RECURSO DE APELACIÓN

RECURSO DE APELACIÓN.

EXPEDIENTES: SUP-RAP-54/2008.

RECURRENTE: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO ESTEBAN PENAGOS LÓPEZ.

SECRETARIO: ANDRÉS CARLOS VÁZQUEZ MURILLO.

México, Distrito Federal, treinta de abril de dos mil ocho.

V I S T O S para resolver los autos del expediente SUP-RAP-54/2008, relativo al recurso de apelación interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional, contra el Acuerdo CG37/2008 de doce de marzo de dos mil ocho, emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se ordena la reposición de los procedimientos de revisión de informes de campaña entregados por los partidos políticos Acción Nacional y Alternativa Social Demócrata, así como de las entonces coaliciones Alianza por México y por el Bien de Todos, relativos al proceso electoral federal 2005-2006, exclusivamente en lo que corresponde a la materia de los procedimientos administrativos oficiosos ordenados por el Consejo General.

R E S U L T A N D O

PRIMERO. Antecedentes. De lo narrado en la demanda y de las constancias se advierten los siguientes:

I. Resolución sobre la revisión de informes del proceso federal 2005-2006 e inicio de procedimientos administrativos oficiosos. El veintiuno de mayo de dos mil siete, el Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobó la resolución CG97/2007, sobre irregularidades en la revisión de informes de campaña del proceso federal de 2005-2006.

Entre otros aspectos, en esa resolución, el Consejo General determinó el inicio de procedimientos administrativos oficiosos, con el fin de investigar sobre recursos erogados sobre los cuales no existía claridad sobre su origen y destino.

En el caso del partido actor, se iniciaron siete procedimientos administrativos oficiosos, respecto de sendas irregularidades relativas a la falta de comprobación sobre el origen y destino de diversos recursos.

II. Recursos de apelación 46, 47 y 48 de 2007, interpuestos en contra el inicio de procedimientos oficiosos. En desacuerdo, entre otras cuestiones, con tal aspecto, los partidos Nueva Alianza, del Trabajo y de la Revolución Democrática, interpusieron sendos recursos de apelación registrados con claves citadas.

El primero de ellos se resolvió el veintitrés de noviembre de dos mil siete, el doce de diciembre siguiente el 48 y el veintitrés de enero el 47, y en relación con el tema, sustancialmente, se determinó que el inicio de dichos procedimientos oficiosos contravenía la normatividad aplicable y, por tanto, debían quedar sin efectos.

III. Acto Impugnado. El doce de marzo de dos mil ocho, el Consejo General del Instituto Federal Electoral emitió el Acuerdo CG37/2008, en el cual determinó reponer los procedimientos de revisión de informes de campaña y dejar sin efecto los procedimientos administrativos oficiosos ordenados en la resolución CG97/2007 de veintiuno de mayo de dos mil siete, en específico, los instaurados en contra de:

1. El Partido Acción Nacional en términos de lo establecido en el considerando 5.1, incisos h), j), k) y l).

2. La Coalición “Alianza por México”, en términos de lo establecido en el considerando 5.2, incisos a), e), k), l), o), p) y q).

3. La Coalición por el Bien de Todos (solo por lo que se refiere a Convergencia), en términos de lo establecido en el considerando 5.3, incisos i), j), k), l) y m).

4. El Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, en términos de lo establecido en el considerando 5.5, incisos h) e i).

SEGUNDO. Recurso de Apelación. Inconforme, el dieciocho de marzo el Partido Revolucionario Institucional interpuso demanda de recurso de apelación, por lo cual, el órgano responsable del Instituto Federal Electoral remitió a esta Sala Superior, la demanda con sus anexos, así como su informe circunstanciado.

El veintiocho de marzo, se turnó el expediente al Magistrado Pedro Esteban Penagos López, para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En su oportunidad, el Magistrado Instructor radicó, admitió la demanda y cerró la instrucción, con lo cual los autos quedaron es estado de dictar resolución.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Competencia. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente, para conocer y resolver el presente medio de impugnación, con fundamento en los artículos 41, párrafo segundo, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso a), y 189, fracción I, inciso d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los numerales 4 y 44, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un recurso de apelación promovido por el Partido Revolucionario Institucional, para impugnar un acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral.

SEGUNDO. La parte considerativa de la resolución reclamada, en lo conducente, señala:

“C O N S I D E R A N D O

1. Que este Consejo General es competente para emitir el presente acuerdo con fundamento en los artículos 41, base V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 118, párrafo 1, incisos h), w) y z), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, toda vez que es su atribución vigilar que las actividades de los partidos se desarrollen con apego a la ley y cumplan con las obligaciones a las que están sujetos, así como conocer de las infracciones en las que incurran e imponer, en su caso, las sanciones que correspondan.

2. Que de conformidad con los artículos 81, párrafo 1, incisos a), i), n) y o), 118, párrafo 1, incisos h), i) y w), 372, párrafo 1, inciso a), 377, párrafos 3, 4 y 5, y 378 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General es el órgano competente para resolver y aplicar las sanciones que procedan derivadas de las revisiones de los informes que presenten los partidos políticos respecto de sus ingresos y egresos, así como de los procedimientos administrativos que se sigan en su contra en materia de financiamiento y gasto. De igual manera, es el órgano competente para aprobar los reglamentos que regulen el registro contable de los ingresos y egresos de los partidos políticos y el procedimiento que se seguirá para el desahogo de los procedimientos de queja y oficiosos en materia de fiscalización.

3. Que el artículo 41, base V, décimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos nacionales estará a cargo de un órgano técnico del Consejo General del Instituto Federal Electoral, dotado de autonomía de gestión. Además señala, que la ley desarrollará la integración y funcionamiento de dicho órgano, así como los procedimientos para la aplicación de sanciones por el Consejo General.

4. Que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que fue abrogado por el Código publicado el catorce de enero de dos mil ocho, contemplaba la existencia de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, la cual dejó de operar y la relevó en funciones la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, cuya integración fue aprobada de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente, por el Consejo General en el acuerdo CG05/2008 del dieciocho de enero del año en curso.

