RECURSO DE APELACIÓN.

 

EXPEDIENTE: SUP-RAP-035/2000.

 

RECURRENTE: COALICIÓN ”ALIANZA POR MÉXICO”.

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.

 

MAGISTRADO PONENTE: LEONEL CASTILLO GONZÁLEZ.

 

SECRETARIO: JAVIER ROLANDO CORRAL ESCOBOZA.

 

 

 

México, Distrito Federal, a treinta de agosto del año dos mil.

 

V I S T O para resolver el recurso de apelación SUP-RAP-035/2000, interpuesto por la coalición “Alianza por México”, contra el dictamen de la Junta General Ejecutiva y la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, identificada con el número CG144/2000, en el expediente del procedimiento administrativo número JGE/QAPM/JL/PUE/045/2000, el veintitrés de junio del año dos mil.

 

R E S U L T A N D O

 

PRIMERO. Antecedentes. El veintiocho de marzo del presente año, Jaime Cárdenas Gracia, Consejero del Instituto Federal Electoral, informó al Secretario Ejecutivo de la Junta General Ejecutiva del mencionado instituto que el veintisiete anterior se publicó en el diario “La Jornada” una nota periodística en la que se señalaba que consejeros electorales del distrito 05, con cabecera en San Martín Texmelucan, Puebla, descubrieron que unas personas se estaban haciendo pasar como “integrantes” del Instituto Federal Electoral, por lo cual solicitó se le informara qué medidas se habían adoptado o se pensaban adoptar para aclarar tal hecho y, en su caso, deslindar las responsabilidades a que hubiera lugar.

 

En sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Federal Electoral celebrada el treinta de marzo, el representante de la coalición “Alianza por México”, Jesús Ortega Martínez, expuso la misma situación y solicitó se realizara una investigación al respecto.

 

En oficio número 1442/2000, el Director Jurídico del Instituto Federal Electoral, en cumplimiento a las instrucciones giradas por el Secretario Ejecutivo de la Junta General Ejecutiva, requirió al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Puebla, para que informara al mencionado Secretario sobre los hechos destacados en la nota periodística referida.

 

Mediante oficio número VE/0915/2000, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Puebla acusó recibo del oficio antes mencionado e informó que el incidente sucedió en el Distrito 05 de Puebla, con cabecera en San Martín Texmelucan, específicamente en la población de San Nicolás Zecalacoayan, Municipio de Chiautzingo, sección electoral 0420, en el que presuntos miembros o dirigentes del Partido Revolucionario Institucional comunicaron a ciudadanos insaculados que dicho partido había seleccionado veintinueve de ellos, para impartirles un curso; que una de las personas que resultó insaculada de nombre Emilia Cabello Sánchez se negó ante los capacitadores a recibir la carta-notificación aduciendo que su esposo presuntamente le dijo que el Partido Revolucionario Institucional la iba a capacitar y entre ellos iban a seleccionar a los funcionarios de la casilla electoral. Por su parte, el Partido Revolucionario Institucional por medio de su Secretario de Elecciones del Comité Directivo Estatal negó que su partido haya interferido en los trabajos de capacitación del Instituto Federal Electoral y expresó que sólo convocaron a la ciudadanía a participar en el proceso de capacitación.

 

El veintisiete de abril del presente año, la Secretaría Ejecutiva de la Junta General Ejecutiva presentó al Consejo General del Instituto Federal Electoral, un informe relacionado con el resultado de la investigación en torno a presuntas irregularidades de ciudadanos que supuestamente se desempeñaban como capacitadores electorales en el Estado de Puebla, concluyendo que las irregularidades podrían constituir infracciones o violaciones al Código Federal de Instituciones Políticas Electorales a cargo del Partido Revolucionario Institucional en el caso de que las mismas hubieran sido cometidas por militantes de dicho partido.

 

Por acuerdo de dos de mayo, el Secretario de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral ordenó integrar el expediente número JGE/QAPM/JL/PUE/045/2000 y emplazar al Partido Revolucionario Institucional para que, dentro del término de cinco días, manifestara lo que a su derecho conviniera.

 

Mediante oficio SJGE-057/2000, suscrito por el Secretario mencionado, se emplazó al Partido Revolucionario Institucional, y se le corrió traslado con las documentales que integraban el expediente.

 

Por escrito presentado el ocho de mayo del año en curso, el partido denunciado compareció a manifestar que:

 

Se opone a la iniciación del procedimiento; objeta la sustanciación pues considera que no existen señalamientos de actos específicos del Partido Revolucionario Institucional ni de sus militantes en los que se precisen circunstancias de tiempo, modo o lugar; el procedimiento viola los principios de legalidad, certeza y objetividad ya que no existe material probatorio para acreditar los hechos que se atribuyen a su partido; niega el alcance probatorio de las constancias que pudieran afectarle; niega que las personas que se ostentaron como representantes de este instituto político posean esta calidad aduciendo que no está constituido el comité seccional en esa población, y que las personas implicadas no son representantes ni en zonas aledañas.

 

En sesión celebrada el dieciséis de junio, la Junta General Ejecutiva referida aprobó el dictamen relativo al procedimiento administrativo instaurado en el expediente JGE/QAPM/JL/PUE/045/2000, contra el Partido Revolucionario Institucional, en el que se propuso declarar infundada la queja y dar cuenta con el dictamen al Consejo General del citado instituto.

 

SEGUNDO. Acto impugnado. En sesión ordinaria celebrada el veintitrés de junio del año en curso, el Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobó el acuerdo número CG144/2000, mediante el cual declaró infundada la queja administrativa iniciada contra el Partido Revolucionario Institucional, en el expediente arriba anotado.

 

TERCERO. Recurso de Apelación. Por escrito presentado el veintisiete de junio, la coalición “Alianza por México” interpuso recurso de apelación contra el acuerdo señalado en el apartado anterior.

 

El Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral dio el trámite legal que corresponde al recurso en comento y remitió a esta Sala Superior el expediente que al efecto formó, en el que, entre otros documentos, se contiene el escrito relativo al medio de impugnación en que se actúa, el informe circunstanciado y el escrito de comparecencia del Partido Revolucionario Institucional, en su carácter de tercero interesado.

 

El cuatro de julio de este año, el Presidente del Tribunal Electoral turnó el expediente al Magistrado Leonel Castillo González, para los efectos del artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Por acuerdo de seis de julio, se requirió al Consejo General del Instituto Federal Electoral, por conducto de su secretario, para que remitiera las constancias originales, o copias certificadas del expediente formado con motivo del procedimiento administrativo seguido en contra del Partido Revolucionario Institucional, en el expediente JGE/QAPM/JL/PUE/045/2000. Requerimiento al que se dio cumplimiento mediante oficio SCG/500/2000, de siete de julio.

 

Mediante proveído del once de julio, el magistrado instructor volvió a requerir al Consejo General del Instituto Federal Electoral, por conducto de su Secretario Ejecutivo, para que informara: a) si la coalición “Alianza por México” presentó denuncia de hechos ante ese instituto, respecto de los acontecimientos ocurridos en el distrito 05, con cabecera en San Martín Texmelucan, Puebla; b) si por virtud de la denuncia mencionada se integró el expediente administrativo número JGE/QAPM/JL/PUE/045/2000; y, c) si en el expediente administrativo referido, la mencionada coalición ofreció pruebas. En cumplimiento al requerimiento anterior, el secretario del referido instituto informó que la coalición “Alianza por México” no presentó, por escrito, denuncia de hechos ante el Consejo General; que la denuncia que dio origen al recurso de apelación, se inició a instancia del consejero electoral Jaime Cárdenas Gracia; además, que el representante de la coalición “Alianza por México”, ante el Consejo General, expuso la misma situación y solicitó se realizara una investigación al respecto, sin haber presentado prueba alguna.

 

Por acuerdo de veintiocho de agosto del año en curso, se admitió a trámite el escrito en que se contiene el medio de impugnación hecho valer y, por considerar que el expediente se encontraba debidamente integrado, se declaró cerrada la instrucción, quedando los autos en estado de dictar sentencia.

 

C O N S I D E R A N D O

 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción, y la Sala Superior es competente para conocer y resolver el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, párrafo cuarto, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso a), y 189, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 44, apartado 2, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un recurso de apelación interpuesto en contra de un acto emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral.

 

SEGUNDO. Previamente al estudio del fondo del asunto, esta Sala Superior estima que debe decretarse el sobreseimiento por lo que hace al acto reclamado a la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, que se hace consistir en el dictamen aprobado por dicho órgano el dieciséis de junio del presente año, en el expediente del procedimiento administrativo registrado con el número JGE/QAPM/JL/PUE/045/2000, de conformidad con lo establecido en los artículos 11, apartado 1, inciso c), en relación con los diversos  9, apartado 3, y 40, apartado 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Material Electoral, por lo siguiente.

 

De acuerdo con el artículo 270, apartados I, 2, 4 y 6, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Instituto Federal Electoral conoce de las irregularidades en que incurra un partido político o agrupación política, para lo cual, una vez que tenga conocimiento de la irregularidad emplazará al instituto político, para que en el plazo de cinco días dé contestación por escrito y aporte la pruebas que considere pertinentes y, concluido dicho plazo, se formulará el dictamen correspondiente, que será sometido para su determinación al Consejo General del mencionado instituto, cuya resolución puede ser recurrida ante el Tribunal Electoral.

 

Por su parte, el artículo 86, apartado 1, inciso l), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, dispone, entre otras obligaciones, que la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral integrará los expedientes relativos a las faltas administrativas y, en su caso, los de imposición de sanciones en los términos que establezca el propio código.

 

De acuerdo con las anteriores disposiciones, resulta evidente que los dictámenes formulados por la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en los expedientes integrados por virtud de un procedimiento administrativo sancionatorio, no causan perjuicio alguno a las partes vinculadas a tal procedimiento, pues el dictamen carece de fuerza legal para causar el mencionado perjuicio, en tanto que se trata de actos preparatorios y no definitivos para el dictado de la resolución correspondiente por parte del Consejo General del Instituto Federal Electoral, en cuya determinación esta última autoridad fija la imposición o no de sanciones al partido político o agrupación política a quien se atribuyen las irregularidades materia del procedimiento administrativo, la cual constituye una resolución definitiva y la que finalmente puede causar perjuicios.

 

Lo anterior es así, en virtud de que la Junta General Ejecutiva es la que se encarga de tramitar el procedimiento administrativo y emitir el dictamen correspondiente, que desde luego no tiene ningún efecto vinculatorio para las partes ni para el órgano que resuelve en definitiva, pues bien puede darse el caso de que el Consejo General apruebe o no el dictamen relativo, dado que es la autoridad competente para decidir lo conducente en esta clase de asuntos.

 

Por tanto, es manifiesto que el dictamen materia de examen no reúne uno de los requisitos que prevé el artículo 40, apartado 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Material Electoral, consistente en que el acto o resolución impugnado cause un perjuicio al partido político, para la procedencia del recurso de apelación.

