RECURSO DE APELACIÓN

 

EXPEDIENTE: SUP-RAP-014/2003

 

ACTORES: RAÚL ÁLVAREZ GARÍN, ANTONIO MARTÍNEZ TORRES, CAROLINA VERDUZCO RÍOS Y GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

 

TERCERO INTERESADO: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

 

MAGISTRADO: JOSÉ DE JESÚS OROZCO HENRÍQUEZ

 

SECRETARIO: CARLOS VARGAS BACA

 

México, Distrito Federal, a diez de abril de dos mil tres. VISTOS para resolver los autos del expediente citado en el rubro, relativo al recurso de apelación promovido por los ciudadanos Raúl Álvarez Garín, Antonio Martínez Torres, Carolina Verduzco Ríos y Gerardo Fernández Noroña, en contra de la resolución de veinticuatro de septiembre de dos mil dos, dictada por el Consejo General del Instituto Federal Electoral en el expediente JGE/QRAG/CG/005/2002, respecto de la denuncia presentada por los referidos ciudadanos en contra del Partido de la Revolución Democrática respecto de hechos que consideran constituyen infracciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y

 

R E S U L T A N D O

 

I. El trece de marzo de dos mil dos, los ciudadanos Raúl Álvarez Garín, Antonio Martínez Torres, Carolina Verduzco Ríos y Gerardo Fernández Noroña, ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, presentaron una denuncia en contra del Partido de la Revolución Democrática por hechos que consideraron constituían infracciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, relacionados, en su opinión, con la indebida integración de las mesas directivas de casilla que habrían de recibir la votación del proceso interno del referido partido para renovar a sus dirigentes.

 

II. El veinticuatro de septiembre de dos mil dos, el Consejo General del Instituto Federal Electoral dictó resolución respecto de la denuncia precisada en el resultando anterior, cuyo contenido, en lo que interesa, es el siguiente:

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL RESPECTO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL C. RAÚL ÁLVAREZ GARÍN Y OTROS, EN CONTRA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR HECHOS QUE CONSIDERAN CONSTITUYEN INFRACCIONES AL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES.

 

Distrito Federal, a 24 de septiembre de dos mil dos.

 

VISTOS para resolver los autos relativos al expediente identificado con el número JGE/QRAG/CG/005/2002, al tenor de los siguientes:

 

R E S U L T A N D O S

 

I. Con fecha trece de marzo de dos mil dos se recibió en la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral el escrito signado por los CC. Raúl Álvarez Garín, Antonio Martínez Torres, Carolina Verduzco Ríos y José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, quienes se ostentan como militantes del Partido de la Revolución Democrática, en el que denuncian hechos que consideran constituyen infracciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismos que hacen consistir primordialmente en:

 

“(...)

 

Hechos

 

1. El VI Congreso Nacional del partido determinó aprobar un nuevo estatuto que tenía como una de sus reformas centrales el darle poder a las bases del partido creando una estructura organizativa que partiera de crear comités de base territoriales a lo largo y ancho de la nación y, comités de base por actividad.

 

2. La importancia que se asignó a la conformación de comités de base fue tal, que para poder votar, un afiliado del partido además de estar en el listado de miembros del PRD, debe estar integrado a un comité de base (artículo 5° del Estatuto).

 

3. Para conformar los comités de base, el partido se dio una serie de metas tanto en su Estatuto como en la Reglamentación adicional (Reglamento de Ingreso y Membresía (RIM); y Reglamento General de Elecciones y Consultas-RGEyC).

 

4. Previo a la conformación de los comités de base, el partido debería determinar el ámbito territorial de los mismos. Para ello, los comités municipales deberían proponer la territorialidad y los comités ejecutivos estatales deberían ratificarla. La versión de estas demarcaciones (guía amarilla) debería estar en agosto del 2001, para culminar su actualización el 15 de enero del 2002 (artículo tercero transitorio del RIM).

 

5. Los comités ejecutivos del partido en todos sus niveles no crearon las guías amarillas, a tal grado que un pleno del IV Consejo Nacional determinó crear un artículo 5 (sic) transitorio del RGEyC que fijaba la fecha del 25 de enero para entregar la versión actualizada de las guías amarillas, con lo cual quedaron dos fechas para entregar las guías amarillas la fijada por el RIM y la marcada por el RGEyC.

 

6. Todavía el 5 de marzo en una reunión del Comité Ejecutivo Nacional, con dirigentes estatales, candidatos, el Servicio Electoral y la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia se seguían discutiendo las guías amarillas y no existía una versión definitiva de las mismas.

 

7. Una vez delimitados los ámbitos territoriales, entre noviembre de 2001 y enero de 2002, deberían integrarse los comités de base. Esto implicaba que se tuviera el listado de miembros de cada comité de base, se les convocara y ellos eligieran un comité ejecutivo interino de su comité de base (artículo cuarto transitorio del Estatuto). Por supuesto no se constituyó ni se constituiría previo a los comicios del 17 de marzo un solo comité de base.

 

8. El IV Consejo Nacional reconoció que no podría integrar los comités de base en las fechas establecidas en el Estatuto y haciendo una reforma ilegal, incluyó en el citado artículo 5 (sic) transitorio del RGEyC la determinación de que la simple presentación de las guías amarillas implicaba la integración de los comités de base. En otras palabras se simulaba la integración de estos comités.

 

9. A pesar de la ilegalidad, el IV Consejo Nacional acordó sí integrar los comités de base. Así las cosas acordaron –en el multicitado artículo 5 (sic) transitorio del RGEyC- que durante el mes de febrero se trabajaría en la organización de los comités de base. En otras palabras, durante febrero se integrarían. No se integró uno solo.

 

10. A pesar de lo anterior y de que sólo se habían determinado los ámbitos territoriales para sacar las elecciones del 17 de marzo y no para crear la estructura organizativa desde la base, el Servicio Electoral realizó la insaculación de afiliados para conformar las mesas directivas de casilla.

 

11. La no conformación de los comités de base implicaba de ipso que en los comicios de marzo no se eligieran los presidentes de comités de base y, por ende, no puedan integrar los consejos municipales debido a que éstos se integran por los presidentes de los comités de base y los presidentes y secretarios generales de los comités municipales.

 

12. Pero el hecho en que queremos centrarnos es que al violentar todo el proceso previo y ante la inexistencia de la estructura orgánica acordada por el VI Congreso Nacional, se pasó a suplantar a los funcionarios de casilla.

 

13. El RGEyC establece que treinta días antes de los comicios se deberían insacular los funcionarios de casilla (artículo 53, numeral 1, inciso a) y que la única forma de integrar a éstos era por la insaculación (artículo 53 del citado reglamento).

 

14. El Servicio Electoral insaculó 24 afiliados por cada ámbito territorial en la fecha señalada y nos entregó en disco compacto los funcionarios insaculados.

 

15. El 2 de marzo debía publicar en un diario nacional la ubicación e integración de las mesas de casilla. Ese día, apareció un encarte de 84 páginas en el diario nacional “La Jornada” en que aparecían direcciones pero no había un solo nombre de los 78,000 funcionarios de casilla que ahí deberían publicarse. El encarte costó más de un millón de pesos al partido y fue dinero tirado a la basura.

 

16. Al día de ayer (12 de marzo), seguían “trabajando en la integración de las mesas de casilla y habían acordado que ante la no aceptación de los funcionarios de casilla, los dos principales contendientes (Rosario Robles y Jesús Ortega) propondrían a los funcionarios de casilla. Para ello usaban el eufemismo que los comités estatales “coadyuvarían” para la integración de las mesas de casilla con el Servicio Electoral (acuerdo del 5 de marzo del CEN y dirigentes estatales).

 

17. El asunto es tan grave que no coinciden los funcionarios de casilla insaculados con los que recibieran (sic) las votaciones el 17 de marzo si es que se empeñan en efectuar los comicios.

 

Violaciones

 

Las violaciones son múltiples como se puede desprender de la revisión del capítulo de “Hechos aquí presentado. Sin embargo, hemos querido centrarnos en la integración de las mesas de casilla. Así las cosas señalamos las siguientes ilegalidades:

 

1. Treinta días antes de las elecciones debió efectuarse la insaculación de las mesas de casilla. Esta se efectuó en la fecha establecida (artículo 53 numeral 1 inciso a), pero se violentaron los requisitos previos y no se cumplieron los requisitos adicionales, a saber, notificar a los insaculados (artículo 53 numeral 1, inciso c, del citado reglamento). No se les convocó a la capacitación correspondiente ni se les tomó protesta (mismo artículo). Tampoco se determinó al presidente de la casilla por insaculación como lo determina la normatividad (artículo 53, numeral 1 inciso d).

 

2. No se publicó la integración y domicilio de las mesas de casilla el 2 de marzo (25 días antes) como lo determina el RGEyC (artículo 54 numeral 3). De hecho, el encarte publica en “La Jornada” equivoca el sustento legal planteado que publica el mamotreto de 84 páginas con fundamento en el artículo 54 numeral 4.

 

3. El disco compacto de los funcionarios insaculados no corresponde con los funcionarios de casilla designados para recibir la votación el 17 de marzo. Así las cosas, no se respetaron los mecanismos de integración determinado por el RGEyC. Ningún órgano del partido incluido el Servicio Electoral puede designar mesas de casilla de otra manera que no sea la insaculación.

 

4. Al integrar las mesas de casilla con gente diferente a la insaculada se da una de las causales establecidas para anular la votación de las casillas donde se dé esta situación. El artículo 74 numeral 1 inciso d a la letra dice sobre las causas para anular la votación de una casilla: “d) que personas u organismos distintos a los facultados por el presente reglamento hayan recibido la votación en las casillas durante la jornada electoral.”

 

5. Si bien la jornada electoral aún no se efectúa, es claro que la votación será recibida por gente ajena a los funcionarios insaculados. Por ende, la elección será nula, pues se pueden impugnar la TOTALIDAD de las casillas y se tiene el sustento legal pues sólo basta cruzar la información de los funcionarios insaculados por cada casilla con los designados por el Servicio Electoral para constatar que se está violando la más elemental legalidad a tratar de sacar los comicios de cualquier manera.

 

6. La recepción de funcionarios de casilla por gente ajena a la que deben integrar las mesas de casilla no sólo viola nuestras normas internas, también pasa por encima de un principio vigente desde hace muchos años en nuestras leyes electorales.

 

7. De efectuarse las elecciones bajo estas condiciones, se estaría tirando a la basura los más de veinte millones de pesos designados por el PRD para estos comicios. Éstos son recursos públicos que se deben cuidar.

 

8. El IFE está facultado para vigilar que los partidos respeten el COFIPE y su normatividad interna (artículo 82, numeral 1, inciso h de este código). También están facultados para intervenir cuando los partidos no usen las prerrogativas con apego a la legalidad. En éste caso (sic), el PRD está violando la normatividad interna, la legalidad, las reglas democráticas, la seriedad y la transparencia de sus procesos. Hay elementos más que suficientes para solicitar al PRD un informe al respecto y solicitarle que detenga su proceso ilegal de elecciones internas.”

 

Anexando la siguiente documentación:

 

a) Copia simple de la credencial para votar de los CC. Raúl Álvarez Garín y Carolina Verduzco Ríos.

 

b) Copia simple de la credencial que acredita al C. José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña como miembro del Partido de la Revolución Democrática.

 

c) Un ejemplar del Reglamento General de Elecciones y Consultas del Partido de la Revolución Democrática.

 

d) Un ejemplar del Reglamento de Ingreso y Membresía del Partido de la Revolución Democrática.

 

e) Un ejemplar del encarte relacionado con la integración de las mesas directivas de casilla que serían instaladas en la elección interna del Partido de la Revolución Democrática a celebrarse el 17 de marzo de 2002, que según el dicho de los quejosos habría sido publicada en el periódico “La Jornada” el día 2 de marzo de 2002.

 

f) Copia simple de la resolución de la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia del Partido de la Revolución Democrática recaída al expediente 600/NAL/01 y acumulado 624/NAL/01.

 

g) Copia simple del escrito de fecha 20 de febrero de 2002, suscrito por los CC. Raúl Álvarez Garín, Carolina Verduzco, Antonio Martínez Torres y Gerardo Fernández Noroña, presentado ante la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia del Partido de la Revolución Democrática el 21 de febrero de 2002.

 

h) Copia simple del escrito de fecha 20 de febrero de 2002, suscrito por los CC. Raúl Álvarez Garín, Carolina Verduzco, Antonio Martínez Torres y Gerardo Fernández Noroña, presentado ante la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia del Partido de la Revolución Democrática el 22 de febrero de 2002.

 

i) Copia simple de cuatro escritos, todos de fecha 18 de febrero de 2002, suscritos por los CC. Raúl Álvarez Garín, Carolina Verduzco, Antonio Martínez Torres y Gerardo Fernández Noroña, presentados ante la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia del Partido de la Revolución Democrática el 22 de febrero de 2002.

 

j) Copia simple del escrito de fecha 18 de febrero de 2002, suscrito por los CC. Raúl Álvarez Garín, Carolina Verduzco, Antonio Martínez Torres y Gerardo Fernández Noroña, presentado ante la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia del Partido de la Revolución Democrática el 18 de febrero de 2002.

 

k) Copia simple del escrito sin firma, de fecha 21 de enero de 2002, dirigido a la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia del Partido de la Revolución Democrática.

 

l) Copia simple del escrito de fecha 3 de diciembre de 2001, suscrito por los CC. Raúl Álvarez Garín, Carlota Botey Estapé y José Gerardo Fernández Noroña, presentado ante la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia del Partido de la Revolución Democrática en esa misma fecha.

 

m) Copia simple del escrito de fecha 5 de diciembre de 2001, suscrito por el C. Gerardo Fernández Noroña, presentado ante la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia del Partido de la Revolución Democrática en esa misma fecha.

 

n) Copia simple del escrito de fecha 19 de febrero de 2002, suscrito por el C. Gerardo Fernández Noroña, con sello de la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia del Partido de la Revolución Democrática, sin que se aprecie la fecha de presentación.

 

o) Copia simple del escrito signado por los CC. Jesús Zambrano Grijalva y Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, en su carácter de Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional y Presidente del Servicio Electoral del Partido de la Revolución Democrática, en el que constan los acuerdos sobre la realización del proceso electoral interno del 17 de marzo de 2002, de fecha 5 de marzo de 2002.

 

II. El catorce de marzo de dos mil dos, los CC. Raúl Álvarez Garín, Antonio Martínez Torres, Carolina Verduzco Ríos y José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, presentaron escrito ante la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, mediante el cual manifestaron lo siguiente:

 

“(...) por este medio damos alcance a nuestro escrito de fecha 13 de marzo del actual (...) con el que entregamos una copia de los afiliados insaculados en dicho compacto y una copia de las mesas de casilla en un disco de 3.5 pulgadas.”

 

Anexando la siguiente documentación:

 

a) Un disco compacto.

 

b) Un disco magnético de 3.5 pulgadas.

 

III. Por acuerdo de fecha veinte de marzo de dos mil dos, se tuvieron por recibidos en la Secretaría de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral los escritos señalados en los resultandos I y II, ordenándose integrar el expediente respectivo, el cual quedó registrado en el libro de gobierno con el número de expediente JGE/QRAG/CG/005/2002 y emplazar al Partido de la Revolución Democrática, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 14, 16 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 270, párrafo 2 y 271 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

 

IV. Mediante oficio JGE/026/2002, de fecha veintiséis de marzo de dos mil dos, suscrito pro el Secretario de la Junta General Ejecutiva de este Instituto, con fundamento en los artículos 14, 16 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 38, párrafo 1, incisos a) y s); 82, párrafo 1, incisos h) y w); 84, párrafo 1, incisos a) y p); 85, 86, párrafo 1, incisos d) y l); 87, 89, párrafo 1, incisos ll) y u); 189, párrafo 1, inciso d); 269, 270, párrafo 2 y 271 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los artículos 13, 14, 15, 16, 26, 27 y 28 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 15 y 16 del Reglamento del Consejo General para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de las Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se emplazó al Partido de la Revolución Democrática, para que contestara lo que a su derecho conviniera en relación con los hechos imputados a su representada.

 

V. El veintiséis de marzo de dos mil dos, los CC. Raúl Álvarez Garín, Carolina Verduzco Ríos, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña y Marco Aurelio Sánchez, presentaron un escrito ante la Presidencia del Consejo General del Instituto Federal Electoral, mediante el cual manifestaron lo siguiente:

 

“(...) acudimos al I.F.E. (...) para presentar elementos adicionales a la queja que presentamos el pasado 13 sobre actos realizados por diversos órganos de nuestro instituto político que presumimos son violatorios de nuestro Estatuto y de la reglamentación vigente y que con motivo de nuestras elecciones internas se han agudizado y multiplicado.

 

Hechos

 

1. Como ya mencionamos el pasado 13 de marzo presentamos una queja ante el IFE por diversas violaciones graves al Estatuto y reglamentación interna existente en nuestro partido.

 

2. En ese escrito, solicitábamos que la queja se respondiera en un plazo de 48 horas, se citara a los dirigentes del Partido y se determinara la improcedencia e ilegalidad de las elecciones internas por violentar nuestra normatividad.

 

3. A pesar de las múltiples irregularidades generadas previo a los comicios, decidimos centrar nuestro alegado en la suplantación de la inmensa mayoría de funcionarios de casilla que fungirían el día de las elecciones internas.

 

4. El 14 de marzo, el IFE nos respondió por conducto de su secretario ejecutivo, Fernando Zertuche Muñoz, que debido a los plazos vigentes en la legislación respectiva no era posible responder en el tiempo solicitado.

 

5. El citado documento de respuesta, mencionaba también que en ningún caso la impugnación podría tener efectos suspensivos sobre el acto o resolución impugnada. En cambio establecía con claridad la facultad del IFE para investigar actos que presumiblemente sean violatorios de la legalidad establecida en la ley electoral y la reglamentación correspondiente.

 

6. A la fecha el IFE no nos ha notificado la aceptación o no de nuestra queja, aunque nos pareció una aceptación implícita la respuesta que se nos entregó al día siguiente de presentada nuestra queja.

 

7. De cualquier manera, se han generado nuevos acontecimientos, que evidencian de manera aun (sic) más clara, las graves violaciones cometidas en torno a nuestros comicios internos y la ilegalidad de los mismos.

 

8. El 17 de marzo pasado, a pesar de nuestros reclamos y razones fundadas, se efectuaron los comicios internos del PRD. De entrada, el presidente del Servicio Electoral del Partido, ha reconocido que no se instalaron el 17% de las casillas del universo total a instalarse.

 

9. Sumado a lo anterior, se han anunciado anulaciones en varias entidades, como Veracruz e Hidalgo, que sumados a las irregularidades en diversos lugares, incrementa las casillas anuladas (de ipso o por determinación del Servicio Electoral) en más del 30%.

 

10. Hasta el día de hoy, no se conocen cifras precisas del total de votantes y menos aun (sic) el resultado de las siete elecciones adicionales a los comicios del presidente y secretario nacional del Partido.

 

11. De hecho es evidente que las elecciones de comités de base del Partido en lo general no se efectuaron. Es claro también que por eso, no se podrán integrar los consejos municipales, pues el Estatuto determina que éstos se integran con los presidentes de los comités de base de los municipios.

 

12. De igual manera se desconoce la situación de las elecciones de delegados a congresos estatales y nacionales, de consejeros en ambos niveles y de los resultados de votación casilla por casilla.

 

13. Sólo se han dado a conocer ‘resultados’ de las encuestas de salida y conteos rápidos que han demostrado poca seriedad y dudas sobre el profesionalismo de las empresas que realizaron esa tarea (Mund, Mitofsky, Alduncin y Parametría) ya que ninguna de ellas dio a conocer en sus sondeos el porcentaje tan alto de casillas no instaladas, lo que sin duda afecta el resultado del sondeo y que siendo tan grande y notorio el porcentaje, es injustificable la ausencia de información al respecto y la explicación del grado de afectación que esta irregularidad tiene sobre los sondeos. Así las cosas, las empresas han servido a sus contratantes y han contribuido a enrarecer aun (sic) más el ambiente político.

 

14. En un trabajo de análisis efectuado por el Movimiento de Bases Insurgentes del PRD sobre la suplantación de funcionarios de casilla en el Distrito Federal hemos encontrado que el 88% de los funcionarios de casilla no fueron insaculados y que sólo el 12% en teoría asumió sus funciones. Faltará revisar las actas de esas casillas para ver si en estos casos no hubo más irregularidades. En el caso del 88% irregular estamos seguros que aún los suplantadores fueron también suplantados el día de la jornada electoral, agudizando la ilegalidad, aunque el simple hecho de que en el 88% de las casillas hayan recibido la votación gente ajena a los afiliados insaculados para ser la mesa directiva de la casilla da por sí mismo elementos suficientes para anular las elecciones en el 88% del universo de las casillas.

 

15. El MOBI tiene en un disco compacto que aquí entregamos, el cruce de la información: en sombreado (o en amarillo) aparecen los afiliados que fueron presidentes de casilla y debajo de ellos, aparecen los afiliados que fueron insaculados. Cuando el nombre del presidente coincide con el siguiente de la lista y tiene el domicilio del afiliado, ese funcionario fue producto de la insaculación (sucede ello en el 12% de los casos). Cuando el nombre no aparece en el listado de insaculados que le acompaña es que el afiliado no fue insaculado.

 

16. El 88% de casillas en el D.F. recibió la votación con personas ajenas a las determinadas por el Reglamento General de Elecciones y Consultas del Partido y genera la causa de nulidad establecida en este reglamento (artículo 74 inciso d). Ello daría la nulidad del 9.5% de las casillas totales del país, lo qu, (sic) salvo algunas posibles duplicidades, sumado al 17% de casillas no instaladas da un 26.5% de casillas anuladas, que rebasa con mucho el 20% exigido para anular una elección en su totalidad establecido en el artículo 75, numeral 1, inciso b del RGEyC.

 

17. El porcentaje de funcionarios suplantado en el ámbito nacional es superior al 88% existente en el D.F. Para ello, si se solicita, se puede realizar una muestra representativa para acreditar el porcentaje de funcionarios suplantados. De cualquier manera la suma del D.F. más las casillas no instaladas reconocidas, rebasa el 20% exigido en el artículo 75, numeral 1 incisos a y b del RGEyC para anular un proceso de elección del partido.

 

Violaciones

 

A las violaciones que denunciamos en el documento de queja entregado el 13 de marzo del presente se suman las siguientes.

 

1. La suplantación demostrada del 88% de los funcionarios de casilla en el D.F.

 

2. La suplantación de un porcentaje mayor de funcionarios de casilla en el ámbito nacional. Ambos aspectos son causa de anulación de esas casillas y por lo tanto de la elección, pues se rebasa con mucho el porcentaje del 20% de las mismas (artículo 74 del Reglamento General de Elecciones y Consultas).

 

3. La no instalación reconocida por las autoridades electorales del PRD del 17% de las casillas, sumado a la anulación de la elección en varias entidades y diversas regiones del país, con lo cual se supera con mucho el porcentaje requerido del 20% de las casillas.

 

4. La inexistencia de resultados oficiales casilla por casilla y de cada una de las ocho elecciones que en teoría se realizaron el 17 de marzo pasado.

 

5. La presentación parcial y en consecuencia interesada de encuestas de salida y conteos rápidos que buscan desinformar a la opinión pública y que pretenden imponer por la vía de los hechos la aceptación de un ganador en una jornada desorganizada, irregular, ilegal y simuladora.

 

6. La no realización del cómputo nacional apegada a la legalidad pues no se presentó una sola acta de cómputo estatal como lo exige el artículo 62 del RGEyC.

 

7. Con lo anterior, no sólo se violan artículos precisos del Estatuto y del Reglamento General de Elecciones y Consultas, sino además el espíritu de los mismos fundamentos en la legalidad, la democracia, la institucionalidad y la responsabilidad política.

 

8. Si los órganos internos del partido avalan los comicios pasados a pesar de las ilegalidades, se violentaría de manera grave la legalidad interna y se estaría violando lo establecido en el COFIPE (artículo 82 numeral 1 inciso h) y se tendría que dar paso a lo establecido en el artículo 270 del citado ordenamiento.

 

9. Sumado a lo anterior, la manera irresponsable en que han actuado dirigentes y órganos del partido, ha generado un dispendio de recursos públicos que excede los 20 millones de pesos que originalmente dispuso el Partido gastar en los comicios internos, con ello se da el supuesto establecido en el artículo 82 numeral 1 inciso i (...)”

 

Anexando la siguiente documentación:

 

a)  Escrito de fecha veintiséis de marzo de dos mil dos, signado por los CC. Raúl Álvarez Garín, Carolina Verduzco Ríos, Marco Aurelio Sánchez, Antonio Martínez Torres y Gerardo Fernández Noroña, dirigido a la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia del Partido de la Revolución Democrática.

 

b)  Copia simple del escrito signado por los CC. Jesús Zambrano Grijalva y Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, en su carácter de Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional y Presidente del Servicio Electoral del Partido de la Revolución Democrática, en el que constan los acuerdos sobre la realización del proceso electoral interno del 17 de marzo de 2002, de fecha 5 de marzo de 2002.

 

c)  Copia simple del desplegado suscrito por la C. Rosario Robles, publicado en el diario “La Jornada”, de fecha 8 de marzo de 2002.

 

d)  Copia del documento titulado “Informe que el Comité General de Servicio Electoral (CGSE), presenta ante el Pleno del III Consejo Nacional Extraordinario, del 9 y 10 de abril, de la elección interna para Consejeros Nacionales, Presidente y Secretario General del Partido de la Revolución Democrática, realizada el 14 de marzo de 1999”.

 

VI. Por acuerdo de fecha cuatro de abril de dos mil dos, se tuvo por recibido el escrito señalado en el resultando anterior, se ordenó agregarlo al expediente JGE/QRAG/CG/005/2002 y dar vista con copia del escrito y anexos al Partido de la Revolución Democrática, para que dentro del término de cinco días contestara por escrito lo que su derecho conviniese y aportara las pruebas que considerara pertinentes, en el entendido que de no hacerlo en la forma y plazo señalados, se formularía el dictamen correspondiente con los elementos con que se contara.

 

VII. Mediante oficio JGE/027/2002, de fecha cinco de abril de dos mil dos, suscrito por el Secretario de al Junta General Ejecutiva de este Instituto, con fundamento en los artículos 14, 16 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 38, párrafo 1, incisos a) y s); 82, párrafo 1, incisos h) y w); 84, párrafo 1, incisos a) y p); 85, 86, párrafo 1, incisos d) y l); 87, 89, párrafo 1, incisos ll) y u); 189, párrafo 1, inciso d); 269, 270, párrafo 2 y 271 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los artículos 13, 14, 15, 16, 26, 27 y 28 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 y 16 del Reglamento del Consejo General para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de las Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se dio vista al Partido de la Revolución Democrática con copia del escrito presentado ante la Presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral el día veintiséis de marzo de dos mil dos, para que contestara lo que a su derecho conviniera en relación con los hechos imputados a su representada.

 

VIII. El día cinco de abril del presente año, el C. Pablo Gómez Álvarez, en su carácter de Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, dentro del plazo legal, dio contestación en tiempo y forma a la queja interpuesta en su contra, manifestando lo siguiente:

 

“CAPÍTULO DE IMPROCEDENCIA

 

Toda vez que el estudio de las causales de improcedencia resulta preferente en el estudio del asunto que nos ocupa, se precisarán en primer término tales causales, al tenor del criterio de jurisprudencia siguiente:

 

5. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA, SU ESTUDIO ES PREFERENTE.- SU ESTUDIO ES PREFERENTE.- (Se transcribe).

 

PRIMERA

 

El artículo 10, numeral 1 inciso a) fracción III, primera parte, del ‘Reglamento del Consejo General para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas Establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales’, establece para  los procedimientos como el que ahora nos ocupa:

 

Artículo 10. (Se transcribe)

 

Los quejosos en el procedimiento al que se comparece, no acreditan la personería con que se ostentan, pues se manifiestan como militantes del Partido de la Revolución Democrática, sin ofrecer o aportar elemento probatorio alguno que demuestre el vínculo jurídico que dicen tener con mi representada.

 

En el  caso concreto y tal como se desprende de su escrito inicial los ahora actores reclaman presuntos actos que indican les causan  perjuicio en su calidad de militantes del Partido de la Revolución Democrática. Por ende, para poder acreditar que los presuntos actos o hechos les causan algún daño a su acervo jurídico, es premisa fundamental y requisito sine qua non para procedencia de la queja instaurada en contra de mi representada, que los actores hubieran acompañado al momento de la presentación de la denuncia el documento idóneo para acreditar su carácter de militantes, lo cual no ocurre en la especie, pues como los mismos quejosos refieren en su escrito ofrecen en algunos casos copias simples de credenciales de elector o credenciales de afiliación al Partido de la Revolución Democrática, y en el caso del supuesto ciudadano Marco Aurelio Sánchez no se anexa elemento alguno, no obstante que los mismos se ostentan como militantes del Partido de la Revolución Democrática y ciudadanos mexicanos.

 

Esto es, en la calidad en que se manifiestan tuvieron la oportunidad de exhibir las constancias de registro o inscripción que los acredite como miembros del Partido de la Revolución Democrática y que les permitiría ser titulares de derechos y obligaciones de las normas internas del partido, sin embargo pretenden acreditar el vínculo jurídico que supuestamente los une con el Partido de la Revolución Democrática con documentos que, por si mismos, carecen de valor probatorio y que no pueden ser idóneos para acreditar un primer presupuesto de procedibilidad de la queja interpuesta.

 

La obligación de acreditar la militancia a un partido político en los procedimientos con naturaleza como la del que ahora nos ocupa, ha sido criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver los Recursos de Apelación identificados con los números de expedientes SUP-RAP-042/2000, SUP-RAP-046/2000, y el Juicio de Protección de los Derechos Políticos y del Ciudadano, con el número de expediente SUP-JDC-125/2001. En el primero de los expedientes mencionados, nuestro máximo Tribunal Jurisdiccional en Materia Electoral ha establecido que resulta indispensable para el quejoso en esta clase de procedimientos acreditar su militancia, en aquellos casos en que alegue un perjuicio en su acervo jurídico derivado de dicha calidad de militante de un partido político. En el caso del tercero de los juicios mencionados (Juicio de Protección de los Derechos Políticos y del Ciudadano) la Sala Superior del Tribunal Electoral sostiene que, por cuestiones de seguridad jurídica, es menester tener "certeza de la existencia del actor, de que es el autor del escrito inicial y de su voluntad de vincularse a la substanciación del proceso y la resolución que en su caso se pronunciara.

 

Dentro del último de los expedientes citados (SUP-JDC-125/2001), el órgano jurisdiccional de marras realizó consideraciones respecto al tópico de la siguiente manera:

 

'uno de los presupuestos procesales, indispensables para la integración válida de la relación jurídica procesal de los medios de impugnación, es la existencia y vinculación al proceso de los sujetos que constituyen las partes del litigio sometido al conocimiento y decisión del órgano jurisdiccional, como son el que comúnmente recibe el nombre o la denominación de actor, promovente, demandante, quejoso, impugnante etcétera, que pretende en nombre propio o cuyo nombre pretende la decisión o su equivalente (como en su caso de la autoridad responsable) a quien se les atribuye la resistencia a la pretensión, frente a la cual esa actuación es exigida, de tal modo que cuando no exista alguna de esas partes o no se encuentre realmente vinculada al juicio, en los términos exigidos por la ley y requeridos por la constitución, esto impide jurídicamente la sustitución y decisión del proceso.'

 

En este orden de ideas, las personas que solicitan el inicio del procedimiento, en algunos casos al anexar copia simple de las que afirman son sus constancias de afiliación al partido político que represento (o más aún copias de credencial de elector), incumplen con la obligación de acreditar su interés jurídico en la causa, pues dichos documentos los aportan en copia simple, careciendo de cualquier clase de valor probatorio, según ha sido criterio reiterado de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial Federal, y que son del tenor siguiente:

 

Séptima Época

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: 205-216 Primera Parte

Página: 157

 

COPIAS  FOTOSTÁTICAS.   CONSTITUYEN  UN  MEDIO  DE PRUEBA DIVERSO DE LOS DOCUMENTOS PRIVADOS.(Se transcribe)

 

Novena Época

Instancia:      SEGUNDO      TRIBUNAL      COLEGIADO      DEL DUODÉCIMO CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: V, Enero de 1997

Tesis: XII.2o.9 K

Página: 515

 

PERSONALIDAD,   COMPROBACIÓN   DE   LA.   DEBE   SER

PLENA Y DIRECTA. (Se transcribe)

 

Octava Época

Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: XIV, Julio de 1994

Tesis:VI.2o.335 C

Página: 708

 

PERSONALIDAD,   FALTA  DE,   Y FALTA  DE ACCIÓN.(Se transcribe)

 

Por otro lado, el mismo artículo 10 numeral 1 inciso a) del 'Reglamento del Consejo General para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas Establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales', establece el momento procesal para aquellos que necesiten de acreditar su legitimación ad causam lo hagan, esto es, en aquellos casos en que se necesite acreditar la legitimación en la causa de pedir, y que en el caso concreto los quejosos instauran la denuncia ostentándose como militantes del Partido de la Revolución Democrática, sin que hayan acompañado al momento de la presentación de la denuncia respectiva documento idóneo por virtud del cual acrediten su calidad de militantes, pues no debe pasar desapercibido para esta autoridad, por un lado que las copias simples de un documento no puede ser modo alguno la instrumental ideal para vincular la calidad militante que pretenden los quejosos con mi representada, y por otro lado, que es la etapa de la presentación de la queja respectiva el momento exacto para acreditar la personería del actor.

 

De esta forma, al no estar aprobado en autos que los quejosos cuentan con algún vínculo jurídico con el instituto político que represento, es claro que no pueden causarles ningún perjuicio los presuntos hechos por los que se quejan, esto es, no cuentan con interés jurídico en la causa y por tanto debe desecharse de plano su escrito de queja. No debe pasar desapercibido para esta autoridad, que los quejosos en sus puntos petitorios, claramente señalan la afectación de derechos de integrantes del Partido de la Revolución Democrática por las presuntas violaciones por las que se inconforman.

 

SEGUNDA

 

De igual manera, se actualiza la causa de desechamiento prevista por el artículo 13 inciso d) del ya citado 'Reglamento del Consejo General para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas Establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales', el cual señala textualmente:

 

'Artículo 13

La queja o denuncia será desechada cuando:

[...]

d) No se hubiesen ofrecido o aportado pruebas ni indicios en términos del artículo 10 del presente Reglamento:

 

El artículo 10 numeral 1 inciso a) fracción V del mismo reglamento establece:

 

'Artículo 10

1. La queja o denuncia podrá ser presentada por escrito, en forma oral o por medios de comunicación eléctricos o electrónicos.

a) La queja o denuncia presentada por escrito, deberá cumplir los siguientes requisitos:

[...]

V. Ofrecer o aportar las pruebas o indicios con que se cuente.

[...]

 

Como puede apreciarse, el reglamento en la materia dispone expresamente como una causa de desechamiento de las quejas, el que no se hubiesen ofrecido o aportado pruebas ni indicios en términos del artículo 10 del Reglamento.

 

El mencionado artículo 10 del reglamento, establece como requisito ineludible para inconforme que presenta una queja por escrito, el de ofrecer o aportar pruebas o indicios.

 

En el caso que nos ocupa, los quejosos presentaron una queja por escrito sin acompañar o al menos ofrecer probanza alguna que les permitiera acreditar sus afirmaciones. Por el contrario, se limitan a realizar una serie de imputaciones sin ningún sustento probatorio, motivo por el cual su queja debe ser desechada conforme a lo dispuesto por el ya referido artículo 13 inciso d) del reglamento en la materia

 

TERCERA

 

De igual manera, de la lectura integral del escrito de queja que se contesta, lleva a concluir la actualización de la causal de desechamiento que se establece en el artículo 13, inciso c) del citado Reglamento para el conocimiento de las quejas administrativas. Así, se desprende que los quejosos, pretenden situaciones ajenas a las reglas y naturaleza del procedimiento para el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

 

En efecto, las pretensiones centrales de los quejosos estriban en solicitar al Instituto Federal Electoral que en un término de 48 horas resolviera la queja en cuestión, determinando suspender el proceso de elección interna del partido que represento, pretensiones por demás fútiles y pueriles, al respecto el citado precepto reglamentario establece lo siguiente:

 

Artículo 13

 

La queja o denuncia será desechada cuando:

(...)

c)  Resulte frivola,  es  decir,  los hechos o argumentos resulten intrascendente, superficiales, pueriles o ligeros.

(...)

 

Asimismo, la frivolidad del escrito que se contesta es patente al momento de que los propios quejosos al referirse lo que en su concepto denominan 'violaciones', indican que:

 

‘Las violaciones son múltiples como se puede desprender de la revisión del capítulo de "Hechos" aquí presentado. Sin embargo, hemos querido centrarnos en la integración de las mesas de casilla. Así las cosas señalamos las siguientes ilegalidades:’

 

Como puede apreciarse, los quejosos reclaman violaciones 'legales' en razón de un procedimiento de integración de mesas de casillas de la elección interna del Partido de la Revolución Democrática, siendo que los quejosos más adelante reconocen que dentro del sistema electoral interno (con referente en el sistema electoral establecido en las leyes electorales de nuestro país), de ser el caso, existen vías y mecanismos estatutarios para determinar el apego a los estatutos y demás reglas internas para corregir o determinar la validez de los actos reclamados.

 

Así, de las propias 'violaciones' reclamadas por los quejosos, se reconoce que en caso de que en alguna casilla se demostrase en su oportunidad (en el momento procesal oportuno) que la violación se reciba por personas no facultadas se actualizaría eventualmente alguna causal de nulidad de la votación; apreciaciones que además de subjetivas devienen en inverosímiles al pretender que se prejuzgue sobre la validez de una futura votación que no se había verificado al momento de la formulación de la reclamación.