5. Que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales dispone en sus artículos 77, párrafo 6 y 79, párrafos 1 y 2, que la Unidad de Fiscalización es el órgano competente para la recepción y revisión integral de los informes que presenten los partidos respecto del origen y monto de los recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como sobre su destino y aplicación, la cual contará con autonomía de gestión.

6. Que el artículo 81 del mismo ordenamiento, señala las facultades con las que cuenta la Unidad de Fiscalización, dentro de las que se encuentran, entre otras:

Artículo 81

1. La Unidad tendrá las siguientes facultades:

…

c) Vigilar que los recursos de los partidos tengan origen lícito y se apliquen estricta e invariablemente a las actividades señaladas en este Código;

d) Recibir los informes trimestrales y anuales, así como de gastos de precampaña y campaña, de los partidos políticos y sus candidatos, así los demás informes de ingresos y gastos establecidos por este Código;

e) Revisar los informes señalados en el inciso anterior;

f) Requerir información complementaria respecto de los diversos apartados de los informes de ingresos y egresos o documentación comprobatoria de cualquier otro aspecto vinculado a los mismos;

…

i) Presentar al Consejo General los informes de resultados y proyectos de resolución sobre las auditorías y verificaciones practicadas a los partidos políticos. Los informes especificarán las irregularidades en que hubiesen incurrido los partidos políticos en el manejo de sus recursos; el incumplimiento de su obligación de informar sobre la aplicación de los mismos y, en su caso, propondrán las sanciones que procedan conforme a la normatividad aplicable;

…

2. En el ejercicio de sus facultades, la Unidad deberá garantizar el derecho de audiencia de los partidos políticos y en general de toda persona requerida con motivo de los procesos de fiscalización a que se refiere el presente capítulo. Los partidos tendrán derecho a la confronta de los documentos comprobatorios de sus ingresos y gastos, o de sus estados contables, contra los obtenidos o elaborados por la Unidad sobre las mismas operaciones, a fin de aclarar las discrepancias entre unos y otros.

(Énfasis añadido)

7. Que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ordenó al Consejo General, a la entonces Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas o al órgano competente para ello, reponer los procedimientos de revisión de informes de campaña, por los conceptos que fueron materia de impugnación en los recursos de apelación identificados con las claves SUP-RAP-46/2007, SUP-RAP-47/2007 y SUP-RAP-48/2007, sentencias en las que se impusieron plazos específicos para la tramitación y resolución de tales procedimientos de revisión de informes dada la circunstancia extraordinaria de la reposición y en las que se declara por la máxima autoridad judicial en la materia, dejar sin efectos la orden de inicio de los mencionados procedimientos administrativos oficiosos.

8. Que una vez analizada la resolución CG97/2007, este Consejo General concluye que los procedimientos oficiosos ordenados respecto de los partidos políticos Acción Nacional, Alternativa Socialdemócrata (antes Alternativa Socialdemócrata y Campesina), así como de las otrora coaliciones Alianza por México y Por el Bien de Todos (respecto del Partido Convergencia) proceden de la misma resolución y se ordenaron en iguales circunstancias a los que fueron cancelados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por lo que adolecen de la misma ilicitud y como consecuencia, su origen no se encuentra ajustado al orden jurídico establecido, por lo que no pueden seguir surtiendo sus efectos. Lo anterior es así, pues uno de los principios que debe regir las actuaciones de esta autoridad es el de legalidad tal y como se desprende de la tesis de jurisprudencia visible en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 234-235, cuyo rubro y texto son: PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL. De conformidad con las reformas a los artículos 41, fracción IV; 99, párrafo cuarto; 105, fracción II y 116, fracción IV, incisos b) y d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en términos de los artículos 186 y 189 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 3º. de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se estableció un sistema integral de justicia en materia electoral cuya trascendencia radica en que por primera vez en el orden jurídico mexicano se prevén los mecanismos para que todas las leyes, actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente a lo previsto en la Constitución federal y, en su caso, las disposiciones legales aplicables, tanto para proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos mexicanos como para efectuar la revisión de la constitucionalidad o, en su caso, legalidad de los actos y resoluciones definitivos de las autoridades electorales federales y locales. (Énfasis añadido). En este orden de ideas, la orden de inicio de los procedimientos administrativos oficiosos decretada en la resolución CG97/2007, se apartó del marco legal al que este Consejo General debió constreñirse.

9. En razón de lo anterior, atendiendo al principio de legalidad y equidad, este órgano máximo de dirección determina que, a efecto de regularizar el procedimiento y con el fin de otorgar un trato equitativo a todas las fuerzas políticas que contendieron en el proceso electoral federal dos mil cinco-dos mil seis, debe regularizar el procedimiento de revisión de informes de campaña de dichos partidos políticos y coaliciones e instruir a la Unidad de Fiscalización lleve a cabo su reposición, en los mismos términos en los que lo ordenó la Sala Superior dentro de las sentencias SUP-RAP-46/2007, SUP-RAP-47/2007 y SUP-RAP-48/2007, pues como se advierte de las sentencias mismas, la autoridad judicial estimó procedente que para la debida reparación de la garantía de audiencia violada en perjuicio de los partidos recurrentes, el Instituto, a partir de la notificación de la ejecutoria, pusiera a disposición de los partidos involucrados, todas las constancias, documentos o actuaciones, relativas a los promocionales y respecto de los cuales realizó la conciliación, con la finalidad de que los partidos políticos prepararan oportunamente sus aclaraciones. Asimismo, para la reposición del procedimiento de revisión de informe de campaña, conforme a las etapas previstas en la ley, en respeto a la garantía de audiencia, se debió dar vista al partido involucrado por el plazo de diez días hábiles, con los promocionales que determinó como no reportados, para que estuviera en aptitud de hacer las aclaraciones o correcciones pertinentes; transcurrido ese lapso, el órgano del Instituto competente dispuso del plazo de diez días hábiles para elaborar el dictamen consolidado respectivo, mismo que sometió a consideración del Consejo General dentro de los tres días hábiles siguientes, para que emitiera la resolución que conforme a Derecho procedió, dada la circunstancia extraordinaria de reposición de procedimiento.

