recurso de apelación

EXPEDIENTEs: SUP-Rap-133/2008 y su acumulado SUP-Rap-134/2008

ACTORes: Partido de la Revolución Democrática y pARTIDO DEL tRABAJO

AUTORIDAD RESPONSABLE: consejo general del Instituto Federal Electoral

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO ESTEBAN PENAGOS LÓPEZ.

SECRETARIOS: AURORA ROJAS BONILLA, ANDRÉS VÁZQUEZ MURILLO Y SERGIO ARTURO GUERRERO OLVERA.

 

México, Distrito Federal, a veintisiete de agosto de dos mil ocho.

 

VISTOS para resolver, los autos de los expedientes SUP-RAP-133/2008 y su acumulado SUP-RAP-134/2008, formados con motivo de los recursos de apelación interpuestos por el Partido de la Revolución Democrática y el Partido de Trabajo, respectivamente, contra el Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se aprueba el Reglamento que establece los Lineamientos relativos a la Liquidación y Destino de los bienes de los Partidos Políticos Nacionales que pierdan o les sea cancelado su registro ante el Instituto Federal Electoral, identificado como CG315/2008, aprobado en la sesión extraordinaria del diez de julio de dos mil ocho; y

 

R e s u l t a n d o:

 

I. En sesión extraordinaria celebrada el diez de julio de dos mil ocho, el Consejo General del Instituto Federal Electoral emitió el acuerdo CG-315/2008 por el que aprobó el Reglamento que establece los Lineamientos relativos a la Liquidación y Destino de los Bienes de los Partidos Políticos Nacionales que pierdan o les sea cancelado su registro ante el Instituto Federal Electoral.

 

II. Inconformes con el citado acuerdo, mediante sendos escritos presentados el treinta de julio de dos mil ocho, ante la autoridad administrativa electoral, el Partido de la Revolución Democrática y el Partido del Trabajo interpusieron recursos de apelación.

 

III. Recibidas las constancias en este tribunal, a la demanda presentada por el Partido de la Revolución Democrática le correspondió el número de expediente SUP-RAP-133/2008, en tanto que a la demanda presentada por el Partido del Trabajo, el SUP-RAP-134/2008.

 

IV. Mediante acuerdos de siete de agosto de dos mil ocho, se turnaron los expedientes al Magistrado Pedro Esteban Penagos López, para los efectos del artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

 

V. Mediante proveídos del quince de agosto del presente año, el Magistrado Pedro Esteban Penagos López acordó tener por radicados respectivamente los expedientes, admitir los medios de impugnación y, en su oportunidad al no existir diligencias pendientes por realizar, declaró cerrada la instrucción en cada asunto por lo que los autos quedaron en estado de resolución.

 

C O N S I D E R A N D O:

 

PRIMERO. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver los medios de impugnación al rubro indicados, con fundamento en los artículos 41, párrafo segundo, Base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso g), y 189, fracción I, inciso d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 40, párrafo 1, inciso b), y 44, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de recursos de apelación interpuestos por el Partido de la Revolución Democrática y el Partido del Trabajo y en contra del “Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se expide el Reglamento para la Liquidación y Destino de los Bienes de los Partidos Políticos Nacionales que pierdan o les sea cancelado su registro ante el Instituto Federal Electoral.

 

SEGUNDO. Acumulación. Esta Sala Superior advierte que entre las demandas existe conexidad en la causa, porque en ambas se reclama el mismo acto y se señala como responsable a la misma autoridad, esto es, se impugna el Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral CG315/2008, tomado en sesión extraordinaria de diez de julio del presente año, por el que se aprueba el Reglamento para la Liquidación y Destino de los Bienes de los Partidos Políticos Nacionales que pierdan o les sea cancelado su registro ante el Instituto Federal Electoral.

 

Por tanto, con fundamento en los artículos 31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y 73, fracción VII, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se decreta la acumulación de los recurso de apelación, para que sean decididos de manera conjunta, a efecto de facilitar su pronta y expedita resolución y evitar la existencia de fallos contradictorios, debiendo quedar como índice el SUP-RAP-133/2008 y acumulado el diverso SUP-RAP-134/2008, en tanto que el primero de los citados en el más antiguo.

 

En consecuencia, se debe glosar copia certificada de los puntos resolutivos de la presente sentencia a los autos de recurso acumulado.

 

TERCERO. Normativa aplicable. Es necesario precisar que de conformidad con el artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de julio de dos mil ocho, todos los asuntos radicados en la Sala Superior antes de la entrada en vigor del mencionado decreto, serán sustanciados y resueltos por la misma, conforme a las normas vigentes al momento de su interposición.

 

En el caso, las demandas que dieron origen a los recursos de apelación precisados al rubro, se presentaron ante la autoridad responsable el treinta de julio del año que transcurre, por lo que al haberse promovido dichos medios impugnativos en fecha posterior a la entrada en vigor del Decreto señalado, debe resolverse conforme a la nueva normatividad, vigente a partir del primero de julio de dos mil ocho.

 

CUARTO. Requisitos de la demanda. En el recurso de apelación que se analiza, se cumplen los requisitos de procedibilidad previstos en los artículos 8°; 9°, párrafo 1; 40, párrafo 1, inciso b) y 45, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de conformidad con lo siguiente:

 

1. Requisitos formales de la demanda. Se cumplen los requisitos esenciales previstos en el artículo 9, párrafo 1, de la ley adjetiva invocada, dado que las demandas fueron presentadas ante la autoridad responsable; además, satisface las exigencias formales previstas en el citado precepto legal, a saber: el señalamiento del nombre del recurrente; el domicilio para recibir notificaciones; la identificación del acto o resolución impugnado y la autoridad responsable; la mención de los hechos y los agravios que el instituto político promovente aduce le causa el acuerdo reclamado, así como el asentamiento del nombre y firma autógrafa de la persona que lo interpone en nombre y representación del apelante.

 

2. Oportunidad. Los recursos de apelación que se resuelven se promovieron oportunamente, ya que según consta en autos, los institutos políticos inconformes tuvieron conocimiento del acto impugnado al menos el treinta de julio del año que transcurre, fecha en la que solicitaron copia certificada de la resolución respectiva, por tanto, el plazo de cuatro días previsto en el artículo 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, transcurrió del treinta y uno de julio al cinco de agosto.

 

Lo anterior, en virtud de que al no estar en curso un proceso electoral federal, en términos del artículo 7, párrafo 2, de la invocada ley procesal federal electoral, no deben computarse el dos y tres de agosto, por ser inhábiles, al corresponder a sábado y domingo.

 

En ese orden de ideas, si las demandas fueron presentadas el treinta de julio del año en curso, es incuestionable que ello se hizo dentro del plazo legalmente previsto para interponer el recurso de apelación que se resuelve.

 

3. Legitimación. Los recursos de apelación fueron promovidos por el Partido de la Revolución Democrática y el Partido del Trabajo esto es, por partidos políticos nacionales; por ende, es claro que se colma la exigencia prevista en el artículo 45, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

 

4. Interés jurídico. El Partido de la Revolución Democrática y el Partido del Trabajo promueven los recurso de apelación que se analizan, a fin de impugnar el acuerdo CG315/2008, aprobado en sesión extraordinaria celebrada el diez de julio de dos mil ocho.

 

La pretensión de los apelantes consiste en someter a regularidad constitucional y legal el Reglamento expedido por el Consejo General, en defensa de los intereses de la colectividad, esto es, de un ordenamiento de carácter general, dirigido a regular, entre otras cuestiones, el procedimiento para la liquidación y destino de los bienes de los Partidos Políticos Nacionales que pierdan o les sea cancelado su registro ante el Instituto Federal Electoral.

 

Al respecto, ha sido criterio reiterado de la Sala Superior, que los partidos políticos tienen interés legítimo para impugnar actos o resoluciones de los órganos del Instituto Federal Electoral, que por su naturaleza y consecuencias pudieran trascender al desarrollo del proceso electoral o afectar los principios que lo rigen, en atención a las siguientes razones:

 

a) La certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad son principios rectores de la función electoral.

 

b) Los partidos políticos nacionales son entidades de interés público que tienen entre sus funciones la de participar en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral.

 

c) Los órganos de vigilancia del Instituto Federal Electoral se integran mayoritariamente por representantes de los partidos políticos nacionales.

 

d) Una de las finalidades primordiales del sistema de medios de impugnación en materia electoral es garantizar que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales se ajusten a los principios de constitucionalidad y legalidad.

 

e) Los partidos políticos nacionales tienen legitimación preponderante para impugnar los actos o resoluciones de las autoridades electorales cuando consideren que no se ajustaron a los principios de constitucionalidad y legalidad.

 

Como puede observarse, por un lado, los partidos políticos tienen interés jurídico cuando: Defienden sus propios derechos.

 

Por otra parte, los partidos políticos tienen interés legítimo:

 

En acción tuitiva defienden derechos difusos, sea porque los actos impugnados estén directamente relacionados con la preparación de las elecciones o bien, cuando por su naturaleza y consecuencias pudieran trascender al desarrollo del proceso electoral o afectar los principios que lo rigen.

 

Resultan aplicables las jurisprudencias publicadas bajo los rubros: "ACCIONES TUITIVAS DE INTERESES DIFUSOS. ELEMENTOS NECESARIOS PARA QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS LAS PUEDAN DEDUCIR"  y "PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES. PUEDEN DEDUCIR ACCIONES TUITIVAS DE INTERESES DIFUSOS CONTRA LOS ACTOS DE PREPARACIÓN DE LAS ELECCIONES", visibles en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tomo Jurisprudencia, páginas 6 a 8, y 215 a 217, respectivamente.

 

Lo expuesto, evidencia que en la especie, los partidos promoventes cuentan con interés jurídico para interponer el presente recurso de apelación; por ende, se colma el requisito en examen.

 

5. Personería. El medio de impugnación radicado como SUP-JDC-133/2008 fue promovido por Rafael Hernández Estrada, en su carácter de representante suplente del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, quien cuenta con personería suficiente para hacerlo, en términos de lo dispuesto en los artículos 13, párrafo 1, inciso a), fracción I, y 45, del ordenamiento procesal citado, ya que tal representación le fue reconocida por la autoridad responsable al rendir su informe circunstanciado, acorde con lo dispuesto en el artículo 18, párrafo 2, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

 

Por otro lado, el medio de impugnación radicado como SUP-JDC-134/2008 fue promovido por Pedro Vázquez González, en su carácter de representante propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, quien cuenta con personería suficiente para hacerlo en los términos indicados en el párrafo anterior.

 

6. Definitividad. Se satisface este requisito de procedibilidad, en atención a que el acuerdo reclamado no admite medio de defensa alguno que deba ser agotado previamente a la promoción de los recursos de apelación que se resuelven, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40, párrafo 1, inciso b), de la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

 

Al estar satisfechos los requisitos de procedibilidad antes indicados, sin que la Sala Superior advierta la existencia de alguna causal de improcedencia, lo conducente es analizar y resolver el fondo de la litis planteada.

 

QUINTO. El acuerdo reclamado es del siguiente tenor:

 

TITULO PRIMERO. Disposiciones Generales

 

ARTÍCULO 1

1. El objetivo del presente Reglamento es determinar el procedimiento de liquidación y destino de los bienes que se deberá seguir cuando los partidos políticos pierdan o les sea cancelado su registro ante el Instituto Federal Electoral, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 32, párrafos 1 y 2, 101, 102 y 103 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y será aplicable respecto de su patrimonio.

 

ARTÍCULO 2

1. Para efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

a) Auxiliares: Personas con conocimientos profesionales o técnicos en la materia de contabilidad que apoyaran la función del interventor y, en su caso, del visitador, designado por la Unidad de Fiscalización;

b) Código: Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales;

c) Consejo General: Consejo General del Instituto Federal Electoral;

d) Instituto: Instituto Federal Electoral;

e) Interventor: Persona responsable del control y vigilancia del uso y destino de los recursos y bienes del partido político, nombrado por la Unidad de Fiscalización en los casos previstos en el Código y en este Reglamento;

f) Liquidación: Procedimiento en que se concluyen las operaciones pendientes del Partido Político; se cobran los créditos, se pagan los adeudos, se cumplen obligaciones y se otorga un destino cierto a los bienes que integran el patrimonio del partido político;

g) Partido político en liquidación: Partido político sujeto al procedimiento de liquidación una vez que quede firme la declaratoria de pérdida de registro o resolución con la sanción de cancelación de su registro por el instituto;

h)  Pérdida de registro: Declaratoria o resolución que emite la Junta General Ejecutiva o el Consejo General respectivamente, que haya quedado firme, cuando un partido político pierde o le es cancelado su registro;

i)  Reglamento: Reglamento para Liquidación y Destino de los Bienes de los Partidos Políticos Nacionales que pierdan o les sea cancelado su Registro ante el Instituto Federal Electoral;

j) Reglamento de Fiscalización: Reglamento para la Fiscalización de los recursos de los

k) SAE: Organismo descentralizado de la Administración Pública Federal denominado Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, previsto en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público;

I) Tribunal Electoral: Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;

m) Unidad de Fiscalización: Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral; y

n) Visitador: Persona responsable del control y vigilancia del uso y destino de los recursos y bienes del partido político que haya notificado al Instituto la decisión de disolverse, nombrado por la Unidad de Fiscalización

 

TITULO SEGUNDO. Procedimientos y Acciones

 

ARTÍCULO 3

 

1. La aplicación y cumplimiento del presente Reglamente corresponde al Consejo General y a la Unidad de Fiscalización.

 

ARTICULO 4

 

1. Si de los cómputos que realicen los consejos distritales del instituto se advierte que un partido político Nacional no obtiene el porcentaje mínimo de votos establecido en el inciso b) del párrafo 1 del artículo 101 del Código, ¡a Unidad de Fiscalización designará de inmediato a un interventor responsable del control y vigilancia directos del uso y destino de los recursos y bienes del partido político de que se trate. Lo mismo será aplicable en el caso de que el Consejo General declare la pérdida de registro legal por cualquier otra causa de las establecidas en el Código.

2. El interventor será designado por insaculación de la Lista de Especialistas de Concursos Mercantiles con registro vigente que el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles del Poder Judicial de la Federación publique en Internet, dicha lista será sometida a la consideración de los partidos políticos y validada por la Unidad de Fiscalización en el mes de febrero de cada año y será publicada en el Diario Oficial de la Federación.

 

3. El procedimiento de insaculación que llevará a cabo la Unidad de Fiscalización, se realizará en presencia del representante ante el Consejo General del Instituto de el o los Partidos que se encuentren en las hipótesis previstas en este artículo, por el Director General de la Unidad de Fiscalización, así como de dos testigos designados por el Director General de la Unidad. A esta diligencia podrán asistir los Consejeros Electorales, los Consejeros del Poder Legislativo y representantes de otros partidos políticos acreditados ante el Instituto que deseen hacerlo, para lo cuál se les comunicará por lo menos con veinticuatro horas de anticipación, la fecha, hora y lugar en que se llevará a cabo el acto.

4. El procedimiento de insaculación deberá desarrollarse conforme a las siguientes bases:

 

a) En la fecha y hora señalada por la Unidad de Fiscalización para llevar a cabo la diligencia, personal de la Unidad introducirá en una urna transparente, tarjetas con los nombres de cada uno de los especialistas con registro vigente que el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles del Poder Judicial de la Federación publique en Internet. Todas las tarjetas deberán tener las mismas características de tamaño y tipo de papel y podrán ser firmadas por el representante del partido político sujeto al procedimiento de liquidación. Previa su incorporación a la urna, el personal de la Unidad de Fiscalización introducirá cada una de las tarjetas en sobres independientes que cenaré y sellará a fin de que no pueda ser visible el nombre del especialista;

b) Posteriormente, un funcionario del Instituto designado por el Director General de "la Unidad de Fiscalización, extraerá un sobre de la urna y la tarjeta en él contenida y dará lectura en voz alta el nombre que en ella aparezca;

c) Hecho lo anterior, el Director General de la Unidad de Fiscalización inmediatamente comunicará al especialista su designación por la vía más expedita, con independencia de notificar de inmediato por escrito tal nombramiento; y

d) De esta diligencia se elaborará el acta correspondiente, que deberá ser firmada por el Director General de la Unidad de Fiscalización, por el representante del partido político sujeto al procedimiento de liquidación, así como de los testigos designados por el Director General de la Unidad de Fiscalización.

5. Si el interventor designado no aceptare el nombramiento, la Unidad de Fiscalización designará en estricto orden de aparición, al siguiente de la lista de especialistas de aquel que hubiere sido insaculado. En el caso en que no se obtuviere la aceptación de ninguno de ellos, designará al SAE que asumirá las funciones del interventor con todas las atribuciones, facultades y responsabilidad de este. Al respecto, los interventores deberán cumplir con los requisitos establecidos en las fracciones I a III y V de los artículos 326 y 328 de la Ley de Concursos Mercantiles, a efecto de evitar conflictos de interés entre el Interventor y los Partidos Políticos.

 

ARTÍCULO 5

 

1. A partir de su designación el interventor tendrá las más amplias facultades para actos de administración y dominio sobre el conjunto de bienes y recursos del partido político, por lo que todos los gastos que realice el partido deberán ser autorizados expresamente por el interventor. No podrán enajenarse, gravarse o donarse los bienes muebles e inmuebles que integren el patrimonio del partido político hasta en tanto quede firme la resolución o declaratoria de pérdida de registro correspondiente.

 

ARTÍCULO 6

 

1. Si una vez resueltos los medios de impugnación presentados por el partido político en contra de los cómputos distritales o de entidad federativa, se acreditara que sí obtuvo el dos por ciento de la votación total emitida en alguna de las elecciones federales, el partido político podrá reanudar sus operaciones habituales respecto de la administración y manejo de su patrimonio. En todo caso el Interventor rendirá un informe al responsable del órgano de finanzas del partido, sobre el estado financiero del partido político y de los actos que se hubiesen desarrollado en dicho período. En estos casos, el interventor recibirá el pago de sus honorarios por el lapso que haya ejercido sus funciones.

 

ARTÍCULO 7

 

1. Una vez que la Junta General Ejecutiva emita la declaratoria de pérdida de registro legal a que se refiere el párrafo 1 del artículo 102 del Código, o que el Consejo General, en uso de sus facultades, haya declarado sobre la cancelación del registro legal de un partido político nacional por cualquiera de las causas establecidas en el Código, y dichas resoluciones hayan sido confirmadas por el Tribunal Electoral en caso de que hubieren sido impugnadas, el interventor designado deberá:

a) Emitir aviso de liquidación del partido político de que se trate, mismo que deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación para los efectos legales procedentes;

b) Determinar los montos de las obligaciones laborales, fiscales, administrativas y con proveedores o acreedores, a cargo del partido político en liquidación;

c) Determinar el monto de recursos o valor de los bienes susceptibles de ser utilizados para el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere la fracción anterior;

d) Ordenar lo necesario para cubrir las obligaciones que la ley determina en protección y beneficio de los trabajadores del partido político en liquidación; realizado lo anterior, deberán cubrirse las obligaciones fiscales que correspondan; cubiertas estas obligaciones se pagarán las sanciones administrativas de carácter económico que, en su caso, hubieren sido impuestas por el Instituto al partido político involucrado; si una vez cumplidas las obligaciones anteriores quedasen recursos disponibles, se atenderán otros compromisos contraídos y debidamente documentados con proveedores y acreedores del partido político en liquidación, aplicando en lo conducente las leyes en esta materia;

e) Formulará un informe de lo actuado que contendrá el balance de bienes y recursos remanentes después de establecer las previsiones necesarias a los fines antes indicados; el informe será sometido a la aprobación del Consejo General del Instituto.

Una vez aprobado el informe con el balance de liquidación del partido político de que se trate, el interventor ordenará lo necesario a fin de cubrir las obligaciones determinadas, en el orden de prelación antes señalado;

f) Si realizado lo anterior quedasen bienes o recursos remanentes, los mismos serán adjudicados íntegramente a la Federación; y

g) En todo tiempo deberá garantizarse al partido político de que se trate el ejercicio de las garantías que la Constitución y las leyes establecen para estos casos. Los acuerdos del Consejo General serán impugnables ante el Tribunal Electoral.

 

TÍTULO TERCERO. Pérdida del Registro como Partido Político Nacional y Período de Prevención

 

ARTÍCULO 8

 

1. El partido político que decida disolverse, deberá notificar tal decisión al Instituto Federal Electoral dentro de las setenta y dos horas siguientes de haberlo decidido. De no cumplir con dicha obligación, la Unidad de Fiscalización dispondrá de las medidas necesarias para retrotraer en lo posible, los efectos de las obligaciones establecidas en este artículo, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, pudieran imponerse.

2. A partir de la notificación señalada en el párrafo anterior, iniciará un período de prevención cuyo objetivo es tomar las providencias precautorias necesarias para proteger el patrimonio del partido político y los intereses y derechos de orden público, así como los derechos de terceros frente al partido y finalizará el día en que se apruebe por el Consejo General apruebe la declaratoria de pérdida de registro.

El período de prevención deberá desarrollarse de conformidad con las siguientes reglas:

a) Una vez recibida la notificación del partido político en donde comunica al Instituto su decisión de disolverse, para proteger los recursos del partido, la Unidad de Fiscalización designará de inmediato a un visitador de la Lista de Especialistas de Concursos Mercantiles señalada en el artículo 4, párrafo 2, de este Reglamento;

b) El visitador será designado por insaculación, en los términos y bases señalados en el artículo 4 de este Reglamento;

c) En tanto el visitador no hubiere sido designado y aceptare el cargo, los dirigentes y el encargado del órgano responsable de la administración del patrimonio y los recursos financieros del partido político, en términos del artículo 27, párrafo 1, inciso c), fracción IV, del Código, permanecerán en funciones, teniendo los derechos y obligaciones previstos en el presente Reglamento para el visitador;

d) En el período de prevención, serán obligaciones de los partidos políticos las siguientes:

I. Suspender pagos de obligaciones vencidas con anterioridad;

II. Abstenerse de enajenar activos del partido político; y

III. Abstenerse de realizar transferencias de recursos o valores a favor de sus dirigentes, militantes, simpatizantes o cualquier otro tercero. Lo anterior con independencia de que la Unidad de Fiscalización determine providencias precautorias de naturaleza análoga a dichas obligaciones.

e) Durante el período de prevención, el partido político de que se trate podrá efectuar únicamente aquellas operaciones que, previa autorización del visitador, sean indispensables para su sostenimiento ordinario;

f) El Instituto retendrá las ministraciones de financiamiento publico por actividades ordinarias permanentes, relativas a los meses siguientes a aquel en que se notifique la decisión de disolución;

g) La retención a que se refiere el párrafo anterior, también podrá utilizarse para compensar las sanciones administrativas de carácter económico que, en su caso, sean impuestas al partido político que perdió su registro por su disolución. Con los recursos anteriores, el visitador y, en su momento el interventor, registrará una reserva que será utilizada al momento de que el Consejo General, emita la resolución que corresponda y dé lugar al cobro de la sanción requerida; y

h) El período de prevención concluirá al día siguiente de aquel en el que el Consejo General apruebe la declaratoria de pérdida de registro del partido político disuelto.

 

ARTÍCULO 9

 

1. Una vez que el visitador ha aceptado su nombramiento, éste y sus auxiliares llevarán a cabo, en lo conducente, las acciones señaladas en el artículo 13, para el interventor.

2. Son obligaciones del visitador, las siguientes:

a) Ejercer con probidad y diligencia las funciones que el presente Reglamento le encomienden;

b) Supervisar y vigilar el correcto desempeño de las personas que lo auxilien en la realización de sus funciones;

c) Rendir los informes que la Unidad de Fiscalización determine;

d) Abstenerse de divulgar o utilizar en beneficio propio o de terceros, la información que obtenga en el ejercicio de sus funciones; y

e) Cumplir con las demás obligaciones que este Reglamento determine y las que otras leyes establezcan.

3. El visitador será responsable por los actos propios y de sus auxiliares, respecto de los daños y perjuicios que causen en el desempeño de sus funciones, por incumplimiento de sus obligaciones y su reparación será exigible en ¡os términos de la normatividad que en ¡o conducente emita el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles en las reglas de carácter general.

4. Una vez que el Consejo General emita la declaratoria de pérdida de registro por la causal que se indica en el inciso f), del párrafo 1 del artículo 101 del Código, el partido político se sujetará al procedimiento de liquidación enunciado en el presente Reglamento.

 

TITULO CUARTO. Del Procedimiento de Liquidación

 

ARTÍCULO 10

 

DE LA LIQUIDACIÓN DEL PARTIDO POLÍTICO.

1. En cualquier caso, el partido político que hubiere perdido su registro se pondrá en liquidación y perderá su capacidad para cumplir con sus fines constitucionales y legales; sólo subsistirá con personalidad jurídica para el cumplimiento de las obligaciones contraídas que obtuvo hasta la fecha en que quede firme la resolución que apruebe la pérdida del registro. Para efectos electorales, las obligaciones que deberán ser cumplidas por el interventor a nombre del partido político son las siguientes:

a) La presentación de los informes trimestrales, anuales, de precampaña y campaña a que se refiere el artículo 83 del Código;

b) El pago de las sanciones a que, en su caso, se haya hecho acreedor hasta antes de perder el registro, conforme a lo que dispongan las respectivas resoluciones aprobadas por el Consejo General; y

c) Las demás adquiridas durante la vigencia del registro como partido político.