 

De acuerdo a lo anterior, resulta aplicable el criterio de jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se cita a continuación:

 

RECURSO   FRÍVOLO.   QUE   DEBE   ENTENDERSE   POR.- (Se transcribe)

 

Aunado a lo anterior, en diversos criterios sustentados a la fecha por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el máximo órgano jurisdiccional en la materia ha sostenido la importancia que implica que, en una queja, antes de todo, se reúnan los requisitos mínimos para iniciar el procedimiento administrativo sancionatorío, de tal suerte que esta autoridad debe analizar los hechos de denuncia con el fin de constatar que sean razonablemente verosímiles y susceptibles de constituir una irregularidad sancionada por la ley, lo que implica, en opinión del Tribunal, que necesariamente en las quejas se anexen pruebas con características de idoneidad y eficacia, para contar, cuando menos con indicios suficientes que permitan presumir la realización de la conductas denunciadas. Dentro la resolución del Recurso de Apelación identificado con el de expediente SUP-RAP-047/2000, el mencionado Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, señaló lo siguiente:

 

[...] si se llegase a presentar una denuncia de hechos inverosímiles, o siendo ciertos carecen de sanción legal, no se justificaría el inicio de un procedimiento como tampoco cuando los hechos, materia de la queja, carecen de elemento probatorio alguno, o bien los acompañaos carecen de valor indiciarío, que los respalde; de darse estas circunstancias, la denuncia caería en la frivolidad, pues la eficacia jurídica de pedir del denunciante se limitada por a subjetividad que revisten los argumentos asentados en el escritorio que las contenga."

 

Ahora bien, aún cuando se reconoce la facultad de investigación que este órgano electoral tiene, para verificar la certeza de las afirmaciones contenidas en la queja, cabe señalar que (a decir del propio tribunal) esta atribución tiene como condición que existan elementos aún de carácter indiciario que permitan arribar a que existe la factibilidad jurídica de llegar a la comprobación de los mismos, pero como puede observarse del escrito de queja en estudio, es imposible ejercitar la facultad de investigación puesto que no se cuenta con un sólo elemento probatorio -aún de carácter indiciario- que conduzca a tal fin, de tal suerte que las manifestaciones hechas valer por los promoventes devienen de suyas, en simples manifestaciones personales, genéricas, abstractas y sin sustento jurídico para siquiera iniciar un procedimiento sancionatorío mucho menos para pensar en la posibilidad de una sanción al partido que represento.

 

Cabe señalar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la resolución emitida con motivo del Recurso de Apelación SUP-RAP-042/2000, señaló que la etapa previa de desahogo de denuncia, debe analizarse en aras de la seguridad jurídica de los gobernados, en la que desde luego participan los partidos políticos, que la autoridad cuente seriamente con indicios de la responsabilidad del denunciado y los elementos probatorios que sustenten tal conclusión, de tal manera que ante la ausencia de uno de estos dos requisitos esenciales lo procedente es el desechamiento de la queja

 

En tales condiciones y ante lo evidente de la ausencia de material probatorio que sustenten -aún en su carácter de indicio- los extremos de las afirmaciones de los quejosos, lo procedente es el desechamiento de la queja interpuesta.

 

Tampoco debe pasar desapercibido para esta autoridad, que el Consejo General, al resolverse el expediente Q-CFRPAP-33/00 PRD VS PRI, resolvió tres consideraciones esenciales, para desechar la entonces queja presentada por el Partido de la Revolución Democrática, que a saber son las siguientes:

 

a) Que los procedimientos sanciónatorios no pueden, ni deben iniciarse sin que se encuentre debidamente acreditada cuando menos una presunta responsabilidad,

 

b) Que una queja que se presentaba sin material probatorio, resultaba notoriamente frívola, y que representaban únicamente inferencias no sustentadas del actor,

 

c) Que un procedimiento de queja puede involucrar situaciones jurídicas del denunciado, y que por seguridad jurídica, los requisitos la probable responsabilidad del denunciado y del material probatorio que la sustente, deben considerarse por orden jurídico como requisitos mínimos de procedibilidad de los procedimientos sancionatorios,

 

d) Que la ausencia de tales elementos traen como consecuencia el desechamiento de la queja instaurada.

 

Como se dijo, tales consideraciones sustentadas por el órgano superior de dirección de este Instituto y ratificadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (al resolver el recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-042/2000, de fecha veintiséis de febrero de dos mil uno), por lo que este cuerpo colegiado respetando un principio mínimo de congruencia debe desechar la queja interpuesta.

 

A efecto de robustecer lo manifestado sirve de referencia, en lo conducente, el siguiente criterio de jurisprudencia

 

QUEJAS      SOBRE     FINANCIAMIENTO.      PROCEDIMIENTO PRELIMINAR QUE DEBE SATISFACERSE PARA SU TRÁMITE.(Se transcribe)

 

EXCEPCIONES

 

1. La de falta de acción y de derecho.- Se hace valer la excepción de falta de acción y de derecho, puesto que los quejosos en su escrito reclaman de mi representada supuestas violaciones legales derivadas del presunto incumplimiento de normas internas, relacionadas con la etapa previa a la elección de órganos de dirección y representación del Partido de la Revolución Democrática.

 

En ese sentido, desde este momento señalo a esta autoridad que tales situaciones resultan revisables a través de las vías estatutarias del partido político que en este acto represento, además que las reclamaciones resultan extemporáneas al pretender que se califique la validez del proceso electoral interno y los resultados que, a futuro, arrojaría dicho proceso. Luego entonces, los quejosos carecen de acción para reclamar por la presente vía supuestas violaciones a las normas que rigen la vida interna del Partido de la Revolución Democrática.

 

Asimismo, el objeto de las reclamaciones resulta inexistente y no se deriva, presume o infiere de lo reclamado por los quejosos, afectación a derechos estatutarios o legales, ni agravio alguno que depare perjuicio a los quejosos o a los miembros de mi partido. En consecuencia también se verifica la carencia del derecho que se reclama por la presente vía.

 

Como puede apreciarse, los quejosos carecen de acción y de derecho para solicitar al Instituto el inicio de un procedimiento en contra de mi representado, pues su solicitud está encaminada a que se revoquen actos internos del Partido de la Revolución Democrática y para que se modifiquen actuaciones de su elección interna, lo cual escapa a las atribuciones del Instituto Federal Electoral.

 

Asimismo, se plantea la excepción de falta de acción y de derecho, pues en ninguna parte del escrito de los quejosos se puede apreciar que soliciten el inicio de un procedimiento administrativo de sanciones en contra de mi representado en los términos de lo dispuesto por el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

 

Al efecto, basta una simple lectura de los puntos petitorios de su infundado escrito, los cuales señalan a la letra:

 

'Por lo anteriormente expuesto y fundado: SOLICITAMOS, (sic)

 

PRIMERO. Tener por presentada en tiempo y forma la presente queja.

 

SEGUNDA. (sic) Que por ser de obvia y urgente resolución el IFE (sic) determine sobre la misma en un plazo máximo de 48 horas pues de lo contrarío los daños al partido, a su patrimonio y el dispendio de recursos públicos será irreparable, además de la afectación de los derechos de miles de perredistas.

 

TERCERO. Sean citados los dirigentes del partido para informar sobre estos actos y recabar la información necesaria que permita confirmar las violaciones al Estatuto, a los Reglamentos y a los derechos de la membresía perredista(sic)

 

CUARTO. Determinar la improcedencia e ilegalidad de los comicios internos del partido y solicitar la suspensión temporal del proceso hasta que sea repuesto el procedimiento y cumplimentados los requerimientos estatutarios y reglamentarios correspondientes.

 

QUINTO. Comunicarnos en el plazo solicitado su determinación en torno a esta queja.

(...)

 

Por su parte, en el punto 8 ocho arábigo del capítulo de su escrito de queja, que denominan 'violaciones', sostienen textualmente:

 

“(...)

 

8. EL IFE (sic) está facultado para vigilar que los partidos respeten el COFIPE (sic) y su normatividad interna (artículo 82, numeral 1, inciso h, de este Código (sic). También están facultados para intervenir cuando los partidos no usen las prerrogativas con apego a la legalidad. En este caso, el PRD (sic) está violando su normatividad interna, la legalidad, las reglas democráticas, la seriedad y la transparencia en sus procesos. Hay elementos más que suficientes para solicitar al PRD un informe al respecto y solicitarle que detenga su proceso ilegal de elecciones internas.

(...)”

[el subrayado es nuestro]

 

Como puede apreciarse, los quejosos carecen de acción y de derecho para solicitar al Instituto el inicio de un procedimiento en contra de mi representado, pues su queja está encaminada a que este órgano constitucional autónomo determine "la improcedencia e ilegalidad de los comicios internos" del partido político que represento, así como a que decrete la suspensión temporal del mismo y se reponga " el procedimiento".

 

Es decir que, los inconformes pretenden que el Instituto Federal Electoral revoque, suspenda o deje sin efectos actos internos del Partido de la Revolución Democrática, particularmente diversas actuaciones realizadas en el desarrollo de su elección interna, lo cual se encuentra fuera de las atribuciones del Instituto.

 

Los únicos facultados para acceder a las peticiones de los inconformes (en el supuesto no aceptado de que fueran fundadas), serían las instancias internas del propio partido, pues el Instituto Federal Electoral carece de facultades constitucionales y legales para intervenir revocando o modificando actos realizados en una elección interna de un partido político.

 

En efecto, de una lectura minuciosa y una correcta interpretación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales puede apreciarse con meridiana claridad que no existe disposición alguna que faculte al Instituto a intervenir en la vida al interior de los partidos políticos, calificando la validez de sus elecciones internas.

 

No existe algún precepto constitucional o legal que permitiera, al menos inferir, que el Instituto puede realizar actos encaminados a revisar un proceso interno de elección de dirigentes en un partido político. Con mayor razón, no existe previsión alguna que le faculte para decretar su suspensión temporal, la improcedencia o ilegalidad de los mismos.

 

No debe pasar desapercibido para esta autoridad que, por disposición expresa de los artículos 16 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 69 párrafo 2 y 73 párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, su actuación se encuentra constreñida al principio de legalidad, el cual consiste en que las autoridades sólo pueden realizar aquello para lo cual están expresamente autorizadas por la leyes.

 

En el presente caso, no existe precepto constitucional o legal que establezca una facultad (explícita o implícita), para que el Instituto intervenga en la vida interna de un partido político calificando sus comicios internos. Mucho menos que le autorice o prorrogar, modificar, suspender o dejar sin efectos, actos realizados por partido político con motivo de la renovación de sus órganos de dirección internos.

 

Del escrito de queja que se contesta, se desprende que los que se duelen sustentan su petición en los artículos 3 párrafo 1, 5 párrafo 1, 69 párrafo 1 incisos a), b) y d) y párrafo 2, 82 párrafo 1 incisos h), i) y w); 83 párrafo 1 inciso c), 269 y 270 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

 

Sin embargo, ninguno de tales preceptos establece alguna atribución del Instituto en el sentido y con los alcances que pretenden otorgarles los inconformes.

 

El artículo 3 del código electoral, en su párrafo 1, establece que la aplicación de las normas del código corresponde al Instituto Federal Electoral, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la Cámara de Diputados, en sus respectivos ámbitos de competencia.

 

Por su parte, el articulo 5 párrafo 1, señala que es derecho de los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos nacionales y agrupaciones políticas y afiliarse a ellos individual y libremente.

 

El numeral 69 párrafo 1 incisos a), b) y d) del mismo ordenamiento, prevé que son fines del Instituto: a) Contribuir al desarrollo de la vida democrática; b) Preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos; d) Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derecho político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones.

 

El párrafo 2 del citado artículo 69 del código, dispone que todas las actividades del Instituto deben regirse por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

 

El artículo 82 párrafo 1 incisos h), i) y w) del ya citado código electoral establece como atribuciones del Consejo General las siguientes: h) Vigilar que las actividades de los partidos políticos nacionales y las agrupaciones políticas se desarrollen con apego al Código y cumplan con las obligaciones a que están sujetos; i) Vigilar que en lo relativo a las prerrogativas de los partidos y agrupaciones políticas se actúe con apego al mismo Código, así como a lo dispuesto en el reglamento que al efecto expida el Consejo General; w) Conocer de las fracciones y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan en los términos previstos en la misma ley

 

El artículo 83 párrafo 1 inciso c) del código, nada tiene que ver en el presente caso, pues establece como una de las atribuciones del Presidente del Consejo General, el convocar y conducir las sesiones del Consejo.

 

Por su parte, el artículo 269 del multicitado código señala las sanciones que pueden ser impuestas a /os partidos y las agrupaciones políticas y el numeral 270 establece el procedimiento que debe seguir el Instituto para la imposición de las mismas.

 

Es claro que ninguna de estas disposiciones legales (o alguna otra) permiten al Instituto acceder a la petición de los quejosos, de calificar una elección interna de un partido político. Por el contrarío, establecen claramente el ámbito de atribuciones del Instituto Federal Electoral y el procedimiento que debe seguirse en aquellos casos en que se presuma la probable comisión de irregularidades por un partido político.

 

No debe pasar desapercibido para esta autoridad, que si bien es cierto los inconformes fundan su denuncia en los artículos 269 y 270 del código, su pretensión no es que se inicie un procedimiento administrativo de sanciones en contra del Partido de la Revolución Democrática, en términos de lo dispuesto por Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

 

De manera totalmente diáfana, se aprecia que pretenden que el Instituto intervenga en el proceso electoral interno del partido político que represento, razón por la cual carecen de acción y de derecho pues no existe un procedimiento ni sustento legal alguno que permita al Instituto provocar tales actos de molestia en perjuicio de mi representado.

 

Al efecto, resulta necesario que esta autoridad, en aras de preservar el principio de legalidad realice una recta interpretación de las disposiciones legales que han sido previamente citadas y de las que se detallarán a continuación, las cuales son el sustento de los procedimientos administrativos, como el que ahora nos ocupa:

 

Del análisis gramatical, sistemático y funcional de lo dispuesto en los artículos 22, párrafo 3, 38, 39, párrafos 1 y 2, 82, párrafo 1, inciso w), 86, párrafo 1, inciso I), 269 y 270 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, no se infiere facultad expresa o implícita del Consejo General del Instituto Federal Electoral (o algún otro órgano), para que, en los procedimientos previstos por el artículo 270 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos electorales, se pueda calificar la elección interna de un partido político y realizar actos tendentes a su modificación o revocación.

 

En efecto, el artículo 22 párrafo 3 del mismo código, dispone que los partidos políticos nacionales contamos con personalidad jurídica, gozamos de los derechos y prerrogativas y quedamos sujetos a las obligaciones de los partidos políticos nacionales, la de conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos.

 

Por su parte, el artículo 39 del mismo Código, establece claramente que el incumplimiento de las obligaciones señaladas por el Código debe sancionarse en los términos del Título Quinto del Libro Quinto del propio ordenamiento y que las sanciones administrativas deben aplicarse por el Consejo General, con independencia de las responsabilidades civil o penal que en su caso pudieran exigirse en los términos de la ley a los partidos políticos, las agrupaciones políticas, dirigentes y candidatos.

 

Esto es, dicha disposición es clara al señalar que las infracciones deben sancionarse en los términos del referido Título Quinto del Libro Quinto, siendo que, el artículo 269 de dicho título establece de manera concreta el tipo de sanciones que se pueden establecer:

 

a) Multa de 50 a 5 mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal;

b) La reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución;

c) La supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento que les corresponda, por el periodo que señale la resolución;

d) La suspensión de su registro como partido político o agrupación política; y

e) La cancelación de su registro como partido político o agrupación política.

 

El artículo 68 del código tantas veces en cita, señala que el Instituto depositario de la autoridad administrativa electoral, es responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones; mientras que el inciso d), del párrafo 1, del artículo 69, establece como uno de los fines del Instituto, asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones.

 

Asimismo, el artículo 73 del código electoral, prevé que el Consejo General es el órgano superior de dirección del Instituto responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, guíen todas las actividades del Instituto.

 

Finalmente, el artículo 82, párrafo 1, inciso h), del multicitado ordenamiento dispone, como atribución del Consejo General, la de vigilar que las actividades de los partidos políticos nacionales y las agrupaciones políticas se desarrollen con apego al Código y cumplan con las obligaciones a que están sujetos.

 

Si este Instituto realiza una interpretación de tales preceptos, en estricto cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3 párrafo 2 del código en la materia, esta debe llevarle a concluir que, ni de la letra de los artículos en mérito, ni de su interpretación conforme a los criterios autorizados por el código, como tampoco de la lectura e interpretación de alguna otra disposición del propio ordenamiento, es posible arribar a la conclusión de que el Consejo General del Instituto Federal Electoral tiene entre sus atribuciones alguna con la cual pueda calificar las elecciones internas de los partidos políticos o realizar algún acto encaminado a su modificación o revocación.

 

Por el contrario, del texto de tales artículos, se infiere que el legislador acotó la facultad que tiene el Consejo General del Instituto de imponer las sanciones que correspondan en los términos previstos en el propio Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a saber, los contenidos en su Título Quinto del Libro Quinto, siendo que el artículo 269 señala el universo de sanciones que el mismo Consejo General pueda aplicar o imponer a los partidos políticos que incurran en alguna de las irregularidades que se refieren los preceptos que integran el tantas veces citado código electoral.

 

Así también, de la lectura de los dispositivos en mención, como en general de la normatividad que conforma el orden jurídico electoral federal mexicano, no se revela la existencia de una facultad o atribución expresa o implícita conferida a algún órgano del Instituto Federal Electoral, que le otorgue competencia para que, mediante el procedimiento administrativo previsto por el artículo 270 del Código Electoral (u otro diverso), pueda conocer respecto de actos realizados por un partido político en sus procesos electivos internos.

 

En ese sentido, la única forma en que esta autoridad puede conocer de presuntas irregularidades cometidas por un partido político, es por la vía del procedimiento previsto por el artículo 270 del código en la materia, y en caso de que estas resultaran fundadas, la única consecuencia posible es que el Consejo General del Instituto emita una resolución aplicando alguna de las sanciones a que se refiere el artículo 269 del mismo código electoral federal pues, lo contrario, representaría una grave violación al principio de legalidad electoral.

 

Además, en el caso que nos ocupa, no puede apreciarse que los quejosos se inconformen porque se les hubiera violado alguno de sus derechos político-electorales sino que, por el contrario, su pretensión está encaminada a que se revisen actos realizados en la elección interna del partido político que represento, tal y como se ha destacado reiteradamente, lo cual de ninguna manera implica o podría implicar violación a sus precitados derechos político-electorales.

 

En estos términos, este Instituto debe tener presente que, en ejercicio de sus atribuciones, debe ceñirse a las facultades expresas que la ley confiere, en tanto que, en su carácter de autoridad sólo puede actuar en lo que la ley expresamente le faculta.

 

De tal manera que si la ley señala como uno de los fines del Instituto Federal electoral, asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales, la protección de ellos que le corresponde debe darse en el marco expreso de la ley electoral federal, sin que exista disposición alguna que le faculte para conocer sobre actos de partidos políticos realizados en su ámbito interno y mucho menos para calificar una elección interna de un partido, realizada dentro de su marco estatutario.

 

Esto además, encuentra clara justificación constitucional y legal, pues conforme se dispone en el artículo 41, párrafo segundo, base I de la Ley Fundamental, los partidos políticos son entidades de interés público, estableciendo claramente dicho precepto constitucional, que la ley debe determinar las formas específicas de su intervención en el proceso electoral.

 

En este caso, si la ley secundaria que es el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales no autoriza a este Instituto para conocer respecto de dichos actos, no existiría justificación alguna para que se arrogara atribuciones que no le corresponden.

 

Debe señalarse además, que si bien es cierto los quejosos señalan como fundamento de su actuar los artículos 269 y 270 del mismo código electoral, como ya se ha dicho, sus argumentos están más bien encaminados a que este instituto se constituya en una especie de órgano jurisdiccional externo que califique actos realizados al interior del partido que represento, lo cual implicaría que esta autoridad efectuara actos de interpretación que sólo pueden y deben realizar los órganos de solución de controversias del mismo partido respecto a sus normas internas, en uso de sus facultades constitucionales y legales, que le otorgan su propia independencia.

 

No debe dejar de considerarse que la posible injerencia en la vida interna de los partidos políticos, en particular en la interpretación y aplicación de las normas internas, revisando actos que se realicen con motivo de sus comicios, implicaría una contravención a lo ordenado por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 27 párrafo 1 inciso g), en relación con el numeral 36 párrafo 1 incisos b) del mismo código.

 

El primero de los preceptos mencionados, refiriéndose a las obligaciones con que cuentan los partidos políticos al registrar sus Estatutos, establece:

 

“Artículo 27

1. Los estatutos establecerán:

(...)

g) Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones internas y los correspondientes medios y procedimientos de defensa.”

 

El artículo 36 párrafo 1 inciso b) del código dice:

1. Son derechos de los partidos políticos nacionales:

(...)

b) Gozar de las garantías que este Código les otorga para realizar libremente sus actividades.

(...)

 

Mediante acuerdo CG70/2001 dictado por el Consejo General en sesión ordinaria con fecha 27 de junio de 2001 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de julio del mismo año, el órgano superior de dirección de este Instituto, declaró la validez constitucional y legal del Estatuto del Partido de la Revolución Democrática.

 

En el artículo 18 de dicho Estatuto, se da estricto cumplimiento a lo ordenado por el citado artículo 27 del código, estableciendo a las Comisiones de Garantías y Vigilancia el partido como los únicos órganos facultados para: a) proteger los derechos de los miembros del partido, b) determinar las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones de los miembros y órganos del partido, c) garantizar el cumplimiento del Estatuto, d) aplicar las sanciones estatutarias y reglamentarias, e) resolver consultas y controversias sobre la aplicación del Estatuto y f) requerir la información necesaria para el desempeño de sus funciones; atribuciones que pueden apreciarse de la simple lectura del numeral 7 del citado artículo 18 del Estatuto.

 

El artículo 20 del mismo Estatuto, prevé los procedimientos de defensa y las sanciones, regulando con claridad los órganos estatutarios encargados de resolver cualquier clase de controversia que se suscite al interior del Partido de la Revolución Democrática. Para una mejor ilustración, cito el contenido textual de tales preceptos:

 

“Artículo 18°. Los órganos de garantías y vigilancia.

 

1. Los consejos nacional y estatales del Partido designarán en sus respectivos ámbitos de competencia a los órganos jurisdiccionales y encargados de garantizar los derechos de los afiliados del Partido y vigilar la aplicación del presente Estatuto, los cuales se denominarán <<comisiones de garantías y vigilancia>>. En el desempeño de sus actividades, estas comisiones se regirán por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

2. Estas comisiones deberán atender en todo momento el fondo de los asuntos que se les planteen. Sus resoluciones serán de acatamiento obligatorio para los afiliados y órganos del Partido.

3. Las comisiones nacional y estatales de garantías y vigilancia se integrarán de acuerdo con las bases siguientes:

a)  La Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia estará integrada por once miembros propietarios y tres suplentes; y las comisiones estatales de garantías y vigilancia por siete miembros propietarios y tres suplentes. Den su designación, los consejos respectivos deberán garantizar que prevalezcan criterios de pluralidad, imparcialidad, probidad y profesionalismo;

b)  Los comisionados serán elegidos mediante voto secreto por los consejeros, quienes podrán votar hasta por tres propietarios y por un suplente. Durarán en su encargo tres años;

c) Los comisionados podrán renunciar voluntariamente por causa grave o motivo fundamental para el objeto del Partido; y sólo podrán ser removidos por resolución aprobada de dos terceras partes del consejo respectivo, previa solicitud debidamente fundada y motivada;

 

4. Los comisionados serán recusables y estarán impedidos para conocer alguna queja o asunto cuando tengan interés personal en el asunto que haya motivado la queja y cuando tengan amistad o enemistad manifiesta con alguna de las partes. En el caso de estar impedido, el comisionado lo hará del conocimiento del pleno de la comisión para su admisión. En caso de recusación, la comisión respectiva deberá solicitar informe al comisionado aludido para que dentro de veinticuatro horas siguientes lo rinda; en el caso de que niegue la causa del impedimento se realizará audiencia de derecho dentro de los tres días siguientes, para rendir pruebas pertinentes y resolver si se admite o se desecha la causa del impedimento.

5. En caso de renuncia voluntaria o suspensión de algún comisionado, el Consejo Nacional o Estatal, según sea el caso, elegirá por mayoría de los consejeros presentes a los sustitutos para que completen el periodo.

6. Los comisionados no podrán formar parte de ningún consejo durante el desempeño de su encargo.

7. Las comisiones nacional y estatales de garantías y vigilancia tendrán, en sus respectivos ámbitos de competencia, las siguientes atribuciones:

a) Proteger los derechos de los miembros del Partido;

b) Determinar las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones de los miembros y órganos del partido;

c) Garantizar el cumplimiento de este Estatuto;

d. Aplicar las sanciones estatutarias y reglamentarias;

e. Resolver consultas y controversias sobre la aplicación de este Estatuto;

f. Requerir la información necesaria para el desempeño de sus funciones.

8. La Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia aprobará los reglamentos de las comisiones estatales y el suyo propio, garantizando el apego al principio de legalidad y a las disposiciones del presente Estatuto.

9. La Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia conocerá:

a. De las quejas por actos u omisiones de los integrantes de los órganos nacionales, en única instancia;

b. De las quejas por actos u omisiones de los órganos estatales o municipales en segunda instancia después de la resolución correspondiente de la Comisión Estatal de Garantías y Vigilancia, o cuando ésta no haya sido integrada o no dictase resolución en sesenta días a partir de la presentación del escrito de queja, en única instancia;

c. De las quejas, consultas o controversias de significado nacional, en única instancia.

10. Las comisiones estatales de garantías y vigilancia conocerán:

a. De las quejas por actos u omisiones de los integrantes de los órganos estatales y municipales, en primera instancia;

b. De las quejas por actos u omisiones de los órganos estatales y municipales, en primera instancia;

c. De las quejas, consultas y controversias de significado estatal y municipal, en primera instancia.

11. Los comisionados nacionales y estatales tendrán derecho a ser oídos en todos los órganos e instancias de su jurisdicción.

 

“ARTÍCULO 20°. Procedimientos y sanciones

 

1. Todo miembro o instancia del Partido podrá ocurrir ante las comisiones de garantías y vigilancia para hacer valer sus derechos o exigir el cumplimiento de las normas estatutarias, cuando estimen que han sido violados o vulnerados por órgano, instancia de dirección, de representación o por alguna resolución de cualquiera de éstos; por sus integrantes o cualquier miembro, mediante la presentación del escrito de queja.

2. Las comisiones de garantías y vigilancia sólo podrán actuar a petición de parte interesada, siempre y cuando sean miembros, órganos o instancias del Partido.

3. Cualquiera de las partes afectadas por resoluciones de las comisiones estatales podrá interponer recurso de apelación ante la Comisión Nacional dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que se comunicó legalmente la resolución. El recurso de apelación deberá ser resuelto dentro de los treinta días hábiles siguientes a que la comisión reciba el expediente relativo, salvo en casos urgentes, que se resolverán correspondientemente.

4. Las resoluciones de las comisiones estatales que no sean apeladas en los términos del artículo anterior, así como las emitidas por la Comisión Nacional, serán inatacables.

5. Corresponde a las comisiones de garantías y vigilancia aplicar las siguientes sanciones por violaciones a las normas, los derechos y las obligaciones establecidas en este Estatuto:

a. Amonestación;

b. Inhabilitación para participar en los órganos de dirección;

c. Inhabilitación para contender como candidato a cualquier cargo de elección popular;

d. Suspensión de derechos y prerrogativas;

e. Cancelación de la membresía en el Partido.

6. La cancelación de la membresía procederá cuando.:

a. Se antagonice las garantías que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su forma de gobierno republicano, democrático, representativo y federal;

b. Se antagonice el fondo de los principios democráticos del Partido impidiendo u obstruyendo el ejercicio de los derechos estatutarios de los afiliados o el ejercicio de sus derechos constitucionales o los del Partido;

c. Se compruebe la malversación del patrimonio del Partido lucro personal;

d. Se compruebe que se ha recibido cualquier beneficio para sí o para cualquier persona física o moral, patrimonial o de cualquier otra naturaleza, o se ha participado en cualquier actividad que reporte un lucro personal en virtud del desempeño de un puesto de elección popular, que no esté previsto por las leyes o por este Estatuto como remuneración o pago debido y transparente por ese desempeño;

e. Se compruebe la coalición con cualquier interés gubernamental o de otros partidos políticos con independencia de los órganos de dirección del Partido, antagonizando el objeto del Partido;

f. Se haga uso de los recurso del Partido o de recursos públicos a los que tengan acceso en virtud de su empleo, cargo o comisión, para influir en los procesos de elección de los órganos de dirección del Partido y en los procesos de elección interna de candidatos del Partido a cargos de elección popular;

7. Se harán acreedores las sanciones establecidas el presente Estatuto, según la gravedad de la falta, quienes:

a. Manipulen la voluntad de los afiliados, violentando el principio fundamental de la afiliación individual;

b. Ocasionen daño grave a la unidad e imagen del Partido con denuncias públicas sobre actos del Partido, de sus dirigentes y/o resoluciones de sus órganos de dirección, difamando y faltando al elemento respeto y solidaridad entre los miembros del Partido;

c. Cometan actos de violencia física contra otros miembros o ciudadanos, así como contra el patrimonio del Partido;

d. No acaten los resolutivos de las comisiones. Esta sanción sólo la podrá aplicar la Comisión Nacional.

8. Los órganos de dirección podrán hacer amonestaciones y, en caso de violaciones graves y de urgente resolución, podrán suspender provisionalmente los derechos y prerrogativas de los afiliados, siempre y cuando remitan la denuncia y petición respectivas a la comisión de garantías y vigilancia competente y mientras ésta resuelve lo procedente respecto al fondo del asunto. Estas sanciones serán vigentes aun en el caso de que se apele a ellas, mientras el órgano respectivo no resuelva el asunto de fondo.

9. Para que las comisiones de garantías y vigilancia puedan enjuiciar a los integrantes de los consejos y comités ejecutivos nacional y estatales, los consejos respectivos deberán previamente declarar por mayoría que hay bases para la procedencia de la acusación respectiva.

10. Las comisiones de garantías y vigilancia registrarán y publicarán sus actuaciones de acuerdo con las bases siguientes:

a. Inscribirán las quejas, consultas o controversias por las que se solicite su intervención precisando el nombre del solicitante, la naturaleza de su solicitud y la fecha en que fue presentada y el número de entrada, en un registro foliado que deberán llevar permanentemente actualizado para el efecto;

b. Inscribirán sus resoluciones identificando las partes afectadas, la naturaleza de la resolución, la fecha en que se adoptó, el número de la solicitud a la que corresponde en un registro foliado que deberán llevar permanentemente actualizado para el efecto;

c. Por cada solicitud que reciba se abrirá el expediente relativo que se integrará con todas las actuaciones del caso, y se archivará ordenadamente conforme a la numeración a que hace referencia el inciso a. del numeral presente.

d. Publicarán un boletín semestral o trimestral seriado, al menos con: la información correspondiente, generada durante el periodo que cubra el boletín; su reglamento y las modificaciones al mismo, así como los reglamentos de las comisiones estatales aprobados por la Comisión Nacional; la sistematización de los criterios que fundamentaron las resoluciones a efecto de desarrollar la jurisprudencia interpretativa de este Estatuto y la coherencia y credibilidad en su aplicación.

11. El Consejo Nacional podrá resolver la amnistía en forma de las personas expulsadas del Partido, pero ésta será estrictamente individual, sólo se podrá adoptar un año después de haberse aplicado la sanción por resolución de última instancia y se requerirá el voto favorable de las dos terceras partes de las consejeras y consejeros nacionales presentes, siempre que el punto se encuentre en el orden del día desde la aprobación del mismo inmediatamente después de la instalación de la sesión.

12. Las mesas directivas de los consejos estarán obligadas a introducir en el orden del día del consejo el punto de solicitud de remoción de la presidenta o el presidente o secretaria o secretario general del partido, o de uno o varios miembros del Comité Ejecutivo, cuando medie solicitud escrita y firmada por la tercera parte de los consejeros.

13. El Consejo Nacional expedirá el Reglamento de Sanciones en el que se precisarán las faltas y los procedimientos.”

 

Es así que, el máximo ordenamiento interno del partido político que represento, prevé un sistema jurídico que procura la legalidad interna de todos los militantes, garantizando además su derecho a acceder a la justicia, tal y como lo señala el artículo 4 numeral 1 inciso j) del Estatuto:

 

“ARTÍCULO 4°. Derechos y obligaciones de los miembros del Partido.

 

1. Todo miembro del Partido tiene derecho, en igualdad de condiciones, a:

(...)

j. Tener acceso a la jurisdicción interna del Partido y ser defendido por éste cuando sea víctima de atropellos e injusticias;

(...)”

 

Existen además, otros preceptos en el Estatuto y en el Reglamento General de Elecciones y Consultas (el cual se encuentra registrado en los archivos de este Instituto), que establecen la competencia de la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia:

 

Estatuto

 

“ARTÍCULO 16°. El órgano electoral

 

1. Las elecciones universales, directas y secretas en el Partido, así como las consultas, estarán a cargo de un órgano electoral, denominado <<Servicio Electoral del Partido de la Revolución Democrática>>.

(...)

7. Las resoluciones del Servicio Electoral serán definitivas y solamente recurribles ante la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia.

(...)”

 

Reglamento General de Elecciones y Consultas

 

Artículo 3.

 

1. Este reglamento norma la organización de elecciones para::

a) la renovación periódica de dirigentes y representantes del Partido, y

b) la selección de candidatos a puestos de elección popular postulados por el Partido.

Asimismo, reglamenta las modalidades y procedimientos de consulta relativos al plebiscito y el referéndum.

2. La aplicación de las normas del presente Reglamento corresponde al Servicio Electoral, a la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia, los Consejos y a los Congresos Nacional y Estatales, en los ámbitos de su respectiva competencia.

(...)

 

“Artículo 16.

1. Son atribuciones del Servicio Electoral

a) organizar las elecciones internas universales, directas y secretas en todo el país, así como los plebiscitos y referendos a que sean convocados por los órganos competentes;

(...)

g) realizar los cómputos, publicar los resultados y expedir la declaratoria de validez en las elecciones internas y entregar a los órganos competentes las actas de resultados definitivos a fin de que procedan de conformidad con el Estatuto y las leyes de la materia;

(...)

h) resolver los recursos de revisión contra actos u omisiones del Servicio;

i) turnar a la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia los recursos de queja electoral que se presenten;

(...)

l) velar por la autenticidad y efectividad del sufragio de los miembros del Partido;

m) vigilar que las actividades de campaña se desarrollen con apego a las normas;

(...)”

 

“Artículo 63.

1. El servicio Electoral hará la declaración de validez de la elección correspondiente sólo cuando la comisión de garantías y vigilancia haya desahogado los recurso interpuestos con motivo de la elección.

2. Para ello, solicitará a la comisión nacional de garantías y vigilancia, el informe de la existencia o no de resoluciones respecto a la elección correspondiente.

3. Las comisiones de garantías y vigilancia están obligadas a informar de manera expedita al Servicio Electoral de la interposición de recursos y le notificará sus resoluciones conforme las vaya adoptando.

4. Los plazos del órgano jurisdiccional para resolver los recursos en materia electoral de la elección de dirigentes y representantes deberán concluir al menos siete días antes de la fecha señalada para la toma de posesión.

5. El Servicio Electoral recibirá las resoluciones del órgano jurisdiccional y los aplicará, procediendo, si fuera necesario, a modificar los cómputos realizados. Una vez ajustados los resultados a las resoluciones jurisdiccionales, el Servicio Electoral, expedirá la constancia de validez y notificará a los órganos correspondientes a fin de convocar a los electos a rendir protesta.”

 

“Artículo 66.

1. El sistema de medios de impugnación y los procedimientos de sanciones regulados en el presente Título, determinan los procedimientos de defensa con que cuentan los miembros del Partido en las distintas etapas de sus elecciones internas, teniendo por objeto garantizar que sean respetados sus derechos, a sí como la estricta aplicación del Estatuto y de este Reglamento.

2. Los órganos encargados de conocer y resolver los recursos previstos en este título, para el desempeño de sus atribuciones se regirán por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y profesionalismo.

3. Las resoluciones dictadas por la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia y el Servicio Electoral, serán definitivas y de acatamiento obligatorio para los miembros y órganos del Partido.

 

“Artículo 67.

1. Los órganos del Partido, en todos los niveles, así como los candidatos y miembros del partido que con motivo del trámite, substanciación y resolución de los medios de impugnación, no cumplan con las disposiciones del Estatuto y del Reglamento o desacaten las resoluciones dictadas por el órgano jurisdiccional serán sancionados en los términos previstos en el presente ordenamiento y en el reglamento de sanciones.

(...)

4. Los medios de impugnación deberán presentarse dentro de los tres días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnada, ó en su caso a partir del cómputo final de la elección municipal, estatal, o nacional.”

 

“Artículo 68.

1. Los medios de impugnación son los siguientes:

a) el recurso de revisión, para garantizar la legalidad de los actos y resoluciones del Servicio Electoral;

b) el recurso de inconformidad, para impugnar los resultados consignados en las actas de cómputo, la declaración de resultados de las elecciones, para invocar la nulidad de la votación en una, varias casillas o de una elección y para impugnar la inelegibilidad de aspirantes por incumplimiento en los requisitos establecidos en el presente ordenamiento.

c) el recurso de queja, para solicitar se apliquen las sanciones previstas en el reglamento de sanciones y en el Estatuto, cuando se estime que han sido violados o vulnerados los derechos de algún miembro o instancia del Partido o cuando se incumpla en los plazos de substanciación de los medios de impugnación.”