10. Que toda vez que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, estimó que el inicio de los procedimientos oficiosos ordenados durante la etapa de revisión de los informes de campaña correspondientes al proceso electoral federal dos mil cinco-dos mil seis debía quedar sin efectos, pues no se respetó la garantía de audiencia de los partidos políticos y por otro lado, la autoridad, sin concluir el procedimiento de revisión de informes de campaña, ordenó procedimientos administrativos, con lo que incumplió con las fases a las que se encontraba obligada legalmente en dicha revisión, como lo es el pronunciamiento sobre las faltas y sanciones que en su caso procedían por el incumplimiento a disposiciones legales y reglamentarias, este Consejo General determina que dichos procedimientos oficiosos ordenados en el Resolutivo Décimo Cuarto de la resolución CG97/2007, específicamente los que se citan a continuación también deben quedar sin efectos, pues proceden de la misma resolución y se ordenaron en los mismos términos, aunque su materia de investigación y los sujetos involucrados fueron distintos:

a) Partido Acción Nacional en términos de lo establecido en el considerando 5.1, incisos h), j), k) y l).

b) Coalición “Alianza por México”, en términos de lo establecido en el considerando 5.2, inciso a), e), k), l), o), p) y q).

c) Convergencia en relación con la Coalición por el Bien de Todos, en términos de lo establecido en el considerando 5.3, incisos i), j), k), l) y m).

e) Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, en términos de lo establecido en el considerando 5.5, incisos h) e i).

Sirve de sustento a lo anterior, la tesis de jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, visible en las páginas 67-69, de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, cuyo rubro y texto son:

COSA JUZGADA. ELEMENTOS PARA SU EFICACIA REFLEJA. La cosa juzgada encuentra su fundamento y razón en la necesidad de preservar y mantener la paz y la tranquilidad en la sociedad, con medidas que conserven la estabilidad y la seguridad de los gobernados en el goce de sus libertades y derechos, y tiene por objeto primordial proporcionar certeza respecto a las relaciones en que se han suscitado litigios, mediante la inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada. Los elementos uniformemente admitidos por la doctrina y la jurisprudencia, para la determinación sobre la eficacia de la cosa juzgada, son los sujetos que intervienen en el proceso, la cosa u objeto sobre el que recaen las pretensiones de las partes de la controversia y la causa invocada para sustentar dichas pretensiones. Empero, la cosa juzgada puede surtir efectos en otros procesos, de dos maneras distintas: La primera, que es la más conocida, se denomina eficacia directa, y opera cuando los citados elementos: sujetos, objeto y causa, resultan idénticos en las dos controversias de que se trate. La segunda es la eficacia refleja, con la cual se robustece la seguridad jurídica al proporcionar mayor fuerza y credibilidad a las resoluciones judiciales, evitando que criterios diferentes o hasta contradictorios sobre un mismo hecho o cuestión, puedan servir de sustento para emitir sentencias distintas en asuntos estrechamente unidos en lo sustancial o dependientes de la misma causa; esto es, la tendencia es hacia la inexistencia de fallos contradictorios en temas que, sin constituir el objeto de la contienda, son determinantes para resolver litigios. En esta modalidad no es indispensable la concurrencia de las tres clásicas identidades, sino sólo se requiere que las partes del segundo proceso hayan quedado vinculadas con la sentencia ejecutoriada del primero; que en ésta se haya hecho un pronunciamiento o tomado una decisión precisa, clara e indubitable, sobre algún hecho o una situación determinada, que constituya un elemento o presupuesto lógico, necesario para sustentar jurídicamente la decisión de fondo del objeto del conflicto, de manera tal, que sólo en el caso de que se asumiera criterio distinto respecto a ese hecho o presupuesto lógico relevante, pudiera variar el sentido en que se decidió la contienda habida entre las partes; y que en un segundo proceso que se encuentre en estrecha relación o sea interdependiente con el primero, se requiera nuevo pronunciamiento sobre aquel hecho o presupuesto lógico, como elemento igualmente determinante para el sentido de la resolución del litigio. Esto ocurre especialmente con relación a la causa de pedir, es decir, a los hechos o actos invocados por las partes como constitutivos de sus acciones o excepciones. Los elementos que deben concurrir para que se produzca la eficacia refleja de la cosa juzgada, son los siguientes: a) La existencia de un proceso resuelto ejecutoriadamente; b) La existencia de otro proceso en trámite; c) Que los objetos de los dos pleitos sean conexos, por estar estrechamente vinculados o tener relación sustancial de interdependencia, a grado tal que se produzca la posibilidad de fallos contradictorios; d) Que las partes del segundo hayan quedado obligadas con la ejecutoria del primero; e) Que en ambos se presente un hecho o situación que sea un elemento o presupuesto lógico necesario para sustentar el sentido de la decisión del litigio; f) Que en la sentencia ejecutoriada se sustente un criterio preciso, claro e indubitable sobre ese elemento o presupuesto lógico, y g) Que para la solución del segundo juicio requiera asumir también un criterio sobre el elemento o presupuesto lógico-común, por ser indispensable para apoyar lo fallado.

(Énfasis añadido)

Del criterio citado, se advierte que esta figura jurídica (cosa juzgada) puede tener una eficacia directa o una eficacia refleja. La primera opera cuando los sujetos, objeto y causa resultan idénticos en los dos medios de impugnación, en cuyo caso la materia del segundo asunto queda plenamente decidida con el fallo del primero. La segunda forma se surte cuando, a pesar de no existir plena identidad de los elementos precisados entre ambos litigios, hay identidad en lo sustancial o dependencia en los asuntos por tener una misma causa, hipótesis en la cual el efecto de lo decidido en el primero puede tener efectos sobre los otros, de modo que las partes de éste quedan vinculadas por el primer fallo.

