México, Distrito Federal, a treinta de enero de dos mil ocho.

V I S T O S los autos del expediente SUP-RAP-44/2007, correspondiente al recurso de apelación interpuesto por el Partido Acción Nacional, en contra del acuerdo CG97/2007 dictado por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, en la sesión que concluyó el veintidós de mayo de dos mil siete, con motivo de la revisión de los informes de campaña correspondientes al proceso electoral federal 2005-2006, y

R E S U L T A N D O

PRIMERO. Mediante el acuerdo CG97/2007 referido, el Consejo General del Instituto Federal Electoral resolvió sobre la revisión de informes de gastos de campaña correspondiente al proceso electoral federal 2005-2006, en cuya determinación impuso sanciones distintas a los partidos políticos, entre ellos a Acción Nacional, por las irregularidades advertidas en el informe.

Los resolutivos correspondientes al partido apelante materia del presente medio de impugnación son del tenor siguiente:

“PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 5.1 de la presente Resolución, se imponen al Partido Acción Nacional las siguientes sanciones:

a)     La reducción del 1.53% (Uno punto cincuenta y tres por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar un monto líquido de $5,683,075.20 (Cinco millones seiscientos ochenta y tres mil setenta y cinco pesos 20/100 M. N.).

b)     Una multa  consistente en 1,100 días de salario mínimo diario general vigente para el Distrito Federal en el año 2006, equivalente a $53,537.00 (Cincuenta y tres mil quinientos treinta y siete pesos 00/100 M. N).

c)      Una multa consistente en 600 días de salario mínimo diario general vigente para el Distrito Federal en el año 2006, equivalente a $29,202.00 (Veintinueve mil doscientos dos pesos 00/100 M. N.).

d)     Una multa consistente en 2,500 días de salario mínimo diario general vigente para el Distrito Federal en el año 2006, equivalente a $121,675.00 (Ciento veintiuno un mil seiscientos setenta y cinco pesos 00/100 M. N.).

e)      La reducción del 0.07% (Cero punto cero siete por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar un monto líquido de $274,400.00 (Doscientos setenta y cuatro mil cuatrocientos pesos 00/100 M. N.).

f)       La reducción del 2.09% (Dos punto cero nueve por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar un monto líquido de $7,747,986.05 (Siete millones setecientos cuarenta y siete mil novecientos ochenta y seis pesos 05/100 M. N.).

g)     La reducción del 0.08% (Cero punto cero ocho por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar un monto líquido de $296,887.00 (Doscientos noventa y seis mil ochocientos ochenta y siete pesos 00/100 M. N.).

i)  (sic) La reducción del 0.08% (Cero punto cero ocho por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar un monto líquido de $2,975,618.84 (Dos millones novecientos setenta y cinco mil seiscientos dieciocho pesos 84/100 M. N.).”

SEGUNDO. El veintiocho de mayo de dos mil siete, el Partido Acción Nacional, por conducto de su tesorero nacional Marcos Pérez Esquer, interpuso apelación en contra del acuerdo indicado.

TERCERO. El Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral tramitó el medio de impugnación de referencia y, el siete de junio del año pasado, lo remitió a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el informe circunstanciado, así como con los anexos atinentes.

CUARTO. Por auto de presidencia del propio siete de junio de dos mil siete, el expediente se turnó a la magistrada María del Carmen Alanis Figueroa, para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

QUINTO. Mediante proveído de veintinueve de enero de dos mil ocho, la magistrada ponente admitió a trámite el recurso de mérito y una vez integrado el expediente cerró la instrucción, con lo cual el asunto quedó en estado de resolución.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, párrafo cuarto, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso a), y 189, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el 40, párrafo 1, inciso b), 42, párrafo 1, y 44, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un recurso de apelación, interpuesto por un partido político nacional, en contra de un acuerdo dictado por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, entre dos procesos electorales federales.

SEGUNDO. La autoridad responsable envió copia certificada por el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral del acuerdo impugnado, la cual se encuentra agregada en autos y cuya trascripción se estima innecesaria, tanto por no exigirse en la ley para el dictado de las sentencias, como porque su consulta directa permite el estudio y decisión del medio impugnativo plateado.

TERCERO. Los agravios del impugnante se encuentran igualmente agregados en autos, por eso se inserta solamente una reseña de ellos en el cuadro siguiente:

*COFIPE: Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

**Reglamento: Reglamento que Establece los Lineamientos para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales.

CUARTO. Resulta conveniente precisar, en principio, que el análisis de las cuestiones planteadas en el recurso de apelación se hace en conformidad con las normatividad vigente en la época en que se inició el recurso, que para el caso se tiene como fecha de inicio la correspondiente a la presentación del escrito impugnativo que originó esta instancia, es decir, el veintiocho de mayo del dos mil siete.

Lo anterior implica que para el dictado de esta sentencia rigen las disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en vigor en ese entonces, pese a que tal codificación fue derogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del catorce de enero de dos mil ocho, al promulgarse el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Sirve de fundamento a lo explicado el artículo cuarto transitorio del nuevo código, en donde se previó que los asuntos en trámite a la entrada en vigor del propio decreto serán resueltos conforme a las normas vigentes al momento de inicio del procedimiento.

De igual modo se aclara, que aun cuando en el recurso de apelación procede suplir la deficiencia de los agravios, para realizar tal suplencia es menester que existan al menos los elementos mínimos del agravio, es decir, la exposición de las razones de hecho o de derecho que puedan constituir la causa de pedir del inconforme, de otra manera no habrá agravio alguno que suplir.

Por otro lado, la revisión de las alegaciones expresadas por el apelante permite agruparlos, por un lado, de acuerdo a la naturaleza preferente de algunas de las cuestiones planteadas y, por otro, conforme a los temas a los cuales se refieren.

De esta manera, las manifestaciones del recurrente serán agrupadas en el orden y en los temas siguientes:

I. Inconstitucionalidad de distintos artículos del Reglamento que establece los Lineamientos para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales,[1] argumento que se plantea en distintos agravios del apelante.

II. Legalidad de la resolución apelada, en cuanto a la determinación de imponer distintas sanciones al partido recurrente.

En este rubro se abarcarán los agravios del segundo en adelante, mediante el análisis temático e independiente de los planteamientos.

III. Individualización de las sanciones impuestas al partido. Sobre este tema, el apelante expresa distintos motivos de inconformidad que se encuentran en el agravio primero y se incluirán las afirmaciones que sobre el mismo tema se aduzcan en alguna otra parte de los agravios.

Además, como en los agravios se encuentran algunos subtemas, se hará la especificación pertinente, según corresponda.

QUINTO. Por razón de técnica, se analizan en principio las alegaciones concernientes a la inconstitucionalidad de distintos preceptos del Reglamento, pues de ello dependerá su aplicabilidad y, en consecuencia, la legalidad de la decisión recurrida, en las partes relativas a su aplicación.

I. Inconstitucionalidad de distintos artículos del Reglamento.

El partido recurrente aduce, que la determinación recurrida es contraria a derecho, en relación con lo decidido en las conclusiones 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 42, 47, 48, 49, 50, 52, 55, 57, 59, 60, 62, 66, 69, 98, 102, 108 porque en esos apartados se le impone, en términos de los artículos 11.1, 12.9, 12.12 incisos c), e), f) y g), 17.2 inciso c), 19.2 y 24.3 del Reglamento, la obligación de exhibir varios documentos, pero estas normas reglamentarias –en su opinión– son inconstitucionales (así los califica expresamente en varios de los casos, y en otros aunque no los califica con este adjetivo expone las mismas razones para alegar su inaplicabilidad; por ende, es válido analizarlos en este mismo apartado) porque en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales[2] no está prevista la obligación; lo cual implica, concluye el apelante, que el reglamento va más allá de lo previsto en la norma reglada y eso lo torna violatorio de la constitución.

Los artículos del Reglamento que se tildan de inconstitucionales, son del tenor siguiente:

“ARTICULO 11

Registro de los Egresos, Requisitos de la Documentación Comprobatoria y Generalidades

11.1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original que expida a nombre del partido la persona a quien se efectuó el pago. Dicha documentación deberá cumplir con todos los requisitos que exigen las disposiciones fiscales aplicables, con excepción de lo señalado en los artículos 11.2 a 11.6 del presente Reglamento.

(…)

ARTÍCULO 12.

12.9. Los comprobantes de los gastos efectuados en propaganda en prensa deberán incluir una relación de cada una de las inserciones que ampara la factura, las fechas de publicación, el tamaño de cada inserción o publicación, el valor unitario de cada inserción o publicación y en su caso, el nombre del candidato beneficiado con cada una de ellas. Los partidos deberán conservar la página completa de un ejemplar original de las publicaciones que contengan las inserciones en prensa que realicen en las campañas electorales, así como todos aquellos que realicen durante los periodos que comprenden las campañas electorales, aún cuando no se refieran directamente a dichas campañas. Cada una de las inserciones deberá contener la leyenda “inserción pagada” seguida del nombre de la persona responsable del pago. La página con la inserción deberá anexarse a la documentación comprobatoria y presentarse junto con ésta a la autoridad electoral cuando sea solicitada.

(…)

12.12. Los partidos podrán contratar publicidad considerada como anuncios espectaculares en la vía pública para sus campañas electorales, ajustándose a las siguientes disposiciones:

(…)

c) Durante las campañas electorales, cada partido deberá entregar a la Secretaría Técnica un informe pormenorizado de toda contratación hecha con las empresas propietarias o concesionarias dedicadas a la renta de espacios y colocación de anuncios espectaculares en la vía pública, así como con las empresas dedicadas a la producción, diseño y manufactura de toda publicidad que se utilice para dichos anuncios. Este informe deberá ser entregado, anexando las facturas correspondientes, a más tardar a los diez días de celebrado el contrato, con la siguiente información:

I. Nombre de la empresa;

II. Condiciones y tipo de servicio;

III. Ubicación y características de la publicidad;

IV. Precio total y unitario;

V. Duración de la publicidad y del contrato; y

VI. Condiciones de pago.

(…)

e) Los comprobantes de los gastos efectuados en anuncios espectaculares en la vía pública deberán incluir, en hojas membretadas de la empresa que se anexen a cada factura, una relación de cada uno de los anuncios espectaculares que ampara la factura y el periodo en el que permanecieron colocados. En las hojas membretadas deberá incluirse el valor unitario de todos y cada uno de los anuncios espectaculares. El importe y el número total de los anuncios detallados en las hojas membretadas deben coincidir con el valor y número de anuncios que ampare la factura respectiva. Asimismo, deberá presentar en medio magnético y en hoja impresa un resumen con la información de las hojas membretadas en hoja de cálculo electrónica, la cual deberá contener cada uno de los anuncios espectaculares que amparan las facturas de sus proveedores con los datos señalados en el presente artículo. Adicionalmente, las hojas membretadas del proveedor deberán contener:

I. Nombre del partido que contrata;

II. Nombre del candidato que aparece en cada espectacular;

III. Número de espectaculares que ampara;

IV. Valor unitario de cada espectacular, así como el Impuesto al Valor Agregado de cada uno de ellos;

V. Periodo de permanencia de cada espectacular rentado y colocado;

VI. Ubicación exacta de cada espectacular: nombre de la calle principal, número, calles aledañas, colonia, municipio o delegación; o en su caso los datos del taxi, microbús o autobús en los que se colocó la propaganda;

VII. Entidad Federativa en donde se rentaron y colocaron los espectaculares;

VIII. Medidas de cada espectacular; y

IX. Detalle del contenido de cada espectacular.

f) La información incluida en el presente artículo deberá ser reportada en los informes de campaña, junto con los registros contables que correspondan.

g) El partido deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías de la publicidad utilizada en anuncios espectaculares en la vía pública a solicitud de la autoridad electoral.

(…)

ARTÍCULO 17

17.2. Los gastos que deberán ser reportados en los informes de campaña serán los ejercidos dentro del periodo comprendido entre la fecha de registro de los candidatos en la elección de que se trate y hasta el fin de las campañas electorales, correspondientes a los siguientes rubros:

(…)

c) Gastos de propaganda en prensa, radio y televisión: comprenden los ejercidos en cualquiera de estos medios tales como mensajes, anuncios publicitarios y sus similares, tendientes a la obtención del voto, difundidos durante el periodo de las campañas electorales.

(…)

ARTÍCULO 19

19.2. La Comisión, a través de su Secretaría Técnica, tendrá en todo momento la facultad de solicitar a los órganos de finanzas de cada partido que ponga a su disposición la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes a partir del día siguiente a aquel en el que se hayan presentado los informes anuales y de campaña. Durante el periodo de revisión de los informes, los partidos tendrán la obligación de permitir a la autoridad electoral el acceso a todos los documentos originales que soporten sus ingresos y egresos, así como a su contabilidad, incluidos sus estados financieros. En caso de que el partido indique que la documentación que se le solicite de conformidad con el presente artículo se encuentra en poder del Instituto por haber sido entregada para la comprobación de gastos por actividades específicas a que se refiere la fracción II, del inciso c), del párrafo 7, del artículo 49 del Código, el partido tiene la obligación de especificar a la Secretaría Técnica los datos precisos para su fácil identificación dentro de la documentación entregada.

ARTÍCULO 24.

24.3. Los partidos deberán apegarse, en el control y registro de sus operaciones financieras, a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Si de la revisión desarrollada por la autoridad se determinan reclasificaciones, los partidos deberán realizarlas en sus registros contables.”

Con base en dichas disposiciones, la autoridad responsable requirió al partido impugnante la exhibición de los documentos siguientes:

        Contratos de prestación de servicios relacionados con los anuncios espectaculares de campaña.

        Las hojas membretadas del proveedor que contengan las relaciones de los anuncios espectaculares de campaña.

        Medios magnéticos en los cuales se contenga la muestra de los espectaculares de referencia.

        Muestras fotográficas de los anuncios espectaculares.

        Facturas originales.

        Muestras de las inserciones en prensa y relaciones de las publicaciones o inserciones realizadas.

        Medios magnéticos de la información relativa a las inserciones en prensa de distintos candidatos.

        Páginas completas de los desplegados de campaña genéricos federales en prensa.

        Relaciones de los desplegados efectuados.

Los agravios relacionados con la inconstitucionalidad de los preceptos del Reglamento son infundados.

En principio se debe tener en cuenta, que la facultad reglamentaria consiste en la potestad atribuida por el ordenamiento jurídico a determinados órganos para emitir reglamentos, es decir, normas jurídicas obligatorias con valor subordinado a la ley.

El ejercicio de esa facultad reglamentaria está sometido jurídicamente, a limitantes derivados de lo que se conoce como el principio de reserva de ley y del diverso principio de subordinación jerárquica, este último obedece a la propia naturaleza de los reglamentos, en cuanto disposiciones subordinadas a la ley.

El primero de dichos principios implica, que una norma constitucional reserva expresamente a la ley, la regulación de una determinada materia, con lo cual se excluye la posibilidad de que los aspectos de esa reserva sean regulados por disposiciones de naturaleza distinta a la ley. De este modo, el legislador ordinario ha de establecer la regulación de esa materia, al no poder regularse por otras normas secundarias, entre ellas, el reglamento.

El segundo principio, el de jerarquía normativa, consiste en que el ejercicio de la facultad reglamentaria no puede modificar o alterar el contenido de una ley, es decir, los reglamentos tienen como límite natural los alcances de las disposiciones que dan cuerpo y materia a la ley que reglamentan; por ende, los reglamentos sólo pueden detallar las hipótesis y supuestos normativos legales para su aplicación, sin contener mayores supuestos, ni crear nuevas limitantes a las previstas en la ley.

De esta suerte, al ser competencia exclusiva de la ley la determinación del qué, quién, dónde y cuándo de una situación jurídica general, hipotética y abstracta; al reglamento de ejecución competerá, por consecuencia, el cómo de esos mismos supuestos jurídicos.

En tal virtud, si el reglamento sólo funciona en la zona del cómo, para que en sus disposiciones se pueda hacer referencia a cuestiones relativas a la materia de las otras preguntas (qué, quién, dónde y cuándo) es menester que éstas cuestiones estén contestadas por la ley; porque como el reglamento desenvuelve la obligatoriedad de un principio ya definido por la ley, no puede ir más allá de ella, ni extenderla a supuestos distintos, ni mucho menos contradecirla, sólo debe concretarse a indicar los medios para cumplirla y, además, cuando exista reserva de ley no podrá abordar los aspectos materia de tal disposición.[3]

La atribución en comento se concede, ordinariamente, al poder ejecutivo para reglamentar las leyes que provienen del legislador; empero, con motivo de la descentralización de las funciones públicas y con la creación de los órganos autónomos, a los cuales se encomiendan funciones del Estado, se ha dotado a estos últimos no sólo de personalidad y patrimonio propios, sino además de atribuciones reglamentarias, a efecto de que estén en aptitud de cumplir las finalidades legales encomendadas.

El Instituto Federal Electoral es precisamente un organismo autónomo y desde un punto de vista técnico jurídico, la calidad de autonomía que lo reviste equivale a un grado extremo de descentralización del Estado, es decir, de la desvinculación con los órganos legislativo, ejecutivo y judicial que conforman el poder público, así como de la administración pública centralizada o descentralizada.

La Sala Superior ha sostenido en anteriores asuntos, que a virtud de la autonomía constitucional reconocida al instituto e incluso a otros organismos electorales (como sus equiparables a nivel estatal) en los artículos 41, párrafo segundo, fracciones II y III, y 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución federal, dicho organismo público electoral no queda incluido en la administración pública paraestatal dependiente, por ejemplo, del Ejecutivo Federal, ni de alguno otro de los poderes de la unión, pero como por disposición constitucional se le ha asignado el ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones federales, el instituto tiene a su cargo también el conjunto de atribuciones que constituyen las bases de los comicios, como el regular y vigilar las prerrogativas concedidas a los partidos políticos, entre ellas, el financiamiento.

Por tanto, en términos de la propia Constitución, compete al instituto el control y vigilancia del origen y destino de los recursos con que cuentan los partidos políticos. Para cuyos efectos, en esa ley suprema se le reconoce la calidad de autoridad.

De la interpretación de dichas disposiciones, se obtiene como norma, que al instituto se ha investido del conjunto de atribuciones necesarias para desarrollar a cabalidad la función de organizar y realizar las elecciones; por tanto,  necesariamente, entre esas facultades debe estar la concerniente a expedir reglamentos que le permitan proveer lo necesario para la realización de su encomienda.

En efecto, al dotarse al instituto de la calidad de organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y asignarle el desarrollo de la función del Estado relativa a la organización de las elecciones federales, sobre las bases preestablecidas en la Constitución, como las concernientes a la prerrogativa de los partidos políticos, el financiamiento público, etcétera; ese conjunto de facultades entraña una actuación de autoridad, independiente en sus decisiones y funcionamiento, para lo cual debe, lógicamente, contar con la posibilidad de regular, instrumental y técnicamente, los procedimientos conforme a los cuales habrá de realizar tales actividades.

De ahí que, aun cuando en condiciones normales o tradicionales, en la mayoría de los casos de descentralización (de la administración pública) a los órganos descentralizados sólo se transfieren facultades propiamente administrativas y no reglamentarias, por la autonomía constitucional del Instituto Federal Electoral se justifica, que por medio de sus órganos internos, esté en aptitud de emitir los reglamentos propios que constituyan los medios idóneos para desarrollar su actividad, con efectos vinculantes evidentemente respecto de los sujetos a quienes están dirigidas las leyes electorales, como los partidos políticos por ejemplo.

Esa facultad reglamentaria que tiene su base en las disposiciones constitucionales citadas, se prevé en el artículo 82, párrafo 1, incisos a), h), i), ñ), w) y z) del Código, donde se dispone lo siguiente:

“CAPÍTULO SEGUNDO

De las Atribuciones del Consejo General

Artículo 82. 1. El Consejo General tiene las siguientes atribuciones:

a) Expedir los reglamentos interiores necesarios para el buen funcionamiento del Instituto;

(…)

h) Vigilar que las actividades de los partidos políticos nacionales y las agrupaciones políticas se desarrollen con apego a este Código y cumplan con las obligaciones a que están sujetos;

i) Vigilar que en lo relativo a las prerrogativas de los partidos y agrupaciones políticas se actúe con apego a este Código, así como a lo dispuesto en el reglamento que al efecto expida el Consejo General;

(…)

ñ) Expedir el Reglamento de Sesiones de los Consejos Locales y Distritales del Instituto;

(…)

w) Conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan, en los términos previstos en la presente ley;

(…)

z) Dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las anteriores atribuciones y las demás señaladas en este Código.”

La interpretación de estas normas, permite concluir válidamente lo que se ha anunciado, esto es, que el cúmulo de atribuciones otorgadas al Instituto implican la descentralización de la facultad reglamentaria, porque sólo así se logra la plena autonomía de dicho organismo y se dan las bases para el desarrollo adecuado de su actividad legal, al evitar la injerencia gubernamental que eventualmente pudiera ser atentatoria de la autonomía, constitucionalmente garantizada a dicho Instituto.[4]

De conformidad con lo expuesto, la autoridad administrativa electoral tiene en lo general facultades reglamentarias, las cuales deben ajustarse al ejercicio de sus funciones legales, entre cuyas funciones se encuentra el control en el manejo de todos los recursos públicos del partido, y determinar el cómo debe realizar ese control y cómo los partidos políticos deben rendir sus informes, tanto de gastos ordinarios como de gastos de campaña, según se demuestra enseguida.

Una de las bases previstas en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para la realización de las elecciones, es la relativa a que los partidos políticos contarán con el financiamiento público para actividades ordinarias y para el desarrollo de sus campañas electorales, a efecto de que estén en condiciones de cumplir sus finalidades.

La norma suprema dispone, igualmente, que en la ley se fijarán los criterios para determinar los límites de las erogaciones, los montos máximos de las aportaciones y los procedimientos para el control y vigilancia del origen, uso y destino de los recursos, asimismo señalará las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones.

A su vez, de lo previsto en los artículos 46, párrafo 6, 49B, párrafos 1 y 2 incisos a) y b), y 82, párrafo 1 incisos a) e i), del Código aplicable, se puede establecer, en particular respecto a la vigilancia del origen y destino de los recursos de los partidos políticos, que el Consejo General podía emitir reglamentos para el debido cumplimiento de las tares que le corresponden, en cuya materia podía actuar a través de la otrora Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, la cual contaba con atribuciones para emitir lineamientos con bases técnicas para establecer el cómo deben presentarse los informes del origen, monto y destino de los recursos de los partidos políticos.

Esto es, tanto en la constitución como en la ley electoral secundaria, se autoriza al Instituto para emitir normas reglamentarias en materia de fiscalización, a efecto de constatar el origen, monto y destino de los recursos de los partidos políticos, pues en esta actividad actúa como autoridad hacendaria con fines fiscales.

La connotación del instituto como autoridad hacendaria la explicó esta Sala Superior, al resolver distintos recursos de apelación (entre ellos los identificados con las claves SUP-RAP-050/2001, SUP-RAP-054/2001, SUP-RAP-055/2002 y SUP-RAP-61/2006, éste interpuesto por el propio Partido Acción Nacional) en los cuales concluyó, que la recta interpretación de los artículos 49 párrafo 6; 49-A párrafos 1 y 2, incisos a) al c) y e), así como 49-B; 73; 82 párrafo 1 incisos h), i), m), w) y z); 93 párrafo 1 incisos d) y l), y 270 del Código, pone de manifiesto que cuando el instituto realiza el control y vigilancia del origen, uso y destino de los recursos de los partidos políticos, es decir, cuando procede a su fiscalización e instruye y resuelve los procedimientos establecidos para tal efecto, lo hace como autoridad con fines fiscales, en pleno ejercicio de sus atribuciones y funciones legalmente conferidas; por tanto, en ese ámbito cuenta con atribuciones hacendarias suficientes para adoptar las medidas necesarias a ese efecto.

Acorde con todas estas bases, es legalmente válido concluir que el Instituto Federal Electoral (en la medida que ejerza funciones de control, vigilancia, investigación y aplicación de sanciones, respecto del monto, uso, manejo y destino de los recursos públicos de los partidos políticos) se encuentra incluido entre los entes que se conceptúan como "autoridades hacendarias federales" para "fines fiscales", en cuyos conceptos se incluyen tanto a las autoridades que formalmente tengan el calificativo de hacendarias en su denominación, como a las que materialmente realicen funciones atinentes a la hacienda pública federal, como la administración, distribución, control y vigilancia de recursos públicos; funciones que tienen la calidad de fiscales, cuya concepción se debe entender referida a todas las atribuciones concernientes a la recaudación de contribuciones, a su destino, a la vigilancia e investigación sobre el uso de tales recursos, a la comprobación de irregularidades en su manejo, lo mismo que a la aplicación de las sanciones administrativas que corresponda por las faltas que se estimen cometidas en esa materia.

Correlativamente a la precisión de las facultades del instituto, en los artículos 38 párrafo 1 incisos a) y k); 49 párrafos 1, 2, 3, 5, 6 y 11; 49-B párrafo 2 incisos a) y b); 80 párrafo 1 y 82, párrafo 1, incisos i) y z), del Código aplicable, se prevén las obligaciones de los partidos políticos, entre las cuales destacan las de conducir sus actividades dentro de los cauces legales; ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático; permitir la práctica de auditorías y verificaciones que ordene la Comisión del Instituto respectiva; entregar la documentación que la propia comisión les solicite respecto a sus ingresos y egresos; ajustarse a las formas de financiamiento en el cual debe prevalecer el de origen público y respetar las limitantes, en cuanto a otras aportaciones; la obligación de contar con órganos especializados del partido para rendir los informes relativos a los recursos, informes que estaban sujetos a revisión por la entonces Comisión de Fiscalización; tratándose de las aportaciones de sus militantes, el órgano interno responsable deberá expedir recibo de las cuotas o de las aportaciones recibidas y conservar una copia para acreditar el monto ingresado; en las aportaciones de simpatizantes, los recibos serán foliados, si se trata de aportaciones en especie se harán constar  en un contrato celebrado conforme a las leyes aplicables; los partidos políticos deberán presentar ante la comisión los informes anuales y de campaña relativos al origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación; respecto de los cuales la citada Comisión tiene la facultad de requerir a los partidos la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes, entre otras.

Acorde con todo esto, esta Sala Superior estima infundado el agravio del apelante, porque en modo alguno resulta inconstitucional la exigencia reglamentaria para que con el informe de gastos de campaña se exhiba la documentación soporte de los egresos, consistentes en:

        los contratos de prestación de servicios relacionados con los anuncios espectaculares de campaña;

        las hojas membretadas del proveedor que contengan las relaciones de los anuncios espectaculares de campaña;

        los medios magnéticos en los cuales se contengan las muestras de las relaciones de los espectaculares y las muestras fotográficas de esos mismo anuncios;

        las facturas originales;

        las muestras de las inserciones en prensa, así como las relaciones de las publicaciones o inserciones realizadas;

        los medios magnéticos de la información relativa a las inserciones en prensa de distintos candidatos; y ,

        las páginas completas de los desplegados de campaña genéricos federales, en prensa, con las relaciones de los desplegados efectuados;

Lo anterior porque la referida atribución proviene del órgano autónomo (Consejo General del Instituto Federal Electoral) con facultades para emitirlo y dichas normas no establecen cuestiones que deban ser objeto de una ley (atiende al principio de reserva legal) ni excede a la ley de la cual emanan (cumplen el principio de subordinación legal) pues son acordes a ella, en cuanto regulan el cómo debe rendirse el informe y el cómo los partidos deben acreditar sus reportes; con lo cual, además, las normas reglamentarias se ajustan a lo preceptuado en la Constitución, pues se trata de medidas e instrumentos técnicos que permiten al Instituto ejercer la atribución de vigilar lo concerniente a las prerrogativas de los partidos políticos en la materia del control y vigilancia de todos los recursos con que cuentan, respecto de los cuales rinden sus informes, como el de gastos de campaña.

Adicionalmente, desde el punto de vista de la aplicación per se de los artículos reglamentarios, no se advierte ilegalidad en la determinación de la responsable, porque el requerimiento de dichos documentos, además de ser acorde a las facultades que tiene el instituto para el adecuado control y vigilancia del origen y destino de los recursos de los partidos políticos, la exigencia de los documentos (en tanto respaldo del informe) es necesaria para la constatación de la veracidad de lo reportado, así como del cumplimiento a la obligación de los partidos políticos, de justificar sus erogaciones y de permitir las tareas de revisión de informes de la autoridad hacendaria.

Esto último obedece, a que los requerimientos formulados por la autoridad no son arbitrarios, si no más bien están racionalmente justificados, en la medida que la documentación exigida es la idónea para conocer los soportes de los gastos.

En suma, como las normas reglamentarias cuestionadas respetan los principios de reserva legal y subordinación legal, entonces no son contrarias a la constitución; por tanto, es válido aplicarlas en la revisión de los informes de gastos de campaña rendidos por el Partido Acción Nacional, pues de este modo se establecen bases adecuadas para satisfacer la finalidad del procedimiento de revisión de los informes de gastos de campaña, consistente en facilitar, al máximo, las labores necesarias, para que:

1. Los recursos que le corresponden al Estado destinados al ejercicio de la función pública en que se traducen las elecciones, puedan ser correctamente ejercidos.

2. El uso de tales recursos se destine adecuadamente a los propósitos que fijen las leyes correspondientes.

3. Todos los actos encaminados a la custodia y cuidado de esos recursos se cumplan adecuadamente, por todas las autoridades, funcionarios o entes jurídicos que intervienen en dichas actividades, como los partidos políticos.

4. Se investigue sobre las posibles conductas ilícitas que atenten contra los valores o las funciones mencionados; y

5. Se impongan las sanciones administrativas legales establecidas para ese efecto, a través de los procedimientos administrativos sancionadores establecidos en las leyes electorales, tratándose de los recursos que destina la Federación al financiamiento de los partidos políticos.

A mayor abundamiento, la ineficacia de estos argumentos resulta también del hecho de que, el Reglamento se expidió en el mes de diciembre de dos mil dos, pero el Partido Acción Nacional no lo impugnó en esa oportunidad, y la determinación que ahora apela no constituye el primer acto de su aplicación respecto de algunos de los artículos que se tildan de inconstitucionales, pues como consta en la sentencia emitida por este órgano jurisdiccional al resolver el recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-20/2004 (promovido por el Partido Acción Nacional, en contra de la resolución emitida en la sesión extraordinaria de fecha 20 de abril del año 2004 por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, en la que dicho órgano colegiado impone una sanción al Partido Acción Nacional en la presentación de los Informes de Campaña 2003 de este Instituto Político) fallo que se invoca como hecho notorio de conformidad con el artículo 15, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el partido recurrente ya había sido sancionado con motivo de conductas derivadas de la rendición de informes de ingresos y egresos, en cuya determinación la ahora responsable aplicó los preceptos 11.1, 17.2 inciso c), 19.2 y 24.3 del Reglamento.

SEXTO. II. Legalidad de la resolución en cuanto a las distintas sanciones impuestas al partido apelante.

Como puede advertirse del resumen que se inserta en el cuadro del considerando tercero de esta sentencia, en el agravio segundo, el recurrente cuestiona las consideraciones en las cuales se determinó sancionarlo por incurrir en distintas faltas, relacionadas con los ingresos y egresos reportados. Enseguida se analiza lo concerniente a los ingresos.

Sanciones relacionadas con los ingresos reportados.

Conclusión 5. En cuanto a este punto, el argumento es infundado, en un primer aspecto, porque el inconforme parte de una premisa inexacta, dado que afirma la ilegalidad de lo decidido por la responsable, supuestamente porque se dejan de citar los preceptos del código que sirven de fundamento a la sanción aplicada y sólo se invocan preceptos del Reglamento.

Sin embargo, al revisar la resolución cuestionada se advierte que la falta impuesta en dicha conclusión, se debe a irregularidades atribuidas al apelante por contravenir precisamente disposiciones reglamentarias; por ende, es inconcuso que la fundamentación y motivación de la decisión, en este apartado, tendría que referirse a las normas previstas en el Reglamento, no necesariamente a las del Código.

Además, en la parte considerativa del acuerdo recurrido, al inicio del apartado correspondiente al análisis del informe de gastos de campaña, se precisan los numerales del Código que sirven de sustento a la determinación, lo cual es apto para satisfacer la exigencia de fundamentación en la decisión adoptada y respetar la garantía constitucional atinente.

En efecto, la conducta considerada irregular en esta conclusión se refiere a que el partido señaló como ingresos, en el concepto de aportaciones del Comité Ejecutivo Nacional y de otros órganos partidarios, la cantidad de $38´054,735.49 treinta y ocho millones cincuenta y cuatro mil setecientos treinta y cinco pesos con cuarenta y nueve centavos, pero omitió presentar la documentación soporte, lo mismo que los detalles del prorrateo o papel de trabajo de gastos centralizados; así como a que las transferencias en especie reportadas en las balanzas de comprobación de la campaña presidencial y de la concentradora nacional no coinciden.

Esos hechos se consideraron faltas en tanto retrazan las tareas de verificación, dificultan la eficaz y rápida verificación de los recursos informados; además, se estimó que esa conducta es relevante, porque:

 “tiene como efecto principal que las balanzas de comprobación y los informes no sean coincidentes, lo que implica una violación a los principios de contabilidad generalmente aceptados, así como las reglas contables que establece el Reglamento de la materia”.

Los numerales reglamentarios que se citan en la resolución: 1.3, 15.1, 15.2, 17.3, 19.2 y 24.3, establecen la obligación de los partidos políticos de llevar un registro contable de sus ingresos y documentarlos debidamente, a efecto de que el instituto puede realizar, a través de la comisión respectiva, la verificación de los ingresos.

En otra parte de la resolución se establece (páginas 37 y 38) que uno de los valores jurídicos afectados en este caso son la certeza, respecto del origen de los ingresos de los partidos, la rendición de cuentas y la transparencia de lo reportado, así como de la documentación presentada para sustentar esos movimientos.

Lo anterior permite afirmar, que aun cuando en esta conclusión no se hace una mención expresa de los preceptos del Código que se vulneran con la conducta sancionada, al describir y citar los numerales del Reglamento, así como al explicar la falta, queda en evidencia que la misma encuentra sustento legal en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) y 49-A inciso b) fracción III, del Código referido, en los cuales se prevé expresamente que los partidos políticos están obligados a permitir la práctica de las auditorias, las verificaciones que ordene la comisión, así como a presentar la documentación solicitada respecto de sus ingresos y egresos, a rendir sus informes de campaña en cuanto al origen y monto de los ingresos por cualquier modalidad de financiamiento.

De igual modo, en la parte de la resolución correspondiente a la valoración de las conductas del partido en la comisión de las irregularidades (particularmente en la página 41) la autoridad apelada establece, que el partido incumplió las obligaciones que le imponen las normas reglamentarias citadas, las cuales aunadas al artículo 269, párrafo 2, inciso b), del Código evidencian –consideró la  autoridad– la realización de una conducta típica susceptible de ser sancionada.

Luego, como los numerales reglamentarios en realidad reproducen los artículos del Código señalados, entonces no hay base para considerar que la sanción impuesta carece de la fundamentación legal idónea.

El resto de las alegaciones que aduce el demandante en relación a esta conclusión son inoperantes, porque en ellos se limita a sostener que: los artículos del reglamento no son aptos para fundar la determinación impugnada; los ingresos de mérito sí están registrados en su contabilidad; incluso la responsable reconoce la existencia de tres contabilidades para el control de los recursos y dichos ingresos están soportados en las pólizas correspondientes; y, el instituto tiene conocimiento de las aportaciones al aceptar la presentación de diversos alcances, aunque fuera de los plazos, mediante los cuales se hacen correcciones de errores y omisiones.

Los planteamientos reseñados son argumentos genéricos e imprecisos, pues se omite señalar los apartados de los informes a los cuales se refiere el inconforme, tampoco se señalan las pólizas que registran los recursos cuestionados, ni con qué documentos, de los exhibidos en alcance del informe, se acreditan los registros de los ingresos y se muestra su coincidencia con los informes que se mencionan en la resolución.

Incluso, en relación con los documentos que dice haber presentado en alcance, el actor deja de controvertir las consideraciones dadas por al autoridad recurrida en el sentido de que no ha lugar a tener en cuenta esa documentación adicional, por haber sido presentada extemporáneamente; por ende, tales asertos de la autoridad deben permanecer intocados y continuar rigiendo el sentido de la resolución.

Luego, si esos documentos no fueron aceptados por inoportunos y tal denegación no se controvierte, entonces, no había base jurídica para que fueran tenidos en cuenta al resolver.

Conclusiones 6, 8 y 9. En cuanto a estos apartados los motivos de inconformidad son inoperantes.

En los recursos de apelación, si bien se permite la suplencia de los agravios en términos del artículo 23, párrafo 1, de la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para ese efecto es necesario que en las alegaciones se aduzca al menos un principio de inconformidad, esto es, que se exponga siquiera la causa de pedir del motivo del agravio, pues así deriva de lo previsto en dicho numeral al establecer, que la suplencia de los agravios debe deducirse de los hechos expuestos. Lo anterior significa que el inconforme debe plantear los elementos mínimos para que la Sala Superior pueda deducir el motivo de inconformidad; por tanto, cuando no se aduzcan circunstancias de hecho de las cuales pueda deducirse la causa de pedir, la alegación respectiva debe considerarse inoperante, en tanto no es legalmente válido suplir los hechos, porque ello equivale a traer a la controversia cuestiones fácticas no planteadas.[5]

En el caso, el inconforme sostiene, de manera general y dogmática, que cumplió la obligación de permitir la práctica de auditorías a la responsable, pero no dice cómo, sólo añade que entregó la documentación solicitada, que tal cuestión la reconoce la autoridad –según el apelante-, en términos de las pólizas de diario PD-12/06-6 y PD-11/06-6  del mes de junio del dos mil seis, para el caso de la conclusión 6; las pólizas PD-206-06, PD-6/06-06, PD-7/06-06, PD-8/06-06 y PD-8/06-06, por lo que hace a la conclusión 8; y PI-202/06-06 y PI-288/06-06, en lo que atañe a la conclusión 9. De esta forma, el recurrente pretende se reconozca el cumplimiento de la obligación atinente y la justificación de los ingresos respectivos.

Esta forma de argumentar, dogmática y genérica, no controvierte las consideraciones en las cuales la responsable sustenta la resolución impugnada. Tales consideraciones consisten, en que:

a) La documentación faltante para justificar los ingresos listados con las referencias PD-11/06-06, PD-12/06-06, PD-2/06-06, PD-6/06-06, PD-7/06-06, PD-8/06-06, PI-202/06-06 y PI-288/06-06, eran los contratos de donación o comodato respectivos, en las primeras seis referencias, y las fichas de depósito o los comprobantes de la transferencia electrónica de los recursos en las dos últimas; es decir, no se consideró como documentos faltantes las facturas o las pólizas que aduce el apelante, sino otra clase de documentos que no exhibió a la responsable.

b) En cuanto a los ingresos por $49,000.00, el actor omitió identificarlos en la contabilidad de los Comités Estatales de San Luis Potosí y Morelos.

c) El partido fue requerido oportunamente para que exhibiera esa documentación, pero a pesar de ello no los presentó; y,

d) El partido adujo encontrarse en “proceso de recaudación del documento faltante”; empero, ni siquiera al momento en que se emitió el dictamen consolidado, el obligado había presentado tal documento.

En consecuencia, por la falta de los contratos se consideró incumplida la obligación prevista en el artículo 38, párrafo 1 fracción K) del Código, así como en los numerales 2.2. y 19.2 del Reglamento; y por la falta de los comprobantes de los depósitos o transferencias electrónicas, así como por la omisión de identificar en la contabilidad de los comités estatales referidos, se estimaron conculcados los numerales 38, párrafo 1, inciso K, del código, 1.3, 9.1, 9.3 y 19.2 del Reglamento.

La conducta anterior constituye, a juicio de la recurrida, la falta de elementos contables pertinentes para ejercer la facultad de fiscalizar y auditar los recursos de los partidos políticos; por consiguiente, la recurrida determinó procedente sancionar al inconforme.

Como se advierte de la simple confrontación entre los agravios aducidos y la resolución apelada, las consideraciones en que se sustenta ésta no son contradichas por el inconforme; pues nada dice, por ejemplo, acerca de haber exhibido los contratos requeridos y los comprobantes de depósitos y transferencias electrónicas, o de haber relacionado los ingresos en la contabilidad de los dos comités locales mencionados, ni refiere alguna circunstancia justificativa de los requerimientos formulados, etcétera; tampoco arguye, que con algún otro medio de convicción se haya demostrado el contenido de dichos contratos, los recursos ingresados o las transferencias efectuadas o alguna explicación apta para demostrar la ilegalidad de las consideraciones.

Por tanto, los motivos de hecho y de derecho expresados por la responsable, al margen del valor intrínseco que les corresponda, deben quedar incólumes y continuar rigiendo el sentido de la resolución recurrida.

Conclusión 7. El agravio expresado respecto de esta conclusión es infundado, porque en la resolución reclamada se advierte, que la responsable sí fundó y motivó su decisión, pues expuso que lo reportado en nueve controles de folios de aportaciones de militantes y de simpatizantes no guarda coincidencia con lo reportado en la balanza de comprobación al treinta y uno de agosto del año pasado; precisó los estados donde se hicieron las aportaciones; los montos de los folios y los montos de las balanzas de comprobación; así como la diferencia entre esas sumas; precisó las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las cuales se produjeron las conductas e identifica las elecciones a las cuales se hicieron las aportaciones (de senadores y diputados federales).

Luego, al analizar las normas violadas, en la resolución se establece que las conductas descritas trasgreden los artículos 3.11, 4.11 y 15.2 del Reglamento, en los cuales se prevé, precisamente, la obligación de los partidos de llevar un control de folios de los recibos de esa clase de aportaciones, así como que los contratos deben permitir la verificación de los recibos, los cuales en su totalidad deben ser relacionados uno a uno y presentarse en medios impresos y magnéticos; que los informes de campaña deben estar respaldados por las correspondientes balanzas de comprobación y los documentos contables, los cuales deben ser coincidentes.

Sobre estas bases, la responsable valoró las conductas señaladas y concluyó que el partido incumplió lo dispuestos en las normas reglamentarias señaladas, relacionadas con el artículo 260, párrafo 2 inciso b) del Código y, por ende, que se configura la conducta típica sancionable.

Lo anterior pone en evidencia lo inexacto de las afirmaciones del apelante, porque la resolución si se encuentra fundada y motivada, al señalar las razones fácticas concretas relativas a las conductas valoradas y los preceptos normativos aplicados, los cuales guardan correspondencia con los supuestos de hecho que expuso.

El resto de las alegaciones expresadas en este apartado son inoperantes, por las razones que se expresan a continuación.

Parte de las afirmaciones del recurrente se basan en circunstancias hipotéticas, no sobre bases objetivas y ciertas. El apelante aduce, que lo decidido en esta conclusión es ilegal, porque algunas de las aportaciones de militantes y simpatizantes a que hace referencia la responsable, se hicieron para elecciones específicas, de modo que, por ejemplo, si se aportaron a la campaña presidencial, entonces no van a coincidir al confrontar el registro con alguno relacionado con elecciones locales y que, además, sí registró las aportaciones.

El planteamiento se formula a manera de ejemplo, y en forma imprecisa, sin señalar cómo es que las aportaciones de militantes y de simpatizantes sí guardan coincidencia con los reportes de las balanzas, lo cual era menester señalar porque en la resolución recurrida se indicó con exactitud, las aportaciones en las cuales no había coincidencia, a saber: las relacionadas con elecciones de senadores de los estados de Michoacán (fórmula 1) y Querétaro (fórmulas 1 y 2), así como de diputados federales en los Distritos 05 y 07 de Hidalgo, 01, 02, 03 y 04 de Querétaro, y se indicaron los montos según los registros de los folios de los recibos y las balanzas de comprobación, con la indicación de las diferencias advertidas; por ende, era menester que el apelante expresara agravios dirigidos a controvertir estas consideraciones y no aducir alegaciones generales  ejemplificativas, porque así no evidencia la ilegalidad que atribuye a la resolución impugnada.

Además, no basta para desvirtuar estas argumentaciones, la afirmación dogmática del impugnante, en el sentido de que sí realizó el registro de los folios de las aportaciones, porque no señala los folios a los cuales se refiere, ni explica porque, a su juicio, existe correspondencia con las balanzas al treinta y uno de agosto del año pasado, pero nada de esto expuso el apelante.

Por consiguiente, las afirmaciones hipotéticas, genéricas y dogmáticas del actor, al dejar de controvertir las consideraciones de la responsable, no son aptas para privar de efectos a la resolución combatida.

Conclusión 10. Registro contable. En cuanto a este punto, se tilda de incorrecta la sanción aplicada, por sustentarse en que lo reportado mediante nueve controles de folios de aportaciones de militantes y de simpatizantes por un monto de $974,250.00 novecientos setenta y cuatro mil doscientos cincuenta pesos, no coincide con las balanzas de comprobación al treinta y uno de agosto de dos mil seis.

A juicio del recurrente, esta manera de resolver es indebida, porque la propia responsable reconoce que existe el registro de los folios, así como las fichas de depósito y los recibos de transferencia.

El apelante añade, que si los comités estatales no llevaron a cabo el registro con el mismo concepto a que se refieren las pólizas exhibidas, tal circunstancia no es suficiente para concluir, que se cometió la falta; además, el inconforme refiere: no se establece cuáles normas se violan, por la falta de localización, en los estados de cuenta, del retiro de recursos.

Estos argumentos son infundados, en un aspecto, porque la falta que se estimó cometida no se refiere a la omisión de comprobar las aportaciones de militantes y de simpatizantes, para cuyo efecto sirven los controles de los folios, las fichas de depósito y los recibos de transferencia. La falta que se consideró demostrada por la autoridad consiste, en la omisión del Comité Estatal de  identificar contablemente el concepto de los egresos a que se refiere la póliza y en la falta de localización de los retiros de esos recursos. En consecuencia, el hecho de que los documentos señalados existan y lo reconozca la recurrida, no es razón válida para calificar de ilegal el acuerdo apelado.

En otro aspecto, tampoco asiste razón al apelante al sostener que la responsable deja de señalar las normas violadas con esas conductas.

En la resolución reclamada (páginas 53 a 58 y 60) se precisa, que tal proceder del partido contraviene lo previsto en los artículos 38, párrafo 1, inciso K) del Código, así como los numerales 1.3, 9.1, 9.2, 9.3 y 19.2 del Reglamento, para enseguida explicarse, en lo esencial, que: dichos numerales prevén el deber de los partidos de entregar la documentación que la autoridad les solicite respecto de sus ingresos y egresos; los ingresos obtenidos deben registrarse contablemente y sustentarse en documentación original; los recursos transferidos de las cuentas CBE al CEN deben estar registradas; si en alguna de las distintas cuentas bancarias creadas para las transferencias financieras ingresan recursos de otras cuentas bancarias del propio partido, se debe demostrar que las operaciones se ajustan a lo previsto en el código, para lo cual ha de remitir la documentación idónea, con los estados de las cuentas de donde salieron los recursos, de hasta por un año previo a la operación, así como el origen de éstos.

Parte de la explicación que da la autoridad apelada, se refiere también a la falta de identificación de los conceptos en los registros contables, ni fueron localizados los retiros de los recursos; además, se estima que el partido no adoptó una conducta de colaboración con la autoridad, pues dejó de presentar la documentación que oportunamente le fue requerida, lo cual acredita –desde la perspectiva de la responsable– la conducta ilícita sancionable.

Como puede advertirse, en la resolución sí se precisaron las normas que se estimaron conculcadas y se explicaron las razones de hecho y de derecho que, a juicio de la responsable, daban sustento a su determinación, las cuales por cierto no son combatidas por el apelante, quien se limita a sostener que no se señaló la norma violada; por consiguiente, al margen de la validez jurídica de esas consideraciones, deben permanecer incólumes y continuar rigiendo el sentido de la resolución.

Finalmente, tampoco está en lo correcto el partido al decir, que el hecho consistente en la omisión de los comités estatales de registrar debidamente el concepto de las transferencias bancarias, no debe ser causa para sancionarlo.

Lo anterior porque, en el caso, las inconsistencias que dan lugar a la falta atribuida al apelante se advierten en el informe rendido con motivo de los gastos de campaña de las elecciones federales, que es responsabilidad del partido (por mandamiento legal) la cual no sólo implica la carga de informar los ingresos y los egresos, sino conlleva el deber de comprobar lo reportado con prueba documental suficiente, y la necesidad de precisar todos los registros que evidencien la disposición de los recursos, incluidos los efectuados por los comités estatales, y comprobarlos, pues no se trata de dos operaciones distintas, sino de una misma disposición de recursos registrada doblemente: por el órgano nacional y por el comité estatal. En esa virtud, es inconcuso que ambos registros contables corresponden a la misma aplicación de los recursos, de ahí que deban ser reportados congruentemente y comprobados  en forma plena.

Así las cosas, si la información proporcionada en esos documentos no es coincidente, sin duda la imprecisión o la omisión de los informes rendidos por el ahora apelante, se traducen en indebida comprobación del informe, que si no es corregida, como aconteció en la especie, da lugar a ser sancionada.

Sin que sea válido aducir, como causa para exonerarse de la obligación descrita, que la omisión del registro adecuado por parte de los órganos estatales partidario no puede afectar al partidario, porque en esa hipótesis ambos órganos (estatales y centrales) actúan corresponsablemente en el manejo y disposición del financiamiento respecto de las mismas elecciones federales, lo cual significa que su actuación es una sola e incide en el manejo de las finanzas cuyo ejercicio se debe reportar por el partido, el cual es igualmente una sola entidad jurídica. No se trata de dos personas de derecho distintas, condición necesaria para establecer, como lo pretende el apelante, que lo efectuado por una no es imputable ni reprochable a la otra.

Además, no existe disposición normativa alguna que exonere al partido por las incongruencias del informe, por el mero hecho de que el registro de una operación efectuada por un comité estatal no guarde correspondencia con los registros que del mismo movimiento realiza el órgano central del instituto político; por el contrario, la obligación de rendir el informe pertinente, vincula al partido a verificar, informar y demostrar el adecuado manejo, disposición y aplicación de todos los recursos, mediante un informe congruente, claro y preciso.

En esas condiciones, se desestima este agravio.

Conclusiones relacionadas con los egresos del partido.

En la resolución apelada se clasificaron las conclusiones de acuerdo a la temática que las vincula. El apelante expresa agravios para impugnar esas consideraciones y sigue, en lo general, el mismo orden dado por la responsable. Por tanto, el estudio de los motivos de inconformidad será atendiendo esa misma clasificación, a menos que en algún punto específico sea menester hacerlo por separado.

En una primer parte, el actor plantea agravios dirigidos a combatir las determinaciones adoptadas en relación con las conclusiones: 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 66, 67, 69, 71, 77, 80, 86, 88, 92, 96, 97, 98, 101, 102, 106, 107, 108 y 117, por motivos y grupos distintos.

El análisis de los agravios se hace del modo siguiente:

Falta de exhibición de documentación diversa.

El planteamiento de la inconformidad se hace respecto de las conclusiones 15, 16, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 77, 80, 88, 92, 96, 97, 101, 106, 107 y 117.

Conclusión  15. En relación a esta conclusión, en los agravios se aduce:

a) No existe la obligación para los partidos políticos de presentar el detalle del prorrateo;

b) El inconforme añade, que los egresos se encuentran registrados en la contabilidad;

c) Entregó el “empleo y aplicación” de los gastos;

d) Presentó los informes anuales respaldados por las balanzas de comprobación;

e) La responsable reconoce la reclasificación que hizo de lo reportado y no precisa en la resolución la forma en la cual se determinó la diferencia sujeta a controversia en materia de prorrateo; y,

f) El artículo 17.3 del Reglamento no es apto para fundar lo resuelto en este apartado, porque la hipótesis reglamentaria se refiere a los ingresos no a los egresos partidarios.

Es infundado el agravio que se analiza, porque contrariamente a lo aducido por el recurrente [agravio reseñado en el inciso a)] y conforme a lo previsto en el artículo 17.9 del Reglamento, los partidos políticos sí están obligados a incorporar, en los informes de campaña, cada uno de los gastos centralizados que correspondan de acuerdo a los criterios de prorrateo utilizados, en términos del artículo 12.8 del propio Reglamento; además, debe especificar los distritos electorales o estados donde se hayan distribuido los recursos, referir la documentación comprobatoria y la póliza correspondiente.

Tales deberes se prevén en el primero de los preceptos citados, con lo cual se evidencia, que tratándose de gastos centralizados, el partido informante está compelido no sólo a precisar los criterios de prorrateo, sino necesariamente a exhibir la documentación original demostrativa de dichos gastos, de otra forma no podrá demostrarlos.

Adicionalmente, en el artículo 11.1 del propio Reglamento se estatuye, que los partidos políticos están obligados a presentar con sus informes, los documentos originales con los cuales demuestren sus ingresos y los egresos.

Por tanto, tampoco tiene sustento jurídico el alegato consistente en que reportó la erogación, entregó los informes anuales respaldados con las balanzas de comprobación de los gastos y registró en la contabilidad la erogación referida [agravios indicados en los incisos b), c) y d)] porque esos aspectos son insuficientes para demostrar los gastos manifestados, para ello debió presentar la documentación soporte, en original y con los requisitos fiscales del caso, que fue precisamente lo requerido por la autoridad y lo que se estimó no exhibido, aspectos en contra de los cuales el apelante nada aduce.

Tampoco es acertado que en el acuerdo impugnado se omita señalar la forma en la cual se determinó la diferencia encontrada en los informes, pese a que se había reconocido la reclasificación de lo reportado y que el artículo 17.3 no sirva para fundar la decisión [agravios de los incisos e) y f)] porque en la parte respectiva de la resolución se precisa, que la diferencia del prorrateo de gastos deriva precisamente de la reclasificación de los informes de campaña, referida en la conclusión 5 de los ingresos, pues en ese apartado el partido modificó el reporte de los ingresos para incrementar los recursos y, a su vez, al realizar esas aclaraciones añadió, que había realizado dos disposiciones, según dos pólizas de transferencia en especie del Comité Ejecutivo Nacional  (concentradora nacional).

Luego, se explica en el acuerdo que, esa conducta provocó una modificación de los ingresos (que motivó la sanción a la cual se refiere la conclusión 5, por falta de documentación) pero como también entraña la modificación de los egresos, se sanciona ahora por falta de comprobación del soporte.

Como puede verse, la responsable sí determinó cuál era y a qué obedecía la diferencia que destaca. Por lo que hace a la inaplicabilidad del artículo 17.3 del Reglamento, el agravio es inoperante porque la responsable consideró que la falta reprochada deriva de la omisión de exhibir la documentación que respalde la diferencia de los recursos advertida una vez que el partido hizo sus ajustes. Conducta que estimó conculcatoria de los artículos 38 párrafo 1, inciso k) del Código; 11.1, 15.1, 15.2, 17.3, 17.9, 19.2 y 24.3 del Reglamento, que en su conjunto regulan la obligación de reportar los ingresos y gastos, así como de justificarlos adecuadamente, conforme al concepto respectivo.

No se citó de manera aislada el artículo 17.3 del Reglamento, sino relacionado con todos aquellos y, en esta situación, sí guarda relación con la conducta, porque en ese concepto se establece, que en los informes de campaña deben reportarse los ingresos recibidos.

En otro aspecto, la afirmación de haberse entregado el “empleo y aplicación” de los gastos es inoperante, porque se trata de una afirmación genérica, no se especifica la documentación exhibida, ni se explica cómo la presentó o con qué documento, escrito o comunicado la exhibió. Por consecuencia, está simple afirmación es insuficiente para demostrar, que efectivamente precisó y justificó el detalle del prorrateo o que exhibió el papel de trabajo atinente.

Conclusión 16. En este punto, el apelante alega que sí registró las erogaciones respectivas y que si bien hay una diferencia en la cantidad reportada por $677,196.21 seiscientos setenta y siete mil ciento noventa y seis pesos con veintiún centavos esto obedece al incremento de los gastos de espectaculares, propaganda, gastos operativos de campaña, radio y televisión, lo cual dio a conocer a la responsable mediante el escrito TESO/048/07.

El argumento es inoperante porque no controvierte las consideraciones que sustentan la conclusión, en las cuales se determinó, que con el escrito referido por el apelante se presentó una décima modificación de los egresos de las campañas, para incrementar los rubros: espectaculares, propaganda, gastos operativos de campaña, radio y televisión, pero no acompañó la documentación soporte respecto del monto de gastos por $677,196.21 seiscientos setenta y siete mil ciento noventa y seis pesos con veintiún centavos, que resultó como diferencia entre lo informado originalmente y las modificaciones realizadas, por lo cual se sanciona la falta de comprobación.

Luego, en el apartado relativo a la valoración de las conductas del partido (página 102) se consideró, que la omisión de los documentos justificativos de los gastos de esa diferencia se produjo, a pesar de que el partido fue requerido para suplir la omisión y de que disponía del plazo que concluyó el diecisiete de abril pasado, pero no atendió el requerimiento, sino que a destiempo presentó varios escritos en alcance de lo reportado, por lo cual se consideró improcedente la aclaración al haberse presentado inoportunamente.

En el caso, ninguna de esas consideraciones se contradicen pues, el inconforme sostiene de manera general y dogmática, que registró las erogaciones respectivas, que la diferencia en la cantidad obedece al incremento de los gastos de espectaculares, propaganda, gastos operativos de campaña, radio y televisión, y que tal incremento lo dio a conocer mediante escrito TESO/048/07. Empero, el apelante no dice, por ejemplo, haber exhibido la documentación atinente que constituya el soporte justificativo de la erogación; tampoco precisa, por ejemplo, que con algún otro escrito presentado oportunamente hubiera acompañado la prueba exigida, ni aduce causa justificativa de la promoción extemporánea de la aclaración, no expone tampoco razones legales, para que los escritos inoportunos sean tomados en cuenta, etcétera.

Por ende, como no controvierte las consideraciones en las cuales la responsable sustenta la resolución impugnada, aquellas deben permanecer intocadas y continuar rigiendo el sentido de la determinación apelada.

Conclusión 40. El agravio que en este punto plantea el inconforme es inoperante, pues se limita a sostener, que en todo momento registró en su contabilidad las erogaciones de acuerdo con las pólizas de egresos 205/03-06, 209/03-06 y la póliza de diario 104/04-06 $287,500.00 doscientas ochenta y siete mil quinientos pesos, por los conceptos de mítines en Papantla y por la movilización de jóvenes de Guadalajara al Distrito Federal; por lo cual estima, que el gasto debe tenerse como correspondiente a la campaña presidencial.

Sin embargo, con esta alegación no pone en evidencia que la decisión adoptada por la responsable sea contraria a derecho, pues nada expone en contra de las consideraciones que ésta emitió al respecto, consistentes en que:

a) El partido fue requerido de estos gastos y sólo presentó las pólizas PD-22/05-06 y PD-70/05-06;

b) Respecto de la documentación comprobatoria o de respaldo de las pólizas, el partido adujo encontrarse en “proceso de recaudación del documento faltante”, pese a ello, en ningún otro momento exhibió la documentación respectiva.

Como se advierte, la simple afirmación de haber registrado las erogaciones y exhibido parcialmente la documentación, no son argumentos que evidencien la ilegalidad de la conclusión de la responsable, en tanto deja de exponer razones de hecho para rebatir los fundamentos de la determinación impugnada. Al efecto, el apelante debería aducir y demostrar, verbigracia, que exhibió los documentos requeridos o que existía alguna circunstancia justificativa de la omisión en la cual incurrió, como podría ser la imposibilidad legal o material de allegarse los documentos, o bien que a pesar de estar en proceso de reunirlos no pudo lograrlo por algún motivo, etcétera.

Por tanto, las consideraciones emitidas por la responsable, al margen del valor intrínseco que les corresponda, deben quedar incólumes y continuar rigiendo el sentido de la resolución recurrida, de ahí la inoperancia de los agravios.

Conclusión 41. El agravio se hace consistir en que la responsable reconoce la existencia de las pólizas de egresos 82/03-06, 88/03-06, 282/04-06 y 283/04-06 y las facturas en fotocopia, con lo cual se demuestra –dice el inconforme– la aplicación de los gastos; por tanto, si para la autoridad recurrida era insuficiente esa documentación, entonces debió solicitar la compulsa de los proveedores que expidieron los comprobantes, pero no lo hizo, ni explica porque omitió tal actuación, conculcando con ello los artículos 14 y 16 de la Constitución.

Este planteamiento es infundado, en tanto que es obligación del partido político rendir el informe de gastos de campaña y exhibir los documentos originales que acrediten las erogaciones manifestadas, comprobantes que además deben satisfacer los requisitos fiscales respectivos, en términos de los artículos 49 A, párrafo 1 inciso b) fracciones I y III, y párrafo 2 inciso a) del Código, en relación con el artículo 11.1 del Reglamento, en los cuales se establece, que con el informe de gastos de campaña, el instituto político debe exhibir la documentación original para soportar y demostrar los egresos respectivos.

Esta obligación no se debe entender exonerada por la facultad que tiene la autoridad de requerir el cotejo de los documentos, porque esta atribución es independiente de la carga probatoria que corresponde al partido, y se traduce en una potestad que no tiene por objeto enmendar la omisión de los partidos de presentar con sus informes la documentación justificativa de lo reportado.[6]

En esas condiciones, si respecto de esta conclusión el partido impugnante exhibió exclusivamente fotocopia simple de las facturas, es evidente entonces que incumplió la obligación señalada, porque esa copia simple es insuficiente para demostrar los gastos efectuados, en tanto sólo generan indicios leves de la autenticidad del documento y de su contenido, que al no encontrarse corroborados de manera eficiente con otros medios de convicción, son insuficientes para demostrar lo reportado.

Conclusiones 43, 44, 45, 77, 80. Las alegaciones expresadas en relación con estas conclusiones son inoperantes, por vagas e imprecisas y por no controvertir las consideraciones de la responsable.

En cuanto a la primera conclusión, el apelante sostiene que la documentación soporte de los gastos operativos siempre los ha  registrado en su contabilidad y en la póliza 470/04-06 se hace constar el gasto respectivo, correspondiente al pago realizado a la agencia de viajes con motivo del evento en la Plaza de Toros; por lo cual, concluye, debe tenerse como gasto de campaña presidencial.

Respecto de las conclusiones señaladas en segundo, cuarto y quinto lugar, en los agravios se aduce simplemente, que el partido ha registrado siempre en la contabilidad las erogaciones efectuadas y que mediante los escritos identificados como TESO/018/07, TESO/042/07 y TESO/043/07 dio a conocer a la responsable la aplicación de los gastos de dichos conceptos; y que en el primer escrito, el apelante precisó el monto implicado por $67,850.00 sesenta y siete mil ochocientos cincuenta pesos.

Por lo que hace a la tercera conclusión, el apelante sostiene la ilegalidad de la sanción por no exhibir los contratos de prestación de servicios de la erogación de $4’259,154.47 cuatro millones doscientos cincuenta y nueve mil ciento cincuenta y cuatro pesos con cuarenta y siete centavos, supuestamente porque siempre ha cumplido con la obligación de entregar al instituto la información relativa a la comprobación de los egresos; que la responsable cuenta con la documentación confiable y suficiente para advertir el destino de los recursos; y que en esa virtud, la falta de los contratos no puede llevar necesariamente a concluir, que no se realizó la erogación de “eventos” y “transportes”.

Lo inoperante de los agravios se evidencia, como se adelantó, porque el inconforme se limita a afirmar, que en todo momento ha cumplido con la obligación de registrar contablemente los egresos y de proporcionar la información atinente a la responsable; sin embargo, no indica a cuáles registros contables en particular se refiere, con qué información contable específica están relacionados los gastos, ni cuáles documentos exhibió para acreditar su informe, ni el alcance probatorio que tienen y se limita a señalar que la documentación acompañada prueba sus gastos.

No basta aducir que cumplió su deber, ni que al responder los requerimientos que le hizo la responsable, mediante los tres escritos señalados, hizo aclaraciones o manifestaciones, porque no señala haber exhibido los documentos originales que le fueron pedidos, ni indica cuáles datos proporcionó para la verificación de las erogaciones, ni explica por qué esos elementos admitían servir como prueba de los gastos de referencia.

El inconforme estaba obligado a exponer razones de hecho o de derecho que contradigan las consideraciones dadas por la responsable, consistentes en que:

a) Se cometieron las faltas, porque los conceptos de egresos a que se refieren las pólizas respectivas, no se encuentran respaldadas con la documentación atinente.

b) El partido omitió presentar las facturas originales, pese a haber sido requerido para ello.

c) En el primer supuesto, además, dejó de exhibir la copia de los cheques correspondientes a pagos mayores a cien días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

d) No hizo aclaración alguna respecto de la falta de documentación comprobatoria de lo reportado como egreso en la póliza PD-470/04-06.

e) Dejó de presentar los contratos de prestación de servicios en los cuales se detallaran los objetos del servicio, las condiciones, términos y precio pactado de las facturas pagadas.

f) No presentó el contrato de prestación de los servicios relativos a los desplegados en prensa efectuados en el Estado de Yucatán, que contenían la dirección de internet www.felipe.org.mx, concernientes a distintas campañas electorales y a distintos candidatos.

g) Tampoco exhibió los contratos de prestación de servicios por lo que atañe a los gastos que ascendieron a $1’180,636.00 un millón ciento ochenta mil seiscientos treinta y seis pesos, que indicó como correspondientes al mitin realizado en el Toreo Cuatro Caminos y del recorrido por el Periférico de Arboledas al Toreo Cuatro Caminos, durante el cual repartieron gorras y pulseras del Partido Acción Nacional.

h) La conducta de omisión del partido se traduce en la conculcación de los artículos 38, párrafo 1 inciso k) del Código; 11.1, 12.10, 12.15, 12.18 y 19.2 del Reglamento de Fiscalización; por tanto;

i) Procede aplicar al partido las sanciones respectivas, pues incumplió la obligación de registrar contablemente los gastos, de soportarlos con la documentación original que satisfaga los requisitos fiscales, expedida por la persona a quien se efectuó el pago, y de exhibir dicha documentación ante la autoridad fiscalizadora, con lo cual deja de justificar su informe.

El inconforme debería aducir en su agravios, por ejemplo, que contra lo considerado por la responsable sí exhibió los originales de las facturas, la copia del cheque y el contrato de prestación de servicios que le fueron requeridos; o bien, que por alguna circunstancia legal o fáctica debería entenderse satisfecha tal exigencia o acreditado su informe, o que por algún motivo no deba sancionarse la falta, que no hay responsabilidad en la comisión de la infracción, etcétera, pero nada de esto o algunas alegaciones semejantes expuso.

Por otro lado, si bien respecto de la conclusión 45, el apelante añade que la falta de los contratos de prestación de servicios no implican la inexistencia del pago; sin embargo, no aduce con qué otro documento acredita la erogación; tampoco señala el objeto, las condiciones, términos y precios de los servicios contratados; ni aduce cuál debería ser entonces el alcance demostrativo de los instrumentos demostrativos que sí presentó.

En suma, como en los argumentos no se encuentran las razones para demostrar que las consideraciones de la responsable son contrarias a derecho, o al menos las circunstancias fácticas suficientes para que esta Sala Superior estuviera en condiciones de suplir los agravios, según pudieran deducirse de lo manifestado por el apelante; entonces, las afirmaciones genéricas y dogmáticas del inconforme deben considerarse no aptas para evidenciar la pretendida ilegalidad que atribuye al acuerdo recurrido, cuyas consideraciones han de mantenerse intocadas y continuar rigiendo el sentido de la decisión.

Conclusión 46. Los motivos de inconformidad que se expresan en relación con esta conclusión son infundados.

Lo anterior, porque contrariamente a lo señalado por el recurrente, la autoridad administrativa electoral jamás reconoció ni consideró suficiente elemento de prueba, la fotocopia simple presentada para respaldar la erogación consignada en la póliza de gastos de prensa por $25,607.14 veinticinco mil seiscientos siete pesos con catorce centavos.

Lo que la responsable estimó fue, que el partido informante había exhibido la póliza de egresos, pero no la respaldó con el original de la factura correspondiente, ni presentó el original de la página completa de la inserción de prensa, cuando que estaba obligado a ambas cosas, en términos del artículo 11.1, 12.9 y 19.2 del Reglamento.

Luego, como el argumento del apelante se sustenta en una premisa inexacta, en tanto que la responsable no dio por sentado que se presentaron los documentos originales de referencia, entonces es inconcuso que la alegación carece de validez jurídica.

Además, en efecto, el partido estaba compelido a presentar la factura original, con los requisitos fiscales del caso y el original de la página completa de la inserción de prensa, por disposición de los numerales del Reglamento referidos, pues la copia simple de una factura no es suficiente para comprobar un gasto, en tanto que, por su propia naturaleza, una copia simple no produce valor probatorio pleno, sino tan solo constituye un indicio leve que requiere ser corroborado.

En otro orden de cosas, tampoco asiste razón al inconforme al sostener que, en su caso, la autoridad estaba compelida a requerir al proveedor que expidió los documentos para hacer la compulsa respectiva, porque, de conformidad con los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 11.1 y 12.9 del Reglamento, es obligación de los partidos políticos entregar, al rendir sus informes, la documentación original de sus ingresos y egresos, además de la página original de la inserción en prensa.

Por tanto, si es obligación del partido exhibir esa clase de documentación, entonces, el hecho de que la autoridad no haya pedido el cotejo, compulsa o certificación de los documentos que en copia simple presentó el informante, aun cuando tenga facultades para requerir a terceros la información que estime pertinente para constatar la veracidad de los reportes de egresos, porque como ya se ha dicho, se trata de una facultad potestativa y no exonera al partido de la carga probatoria en su contra, y porque estuvo en condiciones de presentar dicha documentación, tanto al rendir el informe, como al ser requerido para ese efecto, mas no lo hizo, ni adujo alguna imposibilidad para obtener esas constancias, ni pidió al instituto que requiriera la documentación, por el contrario afirmó encontrarse: “en proceso de de recaudación de la documentación, por lo que una vez contemos con esta, la haremos llegar a esa autoridad inmediatamente”. De ahí que la falta de requerimiento del cotejo no entraña violación a los artículos 14 y 16 Constitucionales.

Conclusión 96, 97, 101, 106, 107 y 117. Los agravios expresados en relación con estas conclusiones son en parte infundados y en parte inoperantes.

En sentido opuesto a lo aducido por el apelante, en relación con la falta que se consideró demostrada en la conclusión 96, consistente en no presentar la factura original emitida por Televisora de Occidente, S. A. de C. V., por $26,884.00 veintiséis mil ochocientos ochenta y cuatro pesos, en el acuerdo impugnado sí se precisan las normas que se violan con tal proceder, particularmente en las páginas 95 y 106, la autoridad precisó que esa conducta, al igual que la descrita en el resto de las conclusiones que ahora se analizan, se violan los numerales 38, párrafo 1, inciso K) del Código, y 11.1 del Reglamento, por no comprobar los gastos reportados.

Por otro lado, las razones dadas en los agravios concernientes a que el actor ha registrado en su contabilidad los egresos, a través de las pólizas 57/06-06, PE-64/06-06, PD-11/06-06, PE-58/06-06 y PE-54/06-06, con las hojas membretadas y que algunas de ellas corresponden a la sub-cuenta de “transporte”, así como que presentó copia fotostática de la factura; en modo alguno contradicen las consideraciones conforme a las cuales se tuvieron por demostradas las faltas.

Lo anterior porque la responsable precisó que, al rendir el informe de egresos, el partido dejó de presentar la documentación justificativa de los gastos, esto es, que las pólizas en las cuales relaciona los recursos aplicados, no se encuentran respaldadas con documentación original y apta para acreditar los pagos.

En efecto, en el acuerdo impugnado se precisó, que respecto de los gastos a que se refiere la conclusión 96 y en parte de las erogaciones señaladas en las conclusiones 106 y 107, el partido presentó sólo una copia simple de la factura; que respecto de las conclusiones 97, 101 y 117, así como en cuanto al resto de los gastos de las conclusiones 106 y 107, el partido omitió los documentos justificativos de las erogaciones y no adujo salvedad alguna de dicha omisión.

Frente a estas razones, el partido se concreta a señalar que probó sus gastos con los documentos presentados, pero esos documentos fueron desestimados por la responsable al considerarlos insuficientes para demostrar la aplicación de recursos, y el apelante no vierte argumento alguno en contra de esa valoración.

En esas condiciones, ante la falta de impugnación, las consideraciones esenciales que sustentan la determinación adoptada por la responsable deben subsistir en sus términos.

Adicionalmente, como ya se ha precisado, la autoridad no estaba compelida a requerir al proveedor la compulsa de la copia simple de las facturas mencionadas, porque la obligación de presentar los documentos originales corresponde a los partidos políticos.

En otro orden de cosas, en cuanto a las conclusiones 88 y 92, los agravios deben rechazarse.

En relación con estos puntos, en el acuerdo se determinó, por lo que hace a la primera, que el Partido Acción Nacional incurrió en faltas, al omitir presentar copia de los cheques emitidos para pagar a proveedores un importe de $128,061.05 ciento veintiocho mil sesenta y un mil pesos con cinco centavos, costos que rebasan el equivalente a cien días de salario mínimo general vigente; y en cuanto a la segunda, por la falta de exhibición del contrato de prestación de servicios concerniente al gasto de $19,941.00 diecinueve mil novecientos cuarenta y un pesos.

Sobre el particular, el inconforme alega, que no se cometen tales faltas porque:

a) La autoridad reconoce la existencia de las pólizas de egresos que amparan los gastos efectuados por el partido, con lo cual se demuestra la aplicación de los recursos;

b) Con el propósito de acreditar la existencia de los cheques requeridos por la autoridad fiscalizadora, el hoy recurrente solicitó al Banco Mercantil del Norte, S. A., copia de los cheques, pero no le han sido entregados por la institución de crédito, circunstancia que no le es atribuible –dice–;

c) Si a pesar de haberse exhibido las facturas originales del gasto efectuado, aún existían dudas, la autoridad debió requerir los cheques a la institución bancaria, en términos de la solicitud presentada por el “recurrido”

Las tres razones anteriores las expone el apelante respecto de lo resuelto en la primera conclusión.

d) Mediante el escrito TESO/019/07 de veintitrés de febrero de este año, exhibió la póliza contable, la factura original y la hoja membretada en original, con lo cual debe estimarse que presentó la documentación requerida por la autoridad.

e) La falta del contrato se suple con el reconocimiento que han realizado el partido y el proveedor, del egreso e ingreso respectivamente; y,

f) Si aún le quedaban dudas sobre la aplicación de los recursos, la autoridad debió requerir al proveedor la confirmación de las operaciones, mediante una compulsa, pero no lo hizo, ni explica porque omitió tal actuación, conculcando con ello los artículos 14 y 16 de la Constitución.

Estas tres últimas afirmaciones corresponden a la segunda conclusión.

Los agravios a que se refieren los incisos a), d) y e) son infundados, porque conforme a los artículos 11.7 y 12.11 inciso c), fracción II del Reglamento, cuando los pagos que efectúen los partidos rebase la cantidad equivalente a cien días de salario mínimo, deberán efectuarse mediante cheque nominativo y tanto las pólizas de los cheques como la copia fotostática del cheque deben presentarse anexos a la documentación comprobatoria del informe de egresos; y tratándose de gastos en televisión para la promoción de candidatos, los partidos están obligados a exhibir con la documentación comprobatoria anexa, los contratos de prestación de servicios celebrados con el proveedor de que se trate.

Los artículos en cita son del tenor siguiente:

“11.7. Todo pago que efectúen los partidos que rebase la cantidad equivalente a cien días de salario mínimo deberá realizarse mediante cheque nominativo expedido a nombre del prestador del bien o servicio, y que contenga la leyenda “para abono en cuenta del beneficiario”. Las pólizas de los cheques deberán conservarse anexas a la documentación comprobatoria junto con la copia fotostática del cheque a que hace referencia este artículo.”

“12.11. Por lo que hace a los gastos en radio y televisión destinados a la promoción de candidatos a cargos de elección popular, los partidos deberán cumplir con las siguientes disposiciones:

(…)

c) En los años en los que se lleven a cabo elecciones federales los partidos deberán presentar, en forma detallada, informes anticipados de gastos en radio y televisión, por lo que deberán ajustarse a las siguientes reglas:

(…)

II. Deberán anexar los contratos de servicios firmados entre los partidos y las empresas respectivas, que amparen las transmisiones efectuadas en los periodos establecidos en la fracción anterior.

(…)

X. Los informes anticipados serán recibidos por la Comisión, la cual determinará las condiciones y plazos para la publicación de la información contenida en los mismos.

d) Adicionalmente, los partidos deberán presentar en los informes anticipados de gastos de propaganda para las campañas federales en radio y televisión a que se refiere el inciso c), los contratos y facturas de los servicios brindados por las empresas que hayan diseñado y producido la publicidad para dichos medios.”

En esa virtud, al preverse en las normas reglamentarias cómo deben acreditarse los gastos en cuestión y estas normas vinculan a los partidos, es inconcuso que la omisión de presentarlos constituye incumplimiento a dichas normas y, por lo mismo son causa de faltas formales, tal como fueron calificadas por la responsables; por ende, las conductas son sancionables y no pueden considerarse legalmente inexistentes las faltas o dejar de ser reprochadas, por el hecho de que el partido informante presente otros documentos distintos a los exigidos.

Además, los documentos adicionalmente presentados y, en su caso, el supuesto reconocimiento del servicio prestado y de lo pagado por parte del proveedor, no exonera al partido de la irregularidad cometida, lo único que en su caso podría generar es que al haber demostrado la correcta aplicación de los recursos, no pueda ser sancionado por una falta sustantiva relacionada con el destino de los recursos reportados, lo cual constituye una falta distinta a la omisión en la que incurrió y que no fue declarada en el acuerdo apelado, donde correctamente se determina la falta formal porque en efecto dejó de presentar los documentos que legalmente está obligado a exhibir para respaldar el informe de gastos de campaña.

Por otro lado, el argumento que se resume en el inciso b) es igualmente infundado, porque al apelante sí le es imputable la falta de exhibición de la copia de los cheques mencionados, aun cuando al desahogar el requerimiento que la autoridad responsable le hizo para que corrigiera esta omisión, adujo que tenía solicitada al Banco Mercantil del Norte, S. A., copia de los mencionados instrumentos de pago, lo cierto es que jamás señaló encontrarse imposibilitado para aportarlos, más bien precisó que: “el partido requirió a esa institución copia de los cheques que se encuentran relacionados en el escrito en comento, razón por la cual una vez que contemos con la documentación se hará llegar la misma a esa autoridad electoral”.

Como puede advertirse, el partido asumió la carga probatoria que le corresponde legalmente y adujo que la cumpliría oportunamente, pero no lo hizo, ni solicitó a dicha autoridad que, ante alguna circunstancia que le imposibilitara obtener la copia de los cheques, fuera ella quien los pidiera a la institución bancaria referida.

Adicionalmente, si es el propio partido quien libra a su cargo los cheques, para hacerse efectivos en cuentas propias, entonces no se advierte circunstancia alguna por la cual pudiera verse impedido para obtener la copia del documento a fin de respaldar sus gastos.

Por cuanto hace a lo expuesto en los motivos de desacuerdo apuntados en los incisos c) y f), los argumentos carecen de sustento jurídico.

El apelante pretende que, si la autoridad apelada tenía dudas acerca de lo reportado, entonces debió requerir la copia de los cheques o la ratificación o comprobación del contrato de prestación de servicios al banco y a la empresa proveedora de servicios, respectivamente; sin embargo, si bien dicha autoridad tiene atribuciones para formular cualquier clase de requerimientos y ratificación de documentos, tal atribución –como se ha insistido– no constituye una obligación de la autoridad, por lo mismo, no está compelida a hacerlo, ni la falta de requerimiento puede traducirse en violación de derechos en perjuicio del partido informante, en tanto que no tiene por objeto enmendar el incumplimiento de los partidos de acreditar sus ingresos y egresos.

Documentación en Medio Magnético.

Conclusiones 21, 22, 23, 25 y 27. Respecto de estos puntos, en un primer aspecto, el apelante señala que lo previsto en el artículo 12.12 del Reglamento, en el sentido de que con el informe de gastos de campaña se debe presentar en medio magnético la relación de los espectaculares de la campaña, donde se precisen cada uno de los anuncios, en lonas y espectaculares, su ubicación, así como la información de las hojas membretadas, constituye una exigencia no prevista en el Código y, por lo mismo, es inconstitucional, en tanto que los reglamentos no pueden establecer exigencias mayores a la ley que reglamentan.

Sobre esta base, el inconforme aduce la ilegalidad del acuerdo apelado, pues a su parecer, si no existe respaldo jurídico para exigirle la presentación en instrumento magnético los documentos señalados, entonces la falta de exhibición no puede generar irregularidad alguna sancionable.