 

“Artículo 70.

1. El recurso de revisión procederá para impugnar actos, omisiones, acuerdos o resoluciones del Servicio Electoral en procesos de elección interna en los ámbitos nacional, estatal y municipal.

2. La única instancia competente para conocer y resolver el recurso de revisión será el órgano central del Servicio Electoral.

3. Las resoluciones que recaigan a los recursos de revisión tendrán como efecto la confirmación, modificación o revocación del acto o resolución impugnada.”

 

“Artículo 71.

1. El recurso de inconformidad, es procedente para impugnar los resultados consignados en las actas de escrutinio y cómputo, la declaración de validez de resultados de las elecciones y APRA invocar la nulidad de la votación en una o varias casillas o de una elección nacional, estatal o municipal, y para impugnar la inelegibilidad de aspirantes por incumplimiento en los requisitos establecidos en el presente ordenamiento.

(...)

4. Es competente para conocer del recurso de inconformidad la comisión nacional de garantías y vigilancia en única instancia para los comicios de carácter nacional, de órganos y candidatos. Asimismo la comisión Nacional de Garantías y Vigilancia será la única instancia en elecciones internas estatales y municipales de candidatos a puestos de elección popular.

5. Las sentencias al recurso de inconformidad podrán tener los efectos siguientes:

a) confirmar el acto impugnado;

b) declarar la nulidad de la votación emitida en una o varias casillas y modificar en consecuencia las actas de cómputo municipal, estatal o nacional, según sea el caso;

c) revocar la constancia de mayoría expedida a favor de un candidato o planilla y otorgarla al candidato o planilla que resulte ganador en el supuesto anterior.

d) declarar la nulidad de la elección que se impugna;

e) ajustar la lista de consejeros según corresponda a la sentencia;

f) hacer la declaratoria de la no elegibilidad del aspirante; y

g) hacer la corrección de los cómputos cuando sean impugnados por error aritmético.

6. Las sentencias que recaigan a los recursos de inconformidad serán definitivas.”

 

“Artículo 72.

1. El recurso de queja procede para solicitar la aplicación de las sanciones previstas en el reglamento de sanciones y en el Estatuto, cuando se estime que han sido violados o vulnerados los derechos de algún miembro o instancia del Partido o cuando se incumpla en los plazos de substanciación de los medios de impugnación.

2. Es competente para conocer el recurso de queja la comisión de garantías y vigilancia.

(...)

 

Artículo 73.

1. Corresponde únicamente a declarar la nulidad de una o varias casillas o de una elección a la comisión nacional de garantías y vigilancia, en los casos de comicios internos a nivel nacional y a nivel estatal.

(...)

Las elecciones cuyos cómputos, constancias de mayoría o de asignación no sean impugnadas en tiempo y forma, se considerarán válidas y definitivas.

(...)

 

Estas garantías que establecen la defensa de los miembros del partido ante violaciones a sus derechos dentro y fuera del partido, prevén instancias destinadas específicamente a defenderlos, como es el caso de la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia, al existir posibles violaciones a sus derechos.

 

Correlativamente a los derechos que tenemos los militantes del Partido, existen también una serie de obligaciones que deben ser acatadas, las cuales se encuentran señaladas en el artículo 4 numeral 2 del Estatuto, figurando entre las más relevantes para el caso que nos ocupa las siguientes:

 

“ARTÍCULO 4°. Derechos y obligaciones de los miembros del Partido.

(...)

2. Todo miembro del Partido está obligado a:

(...)

b) Canalizar a través de las instancias internas del Partido sus inconformidades, acusaciones, denuncias o quejas contra otros miembros del Partido, organizaciones y órganos del mismo;

(...)

i) Observar las demás obligaciones señaladas en el presente Estatuto.

 

De los anteriores preceptos se desprende con claridad, que todos los militantes del Partido de la Revolución Democrática cuentan con el derecho de que sean tutelados sus derechos al interior del partido político y con la obligación de acudir a sus propias instancias.

 

Para tal efecto están constituidos órganos de solución de conflictos y de interpretación de las normas estatutarias facultados para resolver controversias sobre la aplicación del Estatuto como lo es, para el caso que nos ocupa, la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia. Las resoluciones que emita dicho órgano jurisdiccional interno son de observancia obligatoria para todos aquellos militantes del Partido de la Revolución Democrática. Existen también órganos expresos para organizar y calificar los comicios, e instancias internas facultades en exclusiva para conocer los medios de impugnación previstos para confirmar, revocar o modificar actos que hubieran sido realizados con motivo de las elecciones internas del partido.

 

El sistema normativo descrito es completamente acorde con lo dispuesto por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 27, por lo cual el Consejo General del Instituto Federal Electoral realizó una declaratoria formal de constitucionalidad procediendo a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

 

No obstante que dicha declaración de constitucionalidad y legalidad del Estatuto fue debidamente publicitada, no fue impugnada dentro del plazo previsto por la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. El Reglamento General de Elecciones y Consultas, no obstante que es del conocimiento de todos los militantes, jamás fue impugnado.

 

La causa de pedir de los inconformes en el caso que nos ocupa, se constriñe a solicitar al Instituto Federal Electoral que realice diversos actos tendentes a modificar el proceso electoral del Partido de la Revolución Democrática y a su revisión y calificación.

 

Sin embargo, de acogerse su pretensión se trastocaría todo el sistema normativo interno que ha sido descrito y se vulneraría con ello los artículos 1, 3, 27 párrafo 1 inciso g) y 36 párrafo 1 incisos a), b) y d) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos electorales y la declaratoria de constitucionalidad y legalidad que realizó el Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto del Estatuto del Partido de la Revolución Democrática.

 

Además, en caso de que se accediera a lo solicitado por los quejosos, el Instituto no solamente estaría violentando la vida y el sistema normativo interno del Partido de la Revolución Democrática, sino además la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 14, 16 y 41, por las razones que han sido ampliamente expuestas.

 

Así también, la posible injerencia, en la vida interna de los partidos políticos, es contraria al espíritu de la normatividad en la materia, en razón de que el sistema normativo electoral y la doctrina misma, sostienen como un principio fundamental la protección a los partidos políticos de la intervención de Estado en la toma de sus decisiones. En este caso, el Instituto Federal Electoral, es un órgano del Estado en términos de lo dispuesto por el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

Además de lo anterior, ante la eventualidad de que el Instituto conociera de controversias como la que ahora nos ocupa, abriría la posibilidad de que sus actos fueran revisados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación órgano que, según dispone el artículo 99 de la Carta Magna, es parte de uno de los poderes del Estado.

 

En razón de lo antes expuesto, debe concretarse el sobreseimiento de la queja que se contesta.

 

2. Excepción de incompetencia.- Por las razones ampliamente expuestas en el apartado anterior (las cuales piso se tengan por reproducidas en obvio de inútiles repeticiones), es claro que la única instancia facultada para conocer respecto de las peticiones de los inconformes, sería la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia del Partido de la Revolución Democrática, pues como ha expuesto con amplitud el Instituto Federal Electoral carece de facultades constitucionales y legales para intervenir revocando o modificando actos realizados en una elección interna de un partido político.

 

Resulta por tanto evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 17 inciso b) del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo que debe decretarse su sobreseimiento en términos de lo ordenado por el artículo 18 párrafo 1 inciso a) del mismo reglamento.

 

Artículo 17

 

La queja o denuncia será improcedente:

(...)

b) Cuando por la materia de los actos o hechos denunciados, aun y cuando se llegaran a acreditar, o por los sujetos denunciados, el Instituto resulte incompetente para conocer de los mismos; o cuando los actos, hechos u omisiones no constituyan violaciones al Código.

 

Artículo 18

 

1. Procederá el sobreseimiento de la queja o denuncia cuando:

 

Exista una de las causales de improcedencia en términos del artículo anterior;

(...)

 

Las razones antes expuestas resultan más que suficientes para que esta autoridad electoral deseche de plano la queja que se contesta.

 

No obstante lo anterior, para el indebido caso en que la Junta General Ejecutiva y en su oportunidad el consejo General, ambas instancias de este Instituto, decidieran entrar al estudio de fondo del asunto, procedo ad cautelam, a dar contestación a los hechos y al derecho en los términos que se hacen valer a continuación:

 

H E C H O S   Y   D E R E C H O

 

Respecto a la militancia de los quejosos la misma ya ha sido desvirtuada en una de las causas de improcedencia hechas valer en párrafos que anteceden, por lo que en obvio de inútiles repeticiones pido se me tengan por reproducidos dichos argumentos como si a la letra se insertasen en el presente párrafo.

 

No sobra decir que si esta autoridad determinara realizar el estudio de fondo del asunto, de ninguna manera se puede deducir violación legal alguna, ni de la normatividad interna de mi partido y en consecuencia alguna posible violación en perjuicio de los militantes de mi partido o de los quejosos.

 

Ahora bien, específicamente por lo que se refiere al respectivo capítulo de hechos del escrito de queja, es de señalar que en los mismos se realizan una serie de afirmaciones de carácter subjetivo derivados de una interpretación parcial, manipulada y sesgada de la realidad en lo que se refiere al proceso de elección nacional realizada en la actualidad por el Partido de la Revolución Democrática, elección que se ha caracterizado por la publicidad y de donde como se ha indicado, los quejosos toman elementos para desvirtuarlos, sin que les asista acción y derecho, motivos que nos llevan a precisar lo siguiente:

 

1. y 2. Respecto a los correlativos que se contestan de forma conjunta por su estrecha vinculación, es de señalar que en efecto, el Partido de la Revolución Democrática modificó sus documentos básicos en su VI Congreso Nacional realizado en la ciudad de Zacatecas, los días 24 al 28 de abril de 2001, modificaciones cuya procedencia legal y constitucional fue determinada posteriormente por este Instituto. Por lo que hace a la interpretación de los quejosos de estas reformas, tales afirmaciones ni se niegan ni se afirman por constituir afirmaciones de carácter subjetivo, además de carecer de relación con los supuestos actos reclamados.

 

Por lo que hace a la particular interpretación del artículo 5, párrafo 1, del Estatuto del Partido de la Revolución Democrática, es de señalar que tal interpretación de los quejosos si sería nugatoria del derecho del voto al pretender supeditar tal derecho a cuestiones de organización interna en razón de la residencia del miembro del partido, interpretación que desde luego es compartida por los órganos de mi partido.

 

3., 4 y 5. Los correlativos se contestan de forma conjunta por su estrecha vinculación, en efecto, el Partido de la Revolución Democrática en las normas que rigen a mi partido, por otra parte resultan falsas las demás aseveraciones de los quejosos, destacando que se trata de afirmaciones subjetivas e unilaterales que carecen de alguna referencia probatoria.

 

Por lo que hace a la determinación de demarcaciones territoriales (Guía amarilla) en que se prevé circunscribir a los afiliados de acuerdos a su residencia para efectos de organización y ejercicio del voto, los quejosos reclaman la existencia de dos fechas para el vencimiento del término en que debería de estar concluida la determinación de dichas demarcaciones territoriales (Guía Amarilla), no obstante los mismos quejosos reconocen que el IV Congreso Nacional del Partido de la Revolución Democrática, máxima autoridad de mi partido y con atribuciones expresas en la especie, de acuerdo al artículo 9, numerales 2, incisos a) y l) y 3) del Estatuto del Partido de la Revolución Democrática, en donde se establece lo siguiente:

 

“Artículo 9°. El Consejo Nacional, el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Política Consultiva Nacional

(...)

 

2. El Consejo Nacional es la autoridad superior del partido en el país entre Congreso y Congreso. Sus funciones son:

 

a. Formular, desarrollar y dirigir la política del Partido en el país para el cumplimiento de los documentos básicos y las resoluciones del Congreso Nacional; elaborar su agenda política anual; normar la política del Partido con otros partidos y organizaciones políticas, sociales y económicas nacionales; vigilar que los representantes populares y funcionarios del partido apliquen la línea política y el programa del partido y expedir la plataforma electoral;

(...)

 

I. Expedir  su propio reglamento interno, el del Comité Ejecutivo Nacional, el General de Elecciones y Consultas y los de los Órganos Autónomos, así como todos aquellos necesarios para el debido cumplimiento del presente Estatuto;

(...)

 

3. Las resoluciones y acuerdos del Consejo Nacional serán de obligatorio acatamiento para todo el Partido.

(...)”

 

Acorde con lo anterior, en su 14° Pleno Ordinario realizado los días 11, 12 y 13 del mes de enero del presente año, el citado Consejo Nacional aprobó reformas al Reglamento General de Elecciones y Consultas, para el efecto de concluir la determinación de Demarcaciones Territoriales (Guía Amarilla), reformas que se encuentran oportunamente notificadas a este Instituto.

 

En consecuencia, la ampliación del plazo por 10 días más para completar la integración de las demarcaciones territoriales realizada por el máximo órgano de decisión de mi partido en ejercicio de sus atribuciones, no viola las normas internas y mucho menos ocasiona perjuicio alguno a los quejosos o a los militantes del Partido de la  Revolución Democrática, por el contrario, ante una situación de hecho como es la necesidad de concluir la determinación de demarcaciones territoriales (Guía Amarilla) se determinó ampliar el plazo, situación dirigida a adecuar las condiciones de organización originalmente previstas por el propio Consejo Nacional.

 

Por otra parte, es de señalar que entre los plazos previstos en el Reglamento General de Elecciones y Consultas y el Reglamento de Ingreso y Membresía, no existe contradicción alguna, puesto que como lo indican los mismos quejosos, en ambos casos se trata de disposiciones de carácter transitorio, expedidas por el propio Consejo Nacional de mi partido, en donde la última disposición deroga a la anterior, no obstante que ello no se haya manifestado de forma expresa en el Reglamento de Ingreso y Membresía, así también resulta irrelevante que tales disposiciones se ubiquen en ordenamientos reglamentarios diferentes.

 

6. En el correlativo que se contesta, los quejosos realizan afirmaciones vagas e imprecisas que me impiden pronunciarme respecto a los mismos, colocando a mi representada en completo estado de indefensión, no obstante ello, en todo caso, es de señalar que los quejosos se refieren a “una reunión” sin especificar lugares y circunstancias particulares, especulando respecto a la supuesta fecha de la “reunión” que indican, al señalar “Todavía el 5 de marzo...”, en todo caso, se niega que las instancias de mi partido que citan los quejosos el día 5 de marzo “...seguían discutiendo las guías amarillas y no existía una versión definitiva de las mismas.”.

 

No obstante lo anterior, es de señalar que no existen elementos en la queja que se contesta, con relación a supuestas irregularidades en la determinación de demarcaciones territoriales (Guía Amarilla), situación que necesariamente lleva a concluir la falsedad de lo afirmado por los quejosos.

 

Además es de señalar las contradicciones e imprecisiones contenidas en las afirmaciones de los quejosos, ya que en el numeral 5 de hechos afirman de forma categórica que “Los comités ejecutivos del partido en todos sus niveles no crearon las guías amarillas...”, y en el numeral que se contesta refiere que “...no existía una versión definitiva de las mismas”, es decir, negando en primer término su existencia y después reconociendo su existencia en lo que denomina versiones no definitivas, incurriendo en contradicciones y sin precisar de manera concreta supuestas irregularidades en relación a la demarcación territorial a que se hace referencia, por tanto, no acredita sus afirmaciones ni mucho menos demuestran alguna infracción a las normas internas que rigen la vida interna de la parte que represento.

 

7., 8., 9. y 11., Los correlativos se contestan de manera conjunta toda vez que los mismos se refieren a los Comités de Base, previstos en el artículo 5° del Estatuto del Partido de la Revolución Democrática. En este aspecto resultan falsas, subjetivas y sin fundamento las afirmaciones de los quejosos; como ya se ha señalado, de acuerdo al artículo 5° transitorio de Reglamento General de Elecciones y Consultas del Partido de la Revolución Democrática, la integración de demarcaciones territoriales concluyó el 25 de enero del presente año, con esto, en forma simultánea y de forma automática se determinó la lista de afiliados que corresponderían a cada una de estas unidades territoriales, que constituye la lista de miembros de cada Comité de Base.

 

Así las cosas y de acuerdo a los artículos cuarto transitorio del Estatuto y 5 transitorio del Reglamento General de Elecciones y Consultas, se desprende contrariamente a las infundadas afirmaciones de los quejosos, que en los meses de noviembre de 2001 a enero de 2002 se integran los comités de base en forma simultánea a la determinación de las demarcaciones territoriales (Guía Amarilla). Siendo el caso que en el mes de enero ante el retraso en la determinación de todas las unidades territoriales y pro lo tanto la instalación de Comités de Base, el Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, determina ampliar los plazos de estas actividades a efecto de dar cumplimiento a los objetivos trazados por los citados ordenamientos internos, por tanto, no constituyen infracción alguna a la normatividad interna ni tampoco agravia a los quejosos ni a los miembros del Partido de la Revolución Democrática, por el contrario, se dirigen a dar cabal cumplimiento a los objetivos trazados por el Estatuto que rige la vida interna de la parte que represento, esto es acorde con lo dispuesto en el ya citado artículo 9, numeral 2, inciso a) del Estatuto del Partido de la Revolución Democrática, que determina como atribución del Consejo nacional la de “Formular, desarrollar y dirigir la política del Partido en el país para el cumplimiento de los documentos básicos y las resoluciones del Congreso Nacional...”.

 

Así, es de señalar que la razón de ser de un plazo de casi seis meses (agosto de 2001 a enero de 2002, artículo transitorio tercero del Reglamento de Ingreso y Membresía) para la determinación de las demarcaciones territoriales se da simultáneamente con otras actividades de organización del partido, en dos vertientes, una de ellas para la organización del partido de acuerdo a los nuevos documentos básicos y otra para la organización de la elección interna que tuvo verificativo el pasado 17 de marzo del presente año.

 

En consecuencia, de los hechos que parcialmente han sido reconocidos, así como de la lectura de las normas internas de mi partido se colige que la determinación de las demarcaciones se fue organizando en los plazos determinados de acuerdo a las normas internas y como ya se ha señalado, el plazo original fue ampliado por diez días más del previsto, a fin de concluir con la determinación de las demarcaciones territoriales. También es de señalar que, de acuerdo a las normas internas de la parte que represento, la determinación de las demarcaciones territoriales coincidió parcialmente con los plazos de reafiliación al padrón de miembros del partido y con la instalación de Comités de Base, esto, de acuerdo a una lógica sucesiva y simultánea, de tal suerte que una vez avanzado el procedimiento de reafiliación se inició la determinación de demarcaciones territoriales y una vez avanzada este último procedimiento, se inició la instalación de los Comités de Base.

 

Aquí también es importante señalar que los quejosos pretender confundir a esta autoridad electoral, pretendiendo involucrar de forma directa la creación de los Comités Ejecutivos de carácter provisional de los Comités de Base con el proceso electoral interno realizado el pasado 17 de marzo, no obstante que se trata de procedimientos y  situaciones independientes y en ninguno de tales aspectos se demuestra o se permite presumir la infracción a las normas internas de mi partido como lo refieren los quejosos mediante afirmaciones subjetivas carentes de cualquier sustento, es decir, no se desprende irregularidad alguna como sería una inadecuada interpretación, aplicación o inobservancia de las normas internas que rigen al Partido de la Revolución Democrática.

 

Por lo que hace a la reforma al Reglamento General de Elecciones y Consultas, en donde en su artículo 5 transitorio se determina ampliar al mes de febrero la elección provisional de Comités Ejecutivos de aquellos Comités de Base que a la fecha de la reforma a dicho Reglamento no lo hubiesen realizado; se colige de los elementos conocidos hasta aquí, que tal determinación fue en virtud de diversas causas, que como se ha indicado se derivan del texto de la propia reforma, como es que subsistían casos en los que aún no se había determinado la respectiva demarcación territorial, o estando determinada no lo hubiesen realizado; adecuación que va dirigida precisamente a la consecución de los actos a que obligan el Estatuto y los reglamentos derivados de éste, por tanto, no existe infracción estatutaria de hecho o de derecho y mucho menos afectación alguna a los quejosos ni a los miembros del instituto político que represento.

 

Finalmente es de señalar que los quejosos realizan una serie de aseveraciones en el sentido de que no se realizaron una serie de actos establecidos en el Estatuto y sus Reglamentos, esto, sin aportar elemento probatorio que respalde sus afirmaciones, es decir, sin demostrar ningún caso particular en el que respalde sus afirmaciones, a pesar de que de forma unilateral se dicen miembros del Partido de la Revolución Democrática, no demuestran por ejemplo que en su caso particular no se les hubiera incluido en un comité de Base derivado de una demarcación territorial de acuerdo a su domicilio, o que en su respectivo Comité de Base no se hubiera realizado la elección del respectivo Comité Ejecutivo de carácter provisional de su correspondiente Comité de Base, esto, no obstante, que al inicio de su escrito se refieren a lo que denominan “darle poder a las bases”.

 

Particularmente por lo que hace a la afirmación del numeral 11 del capitulo de hechos de la queja que se contesta, es de señalar que lo afirmado en el mismo no constituye propiamente un hecho, sino una aseveración subjetiva, no obstante, es de señalar que tal criterio de los recurrentes deviene un inverosímil, puesto que como ya se ha indicado, las direcciones provisionales que de acuerdo a las normas internas los Comités de Base eligen antes de la elección del 17 de marzo, son de carácter provisional y la elección de sus órganos directivos definitivos al momento de la presentación de la queja que se contesta se realizaría el 17 de marzo del presente año, por tanto, en el eventual caso en que se hubiese electo la dirección provisional previo a la elección nacional, ello no implica de forma alguna que no se integren los Consejos Municipales de mi partido, por tanto no existe el nexo causal alegado por los quejosos.

 

10., 12., 13., 14., 15., 16. y 17. Los correlativos se contestan de manera conjunta en virtud de su estrecha vinculación ya que los mismos se relacionan con la determinación de funcionarios de casilla para la elección celebrada el pasado 17 de marzo del presente año.

 

En efecto, el Servicio Electoral del Partido de la Revolución Democrática en tiempo y forma realizó la insaculación de afiliados para la integración de las mesas de casilla, por lo que es falso que exista violación alguna en el aspecto que se contesta.

 

Por lo que hace a la publicación de la ubicación e integración de tas mesas de casilla, los recurrentes indican que "El 2 de marzo debía publicar...", sin indicara quien le imputa tal hecho o deber de publicar, además se refieren a "un encarte de 84 páginas" que en su dicho apareció el día 2 de marzo en el diario nacional "La Jornada", sin embargo, como se verá más adelante no ofrecen medio de prueba alguno en donde se identifique el citado encarte y que el mismo haya sido publicado en la fecha y en el periódico que señala. Por lo tanto, tal hecho que aparece en el numeral 15 del capítulo respectivo no constituye una imputación a la parte que represento por lo que no constituye un hecho propio, además, sí así fuera, es de señalar que la parte que represento no cuenta con los elementos para pronunciarse sobre la fidelidad del supuesto "encarte" tampoco para corroborar si el mismo ha sido expedido por alguna de sus instancias y mucho menos que cuente con las características que los quejosos pretenden como es la fecha y el medio informativo en que supuestamente fue publicado.

 

Por lo que se refiere al costo de la supuesta publicación el mismo resulta irrelevante en los motivos de la queja, puesto que como los propios quejosos señalan, cualquier eventual publicación se habría realizado por disposición reglamentaria.

 

Respecto a los supuestos hechos que refiere del 12 de marzo del presente año, es de señalar que los mismos resultan ambiguos, imprecisos y obscuros, además de subjetivos, al no precisar quienes "seguían" (sic) "trabajando en la integración de las mesas de casilla y habían acordado..." que ante la no aceptación de funcionarios de casilla los que denominan los "dos principales contendientes" propusieran a los funcionarios de casilla; situación que coloca en estado de indefensión a mi representada, al no conocer con precisión los supuestos hechos que se insinúan.

 

No obstante ello, me permito señalar desde este momento que las instancias del partido que represento son ajenas a los supuestos hechos aducidos por los quejosos y que en términos de las normas que rigen los procesos internos de mi partido no existen "principales contendientes", especialmente en razón de lo previsto en el artículo 4 del Estatuto de mi partido, en consecuencia, todos los candidatos gozan de los mismos derechos, sin que los recurrentes aporten elementos en contrarío. Por tanto, es falso como lo señalan los quejosos que exista un acuerdo fechado el 5 de marzo entre lo que los mismos denominan "CEN" y "dirigentes estatales".

 

En consecuencia, los recurrentes no acreditan ni aportan pruebas o indicios que permitan presumir infracciones a las normas internas, ni tampoco que haya ocasionado perjuicio alguno a los derechos de los miembros del partido que represento y mucho menos a los quejosos, tampoco que se afectara la organización del proceso electoral interno, situación que se demuestra con la falta de elementos de los quejosos para demostrar su aseveraciones.

 

Por último los quejosos afirman de manera vaga e imprecisa que los funcionarios de casilla insaculados no coinciden con los que recibirán las votaciones el 17 de marzo de 2002, hecho sobre el cual me es imposible responder de acuerdo al momento en que se realiza tal aseveración por parte de los quejosos, toda vez que en esas condiciones se trata de un hecho futuro e incierto, además que no señalan casos concretos y específicos que respalden las afirmaciones de los quejosos y a la vez permita a mi representada a pronunciarse respecto de los mismos de acuerdo a las más elementales garantías constitucionales y legales.

 

Por lo que hace al capítulo que en su escrito de queja se denomina "Violaciones", paso a referirme al mismo en los términos siguientes:

 

Los quejosos indican que de su capítulo de hechos se desprenden múltiples violaciones, pero que las supuestas violaciones que reclaman se refieren de forma central y exclusiva a la integración de las mesas de casilla. Siendo que los quejosos expresan una serie de numerales en el capítulo respectivo, paso a contestar cada uno de ellos de acuerdo al orden en que aparecen en el escrito de queja.

 

1. Los quejosos reconocen una vez más que se realizó la insaculación respectiva para la integración de las mesas de casilla, pero indicando de forma subjetiva que se violentaron requisitos previos, sin que se refieran a alguno de forma particular o específica, es decir, algún requisito previo para la insaculación.

 

También mencionan el incumplimiento de requisitos adicionales como notificar a los insaculados, convocarlos a capacitación y a la toma de protesta y que los presidentes de las casillas no se determinaron por insaculación; alegando incumplimiento al artículo 53 del Reglamento General de Elecciones y Consultas del Partido de la Revolución Democrática, al respecto se reitera que los quejosos no especifican casos concretos o específicos que respalden sus afirmaciones, ni tampoco ofrecen medio de convicción alguno, por lo que los quejosos omiten observar lo dispuesto por el artículo 10, fracción V, del antes citado Reglamento que regula la tramitación de la presente queja, razón por la cual debe desecharse de plano la respectiva queja, de acuerdo a lo que dispone el articulo 13, inciso d) del citado Reglamento aplicable en la presentación de la queja que se contesta.

 

Además es de señalar que conforme a lo dispuesto por el articulo 25, numeral 2, del citado Reglamento que regula la tramitación de la presente queja, los hechos aducidos por los quejosos son objeto de prueba por tratarse de hechos controvertibles al alegar incumplimiento de las normas internas del partido que represento, es decir, realizan afirmaciones sin sustento alguno, razón por la cual habrá de decretarse la improcedencia de la queja que se contesta.

 

Aquí es de señalar que el Servicio Electoral del Partido de la Revolución Democrática al constituir un órgano y autoridad interna le es aplicable el principio de presunción de la buena fe de sus actos salvo prueba en contrario, situación que en la especie no se desvirtúa con las simples afirmaciones subjetivas de los quejosos.

 

2., 3., 4., 5., 6., y 7. Los correlativos se contestan de forma conjunta toda vez que los mismos se refieren a la selección de funcionarios de casilla para la elección interna. Por lo que toca a lo dispuesto por el artículo 54, numeral 3, del Reglamento General de Elecciones Internas, tal y como ya se ha señalado en la contestación al capítulo de hechos, no demuestran u ofrecen prueba o indicio alguno que respalde la afirmación de que "2. No se publicó la integración y domicilio de las mesas de casilla el 2 de marzo ..." (página 4 de la queja en el capítulo de violaciones). Por el contrarío, tal afirmación es contradictoria con lo que afirman los mismos quejosos en el numeral 15 del capitulo de hechos de la queja que se contesta ya que, sobre la especie, indican la realización de una publicación y en el correlativo la niegan en términos absolutos; con lo que una vez más se demuestra la ambigüedad y frivolidad de la queja en cuestión.

 

En consecuencia, sobre el particular se reitera que no existe indicio o medio de convicción que aporten los quejosos que desvirtúe la buena fe de los actos del Servicio Electoral, es decir, que exista alguna maquinación, actos u omisiones que con relación al proceso electoral interno que infrinjan normas internas.

 

Por otra parte, los quejosos alegan que los funcionarios de las casillas designados no correspondan con los afiliados insaculados, afirmación que en principio, elimina cualquier controversia respecto a que a la fecha de la presentación de la queja que se contesta que es el 13 de marzo, inclusive en la óptica muy particular de los quejosos ya se encontraban integradas las mesas de casilla.

 

Ahora bien, del capítulo de hechos como de los conceptos de "violación" que se contestan se desprende que los quejosos reclaman incumplimiento de lo previsto en el artículo 53 del citado Reglamento de elecciones internas, alegando que los funcionarios designados por el Servicio Electoral que recibirían la votación el 17 de marzo no fueron insaculados, a pesar que de los hechos establecidos por los quejosos reconocen que se realizó en tiempo y forma la insaculación de militantes, por otra parte, es de señalar que los quejosos no indican casos o elementos particulares que respalden sus afirmaciones, en consecuencia, tampoco aportan elementos de prueba respecto de los cuales permitan a mi representada producir alguna contestación, tratándose de afirmaciones subjetivas, vagas e imprecisas que no permiten la defensa de mi representada.

 

Por lo que toca a lo que los quejosos definen como un "...disco compacto de los funcionarios insaculados..." (página 4 del escrito de queja numeral 3 del capítulo “violaciones”), es de señalar que cualquier prueba técnica ofrecida por los quejosos carece de cualquier valor probatorio, toda vez que se trata de un medio susceptible de ser elaborado de forma unilateral o de manipularse o alterarse con facilidad, en consecuencia, carece de autenticidad y valor probatorio cualquier medio de técnico ofrecido por los quejosos. En consecuencia los afirmaciones de los quejosos son de naturaleza subjetiva realizadas sin fundamento alguno, ya que como se específica más adelante en el respectivo apartado de objeción de pruebas, las bases de datos contenidas en los citados medios magnéticos únicamente constituyen bases de datos amorfas que carecen de relación con las afirmaciones de los quejosos.

 

En otra parte, los quejosos refieren que eventualmente en una casilla en que la violación sea recibida por personas u organismos distintos a los facultados puede ser afectada por la nulidad de la votación recibida en la misma. Respecto a esto, es de señalar que tales aseveraciones al momento de la presentación de la queja constituyen un hecho futuro e incierto, además de que como lo reconocen los quejosos, de acuerdo al artículo 74, numeral 1, inciso d) del citado Reglamento de elecciones internas, la eventual anulación de la votación recibida en una casilla de acuerdo a lo alegado por los propios quejosos no se produce de forma automática o de oficio, y mucho menos antes de su propia existencia material, como lo pretenden los quejosos, sino que de manera lógica y de acuerdo al Reglamento de elecciones antes citado, en primer término debe existir la votación supuestamente afectada de la queja de nulidad y como ya se ha señalado, en la fecha de la presentación de la queja que se contesta que es el 13 de marzo no se había realizado la elección que tuvo verificativo hasta el día 17 de marzo; en segundo término se deben actualizar las hipótesis previstas en el artículo 71 del Reglamento de elecciones internas, en donde se establece:

 

Artículo 71.

1. El recurso de inconformidad, es procedente para impugnarlos resultados consignados en las actas de escrutinio y cómputo, la declaración de validez de resultados de las elecciones y para invocar la nulidad de la votación en una o varías casillas o de una elección nacional, estatal o municipal, y para impugnar la inelegibilidad de aspirantes por incumplimiento en los requisitos establecidos en el presente ordenamiento.

 

2. El escrito interpuesto el día de la jornada electoral contra los resultados contenidos en el acta de escrutinio y cómputo de la casilla, puede ser auxiliar para establecer las presuntas violaciones durante la jornada electoral.

 

3. Para el caso específico del recurso de inconformidad, se deberá señalar en el escrito:

 

a) la elección que e impugna;

 

b) la mención individualizada del acta de cómputo que se impugna;

 

c) la mención individualizada en las casillas cuya violación se solicite sea anulada y la causal de nulidad que se invoque; y

 

d) el señalamiento de error aritmético cuando sea este el motivo por que se impugnen los resultados.

 

4. Es competencia para conocer del recurso de inconformidad la comisión nacional de garantías y vigilancia en única instancia para los comicios de carácter nacional, de órganos y candidatos. Así como la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia será única instancia en elecciones internas estatales y municipales de candidatos a puestos de elección popular.

 

5. Las sentencias al recurso de inconformidad podrán tener los efectos siguientes:

 

a) confirmar el acto impugnado;

 

b) declarar la nulidad de la votación emitida en una o varias casillas y modificar en consecuencia las actas de cómputo municipal, estatal o nacional, según sea el caso;

 

c) revocar la constancia de mayoría expedida a favor de un candidato o planilla y otorgarla al candidato o planilla que resulta ganador en el supuesto anterior;

 

d) declarar la nulidad de la elección que se impugna;

 

e) ajustar la lista de consejeros según corresponda a la sentencia;

 

f) Hacer la declaratoria de la no elegibilidad del aspirante; y

 

g) Hacer la corrección de los cómputos cuando sean impugnados por error aritmético.

 

6. Las sentencias que recaigan a los recursos de inconformidad serán definitivas.

 

En seguida, y en un tercer término, para determinar la validez o nulidad de la votación en una o más casillas, tal situación queda sujeta a la valoración de la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia de acuerdo a lo que dispone el artículo 73, del citado Reglamento   de   elecciones   Internas,   en   donde   se establece lo siguiente:

 

Artículo 73.

 

1. Corresponde únicamente declarar la nulidad de una o varias casillas o de una elección a la comisión nacional de garantías y vigilancia, en los casos de comicios internos a nivel nacional y a nivel estatal.

 

2. Las nulidades decretadas por las comisiones de garantías y vigilancia deberán ajustarse exclusivamente en el caso de actualizarse las causales expresamente previstas en el presente capítulo, y se contraerán únicamente a la votación o elección que expresamente se haya hecho valer en el recurso de inconformidad.

 

3. Las elecciones cuyos cómputos, constancias de mayoría o de asignación no sean impugnadas en tiempo y forma, se considerarán válidas y definitivas.

 

4. Ninguna planilla o candidato podrá invocar alguna causa de nulidad que ellos mismos hayan provocado.

 

En consecuencia, en atención al principio de seguridad jurídica resultan improcedentes las apreciaciones subjetivas y pretensiones de los quejosos, así mismo, no se deriva de todo lo anterior, infracción a las normas internas del Partido de la Revolución Democrática, ni tampoco se demuestra o deriva afectación a derechos de los militantes o de los quejosos.

 

Finalmente por lo que hace al alegato de los quejosos en el sentido de que el "IFE" (sic), se encuentra facultado para que los partidos políticos observen el "COFIPE" (sic), y su normatividad interna, respaldando tal apreciación en el artículo 82, párrafo 1, inciso h), al parecer del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, es de señalar que tal precepto no es aplicable ni acorde con las pretensiones de los quejosos toda vez que se refiere a las atribuciones del Consejo General en materia de prerrogativas de los partidos políticos, además como ya se ha señalado en el respectivo capítulo de excepciones y defensas, esta autoridad carece de competencia respecto a las pretensiones de los quejosos, por tanto, solicito que se tengan por reproducidos lo hecho valer en el citado apartado a efecto de evitar ociosas repeticiones.

 

Ahora bien, de todo lo anterior se deriva que no existe infracción alguna a las normas internas del partido que represento y tampoco se deriva afectación alguna a los derechos de los militantes de mi partido y mucho menos de los quejosos, en consecuencia debe decretarse el desechamiento de la presente queja o, en su defecto, la improcedencia de la misma.

 

En lo que respecta al capítulo de pruebas de la queja que se contesta, desde este momento se objetan todas y cada una de las ofrecidas por los quejosos en cuanto al alcance y valor probatorio que pretenden fincarles, así como en cuanto a su autenticidad, también respecto de su contenido ya que básicamente se trata de copias fotostáticas sin valor probatorio alguno, situación que ya se ha hecho valer en el respectivo capítulo de improcedencia de la presente contestación, lo cual solicito que se tenga por reproducido en el presente capítulo en obvio de repeticiones estériles, por lo que paso a referirme en forma particular a cada uno de los medios de los quejosos acompañan a su escrito de queja, en los términos siguientes:

 

1. El documento que contiene el escrito de queja no constituye medio de prueba de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 27 del "Reglamento del Consejo General para la tramitación de los procedimientos para el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales"

 

2, 3, y 4, Los citados documentos no son objeto de prueba en atención a lo dispuesto por el artículo 25, numeral 1, del citado Reglamento que regula la tramitación del presente procedimiento de queja. Precisando que por lo que se refiere al Reglamento General de Elecciones y Consultas, el ejemplar que los quejosos ofrecen no contiene las reformas al mismo, que se señalan y se reclaman en el propio escrito de queja, siendo que tales reformas en su oportunidad fueron debidamente notificadas por el partido que represento, a este Instituto por del suscrito a su Secretaría Ejecutiva, mediante oficio PGA-030/2002, fechado el 28 y recibido el día 29, ambos días del mes de enero del presente año.