 

TERCERO. El acuerdo impugnado es del tenor siguiente:

 

“III. Desahogado en sus términos el procedimiento administrativo previsto en el artículo 270, párrafos del 1 al 4, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y en ejercicio de la atribución conferida por los numerales 85, párrafo 1 y 86, párrafo 1, inciso d), y l), del ordenamiento legal invocado, la Junta General Ejecutiva aprobó el Dictamen correspondiente en su sesión ordinaria de fecha dieciséis de junio del año dos mil, en el que se estimó dentro del considerando 7 lo siguiente:

 

“7.- Que en mérito de lo expuesto procede a fijarse la litis, misma que consiste en determinar si los hechos ocurridos en el Distrito 5, con cabecera en San Martín Texmelucan, Puebla, en los que se descubrió a personas haciéndose pasar como integrantes del Instituto Federal Electoral y en los que realizaban su propia selección de ciudadanos para que fungieran como funcionarios de casillas y se les diera una capacitación de cinco días, son atribuibles al Partido Revolucionario Institucional.

 

Manifiesta el Partido demandado que se opone a la iniciación del procedimiento establecido en el artículo 270 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y desde luego objeta su sustanciación por supuestos actos que pareciera se imputan como irregularidades al Partido Revolucionario Institucional, en virtud de que de las constancias que integran el expediente, no se aprecia que existan las imputaciones a que se refiere la notificación con la que se le corrió traslado, ya que en ningún caso se detallan con precisión hechos propios del Partido Revolucionario Institucional, ni fechas ni nombres de sus militantes ni actos que pudiesen ser contrarios a la ley.

 

Al respecto, cabe señalar que no asiste razón al demandado, habida cuenta que obran en el expediente, los oficios que remitió a esta Secretaría Ejecutiva el Vocal Ejecutivo Licenciado Hugo García Cornejo, mismos que le habían presentado con anterioridad al Vocal Ejecutivo del 5 Distrito Electoral Federal del Estado de Puebla Licenciado José Víctor Rodríguez Serrano, los capacitadores electorales Aristeo Ortíz Morales y Jaime Horacio Aborce Niño y el Presidente de la Comisión de Capacitación Electoral M.V.Z. Alfredo Guillermo Rodríguez Buenfil, de los que se desprende que el incidente tuvo lugar en el Distrito 5 de Puebla con cabecera en San Martín Texmelucan, específicamente en la población de San Nicolás Zecalacoaya, Municipio de Chiautzingo, donde presuntamente miembros o dirigentes del Partido Revolucionario Institucional, comunicaron a ciudadanos insaculados que dicho partido había seleccionado a 29 de ellos para impartirles capacitación; que la C. Emilia Cabello Sánchez se negó a recibir la carta notificación correspondiente aduciendo que su esposo presuntamente le dijo que el Partido Revolucionario Institucional le iba a capacitar y entre ellos iban a seleccionar a los funcionarios de casilla de su sección electoral; que el Secretario de Elecciones del Comité Directivo Estatal del partido citado negó que dicho partido haya interferido los trabajos de capacitación del Instituto Federal Electoral, expresando que sólo convocaron a la ciudadanía a participar en el proceso de capacitación, de donde se colige que sí existen las imputaciones a que se refiere la notificación con la que se le corrió traslado al Partido denunciado, por lo tanto, esta Secretaría Ejecutiva se encuentra facultada para iniciar el procedimiento administrativo previsto en el artículo 270 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, toda vez que basta que el Instituto Federal Electoral tenga conocimiento de alguna presunta infracción a la normatividad electoral, para que inicie el procedimiento respectivo; al respecto es aplicable la tesis relevante visible en la pagina 63 y 64 de la Revista Justicia Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Suplemento número 3 bajo el rubro:

 

"PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO GENÉRICO EN MATERIA ELECTORAL. LA INVESTIGACIÓN DEBE INICIARSE CUANDO UN ÓRGANO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL TIENE CONOCIMIENTO DE ALGUNA VIOLACIÓN. La facultad de iniciar un procedimiento administrativo de investigación sobre irregularidades o faltas administrativas, que eventualmente culminaría con la aplicación de una sanción, no necesariamente parte del supuesto de que se haya presentado una queja o denuncia de un partido político por escrito pues también corresponde a la Junta General Ejecutiva ejercer dicha facultad cuando un órgano del Instituto Federal Electoral se lo informe, en virtud de haber tenido conocimiento, con motivo del ejercicio de sus atribuciones constitucional y legalmente conferidas, de que se ha violado una disposición del código, en relación con el sistema disciplinario en materia electoral y con respecto al contenido del párrafo 2 del artículo 270, en relación con los diversos preceptos 82, párrafo, 1, inciso h), y 86, párrafo 1, inciso 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. En efecto, cualquier órgano del propio Instituto Federal Electoral tiene no sólo la posibilidad sino la obligación de hacer del conocimiento de las instancias competentes cualquier circunstancia que pueda constituir un acto de los sancionados por la legislación electoral, ya que el artículo 41, fracción III, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 73 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, disponen que en el ejercicio de su función estatal, el Instituto Federal Electoral tiene como principios rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, razón por la cual ninguno de los órganos que integran dicha institución, al ejercer las atribuciones que se prevén a su cargo en la ley, podría ignorar o dejar pasar una situación que constituyera una irregularidad en la materia y, en consecuencia, ser omiso en hacer del conocimiento de la Junta General Ejecutiva dicha circunstancia sino, por el contrario, tiene la obligación de informarlo, porque de no hacerlo incurriría en responsabilidad.

 

De lo anterior se concluye, que la instauración del presente procedimiento iniciado en contra del Partido Revolucionario Institucional, no contraviene la ley, ni viola en contra del partido demandado los principios de legalidad, certeza y objetividad, porque como ya se señaló, basta que el Instituto Federal Electoral tenga conocimiento de alguna presunta infracción a la normatividad electoral, para que inicie el procedimiento respectivo, en el caso, a través de la nota periodística publicada en el periódico La Jornada el veintisiete de marzo último, se hizo del conocimiento de la Secretaría Ejecutiva, los hechos ocurridos en el Estado de Puebla, en el que se descubrió a tres personas, presumiblemente vinculadas al Partido Revolucionario Institucional, que se hacían pasar como integrantes del Instituto Federal Electoral y realizaban su propia selección de ciudadanos para que fungieran como funcionarios de casillas y se les diera una capacitación de cinco días.

 

Ahora bien, el artículo 270 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales faculta al Instituto Federal Electoral para conocer de las irregularidades en que haya incurrido un partido político o una agrupación política, toda vez que el precepto legal citado a la letra señala:

"Artículo 270“

 

1.- Para los efectos del artículo anterior, el Instituto Federal Electoral, conocerá de las irregularidades en que haya incurrido un partido político o una agrupación política.

 

2.- Una vez que tenga conocimiento de la irregularidad, el Instituto emplazará al partido político o a la agrupación política, para que en el plazo de cinco días conteste por escrito lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que considere pertinentes......’

 

En efecto, el procedimiento genérico en materia disciplinaria y de sanciones previsto en el precepto legal en cita, fundamentalmente comprende tres etapas:

 

La primera sería la de integración del expediente o instrucción del correspondiente procedimiento administrativo, y comienza cuando se presente una queja o denuncia ante la Junta General Ejecutiva sobre una posible irregularidad o infracción administrativa que sea susceptible de ser sancionada; cuando algún órgano del Instituto Federal Electoral tiene noticia, con motivo del ejercicio de las atribuciones constitucional y legalmente encomendadas, de que se ha producido un hecho que pudiera constituir una irregularidad, entre otros sujetos, por parte de un partido político o una agrupación política, o bien, cuando el Consejo General requiera a la propia Junta General Ejecutiva que investigue las actividades de otro partido político o agrupación que posiblemente haya incumplido sus obligaciones de manera grave o sistemática (caso en el que el Consejo General previamente recibió cierta solicitud de un partido político que aportó elementos de prueba, en los términos del artículo 40, párrafo 1, del multicitado código), y concluye, en el momento en que se han reunido todos los elementos necesarios para formular el dictamen por parte de la Junta General Ejecutiva.

 

La segunda etapa, una vez agotada la instrucción del procedimiento administrativo, abarca la elaboración del proyecto de dictamen por el Secretario Ejecutivo, la aprobación del dictamen por la Junta General Ejecutiva y el sometimiento del dictamen al Consejo General para la determinación correspondiente, según lo dispuesto por el artículo 270, párrafo 4, del código aplicable y en el numeral 10, incisos e) y f), de los Lineamientos Generales para el Conocimiento de la Faltas Administrativas y de las Sanciones previstas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

 

Finalmente, la tercera etapa comprende el acuerdo del Consejo General que recaiga al respectivo dictamen y, en su caso, la fijación y aplicación de la sanción que hubiere acordado imponer el propio Consejo General, tomando en cuenta las circunstancias y la gravedad de la falta, en los términos de los artículos 82, párrafo 1, inciso w), y 270, párrafo 5, del código multicitado.

 

De lo anterior se desprende que no asiste razón al Instituto Político denunciado, al señalar que como requisito indispensable para la iniciación del procedimiento, debe existir acreditada una irregularidad, habida cuenta que la substanciación del procedimiento es para determinar si efectivamente el partido denunciado incurrió en la irregularidad que se le imputa, en consecuencia, no es necesario que la irregularidad esté acreditada antes de iniciarse el procedimiento, toda vez que, la sustanciación del procedimiento disciplinario iniciado en contra del Partido Revolucionario Institucional, es para determinar si se acredita o no la irregularidad que se le imputa, por lo que no se violan los principios de legalidad, certeza y objetividad como lo señala el propio partido denunciado.

 

Ahora bien, de las constancias que integran la queja que nos ocupa, se aprecia que en el informe rendido por la Secretaría Ejecutiva al Consejo General de este instituto, aparecen los oficios en los que se hacen imputaciones a militantes del partido denunciado, toda vez que en ellos se señala que el incidente tuvo lugar en el Distrito 5 de Puebla con cabecera en San Martín Texmelucan, específicamente en la población de San Nicolás Zecalacoaya, Municipio de Chiautzingo, donde presuntamente miembros o dirigentes del Partido Revolucionario Institucional, comunicaron a ciudadanos insaculados que dicho partido había seleccionado a 29 de ellos para impartirles capacitación; que la C. Emilia Cabello Sánchez se negó a recibir la carta notificación correspondiente aduciendo que su esposo presuntamente le dijo que el Partido Revolucionario Institucional le iba a capacitar y entre ellos iban a seleccionar a los funcionarios de casilla de su sección electoral; que el Secretario de Elecciones del Comité Directivo Estatal del partido citado negó que dicho partido haya interferido los trabajos de capacitación del Instituto Federal Electoral, expresando que sólo convocaron a la ciudadanía a participar en el proceso de capacitación; que una ciudadana que había ido al curso de capacitación visitó a la capacitadora, Esmeralda Rojas, en su domicilio para comentarle que un señor visitó a un representante del Partido Revolucionario Institucional y le entregó una lista de insaculados, pidiéndole que escogiera a la gente de su confianza para integrar las mesas directivas de casilla; que el ciudadano Abraham Palacios Mora, con domicilio en la calle de Fresnos No.38, Fraccionamiento Arboledas de Guadalupe, manifestó a la capacitadora Isabel Aguilar, que una persona identificada como miembro del Partido Revolucionario Institucional, lo había invitado a él, y a su vecino a ser funcionario de casilla; que la señora Mercedes Rodríguez Espinoza colaboraba con su esposa Hilda Orozco, quien es la encargada de coordinar las visitas de las personas insaculadas cuyo trabajo iba muy avanzado, además de que esa tarde presentaría informe a las oficinas del Partido Revolucionario Institucional, sin embargo, no queda debidamente acreditado en autos que el Partido Revolucionario Institucional o sus militantes estén actuando a nombre del Instituto Federal Electoral y mucho menos que estén notificando y capacitando a las personas identificadas en las listas de insaculados del Instituto Federal Electoral, en virtud de que si bien es cierto, en el informe antes señalado, se mencionan los nombres de las personas que supuestamente se hacían pasar por funcionarios de este Instituto para capacitar a los ciudadanos insaculados, también lo es, que no se acredita que sean militantes del Partido Revolucionario Institucional, por lo tanto, la queja en que se actúa resulta infundada al no haberse acreditado que el partido demandado o sus militantes incurrieran en las irregularidades antes señaladas.

