RECURSO DE APELACIÓN

EXPEDIENTE: SUP-RAP-228/2017

RECURRENTE: PARTIDO POLÍTICO MORENA

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

MAGISTRADA PONENTE: MÓNICA ARALÍ SOTO FREGOSO

SECRETARIO: CARMELO MALDONADO HERNÁNDEZ

Ciudad de México a dieciocho de octubre de dos mil diecisiete.

VISTOS los autos del expediente SUP-RAP-228/2017, para resolver el recurso de apelación interpuesto por el Partido Político MORENA, para impugnar, del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la resolución identificada con la clave INE/CG313/2017, “RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE CAMPAÑA DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LOS CANDIDATOS A LOS CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADO LOCAL Y AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2016-2017, EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA”, así como el respectivo Dictamen Consolidado, identificado como INE/CG312/2017; aprobados en sesión de diecisiete de julio de dos mil diecisiete. Asimismo, el partido político apelante controvierte la referida resolución por cuanto a su engrose.

R E S U L T A N D O S:

I. Resolución impugnada. En sesión pública extraordinaria celebrada el diecisiete de julio de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral[1] aprobó: la resolución INE/CG313/2017, relacionada con las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos de las candidaturas a la Gubernatura, Diputaciones locales y Ayuntamientos, correspondiente al proceso electoral local ordinario 2016-2017, en el Estado de Coahuila de Zaragoza, y el respectivo “Dictamen Consolidado”, identificado con la clave INE/CG312/2017.

II. Recurso de apelación. El veintiuno de julio de dos mil diecisiete, la representación del Partido Político MORENA ante el Consejo General del INE presentó recurso de apelación, mediante el cual impugnó la resolución identificada con la clave: INE/CG313/2017, así como el respectivo Dictamen Consolidado, entre otras determinaciones.

III. Integración, registro y turno. El veintiséis de julio de dos mil diecisiete, se recibió en la Oficialía de Partes de la Sala Superior, el oficio INE/SCG/1144/2017, mediante el cual, el Director de Asuntos Laborales de la Dirección Jurídica del INE hizo llegar el expediente INE-ATG/239/2017, formado con motivo del recurso de apelación presentado por la representación del Partido Político MORENA. En la misma fecha, la Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional electoral federal integró el expediente SUP-RAP-200/2017 y lo turnó a la Ponencia de la Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, para los efectos previstos en el artículo 19, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

IV. Escrito de ampliación de demanda. El treinta de julio de dos mil diecisiete, se recibió en la Oficialía de Partes de la Sala Superior, el oficio INE/SCG/1209/2017, mediante el cual, el Director de Asuntos Laborales de la Dirección Jurídica del INE hace llegar el expediente INE-ATG/253/2017, formado con motivo de la ampliación de demanda del recurso de apelación presentado por la representación del Partido Político Morena, por cuanto hace al engrose de la resolución identificada con la clave INE/CG313/2017 y, el respectivo “Dictamen Consolidado”.

V. Acuerdo de escisión. Mediante Acuerdo de nueve de agosto de dos mil diecisiete, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dictó acuerdo en el expediente SUP-RAP-200/2017, en el que determinó escindir la demanda, en la parte correspondiente, a la fiscalización de ingresos y egresos de la elección para la Gubernatura del Estado de Coahuila de Zaragoza, que dio lugar a la integración del diverso SUP-RAP-228/2017.

VI. Radicación y requerimiento. Mediante proveído de dos de octubre del año en curso, la Magistrada Instructora requirió diversa documentación al Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.

VII. Desahogo de requerimiento. El tres de octubre del presente año, el Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral desahogó el aludido requerimiento.

VIII. Admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, el recurso de apelación identificado al rubro fue admitido al considerar que cumplía con los requisitos de procedibilidad; y, por último, al no existir diligencia pendiente por desahogar, con lo cual, el asunto quedó en estado de dictar resolución, se declaró cerrada la instrucción y se ordenó formular el respectivo proyecto de sentencia.

C O N S I D E R A N D O S:

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ejerce jurisdicción y esta Sala Superior es competente para conocer y resolver el medio de impugnación al rubro indicado, con fundamento en los artículos 1º; 17, párrafo segundo; 41, párrafo segundo, Base VI; 94, párrafos primero y quinto; y, 99, párrafo cuarto, fracciones III y VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, párrafo primero, fracción II; 184; 185; 186, fracción III, incisos a) y g); 189, fracción I, inciso c), y II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 1º; 3º, párrafo segundo, inciso b); 4; 6; 40, párrafo 1, inciso b); y, 44, párrafo 1, inciso a); de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Lo anterior, porque se trata de un recurso de apelación promovido por el Partido Político MORENA, a fin de impugnar la resolución INE/CG313/2017, emitida el diecisiete de julio de dos mil dieciséis, por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos de las candidaturas a la Gubernatura, correspondientes al proceso electoral local ordinario 2016-2017, en el Estado de Coahuila de Zaragoza, y el respectivo “Dictamen Consolidado”, identificado con la clave INE/CG312/2017.

SEGUNDO. Requisitos de procedencia. El presente recurso de apelación cumple los requisitos de procedencia previstos en los artículos 8° y 9°, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, conforme con lo siguiente:

I. Forma. Se tiene por cumplido, ya que el ocurso inicial de demanda, relativo al recurso de apelación de mérito, se presentó por escrito, ante la autoridad señalada como responsable, se hizo constar el nombre del partido político impugnante, así como el nombre y firma de la persona que lo interpone en su representación; el domicilio para oír y recibir notificaciones; así como de las personas señaladas para tal efecto; identificó, tanto, el acto impugnado como a la autoridad responsable; asimismo, menciona los hechos y agravios que el apelante aduce, le causa la resolución reclamada.

II. Oportunidad. El requisito de procedencia en estudio se encuentra satisfecho, en razón de que el escrito del medio de impugnación identificado al rubro, fue interpuesto oportunamente, toda vez que el acto impugnado, es decir, la resolución INE/CG313/2017, fue emitida el diecisiete de julio de dos mil diecisiete, por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos de las candidaturas a la Gubernatura, Diputaciones locales y Ayuntamientos, correspondiente al proceso electoral local ordinario 2016-2017, en el Estado de Coahuila de Zaragoza, y el respectivo “Dictamen Consolidado”, identificado con la clave INE/CG312/2017, y, el escrito inicial de demanda relativo al recurso de apelación de mérito, se presentó el veintiuno de julio siguiente, esto es, dentro del plazo de cuatro días que para tal efecto, prevé el artículo 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

De ahí que, para esta Sala Superior, resulta evidente que se presentó la demanda dentro de los cuatro días previstos que, para tal efecto, establece el dispositivo legal citado.

III. Legitimación y personería. En cuanto al partido político actor, estos requisitos se encuentran satisfechos en términos de lo dispuesto en los artículos 12, párrafo 1, inciso a); 13, párrafo 1, inciso a); y, 45, párrafo 1, inciso a); de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

El presente medio de impugnación fue interpuesto por parte legítima, pues quien actúa es un partido político nacional que se inconforma contra la resolución INE/CG313/2017, emitida el diecisiete de julio de dos mil diecisiete, en la cual, sancionó al partido político apelante.

