EXPEDIENTE: SUP-RAP-4/2021

MAGISTRADO PONENTE: FELIPE DE LA MATA PIZAÑA[1]

Ciudad de México,  veinte de enero de dos mil veintiuno.

Sentencia que revoca la determinación emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en el procedimiento ordinario sancionador[2] instaurado, entre otros, contra  Mahelet Enríquez Sánchez, ex candidata independiente a presidenta municipal de Jonacatepec, Morelos; porque no se acreditó que tal persona fuera la responsable de la indebida reproducción fotostática de la lista electoral del proceso electoral 2017-2018 para dicha entidad.

GLOSARIO

I.                    ANTECEDENTES

1. Queja. El 29 de mayo de 2018, la representante del PRI ante el Consejo Municipal del OPLE en Cuautla, Morelos, denunció la supuesta reproducción fotostática del listado nominal del  proceso electoral local 2017-2018.

Refirió que, bajo protesta de decir verdad, ese día, a las 17:38 horas, se presentó en la sucursal de Office Max de Cuautla, Morelos, para sacar copia de documentos personales y se percató de que el personal fotocopiaba un cuadernillo con imágenes de credencial de elector y que ya habían copiado, otros cuadernillos. Dijo que se retiró a la 17:43 horas.

Ofreció como medios de prueba el “ticket” de Office Max para acreditar su presencia y solicitó una inspección ocular, también que se solicitaran los videos de circuito cerrado de la empresa y que, de ser necesario, que se diera vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.

2. Diligencias del Consejo Municipal del OPLE. El mismo día, tal autoridad, en función de Oficialía Electoral, recibió la denuncia y acordó realizar la diligencia de inspección con lo que certificó la existencia de los hechos, respecto a que se habían fotocopiado cuadernillos del Listado Nominal. Asimismo, realizó una serie de requerimientos de los cuales, en su momento, recibió respuesta[3].

3. Remisión al OPLE. El 12 de junio de 2018, el Consejo Municipal remitió la queja al OPLE.

4. Acuerdo de incompetencia del OPLE. El 23 de junio 2018, el OPLE se declaró incompetente para conocer del asunto, porque lo denunciado no encuadraba en ninguno de los supuestos del código electoral local, y le correspondía conocerlo al INE. También ordenó dar vista de la denuncia a la Fiscalía en Delitos Electorales.

5. Competencia del INE para conocer de la queja y vía procesal. El 27 de junio de 2018, la UTCE acordó tener por recibido el expediente de mérito y determinó su competencia para conocer de la queja vía POS. Esto, por relacionarse con un probable uso indebido de la Lista Nominal. Además ordenó una serie de diligencias de investigación. 

6. Admisión, emplazamiento y requerimiento de información[4]. El 19 de septiembre de 2019, se admitió la queja y se ordenó emplazar a la actora[5] y a Office Max[6].

7. Contestación al emplazamiento. El 23 de octubre de 2019 se tuvo a Office Max y a la actora dando contestación al emplazamiento, y a la Unidad de Fiscalización contestando el requerimiento.

8. Resolución impugnada. El 26 de noviembre de 2020, el Consejo General del INE declaró:

a) Inexistentes las infracciones atribuidas a Office Max, y

b) Existente la infracción de indebida reproducción fotostática de listas nominales, utilizadas en el proceso electoral 2017-2018, conducta que atribuyó a la actora y la  sancionó con una multa de 1,500 UMA, equivalentes a $120,000.00.

9. RAP. Inconforme con la resolución anterior, el 14 de diciembre  de 2020, la actora interpuso RAP.

10. Turno. El 8 de enero de 2021, el Magistrado Presidente de esta Sala Superior acordó integrar el SUP-RAP-4/2021, y turnarlo a la Ponencia del Magistrado Felipe de la Mata Pizaña.

11. Radicación, admisión y cierre de instrucción. En su momento, el Magistrado instructor radicó y admitió la demanda; agotada la instrucción la declaró cerrada, y el asunto quedó en estado de resolución.

