contienda que demostraron los militantes del Partido Acción Nacional.”

 

 

Es importante hacer notar en primer término, que, el acervo probatorio contenido en la información antes transcrita no resulta idóneo para acreditar, fehacientemente, las violaciones aducidas, habida cuenta que se trata de copias fotostáticas simples de lo que parecen ser recortes de tres notas periodísticas. Asimismo, en tales reproducciones no se menciona la fecha de su aparente publicación, ni es posible desprender el medio de difusión del que supuestamente fueron tomadas, ya que sólo en dos de ellas, en el extremo superior de las hojas correspondientes, aparece en reducción, del modo que normalmente se suele hacer en las denominadas “síntesis informativas”, unos emblemas que dicen “REGIO” y “DIARIO DE MONTERREY”, respectivamente.

 

Como se ha puesto de relieve, es principio general del derecho procesal, consagrado en el artículo 16, párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que los medios de prueba admitidos deben ser valorados atendiendo a las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, teniendo en cuenta que las documentales privadas gozan de eficacia probatoria plena cuando a juicio del juzgador, de los demás elementos que obren en el expediente, los hechos afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.

 

Por ende, si los documentos en cuestión se tratan de copias fotostáticas simples, su valor probatorio es el de un leve indicio, habida cuenta que los adelantos tecnológicos permiten no sólo la fácil reproducción de un documento determinado, sino también su manipulación o confección en el sentido deseado por quien lo produce o reproduce, al igual que acontece con las pruebas técnicas, como ya se ha razonado con anterioridad.

 

Así, en el mejor de los casos, como ya se sostuvo por este tribunal al resolver el diverso SUP-JRC-489/2000 y acumulado, en sesión pública del veintinueve de diciembre del año pasado, las copias simples de los recortes de notas periodísticas únicamente establecen un leve indicio de que los documentos originales de los que fueron tomados existieron, sin que obre en autos algún otro elemento que permita arribar a esta Sala Superior a la conclusión de que en realidad así aconteció. Aún más, incluso en el supuesto de las copias fotostáticas se encontraran debidamente corroboradas o perfeccionadas con algún otro medio de convicción, ello sólo traería como consecuencia la acreditación de la publicación o difusión de las noticias, más no que los hechos que en los mismos se relatan hubieren acontecido en los términos en los que se sostienen en las mismas.

 

Ahora bien, suponiendo que las notas periodísticas en cuestión fueran auténticas, tampoco de su contenido es posible arribar a una conclusión que permita determinar, de manera cierta y concluyente, que efectivamente los hechos denunciados acontecieron de la manera indicada, como se demuestra a continuación:

 

a.    En el texto de ninguna de las notas periodísticas se afirma que los articulistas responsables de las notas hubiesen estado presentes y hubiesen constatado personalmente los hechos que relatan en sus crónicas, sino que sólo hacen saber lo que otras personas vieron y les dijeron acerca de lo que pensaron sucedió en el evento en cuestión. Por ende, lo relatado en las notas  es una crónica de lo que, en concepto de los entrevistados, ocurrió. Inclusive, las declaraciones de varios individuos ante los medios, que pareciera se hacen constar textualmente, no aparecen en su totalidad, por lo que no existe elemento alguno que obre en autos que permita dilucidar si dichas palabras, posiblemente transcritas,  son perfectamente fidedignas con lo declarado originalmente o si, en su caso, no fueron sacadas de su contexto.

 

b.    Las circunstancias de tiempo y lugar no se encuentran plenamente acreditadas en las notas en cuestión; esto es así pues en ninguna de ellas se señala el día en que acontecieron los hechos que consignan; y por otro lado, una de las notas señala que la gresca se armó en el municipio de Escobedo, Nuevo León, en tanto que otra señala que aconteció en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

 

c.     Las circunstancias de modo tampoco están plenamente acreditadas, pues la información contenida en las notas en cuestión se contradice entre sí, al señalar unas que, según declaró el candidato a diputado federal por el Tercer Distrito Electoral Federal en Nuevo León por el Partido Revolucionario Institucional, los agresores fueron simpatizantes del Partido Acción Nacional; mientras que en otra se señala que, según el candidato panista a Presidente Municipal de General Escobedo, los priístas fueron los agresores y sus correligionarios sólo se defendieron.