En el caso, se encuentra acreditada la personería de quien comparece en su representación, ya que se trata de Horacio Duarte Olivares, quién se ostenta en su calidad de representante propietario ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y la autoridad responsable al rendir su informe circunstanciado le reconoce tal carácter, por lo que se encuentra colmado este requisito, en términos del artículo 18 de la citada ley.

IV. Definitividad. Respecto a la resolución INE/CG313/2017, emitida el diecisiete de julio de dos mil diecisiete, por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se cumple el principio de definitividad y firmeza, toda vez que, del análisis de la legislación adjetiva electoral aplicable, se advierte que no existe medio impugnativo que deba agotarse antes de acudir en la vía propuesta ante este órgano jurisdiccional electoral federal, de ahí que se cumpla el presente requisito.

V. Interés jurídico. El partido político apelante tiene interés jurídico para impugnar la resolución INE/CG313/2017, pues reclama, que las sanciones que le fueron impuestas resultan contrarias a Derecho.

En consecuencia, al haberse cumplido los requisitos mencionados y, en virtud, de que no se actualiza alguna de las causales de improcedencia o sobreseimiento previstas en la legislación aplicable, se procede al estudio de fondo del asunto planteado.

TERCERO. Ampliación de demanda. La Sala Superior considera procedente el escrito de ampliación de demanda presentada por el Partido Político MORENA, por conducto de su representante propietario ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por las razones que se exponen a continuación.

En primer lugar, se destaca que los derechos de defensa y audiencia, así como a la tutela judicial efectiva, previstos en los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implican que los justiciables conozcan los hechos en que se sustentan los actos que afecten sus intereses, para garantizarles la adecuada defensa con la posibilidad de aportar los elementos de prueba que considere pertinentes.

Así, cuando en fecha posterior a la presentación de la demanda surgen nuevos hechos estrechamente relacionados con aquellos en los que la parte promovente sustentó sus pretensiones o se conocen hechos anteriores que se ignoraban, es admisible la ampliación de la demanda, siempre que guarden vinculación con los actos reclamados en la demanda inicial, dado que sería incongruente el análisis de argumentos tendentes a ampliar algo que no fue controvertido.

Por ello, se considera que el escrito de ampliación de demanda no debe constituir una segunda oportunidad de impugnación respecto de hechos ya impugnados, ni un obstáculo que impida resolver la controversia dentro de los plazos legalmente establecidos.

El criterio mencionado ha sido reiteradamente sustentado por esta Sala Superior, lo cual dio origen a la Jurisprudencia 18/2008, de rubro: “AMPLIACIÓN DE DEMANDA. ES ADMISIBLE CUANDO SE SUSTENTA EN HECHOS SUPERVENIENTES O DESCONOCIDOS PREVIAMENTE.”

Asimismo, este órgano jurisdiccional electoral federal ha concluido que los escritos de ampliación se deben presentar dentro de un plazo igual al previsto para el escrito inicial, contado a partir de la respectiva notificación o de que se tenga conocimiento de los hechos materia de la ampliación, siempre que sea anterior al cierre de la instrucción.

Tal criterio está contenido en la Jurisprudencia 13/2009 de esta Sala Superior, cuyo rubro es: “AMPLIACIÓN DE DEMANDA. PROCEDE DENTRO DE IGUAL PLAZO AL PREVISTO PARA IMPUGNAR (LEGISLACIÓN FEDERAL Y SIMILARES).”

En el caso, la Sala Superior considera que es admisible la ampliación de la demanda, en razón de que el Partido Político MORENA, por conducto de su REPRESENTANTE PROPIETARIO ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, expresa que el veintiuno de julio de dos mil diecisiete, se le notificó el engrose de la resolución combatida en el medio de impugnación en que se actúa, el cual, en su concepto, modifica la matriz de precios, además de que, corrobora la vulneración al principio de certeza, debido a la presentación de diversos proyectos de resolución y de dictámenes, para efecto de imponer multas al partido político recurrente.

En la especie, se debe precisar que la ampliación de demanda únicamente contiene agravios, respecto de la matriz de precios, así como de la modificación de los criterios contenidos en las versiones de resolución presentadas por la Unidad Técnica de Fiscalización, la Comisión de Fiscalización y el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, cuyos temas sí fueron materia de engrose de la resolución controvertida, por lo que resulta procedente la admisión de la demanda presentada por el partido político recurrente.

Por otra parte, se satisface el requisito de oportunidad en la presentación del escrito de ampliación de demanda, ya que la parte recurrente afirma que el engrose le fue notificado el veintiuno de julio de dos mil diecisiete, por lo cual, el plazo de cuatro días para presentar el escrito correspondiente, transcurrió del sábado veintidós al martes veinticinco de julio de dos mil diecisiete, siendo computables todos los días, conforme a lo previsto en el artículo 7, párrafo 1, de la mencionada ley procesal electoral, en razón de que la resolución controvertida está vinculada, de manera inmediata y directa, con el procedimiento electoral local del Estado de Coahuila de Zaragoza.

En consecuencia, como el escrito de ampliación de demanda, que dio origen al medio de impugnación en que se actúa, fue presentado ante la Oficialía de Partes del Instituto Nacional Electoral el martes veinticinco de julio de dos mil diecisiete, resulta evidente su oportunidad, por lo que, al llevar a cabo el estudio del fondo de la litis, se consideraran los conceptos de agravio hechos valer en la ampliación de demanda, y que guarden relación con la resolución INE/CG313/2017.

CUARTO. Pretensión, causa de pedir y temática de agravios. De la lectura del escrito de demanda y de su ampliación, se observa que la pretensión última de la parte apelante consiste en que se revoquen las multas que le fueron impuestas, con relación a determinadas conclusiones.

Como causa de pedir, aduce la violación de los principios de legalidad, certeza, objetividad, exhaustividad, seguridad jurídica e imparcialidad.

Para apoyar lo antes expuesto, expone agravios vinculados con los temas siguientes:

• Omisión de reportar gastos en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) (agravio primero del escrito de demanda).

        Matriz de precios (agravio primero del escrito de demanda y segundo de la ampliación).

        Sanciones no proporcionales con la falta cometida (agravio segundo del escrito de demanda)

        Negativa de iniciar procedimientos oficiosos (agravio último del escrito de demanda)

        Vulneración al principio de certeza por la presentación de diversos proyectos de resolución (agravio sexto de la ampliación de demanda).

En este orden de ideas, el estudio de los agravios se seguirá atendiendo al orden temático de referencia.

Por otro lado, se hace notar que, en la parte considerativa de la resolución INE/CG313/2017, el Consejo General del INE expone:

 “28. Que es trascendente señalar que el Dictamen Consolidado es el documento emitido por la autoridad fiscalizadora que contiene el resultado de las observaciones realizadas en el marco de la revisión de los Informes de Campaña respecto de los ingresos y gastos de los sujetos obligados en los respectivos Procesos Electorales, en los cuales se advierten los errores o irregularidades que se actualizaron con las conductas realizadas por los sujetos obligados y en su caso, las aclaraciones presentadas para atender cada una de ellas.

Consecuentemente, en la resolución de mérito se analizan las conclusiones sancionatorias contenidas en el Dictamen Consolidado relativo a los Informes de Campaña en el marco del Proceso Electoral 2017 en el estado de Coahuila por lo que hace a los sujetos obligados ahí señalados, mismas que representan las determinaciones de la autoridad fiscalizadora una vez que se ha respetado la garantía de audiencia y se han valorado los elementos de prueba presentados por los sujetos obligados. En tal sentido, el Dictamen Consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y contables; por lo que forma parte de la motivación de la presente Resolución.