En la especie, este Consejo General, concluye que si bien no puede determinarse estrictamente que exista una cosa juzgada en los asuntos en trámite ante este Instituto, (pues los partidos y coaliciones señalados, no impugnaron la resolución citada, o bien, no impugnaron en específico la orden de inicio de los procedimientos oficiosos, y por tanto, la autoridad judicial no se pronunció sobre la legalidad o no de tales procedimientos) es inconcuso que de continuar con los procedimientos de investigación, los mismos adolecerían de un vicio de origen y la consecuencia necesaria sería que, en su momento, fueran declarados ilegales por la autoridad jurisdiccional en el caso de que fueran impugnados, pues ya existe una decisión reiterada en ese sentido.

Por lo expuesto, aún cuando la figura de cosa juzgada se dirige a juzgadores y no a las autoridades administrativas, este Consejo General no debe pasar por alto las resoluciones que emita el máximo órgano jurisdiccional y, en esa medida, concluye que son aplicables al caso que nos ocupa los argumentos sostenidos en la tesis transcrita, en lo relativo a la eficacia refleja de la cosa juzgada, dado que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya se pronunció de manera precisa, clara e indubitable sobre la legalidad de la orden de inicio de los procedimientos administrativos oficiosos, lo cual implica una decisión que debe trascender sobre fondo de asuntos que se encuentran actualmente en trámite ante este Instituto, y que su continuación se regiría sobre la base de vicios de origen ya conocidos por la partes, lo cual llevaría al absurdo de continuar investigaciones que no encuentran sustento en la legislación electoral, violando de manera directa el principio de seguridad jurídica que debe tutelarse para cualquier gobernado, como en el caso los partidos políticos y las coaliciones.

En este orden de ideas, en la especie, existen sentencias en las que el máximo órgano de justicia electoral en el país declaró la ilegalidad de la orden de inicio de los citados procedimientos oficiosos dado que no se concluyó en términos de ley con el procedimiento de revisión de los informes de campaña, y en las que se ordenó la reposición del procedimiento de revisión de dichos informes a fin de regularizarlo y emitir la resolución que en derecho corresponda, sobre la base de las facultades de la autoridad electoral y en estricto apego a la ley.

Así las cosas, si se continuara con los expedientes en trámite ante este Instituto, derivados de los informes de campaña del proceso electoral federal dos mil cinco-dos mil seis ordenados en la resolución CG97/2007, podría generar la posibilidad de emitir resoluciones contradictorias, además de que se vulnerarían los principios de legalidad y equidad que rigen el actuar de este Instituto.

En ese tenor se debe hacer énfasis en que el principio de legalidad exige que la aplicación del derecho en casos concretos se haya atendiendo a la solución que considere una interpretación sistemática y armonice con el ordenamiento jurídico en su conjunto, tanto con las reglas como con los criterios judiciales, como este principio de cosa juzgada.

Es indudable que dado que existen otros procedimientos oficiosos radicados en este Instituto, que se ordenaron en iguales circunstancias a los que dejó sin efectos la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, este Consejo General debe ordenar la reposición de los respectivos procedimientos de revisión de informes de campaña de los partidos políticos y las coaliciones que no cuestionaron en su momento tal determinación, pues existe un pronunciamiento expreso de la autoridad judicial que en similares casos los declara ilegales.

No pasa desapercibido para esta autoridad que si bien las sentencias citadas, no tienen efectos generales sobre los procedimientos que no fueron materia de impugnación, dadas las particularidades del resto de los procedimientos abiertos y toda vez que la Sala Superior del Tribunal Electoral se pronunció sobre la no conclusión de las distintas etapas del proceso de revisión de informes de campaña, omisión que comparten el resto de los procedimientos ordenados, este Consejo General estima que debe aplicarse una excepción al principio de relatividad de las sentencias y particularmente en este caso y por un principio de congruencia de las resoluciones que emite este Instituto, debe privilegiarse el trato equitativo y ajustado a derecho de las investigaciones que en su momento fueron ilegalmente ordenadas.

Cabe aclarar que esta autoridad no entiende las sentencias SUP-RAP-46/2007, SUP-RAP-47/2007 y SUP-RAP-48/2007 como el fundamento para dejar sin efectos los oficiosos a que se refiere el presente acuerdo. Sino que consisten en meros antecedentes que sirvieron para analizar si la nulidad del acto que dio origen a los procedimientos oficiosos referidos –debido a que no se respetó la garantía de audiencia de los partidos políticos–, resultaba también aplicable a los procedimientos de revisión de Informes de Campaña entregados por los partidos políticos Acción Nacional y Alternativa Socialdemócrata (antes Alternativa Socialdemócrata y Campesina), así como de las otrora Coaliciones Alianza por México y Por el Bien de Todos (por lo que se refiere al Partido Convergencia).

En ese tenor, este Consejo General, a fin de cumplir estrictamente con el principio constitucional de legalidad y buscando maximizar la garantía de audiencia que debe gozar todo partido político, concluyó que debía ajustar las actuaciones de la autoridad al debido proceso, privilegiando las máximas que rigen toda actuación de este órgano colegiado, así como el respeto irrestricto a las normas fundamentales con las que se construye el estado de derecho.

Lo anterior, toda vez que la validez de los procedimientos citados ya fue materia de análisis por la autoridad judicial, decisión que es definitiva e inatacable por disposición constitucional, por lo que es evidente que la premisa esencial de la cual parten los procedimientos de investigación quedó sin sustento alguno.

Consecuentemente, no es posible que este Consejo General continúe con las investigaciones decretadas en la resolución CG97/2007.

Finalmente, debe señalarse que las sanciones impuestas en la resolución CG97/2007, a todos los partidos políticos y las coaliciones quedaron firmes, pues la materia de este acuerdo sólo se refiere a la orden de inicio de los procedimientos oficiosos señalados y a la materia de los mismos.