 

Desde esta perspectiva, conforme a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, se hace evidente que el hipotético valor probatorio de las notas en cuestión resultaría el de ser muy leves indicios respecto de que acontecieron ciertos actos de violencia, mas no aportarían elementos objetivos que pudieran crear en el juzgador conciencia alguna acerca de la responsabilidad del partido actor, ya que los relatos que en ellas se contienen no guardan la debida correspondencia en relación a si, como se adujo en la queja, fueron el candidato y simpatizantes del Partido Acción Nacional quienes interrumpieron violentamente los actos de campaña del candidato denunciante; si éste fue agredido por una simpatizante panista o fue ella la que recibió insultos y golpes, en primera instancia, de aquél; que todo ello ocurrió en las calles del municipio de General Escobedo, Nuevo León, que se alegaron; ni el día en que presuntivamente acontecieron.

 

Consecuentemente, atento a lo expuesto, le asiste la razón al partido actor cuando sostiene que con las probanzas de mérito no se identifican plenamente las personas participantes ni las circunstancias de modo, tiempo y lugar necesarias para imputar responsabilidad al hoy recurrente, por lo que, de forma opuesta a lo que consideró la responsable, de las copias simples de lo que aparentemente son unas notas periodísticas no es posible desprender válidamente que con las mismas se acreditan la interrupción de los actos proselitistas, ni las agresiones físicas y verbales denunciadas, aspectos que, dicho sea de paso, tampoco son factibles corroborar con el video apuntado, conforme a lo razonado en párrafos precedentes.

 

Del mismo modo, contrariamente a lo motivado en la resolución combatida, las circunstancias apuntadas no son susceptibles de colegirse de la denuncia de hechos ni del informe rendido por el Vocal Ejecutivo que corren agregadas en autos.

 

En efecto, la denuncia de hechos que, ante la Delegada del Ministerio Público investigador del Ramo Penal adscrita al Tercer Distrito Judicial en el Estado de Nuevo León con residencia en la ciudad de General Escobedo, levantó Abel Guerra Garza, el veintiuno de mayo de dos mil, contiene las declaraciones del deponente respecto de las agresiones verbales sufridas por él y sus colaboradores durante la realización de actos de proselitismo en General Escobedo, Nuevo León, por parte del candidato del Partido Acción Nacional a la presidencia municipal, de nombre Alberto López, quien, se dice, le agredió en compañía de sus simpatizantes,  en especial de una mujer que inclusive le golpeó.

 

Dicha denuncia, por principio de cuentas, fue aportada en copia simple, razón por la cual, según se ha razonado, tiene el carácter de débil indicio de que el documento original cuando menos existió, sin que tal posibilidad se encuentre debidamente corroborada en autos por algún otro elemento probatorio.

 

Suponiendo que así fuera, su contenido debe ser analizado  como meras declaraciones del candidato del Partido Revolucionario Institucional ante el ministerio público, habida cuenta que la autoridad en cuestión no presenció ni certificó haber apreciado personalmente los hechos manifestados, por lo que no es racionalmente desprendible que dichos actos en realidad acontecieron; sino, simplemente, que tal candidato se querelló, dando su personal posición sobre los hechos,  ante esa autoridad investigadora, a fin de que se iniciara, “en caso de que resultara un delito que se sigue a petición de la parte ofendida”, con el procedimiento penal correspondiente.

 

En esta tesitura, no debe perderse de vista que, al provenir del mismo denunciante estas declaraciones, sólo pueden ser valoradas dentro de un contexto de meras confesiones ante autoridad, que ciertamente, de resultar falsas, podrían irrogarle algún tipo de responsabilidad penal, aunque para que de las mismas pudiera derivarse un efecto probatorio mayor que el de un leve  indicio, tendría que relacionársele con algún otro medio idóneo de convicción, o bien, que las declaraciones de marras fueran contrarias a los intereses ordinarios del deponente, pues la experiencia enseña que, normalmente, ningún sujeto denuncia aquellas conductas que le podrían resultar desventajosas o perjudiciales; o, igualmente, que los hechos descritos hubieren sido asentados por la autoridad o algún otro fedatario público, al constarle directamente.