En este contexto, el principio de legalidad contemplado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se cumple con precisar la irregularidad cometida y los preceptos legales aplicables al caso; así como la remisión a las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas en el Dictamen Consolidado el cual forma parte integral de la Resolución que aprueba este Consejo General; es decir, tiene como propósito que los sujetos obligados conozcan a detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron la conducta, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir en su caso, la decisión de la autoridad, permitiéndole una real y auténtica defensa.”

Como se observa, el Dictamen Consolidado registrado con la clave INE/CG312/2017, forma parte integral de la resolución combatida. Se resalta que en dicho documento constan las circunstancias y condiciones por las que se sanciona al ahora apelante, y constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos de la autoridad, y esté en condiciones de controvertir esa determinación, mediante una defensa adecuada. De ahí que, para dar respuesta a los agravios planteados, en la presente sentencia se hará referencia al Dictamen Consolidado citado.

QUINTO. Estudio de fondo

I. Omisión de reportar gastos en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF).

Respecto de las conclusiones 6, 7, 8 y, 11, de las que derivan las infracciones que ameritan la imposición de sanciones, MORENA aduce la falta de valoración de la documentación presentada en los informes de gastos, así como de las correcciones presentadas a las observaciones de errores y omisiones, por lo que se imponen sanciones ilegales.

Conclusión 6. El sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de una lona, un banderín, un micrófono y dos bocinas, 25 sillas de color negro, 10 sillas color blanco, cuatro banderas, un remolque y una lona de 6 m x 1.5 m, de los cuales se determinó un costo de $34,017.20 (treinta y cuatro mil diecisiete pesos 20/100 M.N.).

En el Dictamen Consolidado, la autoridad responsable determinó lo siguiente:

Recorridos en avenidas y plazas públicas

Primer período

      Del análisis de las evidencias obtenidas en las visitas de verificación, consignadas en las actas correspondientes, se observaron gastos que omitió reportar en el informe de campaña, como se muestra en el cuadro:

Mediante acta de visita de verificación referida en el cuadro anterior, se hizo constancia de los hechos de la visita, en términos de lo establecido en los artículos 199, numeral 1, incisos c) y e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 77 de la Ley General de Partidos Políticos; así como 199 y 297 del Reglamento de Fiscalización, esta autoridad electoral hizo constar para los efectos legales a que hubiera lugar, la información obtenida de las visitas de verificación citadas.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la observación antes citada fue notificada mediante el oficio núm. INE/UTF/DA-F/7395/17 de fecha 14 de mayo de 2017, recibido por el sujeto obligado el mismo día.

Fecha de vencimiento del oficio de errores y omisiones: 19 de mayo de 2017.

El sujeto obligado dio contestación al oficio de referencia, manifestando lo siguiente:

“Al respecto se presenta la documentación comprobatoria correspondiente a la observación de la autoridad electoral, como documentación adjunta en el Sistema Integral de Fiscalización en el apartado correspondiente.”

De la revisión al SIF, se determinó lo siguiente:

Respecto de los casos señalados con (1) en la columna de “referencia dictamen”, se constataron los registros de los gastos adjuntado su respectivo soporte documental, por tal razón, la observación quedó atendida, en este punto.

En relación con los casos señalados con (2) en la columna de “referencia dictamen”, se determinó que no se identificó el registro de gastos por concepto de una lona, un banderín, un micrófono y dos bocinas, 25 sillas de color negro, 10 sillas color blanco, cuatro banderas, un remolque y una lona de 6 m x 1.5 m, por tal razón, la observación no quedó atendida.

Esta autoridad procedió a realizar la determinación del costo correspondiente como a continuación se detalla:

Determinación del Costo

…

            De la matriz de precios que se presenta en el Anexo Único de este dictamen. Se determinó que las facturas presentadas por los proveedores que se detallan a continuación, eran las que más se ajustaba en términos de unidad de medida, ubicación y demás características, por lo que, se tomaron como base para la determinación de los costos:

            Una vez obtenido el costo por los gastos no reportados, se procedió a determinar el valor de la forma siguiente:

Al omitir reportar gastos por concepto de una lona, un banderín, un micrófono y dos bocinas, 25 sillas de color negro, 10 sillas color blanco, cuatro banderas, un remolque y una lona de 6 m x 1.5 m, por un monto valuado en $34,017.20, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la LGPP y 127, del RF. (Conclusión 6 Morena/COAH)

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 243, numeral 2, inciso a), de la LGIPE, y 192, numeral 1, inciso b), fracción IV del RF, el costo determinado se acumulará a los gastos de campaña.

Cabe mencionar que el gasto antes citado, deberá de acumularse al tope de cada uno de los candidatos beneficiados, como se detalla a continuación:

-S. Armando Guadiana Tijerina (Gobernador), un monto de $25,666.25.

-Rodolfo Garza Gutiérrez (Presidente Municipal), por $6,746.81, y

-Hilda García Badillo (Diputada Local por el Distrito XIII) por $1,604.14.

….

Conclusiones finales de la revisión a los informes de ingresos y gastos de campaña a los cargos de Gobernador, diputados locales y presidentes municipales presentados por Morena correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado de Coahuila de Zaragoza.

…

Gobernador

…

Recorridos en avenidas y plazas públicas

6. Morena/COAH. El sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de una lona, un banderín, un micrófono y dos bocinas, 25 sillas de color negro, 10 sillas color blanco, cuatro banderas, un remolque y una lona de 6 m x 1.5 m, de los cuales se determinó un costo de $34,017.20.

Tal situación incumple con los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la LGPP y 127, del RF.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 243, numeral 2, inciso a), de la LGIPE, y 192, numeral 1, inciso b), fracción IV del RF, el costo determinado se acumulará a los gastos de campaña.

A su vez, en la resolución impugnada, se determinó lo siguiente:

6. “El sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de una lona, un banderín, un micrófono y dos bocinas, 25 sillas de color negro, 10 sillas color blanco, cuatro banderas, un remolque y una lona de 6 m x 1.5 m, de los cuales se determinó un costo de $34,017.20.”

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la presente Resolución y que se detalla en las observaciones de mérito, se hicieron del conocimiento del partido a través del oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de cada conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de cinco días, a partir del momento de la notificación, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara las irregularidades detectadas.

Consecuente con lo anterior, el sujeto obligado no obstante que presentó un escrito de respuesta al oficio de errores y omisiones, la respuesta no fue idónea para subsanar las observaciones.

…

Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto involucrado $34,017.20 (treinta y cuatro mil diecisiete pesos 20/100 M.N.), cantidad que asciende a un total de $51,025.80 (cincuenta y un mil veinticinco pesos 80/100 M.N.)

…

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer a MORENA, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $51,025.80 (cincuenta y un mil veinticinco pesos 80/100 M.N.).

MORENA sostiene que la autoridad fiscalizadora realizó un análisis indebido del desahogo del oficio de errores y omisiones, toda vez que en su oportunidad precisó que todos los gastos motivo de requerimiento se registraron en el Sistema Integral de Fiscalización.