11. Que para la regularización de los procedimientos de revisión de informes de campaña de los partidos políticos Acción Nacional y Alternativa Socialdemócrata (antes Alternativa Socialdemócrata y Campesina), así como de las otrora coaliciones Alianza por México y Por el Bien de Todos (respecto del Partido Convergencia) y tomando en consideración los plazos que señaló la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para la reposición del procedimiento, a efecto de otorgar un trato equitativo a todas las fuerzas políticas que contendieron en el proceso electoral federal de dos mil cinco-dos mil seis, deben señalarse con precisión los plazos en los que la Unidad de Fiscalización debe realizar cada una de la etapas para que este Consejo General pueda pronunciarse, en su caso, sobre la imposición de las sanciones que procedan, por lo que se emite el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO. Se ordena a la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos que reponga los procedimientos de revisión de informes de campaña de los partidos políticos Acción Nacional y Alternativa Socialdemócrata (antes Alternativa Socialdemócrata y Campesina), así como de las otrora coaliciones Alianza por México y Por el Bien de Todos (respecto del Partido Convergencia) con base en los siguientes plazos:

1. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la aprobación de este acuerdo, la Unidad de Fiscalización deberá dar vista a los partidos políticos y coaliciones señalados, con el ejercicio de conciliación realizado por esa autoridad fiscalizadora, así como con toda la documentación, actuación o constancia que haya servido de base al mismo, respecto de los promocionales de radio y televisión monitoreados por IBOPE y los reportados por ellos, motivo de revisión en los informes de campaña del proceso electoral federal 2005-2006, además de especificar cuáles, por exclusión, son los promocionales monitoreados que no encuentran coincidencia con los reportados, para que sobre esa base, el partido político o la coalición, en el momento oportuno pueda realizar las aclaraciones pertinentes, o en su caso, subsanar las deficiencias u omisiones en que hubiere incurrido, en términos de ley. En este mismo lapso, la Unidad deberá notificar los errores u omisiones técnicas detectados en la revisión de los informes.

2. A partir de la notificación de los oficios de errores y omisiones detectados, los partidos y las coaliciones contarán con diez días hábiles para presentar las aclaraciones o rectificaciones que estimen pertinentes.

3. Transcurrido ese lapso, la Unidad de Fiscalización dispondrá del plazo de diez días hábiles para elaborar el dictamen consolidado respectivo, mismo que deberá ser sometido a consideración de este Consejo General, dentro de los tres días hábiles siguientes, para que emita la resolución que conforme a derecho proceda, dada la circunstancia extraordinaria de reposición de procedimiento.

4. Adicionalmente, se considera igualmente necesario, que para la debida reparación de la garantía de audiencia, a partir de la notificación del presente acuerdo, ponga a disposición de los partidos Acción Nacional, Alternativa Socialdemócrata (antes Alternativa Socialdemócrata y Campesina), así como de las coaliciones Alianza por México, y Por el Bien de Todos (ésta última sólo respecto del Partido Convergencia), para su consulta, todas las constancias, documentos o actuaciones, a que se refieran los promocionales y respecto de los cuales realice la conciliación, con la finalidad de que el partido político o la coalición prepare oportunamente sus aclaraciones.

SEGUNDO. Se dejan sin efecto los procedimientos administrativos oficios ordenados en la resolución CG97/2007, en el resolutivo DÉCIMO CUARTO, en específico, los siguientes:

a) Partido Acción Nacional en términos de lo establecido en el considerando 5.1, incisos h), j), k) y l).

b) Coalición “Alianza por México”, en términos de lo establecido en el considerando 5.2, inciso a), e), k), l), o), p) y q).

c) Coalición por el Bien de Todos (sólo por lo que se refiere a Convergencia), en términos de lo establecido en el considerando 5.3, incisos i), j), k), l) y m).

e) Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, en términos de lo establecido en el considerando 5.5, incisos h) e i).”

TERCERO. Los agravios del Partido Revolucionario Institucional son los siguientes:

“PRIMERO. En primer término, causa perjuicio al instituto político que represento la indebida fundamentación y motivación del acuerdo impugnado, resultando de una incorrecta aplicación de los preceptos legales y una deficiente expresión de las consideraciones con las que se pretende justificar el acto de autoridad, lo cual resulta atentatorio del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En forma reiterada, se ha sostenido que la fundamentación y motivación con que debe contar todo acto de autoridad que cause molestia a la esfera jurídica de un gobernado debe encontrarse sustentada en lo preceptuado por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esto es, conforme a la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 de la Carta Magna, que dispone que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento; es decir, debe existir una precisa adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso planteado que, a su vez, debe encuadrar en las hipótesis normativas.

En la materia electoral, la Sala Superior ha definido sus alcances en la tesis de jurisprudencia S3ELJ05/2002, publicada en las páginas 141 y 142 de la Compilación Oficial de Jurisprudencia 1997-2005, cuyo rubro y texto dicen:

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SE CUMPLE SI EN CUALQUIER PARTE DE LA RESOLUCIÓN SE EXPRESAN LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS QUE LA SUSTENTAN (Legislación de Aguascalientes y similares)” (Se transcribe).

De igual manera, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, se ha pronunciado en la tesis aislada l.3o.C.532 C visible en la página 1816, Tomo XXIII, febrero de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que refiere:

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR” (Se transcribe).

En tal sentido, para que exista una debida fundamentación y motivación, debe quedar claro el razonamiento sustancial sobre los hechos y causas, así como los fundamentos legales aplicables; en este tenor, la ausencia total de motivación o de la argumentación legal, o bien, que las mismas sean tan imprecisas que no den elementos a los recurrentes para defender sus derechos o impugnar el razonamiento aducido por las autoridades, da lugar a considerar la falta de motivación y fundamentación.

Así, para que la autoridad cumpla con la garantía apuntada, sus determinaciones deben contener la cita de los preceptos legales que le sirvieron de apoyo, así como los razonamientos que la llevaron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata encuadra en los supuestos de la norma invocada.