 

En efecto, para estar en posibilidad de responsabilizar al Partido Revolucionario Institucional respecto de los hechos que se le atribuyen, es necesario acreditar que las personas que realizaron la notificación y la capacitación a las personas insaculadas son militantes de dicho partido, circunstancia que en la especie no se justificó, porque con ninguno de los elementos que informan la queja que se estudia se acredita la realización de esas conductas por militantes o simpatizantes del referido instituto político.

 

Tampoco puede derivarse la militancia de presunciones legales o humanas, pues las primeras las establece la ley y las segundas se producen cuando de un hecho debidamente probado se deduce otro que es consecuencia lógica de aquél, lo que no sucede en el caso de la notificación y capacitación que se analizan dado que del hecho de que se hayan realizado, no se sigue necesariamente que fueron militantes del Partido Revolucionario Institucional quienes las llevaron a cabo.

 

Al no haberse acreditado que militantes o simpatizantes del partido demandado realizaron los hechos referidos, procede declarar infundada la queja que nos ocupa.

No se omite manifestar que con fecha seis de abril del año en curso, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el Estado de Puebla y el Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva 11 del mismo Estado, denunciaron ante la Delegación de la Procuraduría General de la República los hechos respectivos, iniciándose las averiguaciones previas números 376/2000/IV-1 y 377/2000/IV-1, mismas que fueron remitidas a la Fiscalía Especial Para la Atención de los Delitos Electorales el diez de abril del presente año, radicándose en dicha Fiscalía con los números AP 161/FEPADE/2000 y AP 162/FEPADE/2000, correspondientes a los hechos suscitados en los distritos 05 y 11, respectivamente."

 

IV.- En tal virtud y visto el dictamen relativo al expediente número JGE/QAPM/JL/PUE/045/2000, se procede a determinar lo conducente, al tenor de los siguientes:

 

CONSIDERANDOS

 

1.- Que en términos del artículo 270, del Código Electoral, este Consejo General tiene facultades para conocer de las infracciones a la normatividad electoral federal, sustanciar el procedimiento administrativo respectivo a través de la Junta General Ejecutiva del Instituto, la cual elabora el Dictamen correspondiente que se somete a la consideración de este órgano superior de dirección, para que en ejercicio de las facultades que le otorga el Código de la materia determine lo conducente y aplique las sanciones que en su caso procedan.

 

2.- Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 38, párrafo 1, inciso a), del Código Electoral, es obligación de los partidos políticos nacionales conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta, así como la de sus militantes, a los principios del estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos.

 

3.- Que el dispositivo 39, párrafos 1 y 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que el incumplimiento de las obligaciones de los partidos políticos se sancionará en los términos de lo dispuesto en el Título Quinto, del Libro Quinto, del ordenamiento legal invocado y, que la aplicación de las sanciones administrativas es facultad del Consejo General del Instituto Federal Electoral.

 

4.- Que el artículo 73 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que el Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad guíen todas las actividades del Instituto.

 

5.- Que el diverso 82, párrafo 1, incisos h) y w), del Código de la Materia, consigna como atribución del Consejo General, el vigilar que las actividades de los partidos políticos nacionales y de las agrupaciones políticas se desarrollen con apego al código y cumplan con las obligaciones a que están sujetos, así como; conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan.

 

6.- Que atento a que la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral es reglamentaria de los artículos 41, 60 y 99, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de la presente resolución, resulta aplicable en lo conducente.

 

7.- Que en consideración a que se ha realizado el análisis respectivo de la queja, en la forma y términos que se consignan en el Dictamen aprobado por la Junta General Ejecutiva del Instituto, el dieciséis de junio del año dos mil, el cual se tiene por reproducido a la letra, se dictaminó declarar infundada la presente queja.

 

En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, con fundamento en los artículos 40, párrafo 1; 73; 269 y 270 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y en ejercicio de la atribución conferida por el numeral 82, párrafo 1, incisos h), w) y z), del ordenamiento legal antes invocado, este Consejo General emite la siguiente:

 

RESOLUCIÓN

 

PRIMERO.- Se declara infundada la queja iniciada en contra del Partido Revolucionario Institucional.

 

SEGUNDO.- Se ordena el archivo del presente expediente, como asunto total y definitivamente concluido.

 

TERCERO.- Publíquese la presente resolución en los estrados del Instituto Federal Electoral.”

 

 

CUARTO. Los agravios expuestos por el recurrente son del siguiente tenor:

“AGRAVIOS”

 

1. FUENTE GENERADORA DEL AGRAVIO.- Lo constituyen los considerandos números 4, 5, 6, 7, y los puntos resolutivos; por ignorar la obligación que tiene el Consejo General de conducirse con estricto apego a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad en los términos en que les obliga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código de la Materia.

 

CONCEPTO DE AGRAVIO.- El Consejo General del Instituto Federal Electoral vulnera los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y exhaustividad en virtud de que resuelve declarar infundada la queja presentada, sin haber realizado el análisis de todas y cada una de las constancias que obraban en el expediente.

 

Es de resaltar el hecho, que el considerando 7 (SIETE) del dictamen del Consejo General del Instituto Federal Electoral, retome a la letra el dictamen aprobado por la Junta General Ejecutiva del Instituto en el sentido de que no se acredita que las personas que se señalaron como capacitadores electorales del Instituto Federal Electoral, hayan sido militantes o simpatizantes del Partido Político Revolucionario Institucional, haciendo como verdadero las manifestaciones que hizo valer el C. Marco Antonio Zazueta Félix representante propietario de dicho partido político en su escrito de fecha ocho de mayo del año en curso; sin embargo de dichas manifestaciones se desprende que también no se acredita que las personas no pertenezcan a dicho partido político, si bien es cierto que las partes no están obligadas a probar un hecho negativo, también lo es que lo referido por el representante del instituto político a quien se le presentó la queja, en su escrito de contestación manifestó lo siguiente" ... manifestando bajo protesta de decir verdad que la C. Lic. Silvia Tanuz Osorio actual Secretaria General del Comité Ejecutivo Estatal, nos informa que el comité seccional correspondiente de nuestro partido no esta constituido razón por la que de ninguna manera alguien podría ostentarse como integrante de esos comités... y mucho menos los señores referidos quienes categóricamente afirmó que no son representantes del Partido Revolucionario Institucional y para mayor abundamiento, en los comités seccionales de zonas aledañas tampoco están incorporadas dichas personas ..." ; manifestación de la cual de su simple lectura se desprenden afirmaciones que dejó de acreditar el representante del partido político de referencia y al haber omitido tal situación, la negación simple y llana no ameritaba por si misma que fuera la parte recurrente quien debería de acreditar en su totalidad su dicho.

 

De igual forma, la autoridad recurrida viola en perjuicio de la alianza que represento lo dispuesto en el artículo 269 párrafo uno del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que establece:

 

Los partidos políticos y las agrupaciones políticas, independientemente, de las responsabilidades en que incurran sus dirigentes, miembros y simpatizantes, podrán ser sancionados...”

 

Como se observa de la cita anterior, no solamente es responsable un partido de político de las acciones u omisiones que realicen sus militantes, sino también de aquéllas que lleven a cabo simpatizantes del mismo, debiendo entenderse por estos últimos, aquellas personas que realizan conductas o dejen de hacerlas con el único propósito de favorecer a un instituto político en especial, y en el caso concreto, el Partido Revolucionario Institucional, por lo que la determinación de la autoridad de señalar que no se acreditó que las personas mencionadas en el escrito de queja eran simpatizantes del multicitado partido político, es a todas luces ilógica e ilegal, ya que por un lado, el proceder de las personas que son objeto de la investigación primaria y que se denunció que ilegalmente se desempeñan como capacitadores electorales del Instituto Federal Electoral en el estado de Puebla realizaban una conducta objetiva y a favor de un partido político (Partido Revolucionario Institucional) implica la presunción del último supuesto del artículo 269 párrafo uno del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, es decir, la de simpatizantes, elementos y hechos que por un lado el partido impugnado nunca desvirtuó, ya que sólo da como defensa la que nunca se prueba el vínculo de MILlTANClA de los sujetos, con la de su partido político, hipótesis distinta y que se desprende del mismo artículo en comento, razón por la que se sostiene que la autoridad responsable nunca realizó un estudio serio y detallado de los elementos de la litis en estudio el pretender que se probara tal situación por medio distinto al enlace lógico-jurídico que debía realizar al momento de valorar el cúmulo de pruebas, además de la presunción que corría en favor del quejoso, en realidad pretender comprobar un hecho no apto de acreditarse por medio directo en primera instancia.

 

Así las cosas, la autoridad impugnada, viola en perjuicio de mi representada los principios de legalidad e imparcialidad y exhaustividad que está obligada a observar, ya que en su resolución deja de tomar en consideración la confesión del Partido Revolucionario Institucional, en cuanto a que reconoce que estaba llevando a cabo un proceso de capacitación a favor de la ciudadanía, por lo que al encontrarse en circunstancias de tiempo, modo y lugar dicho instituto político, en cuanto al hecho que se le imputaba, seguía corriendo a favor del impugnante la veracidad y certeza del acto denunciado, por lo que al no haberlo valorado así la autoridad, dejó de observar la ley en perjuicio no sólo de la alianza que represento, sino del proceso electoral federal.

 

Por otro lado, es de sobra conocido que el saber que la ley faculta al juzgador a fincar sus resoluciones a partir de un hecho conocido por comprobado o aceptado por las partes y a partir de este deducir otro desconocido pero tomando para ello siempre en cuenta las constancias de autos y los principios rectores del derecho por lo que al no haberlo llevado así la autoridad impugnada causan agravio a la alianza que represento y mismo que se hace valer.

 

En efecto, de la revisión del contenido del dictamen que se sometió a consideración de todos los integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral, se aprecia que se hace una incorrecta narración de las constancias probatorias y su debida valoración, elementos aportados por el denunciante, y de una insuficiente investigación de los hechos. Esto es así, ya que las probanzas aportadas por el representante del partido político denunciante, como lo fueron la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, legal y humana, debieron ser suficientes para sancionar al partido político denunciado, pero esto se explica, ya que la responsable omitió de manera singular la lectura de las mismas y resulta mas grave si se argumenta que sí lo hizo, ya que las mismas no fueron adminiculadas armónicamente con otros medios de prueba que crean certeza.

 

Para demostrar mis aseveraciones se pone un ejemplo:


La autoridad responsable se canso de transcribir que nunca se probó el vinculo entre los sujetos de la investigación y el partido denunciado, pero del dictamen nunca se desprende que haya realizado solicitud de investigación a otras autoridades involucradas ¿Cuando se solicito el informe detallado a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de los expedientes AP 161/FEPADE/2000 y AP 162 /FEPADE/2000? ¿En donde se narra del contenido de las averiguaciones previas 376/2000/IV -1 y 377/2000/IV -1 que se presentaron en la Delegación de la Procuraduría General de la República?  ¿A que conclusión llegó el representante social de los hechos denunciados? Estas interrogantes no tendrán respuesta en el expediente, ya que la responsable nunca realizó su labor de investigar correctamente los hechos denunciados. Es más la pésima técnica jurídica utilizada, en la relación de las pruebas ofrecidas, permiten incidir en que la realización del estudio del asunto en mérito fue realizado con total desaseo, infringiendo nuevamente en perjuicio de mi poderdante los principios de legalidad que preconiza la ley electoral, basta ver lo manifestado por la autoridad en la pagina 7 del proyecto de resolución, sostiene que en el número 11, y 13, se agrega las averiguaciones previas 376 y 377/2000/IV-1, y ratificación de la denuncia. Si esto es así, ¿por qué la autoridad responsable nunca hace una valoración particular del contenido de las averiguaciones previas? ¿O será que lo que se integró fue la denuncia de hechos y su ratificación? Esto la autoridad tampoco lo aclara y si emite una resolución basada en razonamientos subjetivos, y nunca apoyados en los medios de convicción presentados, es más, en términos generales el acto impugnado por este recurso, carece de la fundamentación y motivación, entendida la primera, como el apoyo en que el juzgador encuentra en el articulado de la ley vigente y aplicable al caso concreto, y la segunda, en la emisión de razonamientos lógicos jurídicos, basados en la experiencia y en la valoración integral e individual de las pruebas, manifestando porqué las mismas pueden o no causar la comprobación de los hechos controvertidos; es decir, analizar y razonar particularmente cada prueba que conste en el expediente, manifestando la calidad especifica de cada una y su relación con los hechos, para que así, esté en condiciones de dar certeza y legalidad al acto que da publicidad en una resolución, situación que nunca se realiza en este caso concreto; este hecho es irrefutable si se hace una simple lectura del proyecto de resolución y del dictamen impugnado, y se insiste si se presentaron diversas probanzas, las mismas debieron ser tomadas en consideración y no formar parte de un elemento de decoración en el expediente.

 

Por otro lado, las pruebas ofrecidas por el representante del Partido Revolucionario Institucional, no desmienten la circunstancia de que personas ligadas aun en calidad de simpatizantes a dicho partido político participaron realmente haciendo funciones de capacitadores electorales del Instituto Federal Electoral, según se acredita con la nota periodística del periódico La Jornada de Oriente de fecha 27 de marzo del año en curso, resaltando que la misma no fue objetada conforme a derecho y que adminiculada a las demás probanzas debieron crear la convicción entre los miembros del H. Consejo General del Instituto Federal Electoral, de ser ciertos los hechos imputados al partido denunciado.

 

Asimismo, de las investigaciones llevadas acabo por el Vocal Ejecutivo Lic. García Cornejo se desprende otro elemento de presunción, el de haberse llevado a cabo las conductas denunciadas y violatorias de ley, así como también del acta circunstanciada de la reunión sostenida por los vocales de la 06 Junta Distrital Ejecutiva, de fecha 31 de marzo del año en curso, en la que se corrobora que miembros del instituto político a quien se le imputan los hechos controvertidos sí tuvieron participación en los hechos investigados.

 

De lo anterior se desprende que la Junta General Ejecutiva al elaborar un dictamen en esta clase de procedimientos, no respeta las más elementales reglas procesales, omitiendo desarrollar su deber de investigación y exhaustividad, omitiendo igualmente realizar una valoración integral, particular, objetiva y armoniosa de las probanzas ofrecidas, atenta a los principios elementales de legalidad y certeza, ya que no debe perderse de vista que al momento de que los hechos controvertidos son elevados a consideración del Consejo General, este órgano se encuentra obligado a analizar nuevamente y en forma detallada todas y cada una de las constancias que obran en autos como autoridad resolutora y como única instancia facultada para conocer las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan, en los términos previstos en la misma ley electoral; y no solamente a aprobar en términos del envío, los dictámenes formulados por la multicitada Junta Ejecutiva, como ocurrió en el caso que nos ocupa, lo cual se hace evidente de la simple lectura del considerando número seis arábigo de la resolución impugnada que señala a la letra lo siguiente:

 

"6.- Que en consideración a que se ha realizado el análisis respectivo de la queja, en la forma y términos que se consignan en el dictamen aprobado por la Junta General Ejecutiva del Instituto, el diecinueve de enero del año dos mil, el cual se tiene por reproducido a la letra, se dictaminó declarar improcedente la presente queja".

Por otra parte, y en el supuesto no aceptado que pudiera alegarse que el análisis de las constancias se encontraba colmado en el dictamen elaborado por la Junta General Ejecutiva, debemos insistir en el hecho de que también el Consejo General debió realizarlo como autoridad resolutora; pero además hacemos énfasis de que, en el dictamen elaborado por la ya citada Junta, únicamente se hace alusión a los medios probatorios aportados por el denunciante pero tampoco se realiza un análisis exhaustivo de los mismos o se hace estudio alguno de los presuntamente aportados por el partido político denunciado.

 

ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES VIOLADOS.- Se violan en perjuicio del Partido Político que represento los artículos 14, 16, 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o, 3 párrafo 2, 36 párrafo 1 inciso a), b) y k); 38 párrafo 1 incisos a), b), y p); 40, 69 párrafo 2, 73, 82 párrafo 1 incisos h) y w), 86 párrafo 1 inciso 1), 270 y 271 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y demás relativos y aplicables.”

 

QUINTO. Esta Sala Superior advierte que en el escrito de demanda del recurso de apelación que se resuelve, la coalición actora formula un capítulo que denomina “agravios”, en el cual se contienen diversos argumentos. En tal virtud, por razón de orden y método, este órgano jurisdiccional procede, en primer lugar, a establecer los motivos de impugnación alegados por la apelante, los cuales se concretan en los doce puntos siguientes.

 

1. Se declaró infundada la queja sin haber realizado el análisis de todas las constancias que obran en el expediente.

 

2. De la contestación formulada por el Partido Revolucionario Institucional en el procedimiento administrativo sancionador, se desprenden afirmaciones que omitió acreditar.

3. Violación a lo dispuesto por el artículo 269, apartado 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que se desarrolla así:

a) Dicho precepto legal establece que los partidos políticos son responsables de las acciones y omisiones de sus simpatizantes.

 

b) Simpatizantes de un partido político son las personas que realizan conductas a favor del partido.

 

c) Como las actividades materia de la investigación originaria se realizaron a favor del Partido Revolucionario Institucional, esto es suficiente para considerar a sus autores como simpatizantes de dicho partido político.

 

d) Consecuentemente, sí se encuentran actualizados los supuestos normativos para sancionar al Partido Revolucionario Institucional.

 

4. La responsable omitió tomar en cuenta la confesión del partido denunciado, en el sentido de haber llevado a cabo un proceso de capacitación a la ciudadanía.

 

5. Se hizo una incorrecta narración de las constancias probatorias en el dictamen presentado a consideración de la responsable.

 

6. Se hizo una incorrecta valoración de los elementos probatorios aportados por el denunciante.

 

7. Las pruebas “instrumental de actuaciones” y “presuncional en su doble aspecto”, son suficientes para sancionar al partido político denunciado.

 

8. Se omitió realizar la labor de investigación correcta de los hechos denunciados, e incluso, no se solicitó informe a la fiscalía respecto al desarrollo de las averiguaciones previas número 376/2000/IV-1 y 377/2000/IV-1.

 

9. La resolución carece de fundamentación y motivación.

 

10. Las pruebas del Partido Revolucionario Institucional no desvirtúan el contenido de la nota periodística que sirvió de sustento a la investigación, dado que dicha nota no fue objetada, y si se adminicula con los demás elementos, produce convicción de la certeza de los hechos imputados al partido denunciado.

 

11. De las investigaciones del Vocal Ejecutivo “Licenciado García Cornejo”, y del acta circunstanciada de la reunión sostenida por la Junta Distrital Ejecutiva 06 del Instituto Federal Electoral, se desprenden otros elementos para formar una presunción de que miembros del partido denunciado participaron en los hechos investigados.

 

12. El Consejo General del Instituto Federal Electoral obró incorrectamente, al concretarse a aprobar el dictamen en sus términos, pues tenía la obligación de examinar nuevamente las constancias, en forma detallada, y de adminicularlas con los demás medios de prueba.

En el noveno agravio resumido se advierte que el promovente alega una violación formal de la resolución impugnada, en tal virtud, por razones de técnica procesal, este órgano colegiado procede a su examen.

 

El agravio en comento resulta substancialmente fundado, en atención a lo siguiente.

 

La autoridad responsable fundó la resolución impugnada en los siguientes términos:

 

Los fundamentos dados para conocer y sustanciar el procedimiento se hacen consistir en los artículos 73, 82 párrafo 1 incisos h) y w), y 270 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, e invoca también, para sustentar la obligación de los partidos políticos de conducirse con apego a la Ley, los artículos 38 apartado 1 inciso a), y 39 apartados 1 y 2, del mismo código.

 

La garantía de motivación, establecida en el artículo 16 constitucional, exige que la autoridad exponga los razonamientos y argumentos que sustentan su resolución. Tal exigencia requiere, tratándose de actos que emanan de un procedimiento, entre otros requisitos, un análisis y valoración de cada una de las pruebas.

 

En la resolución impugnada la responsable consideró, en lo relativo al análisis de los hechos materia de la investigación, lo siguiente:

a) Es necesario acreditar que las personas que realizaron la notificación y la capacitación a las personas insaculadas son militantes de dicho partido, circunstancia que en la especie no se justificó, porque con ninguno de los elementos que informan la queja que se estudia se acredita la realización de esas conductas por militantes o simpatizantes del referido instituto político.

 

b) Tampoco puede derivarse la militancia de presunciones legales o humanas, pues las primeras las establece la ley y las segundas se producen cuando de un hecho debidamente probado se deduce otro que es consecuencia lógica de aquél, lo que no sucede en el caso de la notificación y capacitación que se analizan, dado que de su realización no se sigue necesariamente su proveniencia de militantes del Partido Revolucionario Institucional.

 

c) Al no haberse acreditado que militantes o simpatizantes del partido demandado realizaron los hechos referidos, procede declarar infundada la queja.

 

Como se advierte, la resolución impugnada presenta una fundamentación y motivación deficiente, pues las razones que la sustentan se obtuvieron con base en un estudio genérico de las constancias, sin llevar a cabo una valoración de cada una de las pruebas, que determinara, en cada caso, su alcance probatorio; y en el que omite exponer los motivos por los que se arribó a la conclusión de que no se acredita que hubieran sido militantes o simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional quienes realizaron los hechos materia de la investigación.

 

Por tanto, el Consejo General del Instituto Federal Electoral obró incorrectamente, pues para cumplir con la garantía citada tenía la obligación de realizar un análisis pormenorizado y completo de las constancias que integran el expediente, y exponer en la resolución los argumentos necesarios para soportar debidamente sus conclusiones.

 

 Resulta fundado el octavo concepto de agravio sintetizado el cual se analiza enseguida, por cuanto a que en él se aducen violaciones al procedimiento administrativo sancionatorio y, de ser fundado, haría innecesario el análisis de los restantes motivos de conformidad.

 

Las bases generales y las principales características del procedimiento administrativo sancionatorio aplicado en la especie, se encuentran previstas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, particularmente, en el Libro Primero “Del Proceso Electoral”, Título Quinto “De las faltas administrativas”, Capítulo Único, el cual está integrado por los artículos 264 a 272; así como en los artículos 82, apartado 1, incisos t), w) y z), y 86, apartado 1, inciso l), de ese mismo ordenamiento. Asimismo, tiene aplicación el Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, por el se Aprueban los Lineamientos Generales para el Conocimiento de las Faltas Administrativas y de las Sanciones, previstas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de mil novecientos noventa y siete, y en el diverso acuerdo de modificación de esos lineamientos, publicado el veinte de marzo del año dos mil.

 

De las disposiciones antes mencionadas, se sigue que las principales características del procedimiento de mérito son:

 

a) Un órgano sustanciador: la Junta General Ejecutiva, cuyas funciones consisten en integrar el expediente respectivo, mediante la recepción de la queja o denuncia correspondiente; así como el allegamiento, en su caso, de elementos de convicción; la subsecuente substanciación del procedimiento conforme lo establece la normatividad en cita, y la formulación del dictamen relativo para ser presentado ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, para que éste fije, en su caso, la sanción correspondiente.

 

b) Un objeto genérico: cualquier irregularidad o infracción administrativa a la normatividad electoral en cuestión, exceptuando la materia inherente al financiamiento.

 

El procedimiento establecido en el artículo 270 puede incoarse por las siguientes razones: la presentación de una queja en contra de los partidos políticos  (entre otros sujetos); cuando algún órgano del Instituto Federal Electoral tiene conocimiento de que un partido político cometió alguna irregularidad; así como, cuando el Consejo General requiere a la Junta General Ejecutiva para la investigación de las actividades de un partido, previa solicitud de un instituto político.

 

La Junta General Ejecutiva es el órgano competente para integrar el expediente, mediante la realización de los siguientes actos: a) emplazamiento al presunto responsable o infractor; b) el otorgamiento de un plazo para que se produzca la contestación y se aporten pruebas; c) la posibilidad de solicitar información y documentación para la integración del expediente; y, d) la elaboración del dictamen correspondiente para presentarlo ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral. Esta autoridad concluye con dicho procedimiento al emitir la resolución correspondiente.

 

El argumento de impugnación en análisis está encaminado a demostrar que  se omitió ejercer adecuadamente la facultad de investigación de la que se encuentra legalmente investida la autoridad electoral para conocer la verdad de los hechos materia del procedimiento antes precisado.

 

Atento a lo previsto en el artículo 270 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y en los lineamientos generales ya citados, el procedimiento administrativo en comento está constituido por un conjunto de actos por o ante la autoridad competente del Instituto Federal Electoral, para el conocimiento, la investigación y, en su caso, la aplicación de una sanción a quien cometa una infracción a la normatividad electoral. La finalidad de dicho procedimiento es evidente: tutelar el orden jurídico electoral y hacer respetar los principios de legalidad y constitucionalidad que rigen en la materia.

 

De acuerdo con los numerales invocados, el organismo sustanciador del procedimiento es la Junta General Ejecutiva, a través de la secretaría relativa (a cargo del Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral).

 

Dicho secretario es responsable de recibir las quejas o denuncias, así como tramitar, integrar y sustanciar el expediente relativo, y formular el proyecto de dictamen correspondiente.

 

Una nota característica esencial de este procedimiento administrativo está constituida por el conjunto de atribuciones conferidas al Secretario de la Junta General Ejecutiva, sobre la investigación de las cuestiones materia de tal procedimiento. Efectivamente, los artículos 40 y 82, párrafo 1, inciso t), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el punto número 12 de los lineamientos citados, confieren poderes a la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, por conducto de su secretario, para que investigue la verdad de los hechos, por los medios legales a su alcance sin que, en su caso, la inactividad de las partes lo obligue ni lo limite a decidir únicamente sobre los medios que ellas le lleven o pidan.

 

El establecimiento de esta facultad tiene por objeto, evidentemente, que la referida autoridad conozca de manera plena la verdad sobre los hechos sometidos a su potestad, con el fin de lograr la tutela efectiva del régimen jurídico electoral, el cual está integrado por normas de orden público y observancia general (artículo 1º del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, entre otros).

 

Es de advertirse también, que la normatividad en cita no restringe ni limita en forma alguna, el ejercicio de esos poderes a una etapa o fase determinada del procedimiento. Por el contrario, la circunstancia de que en los artículos 40, 82 apartado 1 inciso t), y 270 apartado 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en el punto número 12 de los lineamientos en cita, se prevea esa potestad probatoria sin sujetarla a un momento determinado, permite afirmar que la propia potestad puede ejercitarse válidamente:

a) Antes del emplazamiento del partido a quien se le imputa la conducta ilegal;

 

b) Durante la integración y sustanciación del expediente, y

 

c) Cuando el Consejo General del Instituto Federal Electoral conoce del dictamen elaborado por la Junta General Ejecutiva, para su decisión, y advierte que no están debidamente esclarecidos los puntos de hecho correspondientes y, por tanto, ordena a dicha junta la investigación de los puntos específicos que no están aclarados [artículo 82, apartado 1, inciso].

 

Lo anterior, al margen de que el texto reformado del lineamiento 10, inciso e),  del acuerdo de la Junta General Ejecutiva antes invocado, establezca como regla general que el dictamen de esta autoridad deberá presentarse al Consejo General en un término no mayor de treinta días naturales, contados a partir de la recepción de la queja o denuncia por parte de la secretaría ejecutiva, pues también señala como excepción, aquellos asuntos en que por la naturaleza de las pruebas ofrecidas o las investigaciones que se realicen se justifique la ampliación del plazo. Además, el citado lineamiento no puede dejar sin efecto la atribución del Consejo General en el sentido de ordenar la investigación de puntos específicos no aclarados.

 

Las normas, tanto legales como reglamentarias, que regulan la potestad probatoria conferida al secretario permiten considerar, que en los principios que rigen la materia de la prueba en el procedimiento en comento, existe una mayor separación del principio dispositivo y un mayor acercamiento al principio inquisitivo, lo cual es explicable porque se está en el terreno donde se desenvuelven actividades de orden público, como es la función electoral.

 

En ese orden, si en el procedimiento de que se viene hablando existen elementos o indicios que evidencien la posible existencia de una falta o infracción legal, ya sea porque el denunciante haya aportado algún medio de convicción con ese alcance, o que de oficio se haya allegado alguna prueba que ponga de relieve esa situación, la falta de ejercicio de esos poderes por parte del secretario ejecutivo, para esclarecer plenamente la verdad de las cuestiones fácticas sometidas a su potestad, implica una infracción a las normas citadas, así como a los principios de certeza y legalidad que rigen en la materia, en términos de lo previsto en el artículo 41, fracción III, constitucional. Una vez que el secretario mencionado determina que con los medios de prueba allegados al expediente es factible conocer con certeza los términos, condiciones y particularidades de las cuestiones que se hicieron de su conocimiento, debe formular el proyecto de dictamen correspondiente. Si la Junta General Ejecutiva aprueba tal proyecto, ésta debe someter el dictamen relativo a la decisión del Consejo General del Instituto Federal Electoral.

 

Con vista en todo lo antes considerado, este órgano jurisdiccional procede a determinar, si el Secretario de la Junta General Ejecutiva sustanció e integró correctamente el procedimiento administrativo sancionatorio de donde emerge la resolución reclamada.

 

I. En el caso, el procedimiento de investigación se inició con la denuncia de hechos expresada por el Consejero Electoral Jaime Cárdenas Gracia, con base en la nota periodística publicada en el diario “La Jornada”, de fecha veintisiete de marzo de este año, en la cual se adujo fundamentalmente que:

 

a) En el Estado de Puebla, tres consejeros distritales descubrieron a tres priístas que, instruidos por el Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional en Chiautzingo y usando documentación oficial, se hacían pasar por integrantes del Instituto Federal Electoral en la población de San Nicolás Zecalacoaya, y realizaron su propia selección de ciudadanos para que fungieran como funcionarios de casilla y se les diera capacitación por cinco días.

 

b) En entrevista que concedieron a la Jornada de Oriente, cuatro de los consejeros en el Distrito 05, con cabecera en San Martín Texmelucan, indicaron que lograron frenar el intento de los priístas de llevar a veintinueve ciudadanos a un curso que ofrecería el Partido Revolucionario Institucional en nombre del Instituto.

 

c) Acerca de los tres priístas que en Puebla se hacían pasar como miembros del Instituto Federal Electoral, los consejeros de ese órgano en San Martín Texmelucan indicaron que utilizaban una lista de ciudadanos insaculados para ser funcionarios de casilla, que el organismo electoral proporcionó a todos los representantes de los partidos de la Junta Distrital.

 

Los hechos de mérito, para el caso de ser ciertos, implicarían el incumplimiento del partido político denunciado a la obligación prevista en el artículo 38, párrafo 1, inciso a), del Código Federal de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales, que prevé que tales institutos políticos deben conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos.

 

II. La Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Federal Electoral, mediante oficio 1442/2000, de fecha veintiocho de marzo del año dos mil,  comisionó a Hugo García Cornejo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Puebla, para que informara a esa Secretaría lo sucedido en torno a los hechos denunciados.

 

Este último, al día siguiente, mediante oficio VE/0915/2000,  rindió su informe en el que sustancialmente adujo:

a) El incidente tuvo lugar en el Distrito 05 de Puebla, con cabecera en San Martín Texmelucan, específicamente en la población de San Nicolás Zecalacoayan, Municipio de Chiautzingo (sección 0420);

 

b) Presuntamente miembros o dirigentes del Partido Revolucionario Institucional, comunicaron a ciudadanos insaculados que dicho partido había seleccionado a veintinueve de ellos para impartirles capacitación;

 

c) Emilia Cabello Sánchez, quien resultó afortunada en la insaculación, se negó ante los capacitadores a recibir la carta-notificación correspondiente, aduciendo que su esposo le dijo que el Partido Revolucionario Institucional la iba a capacitar y entre ellos iban a seleccionar a los funcionarios de casilla de su sección electoral;

 

d) El Partido Revolucionario Institucional, por medio de su Secretario de Elecciones del Comité Directivo Estatal, negó que su partido haya interferido en los trabajos de capacitación del Instituto Federal Electoral, y expresó que sólo convocaron a la ciudadanía a participar en el proceso de capacitación.

 

e) Precisó que lo anterior lo obtuvo de tres fuentes: del Vocal Ejecutivo Distrital; del Presidente de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Consejo Distrital respectivo; y de los capacitadores electorales a quienes se negó la recepción de la notificación.

Anexó el oficio VED/406/2000 del veintitrés de marzo, mediante el cual, el Vocal Ejecutivo del 05 Distrito Electoral Federal del Estado de Puebla, José Víctor Rodríguez Serrano, rindió su informe e hizo aclaraciones al mismo; el informe de trabajo de fecha veinte de marzo, rendido por los Capacitadores Electorales del 05 Distrito Electoral Federal, Aristeo Ortiz Morales y Jaime Horacio Aborce Niño, y el oficio sin número del día veintidós de marzo de este año, del Presidente de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Alfredo Domínguez Buenfil.

Los informes de mérito sustancialmente señalan lo siguiente:

 

 En el oficio número VED/406/2000, el vocal ejecutivo informó  del resultado de la reunión celebrada el veinte de marzo, que tuvo por objeto aclarar el incidente derivado de la negativa de algunos ciudadanos insaculados de recibir la notificación correspondiente, porque adujeron haber sido ya notificados; señala la presencia de José Luis Pérez Roldán, Cándido Lozada Palestino y Máximo Pérez, a quienes les atribuye el carácter de dirigentes del Comité Seccional del Partido Revolucionario Institucional y haber manifestado que recibieron un listado de los ciudadanos insaculados de Efrén Arellano Pérez, dirigente municipal de ese partido, para seleccionar a veintinueve de ellos y capacitarlos del veintiuno al veintitrés de marzo.

 

 En el oficio número VED/0540/2000, del tres de abril, complementario del antes descrito, el citado vocal ejecutivo aclaró que fueron sólo tres ciudadanos insaculados los que no recibieron la notificación para capacitarles, dos de ellos, cuyos nombres no precisa, por no encontrarse presentes, y la restante Emilia Cabello Sánchez, por motivos meramente personales; asimismo, agregó que se llevaron al cabo simultáneamente dos reuniones, una para aclarar el tema de la capacitación por parte del Instituto Federal Electoral y otra, para entregar las notificaciones a los ciudadanos insaculados.

 

 En el informe de trabajo de fecha veinte de marzo, los capacitadores electorales señalaron que: El dieciocho de marzo, en su actividad de entrega de notificaciones a ciudadanos insaculados de San Nicolás Zecalacoayan, Municipio de Chiautzingo, se les informó que dos ciudadanos estaban enterados que iban a recibir capacitación del veintiuno al veintiséis de marzo; Emilia Cabello Sánchez, se negó rotundamente a recibir la notificación, porque su esposo iba a estar ocupado el día de la jornada electoral y que ella no quería participar; que el esposo de esta última les dijo que ya tenían un listado y notificaciones idénticas a las del Instituto Federal Electoral; ya habían hecho la selección de los ciudadanos que iban a ser funcionarios de casilla, comprometiéndose a transportar a veintinueve de ellos a tomar cursos a San Lorenzo Chiautzingo, señalando que la documentación de todo el municipio la tenía en su poder Efrén Arellano, con domicilio conocido en San Juan Tetla; el día diecinueve de marzo, se celebró una reunión a la que asistieron para la entrega masiva de notificaciones y en compañía de autoridades del Instituto Federal Electoral, se constituyeron en el domicilio de Emilia Cabello Sánchez para entrevistarse con su esposo, quien confirmó el comentario que había formulado.

 

 El Presidente de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica del 05 Distrito Electoral Federal del Estado de Puebla, en el oficio de veintidós de marzo, informó sobre una reunión celebrada el veinte de marzo en la Presidencia Auxiliar de San Nicolás Zecalacoayan, a la que asistió personal del Instituto Federal Electoral, aproximadamente cuarenta ciudadanos insaculados, y los miembros del Comité Seccional del Partido Revolucionario Institucional, José Luis Pérez Roldán, Cándido Lozada y Máximo Pérez, quienes manifestaron haber recibido la lista de ciudadanos insaculados de Efrén Arellano Pérez, representante municipal de dicho partido, haber elegido a veintinueve ciudadanos para formar las mesas directivas de las dos casillas de la sección y que les impartirían un curso del veintiuno al veintiséis de marzo, en San Lorenzo Chiautzingo.

 

III. María del Carmen Alanís Figueroa, Directora Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Federal Electoral, mediante oficio DECEYEC/622/00, de fecha treinta y uno de marzo,  comunicó que en la sesión de ese día, en asuntos generales, el consejero Emilio Zebadúa planteó que el representante de la coalición Alianza por México presentó ante el pleno del Consejo General una nota periodística en la que se señalan presuntas irregularidades cometidas en el Distrito 05 de Puebla, y que se vinculan con el proceso de notificación y capacitación de ciudadanos insaculados, agregando el consejero Jesús Cantú que tenía informes en torno a que dichas irregularidades se hicieron extensivas a los distritos 06, 07 y 09, de dicha entidad federativa, por lo siguiente:

 

a) Distrito 06. Diversas personas distintas a los capacitadores, que cuentan con un listado de ciudadanos insaculados, están notificando e invitándolos a un curso de capacitación, solicitando una copia de su credencial para votar con fotografía;

 

b) Distrito 07. Un capacitador informó que un funcionario de la Presidencia Municipal, de nombre Jesús Vázquez, le quiso comprar las notificaciones a ciudadanos insaculados;

 

c) Distrito 09. Diversas personas han querido comprar las notificaciones a ciudadanos insaculados.

 

Con motivo de lo anterior, mediante oficio D.J./1424/2000, de fecha tres de abril, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en el Estado de Puebla, que realizara una investigación exhaustiva de hechos similares en los distritos 06, 07 y 09 y, en general, de la situación que prevalecía en los restantes distritos uninominales del Estado de Puebla, instruyéndolo para que presentara la denuncia respectiva.

 

El Vocal Ejecutivo Local en el Estado de Puebla, mediante oficios VE/1086/2000 y VE/1087/2000, informó haber presentado las denuncias en relación con los hechos presuntamente ocurridos en los distritos 05 y 11, ante la Delegación de la Procuraduría General de la República en ese estado, las que, respectivamente, fueron radicadas en las averiguaciones previas 376/2000/IV-1 y 377/2000/IV-1.

 

Mediante oficio VE/1256/2000, de veinticuatro de abril de dos mil, el citado vocal ejecutivo rindió su informe solicitado, al que anexó diversa documentación en la que constan los informes de los funcionarios de los distritos 05, 06, 07, 09 y 11, los cuales se sintetizan a continuación:

 

 Oficio número VED/472/2000 de seis de abril, firmado por Eleazar Flores García, Vocal Ejecutivo del 07 Distrito Federal Electoral de Puebla, en el que hace constar que el dieciocho de marzo, en el domicilio particular del Presidente Auxiliar del municipio de los Reyes de Juárez, se presentó una persona quien comentó que iba a entregar una documentación y a recibir unas listas de ciudadanos insaculados para darles capacitación, afirmando que venía de parte de Roberto Cañedo, señalando que dicha persona tenía propaganda electoral en su portafolios y una playera con un logotipo de Zedillo bajo su camisa.

 

 Acta circunstanciada del veintiocho de marzo del año dos mil, levantada por funcionarios de la 07 Junta Distrital Ejecutiva, en el Estado de Puebla, con motivo de la declaración de Mario Alberto Sánchez Cortés, capacitador electoral, en la que se refiere a los hechos relativos a la pretendida compra de notificaciones para ciudadanos insaculados, por parte de Gregorio Garzón Rodríguez, vecino de la población de Santiago Acatlán.

 

Oficio número 443/2000 [fecha ilegible], signado por Luis Maldonado Fosado, Vocal Ejecutivo del 09 Distrito Electoral Federal en Puebla, sobre el contenido de una nota periodística publicada el tres de abril en “El Universal de Puebla”, en la columna intitulada “Entrelíneas”, de Rodolfo Ruiz R., fundada en un anónimo, respecto de la cual señala que las personas mencionadas en la nota (no precisa el sentido de la misma), son supervisores y capacitadores de ese distrito, informando la forma de contratación de siete funcionarios electorales y que ignora si alguno de ellos es militante del partido denunciado.

 

Oficio número 442/2000 de cuatro de abril, firmado por Luis Maldonado Fosado, Vocal Ejecutivo del 09 Distrito Federal Electoral, mediante el cual informa sobre anomalías electorales reportadas en el distrito a su cargo, acompañando diversas documentales, entre las cuales destaca el informe sobre incidentes, presentado por el Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Jesús Eric Yáñez Ruiz, mismo que se encuentra soportado con lo siguiente:

Constancia de fecha veintiséis de marzo, suscrita por Martha Beatriz Vázquez Ocaña, en la que refiere haber encontrado en la calle 28 poniente y la diagonal Defensores de la República, una persona que le informó que el presidente de la colonia ya tenía una relación de ciudadanos.

 

Constancia del veintinueve siguiente, levantada por Pánfilo Rodríguez Vera, capacitador electoral, en la que se asienta que Martha Angélica Pozos, ciudadana insaculada, comentó que Mercedes Rodríguez Espinoza la visitó en su domicilio y le solicitó que acudiera al módulo de capacitación a tomar su curso para ser funcionario electoral y le dijo que era representante de la esposa de Raúl Soriana.

 

Oficio del mismo día veintinueve, emitido por Adán Sánchez García, donde informa que en el domicilio de Jorge Sainz Valencia, ciudadano insaculado, una persona no identificada le informó que debía asistir a sus cursos de capacitación en Villa Frontera.

 

Constancia suscrita por Catalina Ruiz Rosas, en la que afirma haberse presentado el veintiocho de marzo en la colonia Solidaridad, en donde un señor le manifestó que una señorita le dijo que no era necesario participar como funcionario.

 

Oficio sin suscriptor ni fecha, dirigido a Jesús Eric Yáñez Ruiz, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, en el que se informa la visita a los ciudadanos insaculados Soledad Rodríguez Sacramento y Marisol Bravo Sacramento, quienes sólo aceptaron su notificación previa comprobación de que no se trataba de un enviado del partido denunciado.

 

Informe de treinta y uno de marzo, suscrito por los consejeros electorales Enrique Glocker Corte y Luis Francisco Fierro Sosa, donde se hizo constar que Raúl Soriana afirmó que su esposa Hilda Orozco y Mercedes Rodríguez Espinosa coordinan las visitas a las personas insaculadas, cuyo trabajo iba muy avanzado, y que presentaría un informe en las oficinas del Partido Revolucionario Institucional.

Informe de treinta y uno de marzo, emitido por el Presidente de la Comisión de Capacitación del Distrito IX de Puebla, Nguyen Enrique Glockner Corte, en el cual se hizo constar que veinte de los capacitadores electorales de dicho distrito habían advertido problemáticas en las visitas a los ciudadanos insaculados, por haber recibido aquéllos la visita de personas extrañas al Instituto Federal Electoral.

 

Oficio de treinta y uno de marzo, a través del cual la capacitadora electoral, Elda Benítez Plata, informa  que el dos de marzo ciudadanos le informaron que unas personas del Instituto Federal Electoral, quienes no se identificaron y llevaban logotipos de la CTM, les preguntaron si ya les había llegado su notificación para ser funcionarios de casilla, que no era obligatorio que participaran, y por quién iban a votar; que la citada capacitadora se encontró con estas personas quienes le dijeron que sólo estaban rectificando quienes tenían su notificación y los estaban invitando a capacitarse en los centros indicados, mencionando que eran del Instituto Federal Electoral, del Distrito 09, pero no quisieron dar sus nombres ni el de sus jefes porque no lo tenían permitido, además de que se percató que llevaban las listas de los ciudadanos, amenazándola con reportarla de no haber terminado de entregar notificaciones.

 

IV. El Partido Revolucionario Institucional, por conducto de su Representante Propietario ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, al desahogar la vista que se le dio con la denuncia y anteriores constancias, manifestó sustancialmente lo siguiente:

 

a) Objetó la sustanciación del procedimiento, pues consideró que no existen imputaciones ni señalamientos de actos específicos contra ese partido ni sus militantes, en los que se precisen circunstancias de tiempo, modo o lugar.

 

b) Adujo que el procedimiento viola los principios de legalidad, certeza y objetividad, ya que no existe material probatorio para acreditar los hechos que se atribuyen a su partido y el procedimiento sólo puede iniciarse cuando el Instituto haya conocido de una irregularidad.

 

c) En la documentación que integra el expediente no existe certeza ni de los hechos ni de las irregularidades que pretenden involucrarlo, pues se hicieron “de oídas”, como referencias aisladas, sin señalar nombres de sus miembros, ni precisar fechas, lugares ni circunstancias que lo vinculen.

 

d) Negó el alcance probatorio de las constancias que pudieran afectarle; negó que sus militantes estuvieran actuando a nombre del Instituto Federal Electoral, que realizaran actos contrarios a la ley que obstaculicen las actividades de ese instituto o que estuvieran realizando actos de notificación o capacitación dirigidos a las personas identificadas en las listas insaculadas.

 

e) Bajo protesta de decir verdad, manifestó que Silvia Tanuz Osorio, actual Secretaria del Comité Ejecutivo Estatal, les informó que el Comité Seccional correspondiente de su partido no está constituido, razón por la cual nadie podría ostentarse integrante de esos comités y mucho menos José Luis Pérez Roldán, Cándido Lozada Palestino y Máximo Pérez, de quienes negó la calidad de representantes en San Nicolás Zecalacoayan, Municipio Chiautzingo, que corresponde a la sección 420, ni en zonas aledañas.

 

f) Opuso como defensas, la de oscuridad, toda vez que no existe ninguna imputación en su contra; la que se deriva del artículo 15, apartado 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, consistente en que el que afirma tiene la carga de probar; la de la “ilegalidad” e incompetencia de la Junta General Ejecutiva para iniciar el procedimiento cuando no existe acreditada ninguna irregularidad atribuible a ese partido político; las que se derivaran de la falta de certeza, falta de objetividad y las restantes derivadas de su propio ocurso.

 

g) Ofreció como pruebas la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, en todo lo que favoreciera a sus intereses.

 

 Pues bien, como se dijo anteriormente al analizar el noveno concepto de agravio sintetizado, la autoridad responsable no motivó en absoluto la valoración de las pruebas existentes en el procedimiento administrativo de mérito, para establecer que en la especie no se acreditó que el Partido Revolucionario Institucional o sus militantes estén actuando a nombre del Instituto Federal Electoral, pues, aclaró, si bien se mencionan los nombres de las personas que supuestamente se hacían pasar como funcionarios de ese instituto, también lo es que no se acreditó que sean militantes del partido denunciado.

 

 Con lo anterior, la autoridad responsable pasó por alto, no sólo su deber de motivar debidamente su resolución, sino  además, que en materia probatoria el procedimiento de que se trata está orientado hacia el principio inquisitivo, por lo tanto, lo trascendente era que quedara plenamente evidenciada la existencia o no de las conculcaciones legales aducidas y, por supuesto, la vinculación o no vinculación de quienes en su momento llevaron al cabo las conductas de mérito y se ostentaron militantes o dirigentes del partido denunciado.

Atendiendo al principio de libertad de la prueba, que consiste en que las partes o, en este caso, la autoridad administrativa, pueden allegarse todas las pruebas pertinentes, con la única limitación de que no sean prohibidas por la ley o resulten contrarias a la moral, y los amplios poderes en materia probatoria que autorizan a la autoridad electoral a realizar las investigaciones necesarias para conocer la verdad de los hechos; debe establecerse que la autoridad responsable estaba en aptitud de obtener los elementos necesarios para esclarecer la verdad de los hechos.

 

Es patente que la nota periodística anexada a la denuncia del Consejero Electoral Jaime Cárdenas Gracia, arroja un indicio, al ubicar con exactitud una categoría de actos infractores realizados en el distrito 05 del Estado de Puebla, en la comunidad de San Nicolás Zecalacoayan, Municipio de Chiautzingo, por quienes, se dijo, son miembros del Partido Revolucionario Institucional.

 

Los informes rendidos en un inicio por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Puebla, y los anexos que adjuntó a los mismos, ponen de manifiesto las irregularidades detectadas durante la entrega de notificaciones a ciudadanos insaculados para ser funcionarios de casilla y la confusión que les fue creada a éstos por personas que se ostentaban como elementos del Instituto Federal Electoral o del Partido Revolucionario Institucional, a efecto de capacitar a veintinueve de estos ciudadanos, durante cinco días (del veintiuno al veintiséis de marzo), en la población de San Lorenzo Chiautzingo, en forma paralela a las actividades propias de los capacitadores electorales de ese instituto. Incluso, de tales informes se sigue que en la propia junta celebrada  el veinte de marzo del dos mil, en la población de San Nicolás Zecalacoayan, Municipio de Chiautzingo, José Luis Pérez Roldán, Cándido Lozada Palestino y Máximo Pérez, se ostentaron dirigentes del Comité Seccional del Partido Revolucionario Institucional, ante las propias autoridades electorales, aceptando en gran medida la realización de los hechos controvertidos y agregando que Efrén Arellano Pérez, con domicilio conocido en San Juan Tetla, tenía toda la documentación del municipio de Chiautzingo.

 

El hecho de que el partido denunciado, al comparecer al procedimiento, negara nexo alguno con  José Luis Pérez Roldán, Cándido Lozada Palestino y Máximo Pérez e indicara que no está formado el Comité Seccional de su partido en esa población ni en otras aledañas; desde luego no imposibilita a la autoridad electoral para investigar la vinculación de dichas personas con el citado partido, en tanto que para ello es necesario indagar su conducta partidista actual o anterior, esto es, si ciertamente han actuado como dirigentes o militantes del partido denunciado en la comunidad de referencia, si han desempañado algún cargo público de elección popular postulados por ese partido y, en todo caso, la razón por la cual aparecen como dirigentes seccionales en los reportes de mérito y se ostentaron con tal carácter ante las propias autoridades electorales; puntos éstos que no se encuentran precisados en los informes relativos, pero que son indispensables para conocer la verdad de los hechos denunciados.

 

Consideración semejante cabe hacer en torno a Efrén Arellano Pérez, pues éste fue señalado dirigente municipal del partido denunciado, con domicilio conocido en Juan Tetla, pero no existe investigación alguna respecto a la veracidad de los expresado ni en cuanto al carácter de dicha persona como militante o dirigente municipal; lo cual era necesario precisar en la investigación respectiva, a efecto de resolver lo que en derecho procediera.

La vinculación o no de quienes llevaron al cabo las conductas de mérito, con el partido denunciado, es susceptible de conocerse a través de una investigación adecuada, mediante la debida concatenación, incluso a falta de prueba directa en razón del carácter ilícito de los hechos,  de indicios fuertemente enlazados entre sí, que puedan llegar a poner de manifiesto jurídicamente, conforme a las reglas de la lógica y la experiencia, la certeza o rechazo de la pretendida vinculación.

 

Consta en los mismos informes en estudio que, quien dijo ser esposo de Emilia Cabello Sánchez, se expresó en el sentido de contar con un listado y notificaciones idénticas a las del Instituto Federal Electoral, haber seleccionado ciudadanos para funcionarios de casilla y estar comprometido a transportar a veintinueve de ellos a tomar cursos a San Lorenzo Chiautzingo; sin embargo, en autos no consta el nombre del esposo de Cabello Sánchez, ni tampoco si resulta ser militante o dirigente partidista del Partido Revolucionario Institucional, lo cual también debió esclarecerse en la especie para conocer la verdad de los hechos.

 

Del informe VE/0915/2000, rendido por el Vocal Ejecutivo mencionado, se advierte que éste indicó textualmente:

 

“Por su parte el PRI por medio de su Secretario de Elecciones del Comité Directivo Estatal, negó que su partido haya interferido en los trabajos de capacitación del IFE, y expresó que sólo convocaron a la ciudadanía en el proceso de capacitación.”

 

Sin embargo, al momento de precisar dicho vocal ejecutivo el origen de su información, indicó que fue obtenido de tres fuentes: del Vocal Ejecutivo Distrital, del Presidente de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Consejo Distrital y de los capacitadores electorales a quienes se les negó la recepción de la notificación; sin que ninguno de ellos en su informe respectivo hiciera alusión a lo transcrito anteriormente; inclusive, de dicho informe se advierte que no se especifica el nombre de la persona que tiene la calidad de “Secretario de Elecciones del Comité Directivo Estatal” del partido denunciado, ni con qué elemento se acreditó tal hecho.

 

La circunstancia de que actos semejantes se extendieran a otros distritos electorales en el Estado de Puebla, como fue señalado por el Consejero Jesús Cantú, según informe de la Directora Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Federal Electoral, y corroborado posteriormente con el informe que rindió el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Puebla, al cual se anexa copia certificada de los reportes de los propios capacitadores electorales, de quienes incluso Elda Benítez Plata tuvo contacto directo con las personas que se hacían pasar como capacitadores [los que llevaban logotipos de la CTM] y que tienen valor probatorio por tratarse de informes expedidos por funcionarios electorales en relación con hechos por ellos constatados en ejercicio de sus funciones, ponen de manifiesto que los hechos de referencia no únicamente se limitaron a un distrito electoral, sino que trascendieron a una demarcación geográfica mayor, en el Estado de Puebla.

 

En torno a estos últimos hechos, debe decirse que en el oficio DECEYEC/622/00, se informa que el consejero electoral Jesús Cantú afirmó que conocía de la presunta compra de notificaciones para ciudadanos insaculados, realizada por un funcionario municipal, de nombre Jesús Vázquez, sin que exista constancia en autos de la investigación primigénea, en el sentido de haber agotado las diligencias correspondientes, a efecto de determinar si existe vinculación de dicha persona con el Partido Revolucionario Institucional.

Del informe de fecha treinta y uno de marzo, rendido por la Comisión de Capacitación Electoral, que rindieron los Consejeros Locales Nguyen Enrique Glockner Corte y Luis Francisco Fierro Sosa, se sigue que Raúl Soriana afirmó que su esposa Hilda Orozco y Mercedes Rodríguez Espinoza, coordinan las visitas a ciudadanos insaculados, cuyo trabajo iba muy avanzado y que presentaría un informe al partido denunciado; sin embargo, tampoco se hizo investigación alguna en torno a la vinculación de estas últimas con el partido denunciado.

 

De manera relevante destaca, como sustancialmente lo hace ver la coalición inconforme, la necesidad de recabar las pruebas relativas a las averiguaciones previas 376/2000/IV-I y 377/2000/IV-I, correspondientes a los hechos sucedidos en los distritos 05 y 11, mismas que actualmente se encuentran radicadas, según se precisa en la resolución impugnada, ante la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales con los números AP 161/FEPADE/2000 y AP 162/FEPADE/2000.

 

El conocimiento de las pruebas ahí desahogadas y el informe del estado que guardan las averiguaciones previas mencionadas, resultaba pertinente, ya que pueden aportar mayores elementos a la investigación en la medida en que la autoridad federal ministerial, en ejercicio de las funciones que le confieren los artículos 21 y 102, apartado A, constitucionales, debía investigar los hechos de mérito y la probable responsabilidad de quienes se perfilan como activos, recabando los elementos de prueba para ese efecto, como son las declaraciones de las personas a quienes les consten los hechos, inspecciones oculares, pruebas periciales, etcétera.

 

El recabar tal información no resulta contraria a la moral, ni se encuentra prohibida por la ley, en atención a lo siguiente:

Los artículos 2, 131 y 240 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establecen que para el desempeño de sus funciones las autoridades electorales establecidas por la Constitución y ese código, contarán con el apoyo y colaboración de las autoridades federales, estatales y municipales, las cuales están obligadas a proporcionar a los órganos del Instituto Federal Electoral, a petición de los Presidentes respectivos, los informes, las certificaciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones y resoluciones. Por su parte, el artículo 21 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que resulta aplicable por disposición del punto quince del Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral por el que se aprueban los lineamientos generales para el conocimiento de las faltas administrativas y de las sanciones, previstas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que para la tramitación y sustanciación de las quejas o denuncias se aplicarán, en lo conducente, las disposiciones relativas del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral u otras aplicables, establece que el Secretario del órgano del Instituto o el Presidente de la Sala del Tribunal, en los asuntos de su competencia, podrán requerir a las autoridades federales, estatales y municipales, cualquier elemento o documentación que obrando en su poder, pueda servir para la sustanciación y resolución de los medios de impugnación. Asimismo, en casos extraordinarios, podrán ordenar que se realice alguna diligencia o que una prueba se perfeccione o desahogue, siempre que ello no signifique una dilación que haga jurídica o materialmente irreparable la violación reclamada, o sea un obstáculo para resolver dentro de los plazos establecidos, de conformidad con lo señalado en las leyes aplicables.

Por lo que la autoridad responsable se encuentra facultada para solicitar el informe de las averiguaciones previas mencionadas, máxime si uno de sus funcionarios tuvo la calidad de denunciante.

 

En virtud de haber resultado fundados los agravios analizados, procede revocar la resolución impugnada.

 

Empero, como en el expediente de origen se encontraron omisiones en el procedimiento, que impidieron contar con elementos suficientes para resolver sobre la vinculación del partido denunciado con los hechos materia de la investigación, procede ordenar la devolución del expediente administrativo al Consejo General del Instituto Federal Electoral, a fin de que, en cumplimiento del presente fallo, instruya al Secretario de la Junta General Ejecutiva, para que lleve a cabo las diligencias necesarias a fin de determinar la veracidad de los hechos denunciados, atendiendo especialmente lo relativo a los indicios que se enumeran en esta resolución y, en su oportunidad, una vez que haya recabado todos los elementos necesarios posibles para determinar la existencia o no de responsabilidad del instituto político denunciado, se dicte nueva resolución en los términos que proceda.

 

 Toda vez que los motivos de inconformidad analizados fueron fundados y con base en ellos se revocó la resolución impugnada y se ordenó la complementación del procedimiento administrativo de investigación, es innecesario que este cuerpo colegiado se ocupe de los demás argumentos.

Por lo expuesto y fundado, se

 

R E S U E L V E :

 

PRIMERO. Se sobresee en el recurso de apelación, respecto al dictamen número JGE88/2000 de dieciséis de junio del año dos mil de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, por las razones expresadas en el segundo considerando de esta sentencia.

 

SEGUNDO. Se revoca la resolución del Consejo General del  Instituto  Federal  Electoral,  emitida  en  el  expediente del procedimiento administrativo número JGE/QAPM/JL/PUE/045/2000, el veintitrés de junio del año dos mil, identificada con el número CG144/2000.

 

TERCERO. El Consejo General del Instituto Federal Electoral deberá remitir tal expediente al Secretario de la Junta General Ejecutiva, para los efectos y en los términos de lo expuesto en la parte final del considerando quinto del presente fallo

 

NOTIFÍQUESE personalmente a la coalición actora, en el domicilio ubicado en Viaducto Tlalpan número 100, esquina con Periférico Sur, edificio A, planta baja, colonia Arenal Tetepan, Delegación Tlalpan, de esta ciudad, y al tercero interesado Partido Revolucionario Institucional, en su domicilio ubicado en Avenida Insurgentes Norte número 59, edificio 1, primer piso, colonia Buenavista, de esta ciudad; por oficio a la autoridad responsable, acompañándole copia certificada de este fallo; y, por estrados a los demás interesados.

 

En su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.

 

Así lo resolvieron por mayoría de seis votos, los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis de la Peza, Leonel Castillo González, Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, José de Jesús Orozco Henríquez y Mauro Miguel Reyes Zapata, con el voto en contra del Magistrado Eloy Fuentes Cerda, quien emite voto particular que se incluye en la sentencia,  ante el Secretario General de Acuerdos, que autoriza y da fe, CONSTE.

 

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL MAGISTRADO ELOY FUENTES CERDA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 187 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RESPECTO DE LA SENTENCIA DICTADA POR MAYORÍA DE SEIS VOTOS EN EL EXPEDIENTE SUP-RAP-035/2000.

 

Tomando en consideración que en la sentencia mayoritaria que resuelve el presente recurso, se contienen razonamientos no compartidos, en relación con el ejercicio de la facultad investigatoria que la legislación electoral confiere a favor del órgano sustanciador de un procedimiento administrativo sancionatorio, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 187 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, formulo voto particular en los términos siguientes.

 

Disiento del criterio mayoritario, por cuanto estima fundado el argumento de impugnación en el que se aduce la omisión de la responsable de ejercer “adecuadamente” la facultad investigatoria de que se encuentra investida, bajo la consideración de que en el procedimiento de donde emanó la resolución cuestionada, existen elementos o indicios que evidencian la posible existencia de una falta o infracción legal y que la ausencia en el ejercicio de los poderes conferidos a la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, por conducto de su secretario, para esclarecer plenamente la verdad de las cuestiones fácticas sometidas a su potestad, implica una contravención a las normas que lo regulan.

 

El motivo de mi disenso se genera, porque en mi concepto, escapa al alcance del medio impugnativo, como el que ahora se resuelve, la calificación sobre la suficiencia o insuficiencia en el ejercicio de las facultades indagatorias conferidas al secretario ejecutivo de la referida Junta.

 

Lo anterior, toda vez que conforme lo dispone la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, en su artículo 3, párrafo 2, inciso b), el recurso de apelación se encuentra previsto para garantizar la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones de la autoridad electoral, cuyo conocimiento concluye con un pronunciamiento de fondo, determinando en cada caso concreto, si el acto o resolución que es impugnado, se encuentra o no ajustado a derecho, en razón de lo cual lo confirma, modifica o revoca. Mas no así, es el medio apto para determinar sí las facultades de orden potestativo, propias de la competencia del órgano responsable, se agotaron a cabalidad.

 

A mayor razón, cuando en la misma resolución se da a tales facultades el calificativo de una potestad o posibilidad, como advertí del proyecto previamente circulado, en el cual, a fojas 30, donde se refieren los actos que ha de llevar a cabo la mencionada junta para integrar el expediente, citando en el inciso c) la posibilidad de solicitar información y documentación; a fojas 31, cuando se apunta como nota característica esencial de este procedimiento administrativo el conjunto de atribuciones conferidas al secretario de la Junta sobre la investigación de las cuestiones materia del mismo; a fojas 32, al invocar las disposiciones legales en que se prevé esa potestad probatoria, utilizando el término en dos ocasiones sucesivas; a fojas 33, en que de nueva cuenta aparecen los términos atribución y potestad probatoria, así como en la siguiente foja el de poderes.

 

En este tenor, resulta contradictorio un pronunciamiento que califique de suficiente o no el ejercicio de una facultad a la que se le atribuye el carácter de una potestad, que implícitamente conlleva la noción de libre arbitrio para su ejercicio. Es oportuno citar que en el Lineamiento 12 de los generales para el conocimiento de las faltas administrativas y de las sanciones, previstas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, aprobado por la señalada Junta, se precisa que el Secretario Ejecutivo podrá allegarse de los elementos de convicción que estime pertinentes para integrar el expediente, lo que confirma el atributo de potestad que atinadamente se da en el fallo a la facultad investigatoria dentro del procedimiento en cuestión

 

En el caso, en el procedimiento instaurado, se ejercieron diversas facultades que la ley le otorga a los órganos competentes, bien de manera imperativa, a cuyo cumplimiento se encuentra compelida de una manera insoslayable,  o bien como una mera potestad, habiéndose agotado por su solo ejercicio, dando lugar a la determinación cuestionada, la que ha de ser materia de examen por parte de este órgano jurisdiccional, únicamente cuando a través de ello, se estime se ha vulnerado el orden constitucional o legal establecido.

 

Dicho procedimiento se siguió en todas sus fases, allegando al mismo los elementos que se juzgó conveniente, conforme a la potestad indagatoria que le es propia , por lo cual, es mi convicción, no puede ser materia de análisis en esta vía, sino en caso de una ausencia absoluta que evite resolver sobre los hechos, ante su desconocimiento, en detrimento de la finalidad que con el mismo se persigue y que no es otra que la de tutelar el orden jurídico a través del esclarecimiento de los hechos que pueden derivar en una irregularidad sancionada por la ley.

 

Robustece el sentido de mi criterio, el hecho de que, contrariamente a lo reseñado en la sentencia mayoritaria, el procedimiento administrativo de que se trata, si bien en una fase inicial se vio incitado por un miembro del Consejo General del Instituto Federal Electoral, se tuvo por integrado con motivo de la queja presentada por la coalición “Alianza por México”, como se desprende del dictamen que rindió la Junta General Ejecutiva en el expediente número JGE/QAPM/JL/PUE/045/2000, que en copia certificada obra en múltiples tantos en las constancias del recurso de apelación que se resuelve, mismo expediente en el que el Consejo General del Instituto dictó la resolución hoy combatida, hecho que en estos términos asienta la coalición apelante en el numeral dos de su escrito inicial, queja que así no satisfizo el mínimo previsto en el artículo 40 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en tanto que no se hizo aportando elemento de prueba alguna, pretendiéndose ahora imputar a la autoridad una omisión en la “labor de investigación correcta de los hechos denunciados.

 

Si en los términos apuntados, no ha de ser objeto de revisión el ejercicio de una potestad, menos aun podría señalarse a la omisión imputada como una infracción a la normatividad, en tanto la facultad se ejercitó, quedando en un ámbito subjetivo, de mera apreciación, calificar si ello fue de manera adecuada o no, resultando inadmisible el dictar lineamientos a seguir por la autoridad, para el ejercicio de una potestad sujeta a su propio arbitrio, dentro del ámbito de las facultades que conforman su competencia, y la cual ya ejercitó, como se advierte de las múltiples probanzas que se allegó y que son reseñadas en el misma resolución.

 

MAGISTRADO PRESIDENTE

JOSÉ LUIS DE LA PEZA

MAGISTRADO

MAGISTRADO

LEONEL CASTILLO GONZÁLEZ

ELOY FUENTES CERDA

MAGISTRADA

MAGISTRADO

ALFONSINA BERTA NAVARRO HIDALGO

JOSÉ FERNANDO OJESTO MARTÍNEZ PORCAYO

MAGISTRADO

MAGISTRADO

J. JESÚS OROZCO HENRÍQUEZ

MAURO MIGUEL REYES ZAPATA

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

FLAVIO GALVÁN RIVERA