El partido político recurrente refiere que si bien la autoridad responsable aduce que no fueron atendidos varios rubros indicados con la referencia 2 de la segunda columna, no existe un anexo ni evidencia que soporte tal señalamiento, pues sólo aduce que el partido político no cumplió porque no encontró ese gasto en el Sistema Integral de Fiscalización y, a diferencia de los dictámenes de Veracruz y Estado de México, en Coahuila no hay un soporte de testigos o evidencia que refiera el gasto no reportado.

Que se contraviene el acceso a la justicia, al no existir una base de la cual partir, pues el hecho de referir: una lona, un banderín, un micrófono, dos bocinas, veinticinco sillas de color negro; diez sillas blancas; cuatro banderas, un remolque y una lona de 6 m por 5 m y, no mostrar las imágenes, obstruye su derecho para defender que tales artículos sí están registrados en el Sistema Integral de Fiscalización.

Esta Sala Superior considera infundado el motivo de inconformidad, porque contrariamente a lo aducido por el partido político recurrente, en el oficio de errores y omisiones identificado con el número INE/UTF/DA-F/7395/17, de catorce de mayo del año en curso, en el Apartado de Eventos y Plazas públicas (11) y notificado en la referida fecha, se le hizo de su conocimiento que en las actas de visitas de verificación de fechas ocho, diecinueve y veintitrés de abril del año en curso, relativas a los eventos celebrados en Plaza Acuña, en el Boulevard Venustiano Carranza,  en la vía pública (carabela y de los adobes) y, en la Plaza Torre del Sol, se observaron diversos gastos que no fueron reportados en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) y los cuales le fueron precisados en un cuadro, con lo cual estuvo en plena aptitud de desvirtuar tales irregularidades y acreditar su registro.

Ahora bien, al desahogar el aludido oficio, el partido político recurrente se limitó a señalar

 “Al respecto se presenta la documentación comprobatoria correspondiente a la observación de la autoridad electoral, como documentación adjunta en el Sistema Integral de Fiscalización en el apartado correspondiente”

Aunado a que, MORENA al contestar el oficio de errores y omisiones, no realizó precisión alguna en el sentido de que no le fueron proporcionados todos los elementos para realizar su defensa.

Asimismo, no le asiste la razón al partido político recurrente cuando refiere que la autoridad fiscalizadora se limita a sostener que incumplió con la obligación de realizar el registro atinente, al no encontrarse el reporte en el Sistema Integral de Fiscalización y, por no sustentarse en testigos o evidencias la infracción de mérito.

Ello es así, porque en el Dictamen Consolidado, la autoridad fiscalizadora estableció que en términos de las actas de visita de verificación de fechas ocho, diecinueve y veintitrés de abril del año en curso, en contraste con los gastos reportados en el Sistema Integral de Fiscalización se advirtió que no se identificó el registro de gastos por una lona, un banderín, un micrófono y dos bocinas, 25 sillas de color negro, 10 sillas color blanco, cuatro banderas, un remolque y una lona de 6 m x 1.5 m.

Esto es, la conclusión de la autoridad responsable se encuentra justificada a partir de las referidas actas de verificación de visita y, de los registros efectuados en el Sistema Integral de Fiscalización, sin que MORENA controvierta tales cuestiones, al limitarse a sostener que sí hizo los registros atinentes.

Por otra parte, esta Sala Superior considera infundado el planteamiento de MORENA relativo a que en el reporte siguiente se pueden apreciar distintas pólizas que “pudieran” amparar los gastos que presuntamente no se reportaron y, de los cuales no presenta testigos.

Lo anterior es así, porque contrariamente a lo aducido por el partido político recurrente, no se advierte que la primera tabla haya sido presentada como un anexo (en versión física o electrónica), ante la autoridad fiscalizadora, para efecto de acreditar que, en su oportunidad realizó los registros de las erogaciones controvertidas por los conceptos respectivos, en el Sistema Integral de Fiscalización.

Al efecto, de la parte conducente del Dictamen Consolidado, no se advierte que la autoridad responsable haya referido algún anexo ofrecido por MORENA con motivo de las aclaraciones realizadas a las observaciones de la conclusión de mérito.

Siendo que, en el caso, el impetrante se circunscribe a señalar que sí reportó dichos gastos en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) conforme a la tabla que adjunta para tal efecto, sin presentar pruebas, a efecto de acreditar sus manifestaciones, como pudiera ser el acuse de recibo que amparara la entrega del aludido anexo ante la autoridad responsable

En la especie, el partido político recurrente incumple con la carga de probar su afirmación, consistente en que sí informó ante la responsable las erogaciones atinentes a la sanción que ahora se revisa al haberlo incorporado al Sistema Integral de Fiscalización.

Lo anterior, toda vez que se limita a señalar que la documentación comprobatoria se registró en el referido sistema de contabilidad en línea, pero sin sustentar tal afirmación, con algún medio de convicción particular.

Esto es, lo aducido por el impetrante, debe estar respaldado en documentos idóneos y eficaces para acreditar que, en el caso, no existió la supuesta omisión al registrar los gastos en el Sistema Integral de Fiscalización.

Similar criterio se sostuvo en las sentencias dictadas en los expedientes: SUP-RAP-475/2015, SUP-RAP-498/2015, SUP-RAP-70/2016, SUP-RAP-366/2016, SUP-RAP-8/2017 y. SUP-RAP-475/2017.

Al efecto, de la lectura del Dictamen se advierte que la autoridad le requirió que presentara la documentación comprobatoria de los gastos no reportados.

En ese sentido, el partido debió señalar en su respuesta al oficio de errores y omisiones que la documentación soporte se encontraba en el reporte de las pólizas correspondientes, ya que existe una obligación por parte del partido político consistente en identificar de manera precisa lo reportado en el Sistema Integral de Fiscalización y, en ese sentido, lo solicitado por la autoridad fiscalizadora, circunstancia que no aconteció ya que MORENA, en su repuesta al oficio de errores y omisiones, no realizó aclaración alguna.

Así, no es admisible que, ante esta instancia jurisdiccional, MORENA alegue la falta de exhaustividad por parte de la autoridad responsable, al estimar que el INE no verificó correctamente que sí se encontraban registrados los gastos.

Esto es así, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 293 del Reglamento de Fiscalización[2] los partidos políticos tienen la obligación de detallar de manera pormenorizada las respuestas a los oficios de errores y omisiones por lo que deben identificar los movimientos realizados, las pólizas y documentos involucrados, así como cualquier otro dato que permita a la autoridad valorar adecuadamente la información presentada.

Lo anterior significa que como entidades de interés público y por tener derecho a recibir financiamiento público, tienen la obligación ante la autoridad fiscalizadora, de transparentar y dar certeza de los gastos que realizan, es decir, constituye una obligación que en la presentación de sus informes y en la contestación de los oficios de errores y omisiones detallen de manera pormenorizada, clara y precisa sus ingresos y egresos, a efecto de que la autoridad esté en posibilidades de cotejar -en los tiempos reducidos del procedimiento de informes- lo reportado.

En ese orden de ideas, MORENA debió aclarar en su respuesta al oficio de errores y omisiones que los gastos, presuntamente no reportados, que le fueron requeridos sí se encontraban registrados en el SIF para lo cual debió realizar las aclaraciones respectivas, tal y como la hace ante esta instancia, de manera que la autoridad fiscalizadora estuviera en posibilidad de fiscalizar y comprobar los gastos que presuntamente no reportó MORENA.