II. COMPETENCIA

La Sala Superior es competente para conocer y resolver este RAP[7], porque se trata de un medio de impugnación promovido por una persona que fue sancionada, derivado de una determinación del máximo órgano central del INE, relacionada con la infracción de uso indebido de la lista nominal de electores 2017-2018, para la entidad de Morelos.

III. JUSTIFICACIÓN PARA RESOLVER EN SESIÓN NO PRESENCIAL

Esta Sala Superior emitió el Acuerdo General 8/2020[8] en el que reestableció la resolución de todos los medios de impugnación; precisando en su punto de acuerdo Segundo, que las sesiones continuarán por videoconferencia, hasta que el Pleno determine alguna cuestión distinta.

Por ello, se justifica la resolución de este asunto en sesión no presencial.

IV. REQUISITOS DE PROCEDENCIA

Esta Sala Superior considera que el recurso de apelación satisface los requisitos de procedibilidad[9], conforme a lo siguiente:

1. Forma. La demanda se presentó por escrito ante la autoridad responsable; en ella consta el nombre de la actora y su firma autógrafa; se identifica el acto impugnado y la autoridad responsable; se mencionan los hechos en que se basa la impugnación; los agravios que le causa y los preceptos presuntamente violados.

2. Oportunidad. Se tiene por satisfecho el requisito, porque el acto impugnado se emitió el 26 de noviembre de 2020, sin que en el expediente exista constancia de su notificación, o bien, que la actora manifieste alguna fecha en que supo del mismo.

De ahí, que deba tenerse como fecha de conocimiento de la resolución de POS, el día en que la actora presentó la demanda, esto es, el 14 de diciembre de 2020; sobre todo, que la autoridad responsable no plantea alguna causa de improcedencia al respecto[10].

3. Legitimación. Se cumple con el requisito porque se trata de una ciudadana que promueve por su propio derecho contra la determinación que la sancionó[11].

4. Interés jurídico. La actora cuenta con interés jurídico para interponer el actual recurso, porque fue emplazada al POS y se le impuso la sanción que ahora impugna.

5. Definitividad. Esta Sala Superior no advierte algún otro medio de impugnación que deba agotarse por la recurrente antes de acudir a esta instancia, con lo cual se debe tener por satisfecho el requisito.

V. ESTUDIO DEL FONDO

A. ¿Qué resolvió el Consejo General del INE en el POS?

En esencia indicó que:

- El asunto derivó de la remisión del expediente que integró el OPLE, por la queja de la representante del PRI en el Consejo Municipal de Cuautla, sobre la posible infracción por la reproducción fotostática del listado nominal 2017-2018, atribuible a Office Max y a quien resultara responsable.

- De las diligencias de investigación, estimó necesario llamar al procedimiento a Mahelet Enríquez Sánchez.

- Una vez que precisó los hechos, las diligencias y las pruebas que recabó, indicó que no se acreditaba la conducta respecto a Office Max, pero sí en cuanto a Mahelet Enríquez Sánchez.

- Conducta de Mahelet Enríquez Sánchez. Fue candidata independiente y, por ello, recibió en mayo, 22 cuadernillos de listas nominales para la jornada electoral de Morelos.

Además, indicó que de los audiovisuales entregados por Office Max, se advertían imágenes del fotocopiado y se veían logotipos del INE y del OPLE en la portada de los documentos y una página de la lista nominal, e indicó que era la de Morelos.

Asimismo, señaló que de las actas de inspección ocular del OPLE y UTCE, las manifestaciones del apoderado de Office Max, junto con los documentos entregados por éste, los solicitados al OPLE y los referidos materiales audiovisuales, se acreditaba que la actora faltó a la norma, al ordenar la reproducción de la lista nominal municipal 2017-2018.

- Conducta de Office Max. Dijo que no se acreditaba la infracción, pues se limitó a ofertar el servicio de fotocopiado y no había prueba contundente de otra cuestión; así que ante la duda razonable, aplicaba la presunción de inocencia. No obstante, dijo que lo conminaba a regir sus actividades en los cauces legales omitiendo en sus servicios reproducir material electoral.

- Con base en ello, individualizó la sanción para la actora y las multó con 1500 UMA, equivalente a $120 mil pesos.