 

5. Respecto a las supuestas credenciales de elector de los C. C. Verduzco Días Carolina y de Alvarez Garín Raúl, las mismas se objetan en cuanto a su autenticidad y contenido toda vez que se trata de copias fotostáticas sin valor probatorio alguno en razón de ser susceptibles de alteración. Además carecen de los efectos probatorios que pretenden los quejosos, toda vez que aún en el caso de que se tratase de documentos auténticos los mismos serían ineficaces para acreditar la pertenencia al Partido de la Revolución Democrática y por tanto el interés jurídico para reclamar infracción a las normas internas del partido que represento.

 

Por lo que hace a la copia fotostática de una supuesta credencial del Partido de la Revolución Democrática con el nombre de "GERARDO R. FDZ. NOROÑA", la misma se objeta en cuanto al alcance y valor probatorio, que pretenden fincarle los quejosos, así como respecto a su autenticidad y contenido, constituyendo una copia fotostática carente de valor probatorio en virtud de ser susceptible de manipulación, para su elaboración o alteración; además es de señalar que se utiliza un formato de credencial no vigente en mi partido, de acuerdo a las últimas reformas al Estatuto de la parte que represento, por tanto, aún en el caso de que se tratase de un documento auténtico (cuestión que no ocurre en la especie) el mismo resultaría ineficaz para acreditar la pertenencia al Partido de la Revolución Democrática y la vigencia de derechos.

 

6. El documento que aparece en el correlativo se objeta en cuanto al alcance y valor probatorio que pretenden fincarle los quejosos, así como respecto a su autenticidad y contenido; además que del mismo no se desprenden los atributos y características que le atribuyen los quejosos como es que se trate de una publicación del periódico "La Jornada" ni que se haya publicado en la fecha que indican los quejosos.

 

7. El documento que se cita en el correlativo, se objeta en cuanto a su autenticidad y contenido, asimismo se objeta en cuanto al alcance y valor probatorio pretendido por los quejosos, de tal suerte que por tratarse de copias fotostáticas resultan susceptibles de ser elaboradas de manera unilateral o de alteración, por lo que carecen de valor probatorio alguno.

 

8. El ofrecimiento contenido en el correlativo se objeta en primer término por no estar ofreciendo conforme a derecho, puesto que no específica el origen o autoría de las "copias" que ofrece en disco compacto, situación que impide a mi representada una adecuada defensa, no obstante esto, desde este momento se objetan las supuestas pruebas técnicas ofrecidas por los quejosos en cuanto a su autenticidad y contenido, así como respecto al alcance y valor que los quejosos pretenden darle. Las supuestas "copia de afiliación insaculados" y "copia de las mesas de casilla" que los quejosos ofrecen en medios magnéticos, contienen en el disco compacto tres bases de datos amorfas, sin especificación alguna respecto a lo que los quejosos indican que pretenden probar, es decir no se específica a que se refiere cada una de estas bases de datos ni en las mismas se contiene referencia de su contenido. Por lo que hace al disco de 3 1/2", el mismo contiene 16 dieciséis archivos con bases de datos con textos y números amorfos sin que en los mismos se identifique su contenido, ya que carecen en todos los casos de rubro o especificación de su contenido.

 

En consecuencia, las bases de datos que los quejosos ofrecen carecen de relación con los hechos afirmados, así también se trata de elementos susceptibles de ser creados o alterados de forma unilateral por lo que carecen de cualquier valor probatorio; en consecuencia, desde este momento manifiesto que mi partido desconoce el origen de dichas bases de datos y el medio de obtención o elaboración que los quejosos hayan implementado para su ofrecimiento.

 

9. Las documentales ofrecidas en el correlativo se objetan por no
estar ofrecidas conforme a derecho, puesto que los quejosos al no
señalarse el objeto de la prueba ni tener relación con el contenido de su escrito de queja.

 

Asimismo, se objetan el conjunto de documentales que se ofrecen en este apartado, en cuanto el alcance y valor probatorio que los quejosos pretenden darles, asimismo, se objetan en cuanto autenticidad y contenido, siendo que al constituir copias fotostáticas las mismas carecen de valor probatorio en razón de ser susceptibles de alteración y de ser elaboradas en forma unilateral, cuestión esta última que se puede corroborar de la combinación de portadas en copias fotostáticas e impresos en original sin sellos o firmas, elementos que permiten apreciar la manipulación de las documentales que se objetan, constituyendo una razón adicional que permite de acuerdo a las reglas de valoración de las pruebas omitir su consideración y determinar su nulo valor probatorio.

 

10. Del correlativo se objeta tal ofrecimiento por ser contrarío a derecho, toda vez que los quejosos no especifican el tipo de prueba, no demuestran haberlas solicitado ni los lugares o autoridades a las que se les pueden requerir, por tanto, tal numeral del ofrecimiento de pruebas es contrarío a lo que estipula el articulo 23 párrafo 3, del citado Reglamento que regula el procedimiento de queja en curso.

 

Por último, por lo que hace a los petitorios de los quejosos en su escrito de queja, se reitera que de los mismos se desprende la notoria improcedencia de la queja en cuestión en virtud de que el procedimiento para el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones administrativas establecidas en el Titulo Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, carece de los efectos pretendidos por los quejosos y así también demuestran lo extemporáneo de las reclamaciones realizadas ante este instituto, el cual carece de competencia para conocer de las pretensiones de los quejosos por las razones que se han expuesto."

 

IX. El día doce de abril de dos mil dos, inconforme con el contenido del acuerdo de fecha cuatro de abril de dos mil dos, que tuvo por recibido el escrito presentado ante la Presidencia del Consejo General del Instituto Federal Electoral el día veintiséis de marzo de dos mil dos y ordenó agregarlo al expediente JGE/QRAG/CG/005/2002, así como dar vista al Partido de la Revolución Democrática, para que dentro del término de cinco días contestara por escrito lo que su derecho conviniese y aportara las pruebas que considerara pertinentes, referido en el resultando VI del presente dictamen, el C. Pablo Gómez Álvarez, representante propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, independientemente de la contestación que posteriormente realizó de manera cautelar dentro del presente expediente, interpuso recurso de revisión en contra del Secretario de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, en los siguientes términos:

 

“(...)

 

HECHOS

 

I. Con fecha 13 de marzo del año que transcurre, se recibió en la Presidencia del Consejo General del Instituto Federal Electoral, un libelo de la misma fecha signado por quienes se ostentan como Raúl Álvarez Garín, R. Antonio Martínez torres (sic), Corolina (sic) Verduzco ríos y José Gerardo Fernández Noroña, en el cual imputan diversas conductas al Partido de la Revolución Democrática. Al expediente integrado con motivo de la denuncia administrativa presentada le fue asignado el número JGE/QRAG/CG/005/2002, misma que fue emplazada por esta autoridad y contestada por mi representada en tiempo y forma oponiendo las excepciones de defensa que se estimaron convenientes.

 

II. En fecha ocho de abril del año que transcurre, mi representada fue sabedora a través de la cédula y diligencia de notificación realizada por el Lic. Jorge Reachi Sandoval, en la que se da cuenta del acuerdo de 4 de abril del año dictado por el Secretario Ejecutivo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral (...) dentro del expediente JGE/QRAG/CG/05/2002 (...), que señala: "a) Agréguese el ocurso de cuenta, así como sus anexos, al expediente JGE/QRAG/CG/05/2002 (...); b) atento al estado que guardan los autos dese vista con copia del escrito y anexos al Partido de la Revolución Democrática, para que en el término de cinco días contados a partir del siguiente al de la notificación del presente, conteste por escrito lo que a sus (sic) derecho convenga y aporte las pruebas que considere pertinentes, en el entendido que en caso de no hacerlo en la forma y plazo señalado, se formulará el dictamen correspondiente con los elementos con que se cuente." En dicha diligencia también se me hizo sabedor del oficio JGE/027/2002, de fecha 5 de abril de 2002, por virtud del cual se da traslado del escrito de fecha 21 de marzo de 2001, presentado ante la Presidencia del Consejo General del Instituto Federal Electoral el día 26 de marzo de 2002, y sus anexos.

 

Actos en la que incurren en una serie de violaciones constitucionales y legales; las cuales causan al Partido Político que represento los siguientes:

 

AGRAVIOS

 

 

ÚNICO

 

Los actos reclamados son ilegales por existir violación directa al artículo 20 numeral 2 del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

 

En efecto, conforme a las constancias procesales que obran en el expediente JGE/QRAG/CG/05/2002, se desprende que esta autoridad de manera factica (sic) realiza una acumulación de quejas o denuncias presentada en contra de mi representadas (sic), sin que al efecto se hubiere apegado al texto del artículo 20 del ordenamiento invocado, mismo que es del tenor siguiente:

 

Artículo 20

 

1. Para la resolución más expedita de las quejas o denuncias y con el objeto de determinar en una sola resolución sobre dos o más de ellas, procederá decretar la acumulación por:

 

a) Litispendencia, entendida como la relación existente entre un procedimiento que aún no resuelve la autoridad competente y otro que recién ha sido iniciado en los que se da la identidad de los elementos de litigio: sujetos, objeto y pretensión;

 

b) Conexidad, entendida como la relación entre dos o más procedimientos por provenir éstos de una misma causa o iguales hechos, en los que resulta conveniente evitar la posibilidad de resoluciones contradictorias, o

 

c) La vinculación de dos o más expedientes de procedimiento por que existan varías quejas o denuncias contra un mismo denunciado, respecto de una misma cosa y provengan de una misma causa.

 

2. De oficio o a petición de parte, el Secretario podrá determinar la acumulación de expedientes desde el momento de acordar la admisión y hasta antes de la aprobación del dictamen por parte de la Junta, debiendo notificar al denunciado y, en su caso, al quejoso, para que dentro del plazo de 3 días manifiesten lo que a su derecho convenga.

 

Como puede observarse el artículo en comento, establece una serie de formalidades e hipótesis normativas para proceder a la acumulación de denuncias o quejas, situaciones que en el caso concreto no se actualizan o que no fueron respetadas, por lo siguiente:

 

En primer lugar, y como requisito previo de la acumulación es necesario que se actualice alguna de las hipótesis normativas de, litispendencia, conexidad o vinculación en las partes o en la causa de pedir, una vez analizada y bajo el supuesto de procedencia de actualización de alguna de estas suposiciones legales que darían lugar indefectiblemente a la acumulación, lo procedente es que la Junta deba notificar al denunciado y en su caso al quejoso dentro del plazo de 3 días para se (sic) manifieste lo que a su derecho convengan (sic).

 

En el caso concreto estas formalidades no fueron respetadas, pues como se desprende del acuerdo de fecha 4 de abril del año en curso, esta autoridad en la vía de los hechos acumula dos denuncias que tienen actores distintos y causas de pedir diversas, sin respetar la garantía de audiencia que establece la parte final del numeral segundo del artículo 20 del ordenamiento invocado, no obstante lo anterior tampoco sería valido (sic) realizar una acumulación sobre dichas denuncias por no actualizarse en esta etapa ninguno de los supuestos a que se refiere el artículo 20 del ordenamiento de marras, como paso a demostrar:

 

No se actualiza la LITISPENDENCIA, entendida como la relación existente entre un procedimiento que aún no resuelve la autoridad competente y otro que recién ha sido iniciado en los que se da la identidad de los elementos de litigio: sujetos, objeto y pretensión. En efecto, como puede observarse de los escritos presentados y que se acumulan en la vía de los hechos de fechas de suscripción 13 y 26 de marzo del año en curso, no existe identidad de las partes, como se demuestra con la siguiente tabla:

 

Escrito de fecha 13 de marzo

 

Escrito de fecha 26 de marzo

 

RAULALVAREZ GARIN

 

RAÚL ALVAREZ Garín

 

CAROLINA VERDUZCO RÍOS

 

CAROLINA VERDUZCO RÍOS

 

JOSÉ GERARDO RODOLFO FERNANDEZ NOROÑA

 

JOSÉ GERARDO RODOLFO FERNÁNDEZ NOROÑA

 

R. ANTONIO MARTÍNEZ TORRES

 

 

 

 

 

MARCO AURELIO SÁNCHEZ

 

 

Respecto a este tópico, es necesario destacar que dentro de la primera de las quejas se manifestó la existencia de un litisconsorcio necesario entendido este (sic) como una modalidad del proceso que consiste en la pluralidad de actores o demandados que ejercitan una acción contra un solo demandado, cuando una persona demanda o varias, y cuando dos o más demandan a dos o más personas.

 

Ahora bien, el litisconsorcio necesario presupone un estado de comunidad jurídica con respecto al objeto litigioso, o bien un derecho o una obligación por una misma causa de hecho o de derecho. En este tipo de litisconsorcio, al existir una relación sustancial para los litisconsortes que inician de origen una acción o excepción, resulta necesaria la presencia de todos (sic) las partes para la consecución de los fines propuestos en el inicio. De este modo y en el caso concreto el acuerdo de fecha 4 de abril de 2002, signado por el Secretario Ejecutivo de la Junta General Ejecutiva al tratar de incorporar o sustituir un nuevo sujeto en documento posterior a la relación jurídica preestablecida con el inicio de un procedimiento, se rompe con el litisconsorcio primigenio, pues es claro que se modifica la identidad de las partes originales en el procedimiento respectivo, situación que en la especie se actualiza pues, de los actos impugnados se desprende indubitablemente la ausencia de un primer actor R. ANTONIO MARTÍNEZ TORRES, pues la voluntad de este (sic) no se encuentra encaminada a reiterar o proseguir la denuncia de nuevos hechos en la queja presentada a esta autoridad en fecha 26 de marzo de 2002, y la inclusión de un nuevo quejoso MARCO AURELIO SÁNCHEZ, pues esta persona no manifiesta su voluntad en hacer como suyos (sic) las manifestaciones de hecho y de derecho manifestadas en el cuerpo del escrito signado en fecha 13 de marzo, situaciones que tiene (sic) como consecuencia la falta de elementos para darle tramite (sic) al escrito de fecha 21 de marzo de 2002, como consecución del primer escrito de fecha 13 de marzo de 2002, pues al faltar el elemento de previo y especial pronunciamiento de la identidad de las partes, es claro que lo correcto era darle cauce de la (sic) esta última denuncia como una nueva queja, y no como anexo de la primera de las mencionadas. Estas consideraciones se encuentran sustentadas en el criterio establecido por el Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el expediente SUP-JRC-368/2001, de fecha 19 de diciembre de 2001.

 

Por otro lado, tampoco se colma el segundo presupuesto, pues no existe identidad en el objeto litigioso, pues como los mismos quejosos reconocen en su escrito signado en fecha 21 de marzo de 2002, que la queja de fecha 13 de marzo se "centra en la suplantación de la inmensa mayoría de funcionarios de casilla y que fungirían el día de las elecciones internas", agregando en el hecho 7. del escrito presentado a esta autoridad en fecha 26 de marzo de los corrientes que "...se han generado nuevos acontecimientos, que evidencian de manera aun mas (sic) clara, las graves violaciones cometidas en torno a nuestros comicios internos y la ilegalidad de los mismos, de esta circunstancia es clara que no existe identidad en el acto u objeto litigioso entre la denuncia presentada en fecha 13 de marzo de 2002 y la presentada el día 21 de marzo, esto es, la causa de pedir es diversa pues la primera de las mencionadas se solicita en el cuarto de los petitorios " determinar la improcedencia e ilegalidad de los comicios internos del partido y solicitar la suspensión temporal del proceso hasta que sea repuesto el procedimiento y cumplimentadas (sic) los requisitos estatutarios y reglamentarios correspondientes", en el escrito presentado el día 26 de marzo de 2002, se solicita en el séptimo de los petitorios: " se apliquen las sanciones establecidas en el artículo 269 y el procedimiento establecido en el artículo 270 del COFIPE", esto es, al no ser coincidentes las prestaciones reclamadas no es posible darle camino de ampliación de la queja al segundo escrito, sino no (sic) lo correcto es darle tramite (sic) de nueva queja. Al respecto es aplicable el siguiente criterio de jurisprudencia:

 

(...)

 

LITISPENDENCIA, EXCEPCIÓN DE. REQUISITOS PARA QUE OPERE. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN.

 

(...)

 

Sobre este respecto es necesario abundar que la importancia de diferenciar y dar tramite (sic) distinto a las denuncias de fecha 13 y 21 de marzo de 2002, como quejas diferentes estriban en la garantía de una adecuada defensa a que como parte procesal se tiene derecho, por lo siguiente:

 

Se dice que se respeta la garantía constitucional de adecuada defensa cuando iniciado un procedimiento se delimita de manera clara y fehaciente la litis del negocio jurídico a tratar, de tal forma que el demandado o acusado tenga la oportunidad de oponer las excepciones y defensas que a su juicio estime pertinentes y que se encuentran relacionadas exclusivamente a las pretensiones iniciales del incoante, de tal forma que al establecerse dicho binomio procesal, el estudio que realice el juzgador se sujete a la pretensión y a la resistencia de las partes, es en este sentido que si una de las partes pretende ampliar su escrito de hechos, debe de constreñirse a la extensión de elementos nuevos pero que tenga que ver exclusivamente y únicamente con ya (sic) planteados, puesto que de hacerlo de forma distinta la litis y la pretensión original se modificaría subsantancialmente, es en este sentido que la adecuada defensa a que alude la Constitución Federal tiene su comprensión, puesto que el demandado o acusado delimita su protección a las pretensiones que en contra suya realiza el actor, y si estas (sic) fueran cambiadas es factible que las excepciones que opusiera fuesen contradictorias entre si (sic) y como consecuencia harían de suyas nulas las defensas planteadas. En este orden de ideas los actos impugnados en este recurso devienen en ilegales, porque al no existir coincidencia plena en la causa de pedir tanto en los hechos y las pretensiones que alude (sic) los escritos de cuenta, no es posible realizar una acumulación de facto como la que se realiza, y por consecuencia es ilegal la el (sic) acuerdo que el Secretario Ejecutivo de la Junta General Ejecutiva signa el día 4 de abril del año en curso y la vista que el mismo Secretario Ejecutivo de la Junta General Ejecutiva ordenada a mi representada a (sic) el día 5 de abril de los corrientes, a través de la notificación que se realiza el día 8 del mismo mes y año, con el segundo de los escritos y anexos que se acompañan, para que en el plazo de cinco días se conteste en un mismo procedimiento dos pretensiones distintas y que se derivan de hechos disímbolos entre sí. Sirve para ilustrar este razonamiento la siguiente tesis jurisprudencial.

 

(...)

LITISPENDENCIA SITUACIÓN EN QUE NO SE   CONFIGURA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)

(...)

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.

(...)

 

Tampoco se actualiza la Conexidad de la causa o la vinculación de expedientes, entendidas como la relación entre dos o más procedimientos por provenir éstos de una misma causa o iguales hechos, en los que resulta conveniente evitar la posibilidad de resoluciones contradictorias, toda vez que para que este supuesto se actualice es necesario que se haya iniciado dos procedimientos de queja definidos en su litis, esto es, una vez presentada, emplazada, contestada y substanciada, se encuentren elementos coincidentes en cuanto al fondo del negocio, que permitan la acumulación para evitar resoluciones contradictorias.

 

Situación que en la especie tampoco ocurre puesto, que al momento de la presentación de este escrito nos encontramos en la fase postulatoria del asunto instaurado en fecha 13 de marzo de 2002, en contra de mi representada, y no existe de manera formal otro procedimiento de queja, situación que hace más evidente que el escrito signado en fecha 21 de marzo se tuvo que dar cauce de nueva queja, para una vez establecida la litis en ambas denuncias se estuviera en posibilidad real y jurídica de establecer el vínculo causal en los hechos y en la causa de pedir de los promoventes, desde luego previa cita a este instituto político, para que ya emplazado manifieste lo que a su derecho convenga.

 

En este sentido se ha (sic) manifestado nuestros tribunales federales, en el siguiente criterio de jurisprudencia.

 

EXCEPCIÓN   DE   CONEXIDAD   DE   CAUSA,  IMPROCEDENTE CUANDO SE PIDE EN JUICIOS SEGUIDOS EN DIVERSAS VÍAS.

(...)

 

En este orden de ideas es claro que los actos impugnados devienen en ilegales, por lo que solicito se decrete la revocación de los mismos, dejando sin efectos los mismos y reinicie el procedimiento de substanciación de la denuncia presentada en fecha 26 de marzo de los corrientes ante esta autoridad, como nuevo procedimiento de queja, debiendo emplazar a mi representada en los términos y condiciones que el Código de (sic) Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y la normatividad interna del Instituto Federal Electoral señale para tales eventos (...)”

 

X. Por considerar que se trataba de un recurso de apelación, el Secretario de la Junta General Ejecutiva, mediante oficio SJGE/052/2002, de fecha veintidós de abril del año en curso, remitió a la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el expediente ATG-006/2002, formado con motivo del recurso de mérito, integrado entre otros documentos, con el original de dicho recurso y anexos, cédulas, razones de publicitación y el informe circunstanciado de ley.

 

XI. Con fecha quince de abril del presente año, el C. Pablo Gómez Alvarez, en su carácter de Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, dentro del plazo legal, dio contestación de manera cautelar en tiempo y forma a la vista que se le mandó dar respecto del escrito presentado ante la Presidencia del Consejo General del Instituto Federal Electoral el día veintiséis de marzo de dos mil dos.

 

XII. Por acuerdo de fecha diecinueve de abril de dos mil dos, suscrito por el Secretario de la Junta General Ejecutiva de este Instituto, notificado mediante oficio SJGE/054/2002, de fecha veintidós de abril de dos mil dos, con fundamento en los artículos 14, 16 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 38, párrafo 1, incisos a) y s); 82, párrafo 1, incisos h) y w); 84, párrafo 1, incisos a) y p); 85, 86, párrafo 1, incisos d) y l); 87, 89, párrafo 1, incisos II) y u); 189, párrafo 1, inciso d); 269, 270, párrafo 2 y 271 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; en relación con los artículos 13, 14, 15, 16, 26, 27 y 28 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y en los numerales 1; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 15, párrafo 1, inciso c); 16, párrafo primero y 21 del Reglamento del Consejo General para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se requirió al Partido de la Revolución Democrática para que informara si fue realizada, por parte del órgano competente, la publicación a que se refiere el artículo 54, párrafo 3 de su Reglamento General de Elecciones y Consultas, con motivo de las elecciones nacionales de ese partido político celebradas en el mes de marzo del presente año, y en su caso, remitiera copia certificada o un ejemplar de dicho documento.

 

XIII. El día seis de mayo de dos mil dos, mediante oficio SGA-JA-467/2002, de esa misma fecha, se notificó al Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral el acuerdo dictado por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del expediente SUP-RAP-007/2002, en cuyas fojas 2, 6, 7, 8, 14 y puntos de acuerdo, se estableció:

 

(...)

 

Una vez examinadas las constancias se encuentra, que no ha lugar a dar trámite al pretendido recurso de apelación, sino que lo procedente es devolver el expediente a la autoridad que lo remitió, en virtud de que el medio de impugnación es un recurso de revisión, como se demuestra con las siguientes consideraciones.

 

(...)

 

En resumen, de la comparación de los escritos presentados el trece y veintiséis de marzo del año en curso, respectivamente, se puede advertir que el 'petitum' y la 'causa petendi' de cada escrito son distintos.

 

En efecto, mientras en el escrito presentado el trece de marzo del año en curso, la petición de los promoventes consistió en que se determinara ‘la ilegalidad e improcedencia' de la preparación de los comicios internos del Partido de la Revolución Democrática y se suspendiera temporalmente el proceso electoral; en el escrito presentado el veintiséis de marzo referido, la petición esencial de los promoventes fue que se declarara la ilegalidad de los comicios internos del partido mencionado, que tuvieron lugar el diecisiete de marzo del año en curso, y se aplicara la sanción que procediera.

 

Respecto de la causa de pedir, en el primero de los escritos mencionados se refiere a las supuestas irregularidades ocurridas durante la preparación de los comicios internos del Partido de la Revolución Democrática, con anterioridad al diecisiete de marzo del año en curso, día en que se recibió la votación partidaria; en cambio, la causa de pedir del segundo escrito se hizo consistir en la supuesta concurrencia de distintas irregularidades que según los promoventes ocurrieron el día de la jornada electoral partidista y con posterioridad a ella.

 

Cabe destacar, además, que tampoco hay identidad entre los sujetos que formularon los dos escritos, por que en el segundo escrito (el presentado el veintiséis de marzo de dos mil dos) ya no figura R. Antonio Martínez Torres, en cambio interviene Marco Aurelio Sánchez, quien no promovió en el primero.

 

De lo expuesto se advierte que los escritos de trece y veintiséis de marzo contienen peticiones y causas de pedir distintas. Los promoventes también son distintos.

 

Ahora bien, esta Sala Superior considera, que el recurso procedente en contra del acuerdo de cuatro de abril de dos mil dos dictado por la Secretaria Ejecutiva, que recayó al escrito de veintiséis de marzo de dos mil dos, es el de revisión y no el de apelación, como lo consideró erróneamente el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral.

 

(...)

 

En conclusión, el acuerdo recurrido no es de la Junta General Ejecutiva, sino del Secretario Ejecutivo que, en funciones de secretario de dicha junta, es el competente para sustanciar, en ejercicio de facultades legales y reglamentarías propias, los procedimientos de las quejas para la aplicación de sanciones administrativas.

 

Acorde con lo hasta aquí razonado, no procede aceptar el pretendido ajuste de vía de la impugnación interpuesta por el Partido de la Revolución Democrática, por medio de su representante, que hizo el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, sino que lo procedente es devolver las constancias del expediente ATG/006/2002 a dicho funcionario administrativo electoral, para que en ejercicio de sus atribuciones determine lo que en derecho proceda.

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo previsto por los artículos 41, párrafo segundo, fracción IV y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 189 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 35 al 40 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral , SE ACUERDA:

 

1. Se tiene por recibido el expediente A TG-006/2002.

 

2. Devuélvanse al Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral todas las constancias que integran el expediente ATG-006/2002.

 

3. Con copia certificada del oficio de remisión, de las constancias que integran el expediente ATG-006/2002 y del presente acuerdo, intégrese el cuaderno de antecedentes respectivo, para que quede constancia en el archivo de este tribunal.

(…)”

 

XIV. En virtud de que en el acuerdo de referencia, emitido por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se consideró que el escrito presentado ante la Presidencia de este Instituto el día veintiséis de marzo de dos mil dos, suscrito por los C.C. Raúl Álvarez Garin, Carolina Verduzco Ríos, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña y Marco Aurelio Sánchez, contiene causas de pedir y promoventes distintos a los del escrito presentado ante la Secretaría Ejecutiva el día trece de marzo de dos mil dos, por virtud del cual se formó el presente expediente, identificado con el número JGE/QRAG/CG/005/2002, a efecto de regularizar el procedimiento el Secretario de la Junta General Ejecutiva acordó iniciar un procedimiento diverso por lo que hace a dicho escrito, y con fundamento en los artículos 38, párrafo 1, incisos a) y s); 82, párrafo 1, incisos h) y w); 84, párrafo 1, incisos a) y p); 85, 86, párrafo 1, incisos d) y l; 87, 89, párrafo 1, incisos II) y u); 269, 270 y 271 del Código Electoral, en relación con los artículos 14, 16 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, 14, 15, 16, 26, 27 y 28 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 14, párrafo 2 y 16 del Reglamento del Consejo General para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Electoral, en relación con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 10 de los Lineamientos para el Conocimiento y la Sustanciación de los Procedimientos de las Faltas Administrativas, establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Electoral, publicados el doce de febrero de dos mil dos en el Diario Oficial de la Federación, ordenó formar el nuevo expediente, el cual quedó registrado con el número JGE/QRAG/CG/036/2002 y emplazar al Partido de la Revolución Democrática.

 

XV. Por oficio PGA-098/02, de fecha trece de mayo de dos mil dos, presentado ante la Secretaría Ejecutiva de este Instituto el día quince de ese mismo mes y año, el C. Pablo Gómez Álvarez, representante propietario del Partido de la Revolución Democrática remitió la documentación requerida mediante oficio SJGE/054/2002, de fecha veintidós de abril del presente año.

 

XVI. Por acuerdo de fecha veintidós de mayo de dos mil dos, suscrito por el Secretario de la Junta General Ejecutiva, notificado mediante oficio SJGE/068/2002, de fecha veintinueve de mayo de dos mil dos, con fundamento en el artículo 270, párrafo 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y en los artículos 1; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 15, párrafo 1, inciso c); 16, párrafo primero, 21, 36, 38 y 40 del Reglamento del Consejo General para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12 y 13 de los Lineamientos para el Conocimiento y la Sustanciación de los Procedimientos de las Faltas Administrativas, establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicados el 12 de febrero de 2002 en e! Diario Oficial de la Federación, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal realizara la investigación correspondiente para determinar si el día 2 de marzo de 2002 apareció publicado en el diario de circulación nacional "La Jornada", un encarte del Partido de la Revolución Democrática relacionado con la ubicación e integración de las mesas directivas de casilla que serian instaladas en la elección interna a celebrarse el día 17 de marzo de 2002. Asimismo, se solicitó la obtención un ejemplar del diario mencionado o, en su caso, requerirlo a las instancias que correspondieran, procediendo a informar pormenorizadamente sobre los resultados obtenidos.

 

XVII. A través del oficio VE/1362/2002, de fecha seis de junio de dos mil dos, presentado ante la Secretaría Ejecutiva el día siete del mismo mes y año, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal remitió un ejemplar del diario de circulación nacional "La Jornada" de fecha dos de marzo de dos mil dos.

 

XVIII. Por acuerdo de fecha catorce de junio del presente año, el Secretario de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral tuvo por recibido el oficio VE/1362/2002 mencionado en el resultando anterior y ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniese, en términos de lo dispuesto en el artículo 42, párrafo 1 del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de las Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

 

XIX. En sesión ordinaria de fecha dieciocho de junio del presente año, la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral emitió resolución respecto del expediente RSJ-001/2002, integrado con motivo del recurso de revisión interpuesto por el Partido de la Revolución Democrática, en contra de: a) el acuerdo de fecha cuatro de abril de dos mil dos, emitido por el Secretario de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, dentro del expediente JGE/QRAG/CG/005/2002; b) el oficio JGE/027/2002, de fecha cinco de abril de dos mil dos, signado por el Secretario de la Junta General Ejecutiva, y c) la cédula y diligencia de notificación realizada el día ocho de abril de dos mil dos, en cuya parte conducente y punto resolutivo primero se estableció:

 

"(...) del contenido del acuerdo de fecha 13 de mayo de 2002, que la autoridad responsable anexó como prueba, a la que se le concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por el artículo 16, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral que a la letra señala:

 

“ARTÍCULO 16

 

(...)

 

2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrarío respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran.

 

(...)

 

Se desprende que el Secretario de la Junta General Ejecutiva, al hacerse sabedor del contenido del acuerdo dictado por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Motu Propio, procedió a regularizar el procedimiento respecto del escrito presentado el 26 de marzo del presente año por los C.C. Raúl Álvarez Garín, Carolina Verduzco Ríos, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña y Marco Aurelio Sánchez, ordenando el inicio de un nuevo procedimiento de queja, luego entonces, ha quedado totalmente sin materia el presente medio de impugnación.

 

(...)

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 38 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se

 

RESUELVE:

 

PRIMERO. Se sobresee el recurso de revisión interpuesto por el Partido de la Revolución Democrática en contra del acuerdo de fecha cuatro de abril de dos mil dos y el oficio JGE/027/2002, de fecha cinco de abril de dos mil dos, emitidos por el Secretario de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral dentro del expediente JGE7QRA G/CG/005/2002.

 

(…)”

 

XX. El día tres de julio de dos mil dos, mediante la cédula de notificación respectiva y a través del oficio SJGE-101/2002, de fecha veintiocho de junio de dos mil dos, suscrito por el Secretario de la Junta General Ejecutiva de este Instituto, con fundamento en los artículos 14, 16 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 82, párrafo 1, incisos h) y w); 84, párrafo 1, incisos a) y p); 85; 86, párrafo 1, incisos d) y l); 87; 89, párrafo 1, incisos II) y u); 270 y 271 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los artículos 13, 14, 15, 16, 26 y 27 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y los artículos 1, 2, 3, 42, párrafo 1 y 54 del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y numerales 1, 4 y 10 de los Lineamientos para el Conocimiento y la Sustanciación de los Procedimientos de las Faltas Administrativas, establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se notificó los CC. Raúl Álvarez Garín, Antonio Martínez Torres, Carolina Verduzco Ríos y Gerardo Fernández Noroña, así como al Partido de la Revolución Democrática respectivamente, del acuerdo de fecha 14 de junio de 2002, para que dentro del plazo de 5 días manifestaran por escrito lo que a su derecho conviniese.

 

XXI. Por escrito de fecha ocho de julio de dos mil dos, presentado ante la Secretaría Ejecutiva de este Instituto en esa misma fecha, el C. Pablo Gómez Alvarez, representante propietario del Partido de la Revolución Democrática dio contestación a la vista que se le mandó dar mediante proveído de fecha veintiocho de junio de dos mil dos y alegó lo que a su interés convino.

 

XXII. Mediante escrito de fecha diez de julio de dos mil dos, presentado ante la Secretaría Ejecutiva de este Instituto en esa misma fecha, los CC. Raúl Álvarez Garín, Carolina Verduzco Ríos, Antonio Martínez Torres y Gerardo Fernández Noroña dieron contestación a la vista que se le mandó dar mediante proveído de fecha veintiocho de junio de dos mil dos y alegaron lo que a su interés convino.

 

XXIII. Mediante proveído de fecha once de julio de dos mil dos, el Secretario de la Junta General Ejecutiva declaró cerrada la instrucción, atento a lo que dispone el artículo 42, párrafo 2 del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de las Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

 

XXIV. Desahogado en sus términos el procedimiento administrativo previsto en el artículo 270, párrafo 1, 2, 3 y 4, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el dispositivo 271 del propio ordenamiento legal; 42 y 43 del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de las Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el numeral 15 de los Lineamientos para el Conocimiento y la Sustanciación de los Procedimientos de las Faltas Administrativas, establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Junta General Ejecutiva aprobó el dictamen correspondiente en sesión ordinaria de fecha veintinueve de agosto de dos mil dos.

 

XXV. Por oficio número SE/1291/02 de fecha treinta de agosto de dos mil dos, suscrito por el Secretario de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, se remitió el Dictamen a los integrantes de la Comisión de Proyectos de Resolución o Devolución.

 

XXVI. Recibido el dictamen aprobado por la Junta General Ejecutiva, la Comisión de Proyectos de Resolución o Devolución en sesión ordinaria celebrada el día diez de septiembre de dos mil dos, instruyó al Secretario Técnico de la misma que sobre el sentido del anteproyecto de resolución, en términos de los señalado por el artículo 45, párrafo 1 del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las faltas y aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

 

XXVII. En sesión ordinaria de la Comisión de Proyectos de Resolución o Devolución, de fecha diecinueve de septiembre de dos mil dos, se aprobó el proyecto de resolución correspondiente, por lo que procede resolver al tenor de los siguientes:

 

C O N S I D E R A N D O S

 

1.- Que en términos del artículo 270 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General del Instituto Federal Electoral tiene facultades para conocer de las infracciones a la normatividad electoral federal, sustanciar el procedimiento administrativo respectivo a través de la Junta General Ejecutiva del Instituto, la cual elabora el Dictamen correspondiente para ser sometido, previos los trámites a que se refieren los artículos 42, 43 y 44 del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la consideración del órgano superior de Dirección, para que en ejercicio de las facultades que le otorga el Código de la materia determine lo conducente.

 

2.- Que de conformidad con lo que establece el artículo 45 del Reglamento, se somete el Dictamen y el proyecto de resolución la consideración del órgano superior de Dirección, para que en ejercicio de las facultades que le otorga el Código de la materia determine lo conducente y aplique las sanciones que en su caso procedan.

 

3.- Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 38, párrafo 1, inciso a) del Código Electoral, es obligación de los partidos y agrupaciones políticas nacionales conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta, así como la de sus militantes, a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos.

 

4.- Que el dispositivo 39, párrafos 1 y 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que el incumplimiento de las obligaciones de los partidos y agrupaciones políticas se sancionará en los términos de los dispuesto en el Título Quinto, del Libro Quinto, del ordenamiento legal invocado y, que la aplicación de las sanciones administrativas es facultad del Consejo General del Instituto Federal Electoral.

 

5.- Que el artículo 73 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que el Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad guíen todas las actividades del Instituto.

 

6.- Que el diverso 82, párrafo 1, incisos h) y w) del Código de la materia, consigna como atribución del Consejo General vigilar que las actividades de los partidos políticos nacionales y de las agrupaciones políticas se desarrollen con apego al Código y cumplan con las obligaciones a que están sujetos, así como conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan.

 

7.- Que atento a lo que dispone el artículo 3, párrafo 1 del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, respecto del presente Dictamen, resulta aplicable, en lo conducente, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

 

8.- Que por cuestión de orden, procede entrar al estudio de las CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y LAS EXCEPCIONES planteadas por el Partido de la Revolución Democrática al dar contestación a la queja instaurada en su contra.

 

Como primera causa de improcedencia, el denunciante argumenta que en el presente caso se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 10, párrafo 1, inciso a), fracción III, primera parte del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que a la letra señala:

 

“Artículo 10

 

La queja o denuncia podrá ser presentada por escrito, en forma oral o por medios de comunicación eléctricos o electrónicos.

 

a) La queja o denuncia presentada por escrito, deberá cumplir los siguientes requisitos:

 

III. Los documentos que sean necesarios para acreditar la personería. Tratándose de partidos o agrupaciones políticas no será necesario el cumplimiento de este requisito si tienen acreditada su personería ante los órganos del Instituto;

 

(...)”

 

Para sustentar lo anterior, el denunciado manifiesta que los quejosos no acompañaron los documentos necesarios para demostrar su calidad de militantes del Partido de la Revolución Democrática, en virtud de que sólo adjuntaron a su escrito copias simples de algunas credenciales para votar y copias simples de credenciales de afiliación al Partido de la Revolución Democrática, documentos que por sí mismos carecen de valor probatorio. En consecuencia, al no encontrarse debidamente demostrado el vínculo que une a dichos ciudadanos con el partido denunciado, presupuesto indispensable para la procedencia de la queja interpuesta, esta autoridad debe desecharla de plano por no haberse acreditado el interés jurídico de los promoventes.

 

Al respecto, esta autoridad considera que no asiste la razón al partido denunciado, en virtud de las consideraciones siguientes:

 

En primer término, debe tenerse presente lo dispuesto por el artículo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales:

 

“ARTÍCULO 1

 

1. Las disposiciones de este Código son de orden público y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos.

 

2. Este Código reglamenta las normas constitucionales relativas a:

 

a) Los derechos y obligaciones político-electorales de los ciudadanos;

 

b) La organización, función y prerrogativas de los partidos políticos y las agrupaciones políticas; y

 

c) La función estatal de organizar las elecciones de los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión.”

 

El precepto antes transcrito establece claramente que las normas del Código Federal Electoral son de orden público y de observancia general en  los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior resulta compresible si tomamos en cuenta que la ley electoral tiene como propósito satisfacer una necesidad colectiva, como lo es la renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión.

 

Así, cuando los destinatarios de las normas de carácter general, abstracto e impersonal, contenidas en la ley electoral federal, no cumplen con lo ordenado en ellas, el Instituto Federal Electoral, en el ámbito de su competencia, debe intervenir para obtener la efectividad vigencia de dichas normas.

 

En ese tenor, y con relación al caso en estudio, conviene precisar lo dispuesto por los artículos 22, párrafo 3; 23, párrafos 1 y 2; 38, párrafo 1, inciso a); 39, párrafos 1 y 2; 73, párrafo 1; 82, párrafo 1, incisos h), w) y z), y 269, párrafos 1 y 2, inciso a) del ordenamiento legal invocado:

 

...

 

El contenido de los dispositivos legales anteriores pone de manifiesto que:

 

- Los partidos políticos nacionales están sujetos a las obligaciones que les impone el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

 

- Entre las obligaciones de los partidos políticos se encuentra el conducir sus actividades dentro de los causes legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos.

 

- La inobservancia de tales imperativos legales se sanciona en términos del Título Quinto del Libro Quinto del propio Código Federal Electoral.

 

- Corresponde al Consejo General del Instituto Federal Electoral, en los términos previstos por la ley, aplicar las sanciones administrativas correspondientes.

 

En estrecha relación con las disposiciones legales citadas, el artículo 270 de la ley electoral establece el procedimiento administrativo correspondiente para que el Consejo General del Instituto Federal Electoral conozca de las irregularidades en que hayan incurrido los partidos políticos, y para que, en su caso, aplique la sanción procedente.

 

La finalidad de dicho procedimiento es evidente: tutelar el orden jurídico electoral (el cual, como quedó asentado, se integra por normas de orden público y observancia general) y hacer respetar los principios de legalidad y constitucionalidad que rigen la materia.

 

Aunado a lo anterior, la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido el criterio de que, dada la naturaleza, el procedimiento administrativo disciplinario previsto en el artículo 270 del Código Electoral Federal debe incoarse sin mayor requisito que tener conocimiento de la probable comisión de alguna infracción a la ley de la materia.

 

En efecto, la tesis relevante visible en las páginas 63 y 64 de la revista Justicia Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento número 3, prevé:

 

“PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO GENÉRICO EN MATERIA ELECTORAL. LA INVESTIGACIÓN DEBE INICIARSE CUANDO UN ÓRGANO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL TIENEN CONOCIMIENTO DE ALGUNA VIOLACIÓN.

(se transcribe...)

 

La tesis anterior pone de manifiesto que esta autoridad cuenta con la facultad de iniciar un procedimiento administrativo de investigación sobre irregularidades o faltas administrativas, aún cuando no se haya presentado una queja o denuncia por escrito, sino que basta tener el conocimiento de que existe una probable violación a la ley de la materia.

 

Por otro lado, debe tenerse presente lo dispuesto por los artículos 7, 8 y 10, párrafo 2 del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales:

 

“Artículo 7

 

El procedimiento para el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones administrativas cometidas por partidos políticos, agrupaciones políticas nacionales, observadores nacionales, observadores electorales y organizaciones a las que pertenezcan los observadores, a que se refieren los artículos 264, párrafos 1 y 2, así como 269 del Código, iniciará a petición de parte o de oficio. Será de parte cuando el quejoso o denunciante haga del conocimiento del Instituto la presunta comisión de una falta administrativa, y de oficio cuando algún órgano o servidor del Instituto, en ejercicio de sus funciones, conozca de la presunta falta e informe de ello al Secretario o cuando éste lo haya iniciado.

 

Artículo 8

 

Toda persona podrá presentar quejas o denuncias por presuntas violaciones a la normatividad electoral ante los órganos centrales, delegacionales o subdelegacionales del Instituto; las personas jurídicas lo harán por medio de sus legítimos representantes, en términos de la legislación aplicable, y las personas físicas lo harán por su propio derecho.

 

Artículo 10

 

(...)

 

2. En caso de que los representantes partidistas, agrupaciones políticas o personas jurídicas no acrediten su personería, la queja o denuncia se tendrá como presentada por su propio derecho.

 

(...)

 

De los preceptos reglamentarios antes citados se desprende claramente que, contrario a lo manifestado por el partido denunciado, en el presente caso no se hace necesario que los ciudadanos en cuestión acrediten ser militantes del partido de la Revolución Democrática, pues toda persona se encuentra legitimada para presentar quejas o denuncias cuando considere que se ha violentado la normatividad electoral.

 

Asimismo, el reglamento de la materia establece que cuando los representantes de los partidos, agrupaciones políticas o personas jurídicas no acrediten su personería, la queja o denuncia se tendrá como presentada por su propio derecho.

 

Consecuentemente, las quejas presentadas por personas físicas, como acontece en el presente caso, también deben tenerse como presentadas por su propio derecho, independientemente de que dichos ciudadanos se ostenten con la calidad de militantes de algún partido político nacional.

 

Aunado a lo anterior, resulta de particular improcedencia señalar lo siguiente:

 

Los quejosos exhibieron copias simples de la credencial que acredita al C. José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña como miembro del Partido de la Revolución Democrática, así como de la resolución de la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia del Partido de la Revolución Democrática recaída al expediente 600/NAL/01 y acumulado 624/NAL/01, éste último promovido por los CC. Raúl Álvarez Garín, Carlota Botey Estapé y Gerardo Fernández Noroña, sin que el carácter de militantes de dichos ciudadanos hubiese sido controvertido en dicha resolución.

 

Si bien tales documentos carecen de valor probatorio pleno y sólo alcanzar el valor de indicios, estos pueden adminicularse con otros elementos que obran en el presente expediente, para generar convicción sobre los hechos que con ellos se pretende probar.

 

Al respecto, es ilustrativa la siguiente tesis de jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación:

 

 “COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO.”

(se transcribe...)

 

Ahora bien, el Partido de la Revolución Democrática, al dar contestación a la queja instaurada en su contra, no negó categóricamente la militancia de los hoy quejosos, sino que su argumentación se centro de manera directa e inmediata en la pretendida falta de eficacia de las copias fotostáticas simples con las cuales los promoventes pretendieron probar dicha calidad.

 

Esta actitud constituye un indicio más respecto de la militancia de los hoy quejosos, toda vez que el Partido de la Revolución Democrática estuvo en posibilidad de negar categóricamente la militancia de los denunciantes, en virtud de que precisamente dicho instituto político tiene en su poder el padrón actualizado de sus afiliados y estaba en aptitud de establecer si en la fecha de presentación de la queja que nos ocupa, los CC. Raúl Álvarez Garín, Antonio Martínez Torres, Carolina Verduzco Ríos y José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña tenían o no la calidad de militantes y si sus derechos se encontraban vigentes, o si habían sido suspendidos, inhabilitados, etc. Sin embargo, la parte denunciada omitió cualquier pronunciamiento en tal sentido.

 

En consecuencia, de la relación que guardan entre si los indicios que producen los documentos aportados por los promoventes, la actitud asumida por el partido denunciado al contestar la queja formulada en su contra y no emitir una negación categórica respecto a la militancia de los quejosos, así como el hecho de que el partido denunciado no corroboró en su padrón de afiliados si los denunciantes tenían o no el carácter de militantes, es posible determinar que los CC. Raúl Álvarez Garín y Gerardo Fernández Noroña si contaban con la calidad de militantes del Partido de la Revolución Democrática al momento de formular la denuncia que nos ocupa.

 

Por lo tanto, el argumento del Partido de la Revolución Democrática en el sentido de que los ciudadanos inconformes carecen de interés jurídico para interponer la presente denuncia por no haber acompañado la documentación necesaria para acreditar tal carácter, es inatendible, pues aún cuando los anteriores razonamientos no resultan aplicables a los CC. Antonio Martínez Torres y Carolina Verduzco Ríos, ya quedó debidamente demostrado que en términos del reglamento de la materia, cualquier persona se encuentra legitimada para hacer del conocimiento de esta autoridad probables infracciones a la normatividad electoral.

 

Asimismo, es necesario subrayar que en el presente caso no se hace necesario que los ciudadanos en cuestión acrediten ser militantes del Partido de la Revolución Democrática, toda vez que, como quedó asentado, los hechos denunciados consisten en supuestos actos realizados por los órganos internos de dicho partido que eventualmente podrían afectar no sólo los derechos políticos de los denunciantes, sino constituir violaciones de carácter genérico a lo dispuesto por la legislación electoral.

 

En efecto, el requisito de acreditar la militancia de los ciudadanos quejosos en los diversos procedimientos administrativos instaurados en contra de los partidos políticos, se surte cuando los actos reclamados afectan exclusivamente la esfera jurídica de los promoventes; en cuyo caso, es premisa fundamental demostrar el vínculo que une a los ciudadanos actores con el partido político denunciado, para así estar en aptitud de determinar si los actos o resoluciones emitidas por éste, conculcan o no los derechos de los militantes en cuestión.

 

Tal es el caso del expediente SUP-RAP-042/2000, a que hace referencia el partido denunciado, donde el quejoso alegaba la ilegalidad de diversos procedimientos promovidos por él mismo ante los órganos del partido de la Revolución Democrática, y cuyas resoluciones sólo podían afectar directa e individualmente a dicho ciudadano, en su calidad de militante del partido político mencionado.

 

Sin embargo, en el presente caso, los hechos denunciados no son consecuencia de la actividad de los quejosos, ni se trata de actos o resoluciones encaminados a incidir directamente en la esfera jurídica de los promoventes, por lo tanto, la causal de improcedencia alegada resulta infundada.

 

Como segunda causa de improcedencia, el Partido de la Revolución Democrática aduce que en el presente caso los promoventes no aportaron u ofrecieron pruebas para acreditar sus afirmaciones, sino que sólo se limitan a realizar una serie de imputaciones, sin ninguna clase de sustento probatorio, por lo cual se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 13, inciso d) del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a saber:

 

“Artículo 13

 

La queja o denuncia será desechada cuando:

 

(...)

 

d) No se hubiesen ofrecido o aportado pruebas ni indicios en términos del artículo 10 del presente Reglamento”

 

Sobre el particular, debe decirse que no asiste la razón al partido denunciado, en virtud de los motivos y fundamentos que se señalan a continuación:

 

Los artículos 10, párrafo 3 y 21 del reglamento de la materia, disponen:

 

“Artículo 10

 

(...)

 

3. El escrito inicial de queja o denuncia será considerado por la Junta para determinar si del mismo se desprenden indicios suficientes de conformidad con el artículo 21 del presente Reglamento.

 

Artículo 21

 

Con el escrito de queja o denuncia se ofrecerán o aportarán las pruebas o indicios con que se cuente. Cuando la Junta considere que de la relación de hechos se desprenden indicios suficientes, admitirá la queja o denuncia y procederá a emplazar al denunciado y a iniciar la investigación correspondiente.”

 

Lo anterior pone de manifiesto que no es requisito indispensable que los promoventes de las quejas o denuncias que se presenten ante el Instituto Federal Electoral tengan que acompañar los elementos de prueba necesarios para acreditar los extremos de lo manifestado en ellas, sino que cuando se considere que de la relación de los hechos se desprenden indicios suficientes, es posible admitir la queja o denuncia y proceder a emplazar al denunciado y a iniciar la investigación correspondiente. El requisito de acompañar elementos de prueba tampoco puede ser exigible en aquellos casos en que la violación reclamada verse exclusivamente sobre puntos de derecho.

 

Por otro lado, resulta falso que los promoventes de la presente queja no hayan acompañado pruebas o indicios, en términos del artículo 10, párrafo 1, inciso a), fracción V del reglamento de la materia, pues los ciudadanos inconformes si exhibieron una serie de documentos con los cuales pretenden acreditar los extremos de su denuncia, mismos que quedaron debidamente relacionados en los resultandos I y II del presente dictamen. En tal virtud, la causal de improcedencia alegada es inatendible.

 

El denunciado alega como tercera causa de improcedencia, la prevista en el artículo 13, inciso c) del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que textualmente dispone:

 

“Artículo 13

 

La queja o denuncia será desechada cuando:

 

(...)

 

c) Resulte frívola, es decir, los hechos o argumentos resulten intrascendentes, superficiales, pueriles o ligeros;

 

(...)”

 

Al respecto, el Partido de la Revolución Democrática argumenta que las pretensiones de los quejosos de solicitar que, por el carácter urgente de la presente queja, esta se resolviera en un término no mayor de 48 horas, resultan por demás “fútiles y pueriles”. Asimismo, señala que los quejosos reclaman supuestas violaciones legales en la etapa de preparación de la elección interna, que ellos mismos reconocen era susceptible de ser corregidas a través de los mecanismos estatutarios y también aducen causas de nulidad de una votación que aún no se había efectuado.

 

Los argumentos vertidos por el partido denunciado resultan igualmente inatendibles, pues para que pueda actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 13, inciso c) del reglamento de la materia, consistente en la frivolidad de los hechos narrados en un escrito de queja, es necesario que exista un propósito notorio de interponerla sin que exista un motivo o fundamento para ello o que sea evidente que con la presentación de la misma no se pueda alcanzar su objeto, situación que no acontece en la especie, pues por un lado los promoventes aducen supuestas violaciones legales cometidas por el Partido de la Revolución Democrática y ofrecen los elementos que consideran procedentes para probar los extremos de su dicho, y por otro lado, como ha quedado debidamente demostrado, el presente procedimiento administrativo es la vía idónea para que este Instituto conozca de las infracciones a la normatividad electoral que comenten los partidos políticos nacionales.

 

Ahora bien, como primera excepción, el partido denunciado aduce la falta de acción y derecho, pues en su concepto los quejosos se duelen de supuestas violaciones legales derivadas del incumplimiento su normatividad interna, relacionadas con la etapa previa a la elección de los órganos de dirección y  representación del Partido de la Revolución Democrática.

 

Al respecto, dicho partido aduce que los quejosos carecen de acción y derecho para solicitar el inicio de un procedimiento como el que nos ocupa, pues su solicitud está encaminada a que se revoquen los actos internos del Partido de la Revolución Democrática y para que se modifique actuaciones de su elección interna, lo cual escapa a las atribuciones del Instituto Federal Electoral y que en todo caso, los únicos facultados para acceder a las peticiones de los inconformes serían las instancias internas del propio partido.

 

En ese tenor, señala que las pretendidas violaciones resultan revisables a través de los recursos y mecanismos estatutarios con que cuenta el Partido de la Revolución Democrática y no mediante la presente vía.

 

También argumenta que de los hechos narrados por los quejosos no se desprende ninguna afectación a sus derechos estatutarios o legales, ni agravio alguno que depare perjuicio a los miembros del Partido de la Revolución Democrática.

 

Asimismo, el Partido de la Revolución Democrática manifiesta que la reclamación de los quejosos respecto de las supuestas causas de nulidad de la votación en su elección interna, resultan extemporáneas, toda vez que al momento de la presentación de la presente queja, dicha votación todavía no se celebraba. Por lo tanto, el objeto de las reclamaciones era inexistente.

 

Lo anteriores argumentos resultan parcialmente fundados, en virtud de los motivos y fundamentos que se exponen a continuación:

 

En primer término, contrario a lo aducido por el Partido de la Revolución Democrática, debe decirse que como ha quedado debidamente demostrado en párrafos precedentes, este Instituto Federal Electoral sí cuenta con atribuciones para conocer de las infracciones a la normatividad electoral cometidas por los partidos políticos y, en su caso, imponer las sanciones respectivas. Asimismo, se ha considerado que dentro de la categoría de infracciones, así como de faltas o irregularidades electorales, tratándose de los partidos políticos, cabe el incumplimiento, contravención o violación de lo dispuesto en alguna disposición legal, o bien, derivada de la normatividad que el mismo partido se haya dado.

 

Por lo que hace a los demás argumentos esgrimidos por la parte denunciada, debe tenerse en cuenta lo siguiente:

 

En el escrito de queja que nos ocupa, presentado ante este Instituto el día trece de marzo de dos mil dos, los promoventes manifestaron que las instancias internas del Partido de la Revolución Democrática habían cometido una serie de irregularidades en la preparación de las elecciones internas de dicho partido, que tendría lugar el diecisiete de marzo del presente año.

 

Los motivos de su inconformidad se sustentaron, esencialmente, en lo siguiente:

 

a) Que por virtud de la serie de irregularidades en la preparación de las elecciones, la integración de las mesas de casilla no se había realizado conforme a las normas estatutarias.

 

b) Que la designación incorrecta de los integrantes de las mesas de casilla constituía una causa para anular la votación que se recibiría en las casillas y que, de llevarse a cabo la recepción de votos en esas condiciones, las elecciones serían nulas, por lo cual solicitaron que este Instituto Federal Electoral determinará “la ilegalidad e improcedencia” de la preparación de los comicios internos del Partido de la Revolución Democrática y suspendiera temporalmente el proceso electoral interno.

 

Con relación a dichos motivos de inconformidad, debe decirse en primer término que resulta fundado el argumento que hace valer el Partido de la Revolución Democrática, consistente en que la reclamación de los quejosos respecto de las supuestas causas de nulidad de la votación en su elección interna resultan extemporáneas, toda vez que al momento de la presentación de la presente queja, dicha votación todavía no se celebraba y que por lo tanto, el objeto de las reclamaciones era inexistente.

 

En efecto, en su escrito de queja, los promoventes alegan que por virtud de las irregularidades cometidas en la preparación de las elecciones internas del partido denunciado, se actualiza la causal de nulidad prevista en el artículo 74, párrafo 1, inciso d) del Reglamento General de Elecciones y Consultas del Partido de la Revolución Democrática, a saber:

 

“ARTÍCULO 74.

 

1. La votación recibida en una casilla será declarada nula cuando se acredite cualquiera de las siguientes causales:

 

(...)

 

d) Que personas u organismos distintos a los facultados por el presente Reglamento hayan recibido la votación en las casillas durante la jornada electoral.

 

(...)”

 

Al respecto, los propios quejosos manifiestan:

 

“Si bien la jornada electoral aún no se efectúa, es claro que la votación será recibida por gente ajena a los funciones insaculados, será recibida por gente ajena a los funcionarios insaculados. Por ende, la elección será nula, pues se pueden impugnar la TOTALIDAD de las casillas y se tiene el sustento legal pues sólo basta cruzar la información de los funcionarios insaculados por el Servicio Electoral para constatar que se está violentando la más elemental legalidad al tratar de sacar los comicios de cualquier manera.”

 

Como se desprende de la simple lectura del precepto reglamentario transcrito, así como de lo manifestado por los propios quejosos, la causa de nulidad alegada sólo podría actualizarse una vez que se hubiese llevado a cabo la elección interna del Partido de la Revolución Democrática, y de ninguna manera anticipadamente, como pretenden hacer creer los inconformes. En tal virtud, esta autoridad arriba a la conclusión de que a la fecha de presentación de la presente queja (13 de marzo de 2002), los promoventes en realidad pretendían combatir acontecimientos futuros de realización incierta, lo cual resulta a todas luces improcedente.

 

Además, al señalar que “se pueden impugnar la TOTALIDAD de las casillas”, los promoventes reconocen que, una vez llevada a cabo la elección interna del partido denunciado ésta podría ser impugnada mediante los recursos internos previstos por la normatividad del Partido de la Revolución Democrática.

 

Lo anterior guarda una estrecha relación con el argumento de la parte denunciada, cuando afirma que los únicos facultados para acceder a las peticiones de los inconformes serían las instancias internas del propio partido, mismo que se considera fundado (en el entendido de que una vez agotadas las instancias internas, el Instituto cuenta con las facultades para revisar el cumplimiento de la legalidad de sus actos en los términos apuntados con antelación)

 

Para arribar a la conclusión anterior, debe tomarse en cuenta que los partidos políticos son entidades de interés público que tienen entre otros fines, el de promover la participación del pueblo en la vida democrática y el hacer posible el acceso de los ciudadanos al poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postular. Es así que la actuación de los partidos políticos queda sujeta a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

 

En este sentido los partidos políticos nacionales rigen sus actos y vida interna de conformidad con su declaración de principios, programa de acción y fundamentalmente con apoyo en sus estatutos, tal y como se desprende de los artículos 24, 25, 26 y 27 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que a la letra dicen:

 

...

 

En este entendido, tantos los órganos internos, como los militantes del Partido de la Revolución Democrática se encuentran constreñidos en su actuación a la observancia de sus documentos básicos.

 

En el caso que nos ocupa el estatuto del Partido de la Revolución Democrática prevé en los artículos 18 y 20 las facultades y obligaciones de las Comisiones Nacionales y Estatal de Garantías y Vigilancia, que en lo medular expresan:

 

“Artículo 18°. Los órganos de garantías y vigilancia

 

1. Los Consejos Nacionales y Estatales del Partido designarán en sus respectivos ámbitos de competencia a los órganos jurisdiccionales encargados de garantizar los derechos de los afiliados del Partido y  vigilar la aplicación del presente Estatuto, los cuales se denominarán <comisiones de garantías y vigilancia>. En el desempeño de sus actividades, estas comisiones se regirán por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

 

2. Estas comisiones deberán atender en todo momento el fondo de los asuntos que se les planteen. Sus resoluciones serán de acatamiento obligatorio para los afiliados y órganos del Partido.

 

3. Las comisiones nacional y estatal de garantías y vigilancia se integrarán de acuerdo con las bases siguientes:

 

(...)

 

7. Las comisiones nacional y estatales de garantías y vigilancia tendrán, en sus respectivos ámbitos de competencia, las siguientes atribuciones:

 

a. Proteger los derechos de los miembros del partido;

 

b. Determinar las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones de los miembros y órganos del Partido;

 

c. Garantizar el cumplimiento de este Estatuto;

 

d. Aplicar las sanciones estatutarias y reglamentarias;

 

e. Resolver consultas y controversias sobre la aplicación de este Estatuto;

 

f. Requerir la información necesaria para el desempeño de sus funciones;

 

9. La Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia conocerá:

 

a. De las quejas por acto u omisiones de los integrantes de los órganos nacionales, en única instancia;

 

b. De las quejas por actos u omisiones de los órganos estatales o municipales de segunda instancia después de la resolución correspondiente de la Comisión Estatal y Garantías y Vigilancia, o cuando ésta no haya sido integrada o no dictase resolución en sesenta días a partir de la presentación del escrito de queja, en única instancia;

 

c. De las quejas, consultas o controversias de significado nacional, en única instancia.

 

10. Las comisiones estatales de garantías y vigilancia conocerán:

 

a. De las quejas por actos u omisiones de los integrantes de los órganos estatales y municipales, en primera instancia;

 

b. De las quejas por actos u omisiones de los órganos estatales y municipales, en primera instancia;

 

c. De las quejas, consultas y controversias de significado estatal y municipal, en primera instancia.

 

ARTÍCULO 20°. PROCEDIMIENTO Y SANCIONES

 

1. Todo miembro o instancia del Partido podrá ocurrir ante las comisiones de garantías y  vigilancia para hacer valer sus derechos o exigir el cumplimiento de las normas estatutarias, cuando estime que han sido violados o vulnerados por órgano, instancia de dirección, de representación o por alguna resolución de cualquiera de éstos; por sus integrantes o cualquier miembro, mediante la presentación del escrito de queja.

 

2. Las comisiones de garantías y vigilancia sólo podrán actuar a petición de parte interesada, siempre y cuando sean miembros, órganos o instancias del Partido.

 

3. Cualquiera de las partes afectadas por resoluciones de las comisiones estatales podrá interponer recurso de apelación ante la Comisión Nacional, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que se comunicó legalmente la resolución. El recurso de apelación deberá ser resuelto dentro de los treinta días hábiles siguientes a que la comisión reciba el expediente relativo, salvo en casos urgentes, que se resolverán correspondientemente.

 

4. Las resoluciones de las comisiones estatales que no sean apeladas en los términos del artículo anterior, así como las emitidas por la Comisión Nacional, serán inatacables.”

 

De las normas transcritas se desprenden los derechos con que cuenta todo afiliado a ocurrir ante dichas comisiones para hacer valer sus derechos o exigir el cumplimiento de las normas estatutarias, cuando estime que han sido violados o vulnerados por un órgano, instancia de dirección, de representación o por alguna resolución de cualquiera de éstos, por su integrantes o cualquier afiliado, mediante la presentación del escrito de queja, en cuyo caso sólo podrán actuar a petición de parte interesada.

 

Además, las resoluciones emitidas por las Comisiones Estatales de Garantías de conformidad con el artículo 20, párrafo 3 del estatuto del Partido de la Revolución Democrática son susceptibles de ser apeladas ante la Comisión Nacional, cuyas resoluciones si tendrán en consecuencia el carácter de definitivas e inatacables, como lo prevé el párrafo 4 de la norma antes mencionada.

 

Se advierte, en consecuencia, que los afiliados del partido denunciado cuentan de manera expresa y clara con los medios de defensa y de protección a sus derechos, que permiten defender en el seno del partido mismo la legalidad de los actos de sus órganos internos.

 

Aunado a lo anterior, es importante destacar que dentro de las obligaciones que tienen los partidos políticos se encuentra la prevista en el artículo 38, párrafo 1, inciso f), que a la letra dice:

 

“Artículo 38

 

1. Son obligaciones de los partidos políticos nacionales:

 

(...)

 

f) Mantener en funcionamiento efectivo a sus órganos estatutarios;

 

(...)

 

Tal obligación permite que las Comisiones de Garantías y Vigilancia se encuentren en todo momento expeditas para conocer de las presuntas irregularidades, incumplimientos u omisiones que generen agravio a sus afiliados, para efecto de proteger los derechos legales y estatutarios de los mismos. Considerar que no es necesario acudir a instancias internas conllevaría a dejar sin vigencia los órganos estatutarios expresamente creados para tales fines.

 

En este sentido,  también los militantes o afiliados tienen el deber de observar sus normas estatutarias, como lo es el recurrir ante las instancias internas para dirimir los conflictos que surjan al interior del partido, como lo prevé el artículo 2, inciso a) y b) del Estatuto del Partido de la Revolución Democrática, que a la letra dice:

 

“Artículo 2

 

Todo miembro del Partido esta obligado a:

 

a). Conocer y respetar la Declaración de Principios, el Programa, la línea política, el presente Estatuto y los demás acuerdos del Partido.

 

b). Canalizar a través de las instancias internas, del Partido sus inconformidades, acusaciones, denuncias o quejas contra otros miembros del Partido, organizaciones y órganos del mismo.

(...)

 

En el caso que nos ocupa, si bien los quejosos exhiben copias simples de diversos escritos presumiblemente presentados ante la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia del Partido de la Revolución Democrática, lo cierto es que las manifestaciones vertidas en el escrito de queja que nos ocupa no se encuentran encaminadas a combatir las resoluciones recaídas a dichos escritos de inconformidad, pues a decir de los propios quejosos, ninguna de sus “impugnaciones” había sido resuelta hasta ese momento.

 

En efecto, en el caso a estudio los CC. Raúl Álvarez Garín, Antonio Martínez Torres, Carolina Verduzco Ríos y Gerardo Fernández Noroña reconocen que presentaron la presente queja sin esperar a que la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia del partido denunciado emitiera las resoluciones correspondientes a sus “impugnaciones”.

 

Aunado a la anterior, de la lectura de los escritos presumiblemente presentados ante la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia del Partido de la Revolución Democrática hasta la fecha de la interposición de la presente queja (13 de marzo de 2002), no se aprecia que los hoy quejosos hubiesen manifestado como argumento toral la supuesta designación incorrecta de los integrantes de las mesas de casilla, ni mucho menos que hayan solicitado la anulación de la votación que se recibiría en las casillas por virtud de la causal de nulidad alegada en la presente queja. En otras palabras, según se desprende del dicho de los propios promoventes, así como de la revisión de los documentos aportados por éstos, es posible colegir que hasta ese momento no habían presentado el medio de impugnación interno para combatir, de manera particular, los actos de los cuales se duelen en la presente queja.

 

Lo anterior es explicable, pues como quedó asentado en líneas anteriores, los argumentos de los inconformes en realidad están encaminados a combatir acontecimientos futuros de realización incierta, como la supuesta nulidad de la votación que sería recibida en casillas, cuando dicha votación ni siquiera se había celebrado. Consecuentemente, la oportunidad para impugnar dicha votación mediante los recursos internos, todavía no se materializaba.

 

En consecuencia, este Instituto como garante del fortalecimiento del régimen de partidos y respetuosos del principio de legalidad que debe imperar en el actuar cotidiano de los partidos políticos, como parte de los fines a que se encuentra sujeto de conformidad con el artículo 69, en relación con el artículo 82, párrafo 1, inciso h) ambos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, llega a la convicción de que en el caso que nos ocupa no es procedente entrar al estudio de los hechos planteados por los quejosos, en atención a que a la fecha de presentación de la presente denuncia todavía no se habían agotado las instancias previas contempladas en el estatuto del partido denunciado, mediante las cuales se hubiesen podido modificar o revocar los actos respecto de los cuales se duelen.

 

A mayor abundamiento, debe dejarse en claro que considerar lo contrario generaría que los propios afiliados del Partido de la Revolución Democrática incumpla la obligación prevista en el artículo 2 de su estatuto y, siendo que los miembros o afiliados son el fundamento y pilar del instituto político como principales obligados al respeto irrestricto de sus documentos básicos, no es jurídicamente válido permitir una indiferencia e ignorancia de la obligación de recurrir en vía primaria a las instancias previamente establecidas por el Partido denunciado, como lo son las comisiones de garantías y vigilancias.

 

En adición a lo anterior, el artículo 3, párrafo 1, del reglamento aplicable en la sustanciación de los procedimientos administrativos prevé la aplicación de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral en lo que no se encuentre previsto.

 

Lo anterior reviste importancia, en virtud de que la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral prevé en el artículo 10, párrafo 1, inciso d) el principio de definitividad que expresa:

 

“ARTÍCULO 10

 

1. Los medios de impugnación previsto en esta ley serán improcedentes en los siguientes casos:

(...)

 

d) Que no se hayan agotado las instancias previas establecidas por las leyes, federales o locales, según corresponda, para combatir los actos o resoluciones electorales y en virtud de las cuales se pudieran haber modificado, revocado o anulado, y...”

 

El citado precepto resulta aplicable al procedimiento sancionatorio de mérito, en virtud de que el supuesto previsto en el inciso d) que se menciona no se encuentra considerado en el reglamento de la materia, situación que genera, la aplicación supletoria del principio de efectividad citado, de conformidad con el artículo 3 reglamentario.

 

En consecuencia, se acredita la causal de improcedencia prevista en el artículo 10, párrafo 1 inciso b) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de aplicación supletoria al procedimiento administrativo en que se actúa, por no haber agotado los quejosos las instancias previas previstas por los artículos 18 y 20 del estatuto del partido denunciado.

 

En mérito de lo expuesto se declara fundada la excepción, a la que nos venimos refiriendo, expresada por el denunciado. Por lo tanto, resulta innecesario entrar al estudio de las demás cuestiones planteadas por las partes en el procedimiento administrativo que nos ocupa.

 

Vistos los razonamientos vertidos con anterioridad se debe declarar improcedente la presente queja y como consecuencia dictar el sobreseimiento de la misma en términos de lo dispuesto por el artículo 18, inciso a) del reglamento de la materia, en relación con el artículo 10, párrafo 1, inciso d) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

 

En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, con fundamento en los artículos 38, párrafo 1, incisos a) y s); 39, párrafos 1 y 2; 40 párrafo 1; 73; 82, párrafo 1, inciso h); 269 y 270 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y en ejercicio de la atribución conferida con el numeral 82, párrafo 1, incisos h), w) y z), del ordenamiento legal antes invocado, este Consejo General emite la siguiente:

 

R E S O L U C I Ó N

 

PRIMERO.- Se sobresee la queja presentada por los CC. Raúl Álvarez Garín, Antonio Martínez Torres, Carolina Verduzco Ríos y José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, en contra del Partido de la Revolución Democrática.

 

SEGUNDO.- Notifíquese personalmente a los quejosos en el domicilio señalado en autos.

...

 

Dicha resolución fue notificada a los denunciantes el treinta de septiembre del mismo año.

 

III. El cuatro de octubre de dos mil dos, los ciudadanos Raúl Álvarez Garín, Antonio Martínez Torres, Carolina Verduzco Ríos y Gerardo Fernández Noroña promovieron recurso de apelación, para impugnar la resolución precisada en el resultando que antecede, ante el Instituto Federal Electoral responsable, el cual le dio trámite como juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.  En su escrito de demanda los actores expresaron lo siguiente:

 

HECHOS.

 

1. El 30 de septiembre del 2002, recibimos la notificación de un resolutivo del Consejo General del IFE de su sesión del 24 de septiembre del presente año, sobre una queja que presentamos el trece de marzo del 2002, justo a cuatro días de los comicios internos del PRD que se verificaron el 17 de marzo del 2002. A la queja le fue asignado el número JGE/QRAG/CG/005/2002. La resolución sobresee nuestra queja, dejando de lado diversos reclamos hechos por nosotros en relación con diversas violaciones materializadas al interior del Partido de la Revolución Democrática que violentan la ley, los procesos democráticos dentro de los partidos y vulnera nuestros derechos y atropella la legalidad interna.

 

2. La queja que presentamos el día 13 de marzo, fue presentada ante la denegación sistemática de la justicia que de hecho ha impuesto el PRD frente a los reclamos de diversos militantes frente a las irregularidades cometidas en el proceso de elección interna.

 

3. Si un proceso electivo no respeta sus exigencias y condiciones previas para su realización, es evidente que el resultado será lejano a un proceso confiable y limpio.

 

4. Nosotros interpusimos no menos de una decena de quejas ante la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia durante los meses de enero y febrero reclamando los hechos que se reseñan en nuestra queja ante el IFE. Al día de hoy, ninguna de esas quejas ha sido respondida a pesar de que el plazo máximo para responder una queja es de 30 días.

 

5. En la propia queja entregada en marzo al IFE, presentamos 17 hechos violatorios de la legalidad interna, concentrada en ocho puntos de violaciones.

 

6. A pesar de ello, el Consejo General del Instituto Federal Electoral, establece en su resolución del 24 de septiembre aquí impugnada, que debemos agotar las instancias internas y que al estar constituida una Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia (página 117 de la citada resolución ) y no haber emitido ésta resolución alguna las instancias internas no están agotadas. El aserto es ridículo pues simplemente el partido puede decidir no responder a las quejas (como de hecho está haciendo) y con ello no se agotan nunca las instancias internas.

 

7. Pero el sustento del Consejo General es inválido. Según el citado Consejo, el artículo 10 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación establece que será improcedente una queja cuando: “d) Que no se hayan agotado las instancias previas establecidas en las leyes federales o locales según corresponda...” Así las cosas, manifiesta que el precepto es aplicable al caso que nos ocupa y por ello no entra al fondo de las irregularidades denunciadas.

 

8. En primer lugar, en ningún sitio de la citada ley se establece que un afiliado debe agotar las instancias internas. Los partidos pueden, y más de uno lo hace, tener múltiples instancias internas que alargan indefinidamente los procesos o simplemente como es nuestro caso, no resolver y con ello evitar que se agoten las instancias internas. Ello pone a los afiliados  de un partido en la indefensión, pues una de las causas de improcedencia de un recurso de Apelación es que el daño reclamado sea irreparable. El afiliado se encuentra así en la situación de que si alguna vez resuelve su partido, ya sea demasiado tarde para acudir a órganos o tribunales federales.

 

9. El argumento central y único del Consejo General del IFE es que se sobresee por que no ha agotado las instancias internas. Los reclamos que planteábamos aún no se consumaban en fraudes e irregularidades. Sin embargo, la resolución del IFE se da cuando ya todo lo que preveíamos sucedió y el instituto no se entera. No se da cuenta que hay no menos de 30 quejas de perredistas denunciando ilegalidadades en su proceso interno. Que el Congreso Nacional del PRD en mayo pasado, formó una Comisión de Legalidad y Transparencia ante el tamaño de las irregularidades y los reclamos. Qué la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia fue destituida en los hechos por ese Congreso Nacional eligiéndose una nueva, que se disolvió a su vez y que el 2° Pleno del V Consejo Nacional eligió el 14 de julio una nueva comisión.

 

10. El consejo General renuncia en los hechos a sus responsabilidades y atribuciones al plantear que “resulta innecesario entrar a las demás cuestiones planteadas por las partes en el procedimiento administrativo que nos ocupa” (página 121 del resolutivo de marras), insistiendo que deben agotarse las instancias internas.

 

VIOLACIONES.

 

1. Al renunciar a sus obligaciones, el Consejo General del IFE viola los artículos 69 incisos a, b y d y numeral 2; 82 incisos h, i, w; 83 incisos c y t; 269 y 270 de Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

 

2. El estatuto y la reglamentación vigente en nuestro instituto político, que el Consejo General observa y deja pasar bajo el argumento que aún no es de su competencia el asunto.

 

3. Las reglas democráticas y los derechos de los militantes del PRD agraviados por las irregularidades del proceso de elección interna y que no encontramos respuesta en los órganos internos del partido.

 

4. Se viola el Reglamento del Consejo General para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas que en ninguna parte establece que se tienen que cubrir las instancias internas del partido para que una queja sea  aceptada .

 

PRUEBAS.

 

1. La resolución del Consejo General del IFE de 24 de septiembre, respecto a la quejas JGE/QRAG/CG/005/2002.

 

2. Toda la documentación en torno a esta queja en poder del Instituto Federal Electoral.

 

3. El presente recurso que ratificamos en todas y cada una de sus partes.

 

4. Original y copia de nuestras credenciales de elector y, de las credenciales de afiliados al PRD.

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado SOLICITAMOS:

 

PRIMERO. Se tenga por presentado en tiempo y forma el presente recurso de apelación.

 

SEGUNDO. Se revoque la resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral en relación con el expediente JGE/QRAG/CG/005/2002 y se mande al mismo a entrar al fondo del asunto planteado en nuestra queja.

 

TERCERO. Todo lo que derive de la presente apelación y su resolución.

 

 

IV. El veintiuno de octubre de dos mil dos, en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior, se recibió el oficio identificado con el número SCG/807/02, por medio del cual el Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral remitió: A) Escrito mediante el cual se promovió este medio de impugnación electoral; B) Informe circunstanciado de ley; C) Expediente de la queja identificada con el número JGE/QRAG/CG/005/2002;  D) Escrito que, en su carácter de tercero interesado, presentó el Partido de la Revolución Democrática, a través de su representante propietario ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, y E) Documentos relativos a la tramitación del presente medio de impugnación.

 

V. El veintiuno de octubre de dos mil dos, el Magistrado Presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acordó integrar el expediente y registrarlo bajo la clave SUP-JDC-805/2002, así como turnarlo al Magistrado José de Jesús Orozco Henríquez para los efectos establecidos en los artículos 19 y 92 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

 

VI. El veintisiete de febrero de dos mil tres, el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por mayoría de cinco votos, resolvió el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con el número de expediente SUP-JDC-805/2002, en los siguientes términos:

 

PRIMERO. Es improcedente el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por los ciudadanos Raúl Álvarez Garín, Antonio Martínez Torres, Carolina Verduzco Ríos y Gerardo Fernández Noroña, en contra de la resolución de veinticuatro de septiembre de dos mil dos, dictada por el Consejo General del Instituto Federal Electoral en el expediente JGE/QRAG/CG/005/2002, respecto de la denuncia presentada por los referidos ciudadanos en contra del Partido de la Revolución Democrática por hechos que consideran constituyen infracciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

 

SEGUNDO. Es procedente el recurso de apelación para impugnar el acto precisado en el punto resolutivo anterior, por lo que se refiere a la pretensión de que se sancione al Partido de la Revolución Democrática por supuestas infracciones a la normativa electoral, sin prejuzgar sobre su admisibilidad.

 

TERCERO. En consecuencia, tramítese el presente asunto como recurso de apelación, para lo cual remítase al Instituto Federal Electoral copia certificada del escrito de demanda, a fin de que cumpla con lo preceptuado en los artículos 17 y 18 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para que dé el trámite que corresponde al mencionado recurso.

 

CUARTO. Una vez hecho lo anterior, previas las anotaciones que correspondan en los registros atinentes y la formación del cuadernillo de antecedentes, devuélvase el asunto al magistrado electoral José de Jesús Orozco Henríquez, para los efectos del artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

 

 

VII. El diez de marzo de dos mil tres, en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior, se recibió el oficio identificado con el número SCG/384/03, por medio del cual el Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral dio cumplimiento a los resolutivos segundo y tercero transcritos en el  resultando anterior.

 

VIII. El diez de marzo de dos mil tres, el Magistrado Presidente por Ministerio de Ley de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en cumplimento de la resolución precisada en el resultando VI de este fallo, acordó integrar el expediente y registrarlo bajo la clave SUP-RAP-014/2003, así como devolverlo al Magistrado José de Jesús Orozco Henríquez para los efectos establecidos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

 

IX. El nueve de abril de dos mil tres, el Magistrado electoral encargado de la sustanciación del presente medio de impugnación acordó admitir a trámite el presente recurso de apelación y, en virtud de que no existía trámite alguno pendiente de realizar, declarar cerrada la instrucción, quedando los autos en estado de dictar sentencia, y

 

C O N S I D E R A N D O

 

PRIMERO. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación, con fundamento en lo establecido en los artículos 99, párrafo cuarto, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción V, y 189, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 44, párrafo 2, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un recurso de apelación en el que se impugna una resolución sobre la determinación e imposición de sanciones.

 

SEGUNDO.  En virtud de que el estudio de las causas de improcedencia es una cuestión de orden público, toda vez que tienen que ver con la válida constitución del proceso y la relación procesal, su análisis es preferente, ya sea que se hagan valer por las partes o se adviertan de oficio, por lo que se procede a analizar las opuestas por el Instituto Federal Electoral, en su carácter de autoridad responsable, y por el Partido de la Revolución Democrática, en su escrito de comparecencia como tercero interesado, en términos de lo dispuesto en los artículos 9, párrafo 3; 10 y 11, en relación con el 1°, todos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

 

A.  El partido político tercero interesado aduce que en el presente medio de impugnación se actualiza la causa de improcedencia consistente en que el escrito de demanda es evidentemente frívolo, toda vez que, desde su perspectiva, los argumentos vertidos en el mismo son genéricos, dogmáticos y subjetivos, a la vez que no son aptos para combatir todas y cada una de las consideraciones de la resolución impugnada.

 

Tal causa de improcedencia es inatendible, en razón de que esta Sala Superior no puede calificar a priori los argumentos esgrimidos por los actores, ya que para estar en posibilidad de establecer que se trata de razonamientos genéricos, dogmáticos y subjetivos es necesario ocuparse de ellos al resolver el fondo de la controversia planteada y del estudio de las consideraciones vertidas por la responsable en oposición a los agravios formulados por los quejosos; es decir, la determinación acerca de si se trata de argumentos adecuados que demuestren el correcto actuar o no del Consejo General o, en su caso, si en realidad se trata de argumentos dogmáticos y subjetivos por los cuales no se controviertan en modo alguno las consideraciones jurídicas de la responsable, es un aspecto que se debe dilucidar en el estudio del fondo de la controversia planteada.

 

En todo caso, el calificativo frívolo, aplicado a los medios de impugnación electorales, se entiende referido a las demandas o promociones en las cuales se formulen pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran tuteladas por el derecho o ante la inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el supuesto jurídico en que se apoyan, todo lo cual no se actualiza en el presente asunto. Cuando dicha situación se presenta respecto de todo el contenido de una demanda y resulta notoria con la lectura cuidadosa del escrito, en las leyes procesales, se suele prever el desechamiento de plano ante la frivolidad correspondiente, sin generar artificiosamente un estado de incertidumbre; sin embargo, cuando la frivolidad del escrito sólo se puede advertir con su estudio detenido o es de manera parcial, el desechamiento no puede darse, lo que obliga al tribunal a entrar al fondo de la cuestión planteada.

 

En el presente caso, a juicio de esta Sala Superior, el medio de defensa hecho valer no puede estimarse carente de materia o de importancia, o bien, considerarse insustancial, pues está referido a aspectos que podrían implicar la revocación o modificación de la resolución impugnada, la cual recayó a la queja presentada por los hoy enjuiciantes en contra del Partido de la Revolución Democrática, por considerar que con el actuar del mencionado partido político se contravinieron diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, cuando no se respetó la normativa interna del propio partido político, en relación con la preparación de la elección de los órganos de dirección y representación del propio Partido de la Revolución Democrática, lo que podría generar la imposición de alguna sanción en contra del referido instituto político, en caso de que se revocara la decisión de sobreseer el procedimiento de queja y, del análisis del fondo de la misma, la autoridad electoral administrativa llegara a la convicción de que sí existieron irregularidades que debieran ser sancionadas. De acuerdo con lo anterior, para efectos de la procedencia del medio de impugnación, no es dable analizar el contenido sustancial de los agravios expresados, en tanto que ello corresponde al estudio de fondo de la cuestión planteada, por lo que establecer en este momento lo fundado o infundado de los mismos, sería prejuzgar sobre cuestiones que tienen que ver con la determinación misma de la controversia.

 

En efecto, debe desestimarse la anterior causa de improcedencia, toda vez que la lectura integral del escrito de impugnación permite advertir que los actores dedicaron un capítulo a exponer los hechos en que se basa su impugnación (fojas 1 a 3), y otro igual para señalar las violaciones que, a su parecer, la autoridad responsable comete en su perjuicio, al emitir la resolución impugnada, todo lo cual se desprende de la lectura de la transcripción realizada en la presente sentencia. Un pronunciamiento anticipado sobre su eficacia y análisis previo de su idoneidad para combatir el acto reclamado, en el estudio de la procedencia del medio, como lo pretende el tercero interesado, en realidad, implicaría un análisis del fondo de la controversia planteada, lo que este órgano jurisdiccional sólo esta facultado para hacerlo, después de cerciorarse de que el medio de impugnación cumple con todos los requisitos generales y especiales de procedencia.

 

Además, en cuanto al señalamiento del tercero interesado sobre la supuesta omisión de los recurrentes de combatir las consideraciones de la autoridad responsable, esta Sala Superior estima necesario advertir que, en el escrito de demanda, se advierten ciertos argumentos tendentes a controvertir las consideraciones torales en las que se sustenta la resolución impugnada. En efecto, en su escrito de demanda, los actores manifiestan los hechos en los que basan su pretensión, así como las supuestas violaciones que pretenden se reparen en el presente medio de impugnación, mismas que, como ha sido criterio reiterado de este órgano jurisdiccional, no pueden ser objeto de un pronunciamiento previo a su estudio. En este sentido, esta Sala Superior advierte, en forma preliminar, que si bien los actores omiten ubicar sus agravios en un capítulo que posea tal denominación, sin embargo, esa circunstancia no impide identificar los razonamientos y argumentos que con tal proyección o contenido aparezcan en la demanda, así sea como meros principios de agravio, con independencia de su ubicación en cierto capítulo o sección de la misma demanda o recurso, así como de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, puesto que el recurso de apelación no es un procedimiento formulario o solemne, ya que basta que el actor exprese con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le causa el acto o resolución impugnado, y su pretensión para que, con base en los preceptos jurídicos aplicables al asunto sometido a su decisión, la Sala Superior se ocupe de su estudio. Igualmente, debe tenerse presente que, en el recurso de apelación, este órgano jurisdiccional debe de suplir la deficiencia de la demanda y la omisión de los preceptos jurídicos aplicables, siempre y cuando aquéllos puedan derivarse claramente de los hechos en que basa su impugnación, esto es, cuando exista causa de pedir. Todo lo anterior, trae como consecuencia que esta Sala Superior estime que no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 9, párrafo 3, in fine, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues de los hechos pueden derivarse los agravios, se manifiestan las violaciones que, en concepto de los actores, les irrogan perjuicio y se aduce la causa de pedir.

 

Sirven de sustento a lo anterior, las tesis de jurisprudencia con los rubros AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, publicada en Suplemento No. 4, de Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 2001, página 5, y AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL, publicada en Suplemento No. 2, de esa misma publicación, año 1998, páginas 11 y 12.

 

B. Por otra parte, tanto la autoridad responsable, como el partido político tercero interesado, aducen que el presente medio de impugnación debe ser desechado, en términos de lo dispuesto en el artículo 10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en razón de que, desde su perspectiva, la resolución impugnada no viola algún derecho político-electoral de los ahora actores, razón por la cual, a su juicio, los promoventes carecen de interés jurídico.

 

Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación considera que resulta inatendible la causa de improcedencia hecha valer, en razón de lo siguiente:

 

En primer término, es necesario destacar, tal y como la Sala Superior lo consideró en la resolución precisada en el resultando VI de este fallo, que el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano resultaba improcedente en el presente caso, porque, en conformidad con lo establecido en los artículos 99, párrafo cuarto, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción V, y 189, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 42 y 45, párrafo 1, inciso b), fracción II, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como 270, párrafo 6, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el recurso de apelación es el medio impugnativo procedente para impugnar la determinación recaída en un procedimiento administrativo sancionador electoral, esto es, el instaurado con motivo de la interposición de una queja o denuncia en términos del artículo 270 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, toda vez que conforme con lo dispuesto en los preceptos invocados resulta aplicable al presente caso una regla específica para impugnar tal supuesto (en tanto que el citado artículo 42 de la ley procesal electoral prevé expresamente que “... el recurso de apelación será procedente para impugnar la determinación y, en su caso, la aplicación de sanciones...”), distinta de la regla general relativa a que la violación de un derecho político-electoral debe impugnarse a través del primero de los medios de impugnación mencionados (es decir, del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano).

 

En efecto, en la propia resolución precisada en el resultando VI de este fallo, la Sala Superior consideró que contra el acto impugnado en la demanda que originó el presente medio de impugnación, procedía el recurso de apelación, en virtud de que la legitimación contenida en el artículo 45, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, no puede ser considerada como referida únicamente a los casos en los que se hubiere impuesto o aplicado al recurrente una sanción por parte del Consejo General del Instituto Federal Electoral, toda vez que una interpretación sistemática y funcional de dicho precepto, en relación con el 42 del mismo ordenamiento y demás preceptos constitucionales y legales aplicables, lleva a concluir que la impugnación puede ser respecto de cualquier determinación que se llegue a tomar en el procedimiento administrativo para la imposición de sanciones, como puede ser el sobreseer en el respectivo procedimiento instaurado con motivo de la presentación de alguna queja o denuncia por supuestas infracciones legales o estatutarias imputadas a un partido político.

 

Esto es, el análisis de los supuestos de legitimación de un ciudadano para interponer el recurso de apelación, con motivo de la determinación y, en su caso, imposición o aplicación de sanciones por el Consejo General del Instituto Federal Electoral en el procedimiento administrativo sancionador electoral, permite advertir dos hipótesis distintas:

 

a)     Cuando la sanción se le aplica directamente, y

b)    Cuando la determinación o sanción del Consejo General del Instituto Federal Electoral afecta sus intereses, al haber fungido como denunciante o quejoso en el procedimiento administrativo sancionador electoral, en el caso de que la respectiva queja la haya interpuesto con motivo de supuestas violaciones del partido político en el que milita a sus correspondientes estatutos.

 

Esta segunda hipótesis se apoya en la ratio essendi de la tesis relevante publicada en el suplemento número 3 de Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pp. 66-67, cuyo contenido es el siguiente:

 

QUEJAS POR IRREGULARIDADES. LOS PARTIDOS POLÍTICOS DENUNCIANTES CUENTAN CON INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR LA DETERMINACIÓN FINAL QUE SE ADOPTE, SI ESTIMAN QUE ES ILEGAL. El artículo 40, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, dispone que un partido político se encuentra en aptitud de pedir al Consejo General del Instituto Federal Electoral, se investiguen las actividades de otros institutos políticos o de una agrupación política cuando incumplan sus obligaciones de manera grave o sistemática, lo que muestra que los partidos políticos cuentan con esa atribución para incitar el actuar de la autoridad, a fin de que ésta, en uso de sus atribuciones, atienda su pedimento y acceda a su pretensión; en otras palabras, para que desarrolle el procedimiento atinente y lo culmine, de ser el caso, con la imposición de una o varias sanciones. Así, puede afirmarse, que existe una norma objetiva que consigna en favor de los partidos políticos, una facultad o potestad de exigencia a la autoridad para que proceda en los términos indicados, la cual es correlativa al deber jurídico de cumplirla, lo que se traduce en que, quien la ejerce, cuenta con el interés jurídico necesario no sólo para presentar la queja, sino de participar y vigilar la adecuada instrucción del procedimiento relativo e, inclusive, de inconformarse con la determinación final que se adopte, si estima que se aparta del derecho aplicable.

 

Sala Superior. S3EL 042/99

Recurso de apelación. SUP-RAP-012/99 y acumulados. Partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. 30 de junio de 1999. Unanimidad de 5 votos. Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretario: Antonio Valdivia Hernández.

 

En este orden de ideas, si el inciso b) del párrafo 1 del artículo 45 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al regular los sujetos legitimados para interponer el recurso de apelación, en el caso de imposición de sanciones previsto en el artículo 42 de la propia ley, incluye, entre otros sujetos, en su fracción I, a los partidos políticos y, en su fracción II, a los ciudadanos, habiéndose considerado reiteradamente por esta Sala Superior que los partidos políticos no sólo cuentan con la legitimación e interés jurídico para presentar la queja o denuncia prevista en el artículo 270 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales sino para participar y vigilar la adecuada instrucción del procedimiento administrativo sancionador electoral correspondiente e, incluso, impugnar la determinación final que se adopte, si estiman que ésta viola los principios de constitucionalidad y legalidad, aun cuando la misma no haya consistido en la imposición de alguna sanción, con base en los preceptos constitucionales y legales apuntados, debe concluirse que los ciudadanos que hayan formulado una denuncia o queja, por supuestas violaciones estatutarias cometidas por el partido político en el que militan, también cuentan con la legitimación e interés jurídico equivalentes, pues existen las mismas razones jurídicas que las esgrimidas en el caso de los partidos políticos para tal efecto.

 

Por tanto, si los referidos ciudadanos afiliados o militantes de un partido político tienen legitimación e interés jurídico para presentar la citada queja por supuestas violaciones estatutarias por parte de dicho instituto político, ese interés subsiste para participar y vigilar la adecuada instrucción del procedimiento relativo e, incluso, impugnar la determinación final que se haya adoptado, en este caso, el sobreseimiento en el procedimiento respectivo. En consecuencia, corresponde a los ciudadanos entonces quejosos la interposición del respectivo recurso de apelación, pues, como ocurre en el caso concreto, los ciudadanos recurrentes buscan el control jurisdiccional de la constitucionalidad y legalidad de tal determinación del Consejo General del Instituto Federal Electoral y, como efecto de la eventual sentencia, que se revoque esa determinación.

 

Una interpretación distinta a la expuesta en los párrafos precedentes, correría el riesgo de propiciar que quedaran al margen del control jurisdiccional de la constitucionalidad y legalidad las determinaciones del Consejo General del Instituto Federal Electoral relacionadas con un procedimiento administrativo sancionador electoral, particularmente, cuando éste se hubiere instaurado con motivo de la queja de un ciudadano por supuestas violaciones estatutarias cometidas por el partido político del que es afiliado o militante, lo cual contravendría lo previsto en los artículos 41, párrafo segundo, fracción IV, de la Constitución federal y 3°, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda vez que, según criterio reiterado de esta Sala Superior, los partidos políticos carecen de interés jurídico para impugnar actos de autoridad que asuman o convaliden violaciones cometidas a sus respectivos estatutos por un partido político diverso, siendo aplicable la ratio essendi de la tesis relevante publicada en el suplemento número 4 del año 2001 de Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, página 54, bajo el rubro REGISTRO DE CANDIDATOS. NO IRROGA PERJUICIO ALGUNO A UN PARTIDO POLÍTICO DIVERSO AL POSTULANTE, CUANDO SE INVOCAN VIOLACIONES ESTATUTARIAS EN LA SELECCIÓN DE LOS MISMOS Y NO DE ELEGIBILIDAD.

 

En el presente caso, los ciudadanos Raúl Álvarez Garín, Antonio Martínez Torres, Carolina Verduzco Ríos y Gerardo Fernández Noroña, por su propio derecho, originalmente denunciaron supuestas violaciones a los Estatutos del Partido de la Revolución Democrática, cometidas por el propio partido político; como ya se precisó, el Consejo General del Instituto Federal Electoral determinó sobreseer la denuncia de mérito, por lo que los citados ciudadanos decidieron impugnar dicha resolución a través del recurso de apelación.

 

Del análisis integral del escrito de demanda del presente medio de impugnación, así como del relativo a la queja cuya resolución se combate, se desprende que la pretensión final de los actores consiste en que, una vez revocada la resolución de sobreseimiento impugnada, por una parte, se sancione al Partido de la Revolución Democrática por supuestas violaciones a la normativa electoral y, por la otra, se le restituya en el goce de sus derechos político-electorales que estima le fueron vulnerados.

 

En relación con la segunda de las pretensiones enunciadas, esta Sala Superior determinó que la violación alegada en el escrito de queja presentado el trece de marzo de dos mil dos, devenía en irreparable, toda vez que, en dicho escrito, los ciudadanos inconformes expresamente pedían que se determinara la improcedencia e ilegalidad de la preparación de los comicios internos del partido, solicitando al efecto la suspensión temporal del proceso hasta que fuese “repuesto el procedimiento y cumplimentados los requerimientos estatutarios y reglamentarios correspondientes”.  Sin embargo, como se precisa en la propia resolución dictada en el procedimiento de queja, el diecisiete de marzo de dos mil dos, se llevó a cabo el procedimiento de elección interna, con lo cual la pretensión buscada por los denunciantes, resultaba material y jurídicamente imposible.

 

Ahora bien, por lo que se refiere a la pretensión de que se sancione al Partido de la Revolución Democrática por supuestas infracciones a la normativa electoral, en la resolución precisada en el resultando VI de este fallo, se estimó que una recta interpretación de los preceptos constitucionales y legales aplicables, en particular, de lo dispuesto en los artículos 42 y 45 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, llevaba a concluir que dicha determinación (el sobreseimiento de la queja o denuncia) tomada por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, respecto del procedimiento administrativo sancionador electoral previsto en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, podía impugnarse a través del recurso de apelación, particularmente cuando dicho medio de impugnación fuera interpuesto, entre otros sujetos legitimados, por los ciudadanos que hayan figurado como quejosos en el respectivo procedimiento administrativo sancionador electoral, siempre que éstos promovieran por su propio derecho y sin que fuese admisible representación alguna.

 

En efecto, del escrito de demanda se desprende con toda claridad, en primer término, que los ciudadanos actores Raúl Álvarez Garín, Antonio Martínez Torres, Carolina Verduzco Ríos y Gerardo Fernández Noroña, interpusieron un recurso de apelación para combatir la determinación del Consejo General del Instituto Federal Electoral recaída en un procedimiento administrativo sancionador electoral instaurado con motivo de la queja que los mismos ciudadanos presentaron en su calidad de miembros del Partido de la Revolución Democrática. Sin embargo, la autoridad responsable, para efectos de la tramitación, lo identificó como juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, al considerarlo el medio procedente para combatir los actos que se reclaman, pero sin dar mayor explicación de ello, como puede advertirse de la lectura del informe circunstanciado que se encuentra agregado en el expediente bajo análisis.

 

En segundo término, los agravios que se hacen valer en la demanda están encaminados a demostrar que con la resolución dictada por el Consejo General del Instituto Federal Electoral se viola lo previsto en los artículos 69, párrafos 1, incisos a), b) y d), y 2; 82, párrafo 1, incisos c) y t); 269, y 270 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el Reglamento del Consejo General para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y la Aplicación de Sanciones Administrativas, al “renunciar” dicho Instituto a sus atribuciones y obligaciones para conocer y resolver la queja de mérito, según lo aducen los ciudadanos actores.

 

Tal circunstancia se corrobora con la manifestación de los actores contenida en los puntos petitorios de la demanda, en cuya parte relevante se señala:

 

PRIMERO. Se tenga por presentado en tiempo y forma el presente recurso de apelación.

SEGUNDO. Se revoque la resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral en relación con el expediente JGE/QRAG/CG/005/2002 y se mande al mismo a entrar al fondo del asunto planteado en nuestra queja.

TERCERO. Todo lo que derive de la presente apelación y su resolución.

 

 

Como se aprecia, la pretensión de los actores en el medio de impugnación bajo estudio está encaminada a que se revoque la determinación o resolución impugnada y se ordene a la autoridad responsable resolver en el fondo la queja que se formó con motivo de la denuncia que presentaron en contra del Partido de la Revolución Democrática.

 

Al estimar la Sala Superior que el recurso de apelación es la vía legalmente idónea y procedente para impugnar la determinación o resolución recaída en el procedimiento administrativo sancionador electoral, declaró la improcedencia del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido, por su propio derecho, por los ciudadanos Raúl Álvarez Garín, Antonio Martínez Torres, Carolina Verduzco Ríos y Gerardo Fernández Noroña.

 

De igual forma, en la citada resolución esta Sala Superior ordenó a la autoridad electoral administrativa competente que el escrito mediante el cual el actor impugna la resolución anteriormente identificada se tramitara desde su origen en la vía legalmente idónea y procedente que, como se anticipó, es el recurso de apelación, en el entendido de que con tal medida no se privaba de intervención legal a los posibles terceros interesados, independientemente de que en el caso concreto ya había comparecido el Partido de la Revolución Democrática.

 

En este sentido, esta Sala Superior considera que los ciudadanos actores, contrariamente a lo alegado por el tercero interesado y la autoridad responsable, sí acreditan su interés jurídico en el presente medio de impugnación, ya que al estar impugnada una resolución dictada en un procedimiento sancionatorio en el que los ahora promoventes también fueron parte quejosa, la cual les fue adversa a sus pretensiones al haberse sobreseído el conocimiento de la misma, resulta indubitable que no se surte la causa de improcedencia establecida en el artículo 10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, consistente en que el acto o resolución impugnado no afecte el interés jurídico de los actores.

 

Toda vez que se han desvirtuado las causas de improcedencia aducidas por la autoridad responsable y por el partido político tercero interesado y, esta Sala Superior no advierte, de oficio, que se actualicé alguna otra, procede el estudio de fondo del presente asunto.

 

TERCERO. De la lectura integral del escrito inicial de demanda, se advierte que los hoy actores se quejan fundamentalmente de que la responsable violó en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 69, párrafos 1, incisos a), b) y d), y 2; 82, párrafo 1, incisos h), i) y w); 83, párrafo 1, incisos c) y t); 269, y 270 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el Reglamento del Consejo General para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas, en virtud de que:

 

a) En concepto de los ciudadanos actores, el Consejo General del Instituto Federal Electoral incumple con sus obligaciones, responsabilidades y atribuciones, al no entrar al estudio del fondo de las irregularidades planteadas en la queja que presentaron el trece de marzo de dos mil dos, en virtud del sobreseimiento que se decretó en la resolución ahora impugnada.

 

b) Alegan los hoy recurrentes que sus derechos como militantes se ven afectados con las irregularidades ocurridas en la preparación del proceso de elección interna, sin que hubiesen encontrado respuesta en los órganos internos del Partido de la Revolución Democrática, ya que estos no han resuelto las quejas que previamente habían presentado.

 

c) Arguyen los hoy actores que en ninguna parte del Reglamento General para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas, se establece que se tengan que cubrir las instancias internas del partido político para que una queja sea procedente.

 

d) Los ciudadanos impugnantes sostienen que el Consejo General del Instituto Federal Electoral no tomó en consideración que las instancias internas no se han resuelto, lo que puede poner en estado de indefensión a los afiliados a un partido político porque las irregularidades se pueden volver irreparables.

 

Por razón de método, esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ocupará del estudio conjunto de los agravios resumidos en los apartados anteriores, en virtud de su íntima vinculación en tanto que en los mismos se combate la supuesta violación a la normativa electoral federal, cuando la autoridad electoral responsable sobreseyó el procedimiento administrativo sancionatorio, respecto de la queja que los ahora promoventes presentaron en contra del Partido de la Revolución Democrática, por supuestas violaciones a su normativa interna en la preparación de sus elecciones internas para renovar a su dirigencia.

 

Este órgano jurisdiccional federal considera que los agravios antes precisados resultan infundados, en parte, e inoperantes, en otra, en virtud de que, contrariamente a lo sostenido por los hoy actores, es válido que la autoridad administrativa electoral federal no estudie el fondo de una queja por supuestas violaciones estatutarias, cuando los militantes o afiliados de un partido político no hayan agotado previamente las instancias previstas en la propia normativa que rige la vida interna de esos institutos políticos, como se evidenciará enseguida.

 

En efecto, en primer término, esta Sala Superior estima necesario precisar que, contrariamente a lo argumentado por los ciudadanos inconformes, es válido que el Consejo General del Instituto Federal Electoral sobresea un procedimiento administrativo sancionatorio, cuando los ciudadanos militantes de un partido político que interpongan una queja en contra de su propio partido político, por supuestas violaciones estatutarias, no acudan previamente a las instancias internas del propio instituto político, previstas en los mismos estatutos, a través de las cuales razonablemente estuvieran en posibilidad de corregir o sancionar las supuestas contravenciones a su normativa interna, antes de acudir a una instancia externa, cuya intervención se concreta a determinar si existieron o no las supuestas infracciones y, en su caso, imponer la sanción que corresponda.

 

Para ello es necesario advertir que tal obligación deriva de lo previsto en el artículo 38, párrafo 1, incisos a) y f), en relación con el 27, párrafo 1, inciso g), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, porque: i] Los partidos políticos nacionales tienen la obligación de conducir sus actividades dentro de los cauces legales; ii] Los partidos políticos nacionales tienen la obligación legal de mantener en funcionamiento efectivo a sus órganos estatutarios, y iii] Los partidos políticos están obligados legalmente a prever, entre sus normas jurídicas estatutarias, los correspondientes medios de defensa  para sus afiliados y militantes.  

 

En este sentido, la obligación que pesa sobre los partidos políticos para conducir sus actividades dentro de los cauces legales [artículo 38, párrafo 1, inciso a), del código federal electoral], debe entenderse a partir de normas jurídicas en un sentido material (toda disposición jurídica constitucional, legal, reglamentaria o estatutaria que presente las características de generalidad, abstracción, impersonalidad, heteronomía y coercibilidad), como lo permite concluir la interpretación sistemática de ciertas disposiciones constitucionales y legales.

 

Efectivamente, la obligación antes precisada se colige del artículo 41, párrafo segundo, fracción II, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte en que se dispone que los partidos políticos tienen ciertas finalidades y que para su cumplimiento lo deben hacer de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan, así como del propio artículo 38, párrafo 1, incisos a), b), d), e), f), h), i), j), l), m) y n) del código de la materia, ya que ahí se contienen prescripciones legales por las cuales se reconoce el carácter vinculatorio de disposiciones que como mínimos deben establecerse en los documentos básicos y, particularmente, en los estatutos. En efecto, en cuanto a esto último, en ese mismo artículo 38 se prevé expresamente la obligación legal de los partidos políticos nacionales de ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tenga registrados; conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando los derechos de los ciudadanos; mantener en funcionamiento efectivo sus órganos estatutarios, y comunicar al Instituto Federal Electoral las modificaciones a sus estatutos. Esto revela que el respeto de las prescripciones estatutarias –como en general, de la normativa partidaria- es una obligación legal.

 

Lo anterior es inconcuso si se recuerda que desde la misma Constitución federal se reconoce a los principios, programas e ideas de los partidos políticos como un acuerdo o compromiso primario hacia “el pueblo” y especialmente para los “ciudadanos”, lo que destaca la necesidad de asegurar, a través de normas jurídicas, su observancia y respeto, en tanto obligación legal y, en caso de incumplimiento, mediante la configuración de una infracción que dé lugar a la aplicación de sanciones.

 

Ahora bien, una correcta interpretación del artículo 27, párrafo 1, inciso g), y 38, párrafo 1, inciso a), del código de la materia, debe entenderse en el sentido de que los medios y procedimientos de defensa previstos estatutariamente a favor de los miembros de los partidos políticos nacionales no se deben limitar a los casos en que éstos sean sancionados, ya que, de acuerdo con una interpretación sistemática y funcional de dicho artículo 27 del código de la materia, cabe entender que están referidos a aquellos casos en que se relacionen con los derechos y obligaciones que se reconozcan a los militantes en la normativa partidaria, puesto que, por ejemplo, los partidos políticos, en sus declaraciones de principios [artículo 25, párrafo 1, incisos a) y d), del código federal electoral], asumen la obligación de observar la Constitución federal y respetar las leyes e instituciones que de ella emanan, así como la de conducir sus actividades por medios pacíficos, en el entendido de que la solución de conflictos intrapartidarios a través de medios y procedimientos de defensa a favor de los militantes es un medio autocompositivo que excluye la justicia por propia mano y la venganza privada.

 

En este sentido, es necesario destacar que la obligación de prever instancias intrapartidarias que resuelvan los conflictos que se presenten al interior de los partidos políticos, tiene como destinatarios directos e inmediatos a los afiliados y militantes del propio partido político, de tal forma que si legalmente está prevista la existencia de dichos medios y procedimientos de defensa, resulta lógico y jurídico concluir que correlativamente a la referida obligación de los institutos políticos existe la consecuente obligación de los afiliados y militantes de agotar las referidas instancias internas, previamente a que acudan ante la autoridad administrativa a denunciar una supuesta violación a la normativa interna del propio partido político y que consideran les afecta en sus derechos político-electorales, pues una interpretación diversa llevaría a la inaceptable conclusión de que una obligación formal prevista legalmente carecería de eficacia real y práctica, al no preverse la obligación de agotar las instancias internas del partido político, previamente a que se acuda ante la autoridad electoral administrativa, con el objeto de que se determinara si existió la supuesta infracción y en consecuencia se aplicara una sanción.

 

Asimismo, es necesario destacar que en la sentencia dictada el veintiocho de febrero de dos mil tres, relativa al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con el número de expediente SUP-JDC-807/2002, precisamente en un asunto cuya ratio essendi es aplicable en el presente recurso de apelación, esta Sala Superior sostuvo que el problema jurídico consistía en precisar si los medios de defensa que los partidos políticos tienen obligación de incluir en sus estatutos, conforme con lo establecido en el artículo 27, apartado 1, inciso g), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, son parte de los juicios y recursos que se deben agotar, para satisfacer el principio de definitividad establecido en el artículo 10, apartado 1, inciso d), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, a fin de estar en condiciones de acceder a los medios de defensa creados y regulados en dicha ley “o en algún otro ordenamiento legislativo que contenga una regla similar”, como es el conocimiento de las faltas administrativas en que pudieran haber incurrido los partidos políticos nacionales por violaciones a su normativa interna y, en su caso, la consecuente imposición de las sanciones correspondientes, a través del procedimiento administrativo sancionador electoral previsto en el artículo 270 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Esto último, en el entendido de que el procedimiento administrativo sancionador previsto en el código federal electoral, no es un medio impugnativo como los regulados en la ley adjetiva federal; sin embargo, es válido exigir el agotamiento de las instancias de defensa partidarias, antes de acudir en queja al procedimiento administrativo sancionador electoral, atendiendo a diversas razones constitucionales y legales que enseguida se advierten.

 

Cabe precisar, en primer lugar, que en ejecutorias anteriores de esta Sala Superior, el artículo 10, apartado 1, inciso d), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, relativo a la causa de improcedencia de los medios de impugnación, derivada de “que no se hayan agotado las instancias previas establecidas por las leyes federales o locales, según corresponda, para combatir los actos o resoluciones electorales y en virtud de las cuales se pudieran haber modificado, revocado o anulado”, se interpretó en el sentido de que los únicos medios impugnativos que debían de agotarse, antes de ocurrir a los emanados de la legislación electoral, eran los establecidos y regulados, formal, directa y completamente, en los ordenamientos provenientes del poder legislativo federal o de las legislaturas de los Estados, con lo cual quedaron excluidas las instancias impugnativas contenidas en la normativa interna de los partidos políticos.

 

No obstante lo anterior, un nuevo estudio del tema, con apoyo en el conocimiento del derecho electoral resultante de la experiencia y mediante la interpretación sistemática y funcional del artículo 10, apartado 1, inciso d), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en relación con las bases fundamentales consignadas en los artículos 41 y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en las demás disposiciones de la citada ley procesal reglamentaria, con las del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y con apoyo, además, en la doctrina científica contemporánea sobre los partidos políticos y el Estado constitucional democrático de derecho, permiten arribar a la conclusión de que los medios de defensa o instancias impugnativas previstos en la normativa interna de los partidos políticos deben agotarse previamente por los afiliados o militantes, como requisito de procedibilidad, para acudir a los medios de impugnación fijados y regulados por la legislación electoral, ante las autoridades administrativas o jurisdiccionales, en defensa de sus intereses o los derechos político-electorales que se estimen conculcados por parte de los dirigentes u órganos de un partido político (en el entendido de que en el presente caso se trata de un procedimiento administrativo sancionador electoral en que, por extensión y de acuerdo con una interpretación sistemática y funcional, también está plenamente justificado requerir el agotamiento de esa instancia partidaria, como más adelante se aclara), siempre y cuando:

 

a)    Los órganos partidarios encargados de su conocimiento y decisión estén establecidos, integrados e instalados con antelación a los hechos litigiosos;

b)    Se garantice suficientemente la independencia e imparcialidad de sus integrantes;

c)     Se respeten en el procedimiento establecido todas las formalidades esenciales del debido procedimiento legal, exigidas constitucionalmente, y

d)    Formal y materialmente resulten eficaces para restituir a los promoventes en el goce de sus derechos políticos-electorales transgredidos, de manera adecuada y oportuna, esto es, que el tiempo y el procedimiento necesarios para su tramitación y resolución no produzcan la consumación irreparable de las infracciones, haciendo nugatorios o mermando considerablemente tales derechos.