 

Sostener lo contrario implicaría desnaturalizar tal documental, dotándola de un carácter impropio en relación al  que originalmente está determinado, lo cual sería contradictorio con la postura asumida por esta Sala Superior en otros asuntos, criterio que se encuentra plasmado en la tesis relevante que lleva por rubro “PRUEBAS DOCUMENTALES. ALCANCE DE LAS”, identificada con el número S3EL051/98, consultable en la página 75, del segundo suplemento de “Justicia Electoral”, Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

 

Por todo lo expuesto, la denuncia en cuestión genera, a lo más, un muy leve indicio y no una presunción propiamente hablando, como indebidamente lo sostuvo la responsable, ya que la presunción implica, en materia probatoria, la derivación de un hecho desconocido por la fuente relación de causalidad de otro que se encuentra plenamente demostrado, extremos que en la especie no se surten, ya que ni siquiera se encuentra acreditado que el quejoso hubiere presentado querella alguna.

 

Por cuanto hace al informe rendido por el Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva 03 del Instituto Federal Electoral en el estado de Nuevo León, tampoco tiene los alcances probatorios que le fueron conferidos en la resolución atacada, puesto que, como argumenta el recurrente, a dicho funcionario no le consta la relación partidista de los implicados, como tampoco explica la razón de su dicho.

 

El informe de mérito deviene, en principio, como una documental pública con carácter probatorio pleno, salvo la constatación exitosa en contra respecto de su validez o autenticidad, de conformidad con los artículos 111, párrafo 1, inciso j), 269, párrafo 3, y 271, párrafo 1, inciso a), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 14, párrafos 1, inciso a), y 4, inciso b), y 16, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como los apartados 12, 13 y 15 de los lineamientos generales para el conocimiento de las faltas administrativas y de las sanciones, previstas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, detallados con anterioridad.

 

Sin embargo, tales efectos sólo los tiene el documento en sí mismo considerado, esto es, se tendrá plena certeza respecto de lo que fue informado, más no, necesariamente, que el contenido de dicha información guarde las mismas características probatorias, en razón de que, atendiendo a la variedad de situaciones que pueden presentarse, a través de este tipo de documentos, se pueden aportar al procedimiento datos concretos acerca de actos o hechos resultantes de la documentación, archivos o registros con que cuenten tales autoridades, por el ejercicio de las atribuciones que tienen encomendadas (como parece ser la hipótesis contenida en el artículo 270, párrafo 6, del código citado); dar cuenta de hechos acaecidos en su despacho; o bien, realizar un examen o pesquisa de ciertos hechos o circunstancias, supuesto bajo el cual podría tratarse de una especie de inspección o reconocimiento (como lo autorizarían los apartados 12 y 13 de los lineamientos invocados), independientemente de los demás elementos probatorios que, con motivo de estas actividades, hubiere lícitamente obtenido. Obviamente, la valoración que corresponda, dependerá del tipo o clase de información que sea rendida al superior que la solicitó.

 

En el presente asunto, únicamente en el aspecto que interesa, el funcionario en comento hizo del conocimiento del Secretario Ejecutivo del Instituto que José Alberto López Cruz era candidato registrado del Partido Acción Nacional a la presidencia municipal de General Escobedo, Nuevo León, en tanto que Teresa Hernández Santana (posible agresora del candidato quejoso) era militante de dicho partido, según las “constancias enviadas con antelación”.

 

De una pormenorizada revisión de la legislación electoral aplicable, esta Sala Superior advierte que ni las juntas distritales ejecutivas del Instituto Federal Electoral, ni algún otro órgano de esta entidad, cuenta con atribuciones para llevar un registro o archivo de los candidatos postulados por los partidos políticos a los cargos de elección popular en las entidades federativas, particularmente a las alcaldías municipales, así como tampoco ninguna de dichas autoridades administrativas se encuentra facultada para llevar un registro o padrón de los afiliados, militantes o simpatizantes de los partidos políticos nacionales, en mérito de lo cual, la obtención de tal información debió obedecerse a alguna causa distinta que el ejercicio del ámbito competencial que tienen conferido.

 

No obstante, del documento en análisis no es factible obtener por cuál medio el vocal ejecutivo de mérito tuvo conocimiento de las afirmaciones que realiza, dado que se limita a apuntar que se basa en las “constancias enviadas con antelación”, esto es, los elementos de prueba originalmente aportados en el procedimiento de queja, siendo que, según se ha constatado, de ninguno de ellos es válido desprender semejantes consecuencias.

 

Ciertamente, este órgano jurisdiccional sostiene que para tener por cumplida la razón del dicho de quien ofrece un testimonio o informe no se requiere, ineludiblemente, que se de explicación expresa de los motivos o circunstancias que permitieron tuviera conocimiento de los hechos o actos de los que da cuenta, ya que aquellos pueden tenerse por satisfechos por alguna otra causa, como por ejemplo, que fuera vecino de los lugares en los que acontecieron los hechos relevantes, o bien, desempeñara alguna profesión, actividad comisión que hiciera válidamente presumir que, por tal razón, tuvo que tener conocimiento de ellos, aspectos que, desde luego, no se presentan en la especie, ya que del hecho de que el funcionario que rindió el informe se desempeñe como Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva 03 del Instituto Federal Electoral en el estado de Nuevo León, conforme los artículos 71, párrafo 1, inciso b), 82, párrafo 1, inciso j) y 108, párrafo 1, incisos a) y b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y con base en el acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se establece la demarcación territorial de los trescientos distritos federales uninominales en que se divide el país, así como el ámbito territorial de cada una de las circunscripciones plurinominales, la capital federativa que será cabecera de cada una de ellas y el número de diputados por el principio de representación proporcional que habrán de elegirse en cada circunscripción plurinominal en las elecciones federales de 1997, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de diciembre de mil novecientos noventa y seis, sólo es viable deducir que bien pudo tener conocimiento del nombre del candidato panista, a efecto de su corroboración, toda vez que dicho distrito electoral uninominal federal tiene cabecera en el municipio de San Nicolás de los Garza y comprende el norte de éste municipio junto con el de General Escobedo; que las campañas electorales son profusamente promovidas a través de diversos medios (estaciones de radio y televisión locales, volantes, propaganda pintada en casas y edificios o carteles fijados en la vía pública), así como a la natural propensión de estos funcionarios a mantenerse actualizados de la vida política de su comunidad por el carácter especializado que les identifica a los integrantes del cuerpo de la Función Directiva del Servicio Profesional Electoral (artículos 27, fracción I, y 28, fracción II, del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral).

 

Es con base en estas máximas de la experiencia que este tribunal deduce la fuente que tuvo el vocal ejecutivo señalado para sostener que José Alberto López Cruz fungía como candidato registrado (ante las autoridades locales competentes) del partido hoy actor a la alcaldía de General Escobedo, más de ello no es posible desprender que hubiere cometido los hechos que se le imputan, así como tampoco es posible colegir los elementos que le permitieron asegurar que Teresa Hernández Santana es militante del mismo instituto político ni su participación en los hechos denunciados, por lo que deviene ilegal la valoración probatoria que le adjudicó la responsable en la resolución reclamada al considerar que con esta probanza se corroboraba la presunción obtenida de las notas periodísticas y de la denuncia de hechos anteriormente mencionadas.

 

Ahora bien, la adminiculación del conjunto de pequeños indicios relacionados o deducidos que pudieren derivarse de las probanzas controvertidas tampoco conduce a demostrar plenamente la responsabilidad que se le imputa al hoy partido actor, como indebidamente lo hizo el consejo responsable, dado que todos ellos tienen como característica común la de ser muy leves, al provenir de materiales probatorios de escasa confiabilidad, por las facilidades existentes para su elaboración, modificación o alteración por la generalidad de las personas, así como también muchos de los hechos concretos a que se refieren distan de constituir partes de alguna importancia dentro del conjunto en el que fueran relatados por el candidato quejoso, ya que, salvo las presuntas manifestaciones del propio denunciante, contenidas tanto en las copias simples de la querella presentada ante el ministerio público como en las informaciones periodísticas, de ningún otro medio probatorio se obtiene que el candidato y simpatizantes del Partido Acción Nacional hubieren interrumpido, por medios violentos, las actividades proselitistas de aquél, de ahí que, en realidad, se desconocen fehacientemente las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que supuestamente acaecieron los hechos con los que están relacionadas.

 

Bajo esta condiciones, no es posible formar una o varias unidades probatorias con todo este material con la resistencia suficiente de verosimilitud y certeza. No es óbice para concluir lo anterior la existencia en autos de otros documentos que, siendo valorados por la responsable no fueron objeto de pronunciamiento expreso por  el recurrente en su escrito de demanda, habida cuenta que, en todo caso, su correcta apreciación en nada cambiaría el razonamiento que se ha formulado.

 

En efecto, corren agregados al expediente el oficio en que  Rolando Martínez Chávez, Presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional, informó al Presidente Municipal de Escobedo, Estado de Nuevo León que los días veinte y veintiuno de mayo se llevarían a cabo actos proselitistas (sin especificarse el candidato que estaría promoviendo su postulación) en tres diferentes lugares de ese municipio, así como el diverso, de diecinueve de mayo de dos mil, en que el Secretario del Ayuntamiento de Escobedo acordó de conformidad.

 

Tales probanzas, de las cuales la responsable dedujo que efectivamente se habían desarrollado actos de campaña en el lugar que afirmaba el quejoso acontecieron los hechos denunciados, fueron aportadas en copia simple, por lo que, se reitera, por sí mismas no producen convicción sobre la veracidad de sus contenido, esto es, sobre si en verdad se hizo la solicitud respectiva y sobre si a la misma recayó un acuerdo de la autoridad municipal.

 

Menos aun, por supuesto, de dichos documentos puede concluirse que, necesariamente, tales actos hayan acontecido.

 

Asimismo, su apreciación conjunta con el resto del acervo probatorio tampoco conduciría al objetivo demostrativo deseado, ya que este se encuentra compuesto por otros tantos de copias simples, que no producen plena eficacia probatoria, por lo que su adminiculación con los datos en ellas contenidos quedaría en la misma categoría de ineficaces; en tanto que su relación con el video y el informe rendido por el vocal ejecutivo, en modo alguno provocaría derivar presuncionalmente las conductas reclamadas como ilegales, atento a las consideraciones que ya han sido vertidas en párrafos precedentes. De ahí que, las tesis citadas en la resolución impugnada, no puedan ser aplicadas válidamente en el asunto que atañe, pues como en las mismas se explicita, se requiere la acreditación de ciertos hechos para de ellos desprender, a través de un enlace necesario o categórico, aquellos que se desconocen, extremos que, en ningún caso, se pueden tener por actualizados.

 

En consecuencia, dadas las consideraciones vertidas, es innegable que no se demuestran suficientemente los hechos con los cuales se pretendió justificar el supuesto incumplimiento del partido actor a algunas de las obligaciones que le impone el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo que no era jurídicamente viable, con las pruebas aportadas, la emisión de una resolución condenatoria o sancionatoria, sin que con ello se violentara el principio de presunción de inocencia que informa al sistema normativo mexicano, atento a lo establecido en los artículos 14, apartado 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ambos instrumentos ratificados por nuestros país, de conformidad con el artículo 133 constitucional, los días veinticuatro y veinticinco de marzo de mil novecientos ochenta y uno, publicados los días veinte y siete de mayo siguiente, respectivamente, los cuales invoca esta Sala Superior conforme al artículo 23, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

 

Dicha presunción jurídica se traduce en un derecho subjetivo de los gobernados a ser considerados inocentes de cualquier delito o infracción jurídica, mientras no se presente prueba bastante para destruir dicha presunción, en el entendido que, como principio de todo Estado constitucional y democrático de derecho, como el nuestro, extiende su ámbito de aplicación no sólo al ámbito del proceso penal sino también cualquier resolución, tanto administrativa como jurisdiccional, con inclusión, por ende, de la electoral, y de cuya apreciación se derive un resultado sancionatorio o limitativo de los derechos del gobernado.

 

Por efecto de este principio, en la esfera procesal o procedimental, se cuenta con al menos dos funciones que controlan la arbitrariedad de los órganos estatales.  La primera consiste en asignar la carga de la prueba al acusador o autoridad investigadora, a quienes corresponde probar la culpabilidad del acusado o presunto infractor; y, la segunda, para fijar el quantum de la prueba, esto es, para que la culpabilidad quede probada más allá de toda duda razonable o, en otras palabras, que el juzgador no albergue duda alguna sobre la ocurrencia de los hechos, ya que, en caso contrario, debe operar como criterio auxiliar de interpretación la máxima que recoge el brocardo latino “in dubio pro reo”, manifestación del principio de presunción de inocencia, y que obliga a absolver en caso de duda sobre la culpabilidad o responsabilidad del acusado.

 

Esta regla de interpretación benéfica para todo inculpado de cualquier tipo de responsabilidad ha sido sostenida por los tribunales federales de nuestro país prácticamente de manera unánime. Por ejemplo, a continuación se transcriben, a título ilustrativo, los criterios sostenidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito:

 

DUDA SOBRE LA RESPONSABILIDAD DEL REO” La dubitación sólo puede fundar un fallo absolutorio cuando la duda surge en la mente del juzgador o existe insuficiencia en la prueba, ya que entonces se debe aplicar a favor de los imputados el principio jurídico de “in dubio pro reo”

 

Amparo directo 1371/52. Por acuerdo de la Primera Sala, de fecha 8 de junio de 1953, no se menciona el nombre del promovente. 22 de julio de 1953. Unanimidad de cuatro votos. Ausente Luis G. Corona Redondo. Ponente: Teófilo Olea y Leyva.

 

 

“DUDA ABSOLUTORIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO” El aforismo “in dubio pro reo” no tiene más alcance que el consistente en que en ausencia de prueba plena debe absolverse al acusado

 

Amparo en revisión 135/93. Abel de Jesús Flores Machado. 10 de agosto de 1993. Unanimidad de votos.

Amparo directo 340/93. José Jiménez Islas. 19 de agosto de 1993. Unanimidad de votos:

Amparo directo 331/93. Gilberto Sánchez Mendoza y otro. 7 de octubre de 1993. Unanimidad de votos.

Amparo directo 531/93. Alfredo Cázares Calderón. 8 de diciembre de 1993. Unanimidad de votos:

Amparo en revisión 415/93. César Ortega Ramírez. 13 de enero de 1994. Unanimidad de votos.

 

 

Por lo mismo, en la especie, al no poder desprenderse, del acervo probatorio atinente, plena convicción respecto de la responsabilidad del partido inculpado, en los hechos que se le imputan, no era válido emitir una resolución sancionatoria.

 

En consecuencia, por todo lo anteriormente expuesto procede revocar la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, con motivo de la queja administrativa tramitada en el expediente JGE/QAGG/JD03/NL/157/2000, de treinta de enero pasado.

 

Atento a las consideraciones y fundamentos vertidos, se

 

R E S U E L V E

 

ÚNICO.- Se revoca la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Federal Electoral,  con motivo de la queja administrativa tramitada en el expediente JGE/QAGG/JD03/NL/157/2000, de treinta de enero pasado.

 

Notifíquese personalmente al actor en el inmueble sito en Ángel Urraza 812, colonia del Valle, en esta capital; por oficio a la autoridad señalada como responsable, acompañando copia certificada de la presente sentencia; y, a los demás interesados, por estrados.

 

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

 

Así lo resolvió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por UNANIMIDAD de seis votos de los señores magistrados que la integran en ausencia del magistrado José de Jesús Orozco Henríquez, previo aviso, ante el Secretario General de Acuerdos quien autoriza y da fe. Conste.

 

 

PRESIDENTE DE LA SALA SUPERIOR

MAGISTRADO

JOSÉ FERNANDO OJESTO MARTÍNEZ PORCAYO

MAGISTRADO

MAGISTRADO

LEONEL CASTILLO GONZÁLEZ

JOSÉ LUIS DE LA PEZA

MAGISTRADO

MAGISTRADA

ELOY FUENTES CERDA

ALFONSINA BERTA NAVARRO HIDALGO

MAGISTRADO

MAURO MIGUEL REYES ZAPATA

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

FLAVIO GALVÁN RIVERA