B. ¿Qué se argumenta en la demanda?

La recurrente aduce los siguientes agravios:

- Falta de exhaustividad y de certeza en la valoración de pruebas e identificación de la persona que solicitó el servicio de fotocopiado.

- Discrepancia de los documentos valorados por la responsable.

- Multa excesiva.

C. ¿Qué decide esta Sala Superior?

Los argumentos[12] son fundados, porque tal como lo expone la actora y se demostrará, no hubo exhaustividad en la valoración de las pruebas, pues no se acredita de modo contundente, que solicitara el servicio de fotocopiado del listado nominal objeto de la denuncia.

Así que ante, la insuficiencia de medios de prueba que acrediten que cometió la conducta infractora procede revocar la determinación.

i. Marco jurídico

Padrón electoral y listado nominal

Por disposición constitucional y legal, para los procesos electorales federales y locales, el INE tiene a su cargo el padrón electoral y las listas nominales[13].

Las listas nominales son las relaciones elaboradas por la DERFE, con los nombres de las personas del padrón electoral[14], agrupadas por distrito y sesión, a quienes se ha entregado su credencial para votar[15].

El INE, los partidos políticos y los candidatos independientes están obligados a salvaguardar la confidencialidad de tales datos; por ello, el INE emite lineamientos para el uso del padrón y las listas de electores en los comicios, a fin de regular la forma en la cual se protegerán los datos personales de la ciudadanía[16].

Por otra parte, hay derechos y obligaciones para los sujetos en relación con el manejo, resguardo y protección de la información y datos personales de las personas, contenidos en la lista nominal:

En todo caso, el personal del Instituto y los partidos políticos, y los Candidatos Independientes, están obligados a salvaguardar la confidencialidad de los datos personales contenidos en las listas nominales de electores residentes en el extranjero. La Junta General Ejecutiva dictará los acuerdos e instrumentará las medidas necesarias para tal efecto.

El INE tiene la obligación de emitir lineamientos para el uso del padrón y las listas de electores en los comicios, para regular la forma en la cual se protegerán los datos personales de los ciudadanos.

Por otra parte, hay derechos y obligaciones para los sujetos en relación con el manejo, resguardo y protección de la información y datos personales  contenidos en la lista nominal:

Del INE

       Garantizar la protección de la información y los datos personales en posesión del INE, así como evitar su alteración, transmisión y acceso no autorizado;

       Los documentos, datos e informes que los ciudadanos proporcionen al Registro Federal de Electores, serán estrictamente confidenciales y no podrán comunicarse o darse a conocer, excepto para el cumplimiento de sus funciones.

De los aspirantes y Candidatos Independientes

       Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta a los principios del Estado democrático, respetando los derechos de los ciudadanos; así como cumplir las disposiciones contenidas en la LGIPE.

De la ciudadanía, dirigentes, afiliados o cualquier persona física o moral

  Conducir sus actividades en los cauces legales y ajustar su conducta a los principios del Estado democrático, respetando los derechos, y

  Cumplir las disposiciones contenidas en la LGIPE.

Presunción de inocencia

Es un principio constitucional[17] que implica que toda persona imputada se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad por sentencia emitida por el juez de la causa.

La SCJN ha estimado que los principios constitucionales del debido proceso legal y el acusatorio resguardan en forma implícita el diverso de presunción de inocencia, dando lugar a que la ciudadanía no esté obligada a probar la licitud de su conducta ni tiene la carga de probar su inocencia[18].

Además, ha señalado que la presunción de inocencia se constituye en el derecho de las personas acusadas, a no sufrir una condena a menos que su responsabilidad haya quedado demostrada plenamente, mediante una actividad probatoria de cargo, obtenida de manera lícita, conforme a las correspondientes reglas procesales[19].

Esta Sala Superior ha precisado que la presunción de inocencia es aplicable y debe observarse en los procedimientos sancionadores electorales[20].

Dicho principio debe ser aplicado como regla de trato al individuo que se procesa o investiga, con la finalidad que se le considere como inocente hasta en tanto no se demuestre lo contrario.

Entonces, las autoridades no pueden imponer las consecuencias de una infracción, a quienes se les sigue un procedimiento administrativo, cuando no hay prueba que demuestre plenamente su responsabilidad.

ii. Caso concreto

a. Falta de exhaustividad y certeza al valorar las pruebas e identificar a la persona responsable, así como discrepancia en los documentos 

La actora aduce que existe discrepancia entre los testimonios vertidos por el personal de Office Max y en la inspección judicial realizada por el OPLE, ya que, por un lado, el apoderado de Office Max refirió que el personal indicó que se presentó una persona de sexo femenino quien se ostentó como Mahelet Enríquez Sánchez, la cual solicitó las copias, sin dar mayores datos de su media filiación o del documento con que se hubiera identificado.

Y, por otro, en el acta de inspección del OPLE se dice que el gerente del establecimiento manifestó desconocer el nombre de la persona que solicitó el servicio. Por lo que hay falta de certeza en la identificación.

Asimismo, dice que hay diferencia respecto de los acuses de recepción del Listado Nominal, porque en uno de estos no está el logotipo del OPLE y firma; y, el otro contiene logotipo, folio y firma de su representante legal.

Sumado a que, aunque recibió el listado nominal como candidata independiente, lo entregó a su representante que se encargó de su distribución a los representantes de casilla y de su recopilación y, además, desconocía  si se contrató el servicio de fotocopiado que se le atribuía.

Agrega que siempre ha manifestado que no acudió a solicitar el servicio de fotocopiado y no hay prueba contundente de la conducta que se le atribuye.

Decisión.

Los agravios son fundados

Además, ha señalado que la presunción de inocencia se constituye en el derecho de las personas acusadas, a no sufrir una condena a menos que su responsabilidad haya quedado demostrada plenamente, mediante una actividad probatoria de cargo, obtenida de manera lícita, conforme a las correspondientes reglas procesales[21].

Entonces, las autoridades no pueden imponer las consecuencias de una infracción, a quienes se les sigue un procedimiento administrativo, cuando no hay prueba que demuestre plenamente su responsabilidad.

Ello, porque debía acreditarse, plenamente, que la actora efectivamente fue la persona que solicitó la reproducción del listado nominal atinente, para así poder atribuirle responsabilidad.

No obstante, ni la denunciante ni la autoridad investigadora cumplieron con tal obligación y, por tanto, existe insuficiencia de pruebas para imputar la infracción a Mahelet Enríquez Sánchez.

Esto, ya que la presunción de inocencia implica, entre otras cuestiones, la observancia de las reglas referentes a la actividad probatoria, tales como la relativa a la carga de la prueba.

Por eso, cuando se denuncia la indebida reproducción de la lista nominal por parte de una persona candidata, ciudadana, servidora pública, partido, entre otros, se deben de probar dos elementos:

 La reproducción de la lista nominal de electores (conducta antijurídica), e

 Identificar a la persona que realizó tal conducta antijurídica (sujeto activo).

Para probar estos elementos, opera la regla general sobre que el que afirma está obligado a demostrar su dicho[22], lo que implica que el denunciante tiene, en principio, la carga de acreditar plenamente que los hechos denunciados constituyen una conducta típica, antijurídica y culpable.

Además, debe demostrarse que la persona denunciada (sujeto activo) realizó la reproducción de la lista nominal (conducta antijurídica); de modo que, si ésta alega que no lo realizó, no puede exigírsele probar tal hecho negativo, pues en términos de carga de la prueba tampoco son objeto de demostración los mismos, salvo que envuelvan una afirmación[23].

En consecuencia, si la persona denunciante y la autoridad investigadora no demuestran, plenamente, que la denunciada, efectivamente solicitó la reproducción de la lista nominal de electores, opera la presunción de inocencia a su favor.

Así las cosas, se tiene que el Consejo General tuvo por acreditado que la reproducción de un listado nominal 2017-2018, que se realizó en la sucursal de Office Max en Cuautla, fue solicitado por la actora pero sin medios probatorios suficientes.

Esto, porque para llegar a tal conclusión, adujó que como la actora era candidata independiente había recibido 22 cuadernillos de lista nominal del proceso en Morelos, entre el 11 de mayo y el 1 de agosto de 2018.

En ese sentido refirió que, de los videos proporcionados por Office Max, se advertía que la lista nominal que se fotocopió era la del proceso electoral 2017-2018 en Morelos.

Asimismo, que el apoderado legal de Office Max dijo que el servicio se hizo el 29 de mayo de 2018, que al negocio se presentó una persona de sexo femenino que se ostentó como Mahelet Enríquez Sánchez y que solicitó el fotocopiado, y que del acta de la inspección del OPLE, el día de los hechos, el gerente no sabía el nombre de la mujer que solicitó el servicio.

No obstante, el 30 de mayo, cuando la persona regresó se ostentó como candidata independiente y presentó un documento que, estimó, tenía similitud con el que había proporcionado el OPLE respecto de la entrega de los 22 listados nominales proporcionados a la actora.

Con ello, concluyó que se acreditaba que Mahelet Enríquez Sánchez faltó a la normatividad electoral, al ordenar indebidamente la reproducción de la lista nominal usada en el proceso local municipal 2017-2018.

Ahora bien, contrario a lo resuelto por el Consejo General, esta Sala Superior estima, que de las constancias del expediente no se prueba la identidad de la persona que acudió a solicitar el servicio de fotocopiado de un listado nominal para el proceso electoral en Morelos, así que no puede imputársele la infracción a la actora.

Valoración probatoria

Pruebas, su valoración individual y conjunta

A continuación, se valoran, individual y conjuntamente, las pruebas que obran en el expediente, en los términos siguientes.

DOCUMENTALES PÚBLICAS[24]

DOCUMENTALES PRIVADAS[25]

Una vez relacionadas, descritas y valoradas en lo individual las pruebas, corresponde ahora su valoración conjunta, conforme a lo siguiente:

Documentales públicas

De las actas circunstanciadas del OPLE y de la UTCE se acredita que se realizó el fotocopiado de cuadernillos de la lista nominal 2017-2018 en Morelos, aunque no se precisa a qué secciones corresponden. También se aprecia que ello aconteció en el Office Max, sucursal de Cuautla, el 29 de mayo de 2018.

Por otro lado, hay grado de convicción de que el servicio lo solicitó una mujer; no obstante, no hay mayor dato que la identifique; pues adminiculados los hechos de las actas solo puede afirmarse que la mujer acudió el 29 de mayo a solicitar el servicio  y que el 30 siguiente, fue a pagar el trabajo que pidió.

Ello, porque de lo asentado solo se advierte que se presenta una mujer de saco negro con blusa roja, acompañada de otras dos personas, un hombre y una mujer, que acudieron a la sucursal, que estuvieron en el área de fotocopiado y la mujer habló con el personal de la empresa, así como que se llevó alguno de los documentos; sin embargo, no existen mayores datos de identificación o descripción de tales personas. 

Sin que sea obstáculo, lo manifestado por los empleados del Office Max, el día de los hechos, a personal del OPLE, pues cuando estos los cuestionaron, el empleado que realizó el servicio, solo dijo que lo hacía por encargo de 2 personas del sexo masculino que dijeron ser del INE y que quedaron de regresar por el trabajo y, el  gerente solo refirió que el trabajo se hizo por pedido del INE.

Por otro lado, de las documentales presentadas por el OPLE, a solicitud de la UTCE, se acredita que la actora fue candidata municipal, y que recibió, el 11 de mayo de 2018, 22 cuadernillos de listados nominales de las secciones del Municipio de Jonacatepec, Morelos. Lo que, además, la actora acepta.

Documentales privadas

De los diversos escritos presentados tanto por la actora, como por el apoderado de Office Max se advierte que:

La denunciada reconoce que fue candidata a presidenta municipal, que por ello se le entregaron 22 cuadernillos de la lista nominal del Municipio de Jonacatepec, 2017-2018 y que, a su vez, se los entregó a su representante que, se encargó de repartirlos y recopilarlos al final de la jornada; no obstante, niega haber solicitado un servicio de fotocopiado y dice desconocer quién lo pidió. Lo que coincide con lo acreditado en los documentos públicos.

Por otro lado, aunque del escrito del apoderado de Office Max, se observa que éste refiere que la persona que acudió a la sucursal a solicitar el servicio fue la actora, puede advertirse que el escrito no guarda inmediatez con los hechos, pues fue presentado hasta el 11 de junio de 2018, es decir, 12 días después de haberse fotocopiado una lista nominal (29 de mayo).

Además, los hechos que relata el apoderado, no son los que a él le constan, sino que narra lo que supuestamente le contó el gerente de la sucursal de Office Max, sobre el día de los hechos.

Sumado a ello, tales hechos no concuerdan totalmente con los que, de forma inmediata, declararon los trabajadores de Office Max, cuando personal del OPLE les preguntó respecto del fotocopiado y se asentó en el acta circunstanciada referida (elaborada el propio 29 de mayo).

Lo anterior, porque los trabajadores, hablaron de personas del INE pero, en principio, no mencionaron a alguna mujer y menos dieron un nombre.

Sin embargo, acorde al escrito del apoderado legal, el gerente le comunicó que la persona que solicitó el servicio se identificó como Mahelet Enríquez Sánchez y dijo ser trabajadora del INE y que, al día siguiente cuando pidió sus copias y se le comentó que no podían dárselas porque tal reproducción era ilegal, la referida mujer dijo que ella si podía usar los documentos ya que era candidata independiente y estaba autorizada por el OPLE.

Agregó el apoderado legal, que tal persona se fue y regresó posteriormente a la sucursal y entregó un documento sobre su supuesta autorización para fotocopiar las listas nominales.

Por otra parte,  la autoridad valoró tal documento y lo consideró de contenido similar al acuse de recibo del OPLE, cuando se entregaron a la actora los cuadernillos de la lista nominal. Ambos documentos se muestran a continuación:

Ahora bien, en ese sentido es que resultan fundados los agravios, pues como puede advertirse, efectivamente, hay discrepancia, por un lado, respecto a las manifestaciones del personal de Office Max que, supuestamente, la identificó como la persona que solicitó el fotocopiado y, por otro, en cuanto al documento que, al parecer, entregó en la sucursal y el que proporcionó el OPLE.

Esto, porque como se refirió, de forma inmediata, el día de los hechos, el personal de Office Max dijo que quien solicitó el servicio fue personal del INE, e incluso quien atendió, directamente, el servicio de fotocopiado, manifestó que eran dos hombres; además, nunca dieron mayor referencia de tales personas, ni su nombre, ni su filiación, ni, en su caso, algún otro dato de cómo o por qué se identificaron.

Por su parte, el apoderado dice que el gerente dijo que la actora fue la persona que solicitó el servicio. Añadió que al día siguiente comentó que era candidata independiente.

En ese sentido, también puede advertirse que no se da mayor explicación de por qué, la denunciada, el 29 de mayo, día que supuestamente solicitó el servicio, habría llegado a una sucursal a identificarse con su nombre completo y un cargo, cuando, en su caso, solo había pedido un servicio de fotocopias, respecto del cual, en principio, la empresa, según lo manifestó el apoderado legal, actuó de buena fe y desconocía que la reproducción.

Cuestión diferente a cuando el 30 de mayo, quien solicitó el fotocopiado fue a recogerlo, pues ese día, al parecer el personal de la empresa, sí cuestionó a tal persona respecto al servicio pedido y, entonces, ésta refirió que tenía autorización y presentó un documento.

No obstante, el aparente documento que se presentó para justificar tal dicho es una copia simple de una hoja que, contiene, un texto similar al del acuse de recibo que proporcionó el OPLE a la actora, y contiene una franja al final, con los mismos datos de teléfono y página de internet del mencionado recibo; pero no tiene el logotipo del OPLE y, además, por sus características, es un documento fácilmente reproducible.

Es decir, el documento que proporcionó el apoderado de Office Max, pudo ser elaborado por cualquier persona y, en su caso, también cualquier persona pudo hacerlo llegar.

Así que, aunque podría ser un indicio resulta levísimo, porque no hay otros elementos que corroboren que ese documento fue entregado por la actora, que lo usó para identificarse y solicitar la reproducción de copias o que, necesariamente, es el mismo que le entregó el OPLE respecto de sus listas nominales.

Sobre todo, que por ejemplo, en los videos presentados respecto a lo acontecido el 30 de mayo, en ninguno se advierte esta circunstancia, menos que la hubiera realizado, por ejemplo, la mujer de saco negro y blusa roja que en los mismos se observa y que se quiere identificar como la actora.

Por tanto, el hecho de que ambos documentos tengan contenido similar, no demuestra que lo haya proporcionado la denunciada ni que ella fue la que solicitó el servicio de fotocopiado.

Sobre todo, que la actora niega totalmente tales hechos y, no hay mayores elementos que demuestren de, algún modo, que ella acudió a la sucursal para solicitar el servicio multicitado. Por ejemplo, en ninguna de las actas hay datos que revelen la media filiación de la actora.

Tampoco, a lo largo de la investigación hubo o se requirió algún documento de la denunciada con el que se le identificara o pudiera ser identificada por el personal de la empresa que se encargó del fotocopiado a la lista nominal.

En ese sentido, haber demostrado que una mujer pidió el servicio referido, que se hizo mención del nombre de la actora y que hay una copia simple de un documento con contenido similar al que le dieron a Mahelet Enríquez cuando se le proporcionaron los listados nominales; es insuficiente para acreditar que fue quien acudió a la sucursal de Office Max y solicitó la reproducción del listado nominal 2017-2018, de Morelos, que es la materia de la denuncia; sobre todo que, como se dijo, ésta niega los hechos.

En todo caso, en el contexto del caso, tampoco hay elementos que acrediten que los cuadernillos de listas nominales que fueron reproducidos son los que se entregaron a la actora[26].

Así las cosas, aunque se acredita la existencia del hecho denunciado y que el mismo contraviene la normativa electoral, es decir, aunque está demostrado que el 29 de mayo de 2018, en la sucursal de Office Max de Cuautla, se reprodujeron cuadernillos del listado nominal 2017-2018 de la elección de Morelos; no hay elementos contundentes para que tal infracción pueda imputarse a la denunciada.

Esto, porque no hay una prueba convincente que no genere duda alguna, de que la denunciada fue la persona que acudió a la sucursal de Office Max a solicitar el servicio de fotocopiado del listado nominal; por tanto, no puede atribuírsele la responsabilidad de la infracción materia de denuncia.

De ahí, que los agravios aquí analizados sean fundados.

b. Multa excesiva

Por otro lado, la actora señala que la multa impuesta por la responsable es excesiva porque el hecho imputado nunca fue ordenado por ella y, además, tiene tres dependientes económicos, por lo que sus ingresos son sumamente inferiores a la sanción a la que se le condena. 

Decisión

Esta Sala Superior estima que es innecesario el estudio de este planteamiento, porque con la resolución de los puntos anteriores, la actora alcanza su pretensión de que se revoque la resolución y, por consecuencia, la multa que se le impuso.

D. Conclusión

Dado lo fundado de los conceptos de agravio del recurrente, se revoca la resolución del Consejo General del INE emitida en el procedimiento ordinario sancionador de mérito, en lo que fue controvertido en este RAP.

VI. RESUELVE

ÚNICO. Se revoca la resolución controvertida, en lo que fue materia de impugnación.

Notifíquese como en Derecho corresponda.

En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido y, en su caso, hágase la devolución de la documentación exhibida.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron la Magistrada Janine M. Otálora Malassis y los Magistrados José Luis Vargas Valdez, en su calidad de Presidente, y Felipe de la Mata Pizaña, integrantes de esta Sala Superior, así como el Magistrado Juan Carlos Silva Adaya, integrante de la Sala Regional de este Tribunal Electoral, correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal con sede en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México. Lo anterior conforme con lo acordado por el Pleno de este órgano jurisdiccional en sesión privada por videoconferencia de dieciséis de enero de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 187, párrafo cuarto, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por ser el Magistrado con más antigüedad y de mayor edad entre las y los integrantes de las Salas Regionales. Con la ausencia de la Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso y de los Magistrados Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Indalfer Infante Gonzales y Reyes Rodríguez Mondragón. Ante el Secretario General de Acuerdos que da fe.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.