RECURSO DE APELACIÓN.

 

EXPEDIENTE: SUP-RAP-60/2007 Y ACUMULADO.

 

ACTORES: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y OTROS.

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.

 

MAGISTRADO PONENTE: MANUEL GONZÁLEZ OROPEZA.

 

SECRETARIO: CARLOS BÁEZ SILVA.

 

 

México, Distrito Federal, a uno de agosto de dos mil siete.

 

V I S T O S para resolver los autos de los Recursos de Apelación, identificados con los números de expediente SUP-RAP-60/2007 y SUP-RAP-61/2007, interpuestos, el primero de ellos, por los partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo y, el segundo, por Convergencia, contra el Acuerdo CG220/2007 del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se aprueba el cambio de adscripción del personal de carrera que ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo en las Juntas Ejecutivas Locales.

 

R E S U L T A N D O:

 

Antecedentes. De lo narrado en el escrito inicial de demanda, así como de las constancias que obran en autos se desprende lo siguiente:

 

I. El veintiuno de junio de dos mil siete, en sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobó el acuerdo CG220/2007, del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se Aprueba el cambio de adscripción del personal de carrera que ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo en las Juntas Ejecutivas Locales, cuyo tenor es el siguiente:

 

“CG220/2007

 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se aprueba el cambio de adscripción del personal de carrera que ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo en las Juntas Ejecutivas Locales.

 

C o n s i d e r a n d o

 

1.                        Que conforme a lo dispuesto por el artículo 41, párrafo segundo, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución), la organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral (Instituto), dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordena la ley; en el ejercicio de esa función estatal la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores.

 

2.                        Que la Constitución determina que el Instituto será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia; los órganos ejecutivos y técnicos contarán con el personal calificado necesario para prestar el Servicio Profesional Electoral (Servicio), cuyas relaciones de trabajo se regirán por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Código), el Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral (Estatuto), así como las disposiciones que con base en ellos apruebe el Consejo General y la Junta General Ejecutiva.

 

3.                        Que el artículo 73, numeral 1 del Código establece que el Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad guíen todas las actividades del Instituto.

 

4.                        Que el artículo 80, numeral 4 del Código prevé que el Secretario Ejecutivo del Instituto colaborará con las comisiones del Consejo General para el cumplimiento de las tareas que se les hayan encomendado.

 

5.                        Que en términos del artículo 82, párrafo 1, inciso b) del Código, y del artículo 12, fracción I, del Estatuto, el Consejo General tiene, dentro de sus atribuciones, vigilar la oportuna integración y adecuado funcionamiento de los órganos del Instituto.

 

6.                        Que además de lo dispuesto en el artículo 82, párrafo 1, inciso e) del Código, y en los artículos 12, fracción V del Estatuto, se desprende la atribución del Consejo General para designar y determinar el lugar de adscripción de los vocales ejecutivos, conforme a los procedimientos aplicables.

 

7.                        Que de conformidad con el artículo 89, numeral 1, incisos i) y j) del Código, el Secretario Ejecutivo del Instituto tiene, entre sus atribuciones, aprobar la estructura de las direcciones ejecutivas, vocalías y demás órganos del Instituto conforme a las necesidades del Servicio y los recursos presupuestales autorizados; así como nombrar a los integrantes de las juntas locales y distritales ejecutivas, de entre los miembros del Servicio, de conformidad con las disposiciones aplicables.

 

8.                        Que de conformidad con el artículo 171, numeral 1 del Código, por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto Federal Electoral, todo su personal hará prevalecer la lealtad a la Constitución, las leyes y a la Institución, por encima de cualquier interés particular.

 

9.                        Que el artículo 171, numeral 2 del Código establece que el Instituto podrá determinar el cambio de adscripción de su personal, cuando por necesidades del Servicio se requiera, en la forma y términos que establezcan el propio Código y el Estatuto.

 

10.                    Que en atención a lo dispuesto en el artículo 9 del Estatuto, para la readscripción del personal de carrera se tomarán en cuenta los resultados de las evaluaciones del desempeño, del aprovechamiento en el Programa de Formación y Desarrollo Profesional y de la evaluación global del desempeño.

 

11.                    Que el artículo 14, fracción III del Estatuto, señala que le corresponde a la Junta General Ejecutiva fijar, a propuesta de la DESPE, los procedimientos administrativos del Servicio respecto del reclutamiento, la selección, la incorporación, la adscripción, la readscripción, la evaluación del desempeño, las actividades de formación y desarrollo, la titularidad, la promoción, el ascenso, la disponibilidad, los incentivos, la movilidad y las sanciones del personal de carrera, así como aquellos que sean necesarios para la correcta operación del Servicio, conforme a las políticas y programas generales del Instituto.

 

12.                    Que el artículo 18, fracciones I, IV y V del Estatuto, ordena que le corresponde a la DESPE lo siguiente: planear, organizar, coordinar y desarrollar el Servicio, en los términos previstos en el Estatuto y de conformidad con los procedimientos aprobados por la Junta; cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos del Servicio; y, llevar a cabo los programas de reclutamiento, selección, evaluación del desempeño, formación y desarrollo de los miembros del Servicio, así como los demás contenidos en el Estatuto, en lo que respecta al personal de carrera del Instituto.

 

13.                    Que en el artículo 51 del Estatuto, la readscripción es el acto mediante el cual un miembro del Servicio es adscrito a un órgano o unidad técnica distinto al que ocupa en un mismo nivel u homólogo a éste; por tanto, la readscripción podrá implicar movilidad, mas no ascenso ni promoción.

 

14.                    Que el artículo 53 del Estatuto señala que la Junta General Ejecutiva podrá proponer al personal de carrera por necesidades del Servicio o a petición del interesado, con base en el dictamen que al efecto emita la DESPE de cada propuesta (dictámenes que forman parte integrante del presente Acuerdo), en el cual considerará la idoneidad del solicitante y los resultados obtenidos en sus evaluaciones, así como la adecuada integración de las Juntas o Direcciones correspondientes.

 

15.                    Que de conformidad con el mismo artículo mencionado en el considerando anterior, la DESPE dará preferencia, de entre quienes hayan solicitado su readscripción y cumplan con los requisitos para el cargo o puesto, a los miembros del Servicio que tengan titularidad y, en caso de miembros titulares, a aquellos que cuenten con mayor rango. Cuando los miembros titulares que soliciten readscripción tengan el mismo rango, se dará preferencia a quien cumpla con los requisitos y tenga mejores resultados en las evaluaciones globales de los últimos dos años.

 

16.                    Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 del Estatuto, la Junta General Ejecutiva podrá proponer al Consejo General la readscripción de vocales ejecutivos de juntas locales y distritales para la adecuada integración y funcionamiento de los órganos del Instituto.

 

17.                    Que la propuesta de cambios de adscripción incluida en el presente Acuerdo contiene tres movimientos a petición de parte, a saber: José Luis Vázquez López, actualmente Vocal Ejecutivo Local en Chiapas y que se propone su readscripción al estado de Coahuila; de Hugo García Cornejo, actualmente Vocal Ejecutivo Local en Durango y que se propone su readscripción al estado de Hidalgo; y Carlos Manuel Rodríguez Morales, actualmente Vocal Ejecutivo Local en Tabasco y que se propone su readscripción al estado de Morelos.

 

18.                    Que conforme a lo dispuesto por el artículo 74 del Estatuto, la adscripción o readscripción se llevará a cabo de acuerdo a las necesidades del Instituto y la idoneidad del personal de carrera para ocupar el cargo o puesto de que se trate, sin menoscabo de las remuneraciones y prestaciones que le correspondan.

 

19.                    Que la propuesta de cambios de adscripción incluida en el presente Acuerdo contiene 14 movimientos por necesidades del Instituto, los cuales se presentan a continuación:

 

Núm.

Nombre

Adscripción actual

Adscripción propuesta

1

David Alejandro Delgado Arroyo

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Aguascalientes.

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Durango.

2

Marina Garmendia Gómez

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Baja California Sur.

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco.

3

Luis Guillermo de San Denis Alvarado Díaz

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Campeche.

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Quintana Roo.

4

Pablo Sergio Aispuro Cárdenas

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Coahuila.

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de San Luis Potosí.

5

Matías Chiquito Díaz de León

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Hidalgo.

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nuevo León.

6

Dagoberto Santos Trigo

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Morelos.

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Campeche.

7

Josué Cervantes Martínez

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nayarit.

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Veracruz.

8

Roberto Villarreal Roel

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nuevo León.

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Tamaulipas.

9

Jorge Carlos García Revilla

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Oaxaca.

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Tabasco.

10

Luis Garibi Harper y Ocampo

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Puebla.

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Chiapas.

11

Abraham Güemez Castillo

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Quintana Roo.

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Oaxaca.

12

Héctor Gerardo Hernández Rodríguez

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de San Luis Potosí.

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Aguascalientes.

13

Jaime Arturo Ortiz González

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Tamaulipas.

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nayarit

14

Carlos Fabián Flores Lomán

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Veracruz.

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Puebla.

 

20.                    Que de conformidad con el artículo 144, fracciones VII, VIII, X y XVI del Estatuto, son obligaciones del personal de carrera las siguientes: observar y hacer cumplir las disposiciones de orden jurídico, técnico y administrativo que emitan los órganos competentes del Instituto; desempeñar sus labores con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, observando las instrucciones que reciban de sus superiores jerárquicos; desarrollar sus actividades en el cargo o puesto, lugar y área de adscripción que determinen las autoridades del Instituto; y las demás que señale el Código, el Estatuto, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y otros ordenamientos aplicables.

 

21.                    Que además, según el artículo 144, fracción XV del Estatuto, el personal de carrera que será readscrito mediante el presente Acuerdo tendrá la obligación de conducirse con rectitud y respeto ante sus superiores jerárquicos, compañeros y subordinados, así como ante los representantes de los partidos políticos, de los que recibirán igual trato.

 

22.                    Que el 8 de noviembre de 2005, la Comisión del Servicio Profesional Electoral (Comisión) acordó que durante el Proceso Electoral Federal 2005-2006, el Instituto no aprobaría cambios de adscripción de miembros del Servicio, salvo que las condiciones y las necesidades del Instituto así lo requieran. Dicha medida tuvo por objeto procurar una adecuada integración de las juntas y direcciones ejecutivas, y favorecer la continuidad de los trabajos que desarrollaban los miembros del Servicio en las diferentes áreas del Instituto.

 

23.                    Que el 15 de noviembre de 2006, la DESPE emitió la circular número CIRCULAR/007/2006 en la que establece que los miembros del Servicio deben presentar sus solicitudes de readscripción durante el periodo comprendido del 3 de julio al 24 de noviembre de 2006. Las solicitudes antes referidas fueron registradas oportunamente en la base de datos de la DESPE.

 

24.                    Que el 20 de febrero de 2007, la Comisión conoció la elaboración de dos índices elaborados por la DESPE sobre el rendimiento de los miembros del Servicio y de los equipos de trabajo en las juntas locales ejecutivas, para auxiliar en la elaboración de una propuesta integral de cambios de adscripción del personal de carrera.

 

25.                    Que mediante oficio sin número, de fecha 30 de abril de 2007, el C. Esteban Mario Garaiz Izárra presentó su renuncia al cargo de Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco. De esta forma, a partir del 1 de mayo de 2007 quedó vacante la Vocalía Ejecutiva de Jalisco.

 

26.                    Que el presente Acuerdo representa la etapa final de una estrategia integral de rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral que consta de tres etapas, dos de las cuales ya fueron aprobadas, relativas a cambios de adscripción en los órganos desconcentrados del Instituto, tanto de Vocales Ejecutivos de Juntas Distritales como de funcionarios que ocupan cargos y puestos distintos a Vocal Ejecutivo.

 

27.                    Que la estrategia integral mencionada en el numeral anterior tiene por objeto atender las necesidades del Instituto y fortalecer su adecuado funcionamiento durante el Proceso Electoral Federal 2008-2009.

 

28.                    Que la decisión del cambio de adscripción de 17 Vocales Ejecutivos Locales está sustentada en dictámenes que atienden diversas variables relativas a antigüedad en adscripciones actuales, grados de complejidad electoral, demográfica y geográfica de los distritos electorales y las entidades federativas, niveles de desempeño tanto de los funcionarios en lo individual como de las juntas locales y distritales, rendimientos tanto de funcionarios en lo individual como de las juntas locales y distritales medidos por medio de índices que atienden factores como cumplimiento de metas en el factor eficacia de la evaluación especial del desempeño, trabajo en equipo, clima laboral, número de denuncias, procedimientos administrativos, sanciones, y solicitudes de cambio de adscripción emitidas por Vocales Ejecutivos Locales y Directores Ejecutivos.

 

29.                    Que por instrucción del Secretario Ejecutivo del Instituto, la DESPE integró una propuesta de cambios de adscripción de vocales ejecutivos locales; misma que tomó en cuenta el desempeño laboral de los grupos de trabajo de las juntas ejecutivas locales, el desempeño laboral de los miembros del Servicio en lo individual, así como las necesidades del Servicio y del Instituto.

 

30.                    Que en sesión extraordinaria celebrada el 18 de junio de 2007, la Comisión se pronunció favorablemente sobre la propuesta que presentó la DESPE en relación con la readscripción del personal de carrera que ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo en las juntas ejecutivas locales.

 

31.                    Que el día 18 de junio de 2007, la Junta General Ejecutiva aprobó proponer al Consejo General del Instituto, a través de la Secretaría Ejecutiva, la readscripción de 17 funcionarios que actualmente se desempeñan como vocales ejecutivos de juntas locales ejecutivas.

 

32.                    Que en razón de lo anterior, el Consejo General estima que se han cumplido con los requerimientos legales y estatutarios correspondientes para proceder a la aprobación de las readscripciones de vocales ejecutivos locales, tomando en cuenta que con ello se contribuirá a la adecuada integración de los órganos desconcentrados del Instituto.

 

33.                    Que a efecto de contribuir al adecuado desarrollo de procesos electorales locales cuya jornada electoral tendrá lugar en los meses de julio y agosto de 2007 en las entidades de Durango, Aguascalientes y Oaxaca, dentro del ámbito de competencia y colaboración que brinda el Instituto Federal Electoral a los institutos electorales locales, se estimó pertinente que los cambios de adscripción surtan efecto a partir del 15 de agosto de 2007.

 

De conformidad con los considerandos vertidos, y con fundamento en los artículos 41, fracción III, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73; 80, numeral 4; 82; párrafo 1, incisos b), e) y z); 89, numeral 1, incisos i) y j); y 171, numerales 1 y 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5; 6; 9; 12, fracciones I y V; 14, fracción III; 18, fracciones I, IV, y V; 51; 53; 74; y 144, fracción X del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral, el Consejo General del Instituto Federal Electoral emite el siguiente:

 

A c u e r d o

 

Primero.- Se autoriza la readscripción en el cargo de Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva, al siguiente personal de carrera:

 

Núm.

Nombre

Adscripción actual

Adscripción aprobada

Tipo de cambio de adscripción

1

David Alejandro Delgado Arroyo

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Aguascalientes.

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Durango.

Por necesidades del Instituto, con fundamento en el artículo 74 del Estatuto.

2

Marina Garmendia Gómez

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Baja California Sur.

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco.

Por necesidades del Instituto, con fundamento en el artículo 74 del Estatuto.

3

Luis Guillermo de San Denis Alvarado Díaz

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Campeche.

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Quintana Roo.

Por necesidades del Instituto, con fundamento en el artículo 74 del Estatuto.

4

Pablo Sergio Aispuro Cárdenas

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Coahuila.

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de San Luis Potosí.

Por necesidades del Instituto, con fundamento en el artículo 74 del Estatuto.

5

José Luis Vázquez López

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Chiapas.

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Coahuila.

A petición de parte, con fundamento en el artículo 53 del Estatuto.

6

Hugo García Cornejo

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Durango.

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Hidalgo.

A petición de parte, con fundamento en el artículo 53 del Estatuto.

7

Matías Chiquito Díaz de León

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Hidalgo.

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nuevo León.

Por necesidades del Instituto, con fundamento en el artículo 74 del Estatuto.

8

Dagoberto Santos Trigo

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Morelos.

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Campeche.

Por necesidades del Instituto, con fundamento en el artículo 74 del Estatuto.

9

Josué Cervantes Martínez

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nayarit.

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Veracruz.

Por necesidades del Instituto, con fundamento en el artículo 74 del Estatuto.

10

Roberto Villarreal Roel

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nuevo León.

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Tamaulipas.

Por necesidades del Instituto, con fundamento en el artículo 74 del Estatuto.

11

Jorge Carlos García Revilla

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Oaxaca.

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Tabasco.

Por necesidades del Instituto, con fundamento en el artículo 74 del Estatuto.

12

Luis Garibi Harper y Ocampo

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Puebla.

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Chiapas.

Por necesidades del Instituto, con fundamento en el artículo 74 del Estatuto.

13

Abraham Güemez Castillo

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Quintana Roo.

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Oaxaca.

Por necesidades del Instituto, con fundamento en el artículo 74 del Estatuto.

14

Héctor Gerardo Hernández Rodríguez

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de San Luis Potosí.

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Aguascalientes.

Por necesidades del Instituto, con fundamento en el artículo 74 del Estatuto.

15

Carlos Manuel Rodríguez Morales

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Tabasco.

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Morelos.

A petición de parte, con fundamento en el artículo 53 del Estatuto.

16

Jaime Arturo Ortiz González

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Tamaulipas.

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nayarit

Por necesidades del Instituto, con fundamento en el artículo 74 del Estatuto.

17

Carlos Fabián Flores Lomán

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Veracruz.

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Puebla.

Por necesidades del Instituto, con fundamento en el artículo 74 del Estatuto.

 

Segundo.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, por conducto de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral, a notificar a las personas mencionadas en el punto anterior sobre sus nuevas adscripciones, a efecto de que a partir del 15 de agosto de 2007 asuman las funciones inherentes al cargo al que se les ha adscrito.

 

Tercero.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva a expedir los oficios de adscripción que correspondan, en los términos de las disposiciones aplicables, así como girar las instrucciones conducentes a las áreas competentes para la realización de las acciones de orden administrativo que resulten necesarias.