 

De manera que cuando falte alguno de estos requisitos o se presenten los inconvenientes a que su inexistencia da lugar, el justiciable queda eximido del gravamen procesal indicado y tales instancias devienen en optativas, por lo que el afectado podrá ocurrir directamente ante las autoridades, per saltum, sin necesidad de acudir antes a las instancias partidarias, y en los casos que el peligro se produzca por la dilación de los trámites concretos o por la prolongación innecesaria de un procedimiento que esté en curso, el promovente podrá abandonar esa instancia interna y ocurrir a la instancia administrativa o jurisdiccional estatal (en el presente asunto, ante la instancia administrativo-electoral que debe conocer del procedimiento administrativo sancionador electoral), siempre y cuando en el caso en que se hayan promovido las instancias internas, antes de acudir a la instancia estatal, el promovente acredite que se desistió de éstas, porque de otra forma se propiciaría el riesgo de que surgieran dos resoluciones contradictorias, al existir dos procedimientos pendientes de resolver respecto del mismo problema jurídico (si bien en el presente caso se trataría de un procedimiento administrativo sancionador electoral que da lugar a la aplicación de una sanción y no de un auténtico proceso jurisdiccional).

 

Estos requisitos tienen su razón de ser en las garantías que son exigidas en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, relativas a tribunales previamente establecidos, debido proceso legal, fundamentación en leyes previas al acto y motivación, autoridad competente e impartición de justicia pronta, completa e imparcial. Ahora bien, si ha quedado establecido que los partidos políticos deben cumplir con la exigencia legal de establecer en sus estatutos los medios de defensa internos que puedan dirimir los conflictos intrapartidistas que lleguen a plantear los afiliados o militantes del propio partido político, en consecuencia, cabe aplicarles también las mismas exigencias necesarias para el óptimo ejercicio de esa función establecida a nivel constitucional, porque sólo de esta forma se podría considerar que la función que se realiza al interior del partido guarda cierta semejanza con la jurisdicción, y puede exigirse como presupuesto para acceder a aquélla, pues al faltarle alguno de esos requisitos se estaría realizando una actividad que desvirtuaría la finalidad buscada con la obligación legal antes precisada: La tutela o protección de los derechos que, por analogía, resulta aplicable en el presente asunto. Los requisitos mencionados no serían necesarios cuando la reglamentación interna establezca una instancia conciliatoria, pues en todo caso, será optativo para el militante acudir a tal vía, y en caso de que opte por ésta, no correrá el plazo respectivo que cuenta para impugnar el acto afectatorio de sus derechos.

 

Como se advierte, de este modo el partido político está provisto con atribuciones suficientes para llevar a cabo la función legalmente prevista de contar con medios de defensa internos que puedan dirimir sus conflictos internos y satisfacer así las exigencias del Estado democrático, es decir, del partido democrático en su vida interna, la cual bien organizada y ejercida se encuentra en aptitud de resolver satisfactoria y adecuadamente la generalidad de los conflictos internos mediante un proceso autocompositivo, sin necesidad de que sus militantes se vean en la necesidad de ocurrir a los órganos jurisdiccionales del Estado, o bien, a la autoridad administrativa sancionadora, pero a la vez, la función jurisdiccional o sancionadora se mantiene abierta e incólume para los casos en que subsista el conflicto después de agotadas las instancias partidarias, en que éstas no existan o en que sean claramente insuficientes.

 

Con la solución planteada se deja a salvo, totalmente, a la jurisdicción, como garantía plena del goce de los derechos fundamentales de los gobernados, independientemente de los actos o hechos jurídicos de donde provenga su conculcación, y de los sujetos vinculados a esos hechos o actos, así como a la potestad sancionatoria que, en materia de infracciones administrativo-electorales, se reconoce al Instituto Federal Electoral, en la normativa legal federal; se les refuerza la cobertura necesaria a los partidos políticos, para que puedan realizar óptimamente los fines a que los destinan las disposiciones constitucionales, y se les reconoce y respeta la máxima capacidad auto-organizativa posible, dentro del diseño institucional de un Estado constitucional democrático de derecho, sin menoscabo de la soberanía nacional, dejando al ámbito de su propia organización la posibilidad de evitar al máximo que los conflictos jurídicos internos tengan que llegar a los tribunales jurisdiccionales o ventilarse en los procedimientos administrativo-sancionadores.

 

El sistema descrito encuentra cabal sustento en la legislación mexicana, a través de su interpretación jurídica gramatical, sistemática y funcional en su conjunto.

 

En el sistema electoral mexicano, los partidos políticos no tienen la calidad de simples asociaciones civiles, sino que están elevados constitucionalmente al rango de entidades de interés público, ya que por imperativo constitucional tienen incluido dentro de su objeto social el desempeño de las siguientes actividades: a) promover la participación del pueblo en la vida democrática, b) contribuir a la integración de la representación nacional, y c) hacer posible, como organizaciones de ciudadanos, el acceso de éstos al ejercicio del poder público. Además, para la realización de estos fines, se les otorgan las prerrogativas de acceso a los medios de comunicación social, financiamiento público, exenciones fiscales, franquicias postales y telegráficas, etcétera; igualmente, tienen participación en prácticamente todos los órganos que conforman a la autoridad electoral administrativa e, inclusive, en la ley secundaria, se les confiere el monopolio para la postulación de candidatos a los cargos de elección popular, todo lo cual los erige en protagonistas indispensables de los procesos electorales, y los dota de una posición importante y decisiva como operadores de las leyes de la materia, por conducto de sus dirigencias y órganos representativos, así como de un status de relevancia frente a los ciudadanos, incluyendo a los de su propia militancia.

 

A los ciudadanos que ingresan a un partido político, se les reconocen los derechos fundamentales consignados en la Constitución y en las leyes, los cuales se incrementan y robustecen con los que adquieren dentro del partido y que constan en los estatutos y demás disposiciones internas. Estos derechos pueden ser infringidos en el seno de la organización, toda vez que el derecho de asociación política para formar un partido político o afiliarse a alguno de los ya existentes, tiene por objeto que los ciudadanos, al unirse con otros, puedan potenciar y optimizar el resto de sus derechos políticos, tales como votar, ser votados, manifestar libremente sus ideas, hacer peticiones, obtener información, etcétera, y en esa medida, por la interacción que puede tener lugar al interior del partido político, ya sea entre distintos militantes, entre éstos y los órganos directivos o entre diferentes órganos internos, es posible que tales derechos resulten violados, directamente o mediante la incorrecta interpretación o aplicación de los cánones estatutarios.

 

Los partidos políticos, por su propia naturaleza, requieren del establecimiento de un conjunto de medios de defensa en favor de sus afiliados o militantes, frente a los actos u omisiones de la dirigencia, en virtud de que, según se infiere de diversas disposiciones constitucionales, de su naturaleza y ciertos imperativos que derivan de todo Estado constitucional democrático de derecho, son entidades que están regidas por los postulados democráticos, dentro de los cuales se incluye, como indispensable, conforme con lo establecido en el artículo 27, apartado 1, inciso g), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el establecimiento de medios efectivos y eficaces de defensa para los militantes, frente a las actuaciones u omisiones de los órganos directivos que puedan ser violatorias, al interior del partido, de esos derechos fundamentales, tanto de los que los ciudadanos llevan consigo al momento de su afiliación, por ser titulares de ellos constitucional y legalmente, como de los obtenidos con el acto de asociación, consignados en la documentación y normativa interna, surgida del pacto libre de todos sus integrantes, que les proporcionan, necesariamente, un status determinado en la organización.

 

La jurisdicción corresponde en exclusiva a los órganos del Estado idóneos para su ejercicio, y no puede delegarse a distintas entidades o personas, sino por una ley sustentada constitucionalmente. En efecto, la forma más completa de que dispone el Estado para respetar este postulado democrático, se da a través de la función jurisdiccional, que se confiere a órganos previamente establecidos, independientes, imparciales y especializados, que conocen y resuelven de manera imperativa los litigios que se presentan entre toda clase de personas de un Estado, en ejercicio del poder soberano proveniente del pueblo, poder que, por regla general, es una función exclusiva e irrenunciable del Estado que no puede ni debe ser conferida o delegada a los particulares ni a otras entidades diferentes a los órganos del Estado idóneos para su ejercicio, por lo que los casos de excepción requieren de disposiciones claras, expresas y contundentes de una ley que tenga un apoyo constitucional.

 

Lo anterior conduce a determinar que la facultad inherente a los partidos políticos para establecer estatutariamente un conjunto de instancias internas para el conocimiento y resolución prima facie de los conflictos jurídicos que se susciten en su funcionamiento, no constituye el ejercicio de la función jurisdiccional, sino de una actividad diferente, aunque cumpla fines equivalentes, pues los partidos políticos, conforme con lo antes dicho, no son órganos del Estado, pero tampoco simples asociaciones civiles, sino entidades de interés público, intermedias entre el Estado y los ciudadanos, y no existen disposiciones jurídicas que les deleguen la jurisdicción, por lo que no pueden ejercer dicha función. Sin embargo, para alcanzar la calidad de organizaciones democráticas, como un imperativo del Estado constitucional democrático de derecho y en observancia del principio de legalidad que priva en el mismo, deben adoptar ciertos rasgos estructurales que guarden congruencia con dicho Estado, en el cual son actores fundamentales, de ahí que resulte indispensable el que legalmente se disponga la existencia de medios de defensa de carácter autocompositivo, que deben establecer en sus estatutos, así como con la creación de los órganos internos encargados de su tramitación y resolución.

 

Con estos instrumentos se puede conseguir, en principio, el objeto de la obligación legalmente prevista de contar con medios de defensa internos, capaces de remediar la violación de los derechos políticos de los militantes y, en su caso, restituirlos en el goce de éstos, sin necesidad de acudir de inmediato a los tribunales, pero sin que se excluya esta posibilidad como última instancia; igualmente, la misma tutela de derechos político electorales del ciudadano, se puede conseguir con otros medios de protección indirecta que aseguren el cumplimiento de la ley, el respeto de dichos derechos o que conduzcan a la sanción de sus infracciones; por estos motivos, en la ley, se exige el establecimiento imperativo de medios de defensa en los estatutos de los partidos políticos, así como que estos mecanismos se apeguen a los mandamientos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los de las leyes. Esto, inclusive, debe ser verificado por la máxima autoridad electoral federal administrativa, en tanto requisito sine qua non para su entrada en vigencia, según lo previsto en los artículos 30 y 31 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Esta misma circunstancia sitúa a los estatutos en un rango superior a la normativa estatutaria interna de las demás asociaciones civiles y confiere una posición especial a las instancias partidarias, inclusive, de mayor jerarquía respecto a otros medios autocompositivos que los particulares pacten en los actos jurídicos en que intervengan.

 

Ciertamente, en los artículos 30 y 31 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se prevé la facultad del Consejo General del Instituto Federal Electoral para examinar los documentos de la organización solicitante del registro como partido político, a fin de verificar que cumplan con los requisitos exigidos constitucional y legalmente, para poder acceder al registro, como requisito sine qua non para su entrada en vigencia, y conforme con el artículo 38, párrafo 1, inciso l), los partidos políticos están obligados a comunicar al Instituto Federal Electoral cualquier modificación a su declaración de principios, programa de acción o estatutos, debiendo destacarse que las modificaciones no surtirán efectos hasta que el Consejo General del Instituto declare la procedencia constitucional y legal de las mismas. De esta manera, se evidencia que los documentos básicos de un partido, entre ellos los estatutos, están dotados de una fuerza jurídica mayor que las simples normas societarias de otras organizaciones, al entrar en vigor como resultado de la revisión de la autoridad electoral para verificar previamente a su entrada en vigor su constitucionalidad y legalidad, lo que viene a ser un elemento esencial en la conformación de la normativa interna del partido.

 

En consecuencia, estas instancias internas, a diferencia de otros instrumentos autocompositivos, como ya se dijo, deben estar consignados en los estatutos partidarios, por imperativo directo de la ley y en congruencia con el Estado constitucional democrático de derecho. Lo anterior, con el objeto de asegurar que los partidos políticos tengan el carácter de organizaciones democráticas y en atención de que son actores fundamentales en dicho Estado democrático de derecho, el cual se rige por el principio de legalidad, así como garantizar a los militantes el goce pleno de sus derechos fundamentales al interior de la organización. Todo esto sólo puede llevar a concluir que, constitucional y legalmente, el agotamiento de estos medios internos de defensa es una carga procesal y un requisito de procedibilidad necesario para ocurrir a la jurisdicción del Estado en defensa de los derechos político-electorales, ya sea mediante procesos jurisdiccionales, o bien, procedimientos administrativos sancionadores, los cuales tienen por efecto, en el primer caso, la revocación o modificación del acto partidario, así como la restitución del derecho político electoral violado y, en el segundo, la determinación sobre la comisión de una infracción o falta electoral, así como su sanción. Esto es, en un supuesto se trata de actos correctivos o restitutorios y, en el otro, de un efecto punitivo o represivo.

 

En efecto, la obligación impuesta a los partidos políticos de instrumentar medios de defensa internos para sus militantes, se traduce en la correlativa carga para los militantes de emplear tales instancias, antes de ocurrir a las instancias administrativas o jurisdiccionales del Estado, a fin de conseguir el objetivo de garantizar, al máximo posible, la capacidad auto-organizativa de los partidos políticos en ejercicio de la más amplia libertad, asegurando, al mismo tiempo, el respeto irrestricto a los derechos político-electorales fundamentales de todos y cada uno de sus miembros y dejando a salvo la garantía esencial que representa para éstos la jurisdicción.

 

Sin embargo, las decisiones que se emitan en las instancias internas de referencia no pueden tener el carácter de terminales, al no poder sustituir a la jurisdicción que es parte del poder soberano del pueblo y está confiada al Estado, ni mucho menos, como ocurre en el presente asunto, a la potestad sancionatoria que, en materia de infracciones administrativo-electorales, se reconoce al Instituto Federal Electoral, en la normativa legal federal. Si se aceptara la definitividad de las resoluciones de los órganos partidarios, esta situación conduciría a hacer nugatorio el derecho fundamental a la jurisdicción, previsto en el artículo 17 constitucional, así como las atribuciones disciplinarias que, en forma directa e íntegra, se reconocen al Instituto Federal Electoral, como aparece, en forma expresa, en los artículos 40; 82, párrafo 1, incisos h), i) y w); 86, párrafo 1, incisos d), i) y l); 269, y 270 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en beneficio de algunas organizaciones de los partidos políticos o de los sectores del mismo que controlaran las decisiones a su interior. Esto mismo conduce a ubicar las mencionadas instancias internas, como instancias previas y necesarias dentro del sistema de medios de impugnación en materia electoral, así como en el caso del procedimiento administrativo sancionador en materia electoral federal.

 

Las consideraciones precedentes encuentran armonía con la interpretación gramatical, pues aunque en el artículo 10, apartado 1, inciso d), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral se mencionen los medios previstos en las leyes federales o locales, el mismo es aplicable en el presente caso, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 3° del Acuerdo del Consejo General por el cual se aprueba el Reglamento para la tramitación de los procedimientos para el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones administrativas establecidas en el Titulo Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como la creación de la Comisión de Proyectos de Resolución o Devolución, y 1° de los Lineamientos para el conocimiento y la sustanciación de los procedimientos de las faltas administrativas, establecidas en el Título Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

 

Dicha expresión que se destaca con negritas no determina la exigencia de que necesariamente se trate de medios creados y regulados directa y totalmente por tales leyes, sino sólo que los haya previsto, ante lo cual es admisible que el legislador disponga en la ley (prevea) la obligación de establecer la clase de medios de defensa intrapartidarios, aunque remita para su regulación a los estatutos de los partidos, y este supuesto se da en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, porque, en el artículo 27, párrafo 1, inciso g), se exige que en los estatutos de los partidos políticos se incluyan los correspondientes procedimientos y medios de defensa, mientras que, en los artículos 25, párrafo 1, inciso d), y 38, párrafo 1, inciso a), se dispone que los partidos deben observar los principios del Estado democrático. Así, la interpretación gramatical resulta coincidente con la sistemática y funcional.

 

Lo anterior hace patente que el sistema de medios de impugnación y en el caso del procedimiento administrativo sancionador electoral regulados por estos ordenamientos sólo entran en funciones cuando otros instrumentos que puedan cumplir su cometido no consigan la solución del conflicto, y aunque se ha sostenido que la alusión, expresamente, está referida a los medios de impugnación previstos legalmente, esta dificultad queda superada, porque el dispositivo no exige la creación y regulación directa en una ley de dichos medios de defensa previos, por lo que admite la interpretación de que también se refiere a los recursos que estuvieran previstos indirectamente en una ley, esto es, que las leyes federales o locales hagan mención a ellos, aunque su establecimiento en concreto se delegue en otros entes, como sería el caso de los medios de defensa que los partidos políticos deben establecer en sus estatutos, y, en esta forma, quedarían comprendidas las instancias internas partidarias, en tanto que no son producto del simple acuerdo de los integrantes del partido, sino que provienen de una obligación impuesta directamente por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Es decir, están previstos indirectamente por esta ley. En igual sentido se podría interpretar el artículo 80, apartado 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en el cual se establece el principio de definitividad relativo al agotamiento de las instancias previas, de manera específica con respecto al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.

 

El sistema de medios de impugnación en materia electoral establecido a nivel constitucional en el artículo 41, fracción IV, además de garantizar la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones en materia electoral, incluye expresamente otra finalidad, consistente en proteger los derechos políticos de los ciudadanos, con lo cual se revela el objetivo directo de la Constitución por asegurar la protección completa, eficaz y efectiva de los mencionados derechos, así como constituir un elemento sine qua non del Estado constitucional democrático de derecho que es indispensable para el desarrollo de la vida democrática en el país.

 

La intervención de los ciudadanos, como afiliados, militantes, miembros u otras denominaciones, en la formación, organización, funcionamiento y permanencia de los partidos políticos, además de propender a la defensa de intereses comunes y buscar el acceso al poder, conforme con sus principios ideológicos y programas de acción y de gobierno, tiene la finalidad de optimizar y potenciar al máximo el ejercicio y aprovechamiento de sus derechos políticos fundamentales, como conjunto indisolublemente interrelacionado, para lograr la máxima participación en los asuntos políticos del país -especial pero no exclusivamente- en la organización y vigilancia de los procesos electorales, con el poder soberano de que son titulares originarios como parte del pueblo, así como a través del ejercicio pleno de sus derechos político-electorales de elegir y ser elegidos en los comicios democráticos, sin escatimar parte alguna de su amplio y rico contenido que no se reduce a emitir libremente su voto el día de la jornada electoral o que otros lo hagan en su favor, sino que van desde el derecho a participar en la postulación de candidatos, el respeto del sufragio emitido y el de ocupar el cargo para el que resulten electos

 

Todo esto en las condiciones óptimas de libertad, es decir, con la conservación e incolumidad de los demás derechos fundamentales que permiten hacer realidad dicha situación, tales como los derechos de petición, expresión y manifestación de las ideas, reunión, información, etcétera, ya que éstos no se separan jamás de aquellos, y menos se ven sacrificados o disminuidos con la afiliación partidaria, ni se suspenden al interior de los partidos, sino que la suma de fuerzas e inteligencias que la asociación representa, los dimensiona a su mayor potencia, y los dota de mayores garantías, dentro y fuera de la organización. Esta aspiración ciudadana obedece, inclusive, a la necesidad de impedir que los poderes gubernamentales vulneren los derechos humanos, dificultando su ejercicio y defensa individual.

 

Ahora bien, los partidos políticos, al igual que cualquiera otra entidad plural de cierta complejidad, requiere sujetarse a un conjunto de bases para su organización, estructura y funcionamiento, en las que se incluya la división de labores, funciones y responsabilidades, se creen órganos o funcionarios con poderes de decisión y ejecución que no tienen todos los miembros, y se regulen las relaciones entre órganos distintos y entre éstos y los individuos. En ese sentido, son los dirigentes quienes ordinariamente realizan, a nombre del partido, el conjunto de prerrogativas que constitucionalmente se le otorgan, como disponer del financiamiento y las prerrogativas en radio y televisión, designar a los representantes partidarios ante los órganos del Instituto Federal Electoral, así como registrar a los candidatos ante la autoridad administrativa electoral competente. Estas facultades de los dirigentes pueden ser utilizadas indebidamente, en perjuicio de los militantes, causándoles afectación en sus derechos.

 

En efecto, las relaciones entre los militantes entre sí o entre éstos y los dirigentes, naturalmente pueden constituirse en fuentes de conflictos y divergencias que no ofrezcan solución simple en la normativa patidaria, cuando ésta sea motivo de distintos criterios de interpretación o aplicación, o bien, adolezca de lagunas normativas, que lleven a la convicción de cada protagonista de tener la razón y de que la posición del otro es incorrecta y le afecta en sus derechos o funciones, a tal grado que pueden surgir y, de hecho, surjan órganos susceptibles de violentar la voluntad mayoritaria o de transgredir las garantías existentes en favor de las minorías, cuando se aparten de las reglas vinculantes para todos, con interpretaciones sesgadas o por medio de la intimidación, la amenaza o la violencia que puedan propiciar la desvirtuación de los fines sociales, la frustración del propósito de realización plena de la mayor participación política posible de los asociados y la restricción de las demás libertades fundamentales, en que se cimienta dicha participación. Esto es, que se destruya la expectativa de los militantes, los cuales en lugar de encontrar un espacio que sirva para potenciar sus derechos y, en su caso, defenderse de quienes puedan atropellar sus derechos fundamentales, sólo encuentren un sujeto que por su situación de preponderancia o dominio abuse de esa ventaja para vulnerar los derechos de los militantes.

 

En las legislaciones y la doctrina se han diseñado diversos instrumentos jurídicos para proscribir o limitar la posibilidad de que esas conductas negativas se presenten, como por ejemplo ocurre con la necesidad de que la organización de los partidos político guarde congruencia con el Estado social y democrático de derecho, en virtud de que son actores fundamentales dentro del mismo, en el que se establece como principio rector el principio de legalidad. De ahí que se exija que éstos necesariamente, en lo que atañe a su régimen interno, se rijan por los postulados democráticos.

 

En el artículo 27, párrafo 1, inciso g), del propio código electoral federal, entre los elementos que se prevén como mínimos de la normativa estatutaria destaca el siguiente:

 

Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones internas, y los correspondientes medios y procedimientos de defensa, con lo cual se acoge un régimen disciplinario que sancione aquellas conductas de unos militantes que vulneren derechos de otros. La exigencia de contar con medios y procedimientos de defensa al interior del partido no se limita a los mecanismos necesarios para enfrentar las sanciones que se imponen en dicho régimen administrativo sancionador sino, en general, a todos los medios que sean conducentes para la defensa del cúmulo de derechos fundamentales y del estatuto del asociado porque, de lo contrario, faltaría una parte esencial del Estado democrático, cuyos principios deben necesariamente estar presentes en la estructura y funcionamiento del partido, por imperativo del artículo 38 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo cual será motivo de mayor desarrollo.

 

Finalmente, en el artículo 36, apartado 1, inciso c), de la legislación citada, se prescribe que los partidos políticos nacionales disfrutarán de las prerrogativas y recibirán financiamiento público para garantizar que promuevan la participación del pueblo en la vida democrática, que por su propia expresión resaltada se identifica con el elemento que exige a los partidos la oportunidad real y efectiva de que sus militantes participen en la toma de decisiones.

 

La exigencia legal de que los partidos se conduzcan con apego a los principios democráticos esbozados, encuentra respaldo en la interpretación sistemática y funcional de los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

Así, se concluye que la legislación nacional contiene la exigencia, constitucional y legal, de que los partidos políticos rijan sus actividades por un sistema de democracia interna, por lo cual se deben orientar por los principios del Estado democrático, toda vez que el ordenamiento constitucional les confiere un papel preponderante dentro del Estado constitucional democrático de derecho, por lo que deben ser congruentes con su naturaleza y respetar el principio de legalidad contenido a nivel constitucional, y que, por todo lo anterior, habría que exigírseles los elementos indispensables del citado Estado constitucional democrático de derecho, donde está colocada la jurisdicción.

 

Sin embargo, conforme con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la jurisdicción es una potestad exclusiva del Estado, que se desempeña en ejercicio de la soberanía delegada en él por el pueblo, por lo cual, como los partidos políticos no son entidades estatales que comparten el ejercicio de la soberanía, ni estados independientes, entonces no se les puede conferir el ejercicio de la jurisdicción, pues ésta sólo puede ser delegada o conferida a órganos distintos al Estado por excepciones contenidas en disposiciones legales claras, expresas y contundentes de una ley que tenga apoyo constitucional. Lo anterior es así, porque el ordenamiento constitucional establece para la jurisdicción una serie de requisitos y garantías, tanto en los procedimientos, como en los órganos encargados de impartir justicia, cuyo objeto es que la función jurisdiccional cumpla su finalidad de resolver las controversias de cualquier tipo que se presenten dentro de la vida en sociedad, de una manera real y efectiva, que dirima eficazmente el conflicto que se presenta. Ahora, el medio que la Constitución consigna para garantizar la solución de controversias, es imponiendo al Estado la obligación de resolverlas, cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos que ella establece, a través del establecimiento de un poder imparcial distinto a aquellos entre los cuales ordinariamente pueden surgir las controversias (particulares y poder ejecutivo y legislativo). De ahí la reticencia constitucional para delegar la función jurisdiccional en órganos distintos del poder judicial, porque el órgano del Estado al cual se le confiere deja de tener el control sobre esto y la jurisdicción pasa a entes que actúan de forma independiente respecto al Estado, quien no puede vigilar de manera directa que estas se cumplan.

 

La solución armónica para dicha situación se encuentra en considerar que los partidos están dotados de una función que, sin constituir propiamente la jurisdicción, es una institución jurídica equivalente, que cumple las funciones de aquélla, en la medida de lo posible, sin desplazarla o sustituirla.

 

Esta función consiste, precisamente, en el establecimiento de órganos internos independientes y suficientemente capacitados para conocer y resolver, al interior de un partido político, los conflictos mencionados, mediante procedimientos en que se cumplan las formalidades esenciales y se respeten todas las garantías del debido procedimiento legal a los contendientes, en donde se pueda determinar a quién le asiste la razón, de acuerdo con la normativa estatutaria interna, y se encuentren en aptitud de restituir, adecuada, oportuna y totalmente los derechos infringidos, e imponga la carga a las partes en sus litigios internos de ocurrir, prima facie, a esos procedimientos, englobándolos en la operatividad del principio de definitividad establecido en el artículo 10, párrafo 1, inciso d), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, respecto de la procedencia de los instrumentos contemplados en el sistema de medios de impugnación en materia electoral, el cual es aplicable en el presente caso, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 3° del Acuerdo del Consejo General por el cual se aprueba el Reglamento para la tramitación de los procedimientos para el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como la creación de la Comisión de Proyectos de Resolución o Devolución, y 1° de los Lineamientos para el conocimiento y la sustanciación de los procedimientos de las faltas administrativas, establecidas en el Título Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; esto es, que sólo se pueda ocurrir a la jurisdicción del Estado o, como ocurre en el presente asunto, a la potestad sancionatoria que, en materia de infracciones administrativo-electorales, se confiere al Instituto Federal Electoral, en la normativa legal federal, precisamente en los siguientes supuestos: a) Después de haberse agotado estas instancias internas para la superación del conflicto; b) Cuando las mismas no existan, y c) Cuando las existentes no estén encomendadas a órganos capacitados e independientes o no estén previstos los elementos del debido procedimiento legal, o no permitan la satisfacción completa, total y oportuna de las pretensiones jurídicamente tuteladas de las partes. Por ende, cuando las instancias internas respeten todas las garantías del justiciable, se deben agotar antes de ocurrir a los tribunales o la autoridad administrativa sancionadora, pero cuando no lo hagan se puede acudir a la jurisdicción o instar la potestad sancionadora, per saltum.

 

En el caso de que se haya acudido, en primer término, a las instancias partidistas, pero con posterioridad se decida abandonarlo para acudir, per saltum, a la jurisdicción estatal o ante el órgano administrativo sancionador, en virtud de una circunstancia superveniente generadora de una situación que, en opinión del promovente, tenga como consecuencia que con el medio interno no se pueda lograr la satisfacción completa, total y oportuna de las pretensiones jurídicamente tuteladas de las partes, el mismo militante deberá presentar previamente ante el órgano partidario correspondiente, un escrito mediante el cual se desista del medio de defensa partidario, por haber decidido ocurrir a las autoridades jurisdiccionales del Estado, a través de los medios de impugnación legales correspondientes, o bien, como ocurre en el presente asunto, a la potestad sancionatoria que, en materia de infracciones administrativo-electorales, se confiere al Instituto Federal Electoral. Además, el promovente o el quejoso ante la autoridad administrativo-electoral deberá invocar las circunstancias y motivos por los cuales considera que el recurso intrapartidista ya no es eficaz para la protección de sus derechos y, por el contrario, propicia la extinción de los mismos. Esta situación será objeto de estudio por parte del órgano jurisdiccional o, en su caso, el administrativo-electoral sancionador, a fin de verificar si la razón aducida, efectivamente, conduce a la extinción del derecho, toda vez que en caso contrario no se justifica el salto a la jurisdicción o potestad sancionadora.

 

El desistimiento del medio de defensa interno deberá acreditarse al momento de presentar la demanda en el medio jurisdiccional de que se trate, al estar relacionado con el presupuesto procesal de la conexidad, o bien, al momento de presentar la queja para que dé inicio el procedimiento administrativo sancionador electoral por lo cual, si el actor o denunciante no acredita esa situación, ni siquiera en el plazo que se dé en una prevención para satisfacer ese requisito, el órgano jurisdiccional quedará en condiciones de desechar el medio de impugnación por notoriamente improcedente, como igualmente quedará en dicha aptitud el órgano administrativo electoral competente, cuando reciba una queja en que no se hayan agotado los medios y procedimientos de defensa partidarios.

 

Lo anterior se sostiene, toda vez que conforme con lo dispuesto en el artículo 41, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la certeza constituye un principio rector de las elecciones, por lo que cualquier interpretación de la ley debe hacerse observando este principio, y rechazar aquella que traiga como consecuencia contrariarlo.

 

Una de las finalidades del llamado principio de definitividad, consistente en agotar las instancias previas antes de acudir a los medios de defensa o tutela establecidos en determinada ley (en el entendido de que el sistema administrativo sancionador en materia electoral también está dirigido a proteger, así sea en forma indirecta, bienes jurídicos), consiste en evitar la emisión de resoluciones contradictorias, posibilidad que surge cuando dos procesos distintos se encuentran en curso, y ambos se refieren a un mismo litigio; por esto, cuando existen dos medios de defensa, uno interno y otro jurisdiccional, o bien, ante un órgano administrativo electoral, y ambos proceden para impugnar o reprimir el mismo acto, deben promoverse y agotarse sucesivamente y no simultáneamente, para evitar el riesgo enunciado. Es decir, que en el procedimiento intrapartidario, por ejemplo, se estime que no se demostró la violación a la normativa partidaria, por lo que no quepa su modificación o revocación y, en los otros (el jurisdiccional o el administrativo sancionador), se concluya que sí se demostró la infracción a la normativa partidaria, sólo que en un caso (el jurisdiccional), habría lugar a la modificación o revocación del acto y, en el otro (el administrativo sancionador), a su sanción.

 

En consecuencia, cuando se considere que un medio de defensa intrapartidario no resulta suficiente para la restitución cabal del derecho político-electoral violado por alguna causa superveniente que se originó con posterioridad a su promoción, y que la protección a dicho derecho sólo se puede conseguir al acceder a la jurisdicción estatal o instando ante el órgano administrativo sancionador, debe exigirse el desistimiento del medio interno, porque de otra manera existiría la posibilidad de la existencia de resoluciones contradictorias, una dictada en el medio interno y otra en el medio jurisdiccional o ante la instancia administrativa sancionadora, con lo cual, lejos de resolver la controversia, que constituye la finalidad de todo litigio, se generarían otros conflictos, pero ahora para determinar cuál de las resoluciones emitidas es la que auténticamente obliga.

 

Asimismo, la interpretación sistemática conduce a vincular todas las disposiciones precedentes a un solo cuerpo y unidad, y esto muestra la existencia de un conjunto de disposiciones ordenadas y relacionadas, con las que se prevé, desde la ley, la exigencia de establecer en sus estatutos medios de defensa al interior de los partidos, que sean acordes con la Constitución y con la normativa legislativa restante, a grado tal, que si faltan esos medios de defensa o los establecidos se oponen, por ejemplo, al debido procedimiento legal, enfrentando así a la lex superior, la autoridad electoral, al analizar los documentos básicos que se presentan junto con la solicitud de registro como partido político, o al someterse a su conocimiento las modificaciones a dichos documentos, por parte de los partidos políticos que ya cuentan con registro, debe rechazarlos y no permitir que entren en vigor, esto es, no declarar su constitucionalidad o legalidad, y estas disposiciones legales se completan, por imperativo de la propia ley, con las que se consignen válidamente en los estatutos, conformando así el sistema completo.

 

En consecuencia, si por imperativo legal los partidos políticos deben establecer en sus estatutos los medios y procedimientos de defensa en favor de los afiliados, esta disposición debe producir algún efecto jurídico en el sistema establecido en la legislación para la protección de los derechos político-electorales, pues sólo de esta forma la norma imperativa podría considerarse como parte de un sistema completo, coherente y claro, y conforme con el cual todos los preceptos establecidos en la ley deben tener una finalidad jurídica. Por tanto, si por un lado se exige que los estatutos de los partidos políticos establezcan los medios y procedimientos de defensa en favor de sus miembros y, por otro, que para acceder a los medios de impugnación o procedimientos sancionatorios en materia electoral, se deben agotar las instancias previas, cabe entender que los primeros forman parte de los segundos, aunque no estén enunciadas expresamente en una ley, pues, como ya se dijo, existe una enunciación indirecta que es suficiente para considerar que, los partidos políticos deben contenerlos en sus estatutos para cumplir con la exigencia constitucional y legal de regirse por los principios democráticos.

 

Igualente, la interpretación funcional surge de tomar en cuenta la naturaleza jurídica de los partidos políticos, sus altos fines constitucionales y la necesidad de tenerlos como entidades dotadas de la máxima capacidad auto-organizativa posible, respecto del Estado, aunque sin romper los principios fundamentales de éste, relacionándolos con que la legislación está dada para que se aplique y consiga sus finalidades, de modo que si no se les diera a las instancias de defensa internas el carácter propuesto, se minimizaría al extremo su cometido, en lugar de potenciar su alcance.

 

En efecto, ya se ha precisado que el partido político debe contar con los elementos equivalentes de un Estado democrático, en razón de que sólo de esta forma puede cumplir con su finalidad de llevar la voluntad de sus integrantes a la representación nacional, y en razón de que, al pertenecer a un Estado que es democrático y que los contiene y ser el medio por el cual se constituye, esta misma relación de interdependencia exige a los partidos políticos ser democráticos para que el estado finalmente pueda serlo. En este orden de ideas, debe propiciarse que los partidos políticos resuelvan sus problemas internos mediante mecanismos propios previstos en sus estatutos, para lograr la consolidación del partido político, sin necesidad de la intervención del Estado, porque al resolver con celeridad sus problemas internos, permite que su actividad se concentre en sus finalidades esenciales, circunstancia que los convierte en institutos políticos más eficientes.

 

Sin embargo, privilegiar la solución de sus problemas mediante las instancias internas, no llega hasta el extremo inadmisible de considerar que éstas son la única vía que existe para la solución de conflictos, y que no obstante que una vez agotadas siga existiendo el conflicto, esta situación no puede tener remedio alguno, pues siempre existe la posibilidad de que los órganos dirigentes revestidos de cierto poder interno por los estatutos para el cumplimiento de sus funciones, lo puedan emplear indebidamente en perjuicio de los demás militantes que no ejerzan el mismo poder, generándose así otros conflictos, o bien, que la actuación de los órganos encargados de resolver las controversias estuviera mediatizada.

 

En estas condiciones, independientemente de que la normativa que impone la obligación de los partidos políticos de establecer los medios y procedimientos de defensa en favor de sus afiliados o militantes, provenga en parte del Estado y en parte de los asociados, o en su totalidad de éstos, se presenta la necesidad de resolver los conflictos para determinar a cuál de los contendientes le asiste la razón y el derecho interno, toda vez que, al margen de los emisores de la normativa estatutaria, una vez que ésta entra en vigor, resulta obligatoria para todos los integrantes del partido, mientras no la abroguen o deroguen mediante los procedimientos establecidos para ese efecto y, por tanto, cuando alguno se aparte de esa normativa imperativa y vigente, se requiere establecer el imperio de las normas en favor de quienes se encuentren protegidos por ellas, independientemente de la calidad de dirigentes, afiliados o militantes que tengan, sin que nadie en el partido pueda imponer su voluntad arbitrariamente a los demás o hacer prevalecer unilateralmente la interpretación que le dé a los estatutos frente a la que asuman sus contrapartes.

 

Ahora bien, es necesario destacar que tratándose de la presentación de una denuncia o queja que dé inicio al procedimiento administrativo sancionador electoral, por supuestas violaciones a la normativa interna de un partido político nacional, es particularmente importante que previamente a la búsqueda de una sanción al partido político presuntamente infractor, se agoten también las instancias internas del propio partido político, por parte de sus militantes o afiliados que se hubiesen sentido afectados con el acto o la conducta supuestamente contraventora de las normas internas de su organización. Para ello, es necesario partir de que, como ha quedado previamente establecido, los partidos políticos son entidades de interés público y, básicamente, asociaciones políticas de ciudadanos en los términos del propio artículo 41, fracción I, de la Constitución federal. Así, no es dable que a través de la conducta de un individuo o grupo se prive o coarte a los demás ciudadanos que forman parte del mismo partido político, pues finalmente están involucrados ciertos derechos mínimos o básicos inherentes al derecho subjetivo público fundamental de asociación en materia política y, en particular, en su vertiente del derecho de afiliación político-electoral. Lo anterior, toda vez que la libertad de asociación política constituye la base de la formación de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, de manera que, en ejercicio de la libertad de asociación política, todos los ciudadanos por igual pueden formar partidos políticos, bajo la condición de cumplir con los requisitos que se establecen en la ley, y todos los ciudadanos tienen libertad de afiliación partidista, lo que implica, inter alia, que tienen la libertad de afiliarse o no a un cierto partido político y, en consecuencia, de gozar de determinados derechos y cumplir ciertas obligaciones o, incluso, de renunciar a su afiliación.

 

Luego entonces, un cabal y responsable ejercicio de los derechos fundamentales de libre asociación política y de afiliación político-electoral supone hacer uso de los medios y procedimientos de defensa internos (siempre y cuando estos cumplan con los requisitos que previamente han quedado precisados). Esto es, de agotar los medios de defensa internos que el propio partido político se haya fijado, antes de acudir a una instancia externa, como ocurrió en el presente caso, en busca de que las conductas que son estimadas como irregularidades y contravenciones a la normativa interna sean sancionadas. Lo contrario podría propiciar que las desavenencias o conflictos internos, que normalmente se pueden dar en toda organización humana, por su propia naturaleza, no tuvieran la posibilidad u oportunidad de remediarse internamente, antes de acudir a instancias externas, lo que iría en detrimento de los fines primordiales de los partidos políticos asignados constitucionalmente, en tanto entidades de interés público, así como del cumplimiento adecuado de sus principios y de sus programas de acción.

 

En este sentido, es necesario insistir en que, a partir de los fines que constitucionalmente se asignan a los partidos políticos, se evidencia su papel primordial en la construcción de un sistema democrático, y de ahí el interés de todos los integrantes de la sociedad mexicana de construir y fortalecer un sistema de partidos políticos en el cual tengan cabida todas las corrientes ideológicas y políticas que pueden darse en la nación mexicana. Acorde con lo anterior, son los propios ciudadanos integrantes de una de estas entidades de interés público quienes tienen el mayor interés en que los actos o decisiones que pudieran ser motivo de un desacuerdo interno, tengan la posibilidad de obtener una solución dada en el seno del propio partido político. Es decir, los ciudadanos o militantes que se llegaran a sentir agraviados con determinadas decisiones o con la actuación de alguno de los órganos internos del propio partido político, por percibirlas como contrarias a los derechos y obligaciones con que precisamente cuenten como afiliados o militantes, deben acudir, en principio, a los medios o cauces internos para tratar de remediar o corregir aquellas situaciones que consideraran les están afectando en su carácter de afiliados a determinado instituto político.

 

En efecto, como ha quedado explicado, si bien es cierto que los partidos políticos nacionales son reconocidos, constitucional y legalmente, como entidades de interés público, y que a partir de ello tienen encomendadas importantes funciones y fines dentro del sistema democrático del país, y en razón de ello se les otorgan determinadas prerrogativas, para esta Sala Superior no pasa inadvertido que dichos institutos políticos, en su esencia, son la expresión del derecho de asociación en materia política del cual gozan todos los ciudadanos mexicanos, esto es, se trata de grupos de ciudadanos organizados, entre otros, a partir de intereses, aspiraciones y propósitos comunes, bajo una estructura, principios y reglas previamente acordados y conocidos, generalmente compartiendo una misma ideología y concepción de las tareas políticas, a partir de una normativa interna, en la cual se han de establecer los derechos y obligaciones que cada uno de sus militantes van a tener como parte integrante de ese grupo.

 

De tal forma, la actuación de un partido político, como entidad de interés público, no puede ser concebida como ajena o totalmente disociada respecto de sus partes integrantes, esto es, de los ciudadanos que lo conforman, toda vez que cualquier afectación a un partido político finalmente repercute en quienes lo constituyen, lo que va en detrimento de la potencialización de sus derechos político-electorales que buscan a través de conformar partidos políticos.

 

Ahora bien, los partidos políticos tienen la obligación de respetar los derechos de sus militantes o afiliados, no sólo como ciudadanos, sino como coparticipes de esa organización que finalmente constituye un partido, dándoles plena vigencia a dichos derechos, y estableciendo, además, los mecanismos para reparar o sancionar las violaciones que se llegaran a dar, como ocurre en toda organización humana. Esto último, en tanto que los propios ciudadanos integrantes de los partidos políticos tienen el deber de permitir el funcionamiento y desarrollo de los institutos políticos a los que libremente se hayan afiliado, ejerciendo los derechos y cumpliendo las obligaciones que en la correspondiente normativa interna se prevean; buscando el fortalecimiento de la entidad de interés público a la que se hayan integrado, y no el debilitamiento o descomposición de la misma, en el entendido de que este debilitamiento o, eventual, desintegración se podría propiciar cuando se busca la sanción del partido político, por la supuesta trasgresión a su normativa interna por parte de alguno de sus integrantes u órganos, sin permitir, propiciar o buscar una autocomposición –mediante el agotamiento de las intancias partidarias-; esto es, sin haber tratado previamente de buscar una posible solución a través de las propias instancias que las normas del partido hayan previsto en sus estatutos y disposiciones reglamentarias que derivan de los mismos.

 

Obviamente, los antes expuesto, como se anticipó, no puede ir en contra del derecho al acceso efectivo a la jurisdicción del Estado, garantizado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de tal manera que, en caso de que algún militante o afiliado a un partido político, aun y cuando hubiera acudido a las instancias autocompositivas del partido político al que pertenezca, se sintiera afectado en sus derechos político-electorales, concretamente los de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos y de afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos, en razón de que estimara que la resolución o determinación del órgano competente del partido político no fue apegada a derecho o, incluso, no hubiera acudido a la instancia interna, por estimar que la misma no cumplía con los elementos mínimos que le garantizaran una resolución oportuna y apegada a derecho, con fundamento en los artículos 41, párrafo segundo, fracción IV, y 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 1°; 3°, párrafo 2, inciso c); 6°; 79, y  80 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, como se anticipó, tiene la posibilidad de acudir a los medios de impugnación previstos en la normativa electoral federal, concretamente al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, buscando obtener la restitución en el uso y goce del derecho político-electoral que presuntamente se le hubiese violado o, inclusive, acudir ante la autoridad electoral administrativa a fin de que ejerza las atribuciones sancionatorias que se le confieren, para realizar la denuncia o queja correspondiente, a efecto de que, de llegarse a acreditar la supuesta infracción, se sancione al partido político, en términos de lo dispuesto en los artículos 40; 82, párrafo 1, incisos h), i) y w); 86, párrafo 1, incisos d), i) y l); 269, y 270 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

 

Ahora bien, las anteriores consideraciones se ven robustecidas, atendiendo al contenido de los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por México, cuyo análisis pone de manifiesto que debe existir una correlación entre el derecho de asociación y el respecto a los derechos con que cuentan los individuos. De esta forma, si se atiende a lo previsto en los artículos 5°, párrafo 1; 21; 22, y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 1°, párrafo 1; 15; 16, párrafos 1 y 2; 23, y 29, inciso a), de la Convención Americana de Derechos Humanos, se llega a la conclusión de que el derecho de asociación en materia política está condicionado por el respeto al principio de igualdad jurídica y los derechos de los demás, entre otras restricciones. Es decir, los ciudadanos de la República pueden asociarse para tomar parte en asuntos políticos del país en condiciones de igualdad, en el entendido de que dicho derecho está sujeto a las limitaciones previstas en la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, la seguridad pública o el orden público, o bien, para proteger la salud y moral públicas, así como los derechos y libertades de los demás, de tal forma que se propicie la funcionalidad del sistema y no se reconozca un tratamiento privilegiado para ciertos sujetos o haciendo distinciones que se traduzcan en una restricción indebida para los demás.

 

En este mismo sentido, la interpretación de los derechos conferidos en los  instrumentos internacionales antes precisados, por disposición expresa de los mismos, no puede llevar a permitir que algún grupo o persona suprima el goce y el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en los propios ordenamientos internacionales, sino en la medida en que en los mismos se prevé. En el caso concreto, el que un ciudadano forme parte de un partido político, como expresión de su derecho de asociación en materia política, debe resultar compatible con el derecho de los restantes ciudadanos que forman el mismo partido político, de tal manera que si alguno de los integrantes de un instituto político se siente afectado por la actuación o decisiones de alguno o varios de sus coasociados, debe buscar, en primer término, los mecanismos de autocomposición que la propia organización haya acordado establecer, siempre y cuando ello no traiga aparejado un riesgo de irreparabilidad o que los mecanismos no cumplan con ciertos requisitos mínimos que los hagan viables, como ha quedado previamente apuntado.

 

Ahora bien, precisados los aspectos anteriores, es necesario señalar que en el caso bajo estudio, de la revisión de la normativa interna que rige al Partido de la Revolución Democrática, se puede apreciar claramente que los ciudadanos militantes y afiliados a dicho instituto político sí cuentan con los mecanismos de defensa internos necesarios para combatir, en su caso, las irregularidades que se llegaran a presentar y que fuesen consideradas como contrarias a los derechos político-electorales de su integrantes.

 

En efecto, por una parte, como lo apreció la propia autoridad responsable, en el Estatuto del Partido de la Revolución Democrática, tanto en el vigente en el momento en que se presentó la denuncia que dio origen al procedimiento cuya resolución se impugna en este recurso de apelación, como en el actualmente vigor, porque, en los artículos 18 y 20 se prevén las facultades y obligaciones de las comisiones Nacional y Estatales de Garantías y Vigilancia, cuyo texto, en lo que al presente caso importa, son los siguientes:

 

Artículo 18°. Los órganos de garantías y vigilancia

 

1. Los Consejos Nacionales y Estatales del Partido designarán en sus respectivos ámbitos de competencia a los órganos jurisdiccionales encargados de garantizar los derechos de los afiliados del Partido y  vigilar la aplicación del presente Estatuto, los cuales se denominarán <comisiones de garantías y vigilancia>. En el desempeño de sus actividades, estas comisiones se regirán por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

 

2. Estas comisiones deberán atender en todo momento el fondo de los asuntos que se les planteen. Sus resoluciones serán de acatamiento obligatorio para los afiliados y órganos del Partido.

 

3. Las comisiones nacional y estatal de garantías y vigilancia se integrarán de acuerdo con las bases siguientes:

 

(...)

 

7. Las comisiones nacional y estatales de garantías y vigilancia tendrán, en sus respectivos ámbitos de competencia, las siguientes atribuciones:

 

a. Proteger los derechos de los miembros del partido;

 

b. Determinar las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones de los miembros y órganos del Partido;

 

c. Garantizar el cumplimiento de este Estatuto;

 

d. Aplicar las sanciones estatutarias y reglamentarias;

 

e. Resolver consultas y controversias sobre la aplicación de este Estatuto;

 

f. Requerir la información necesaria para el desempeño de sus funciones;

 

9. La Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia conocerá:

 

a. De las quejas por acto u omisiones de los integrantes de los órganos nacionales, en única instancia;

 

b. De las quejas por actos u omisiones de los órganos estatales o municipales de segunda instancia después de la resolución correspondiente de la Comisión Estatal y Garantías y Vigilancia, o cuando ésta no haya sido integrada o no dictase resolución en sesenta días a partir de la presentación del escrito de queja, en única instancia;

 

c. De las quejas, consultas o controversias de significado nacional, en única instancia.

 

10. Las comisiones estatales de garantías y vigilancia conocerán:

 

a. De las quejas por actos u omisiones de los integrantes de los órganos estatales y municipales, en primera instancia;

 

b. De las quejas por actos u omisiones de los órganos estatales y municipales, en primera instancia;

 

c. De las quejas, consultas y controversias de significado estatal y municipal, en primera instancia.

 

ARTÍCULO 20°. PROCEDIMIENTO Y SANCIONES

 

1. Todo miembro o instancia del Partido podrá ocurrir ante las comisiones de garantías y  vigilancia para hacer valer sus derechos o exigir el cumplimiento de las normas estatutarias, cuando estime que han sido violados o vulnerados por órgano, instancia de dirección, de representación o por alguna resolución de cualquiera de éstos; por sus integrantes o cualquier miembro, mediante la presentación del escrito de queja.

 

2. Las comisiones de garantías y vigilancia sólo podrán actuar a petición de parte interesada, siempre y cuando sean miembros, órganos o instancias del Partido.

 

3. Cualquiera de las partes afectadas por resoluciones de las comisiones estatales podrá interponer recurso de apelación ante la Comisión Nacional, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que se comunicó legalmente la resolución. El recurso de apelación deberá ser resuelto dentro de los treinta días hábiles siguientes a que la comisión reciba el expediente relativo, salvo en casos urgentes, que se resolverán correspondientemente.

 

4. Las resoluciones de las comisiones estatales que no sean apeladas en los términos del artículo anterior, así como las emitidas por la Comisión Nacional, serán inatacables.”

 

 

De los artículos antes transcritos se desprenden los derechos con que cuenta todo militante o afiliado al Partido de la Revolución Democrática, para acudir ante dichas comisiones y hacer valer sus derechos o exigir el cumplimiento de las normas estatutarias, en el caso de que llegara a estimar que han sido violados o vulnerados por un órgano, instancia de dirección, de representación o por alguna resolución de cualquiera de éstos, así como por sus integrantes o cualquier afiliado, mediante la presentación del escrito de queja ante las referidas comisiones, las que sólo pueden actuar a petición de parte interesada.

 

Asimismo, es pertinente destacar que las resoluciones emitidas por las Comisiones Estatales de Garantías, de conformidad con lo previsto en el artículo 20, párrafo 3, del Estatuto del Partido de la Revolución Democrática, son susceptibles de ser apeladas ante la Comisión Nacional, cuyas resoluciones tendrán el carácter de definitivas e inatacables, como se dispone en el párrafo 4 del artículo antes precisado.

 

Es necesario tener presente que, en el escrito de queja, presentado el trece de marzo de dos mil dos, ante el Instituto Federal Electoral, el cual dio origen al procedimiento cuya resolución se impugna en el presente medio de impugnación, los promoventes manifestaron que las instancias internas del Partido de la Revolución Democrática habían cometido una serie de irregularidades en la preparación de las elecciones internas de dicho partido político. Asimismo, de la lectura de dicho escrito, como de la propia resolución ahora impugnada, se advierte que los motivos de queja que los ciudadanos inconformes expresaron en el referido escrito, esencialmente, están referidos a los siguientes aspectos: a) En razón de una serie de irregularidades en la preparación de las elecciones, la integración de las mesas de casilla no se había realizado conforme con las normas estatutarias, y b) La designación incorrecta de los integrantes de las mesas de casilla constituía una causa para anular la votación que se recibiría en las casillas y que, de llevarse a cabo la recepción de votos en esas condiciones, las elecciones serían nulas, por lo cual solicitaban que el Instituto Federal Electoral determinara “la ilegalidad e improcedencia” de la preparación de los comicios internos del Partido de la Revolución Democrática y suspendiera temporalmente el proceso electoral interno.

 

Como puede advertirse de lo anterior, los motivos de inconformidad, se centraron en la reclamación de los quejosos respecto de las irregularidades en la preparación de las elecciones, lo que podría tener como consecuencia el que se llegara a declarar la nulidad de la votación en su elección interna, por lo cual es necesario tener también en consideración lo dispuesto en el Reglamento General de Elecciones y Consultas del Partido de la Revolución Democrática, vigente en el momento en que se presentó la queja ante el Instituto Federal Electoral, y cuyas disposiciones, en lo que al presente caso interesan, son las siguientes:

 

TITULO OCTAVO

De lo contencioso Electoral

 

CAPITULO I

Disposiciones Generales

 

Artículo 66

 

1.- El sistema de medios de impugnación y los procedimientos de sanciones regulados en el presente Título, determinan los procedimientos de defensa con que cuentan los miembros del Partido en las distintas etapas de sus elecciones internas, teniendo por objeto garantizar que sean respetados sus derechos, así como la estricta aplicación del Estatuto y de este Reglamento.

 

2.- Los órganos encargados de conocer y resolver los recursos previstos en este título, para el desempeño de sus atribuciones se regirán por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y profesionalismo.

 

3. Las resoluciones dictadas por la comisión nacional de garantías y vigilancia y el Servicio Electoral, serán definitivas y de acatamiento obligatorio para los miembros y órganos del Partido.

 

Artículo 67.

 

1. Los órganos del Partido, en todos los niveles, así como los candidatos y miembros del Partido que con motivo del trámite, substanciación y resolución de los medios de impugnación, no cumplan con las disposiciones del Estatuto y del Reglamento o desacaten las resoluciones dictadas por el órgano jurisdiccional serán sancionados en los términos previstos en el presente ordenamiento y en el reglamento de sanciones.

 

2. Para la promoción, substanciación y resolución de los medios de defensa, se considerarán hábiles todos los días y hora, del año. Los plazos señalados por días se considerarán de veinticuatro horas, contadas a partir del día siguiente a aquel que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnada.

 

3. Se tendrá por interpuesto el recurso aunque se nombre incorrectamente o se presente ante órgano incompetente, debiendo éste remitirlo a la instancia competente para el trámite que corresponda.

 

4. Los medios de impugnación deberán presentarse dentro de los tres días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnada, ó en su caso a partir del cómputo final de la elección municipal, estatal, o nacional.

 

Artículo 68.

 

1. Los medios de impugnación son los siguientes:

 

a) el recurso de revisión, para garantizar la legalidad de los actos y resoluciones del Servicio Electoral;

 

b) el recurso de inconformidad, para impugnar los resultados consignados en las actas de cómputo, la declaración de resultados de las elecciones, para invocar la nulidad de la votación en una, varias casillas o de una elección, y para impugnar la inelegibilidad de aspirantes por incumplimiento en los requisitos establecidos en el presente ordenamiento;

 

c) el recurso de queja, para solicitar se aplique las sanciones previstas en el reglamento de sanciones y en el Estatuto, cuando se estime que han sido violados o vulnerados los derechos de algún miembro o instancia del Partido o cuando se incumpla en los plazos de substanciación de los medios de impugnación.

 

Artículo 69.

 

1. A partir de que reciba el recurso para substanciarlo, el órgano competente deberá emitir la resolución respectiva en los plazos siguientes:

 

a) los recursos de revisión, en un plazo máximo de tres días;

b) el recurso de inconformidad en los plazos determinados de acuerdo a la toma de posesión de los órganos y de registro ante la autoridad electoral;

c) el recurso de queja, en un plazo máximo de treinta días.

 

El incumplimiento a lo dispuesto en este artículo será motivo de responsabilidad de los integrantes de los órganos respectivos, y deberá ser sancionado en los términos del Estatuto, del reglamento de sanciones y del Capítulo IV del presente Título.

 

2. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la instancia señalada como responsable del acto o resolución impugnado y deberán cumplir con lo siguiente:

 

a) constar el nombre del actor y firma autógrafa;

b) identificar el acto o resolución impugnado y la instancia responsable del mismo;

c) mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se base la impugnación

d) mencionar los agravios que cause el acto o resolución y los preceptos presuntamente violados; y

e) ofrecer y aportar los medios de prueba dentro de los plazos para la interposición de los medios de impugnación y las que deban requerirse a instancia a la responsable

 

3. Serán improcedentes los recursos previstos en el presente Reglamento, en los siguientes casos:

 

a) cuando carezcan de nombre o firma autógrafa del promovente;

b) cuando no se señale de manera expresa y clara los hechos en que se basa la impugnación, y del contenido del escrito no puedan ser deducidos;

c) cuando se hayan presentado fuera de los plazos que establece este Reglamento;

d) cuando no se acompañen de elementos probatorios

 

 

CAPÍTULO II

De los recursos

 

Artículo 70.

 

1. El recurso de revisión procederá para impugnar actos, omisiones, acuerdos o resoluciones del Servicio Electoral en procesos de elección interna en los ámbitos nacional, estatal y municipal.

 

2. La única instancia competente para conocer y resolver el recurso de revisión será el órgano central del Servicio Electoral.

 

3. Las resoluciones que recaigan a los recursos de revisión tendrán como efecto la confirmación, modificación o revocación del acto o resolución impugnada.

 

Artículo 71.

 

1. El recurso de inconformidad, es procedente para impugnar los resultados consignados en las actas de escrutinio y cómputo, la declaración de validez de resultados de las elecciones y para invocar la nulidad de la votación en una o varias casillas o de una elección nacional, estatal o municipal, y para impugnar la inelegibilidad de aspirantes por incumplimiento en los requisitos establecidos en el presente ordenamiento.

 

2. El escrito interpuesto el día de la jornada electoral contra los resultados contenidos en el acta de escrutinio y cómputo de la casilla, puede ser auxiliar para establecer las presuntas violaciones durante la jornada electoral.

 

3. Para el caso específico del recurso de inconformidad, se deberá señalar en el escrito:

 

a) la elección que se impugna;

b) la mención individualizada del acta de cómputo que se impugna;

c) la mención individualizada de las casillas cuya votación se solicite sea anulada y la causal de nulidad que se invoque; y

d) el señalamiento de error aritmético cuando sea este el motivo por que se impugnen los resultados.

 

4. Es competencia para conocer el recurso de inconformidad la comisión nacional de garantías y vigilancia en única instancia para los comicios de carácter nacional, de órganos y candidatos. Así mismo la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia será única instancia en elecciones internas estatales y municipales de candidatos a puestos de elección popular.

 

5. Las sentencias al recurso de inconformidad podrán tener los efectos siguientes:

 

a) confirmar el acto impugnado;

b) declarar la nulidad de la votación emitida en una o varias casillas y modificar en consecuencia las actas de cómputo municipal, estatal o nacional, según sea el caso;

c) revocar la constancia de mayoría expedida a favor de un candidato o planilla y otorgarlas al candidato o planilla que resulta ganador en el supuesto anterior;

d) declarar la nulidad de la elección que se impugna;

e) ajustar la lista de consejeros según corresponda a la sentencia;

f) hacer la declaratoria de la no elegibilidad del aspirante; y

g) hacer la corrección de los cómputos cuando sean impugnados por error aritmético.

 

6. Las sentencias que recaigan a los recursos de inconformidad serán definitivas.

 

Artículo 72.

 

1. El recurso de queja procede para solicitar la aplicación de las sanciones previstas en el reglamento de sanciones y en el Estatuto, cuando se estime que han sido violados o vulnerados los derechos de algún miembro o instancia del Partido o cuando se incumpla en los plazos de substanciación de los medios de impugnación.

 

2. Es competente para conocer el recurso de queja la comisión de garantías y vigilancia

 

3. Las reglas para el presente recurso para los casos de violación de derechos estarán previstas en el reglamento de sanciones y el de la comisión de garantías y vigilancia.

 

4. El recurso de queja cuando sea interpuesto por el incumplimiento de los plazos, se tramitará de urgente resolución y se abrirá proceso en contra de los integrantes del órgano que haya incumplido con la resolución en el plazo reglamentario.

 

CAPÍTULO III

De las Nulidades

 

Artículo 73.

 

1. Corresponde únicamente declarar la nulidad de una o varias casillas o de una elección a la comisión nacional de garantías y vigilancia, en los casos de comicios internos a nivel nacional y a nivel estatal.

 

2. Las nulidades decretadas por las comisiones de garantías y vigilancia deberán ajustarse exclusivamente en el caso de actualizarse las causales expresamente previstas en el presente capítulo, y se contraerán únicamente a la votación o elección que expresamente se haya hecho valer en el recurso de inconformidad.

 

3. Las elecciones cuyos cómputos, constancias de mayoría o de asignación no sean impugnadas en tiempo y forma, se considerarán válidas y definitivas.

 

4. Ninguna planilla o candidato podrá invocar laguna causa de nulidad que ellos mismos hayan provocado.

 

Artículo 74.

 

1. La votación recibida en una casilla será declarada nula cuando se acredite cualquiera de las siguientes causales:

 

a) se instale la casilla o se realice el escrutinio y cómputo en lugar distinto al señalado por la instancia correspondiente, sin haber existido caso fortuito o de fuerza mayor;

 

b)se entregue el paquete electoral correspondiente a la instancia del Servicio Electoral autorizada, fuera de los plazos establecidos, sin haber mediado caso fortuito o de fuerza mayor;

 

c) se reciba la votación en fecha u hora distinta a la señalada para la celebración de la elección;

 

d) que personas u organismos distintos a los facultados por el presente Reglamento hayan recibido la votación en las casillas durante la jornada electoral;

 

e) se compruebe dolo o error en el escrutinio y cómputo de los votos que sea irreparable, y determinante para el resultado de la votación;

 

f) se haya permitido sufragar sin que aparezca el nombre en la base de datos del padrón de miembros del Partido;

 

g) se haya impedido el acceso a la casilla o expulsado sin causa justificada a alguno de los representantes de los candidatos o planillas;

...

 

Artículo 75

 

1. Son causas de nulidad de un proceso de elección del Partido:

 

a) cuando alguna o algunas de las causales de nulidad previstas en el artículo anterior, se hayan acreditado en por lo menos el veinte por ciento de las casillas en el ámbito correspondiente a la elección de que se trate;

 

b) cuando en no se instalen el 20 por ciento de las casillas el ámbito de que se trate y consecuentemente la votación no hubiere sido recibida;

 

c) cuando, se acredite por el órgano del Partido facultado para tal efecto, que el candidato o planilla que obtuvo la mayoría de votos sobrepasó los topes de gastos de campaña en la elección que corresponda, o no haya comprobado los gastos de campaña conforme a la normatividad. En este caso, el candidato o la planilla responsable no podrá participar en la nueva elección que se convoque para el mismo efecto.

 

CAPÍTULO IV

De las Responsabilidades y los Procedimientos de Sanciones

 

Artículo 76.

 

1. Los aspirantes que integren planillas, los candidatos, y los miembros y dirigentes del Partido, independientemente de otro tipo de sanciones contempladas en el reglamento respectivo, en caso de violaciones al presente Reglamento o de incumplimiento en lo dispuesto en el mismo estarán sujetos al retiro del registro de su candidatura o a la inhabilitación para contender o participar en cualquiera de los procesos señalados, al requerimiento de suspensión de derechos ante la comisión de garantizar y vigilancia, según sea el caso.

 

2. El Servicio Electoral hará del conocimiento de la comisión de garantías y vigilancia las violaciones e incumplimiento de obligaciones previstas en éste Reglamento en que incurran los señalados en el numeral precedente.

 

3. Los miembros y órganos del Partido que con motivo del trámite, substanciación y resolución de los medios de impugnación a que se refiere el presente Título no cumplan con las disposiciones de este Reglamento o desacaten las resoluciones que dicten los órganos electorales o las comisiones de garantías y vigilancia, serán sancionados en los términos del Estatuto.

 

 

Como puede advertirse de la normativa antes transcrita, el Partido de la Revolución Democrática sí cuenta con los medios, procedimientos e instancias necesarios para analizar y, en su caso, resolver las impugnaciones internas que se llegaran a dar respecto de supuestas irregularidades durante los procesos electorales internos, como se argumenta que ocurrió en el caso bajo estudio.

 

En efecto, tal y como lo advierte la autoridad responsable en la resolución impugnada, en el caso concreto, los afiliados del partido denunciado contaban en su momento, de manera expresa y clara, con los medios de defensa y de protección a sus derechos, que les hubieran permitido buscar una solución en el seno del partido mismo, para, una vez agotado lo anterior, buscar que se sancionara al partido político si estimaran que subsistía la ilegalidad de los actos de sus órganos internos.

 

Además de lo antes expuesto, es importante señalar que, entre las obligaciones que tienen los partidos políticos, se encuentra la prevista en el artículo 38, párrafo 1, inciso f), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la cual se prescribe que es deber de los partidos políticos nacionales, entre otros, el mantener en funcionamiento efectivo a sus órganos estatutarios. Situación que la propia responsable estimó que le permitía a las Comisiones de Garantías y Vigilancia del partido conocer de las presuntas irregularidades, incumplimientos u omisiones que generaran agravio a sus afiliados, para efecto de proteger los derechos legales y estatutarios de los mismos.

 

De la misma forma, en la resolución ahora impugnada, la autoridad responsable estima que el considerar que no es necesario acudir a instancias internas conllevaría a dejar sin vigencia los órganos estatutarios expresamente creados para tales fines. En este sentido, esta Sala Superior estima que efectivamente también los militantes o afiliados tienen el deber de observar sus normas estatutarias, como lo es el recurrir ante las instancias internas para dirimir los conflictos que surjan al interior del partido, como lo prevé el artículo 2°, inciso a) y b), del Estatuto del Partido de la Revolución Democrática, cuyo contenido es el siguiente:

 

“Artículo 2

 

Todo miembro del Partido está obligado a:

 

a). Conocer y respetar la Declaración de Principios, el Programa, la línea política, el presente Estatuto y los demás acuerdos del Partido.

 

b). Canalizar a través de las instancias internas del Partido sus inconformidades, acusaciones, denuncias o quejas contra otros miembros del Partido, organizaciones y órganos del mismo.

(...)

 

 

Conforme con lo antes expuesto, se evidencia que, contrariamente a lo sostenido por los ahora actores, sí se hace necesario que, previamente a la presentación de una queja para iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio (cuya resolución se impugna en el presente recurso de apelación), se agoten los medios de defensa previstos en la normativa interna del Partido de la Revolución Democrática.

 

Es preciso destacar que es cierto que no se debe esperar a que las instancias partidarias resuelvan, cuando las mismas no emitan en tiempo la resolución de las impugnaciones que se hayan hecho de su conocimiento, y que es innecesario acudir a las instancias internas de un partido político cuando los actos que se consideran lesivos de algún derecho como militante o afiliado de un partido político trascienden el ámbito del instituto político, como ocurre, por ejemplo, cuando, para su registro ante la autoridad electoral administrativa, el partido político presenta el escrito por el cual se dan a conocer los nombres de las personas que resultaron electas como integrantes de los órganos directivos del propio partido político, pues, en tal caso, la impugnación correspondiente por el afiliado o militante deberá realizarse en contra del acto registral de la autoridad electoral correspondiente.

 

Adicionalmente, en el presente caso, los ahora actores no combaten la totalidad de los razonamientos que la autoridad responsable expresó en su resolución para estimar que debía sobreseer el conocimiento de la queja de mérito, lo cual propicia que los agravios bajo estudio devengan en inoperantes y, en consecuencia, deba confirmarse la citada determinación.

 

En efecto, para ello es necesario tomar en cuenta que parte de los razonamientos de la autoridad responsable para estimar que la queja debía sobreseerse, parten del supuesto de que las quejas presentadas ante los órganos internos del Partido de la Revolución Democrática resultaban extemporáneas, toda vez que, al momento en que se presentó la queja ante el Instituto Federal Electoral, dicha votación todavía no se celebraba y, por tanto, el objeto de las reclamaciones era inexistente.

 

Al efecto, es necesario tener en cuenta que la propia autoridad responsable reconoció que si bien existían indicios de que los ahora inconformes presentaron diversos escritos de queja ante la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia del propio Partido de la Revolución Democrática, y que, en el escrito a través del cual se interpuso la queja ante la ahora responsable, no se combatían las resoluciones recaídas a dichos escritos de inconformidad, “pues a decir de los propios quejosos, ninguna de sus ‘impugnaciones’ había sido resuelta hasta ese momento”. Asimismo, en la resolución que se combate, la misma autoridad responsable argumentó que, en la queja de los ciudadanos Raúl Álvarez Garín, Antonio Martínez Torres, Carolina Verduzco Ríos y Gerardo Fernández Noroña, está reconocido que la presentación de la queja administrativa, ocurrió sin que se esperara a que la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia del partido denunciado emitiera las resoluciones correspondientes a sus “impugnaciones”.

 

Además, la autoridad responsable sostuvo que la lectura de los escritos presumiblemente presentados ante la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia del Partido de la Revolución Democrática (precisamente hasta la fecha de la interposición de la queja), no permitía concluir que los quejosos hubiesen manifestado como argumento toral la supuesta designación incorrecta de los integrantes de las mesas de casilla, ni mucho menos que hubiesen solicitado la anulación de la votación que se recibiría en las casillas por la  misma causal de nulidad que se alegó en la queja administrativa. Esto es, según el Consejo General del Instituto Federal Electoral, a partir de expresado por los propios promoventes, así como de la revisión de los documentos aportados por éstos, era posible colegir que, hasta ese momento, los quejosos no habían presentado el medio de impugnación interno para combatir, de manera particular, los actos de los cuales se dolían en la queja cuya resolución ahora se impugna.

 

En este sentido, la citada autoridad electoral federal determinó que los argumentos de los inconformes, en realidad, estaban encaminados a combatir acontecimientos futuros de realización incierta, como la supuesta nulidad de la votación que sería recibida en las casillas, cuando dicha votación ni siquiera se había celebrado. Consecuentemente, la ahora responsable concluyó que la oportunidad para impugnar dicha votación mediante los recursos internos, todavía no se materializaba. En consecuencia, el Consejo General del Instituto Federal Electoral llegó a la convicción de que en el caso que tenía bajo estudio, no era procedente entrar al estudio de los hechos planteados por los quejosos, en atención a que, a la fecha de presentación de la denuncia, todavía no se habían agotado las instancias previas contempladas en el estatuto del partido denunciado, mediante las cuales se hubiesen podido modificar o revocar los actos respecto de los cuales se inconformaban.

 

Ahora bien, no obstante que los ahora recurrentes manifiestan en su escrito de demanda que sí ocurrió todo lo que preveían y que “el instituto ni se entera”, lo cierto es que en ninguno de sus argumentos expresan que, contrariamente a lo determinado por la autoridad responsable, sí agotaron las instancias internas del Partido de la Revolución Democrática, en tiempo y forma, por lo que la resolución ahora impugnada debe continuar rigiendo, en la medida de lo que ya se ha razonado y fundado, en virtud de que sí era necesario agotar las instancias partidarias de mérito.

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento, además, en los artículos 187, y 199, fracciones II y V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 47 y 48 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Material Electoral, se

 

R E S U E L V E

 

ÚNICO. Se confirma la resolución de veinticuatro de septiembre de dos mil dos, dictada por el Consejo General del Instituto Federal Electoral en el expediente JGE/QRAG/CG/005/2002, respecto de la denuncia presentada por los ciudadanos Raúl Álvarez Garín, Antonio Martínez Torres, Carolina Verduzco Ríos y Gerardo Fernández Noroña, en contra del Partido de la Revolución Democrática, respecto de hechos que consideran constituyen infracciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

 

Notifíquese personalmente a los promoventes, en el domicilio ubicado en calle 5 de mayo número 32, despacho 102, colonia Centro, de la Ciudad de México; personalmente, al tercero interesado, Partido de la Revolución Democrática, en el inmueble ubicado en el número 100 de Viaducto Tlalpan, esquina Periférico Sur, Edificio A, planta baja, colonia Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan en la Ciudad de México; por oficio a la autoridad responsable, acompañándole copia certificada de la presente resolución y, por estrados, a los demás interesados. Cúmplase.

 

Devuélvanse los documentos que correspondan y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

 

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los magistrados electorales que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el voto aclaratorio que presenta la Magistrada Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe.

 

VOTO ACLARATORIO

 

Voto aclaratorio que formula la Magistrada Alfonsina Berta Navarro Hidalgo.

 

Aunque estoy de acuerdo con el sentido de la sentencia, no lo estoy, en cambio, con la totalidad de las consideraciones que la sustentan.

 

En la ejecutoria de mérito se exponen una serie de argumentos que, con independencia de que los comparta o no, los considero innecesarios para resolver este recurso de apelación, dado que, tal como se razona en una parte de la sentencia, los agravios esgrimidos por los apelantes devienen inoperantes, pues los actores no combaten la totalidad de los razonamientos que la responsable expresó en su determinación, para estimar que debía sobreseer en el conocimiento de la queja presentada por los ahora recurrentes en contra del Partido de la Revolución Democrática, motivo suficiente para confirmar la resolución reclamada.

 

En efecto, tal como se expone en una parte de la sentencia, algunos de los razonamientos de la autoridad responsable para estimar que la queja debía sobreseerse, parten del supuesto de que las quejas presentadas ante los órganos internos del referido instituto político resultaban extemporáneas, toda vez que los argumentos de los inconformes estaban encaminados a combatir acontecimientos futuros de realización incierta, dado que se referían a la supuesta nulidad de la votación que sería recibida en las casillas cuando dicha votación ni siquiera se había realizado.

 

En consecuencia, el Consejo General del Instituto Federal Electoral concluyó que la oportunidad para impugnar dicha votación, mediante los recursos internos, todavía no se materializaba, por lo que, en su concepto, no era procedente entrar al estudio de los hechos planteados por los quejosos en atención a que, a la fecha de presentación de la denuncia, todavía no se habían agotado las instancias previas contempladas en el estatuto del partido denunciado, mediante las cuales se hubiesen podido modificar o revocar los actos respecto de los cuales se inconformaban.

 

Estos argumentos de la responsable no son combatidos por los apelantes, por lo que, con independencia de que sean correctos o no, deben continuar rigiendo el sentido de la resolución impugnada,  siendo esto suficiente para confirmarla.

 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE

 

 

 

JOSÉ FERNANDO OJESTO MARTÍNEZ PORCAYO

 

 

 

 

MAGISTRADO

 

 

 

LEONEL CASTILLO GONZÁLEZ

 

 

MAGISTRADO

 

 

 

JOSÉ LUIS DE LA PEZA

 

MAGISTRADO

 

 

 

ELOY FUENTES CERDA

 

MAGISTRADA

 

 

 

ALFONSINA BERTA NAVARRO HIDALGO

 

 

MAGISTRADO

 

 

 

JOSÉ DE JESÚS OROZCO HENRÍQUEZ

MAGISTRADO

 

 

 

MAURO MIGUEL REYES ZAPATA

 

 

 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

 

 

 

FLAVIO GALVÁN RIVERA