Adicionalmente, cabe precisar que, no resulta jurídicamente admisible que esta Sala Superior analice de forma directa si se realizaron los registros atinentes, porque ello corresponde efectuarlo, en un primer momento, a la autoridad fiscalizadora y, de inconformarse con la decisión adoptada, entonces, a partir, de las respuestas dadas por los sujetos obligados a los oficios de errores y omisiones y, de los agravios esgrimidos, se debe revisar la legalidad de la resolución y del Dictamen Consolidado atinentes.

Por último, cabe destacar que el propio partido político recurrente al referir “en el reporte siguiente se pueden apreciar distintas pólizas que pudieran amparar los gastos que asegura la unidad fiscalizadora no se reportaron  y de las cuales, no presenta testigos…” denota la mera posibilidad de que a través de las referidas pólizas se hubiere hecho el registro respectivo en el Sistema Integral de Fiscalización, lo cual no es dable examinar, en tanto que no está acreditado que la tabla referida por el partido político recurrente haya sido presentada en la Unidad Técnica de Fiscalización al desahogar el requerimiento formulado en el oficio de errores y omisiones.

En consecuencia, como se adelantó resulta infundado el motivo de inconformidad bajo estudio.

Conclusión 7. El sujeto obligado omitió registrar el gasto de dos espectaculares valuados en $79,542.72 (setenta y nueve mil quinientos cuarenta y dos pesos 71/100 M.N.) -$39,771.36 (treinta y nueve mil setecientos setenta y uno 36/100 M.N.) +39,771.36 (treinta y nueve mil setecientos setenta y uno 36/100 M.N.)

En el Dictamen Consolidado, la autoridad responsable determinó lo siguiente:

Espectaculares y propaganda colocada en la vía pública

Primer período

      Derivado del monitoreo se observaron 18 testigos de espectaculares y propaganda colocada en la vía pública que no fueron reportados en el informe, como se muestra en la tabla siguiente:

       

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la observación antes citada fue notificada mediante el oficio núm. INE/UTF/DA-F/7395/17 de fecha 14 de mayo de 2017, recibido por el sujeto obligado el mismo día.

Fecha de vencimiento del oficio de errores y omisiones: 19 de mayo de 2017.

El sujeto obligado dio contestación al oficio de referencia, manifestando lo siguiente:

“Se hace la aclaración, respecto a los espectaculares observados por la autoridad electoral que, los 18 espectaculares se encuentran registrados en la póliza Pl-15 del 17 de abril, en la cual se encuentra registrada la factura 1954 del proveedor Anuncios Impresos S.A. de C.V. y de los cuales se identifican en el cuadro siguiente:

(…)

Adicionalmente señalamos que todas las muestras y evidencias correspondientes a estos espectaculares se encuentra como documentación adjunta a la póliza Pl-15 antes indicada, con lo cual se da cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 37 del Reglamento de Fiscalización.”

De la revisión al SIF, se determinó lo siguiente:

En cuanto a los casos señalados con (1) en la columna de “referencia dictamen”, se constató que fueron reportados en el informe de campaña, por tal razón la observación quedó atendida, en este punto.

Respecto al caso señalado con (2) en la columna “referencia dictamen”, se determinó que las evidencias presentadas no corresponden a las observadas por esta autoridad electoral.

En consecuencia, al omitir registrar gastos por concepto de un anuncio panorámico, la observación no quedó atendida.

Esta autoridad procedió a realizar la determinación del costo correspondiente como a continuación se detalla:

Determinación del Costo

…

De la matriz de precios que se presenta en el Anexo Único de este dictamen. Se determinó que la factura presentadas por el proveedor que se detalla a continuación, era la que más se ajustaba en términos de unidad de medida, ubicación y demás características, por lo que, se tomó como base para la determinación del costo.

(Pesos)

Una vez obtenido el costo de los gastos no reportados, se procedió a determinar su valor de la forma siguiente.

En consecuencia, al omitir reportar gastos por un panorámico valuado en $39,771.36 en su informe, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la LGPP y 127, del RF. (Conclusión 7 Morena/COAH)

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 243, numeral 2, inciso a), de la LGIPE, y 192, numeral 1, inciso b), fracción IV del RF, el costo determinado se acumulará a los gastos de campaña.

Segundo período

• Derivado del monitoreo de anuncios espectaculares colocados en la vía pública se observó propaganda que no fue reportada en el informe, como se muestra en el cuadro:

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la observación antes citada fue notificada mediante el oficio núm. INE/UTF/DA-F/10134/17 de fecha 13 de junio de 2017, recibido por el sujeto obligado el mismo día.

Fecha de vencimiento del oficio de errores y omisiones: 18 de junio de 2017.

El sujeto obligado dio contestación al oficio de referencia, manifestando lo siguiente:

“Se presenta mediante el sistema integral de fiscalización los registros contables con su documentación soporte de los gastos señalados por la autoridad electoral, Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199, numeral 1, inciso c) y e), de la LGIPE; 55, numeral 1, y 56, numerales 3, 4 y 5, 63 y 79, numeral 1, inciso b), fracción I, de la LGPP ,33, numeral 1, inciso i), 46, 126, 127, 205, 207, 208, 209 y 246, numeral 1, inciso b), del RF . (…).

”

La respuesta del partido se consideró insatisfactoria, toda vez que aun y cuando manifiesta que adjuntó al SIF la información que le fue solicitada, esta no fue localizada; por lo tanto, al omitir registrar el costo de un espectacular, la observación no quedó atendida.

Esta autoridad procedió a realizar la determinación del costo correspondiente como a continuación se detalla:

Determinación del Costo

Para efectos de cuantificar el costo de los gastos no reportados por el sujeto obligado, se utilizó la metodología en términos del artículo 27 del RF, como se describe a continuación:

…

De la matriz de precios que se presenta en el Anexo Único de este dictamen. Se determinó que la factura presentadas por el proveedor que se detalla a continuación, era la que más se ajustaba en términos de unidad de medida, ubicación y demás características, por lo que, se tomó como base para la determinación del costo.

(Pesos)

Una vez obtenido el costo de los gastos no reportados, se procedió a determinar su valor de la forma siguiente.

En consecuencia, al omitir reportar gastos por un panorámico valuado en $39,771.36 en su informe, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la LGPP y 127, del RF. (Conclusión 7 Morena/COAH)

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 243, numeral 2, inciso a), de la LGIPE, y 192, numeral 1, inciso b), fracción IV del RF, el costo determinado se acumulará a los gastos de campaña.

…

Conclusiones finales de la revisión a los informes de ingresos y gastos de campaña a los cargos de Gobernador, diputados locales y presidentes municipales presentados por Morena correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado de Coahuila de Zaragoza.

Monitoreos

Espectaculares y propaganda colocada en la vía pública

7. Morena/COAH. El sujeto obligado omitió registrar el gasto de dos espectaculares valuados en $79,542.72 ($39,771.36+39,771.36)

Tal situación incumple con los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la LGPP y 127, del RF.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 243, numeral 2, inciso a), de la LGIPE, y 192, numeral 1, inciso b), fracción IV del RF, el costo determinado se acumulará a los gastos de campaña.

A su vez, en la resolución impugnada, se determinó lo siguiente:

7. “El sujeto obligado omitió registrar el gasto de dos espectaculares valuados en $79,542.72 ($39,771.36+39,771.36)”

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la presente Resolución y que se detalla en las observaciones de mérito, se hicieron del conocimiento del partido a través del oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de cada conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de cinco días, a partir del momento de la notificación, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara las irregularidades detectadas.

Consecuente con lo anterior, el sujeto obligado no obstante que presentó un escrito de respuesta al oficio de errores y omisiones, la respuesta no fue idónea para subsanar las observaciones.

…

Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto involucrado $79,542.72 (setenta y nueve mil quinientos cuarenta y dos pesos 72/100 M.N.), cantidad que asciende a un total de $119,314.08 (ciento diecinueve mil trescientos catorce pesos 08/100 M.N.)

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer a MORENA, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $119,314.08 (ciento diecinueve mil trescientos catorce pesos 08/100 M.N.).

MORENA sostiene que de forma indebida la Unidad Técnica de Fiscalización refirió dos espectaculares no reportados, a pesar de que en el desahogo del oficio de errores y omisiones se le hizo de su conocimiento que en el Sistema Integral de Fiscalización en la póliza 15, se encontraba la evidencia del gasto reportado con la factura F-1954 que ampara veintiséis espectaculares del candidato a Gobernador, del cual se anexan las evidencias.

Esta Sala Superior considera infundado el motivo de inconformidad, porque contrariamente a lo sostenido por el partido político recurrente, los dos espectaculares controvertidos no fueron registrados mediante la póliza 15, en el Sistema Integral de Fiscalización, tal como se advierte a continuación.

En el Dictamen Consolidado se precisa que derivado del monitoreo efectuado durante el primer periodo, se observaron dieciocho testigos de espectaculares y propaganda colocada en la vía pública que no fueron reportados en el informe respectivo, precisándose los datos siguientes: identificación de los testigos; número de ticket; fecha del testigo; concepto; domicilio y observaciones.

Al efecto, las referidas inconsistencias fueron hechas del conocimiento de MORENA mediante oficio número INE/UTF/DA-F/7395/17, de catorce de mayo del año en curso, recibido por el sujeto obligado el mismo día.

En su oportunidad, MORENA dio respuesta al oficio de errores y omisiones, en el sentido de aclarar que los dieciocho espectaculares observados, fueron registrados en la póliza PI-15, de fecha diecisiete de abril, que comprende la factura 1954 del proveedor Anuncios Impresos S.A. de C.V., en los términos siguientes:

Además de que, el partido político recurrente precisó que todas las muestras y evidencias correspondientes a los espectaculares se adjuntaron a la citada póliza PI-15, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 37, del Reglamento de Fiscalización.

Del Dictamen Consolidado se advierte que la autoridad fiscalizadora, respecto al caso señalado con (2) en la columna “referencia dictamen” constató que las evidencias presentadas no corresponden a las observadas, motivo por el cual MORENA omitió registrar gastos por un anuncio panorámico, al tenor siguiente:

Ahora bien, de la respuesta dada por el partido político recurrente al oficio de errores y omisiones y del Sistema Integral de Fiscalización, se advierte que la póliza 15 I y, la correlativa factura 1954, no incluyen el espectacular determinado por la autoridad responsable y, el cual fue objeto de observación en el indicado oficio.

En la referida póliza aparecen dentro del apartado de evidencias, tanto la factura como diversos testigos de espectaculares, sin que en los conceptos y soportes respectivos aparezca el panorámico ubicado en Gustavo Díaz Ordaz 5,500, Oriente Boulevard Revolución.

Siendo inoperante el planteamiento relativo a que, existe la póliza 62, que ampara la factura 560066 con la renta de dos carteleras en el Boulevard Revolución, dirección en la que encuentra ubicado uno de los espectaculares que en concepto de la autoridad no fue reportado.

Lo anterior es así, porque del Dictamen Consolidado se desprende que el partido político recurrente no hizo mención de la Póliza 62, para efecto de dar respuesta al oficio de errores y omisiones, y lo cual se corrobora con la contestación atinente, es decir, es un elemento que no fue hecho del conocimiento de la autoridad fiscalizadora y, por ende, no puede ser motivo de análisis por este órgano jurisdiccional electoral federal, en razón de que ello implicaría introducir un elemento ajeno a la litis.

Por otra parte, se considera infundado el motivo de inconformidad, mediante el cual MORENA sostiene que son veintiocho carteleras que se reportaron debidamente en el Sistema Integral de Fiscalización, sin embargo la falta de testigos con los que se pudiera identificar qué carteleras son las que argumenta la Unidad Fiscalizadora que no se reportaron, no permite aclarar si se trata de carteleras con una dirección cercana a las reportadas o alguna otra situación que permita identificarlas.

Ello es así, porque en oposición a lo aducido por el partido político recurrente, esta Sala Superior advierte que al notificársele los oficios de errores y omisiones, identificados con los números INE/UTF/DA-F/7395/17 de catorce de mayo del año en curso e  INE/UTF/DA-F/10134/17, de trece de junio, recibidos por el sujeto obligado el mismo día de su fecha, se le hicieron de su conocimiento datos precisos relativos a los espectaculares presuntamente no reportados, entre ellos, su número de identificación y de los testigos respectivos.

Además de que, el partido político recurrente al desahogar los aludidos oficios de errores y omisiones, no hizo valer la falta de datos precisos, respecto de las inconsistencias advertidas y que ello se hubiere traducido en una afectación a su derecho de defensa.

Aunado a que, respecto de un segundo espectacular, MORENA no precisa algún dato específico (póliza o factura), que denote, en primer término, que fue hecho del conocimiento de la autoridad fiscalizadora, así como la evidencia correspondiente del Sistema Integral de Fiscalización, a efecto de que este órgano jurisdiccional electoral federal pudiera estar en condiciones de verificar si fue hecho o no el reporte correspondiente.

En consecuencia, deviene infundado el motivo de disenso.

Conclusión 8. El sujeto obligado omitió registrar el gasto de una inserción en diarios, revistas y medios impresos valuados en $38,666.66 (treinta y ocho mil seiscientos sesenta y seis pesos 66/100 M.N.).

En el Dictamen Consolidado, la autoridad responsable determinó lo siguiente:

Diarios, revistas y medios impresos.

Primer período

• Derivado del monitoreo se observó propaganda que no fue reportada en el informe, como se muestra en el cuadro:

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la observación antes citada fue notificada mediante el oficio núm. INE/UTF/DA-F/7395/17 de fecha 14 de mayo de 2017, recibido por el sujeto obligado el mismo día.

Fecha de vencimiento del oficio de errores y omisiones: 19 de mayo de 2017.

El sujeto obligado dio contestación al oficio de referencia, manifestando lo siguiente:

“Al respecto se presenta la documentación comprobatoria correspondiente a la observación de la autoridad electoral, como documentación adjunta en el Sistema Integral de Fiscalización en el apartado correspondiente. (…).”

La respuesta del sujeto obligado se consideró insatisfactoria, toda vez que aun y cuando manifiesta que la documentación fue presentada en el SIF, esta no fue localizada.

Del análisis realizado a los testigos observados los casos señalados con (1) en la columna de “Referencia Dictamen”, se determinó que en dos casos corresponde a notas periodísticas del su análisis no se identificó evidencia alguna de que las publicaciones hayan sido pagadas por el sujeto obligado, como son: la leyenda “inserción pagada” o el nombre del responsable del pago.

…

Del análisis a los razonamientos realizados por el Tribunal Estatal Electoral de Tamaulipas, no se considera transgresión a la normativa electoral la manifestación de ideas, expresiones u opiniones que, apreciadas en su contexto, aporten elementos que permitan la formación de una opinión pública libre, la consolidación del sistema de partidos y el fomento de una auténtica cultura democrática.

En este sentido, las inserciones en medios impresos observadas no vulneran la normativa electoral, toda vez que corresponden a notas periodísticas e informativas publicadas por las áreas editoriales de los medios impresos que tiene como finalidad la formación de una opinión pública libre, la consolidación del sistema de partidos y el fomento de una auténtica cultura democrática; por tal razón, la observación quedó aclarada.

Sin embargo, respecto del caso señalado con (2), en la columna de “Referencia dictamen”, corresponde a un desplegado en beneficio del candidato a gobernador, por lo cual, la observación en este caso, no quedó atendida.

Esta autoridad procedió a realizar la determinación del costo correspondiente como a continuación se detalla:

Determinación del Costo.

De la matriz de precios que se presenta en el Anexo Único de este dictamen. Se determinó que la factura presentadas por el proveedor que se detalla a continuación, era la que más se ajustaba en términos de unidad de medida, ubicación y demás características, por lo que, se tomó como base para la determinación del costo.

Una vez obtenido el costo por los gastos no reportados, se procedió a determinar el valor de la forma siguiente:

Al omitir reportar gastos por concepto de una inserción en diarios, revistas y medios impresos valuada en $38,666.66 el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la LGPP y 127, del RF. (Conclusión 8 Morena/COAH)

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 243, numeral 2, inciso a), de la LGIPE, y 192, numeral 1, inciso b), fracción IV del RF, el costo determinado se acumulará a los gastos de campaña.

….

Conclusiones finales de la revisión a los informes de ingresos y gastos de campaña a los cargos de Gobernador, diputados locales y presidentes municipales presentados por Morena correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado de Coahuila de Zaragoza

Los errores y omisiones que se reflejan en este dictamen se hacen del conocimiento del Consejo General del INE, en términos de lo establecido en los artículos 443, en relación con el 456, numeral 1, incisos a), de la LGIPE

Gobernador

Diarios, revistas y medios impresos

8. Morena/COAH. El sujeto obligado omitió registrar el gasto de una inserción en diarios, revistas y medios impresos valuados en $38,666.66.

Tal situación incumple con los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la LGPP y 127, del RF.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 243, numeral 2, inciso a), de la LGIPE, y 192, numeral 1, inciso b), fracción IV del RF, el costo determinado se acumulará a los gastos de campaña.

A su vez, en la resolución impugnada, se determinó lo siguiente:

8. “El sujeto obligado omitió registrar el gasto de una inserción en diarios, revistas y medios impresos valuados en $38,666.66”

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la presente Resolución y que se detalla en las observaciones de mérito, se hicieron del conocimiento del partido a través del oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de cada conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de cinco días, a partir del momento de la notificación, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara las irregularidades detectadas.

Consecuente con lo anterior, el sujeto obligado no obstante que presentó un escrito de respuesta al oficio de errores y omisiones, la respuesta no fue idónea para subsanar las observaciones.

…

Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto involucrado $38,666.66 (treinta y ocho mil seiscientos sesenta y seis pesos 66/100 M.N.), cantidad que asciende a un total de $57,999.99 (cincuenta y siete mil novecientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.)

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer a MORENA, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $57,999.99 (cincuenta y siete mil novecientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.).

MORENA sostiene que la autoridad responsable contraviene el principio de exhaustividad, toda vez que no revisó el registro en el Sistema Integral de Fiscalización, en razón de que los servicios de audio y video de los materiales que se precisan a continuación, se encuentran respaldados por el número de póliza 17, que sustenta la factura F-631 ALFONSO LOPEZ-PRODUCCIÓN MATERIAL AUDIOVISUAL.

Esta Sala Superior considera inoperante el motivo de disenso, formulado por MORENA, toda vez que de la revisión integral del Dictamen Consolidado y de la resolución impugnada, no se advierte que con motivo de la conclusión 8, la autoridad responsable le haya impuesto una sanción, por la infracción consistente en la omisión de registrar en el Sistema Integral de Fiscalización, diversos servicios de audio y video.

Lo anterior es así, porque la conclusión 8, se encuentra directamente vinculada con la conducta infractora, consistente en que el partido político recurrente omitió reportar gastos por concepto de una inserción en diarios, revistas y medios impresos valuada en $38,666.66, incumpliendo de tal forma lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127, del Reglamento de Fiscalización.

Esto es, en la referida conclusión 8, no se hace mención, respecto de la presunta omisión de MORENA de registrar en el Sistema Integral de Fiscalización, diversos servicios de audio y video.

Asimismo, no pasa desapercibido para esta Sala Superior que, en la conclusión 9, la autoridad responsable determinó que MORENA omitió registrar los gastos detectados en el monitoreo de internet y redes sociales por concepto de producción de 27 (veintisiete) videos (23 –veintitrés- más 4 –cuatro-), valuados en $469,800.00 (cuatrocientos sesenta y nueve mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) - $400,200.00 (cuatrocientos mil doscientos pesos + 69,600.00 (sesenta y nueve mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), por lo que incumplió con lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127, del Reglamento de Fiscalización.

En tal orden de ideas, esta Sala Superior considera infundado el motivo de inconformidad, relativo a que la autoridad fiscalizadora contraviene el principio de exhaustividad, toda vez que no revisó el registro en el Sistema Integral de Fiscalización, en razón de que los servicios de audio y video de los materiales que se precisan a continuación, se encuentran respaldados por el número de póliza 17, que sustenta la factura F-631 ALFONSO LOPEZ-PRODUCCIÓN MATERIAL AUDIOVISUAL.

Lo anterior es así, porque del Dictamen Consolidado no se advierte que, al dar respuesta a los oficios de errores y omisiones emitidos por la Unidad Técnica de Fiscalización (INE/UTF/DA-F/7395/17, de catorce de mayo e INE/UTF/DA-F/10134/17 de trece de junio de 2017, mediante los cuales se comunicaron las referidas inconsistencias, el partido político recurrente hubiere hecho mención particular de la referida póliza 17, en tanto que sus respuestas fueron genéricas, en los siguientes términos:

Oficio INE/UTF/DA-F/7395/17.

“Al respecto se presenta la documentación comprobatoria correspondiente a la observación de la autoridad electoral, como documentación adjunta en el Sistema Integral de Fiscalización en el apartado correspondiente”.

Oficio INE/UTF/DA-F/10134/17

“Se presenta mediante el sistema integral de fiscalización los registros contables con su documentación soporte de los gastos señalados por la autoridad electoral, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, numeral 1, inciso a), 37, 38, 46, 74, numeral 1, 96, numeral 1, 105, 106, 107, numerales 1 y 3, 126, 127, 215, 237, 243 y 246, numeral 1, inciso e) del RF. (…).”