En la especie, estimamos que la responsable en el dictado de la resolución ahora impugnada se apartó de dichos presupuestos, ya que no hace una correcta precisión de los preceptos legales aplicables, ni tampoco esgrime manifestaciones jurídicamente aceptables para sostener el inicio de otro procedimiento de revisión del informe de campaña de la Coalición “Alianza por México”.

Las consideraciones que sustentan la determinación de la responsable descansan en que:

a) La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó reponer los procedimientos de revisión de informes de campaña, por los conceptos que fueron materia de impugnación en los recursos de apelación SUP-RAP-46/2007, SUP-RAP-47/2007 y SUP-RAP-48/2007, así como también dejar sin efecto la orden de inicio de los llamados procedimientos oficiosos.

b) Analizada la resolución CG97/2007, se concluyó que los procedimientos oficiosos ordenados en contra de los Partidos Acción Nacional, Alternativa Socialdemócrata, y de las entonces Coaliciones “Alianza por México” y “Por el Bien de Todos” (en lo que hace a Convergencia) procedían de la misma resolución y se habían ordenado en iguales circunstancias a los que fueron cancelados, por lo que también adolecían de la misma ilicitud que los procedimientos con antelación decretados, de ahí que no era dable que siguieran surtiendo sus efectos.

c) Para regularizar el procedimiento y en aras de que existiera un trato equitativo entre todas las fuerzas políticas que contendieron en el proceso electoral, se debía “reponer” el procedimiento de revisión de informes de campaña de los partidos políticos y coaliciones mencionados en el inciso que antecede, en los mismos términos que ordenó la Sala Superior en los recursos SUP-RAP-46/2007, SUP-RAP-47/2007 y SUP-RAP-48/2007.

d) Toda vez que la Sala Superior estimó que el inicio de los procedimientos oficiosos ordenados durante la etapa de revisión de los informes de campaña debía quedar sin efectos, pues no se respetó la garantía de audiencia de los partidos políticos, así como también que sin concluir la revisión de los informes de campaña se ordenó el inicio de procedimientos administrativos, con lo cual incumplió con las fases a las que se encontraba obligada legalmente dicha revisión, lo conducente era también decretar que los procedimientos oficiosos ordenados en contra de los Partidos Acción Nacional, Alternativa Socialdemócrata, Convergencia y de la entonces Coalición “Alianza por México” quedaban sin efectos.

e) Como sustento de su determinación, invocó que resultaba aplicable la tesis de jurisprudencia S3ELJ 12/2003 emitida por la Sala Superior, con el rubro “COSA JUZGADA. ELEMENTOS PARA SU EFICACIA REFLEJA” aduciendo que era inconcuso que de continuar con los procedimientos oficiosos de investigación decretados en el CG97/2007 adolecerían de un vicio de origen y la consecuencia necesaria sería que fueran declarados ilegales en caso de que fueran impugnados, pues ya existía una decisión reiterada en ese sentido.

f) Dado que existían otros procedimientos oficiosos radicados, que se ordenaron en iguales circunstancias a los que dejó sin efectos la Sala Superior, lo conducente era ordenar la reposición de los procedimientos de revisión de informes de campaña de los partidos políticos y coaliciones que no cuestionaron en su momento tal determinación, pues existía un pronunciamiento expreso de la autoridad judicial que en similares términos los había declarado ilegales.

g) Finalmente, que si bien las sentencias emitidas en los recursos de apelación antes mencionados no tenían efectos generales sobre los procedimientos que no fueron materia de impugnación, dadas las particularidades del resto de los procedimientos abiertos se estimaba que debía aplicarse una excepción al principio de relatividad de las sentencias.

De lo expuesto, se puede colegir que los argumentos que esgrime la autoridad responsable para efectuar una “reposición” del procedimiento revisión del informe de gastos de campaña de la otrora Coalición “Alianza por México” no encuentra asidero legal que lo respalde, pues la autoridad administrativa electoral arbitrariamente pretende hacer depender su inicio de las consideraciones que sustentó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver los expedientes SUP-RAP-46/2007, SUP-RAP-47/2007 y SUP-RAP-48/2007 relacionados con las inconformidades planteadas por el Partido Nueva Alianza y los Partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo, en lo que hace a las sanciones que les fueron impuestas consecuencia de la revisión de sus respectivos informes de gastos de campaña, así también en contra de la orden de inicio de procedimientos oficiosos de investigación, aspecto último que en los recursos interpuestos se determinó modificar, para dejar sin efecto su orden de inicio, devolviendo además el expediente a la autoridad administrativa electoral para que a fin de regularizar el procedimiento de revisión de los respectivos informes para que: 1) Por conducto del órgano correspondiente, diera vista a cada instituto político, dentro de los diez días hábiles siguientes al de la notificación de la ejecutoria, con el ejercicio de la conciliación realizada por la autoridad fiscalizadora, así como con toda la documentación, actuación o constancia que haya servido de base para el mismo, respecto de los promocionales de radio y televisión monitoreados por IBOPE y los reportados por cada partido político mencionado, motivo de revisión en los informes de campaña del procedimiento electoral dos mil cinco-dos mil seis, además de especificar cuáles, por exclusión, eran los promocionales monitoreados que no encontraban coincidencia con los reportados, para que sobre esa base, el partido político actor, pudiera realizar las aclaraciones pertinentes, o en su caso, subsanar las deficiencias u omisiones en que hubiere incurrido, en términos de ley; y 2) Hecho lo anterior, resolviera sobre la imposición de sanción o, en su caso, determinar lo que en Derecho correspondiera respecto del resultado de la revisión del informe de campaña respectivo.