2. Desde el momento en que hubiere perdido su registro, ningún partido político podrá realizar actividades distintas a las estrictamente indispensables para cobrar sus cuentas y hacer líquido su patrimonio, a través del interventor, con el fin de solventar sus obligaciones.

3. Los dirigentes, administradores y representantes legales de ios partidos políticos serán los responsables respecto de las operaciones realizadas en contravención de lo previsto por el Código, el presente Reglamento y demás leyes aplicables.

 

ARTÍCULO 11

 

1. Con la conclusión de los cómputos de los Consejos Distritales del Instituto y en su caso, con la declaratoria de pérdida o resolución de cancelación de registro dará inicio al procedimiento de liquidación, conforme a las bases establecidas en este Reglamento.

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 103, párrafo 1, inciso a) del Código, la Unidad de Fiscalización designará de inmediato a un interventor que entrará en funciones de liquidador, lo mismo será aplicable, cuando se emita la declaratoria de pérdida o resolución con la sanción de cancelación de registro del partido político, todas las operaciones que se realicen en lo sucesivo formarán parte del procedimiento de liquidación, para lo cual el órgano encargado de administrar las finanzas del partido deberá proceder a cancelar las cuentas bancarias que venía utilizando, con excepción de una cuenta CBCEN, dentro de las referidas por el artículo 1.3 del Reglamento de Fiscalización, la que será utilizada para realizar todos los movimientos derivados del citado procedimiento de liquidación. Todos los saldos de las demás cuentas bancarias deberán transferirse a la cuenta CBCEN pero ésta podrá cambiar de número o institución, a juicio del interventor, lo que hará del conocimiento de la Unidad de Fiscalización.

 

ARTÍCULO 12

 

1. A partir de su designación, el interventor se hará cargo de la administración del partido político y entrará en posesión de sus bienes y derechos, contando con las más amplias facultades para actos de dominio.

2. El interventor será el encargado de administrar el patrimonio del partido político con la finalidad de hacer líquidos los activos y cubrir los pasivos pendientes.

Asimismo, tendrá derecho a una remuneración o pago de honorarios por su labor, la cual será determinada por la Unidad de Fiscalización, a propuesta de su titular y con el apoyo de la Dirección Ejecutiva de Administración para su definición y concreción. A efecto de cumplir con esta obligación, el Instituto incluirá en el proyecto de presupuesto correspondiente, una partida que cubra el pago de los servicios profesionales de al menos, dos interventores. Tratándose de pérdida del registro por disolución del partido político, la Unidad de Fiscalización acordará con la Dirección Ejecutiva de Administración la forma, términos y condiciones en las que se remunerarán lo's servicios del visitador durante el procedimiento de liquidación previsto en este Reglamento. En todo caso, los recursos erogados para el pago de la remuneración de los visitadores e interventores se incluirán en los adeudos del partido político, de forma tal que si fuera factible su recuperación sean reintegrados a la Federación. En todo caso, si no se utilizaran los recursos para el pago de los servicios de los interventores se reintegrarán a la Federación.

 

ARTÍCULO 13

 

1. Una vez que el interventor ha aceptado su nombramiento, éste y sus auxiliares se presentarán en las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional del partido político o su equivalente, o bien, en las instalaciones del órgano de finanzas para reunirse con los responsables de dicho órgano y asumir las funciones encomendadas en este Reglamento.

2. El responsable de! órgano de finanzas del partido político deberá rendir al interventor un informe del inventario de bienes y recursos que integran e! patrimonio del Partido Político, de conformidad con el artículo 25 de Reglamento de Fiscalización de Partidos Políticos. De dicha reunión se levantará acta circunstanciada firmada por los presentes.

3. El interventor y sus auxiliares tendrán acceso a los libros de contabilidad, registros y balanzas de comprobación del partido político, así como a cualquier otro documento o medio electrónico de almacenamiento de datos que le sean útiles para llevar a cabo sus funciones. Asimismo, podrán llevar a cabo verificaciones directas de bienes y de las operaciones.

4. El partido político, sus representantes, empleados o terceros que por razón de sus actividades deban proporcionar datos y documentos, estarán obligados a colaborar con el interventor y sus auxiliares. En caso contrario, serán sujetos a los procedimientos establecidos en el Código. Si el partido político a través de sus funcionarios, empleados o terceros se opusieren u obstaculizaran el ejercicio de las facultades del interventor, el Presidente del Consejo General, a petición de aquél, podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública.

5. El interventor informará a la Unidad de Fiscalización, de las irregularidades que encuentre en el desempeño de sus funciones.

6. El interventor deberá realizar un inventario de los bienes del partido político, siguiendo las reglas de inventario, registro y contabilidad establecidas en el artículo 25 del Reglamento de Fiscalización. El inventario deberá estar elaborado de conformidad con el formato 1 anexo al presente Reglamento y tomar en cuenta lo reportado en el ejercicio anterior, así como las adquisiciones del ejercicio vigente.

7. Al finalizar su inventario, y dentro de un plazo improrrogable de treinta días naturales contado a partir de la aceptación de su nombramiento, el interventor deberá entregar a la Unidad de Fiscalización un dictamen señalando la totalidad de los activos y pasivos del partido político, incluyendo una relación de las cuentas por cobrar en la que se indique el nombre de cada deudor y el monto de cada adeudo. Asimismo, presentará una relación de las cuentas por pagar, indicando el nombre de cada acreedor, el monto correspondiente y la fecha de pago, así como una relación actualizada de todos los bienes del partido político.

8. Para la realización del inventario físico de los bienes del partido político, contará con el apoyo de la Unidad de Fiscalización para que a través de las Juntas Ejecutivas Locales y Distritales se lleve a cabo el levantamiento correspondiente.

 

ARTÍCULO 14

 

1. Además de las establecidas en el artículo 103 del Código, son obligaciones del interventor las siguientes:

a) Ejercer con probidad y diligencia las funciones que el presente Reglamento le encomienden de conformidad con lo que determine la Unidad de Fiscalización;

b) Supervisar y vigilar el correcto desempeño de las personas que lo auxilien en la realización de sus funciones;

c) Rendir ante la Unidad de Fiscalización ¡os informes que ésta determine;

d) Abstenerse de divulgar o utilizar en beneficio propio o de terceros, la información que obtenga en el ejercicio de sus funciones;

e) Administrar el patrimonio del partido político de la forma más eficiente posible, evitando cualquier menoscabo en su valor, tanto al momento de liquidarlo como durante el tiempo en que los bienes, derechos y obligaciones estén bajo su responsabilidad; y

f) Cumplir con las demás obligaciones que este Reglamento determine y las que otras leyes establezcan.

 

2. El interventor responderá por cualquier menoscabo, daño o perjuicio que por su negligencia o

malicia, propia o de sus auxiliares, causen al patrimonio del partido político, con independencia de otras responsabilidades en las que pudiera incurrir y su reparación será exigible en los términos de la normatividad que en lo conducente emita el Instituto Federal de Especialista de Concursos Mercantiles en las reglas de carácter general.

3. Se considerará infracción al Código, el incumplimiento de las obligaciones del interventor, teniendo la facultad la Unidad de Fiscalización de revocar su nombramiento y designar otro, que continúe con procedimiento de liquidación.

 

ARTÍCULO 15

 

1. La enajenación de los bienes y derechos del partido político se hará en moneda nacional, conforme al valor de avalúo determinado por el interventor.

2. Para realizar el avalúo de los bienes, el interventor determinará su valor de mercado mediante los mecanismos conducentes para tal efecto, evitando cualquier menoscabo en su valor, auxiliándose para ello de peritos valuadores.

3. Para hacer líquidos los bienes, el precio de venta no podrá ser menor al de avalúo, con excepción de los casos que autorice previamente la Unidad de Fiscalización, siempre y cuando el interventor lo solicite por escrito con las debidas justificaciones.

4. El interventor deberá exigir que el pago que cualquier persona efectúe por los bienes o derechos en venta, sea depositado en la cuenta referida en el artículo 11, párrafo 2 del Reglamento, al tiempo que deberá observar las reglas previstas en el Reglamento de Fiscalización.

5. Cuando el monto del pago sea superior a los quinientos días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, se deberá realizar mediante cheque de la cuenta personal del adquirente y depositado en la cuenta bancaria señalada en e! artículo 11, párrafo 2 del Reglamento, y en la ficha correspondiente se deberá asentar el nombre y la firma del depositante.

6. En todo caso, el interventor deberá conservar la ficha de depósito original para efectos de comprobación del pago y deberá llevar una relación de los bienes liquidados. Los ingresos en efectivo deberán relacionarse y estar sustentados con la documentación original correspondiente. Asimismo, todos los egresos deberán estar relacionados y soportados con la documentación original correspondiente, en términos del Reglamento de Fiscalización.

7. El visitador, interventor, los peritos valuadores, auxiliares, dirigentes, trabajadores del Partido en liquidación o cualquier otra persona que por sus funciones haya tenido acceso a información relacionada con el patrimonio del partido político en liquidación, en ningún caso podrán ser, por sí o por interpósita persona, los adquirentes de los bienes valuados que se busca hacer líquidos.

8. Cualquier acto o enajenación que se realice en contravención a lo dispuesto en el párrafo anterior, será nulo de pleno derecho.

 

ARTÍCULO 16

 

1. De conformidad con el artículo 103, párrafo 1, inciso d), fracción V, del Código, el interventor deberá presentar al Consejo General un informe que contendrá el balance de bienes y recursos remanentes después de establecer las previsiones necesarias a los fines antes indicados; el informe será sometido a la aprobación del Consejo General. Una vez aprobado el informe con el balance de liquidación del partido político de que se trate, el interventor ordenará lo necesario a fin de cubrir las obligaciones determinadas, en el orden de prelación antes señalado.

2. Dentro de los veinte días hábiles siguientes a que queden firmes las sentencias del Tribunal Electoral de los recursos de apelación que, en su caso, promoviera el partido político, con motivo de las resoluciones dictadas en la revisión de informes anuales y de campaña, el interventor deberá rendir un Informe al Consejo General, utilizando el formato 2 anexo a este Reglamento que contendrá, al menos, lo siguiente:

a) Una relación de los ingresos obtenidos por la venta de bienes, la cual deberá contener la descripción del bien vendido, el importe de la venta, así como el nombre, teléfono, clave de elector, registro federal de contribuyentes y domicilio fiscal de la persona que adquirió el bien;

b) Una relación de las cuentas cobradas, la cual deberá contener el nombre, teléfono, clave de elector, registro federal de contribuyentes y domicilio fiscal de los deudores del partido político, así como el monto y la forma en que fueron pagados los adeudos;

c) Una relación de las cuentas pagadas durante el procedimiento de liquidación, la cual deberá contener el nombre, dirección, teléfono y clave de elector o en su caso, el registro federal de contribuyentes y domicilio fiscal de las personas a las cuales les debía el partido político, así como el monto y la forma en que se efectuaron los pagos; y

d) En su caso, una relación de las deudas pendientes, los bienes no liquidados y los cobros no realizados.

 

ARTICULO 17

 

1. Para liquidar todos los bienes y pagar los adeudos del partido político, el interventor deberá aplicar los criterios de prelación establecidos en el artículo 103, párrafo 1, inciso d), fracción IV del Código, así como lo señalado en este Reglamento y si aún quedaren recursos disponibles, se atenderán otras obligaciones contraídas y debidamente documentadas con proveedores y acreedores del partido político en liquidación, aplicando en lo conducente las leyes en esta materia.

2. El procedimiento para reconocer y ubicar a los diversos acreedores del partido político, se realizará de la siguiente manera:

 

a) El interventor deberá formular una lista de créditos a cargo del partido político en liquidación, con base en la contabilidad del instituto político, los demás documentos que permitan determinar su pasivo, así como las solicitudes de reconocimientos de créditos que se presenten;

b) Una vez elaborada la lista de acreedores, el interventor deberá publicarla en el Diario Oficial de la Federación, con la finalidad de que aquellas personas que consideren que les asiste un derecho y no hubiesen sido incluidas en dicha lista, acudan ante el interventor para solicitar el reconocimiento de crédito en un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la publicación respectiva;

c) Las solicitudes de reconocimiento de crédito deberán contener lo siguiente:

 

I. Nombre completo, firma y domicilio del acreedor;

II. La cuantía del crédito;

III. Las garantías, condiciones y términos del crédito, entre ellas el tipo de documento que acredite éste, en original o copia certificada; y

IV. Datos que identifiquen, en su caso, cualquier procedimiento administrativo, laboral, o judicial que se haya iniciado y que tenga relación con el crédito de que se trate.

 

d) En caso de que no se tengan los documentos comprobatorios, deberán indicar el lugar donde se encuentren y demostrar que inició el trámite para obtenerlo;

e) Transcurrido ese plazo, el interventor deberá publicar en el Diario Oficial de la

Federación, una lista que contenga el reconocimiento, cuantía, gradación y prelación de los créditos, fijados en los términos del Reglamento; y

f) El procedimiento descrito se deberá realizar una vez que hayan quedado firmes las sentencias recaídas a los recursos de apelación interpuestos con motivo de las resoluciones dictadas en la revisión de los informes anuales y de campaña del otrora partido político que hubiere perdido su registro.

 

ARTICULO 18

 

1. En concordancia con el artículo 103, párrafo 1, inciso d), fracción VI del Código, en el caso de existir un saldo final positivo, deberá ajustarse a lo siguiente:

a) Tratándose de saldos en cuentas bancarias y recursos en efectivo, el interventor emitirá cheques a favor del Instituto, que serán entregados a la Unidad de Fiscalización, con la única finalidad de que los recursos sean transferidos a la Tesorería de la Federación; y

b) Tratándose de bienes muebles e inmuebles, el interventor ¡levará a cabo los trámites necesarios para transferir la propiedad de los mismos al Instituto, con la única finalidad de que los bienes sean transferidos al SAE para que éste determine el destino final de los mismos con base en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

2. Después de que el interventor culmine con las operaciones señaladas en los párrafos anteriores, procederá a elaborar un informe final del cierre del procedimiento de liquidación del partido político que corresponda, en el que se detallarán las operaciones realizadas, las circunstancias relevantes del proceso y el destino final de los saldos. El informe será entregado a la Unidad de Fiscalización para su posterior remisión al Consejo General;

 

TÍTULO QUINTO. Supervisión de la Unidad de Fiscalización y Rendición de Cuentas.

 

ARTÍCULO 19

 

1. La Unidad de Fiscalización fungirá como supervisor y tendrá a su cargo la vigilancia de la actuación del interventor, así como de los actos realizados por el partido político en liquidación, respecto a la administración de sus recursos.

2. La Unidad de Fiscalización tendrá, con independencia de las facultades establecidas en el Código y la normatividad aplicable, las siguientes:

 

a) Solicitar al interventor documentos o cualquier otro medio de almacenamiento de datos del partido político;

b) Solicitar al interventor información por escrito sobre las cuestiones relativas a su desempeño; y

c) En caso de que, en virtud de los procedimientos de liquidación, se tenga conocimiento de alguna situación que implique o pueda implicar infracción a ordenamientos ajenos a la competencia de la Unidad de Fiscalización, ésta solicitará al Secretario Ejecutivo del Instituto que proceda a-dar parte a las autoridades competentes.

3. La Unidad de Fiscalización informará semestralmente al Consejo General sobre la situación que guardan los procesos de prevención y liquidación de los partidos políticos.

 

TITULO SEXTO. Disposiciones Finales.

 

ARTÍCULO 20

 

1. La aplicación de este Reglamento es independiente de las responsabilidades que puedan, en su ceso, exigirse al interventor, visitador o responsables del órgano de finanzas del partido político y de las obligaciones que éstos tengan durante el procedimiento de liquidación y destino de los bienes, frente a otras autoridades.

 

ARTÍCULO 21

 

1. La interpretación del presente Reglamento será resuelta por la Unidad de Fiscalización. Para ello se aplicarán los principios establecidos en el párrafo 2 del artículo 3 del Código.

2. Toda interpretación que realice la Unidad de Fiscalización a! presente Reglamento, será notificada a los partidos políticos y resultará aplicable para todos ellos. En su caso, la Unidad de Fiscalización podrá ordenar su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

 

TÍTULO SEXTO. Transparencia y Rendición de Cuentas

 

ARTÍCULO 22

1. La información relacionada con los procedimientos de liquidación será pública en el momento en que el Consejo General emita la resolución correspondiente.

2. El Consejero Presidente, los Consejeros Electorales y el Secretario Ejecutivo tendrán la facultad, en todo momento, de solicitar a la Unidad de Fiscalización información y documentación relacionada con los procedimientos regulados en el presente Reglamento, observando lo dispuesto por el artículo 113, párrafo 2 del Código.

 

SEXTO. Los agravios expuestos por el Partido de la Revolución Democrática son los siguientes:

 

AGRAVIO PRIMERO.

 

FUENTE DEL AGRAVIO. Es fuente de agravio la aprobación del proyecto de "Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se expide el Reglamento para la Liquidación y Destino de los Bienes de los Partidos Políticos Nacionales que pierdan o les sea cancelado su Registro ante el Instituto Federal Electoral", así como todos y cada uno de sus considerandos; en lo particular, el Acuerdo Primero de dicho documento que contempla el reglamento citado; dentro del cual, se prevé el procedimiento de "designación" del interventor de que habla el artículo 103 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, quien según el reglamento que se impugna, será "insaculado" de la "Lista de Especialistas de Concursos Mercantiles con registro vigente que el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles del Poder Judicial de la Federación publique en internet; así como las funciones y atribuciones de esta figura previstos en el cuerpo del reglamento ya señalado, vistos en los artículos 4o numeral 5, 5o, 6o, 7o, 13, 14, 17, 18 y demás aplicables.

 

ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES VIOLADOS.- Artículos 41, base V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o párrafo 1, 3o, 105 párrafo 2, 109 párrafo 1; 77 numeral 1; 81 párrafo 1, inciso m) y, 103 del 'Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

 

CONCEPTO DE AGRAVIO.- En el reglamento que por este medio se recurre, se establece en diversas de sus disposiciones, como los artículos 4o numerales 2, 4 y 5; 8º numeral 2, inciso a), que el interventor sea elegido mediante insaculación de la lista de especialistas citada en la Fuente de Agravios que antecede otorgándole facultades que sólo competen a la unidad de Fiscalización, como las previstas en el artículo 14 del citado reglamento.

 

Con lo anterior, el Consejo General viola el principio de subordinación jerárquica a la ley, pues el artículo 103 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales dispone: (Se transcribe).

 

Como podrá observar este H. Tribunal, de lo trascrito se desprende claramente que se nombrara un interventor responsable del control y vigilancia directos del uso y destino de los recursos y bienes del partido de que se trate, así mismo, se señala el órgano electoral facultado para nombrar a dicho interventor que, es la Unidad de Fiscalización; así como los deberes del interventor designado.

 

No obstante, esta disposición no señala que el interventor a que se ha hecho alusión deba ser elegido conforme al procedimiento que dispone el reglamento que se combate por este medio. Es decir, en ningún momento de la disposición legal trascrita, misma que regula las bases para el procedimiento de liquidación de los partidos políticos cuando éstos pierdan su registro, se habla que el interventor deba ser elegido por insaculación de la Lista de Especialistas que ya se ha referido en párrafos que anteceden.

Si bien es cierto la Tesis S3EL 120/2001 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala que derivado de !a existencia de una laguna legal por situaciones particulares no contempladas en la norma, pero si previstas en lo general, ante el surgimiento de situaciones extraordinarias previstas por la ley, es necesario completar la normatividad en lo que se requiera por la autoridad competente; sin embargo, el mismo criterio establece, que ese complemento o situación deberá resolverse con base en el conjunto de principios generales rectores en el campo jurídico, aplicados de modo que armonicen para dar satisfacción a los fines y valores tutelados en la materia electoral; de igual manera, señala que se respetaran siempre los principios rectores de la materia, aplicados de tal modo que se salvaguarde la finalidad de los actos electorales y se respeten los derechos y prerrogativas de los gobernados.

 

En el caso concreto, si bien el artículo 103 del código electoral solo obliga a la Unidad de Fiscalización a nombrar un interventor y, no dispone la forma o procedimiento en que se elegirá, esto último se desprende de una interpretación sistemática de las normas electorales, por lo que no era necesario que el Consejo General del Instituto Federal Electoral inventara un procedimiento, delegando incluso responsabilidades a un externo, que corresponden al propio Instituto.

 

Lo anterior es así pues, el artículo 81 párrafo 1, inciso m) del código en la materia, establece las facultades de la Unidad de Fiscalización, entre la que destaca la siguiente:

 

m) Ser responsable de los procedimientos de liquidación de los partidos políticos que pierdan su registro, de conformidad con lo previsto en el artículo 103 de este Código”

 

Es decir, de lo anterior se desprende que es la Unidad de Fiscalización la responsable directa del procedimiento de liquidación de los partidos políticos que pierdan su registro; y no únicamente tiene facultades de supervisión como lo contempla el reglamento que se impugna en su artículo 19 párrafo 1; y las demás contenidas en todo el cuerpo de dicho ordenamiento.

 

Refuerzo de lo anterior, lo establece la Carta Magna en su artículo 41 fracción V, antepenúltimo párrafo, que dota a la Unidad de Fiscalización de autonomía de gestión, en el sentido siguiente:

 

“La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos nacionales estará a cargo de un órgano técnico del Consejo General del Instituto Federal Electoral, dotado de autonomía de gestión, cuyo titular será designado por el voto de las dos terceras partes del propio Consejo a propuesta del consejero Presidente. La ley desarrollará la integración y funcionamiento de dicho órgano, así como los procedimientos para la aplicación de sanciones por el Consejo General. En el cumplimiento de sus atribuciones el órgano técnico no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal.”

 

Conforme a lo anterior, no es posible lo que pretende la responsable al querer introducir como interventor a un sujeto ajeno al Instituto Federal Electoral y al propio órgano técnico de que habla la disposición constitucional trascrita; pues de lo contrario se estaría vulnerando esa autonomía de gestión contemplada.

 

En relación a lo anterior, de igual forma es violatorio a las disposiciones legales mencionadas el hecho de que la responsable pretenda delegar ilegalmente la responsabilidad del procedimiento de liquidación a un interventor externo; pues como ya se mencionó, esa responsabilidad es conferida directamente a la Unidad de Fiscalización.

 

Así, conforme a una interpretación gramatical, sistemática y funcional, y al ser la Unidad de Fiscalización por disposición legal previamente establecida a la aprobación del reglamento que nos ocupa, la responsable directa del procedimiento de liquidación referido; esta actividad y las obligaciones que ella conlleva no debe recaer en un externo al instituto, pues de hacerlo no estaría regulando el artículo 103 del código electoral, sino que se estaría extralimitando a lo que claramente establece dicha disposición.

 

En este sentido, no está permitido legalmente que el interventor nombrado por la Unidad de Fiscalización sea un externo a dicho órgano electoral, sino que debe ser designado de entre el personal de la propia unidad; puesto que de esta manera, se estaría respetando la atribución conferida directamente por la ley, a la Unidad de Fiscalización, de ser ésta la responsable del procedimiento de liquidación de los partidos políticos que se encuentren en los supuestos del 103 electoral.

 

Aunado a lo anterior, conforme a la lógica, la sana crítica y experiencia el interventor debe ser nombrado del órgano que en términos del mismo código comicial es el encargado de fiscalizar y vigilar la adecuada administración que los partidos políticos lleven cabo respecto de su patrimonio.

 

Es por lo anterior, que el reglamento que se combate por esta vía se extralimita en las facultades expresamente conferidas por el código en la materia y omitiendo realizar una interpretación sistemática y funcional del referido precepto legal, en contravención a la obligación que le impone el artículo 3o párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

 

Es de explorado derecho y criterio reiterado de los tribunales federales en nuestro país, que la facultad reglamentaria concedida a las autoridades, se encuentra constreñida a la emisión de normas administrativas, obligatorias, generales e impersonales, subordinadas a la ley cuya exacta observancia proveen, por lo que tales normas pueden detallar el contenido de una ley, aclarar su aplicación e interpretación, pero nunca contradecirla, imponer mayores alcances o limitaciones.

 

Es decir que, las autoridades en ejercicio de su atribución reglamentaria no pueden rebasar ni limitar lo que establece la ley en ninguno de sus preceptos, ni pueden modificarla o reformarla, en virtud de que ello es competencia exclusiva 'del Poder Legislativo.

 

En el caso del Consejo General del Instituto Federal Electoral, el artículo 118 párrafo 1 incisos a) y z) del código electoral federal le reconoce facultad para expedir normas reglamentarias de una ley emanada del Congreso de la Unión (el propio Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales).

 

Aunque desde el punto de vista material ambas normas son similares, aquéllas se distinguen de éstas básicamente, en que provienen de un órgano que, al emitirlas, no expresa la voluntad general, sino que está instituido para acatarla en cuanto dimana del Legislativo, de donde, por definición, son normas subordinadas.

 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha reconocido ya lo anterior en diversos precedentes, en los cuales ha dejado establecido que, al igual que la de otras autoridades, la facultad reglamentaria del Consejo General del Instituto Federal Electoral se encuentra regida por los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica a la misma; entendido el primero como la prohibición al reglamento de abordar materias reservadas en exclusiva a las leyes del Congreso de la Unión y, el segundo, como la exigencia de que el reglamento esté precedido por una ley cuyas disposiciones desarrolle, complemente o pormenorice y en las que encuentre su justificación y medida.

 

Ahora bien, en el presente caso, el Consejo General señalado como responsable del acto impugnado, al aprobar las disposiciones particulares que han quedado precisadas en el presente agravio, contenidas en el Reglamento para la Liquidación y Destino de los Bienes de los Partidos Políticos Nacionales que pierdan o les sea cancelado su Registro ante el Instituto Federal Electoral, excede los límites previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

 

Ya se ha anticipado que conforme al principio de subordinación jerárquica a la ley el reglamento aprobado por la autoridad responsable debía estar precedido por una ley cuyas disposiciones desarrollara, complementara o pormenorizara y en las que encontrara su justificación y medida; más no que creara situaciones, hipótesis o sujetos nuevos no previstos en la legislación origen.

 

En ese sentido, la responsable al aprobar el precepto reglamentario cuestionado por la vía de la presente demanda, conculcó la facultad reglamentaria que le concede el código en la materia, al establecer en el reglamento controvertido disposiciones que imponen mayores alcances que los previstos por la Constitución y el código federal que reglamenta.

 

De igual manera, contraviene el principio general de derecho que prohibe al intérprete de la norma a distinguir donde la ley no lo hace, pues establece un procedimiento de nombramiento del interventor, cuando ha quedado demostrado que ni la Constitución, ni el código en la materia establecen tal situación; sin embargo, si establece claramente que el responsable del procedimiento de liquidación de los partidos políticos que pierdan o sea cancelado su registro, será la Unidad de Fiscalización, y no otro ente, organismo o persona física o moral distinta; de modo contrario, la responsable estaría excediendo sus límites reglamentarios.

 

Lo anterior es así por que, debe tenerse en cuenta que la doctrina y la jurisprudencia en México han establecido que mediante el ejercicio de la facultad reglamentaria, los órgano correspondientes están facultados, para mejor proveer en la esfera administrativa el cumplimiento de las leyes, dictar ordenamientos encaminados a facilitar a los destinatarios la observancia de las mismas, a través de disposiciones generales, imperativas y abstractas que detallen sus hipótesis normativas de aplicación.

 

Bajo estas premisas, en el presente asunto, el Consejo General no sólo está creando actos y procedimientos que no les están conferidos en la ley, sino que además está delegando atribuciones directamente atribuidas a la Unidad de Fiscalización a especialistas ajenos al instituto que se encarga de vigilar a los partidos políticos todo lo que se relacione con ellos.

 

Siendo que en la ley de la materia, no le está permitido al Consejo implementar un procedimiento para elegir al interventor ajeno al instituto con facultades que, por el contrario, de las propias normas legales se desprende que estas son atribuciones expresas de la Unidad de Fiscalización y no de un externo; es que debe revocarse el reglamento que se impugna para efectos de que se establezca que el interventor será nombrado de entre el personal con que cuenta la Unidad de Fiscalización.

 

Aunado a lo manifestado, además de que con el reglamento motivo de la presente impugnación se responsabiliza a dos figuras (interventor y visitador) ajenas al Instituto Federal Electoral y a la propia Unidad de Fiscalización, que conforme Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales esa responsabilidad recae en el propio órgano técnico; dichas responsabilidades están difusas en el reglamento referido; es decir, no se establece con claridad el tipo de responsabilidades, limitándose a señalar en los artículos 9 numeral 3, 14 numeral 2 y 20 del reglamento referido, lo siguiente: (Se transcribe).

 

Lo anterior vulnera el principio de falta de certeza en las responsabilidades en que pudiera incurrir quien tiene a su cargo la administración y dominio del patrimonio del partido político de que se trate; puesto que no se establece claramente cuales serían esas responsabilidades, su consecuencias, sanciones o en su defecto la clara denominación legal que regirá dicho procedimiento, etcétera.

 

El artículo 41 Base VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece al sistema de medios de impugnación en materia electoral, como una vía para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales.

 

En el caso que nos ocupa, el Consejo General emitió un reglamento que en su desarrollo normativo, crea una situación jurídica contraria a la Constitución, a la legislación secundaria o al ordenamiento jurídico en su conjunto.

 

Por ende, al exceder los límites de su facultad reglamentaria, el Consejo General responsable violó el principio de legalidad electoral previsto por el artículo 41 Base V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual como autoridad y de conformidad con los artículos 105 párrafo 2 y 109 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, estaba obligado a cumplir y tutelar.

 

AGRAVIO SEGUNDO

 

FUENTE DEL AGRAVIO.- Es fuente de agravio la aprobación del proyecto de "Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se expide el Reglamento para la Liquidación y Destino de los Bienes de los Partidos Políticos Nacionales que pierdan o les sea cancelado su Registro ante el Instituto Federal Electoral; así como todos y cada uno de sus considerandos; en lo particular, los considerandos 37, 38, 39 y el Acuerdo Primero de dicho documento que en sus artículos 7 párrafo 1, inciso f) contempla el reglamento citado; dentro de los cuales, se señala que tanto el patrimonio del partido político que ya fue liquidado, y que dicho patrimonio haya sido adquirido mediante otra de las formas contempladas por el artículo 77 de dicho ordenamiento que no sea financiamiento público, se considerará como un todo con éste último para efectos del remanente; debiendo si existe "saldo final positivo" "transferirse" a la federación o al "SAE" ("Organismo descentralizado de la Administración Pública Federal denominado Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, previsto en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público").

 

ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES VIOLADOS.- Artículo 41, base V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o párrafo 1, 3o; 77 numeral 1; 81 párrafo 1, inciso m); 103, 105 párrafo 2 y, 109 párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

 

CONCEPTO DE AGRAVIO.- En el reglamento que hoy se recurre, se establece en diversas de sus disposiciones, tales como los artículos 7 párrafo 1, inciso f) y 18, lo siguiente (Se transcribe).

 

Lo anterior vulnera diversas disposiciones legales, tales como los artículos 14, 16 y 41 de la Constitución Federal; 1o párrafo 1, 3o; 77 numeral 1; 81 párrafo 1, inciso m); 103, 105 párrafo 2 y, 109 párrafo 1 del código electoral; lo anterior, pues lo que pretende el Consejo General extralimita de sus facultades al privar del patrimonio a una organización de ciudadanos que podría haber adquirido sus bienes, no por recursos públicos, sino a través de otros medios legales.

 

Es contrario a derecho y vulnera garantías constitucionales de protección al patrimonio, el hecho que la responsable pretenda que esa unidad patrimonial de lo adquirido mediante recursos públicos y los adquiridos mediante las aportaciones privadas, sea extendida a los remanentes o saldo positivo, una vez que han sido liquidadas las obligaciones del partido político.

 

Si bien es cierto, esa unidad de financiamiento patrimonial existe mientras subsista el partido y mientras se lleve a cabo el procedimiento de cuentas por cobrar y por saldar, durante la liquidación; no así, cuando existen remanentes o saldos a favor de la organización ciudadana que perdió su registro.

 

Ahora, aún y cuando el propio código en la materia señala que el Instituto Federal Electoral dispondrá lo necesario para que sean adjudicados a la Federación los recursos y bienes remanentes de los partidos políticos nacionales que pierdan su registro legal, sujetándose a lo que determine en reglas de carácter general el Consejo General de dicho Instituto, aún y cuando no se trate de un partido político.

 

Aceptar el supuesto que contempla el reglamento que hoy se impugna, es decir, aceptar que si existen remanentes, independientemente de si fueron adquiridos por financiamiento público o privado, sea trasferido todo ello a la Tesorería de la Federación u algún organismo descentralizado; sería aceptar el que el financiamiento hecho por aportaciones de la militancia, simpatizantes, autofinanciamiento, o rendimientos financieros, fondos y fideicomisos, sea muebles o inmuebles, obtenidos incluso por esa organización de ciudadanos, antes de obtener el registro como partido político; sean entregados a la Tesorería de la Federación.

 

Hay que señalar que, los partidos políticos son entidades de interés público puesto que reciben financiamiento del Estado; más no son un órgano público o del Estado, por tanto no es factible que se les aplique una normatividad que es ajena a su naturaleza, como lo es la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, toda vez que como ya se ha señalado, no es financiamiento público el único que reciben, también quien fuera partido político recibe financiamiento privado permitido por la ley, como son las aportaciones de militantes o donaciones, las cuales se pueden ver reflejadas en bienes muebles o inmuebles.

 

Lo anterior, lo ha contemplado así la doctrina, en la colección Derechos del pueblo mexicano, México a través de sus constituciones, emitido por la LVII Legislatura de la Cámara de Diputados, menciona a fojas 132 y 133 que, "los partidos políticos son personas jurídicas colectivas, reconocidas como por el artículo 22 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) como organizaciones o agrupaciones políticas... Los partidos son, entonces, agrupamientos de ciudadanos organizados". Por su parte la Enciclopedia de la Política de Rodrigo Borja, menciona en su página 764 que los partidos son "instrumentos de intervención de la comunidad en los quehaceres del Estado... El partido es una entidad distinta al gobierno. El partido no forma parte del aparato gubernativo del Estado ni es una dependencia oficial suya... los partidos con órganos de formación, expresión y movilización—de opinión pública... sólo la reunión de individuos dentro de un partido o de otra organización social..Hacer factible que la voz de los ciudadanos sea escuchada en las esferas del poder". En el mismo sentido, el Diccionario de la Real Academia Española, define entre otros supuestos al partido como "Conjunto o agregado de personas que siguen y defienden una misma opinión o causa".

 

Es decir, los partidos políticos tienen su naturaleza y creación en los ciudadanos, en una organización de ciudadanos que no desaparece con la liquidación o desaparición del partido político al que pertenecían. Incluso, antes de que esa organización de ciudadanos obtuviera su registro como partido político, llevó a cabo actividades, acciones para crear su propio patrimonio, el cual ya estaba, en muchos casos, establecido al momento de constituirse como partido político.

 

En ese sentido, el reglamento es contrario a lo dispuesto por los artículos 9, 35 fracciones III y 41 de la Constitución, pues los partidos políticos son una asociación de ciudadanos.

 

Ahora bien, como se ha señalado, al momento de perder su registro como partido político, subsiste una organización de ciudadanos la cual tiene derecho a que le sea reintegrado parte del patrimonio, en caso de existir remanentes en la liquidación; que aportó al momento de crear el partido incluso o bien el que obtuvo mientras era partido político a través de financiamiento privado, es decir, bienes muebles e inmuebles que no fueron aportados por el Estado. Lo anterior, es necesario para que esa organización de ciudadanos que subsiste pueda continuar con sus actividades como organización-libre de ciudadanos.

 

En éste sentido, si una vez que se ha llevado a cabo el procedimiento de pago la totalidad de las obligaciones contraídas por el partido antes de que se dictamine su desaparición como partido, no como organización ciudadana; existen bienes muebles o inmuebles en el remanente que pueda identificarse esa organización adquirió de donaciones o financiamiento privado, es totalmente contrario a derecho y al código electoral por cuanto hace al tipo de financiamiento de los partidos, pretender transferirlo a la Tesorería de la Federación o a una organismo descentralizado que además, no se establece con claridad en el reglamento.

 

El artículo 77 numeral 1 del código electoral vigente, es muy claro al señalar el régimen de financiamiento de los partidos políticos; estableciendo lo siguiente:

 

Artículo 77

1. El régimen de financiamiento de los partidos políticos tendrá las siguientes modalidades:

a) Financiamiento público, que prevalecerá sobre los otros tipos de financiamiento;

b) Financiamiento por la militancia;

c) Financiamiento de simpatizantes;

d) Autofinanciamiento; y

e) Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.

 

De lo anterior, se desprende como ya se ha sostenido, que el financiamiento público no es la única forma en que un partido político forma su patrimonio; también lo está el financiamiento contemplado en los incisos b), c), d) y f) trascritos, debiendo con dicho patrimonio sostener sus actividades, así como pagar sus obligaciones y tener derecho a conservar el saldo positivo final derivado de ese tipo de financiamiento en caso de liquidación (no del público sino del privado) si existiese y pudiera identificarse.

 

Aseverar lo contrario a lo establecido en párrafos que anteceden, tal y como lo hace la autoridad responsable en el reglamento que se impugna por esta vía, sería contrario al propio código electoral; y además estaría extralimitando tanto sus funciones reglamentarias como lo contemplado en el mismo ordenamiento legal citado.

Lo anterior, toda vez que dentro del supuesto contemplado en el artículo 103 del código en la materia, no se establece el supuesto señalado en los artículos 7 párrafo 1 inciso f) y 18 del reglamento referido con antelación; por tanto, la responsable vuelve a extralimitarse a lo que la legislación en la materia contempla.

 

Es de explorado derecho y criterio reiterado de los tribunales federales en nuestro país, que la facultad reglamentaria concedida a las autoridades, se encuentra constreñida a la emisión de normas administrativas, obligatorias, generales e impersonales, subordinadas a la ley cuya exacta observancia proveen, por lo que tales normas pueden detallar el contenido de una ley, aclarar su aplicación e interpretación, pero nunca contradecirla, imponer mayores alcances o limitaciones.

 

Es decir que, las autoridades en ejercicio de su atribución reglamentaria no pueden rebasar ni limitar lo que establece la ley en ninguno de sus preceptos, ni pueden modificarla o reformarla, en virtud de que ello es competencia exclusiva del Poder Legislativo.

 

En el caso del Consejo General del Instituto Federal Electoral, el artículo 118 párrafo 1 incisos a) y z) del código electoral federal le reconoce facultad para expedir normas reglamentarias de una ley emanada del Congreso de la Unión (el propio Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales).

 

Aunque desde el punto de vista material ambas normas son similares, aquéllas se distinguen de éstas básicamente, en que provienen de un órgano que, al emitirlas, no expresa la voluntad general, sino que está instituido para acatarla en cuanto dimana del Legislativo, de donde, por definición, son normas subordinadas.

 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha reconocido ya lo anterior en diversos precedentes, en los cuales ha dejado establecido que, al igual que la de otras autoridades, la facultad reglamentaria del Consejo General del Instituto Federal Electoral se encuentra regida por los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica a la misma; entendido el primero como la prohibición al reglamento de abordar materias reservadas en exclusiva a las leyes del Congreso de la Unión y, el segundo, como la exigencia de que el reglamento esté precedido por una ley cuyas disposiciones desarrolle, complemente o pormenorice y en las que encuentre su justificación y medida.

 

En el presente caso, el Consejo General señalado como responsable del acto impugnado, al aprobar las disposiciones particulares que han quedado precisadas en el presente agravio, contenidas en el Reglamento para la Liquidación y Destino de los Bienes de los Partidos Políticos Nacionales que pierdan o les sea cancelado su Registro ante el Instituto Federal Electoral, excede los límites previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

 

Ya se ha anticipado que conforme al principio de subordinación jerárquica a la ley el reglamento aprobado por la autoridad responsable debía estar precedido por una ley cuyas disposiciones desarrollara, complementara o pormenorizara y en las que encontrara su justificación y medida; más no que creara situaciones, hipótesis o sujetos nuevos no previstos en la legislación origen.

 

En ese sentido, la responsable al aprobar el precepto reglamentario cuestionado por la vía de la presente demanda, conculcó la facultad reglamentaria que le concede el código en la materia, al establecer en el reglamento controvertido disposiciones que imponen mayores alcances que los previstos por la Constitución y el código federal que reglamenta.

 

Pues de lo contrario, es decir, al no hacer esa distinción, la responsable estaría incurriendo en omisión de atribuciones, y faltando al deber de dar eficacia a las normas electorales, en perjuicio de terceros.

 

En este orden de ¡deas, existe una tesis de jurisprudencia sostenida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que textualmente sostiene:

 

“OMISIONES EN MATERIA ELECTORAL. SON IMPUGNABLES.—Los artículos 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3, párrafos 1, inciso a), y 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se refieren a actos y resoluciones de las autoridades electorales susceptibles de ser impugnados. No obstante que, en principio, la expresión acto presupone un hacer, es decir, un acto que crea, modifica o extinque derechos u obligaciones, y la resolución sería el resultado de ese hacer que también tendría esa aptitud jurídica, lo cierto es que el primero de los términos debe entenderse en un sentido más amplio, como toda situación fáctica o jurídica que tenga una suficiencia tal que la haga capaz de alterar el orden constitucional y legal, ya sea que provenga de un hacer (acto en sentido estricto) o un no hacer (omisión propiamente dicha), siempre que, en este último supuesto, exista una norma jurídica que imponga ese deber jurídico de hacer a la autoridad identificada como responsable, a fin de dar eficacia al sistema de medios de impugnación en materia electora!, al tenor de lo dispuesto en el artículo 41, párrafo segundo, fracción IV, de la Constitución federal.”

 

Se sostiene lo anterior, puesto que conforme con el criterio de esta H. Sala, las omisiones de la autoridad electoral también pueden crear, modificar o extinguir derechos u obligaciones; en el caso que nos ocupa, la omisión por parte de la responsable de no distinguir del patrimonio remanente, el obtenido por medio de financiamiento público y el obtenido por medio de financiamiento privado, estaría incurriendo en falta a su facultades de hacer; sobre todo, si dicha omisión extingue un derecho de un tercero, en este caso, de la organización de ciudadanos que subyace al partido que perdió y se le canceló su registro como tal.

 

En este mismo orden de ¡deas, la apropia Constitución General en su artículo 41 fracción II hace una distinción entre los recursos públicos y los privados que forman parte del financiamiento de los partidos políticos; y en su inciso b) se dispone que la ley establecerá el procedimiento para la liquidación de las obligaciones de los partidos que pierdan su registro y los supuestos en los que sus bienes remanentes serán adjudicados a la Federación.

 

Es decir, desdé" la máxima; ya se sostiene que no todos los bienes de los partidos políticos sujetos a liquidación serán adjudicados a la Federación, pues habla de que se deben establecer los supuestos en que así sea el caso aplicable. Por lo que, conforme a una interpretación sistemática de la máxima norma, el código en la materia y el reglamento que se impugna por esta vía, se puede deducir que si es factible que la responsable haga esa distinción en el remanente del patrimonio de quien fuera partido político correspondiente.

 

Es necesario manifestar que, los criterios contemplados en las resoluciones emitidas por este H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación identificado como SUP-RAP-34/2007 y su acumulado SUP-RAP-35/2007, así como el SUP-RAP-50/2007, prevén situaciones muy distintas a las que se están apelando en la presente impugnación. Así, respecto a lo que la responsable señala expresamente dentro de sus considerandos 37, 38 y 39, se dispone de una forma clara y completa lo siguiente: (Se transcribe).

 

Como podrá percatarse esta H. Autoridad, el criterio sostenido en la resolución anterior, tiene su origen en la transparencia de la administración de los recursos de los partidos políticos, otorgando facultades al Instituto Federal Electoral de hacer todo lo necesario para conocer la fuente y aplicación de dichos recursos; lo anterior para estar en cocimiento en caso de que el origen provenga de aportaciones de origen dudoso, como podría ser el narcotráfico o bien se desvíen recursos públicos para obtener ventajas indebidas; y en su caso, iniciar los procedimientos administrativos correspondientes.

 

Es decir, lo planteado en la resolución trascrita es distinto a lo planteado por esta representación, en el sentido de que en caso de existir patrimonio derivado del financiamiento privado legal, contemplado por-el propio código electoral, debe ser reintegrado a la organización o asociación de ciudadanos que subsista a la pérdida o cancelación del partido político de que se trate.

 

Por su parte, la resolución identificada como SUP-RAP-50/2007, sostiene en lo que interesa a la responsable, lo siguiente: (Se transcribe).

 

De igual forma, el supuesto contenido en la resolución que antecede es distinto planteado por mi representado, el cual ya ha quedado precisado con antelación; puesto que en la resolución se prevé clara y expresamente el caso de que el patrimonio del partido se traduzca en forma económica, es decir, en dinero, que efectivamente no podría identificarse si su origen proviene del financiamiento público o privado.

 

Sin embargo, como ya se ha cuestionado, e] patrimonio del partido también esta compuesto por bienes muebles e inmuebles provenientes del financiamiento privado contemplado por la ley, y que pudieran ser identificables, para efecto de ser reintegrados a la organización o asociación de ciudadanos en caso de existir saldo positivo a favor, una vez cumplidas las obligaciones del partido que se trate.

 

Por ende, al exceder los límites de su facultad reglamentaria, el Consejo General responsable violó el principio de legalidad electoral previsto por el artículo 41 Base V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual como autoridad y de conformidad con los artículos 105 párrafo 2 y 109 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, estaba obligado a cumplir y tutelar.

 

Es por lo argumentado con antelación que se solicita a esta máxima autoridad en la materia, revocar el reglamento que se impugna para efecto de que sea modificado el supuesto que se combate en los términos ya precisados.

 

AGRAVIO TERCERO

 

FUENTE DEL AGRAVIO.- Es fuente de agravio la aprobación del proyecto de "Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se expide el Reglamento para la Liquidación y Destino de los Bienes de los Partidos Políticos Nacionales que pierdan o les sea cancelado su Registro ante el Instituto Federal Electoral", así, como todos y cada uno de sus considerandos; en lo particular el Acuerdo Primero de dicho documento que contempla el reglamento citado, el cual vulnera el principio de congruencia por cuanto hace al tema del orden de prelación de acreedores para el pago de obligaciones adquiridas por el partido hasta el momento en que pierden o les es cancelado su registro como partido político.

 

ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES VIOLADOS. Artículos 41, base V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o párrafo 1, 3o; 103, 105 párrafo 2 y, 109 párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

 

CONCEPTO DE AGRAVIO.- El inciso d) del artículo 103 del código electoral vigente, establece las actividades que el interventor nombrado por la Unidad de Fiscalización debe llevar a cabo durante el procedimiento de liquidación, entre las cuales se encuentran las siguientes: (Se transcribe).

 

Conforme a lo anterior, se desprende el único orden de prelación para cubrir las obligaciones contraídas por el partido político sujeto a liquidación, establecido por la ley en la materia, siendo el siguiente:

 

1o Pago de adeudos a los trabajadores del partido que se trate.

2o Pago de obligaciones Fiscales.

3o Pago de obligaciones con proveedores y acreedores.

 

Sin embargo, por su parte el reglamento que se impugna, estable en sus artículos un orden de prelación distinto al señalado por el código electoral, es decir, por la ley en la materia, extralimitándose nuevamente el reglamento a lo previsto por el ordenamiento legal aplicable. Así, se señala en los artículos del reglamento lo siguiente: (Se transcribe).

 

De las disposiciones reglamentarias se prevé el siguiente orden de prelación:

 

1o Pago de adeudos a los trabajadores del partido que se trate.

2o Pago de obligaciones Fiscales.

3o Pago de sanciones administrativas económicas impuestas por el Instituto Federal Electoral.

4o Pago de obligaciones con proveedores y acreedores.

 

Como podrá percatarse esta Máxima Autoridad Electoral, el reglamento que motivo de la impugnación, no solamente modifica la lista de posibles acreedores u obligaciones a los que está sujeto el partido político, sino que además prevé un orden de prelación muy distinto al establecido en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; pues además de agregar como posible acreedor del partido las sanciones administrativas impuestas por el Instituto Federal Electoral, ésta hipótesis le otorga una preferencia mayor a la que establece el código en la materia para los proveedores y acreedores.

 

Conforme a lo anterior, la responsable no solamente vuelve a salirse de los límites establecidos por el código al preveer un supuesto distinto al ya señalado expresamente por el código en la materia; sino que además, altera el orden previsto por el ordenamiento legal, superior al reglamento que se combate, al señalar como mejor derecho el pago de sanciones administrativas económicas impuestas por el instituto al partido de que se trate (el cual además NO está previsto en el código comicial), al derecho de los proveedores y acreedores del partido, los cuales SI están previstos en el código electoral.

 

En todo caso, y suponiendo que se le otorgara a la responsable la facultad de agregar en el reglamento que se combate otro tipo de acreedores en la lista mencionada, éstos no deben estar por encima de los nombrados en el propio ordenamiento legal que el reglamento está regulando, a efecto de respetar el principio de jerarquía normativa.

 

Es de explorado derecho y criterio reiterado de los tribunales federales en nuestro país, que la facultad reglamentaria concedida a las autoridades, se encuentra constreñida a la emisión de normas administrativas, obligatorias, generales e impersonales, subordinadas a la ley cuya exacta observancia proveen, por lo que tales normas pueden detallar el contenido de una ley, aclarar su aplicación e interpretación, pero nunca contradecirla, imponer mayores alcances o limitaciones.

 

Es decir que, las autoridades en ejercicio de su atribución reglamentaria no pueden rebasar ni limitar lo que establece la ley en ninguno de sus preceptos, ni pueden modificarla o reformarla, en virtud de que ello es competencia exclusiva del Poder Legislativo.

 

En el caso del Consejo General del Instituto Federal Electoral, el artículo 118 párrafo 1 incisos a) y z) del código electoral federal le reconoce facultad para expedir normas reglamentarias de una ley emanada del Congreso de la Unión (el propio Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales).

 

Aunque desde el punto de vista material ambas normas son similares, aquéllas se distinguen de éstas básicamente, en que provienen de un órgano que, al emitirlas, no expresa la voluntad general, sino que está instituido para acatarla en cuanto dimana del Legislativo, de donde, por definición, son normas subordinadas.

 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha reconocido ya lo anterior en diversos precedentes, en los cuales ha dejado establecido que al igual que la de otras autoridades, la facultad reglamentaria del Consejo General del Instituto Federal Electoral se encuentra regida por los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica a la misma; entendido el primero como la prohibición al reglamento de abordar materias reservadas en exclusiva a las leyes del Congreso de la Unión y, el segundo, como la exigencia de que el reglamento esté precedido por una ley cuyas disposiciones desarrolle, complemente o pormenorice y en las que encuentre su justificación y medida.

 

Ahora bien, en el presente caso,- el Consejo General señalado como responsable del acto impugnado, al aprobar las disposiciones particulares que han quedado precisadas en el presente agravio, contenidas en el Reglamento para la Liquidación y Destino de los Bienes de los Partidos Políticos Nacionales que pierdan o les sea cancelado su Registro ante el Instituto Federal Electoral, excede los límites previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Ya se ha anticipado que conforme al principio de subordinación jerárquica a la ley el reglamento aprobado por la autoridad responsable debía estar precedido por una ley cuyas disposiciones desarrollara, complementara o pormenorizara y en las que encontrara su justificación y medida; más no que creara situaciones, hipótesis o sujetos nuevos no previstos en la legislación origen.

 

En ese sentido, la responsable al aprobar el precepto reglamentario cuestionado por la vía de la presente demanda, conculcó la facultad reglamentaria que le concede el código en la materia, al establecer en el reglamento controvertido disposiciones que imponen mayores alcances que los previstos por la Constitución y el código federal que reglamenta.

 

Lo anterior es así por que, debe tenerse en cuenta que la doctrina y la jurisprudencia en México han establecido que mediante el ejercicio de la facultad reglamentaria, los órgano correspondientes están facultados, para mejor proveer en la esfera administrativa el cumplimiento de las leyes, dictar ordenamientos encaminados a facilitar a los destinatarios la observancia de las mismas, a través de disposiciones generales, imperativas y abstractas que detallen sus hipótesis "normativas de aplicación.

 

Por ende, al exceder los límites de su facultad reglamentaria, el Consejo General responsable violó el principio de legalidad electoral previsto por el artículo 41 Base V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual como autoridad y de conformidad con los artículos 105 párrafo 2 y 109 del Código Federa! de Instituciones y Procedimientos Electorales, estaba obligado a cumplir y tutelar.

 

Conforme a lo manifestado, es que se solicita a esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revoque el reglamento que se impugna por esta vía para efectos de que se modifique el orden de prelación señalado en el cuerpo del mismo, específicamente en los artículos 7o y 7o párrafo 1, incisos b), d) y e) y; 10° numeral 1 inciso b); por ser contrarios al marco legal 'que le dio origen.

 

AGRAVIO CUARTO

 

FUENTE DEL AGRAVIO.- Es fuente de agravio la aprobación del proyecto de "Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se expide el Reglamento para la Liquidación y Destino de los Bienes de los Partidos Políticos Nacionales que pierdan o les sea cancelado su Registro ante el Instituto Federal Electoral", así como todos y cada uno de sus considerandos; en lo particular el Acuerdo Primero de dicho documento que contempla el reglamento citado, el señala en que los dirigentes y trabajadores del partido político sujeto a liquidación en ningún caso podrán ser por sí o por interpósita persona, los adquirentes de los bienes valuados que se busca hacer líquidos.

 

ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES VIOLADOS. Artículos 41, base V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o párrafo 1, 3o; 103, 105 párrafo 2 y, 109 párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

 

CONCEPTO DE AGRAVIÓ. Los numerales" 7 y 8 del articulo 15 del reglamento motivo del presente medio de impugnación establecen:

 

7. El visitador, interventor, los peritos valuadores, auxiliares, dirigentes, trabajadores del Partido en liquidación o cualquier otra persona que por sus funciones haya tenido acceso a información relacionada con el patrimonio del Partido Político en liquidación, en ningún caso podrán ser, por sí o por interpósita persona, los adquirentes de los bienes valuados que se busca hacer líquidos.

 

8. Cualquier acto o enajenación que se realice en contravención a lo dispuesto en el párrafo anterior, será nulo de pleno derecho.

 

Lo trascrito contraviene la legislación en la materia que dio origen al reglamento, pues el código electoral no prevé esta situación; por tanto, la responsable viola el principio de subordinación jerárquica a la ley.

 

Lo anterior, pues si bien es cierto, esta H. Sala Superior ha sostenido en la Tesis S3EL 120/2001 que derivado de la existencia de una laguna legal por situaciones particulares no contempladas en la norma, pero si previstas en lo general, ante el surgimiento de situaciones extraordinarias previstas por la ley, es necesario completar la normatividad en lo que se requiera por la autoridad competente; no obstante el mismo criterio establece, que ese complemento o situación deberá resolverse con base en el conjunto de principios generales rectores en el campo jurídico, aplicados de modo que armonicen para dar satisfacción a los fines y valores tutelados en la materia electoral; de igual manera, señala que se respetará siempre los principios rectores de la materia, aplicados de tal modo que se salvaguarde la finalidad de los actos electorales y se respeten los derechos y prerrogativas de los gobernados.

 

Conforme a lo anterior, la responsable no puede crear situaciones que perjudique derechos de ciudadanos que, aún cuando sean dirigentes o trabajadores del partido político sujeto a liquidación, también son ajenos a dicho procedimiento.

 

En este sentido, no puede tener la responsable la facultad de establecer límite a los ciudadanos que no derivan de la ley, máxime si estas personas no están involucradas con el procedimiento y por tanto no tienen una situación de ventaja respecto a los demás posibles adquirentes.

 

"Situación distinta a las demás figuras previstas en la misma disposición reglamentaria, como son el visitador, en su caso, el interventor, los peritos valuadores, auxiliares y cualquier persona que por sus funciones haya tenido acceso a la información relacionada con el patrimonio del partido político en liquidación; puesto que por su situación particular, estas personas si tienen información privilegiada con respecto a los demás adquirentes.

 

Sin embargo, el hecho de que se contemple a dirigentes o trabajadores del partido sujeto a liquidación que no están involucrados en el proceso y por tanto no tienen manera de accesar por sus funciones a información relacionada con el patrimonio del partido respectivo; como personas no aptas para adquirir parte de su patrimonio, pues de lo contrario sería nulo de pleno derecho; estaría extralimitado en las hipótesis contenidas en la norma legal origen del reglamento; además de que podrían estar vulnerando garantías individuales de los ciudadanos que se encuentren en tal situación.

 

Los tribunales federales en nuestro país han establecido, que la facultad reglamentaria concedida a las autoridades, se encuentra constreñida a la emisión de normas administrativas, obligatorias, generales e impersonales, subordinadas a la ley cuya exacta observancia proveen, por lo que tales normas pueden detallar el contenido de una ley, aclarar su aplicación e interpretación, pero nunca contradecirla, imponer mayores alcances o limitaciones. Lo cual acontece en el caso que nos ocupa respecto a los ciudadanos referidos.

 

Acorde con lo anterior, se solicita a esta H. Autoridad, que se revoque e! reglamento que se impugna para efecto de que sean modificados sujetos previstos en las disposiciones trascritas con antelación, pues de lo contrario se estaría regulando una situación no prevista por el código electoral.

 

AGRAVIO QUINTO

 

FUENTE DEL AGRAVIO. Es fuente de agravio la aprobación del proyecto de "Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se expide el Reglamento para la Liquidación y Destino de los Bienes de los Partidos Políticos Nacionales Federal Electoral", así como todos y cada uno de sus considerandos; en lo particular el Acuerdo Primero de dicho documento que crea la figura del "visitador" con facultades de administración en el caso de que un partidos pierdan su registro por fusionarse con otro.

 

ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES VIOLADOS. Artículos 41, base V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o párrafo 1, 3o; 103, 105 párrafo 2 y, 109 párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

 

CONCEPTO DE AGRAVIO. Causa agravio el reglamento que se impugna por esta vía, toda vez que la autoridad responsable está creando figuras ajenas a las señaladas por el propio código, designándole facultades que sólo corresponden a la Unidad de Fiscalización y en su caso, al interventor. Así, el ordenamiento reglamentario establece: (Se transcribe).

 

Lo trascrito es claramente contradictorio a lo que el código electoral establece y prevé para el procedimiento de-liquidación de los partidos políticos por pérdida o cancelación de registro.

 

Acorde a lo anterior, como esta H. Autoridad podrá percatarse, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 103 únicamente prevé la figura del interventor, el cual será designado por la Unidad de Fiscalización y que será auxiliar en el procedimiento de liquidación; y por tanto no dispone de otro tipo de figuras a cargo del procedimiento de liquidación como la responsable pretende disponer, como en el caso del visitador (Se transcribe).

 

Como podrá percatarse esta H. Sala, en ninguna parte de la hipótesis contenida en la norma trascrita se habla de un "visitador" para que esté a cargo de forma "preventiva" del procedimiento de liquidación del partido político que pierda o sea cancelado su registro. Y no se contempla esa figura del visitador, por que esas funciones le están encomendadas directamente a la Unidad de Fiscalización, quien podrá auxiliarse con un interventor que nombrará para el efecto.

 

Por tanto, el hecho de que la responsable pretende vía reglamentaria crear figuras adicionales a las previstas por el ordenamiento legal que dio origen al propio reglamento, vulnera el principio de jerarquía de las normas.

 

Además de lo anterior, también la responsable se extralimita en sus facultades, puesto que el hecho de que el código electoral no contemple la figura de un visitador u otro similar para que lleve a cabo el proceso de liquidación, en caso de que un partido político solicite su cancelación de registro para fusionarse con otro; no significa que la responsable podrá crearlo vía reglamentaria, toda vez que esa facultad de administrar el patrimonio del partido cuando este pierda o le sea cancelado su registro, está conferida a la Unidad de Fiscalización directa y expresamente en su artículo 81, numeral 1, inciso m) del código en la materia: (Se transcribe).

 

Conforme a lo anterior, es claro que la responsabilidad de los procedimientos de liquidación recae directamente en la Unidad de Fiscalización, trátese de pérdida del registro o de la cancelación del mismo "por cualquier otra causa de las establecidas en este Código", como son las señaladas en el artículo 101 del mismo ordenamiento legal, y entre las cuales se encuentran las contempladas en los incisos f) y g) que son las mismas hipótesis contempladas por la autoridad responsable para justificar la figura del visitador, y que son las siguientes:

 

Así, conforme a una interpretación gramatical, sistemática y funcional de las normas electorales, es claro que el único responsable del procedimiento de liquidación de los partidos políticos, conforme el artículo 81 numeral 1 inciso m) es la Unidad de Fiscalización, quien, en su caso, podrá auxiliarse nombrando un interventor responsable del control y vigilancia directos del uso y destino de los recursos y bienes del partido de que se trate; y no ninguna otra figura u órgano interno o externo al Instituto Federal Electoral.

 

Aunado a lo anterior, además de que la responsable no debió extralimitarse a lo previsto por el código electoral que dio origen al reglamento; suponiendo sin conceder que se otorgue la facultad a la responsable para crear esta figura multicitada, la misma no debe sujetarse a un procedimiento de insaculación de una Lista de Especialistas de Concursos Mercantiles ajena al Instituto Federal Electoral.

 

Es decir, tal y como se manifestó en el agravio primero que el interventor debe ser elegido de entre el personal de la propia Unidad de Fiscalización, la misma situación operaría en caso del visitador, en el supuesto no concedido de que se permita por esta H. Sala su creación fuera del ordenamiento legal en la materia, este debe sujetarse a una interpretación armónica, gramatical, sistemática y funcional de las disposiciones electorales; en este sentido, si expresamente el código en la materia señala que la responsable directa del procedimiento de liquidación será la Unidad de Fiscalización, tanto interventor como en su caso, visitador, deben formar parte del personal de dicho órgano electoral, por los argumentos que quedaron precisados en el agravio primero y se solicita se tengan por reproducidos para no incurrir en repeticiones innecesarias.

 

Sin embargo, es necesario dejar claro que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales no establece la figura del visitador, y que hacer lo contrario en un ordenamiento de menor jerarquía que está regulando al primero, sería ir en contra del derecho y los limites que el mismo impone a las autoridades bajo el principio de jerarquía de las normas, contemplado en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

Conforme a lo anterior, es que se solicita a esta H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se revoque el reglamento que se impugna para efecto de que sea modificado en el sentido de desaparecer la figura del visitador, toda vez que además no estar contemplada por el ordenamiento origen del reglamento, se le están otorgando facultades que únicamente corresponden a la Unidad de Fiscalización a través del interventor nombrado por ella misma. Pues tal y como podrá observar, según el reglamento referido, el visitador podrá, incluso llevar a cabo el proceso y actividades para hacer líquidos los bienes muebles e inmuebles del partido, es decir, se le confieren implícitamente facultades de dominio; lo cual, por demás rebasa los límites establecidos en el propio marco legal ya citado.

 

Señalo lo antes expuesto en virtud de que, debe tenerse en cuenta que la doctrina y la jurisprudencia en México han establecido que mediante el ejercicio de la facultad reglamentaria, los órgano correspondientes están facultados, para mejor proveer en la esfera administrativa el cumplimiento de las leyes, dictar ordenamientos encaminados a facilitar a los destinatarios la observancia de las mismas, a través de disposiciones generales, imperativas y abstractas que detallen sus hipótesis normativas de aplicación.

 

Luego entonces, al exceder los límites de su facultad reglamentaria, el Consejo General responsable violó el principio de legalidad electoral previsto por el artículo 41 Base V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual como autoridad y de conformidad con los artículos 105 párrafo 2 y 109 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, estaba obligado a cumplir y tutelar.

 

Los agravios del Partido del Trabajo no se transcriben, porque son substancialmente iguales que los del Partido de la Revolución Democrática.

 

SÉPTIMO. Estudio de fondo. Del examen integral de la demandas, se advierte que los recurrentes impugnan varios preceptos contenidos en el Reglamento que establece los Lineamientos relativos a la Liquidación y Destino de los bienes de los Partidos Políticos Nacionales que pierdan o les sea cancelado su registro ante el Instituto Federal Electoral, en adelante el Reglamento, sobre la base de que infringen los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica, que limitan la facultad reglamentaria.

 

Al respecto los motivos de inconformidad admiten ser resumidos para su estudio en los siguientes temas:

 

1. Vulneración a la autonomía de gestión de la Unidad de Fiscalización, prevista en el artículo 41, Base V, de la Constitución Federal, debido a que el Reglamento introduce al interventor, mediante un procedimiento de insaculación no previsto legalmente, ya que conforme al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el interventor debe ser nombrado por la Unidad de Fiscalización.

 

2. Infracción a la autonomía de gestión de la Unidad de Fiscalización y al principio de certeza, debido a que el Reglamento crea figuras ajenas a las señaladas en el código de la materia, pues introduce al interventor que al elegirse mediante un procedimiento de insaculación produce que sea un sujeto ajeno al Instituto Federal Electoral y a la propia Unidad de Fiscalización y además, crea responsabilidades difusas sin establecer sus consecuencias o sanciones.

 

3. Extralimitación en la facultad reglamentaria, pues al establecer el Reglamento reclamado que los remanentes de la liquidación, serán transferidos a la Tesorería de la Federación, independientemente de si fueron adquiridos por financiamiento público o privado, contraviene el artículo 41 Base II, última parte, de la Constitución Federal y el artículo 103 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

 

4. Violación al principio de subordinación jerárquica de la ley, puesto que el Reglamento establece que los dirigentes y trabajadores del partido político sujetos a liquidación, en ningún caso podrán por sí o por interpósita persona, ser los adquirentes de los bienes valuados que se busca hacer líquidos, situación que no se encuentra prevista en el código de la materia.

 

5. Vulneración al principio de subordinación jerárquica en cuanto al orden de prelación de acreedores para el pago de obligaciones adquiridas por el partido, puesto que la ley señala un orden de prelación y el Reglamento lo altera.

 

6. Infracción a la autonomía de gestión de la Unidad de Fiscalización, porque el reglamento reclamado crea la figura del visitador que no se encuentra prevista legalmente.

 

En atención a que en el caso, se plantea la ilegalidad de varios preceptos contenidos en el Reglamento que prevé la liquidación y destino de los bienes de los Partidos Políticos Nacionales, que pierdan o les sea cancelado su registro, esto es, de una norma general y abstracta, para resolver la cuestión planteada, es necesario tener presentes los límites a que se encuentra sujeta la facultad reglamentaria.

 

La facultad reglamentaria consiste en la potestad atribuida por el ordenamiento jurídico a determinados órganos para emitir reglamentos, es decir, normas jurídicas obligatorias con valor subordinado a la ley.

 

El ejercicio de esa facultad reglamentaria está sometido jurídicamente, a limitantes derivados de lo que se conoce como el principio de reserva de ley y del diverso principio de subordinación jerárquica, este último obedece a la propia naturaleza de los reglamentos, en cuanto disposiciones sometidas al ordenamiento que desarrolla.

 

El primero de dichos principios implica, que una disposición constitucional reserva expresamente a la ley, la regulación de una determinada materia, con lo cual se excluye la posibilidad de que los aspectos de esa reserva sean normados por disposiciones de naturaleza distinta a la ley.

 

De este modo, el legislador ordinario ha de establecer la regulación de esa materia, al no poderse realizar por otras normas secundarias, entre ellas, el reglamento, salvo que las restricciones estén claramente justificadas, sean razonables e idóneas para perseguir los fines de la legislación materia de reglamentación.

 

El segundo principio, de jerarquía normativa, consiste en que el ejercicio de la facultad reglamentaria no puede modificar o alterar el contenido de una ley, es decir, los reglamentos tienen como límite natural los alcances de las disposiciones que dan cuerpo y materia a la ley que reglamentan; por ende, los reglamentos sólo pueden detallar las hipótesis y supuestos normativos legales para su aplicación, sin contener mayores supuestos, ni crear nuevas limitantes a las previstas en la ley.

 

De esta suerte, al ser competencia exclusiva de la ley la determinación del qué, quién, dónde y cuándo de una situación jurídica general, hipotética y abstracta; al reglamento de ejecución competerá, por consecuencia, el cómo de esos propios supuestos jurídicos, esto es, su desarrollo.

 

En tal virtud, si el reglamento sólo funciona en la zona del cómo, para que en sus disposiciones se pueda hacer referencia a cuestiones relativas a la materia de las otras preguntas (qué, quién, dónde y cuándo) es menester que estos aspectos estén contestados por la ley.

 

Lo anterior, en virtud de que el reglamento, se insiste, desenvuelve la obligatoriedad de un principio ya definido por la ley, y en ese tenor, no puede ir más allá de ella, ni extenderla a supuestos distintos, y mucho menos contradecirla, sólo debe concretarse a indicar los medios para cumplirla; además, cuando exista reserva de ley no puede abordar los aspectos materia de tal disposición.

 

Sirve como criterio orientador, la Jurisprudencia P./J. 30/2007, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1515 del Tomo XXV, mayo de 2007, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, intitulada "FACULTAD REGLAMENTARIA. SUS LÍMITES".

 

Antes de dar contestación a cada uno de los agravios, se hacen las siguientes consideraciones de orden general, por cuanto al tema toral de que trata el reglamento reclamado, en cuanto a la liquidación de los bienes de un partido político que pierda o sea cancelado su registro, es decir, cuando se produzca su disolución.

 

Debe tenerse en cuenta que gramaticalmente, disolución es, por un lado, la acción y efecto de disolver, y por el otro, la relajación y rompimiento de los lazos o vínculos existentes entre varias personas. A su vez, disolver es, en la connotación que interesa, “separar, desunir lo que estaba unido de cualquier modo” (Diccionario de la Lengua Española, 22ª edición, Real Academia Española, Madrid, 2001, página 565).

 

En tanto, de acuerdo a la misma fuente, la liquidación es la acción y efecto de liquidar, así como la “venta al por menor, con gran rebajas de precios, que hace una casa de comercio por cesación, quiebra, reforma o traslado del establecimiento, etc.”. En congruencia con lo anterior, liquidar es “hacer el ajuste formal de una cuenta… poner término a algo o a un estado de cosas… desistir de un negocio o de un empeño… romper o dar por terminadas las relaciones personales… acabar con algo, suprimirlo o hacerlo desaparecer” (página 938).

 

Las nociones expuestas revelan que la idea de una disolución se centra en la cesación o interrupción de una actividad o conjunto de actividades a través de las cuales un grupo de individuos se encontraba ligado o unido, en tanto que la liquidación responde a la necesidad de eliminar o saldar aquellas cuentas, operaciones, negocios y, en general, relaciones surgidas con motivo de esa actividad o conjunto de actividades, a fin de concluirlas definitivamente y en su totalidad.

 

Estas concepciones, en el ámbito de las personas morales, se encuentran recogidas por la dogmática jurídica y por los distintos ordenamientos de corte continental-europeo e hispanoamericanos, entre ellos el mexicano, en un sentido muy similar al de su significación gramatical, pues tocante a la disolución, en los tratados, manuales y textos legislativos se contemplan las causas por virtud de las cuales una asociación, sociedad y en general una persona jurídica determinada debe cesar en sus operaciones como  tal, y de modo parecido, se contemplan los pasos y procedimientos tendentes a la liquidación de sus relaciones y activos, como consecuencia lógica y necesaria de la interrupción definitiva de sus actividades ordinarias.

 

Sin variaciones sustanciales, la doctrina nacional asume estas nociones, tanto en la rama mercantil (Castrillón y Luna, Víctor M. Sociedades mercantiles, Porrúa, México, 2003, páginas 175 y 176, así como los autores en este texto citados) como en la civil (Ruiz de Chávez y Salazar, Salvador, y Salvador Ruiz de Chávez Ochoa. Las sociedades civiles en el Derecho mexicano, 2ª edición, Porrúa, México, 2000, páginas 239, 240, 251 y 252). En la última obra citada, tras puntualizar que la disolución es la cesación de actividades de la organización, los autores detallan los siguientes efectos:

 

1. La sociedad subsiste pero cambia su finalidad: ya no es la realización del fin común societario, sino la ejecución de los negocios pendientes.

 

2. La entidad no pierde aún su personalidad jurídica, por lo que sus estatutos continúan vigentes, pero no es válido adoptar nuevos acuerdos que contradigan el estado en que se encuentra.

 

3. La sociedad queda disuelta entre los socios desde el momento en que tiene lugar la causa que la provoca; en consecuencia, fenecen todos los derechos y obligaciones recíprocos, especialmente el de fidelidad, salvo en lo concerniente a los negocios inconclusos. Si la razón es el vencimiento del plazo convencional u otro hecho que el tercero debió apreciar, la disolución genera, sus efectos para los socios y aun los terceros. Por el contrario, si la disolución se origina por voluntad de los socios, la disolución sólo produce consecuencias para los terceros, desde el día en que es comunicada o conocida por ellos.

 

4. Suscita la inmediata liquidación de la sociedad, con todas sus secuelas.

 

5. La sociedad queda impedida para obligarse a nuevas operaciones propias de su objeto.

 

Tocante a la liquidación, de lo antes expuesto se colige que constituye “el procedimiento (conjunto de operaciones materiales y jurídicas) dirigido a hacer posible la extinción de la sociedad mediante la extinción de las relaciones jurídicas con terceros (liquidación patrimonial) y con los propios socios (división del patrimonio)”, de ahí precisamente que, en términos generales y con las excepciones derivadas del tipo y naturaleza de la asociación de que se trate, el “procedimiento de liquidación se compone de dos fases fundamentales: la de liquidación del patrimonio social, en la que se trata de extinguir todas las relaciones jurídicas de la sociedad con terceros (deudas, créditos y contratos pendientes), que no hay que identificar necesariamente con la conversión en dinero y ni siquiera con eliminación de la empresa (es posible un traspaso en bloque o su continuación por un socio), y la de división o reparto del patrimonio resultante de aquella liquidación entre los socios, que tampoco tiene por qué traducirse en dinero y cuya realización tendrá como resultado la extinción de la sociedad” (Beltrán Sánchez, E. Voz “Liquidación de sociedades” en Enciclopedia Jurídica Básica, Civitas, Madrid, 1995, volumen III, página 4134).

 

Las nociones apuntadas acerca de la disolución y liquidación de las personas morales son igualmente asumidas por el ordenamiento federal mexicano, como acontece con el Código Civil Federal (en lo sucesivo, CCF) y la Ley General de Sociedades Mercantiles (en adelante, LGSM), que regulan respectivamente la constitución, funcionamiento y extinción de las sociedades civiles y mercantiles con pretensiones de generalidad, en razón de constituir dos de las principales manifestaciones del derecho de asociación reconocido en el artículo 9 constitucional, sin menoscabo, desde luego, de los distintos tipos societarios o asociativos específicos también normados en el fuero federal, y por supuesto, las diversas formas asociativas contempladas en las legislaciones estatales y del Distrito Federal.

 

Ambos cuerpos legales identifican a la disolución como el momento a partir del cual, por un lado, cesan las actividades ordinarias de una organización reconocida legalmente como individualidad, cuya realización (en aras de la consecución de una finalidad común) vincula ordinariamente a varios individuos, con motivo de la actualización de alguna de las causas convencionales o legales previstas para tal efecto; y por otro, marca la apertura del período de liquidación, pero sin que ello implique la alteración de los actos celebrados por la persona moral, ni los compromisos por ella adquiridos, con anterioridad a la ocurrencia del evento que acarrea la disolución.

 

Tanto en el campo civil como en el mercantil, el efecto de la disolución consiste en suspender las actividades ordinarias de la sociedad y abrir el período de la liquidación de las relaciones internas y externas existentes con motivo de la ejecución del contrato social, pues en todo caso la extinción de la personalidad jurídica propia del colectivo, así como la realización de las operaciones pendientes y de los vínculos normativos existentes entre los integrantes, no opera de forma inmediata y por mero efecto de la disolución, sino que es menester la realización de un conjunto de tareas encaminadas, precisamente, a cumplir con las obligaciones y deberes contraídos con motivo de la vida societaria y a conseguir un estado de cosas que permita la resolución armónica y ordenada de los distintos intereses particulares que confluyen al seno de la organización.

 

Así lo prevé el artículo 2686 del CCF en el caso de las asociaciones civiles, pues acaecida la disolución, los bienes de la asociación deben aplicarse conforme lo previsto en los estatutos. A falta de disposición específica en éstos, la asamblea general exclusivamente puede atribuir a los asociados la parte del activo social que equivalga a sus aportaciones, en tanto que los demás bienes integrantes del patrimonio de la asociación deben de aplicarse a otra asociación o institución de asistencia privada (“fundación”) de objeto similar a la extinguida. De estas normas se desprende lo siguiente:

 

1. La actualización de una causa de disolución legal o convencional conduce a la extinción de la persona moral.

 

2. Entre uno y otro momento (disolución-extinción), es necesaria la realización de una serie de actos que conduzca finalmente a la aplicación de los bienes hasta entonces atribuidos a la persona moral (propiamente la liquidación), dado que únicamente se pueden aplicar los bienes existentes tras cubrir los pasivos de la asociación.

 

En relación a las sociedades civiles, el primer párrafo de artículo 2726 del CCF dispone que una vez disuelta la sociedad, “se pondrá inmediatamente en liquidación, la cual se practicará dentro del plazo de seis meses, salvo pacto en contrario”, pero sin que la disolución modifique los compromisos contraídos con terceros (artículo 2725), es decir, los derechos y obligaciones emanados de actos jurídicos celebrados con motivo de la consecución del objeto societario. De tal suerte, este ordenamiento contempla las reglas básicas a las cuales se debe sujetar la liquidación:

 

1. Quiénes se encuentran a cargo de llevarla a cabo: los socios, o bien, los liquidadores nombrados por éstos o los previstos en los estatutos (artículo 2727).

 

2. La obligación de cumplir con los compromisos asumidos válidamente por la sociedad, a través de sus órganos y demás representantes legítimos (artículo 2728). En congruencia con esta disposición, se prevé una prohibición, consistente en que ni el capital social ni las utilidades pueden ser repartidas sino “después” de la disolución de la sociedad y previa la liquidación respectiva, “salvo pacto en contrario” (artículo 2729). Si el patrimonio social resulta insuficiente para afrontar los compromisos y devolver las aportaciones a los socios, se establecen reglas para determinar la distribución de las pérdidas entre las distintas clases de socios admitidas por el código (artículos 2730 a 2735).

 

3. Cubierto lo anterior, y en caso de existir remanente, la devolución a los socios de sus aportaciones (artículo 2728).

 

4. Si devueltas las aportaciones se conservaren bienes de la sociedad, deben repartirse entre los socios, en concepto de utilidades, de forma proporcional a sus aportaciones o conforme lo previsto en la escritura constitutiva (artículo 2728).

 

De manera similar, la LGSM establece que la disolución de una sociedad mercantil tiene como efecto ponerla en estado de liquidación (artículo 234), motivo por el cual, a los administradores de las sociedades se les prohíbe iniciar nuevas operaciones “con posterioridad al vencimiento del plazo de duración de la sociedad, al acuerdo de disolución o a la comprobación de una causa de disolución” (artículo 233), so pena de estar sujetos a responsabilidad solidaria respecto de las obligaciones contraídas durante ese período. No obstante, pese a encontrarse disueltas las sociedades, conservan su personalidad jurídica, aunque únicamente para los efectos de la liquidación (artículo 244).

 

Durante la fase de liquidación igualmente se prevén un conjunto de reglas dirigidas a resolver la totalidad de las relaciones derivadas del contrato de sociedad, tanto en su régimen interno, como las entabladas con terceros:

 

1. Las relativas a quienes, en representación de la sociedad, asumen la administración para estos exclusivos efectos: denominación (liquidadores), nombramiento (quién lo efectúa, y en qué momento se realiza), revocación de la designación, forma de actuar en caso de pluralidad de liquidadores, y atribuciones y deberes (artículos 235, 236, 238, 239, 242 y 245).

 

2. Las encaminadas a procurar la regularidad en el funcionamiento de las actividades societarias, mediante la prórroga en sus funciones de los administradores hasta la asunción en el cargo del o los liquidadores (artículos 237 y 238).

 

3. Aquéllas mediante las cuales se fijan las directrices para  finalizar las operaciones existentes: determinación de las normas aplicables (estatutos, acuerdo de los socios o ley en defecto de las anteriores), realización de inventario del activo y pasivo sociales, entrega de la documentación y contabilidad de la sociedad a los liquidadores, conclusión de las operaciones pendientes, cobro de créditos y pago de adeudos, venta de los bienes, liquidación de haberes sociales, realización de un balance final, distribución del remanente, cancelación de la inscripción en el Registro Público de Comercio, etcétera (artículos 241, 242, 243, y 246 a 249).

 

4. Al igual que en el orden civil, por regla general se encuentra prohibido entregar a los socios el haber que les corresponda, si aún se encuentran pendientes de ser cubiertos los créditos pasivos de la sociedad o no se hubiere depositado su importe “si se presentare inconveniente para hacer el pago” (artículo 243). Esta regla general se encuentra reiterada, en lo específico, para las sociedades en nombre colectivo, en comandita simple y de responsabilidad limitada, según se deriva de los artículos 57 y 86, en relación con el 48.

 

Lo expuesto revela cómo la finalización de una empresa acometida por un conjunto de individuos o personas, que entrelazan apoyos y recursos entre sí, en aras de facilitar las tareas necesarias para la procuración de un objetivo común y potenciar los resultados susceptibles de ser alcanzados, que de otra forma implicarían un mayor esfuerzo, e incluso la imposibilidad de lograrse si se persiguieran de forma individual, exige la resolución de las relaciones normativas existentes en el orden interno de la persona moral (los derechos y obligaciones derivados de la calidad de socio o asociado, las existentes con los titulares de los órganos de administración y de vigilancia, etcétera) y aquellas surgidas con terceros durante la vida activa de la organización social (relaciones de la más diversa índole, según el tipo de actividad de la sociedad, como por ejemplo, de tipo laboral, mercantil, civil, fiscal y administrativo).

 

La explicación de esta necesidad radica en que, a fin de realizar el objeto social, sus integrantes acuerdan, dentro del marco constitucional y legal, las aportaciones y esfuerzos que individualmente se comprometen a cumplir para contribuir en la consecución de la finalidad por todos ellos perseguida, los derechos y obligaciones mediante los cuales se norman las actividades internas de la organización, así como los órganos que expresarán la voluntad de la colectividad, la forma en la cual se debe conformar dicha voluntad y demás reglas atinentes a la administración de los recursos societarios, su vigilancia, la rendición de cuentas, y de ser el caso, la distribución de los excedentes financieros resultantes de la actividad económica llevada a cabo.

 

Así mismo, durante la vida ordinaria de una persona moral, también con motivo de satisfacer el objeto de la sociedad, se llevan a cabo los actos y negocios jurídicos que, directa o indirectamente, conducen a tal propósito, operaciones que, como colectividad reconducida a un centro único de imputación normativa, se concretan con terceros. También con motivo de los actos ejecutados por los órganos y otros representantes de la organización se suelen producir otras consecuencias de derecho, normalmente de carácter impositivo y administrativo en general, que igualmente se traducen en derechos de la titularidad de la persona jurídica, o deberes a cargo de la misma.

 

Este cúmulo de relaciones requiere ser finiquitado cuando por alguna de las hipótesis permitidas por el ordenamiento, desaparece la posibilidad de continuar realizando la finalidad común que sustenta la comunidad de intereses y relaciones normativas recíprocas y las entabladas con terceros (disolución), pues se trata de relaciones y actos (que implican derechos y deberes) válidos porque emanaron al amparo de un estado jurídico (comunidad o persona moral) reconocido por el ordenamiento, y en consecuencia, los mismos no se pueden extinguir repentinamente o de inmediato, sino que es menester efectuar una serie de operaciones y negocios tendentes a su resolución (liquidación).

 

Las consideraciones precedentes hacen evidente que, la pérdida del registro de un organización ciudadana como partido político nacional, por alguna de las causas previstas por la ley, conlleva necesariamente la disolución del ente y su posterior liquidación, porque el universo de bienes y relaciones que confluyen al seno de la organización partidista tiene como sustento de imputación normativa, como unidad, la existencia del registro como partido, en tanto el susodicho registro, conforme el artículo 25 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales es la consecuencia de la satisfacción de los requisitos de hecho y de derecho exigidos legalmente y conduce al nacimiento de la personalidad propia e independiente de la correspondiente a cada uno de sus componentes personales o integrantes, y que en el caso particular, reviste además la cualidad de entidad de interés público.

 

En efecto, de acuerdo con el artículo 41, Bases I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los partidos políticos  son asociaciones de interés  público,

 

constituidas por ciudadanos, que tienen derecho a participar en los procesos electorales del país en los ámbitos nacional, estatal y municipal y del distrito federal, de acuerdo con las formas específicas que la ley determine.

 

Sus finalidades constitucionales son las siguientes:

 

1. Promover la participación del pueblo en la vida democrática del país.

 

2. Contribuir a la integración de la representación nacional como organizaciones de ciudadanos.

 

3. Hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, con sujeción a sus programas, principios e ideas políticas, a través del voto universal, libre, secreto y directo.

 

Para poder desempeñar tales cometidos, la Ley Fundamental reservó al legislador ordinario, el establecimiento de la normatividad encaminada a garantizar que dichos institutos políticos cuenten, de manera equitativa, con elementos que contribuyan al desarrollo de esos fines, como el acceso en forma permanente a los medios de comunicación social y el financiamiento público y privado, entre otros apoyos.

 

Lo anterior pone de manifiesto, que la Constitución reconoce que los partidos políticos desempeñan un papel fundamental en la consecución de los fines del Estado democrático, porque han llegado a ser el conducto o medio idóneo que lo conecta con los ciudadanos en el ejercicio del poder y, en consecuencia, en la toma de las decisiones trascendentales para el país, pues tienen la encomienda de hacer posible que los propios ciudadanos accedan, en condiciones de igualdad y con conocimiento a los derechos político electorales de votar y ser votado y con el poder de la soberanía que originariamente reside en ellos, al desempeño de cargos de elección popular.

 

Por eso, no cualquier tipo de colectividad puede adquirir estas calidades constitucionales específicas, sino exclusivamente las que se encuentren revestidas de ciertos elementos y características previamente determinados por la ley, como garantía de factibilidad para el eficaz cumplimiento de las altas finalidades que tienen encomendadas; razón por la que los grupos de ciudadanos que pretendan integrar una asociación de esta clase, requieren necesariamente reunir determinadas condiciones, como así lo recoge y establece el artículo 24 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

 

Tales condiciones o exigencias, de acuerdo con los artículos 30 y 31 del mismo código, deben ser verificadas por el Instituto Federal Electoral, con los elementos demostrativos que aporte la agrupación política nacional solicitante y con las diligencias que lleve a cabo la autoridad, conforme a sus facultades legales y reglamentarias, de tal modo que cuando encuentre plenamente satisfechos los requisitos, se hace patente que el conjunto de ciudadanos de que se trate, se encuentra en aptitud de alcanzar la calidad de partido político y, en consecuencia, se le otorga el registro correspondiente.

 

Por eso, el otorgamiento del registro como partido político nacional es el resultado de la constatación fehaciente de que una agrupación satisface todos los elementos indispensables para nacer como partido político, y obtener las consecuentes obligaciones, derechos y prerrogativas.

 

Así como la ley prevé las fases inherentes a la concepción, gestación, preconstitución y constitución definitiva de los partidos políticos, igualmente contempla, en su artículo 101, de manera natural y complementaria a aquellos momentos, la posibilidad y causas que motivan la extinción de la colectividad como partido político.

 

 

En general esas causas responden a la inviabilidad de que la entidad esté en aptitud de satisfacer debidamente las finalidades apuntadas, ya sea por incumplir los requisitos necesarios para obtener el registro, por no hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público (verbigracia, con motivo de no participar en un proceso electoral ordinario), por no contribuir de forma efectiva a la integración de la representación nacional como organización de ciudadanos (por ejemplo, al no obtener individualmente o participando en coalición, cuando menos el 2% de la votación emitida en alguna de las elecciones federales), por consentimiento de los afiliados (quienes pueden acordar la disolución en la forma establecida en sus estatutos o fusionarse con otro partido), o por no promover la participación del pueblo en la vida democrática del país (que implica adecuar sus actividades y tareas al marco constitucional y legal, y cuyo incumplimiento grave y sistemático puede conducir a la imposición de la pérdida del registro como sanción).

 

En cualquiera de estos supuestos, es claro que opera la disolución del partido, pues a partir de ese momento la entidad se encuentra impedida para continuar desarrollando las actividades inherentes a semejantes colectividades, y en consecuencia, de acuerdo con las consideraciones precedentes, se pierde la calidad de partido político nacional,

la personalidad jurídica inherente a tal cualidad, así como su consideración como entidad de interés público, subsistiendo la persona jurídica, para el solo efecto de abrir el período relativo a la liquidación, en el cual se deben resolver todos los bienes y relaciones adquiridos y surgidos al amparo de dicho registro, pues es evidente que la finalidad a la cual se encontraban afectados ya no es posible alcanzar, dada la falta de condiciones fácticas indispensables y la inexistencia de las habilitaciones normativas respectivas.

 

De lo anterior, se pueden desprender las siguientes conclusiones:

 

1. El objeto esencial de los partidos políticos se constriñe al cumplimiento  de los fines, que para este tipo de entes asociativos prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el segundo párrafo, de la Base, de su artículo 41.

 

2. Dada la importancia y trascendencia de dichos fines, las personas morales que pretendan constituirse como partido político, deberán cumplir con los requisitos establecidos en la ley, para el efecto de obtener el registro correspondiente.

 

3. La obtención del registro como partido político trae aparejada la de la calidad de entidad de interés público, de conformidad con el apartado I, del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

4. Sólo los partidos políticos con registro están facultados para el cumplimiento de los fines a que se refiere el número 1 anterior.

 

5. La pérdida de la calidad de partido político, implica la imposibilidad para la persona jurídica subsistente de cumplir con los fines mencionados en el numerando anterior.

 

6. La pérdida de registro como partido político, así como la imposibilidad de cumplir con los fines encomendados a dichos entes asociativos, implica necesariamente la pérdida de tal calidad.

 

7. Al perder el registro, los actos que celebre el partido político de que se trate a partir de dicha cancelación, deberán estar encaminados única y exclusivamente a su liquidación.

 

8. La liquidación de una persona jurídica implica la resolución de las relaciones normativas existentes tanto en su orden interno, como aquéllas surgidas con terceros durante su vida activa, mismas que pueden ser de la más diversa índole, por ejemplo, de tipo laboral, mercantil, civil, fiscal o administrativas.

 

9. Tal liquidación implica necesariamente el nombramiento de personas que se encarguen de llevar a cabo los actos adecuados para lograr el fin de la liquidación, y el resguardo de los bienes que deban hacerse líquidos.

 

Una vez hechas las anteriores precisiones enseguida dará respuesta a los agravios expuestos por los partidos recurrentes.

 

1. Nombramiento del interventor mediante el procedimiento de insaculación.

 

Los argumentos formulados con relación al tema señalado en el apartado 1, son infundados.

 

Contrariamente a lo sostenido por los recurrentes, los preceptos reglamentarios que hacen referencia a la figura del interventor así como al procedimiento de insaculación para su elección, no infringen la autonomía de Instituto Federal Electoral, ni el principio de subordinación jerárquica pues la interpretación gramatical sistemática y funcional de los preceptos del caso no conducen a estimar lo pretendido por los recurrentes, como se verá a continuación.

 

En efecto, la interpretación gramatical de lo dispuesto en el artículo 103 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales conduce a estimar, que el procedimiento para la designación del interventor debe regularse reglamentariamente, pues la ley sólo introduce esa figura y da ciertas reglas respecto a que tal designación debe estar a cargo de la unidad de fiscalización y establece facultades del interventor.

 

En el artículo 103, párrafo f, incisos a) y b) del ordenamiento legal en cita establece:

 

“Artículo 103

1. De conformidad a lo dispuesto por el último párrafo de la Base II del Artículo 41 de la Constitución General de la República, el Instituto Federal Electoral dispondrá lo necesario para que sean adjudicados a la Federación los recursos y bienes remanentes de los partidos políticos nacionales que pierdan su registro legal; para tal efecto se estará a lo siguiente, y a lo que determine en reglas de carácter general el Consejo General del Instituto Federal Electoral:

 

a) Si de los cómputos que realicen los consejos distritales del Instituto se desprende que un partido político nacional no obtiene el porcentaje mínimo de votos establecido en el inciso b) del párrafo primero del artículo 101 de este Código, la Unidad de Fiscalización designará de inmediato a un interventor responsable del control y vigilancia directos del uso y destino de los recursos y bienes del partido de que se trate. Lo mismo será aplicable en el caso de que el Consejo General del Instituto declare la pérdida de registro legal por cualquier otra causa de las establecidas en este Código;

 

b) La designación del interventor será notificada de inmediato, por conducto de su representante ante el Consejo General del Instituto, al partido de que se trate, en ausencia del mismo la notificación se hará en el domicilio social del partido afectado, o en caso extremo por estrados”

 

Como se ve en la anterior transcripción se crea la figura del interventor, que será responsable del control y vigilancia directos del uso y el destino de los recursos y bienes del partido sujeto a liquidación.

 

Sin embargo, al preverse que para el efecto de la liquidación de bienes debe estarse a lo que determine el Consejo General del Instituto Federal Electoral, en reglas de carácter general y sólo establece que la designación debe estar a cargo de la Unidad de Fiscalización, es claro que el procedimiento para tal designación se reserva para que se fije en disposiciones reglamentarias, esto es, en el reglamento que al efecto emita el Consejo General para regular la liquidación y destino de los bienes de los Partidos Políticos Nacionales que pierdan o les sea cancelado su registro ante el Instituto Federal Electoral.

 

Esto es, como la ley no señala la clase de procedimiento que debe establecer en las disposiciones reglamentarias se da libertad de actuar al Consejo General para regular y desarrollar el procedimiento que estime pertinente necesario para que se consiga el fin de la liquidación de bienes.

 

En este orden de cosas, es admisible considerar que si en el reglamento reclamado, la autoridad responsable estaba en aptitud legal de establecer y desarrollar el procedimiento para la designación del interventor, es claro que al hacerlo y señalar como tal un específico procedimiento de insaculación, no infringió el principio de subordinación jerárquica, pues tenía libertad de actuar para establecer el procedimiento que estimara conducente, con la única limitante de que se apegara a los principios electorales para obtener el fin de la liquidación de bienes perseguido por la ley, en el caso de que un Partido Político Nacional pierda o le sea cancelado su registro.

 

Por otro lado, la interpretación sistemática de los artículos 41, Base II, última parte, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 32, 81, párrafo 1, inciso m), 103, 118, párrafo 1, incisos a) y z) del Código Federal de de Instituciones y Procedimientos Electorales conduce a estimar, que el Consejo General del Instituto Federal Electoral sí tiene la facultad para establecer reglamentariamente el procedimiento que estima pertinente para la designación del interventor para la liquidación de bienes de un Partido Político Nacional que pierda o le sea cancelado su registro.

 

Ciertamente, el artículo 41, Base II, última parte, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone, que la ley establecerá el procedimiento para la liquidación de las obligaciones de los partidos que pierdan su registro.

 

Por su parte el artículo 32 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales prevé:

 

Artículo 32

1. Al partido político que no obtenga por lo menos el dos por ciento de la votación en alguna de las elecciones federales ordinarias para diputados, senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, le será cancelado el registro y perderá todos los derechos y prerrogativas que establece este Código.

 

2. La cancelación o pérdida del registro extinguirá la personalidad jurídica del partido político, pero quienes hayan sido sus dirigentes y candidatos deberán cumplir las obligaciones que en materia de fiscalización establece este Código, hasta la conclusión de los procedimientos respectivos y de liquidación de su patrimonio.

 

3. El hecho de que un partido político no obtenga por lo menos el dos por ciento de la votación emitida en alguna de las elecciones, no tiene efectos en relación con los triunfos que sus candidatos hayan obtenido en las elecciones nacionales según el principio de mayoría relativa.

 

El artículo 8, párrafo 1, incisos m), del citado ordenamiento establece.

 

“Artículo 8

1. A ninguna persona podrá registrársele como candidato a distintos cargos de elección popular en el mismo proceso electoral; tampoco podrá ser candidato para un cargo federal de elección popular y simultáneamente para otro de los estados, los municipios o del Distrito Federal. En este supuesto, si el registro para el cargo de la elección federal ya estuviere hecho, se procederá a la cancelación automática del registro respectivo.

2. Los partidos políticos no podrán registrar simultáneamente, en un mismo proceso electoral, más de sesenta candidatos a diputados federales por mayoría relativa y por representación proporcional distribuidos en sus cinco listas regionales.

3. Los partidos políticos no podrán registrar simultáneamente, en un mismo proceso electoral, más de seis candidatos a senador por mayoría relativa y por representación proporcional.”

 

De esta manera el artículo 103 del citado ordenamiento legal establece ciertas reglas para la realización del procedimiento de liquidación, en los siguientes términos:

 

“Artículo 103

1. De conformidad a lo dispuesto por el último párrafo de la Base II del Artículo 41 de la Constitución General de la República, el Instituto Federal Electoral dispondrá lo necesario para que sean adjudicados a la Federación los recursos y bienes remanentes de los partidos políticos nacionales que pierdan su registro legal; para tal efecto se estará a lo siguiente, y a lo que determine en reglas de carácter general el Consejo General del Instituto Federal Electoral:

 

a) Si de los cómputos que realicen los consejos distritales del Instituto se desprende que un partido político nacional no obtiene el porcentaje mínimo de votos establecido en el inciso b) del párrafo primero del artículo 101 de este Código, la Unidad de Fiscalización designará de inmediato a un interventor responsable del control y vigilancia directos del uso y destino de los recursos y bienes del partido de que se trate. Lo mismo será aplicable en el caso de que el Consejo General del Instituto declare la pérdida de registro legal por cualquier otra causa de las establecidas en este Código;

 

b)La designación del interventor será notificada de inmediato, por conducto de su representante ante el Consejo General del Instituto, al partido de que se trate, en ausencia del mismo la notificación se hará en el domicilio social del partido afectado, o en caso extremo por estrados;

 

c) A partir de su designación el interventor tendrá las más amplias facultades para actos de administración y dominio sobre el conjunto de bienes y recursos del partido político que no haya alcanzado el porcentaje mínimo de votación a que se refiere el inciso anterior, por lo que todos los gastos que realice el partido deberán ser autorizados expresamente por el interventor. No podrán enajenarse, gravarse o donarse los bienes muebles e inmuebles que integren el patrimonio del partido político.

d) Una vez que la Junta General Ejecutiva emita la declaratoria de pérdida de registro legal a que se refiere el párrafo 1 del artículo 102 de este Código, o que el Consejo General, en uso de sus facultades, haya declarado y publicado en el Diario Oficial de la Federación su resolución sobre la cancelación del registro legal de un partido político nacional por cualquiera de las causas establecidas en este Código, el interventor designado deberá:

 

I.Emitir aviso de liquidación del partido político de que se trate, mismo que deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación para los efectos legales procedentes;

 

II.Determinar las obligaciones laborales, fiscales y con proveedores o acreedores, a cargo del partido político en liquidación;

 

III. Determinar el monto de recursos o valor de los bienes susceptibles de ser utilizados para el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere la fracción anterior;

 

IV. Ordenar lo necesario para cubrir las obligaciones que la ley determina en protección y beneficio de los trabajadores del partido político en liquidación; realizado lo anterior, deberán cubrirse las obligaciones fiscales que correspondan; si quedasen recursos disponibles, se atenderán otras obligaciones contraídas y debidamente documentadas con proveedores y acreedores del partido político en liquidación, aplicando en lo conducente las leyes en esta materia;

V.Formulará un informe de lo actuado que contendrá el balance de bienes y recursos remanentes después de establecer las previsiones necesarias a los fines antes indicados; el informe será sometido a la aprobación del Consejo General del Instituto. Una vez aprobado el informe con el balance de liquidación del partido de que se trate, el interventor ordenará lo necesario a fin de cubrir las obligaciones determinadas, en el orden de prelación antes señalado;

 

VI. Si realizado lo anterior quedasen bienes o recursos remanentes, los mismos serán adjudicados íntegramente a la Federación; y

 

VII. En todo tiempo deberá garantizarse al partido político de que se trate el ejercicio de las garantías que la Constitución y las leyes establecen para estos casos. Los acuerdos del Consejo General serán impugnables ante el Tribunal Electoral.”

 

La transcripción evidencia que tratándose del procedimiento de liquidación en comento, la Constitución Federal le reserva a la ley de la materia, la regulación de tal liquidación.

 

Para tal efecto, la ley crea la figura del interventor; pero el procedimiento para su designación, a su vez, lo deja para que se regule reglamentariamente.

 

Con relación al tema de que se trata, en cuanto a la introducción de la figura del interventor así como el procedimiento de insaculación el artículo 4, del Reglamento reclamado dispone:

 

ARTICULO 4

1. Si de los cómputos que realicen los consejos distritales del instituto se advierte que un partido político Nacional no obtiene el porcentaje mínimo de votos establecido en el inciso b) del párrafo 1 del artículo 101 del Código, ¡a Unidad de Fiscalización designará de inmediato a un interventor responsable del control y vigilancia directos del uso y destino de los recursos y bienes del partido político de que se trate. Lo mismo será aplicable en el caso de que el Consejo General declare la pérdida de registro legal por cualquier otra causa de las establecidas en el Código.

 

2. El interventor será designado por insaculación de la Lista de Especialistas de Concursos Mercantiles con registro vigente que el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles del Poder Judicial de la Federación publique en Internet, dicha lista será sometida a la consideración de los partidos políticos y validada por la Unidad de Fiscalización en el mes de febrero de cada año y será publicada en el Diario Oficial de la Federación.

 

3. El procedimiento de insaculación que llevará a cabo la Unidad de Fiscalización, se realizará en presencia del representante ante el Consejo General del Instituto de el o los Partidos que se encuentren en las hipótesis previstas en este artículo, por el Director General de la Unidad de Fiscalización, así como de dos testigos designados por el Director General de la Unidad. A esta diligencia podrán asistir los Consejeros Electorales, los Consejeros del Poder Legislativo y representantes de otros partidos políticos acreditados ante el Instituto que deseen hacerlo, para lo cuál se les comunicará por lo menos con veinticuatro horas de anticipación, la fecha, hora y lugar en que se llevará a cabo el acto.

 

4. El procedimiento de insaculación deberá desarrollarse conforme a las siguientes bases:

 

a) En la fecha y hora señalada por la Unidad de Fiscalización para llevar a cabo la diligencia, personal de la Unidad introducirá en una urna transparente, tarjetas con los nombres de cada uno de los especialistas con registro vigente que el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles del Poder Judicial de la Federación publique en Internet. Todas las tarjetas deberán tener las mismas características de tamaño y tipo de papel y podrán ser firmadas por el representante del partido político sujeto al procedimiento de liquidación. Previa su incorporación a la urna, el personal de la Unidad de Fiscalización introducirá cada una de las tarjetas en sobres independientes que cenaré y sellará a fin de que no pueda ser visible el nombre del especialista;

 

b) Posteriormente, un funcionario del Instituto designado por el Director General de "la Unidad de Fiscalización, extraerá un sobre de la urna y la tarjeta en él contenida y dará lectura en voz alta el nombre que en ella aparezca;

 

c) Hecho lo anterior, el Director General de la Unidad de Fiscalización inmediatamente comunicará al especialista su designación por la vía más expedita, con independencia de notificar de inmediato por escrito tal nombramiento; y

 

d) De esta diligencia se elaborará el acta correspondiente, que deberá ser firmada por el Director General de la Unidad de Fiscalización, por el representante del partido político sujeto al procedimiento de liquidación, así como de los testigos designados por el Director General de la Unidad de Fiscalización.

 

5. Si el interventor designado no aceptare el nombramiento, la Unidad de Fiscalización designará en estricto orden de aparición, al siguiente de la lista de especialistas de aquel que hubiere sido insaculado. En el caso en que no se obtuviere la aceptación de ninguno de ellos, designará al SAE que asumirá las funciones del interventor con todas las atribuciones, facultades y responsabilidad de este. Al respecto, los interventores deberán cumplir con los requisitos establecidos en las fracciones I a III y V de los artículos 326 y 328 de la Ley de Concursos Mercantiles, a efecto de evitar conflictos de interés entre el Interventor y los Partidos Políticos.

 

Debe tenerse en cuenta que conforme a los argumentos ya realizados en la parte introductoria, la disolución de una persona jurídica se presenta cuando ésta pierde su capacidad legal para el cumplimiento del fin para el cual se creó, por lo que la personalidad jurídica se conserva hasta en tanto se concluyan las operaciones y se cumplan las obligaciones pendientes, esto es, mientras se liquida.

 

 

En el caso de los partidos políticos tal situación se genera cuando pierden o se les cancela su registro como entidad de interés público, momento en el que, actualizado el estado de disolución, el único fin que pueden perseguir es la resolución de los vínculos establecidos, en su calidad de entidad de interés público, con el Estado, sus afiliados y demás terceros. Esto es, que la disolución de un partido político, entendida en un sentido amplio, es el fin de toda actividad del partido político como tal.

 

 

Precisamente, por las razones apuntadas, se hace necesario un procedimiento de liquidación, con la finalidad de que el partido político cumpla con las obligaciones y responsabilidades que derivaron de su actuación mientras conservó su registro, en términos del artículo 79 del código de la materia, así como para concluir las operaciones contables y financieras del partido político, las cuales se realizan, preponderantemente, con los recursos provenientes del financiamiento público al que tenían derecho, en términos del artículo 41, Base II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y a fin de contar con los recursos líquidos necesarios para hacer frente a sus deudas, tanto con el Instituto Federal Electoral, en calidad de autoridad hacendaría, como con particulares con los que hubiese contraído obligaciones y deudas.

 

Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia REGISTRO DE PARTIDO POLÍTICO. SU PÉRDIDA NO IMPLICA QUE DESAPAREZCAN LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS DURANTE SU VIGENCIA, consultable en la página 284 de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005; así como la tesis relevante, PARTIDOS POLÍTICOS. SU REGISTRO TIENE CARÁCTER CONSTITUTIVO, visible en las páginas 757 y 758 de la citada Compilación Oficial.

 

Sobre esta base el artículo 103, párrafo 1, inciso a), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales  establece que cuando se dé la hipótesis de pérdida o cancelación del registro de un partido político nacional por no obtener el porcentaje mínimo de votos establecido en la ley, entre otros supuestos, la Unidad de Fiscalización designará de inmediato a un interventor responsable del control y vigilancia directos del uso y destino de los recursos y bienes del partido de que se trate, lo que será notificado de inmediato, por conducto de su representante ante el Consejo General del Instituto.

 

Acorde con estos razonamientos, el artículo 4, párrafo 1, del reglamento en cuestión reitera lo que prevé el código de la materia, en cuanto a que si de los cómputos que realicen los Consejos Distritales del Instituto se advierte que un Partido Político Nacional no obtiene el porcentaje mínimo de votos establecido en el inciso b), del párrafo 1, del artículo 101 del Código Electoral, la Unidad de Fiscalización designará de inmediato a un interventor responsable del control y vigilancia directos del uso y destino de los recursos y bienes del partido de que se trate.

 

 El propio artículo, en su párrafo 2, establece el procedimiento por el que deberá hacerse la designación del interventor. De esta manera, se prevé que será designado por insaculación de la Lista de Especialistas de Concursos Mercantiles con registro vigente que el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles del Poder Judicial de la Federación publique en Internet, la cual será sometida a la consideración de los partidos políticos y validada por la Unidad de Fiscalización en el mes de febrero de cada año y será publicada en el Diario Oficial de la Federación.

 

 Igualmente en el párrafo 3 del precepto cuestionado se contemplan las bases a seguir en el procedimiento de insaculación, entre las que destacan las relativas a que tal procedimiento se debe llevar a cabo en la Unidad de Fiscalización, y en el deben estar presentes, el representante ante el Consejo General del Instituto del o los Partidos de que se trate, el Director General de la Unidad de Fiscalización, así como de dos testigos designados por el Director General de la Unidad.

 

 Incluso en el precepto señalado se dispone que también pueden asistir a la diligencia, los Consejeros Electorales, los Consejeros del Poder Legislativo y representantes de otros partidos políticos acreditados ante el Instituto que deseen hacerlo, para lo cuál se les comunicará previamente la fecha, hora y lugar en que se llevará a cabo el acto.

 

 De esta manera, en las bases mencionadas se establece el procedimiento de insaculación en el que se destaca la presencia del personal de la Unidad de fiscalización y los funcionarios que ya han quedado mencionados para concluir con la extracción del sobre de la urna transparente en la que aparezca el nombre de la persona insaculada e incluso se establece que la diligencia debe estar firmada por el Director General de la Unidad de Fiscalización por el representante del Partido Político sujeto al procedimiento de liquidación, así como los testigos designados.

 

 De la misma manera, en el párrafo 5, del precepto en comento, se prevé la hipótesis en la que el interventor designado no aceptare el nombramiento, pues en este caso, la Unidad de Fiscalización designará en estricto orden de aparición, al siguiente de la lista de especialistas de aquel que hubiere sido insaculado.

 

 En el caso en que no se obtuviere la aceptación de ninguno de ellos, la Unidad de Fiscalización designará al SAE (organismo descentralizado de la Administración Pública Federal denominado: Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, previsto en la Ley General para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público) que asumirá las funciones del interventor con todas las atribuciones, facultades y responsabilidad de éste.

 

La descripción anterior pone en evidencia que en el artículo 103, párrafo 1, incisos a) y b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se prevé, que el nombramiento del interventor estará a cargo de la Unidad de Fiscalización; sin embargo, el citado cuerpo legal no desarrolla el procedimiento que debe seguirse para la realización de tal nombramiento, de tal manera que es claro que el Consejo General del Instituto Federal Electoral estaba facultado legalmente para realizar el desarrollo de tal procedimiento en el reglamento reclamado.

 

Este desarrollo del procedimiento de insaculación en los artículos 4 y 5 cuestionados se encuentra apegado a los principios de reserva legal y de subordinación jerárquica, porque es claro que el nombramiento del interventor debe recaer en una persona que tenga los conocimientos necesarios para realizar las operaciones del caso para que la liquidación de bienes, tomando en cuenta los actos que implican la liquidación en los términos que se han dejado apuntados al principio del considerando séptimo de la presente ejecutoria.

 

Al respecto, debe tomarse en cuenta también el contenido de los artículos 223 y 324 de la Ley de Concursos Mercantiles, que contienen los requisitos que deben reunir las personas que pretendan ser registrados como visitadores, conciliadores o síndicos es decir, las personas que realizan funciones para lograr la liquidación de las empresas mercantiles.

 

“Artículo 325.- Las personas interesadas en desempeñar las funciones de visitador, conciliador o síndico en los procedimientos de concurso mercantil, deberán solicitar al Instituto su inscripción en el registro respectivo, de conformidad con las disposiciones previstas en este Capítulo.

 

Artículo 326.- Para ser registrado como visitador, conciliador o síndico, las personas interesadas deberán presentar por escrito su solicitud al Instituto, con los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos en las fracciones siguientes:

 

I. Tener experiencia relevante de cuando menos cinco años, en materia de administración de empresas, de asesoría financiera, jurídica o contable;

 

II. No desempeñar empleo, cargo o comisión en la Administración Pública, ni ser parte de los Poderes Legislativo o Judicial, en cualquiera de los tres ámbitos de gobierno;

 

III. Ser de reconocida probidad;

 

IV. Cumplir con los procedimientos de selección que le aplique el Instituto, así como los procedimientos de actualización que determine el mismo, y

 

V. No haber sido condenado mediante sentencia ejecutoriada, por delito intencional que merezca pena corporal, ni inhabilitado para empleo, cargo o comisión en el servicio público, el sistema financiero, o para ejercer el comercio.

 

Como se advierte de la anterior transcripción, las personas que deben realizar funciones en el procedimiento de concursos mercantiles están constreñidas a tener experiencia en la materia de administración de empresas, de asesoría financiera y jurídica o contable, entre otros requisitos.

 

Esto es aplicable para el caso de los interventores previstos para la liquidación de los bienes de los Partidos Políticos Nacionales que pierdan o les sean cancelados sus registros, porque es evidente que las personas encargadas de hacer líquidos tales bienes y de realizar todos los actos necesarios a fin de lograr cubrir los pasivos pendientes, deben tener conocimiento en la materia.

 

En este orden de ideas el nombramiento del interventor, a través del procedimiento de insaculación al que se refiere el reglamento reclamado, además de que se apega al Código Electoral, porque desarrolla tal procedimiento a que se refiere el propio ordenamiento, garantiza el principio de certeza y seguridad jurídica al establecer que tal nombramiento deber recaer en una persona que sea insaculada de una lista de especialistas mercantiles con registro vigente en el instituto respectivo que se publique en Internet y que sea sometida a la consideración de los partidos políticos y validada por la Unidad de Fiscalización en el mes de febrero de cada año.

 

La interpretación funcional conduce a la misma conclusión, pues debe tenerse en cuenta que los conceptos indicados los tomó en consideración la responsable al explicar las razones de la emisión del Reglamento reclamado.

 

En efecto, así lo consideró el Consejo General responsable al señalar que para la realización de los fines de la liquidación era necesario contar con un auxiliar, especialista en este tipo de operaciones, que se encargue de efectuar las actividades necesarias para conocer el estado financiero de la otrora entidad de interés público, quien además será el responsable de hacer líquidos los activos y cubrir los pasivos pendientes.

 

En los considerandos 40 y 41 del acuerdo impugnado, la autoridad responsable precisa que uno de los objetivos de regular el proceso de liquidación de los partidos políticos que hayan perdido el registro, es que sea factible verificar el cumplimiento de las reglas que al efecto se establezcan, esto es que dicho procedimiento sea fiscalizable con el objeto de vigilar la no contravención de la normatividad electoral y en su caso, señalar posibles incumplimientos en otras materias para hacerlo del conocimiento de las autoridades competentes.

 

A partir de este objetivo general, el Consejo General señala que se requiere de contar con todos los elementos que le permitan ejercer su facultad fiscalizadora, es decir acceder a la información y documentación soporte de la totalidad de los recursos financieros de los partidos políticos, lo que implica conocer su origen, manejo, custodia y destino y que es materia de regulación en un procedimiento de liquidación.

 

En consecuencia, para el Consejo General es necesario que un especialista realice las acciones tendientes a liquidar al otrora partido político y dicho experto habrá de ser responsable de la realización de las actividades necesarias para conocer el estado financiero que guarde el partido político en liquidación.

 

En tal virtud, en la última parte del considerando 41 del acuerdo reclamado, el Consejo General señala que el responsable de la liquidación será el interventor designado de la Lista de Especialistas de Concursos Mercantiles con registro vigente que el Instituto Federal de Especialistas de concursos mercantiles del Poder Judicial de la Federación publique en Internet.

 

Lo expuesto evidencia que contrariamente a lo sostenido por los partidos recurrentes, la designación del interventor a través del procedimiento de insaculación regulado en el reglamento reclamado no infringe el principio de reserva legal ni el principio de certeza, sino que se apega a lo establecido en el artículo 103 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y da certeza respecto a que las actividades que realice en función a la liquidación del partido político de que se trate van a llevarse a cabo por un especialista en la materia.

 

2. Nombramiento de interventor como sujeto ajeno al Instituto Federal Electoral, con facultades difusas de administración de bienes y en sus responsabilidades.

 

Los argumentos formulados con relación al tema señalado en el apartado 2, son infundados.

 

A. Nombramiento del interventor como sujeto ajeno al Instituto Federal Electoral.

 

Contrariamente a lo sostenido por los recurrentes, los preceptos reglamentarios que hacen referencia a la figura del interventor, como persona ajena a la Unidad de Fiscalización y sus facultades, no infringen la autonomía de Instituto Federal Electoral, ni el principio de certeza.

 

El contenido del artículo 103 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, ya transcrito conduce a considerar que el hecho de que la ley otorgue a la Unidad de Fiscalización la facultad de designar el interventor que se encargue de la liquidación de bienes de Partidos Políticos Nacionales de que se trate, no significa que la propia ley constriña a que el nombramiento recaiga solamente en una persona que forme parte de tal Unidad.

 

Esto es así, por principio porque en ninguna parte del precepto en comento se establece que la designación del interventor deba hacerse únicamente de entre el personal de la Unidad de Fiscalización; sino que sólo le otorga a ésta la facultad de designarlo.

 

Además, el propio precepto, como ya se había precisado, sólo hace referencia a la figura del interventor y señala sus facultades; pero el procedimiento de designación lo reserva para que sea regulado reglamentariamente, según se advierte en el párrafo 1 del artículo 103 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al establecerse que para el efecto de que sean adjudicados a la Federación los recursos y bienes remanentes de los partidos políticos nacionales que pierdan su registro legal, de conformidad a lo dispuesto por el último párrafo de la Base II del Artículo 41 de la Constitución Federal, se estará a lo que prevenga el citado precepto legal y a lo que determine en reglas de carácter general el Consejo General del Instituto Federal Electoral.

 

Sobre esta base, el Consejo General responsable considera en el acuerdo reclamado que para la realización de la liquidación de bienes era necesario contar con un auxiliar, especialista en este tipo de operaciones, que se encargue de efectuar las actividades necesarias para conocer el estado financiero de la entidad de interés público, quien además será el responsable de hacer líquidos los activos y cubrir los pasivos pendientes.

 

De esta manera, conforme con los incisos a) y e) del párrafo 1 del artículo 103 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el interventor se hace cargo de la administración de los bienes del partido en liquidación.

 

Esto se refleja en los artículos 5, 7, 10, 12, 13 y 14 del Reglamento reclamado, conforme a los que se advierte además, que el interventor entra en custodia de los bienes sujetos a liquidación, con las más amplias facultades para actos de administración y dominio

 

No obstante lo anterior, se considera que ello no contraviene los principios de constitucionalidad y legalidad, pues una vez hecha la declaración de pérdida o emitida la resolución de cancelación del correspondiente registro, desaparece la figura jurídica de partido político, siendo el caso que conserva personalidad jurídica con el único efecto de que se liquide y se cumplan con las obligaciones constitucional y legalmente establecidas, por lo que puede señalarse que el partido en liquidación se encuentra impedido para administrar su patrimonio.

 

En efecto, partiendo de las premisas de que el patrimonio de un partido político se destina al cumplimiento de los fines señalados en la Constitución General de la República, y que dicho patrimonio se conforma, en predominante porcentaje, de recursos públicos es dable sostener que la declaratoria de pérdida del registro incapacita a la asociación de ciudadanos, para seguir administrando su patrimonio, pues, en todo caso, el único objeto que se persigue es el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la imposición de sanciones de carácter pecuniario y las contraídas con el Estado, distintas a las anteriores –como el reportar el impuesto sobre la renta retenido a sus trabajadores-, así como con particulares, en términos de las legislaciones civil y, en su caso, mercantil o financiera.

 

De esta manera, cuando un partido político pierde su registro, conforme con en el artículo 32 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, igualmente pierde todos los derechos y prerrogativas que se establecen en el propio código, sin embargo, en ningún momento la interpretación del referido precepto permite sostener o desprender que exista una cancelación o supresión de las obligaciones y responsabilidades que derivan de la actuación que haya tenido el partido político nacional, mientras conservó el registro correspondiente y que, por ello, se le libere del cumplimiento de las obligaciones reglamentarias que tienen un soporte de configuración legal suficiente.

 

Estas obligaciones, en términos del reglamento, antes trasunto, siguen a cargo del propio partido político a fin de no dejar en estado de indefensión a terceros, pero ello no implica que las responsabilidades y obligaciones en materia electoral desaparezcan o se extingan, ni la desaparición de aquellas obligaciones que el instituto político contrajo con particulares conforme con las legislaciones civil, penal, mercantil, fiscal o laboral, por citar algunos ejemplos, desaparezcan.

 

Así, al apreciarse la gama de vértices que implica la pérdida del registro como partido político, debido a la multitud de temas implicados, que van más allá de la materia electoral, de responsabilidades pendientes de cumplir al momento de configurarse tal pérdida y de la cantidad de acreedores –públicos y privados- que se pudiesen presentar a demandar el cumplimiento de sus créditos, se estima que la autoridad responsable actuó de manera correcta, al señalar la necesidad de que un especialista en materia concursal sea el encargado de realizar las actividades dirigidas a la liquidación de un partido político nacional, siempre bajo la constante supervisión y vigilancia de la autoridad administrativa de la materia, quien es, en el último de los casos la que dictará los actos y resoluciones que vinculen a la entidad de interés público.

 

Bajo este orden de ideas, se estima que para garantizar el cumplimiento eficaz de los objetivos y finalidades establecidos para el financiamiento de los partidos políticos, de la fiscalización de los recursos que dichos institutos recibieron y de la propia liquidación, es necesario que al interventor se le otorgue la administración del patrimonio del otrora partido político, y de ahí lo infundado del agravio hecho valer por los hoy recurrentes.

 

Además, suponer lo contrario, implicaría que la liquidación quedara en manos de sujetos que carecen de experiencia en las diversas materias relacionadas, o incluso que no garanticen la imparcialidad y certeza del procedimiento, al originarse simulaciones que lleven al desvío de los recursos a personas que no cuentan con el derecho a recibirlo.

 

En este orden de cosas, es posible afirmar que contrariamente a lo sostenido por los actores, el hecho de que la designación del interventor recaiga en un especialista en la materia y no sea elegido dentro del personal de la Unidad de Fiscalización no infringe el principio de reserva legal.

 

Por el contrario, la designación del interventor en los términos indicados da mayor certeza respecto a que el procedimiento de liquidación va llevarse a cabo dentro de los cánones legales y por una persona que tienen los conocimientos del caso para hacerlo.

 

No obstante que esto sería suficiente para estimar que con el establecimiento del interventor en los indicados términos se cumple con el principio de certeza, debe tenerse en cuenta que existe otra razón para estimar que ese principio queda reforzado, con la propia normativa reglamentaria, como es la supervisión que debe hacerse de las funciones realizadas por el interventor.

 

Al respecto debe tenerse en consideración que en términos de los artículos 41, Bases II y III de la Constitución General de la República, 38, párrafo 1, incisos k) y o), 78, 79, 81 y 83 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Instituto Federal Electoral tiene a su cargo en forma integral y directa, las actividades relativas a los derechos y prerrogativas de las agrupaciones y de los partidos políticos, siendo el caso, que para la revisión de los informes anuales y de campaña, según corresponda, que los partidos políticos presenten sobre el origen y destino de sus recursos y para vigilar del manejo de tales recursos, se constituyó la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos.

 

La mencionada Unidad de Fiscalización tiene atribuciones, entre otras, para establecer lineamientos para que los partidos políticos lleven el registro de sus ingresos y egresos y de la documentación comprobatoria sobre el manejo de sus recursos, así como vigilar que éstos se apliquen estricta e invariablemente para las actividades señaladas en la ley.

 

Por su parte, los partidos políticos tienen la obligación de presentar los informes del origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como de su empleo y aplicación; así como de permitir la práctica de auditorías y verificaciones que ordene la citada unidad, y entregar la documentación que le sea solicitada.

 

Debe tenerse presente que la Unidad de Fiscalización puede requerir a los partidos, cuando lo considere conveniente y conforme a los lineamientos con bases técnicas vigentes, la rendición de un informe detallado respecto de sus ingresos y egresos, y además puede ordenar la práctica de auditorías, directamente o a través de terceros, a las finanzas de los partidos políticos, así como la realización de visitas de verificación, con el fin de corroborar el cumplimiento de sus obligaciones y la veracidad de sus informes.

 

En este sentido, el reglamento impugnado en su artículo 19 establece, que la Unidad de Fiscalización fungirá como supervisor y tendrá a su cargo la vigilancia de la actuación del interventor, así como de los actos realizados por el partido político en liquidación, respecto a la administración de sus recursos.

 

Agregando que dicho órgano especializado tendrá, con independencia de las facultades establecidas en el código de la materia y la normatividad aplicable, las siguientes:

 

a) Solicitar al interventor documentos o cualquier otro medio de almacenamiento de datos del partido político.

 

b)            Solicitar al interventor información por escrito sobre las cuestiones relativas a su desempeño.

 

c) En caso de que, en virtud de los procedimientos de liquidación, se tenga conocimiento de alguna situación que implique o pueda implicar infracción a ordenamientos ajenos a la competencia de la Unidad de Fiscalización, ésta solicitará al Secretario Ejecutivo del Instituto que proceda a dar parte a las autoridades competentes.

 

Además, la Unidad de Fiscalización del Instituto informará semestralmente al Consejo General sobre la situación que guarden los procesos de prevención y liquidación de los partidos políticos.

 

El mismo ordenamiento reglamentario señala que su objeto es determinar el procedimiento de liquidación y destino de los bienes que deberán seguir los partidos políticos que pierdan o les sea cancelado su registro

 

Igualmente define a la liquidación, como el proceso en que se concluyen las operaciones pendientes del partido político; se cobran los créditos, se pagan los adeudos y se da un destino cierto a los bienes; y a la prevención como el período anterior al de la liquidación, cuya finalidad es tomar las providencias precautorias necesarias para proteger el patrimonio del partido político y, por ende, los intereses y derechos de orden público, así como los derechos de terceros frente al partido.

 

En el período de prevención entrará en funciones la persona designada por la Unidad de Fiscalización, para proteger los recursos del partido, seleccionado de la Lista de Especialistas de Concursos Mercantiles con registro vigente que el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles del Poder Judicial de la Federación publique en Internet.

 

Las funciones del especialista están encaminadas a realizar un inventario de los bienes del partido político, siguiendo las reglas de inventario, registro y contabilidad establecidas en el artículo 25 del Reglamento de Fiscalización y de entregar a la Unidad de Fiscalización, un dictamen señalando la totalidad de los activos y pasivos del partido político, incluyendo una relación de las cuentas por cobrar en la que se indique el nombre de cada deudor y el monto de cada adeudo. Asimismo, presentará una relación de las cuentas por pagar, indicando el nombre de cada acreedor, el monto correspondiente y la fecha de pago, así como una relación actualizada de todos los bienes del partido político.

 

De lo anterior, se desprende que el Consejo General del Instituto Federal Electoral estableció que la Unidad de Fiscalización es el órgano encargado de supervisar y vigilar la totalidad de los actos realizados por los interventores, las personas que intervengan en el período de prevención y los propios partidos políticos, durante los procedimientos que reglamenta.

 

Esto es, que el Instituto conserva para sí la rectoría de los procedimientos de prevención y liquidación, por lo que es falso lo alegado por los recurrentes, en el sentido de que se pretende que sean entidades diferentes a la autoridad electoral las que se encarguen de la vigilancia de los recursos de los partidos políticos que hubiesen perdido su registro.

 

En este mismo sentido, es de tener en cuenta que si la finalidad de la prevención es tomar las medidas precautorias necesarias para proteger el patrimonio del partido, y por ende, los intereses y derechos de orden público, así como los derechos de terceros frente al partido, para lo cual el especialista deberá realizar un inventario de los bienes del partido, siguiendo las reglas de contabilidad establecidas en el Reglamento de Fiscalización, y teniendo acceso a la documentación contable del partido o realizado verificaciones directas, para con ello elaborar un dictamen señalando la totalidad de los activos y pasivos del partido, incluyendo una relación de las cuentas por cobrar y otra correspondiente a las cuentas por pagar, se concluye que en realidad el partido se encuentra frente a una auditoría practicada por la Unidad de Fiscalización, a través de un tercero, en términos del código sustantivo electoral.

 

En efecto, una auditoría es el examen de los libros de contabilidad, registros, documentación y comprobación correspondiente de una persona, física o moral, institución o de una oficina pública, llevado a cabo con el objeto de determinar la veracidad de las cuentas respectivas para informar y dictaminar acerca de ellas, esto es, una auditoría está encaminada al examen de la situación financiara del auditado, tal como lo determinan los especialistas designados para ello.

 

Así, contrario a lo alegado por los partidos recurrentes, lo cierto es que la responsable no violenta el principio de legalidad, ni se está emitiendo un reglamento que sobrepase a las normas legales cuya aplicación se pretende lograr, toda vez que sí existe la facultad legal de la Unidad de Fiscalización de designar especialistas, distintos a la propia autoridad electoral.

 

De esta manera, las figura relativa al interventor se configura como mero auxiliar de la autoridad administrativa electoral, encargado de conocer el estado financiero del partido, así como asegurar y administrar los bienes de los partidos políticos que pierden su registro como tales, con la única finalidad de poder realizarse los actos dirigidos a su liquidación, para con su producto, satisfacer en la medida posible las deudas contraídas por el partido político.

 

Por lo que, tal y como quedó establecido en el cuerpo del presente considerando, la característica más importante de las figura en comento, y que por ende, justifican su creación e inclusión en las etapas de prevención y liquidación, es que es especialista en la materia del reglamento.

 

En efecto si bien la Unidad de Fiscalización es el órgano especializado del Consejo General del Instituto Federal Electoral, en cuestiones relacionadas con la vigilancia del origen y destino de los recursos de los partidos políticos, lo cierto es que en cualquier proceso de liquidación (quiebra, concurso mercantiles y civiles) concurren cuestiones de naturaleza financiera, comercial (por ejemplo, créditos otorgados por instituciones de crédito a los propios partidos) y administrativa, las cuales deben ser solucionadas por expertos en esas materias.

 

De esta forma, se aprecia la intención del reglamento cuestionado de mantener al Consejo General y a la Unidad de Fiscalización como órganos centrales y rectores de la liquidación, pero se reconoce que su especialización fiscalizadora no los prepara en nuestros días para resolver sobre materias en las que no están necesariamente instruidos, por no ser parte de las actividades que ordinariamente realiza.

 

Por ello, para contar con todos los elementos que le permitan estar en condiciones de resolver adecuadamente sobre problemas financieros, de personal competente y de los medios materiales, que resultan indispensables para hacer frente a las obligaciones generadas con terceros durante la vigencia del registro como partido político, es necesario contar con la participación de auxiliares-especialistas, que asistan a la autoridad electoral en el desempeño de estas funciones.

 

Ciertamente, los partidos políticos como entidades de interés público reciben financiamiento público y privado para la realización de sus actividades ordinarias, las encaminadas a la obtención del voto en los procesos y específicas en los términos previstos en los artículos 41, Base II, de la Constitución General de la República y 77 y 78 del código federal de la materia, pero además dichas entidades como personas jurídicas que son, realizan actos jurídicos con otros sujetos.

 

Así, por ejemplo contratan créditos con la banca comercial, realizan contratos laborales, de prestación de servicios, arrendamiento para albergar sus oficinas, aceptan donaciones, etcétera.

 

En esta tesitura, nacen una serie de obligaciones que no pueden, en la medida de lo posible, dejar de cumplirse cuando un partido pierde su registro como tal, ya que en todo caso se estaría afectando derechos de terceros y permitiéndose la práctica de irregularidades que quedarían impunes, situaciones que no pueden ser toleradas en un Estado de Derecho.

 

En esta tónica, como ya se mencionó, la Unidad de Fiscalización es el órgano especializado del Instituto Federal Electoral en materia de fiscalización de los recursos de los partidos, y por ello cuenta con las atribuciones legales y reglamentarias, para vigilar y revisar el origen y destino de los recursos de los partidos políticos.

 

No obstante, la autoridad administrativa electoral carece de los elementos especiales y técnicos para realizar la actividad especialísima de liquidación de los activos de un partido político que pierde su registro, ya que en dicho procedimiento se involucran cuestiones y figuras de derecho privado, financieras y administrativas, que por el grado de especialización, amerita la intervención y auxilio de personas calificadas para desarrollarlas.

 

De esta forma, se considera que no existe contravención legal alguna, ni el reglamento va más allá de la legislación electoral federal, con la creación de la figura del interventor, en la medida que su función está reglamentada en el sentido de ser un mero auxiliar de la autoridad electoral, mientras que ésta conserva la rectoría del procedimiento, al ser ella quien toma las decisiones correspondientes y emite los actos relativos, con base a la información que los auxiliares de mérito le presenten en cuestiones administrativas, comerciales, económicas y financieras que resultan necesarias para la liquidación de la entidad de interés público.

 

B. Establecimiento de facultades difusas del interventor.

 

Tampoco asiste la razón a los recurrentes cuando afirman que las facultades del interventor en el Reglamento reclamado están difusas, así como las consecuencias y sanciones del caso.

 

Esto es así, porque debe tenerse en cuenta que conforme con lo dispuesto en el artículo 103 párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el interventor tiene las siguientes facultades.

 

1. Será responsable del control y vigilancia directos del uso y destino de los recursos y bienes del partido de que se trate.

 

2. A partir de su designación el interventor tendrá las más amplias facultades para actos de administración y dominio sobre el conjunto de bienes y recursos del partido político que no haya alcanzado el porcentaje mínimo de votación a que se refiere el inciso anterior, por lo que todos los gastos que realice el partido deberán ser autorizados expresamente por el interventor. No podrán enajenarse, gravarse o donarse los bienes muebles e inmuebles que integren el patrimonio del partido político.

 

3. Una vez que la Junta General Ejecutiva emita la declaratoria de pérdida de registro el interventor designado deberá:

 

I. Emitir aviso de liquidación del partido político de que se trate, mismo que deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación para los efectos legales procedentes;

II .Determinar las obligaciones laborales, fiscales y con proveedores o acreedores, a cargo del partido político en liquidación;

 

III. Determinar el monto de recursos o valor de los bienes susceptibles de ser utilizados para el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere la fracción anterior;

 

IV. Ordenar lo necesario para cubrir las obligaciones que la ley determina

 

V. Formulará un informe de lo actuado que contendrá el balance de bienes y recursos remanentes después de establecer las previsiones necesarias a los fines antes indicados.

 

VI. Si realizado lo anterior quedasen bienes o recursos remanentes, los mismos serán adjudicados íntegramente a la Federación; y

 

VII. En todo tiempo deberá garantizarse al partido político de que se trate el ejercicio de las garantías que la Constitución y las leyes establecen para estos casos. Los acuerdos del Consejo General serán impugnables ante el Tribunal Electoral.

 

Sobre la base de las facultades previstas legalmente para el interventor, en los artículos 5, 7, 10 12, 13 y 16 a 18, del Reglamento reclamado se prevén las facultades y consecuencias de determinado actuar del interventor, de donde se advierte lo siguiente:

 

1. El interventor tendrá las más amplias facultades para actos de administración y dominio sobre el conjunto de bienes y recursos del partido político, por lo que todos los gastos que se realicen deberán ser autorizados expresamente por el interventor. No podrán enajenarse, gravarse o donarse los bienes muebles e inmuebles que integren el patrimonio del partido político hasta en tanto quede firme la resolución o declaratoria de pérdida de registro correspondiente.

 

2. Una vez que la Junta General Ejecutiva emita la declaratoria de pérdida de registro legal el interventor designado deberá:

 

a) Emitir aviso de liquidación del partido político de que se trate, mismo que deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación para los efectos legales procedentes;

 

b) Determinar los montos de las obligaciones laborales, fiscales, administrativas y con proveedores o acreedores, a cargo del partido político en liquidación;

 

c) Determinar el monto de recursos o valor de los bienes susceptibles de ser utilizados para el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere la fracción anterior;

 

d) Ordenar lo necesario para cubrir las obligaciones que la ley determina en protección y beneficio de los trabajadores del partido político en liquidación; realizado lo anterior, deberán cubrirse las obligaciones fiscales que correspondan; cubiertas estas obligaciones se pagarán las sanciones administrativas de carácter económico que, en su caso, hubieren sido impuestas por el Instituto Federal Electoral al partido político involucrado; si una vez cumplidas las obligaciones anteriores quedasen recursos disponibles, se atenderán otros compromisos contraídos y debidamente documentados con proveedores y acreedores del partido político en liquidación, aplicando en lo conducente las leyes en esta materia;

 

e) Formulará un informe de lo actuado que contendrá el balance de bienes y recursos remanentes después de establecer las previsiones necesarias a los fines antes indicados; el informe será sometido a la aprobación del Consejo General del Instituto.

 

Una vez aprobado el informe con el balance de liquidación del partido político de que se trate, el interventor ordenará lo necesario a fin de cubrir las obligaciones determinadas, en el orden de prelación antes señalado;

 

f) Si realizado lo anterior quedasen bienes o recursos remanentes, los mismos serán adjudicados íntegramente a la Federación; y

 

g) En todo tiempo deberá garantizarse al partido político de que se trate el ejercicio de las garantías que la Constitución y las leyes establecen para estos casos. Los acuerdos del Consejo General serán impugnables ante el Tribunal Electoral.

 

3. Para efectos electorales, las obligaciones que deberán ser cumplidas por el interventor a nombre del partido político son las siguientes:

 

a) La presentación de los informes trimestrales, anuales, de precampaña y campaña a que se refiere el artículo 83 del Código;

 

b) El pago de las sanciones a que, en su caso, se haya hecho acreedor hasta antes de perder el registro, conforme a lo que dispongan las respectivas resoluciones aprobadas por el Consejo General; y

c) Las demás adquiridas durante la vigencia del registro como partido político.

 

4. A partir de su designación, el interventor se hará cargo de la administración del partido político y entrará en posesión de sus bienes y derechos, contando con las más amplias facultades para actos de dominio.

 

5. El interventor será el encargado de administrar el patrimonio del partido político con la finalidad de hacer líquidos los activos y cubrir los pasivos pendientes.

 

6. El interventor y sus auxiliares tendrán acceso a los libros de contabilidad, registros y balanzas de comprobación del partido político, así como a cualquier otro documento o medio electrónico de almacenamiento de datos que le sean útiles para llevar a cabo sus funciones. Asimismo, podrán llevar a cabo verificaciones directas de bienes y de las operaciones.

 

7. El interventor deberá realizar un inventario de los bienes del partido político, siguiendo las reglas de inventario, registro y contabilidad establecidas en el artículo 25 del Reglamento de Fiscalización. El inventario deberá estar elaborado de conformidad con el formato 1 anexo al presente Reglamento y tomar en cuenta lo reportado en el ejercicio anterior, así como las adquisiciones del ejercicio vigente.

 

8. Al finalizar su inventario, y dentro de un plazo improrrogable de treinta días naturales contado a partir de la aceptación de su nombramiento, el interventor deberá entregar a la Unidad de Fiscalización un dictamen señalando la totalidad de los activos y pasivos del partido político.

 

9. Además de las establecidas en el artículo 103 del Código, son obligaciones del interventor las siguientes:

 

a) Ejercer con probidad y diligencia las funciones que el presente Reglamento le encomienden de conformidad con lo que determine la Unidad de Fiscalización;

 

b) Supervisar y vigilar el correcto desempeño de las personas que lo auxilien en la realización de sus funciones;

 

c) Rendir ante la Unidad de Fiscalización ¡os informes que ésta determine;

 

d) Abstenerse de divulgar o utilizar en beneficio propio o de terceros, la información que obtenga en el ejercicio de sus funciones;

e) Administrar el patrimonio del partido político de la forma más eficiente posible, evitando cualquier menoscabo en su valor, tanto al momento de liquidarlo como durante el tiempo en que los bienes, derechos y obligaciones estén bajo su responsabilidad; y

 

f) Cumplir con las demás obligaciones que este Reglamento determine y las que otras leyes establezcan.

 

10. El interventor responderá por cualquier menoscabo, daño o perjuicio que por su negligencia o malicia, propia o de sus auxiliares, causen al patrimonio del partido político, con independencia de otras responsabilidades en las que pudiera incurrir y su reparación será exigible en los términos de la normatividad que en lo conducente emita el Instituto Federal de Especialista de Concursos Mercantiles en las reglas de carácter general.

 

11. De conformidad con el artículo 103, párrafo 1, inciso d), fracción V, del Código, el interventor deberá presentar al Consejo General un informe que contendrá el balance de bienes y recursos remanentes.

 

12. Dentro de los veinte días hábiles siguientes a que queden firmes las sentencias del Tribunal Electoral de los recursos de apelación que, en su caso, promoviera el partido político, con motivo de las resoluciones dictadas en la revisión de informes anuales y de campaña, el interventor deberá rendir un Informe al Consejo General.

 

13. Para liquidar todos los bienes y pagar los adeudos del partido político, el interventor deberá aplicar los criterios de prelación establecidos en el artículo 103, párrafo 1, inciso d), fracción IV del Código, así como lo señalado en el Reglamento y si aún quedaren recursos disponibles, se atenderán otras obligaciones contraídas y debidamente documentadas con proveedores y acreedores del partido político en liquidación, aplicando en lo conducente las leyes en esta materia.

 

14. El procedimiento para reconocer y ubicar a los diversos acreedores del partido político, se realizará de la siguiente manera:

 

a) El interventor deberá formular una lista de créditos a cargo del partido político en liquidación, con base en la contabilidad del instituto político, los demás documentos que permitan determinar su pasivo, así como las solicitudes de reconocimientos de créditos que se presenten;

 

b) Una vez elaborada la lista de acreedores, el interventor deberá publicarla en el Diario Oficial de la Federación, con la finalidad de que aquellas personas que consideren que les asiste un derecho y no hubiesen sido incluidas en dicha lista, acudan ante el interventor para solicitar el reconocimiento de crédito en un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la publicación respectiva;

 

c) En caso de que no se tengan los documentos comprobatorios, deberán indicar el lugar donde se encuentren y demostrar que inició el trámite para obtenerlo;

 

d) Transcurrido ese plazo, el interventor deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación, una lista que contenga el reconocimiento, cuantía, gradación y prelación de los créditos, fijados en los términos del Reglamento; y

 

15. En concordancia con el artículo 103, párrafo 1, inciso d), fracción VI, del Código, en el caso de existir un saldo final positivo, deberá ajustarse a lo siguiente:

 

a) Tratándose de saldos en cuentas bancarias y recursos en efectivo, el interventor emitirá cheques a favor del Instituto, que serán entregados a la Unidad de Fiscalización, con la única finalidad de que los recursos sean transferidos a la Tesorería de la Federación; y

 

b) Tratándose de bienes muebles e inmuebles, el interventor llevará a cabo los trámites necesarios para transferir la propiedad de los mismos al Instituto, con la única finalidad de que los bienes sean transferidos al SAE para que éste determine el destino final de los mismos con base en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

 

16. Después de que el interventor culmine con las operaciones señaladas en los párrafos anteriores, procederá a elaborar un informe final del cierre del procedimiento de liquidación del partido político que corresponda.

 

Lo descrito pone de manifiesto que contrariamente a lo sostenido por los partidos recurrentes, el Reglamento impugnado sí establece de manera clara las facultades del interventor y, por otro lado, también prevé las consecuencias que producen determinados actos del interventor.

 

En efecto, como ya se vio, en el párrafo 12 del artículo 14 del Reglamento reclamado, se prevé que el interventor responderá por cualquier menoscabo, daño o perjuicio que por su negligencia o malicia, propia o de sus auxiliares, causen al patrimonio del partido político.

 

Incluso, en el propio numeral indicado se especifica que lo anterior es con independencia de otras responsabilidades en las que pudiera incurrir el interventor y que su reparación será exigible en los términos de la normatividad que en lo conducente emita el Instituto Federal de especialistas de concursos mercantiles en las reglas de carácter general.

 

Lo anterior evidencia que lo regulado en el reglamento es suficiente para conocer las obligaciones del interventor, cuyo incumplimiento genera la consecuencia de que se le considere responsable de los daños y perjuicios ocasionados y su sanción será repararlos en los términos de la ley que se cita.

 

De ahí que sea infundado el agravio  de los recurrentes.

 

3. Transferencia de los remanentes de la liquidación a la Federación.

 

En el agravio relacionado con el tema indicado, los partidos impugnantes se inconforman con el contenido de los artículos 7, apartado 1, inciso f), y 18 del Reglamento, cuyo contenido es el siguiente:

 

ARTÍCULO 7

1. Una vez que la Junta General Ejecutiva emita la declaratoria de pérdida de registro legal a que se refiere el párrafo 1 del artículo 102 del Código, o que el Consejo General, en uso de sus facultades, haya declarado sobre la cancelación del registro legal de un partido político nacional por cualquiera de las causas establecidas en el Código, y dichas resoluciones hayan sido confirmadas por el Tribunal Electoral en caso de que hubieren sido impugnadas, el interventor designado deberá:

. . .

f) Si realizado lo anterior quedasen bienes o recursos remanentes, los mismos serán adjudicados íntegramente a la Federación; y

. . .

 

ARTÍCULO 18

1. En concordancia con el artículo 103, párrafo 1, inciso d), fracción VI del Código, en el caso de existir un saldo final positivo, deberá ajustarse a lo siguiente:

 

Tratándose de saldos en cuentas bancarias y recursos en efectivo, el interventor emitirá cheques a favor del Instituto, que serán entregados a la Unidad de Fiscalización, con la única finalidad de que los recursos sean transferidos a la Tesorería de la Federación; y

 

Tratándose de bienes muebles e inmuebles, el interventor llevará a cabo los trámites necesarios para transferir la propiedad de los mismos al Instituto, con la única finalidad de que los bienes sean transferidos al SAE para que éste determine el destino final de los mismos con base en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

 

2. Después de que el interventor culmine con las operaciones señaladas en los párrafos anteriores, procederá a elaborar un informe final del cierre del procedimiento de liquidación del partido político que corresponda, en el que se detallarán las operaciones realizadas, las circunstancias relevantes del proceso y el destino final de los saldos. El informe será entregado a la Unidad de Fiscalización para su posterior remisión al Consejo General.

 

En esencia, la queja estriba en que indebidamente se estableció que en caso de existir un saldo positivo al concluir el procedimiento de liquidación, los recursos remanentes deben ser transferidos a la Tesorería de la Federación, pues no se toma en cuenta lo siguiente:

 

a) Los recursos de un partido político no se integran únicamente por el financiamiento público, sino por el financiamiento privado, de suerte tal que el remanente igualmente tiene esa composición dual.

 

b) Cuando desaparece un partido político subsiste una asociación ciudadana que continua realizado actividades de carácter político, por lo cual tiene derecho que se le entregue el remanente, en la parte conformada por el financiamiento privado, ya que la misma no forma parte del erario público, y no existe razón legal para que esa cantidad retorne a la Tesorería de la Federación.

 

Los agravios son inoperantes por lo siguiente.

 

Como se dijo, la pretensión de los demandantes consiste en que se declare ilegal la previsión contenida en el Reglamento, en el sentido de que el saldo positivo existente al concluir el procedimiento de liquidación y adjudicación de bienes, debe transferirse a la Tesorería de la Federación.

 

Sin embargo, tal aspecto no es una disposición que se prevea de manera original en el reglamento, sino que tiene como base y sustento jurídico lo establecido en el artículo 103, fracción VI, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en donde se establece que una vez agotadas las actividades de liquidación por parte del interventor quedasen bienes o recursos remanentes, los mismos serán adjudicados íntegramente a la Federación.

 

De lo anterior se advierte que la previsión normativa referida no tiene su fuente en el Reglamento impugnado sino en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de modo que se trata de una norma integrante de forma válida al sistema jurídico mexicano, mientras no sea expulsada a través de los medios jurídicos establecidos en la propia normatividad o sea reformada por el legislador, y sirve de sustento para que, en ejercicio de su facultad reglamentaria, el Consejo General del Instituto Federal Electoral incluya en el Reglamento las previsiones impugnadas.

 

No obsta para lo anterior, el hecho de que se alegue que al establecerse una reserva de ley en el artículo 41, fracción II, último párrafo, en el sentido de que la legislación segundaria determinará los casos en los cuales se hará la devolución de los recursos, de lo cual parte que la propia constitución reconoce la posibilidad de que los recursos privados se entreguen a la asociación civil subyacente, pues independientemente de la validez de su argumento, lo cierto es que, como ya se dijo, la devolución del remanente a la Tesorería de la Federación es una previsión que proviene del código electoral y no del reglamento, razón por la cual las alegaciones atinentes se dirigen a combatir la validez de la norma secundaria, lo cual genera que no se pueda analizar en la presente instancia, dado que no se trata de un acto concreto de aplicación sino, como ya se dijo, el desarrollo de la norma abstracta.

 

De esta forma, contrariamente a lo referido por los accionantes, la autoridad responsable no rebasó ni se extralimitó en el ejercicio de la función reglamentaria aludida.

 

No obsta para lo anterior, que se alegue que la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, citada por la responsable en el reglamento reclamado no le resulte aplicable, pues el que se transfiera el remanente a la Federación, después de concluido el procedimiento de liquidación y adjudicación de bienes deriva de la norma del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y no de la disposición en comento.

 

4. Prohibición a los dirigentes y trabajadores del partido sujeto a liquidación de adquirir los bienes valuados.

 

En el agravio relacionado con el tema indicado, los actores impugnan los apartados 7 y 8 del artículo 15 del Reglamento, disposiciones que son del tenor siguiente:

 

“ARTÍCULO 15

7. El visitador, interventor, los peritos valuadores, auxiliares, dirigentes, trabajadores del Partido en liquidación o cualquier otra persona que por sus funciones haya tenido acceso a información relacionada con el patrimonio del partido político en liquidación, en ningún caso podrán ser, por sí o por interpósita persona, los adquirentes de los bienes valuados que se busca hacer líquidos.”

 

8. Cualquier acto o enajenación que se realice en contravención a lo dispuesto en el párrafo anterior, será nulo de pleno derecho.”

 

Al respecto alegan que al establecer que los dirigentes y trabajadores del partido en liquidación no pueden adquirir los bienes valuados que se busca hacer líquidos, establece una prohibición que no prevé el artículo 103 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo cual implica una restricción indebida a sus derechos y viola el principio de subordinación jerárquica de la ley.

 

Además, se considera que los dirigentes y trabajadores del partido no están involucrados en el procedimiento de liquidación, razón por la cual no cuentan con información privilegiada que pudieran utilizar para obtener un beneficio indebido, supuesto en el cual sí se encuentran el visitador, interventor, los peritos valuadores y auxiliares.

 

El agravio es infundado, porque si bien el referido precepto no dispone en los términos utilizados por los artículos reglamentarios la prohibición señalada, la previsión reglamentaria impugnada no va más allá de la ley, pues recoge los principios generales de derecho como se verá a continuación.

 

La interpretación sistemática y funcional de los artículos 14, último párrafo, 41, fracción II, y 134; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, apartado 2; 77, apartado 1, inciso a); 103, apartado 1, incisos c) y d), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los numerales 2280 y 2324 del Código Civil Federal, y 32, fracción VIII, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, permiten concluir que la prohibición en comento encuentra respaldo en la normativa vigente y constituye una medida proporcional e idónea para alcanzar los fines perseguidos por el legislador, por lo siguiente.

 

El artículo 41, fracción II, último párrafo, de la Constitución Federal, establece una reserva de ley a favor de la legislación secundaria, a fin de establecer el procedimiento para la liquidación de las obligaciones de los partidos políticos que pierdan su registro.

 

Conforme al Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobierno; de Radio, Televisión y Cinematografía, y de Estudios Legislativos, de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, la reforma constitucional obedece a lo siguiente:

 

“Por otra parte, en comento a la propuesta de adicionar un párrafo, in fine, a la Base II, cabe mencionar que hace tiempo especialistas y partidos han propuesto regular en la ley el destino de los bienes y recursos de los partidos que pierden su registro legal por cualquiera de las hipótesis contenidas en la ley. El reclamo se acrecentó con motivo de conductas de abierto abuso en que incurrió una organización política que, al perder su registro legal como partido, se negó a cumplir sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, y sus dirigentes dispusieron, al parecer, de los bienes y remantes de ingreso de producto del financiamiento público que habían percibido durante más de cuatro años.

 

Ahora, conforme a lo dispuesto en el numeral 41, fracción II constitucional, desarrollado por el 77, apartado 1, inciso a), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el patrimonio de los partidos políticos nacionales se constituye principalmente por el financiamiento público, esto es, recursos provenientes del erario federal.

 

Por su parte, el artículo 134 de la Carta Magna establece como principio rector que los recursos económicos de que disponga la Federación, entre otros, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, principio que resulta aplicable al procedimiento de liquidación de los partidos políticos, dado que, como ya se dijo, la masa patrimonial sujeta al mismo, se conforma primordialmente por recursos públicos.

 

Ahora bien, en el artículo 2280 del Código Civil Federal se establece que no pueden comprar los bienes de cuya venta o administración se hallen encargados los tutores y curadores; los mandatarios; los ejecutores testamentarios y los que fueren nombrados en caso de intestado; los interventores nombrados por el testador o por los herederos; los representantes, administradores e interventores en caso de ausencia, y los empleados públicos.

 

Por su parte en el artículo 2324 del Código Civil Federal se establece que en las ventas judiciales no pueden participar el Juez, Secretario y demás empleados del juzgado; el ejecutado, sus procuradores, abogados y fiadores; los albaceas y tutores, si se trata de bienes pertenecientes a la sucesión o a los incapacitados, respectivamente; ni los peritos que hayan valuado los bienes objeto del remate.

 

Por su parte, el numeral 32, fracción VIII, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, dispone que estarán impedidos para participar en los procedimientos de enajenación regulador por tal ley, los servidores públicos que por sus funciones hayan tenido acceso a información privilegiada.

 

De lo establecido por los artículos citados, es posible concluir que en el sistema jurídico mexicano se contienen reglas que prohíben la participación de determinadas personas, en ventas públicas cuya finalidad consiste en obtener el mejor precio, que por sus funciones cuentes con una situación de ventaja respecto de terceros, a fin de impedir un perjuicio a la masa en liquidación.

 

Lo anterior cobra mayor relevancia en el caso de los partidos políticos, dado que los bienes que se liquidan provienen especialmente de recursos públicos, mismos que conforme a las directrices constitucionales deben administrarse con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez.

 

Este principio jurídico resulta aplicable en el caso, conforme a lo establecido en el último párrafo del artículo 14 constitucional, aplicable conforme a lo establecido en el diverso 3, apartado 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en donde se refiere que en materia electoral resultan aplicables los principios generales de derecho.

 

Todo lo anterior permite concluir que la prohibición de adquirir bienes a los dirigentes y trabajadores del partido político sujeto a liquidación encuentra sustento en las normas citadas y resulta proporcional e idónea para las finalidades perseguidas por el legislador, si se tiene en cuenta que por sus actividades, los dirigentes y trabajadores partidistas, al pertenecer  a la organización sujeta a liquidación, se encuentran en una posición en la que pueden obtener información que les permita conseguir una ventaja indebida o alterar el procedimiento respectivo, con el consiguiente perjuicio al resultado del procedimiento de liquidación.

 

Por tanto, el agravio debe calificarse de infundado.

 

5. Orden de Prelación de acreedores distinto a lo establecido en la ley.

 

El actor aduce que el inciso d), del artículo 103 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece el orden de prelación de los acreedores y que el Reglamento impugnado modifica el orden de prelación, pues introduce como crédito preferente a las sanciones administrativas impuestas por el Instituto Federal Electoral, lo cual no está contemplado así en la ley.

 

El agravio es infundado.

 

La parte del precepto que cuestiona el actor, está subrayada y consiste en lo siguiente:

 

ARTÍCULO 7

 

1. Una vez que la Junta General Ejecutiva emita la declaratoria de pérdida de registro legal a que se refiere el párrafo 1 del artículo 102 del Código, o que el Consejo General, en uso de sus facultades, haya declarado sobre la cancelación del registro legal de un partido político nacional por cualquiera de las causas establecidas en el Código, y dichas resoluciones hayan sido confirmadas por el Tribunal Electoral en caso de que hubieren sido impugnadas, el interventor designado deberá:

 

 

d) Ordenar lo necesario para cubrir las obligaciones que la ley determina en protección y beneficio de los trabajadores del partido político en liquidación; realizado lo anterior, deberán cubrirse las obligaciones fiscales que correspondan; cubiertas estas obligaciones se pagarán las sanciones administrativas de carácter económico que, en su caso, hubieren sido impuestas por el Instituto al partido político involucrado;  si una vez cumplidas las obligaciones anteriores quedasen recursos disponibles, se atenderán otros compromisos contraídos y debidamente documentados con proveedores y acreedores del partido político en liquidación, aplicando en lo conducente las leyes en esta materia;

 

El actor aduce que se introduce en el orden de prelación de acreedores a las sanciones administrativas de carácter económico que, en su caso, hubieren sido impuestas por el Instituto al partido político involucrado, sin que estén previstas en la legislación materia de regulación.

 

En la parte que interesa, el artículo 103 apartado 1, inciso d), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece:

 

"Artículo 103

1.De conformidad a lo dispuesto por el último párrafo de la Base II del Artículo 41 de la Constitución General de la República, el Instituto Federal Electoral dispondrá lo necesario para que sean adjudicados a la Federación los recursos y bienes remanentes de los partidos políticos nacionales que pierdan su registro legal; para tal efecto se estará a lo siguiente, y a lo que determine en reglas de carácter general el Consejo General del Instituto Federal Electoral:

a)Si de los cómputos que realicen los consejos distritales del Instituto se desprende que un partido político nacional no obtiene el porcentaje mínimo de votos establecido en el inciso b) del párrafo primero del artículo 101 de este Código, la Unidad de Fiscalización designará de inmediato a un interventor responsable del control y vigilancia directos del uso y destino de los recursos y bienes del partido de que se trate. Lo mismo será aplicable en el caso de que el Consejo General del Instituto declare la pérdida de registro legal por cualquier otra causa de las establecidas en este Código;

b)La designación del interventor será notificada de inmediato, por conducto de su representante ante el Consejo General del Instituto, al partido de que se trate, en ausencia del mismo la notificación se hará en el domicilio social del partido afectado, o en caso extremo por estrados;

c)A partir de su designación el interventor tendrá las más amplias facultades para actos de administración y dominio sobre el conjunto de bienes y recursos del partido político que no haya alcanzado el porcentaje mínimo de votación a que se refiere el inciso anterior, por lo que todos los gastos que realice el partido deberán ser autorizados expresamente por el interventor. No podrán enajenarse, gravarse o donarse los bienes muebles e inmuebles que integren el patrimonio del partido político.

d)Una vez que la Junta General Ejecutiva emita la declaratoria de pérdida de registro legal a que se refiere el párrafo 1 del artículo 102 de este Código, o que el Consejo General, en uso de sus facultades, haya declarado y publicado en el Diario Oficial de la Federación su resolución sobre la cancelación del registro legal de un partido político nacional por cualquiera de las causas establecidas en este Código, el interventor designado deberá:

I.Emitir aviso de liquidación del partido político de que se trate, mismo que deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación para los efectos legales procedentes;

II.Determinar las obligaciones laborales, fiscales y con proveedores o acreedores, a cargo del partido político en liquidación;

III. Determinar el monto de recursos o valor de los bienes susceptibles de ser utilizados para el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere la fracción anterior;

IV. Ordenar lo necesario para cubrir las obligaciones que la ley determina en protección y beneficio de los trabajadores del partido político en liquidación; realizado lo anterior, deberán cubrirse las obligaciones fiscales que correspondan; si quedasen recursos disponibles, se atenderán otras obligaciones contraídas y debidamente documentadas con proveedores y acreedores del partido político en liquidación, aplicando en lo conducente las leyes en esta materia;

V.Formulará un informe de lo actuado que contendrá el balance de bienes y recursos remanentes después de establecer las previsiones necesarias a los fines antes indicados; el informe será sometido a la aprobación del Consejo General del Instituto. Una vez aprobado el informe con el balance de liquidación del partido de que se trate, el interventor ordenará lo necesario a fin de cubrir las obligaciones determinadas, en el orden de prelación antes señalado;

VI. Si realizado lo anterior quedasen bienes o recursos remanentes, los mismos serán adjudicados íntegramente a la Federación; y

VII. En todo tiempo deberá garantizarse al partido político de que se trate el ejercicio de las garantías que la Constitución y las leyes establecen para estos casos. Los acuerdos del Consejo General serán impugnables ante el Tribunal Electoral.”

 

De la interpretación funcional y sistemática del precepto citado, se advierte el establecimiento de un orden de prelación en el pago de las obligaciones contraídas por el partido en liquidación.

 

En primer lugar establece que deben cubrirse las obligaciones que la ley determina en protección y beneficio de los trabajadores del partido político en liquidación; realizado lo anterior, deberán cubrirse las obligaciones fiscales que correspondan; y si quedasen recursos disponibles, se atenderán otras obligaciones contraídas y debidamente documentadas con proveedores y acreedores del partido político en liquidación, aplicando en lo conducente las leyes en esta materia.

 

Este orden de prelación es especial para la materia electoral pues antepone o privilegia a dos clases de créditos: los derivados de las relaciones de trabajo y los créditos fiscales.

 

Sólo en el caso de quedar remanentes después de pagar esos dos créditos, se autoriza el pago de otro tipo de créditos, para lo cual establece que se aplicarán, en lo conducente, las leyes de la materia.

 

Lo anterior revela que el orden establecido por la ley electoral no es necesariamente igual al de otras legislaciones, como la civil, fiscal o laboral.

 

No obstante, es importante precisar los alcances de la norma respecto de los dos acreedores privilegiados por la legislación electoral, en relación con lo que se entiende por créditos fiscales, pues respecto del carácter de los trabajadores como acreedores no hay vaguedad o ambigüedad en la norma.

 

En efecto, los trabajadores son las personas que prestan su fuerza de trabajo a un patrón a cambio de una contraprestación y en el caso, se trata de las personas que prestan servicios subordinados a un partido político.

 

Sin embargo, en la legislación no se explica qué se entiende por créditos fiscales, lo cual conduce a interpretar esta norma, en relación con la norma especial que los regula.

 

Respecto de los créditos fiscales, el Código Fiscal de la Federación, establece lo siguiente:

 

Artículo 2o.- Las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, las que se definen de la siguiente manera:

I. Impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las señaladas en las fracciones II, III y IV de este Artículo.

II. Aportaciones de seguridad social son las contribuciones establecidas en ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado.

III. Contribuciones de mejoras son las establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas.

IV. Derechos son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

Cuando sean organismos descentralizados los que proporcionen la seguridad social a que hace mención la fracción II, las contribuciones correspondientes tendrán la naturaleza de aportaciones de seguridad social.

Los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización a que se refiere el séptimo párrafo del Artículo 21 de este Código son accesorios de las contribuciones y participan de la naturaleza de éstas. Siempre que en este Código se haga referencia únicamente a contribuciones no se entenderán incluidos los accesorios, con excepción de lo dispuesto en el Artículo 1o.

 

Artículo 3o.- Son aprovechamientos los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal.

 

Los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización a que se refiere el séptimo párrafo del Artículo 21 de este Código, que se apliquen en relación con aprovechamientos, son accesorios de éstos y participan de su naturaleza.

 

Los aprovechamientos por concepto de multas impuestas por infracciones a las disposiciones legales o reglamentarias que no sean de carácter fiscal, podrán ser destinados a cubrir los gastos de operación e inversión de las dependencias encargadas de aplicar o vigilar el cumplimiento de las disposiciones cuya infracción dio lugar a la imposición de la multa, cuando dicho destino específico así lo establezcan las disposiciones jurídicas aplicables.

 

Son productos las contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio privado.

 

Artículo 4o.- Son créditos fiscales los que tenga derecho a percibir el Estado o sus organismos descentralizados que provengan de contribuciones, de sus accesorio o de aprovechamientos, incluyendo los que deriven de responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir de sus funcionarios o empleados o de los particulares, así como aquellos a los que las leyes les den ese carácter y el Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena.

 

La recaudación proveniente de todos los ingresos de la Federación, aun cuando se destinen a un fin específico, se hará por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por las oficinas que dicha Secretaría autorice.

 

Para efectos del párrafo anterior, las autoridades que remitan créditos fiscales al Servicio de Administración Tributaria para su cobro, deberán cumplir con los requisitos que mediante reglas de carácter general establezca dicho órgano.

 

La interpretación funcional de estos preceptos permite arribar a la conclusión de que los créditos fiscales comprenden los impuestos, las aportaciones de seguridad social, las contribuciones de mejoras y derechos, así como los aprovechamientos, entendiendo por estos todos aquellos ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal.

 

En los aprovechamientos se incluyen las multas, las sanciones, los recargos y los gastos de ejecución.

 

Respecto de las sanciones pecuniarias imponibles a los partidos políticos, el artículo 39 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que el incumplimiento de las obligaciones señaladas en él se sancionará en los términos del Libro Séptimo del mismo.

 

En el artículo 354 del citado Libro Séptimo se establece lo siguiente:

 

Artículo 354

1. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas conforme a lo siguiente:

a) Respecto de los partidos políticos:

I. Con amonestación pública;

II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior;

III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el período que señale la resolución;

IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado por el Instituto, en violación de las disposiciones de este Código;

V.La violación a lo dispuesto en el inciso p) del párrafo 1 del artículo 38 de este Código se sancionará con multa; durante las precampañas y campañas electorales, en caso de reincidencia, se podrá sancionar con la suspensión parcial de las prerrogativas previstas en los artículos 56 y 71 de este ordenamiento; y

VI. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de este Código, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

 

Como se ve, a los partidos políticos se les pueden imponer dos tipos de sanciones pecuniarias que tienen el carácter de créditos fiscales y que consisten en multa o reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el período que señale la resolución de la autoridad administrativa sancionadora.

 

Tanto las multas como la reducción de las ministraciones impuestas a los partidos políticos, son sanciones administrativas de carácter pecuniario que constituyen créditos fiscales, en términos de la legislación invocada y, por ende, deben entenderse comprendidas en segundo lugar de preferencia en la orden de prelación del pago en caso de liquidación de un partido político, en términos del artículo 103 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

 

Con base en lo expuesto es infundado lo aducido por el actor, en el sentido de que el artículo 7, apartado 1, inciso d), del Reglamento impugnado introduce un tipo de crédito no previsto en el artículo 103 apartado 1, inciso d), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, pues como se ve, la norma reglamentaria se limita a reiterar la disposición legal, al establecer a los créditos fiscales en segundo lugar de preferencia y la única diferencia entre el reglamento y la ley, consiste en que el reglamento especifica uno de esos créditos fiscales, consistente en las sanciones impuestas por el Instituto Federal Electoral a los partidos políticos, de ahí lo infundado del agravio.

 

6. Introducción de la figura del visitador, sin estar previsto en la ley de la materia.

 

Los recurrentes sostienen que la figura del visitador prevista en el reglamento reclamado contraviene el principio de subordinación legal, porque el artículo 103 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales no hace referencia de manera específica al “visitador”, y no obstante, el Consejo General introduce tal figura en varios preceptos del Reglamento reclamado.

 

Los argumentos formulados al respecto son substancialmente fundados.

 

Por principio, debe destacarse que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 100 a 102 del ordenamiento legal en cita, los Partidos Políticos Nacionales pueden perder su registro, de manera voluntaria o de manera involuntaria. En el primer caso, por ejemplo, cuando pretendan fusionarse con otro partido político y, por ende, el que formaban antes de la fusión ya no puede subsistir como entidad de interés público.

 

En el segundo caso, la propia ley prevé varios supuestos de pérdida de registro, por ejemplo, el no obtener en la elección federal ordinaria inmediata anterior, por lo menos el 2% de la votación emitida en alguna de las elecciones para diputados, senadores o presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

 

De esta manera, el artículo 103 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales regula tanto los casos en que un partido político decide disolverse, con motivo de la fusión con otro, como los casos en que el partido político pierde su registro por la actualización de alguno de los supuestos previstos en el numeral 101 del propio ordenamiento, pues la finalidad que se persigue, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, Base II de la Constitución Federal es que el Instituto Federal Electoral disponga lo necesario para que sean aplicados a la Federación los recursos y bienes remanentes de los partidos que pierdan su registro legal.

 

El inciso a) del citado artículo 103 establece que la Unidad de Fiscalización designará de inmediato a un interventor responsable del control y vigilancia directos del uso y destino de los recursos y bienes del partido de que se trate, para el caso de que no alcance el porcentaje mínimo de votos previsto legalmente.

 

El mismo inciso contiene la previsión respecto a que lo relativo al nombramiento de un interventor será aplicable en el caso de que el Consejo General declare la pérdida de registro legal por cualquier otra causa de las establecidas en el propio código.

 

Lo anterior significa que ya sea que el partido decida disolverse para fusionarse con otro, pierda su registro o le sea cancelado, por cualquiera de las causas previstas por el código electoral, lo fundamental es que la Unidad de Fiscalización nombre a un interventor que se encargue del control y vigilancia del uso y destino de los recursos y bienes del partido.

 

De esta manera, se advierte que el código sustantivo electoral sólo prevé la designación del interventor, a fin de que se haga responsable del control y vigilancia directos del uso y destino de los recursos y bienes del partido de que se trate, por cualquiera de las causas de cancelación o pérdida de registro; pero nada dice del nombramiento de un “visitador” para determinadas hipótesis de pérdida de registro, por ejemplo, cuando el partido pretende disolverse para fusionarse con otro y, por ende, pide ante el Instituto Federal Electoral su disolución.

 

Por tanto, en el Reglamento reclamado no es admisible la introducción de una figura nueva como es la del visitador, aunque sea para distinguir las etapas en que se da la función del interventor, sino que si la ley electoral sustantiva así lo prevé, no hay posibilidad de rebasarla en preceptos reglamentarios.

 

No obstante lo anterior, en el Reglamento reclamado se contemplan dos hipótesis en la que deban intervenir la persona a que se refiere el Código Electoral, dependiendo del tiempo en que se dé la disolución del partido político y si éste decide disolverse para fusionarse con otro partido o si sólo pierde o le es cancelado su registro.

 

Así, en los artículos 4, 5, 6 y 7, entre otros del Reglamento reclamado, el Consejo General hace referencia a la figura del interventor, como ya ha quedado explicado con anterioridad, sólo que esta persona deberá actuar en el momento en que se realicen los cómputos respectivos y el partido no obtenga el porcentaje mínimo requerido por la ley para continuar como entidad de interés público, entre otros supuestos de pérdida de registro.

 

En cambio, cuando es el partido el que pretende disolverse porque va a fusionarse con otro, el Reglamento reclamado, en sus artículos 8 y 9, entre otros, establece un período de prevención con el objetivo de tomar las providencias precautorias necesarias para proteger el patrimonio del partido y los intereses y derechos de orden público, así como los derechos de terceros frente al partido.

 

Es en ese momento, según el Consejo General, es cuando la Unidad de Fiscalización debe nombrar de inmediato a la persona que se encargue, de supervisar y vigilar el correcto desempeño de las personas que lo auxilien en la realización de sus funciones, entre otras cosas. Así a esta persona, que tiene funciones semejantes a la del interventor se le denomina “visitador”.

 

Una vez que concluye el período de prevención, que es al día siguiente de aquel en que el Consejo General apruebe la declaratoria de pérdida de registro del partido político disuelto, entonces el propio partido debe sujetarse al procedimiento de liquidación, en la que el visitador se convierte en interventor, según se explica en el considerando 30 del propio acuerdo reclamado.

 

Lo descrito pone en evidencia que si la Ley Electoral no establece la designación de un visitador que se encargue del cuidado y administración de los bienes, para el caso que un partido político pretenda disolverse, su introducción en el Reglamento reclamado y el otorgamiento de facultades infringe el principio de subordinación jerárquica.

 

Por lo expuesto, al resultar fundados los agravios, lo procedente es modificar el reglamento dejando sin efectos la institución y facultades del visitador.

 

Por lo expuesto y fundado se

 

R E S U E L V E

 

 

PRIMERO. Se acumula el recurso de apelación SUP- RAP-134/2008 al expediente SUP-RAP-133/2008, por lo cual se ordena agregar copia certificada de esta ejecutoria en el expediente del recurso acumulado.

 

SEGUNDO. Se modifica el acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se aprueba el Reglamento que establece los Lineamientos relativos a la Liquidación y Destino de los bienes de los Partidos Políticos Nacionales que pierdan o les sea cancelado su registro ante el Instituto Federal Electoral.

 

TERCERO. La autoridad responsable deberá suprimir en la resolución reclamada, la partes de los preceptos que se estimaron ilegales, en los términos señalados en la parte final (apartado 6) del Considerando Séptimo de esta ejecutoria.

 

Notifíquese personalmente al Partido de la Revolución Democrática y al Partido del Trabajo, en el domicilio precisado en autos; por oficio, acompañando copia certificada de la presente sentencia, al Consejo General del Instituto Federal Electoral, y por estrados a los demás interesados.

 

Devuélvase la documentación correspondiente y resguárdese el expediente en el archivo jurisdiccional como asunto concluido.

 

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firmaron los magistrados integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

 

MAGISTRADA PRESIDENTA

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN ALANIS FIGUEROA

 

 

 

MAGISTRADO

 

 

 

CONSTANCIO CARRASCO DAZA

 

 

 

 

MAGISTRADO

 

 

 

FLAVIO GALVÁN RIVERA

 

 

 

MAGISTRADO

 

 

 

MANUEL GONZÁLEZ OROPEZA

 

 

 

MAGISTRADO

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO LUNA

RAMOS

 

 

 

MAGISTRADO

 

 

 

SALVADOR OLIMPO NAVA GOMAR

 

 

MAGISTRADO

 

 

 

PEDRO ESTEBAN PENAGOS LÓPEZ

 

 

 

SUBSECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

 

 

 

MARCO ANTONIO ZAVALA ARREDONDO