 

Cuarto.- El presente Acuerdo deberá publicarse en el Diario Oficial de Federación.

 

El presente acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 21 de junio de dos mil siete.

 

 

II. El veintisiete de junio de dos mil siete, los partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo, por conducto de sus representantes, interpusieron ante la autoridad responsable recurso de apelación, en contra del acuerdo precisado en el resultando inmediato anterior, haciendo valer como hechos y agravios los siguientes:

 

H E C H O S

 

1.- El día 19 de junio de 2007, se notificó a los partidos que representamos del orden del día de la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Federal Electoral.

 

En el que en el punto 3 -sin aviso o consulta previa alguna- de dicho orden del día se ponía a consideración el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se aprueba el cambio de adscripción del personal de carrera que ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo en las Juntas Ejecutivas Locales.

 

Entregándose posteriormente un anexo como: "Anexo único del Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se aprueba el cambio de adscripción del personal de carrera que ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo en las Juntas Ejecutivas Locales".

 

2.- El día 21 de junio de 2007, en sesión extraordinaria el Consejo General, pese a los señalamientos y objeciones de varios partidos políticos aprobó con ocho votos a favor y uno en contra -voto que correspondió al consejero Marco Antonio Gómez Alcatar- el acuerdo de cambios de adscripción de 17 Vocales Locales. Cuyos puntos de acuerdo son [se transcriben]…

 

Mismos, que ocasionan a los partidos que representamos los siguientes:

 

 

A G R A V I O S

 

PRIMER AGRAVIO

 

FUENTE DE AGRAVIO.- Lo constituyen todos y cada uno de los considerandos y en especial los considerandos 10, 15, 17, 18, 19, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 al 33 en relación los puntos de acuerdo Primero, Segundo y Tercero del acuerdo, que por este acto se impugna.

 

ARTÍCULOS LEGALES VIOLADOS.- 14, 16, 17, 41 fracción III párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 1, 3, 73, 80, 82 párrafo 1 inciso e), 89 numeral 1, inciso i) y j); 103 párrafo 1 inciso b), 171, numeral 1 y 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 3, 5, 6, 9, 12, 14, 18, 51, 53, 74, 144 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral.

 

CONCEPTO DE AGRAVIO.- Lo constituye la falta de motivación del acuerdo impugnado, violándose con ello los principios de certeza, legalidad, objetividad que el Consejo General del Instituto Federal Electoral se encuentra obligado a salvaguardar.

 

El acuerdo que propone el cambio de adscripción de 17 Vocales Ejecutivos Locales incumple lo dispuesto en los artículos 171, párrafo dos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 74 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral que a continuación se reproducen:

 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

 

Artículo 171.- 1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto Federal Electoral, todo su personal hará prevalecer la lealtad a la Constitución, las leyes y a la Institución, por encima de cualquier interés particular.

 

2. El Instituto Federal Electoral podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y términos que establezcan este Código y el Estatuto.

 

Estatuto del Servicio Profesional Electoral

 

ARTICULO 74. La adscripción o readscripción se llevará a cabo de acuerdo a las necesidades del Instituto y la idoneidad del personal de carrera para ocupar el cargo o puesto de que se trate, sin menoscabo de las remuneraciones y prestaciones que le correspondan.

 

Los Directores Ejecutivos y los Vocales Ejecutivos de las Juntas Locales Ejecutivas podrán solicitar a la Dirección Ejecutiva, por razones de operación del Servicio, la readscripción de cualquier miembro del Servicio adscrito a su área.

 

De la lectura de los artículos antes reproducidos se desprende que (respecto al artículo 171) el Instituto Federal Electoral podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su personal, cuando por necesidades del Servicio se requiera en la forma y términos que establezcan el Código y el Estatuto. Mientras que el Artículo 74 del Estatuto determina que la readscripción se llevará de acuerdo a las necesidades del Instituto y la idoneidad del personal de carrera para ocupar el cargo o puesto de que se trate.

 

Por lo tanto, la readscripción no puede ser discrecional ni puede llevarse a cabo sin anteponer los principios rectores y los elementos objetivos que son necesarios para realizarla.

 

Esto implica que deben colmarse mínimamente dos supuestos:

 

Primero. Las necesidades particulares del Instituto y,

 

Segundo. La idoneidad del personal de carrera.

 

Lo que implica, que teniendo en cuenta el carácter nacional del Instituto se deben tener presentes las características geográficas, sociales y políticas distintas.

 

Y por consecuencia, se debe valorar que las necesidades que tiene el Instituto en cada uno de los Estados, son distintas y diferenciadas. Así, afirmar que la misma necesidad se presenta en todas las juntas ejecutivas locales de todo el país o que haya una sola necesidad de todo el Instituto, implicaría realizar una rotación de todos los Vocales Ejecutivos y no exclusivamente un número particular como es el caso del acuerdo que se impugna. Por lo que, el cambio de adscripción en ningún caso es una facultad discrecional, sino que como todo acto de autoridad tiene que estar debidamente ajustado a derecho.

 

En el acuerdo que se impugna no se señalan, ni en los considerandos ni en los anexos correspondientes, las necesidades particulares de ninguna de las juntas locales en las que se pretende modificar la adscripción de Vocales Ejecutivos Locales.

 

Respecto al requisito de idoneidad del personal, es dable citar lo señalado por la Real Academia de la Lengua española que refiere:

 

1.f. Cualidad de idóneo.

 

E idóneo lo define como:

 

1. adj. Adecuado y apropiado para algo

 

Así las cosas, dicho concepto en el caso concreto, debe entenderse como aquel personal de carrera que justamente por contar con las más altas calificaciones en las evaluaciones que se han realizado, por tener experiencia en la materia y por vigilar el correcto funcionamiento de sus juntas ejecutivas locales, resultan ideales para ser enviados a otra ciudad, respecto de la cual el Instituto Federal Electoral necesite su presencia.

 

Otro aspecto a considerar es que los cambios de adscripción tienen dos propósitos esenciales: el primero consiste en generar condiciones adecuadas para el mejor desempeño de los funcionarios del Servicio. En esta lógica un cambio se justifica si ello beneficia al funcionario y, al mismo tiempo, si ello favorece a la institución; el segundo propósito radica en que los cambios de adscripción se realizan cuando es la única solución ante problemas de funcionamiento, rendimiento o integración en los equipos de trabajo.

 

En ese orden de ideas, para cumplir dicho requisito los Vocales Ejecutivos con las más altas calificaciones y mayor experiencia deberían ser quienes sean adscritos a distintas juntas locales, que por sus características particulares requieren una atención especial y no al revés, como sucede en el acuerdo que se combate.

 

Lo anterior, queda patente si se lee lo señalado en el considerando número 28 que establece:

 

28. Que la decisión del cambio de adscripción de 17 Vocales Ejecutivos Locales está sustentada en dictámenes que atienden diversas variables relativas a antigüedad en adscripciones actuales, grados de complejidad electoral, demográfica y geográfica de los distritos electorales y las entidades federativas, niveles de desempeño tanto de los funcionarios en lo individual como de las juntas locales y distritales, rendimientos tanto de funcionarios en lo individual como de las juntas locales y distritales medidos por medio de índices que atienden factores como cumplimiento de metas en el factor eficacia de la evaluación especial del desempeño, trabajo en equipo, clima laboral, número de denuncias, procedimientos administrativos, sanciones, y solicitudes de cambio de adscripción emitidas por Vocales Ejecutivos Locales y Directores Ejecutivos.

 

Sin embargo, de la lectura del considerando 28 - y otros considerandos 19, 18, 27 y 30- y del anexo correspondiente no se desprende que verdaderamente se atienda, en forma cierta y objetiva los factores de:

 

         Antigüedad en adscripciones actuales.

 

         Grados de complejidad electoral.

 

         Demográfica y geográfica de los distritos electorales y las entidades federativas.

 

         Niveles de desempeño tanto de los funcionarios en lo individual como de las juntas locales y distritales

 

Por el contrario, se observa una total discrecionalidad en las conclusiones y razonamientos realizados.

 

Así como ya se había señalado, no son los más idóneos los que son adscritos a las Juntas con mayor dificultad, lo que implicaría necesariamente la necesidad de movilizar a los 32 Vocales Ejecutivos Locales y no sólo a 17, cuestión que en ninguna parte del acuerdo impugnado se motiva, ni se hace razonamiento alguno respecto al porqué se realizan en específico dichos movimientos.

 

En este orden de ideas, como lo manifestó el Consejero Electoral Marco Antonio Gómez Alcanzar, en la sesión en la que fue aprobado el acuerdo el criterio que se utiliza para cambiar de adscripción a un miembro del Servicio Profesional, de conformidad con el acuerdo que se combate, es: "el hecho de que posee bajas calificaciones, convirtiendo a la readscripción en un castigo o sanción y/o en una forma de reparar administrativamente deficiencias, violentando lo dispuesto por el Estado, mismas que tampoco son razonadas, en forma alguna".

 

Más adelante señala:

 

La readscripción debe ser un instrumento que cubra las necesidades del IFE con sus mejores elementos. No puede ser un instrumento que atienda las filias y fobias ni puede ser un herramienta de control administrativo.

 

Si se determina que un funcionario incurre en faltas o hace un trabajo insatisfactorio, no se le debe cambiar de junta, sino que se le debe determinar su responsabilidad y terminar su relación laboral.

 

Un mal elemento debe ser destituido y no readscrito. Precisamente por eso es que el artículo 24 del Estatuto prevé la figura de la destitución. Fin de la cita.

 

Lo anterior queda de manifiesto si se ven objetivamente los cambios realizados así:

 

De los 17 Vocales Ejecutivos cuyo cambio se propone, seis son calificados entre los 10 mejores y seis son calificados entre los 10 peores; sólo cinco movimientos se encuentran calificados a media tabla.

 

Ahora bien, si partimos de la idea de que para el Instituto Federal Electoral significa un parámetro para distinguir a los mejores vocales de juntas locales y darles un lugar en una escala del 1 al 32 se estaría en la lógica de poner a los mejores locales -con el mejor índice de redimiendo en los estados de mayor complejidad y de mayor número de distritos. Sin embargo en la especie esto no acontece.

 

Así, si los enumeráramos del 1 al 32 veríamos que los estados en se proponen cambios de adscripción estarían acomodados de la siguiente manera:

 

Estado y Distrito

Tamaño del Estado (distritos) e índice rendimiento.

Nayarit 3 Distritos (viene de Colima) y se va a Veracruz que tiene 21

Veracruz 21 Distritos (El vocal tiene el lugar 2 del índice)

Baja California Sur 2 Distritos. (Pero está en el 3er. lugar del índice de rendimiento y va a Jalisco que tiene 19 distritos.

Jalisco 19 distritos.

Nota de aquí en adelante la lógica de lugar de rendimiento y estado de complejidad y número de distritos se pierde. Y con ello toda la lógica planteada.

Nota de aquí en adelante la lógica de lugar de rendimiento y estado de complejidad y número de distritos se pierde. Y con ello toda la lógica planteada.

Quintana Roo 3 (distritos) (4 lugar en rendimiento debería irse a Puebla) Sin embargo lo manda. Cabe mencionar que este vocal nunca tuvo más distritos. Y lo envían a uno de 11.

Oaxaca 11 distritos.

Chiapas 12 (distritos) (siendo el lugar 6 solicita un lugar dónde hay 7 distritos y se le otorga. Sin tomar en cuenta que las necesidades del servicio solicitaban que su experiencia fuera utilizada al máximo.

Coahuila (7 Distritos) Aquí un vocal en un estado de alta complejidad y con 12 distritos pasa a un estado de menor complejidad y con sólo 7 distritos.

 

Como se observa en los dos primeros cambios de adscripción del cuadro anterior, se observa la lógica que se supone es la que se establece en el acuerdo impugnado y en su respectivo anexo, se va cumpliendo, sin embargo a partir de los siguientes movimientos dicha situación no acontece, como es posible apreciar.

 

Tal sin razón, se traduce en que el actual vocal de Campeche, por ejemplo, es evaluado con la más baja calificación de todos los Vocales y sin embargo, se considera el idóneo para Quintana Roo, que como Junta Local Ejecutiva se encuentra considerada como la 3era en el rendimiento de juntas locales ejecutivas.

 

Por otra parte el actual Vocal de Puebla, que se encuentra ubicado dentro del número 29 es idóneo, según el acuerdo que se impugna, para el estado de Chiapas, mismo que en el anexo del dictamen es considerado como un estado de alta complejidad, cuestión que resulta contradictoria, pues se envía un vocal ubicado en los últimos lugares a uno de los estados más complicados de la república.

 

Pero si se toma en cuenta el redimiendo de las Juntas Locales Ejecutivas, que se establece en el anexo del acuerdo impugnado -como elemento que motiva el cambio-, uno se encuentra ante la falta total de certeza, pues tanto Quintana Roo como Chiapas son Juntas Locales Ejecutivas cuyo desempeño es satisfactorio y, sin embargo, en esos lugares es donde se envía a dos de los Vocales de lo peor evaluados.

 

Otro ejemplo, es que el Vocal Ejecutivo de Tabasco tiene un índice de rendimiento de 10 (de Junta Local) y se traslada a Morelos que tiene un rendimiento de 16 Junta Local. Esto es, tampoco el índice de rendimientos de las juntas es un elemento que motive debidamente los cambios de adscripción, lo que deja en evidencia una clara falta de motivación y violación al principio de legalidad.

 

Debiendo significarse que esta circunstancia totalmente subjetiva se repite a lo largo de todos los dictámenes que forman parte del acuerdo impugnado.

 

Respecto a lo señalado en el anexo del dictamen, se observa una clara violación los principios de legalidad, certeza y objetividad en virtud de lo siguiente:

 

Por cuanto a los Vocales Ejecutivos que se encontraban en los Estados de Chiapas, Morelos, San Luis Potosí, Veracruz, Baja California Sur, Nuevo León, Oaxaca, Tabasco.

 

Se establece que su cambio de adscripción "puede", "puden" o "podrían" ayudar a las juntas a mejorar su desempeño, lo cual es totalmente subjetivo -se basan en hechos futuros de naturaleza incierta y se circunscriben en el terreno de la especulación- y no pude ser un elemento que pueda tomarse como base para el cambio de adscripción.

 

Por otro lado, de los 17 cambios; 9 de los cambios van de más distritos a menos distritos, sin ninguna lógica, ni justificación siendo el ejemplo más dramático Tamaulipas (8 Distritos) a Nayarit (3 Distritos). También esté el caso de Oaxaca (11 Distritos) a Tabasco (6 Distritos). Lo que de nuevo provoca total falta de certeza y objetividad y en consecuencia una total falta de motivación.

 

Así las cosas, si se observa con cuidado los argumentos que se ofrecen para calificar a un Vocal de excelente son los mismos para intentar justificar el movimiento.

 

Se le cambia porque "es bueno", porque ha desarrollado cualidades de liderazgo y ello fortalecerá el equipo de trabajo al que llegará. Pero al justificar el cambio del que llega al cargo que deja el que se va, se dice que llega a corregir los defectos de funcionamiento acumulados con el desempeño del anterior.

 

Por último, es de significase que los vocales que se encuentran ubicados a media tabla son tratados de la misma forma que los vocales ubicados en los últimos lugares, como se observa de la simple lectura del acuerdo y su correspondiente anexo impugnado.

 

Por otra parte, tampoco se establece con claridad en los dictámenes qué peso en la decisión implicó que vocales tuvieran alguna clase de procedimiento, o incluso una sanción, por lo que la valoración para los cambios es desigual. Ya que la valoración respecto a procedimientos abiertos, es subjetiva por cuanto no han sido sancionados algunos vocales y no es valorada en todos los dictámenes.

 

Lo anterior es verificable de la simple lectura de los dictámenes que forman parte del acuerdo impugnado. Por lo que este elemento tampoco se encuentra debidamente motivado, pues carece de objetividad al ser considerado.

 

Tampoco hay claridad sobre las sanciones firmes y sus consecuencias. Lo que deja en total estado de indefensión a los partidos que representamos por cuanto a que no hay claridad sobre el uso de dichos elementos -sanciones- para estimar procedente las correspondientes readscripciones.

 

Cabe señalar que incluso se mencionan denuncias que fueron en su momento desechadas o resueltas a favor por los órganos centrales del Instituto, por lo que no deberían afectar ni ser tomados en cuenta para la toma de decisiones.

 

Así, si fueran admitidos tales razonamientos, se caería en la lógica de premios y castigos que no buscaría satisfacer las "necesidades" de las Juntas Locales Ejecutivas ni la "idoneidad" de los funcionarios readscritos. Al cambiar a un "mal" funcionario se le "castiga" pero también se "castiga" a la Junta Local Ejecutiva a la que se le readscribe.

 

Antigüedad en adscripciones actuales: como ejemplo de absoluta discrecionalidad en el manejo de esta "variante relativa", en caso extremo, se puede ver el caso del Vocal Ejecutivo de Nayarit, que sólo en 5 meses fue readscrito de Colima a Nayarit y con este Acuerdo se le readscribe a Veracruz; en contra parte, algunos Vocales Ejecutivos Locales -no son objeto del acuerdo que se impugna- permanecen en sus entidades federativas en las que tienen mas de 10 años, incluso todo su tiempo en la función, casos concretos los Vocales Ejecutivos de Sonora, Sinaloa.

 

Grados de complejidad electoral, demográfica y geográfica de los distritos electorales y las entidades.- Considerando esta "variable relativa " existen dos casos aberrantes como son la supuesta "idoneidad" de la Vocal Ejecutivo Local de Baja California Sur que su experiencia en el Servicio Profesional Electoral y en el cargo, siete años y medio, han sido en la Junta Local Ejecutiva de Baja California Sur con dos distritos electorales y 5 municipios para cubrir una entidad con una alta complejidad política electoral como es Jalisco con 19 distritos electorales y 124 municipios o el multicitado Vocal Ejecutivo de Nayarit, con adscripción original hasta hace cinco meses en Colima, entidad con 2 distritos electorales y 10 municipios, actualmente por cinco meses en Nayarit, con 3 distritos lectorales y 20 municipios y se le readscribe al Estado de Veracruz con 21 distritos electorales y 212 municipios.

 

Aparte se dan otros casos como Hidalgo a Nuevo León y de Quintana Roo a Oaxaca, cuyas entidades a las que son readscritos obviamente requieren funcionarios de mayor experiencia, cuestión que no se observa para los cambios aprobados.

 

Así, los elementos señalados como "Grados de complejidad electoral, demográfica y geográfica de los distritos electorales y las entidades federativas", no son en realidad tomados en cuenta de manera objetiva y motivada para modificar la adscripción de vocales.

 

Por cuanto a lo señalado en el considerando en cita y el anexo a que se refiere, tampoco se ven surtidos los elementos de "Niveles de desempeño tanto de los funcionarios en lo individual como de las juntas locales y distritales" y "Antigüedad en adscripciones actuales". Esto es así, por que de lo ya narrado queda en evidencia que no fueron elementos que objetivamente se hubieran considerado, pues en tal virtud los cambios de adscripción de ser 17 pasarían a ser 32 tomando en cuenta dicha circunstancia.

 

En este mismo orden de ideas, con los términos "necesidades" del Servicio y del Instituto en cada Junta Local Ejecutiva y la "idoneidad" de los funcionarios readscritos a cada una de ellas; trata de justificarse con los dictámenes elaborados para cada uno de los funcionarios.

 

Los cuales, como se observa de su lectura no son más que un listado enunciativo de "diversas variables relativas" (sic), muchas de las cuales se desconocen, cómo, cuándo y por quién fueron valoradas y determinadas, por ejemplo: grados de complejidad electoral demográfica y geográfica de los distritos electorales y de las entidades federativas: trabajo en equipo y clima laboral (sic). Variables que no son únicamente relativas sino además subjetivas y que, como todas las demás nunca se determina su peso específico para la toma de las decisiones para los cambios de adscripción. Debiendo señalarse que dichas "variables" no están contempladas ni en la ley, ni en el Estatuto.

 

Evaluación Especial del Desempeño 2005-2006. Se indica en los dictámenes el lugar ocupado en ese renglón por cada Vocal Ejecutivo Local pero se reconoce por los Consejeros Electorales del Consejo General, en defensa del Acuerdo durante la sesión correspondiente, que las diferencias entre uno y otro lugar es de milésimas o centésimas y que todos sin excepción están dentro de los rangos de "muy buenos o excelentes", pues como se puede observar todos los vocales están entre 8 y 9 de calificación, cuestión que no puede ser tomada en cuenta para objetivamente establecer una calificación real si se tiene claro que las calificaciones se asientan del 1 al 5, siendo las décimas resultados de sumatorias y no de calificaciones concretas.

 

Razón por la que esta variable no aporta nada a la sustentación del acuerdo; mas si se analiza que en la parte objetiva de las evaluaciones del desempeño, factores de eficiencia y eficacia, si no en los elementos subjetivos de la Evaluación del Desempeño: Perfiles de Actuación y Competencias donde los Vocales Ejecutivos Locales son evaluados por algunos superiores jerárquicos o normativos con cincos (calificación máxima) o cuatros; y ese mismo funcionario es evaluado por otro superior sólo con las calificaciones mínimas: uno y dos, evidenciando lo subjetivo y discrecional de ese componente de las evaluaciones.

 

Además, debe significarse que la evaluación del desempeño 2005-2006, llamada "especial de proceso" no está concluida sino subjúdice, esto es, que no está concluida porque hay impugnaciones en curso, de modo que ni el índice comentado en el párrafo anterior puede servir de referencia ni la evaluación anual.

 

Por último se argumenta por los Consejeros, no en el cuerpo de Acuerdo sino en la pretendida defensa del mismo durante la sesión que los cambios basados en "demasiada antigüedad en la entidad" es para evitar "contubernios" con autoridades o partidos en la entidad federativa, sin especificar cuáles, y en base a ese razonamiento no se explica el por qué permanecen por siempre en sus entidades de donde son originarios los Vocales Ejecutivos Locales en Sonora y Sinaloa, presuponiendo una pureza prístina de ambos funcionarios.

 

Todo lo anterior, confirma la violación flagrante de todos los artículos de la Constitución, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y del Estatuto que son considerados para motivar el acuerdo, evidencia de que los cambios se instrumentaron de forma discrecional, caprichosa y persiguiendo fines ocultos; no motivados en las "necesidades" institucionales y de la "idoneidad" de los funcionarios adscritos, violentando la certeza jurídica que el Instituto debe otorgar a su personal.

 

Por lo que, en conclusión, ni las readscripiciones contenidas en el considerando 17 ni las correspondientes al considerando 19 se demuestra, conforme a lo dispuesto por el artículo 74 del Estatuto, cuáles son las necesidades concretas de cada Junta Local Ejecutiva y de la Delegación correspondiente en cada Entidad que se pretenden cubrir; como tampoco se demuestra la idoneidad de los funcionarios readscritos a dichas Juntas Locales Ejecutivas. Lo que hace igualmente inaplicable lo señalado en el considerando 18 respecto a la afirmación de que se cubrieron los extremos previstos en el artículo 74 del estatuto.

 

Ya que como se ha estado señalado, no existe en realidad idoneidad ni necesidad acreditadas en el acuerdo impugnado. Lo mismo ocurre respecto a lo señalado en el considerando 19 cuando se establecen cambios por "necesidades del servicio".

 

Adicionalmente a estas inconsistencias y/o incongruencias es posible observar otras más, a saber:

 

Como se desprende de la simple lectura de los propios dictámenes y de la lectura del considerando 15 del acuerdo combatido, el Vocal Ejecutivo de Baja California, Marina Garmendia Gómez, así como el Vocal Ejecutivo en Chiapas José Luis Vázquez López, no cuentan con la titularidad del servicio incumpliendo con lo establecido en el considerando 15 y el artículo 53 del Estatuto requieren.

 

Así el considerando 15 del acuerdo impugnado señala:

 

15. Que de conformidad con el mismo artículo mencionado en el considerando anterior, la DESPE dará preferencia, de entre quienes hayan solicitado su readscripción y cumplan con los requisitos para el cargo o puesto, a los miembros del Servicio que tengan titularidad y, en caso de miembros titulares, a aquellos que cuenten con mayor rango.

 

Cuando los miembros titulares que soliciten readscripción tengan el mismo rango, se dará preferencia a quien cumpla con los requisitos y tenga mejores resultados en las evaluaciones globales de los últimos dos años.

 

Y el artículo 53 del Estatuto señala:

 

ARTICULO 53. La Junta podrá readscribir al personal de carrera por necesidades del Servicio o a petición del interesado, con base en el dictamen que al efecto emita la Dirección Ejecutiva sobre la procedencia de las solicitudes. La Dirección Ejecutiva presentará a la Junta sólo aquellas solicitudes dictaminadas con una anticipación mínima de tres días hábiles anteriores a la celebración de la siguiente sesión de la Junta. Para elaborar sus dictámenes, la Dirección Ejecutiva considerará la idoneidad del solicitante y los resultados obtenidos en sus evaluaciones, así como la adecuada integración de las Juntas o Direcciones correspondientes, e informará a los titulares de las Direcciones y Juntas Locales respectivas, así como a la Comisión por medio de su Presidente, quienes tendrán un mínimo de dos días hábiles para emitir, en su caso, observaciones. En función de las necesidades del Servicio, la Junta podrá proponer al Consejo la readscripción de vocales ejecutivos.

 

Para elaborar su dictamen, la Dirección Ejecutiva dará preferencia, de entre quienes hayan solicitado su readscripción y cumplan con los requisitos para el cargo o puesto, a los miembros del Servicio que tengan titularidad y, en caso de miembros titulares, a aquellos que cuenten con mayor rango. Cuando los miembros titulares que soliciten readscripción tengan el mismo rango, se dará preferencia a quien cumpla con los requisitos y tenga mejores resultados en las evaluaciones globales de los últimos dos años.

 

De la lectura del artículo anterior y de lo señalado en párrafos anteriores, en realidad no existe congruencia entre lo señalado por la responsable, en términos de que se opta por perfiles que tienen titularidad en el cargo -esto es, los mejores perfiles- y el resto de los mismos y de igual forma no se observa lógica alguna para la determinación de los nombramientos, pues tampoco se establecen razones objetivas mediante las cuales se acredite la idoneidad y necesidad de la readscrpición, como ya se ha venido señalando.

 

A este respecto cabe señalar que el requisito de la titularidad no es cosa menor, derivado de que es el mecanismo por el cual los miembros del Servicio Profesional alcanzan un grado de confianza y estabilidad es precisamente la titularidad, misma que exige pasar materias y realizar una serie de tareas específicas. Por lo que, no es dable que la omisión denunciada pueda no tomase en cuenta.

 

Pues el hecho de haber preferido servidores que no contaban con al titularidad para realizar cambios, frente a otros, es un elemento que no permite establecer con claridad cuáles son las razones de fondo de los cambios de adscripción, mismas que como se observa carecen de toda objetividad y debida motivación.

 

Otro aspecto que sobresale tiene que ver con la construcción de los dictámenes. Que por su contenido y formato son una especie de "machotes" en los que se dice para justificar el cambio de unos, lo mismo para sustentar el cambio de otros, como si las condiciones de cada Delegado fueran las mismas.

 

Por cuanto hace a lo señalado en el considerando 17 debe decirse que no se define quiénes de los 31 Vocales Ejecutivos Locales solicitaron cambio de adscripción; sin embargo, no se motiva y no se sustenta el por qué se les concede únicamente a los tres, ahí señalados, ni se motiva o fundamenta el por qué no se les concedió a los demás solicitantes el cambio de adscripción.

 

Esto cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que el Vocal Ejecutivo de Tabasco, que pidió en su última solicitud de 23 de noviembre de 2006 ser readscrito a Jalisco y no se cumplió sino que se prefirió enviar a la Vocal de Baja California Marina Garmendia.

 

Por último, se pretende establecer a la "rotación" (considerando 26) como un principio, debiendo señalarse que no es un principio operativo del Servicio Profesional Electoral del Instituto Federal Electoral.

 

No hay una sola mención de este concepto en toda la normativa institucional.

 

Debe señalarse que son cinco las fases operativas normadas por el Estatuto para el Servicio Profesional Electoral: El ingreso, la formación, la evaluación, la promoción, ascenso e incentivos, y la sanción (procedimientos administrativos), sin embargo, no hay una sola mención a "la rotación". Y si ésta se aceptara y asumiera como una característica del Servicio Profesional Electoral, que no lo es ¿No sería completa y no parcial? Por lo que como se observa en este rubro también se encuentra acreditada la completa inconsistencia y falta de motivación de lo señalado por la responsable.

 

Respecto a lo señalado en el considerando 29 se recalca que, por instrucciones del Secretario Ejecutivo del Instituto, la DESPE (sic) integró una propuesta de cambios de adscripción de Vocales Ejecutivos Locales tomando en cuenta, se argumenta de nuevo sin definir, las "necesidades" del servicio y del Instituto, cuestión que como ya se ha señalado no se acredita, pues de los dictámenes no se puede desprender una correcta motivación, que permita establecer claramente las razones de los cambios de adscripción.

 

Así, en ningún caso se argumenta que las características y perfil de un Vocal se ajustan a las condiciones y requerimientos de la entidad y del equipo de trabajo al que se le pretende adscribir. Porque un Vocal que está en la entidad "X" puede ir a la entidad "Y" y no a la "Z", eso no queda claro en los documentos a la vista y, por lo tanto, se está vulnerando el principio de legalidad y objetividad, mismos que rigen al Servicio Profesional Electoral, por lo que hace a la ocupación de plazas.

 

En conclusión debe estimarse que las readscripciones que se realizan en el acuerdo impugnado no atienden ni a las necesidades del Instituto Federal Electoral ni a la idoneidad del personal de carrera y; en consecuencia, no cumplen con los requisitos que para el cambio de adscripción señala tanto el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales como el Estatuto del Servicio Profesional Electoral.

 

Es por ello, que la readscripción de vocales de las juntas ejecutivas locales no pueden ser discrecionales y caprichosas, sino que a fin de proporcionarles deben ser debidamente fundadas y motivadas, señalando no sólo la facultad que tiene el Instituto para cambiar de adscripción a su personal, sino también las necesidades que originan dicho cambio y las razones por las que se estima que un determinado vocal pudiera satisfacer dichas necesidades, generando con ello un beneficio para el Instituto, para él y para sus familias. Cuestión que como se demostró en la especie no acontece.

 

SEGUNDO AGRAVIO

 

FUENTE DE AGRAVIO.- Lo constituyen todos y cada uno de los considerandos y en especial los considerandos 10, 15, 17, 18, 19, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 al 33 en relación los puntos de acuerdo Primero, Segundo y Tercero del acuerdo que por este acto se impugna.

 

ARTÍCULOS LEGALES VIOLADOS.- 14, 16, 17, 41 fracción III párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 1, 3, 73, 80, 82 párrafo 1 inciso e), 89 numeral 1, inciso i) y j); 103 párrafo 1 inciso b) 171, numeral 1 y 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 3, 5, 6, 9, 12, 14, 18, 51, 53, 74, 144 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral.

 

CONCEPTO DE AGRAVIO.- Lo constituye la falta de motivación del acuerdo impugnado en especial en relación a lo establecido en los artículos 103 párrafo 1 inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 3 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral.

 

En cuanto a lo establecido en el artículo 103 párrafo 1 inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que a continuación se reproduce:

 

Artículo 103.- 1. Los consejeros electorales de los consejos locales, deberán satisfacer los siguientes requisitos:

 

b) Tener residencia de dos años en la entidad federativa correspondiente;

 

De una simple lectura del acuerdo impugnado puede apreciarse que éste adolece de una debida fundamentación y motivación, pues la responsable omitió expresar argumento alguno que justificara el porqué no revisó que los Vocales Ejecutivos cumplieran con el requisito que exige el artículo 103 párrafo 1 inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de contar con residencia de dos años en la entidad federativa correspondiente.

 

Lo anterior resulta de la mayor relevancia en el caso que nos ocupa, pues cuando el legislador estableció dicho requisito en el código en la materia, buscó que quienes tomaran las decisiones en el órgano delegacional del Instituto Federal Electoral en las distintas entidades federativas, contaran con conocimiento cierto y objetivo de las condiciones económicas, políticas, sociales y en general de las particularidades de las respectivas entidades federativas, estimando que un periodo de dos años de residencia previos a la fecha de su designación resultaba tiempo suficiente para contar con dicho conocimiento de la complejidad propia de la demarcación territorial.

 

Así, de una interpretación sistemática y funcional de lo establecido por los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 102, 103 párrafo 1 inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 3° del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral, es posible colegir que no habría razón para que se exigiera dicho requisito sólo a una parte de quienes integran el órgano de dirección delegacional con derecho a voto, y que el Vocal Ejecutivo (que durante el proceso electoral funge como Presidente del Consejo Local) contara con una situación de privilegio, pudiendo arribar a presidir el Consejo Local incluso con unas semanas o días de antelación al inicio del proceso electoral, careciendo del conocimiento necesario de la complejidad particular de la entidad federativa de la que formará parte del máximo órgano de dirección del Instituto Federal Electoral en el estado.

 

Debe señalarse que con el cambio de adscripción, no contarían con la residencia mínima efectiva para poder realizar las tareas como vocales presidentes, lo que generaría un grave problema de funcionamiento del Servicio Profesional Electoral. Impidiéndose con ello, el debido cumplimiento de lo dispuesto en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

 

Esto es así, porque de la lectura del código en cita, se desprende que los Consejeros, caso en el que también se encuentra englobados los consejeros presidentes de los Consejos Locales del Instituto Federal Electoral, tienen derecho de voz y voto, al igual que el resto de los consejeros. Y dirige las acciones del Instituto (en términos del artículo 71 párrafo 1 inciso a).

 

En consecuencia, el requisito establecido en el artículo 103 es necesariamente un elemento de idoneidad y necesidad, para el buen desempeño de los Vocales que se transforman durante el proceso electoral en Presidentes de su Consejo, siendo el requisito de residencia de 2 años un elemento de certeza.

 

En la especie, el cambio de adscripción de vocales, lo que provoca es una inestabilidad dentro del servicio que el legislador previo, que no debe existir, pues los vocales además de tener una función ejecutiva y de delegación (art. 71 p. 1 inciso a) son responsables de llevar a buen término los proceso electorales en sus estados

 

Así las cosas se vuelve necesaria su estancia por más de 2 años con el objeto de que puedan contar con los conocimientos necesarios para poder ejercer la función de tomar parte en las determinaciones que se tomen durante los procesos electorales en las entidades dónde se encuentres adscritos.

 

Esto, incluso es verificable de la lectura de diversos artículos -5, 6, 12, 43, 53, 74- del Estatuto del Servicio Profesional Electoral, cuyo objetivo principal según lo establecido en el artículo 3 de ese ordenamiento es proveer al Instituto Federal Electoral de personal calificado, y otorgar certeza jurídica al personal del Instituto.

 

En la especie, los cambios de adscripción provocarían que en el proceso electoral 2008-2009, por lo menos los 17 vocales ejecutivos readscritos no estarían en condiciones de poder constituirse como Presidente de los Consejos, teniendo que asumir dicha función otro funcionario electoral. Cuestión que incluso establece el destiempo en que se plantea los cambios de adscripción que se establecen en el acuerdo que se combate.

 

Por otro lado, debe recordarse que uno de los propósitos del Servicio Profesional es el de otorgar estabilidad en su empleo a sus miembros, tal y como se desprende la lectura del Artículo 3, fracciones IV y V que a continuación se-producen:

 

ARTICULO 3. El Servicio tiene por objeto:

 

IV. Proveer al Instituto de personal calificado, y

 

V. Otorgar certeza jurídica al personal del Instituto.

 

Así de una interpretación sistemática y armónica de las dos normas antes señaladas se desprende que es uno de los objetivos del Servicio Profesional Electoral es otorgar certeza jurídica al personal del Instituto y proveer al Instituto Federal Electoral de personal calificado, que pueda ejercer plenamente sus funciones, pudiendo incluso asumir la función de vocal presidente, cuestión que en la especie no acontece por las razones antes apuntadas.

 

TERCER AGRAVIO

 

FUENTE DE AGRAVIO.- Lo constituyen todos y cada uno de los considerandos y en especial los considerandos 10, 15, 19, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 al 33 en relación los puntos de acuerdo Primero, Segundo y Tercero del acuerdo que por este acto se impugna.

 

ARTÍCULOS LEGALES VIOLADOS.- 14, 16, 17, 41 fracción III párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 1, 3, 73, 80, 82 párrafo 1 inciso e), 89 numeral 1, inciso i) y j); 171, numeral 1 y 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 5, 6, 9, 12, 14, 18, 51, 53, 74, 144 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral.

 

CONCEPTO DE AGRAVIO.- Lo constituye la invasión de las atribuciones del propio Consejo General del Instituto Federal Electoral, para el cambio de adscripción de los Vocales Ejecutivos Locales.

 

Así, en los considerandos 26 y 27 se menciona que el acuerdo recurrido es la etapa final de "una estrategia integral" de rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral que consta de tres etapas, dos de las cuales ya fueron aprobadas, y que tienen por objeto atender las necesidades del Instituto y fortalecer su adecuado funcionamiento durante el Proceso Electoral Federal 2008-2009.

 

Sin embargo, dicho plan nunca fue dado a conocer al Consejo General y como se señaló tanto en la sesión como en agravios precedentes dicha "rotación", no es un principio establecido ni en la ley, ni en el Estatuto del Servicio Profesional Electoral.

 

Tampoco se puede desprender de los ordenamientos antes establecidos, ni de los símiles de servicios civiles de carrera tal afirmación.

 

Así las cosas, el Consejo General no conoció previamente de dichos planes o estrategias y nunca fue informado de las mismas, en caso de que efectivamente hubieran existido.

 

Pero incluso existiendo la violación sería aún mayor, pues se estaría ante el establecimiento de una norma que no pasó por Consejo General y que como ya se ha señalado, vulnera la ley y el propio Estatuto. Cuestión que en la especie no debe ni puede tenerse por acreditada.

 

Lo único que vincula los acuerdos de movimientos de vocales distritales antes aprobados o "etapas" con el acuerdo que se recurre en el acto, es que en ningún de los tres se establece en qué consiste la citada "Estrategia Integral": cuándo, cómo y por quién se aprobó, cuáles son los procedimientos establecidos para determinar, en todos los casos, cuáles son las necesidades institucionales; así como la idoneidad del perfil de los miembros del Servicio Profesional para solventar dichas necesidades institucionales.

 

Cabe señalar que tanto la Junta General Ejecutiva como la misma Comisión del Servicio Profesional Electoral, así como el Secretario Ejecutivo de donde surgen el acuerdo que luego pasó a Consejo y se impugna, carecen de facultades para generar "Estrategias Integrales de cambios y rotación de vocales", pues para ello, necesariamente tales estrategias tienen que pasar por Consejo General de ahí la violación reclamada, dicha "estrategia Integral".

 

Lo anterior constituye una violación a los principios de legalidad, certeza y objetividad y a los artículo 1, 3, 73, 82, 170, 171, 172 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 3, 4, 9, 12 fracción I, 74 y 142 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral.

 

Pues lo que en la especie acontece es que existe un plan previo sin aprobación ni conocimiento de los miembros del Consejo General, que pretende modificar sin motivación alguna las adscripciones de los Vocales Ejecutivos en el Instituto Federal Electoral, lo que en sí es una violación fragante a las garantías constitucionales y a las disposiciones legales y reglamentarias.

 

Ya que como se desprende del considerando 26 y 27 del acuerdo impugnado, es claro que existe un plan o estrategia, que no conoció la instancia del Instituto Federal Electoral con facultades para ello -Consejo General- que afectó el criterio asumido -de la junta y el secretario del consejo- mismo que se concretó en la aprobación en el acuerdo que hoy se impugna y que generó motivaciones que al efecto son desconocidas.

 

A efecto de acreditar lo anterior ofrezco las siguientes:

 

P R U E B A S

 

1.- La instrumental de actuaciones, consistente en todas las constancias que obran en el expediente que se forme con motivo del presente recurso, en todo lo que beneficie a la parte que represento, misma que se relaciona con todos y cada uno de los hechos y agravios del presente recurso.

 

2.- La presuncional legal y humana, en todo lo que beneficie a los intereses de la parte que represento.

 

3.- Copia certificada de los nombramientos actuales de todos los vocales ejecutivos locales. Con la que nuestros representados pretenden acreditar las motivaciones con las cuales se realizaron los nombramientos de los vocales ejecutivos y las razones por las cuales se les otorgó primeramente la adscripción que se pretende cambia con el acuerdo impugnado.

 

4.- Copia certificada de los expedientes de cada uno de los 17 vocales ejecutivos cuyo cambio de adscripción propone el Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se aprueba el cambio de adscripción del personal de carrera que ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo en las Juntas Ejecutivas Locales y sus anexos aprobado como punto 3 del orden del día en la sesión de fecha 21 de junio de 2007. Probanza con la que acreditamos la discrecionalidad y falta de motivación de los acuerdos impugnados por cuanto a los perfiles y rendimientos de cada uno de los vocales, cuyos cambios se aprobaron en el acuerdo impugnado.

 

5.- Copia certificada de la versión estenográfica de las sesiones de la Comisión del Servicio Profesional Electoral donde se trataron lo referente a los cambios de vocales locales. Probanza con la que se acredita la falta de motivación y la discrecionalidad con las que se aprobaron los cambios de adscripción de vocales. De igual forma se prende acredita la existencia de una supuesta estrategia integral, que no fue pasada a consideración del Consejo General y que ha regido como hilo conductor del cambio sin ser aprobada o conocida por el máximo órgano de dirección del instituto.

 

6.- Copia certificada de la versión estenográfica del acta de Junta General Ejecutiva de 18 de junio donde se aprueban 17 cambios de adscripción de los Vocales Ejecutivos Locales.

 

Probanza con la que se acredita la falta de motivación y la discrecionalidad con las que se aprobaron los cambios de adscripción de vocales. Así como se la existencia de una supuesta "estrategia integral", que no fue pasada a consideración del Consejo General y que ha regido como hilo conductor de las propuestas de cambios de adscripción, sin ser aprobada o conocida por el máximo órgano de dirección del instituto.

 

7.- Copia certificada de las bases y/o documentos que sirvieron de sustento a la Junta General Ejecutiva para hacer la propuesta de cambios de adscripción de los vocales locales en la sesión del consejo general del 21 de junio de 2007

 

Probanza con la que se acredita la falta de motivación y la discrecionalidad con las que se aprobaron los cambios de adscripción de vocales. Así como se la existencia de una supuesta "estrategia integral", que no fue pasada a consideración del Consejo General y que ha regido como hilo conductor de las propuestas de cambios de adscripción, sin ser aprobada o conocida por el máximo órgano de dirección del instituto.

 

8.- Copia certificada del Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se aprueba el cambio de adscripción del personal de carrera que ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo en las Juntas Ejecutivas Locales y sus anexos aprobado como punto 3 del orden del día en la sesión de fecha 21 de junio de 2007.

 

Probanza con la que se acredita la falta de motivación y la discrecionalidad con las que se aprobaron los cambios de adscripción de vocales. Así como se la existencia de una supuesta "estrategia integral", que no fue pasada a consideración del Consejo General y que ha regido como hilo conductor de las propuestas de cambios de adscripción, sin ser aprobada o conocida por el máximo órgano de dirección del instituto.

 

9.- Copia certificada de la versión estenográfica de la sesión de 21 de junio 2007 en la parte referente a la discusión del punto 3 del orden del día.

 

Probanza con la que se acredita la falta de motivación y la discrecionalidad con las que se aprobaron los cambios de adscripción de vocales. Así como se la existencia de una supuesta "estrategia integral", que no fue pasada a consideración del Consejo General y que ha regido como hilo conductor de las propuestas de cambios de adscripción, sin ser aprobada o conocida por el máximo órgano de dirección del instituto.

 

10.- Copia certificada del índice de rendimiento de las Juntas Locales Ejecutivas. Probanza con la que se acredita la falta de motivación y la discrecionalidad con las que se aprobaron los cambios de adscripción de vocales; pues con ellas se acredita la discrecionalidad y falta de objetividad en el cambio de adscripción de vocales, ya que dichos indicadores no se corresponden con el rendimiento y perfiles de los vocales, como se señala en el capítulo de agravios.

 

11.- Copia certificada de la evaluación del desempeño de todos y cada uno de los Vocales Ejecutivos Locales del Instituto Federal Electoral.

 

Probanza con la que se acredita la falta de motivación y la discrecionalidad con las que se aprobaron los cambios de adscripción de vocales, documental con la que se acredita, como se señala en el capítulo de agravios; pues que los cambios de adscripción propuestos no atienden a los principios de legalidad, objetividad y certeza. Además de acreditarse que los perfiles de desempeño no se corresponden con los cambios propuestos, como se señala en los agravios hechos valer.

 

12.- Copia certificada del documento denominado Estrategia integral de rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral mismo que se hace referencia en el considerando 26 del Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se aprueba el cambio de adscripción del personal de carrera que ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo en las Juntas Ejecutivas Locales. Probanza con la que se pretende acreditar, si existe, que hay un lineamiento que no ha sido dado a conocer y no fue aprobado por el Consejo General. Y si no existe, con la que se acredita también la existencia de una supuesta línea de acción que no existe en realidad y con la cual se esta pretendiendo establecer una falsa motivación, como se señala en el capítulo de agravios.

 

Las probanzas numeradas del 2 al 12 no han sido entregadas a los partidos que representamos, pero fueron solicitadas mediante oficios HDO-212/07 y HDO-212/07, cuyo acuse de recibo anexo; por lo que se solicita que en términos del artículo 9 inciso f) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral sean requeridas por este tribunal.”

 

 

III. El mismo veintisiete de junio del presente año, Convergencia, por conducto de su representante propietario ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, interpuso recurso de apelación, contra la resolución precisada en el resultando I de este fallo, haciendo valer al efecto, lo siguiente:

 

“HECHOS

 

PRIMERO.- Mi representado Convergencia, obtuvo su registro como partido político nacional, en la sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Federal Electoral, celebrada el día 30 de junio del año de 1999, otorgándole con ello el pleno goce de sus derechos y sujeción a las obligaciones establecidas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

 

SEGUNDO.- De conformidad con el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Convergencia, participa en los procesos electorales, en las formas que la Ley determina para cumplir así con la finalidad de promover la participación del pueblo en la vida democrática; contribuir a la integración de la representación nacional y como organización de ciudadanos, hace posible el acceso de estos al ejercicio del Poder Público; motivo por el cual, resulta relevante para mi representado, el acto de autoridad que ahora se combate, porque precisamente son los Vocales Ejecutivos de las Juntas Ejecutivas Locales, los responsables de realizar los diversos actos del proceso electoral.

 

TERCERO.- Es el caso que el Consejo General del Instituto Federal Electoral, como organismo público autónomo, encargado de la función estatal de organizar las elecciones federales, cuenta en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia, así como el personal calificado necesario para prestar el servicio profesional electoral; velando en todo momento que los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, guíen las actividades del Instituto.

 

Si bien dicho Consejo General tiene la atribución de vigilar la oportuna integración y adecuado funcionamiento de los órganos del Instituto, así como designar y determinar el lugar de adscripción de los Vocales Ejecutivos, esto debe de realizarse de forma fundada y motivada.

 

El acuerdo que nos ocupa, carece de esa fundamentación y motivación que establecen los artículos 14 y 16 constitucionales, e incumple demás con lo dispuesto en los artículos 171, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 74 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral.

 

El artículo 171 párrafo 2 del Código de la materia señala que el Instituto podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su personal, cuando por necesidad del servicio se requiera, en la forma y términos que establezcan el Código y el Estatuto. En el presente asunto nunca se establecen cuales son esas necesidades, basándose el acuerdo sólo en apreciaciones subjetivas que en nada acreditan las necesidades del servicio.

 

Por su parte el artículo 74 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral, determina que la readscripción se llevará de acuerdo a las necesidades del Instituto y la idoneidad del personal de carrera para ocupar el cargo o puesto de que se trate.

 

Por lo tanto, la readscripción no puede ser discrecional ni caprichosa, sino que debe de motivarse en dos elementos: Primero, las necesidades particulares del Instituto y segundo, la idoneidad del personal de carrera.

 

Respecto a las necesidades del Instituto, se debe entender que éste se encuentra presente en todos los estados de la República, siendo que estos presentan características geográficas, sociales y políticas distintas, las necesidades que tiene el Instituto en cada uno de ellos son diversas y diferenciadas, por lo tanto, el criterio de necesidad en que se deben motivar los cambios de adscripción es particular, esto es, determinado en cada caso concreto.

 

Afirmar lo contrario, esto es, que es la misma necesidad se presente en todas las juntas ejecutivas locales de todo el país, o que hay una sola necesidad de todo el Instituto, implicaría realizar una rotación de todos los vocales ejecutivos y no exclusivamente a un número particular como es el acuerdo que se combate.

 

Por lo tanto, al no precisar y detallas estas necesidades particulares se incumple con el requisito que señalan los artículos 171, párrafo 2 del Código Comicial y 74 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral.

 

CUARTO.- Ahora bien, respecto al requisito de idoneidad del personal, dicho concepto debe de entenderse como aquel personal de carrera que, justamente por contar con las más altas calificaciones en las evaluaciones que se han realizado, por tener experiencia en la materia y por vigilar el correcto funcionamiento de sus Juntas Ejecutivas Locales, resultan ideales para ser enviados a otra entidad respecto de la cual el Instituto requiera de su presencia.

 

Idóneo significa adecuado y apropiado para algo, debiendo ser los adecuados, los vocales ejecutivos con las más altas calificaciones y la mayor experiencia quienes sean adscritos a distintas Juntas Locales y no al contrario, como sucede en el acuerdo que ahora se reclama.

 

No obstante, lo anterior, el criterio que se utiliza para cambiar de adscripción aun miembro del servicio profesional de conformidad con el acuerdo que se reclama, es el hecho de que posee bajas calificaciones, convirtiendo a la readscripción en un castigo o sanción y/o en una forma de reparar administraciones deficientes, violentando lo dispuesto por el Estatuto.

 

Para sustentar lo anterior, enumero los siguientes ejemplos:

 

1.- De los 17 vocales ejecutivos cuyo cambio se propone; 6 son calificados entre los 10 mejores y 6 son calificados entre los 10 peores. Solo cinco movimientos se encuentran calificados a media tabla.

 

2.- El actual vocal de Campeche por ejemplo, que es evaluado con la más baja calificación de todos los vocales, se considera el idóneo para Quintana Roo.

 

3.- El actual vocal de Puebla que se encuentra en la lista en el número 29, es el idóneo según el proyecto para el estado de Chiapas.

 

4.- Tanto Quintana Roo como Chiapas son juntas cuyo desempeño es satisfactorio, y sin embargo, en esos lugares es donde se envían a 2 de los vocales con más bajas calificaciones.

 

5.- El caso del Vocal de Nayarit que se encuentra en el número 2 de la lista, es considerado idóneo según el proyecto para el Estado de Veracruz, sin embargo, no se pondera la complejidad, características geográficas, sociales y políticas tan distintas que representa cada uno de estos Estados.

 

6.- El caso del Vocal de Oaxaca, quien está evaluado con una de las más bajas calificaciones, ocupa el lugar 26 de la lista, es el idóneo según el proyecto para el Estado de Tabasco, cuya Junta presenta un desempeño satisfactorio.

 

7.- Los vocales que se encuentran con calificaciones intermedias, son tratados de la misma forma que los vocales que ocupan los últimos lugares en dichas calificaciones.

 

En el Acuerdo que se recurre, no se señala ni se explica la idoneidad de cada uno de los Vocales Ejecutivos que se pretende cambiar, por el contrario, el idóneo es el que resulta con las más bajas calificaciones.

 

QUINTO.- En el acuerdo y en el anexo que al mismo se acompaña, sólo se señalan los resultados que han obtenido los distintos Vocales en sus evaluaciones, los índices de rendimiento del funcionario, de la Junta y el origen del cargo vacante, sin que esto constituya una verdadera evaluación que acredite la necesidad de su readscripción, porque no contiene valoración alguna sobre las necesidades particulares de cada Entidad Federativa, atendiendo además a los distritos electorales que en la misma se comprenden, por lo que no se cuenta con un instrumento que demuestre las necesidades del Instituto Federal Electoral, para acreditar los cambios de adscripción.

 

No se le debe cambiar de Junta Local, un funcionario incurre en faltas o hace un trabajo insatisfactorio, sino que se debe de determinar su responsabilidad y en todo caso dar por terminada su relación laboral, como lo establece el artículo 24 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral, que prevé la figura de la destitución.

 

Por los argumentos antes vertidos, las readscripciones que se proponen en el Acuerdo que ahora se reclama, no atienden ni a las necesidades del Instituto, ni a la idoneidad del personal de carrera y en consecuencia no cumplen con los requisitos que para el cambio de adscripción señalan tanto el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, como el Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del personal del Instituto Federal Electoral.

 

Por otro lado, debe recordarse que uno de los propósitos del Servicio Profesional Electoral es el de otorgar estabilidad en el empleo a sus miembros y certeza jurídica al personal del Instituto, tal como se desprende de la lectura del artículo 3°, fracción V del ordenamiento antes invocado.

 

Es por ello, que las readscripciones de vocales de las Juntas Ejecutivas Locales no pueden ser discrecionales y caprichosas, sino que, a fin de proporcionarles estabilidad y certeza jurídica, deben ser debidamente fundadas y motivadas, señalando no sólo la facultad que tiene el Instituto para cambiar de adscripción a su personal, sino también, se deben establecer, en todo caso, las formas de cubrir las necesidades que originan dichos cambios y las razones por las que se estima, que un determinado Vocal pudiera desempeñar mejor sus funciones, generando con ello un beneficio tanto al Instituto como también para él y su familia.

 

De lo contrario, el cambio de adscripción se vuelve un acto violatorio de los principios de certeza y de legalidad, que vulnera la estabilidad en el empleo del personal de carrera del Instituto.

 

Con motivo de los hechos vertidos, el acto de autoridad que se reclama, origina en quebranto del partido político que represento, el perjuicio que en seguida se menciona.

 

FUENTE DE AGRAVIO.- Lo constituye el Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se aprueba el cambio de adscripción del personal de carrera que ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo en las Juntas Ejecutivas Locales de fecha 21 de junio último.

 

CONCEPTO DE AGRAVIO.- Lo constituye la violación directa a los artículos 14, 16, y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 73, numeral 1; 80, numeral 4; 82, párrafo 1, inciso d); 89, numeral 1, incisos i) y j); 171 numerales 1 y 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; artículo 12 fracción I y fracción V; 14, fracción III; 18, fracciones I, IV y V; 51; 53; y 74 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral; produciéndose en consecuencia los siguientes:

 

AGRAVIOS

 

ÚNICO.- El acto de autoridad que ahora se reclama, causa agravio a mi representado, en virtud de que carece de la debida fundamentación y motivación, vulnerando además, la función estatal de organizar las elecciones federales, en contravención a los artículos 14, 16 y 41, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículos invocados que en lo conducente señalan:

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS

MEXICANOS

 

Artículo 14.

A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.

En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.

 

Artículo 16.

Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal de procedimiento.

 

Artículo 41.

El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:

 

III. La organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores.

 

El Instituto Federal Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo General será su órgano superior de dirección y se integrará por un consejero Presidente y ocho consejeros electorales, y concurrirán, con voz pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos y un Secretario Ejecutivo; la ley determinará las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos, así como las relaciones de mando entre éstos. Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para prestar el servicio profesional electoral. Las disposiciones de la ley electoral y del Estatuto que con base en ella apruebe el Consejo General, regirán las relaciones de trabajo de los servidores del organismo público. Los órganos de vigilancia se integrarán mayoritariamente por representantes de los partidos políticos nacionales. Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos.

 

El consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo General serán elegidos, sucesivamente, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, o en sus recesos por la Comisión Permanente, a propuesta de los grupos parlamentarios. Conforme al mismo procedimiento, se designarán ocho consejeros electorales suplentes, en orden de prelación. La ley establecerá las reglas y el procedimiento correspondientes.

 

El consejero Presidente y los consejeros electorales durarán en su cargo siete años y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación del Consejo General y de los que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia, no remunerados. La retribución que perciban el consejero Presidente y los consejeros electorales será igual a la prevista para los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

 

El Secretario Ejecutivo será nombrado por las dos terceras partes del Consejo General a propuesta de su Presidente.

 

La ley establecerá los requisitos que deberán reunir para su designación el consejero Presidente del Consejo General, los Consejeros Electorales y el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los que estarán sujetos al régimen de responsabilidades establecido en el Título Cuarto de esta Constitución.

 

Los consejeros del Poder Legislativo serán propuestos por los grupos parlamentarios con afiliación de partido en alguna de las Cámaras. Sólo habrá un Consejero por cada grupo parlamentario no obstante su reconocimiento en ambas Cámaras del Congreso de la Unión.

 

El Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo en forma integral y directa, además de las que le determine la ley, las actividades relativas a la capacitación y educación cívica, geografía electoral, los derechos y prerrogativas de las agrupaciones y de los partidos políticos, al padrón y lista de electores, impresión de materiales electorales, preparación de la jornada electoral, los cómputos en los términos que señale la ley, declaración de validez y otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados y senadores, cómputo de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en cada uno de los distritos electorales uninominales, así como la regulación de la observación electoral y de las encuestas o sondeos de opinión con fines electorales. Las sesiones de todos los órganos colegiados de dirección serán públicas en los términos que señale la ley.

 

IV. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, en los términos del artículo 99 de esta Constitución.

 

En materia electoral la interposición de los medios de impugnación constitucionales o legales no producirá efectos suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado.

 

CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

 

Artículo 73

1. El Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad guíen todas las actividades del Instituto.

 

Artículo 82

1. El Consejo General tiene las siguientes atribuciones:

a) ...

b) Vigilar la oportuna integración y adecuado funcionamiento de los órganos del Instituto, y conocer, por conducto de su Presidente y de sus comisiones, las actividades de los mismos, así como de los informes específicos que el Consejo General estime necesario solicitarles;

c) ...

ch) ...

d) ...

e) Designar a los funcionarios que durante los procesos electorales actuarán como presidentes de los Consejos Locales y Distritales, y que en todo tiempo fungirán como vocales ejecutivos de las juntas correspondientes;

 

Artículo 89

1. Son atribuciones del Secretario Ejecutivo:

a) ...

b) ...

c) ...

d) ...

i) Aprobar la estructura de las Direcciones Ejecutivas, Vocalías y demás órganos del Instituto conforme a las necesidades del servicio y los recursos presupuéstales autorizados;

j) Nombrar a los integrantes de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas, de entre los miembros del Servicio Profesional Electoral del Instituto, de conformidad con las disposiciones aplicables;

 

Artículo 171

1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto Federal Electoral, todo su personal hará prevalecer la lealtad a la Constitución, las leyes y a la Institución, por encima de cualquier interés particular.

2. El Instituto Federal Electoral podrá determinar el cambio de adscripción o de horario de su personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y términos que establezcan este Código y el Estatuto.

 

ESTATUTO DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL Y DEL PERSONAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

 

Artículo 12. Corresponde al Consejo:

I.                    Vigilar la oportuna integración y adecuado funcionamiento de los órganos del Instituto;….

 

Artículo 14. Corresponde a la Junta:

II.                  Fijar, a propuesta de la Dirección Ejecutiva, los procedimientos administrativos del Servicio respecto del reclutamiento, la selección, la incorporación, la adscripción, la readscripción, la evaluación del desempeño, las actividades de formación y desarrollo, la titularidad, la promoción, el ascenso, la disponibilidad, los incentivos, la movilidad y las sanciones del personal de carrera, así como aquellos que sean necesarios para la correcta operación del Servicio, conforme a las políticas y programas generales del Instituto;

 

ARTÍCULO 18. Corresponde a la Dirección Ejecutiva:

I.                    Planear, organizar, coordinar y desarrollar el Servicio, en los términos previstos en el presente ordenamiento y de conformidad con los procedimientos aprobados por la Junta;

II.                 

III.               

IV. Cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos del Servicio;

V. Llevar a cabo los programas de reclutamiento, selección, evaluación del desempeño, formación y desarrollo de los miembros del Servicio, así como los demás contenidos en el presente Estatuto, en lo que respecta al personal de carrera del Instituto;

 

Artículo 51. La readscripción es el acto mediante el cual un miembro del Servicio es adscrito a un órgano o unidad técnica distinto al que ocupa en un mismo nivel u homólogo a éste; por tanto, la readscripción podrá implicar movilidad, mas no ascenso ni promoción.

 

Artículo 53. La Junta podrá readscribir al personal de carrera por necesidades del Servicio o a petición del interesado, con base en el dictamen que al efecto emita la Dirección Ejecutiva sobre la procedencia de las solicitudes. La Dirección Ejecutiva presentará a la Junta sólo aquellas solicitudes dictaminadas con una anticipación mínima de tres días hábiles anteriores a la celebración de la siguiente sesión de la Junta. Para elaborar sus dictámenes, la Dirección Ejecutiva considerará la idoneidad del solicitante y los resultados obtenidos en sus evaluaciones, así como la adecuada integración de las Juntas o Direcciones correspondientes, e informará a los titulares de las Direcciones y Juntas Locales respectivas, así como a la Comisión por medio de su Presidente, quienes tendrán un mínimo de dos días hábiles para emitir, en su caso, observaciones. En función de las necesidades del Servicio, la Junta podrá proponer al Consejo la readscripción de vocales ejecutivos.

 

Para elaborar su dictamen, la Dirección Ejecutiva dará preferencia, de entre quienes hayan solicitado su readscripción y cumplan con los requisitos para el cargo o puesto, a los miembros del Servicio que tengan titularidad y, en caso de miembros titulares, a aquellos que cuenten con mayor rango. Cuando los miembros titulares que soliciten readscripción tengan el mismo rango, se dará preferencia a quien cumpla con los requisitos y tenga mejores resultados en las evaluaciones globales de los últimos dos años.

 

Artículo 74. La adscripción o readscripción se llevará a cabo de acuerdo a las necesidades del Instituto y la idoneidad del personal de carrera para ocupar el cargo o puesto de que se trate, sin menoscabo de las remuneraciones y prestaciones que le correspondan.

 

Los Directores Ejecutivos y los Vocales Ejecutivos de las Juntas Locales Ejecutivas podrán solicitar a la Dirección Ejecutiva, por razones de operación del Servicio, la readscripción de cualquier miembro del Servicio adscrito a su área.

 

Si bien el Consejo General tiene la atribución de vigilar la oportuna integración y adecuado funcionamiento de los órganos del Instituto, así como designar y determinar el lugar de adscripción de los Vocales Ejecutivos, estos deben de realizarse de forma fundada y motivada. Para determinar los cambios de adscripción solo se argumenta como causa ‘cuando por necesidades del servicio se requiera y de acuerdo a la idoneidad del personal de carrera para ocupar el cargo’.

 

Sin embargo, en el acuerdo aprobado nunca se establecen cuales son esas necesidades, basándose el acuerdo sólo en apreciaciones subjetivas que en nada acreditan las necesidades del servicio. La readscripción de Vocales de las Juntas Ejecutivas Locales no pueden ser discrecionales y caprichosas, ‘sino que, a fin de proporcionar principios de certeza y legalidad jurídica, deben ser debidamente fundadas y motivadas, se tienen que establecer, en todo caso, las formas de cubrir esas necesidades que originan dichos cambios, al no hacerlo se produce el consiguiente agravio en perjuicio de mi representado, por lo que es claro que los preceptos antes descritos no se cumplen.

 

Con motivo de los hechos que anteriormente se mencionan, y de los agravios expresados, recurro ante ese Honorable Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para interponer el presente medio de impugnación.

 

El interés jurídico de Convergencia, se da en la relación que se presenta entre la situación jurídica irregular que se denuncia y la providencia que se pide para subsanarla, mediante la correcta aplicación del derecho, con la salvedad de que esa providencia es útil para tal fin.

 

El acto de autoridad que ahora se combate, lesiona los derechos de mi representado, por vulnerar los dispositivos constitucionales y legales invocados y hace necesaria la intervención de esa autoridad jurisdiccional, a fin de restituir en sus derechos al partido que represento.

 

Sirve de sustento a lo anterior la siguiente Tesis de Jurisprudencia:

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, QUE SE EMITEN EN EJERCICIO DE LA FUNCIÓN REGLAMENTARIA.- (Se transcribe).

 

 

IV. El cuatro de julio de dos mil siete, mediante oficios número SCG-194/2007 y SCG-195/2007, el Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral, remitió a esta Sala, entre otros documentos, los escritos originales de los recursos en estudio, los expedientes que contienen la resolución impugnada, el escrito del tercero interesado presentado en el recurso de apelación SUP-RAP-61/2007, así como el informe circunstanciado de ley. Al día siguiente, el Magistrado Presidente de dicha Sala turnó el expediente SUP-RAP-60/2007 a la ponencia del Magistrado Manuel González Oropeza, y el SUP-RAP-61/2007 a la ponencia del Magistrado José Alejandro Luna Ramos, para su sustanciación, en términos de lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

 

V. Por proveído de once de julio del año en curso, el Magistrado instructor del expediente SUP-RAP-61/2007, radicó la demanda y requirió al Consejo General del Instituto Federal Electoral, para que remitiera a este órgano jurisdiccional, diversa documentación necesaria para la sustanciación del recurso.

 

VI. Por oficio SE-823/2007, de doce de julio de dos mil siete, recibido en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior el mismo día, suscrito por el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, se remitió a este órgano jurisdiccional, la documentación requerida a dicha autoridad, mediante auto de once de julio de este año.

 

VII. Mediante proveído de treinta y uno julio de dos mil siete, el Magistrado Manuel González Oropeza acordó admitir a trámite la demanda del recurso de apelación de mérito y, en virtud de que no quedaban diligencias pendientes por desahogar, se declaró el cierre de instrucción, quedando el asunto en estado de resolución.

 

VIII. Por acuerdo de treinta y uno de julio de este año, el Magistrado José Alejandro Luna Ramos, tuvo por cumplido el requerimiento formulado al Consejo General del Instituto Federal Electoral; admitió a trámite la demanda recursal de mérito, y una vez agotado el trámite y substanciado el recurso de cuenta, en virtud de no existir diligencias pendientes por desahogar, cerró la instrucción, quedando el asunto en estado de resolución.

 

C O N S I D E R A N D O:

 

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es competente para conocer y resolver el presente recurso de apelación, de conformidad con los artículos 99, párrafo cuarto, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, párrafo primero, fracción III, inciso a) y 189, párrafo primero, fracción I, inciso c) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 3, párrafo 2, inciso b), 40, párrafo 1, inciso b) y 44, párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un recurso de apelación interpuesto en contra de un acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, en cuyo caso resulta improcede el recurso de revisión.

 

SEGUNDO. Toda vez que los expedientes SUP-RAP-60/2007 y SUP-RAP-61/2007, se integraron con motivo de la presentación de dos distintos recursos de apelación, interpuestos, el primero de ellos, por los partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo y, el segundo, por Convergencia, para impugnar, en ambos casos, la resolución CG220/2007, emitida el veintiuno de junio del año en curso, por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, y al existir identidad en el acto reclamado y la autoridad responsable, además de que el resultado de cada recurso se encuentra estrechamente vinculado con el del otro, en forma recíproca; con el fin de facilitar la pronta y expedita resolución de dichos medios de impugnación y evitar la existencia de fallos contradictorios, atendiendo a lo dispuesto por los artículos 31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 73, fracción I del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, debe decretarse la acumulación de los recursos de apelación con números de expediente SUP-RAP-60/2007 y SUP-RAP-61/2007, para que sean resueltos de manera conjunta, quedando como índice el primero de ellos, por ser el más antiguo.

 

En consecuencia, deberá glosarse copia certificada de este fallo al último de los expedientes señalados.

 

TERCERO. Improcedencia. En razón de que su examen es preferente y de orden público, de acuerdo con lo previsto en los artículos 1 y 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se analizará si en este caso se actualizan las causas de improcedencia hechas valer por la autoridad responsable.

 

1. Falta de legitimación. Al rendir su informe circunstanciado, en ambos expedientes, la autoridad señalada como responsable afirma que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 10, párrafo 1, inciso c) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda vez que los actores carecen de legitimación.

 

Ello es así, afirma la responsable, porque el contenido del acuerdo impugnado no se refiere a derechos o prerrogativas electorales del ciudadano o de la ciudadanía en general, por el contrario, se refiere en lo particular a las relaciones laborales entre el Instituto Federal Electoral y su personal en lo individual, por lo que se trata de derechos personalísimos, respecto de los cuales corresponde impugnar por la vía respectiva al trabajador o funcionario que se considere afectado, sin que dicha defensa corresponda a terceros y en especial a ningún partido político.

 

La responsable agrega que el acuerdo combatido tiene por objeto readscribir a personal del Instituto, por lo que la persona que estime que dicho acuerdo vulnera sus derechos, puede interponer de manera personalísima el medio de impugnación correspondiente, situación que, en la especie no acontece, pues los actores en el presente juicio son partidos políticos, los cuales no cuentan con la representación del personal ni de los intereses de los trabajadores del Instituto, por ende, carecen de legitimación para promover el presente juicio.

 

Esta Sala Superior considera que es infundada la causa de improcedencia expuesta, en virtud de que los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia sí están legitimados procesalmente para promover los recursos de apelación que se resuelven, a fin de impugnar el referido acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral.

 

Conforme a lo previsto en los artículos 99, párrafo cuarto, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, párrafo 2, inciso b); 13, párrafo 1, inciso a); 40, y 45, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, entre los sujetos legitimados para promover el recurso de apelación se encuentran los partidos políticos nacionales, o agrupaciones políticas con registro, a través de sus representantes legítimos; en este caso, quienes interponen los recursos de apelación son partidos políticos nacionales, por conducto de sus representantes ante el propio Consejo General del Instituto Federal Electoral, razón por la cual es claro que no se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 10, párrafo 1, inciso c) de la mencionada Ley General.

 

La legitimación en el proceso se ha definido como la aptitud o idoneidad para actuar en un proceso, en el ejercicio de un derecho propio o en representación de otro[1]. De lo anterior se sigue que, conforme a las disposiciones arriba citadas, los partidos políticos son, entre otros, los sujetos aptos o idóneos para actuar en el proceso denominado “recurso de apelación”. Así, la legitimación en el proceso se refiere a la aptitud de un sujeto para realizar actos válidos en un proceso, por sí o en nombre de otro. En el caso concreto, los partidos políticos nacionales recurrentes son, conforme a las disposiciones aplicables, aptos para iniciar y llevar a cabo actos válidos en este proceso.

 

2. Falta de interés jurídico. Por otra parte, la responsable aduce que, los presentes recursos resultan improcedentes y por ende deben desecharse, en virtud de que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 10, párrafo 1, inciso b) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda vez que, a juicio de la responsable, los actores carecen de interés jurídico.

 

Lo anterior, según la responsable, porque el acuerdo impugnado en donde se establece el cambio de adscripción de personal del Instituto, no vulnera, en su opinión, ni directa ni indirectamente la esfera jurídica de los hoy actores, en razón de que dicho acuerdo va dirigido a los servidores del Instituto y son éstos los legitimados para promover eventualmente algún medio de impugnación, pero no los partidos políticos, ya que el interés jurídico es personalísimo y no difuso.

 

También es infundada esta causal de improcedencia, pues acorde con lo previsto en el artículo 41, párrafo segundo, base IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reiterado en el numeral 3, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, dicho sistema de medios de impugnación, entre los que se encuentra el recurso de apelación, en términos del citado artículo 3, párrafo 2, inciso b), tiene por objeto garantizar que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales, se sujeten, invariablemente, a los principios de constitucionalidad y legalidad.

 

Por otra parte, es pertinente decir que el interés jurídico directo consiste en la relación que existe entre la situación de hecho contraria a Derecho o el estado de incertidumbre jurídica que afecte a la parte actora, que se invoca como causa suficiente para ejercer la acción impugnativa, en defensa del actor, con la finalidad de que, con la intervención del órgano jurisdiccional del Estado y el dictado de una sentencia se ponga fin a dicha situación anómala, restituyendo al actor en el goce y ejercicio, en su caso, del derecho violado. Ello tiene sustento en la jurisprudencia S3ELJ 07/2002, de rubro "INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO".

 

El interés jurídico que se exige, por regla general, como presupuesto de la procedencia de los medios de impugnación en materia electoral, previsto en el artículo 10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, consiste en la relación jurídica que se presenta entre la situación antijurídica que se denuncia y la providencia que se pide para poner el remedio a dicha situación, mediante la aplicación del Derecho.

 

En el presente caso, los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia impugnan el acuerdo CG220/2007 del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se Aprueba el cambio de adscripción del personal de carrera que ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo en las Juntas Ejecutivas Locales y resulta pertinente interpretar sistemáticamente los siguientes artículos:

        41, párrafo segundo, bases I, III, IV, y 99, cuarto párrafo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

        1, párrafo 2, inciso c); 36, párrafo 1, incisos a) y g); 69, párrafos 2 y 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; y

        3, párrafos 1, inciso a), y 2, inciso b); 40, párrafo 1, inciso b), y 45, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

 

De lo anterior se sigue que los partidos políticos tienen interés jurídico para impugnar actos o resoluciones de los órganos del Instituto Federal Electoral, que aun cuando no estén directamente relacionados con la preparación de las elecciones, por su naturaleza y consecuencias sí pudieran trascender al desarrollo del proceso electoral o afectar los principios que lo rigen, ello en virtud de que:

 

a)    Los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad son principios rectores de la función electoral;

b)    Los partidos políticos nacionales son entidades de interés público que tienen entre sus funciones la de participar en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral;

c)    Una de las finalidades primordiales del sistema de medios de impugnación en materia electoral es garantizar que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales se ajusten a los principios de constitucionalidad y legalidad;

d)    Los partidos políticos nacionales tienen legitimación preponderante para impugnar los actos o resoluciones de las autoridades electorales cuando consideren que no se ajustaron a los principios de constitucionalidad y legalidad.

 

En el presente caso, esta Sala Superior considera que los partidos recurrentes sí tienen interés jurídico para impugnar el acuerdo CG220/2007 ya referido porque, no obstante que no se emitió con motivo de la preparación de las elecciones, sí puede tener trascendencia en la organización del proceso electoral, dadas las funciones que tienen encomendadas los Vocales Ejecutivos de las Juntas Ejecutivas Locales.

 

Así, conforme a las disposiciones aplicables del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tales servidores públicos presiden la correspondiente Junta Local Ejecutiva, la que tiene, fundamentalmente, las siguientes atribuciones:

a)    Supervisar y evaluar el cumplimiento de los programas y las acciones de sus Vocalías y de los órganos distritales;

b)    Supervisar y evaluar el cumplimiento de los programas relativos al Registro Federal de Electores, Organización Electoral, Servicio Profesional Electoral y Capacitación Electoral y Educación Cívica;

c)    Informar mensualmente al Secretario Ejecutivo sobre el desarrollo de sus actividades;

d)    Recibir, sustanciar y resolver los medios de impugnación que se presenten durante el tiempo que transcurra entre dos procesos electorales contra los actos o resoluciones de los órganos distritales, en los términos establecidos en la ley de la materia;

 

En su calidad de presidente de la Junta Local Ejecutiva, el Vocal Ejecutivo, dentro del ámbito de su competencia, está facultado para:

a)      Presidir, durante el proceso electoral, el Consejo Local;

b)      Coordinar los trabajos de los Vocales de la Junta y distribuir entre ellas los asuntos de su competencia;

c)       Someter a la aprobación del Consejo Local los asuntos de su competencia;

d)      Cumplir los programas relativos al Registro Federal de Electores;

e)      Ordenar al Vocal Secretario que expida las certificaciones que le soliciten los partidos políticos;

f)         Proveer a las Juntas Distritales Ejecutivas y a los Consejos Distritales los elementos necesarios para el cumplimiento de sus funciones;

g)      Llevar la estadística de las elecciones federales;

h)      Ejecutar los programas de capacitación electoral y educación cívica

 

De la mera lectura de las atribuciones del Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva, se sigue que éste está vinculado directa e inmediatamente con la preparación y organización del proceso electoral federal. Por otra parte, la relevancia de los partidos políticos nacionales en el sistema democrático mexicano (uno de cuyos elementos indispensable es la existencia de un Estado de Derecho) es tal que se les califica como entidades de interés público, por lo que tanto el Constituyente Permanente como el legislador ordinario consideraron pertinente que las actividades fundamentales para la organización de los procesos electorales estuvieran bajo la permanente vigilancia de dichos partidos políticos, a fin de que tales actividades se realicen con estricta sujeción a los principios rectores de la función electoral, entre los cuales cabe destacar en este momento los de constitucionalidad y legalidad.

 

En ese sentido, la función de vigilancia de los partidos políticos nacionales no se debe entender limitada a su participación en los órganos electorales, sino que se debe considerar extensiva a la posibilidad de promover los medios de impugnación previstos en el artículo 41, base IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

 

Por lo anterior, esta Sala Superior considera que si a través del acuerdo impugnado se aprueba el cambio de adscripción del personal de carrera que ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo en las Juntas Ejecutivas Locales, esa decisión tiene un impacto en las funciones a cargo de cada uno de esos órganos, porque incide en la manera en que se deben seleccionar y designar a las personas que ocuparán esos puestos, lo cual eventualmente podría afectar tales funciones, trascendiendo esos efectos a los procedimientos de organización y preparación de las próximas elecciones.

 

Ello es así, debido a que, de la interpretación sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 41, base III, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 1, párrafo 2, inciso c), 69, párrafos 2 y 3, y 167 a 172 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que la creación del Servicio Profesional Electoral tiene como finalidad asegurar el desempeño profesional de las actividades del Instituto Federal Electoral, garantizándose que la objetividad e imparcialidad, sean entre otros, los principios rectores para la formación de sus miembros en el desempeño de sus funciones electorales.

 

En consecuencia, si en el acuerdo impugnado, el Consejo General cambió de adscripción al personal de carrera que ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo en las Juntas Ejecutivas Locales, esa determinación debe ser susceptible de ser impugnada por los partidos políticos nacionales, a fin de que esta Sala Superior, al ejercer el control de constitucionalidad y legalidad, examine si con tal medida se pone en riesgo la organización y preparación de la próxima elección federal, por un lado, y si, por el otro, trastoca o no el régimen que la constitución y la ley han dispuesto para el Servicio Profesional Electoral del Instituto Federal Electoral.

 

TERCERO. Agravios que hacen valer los tres partidos actores. Del análisis integral de los escritos de demanda, se advierte que tanto los partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo, como Convergencia, hacen valer lo siguiente:

 

Que el acuerdo impugnado carece de la debida motivación y fundamentación, lo que viola los principios de certeza, legalidad y objetividad, rectores de la función electoral, ello en virtud de que:

a)    Se incumple con lo dispuesto en los artículos 171 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 74 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral, pues la readscripción no puede ser discrecional, ni puede llevarse a cabo sin anteponer los principios rectores y los elementos objetivos que son necesarios para realizarla, y en el acuerdo impugnado no se señala cuáles son las necesidades del servicio que requiere el instituto para hacer los cambios de adscripción, ni explica la idoneidad de cada uno de los vocales que se pretende cambiar.

 

b)    Los Vocales Ejecutivos con las más altas calificaciones y mayor experiencia deberían ser quienes sean adscritos a distintas juntas locales, que por sus características particulares requieren una atención especial y no al revés, como sucede en el acuerdo que se combate.

 

Por su parte, los partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo, también aducen que el acuerdo carece de una debida motivación por lo siguiente:

 

1)    De la lectura de los considerandos del acuerdo impugnado no se desprende que verdaderamente se atienda, en forma cierta y objetiva, a los factores de:

        Antigüedad en adscripciones actuales;

        Grados de complejidad electoral, demográfica y geográfica de los distritos electorales y las entidades federativas; y

        Niveles de desempeño tanto de los funcionarios en lo individual como de las juntas locales y distritales.

Al contrario, sostienen los actores, se observa discrecionalidad.

2)    Se pretende establecer a la “rotación” como un principio operativo del Servicio Profesional Electoral del Instituto, cuando no lo es.

3)    Los Vocales Ejecutivos de Baja California y Chiapas no cuentan con la titularidad del servicio, por lo que se incumple con lo prescrito en el artículo 53 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral.

4)    No se define quienes de los 31 Vocales Ejecutivos Locales solicitaron cambio de adscripción, sin embargo, no se motiva y no se sustenta el porqué se les concede únicamente a los tres que se señalan en el acuerdo, ni se motiva o fundamenta el porqué no se les concedió a los demás solicitantes el cambio de adscripción. El Vocal Ejecutivo de Tabasco pidió ser readscrito a Jalisco y no se le concedió su solicitud.

 

Estos agravios al estar relacionados, se analizaran de manera conjunta.

 

A juicio de esta Sala Superior resultan infundados los motivos de inconformidad antes referidos, en virtud de los razonamientos que se exponen a continuación.

 

Este órgano jurisdiccional, ha sustentando en reiteradas ocasiones que de conformidad con el artículo 16, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo acto de autoridad que cause molestias a los derechos previstos en el propio precepto, debe estar fundado y motivado, entendiendo a la fundamentación como la expresión del precepto legal aplicable al caso concreto, mientras que la motivación debe entenderse como el hecho de señalar las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además que exista una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, de manera que quede evidenciado las circunstancias invocadas como los motivos para la emisión del acto, como sustento del modo de proceder de la autoridad.

 

El cumplimiento de la citada garantía tiene, entre otras, la finalidad de dar a conocer al individuo los argumentos de racionalidad que sustentan o justifican lo decidido, auspiciando así mayor confianza en la actuación de la autoridad; sirve, también, para que la propia autoridad, al verse obligada a justificar racionalmente sus actos, se percate oportunamente de posibles errores y los evite; de igual manera, la motivación tiende a facilitar la defensa de los afectados, dejando al descubierto las incorrecciones de los razonamientos que sustentan el acto para hacerlas valer mediante los instrumentos de impugnación previstos por las leyes, porque al conocer las razones por la cuales se tomó la decisión, se cuenta con los elementos necesarios para evidenciar la inexacta actuación de la autoridad en el caso concreto, o bien la falta, insuficiencia o incorrección de los argumentos expuestos.

 

Además, esta Sala Superior ha considerado que en tratándose de actos como el ahora impugnado, es decir, el acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, debe contener entre otros requisitos, los fundamentos jurídicos y razonamientos lógico-jurídicos que sirvan de base para la resolución o sentencia, de lo que se deduce que es el acuerdo, entendido como un acto jurídico completo y no en una de sus partes, lo que debe estar debidamente fundado y motivado, por lo que no existe obligación para la autoridad de fundar o motivar cada uno de los considerandos en que, por razones metodológicas, divide el mismo, sino que, debe ser considerado como una unidad y, en ese tenor, para que se cumplan las exigencias constitucionales y legales de la debida fundamentación y motivación, basta que a lo largo del mismo se expresen las razones y motivos que conducen a la autoridad emisora a adoptar determinada solución jurídica a un caso sometido a su competencia o jurisdicción y que señale con precisión los preceptos constitucionales y legales que sustenten la determinación que adopta; criterio sustentado por esta Sala Superior en la Tesis de Jurisprudencia, consultable en la página 141, de la compilación oficial “Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005”, cuyo rubro es: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SE CUMPLE SI EN CUALQUIER PARTE DE LA RESOLUCIÓN SE EXPRESAN LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS QUE LA SUSTENTAN (Legislación del Estado de Aguascalientes y similares)".

 

Ahora bien, de la simple lectura del acuerdo impugnado, se advierte que, contrariamente al dicho de los actores, la autoridad responsable expresó los preceptos legales aplicables al caso concreto así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas suficientes que tuvo en consideración para la emisión del acuerdo reclamado, existiendo además, la adecuación exigida entre los motivos aducidos y las normas aplicables, de manera que queda evidenciado sin lugar a dudas la debida motivación y fundamentación del mismo.

 

Lo anterior toda vez que, para cumplimentar la exigencia constitucional inexorable de motivar los actos de autoridad a cargo de los entes públicos, no era menester que las razones que justificaran los cambios de adscripción de los diecisiete Vocales Ejecutivos de las Juntas Locales Ejecutivas, constaran, exclusivamente, en el propio cuerpo del acuerdo, esto es, con exclusión de algún otro que forme parte de aquél.

 

En efecto, de acuerdo con el criterio jurisprudencial supracitado, debe tomarse en cuenta que la serie de consideraciones plasmadas en el acuerdo tildado de inconstitucional constituyen una unidad, de cuya lectura se colige que, fundamentalmente, las razones y motivos que condujeron a la responsable a adoptar su decisión se encuentran sustentados por los pronunciamientos aprobatorios por parte de otras instancias internas del instituto que cuentan, legal y estatutariamente, con el deber de imponerse y resolver de primera mano sobre tal cuestión.

 

Conforme a lo anterior, en el caso que se analiza el requisito de motivación se cubrió a cabalidad, puesto que la autoridad responsable manifestó en el anexo único del acuerdo impugnado las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que consideró para la emisión de su acto de autoridad, y se encuentra plenamente acreditado en autos, que los actores tuvieron pleno conocimiento del referido anexo.

 

Efectivamente, en el hecho marcado con el número 1 de la demanda presentada por los partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo, señalan que el diecinueve de junio se les notificó el orden del día de la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Federal Electoral y que posteriormente se les entregó un anexo titulado “Anexo único del proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se aprueba el cambio de adscripción del personal de carrera que ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo en las Juntas Ejecutivas Locales”, lo que constituye una confesión expresa que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 15, párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, hace prueba plena, máxime que dicha afirmación no se encuentra controvertida con las constancias que obran en autos.

 

Asimismo, obra en el expediente del recurso de apelación presentado por Convergencia, copia certificada del acuse de recibo del citado anexo, el cual le fue entregado al partido, a las dieciocho horas con treinta y dos minutos del diecinueve de junio de este año.

 

Ahora bien, el anexo consiste en los dictámenes de los diecisiete cambios de adscripción, elaborados con fundamento en los artículos 53 y 74 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral.

Cada uno de los dictámenes contiene datos, información y razones o consideraciones agrupadas en los siguientes rubros:

1.    Datos generales del miembro del Servicio Profesional Electoral, que a su vez incluye:

a)    el nombre del funcionario;

b)    el índice de rendimiento del funcionario;

c)    el índice de rendimiento de la Junta Local en la que se desempeña el funcionario;

d)    el índice de rendimiento de la Junta Local que se propone para la readscripción del funcionario;

e)    el cargo o puesto propuesto, y

f)      el origen de la vacante.

2.    Datos personales del funcionario como miembro del Servicio Profesional Electoral, sección en la que se incluye:

a)    la fecha de ingreso del funcionario al Servicio;

b)    la antigüedad;

c)    los años de experiencia;

d)    el último cargo;

e)    el registro de los cambios de adscripción que haya tenido;

f)      el nivel del puesto, y

g)    en su caso, las sanciones que haya tenido durante el ejercicio de sus actividades laborales.

3.    Evaluación del desempeño, sección en la que se hace un diagnóstico del desempeño del funcionario, se refieren las calificaciones obtenidas en las evaluaciones institucionales realizadas, las posiciones que han ocupado dicho funcionario en la escala nacional, el trabajo en equipo y las calificaciones promedio que le asignaron los representantes de los partidos políticos ante los Consejos General y Local del Instituto Federal Electoral en el proceso electoral 2005-2006.

4.    Méritos del funcionario como miembro del Servicio Profesional Electoral.

5.    Complejidad sociopolítica y administrativa de la entidad, tanto de aquella en que actualmente está adscrito el funcionario como de aquella a la que ha sido readscrito.

En esta sección del dictamen se enfatiza el grado de complejidad de cada una de las dos entidades federativas, el número de habitantes que tienen y los municipios que las integran, el porcentaje de la población que viven en zonas rurales y urbanas, los puntos porcentuales en términos de calidad de los servicios. Todos estos datos tienen como fuente al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

Respecto de la información electoral, se precisa el número de distritos electorales con su respectivo grado de complejidad electoral. Es importante destacar que, en una nota al pie de página de cada uno de los diecisiete dictámenes de readscripción, se precisa el instrumento metodológico que sirve de base para la clasificación de los distritos electorales según su “complejidad electoral”, la cual se define operativamente en dicho instrumento. Por último, se menciona el número de electores con los que cuentan el padrón electoral y la lista nominal de cada una de las entidades federativas en cuestión.

6.    Finalmente, cada dictamen contiene la justificación particular, específica y concreta del cambio de adscripción, mediante la expresión de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que la autoridad consideró para llevar a cabo la readscripción de cada uno de los funcionarios del Servicio Profesional Electoral. En este apartado se consideran circunstancias tales como:

a)    si el funcionario solicitó su cambio de adscripción;

b)    las evaluaciones de su desempeño laboral;

c)    la antigüedad de cada uno de de los cargos desempeñados;

d)    la experiencia en el ejercicio del cargo de Vocal Ejecutivo;

e)    el índice de rendimiento;

f)      las evaluaciones del régimen de responsabilidades administrativas del funcionario (denuncias, procedimientos administrativos y sanciones);

De lo anterior, se advierte que la autoridad responsable sí señaló cuáles eran las condiciones particulares de cada Junta Ejecutiva Local, por otro lado también estableció el perfil de los funcionarios readscritos, situación que pone de manifiesto que sí motivó debidamente el cambio de adscripción; distinto resulta, el hecho de que la autoridad haya omitido manifestar palabras como “idoneidad al cargo” o “necesidades del servicio”, no obstante, esta situación no constituye un obstáculo para tener por satisfecha la obligación de la debida motivación, puesto que aquéllas menciones solamente ilustran el sentido en el que se debe justificar la readscripción, situación que en la especie sí ocurrió, ya que el acuerdo, al haber listado las condiciones antes señaladas, expone los motivos, razones y circunstancias para justificar el cambio de adscripción.

 

En efecto, la omisión de la autoridad de expresar los conceptos de “idoneidad al cargo” o “necesidades del servicio”, al referirse a las justificaciones que plasmó en el acuerdo impugnado, no son de la entidad como para tener por indebida motivación, pues ésta omisión es solo formal y no altera la esencia de lo que una debida motivación exige, pues la mención de las características específicas de la junta y del particular perfil de los vocales ejecutivos, visto en su totalidad, y especialmente de manera integral con los fundamentos dados por la autoridad para realizar los cambios, colman los extremos de la función de la motivación, que es, que la autoridad exprese razones por las cuales actúa y no realice su función de forma arbitraria, en esta tesitura, si en la especie la autoridad sí ofreció las razones del cambio acorde a los conceptos antes señalados (“idoneidad al cargo” y “necesidades del servicio”), la debida motivación está satisfecha.

 

Definir las características específicas de cada junta y el perfil particular de cada vocal readscrito, de suyo, ya constituye una debida motivación, pues estos elementos per se, explican los motivos que llevaron a la autoridad a realizar los cambios de adscripción, más aún, si tomamos en cuenta el criterio jurisprudencial antes referido, en el que se establece que en un acuerdo de esta naturaleza, la fundamentación y motivación, se debe analizar de forma integral, pues basta que a lo largo del mismo se expresen las razones y motivos que llevaron a la autoridad a adoptar determinada solución jurídica a un caso sometido a su competencia o jurisdicción, y que señale con precisión los preceptos constitucionales y legales que sustenten la determinación que adopta.

 

De acuerdo con el criterio jurisprudencial supracitado, debe tomarse en cuenta que la serie de condiciones particulares de las juntas y los perfiles individuales de los vocales, plasmados en el acuerdo impugnado, constituyen una unidad, de cuya lectura se colige que, fundamentalmente, esas fueron las razones y motivos que condujeron a la responsable a realizar los cambios de adscripción y, que, aún cuando el acuerdo no exprese los conceptos de “idoneidad al cargo” o “necesidades del servicio”, éstos quedan inmersos en las razones dadas por la autoridad responsable.

 

Establecido lo anterior, el acuerdo combatido se encuentra debidamente motivado, al existir la adecuación suficiente entre las normas invocadas y la decisión adoptada, pues, se insiste, las necesidades del Servicio Profesional Electoral y la idoneidad de las personas para ocupar los cargos involucrados en las readscripciones, están íntimamente ligadas a las circunstancias concretas expuestas por la responsable al establecer, entre otros asuntos, las características particulares de cada junta ejecutiva local, y el perfil específico e individual de cada vocal ejecutivo local readscrito.

 

Por último, en el apartado  de dictamen de  cambio de adscripción, se precisa y se cita el fundamento legal del cambio de adscripción y se considera que el funcionario aceptó ser readscrito en cualquier momento en el ejercicio de su cargo.

En el acuerdo que se impugna se señala, en su punto considerativo 10, que en atención a lo dispuesto en el artículo 9 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral, para la readscripción del personal de carrera se tomarán en cuenta los resultados de las evaluaciones del desempeño, del aprovechamiento en el Programa de Formación y Desarrollo Profesional y de la evaluación global del desempeño. En efecto, el citado artículo es del tenor siguiente:

ARTICULO 9. Para la promoción, readscripción, movilidad, disponibilidad y permanencia de los miembros del Servicio se tomarán en cuenta los resultados de las evaluaciones del desempeño, del aprovechamiento en el Programa y de la evaluación global de que sean objeto, de acuerdo con los términos y condiciones especificados en el presente Estatuto.

Tampoco asiste razón a los actores, cuando afirman que los cambios de adscripción no son una facultad discrecional de la autoridad responsable, por lo siguiente.

 

En términos generales, la doctrina y la jurisprudencia entienden que la facultad discrecional es el poder de libre apreciación que la ley reconoce a las autoridades sobre el contenido de sus actos o de sus acciones. Esta libertad, autorizada por la ley, también tiene un margen legal para orientar las decisiones de la autoridad. Es decir, la facultad discrecional es aquella libertad que tiene la autoridad para emitir un acto, pero su criterio debe estar regido por las reglas técnicas aplicables y el sentido íntimo de la legislación aplicable.

 

En efecto, el ejercicio de facultades discrecionales por parte de una autoridad, supone la emisión de una decisión, teniendo como base una libertad de elección entre alternativas igualmente aceptables, misma que tiene como soporte criterios de ponderación que no se encuentran en disposiciones normativas, sino que provienen del ánimo propio de la autoridad, esto es, el legislador delega en la autoridad la ponderación o evaluación subjetiva de ciertas circunstancias que definen la determinación final, de suerte que la decisión que se emita, si se ha producido dentro de los límites legales, es válida.

 

En este sentido, puede decirse que el ejercicio de la facultad discrecional, implica cierta libertad ponderativa de los órganos de gobierno, que mientras se mantenga dentro de los límites que el propio ordenamiento le fija, no puede considerarse arbitraria, que es la cualidad que definiría una violación al principio de legalidad.

 

En congruencia con estos postulados, al resolver el diverso expediente SUP-JDC-1728/2006, esta Sala Superior sostuvo que lo discrecional de determinadas facultades de las autoridades, se ha de interpretar en el sentido de que, en casos específicos, la normatividad le otorga a dichas autoridades la libertad de apreciación para actuar en diversos sentidos o, abstenerse de cierto proceder, con la finalidad de lograr o alcanzar el fin u objeto que la propia ley señale; de aquí que el ejercicio de dichas facultades discrecionales implique, necesariamente, la posibilidad de optar, en uso del arbitrio (entendido como la facultad que se tiene de adoptar una resolución con preferencia a otra), entre diferentes alternativas, sin que mediante el establecimiento de tales atribuciones potestativas sea factible desplegar un acto o conducta arbitraria (entendida como un proceder contrario a la justicia, la razón o las leyes, dictado solo por la voluntad o el capricho), habida de cuenta que, de ser así, se permite el control jurisdiccional.

 

En otras palabras, la aptitud que la autoridad tiene para optar entre diversas, posibles y permitidas conductas, no implica de ninguna manera un uso caprichoso o arbitrario de sus atribuciones, pues el ejercicio de facultades discrecionales, dentro de un Estado de Derecho, implica necesariamente la plena vigencia de los principios de constitucionalidad y legalidad, por lo que, dicho ejercicio no puede escapar a la justificación racional y normativa que reclaman dichos principios. Así, el ejercicio de facultades discrecionales no implica necesariamente la arbitrariedad de la actuación de la autoridad.

 

En la especie, contrariamente a lo que sostienen los actores, la ley otorga a la autoridad responsable, la facultad discrecional para realizar los cambios de adscripción que estime convenientes, pero al mismo tiempo, el propio ordenamiento condiciona el ejercicio de esa facultad mediante el establecimiento de las causas que pueden actualizarla, los órganos específicos del Instituto Federal Electoral que pueden ejercerla, los procedimientos respectivos, y los elementos en que debe basar su decisión.

 

Así, el artículo 171, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales prescribe claramente que el Instituto Federal Electoral podrá determinar el cambio de adscripción de su personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma y términos que establezcan el propio Código y el Estatuto.

 

Por su parte, la fracción I del artículo 15 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del personal del Instituto Federal Electoral establece que la Comisión del Servicio Profesional Electoral conoce, analiza y aprueba los objetivos generales de los procedimientos de readscripción; en la fracción III del artículo 14 del mismo ordenamiento, se precisa que corresponde a la Junta General Ejecutiva fijar los procedimientos de readscripción; y es precisamente la Junta General Ejecutiva quien, en términos de lo previsto en el artículo 53 del citado estatuto, propone al Consejo General del Instituto Federal Electoral la readscripción de los Vocales Ejecutivos, en función de las necesidades del servicio o a petición del interesado; finalmente, el artículo 74 de la misma normatividad señala que la readscripción se llevará a cabo de acuerdo a las necesidades del Instituto y la idoneidad del personal de carrera para ocupar el cargo de que se trate.

 

Ahora bien, el acuerdo impugnado se realizó en ejercicio de una facultad discrecional que implica una ponderación subjetiva de las cualidades personales de los vocales ejecutivos para cambiarlos a otra adscripción, y esto no puede considerarse ilegal, a menos de que se hubiere demostrado que alguno de ellos no contaba con el perfil idóneo para desempeñar el cargo de vocal ejecutivo en la nueva adscripción. Por esta razón, se estima que la actuación del Consejo General del Instituto Federal Electoral se apegó a la ley.

 

Además, como se señaló con antelación, el acuerdo impugnado, en sí mismo, no es un acto aislado, sino que constituye la fase final de un procedimiento previo.

 

En efecto, el artículo 53 del referido Estatuto prescribe que la readscripción del personal de carrera procede por necesidades del Servicio o a petición del interesado, con base en el dictamen que al efecto emita la Dirección Ejecutiva sobre la procedencia de las solicitudes. En otra parte del artículo citado, se precisa que para la elaboración de los dictámenes, la Dirección Ejecutiva considerará la idoneidad del solicitante y los resultados obtenidos en sus evaluaciones, así como la adecuada integración de las Juntas o Direcciones correspondientes, e informará a los titulares de las Direcciones y Juntas Locales respectivas, así como a la Comisión por medio de su Presidente, quienes tendrán un mínimo de dos días hábiles para emitir, en su caso, observaciones. Finalmente, se establece que, en función de las necesidades del Servicio, la Junta podrá proponer al Consejo la readscripción de vocales ejecutivos. Sin que se advierta de ninguna de las disposiciones atinentes, como lo sostienen los actores, que sólo puedan ser readscritos los funcionarios con más altas calificaciones y mayor experiencia.

A su vez, el artículo 82, párrafo 1, incisos b) y e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales prescribe que entre otras, el Consejo General del Instituto Federal Electoral tiene la atribución de, por un lado, vigilar la oportuna integración de los órganos del Instituto y, por el otro, designar a los funcionarios que durante los procesos electorales actuarán como presidentes de los Consejos Locales y Distritales, y que en todo tiempo fungirán como vocales ejecutivos de las juntas correspondientes.

El ejercicio de esta atribución del Consejo General sólo puede llevarse a cabo correctamente con base en los dictámenes que al efecto se realicen. Por lo tanto, el acuerdo impugnado no puede ser considerado de manera aislada, sino que la decisión que contiene se sustenta, como ya se dijo, tanto empírica como normativamente, en el conjunto de dictámenes que integran el anexo único, por lo que éste se convierte en una parte fundamental del acuerdo impugnado. Esto, además, es manifestado expresamente por la propia responsable en el punto considerativo 28 del acto combatido:

la decisión del cambio de adscripción de 17 Vocales Ejecutivos Locales está sustentada en dictámenes que atienden diversas variables relativas a antigüedad en adscripciones actuales, grados de complejidad electoral, demográfica y geográfica de los distritos electorales y las entidades federativas, niveles de desempeño tanto de los funcionarios en lo individual como de las juntas locales y distritales, rendimientos tanto de funcionarios en lo individual como de las juntas locales y distritales medidos por medio de índices que atienden factores como cumplimiento de metas en el factor eficacia de la evaluación especial del desempeño, trabajo en equipo, clima laboral, número de denuncias, procedimientos administrativos, sanciones, y solicitudes de cambio de adscripción emitidas por Vocales Ejecutivos Locales y Directores Ejecutivos.

 

Así, el procedimiento técnico seguido por la autoridad responsable para emitir el acuerdo impugnado se distinguió por haberse desarrollado a través de decisiones parciales, las cuales sirvieron de base para la emisión de resoluciones de carácter consecuencial, tendientes a la toma de una decisión final del Consejo General, cuya motivación consta no sólo en el documento que contiene, propiamente, la resolución definitiva, sino también en el anexo inescindible o indisoluble de esa determinación, en el cual se manifestaron los motivos y razonamientos específicos que sustentan la decisión final.

En razón de todo lo anterior, se estima que el acuerdo impugnado cumple con la garantía constitucional de fundamentación y motivación, por lo que el agravio, como se adelantó resulta infundado.

Por otra parte, el argumento consistente en que los Vocales Ejecutivos de Baja California y Chiapas no cuentan con la titularidad del servicio, con lo que se incumple con lo dispuesto en el artículo 53 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral, es incorrecto, en atención a los siguientes razonamientos.

El ya citado artículo 53 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral prescribe que cuando la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral elabore su dictamen en torno al cambio de adscripción de un funcionario del servicio, dará preferencia, de entre quienes hayan solicitado su readscripción y cumplan con los requisitos para el cargo o puesto, a los miembros del Servicio que tengan titularidad y, en caso de miembros titulares, a aquellos que cuenten con mayor rango.

Así, la titularidad en el cargo o puesto es un elemento que, al elaborarse el dictamen correspondiente, se considera en el supuesto de que más de una persona haya solicitado una misma adscripción y dichas solicitantes cumplan con los requisitos para el cargo o puesto. En otras palabras, la titularidad en el Servicio Profesional Electoral es un elemento que determina, en caso de que al menos dos personas soliciten su cambio de adscripción a la misma entidad federativa, al sujeto con mejor derecho, pero no es en forma alguna un requisito de procedencia del cambio mismo de adscripción. De aquí lo errado de este argumento.

Aunado a lo anterior, los apelantes no aportan prueba alguna para cimentar sus afirmaciones, en el sentido de que se prefirió a dichos servidores públicos que no contaban con la titularidad en el cargo frente a otros funcionarios, sin que se identifiquen a los mismos, ni tampoco se establezcan los elementos por los cuales deban de ser considerados en el proceso de readscricipción.

Por otra parte, y en relación con al argumento en torno a que no se define en el acuerdo impugnado quiénes de los treinta y uno vocales ejecutivos locales solicitaron cambio de adscripción y por qué solamente se les concedió a los tres vocales señalados, omitiendo motivar y fundamentar las consideraciones por las cuales no se les concedió a los demás solicitantes el cambio de adscripción, el argumento es inatendible, pues los recurrentes afirman sin dar sustento a sus afirmaciones. El artículo 15, párrafo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral prescribe que el que afirma está obligado a probar.

En este caso, los actores parten de la premisa de que existieron más solicitudes de cambio de adscripción, diversas a las tres mencionadas en el punto considerativo 17 del acuerdo impugnado, de ahí que reclamen la expresión de las razones por las cuales no se les concedió el cambio a los demás peticionarios; sin embargo, no existe prueba que acredite que dicha premisa es verdadera.

Por lo que se refiere al argumento consistente en que se le negó la solicitud de cambio de adscripción al actual Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Tabasco (Carlos Manuel Rodríguez Morales), es necesario precisar que en el dictamen correspondiente, integrante, con el resto, del anexo único del acuerdo impugnado, se menciona expresa y claramente lo siguiente:

Dictamen de cambio de adscripción de Carlos Manuel Rodríguez Morales, Vocal Ejecutivo Local, con base en los artículos 53 y 74 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral

E. Justificación del cambio de adscripción:

A continuación la DESPE indica los principales motivos que justifican el cambio de adscripción de Carlos Manuel Rodríguez Morales:

El 6 de octubre de 2006, mediante correo electrónico dirigido a la DESPE, Carlos Manuel Rodríguez Morales solicitó se otorgara su readscripción como Vocal Ejecutivo Local a las entidades de Jalisco, Michoacán o Morelos. El 23 de noviembre de 2006, mediante oficio No. JLE/VE/1087/2006, Carlos Manuel Rodríguez Morales reiteró su solicitud para ser readscrito al estado de Jalisco.

De conformidad con la información descrita anteriormente, Carlos Manuel Rodríguez Morales cuenta con una antigüedad de 16 años como miembro del Servicio Profesional Electoral. Cabe señalar que este funcionario tiene casi ocho años como Vocal Ejecutivo Local y tiene casi tres años ocupando el mismo cargo en el estado de Tabasco. La experiencia adquirida por este funcionario como Vocal Ejecutivo Local le ha permitido desarrollar habilidades de liderazgo y negociación que pueden ser factores que contribuyan a mejorar el funcionamiento de los equipos de trabajo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Morelos, en razón de que esta Junta se ubica en el lugar 16 (de 32) de conformidad con el índice de rendimiento de las juntas locales ejecutivas. Es importante subrayar que este funcionario ocupó la vocalía ejecutiva de Morelos de 1999 a 2004.

Con base en el índice de rendimiento elaborado por la DESPE, el funcionario tiene un rendimiento promedio/alto (ocupa el lugar 8 de 32), lo cual podría contribuir a mejorar el desempeño de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Morelos. El miembro del Servicio Profesional Electoral ha mejorado sus niveles de desempeño. En la evaluación especial para el proceso electoral federal 1999-2000 se ubicó en la posición 21 con respecto al resto de los vocales ejecutivos locales, mientras que en la evaluación especial para el proceso electoral federal 2005-2006 se ubicó en el lugar 12. Por tal motivo, como ya se señaló, el cambio de adscripción de este funcionario a la Junta Local Ejecutiva en el estado de Morelos podría fortalecer los equipos de trabajo de esta entidad y elevar el nivel de desempeño de la Junta Local.

El cambio de adscripción de este funcionario tiene fundamento en los artículos 82 y 171, numeral 2, del COFIPE y los artículos 53 y 74 del Estatuto, en razón de que el Instituto Federal Electoral puede determinar el cambio de adscripción de funcionarios de carrera cuando por necesidades del Servicio Profesional Electoral se requiera. Asimismo, un cambio de adscripción de personal de carrera constituye un mecanismo para permitir la adecuada operación del Servicio Profesional Electoral, de acuerdo con las disposiciones citadas.

Cabe señalar, por último, que el funcionario firmó el oficio de adscripción correspondiente al cargo y adscripción que actualmente ocupa. En este documento aceptó ser readscrito, en cualquier momento, a otra área, cargo o ubicación, cuando así se requiriese, por necesidades del Instituto Federal Electoral y del Servicio Profesional Electoral.

 

De lo anterior se sigue que, contrariamente a lo manifestado por los recurrentes, la autoridad señalada como responsable sí justificó su decisión en torno al cambio de adscripción del funcionario electoral arriba precisado, así como la negativa en torno a la solicitud que dicho funcionario había presentado a la instancia competente del Instituto Federal Electoral. Aunado a lo anterior, las razones antes citadas no son combatidas por los actores.

 

CUARTO. Agravios que sólo formulan los partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo. En su escrito de demanda, estos institutos políticos hacen valer lo siguiente:

 

1. Falta de motivación del acuerdo impugnado en relación a lo establecido en los artículos 103, párrafo 1, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 3 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral, pues la responsable omitió expresar argumento alguno que justificara el porqué no revisó que los Vocales Ejecutivos cumplieran con el requisito de contar con residencia de dos años en la entidad federativa correspondiente, pues con el cambio de adscripción, los nombrados no contarían con la residencia mínima efectiva para poder realizar las tareas como vocales presidentes, lo que generaría un grave problema de funcionamiento del Servicio Profesional Electoral.

 

2. Invasión de las atribuciones del Consejo General del Instituto Federal Electoral, para el cambio de adscripción de los Vocales Ejecutivos Locales, pues en los considerandos 26 y 27 del acuerdo recurrido se menciona que el mismo es la etapa final de "una estrategia integral" de rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral que consta de tres etapas, dos de las cuales ya fueron aprobadas, y que tienen por objeto atender las necesidades del Instituto y fortalecer su adecuado funcionamiento durante el Proceso Electoral Federal 2008-2009.

 

Sin embargo, dicho plan nunca fue dado a conocer al Consejo General y, como se señaló, dicha "rotación", no es un principio establecido ni en la ley, ni en el Estatuto del Servicio Profesional Electoral. Tampoco se puede desprender de los ordenamientos antes establecidos, ni de los símiles de servicios civiles de carrera tal afirmación.

 

El Consejo General del Instituto Federal Electoral no conoció previamente de dichos planes o estrategias y nunca fue informado de las mismas, en caso de que efectivamente hubieran existido. Se estaría ante el establecimiento de una norma que no pasó por Consejo General y que vulnera la ley y el propio Estatuto.

 

Por lo que se refiere al agravio que los actores exponen en torno a que la responsable omitió expresar argumento alguno que justificara el porqué no revisó que los Vocales Ejecutivos cumplieran con el requisito de contar con residencia de dos años en la entidad federativa correspondiente, pues con el cambio de adscripción, los nombrados no contarían con la residencia mínima efectiva para poder realizar las tareas como vocales presidentes, lo que generaría un grave problema de funcionamiento del Servicio Profesional Electoral, tal agravio es infundado en virtud de las siguientes razones.

Conforme con los artículos 98, párrafo 1 y 99, párrafos 1, 2 y 4 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Instituto Federal Electoral cuenta, en cada entidad federativa, con una Delegación integrada por la Junta Local Ejecutiva, el Vocal Ejecutivo y el Consejo Local; las Juntas Locales Ejecutivas son órganos permanentes que se integran invariablemente por funcionarios del Servicio Profesional Electoral y están presididas por el Vocal Ejecutivo. De lo anterior se sigue que el Vocal Ejecutivo de las Juntas Locales Ejecutivas debe ser un funcionario del Servicio Profesional Electoral.

Por otra parte, de acuerdo con lo prescrito en los artículos 101, párrafo 1, inciso a) y 102, párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, los Consejos Locales funcionan durante el proceso electoral federal y se integran con:

        un consejero Presidente, que es, a su vez, el Presidente de la Junta Local Ejecutiva, es decir, el Vocal Ejecutivo;

        seis consejeros electorales, y

        representantes de los partidos políticos nacionales.

Por lo que se refiere al nombramiento tanto del consejero Presidente como de los consejeros electorales, se prescriben dos hipótesis normativas diferentes; por lo que hace al nombramiento del primero es aplicable el artículo 82, párrafo 1, inciso e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que establece que entre las atribuciones del Consejo General del Instituto Federal Electoral se encuentra la de designar a los funcionarios que durante los procesos electorales actuarán como presidentes de los Consejos Locales y Distritales, y que en todo tiempo fungirán como vocales ejecutivos de las juntas correspondientes.

En tanto que para los consejeros electorales se aplica el artículo 82, párrafo 1, inciso f) del ordenamiento citado, que prescribe que entre las atribuciones del Consejo General del Instituto Federal Electoral se encuentra la de designar por mayoría absoluta, a más tardar el día 30 del mes de octubre del año anterior al de la elección, de entre las propuestas que al efecto hagan el consejero Presidente y los consejeros electorales del propio Consejo General, a los consejeros electorales de los Consejos Locales.

En torno a los requisitos que deben satisfacer los consejeros electorales de los consejos locales, el artículo 103, párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales precisa los siguientes:

a)     Ser mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles, estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con Credencial para Votar con fotografía;

b)     Tener residencia de dos años en la entidad federativa correspondiente;

c)     Contar con conocimientos para el desempeño adecuado de sus funciones;

d)     No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en los últimos tres años anteriores a la designación;

e)     No ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político en los tres años inmediatos anteriores a la designación; y

f)       Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial.

 

De igual manera, el mismo artículo 103, pero en sus párrafos 2, 3 y 4 establece que:

        Los consejeros electorales serán designados para dos procesos electorales ordinarios pudiendo ser reelectos.

        Para el desempeño de sus funciones tendrán derecho a disfrutar de las facilidades necesarias en sus trabajos o empleos habituales.

        Los consejeros electorales recibirán la dieta de asistencia que para cada proceso electoral se determine.

De lo anterior se sigue que la ley distingue entre el consejero Presidente y los consejeros electorales que integran los Consejos Locales del Instituto Federal Electoral en cada entidad federativa. La razón de la distinción estriba en que el primero también es Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva, que, a diferencia del Consejo Local que funciona únicamente durante el proceso electoral federal, es un órgano permanente. Puesto que la Junta Local Ejecutiva se integra invariablemente por funcionarios del Servicio Profesional Electoral, quien la preside, es decir quien ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo, es un funcionario de dicho servicio.

El objeto del Servicio Electoral Profesional consiste, de acuerdo al artículo 167, párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en asegurar el desempeño profesional de las actividades del Instituto Federal Electoral. “Profesional” tiene varios sentidos, de entre los cuales cabe mencionar: a) perteneciente a la profesión; b) persona que ejerce una profesión y c) quien practica habitualmente una actividad. El significado de “profesión”, en lo que importa a esta resolución, consiste en “empleo, facultad u oficio que una persona tiene y ejerce con derecho a retribución”, de lo que aunado a lo anterior, se tiene que dicho empleo u oficio se ha de ejercer habitualmente, es decir, de manera habitual, continua, duradera, constante.

Si el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva es un funcionario del Servicio Profesional Electoral y si éste tiene como objeto asegurar el desempeño profesional de las actividades del Instituto Federal Electoral, entonces quien ocupe el cargo de Vocal Ejecutivo deberá ejercer dicho empleo de manera habitual, duradera y constante, lo que le otorgará el derecho a recibir una retribución. Este profesionalismo explica en buena medida la disposición legal de que dicho Vocal Ejecutivo presida, en calidad de consejero Presidente, el Consejo Local, el cual sólo se instala y funciona durante el proceso electoral federal.

Esto a diferencia de los consejeros electorales de los Consejos Locales, los cuales no son funcionarios del Servicio Profesional Electoral, son designados para dos procesos electorales ordinarios pudiendo ser reelectos y, en virtud de tal designación, tendrán derecho a disfrutar de las facilidades necesarias en sus trabajos o empleos habituales, además de tener el derecho a recibir la dieta de asistencia que para cada proceso electoral se determine.

De lo anterior se sigue que el cargo de consejero electoral de Consejo Local no es un empleo u oficio que la persona ejerza o desempeñe de manera habitual, duradera y constante, a diferencia del cargo de Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva. En virtud de lo anterior, los requisitos que se han de cubrir para ocupar el cargo de Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva no son los mismos que se requiere satisfacer para ocupar el cargo de consejero electoral de Consejo Local, no obstante que, por disposición legal, el Vocal Ejecutivo es, cuando funcione el Consejo Local, consejero Presidente de éste.

Por otra parte, de la lectura de los artículos 168, párrafo 7 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 43, 75 y 76 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral, no se advierte la prescripción de que quien ocupe el cargo de Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva deba satisfacer el requisito de tener residencia de dos años en la entidad federativa correspondiente.

De lo anterior se concluye que el artículo 103, párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que prescribe, entre otros, el requisito de tener residencia de dos años en la entidad federativa correspondiente, no les es aplicable a quienes ocupen, por readscripción en este caso, el cargo de Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva; por lo tanto, el agravio expresado por los actores es infundado.

Por lo que hace al agravio relacionado a la invasión de las atribuciones del propio Consejo General del Instituto Federal Electoral, para el cambio de adscripción de los Vocales Ejecutivos Locales, en razón de que la Junta General Ejecutiva, la Comisión del Servicio Profesional así como el Secretario Ejecutivo carecen de facultades para generar una estrategia integral de rotación de miembros del servicio profesional, se estima que es infundado por lo siguiente:

En el artículo 41 de la Constitución General de la República, se consigna la organización de las elecciones federales como una función estatal y se le encomienda al organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral; además, se establece en la Norma Fundamental, que contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia y se estatuye que el Consejo General será su órgano superior de dirección.

Destaca asimismo, que constitucionalmente se asigna a la ley, de modo expreso, la tarea de determinar las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos, así como las relaciones de mando entre ellos.

De lo anterior resulta, en principio, que ante la indiscutible importancia y trascendencia de la indicada función, se creó un organismo especializado y se sentaron las bases para establecer su organización, mediante la concepción de órganos con labores específicas que en la propia Constitución fueron plasmadas, con la encomienda al legislador de normar los aspectos orgánico, funcional y jerárquico; aunque se insiste en el diseño orgánico que creó el constituyente permanente, que hace evidente una distinción de funciones entre los diversos órganos (de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia), así como su preocupación de que en la ley se estableciera la regulación respectiva.

De tal manera, el Instituto Federal Electoral está concebido como un organismo público autónomo, al que se encomienda una función estatal específica, la de organizar las elecciones federales; lo que da una idea de unidad, por cuanto constituye una única institución, sin embargo, para el cumplimiento de tal función y de sus fines, sus actividades han sido distribuidas entre diversos órganos integrantes de éste, siendo la desconcentración la base de su organización.

La ley ha establecido una estructura debidamente definida y compleja de esta Institución, en la que a cada órgano creado, se le han asignado tareas específicas y las atribuciones necesarias para llevarlas a cabo, debidamente delimitadas por los preceptos constitucionales relativos y los del ordenamiento electoral federal, con el ánimo de que el todo que conforman, cumpla cabalmente con su función y fines, pero bajo la premisa fundamental de funcionalidad, entendiendo ésta, no sólo como una gama indiscriminada de posibilidades para el desarrollo de las actividades que debe realizar, sino más bien, como los mecanismos ordenados que posibiliten el debido desempeño de las tareas atinentes, mediante un engranaje que implica posiciones específicas, utilidades plenamente determinadas, funciones programadas y una organización material predefinida.

Sólo de esa manera es factible entender el espíritu del constituyente y del legislador, para crear un organismo compuesto por una estructura orgánica basada en la división competencial, según el tipo de actividad a desarrollar, esto es, por órganos especializados, ubicados cuidadosamente en un orden funcional y jerárquico, debidamente circunscrito que permite observar los principios rectores de la función estatal en comento, es decir, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, mediante una adecuada regulación para lograr el control de cada uno de ellos, pero que permitan un desenvolvimiento de cada órgano conforme a su naturaleza específica, como medios para lograr un fin, cuyo desempeño sólo puede ser posible dentro del ámbito expresamente establecido, debido a que la validez de la actuación de éstos, depende, necesariamente, del otorgamiento de facultades suficientes para producir efectos jurídicos, lo cual, solamente puede lograrse con el estricto apego a los mandatos constitucionales y a las normas legales dictadas en cumplimiento de éstos.

En acatamiento del mandato constitucional, en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se incluyó el Libro Tercero, referente al Instituto Federal Electoral, en el cual se contienen las reglas de su estructura, organización y funcionamiento.

Por otra parte, el artículo 14, fracción III del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral establece que corresponde a la Junta General Ejecutiva:

fijar, a propuesta de la Dirección Ejecutiva, los procedimientos administrativos del servicio respecto del reclutamiento, la selección, la incorporación, la adscripción, la readscripción, la evaluación del desempeño, las actividades de formación y desarrollo, la titularidad, la promoción, el ascenso, la disponibilidad, los incentivos, la movilidad y las sanciones del personal de carrera, así como aquellos que sean necesarios para la correcta operación del Servicio, conforme a las políticas y programas generales del Instituto.

 

Asimismo, el artículo 15, fracción I del propio ordenamiento señala que corresponde a la Comisión:

Conocer, analizar, comentar y aprobar el anteproyecto de políticas y programas de la Dirección Ejecutiva, así como los objetivos generales de los procedimientos de ingreso, movilidad, ascenso, promoción, readscripción, titularidad, formación, evaluación, disponibilidad, incentivos y sanción de los miembros del Servicio, antes de su presentación a la Junta.

El artículo 17 fracción V, del citado Estatuto faculta al Secretario Ejecutivo a dar cuenta al Consejo, en su calidad de Secretario del mismo, de los proyectos de dictamen de la Comisión, en materia de Servicio Profesional Electoral y el artículo 18 fracción I concede a la Dirección Ejecutiva la atribución de planear, organizar, coordinar y desarrollar el Servicio mencionado.

Como podemos observar, de los preceptos legales referidos podemos concluir que la normatividad electoral faculta al Secretario Ejecutivo, a la Junta General Ejecutiva y a la Comisión del Servicio Profesional Electoral para conocer y aplicar políticas y programas en materia de readscripción de funcionarios del Servicio Profesional Electoral.

Es importante mencionar que conforme a lo previsto en el artículo 17 fracción V, el Secretario Ejecutivo tiene la facultad de dar cuenta al Consejo General del Instituto Federal Electoral de los dictámenes relacionados con el Servicio Profesional Electoral para que éste a su vez, si así lo estiman pertinente, los apruebe.

En el caso, como se desprende en autos, los dictámenes de cambios de adscripción propuestos por la Junta General Ejecutiva de conformidad con lo establecido en los artículos 53 y 74 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral, fueron aprobados por el Consejo General del Instituto Federal Electoral mediante acuerdo CG220/2007 de veintiuno de junio de dos mil siete, que constituye el acto reclamado, por lo que se evidencia que el propio Consejo General esgrimió sus facultades legales en la materia. Por lo anterior, carece de fundamento el agravio expresado por los actores al respecto.

QUINTO. Agravios que sólo formula Convergencia. En su escrito de demanda, este instituto político arguye que no se le debe cambiar de junta local a un funcionario que incurre en faltas o hace su trabajo de manera deficiente, sino que se debe determinar su responsabilidad y en todo caso dar por terminada la relación laboral.

 

Este Tribunal estima que al agravio en estudio resulta inoperante, al tratarse de una simple manifestación vaga, imprecisa y genérica, pues el recurrente no señala los casos específicos en los que concurrieron esas circunstancias, ni la naturaleza de las faltas que refiere, para que este órgano jurisdiccional estuviera en posibilidad de determinar si en el caso se acreditan las violaciones alegadas.

 

De todo lo anterior, se puede colegir que los agravios esgrimidos por los actores son insuficientes para revocar o modificar el acuerdo que por esta vía impugnan.

 

Finalmente, debe quedar aclarado que el sentido de esta ejecutoria obedece a lo infundado de los agravios aducidos por los apelantes, lo cual, en manera alguna, prejuzga sobre las circunstancias específicas y especiales que en el ámbito laboral se hagan valer en cada caso en particular, ya que eso debe ser materia de los medios de impugnación para los que se encuentran legitimados los servidores del Instituto Federal Electoral que consideren afectados sus derechos o prestaciones laborales, los cuales serán analizados una vez desahogado el proceso previsto en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, conforme con la litis planteada y con los hechos que queden demostrados en cada caso.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

R E S U E L V E:

PRIMERO.- Se acumula el recurso de apelación SUP-RAP-61/2007, al expediente identificado con la clave SUP-RAP-60/2007.

Glósese copia certificada de los puntos resolutivos de la presente ejecutoria al expediente acumulado.

SEGUNDO.- Se confirma el Acuerdo CG220/2007 del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se aprueba el cambio de adscripción del personal de carrera que ocupa el cargo de Vocal Ejecutivo en las Juntas Ejecutivas Locales.

NOTIFÍQUESE, personalmente a los partidos políticos actores, en el domicilio señalado en autos para tal fin; por oficio a la autoridad responsable, acompañado de la copia certificada de esta sentencia, y por estrados a los demás interesados, en términos de los dispuesto en el artículo 26, 27 y 28 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Así por unanimidad de votos lo resolvieron los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en ausencia del Magistrado Flavio Galván Rivera, ante la Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

MAGISTRADO PRESIDENTE POR MINISTERIO DE LEY

 

 

JOSÉ ALEJANDRO LUNA RAMOS

 

MAGISTRADA

 

 

MARÍA DEL CARMEN ALANIS FIGUEROA

 

MAGISTRADO

 

 

CONSTANCIO CARRASCO DAZA

 

MAGISTRADO

 

 

MANUEL GONZÁLEZ OROPEZA

 

MAGISTRADO

 

 

SALVADOR OLIMPO NAVA GOMAR

MAGISTRADO

 

 

Pedro Esteban Penagos López

 

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

 

 

SILVIA GABRIELA ORTIZ RASCÓN

 


[1] Couture, Eduardo J. (2004), Vocabulario Jurídico, Buenos Aires, Editorial B de f, p. 469.