Sin embargo, es de destacar que lo decidido en tales medios de impugnación es completamente ajeno al partido político que represento, ya que nunca intervenimos en dichos procesos, por tanto, resulta ilegal que ahora se pretenda afectar nuestra esfera jurídica al vincularnos arbitrariamente en lo decidido en tales juicios, intentando hacer extensivos los efectos que se decidieron en aquéllas sentencias, a través de una diversa revisión de nuestro informe de campaña 2005-2006, el cual, al haberse emitido la resolución CG97/2007 y no haber sido impugnada en lo que nos perjudicaba, adquirió el carácter de cosa juzgada.

Sobre el particular, dicha figura (del latín res iudicata) ha sido definida como el efecto de una sentencia judicial cuando no existen contra ella medios de impugnación que permitan modificarla (sentencia firme) y que se traduce en el respeto y subordinación a lo decidido en un juicio como el atributo o calidad de definitividad que adquieren las sentencias. Con base en esta característica esencialmente procesal, se ha llegado a establecer una distinción de la cosa juzgada desde el punto de vista procesal y el punto de vista material.

La cosa juzgada desde el punto de vista formal o procesal, significa la imposibilidad de impugnación de una sentencia. La cosa juzgada desde el punto de vista material o de fondo, alude al carácter, irrebatible, indiscutible, inmodificable de la decisión de la controversia de intereses a que se ha llegado mediante la aplicación de una norma sustantiva general al caso conflictivo y la imputación de las consecuencias jurídicas que tal aplicación produce.

Sobre el particular, conviene tener presente la tesis aislada XVII.2o.C.T.13 K emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, consultable en la página 1705, Tomo XX, julio de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que refiere:

“COSA JUZGADA FORMAL. ADQUIERE EL CARÁCTER DE COSA JUZGADA MATERIAL CUANDO SE EMITE RESOLUCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO QUE LA HACE INDISCUTIBLE” (Se transcribe).

De igual manera, resulta tener presente tesis identificada con la clave XVII.2o.C.T.11 K consultable en la página 1427, Tomo XIX, junio de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

“COSA JUZGADA. ELEMENTOS QUE DEBEN CONCURRIR PARA QUE EXISTA” (Se transcribe).

Bajo las premisas apuntadas, no resulta dable que ahora se pretenda justificar el inicio de un nuevo procedimiento de revisión de nuestro informe de campaña 2005-2006, al amparo de lo resuelto en otros asuntos en los que sí fue impugnado destacadamente el inicio de los procedimientos oficiosos, y que tuvo como consecuencia que se ordenara la reposición de los informes de campaña de los institutos políticos accionantes en tales medios impugnativos, ya que con tal proceder la autoridad administrativa electoral está ampliando erga omnes los efectos de las sentencias emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, las cuales se rigen por un principio que igualmente opera en materia de amparo y al cual la doctrina denomina como “relatividad” o “inter partes”, consistente en que una sentencia tendrá un alcance relativo en la medida en que sólo limitará sus efectos legales a proteger a los sujetos que hayan participado en el asunto o negocio jurídico correspondiente, y sin hacer ninguna declaración general respecto a la ley o acto que la motivare.

Destaca que la responsable, para sustentar su determinación, hace mención que todos los procedimientos oficiosos que había ordenado procedían de la misma resolución, y si se atiende a que la Sala Superior en algunos asuntos ya se había pronunciado sobre su ilegalidad, lo conducente era que no siguieran surtiendo sus efectos. Contrariamente, acto seguido, invocando irrisoriamente los principios de legalidad y equidad, refiere que en aras de “otorgar un trato equitativo” a todas las fuerzas políticas que contendieron en el proceso electoral 2005-2006 debían regularse los procedimientos de revisión de los informes de campaña de los demás partidos políticos y coaliciones, en los mismos términos que lo ordenó por la Sala Superior en los SUP-RAP-46/2007, SUP-RAP-47/2007 y SUP-RAP-48/2007 ya que se actualizaba la eficacia refleja de la cosa juzgada.

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha sostenido que la autoridad de cosa juzgada encuentra su fundamento y razón en la necesidad de preservar y mantener la paz y la tranquilidad en la sociedad, con medidas que conserven la estabilidad y la seguridad de los gobernados en el goce de sus libertades y derechos, teniendo por objeto primordial proporcionar certeza respecto a las relaciones en que se han suscitado litigios, mediante la inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada, para impedir la prolongación indefinida de los conflictos jurídicos, lo que ocurriría si se mantuvieran abiertas las posibilidades de impugnar indefinidamente los fallos emitidos en cada uno de los procesos jurisdiccionales, ya fuera mediante recursos u otros procesos, provocando nuevos y constantes juzgamientos, y, por tanto, la incertidumbre en la esfera jurídica de los involucrados en los asuntos, así como de todos los demás que con ellos entablan relaciones de derecho.

En este contexto, los elementos uniformemente admitidos por la doctrina y la jurisprudencia, para la determinación sobre la eficacia de la cosa juzgada, son los sujetos que intervienen en el proceso, la cosa u objeto sobre la que recaen las pretensiones de las partes de la controversia y la causa invocada para sustentar dichas pretensiones. Más aún, se ha establecido que la cosa juzgada puede surtir efectos en otros procesos, de dos maneras distintas.

La primera, la más conocida, se denomina eficacia directa y opera cuando los citados elementos: sujetos, objeto y causa, resultan idénticos en las dos controversias de que se trate; la segunda es la eficacia refleja, con la cual se robustece la seguridad jurídica al proporcionar mayor fuerza y credibilidad a las resoluciones judiciales, evitando que criterios diferentes o hasta contradictorios sobre un mismo hecho o cuestión, puedan servir de sustento para emitir sentencias distintas en asuntos estrechamente unidos en lo sustancial o dependientes de la misma causa.

Tal criterio está contenido en la jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificada con la clave S3ELJ 12/2003, visible en la Compilación Oficial “Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005”, páginas 67 y 68, bajo el rubro y texto:

“COSA JUZGADA. ELEMENTOS PARA SU EFICACIA REFLEJA” (Se transcribe).

En dicha jurisprudencia se destaca que los elementos esenciales que deben concurrir para que se produzca la eficacia refleja de la cosa juzgada, son los siguientes:

a) La existencia de un proceso resuelto ejecutoriadamente.

b) La existencia de otro proceso en trámite.

c) Que los objetos de los dos litigios sean conexos, por estar estrechamente vinculados o tener relación sustancial de interdependencia, a grado tal, que se produzca la posibilidad de fallos contradictorios.

d) Que las partes del segundo proceso hayan quedado obligadas con la ejecutoria del primero.

e) Que en ambos se presente un hecho o situación que sea un elemento o presupuesto lógico necesario para sustentar el sentido de la decisión del litigio.

f) Que en la sentencia ejecutoria se sustenta un criterio preciso, claro e indubitable sobre ese elemento o presupuesto lógico.

g) Que para la solución del segundo juicio requiera asumir también un criterio sobre el elemento o presupuesto lógico-común, por ser indispensable para apoyar lo fallado.

De lo antes expuesto, se puede deducir que resulta falso que se actualice la eficacia refleja de la cosa juzgada y menos que se resulten aplicables los argumentos sostenidos en la tesis de jurisprudencia antes mencionada, ya que lo resuelto en los recursos de apelación SUP-RAP-46/2007, SUP-RAP-47/2007 y SUP-RAP-48/2007 no decidió extender sus efectos sobre otro asunto de modo que las partes de éste queden vinculadas por tales fallos; tampoco se advierte que haya otro proceso en trámite en el cual se expongan argumentos como los que se sostiene en las sentencias mencionadas; de igual modo, no se hace patente que derivado de lo resuelto en los citados medios de impugnación hayan quedado obligadas otras partes a someterse a lo decidido en tales litigios; ni mucho menos que haya una materia de análisis que pudiera resultar confrontada por lo que requiriera asumir un criterio común.

Por lo anterior, es contundente el hecho de que en el procedimiento de revisión de gastos de campaña relativos al proceso electoral federal 2005-2006 las determinaciones de la autoridad responsable consistieron en la imposición de la sanción que quedó reseñada en el antecedente segundo de este medio de impugnación, misma que quedó firme al no haber sido impugnada habiendo quedado, en consecuencia, firme y definitiva la etapa de revisión de gastos de campaña cuyo período se ha precisado, por lo que resulta a todas luces atentatorio del principio de legalidad, certeza y seguridad jurídica que la autoridad administrativa electoral, con base en conjeturas, considere haber abierto el procedimiento oficioso que había ordenado en perjuicio de la otrora coalición “Alianza por México” -de la que ya se ha precisado, mi representado formó parte y hoy en día concurre cautelarmente convencido de que el acuerdo impugnado carece de toda legalidad- en su resolución CG97/2007, y que para ello se hayan invocado y atraído efectos jurídicos ordenados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en otros juicios, alegando el falaz argumento de extender los efectos “reflejos de la cosa juzgada” a nuestra esfera jurídica sin existir litigio alguno que resolverse en nuestra contra e ignorando que los efectos de la cosa juzgada se materializan en cualquier caso en el ámbito de extinción de derechos y obligaciones, no en el de mantener indefinidas relaciones jurídicas susceptibles de afectar la esfera jurídica de los gobernados.

SEGUNDO. Causa agravio al instituto político que representó, el que la responsable haya ordenado la “reposición” del procedimiento de revisión de nuestro informe de gastos de campaña 2005-2006, ya que lo que realmente está haciendo es iniciar un procedimiento autónomo, el cual no tiene base legal que lo sostenga.

Según se desprende del derogado Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el procedimiento para la presentación y revisión de los informes de campaña de los partidos políticos se hace consistir en lo siguiente:

“Artículo 49-A” (Se transcribe).

Atendiendo a las disposiciones transcritas, mismas que son aplicables al caso en estudio en tanto fueron las que regían los actos motivo del presente medio de impugnación por lo que se tornan vigentes, el Consejo General del Instituto Federal Electoral, a través de la Comisión de Fiscalización, cuenta con un plazo para llevar a cabo la revisión de los informes de campaña de los partidos políticos, el cual es de ciento veinte días, lapso dentro del cual, de encontrar errores u omisiones técnicas, debe notificar al partido político para que presente, dentro de un plazo de diez días, las aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes. Hecho lo anterior, dentro de los siguientes veinte días, la Comisión de Fiscalización tendrá que elaborar un dictamen consolidado, el cual debe presentar al Consejo General del Instituto Federal Electoral, dentro de los tres días siguientes a su conclusión, junto con el proyecto de resolución.

De lo mencionado se puede advertir que el procedimiento de revisión de informes de campaña vigente en el caso que nos ocupa está segmentando en diversas etapas y periodos:

a) Presentación de los informes de campaña por los partidos políticos: Dentro de los sesenta días siguientes, contados a partir de la fecha en que concluyan las campañas electorales.

b) Revisión de los informes de campaña de los partidos políticos: Dentro de los ciento veinte días siguientes a su presentación.

c) Rectificación de errores o aclaración de omisiones técnicas: Dentro del plazo de diez días, contados a partir de la fecha de notificación del requerimiento hecho por la Comisión de Fiscalización en cita.

d) Elaboración del dictamen consolidado por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas: Dentro de los siguientes veinte días, una vez concluido el plazo para la revisión o, en su caso, también el plazo concedido para subsanar las deficiencias o rectificar los errores encontrados en el informe.

e) Presentación del dictamen consolidado y del proyecto de resolución al Consejo General del Instituto Federal Electoral, para su aprobación: Dentro de los tres días siguientes a la conclusión del plazo de veinte días, otorgado para formular el dictamen referido.

En lo que hace al informe de campaña de la Coalición “Alianza por México”, de la que el Partido Revolucionario Institucional formaba parte, una vez concluidas las etapas y periodos que expresamente señalaba el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la autoridad administrativa electoral determinó imponernos, tanto al Partido Revolucionario Institucional como al Partido Verde Ecologista de México, las sanciones económicas consistentes en:

a) Una reducción económica consistente: