RECURSO DE APELACIÓN

 

EXPEDIENTE: SUP-RAP-269/2009

 

ACTOR: PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 

 

MAGISTRADA PONENTE: MARÍA DEL CARMEN ALANIS FIGUEROA

 

SECRETARIO: ALEJANDRO DAVID AVANTE JUÁREZ

 

México, Distrito Federal, a veintitrés de septiembre de dos mil nueve.

 

 

VISTOS, para resolver los autos del expediente al rubro citado, relativo al recurso de apelación interpuesto por el Partido Socialdemócrata, en contra de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, para controvertir la resolución JGE76/2009, de veintiuno de agosto de dos mil nueve, por el que se emite la declaratoria de pérdida de registro del Partido Socialdemócrata, por no haber obtenido por lo menos el dos por ciento de la votación emitida en la elección federal ordinaria para Diputados por ambos principios, celebrada el cinco de julio de dos mil nueve, y

 

R E S U L T A N D O

 

I. Antecedentes. De la narración de los hechos vertidos en el escrito de demanda, así como de las constancias que obran en el expediente, se desprende lo siguiente:

 

1. Obtención de registro como Partido Político Nacional. Mediante acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, emitido el catorce de julio de dos mil cinco, Alternativa Socialdemócrata y Campesina obtuvo su registro como Partido Político Nacional.

 

2. Modificación a la denominación del partido. El Consejo General del Instituto Federal Electoral, aprobó la modificación de la denominación del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina en dos ocasiones, la primera como Alternativa Socialdemócrata, en sesión extraordinaria celebrada el veintiuno de junio de dos mil siete; y la segunda, como Partido Socialdemócrata, el veintinueve de septiembre de dos mil ocho.

 

3. Inicio del procedimiento electoral. El tres de octubre de dos mil ocho, el Consejo General del Instituto Federal Electoral declaró formalmente iniciado el procedimiento electoral para renovar la integración de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

 

4. Jornada electoral. El cinco de julio del año que transcurre, se llevó a cabo la jornada electoral correspondiente a la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa en los trescientos distritos electorales uninominales y por el principio de representación proporcional en las cinco circunscripciones plurinominales del país.

 

5. Resultados definitivos de la elección. Acorde con los datos proporcionados por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto Federal Electoral, mediante oficio DEOE/801/2009 de veinte de agosto de dos mil nueve, los resultados de la elección de Diputados Federales por el principio de mayoría relativa y representación proporcional, son los siguientes:

 

MAYORÍA RELATIVA

PARTIDO POLÍTICO O COALICIÓN

VOTACIÓN FINAL

VOTACIÓN

PORCENTAJE

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

9,679,434

28.0073282

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

12,765,944

36.9381085

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

4,217,981

12.2046783

PARTIDO DEL TRABAJO

1,264,234

3.6580462

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

2,318,143

6.7075194

CONVERGENCIA

851,604

2.4641061

 

PARTIDO NUEVA ALIANZA

1,181,849

3.4196661

 

PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA

357,005

1.0329898

VOTOS NULOS

1,867,748

5.4043068

CANDIDATOS NO REGISTRADOS

56,420

0.1632506

TOTAL

34,560,362

100%

 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

PARTIDO POLÍTICO O COALICIÓN

VOTACIÓN FINAL

VOTACIÓN

PORCENTAJE

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

9,714,180

28.0125224

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

12,809,395

36.9381116

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

4,228,623

12.193968

PARTIDO DEL TRABAJO

1,268,151

3.6569333

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

2,326,045

6.707554

CONVERGENCIA

854,311

2.46355

 

PARTIDO NUEVA ALIANZA

1,186,875

3.42256

 

PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA

358,485

1.03375

VOTOS NULOS

1,875,107

5.4071962

CANDIDATOS NO REGISTRADOS

56,819

0.1638

TOTAL

34,677,991

100%

 

6. Acto impugnado. El veintiuno de agosto de dos mil nueve, la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral emitió el acuerdo JGE76/2009, por el que emite la declaratoria de pérdida de registro del Partido Socialdemócrata, por no haber obtenido por lo menos el dos por ciento de la votación emitida en la elección federal ordinaria para Diputados por ambos principios, celebrada el cinco de julio de dos mil nueve al tenor de lo siguiente:

 

 

“RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR EL QUE SE EMITE LA DECLARATORIA DE PÉRDIDA DE REGISTRO DEL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA, POR NO HABER OBTENIDO POR LO MENOS EL DOS POR CIENTO DE LA VOTACIÓN EMITIDA EN LA ELECCIÓN FEDERAL ORDINARIA PARA DIPUTADOS POR AMBOS PRINCIPIOS, CELEBRADA EL CINCO DE JULIO DE DOS MIL NUEVE.

 

ANTECEDENTES

 

I. Alternativa Socialdemócrata y Campesina obtuvo su registro como Partido Político Nacional, ante el Instituto Federal Electoral, con fecha catorce de julio de dos mil cinco, surtiendo sus efectos el primero de agosto del mismo año. Asimismo, el Consejo General de este Instituto, aprobó la modificación de la denominación de dicho partido en dos ocasiones: la primera como Alternativa Socialdemócrata, en sesión extraordinaria celebrada el veintiuno de junio de dos mil siete; y la segunda, como Partido Socialdemócrata, el veintinueve de septiembre de dos mil ocho. En tal virtud, el partido político mencionado participó, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral federal ordinario correspondiente al año dos mil nueve, y ejerció su derecho a postular candidatos a diputados por ambos principios.

 

II. De acuerdo con lo dispuesto por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cinco de julio de dos mil nueve se celebraron elecciones ordinarias federales para elegir diputados por ambos principios. En ellas participaron las coaliciones “Primero México” y “Salvemos a México”, así como los siguientes partidos políticos nacionales: Acción Nacional; Revolucionario Institucional; de la Revolución Democrática; del Trabajo; Verde Ecologista de México; Convergencia; Nueva Alianza y Socialdemócrata.

 

III. Con fecha diecinueve de agosto de dos mil nueve el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió los medios de impugnación interpuestos por los partidos políticos y las coaliciones, respecto a los resultados de la elección federal realizada el cinco de julio de dos mil nueve.

 

IV. En sesión extraordinaria de fecha veintiuno de agosto de dos mil nueve, el Consejo General de este Instituto, efectuó el cómputo total y declaró la validez de la elección de diputados por el principio de representación proporcional.

 

V. Los resultados y porcentajes definitivos obtenidos por los partidos políticos participantes en el proceso electoral federal de dos mil nueve, de acuerdo con los datos proporcionados por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, mediante oficio DEOE/801/2009 de fecha veinte de agosto de dos mil nueve, por el que fueron remitidos los resultados de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa y por el principio de representación proporcional, son los siguientes:

 

MAYORIA RELATIVA

 

PARTIDO POLITICO O COALICION

VOTACION

PORCENTAJE

PARTIDO ACCION NACIONAL

9,679,434

28.0073282

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

12,765,944

36.9381085

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA

4,217,981

12.2046783

PARTIDO DEL TRABAJO

1,264,234

3.6580462

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO

2,318,143

6.7075194

CONVERGENCIA

851,604

2.4641061

NUEVA ALIANZA

1,181,849

3.4196661

PARTIDO SOCIALDEMOCRATA

357,005

1.0329898

VOTOS NULOS

1,867,748

5.4043068

CANDIDATOS NO REGISTRADOS

56,420

0.1632506

TOTAL

34,560,362

100%

 

REPRESENTACION PROPORCIONAL

 

PARTIDO POLITICO O COALICION

VOTACION

PORCENTAJE

PARTIDO ACCION NACIONAL

9,714,180

28.0125224

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

12,809,395

36.9381116

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA

4,228,623

12.193968

PARTIDO DEL TRABAJO

1,268,151

3.6569333

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO

2,326,045

6.707554

CONVERGENCIA

854,311

2.46355

NUEVA ALIANZA

1,186,875

3.42256

PARTIDO SOCIALDEMOCRATA

358,485

1.03375

VOTOS NULOS

1,875,107

5.4071962

CANDIDATOS NO REGISTRADOS

56,819

0.1638

TOTAL

34,677,991

100%

 

En virtud de los antecedentes descritos; y

 

CONSIDERANDO

 

1. Que de acuerdo con el artículo 41, párrafo segundo, base V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 104, párrafo 1; y 105, párrafo 2, ambos del Código de la materia, el Instituto Federal Electoral es un organismo público autónomo, cuya función estatal es la organización de las elecciones federales y en la que tiene como principios rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

 

2. Que de acuerdo con los cómputos efectuados por el Instituto Federal Electoral y con las resoluciones emitidas en última instancia por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los Consejos de este Instituto declararon la validez de las elecciones ordinarias para diputados por ambos principios.

 

2. Que conforme a lo señalado por el artículo 32, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al partido político que no obtenga por lo menos el dos por ciento de la votación en alguna de las elecciones federales ordinarias para Diputados, Senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, le será cancelado el registro y perderá todos los derechos y prerrogativas que establece el propio código.

 

3. Que el artículo 101, párrafo 1, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece como causal de pérdida de registro de un partido político nacional, el “no obtener en la elección federal ordinaria inmediata anterior, por lo menos el dos por ciento de la votación emitida en alguna de las elecciones para diputados, senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos (…)”.

 

4. Que el Partido Socialdemócrata no alcanzó cuando menos el dos por ciento de la votación emitida en la elección de diputados por ambos principios, según se desprende de los cómputos nacional y distritales y de las resoluciones que en última instancia emitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo que se colocan en el supuesto establecido en el artículo 101, párrafo 1, inciso b) en relación con el numeral 32, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

 

5. Que conforme a lo previsto por los artículos 102, párrafo 1; y 122, párrafo 1, inciso o) del ordenamiento legal invocado, la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, cuenta con la atribución de emitir la declaratoria de pérdida de registro de los partidos políticos nacionales.

 

En atención a los antecedentes y considerandos expresados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 41, párrafo segundo, base V, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 32, párrafo 1; y 102, párrafo 1; 104, párrafo 1; y 105, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en los resultados de los cómputos y declaraciones de validez respectivas de los Consejos General y Distritales del Instituto Federal Electoral y en las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitidas en última instancia; y en ejercicio de la atribución que le confieren los numerales 101 párrafo 1, inciso b); y 122, párrafo 1, inciso o), del mencionado código, la Junta General Ejecutiva emite la siguiente:

 

RESOLUCIÓN

 

PRIMERO.- Se declara la pérdida de registro como partido político nacional, del Partido Socialdemócrata, en virtud de que al no haber obtenido el dos por ciento de la votación emitida en las elecciones federales del cinco de julio de dos mil nueve, se ubicó en la causal prevista en el numeral 101, párrafo 1, inciso b), en relación con lo dispuesto por el artículo 32, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

 

SEGUNDO.- En consecuencia, a partir del día siguiente a la aprobación de la presente Resolución, el Partido Socialdemócrata pierde todos los derechos y prerrogativas que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 36 y 48 del código arriba citado.

 

TERCERO.- El Partido Socialdemócrata queda obligado a presentar los informes a que se refiere el artículo 83 del código electoral, así como las aclaraciones pertinentes al respecto, por el tiempo que les fue ministrado financiamiento público.

 

CUARTO.- Notifíquese al Partido Socialdemócrata e inscríbase la presente Resolución que declara la pérdida de registro, en el libro correspondiente.

 

QUINTO.- La presente Resolución hágase del conocimiento de los integrantes del Consejo General, a través del Secretario del mismo, y notifíquese a todas y cada una de las Juntas Ejecutivas Locales y Distritales del Instituto, para los efectos a que haya lugar.

 

SEXTO.- Dese vista a la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales para efecto de lo establecido en los artículos 81, párrafo 1, inciso m), en relación con el artículo 103 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en lo señalado en el Reglamento para la liquidación y destino de los bienes de los Partidos Políticos Nacionales que pierdan o les sea cancelado su Registro ante el Instituto Federal Electoral.

 

SEPTIMO.- Comuníquese la presente Resolución a los órganos electorales estatales, para los efectos legales conducentes.

 

OCTAVO.- Publíquese la presente Resolución en el Diario Oficial de la Federación.

 

 

Tal determinación fue notificada al partido en liquidación recurrente el veinticinco de agosto del año en curso.

 

II. Recurso de apelación. El treinta y uno de agosto de dos mil nueve, el Partido Socialdemócrata, interpuso recurso de apelación para controvertir la resolución citada en el resultando inmediato anterior.

 

III. Trámite. El cuatro de septiembre del año en curso, en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior se recibió el oficio número SE/2057/2009, de misma fecha, a través del cual, el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral remitió, entre otros documentos, el expediente número ATG-252/2009, el escrito inicial de demanda, así como el informe circunstanciado.

 

IV. Turno. Por acuerdo de esa misma fecha, la Magistrada Presidenta de esta Sala Superior, determinó turnar a la Ponencia a su cargo, para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el expediente identificado con la clave SUP-RAP-269/2009.

 

V. Admisión. Mediante auto de once de septiembre del año en curso, la Magistrada instructora admitió la demanda del recurso de apelación.

 

VI. Cierre de instrucción. Por proveído de veintidós de septiembre del año en curso, en virtud de no existir algún trámite pendiente de realizar, la Magistrada Instructora declaró cerrada la instrucción, con lo cual el asunto quedó en estado de resolución, ordenando elaborar el proyecto respectivo, y

 

C O N S I D E R A N D O

 

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver el medio de impugnación al rubro indicado, con fundamento en los artículos 41, párrafo segundo, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso a), y 189, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 40, párrafo 1, inciso b), y 44, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un recurso de apelación promovido por un partido político en liquidación, para controvertir la resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral  que determina la cancelación de su registro.

 

SEGUNDO. Procedencia. El recurso que se resuelve reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 8, párrafo 1; 9, párrafo 1; 13, párrafo 1, inciso a), fracción I; 40, párrafo 1, inciso b), y 45, párrafo 1, inciso a) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, como enseguida se demuestra.

 

Forma. El medio de impugnación se presentó por escrito ante la autoridad responsable, haciéndose constar el nombre del actor, su domicilio para oír y recibir notificaciones, así como a las personas autorizadas para tal efecto. De igual forma, se identifican el acto impugnado y la autoridad responsable; se mencionan los hechos en que se sustenta la impugnación, los agravios que causa el acto impugnado y los preceptos presuntamente violados; se ofrecen pruebas y se hacen constar tanto el nombre como la firma autógrafa de los promoventes.

 

Oportunidad. Se satisface este requisito de procedibilidad, toda vez que la resolución impugnada se notificó al partido recurrente el veinticinco de agosto del año en curso, en tanto que la demanda se presentó el treinta y uno de agosto siguiente, por lo que resulta inconcuso que la demanda fue presentada dentro del plazo legal de cuatro días hábiles previsto en el artículo 8° de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

 

Lo anterior es así, dado que no se deben computar en el plazo los días sábado veintinueve y domingo treinta de agosto por ser considerados inhábiles en términos del punto primero del ACUERDO GENERAL DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN NÚMERO 3/2008, DE TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL OCHO, RELATIVO A LA DETERMINACIÓN DE LOS DÍAS INHÁBILES, PARA LOS EFECTOS DEL CÓMPUTO DE LOS PLAZOS PROCESALES EN LOS ASUNTOS JURISDICCIONALES COMPETENCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL, toda vez que la controversia planteada no guarda relación con el procedimiento electoral federal.

 

Legitimación. El recurso de apelación en que se actúa fue interpuesto por el Partido Socialdemócrata, en su calidad de partido político nacional, lo que resulta suficiente para tenerlo por legitimado para interponer el recurso que se resuelve.

 

No es óbice a lo anterior, el hecho de que al momento de la interposición del registro tenga cancelado su registro como partido político nacional, dado que precisamente el acto reclamado es el que determinó la cancelación de ese registro, por lo que sustentar su improcedencia sobre la base de que no tiene tal calidad, implicaría incurrir en la falacia lógica de petición de principio.

 

Asimismo, se debe tener presente que el Reglamento para Liquidación y destino de los bienes de los Partidos Políticos Nacionales que pierdan o les sea cancelado su registro ante el Instituto Federal Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de agosto de dos mil ocho, en su artículo 10 precisa que el partido político que hubiere perdido su registro se pondrá en liquidación y sólo subsistirá con personalidad jurídica para el cumplimiento de las obligaciones contraídas que obtuvo hasta la fecha en que quede firme la resolución que apruebe la pérdida del registro, de ahí que se considere que cuenta con legitimación para controvertir la resolución reclamada.

 

Personería. Jorge Carlos Díaz Cuervo y Miguel Medardo González Compeán, cuentan con personería para promover el medio impugnativo que se resuelve a nombre y representación del Partido Socialdemócrata, dado que de las constancias de autos, se acredita que el primeramente mencionado, tiene la calidad de presidente del Comité Ejecutivo Nacional del citado instituto político, mientras que el segundo es representante propietario ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral del mismo, por lo que se colman los extremos de personería previstos en el artículo 13, párrafo 1, inciso a) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

 

Definitividad. Se satisface este requisito de procedibilidad, en atención a que la resolución reclamada no admite medio de defensa alguno que deba ser agotado previamente a la interposición del recurso de apelación que se resuelve.

 

Toda vez que esta Sala Superior no advierte, de oficio, que se actualice causa de improcedencia alguna, procede al estudio de fondo de los agravios que expresa la parte actora.

 

TERCERO. Agravios. Los agravios expresados por el Partido Socialdemócrata son del tenor siguiente:

 

“AGRAVIOS Y PRECEPTOS VIOLADOS.

 

PRIMER AGRAVIO. Causa agravio a nuestra representada el contenido del punto segundo de la resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, por el que se emite la declaratoria de pérdida de registro del Partido Socialdemócrata, por no haber obtenido por lo menos el dos por ciento de la votación emitida en la elección federal ordinaria para diputados por ambos principios, celebrada el cinco de julio de dos mil nueve, identificada con la clave JGE76/2009 que señala: ‘En consecuencia, a partir del día siguiente a la aprobación de la presente resolución, el Partido Socialdemócrata pierde todos los derechos y prerrogativas que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 36 y 48 del código arriba citado’.

 

FUENTE DEL AGRAVIO: El punto segundo de la resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral por el que se emite la declaratoria de pérdida de registro del Partido Socialdemócrata, por no haber obtenido por lo menos el dos por ciento de la votación emitida en la elección federal ordinaria para diputados por ambos principios, celebrada el cinco de julio de dos mil nueve, identificada con la clave JGE76/2009, aprobada en sesión extraordinaria de dicho órgano colegiado celebrada el 21 de agosto de 2009.

 

CONCEPTOS DE AGRAVIO Y PRECEPTOS VIOLADOS:

 

Causa agravio a nuestra representada el punto segundo de la resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral que se combate con este recurso; lo anterior en virtud de que dicho resolutivo es claramente violatorio de las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales y del principio de legalidad electoral a que se refiere la fracción VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pues, al dictar sus resoluciones las autoridades electorales se encuentran obligadas a emitirlas, fundarlas y motivarlas conforme a lo que dispongan las leyes aplicables al caso concreto, sobre todo cuando la resolución implique un acto de molestia, como el acto de autoridad que se impugna, porque afecta los derechos y las prerrogativas de nuestra representada, consagrados en el artículo 41 constitución base II, particularmente en la infundada determinación de la pérdida inmediata del derecho al financiamiento público ya otorgado para el año 2009, sin señalar o tener fundamento constitucional para hacerlo.

 

El artículo 41, Base II, de nuestra constitución, lejos de ordenar la confiscación inmediata del financiamiento público asignado y aun no ejercido por el partido político, garantiza al partido político contar con recursos para llevar a cabo sus actividades, entre las cuales debe de incluirse el proceso de liquidación de las obligaciones de dicho partido.

 

De conformidad con la fracción a) de la Base II del mismo artículo 41, que la letra dice:

 

Se trascribe.

 

Se observa que el constituyente ordena que los partidos políticos siempre cuenten con financiamiento público para pagar sus actividades ordinarias mediante un presupuesto anual.

 

Aquí radica la violación fundamental de la resolución impugnada, en la cual el supuesto conflicto entre artículo 32 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y el artículo 41, base II, fracción a), de la Constitución, con el que la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral pretende fundamentar el despojo al Partido Socialdemócrata de las ministraciones correspondientes al periodo de septiembre a diciembre de 2009, las cuales forman parte del presupuesto aprobado por el Congreso de la Unión para este mismo año, como consta en el diario oficial del 28 de febrero de 2009.

 

La responsable no funda el resolutivo impugnado en ningún precepto constitucional, solamente se refiere al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, artículo 32, primer párrafo, que a la letra dice:

 

Se transcribe.

 

Como se puede constatar, este artículo no señala en qué momento se pierden los derechos y prerrogativas, ni especifica cuáles prerrogativas son las que se pierden: el financiamiento público que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y que ha sido parcialmente ministrado, o el que corresponderá al año 2010, que será determinado como resultado de esta última elección.

 

La única forma correcta de entender el primer párrafo del artículo 32 anteriormente señalado, en el contexto que nos ocupa, es aquella que se refiere a la pérdida del derecho al financiamiento público correspondiente a ejercicios presupuestales posteriores, es decir, de 2010 en adelante. En consecuencia, las ministraciones correspondientes al periodo de septiembre a diciembre de este año, que forman parte del presupuesto analizado, fijado y otorgado por el Congreso para financiar a los partidos políticos en el año 2009, deben ser entregadas en las fechas y montos programados y aprobados originalmente por el Consejo General del Instituto Federal Electoral.

 

El financiamiento público para los partidos políticos que cuenten con el registro correspondiente ante el Instituto Federal Electoral es un derecho de naturaleza anual, razón por la cual el Congreso de la Unión aprueba anualmente un presupuesto para este fin, mismo que se publica en el Diario Oficial de la Federación en febrero de cada año. El propósito del constituyente al otorgarlo es garantizar que los partidos políticos registrados a una fecha previa a dicho presupuesto, cuenten con los recursos financieros para sufragar sus actividades ordinarias y liquidar sus obligaciones.

 

Confirmando lo anterior, el artículo 78 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, que será determinado de forma anual, siendo este entregado mediante ministraciones mensuales conforme a un calendario presupuestal.

 

Lo anterior pone de manifiesto el grave error en el que incurre la responsable al interpretar erróneamente el primer párrafo del artículo 32 y suponer que la suspensión de prerrogativas se refiere a las ministraciones remanentes y previamente aprobadas por el Congreso de la Unión para financiar las actividades del partido político, del periodo de septiembre a diciembre de este año. El financiamiento público que suspende el primer párrafo del artículo 32 es el que corresponde al siguiente ejercicio presupuestal es decir, al 2010, en adelante, que es aquél al que el partido político hubiera tenido derecho a recibir si no hubiera perdido su registro al término del proceso electoral del 5 de julio del año en curso.

 

La responsable involucra una ley inferior para modificar la Constitución con el objeto de privar al Partido Socialdemócrata de su derecho constitucional al financiamiento público que ya le fue otorgado

 

Es de primordial importancia recordar y señalar que: (a) de conformidad con la votación nacional alcanzada por el partido en las elecciones federales inmediatas anteriores, a las del 5 de julio de 2009, el partido obtuvo para el año 2009, la asignación presupuestal de $142’832,372.14 (ciento cuarenta y dos millones ochocientos treinta y dos mil trescientos setenta y dos pesos 14/100) de financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, lo que fue publicado en el diario oficial con fecha 23 de febrero de 2009; (b) de esta cantidad el partido solamente ha recibido ocho ministraciones hasta el mes de agosto, consecuentemente faltan por entregársele cuatro ministraciones correspondientes al periodo de septiembre a diciembre del año en curso, por lo que hasta entonces se cumpliría con lo dispuesto, aprobado y publicado en el Diario Oficial.

 

En apoyo de esta tesis cabe citar el último párrafo de la Base II del 41 constitucional, el que señala que: ‘La Ley establecerá el procedimiento para la liquidación de las obligaciones de los partidos que pierdan su registro y los supuestos en los que sus bienes y remanentes serán adjudicados a la Federación’.

 

Dicho dispositivo se refiere la liquidación de obligaciones del partido que haya perdido su registro y la adjudicación, únicamente la cantidad remanente a la Federación.

 

El procedimiento de liquidación de obligaciones se norma en el artículo 103 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismo que en su párrafo 1, inciso d), fracción VI, señala:

 

Se transcribe

 

El procedimiento arriba señalado presupone una secuencia lógica de eventos: primero se cuenta con las prerrogativas previamente aprobadas por el Congreso de la Unión; segundo, se dispone de los bienes del partido y se liquidan las obligaciones contraídas por el partido político que perdió su registro y, tercero, se adjudica el remanente (en caso de haberlo) a la Federación. De otra manera, el constituyente hubiera dispuesto explícitamente que el saldo no dispuesto del presupuesto anual de financiamiento aprobado para el partido que perdió su registro en la última elección, fuese adjudicado inmediatamente a la Federación al momento de conocerse la cancelación del registro de dicho partido.

 

Es importante señalar que de acuerdo con los términos que señala el reglamento para liquidación y destino de los bienes de los partidos políticos nacionales que pierdan o les sea cancelado su registro ante el Instituto Federal Electoral, el partido político en liquidación tiene que seguir en operación por un periodo mayor a 6 meses.

 

Además debe preguntarse cómo podría cumplir el partido con las obligaciones adquiridas sin recibir las ministraciones del presupuesto anual que le fue previamente aprobado.

 

Otra manera de demostrar la improcedencia de esta la interpretación del primer párrafo del artículo 32 que le ha dado la Junta General Ejecutiva en el punto segundo de su resolución impugnada, es considerar el caso de los partidos que incrementaron su votación en la elección federal que recién ocurrió el 5 de julio de este año. Si la interpretación anterior fuese la correcta, cabría razonablemente plantear que esos partidos deberían entonces recibir un aumento inmediato en sus ministraciones remanentes correspondientes a 2009, a partir de la fecha en que quedó firme el cómputo del proceso electoral del 5 de julio de este año. Interpretar lo contrario sería violatorio al principio de igualdad jurídica que también consagra nuestra Constitución, y claramente asimétrico.

 

Finalmente, debe considerarse que la autoridad administrativa, no judicial que pretende despojar al Partido Socialdemócrata de su derecho a recibir el resto del financiamiento público que le fue otorgado incurriría, además de una violación al artículo 14 constitucional, un quebranto masivo a todos sus acreedores con los que existen adeudos pendientes, mismos que se contrajeron bajo el supuesto de que se contaría con el presupuesto autorizado, sentándose un precedente para que en el futuro los proveedores a partidos políticos se abstengan de contratar con partidos nuevos, o de minoría, o que puedan estar en riesgo de perder su registro, afectando severamente la equidad o igualdad en la vida democrática, que es precisamente lo que pretende proteger el artículo 41constitucional.

 

Mantener firme la resolución impugnada generaría un alto riesgo para el Instituto Federal Electoral por no cumplir con el mandato que le dio el poder legislativo federal en su función de depositario, por no entregar los recursos que están destinados a los partidos políticos, causando graves daños y perjuicios a los acreedores, y por dejar en estado de insolvencia al partido político en liquidación, al confiscarle sus derechos de recibir financiamiento público.

 

Por todos razonamientos hasta aquí expuestos, respetuosamente manifestamos a sus señorías que nuestra representada considera que las violaciones a las garantías constitucionales que hasta aquí han quedado acreditadas serían suficientes para que este honorable tribunal revoque el resolutivo segundo de la resolución que se impugna en este recurso de apelación y ordene a la autoridad responsable que se entreguen las ministraciones mensuales pendientes del presupuesto que le fue otorgado para el 2009, de las que infundadamente se pretende despojar al partido Socialdemócrata, lo que respetuosamente solicitamos en nombre de nuestra representada.

 

No obstante lo anterior, y para el caso de que la Sala Superior de este honorable tribunal no considere suficientemente acreditadas las violaciones constitucionales, que en concepto de nuestra representada han sido sobradamente probadas en este agravio y serían suficientes para revocar la resolución impugnada, nos permitimos hacer valer los siguientes agravios.

 

SEGUNDO AGRAVIO. Causa agravio a nuestra representada el contenido del punto segundo de la resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral por el que se emite la declaratoria de pérdida de registro del Partido Socialdemócrata, por no haber obtenido por lo menos el dos por ciento de la votación emitida en la elección federal ordinaria para diputados por ambos principios, celebrada el cinco de julio de dos mil nueve, identificada con la clave JGE76/20Q9, que a la letra dice:

 

‘SEGUNDO. En consecuencia, a partir del día siguiente a la aprobación de la presente resolución, el Partido Socialdemócrata pierde todos los derechos y prerrogativas que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 36 y 48 del código arriba citado’.

 

FUENTE DEL AGRAVIO: El punto segundo de la resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral por el que se emite la declaratoria de pérdida de registro del Partido Socialdemócrata, por no haber obtenido por lo menos el dos por ciento de la votación emitida en la elección federal ordinaria para diputados por ambos principios, celebrada el cinco de julio de dos mil nueve, identificada con la clave JGE76/2009, aprobada en sesión extraordinaria de dicho órgano colegiado celebrada el 21 de agosto de 2009.

 

CONCEPTOS DE AGRAVIO Y PRECEPTOS VIOLADOS:

 

Causa agravio a mi representada el punto segundo de la resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral que se combate con este recurso, en virtud de que la misma es claramente violatoria de las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales y del principio de legalidad electoral a que se refiere la fracción VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pues, conforme a lo que disponen las disposiciones constitucionales citadas, al dictar sus resoluciones las autoridades electorales se encuentran obligadas a emitirlas con base en lo que dispongan las leyes aplicables al caso concreto, fundando y motivando las mismas, máxime cuando la resolución implique un acto de molestia, sobre todo si, como en el caso que ahora se impugna, el acto de autoridad afecta las posesiones de la persona en contra de quien se comete la violación constitucional.

 

En efecto, como se desprende de lo que dispone el artículo 16 constitucional, ‘nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento’ lo que se traduce en una limitación al ejercicio de las atribuciones de las autoridades administrativas que se encamina a proteger al gobernado de toda afectación a sus derechos que no esté apoyada en una o más disposiciones legales o que se pretenda fundar en una norma a la que se dé un sentido contrario a ese u otro ordenamiento vigente.

Sirve de apoyo a lo anteriormente expuesto la siguiente tesis de jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación:

 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL. Se transcribe.

 

Como se señaló anteriormente, la garantía de legalidad contenida en el primer párrafo del artículo 16 constitucional implica la obligación de las autoridades de fundar y motivar sus resoluciones. En reiteradas oportunidades, los órganos competentes del Poder Judicial de la Federación han definido los alcances de la citada obligación, misma que no se colma con el mero hecho de mencionar él o los preceptos en los que se pretende fundar el acto de autoridad, sino que implica la obligación de la autoridad de citar la norma en que apoya su resolución y de mencionar con claridad las circunstancias especiales o razones particulares que se tuvieron en cuenta para su emisión.

 

Sirve de apoyo a lo anteriormente razonado la siguiente tesis de jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación:

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU DISTINCIÓN ENTRE SU FALTA Y CUANDO ES INDEBIDA. Se transcribe.

 

Como se desprende de la resolución que se impugna con este recurso de apelación, la autoridad responsable no funda ni motiva el contenido del resolutivo segundo de la misma; en efecto, como queda claro de la simple lectura de la resolución impugnada, la autoridad responsable se limitó a mencionar en forma genérica los artículos de la Constitución y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en los que pretende fundar su resolución, sin que en ningún momento precise la o las normas en las que se apoya para emitir el resolutivo segundo y, en consecuencia, la autoridad responsable no señala en qué forma alguna o algunas de las normas citadas en el apartado de fundamentación sirve de apoyo para determinar la afectación a los derechos y posesiones de nuestra representada, y se limita a parafrasear la parte final del primer párrafo del artículo 32 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, situación que se ve agravada por el hecho de que la resolución recurrida dispone la pérdida de los derechos y prerrogativas constitucionales y legales de nuestra representada, sin que dicha determinación encuentre fundamento en ninguna norma constitucional o legal, pues, suponiendo sin conceder, que el artículo 32 de la ley electoral federal otorgara atribuciones a la autoridad responsable para determinar la pérdida de derechos o prerrogativas del partido que pierde su registro, lo que resulta claro es que la citada norma legal no concede atribución alguna para que la autoridad electoral federal resuelva sobre la pérdida de derechos y prerrogativas constitucionales de persona alguna.

 

Como resulta evidente de lo dispuesto por el resolutivo segundo que se impugna, la autoridad responsable no sólo incumple con la obligación de fundar y motivar la resolución que ahora se impugna, sino que se excede en sus atribuciones al extremo de determinar la pérdida de los derechos y prerrogativas constitucionales de nuestra representada, lo que constituye una grave violación al principio de legalidad constitucional electoral y a sus garantías constitucionales y le causa agravio a nuestra representada con lo que, de confirmarse la resolución que ahora se impugna, se le causaría un grave daño patrimonial por las razones que se acreditan más adelante.

 

Estas graves violaciones al texto constitucional por parte de la responsable, dejan a nuestra representada en estado de indefensión, en virtud de que la falta de motivación y fundamentación, o la mera motivación pro forma, no le permiten una real y auténtica defensa, pues al determinar en forma absolutamente ilegal, y en franca violación a la Constitución, sin fundar y sin motivar su resolución respecto de la pérdida de los derechos y prerrogativas constitucionales y legales de mi representada, sin precisar la esencia de las circunstancias que determinaron su acto, la autoridad responsable dificulta en forma determinante su defensa, lo que se traduce en una grave violación a sus garantías constitucionales, en particular a la que consagra el primer párrafo del artículo 16 constitucional.

 

Ahora bien, como ya se señaló, en el punto segundo de la resolución que se impugna, la autoridad responsable se limita a parafrasear la parte final del primer párrafo del artículo 32 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, sin que en ninguna parte de la resolución se menciona en forma expresa que dicho precepto legal sirva de fundamento para la ilegal resolución que ahora se impugna, pues si bien en el apartado de fundamentación la autoridad responsable señala en forma genérica como fundamento de su resolución, entre otros, el artículo 32 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la resolución impugnada no existe una clara vinculación directa y expresa entre dicha norma y el resolutivo segundo de la misma.

 

Sirve de apoyo a lo expresado en el párrafo anterior la tesis de jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación siguiente.

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. Se transcribe.

 

A partir de los razonamientos hasta aquí expuestos, respetuosamente manifestamos a sus señorías que nuestra representada considera que las violaciones a las garantías constitucionales que hasta aquí han quedado acreditadas serían suficientes para que este honorable tribunal revoque el resolutivo segundo de la resolución que se impugna con este recurso de apelación, lo que respetuosamente solicitamos en nombre de nuestra representada.

 

No obstante lo anterior, y para el caso de que la Sala Superior de este honorable tribunal no considere suficientemente acreditadas las violaciones constitucional, que en concepto de nuestra representada han sido sobradamente probadas en este agravio y serían suficientes para revocar la resolución impugnada, nos permitimos hacer valer el siguiente agravio.

 

TERCER AGRAVIO. Causa agravio a nuestra representada el contenido de punto segundo de la resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral por el que se emite la declaratoria de pérdida de registro del Partido Socialdemócrata, por no haber obtenido por lo menos el dos por ciento de la votación emitida en la elección federal ordinaria para diputados por ambos principios, celebrada el cinco de julio de dos mil nueve, identificada con la clave JGE76/2009, que señala: ‘En consecuencia, a partir del día siguiente a la aprobación de la presente resolución, el Partido Socialdemócrata pierde todos los derechos y prerrogativas que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 36 y 48 del código arriba citado’.

 

FUENTE DEL AGRAVIO: El punto segundo de la resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral por el que se emite la declaratoria de pérdida de registro del Partido Socialdemócrata, por no haber obtenido por lo menos el dos por ciento de la votación emitida en la elección federal ordinaria para diputados por ambos principios, celebrada el cinco de julio de dos mil nueve, identificada con la clave JGE76/2009, aprobada en sesión extraordinaria de dicho órgano colegiado celebrada el 21 de agosto de 2009.

 

CONCEPTOS DE AGRAVIO Y PRECEPTOS VIOLADOS:

 

Causa agravio a nuestra representada el punto segundo de la resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral que se combate con este recurso; lo anterior en virtud de que la misma es claramente violatoria de las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales y del principio de legalidad electoral a que se refiere la fracción VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pues, conforme a lo que disponen las disposiciones constitucionales citadas, al dictar sus resoluciones las autoridades electorales se encuentran obligadas a emitirlas conforme a lo que dispongan las leyes aplicables al caso concreto, fundando y motivando las mismas, máxime cuando la resolución implique un acto de molestia, sobre todo si, como en el caso que ahora se impugna, el acto de autoridad afecta los derechos y las prorrogativas de nuestra representada.

 

Como quedó acreditado en el primer agravio de este recurso, la autoridad responsable no señala expresamente la disposición normativa que, en su concepto, sirve de fundamento para resolver la pérdida de derechos y prorrogativas constitucionales y legales de nuestra representada; sin embargo, y aun partiendo del supuesto de que la autoridad responsable haya pretendido fundar su resolución en lo dispuesto en la parte final del primer párrafo del artículo 32 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral resulta ilegal y contraria lo dispuesto por los artículos 14, 16 y 41 constitucionales, lo que causa perjuicio a nuestra representada, pues la autoridad responsable realizó una indebida aplicación de la norma legal en comento, al apoyarse en ella en forma obscura y genérica, para hacer uso de una supuesta atribución que esa disposición no le confiere; en efecto, a partir de una errónea e ilegal interpretación de la parte final del primer párrafo del artículo 32 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, mediante la cual pretende fundamentar la privación de los derechos y prerrogativas constitucionales y legales de nuestra representada, y a partir de la que determina la pérdida de todos sus derechos y prerrogativas sin fundar y motivar su determinación, la autoridad responsable resolvió, por un lado, sobre la pérdida de los derechos y las prerrogativas constitucionales de nuestra representada sin que la norma referida le conceda esa atribución y, por otro, privarla de todos sus derechos y prerrogativas legales, haciendo una aplicación lisa y llana de la norma en comento en perjuicio de nuestra representada, sin atender a los criterios de interpretación normativa que prescribe el artículo 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que a la letra señala:

 

Artículo 3. Se transcribe.

 

Como ya se señaló, el texto del resolutivo segundo de la resolución que se impugna es del tenor siguiente;

 

‘En consecuencia, a partir del día siguiente a la aprobación de la presente resolución, el Partido Socialdemócrata pierde todos los derechos y prerrogativas que establece la Constitución Política de os Estados Unidos Mexicanos y los artículos 36 y 48 del código arriba citado’.

 

Como se desprende del resolutivo impugnado, la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral determinó la pérdida de todos los derechos y prerrogativas de nuestra representada en dos niveles del ordenamiento jurídico nacional: la constitución y la legal.

 

Por razón de orden lógico, a continuación procederemos a analizar la afectación y los agravios que causa la resolución impugnada a nuestra representada, en sus derechos y prerrogativas, primero en el nivel constitucional y luego en el legal.

 

Resulta evidente que ni la disposición contenida en la parte final del primer párrafo del artículo 32 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, misma que se transcribe a continuación, ni ninguna otra de las disposiciones constitucionales y legales mencionadas en el cuerpo de la resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, contienen disposición alguna de la que se pueda desprender la atribución de la referida Junta General Ejecutiva, ni de ningún otro órgano del Instituto Federal Electoral, para resolver sobre la pérdida de derechos y prerrogativas constitucionales de los partidos políticos que han perdido su registro. Para mayor claridad en nuestra exposición, a continuación se transcribe el texto de primer párrafo del artículo 32 de la ley electoral federal:

 

Se transcribe.

 

En efecto, de la simple lectura de la norma citada se puede observar que la misma no contiene ninguna expresión de la que pudiera derivarse la atribución, ni de la Junta General Ejecutiva, ni de ningún otro órgano del Instituto Federal Electoral, para resolver sobre la pérdida derechos y prerrogativas constitucionales de los partidos políticos que han perdido su registro o que hayan entrado en proceso de liquidación; por lo que, en la parte en la que se resuelve sobre la pérdida de derechos y prerrogativas constitucionales del Partido Socialdemócrata, la resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral resulta evidentemente ilegal y contraria a los artículos 16 y 41 constitucionales, pues dicho órgano carece de atribuciones para resolver sobre tal asunto y, en consecuencia, su determinación no se encuentra fundada, por lo que con base en las anteriores consideraciones, nuestra representada estima que ha quedado plenamente demostrado que la resolución combatida, en la parte a la que nos hemos referido en este agravio, es contraría a la Constitución, por lo que, para el caso de que este honorable tribunal no considere plenamente acreditadas las violaciones contenidas en los primeros agravios de esta demanda, respetuosamente, en nombre de nuestra representada, solicitamos a este honorable tribunal que revoque la resolución impugnada en la parte que dispone la pérdida de todos los derechos y prerrogativas que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a favor del partido Socialdemócrata.

 

Lo anterior permitiría restituir a nuestra representada en el goce de sus derechos y prerrogativas constitucionales, exclusivamente en cuanto hace a los aspectos relativos al proceso de liquidación, entre los que se encuentra el de la atribución del liquidador designado por la autoridad electoral federal de recibir financiamiento público que, como parte de las prerrogativas a que constitucionalmente tienen derecho los partidos políticos, le corresponde exclusivamente por lo que hace al ejercicio fiscal 2009, pues como se demostrará más adelante, se trata de recursos que forman parte del patrimonio del partido que deben ser objeto del proceso de liquidación, lo que resulta consistente con los fines y el objeto del sistema de liquidación de los partidos políticos que pierden su registro, creado por el legislador ordinario a partir de la disposición constitucional respectiva.

 

Por lo que hace a la parte de la resolución impugnada en la que la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral resuelve que el Partido Socialdemócrata pierde todos los derechos y prerrogativas que se establecen en los artículos 36 y 48 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, nuestra representada estima que la determinación es contraria a lo que disponen los artículos 16 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que le causa agravio al privarla de facto el derecho a recibir prerrogativas constitucionales que ya forman parte de su patrimonio, por no haber quedado sujeta su entrega a condición alguna, como se explica más adelante.

 

Para acreditar las violaciones constitucionales aducidas en el párrafo anterior, nuestra representada considera necesario exponer lo que estima constituye el sistema constitucional y legal de liquidación de los partidos políticos nacionales que dejan de existir, y que tiene sus principales fundamentos en lo dispuesto por el último párrafo de la base II del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en el artículo 103 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y en las disposiciones del Reglamento para la liquidación y destino de los bienes de los partidos políticos nacionales que pierdan o les sea cancelado su registro ante el Instituto Federal Electoral.

 

Nuestra representada estima que el conjunto de normas citadas en el párrafo anterior constituye lo que se ha denominado por la doctrina un bloque normativo. En tal virtud, todas las normas del bloque normativo y las demás disposiciones legales que deban aplicarse en relación con el aspecto regulado por dicho sistema normativo deben ser interpretadas en forma sistemática y funcional, de tal forma que contribuyan a la realización de los fines constitucionales y legales que integran, en el caso que nos ocupa, el sistema normativo de liquidación de los partidos políticos nacionales que dejen de existir jurídicamente.

 

Si lo anterior es así, nuestra representada estima que el contenido del primer párrafo del artículo 32 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales debiera ser interpretado a través de los criterios sistemático y funcional y no en forma gramatical como lo hizo la autoridad responsable, siempre bajo el supuesto de que sea esta norma la que la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral pretendió utilizar para fundar la parte de la resolución impugnada que ahora nos ocupa, pues como ya lo señalamos en el primer agravio, la autoridad responsable no es precisa en el fundamento y la motivación del resolutivo segundo de la resolución impugnada.

 

Se estima que lo anterior es así, porque la interpretación simple y llana de la letra de la norma en comento sería disfuncional dentro el sistema normativo de liquidación de los partidos políticos nacionales establecido por la Constitución, a ley y el reglamento respectivos; lo anterior en virtud de que, interpretar el texto del primer párrafo del artículo 32 de la ley electoral federal en forma gramatical, es decir, en el sentido de que con la pérdida del registro los partidos políticos nacionales pierden también todos sus derechos y prerrogativas, contraviene lo dispuesto por el artículo 41 constitucional y por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en relación con el proceso de liquidación, además de que haría inoperantes muchas de las disposiciones del reglamento para la liquidación de los partidos políticos nacionales aprobado por el Consejo General del Instituto Federal Electoral.

 

En efecto, el último párrafo de la Base II del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala lo siguiente:

 

Se transcribe.

 

Conviene destacar que la disposición constitucional citada, que de conformidad con el principio de supremacía constitucional debe prevalecer respecto de las normas legales y reglamentarias señala, en clara referencia a los remanentes monetarios del patrimonio de los partidos políticos nacionales, que los mismos sean adjudicados a la Federación. Sin embargo, no debe pasar desapercibido que al hablar de remanentes, la norma constitucional hace referencia a la parte del patrimonio de los partidos políticos nacionales que quede insoluta al final del proceso de liquidación, pues antes de que ésta se realice no sería posible hablar de remanentes. Conviene mencionar que en similares términos se regulan el aspecto relativo a los remanentes de patrimonio de los partidos políticos nacionales en el primer párrafo y la fracción VI del inciso d) del artículo 103 de la ley electoral federal.

 

Al respecto, la fracción VI del inciso d) del artículo 103 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señala que una vez realizados todos los actos que constituyen la liquidación en términos de esa norma legal, entre los que se incluyen: cubrir las obligaciones que la ley determina en protección y beneficio de los trabajadores del partido político en liquidación; las obligaciones fiscales que correspondan y, si quedasen recursos disponibles, atender otras obligaciones contraídas y debidamente documentadas con proveedores y acreedores del partido político en liquidación, los remanentes serán entregados íntegramente a la federación, lo cual debe suceder una vez que se hayan hecho líquidos todos los recursos del partido político en liquidación y se hayan cubierto todas la obligaciones.

 

Todas estas obligaciones del liquidador designado por el Instituto Federal Electoral, así como las correlativas que se derivan del reglamento respectivo, no podrían ser cubiertas si mediante un interpretación gramatical del primer párrafo del artículo 32 de la ley electoral federal la autoridad electoral priva de todos sus derechos y prerrogativas al partido político en liquidación, como en la especie acontece con la resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral que se combate con este recurso de apelación.

 

En efecto, con su errónea e ilegal interpretación y aplicación del primer párrafo del artículo 32 de la ley electoral federal, la autoridad responsable afecta gravemente el derecho del partido político en liquidación a disponer de la totalidad de su patrimonio para que el liquidador proceda a realizar los actos inherentes a la misma. Tal es el caso de los recursos económicos correspondientes al financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes que le fue asignado al Partido Socialdemócrata mediante el Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se determinan las cifras del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, para gastos de campaña y por actividades especificas de los partidos políticos nacionales para el año 2009, aprobado el 29 de enero de 2009, en el que, con base en la constitución y la ley electoral federal, y mediante la disposición de los fondos asignados exclusivamente para tal efecto por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009, se asignó al Partido Socialdemócrata la cantidad de $ 142’832,372.14 de la que, en virtud de lo dispuesto por el punto quinto del propio acuerdo, restan por hacerse líquidas las cantidades correspondientes a las últimas cuatro ministraciones de 2009.

 

Como se desprende de las disposiciones constitucionales y legales y del contenido del acuerdo referido en el párrafo anterior, tales recursos ya forman parte del patrimonio del Partido Socialdemócrata, ahora partido político en liquidación, pues sólo falta el cumplimiento de los plazos señalados en el acuerdo del Consejo General por el que fueron asignados, para que se hagan líquidos y puedan ser incorporados al conjunto de los recursos y bienes sujetos de la liquidación.

 

A pesar de lo anterior, y no obstante que la autoridad responsable no se pronuncia expresamente respecto de los recursos a que nos referimos en los párrafos anteriores, con lo que tácitamente acepta que se trata de recursos que ya forman parte del patrimonio del Partido Socialdemócrata, ahora partido político en liquidación, con la determinación establecida en el resolutivo segundo de la resolución ahora combatida se priva al partido, y al interventor designado por la propia autoridad electoral federal para llevar a cabo la liquidación respectiva, del derecho obtener la ministración de los recursos correspondientes al financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes que le fue asignado al Partido Socialdemócrata para el ejercicio fiscal 2009, lo que viola las disposiciones constitucionales y legales en materia de financiamiento público de los partidos políticos y constituye una grave afectación al patrimonio de nuestra representada.

 

Con base en lo anterior, nuestra representada estima que la privación de todos los derechos y prerrogativas, que la ley electoral otorga a los partidos que determinó la autoridad responsable en la resolución ahora impugnada, le causa agravio en virtud de que se traduce no sólo en la privación de derechos en forma ilegal y contraria a la Constitución, sino en la indebida retención de prerrogativas que han sido asignadas al Partido Socialdemócrata conforme a las disposiciones constitucionales y legales aplicables, lo que implica un acto de molestia en los derechos y el patrimonio de nuestra representada, sin que la autoridad responsable funde y motive su determinación, lo que contraviene lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y viola de las disposiciones relativas al financiamiento público de los partidos políticos contenidas en el artículo 41 constitucional.

 

Nuestra representada estima que lo anterior es así, porque la privación de derechos y prerrogativas a que nos referimos en el párrafo anterior, contraviene claramente las disposiciones constitucionales que otorgan prerrogativas y derechos a los partidos políticos nacionales, mismas que deben prevalecer sobre las normas legales en atención al principio de supremacía constitucional.

 

Para demostrar lo anterior, baste recordar que la prerrogativa relativa a otorgamiento de financiamiento público a los partidos públicos nacionales deriva directamente del artículo 41 constitucional. En efecto, de lo dispuesto por la base II del artículo 41 constitucional, la ley debe garantizar que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.

 

A partir del contenido de la disposición anterior es posible afirmar que el financiamiento público que reciben los partidos políticos es una prerrogativa constitucional y que la legislación ordinaria sólo contiene las normas reglamentan el texto constitucional para su determinación, otorgamiento y ministrarán. Por lo que el ejercicio de tal prerrogativa no depende de las disposiciones legales que sólo tienen el carácter de normas reglamentarias supeditadas a la norma constitucional, por lo que, una vez realizada la determinación y el otorgamiento del financiamiento, como en la especie sucedió cuando el Consejo General del Instituto Federal aprobó el Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se determinan las cifras del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, para gastos de campaña y por actividades específicas de los partidos políticos nacionales para el año 2009, la autoridad administrativa electoral no tiene libre disposición de dichos recursos, pues como ella misma lo estableció en el citado acuerdo, una vez determinados los montos de financiamiento que conforme a la ley corresponde a cada partido político, sólo procede hacer líquidos los montos de financiamiento que, una vez asignados, han pasado al acervo de derechos y posesiones de cada partido político, por lo que el Instituto Federal Electoral carece de atribuciones para privarlos de esos recursos, pues con tal acto estaría cometiendo una clara violación al primer párrafo del artículo 16 constitucional por constituir un acto de molestia patrimonial sin que la autoridad responsable funde y motive su resolución, y sin que la misma tenga atribuciones para disponer de esos recursos en forma distinta a la determinada por la Constitución y la ley, ni destinarlos a fines diversos a los que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, asignó a esos recursos públicos, de los que el Instituto Federal Electoral no es sino un depositario obligado por disposición constitucional y legal a entregarlos a sus destinatarios.

 

Nuestra representada estima que esto es así incluso para el caso de los partidos políticos que pierden su registro, pues como se ha demostrado, para cumplir con el proceso de liquidación ordenado por la Constitución y la ley electoral federal, la entidad de interés público conserva su personalidad jurídica como partido político en liquidación, con un patrimonio sujeto a liquidación que se forma por todos los derechos, bienes y posesiones adquiridos por el partido durante su existencia, entre los que indudablemente se encuentran la totalidad de los recursos correspondientes al financiamiento público asignados para ejercicio fiscal en el que perdió su registro, es decir para todo el año 2009, pues las consecuencias jurídicas de la pérdida del registro para efectos de financiamiento público se circunscriben al ejercicio fiscal siguiente a aquél en que deja de contar con tal registro la entidad de interés público, que evidentemente ya no participará de la asignación de financiamiento público en el ejercicio fiscal posterior, que en el caso que nos ocupa será el correspondiente a 2010, pero no puede operar en forma retroactiva en perjuicio del partido político, pues el financiamiento público se otorga al inicio del ejercicio fiscal para todo él, aunque las ministraciones se entreguen en forma mensual, lo que sólo constituye un acto consistente en hacer líquidos de los recursos ya asignados, por lo que no es posible afirmar que se trata de meras expectativas de derechos, sino un derecho que ya le fue reconocido al partido político y cuya reconocimiento se materializó en un acuerdo de asignación de recursos a cada partido político en lo particular, con lo que queda demostrado que jurídicamente ya operó la asignación de los recursos al partido y sólo queda hacerlos líquidos, como claramente se desprende el punto primero del Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se determinan las cifras del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, para gastos de campaña y por actividades específicas de los partidos políticos nacionales para el año 2009, que a la letra dice: ‘En términos de lo señalado en el presente acuerdo, se establecen las cifras del financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes, para gastos de campaña y por actividades específicas para 2009 que corresponden a cada partido político nacional que a la fecha cuenta con registro’, sin que se establezca condición alguna para hacer líquidos esos recursos a favor de cada uno de los partidos políticos conforme a lo dispuesto por dicho acuerdo.

 

Cabe mencionar que esto no contraviene la disposición constitucional relativa a la liquidación de las obligaciones de los partidos políticos nacionales que se analizó párrafos arriba, pues tal dicha norma dispone la adjudicación de los bienes y remanentes de la liquidación a la federación, con lo que resulta claro que al hablar de remanentes, la disposición constitucional debe ser interpretada en el sentido de que antes de proceder a dicha adjudicación a favor del erario federal, debe agotarse la etapa de liquidación con todo el patrimonio del partido político en liquidación, por lo que antes de la conclusión del proceso de liquidación lo procedente es que el Instituto Federal Electoral entregue los recursos provenientes del financiamiento público que ya forman parte del patrimonio de nuestra representada conforme lo dispone el acuerdo del Consejo General para que, una vez concluido el proceso de liquidación se determinen conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables si existen remanentes y, en ese momento, se proceda a su adjudicación a la federación.

 

Nuestra representada estima que lo anterior es así porque como lo dispone el inciso a) de la base II del artículo 41 constitucional, el financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fija anualmente, por lo que su otorgamiento y vigencia corresponde a la de todo el ejercicio fiscal para el que se determinó, sin que la Constitución contenga alguna disposición en contrario, que además coincide con la del ejercicio fiscal para el que la cámara de Diputados del Congreso de la Unión dispuso el otorgamiento de los recursos respectivos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

 

En atención a las anteriores consideraciones, nuestra representada estima que lo procedente es interpretar el primer párrafo del artículo 32 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en el sentido de que el partido político que pierde su registro sólo pierde los derechos y las prerrogativas legales que no sean necesarias e inherentes al proceso de liquidación y que, en ningún caso, se puede determinar la pérdida de la totalidad de los derechos y prerrogativas que la ley otorga a dichas entidades de interés público, ni mucho menos los derechos y prerrogativas de orden constitucional; pues, de lo contrario se estarían afectando no sólo los derechos del partido político en liquidación, sino eventualmente los de los trabajadores, el fisco y otras personas físicas y morales que, tanto la ley electoral federal, como el reglamento relativo a la liquidación de las obligaciones y bienes de los partidos políticos, protegen en la etapa de liquidación.

 

Esta interpretación sería plenamente consistente con los criterios sostenidos por el Poder Judicial de la Federación en diversas tesis, como la que se transcribe a continuación, en relación con la interpretación conforme a la Constitución que deben realizar los órganos jurisdiccionales al resolver sobre la aplicación de leyes cuando una norma admita dos o más interpretaciones que sean diferentes y opuestas, en cuyo caso debe recurrirse a la interpretación conforme a la Constitución Federal, que debe prevalecer como la interpretación válida, eficaz y funcional.

 

INTERPRETACIÓN CONFORME A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL DE ACUERDO A ELLA LOS TRIBUNALES ORDINARIOS PUEDEN CALIFICAR EL ACTO IMPUGNADO Y DEFINIR LOS EFECTOS QUE SE DEDUCEN DE APLICAR UN PRECEPTO DECLARADO INCONSTITUCIONAL. Se transcribe.

 

Con base en las anteriores consideraciones, nuestra representada estima que ha quedado plenamente demostrado que la resolución combatida, en la parte a la que nos hemos referido en la segunda parte de este agravio, es contraria a la Constitución, pues se pretende sustentar en una indebida interpretación de la ley, lo que le causa agravio; por lo que, para el caso de que este honorable tribunal no considere plenamente acreditadas las violaciones contenidas en los primeros agravios de esta demanda, respetuosamente, en nombre de nuestra representada, solicitamos a este honorable tribunal que revoque la resolución impugnada en la parte que dispone la pérdida de todos los derechos y prerrogativas que establecen los artículos 36 y 48 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales a favor del partido Socialdemócrata, declarando la subsistencia de la totalidad de los derechos y prerrogativas que ya forman parte del acervo jurídico del partido, en particular los que corresponden a la totalidad del financiamiento para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes asignado para el ejercicio fiscal 2009. Al que como ha quedado demostrado, tiene derecho nuestra representada”.

 

CUARTO. Estudio de Fondo. Del análisis integral del escrito de demanda del recurso de apelación que se resuelve, este órgano jurisdiccional advierte que el Partido Socialdemócrata tiene como pretensión fundamental que se revoque el resolutivo segundo del acto reclamado por considerarlo contrario a Derecho, toda vez que considera que al ser el financiamiento público de los partidos políticos una prerrogativa que se calcula de manera anual, y no existir disposición que prevea en qué momento surte efectos la cancelación de tal prerrogativa, al haber autorizado el Consejo General del Instituto Federal Electoral un monto específico para el ejercicio fiscal dos mil nueve, la cancelación del otorgamiento debe surtir efectos hasta el primero de enero del año dos mil diez.

 

El partido actor añade que esto no contraviene la disposición constitucional relativa a la liquidación de las obligaciones de los partidos políticos nacionales, pues antes de la conclusión del proceso de liquidación lo procedente es que el Instituto Federal Electoral entregue los recursos provenientes del financiamiento público para que se determinen conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables si existen remanentes y, en ese momento, se proceda a su adjudicación a la Federación.

 

Cabe precisar que en el recurso de apelación, en términos de lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral  procede la suplencia en la deficiencia de los agravios expresados, por lo que en todo caso, este órgano jurisdiccional procederá de tal manera al ocuparse de los motivos de queja esgrimidos por el Partido Socialdemócrata.

 

Previo a cualquier otra consideración, se debe tener en cuenta que en el recurso que se resuelve, no es materia de controversia el que se actualiza el supuesto de pérdida de registro del Partido Socialdemócrata al no haber reunido cuando menos el dos por ciento de la votación en la elección inmediata anterior, sino únicamente lo relacionado al otorgamiento de financiamiento público.

 

En ese orden de ideas, esta Sala Superior partirá de la premisa no controvertida de que el Partido Socialdemócrata consiente la cancelación de su registro al no haber alcanzado el dos por ciento de la votación en la elección de Diputados Federales celebrada en este año.

 

Precisado lo anterior, se toma en cuenta que la cuestión medular a resolver se hace consistir en determinar si, como lo propone el partido en liquidación recurrente, resulta conforme a Derecho el otorgarle financiamiento público por los meses de septiembre a diciembre del año en curso, no obstante haber determinado su cancelación de registro, o bien, como se sostiene en la resolución reclamada, procede la cancelación de esa prerrogativa al día siguiente de que ocurra la citada cancelación.

 

Ahora bien, precisado lo anterior, este órgano jurisdiccional, considera que los agravios expuestos por el partido en liquidación recurrente, resultan sustancialmente fundados.

 

El trece de noviembre de dos mil siete, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto que reformó entre otros el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adoptando modificaciones fundamentales en materia de partidos políticos, en especial, previendo un procedimiento legal para la liquidación de las obligaciones de los partidos que pierdan su registro y los supuestos en los que sus bienes y remanentes sean adjudicados a la Federación.

 

Lo anterior implica que fue voluntad del Constituyente Permanente elevar a rango constitucional la necesidad de prever mecanismos legales para llevar a cabo la liquidación de las obligaciones de los partidos políticos nacionales.

 

Ahora bien, para Guillermo Cabanellas (Liquidación en Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Heliasta, Buenos Aires, Argentina, 2003) la liquidación es el conjunto de operaciones realizadas para determinar lo correspondiente a cada uno de los interesados en los derechos activos y pasivos de un negocio, patrimonio u otra relación de bienes y valores.

 

Ahora bien, es menester tener presente el marco jurídico que regula la cancelación de registro de los partidos políticos nacionales y el procedimiento de liquidación previsto para ello.

 

CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

 

LIBRO SEGUNDO

De los partidos políticos

TITULO SEGUNDO

De la constitución, registro, derechos y obligaciones

CAPÍTULO PRIMERO

Del procedimiento de registro legal

 

 

Artículo 32

1. Al partido político que no obtenga por lo menos el dos por ciento de la votación en alguna de las elecciones federales ordinarias para diputados, senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, le será cancelado el registro y perderá todos los derechos y prerrogativas que establece este Código.

 

2. La cancelación o pérdida del registro extinguirá la personalidad jurídica del partido político, pero quienes hayan sido sus dirigentes y candidatos deberán cumplir las obligaciones que en materia de fiscalización establece este Código, hasta la conclusión de los procedimientos respectivos y de liquidación de su patrimonio.

 

3. El hecho de que un partido político no obtenga por lo menos el dos por ciento de la votación emitida en alguna de las elecciones, no tiene efectos en relación con los triunfos que sus candidatos hayan obtenido en las elecciones nacionales según el principio de mayoría relativa.

 

 

TÍTULO QUINTO

De la pérdida de registro

 

Artículo 101

 

1.Son causa de pérdida de registro de un partido político:

 

 

b) No obtener en la elección federal ordinaria inmediata anterior, por lo menos el dos por ciento de la votación emitida en alguna de las elecciones para diputados, senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos del párrafo 1 del artículo 32 de este Código;

 

 

Artículo 102

 

1.Para la pérdida del registro a que se refieren los incisos a) al c) del artículo anterior, la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral emitirá la declaratoria correspondiente, misma que deberá fundarse en los resultados de los cómputos y declaraciones de validez respectivas de los consejos del Instituto, así como en las resoluciones del Tribunal Electoral, debiéndola publicar en el Diario Oficial de la Federación.

 

 

Artículo 103

 

1.De conformidad a lo dispuesto por el último párrafo de la Base II del Artículo 41 de la Constitución General de la República, el Instituto Federal Electoral dispondrá lo necesario para que sean adjudicados a la Federación los recursos y bienes remanentes de los partidos políticos nacionales que pierdan su registro legal; para tal efecto se estará a lo siguiente, y a lo que determine en reglas de carácter general el Consejo General del Instituto Federal Electoral:

 

a)Si de los cómputos que realicen los consejos distritales del Instituto se desprende que un partido político nacional no obtiene el porcentaje mínimo de votos establecido en el inciso b) del párrafo primero del artículo 101 de este Código, la Unidad de Fiscalización designará de inmediato a un interventor responsable del control y vigilancia directos del uso y destino de los recursos y bienes del partido de que se trate. Lo mismo será aplicable en el caso de que el Consejo General del Instituto declare la pérdida de registro legal por cualquier otra causa de las establecidas en este Código;

 

b) La designación del interventor será notificada de inmediato, por conducto de su representante ante el Consejo General del Instituto, al partido de que se trate, en ausencia del mismo la notificación se hará en el domicilio social del partido afectado, o en caso extremo por estrados;

 

c) A partir de su designación el interventor tendrá las más amplias facultades para actos de administración y dominio sobre el conjunto de bienes y recursos del partido político que no haya alcanzado el porcentaje mínimo de votación a que se refiere el inciso anterior, por lo que todos los gastos que realice el partido deberán ser autorizados expresamente por el interventor. No podrán enajenarse, gravarse o donarse los bienes muebles e inmuebles que integren el patrimonio del partido político.

 

d) Una vez que la Junta General Ejecutiva emita la declaratoria de pérdida de registro legal a que se refiere el párrafo 1 del artículo 102 de este Código, o que el Consejo General, en uso de sus facultades, haya declarado y publicado en el Diario Oficial de la Federación su resolución sobre la cancelación del registro legal de un partido político nacional por cualquiera de las causas establecidas en este Código, el interventor designado deberá:

 

I. Emitir aviso de liquidación del partido político de que se trate, mismo que deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación para los efectos legales procedentes;

 

II. Determinar las obligaciones laborales, fiscales y con proveedores o acreedores, a cargo del partido político en liquidación;

 

III. Determinar el monto de recursos o valor de los bienes susceptibles de ser utilizados para el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere la fracción anterior;

 

IV. Ordenar lo necesario para cubrir las obligaciones que la ley determina en protección y beneficio de los trabajadores del partido político en liquidación; realizado lo anterior, deberán cubrirse las obligaciones fiscales que correspondan; si quedasen recursos disponibles, se atenderán otras obligaciones contraídas y debidamente documentadas con proveedores y acreedores del partido político en liquidación, aplicando en lo conducente las leyes en esta materia;

 

V.Formulará un informe de lo actuado que contendrá el balance de bienes y recursos remanentes después de establecer las previsiones necesarias a los fines antes indicados; el informe será sometido a la aprobación del Consejo General del Instituto. Una vez aprobado el informe con el balance de liquidación del partido de que se trate, el interventor ordenará lo necesario a fin de cubrir las obligaciones determinadas, en el orden de prelación antes señalado;

 

VI. Si realizado lo anterior quedasen bienes o recursos remanentes, los mismos serán adjudicados íntegramente a la Federación; y

 

VII. En todo tiempo deberá garantizarse al partido político de que se trate el ejercicio de las garantías que la Constitución y las leyes establecen para estos casos. Los acuerdos del Consejo General serán impugnables ante el Tribunal Electoral.

 

 

LIBRO TERCERO

Del Instituto Federal Electoral

 

 

TÍTULO SEGUNDO

De los órganos centrales

 

CAPÍTULO CUARTO

De la Junta General Ejecutiva

 

 

Artículo 122

 

1.La Junta General Ejecutiva se reunirá por lo menos una vez al mes, siendo sus atribuciones las siguientes:

 

 

o) Las demás que le encomienden este Código, el Consejo General o su presidente.

 

 

Como se puede advertir, la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, es el órgano encargado de emitir la declaratoria de pérdida de registro correspondiente, cuando de los resultados de los cómputos y declaraciones de validez respectivas de los consejos del Instituto, así como en las resoluciones de este Tribunal Electoral, se advierta que uno de los partidos políticos nacionales no alcanzó el umbral mínimo del dos por ciento de la votación para conservar su registro.

 

Lo anterior, atiende al contenido del artículo 32 del código comicial federal, el cual prevé que al partido político que no obtenga por lo menos el dos por ciento de la votación en alguna de las elecciones federales ordinarias para diputados, senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, le será cancelado el registro y perderá todos los derechos y prerrogativas que establece el Código.

 

Por su parte, el siguiente párrafo dispone que la cancelación o pérdida del registro extinguirá la personalidad jurídica del partido político, pero quienes hayan sido sus dirigentes y candidatos deberán cumplir las obligaciones que en materia de fiscalización establece este Código, hasta la conclusión de los procedimientos respectivos y de liquidación de su patrimonio.

 

Ahora bien, de las anteriores disposiciones queda claro que la pérdida del derecho a recibir financiamiento público es una consecuencia inmediata, prevista por la ley, para el caso de que un partido político nacional pierda su registro.

 

En efecto, atendiendo a la Teoría general del Derecho, la estructura de las normas jurídicas se compone por dos elementos fundamentales que son el supuesto y las consecuencias jurídicas. El supuesto jurídico es una situación abstracta descrita en la norma que, al ser actualizada por determinados hechos concretos, produce las consecuencias jurídicas.

 

En el caso, el supuesto jurídico es que a un partido político le haya sido cancelado su registro y las consecuencias son la pérdida de todos los derechos y prerrogativas que establece el código.

 

Es decir,  la declaración de pérdida de registro coloca al partido político en cuestión en una hipótesis normativa que expresamente dispone como consecuencia la cancelación de sus prerrogativas como tal.

 

En ese orden de ideas, la cancelación de las prerrogativas a los partidos políticos que no conserven su registro, es una consecuencia legal establecida para tal supuesto normativo, cuya ocurrencia es ipso iure.

 

De todo lo anterior válidamente se puede concluir que el partido político que ha perdido su registro, pierde la calidad de partido político, entendido éste como entidad de interés público susceptible de promover la participación del pueblo en la vida democrática y permitir el acceso a los ciudadanos al ejercicio del poder público, pero conserva su calidad de partido político “en liquidación” para cumplir con todas las obligaciones adquiridas durante la vigencia de su registro.

 

Ahora bien, en el texto del artículo 103 del código se distinguen tres períodos distintos en la fase de cancelación del registro de un partido político que no obtenga como mínimo el dos por ciento de la votación en la elección inmediata anterior a saber: la prevención, la cancelación del registro y la liquidación.

 

La fase de prevención, comienza cuando de los cómputos que realicen los consejos distritales del Instituto se desprende que un partido político nacional no obtiene el dos por ciento de votos.

 

La segunda fase de cancelación, ocurre cuando la Junta General Ejecutiva emite la declaratoria de pérdida de registro legal a que se refiere el párrafo 1 del artículo 102 del Código.

 

Finalmente, la fase de liquidación, da inicio con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del aviso de liquidación del partido político de que se trate.

 

Ahora bien, desde el inicio de la prevención, la Unidad de Fiscalización debe designar de inmediato a un interventor responsable del control y vigilancia del uso y destino de los recursos y bienes del partido.

 

Conforme al texto del citado artículo 103 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a partir de su designación el interventor cuenta con las más amplias facultades para actos de administración y dominio sobre el conjunto de bienes y recursos del partido político, por lo que todos los gastos que realice el partido deben ser autorizados expresamente por éste, precisando además que no podrán enajenarse, gravarse o donarse los bienes muebles e inmuebles que integren el patrimonio del partido político.

 

Una vez cancelado el registro y publicado el aviso de liquidación, la naturaleza de ese interventor, se transforma en un liquidador, quien debe proceder de la siguiente forma:

 

a) Determinar las obligaciones laborales, fiscales y con proveedores o acreedores, a cargo del partido político en liquidación;

 

b) Determinar el monto de recursos o valor de los bienes susceptibles de ser utilizados para el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere la fracción anterior;

 

c) Ordenar lo necesario para cubrir las obligaciones que la ley determina en protección y beneficio de los trabajadores del partido político en liquidación; realizado lo anterior, deberán cubrirse las obligaciones fiscales que correspondan; si quedasen recursos disponibles, se atenderán otras obligaciones contraídas y debidamente documentadas con proveedores y acreedores del partido político en liquidación, aplicando en lo conducente las leyes en esta materia;

 

d) Formular un informe de lo actuado que contendrá el balance de bienes y recursos remanentes después de establecer las previsiones necesarias a los fines antes indicados; el cual es sometido a la aprobación del Consejo General del Instituto.

 

e) Una vez aprobado el informe con el balance de liquidación del partido de que se trate, el interventor ordenará lo necesario a fin de cubrir las obligaciones determinadas, en el orden de prelación antes señalado; y,

 

f) Si realizado lo anterior quedasen bienes o recursos remanentes, los mismos serán adjudicados íntegramente a la Federación.

 

El procedimiento de liquidación respectivo, se encuentra regulado específicamente en el Reglamento para Liquidación y destino de los bienes de los Partidos Políticos Nacionales que pierdan o les sea cancelado su registro ante el Instituto Federal Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de agosto de dos mil ocho.

 

Para el caso concreto, conviene destacar el contenido del artículo 10 del citado reglamento, en el que se precisa que el partido político que hubiere perdido su registro se pondrá en liquidación y perderá su capacidad para cumplir con sus fines constitucionales y legales; sólo subsistirá con personalidad jurídica para el cumplimiento de las obligaciones contraídas que obtuvo hasta la fecha en que quede firme la resolución que apruebe la pérdida del registro.

 

Se precisa que las obligaciones que deberán ser cumplidas por el interventor a nombre del partido político son la presentación de los informes trimestrales, anuales, de precampaña y campaña, el pago de las sanciones a que, en su caso, se haya hecho acreedor hasta antes de perder el registro, y las demás adquiridas durante la vigencia del registro como partido político.

 

Asimismo, se precisa que desde el momento en que hubiere perdido su registro, ningún partido político podrá realizar actividades distintas a las estrictamente indispensables para cobrar sus cuentas y hacer líquido su patrimonio, a través del interventor, con el fin de solventar sus obligaciones.

 

Por otro lado, el párrafo segundo del artículo 12 de ese reglamento, en el que se establece que el interventor será el encargado de administrar el patrimonio del partido político con la finalidad de hacer líquidos los activos y cubrir los pasivos pendientes.

 

Asimismo, el artículo 17 señala que para liquidar todos los bienes y pagar los adeudos del partido político, el interventor deberá aplicar los criterios de prelación establecidos en el artículo 103, párrafo 1, inciso d), fracción IV del Código, así como lo señalado en el Reglamento y si aún quedaren recursos disponibles, se atenderán otras obligaciones contraídas y debidamente documentadas con proveedores y acreedores del partido político en liquidación, aplicando en lo conducente las leyes en esta materia.

 

Sin embargo, como lo afirma el partido político recurrente, la legislación no dispone que a partir de que les sea cancelado el registro, el monto de financiamiento que les había sido otorgado durante el ejercicio fiscal correspondiente al año en que perdieron su registro, le deba ser retenido o cancelado.

 

En efecto, el artículo 41, párrafo segundo, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece, en lo que interesa, que la ley garantizará a los partidos políticos nacionales contar de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades, de acuerdo con las formas y procedimientos que se establezcan en la ley; y que, en la propia ley, se deben señalar las reglas a que se sujetará el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.

 

Asimismo, en el citado precepto constitucional, se dispone que el financiamiento público se calculará de forma anual y para los partidos políticos que mantengan su registro después de cada elección se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes y las tendentes a la obtención del voto durante los procesos electorales; y, por otro, se precisan ciertas reglas conforme con las cuales se otorgará dicho financiamiento, e igualmente se permite que, en la ley secundaria, se establezcan prescripciones adicionales.

 

Sin embargo, el financiamiento que le es asignado a un partido político, al inicio de un ejercicio fiscal, constituye una prerrogativa que es calculada atendiendo a la votación obtenida conforme a la elección inmediata anterior y le es otorgada de forma anual. Cuestión aparte es que la entrega del financiamiento de haga mediante ministraciones mensuales pues ello sólo es para que la prerrogativas del partido político se distribuyan durante todo un año calendario.

 

Para hacer evidente lo anterior, resulta preciso acudir al texto del ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR EL QUE SE DETERMINAN LAS CIFRAS DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, PARA GASTOS DE CAMPAÑA Y POR ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES PARA EL AÑO 2009, identificado con la clave CG28/2009, el cual en lo conducente es del tenor siguiente:

 

C o n s i d e r a n d o

 

 

 

17.  Que de acuerdo a los datos proporcionados por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral mediante oficio número DEOE/031/2008, la votación nacional emitida correspondiente a la elección de diputados por mayoría relativa del proceso electoral federal ordinario celebrado el 2 de julio del 2006, se detalla en el cuadro siguiente:

 

PARTIDO POLÍTICO NACIONAL O COALICIÓN

VOTACIÓN NACIONAL EMITIDA

%

Partido Acción Nacional

13,753,636

34.36%

Coalición “Alianza por México”

11,619,679

29.03%

Coalición "Por el Bien de Todos”

11,941,842

29.83%

Partido Nueva Alianza

1,872,283

4.68%

Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina

845,751

2.11%

Votación Nacional Emitida Total

40,033,191

100.00%

 

 

20.  Que, por tanto, los montos que corresponden a cada partido político nacional, por financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes en el año 2009, son las siguientes:

 

PARTIDO POLÍTICO NACIONAL

VOTOS

%VOTACIÓN NACIONAL EMITIDA

30% IGUALITARIO

70% PROPORCIONAL

TOTALES

Partido Socialdemócrata

845,751

0.02112619765011960

102,436,109.54

40,396,262.60

142,832,372.14

 

 

A c u e r d o

 

 

Primero.- En términos de lo señalado en el presente Acuerdo, se establecen las cifras del financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes, para gastos de campaña y por actividades específicas para 2009 que corresponden a cada partido político nacional que a la fecha cuenta con registro.

 

Segundo.- La cifra del financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos nacionales para el año 2009 es de $2,731,629,587.70 (dos mil setecientos treinta y un millones seiscientos veintinueve mil quinientos ochenta y siete pesos 70/100 M.N.) y se distribuirá el 30%, en forma igualitaria entre los partidos políticos nacionales con representación en alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión y el 70%, según el porcentaje de la votación nacional emitida que hubiese obtenido cada partido político nacional con representación en alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión en la elección de diputados por mayoría relativa inmediata anterior, dando como resultado las cantidades que se detallan enseguida:

 

 

 

Financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes

 

PARTIDO POLÍTICO NACIONAL

30% IGUALITARIO

70% PROPORCIONAL

TOTALES

Partido Socialdemócrata

102,436,109.54

40,396,262.60

142,832,372.14

 

Tercero.- El monto del financiamiento público para gastos de campaña en el año 2009, es de $819,488,876.31 (ochocientos diecinueve millones cuatrocientos ochenta y ocho mil ochocientos setenta y seis pesos 31/100 M. N.), y se distribuirá en el año de la elección en que se renueve solamente la Cámara de Diputados, a cada partido político nacional un monto equivalente al treinta por ciento del financiamiento público que para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes le corresponda en ese año, resultando los importes siguientes:

 

Financiamiento público para gastos de campaña

 

PARTIDO POLÍTICO NACIONAL

TOTALES

Partido Socialdemócrata

42,849,711.64

 

Cuarto.- El monto del financiamiento público para actividades específicas, relativas a la Educación y Capacitación Política, Investigación Socioeconómica y Política, así como a las Tareas Editoriales en el año 2009, es de $81,948,887.63 (ochenta y un millones novecientos cuarenta y ocho mil ochocientos ochenta y siete pesos 63/100 M. N.), y se distribuirá el 30%, en forma igualitaria entre los partidos políticos nacionales con representación en alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión y el 70%, según el porcentaje de la votación nacional emitida que hubiese obtenido cada partido político nacional con representación en alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión en la elección de diputados por mayoría relativa inmediata anterior; por lo que a cada partido político nacional corresponden los importes siguientes:

 

Financiamiento público para actividades específicas

PARTIDO POLÍTICO NACIONAL

30% IGUALITARIO

70% PROPORCIONAL

TOTALES

Partido Socialdemócrata

3,073,083.29

1,211,887.88

4,284,971.16

Total

24,584,666.29

57,364,221.34

81,948,887.63

 

Quinto.- Los montos del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes y por actividades específicas serán ministrados en forma mensual; lo relativo a gastos de campaña, será dividido en seis ministraciones que serán entregadas durante los seis primeros meses del año. Los montos serán ministrados dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes, excepto la mensualidad de enero, que será entregada junto con la mensualidad de febrero. Las ministraciones, bajo ninguna circunstancia y sin excepción alguna, podrán ser entregadas fuera de las fechas del calendario previstas en este Acuerdo.

 

Sexto.- Los montos que corresponden a cada partido político nacional del financiamiento público, que deberán destinar a la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, son los siguientes:

 

PARTIDO POLÍTICO NACIONAL

TOTALES

Partido Socialdemócrata

2,856,647.44

 

Séptimo.- Notifíquese en sus términos el presente Acuerdo a los representantes de los partidos políticos nacionales ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral.

 

Octavo.- Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación.

 

 

Del texto del anterior acuerdo, se advierte que al Partido Socialdemócrata le fueron asignados diferentes montos de financiamiento, según se tratara de actividades ordinarias, gastos de campaña o actividades específicas. Sin embargo, los montos correspondientes se calcularon de manera anual y de ninguna parte del citado acuerdo se advierte que el Consejo General del Instituto Federal Electoral hubiera condicionado su entrega a obtener el porcentaje del dos por ciento mínimo en la elección del año dos mil nueve.

 

Incluso, se debe destacar que el monto de financiamiento por actividades de campaña, se entregó de manera íntegra al partido político en cuestión y éste fue ejercido en su momento.

 

En ese orden de ideas, es factible concluir que al Partido Socialdemócrata le fue otorgado un monto cierto como prerrogativa de financiamiento público por el año dos mil nueve, atendiendo a la votación y representación obtenida en el proceso electoral del año dos mil seis, por lo que el monto ya determinado no puede verse afectado por el hecho de haber perdido su registro, pues ello sólo surtirá efecto hasta que, de nueva cuenta el Consejo General del Instituto Federal Electoral formule la distribución del financiamiento público para el año dos mil diez.

 

Lo anterior es así, en atención a que el partido político al contar con un ingreso cierto por un ejercicio fiscal determinado, lleva a cabo los compromisos y adquiere las obligaciones que puede afrontar con la certeza de que el financiamiento que ha de recibir obedece a su calidad de partido político nacional y que éste se ha calculado anualmente.

 

Admitir lo contrario, conduciría a generar una falta de certeza para el partido político y para los terceros contratantes de buena fe, dado que no existiría modo de tener por cierta la solvencia de un partido político de reciente creación.

 

Con esta interpretación, se salvaguardan los derechos de los trabajadores, proveedores y demás acreedores del partido político que se pudieran ver afectados por un estado de insolvencia al no ser suficiente el patrimonio en liquidación del partido político para afrontar compromisos previos generados durante la vigencia del registro.

 

Cabe precisar que el monto del financiamiento restante por este año que corresponde al Partido Socialdemócrata se integraría de inmediato al patrimonio en liquidación administrado por el interventor designado en funciones de liquidador, quien debe someter a la aprobación del Consejo General del Instituto Federal Electoral el informe de balance de pagos del partido y hasta que éste sea aprobado ordenar lo necesario a fin de cubrir las obligaciones en el orden de prelación previsto en el artículo 103 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo que garantiza la imposibilidad del desvío de recursos en perjuicio del Estado.

 

Al respecto, cabe precisar que si bien esta Sala Superior emitió en su oportunidad la tesis de jurisprudencia con el rubro "FINANCIAMIENTO PÚBLICO. EL DERECHO A PERCIBIRLO CONCLUYE CON LA PÉRDIDA DEL REGISTRO DEL PARTIDO POLÍTICO. consultable en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 129-130, también lo es que ahora las condiciones de aplicación del financiamiento y la normativa aplicable se ha visto modificada.

 

Primeramente, cuando se adoptó el criterio de jurisprudencia apuntado, no existía un procedimiento de liquidación de los partidos políticos previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo que en todo caso admitir la entrega de los recursos a favor del partido político implicaba que los órganos de finanzas tuvieran plena disposición respecto del citado monto.

 

En el caso, se debe tomar en consideración que conforme a la normativa vigente, el monto del financiamiento no entregado al partido político, no sería ejercido por los órganos de finanzas del partido sino por el interventor designado por la autoridad electoral, y sólo sería utilizado para cubrir obligaciones preexistentes a la declaratoria de pérdida de registro del partido político, con lo cual se garantiza que no se entregue financiamiento para actividades ordinarias inexistentes, sino para cubrir los adeudos generados por las actividades ordinarias llevadas a cabo por el partido político mientras tenía vigencia su registro.

 

Finalmente, en el último de los supuestos en el que el monto de financiamiento superara el monto de tales obligaciones preexistentes, en términos de lo dispuesto por el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 103, párrafo 1, fracción VI del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales tales recursos se reintegrarán a la Federación.

 

En ese contexto, lo procedente es revocar la resolución impugnada, para el efecto de que el monto correspondiente al financiamiento público anual por actividades ordinarias remanente, sea entregado por el Instituto Federal Electoral al interventor del Partido Socialdemócrata para que sea tomado en consideración dentro del activo susceptible de cubrir adeudos adquiridos por el citado instituto político anteriores a la fecha en que se determinó la pérdida de su registro.

 

En razón de lo anterior, al haber alcanzado su pretensión, resulta innecesario el examen de los restantes agravios expresados por el partido recurrente.

 

Por lo expuesto y fundado, se

 

R E S U E L V E

 

ÚNICO. Se revoca, en lo que fue materia de impugnación, la resolución JGE76/2009, de veintiuno de agosto de dos mil nueve, por el que se emite la declaratoria de pérdida de registro del Partido Socialdemócrata, por no haber obtenido por lo menos el dos por ciento de la votación emitida en la elección federal ordinaria para Diputados por ambos principios, celebrada el cinco de julio de dos mil nueve, para los efectos precisados en la parte final del último considerando de esta ejecutoria.

 

NOTIFÍQUESE personalmente al partido en liquidación recurrente en el domicilio señalado para tal efecto; por oficio, agregando copia certificada de este fallo, a la autoridad responsable, y por estrados a los demás interesados, en términos de los artículos 26, párrafo 3; 27; 28 y 29, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. En su oportunidad, devuélvanse las constancias atinentes y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con ausencia del Magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar, ante el Secretario General de Acuerdos, que autoriza y da fe.

 

MAGISTRADA PRESIDENTA

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN ALANIS FIGUEROA

 

 

MAGISTRADO

 

 

 

CONSTANCIO CARRASCO DAZA

 

 

MAGISTRADO

 

 

 

FLAVIO GALVÁN RIVERA 

 

 

 

MAGISTRADO

 

 

 

MANUEL GONZÁLEZ OROPEZA

 

 

 

 

MAGISTRADO

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO LUNA RAMOS

MAGISTRADO

 

 

 

PEDRO ESTEBAN PENAGOS LÓPEZ

 

 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

 

 

 

MARCO ANTONIO ZAVALA ARREDONDO