Esto es, bajo ninguna circunstancia el partido político recurrente hizo alusión a la mencionada póliza 17, para efecto de justificar las erogaciones por la producción de videos, al limitarse a realizar planteamientos genéricos.

Por otro lado, deviene inoperante el motivo de disenso relativo a que se contabilizan videos tomados con celular los cuales no requieren más que la voluntad de militantes y simpatizantes para grabar al candidato en sus eventos y, sin embargo, la autoridad electoral les impuso un costo de producción, como si fuera un material planeado, con pre y post producción, por lo que es improcedente la multa impuesta a MORENA.

Lo anterior es así, porque como ya se precisó la conclusión 8 se encuentra relacionada con gastos no reportados por inserciones en diarios, revistas y medios impresos y, no con videos, por lo que no existe relación alguna entre la falta sancionada y el agravio formulado por el partido político recurrente.

Conclusión 11. El sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de servicio de Facebook y servicios por la realización de eventos por $616,944.50 (seiscientos dieciséis mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 50/100 M.N.) $93,250.60 (noventa y tres mil doscientos cincuenta pesos 60/100 M.N.) + $523,693.90 (quinientos veintitrés mil seiscientos noventa y tres pesos 90/100 M.N.)

En el Dictamen Consolidado, la autoridad fiscalizadora determinó lo siguiente:

d.    Confirmaciones con terceros

Derivado de la revisión a la información presentada por los sujetos obligados en la revisión de los Informes de Campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 199, numeral 1, inciso e) de la LGIPE, en relación con el numeral 331 del RF, la UTF llevó a cabo la solicitud de información sobre la veracidad de los comprobantes que soportan los ingresos y gastos reportados por los sujetos obligados, requiriendo a los aportantes y proveedores que confirmaran o rectificaran las operaciones efectuadas; sin embargo, al llevarse a cabo las compulsas correspondientes para comprobar la autenticidad de las operaciones de acuerdo a los procedimientos de auditoría a la fecha de elaboración del presente oficio, la autoridad electoral determinó lo siguiente:

…

Proveedores

      Derivado de los procedimientos de auditoria y con fundamento en los artículos 331 y 332 del RF, la UTF llevó a cabo la solicitud de información sobre las operaciones de los gastos reportados, requiriendo a los proveedores y prestadores de servicios que confirmaran o rectificaran las operaciones efectuadas. De lo anterior se desprenden las siguientes solicitudes:

Nota: S/R Sin respuesta.

Respecto de los proveedores señalados con (1), en la columna de “referencia”, a la fecha de elaboración del presente dictamen no habían dado respuesta.

En relación con los proveedores señalados con (2), en la columna de “referencia”, manifestaron haber celebrado operaciones con el sujeto obligado confirmando la existencia de facturas; sin embargo, se determinó que existen diferencias con lo reportado por el sujeto obligado, los casos en comento son los siguientes:

En consecuencia, al omitir gastos por concepto de Facebook y servicio de realización de eventos por $616,944.50, el sujeto obligado reportó operaciones por un monto menor al confirmado por dos proveedores, por lo que incumplió con los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la LGPP, y 127 del RF. (Conclusión 11 Morena/COAH)

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 243, numeral 2, inciso a), de la LGIPE, y 192, numeral 1, inciso b), fracción IV del RF, el costo determinado se acumulará a los gastos de campaña.

…

Conclusiones finales de la revisión a los informes de ingresos y gastos de campaña a los cargos de Gobernador, diputados locales y presidentes municipales presentados por Morena correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado de Coahuila de Zaragoza

Los errores y omisiones que se reflejan en este dictamen se hacen del conocimiento del Consejo General del INE, en términos de lo establecido en los artículos 443, en relación con el 456, numeral 1, incisos a), de la LGIPE

Gobernador

Confirmaciones con terceros

11. Morena/ COAH. El sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de servicio de Facebook y servicios por la realización de eventos por un monto de $616,944.50 ($93,250.60+$523,693.90).

Tal situación incumple con los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de LGPP y 127, numeral 1 del RF

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 243, numeral 2, inciso a), de la LGIPE, y 192, numeral 1, inciso b), fracción IV del RF, el costo determinado se acumulará a los gastos de campaña.

A su vez, en la resolución impugnada, se determinó lo siguiente:

11. “El sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de servicio de Facebook y servicios por la realización de eventos por un monto de $616,944.50 ($93,250.60+$523,693.90)”

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la presente Resolución y que se detalla en las observaciones de mérito, se hicieron del conocimiento del partido a través del oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de cada conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de cinco días, a partir del momento de la notificación, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara las irregularidades detectadas.

Consecuente con lo anterior, el sujeto obligado no obstante que presentó un escrito de respuesta al oficio de errores y omisiones, la respuesta no fue idónea para subsanar las observaciones.

…

Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto involucrado $616,944.50 (seiscientos dieciséis mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 50/100 M.N.), cantidad que asciende a un total de $925,416.75 (novecientos veinticinco mil cuatrocientos dieciséis pesos 75/100 M.N.)

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer a MORENA, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $925,416.75 (novecientos veinticinco mil cuatrocientos dieciséis pesos 75/100 M.N.).

MORENA sostiene que en forma indebida la autoridad fiscalizadora determinó en el Dictamen Consolidado que se reportaron menos gastos que los confirmados por los proveedores quienes manifestaron haber celebrado operaciones con el sujeto obligado, confirmando la existencia de facturas. Sin embargo, la autoridad responsable determinó que existen diferencias con lo reportado por el sujeto obligado, siendo los casos en comento, los siguientes:

MORENA aduce que, del reporte contable adquirido del Sistema Integral de Fiscalización, se advierte que del proveedor Mariano Flores Jiménez, el gasto reportado y debidamente requisitado, asciende a $1,671,525.20 (un millón seiscientos setenta y un mil quinientos veinticinco pesos 20/100 M.N.), tal como se advierte a continuación:

Esta Sala Superior considera infundado el motivo de disenso, porque contrariamente a lo aducido por el partido político recurrente, no se advierte que la referida tabla en la que pretende basarse para evidenciar el supuesto proceder indebido de la autoridad responsable, haya sido presentada como un anexo (en versión física o electrónica), ante la autoridad fiscalizadora, para efecto de acreditar que, en su oportunidad realizó los registros de las erogaciones derivadas de su relación contractual con el proveedor Mariano Jiménez Flores, mediante las pólizas y facturas atinentes en el Sistema Integral de Fiscalización y, que por ende, no existen diferencias con respecto a los montos informados por el citado proveedor.

Al efecto, en el Dictamen Consolidado, en el apartado de Confirmaciones con terceros, con motivo de los procedimientos de auditoria y con fundamento en los artículos 331 y 332 del Reglamento de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización llevó a cabo la solicitud de información sobre las operaciones de los gastos reportados, requiriendo a los proveedores y prestadores de servicios que confirmaran o rectificaran las operaciones efectuadas.

Al respecto, la autoridad fiscalizadora formuló las siguientes solicitudes:

Asimismo, la autoridad fiscalizadora refiere que respecto de los proveedores señalados con el apartado (2), manifestaron haber celebrado operaciones con el sujeto obligado confirmando la existencia de facturas; sin embargo, se determinaron diferencias con lo reportado por el sujeto obligado, siendo los casos en comento los siguientes: