RECURSO DE APELACIÓN

EXPEDIENTE: SUP-RAP-88/2007

ACTOR: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ ALEJANDRO LUNA RAMOS

SECRETARIO: IVÁN E. FUENTES GARRIDO

México, Distrito Federal, a doce de marzo de dos mil ocho.

VISTOS, para resolver, los autos del expediente SUP-RAP-88/2007, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional, contra el acuerdo CG255/2007 de treinta y uno de agosto de dos mil siete, emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de los partidos políticos correspondientes al ejercicio dos mil seis, específicamente, las concernientes al Partido Revolucionario Institucional, y

R E S U L T A N D O:

I. El nueve de marzo de dos mil siete la entonces Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas del Instituto Federal Electoral, por conducto de su Secretario Técnico, recibió los informes anuales correspondientes al ejercicio dos mil seis, y procedió a su análisis y revisión.

Haciendo uso de la facultad conferida por el artículo 49-A, párrafo 2, inciso a), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la citada comisión solicitó a los órganos responsables del financiamiento de los partidos políticos, la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes anuales.

Asimismo, notificó a los partidos políticos los errores y omisiones técnicas que advirtió durante la revisión de los mencionados informes, para el efecto de que se presentaran las aclaraciones o rectificaciones pertinentes.

II. El seis de junio de dos mil siete, se llevó a cabo la reunión de confronta para el Partido Revolucionario Institucional, convocada por el Secretario Técnico de la Comisión de Fiscalización.

III. En sesión extraordinaria de treinta y uno de agosto del año próximo pasado, el Consejo General del Instituto Federal Electoral emitió la resolución CG255/2007, mediante la cual la otrora Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas presentó ante el mencionado Consejo el dictamen consolidado respecto de los informes anuales presentados por los partidos políticos, correspondiente al ejercicio dos mil seis.

En el mencionado dictamen, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas determinó que se encontraron diversas irregularidades derivadas de la revisión de los informes anuales presentados por los partidos políticos, entre ellos, el instituto político actor.

IV. Inconforme con la anterior resolución, el Partido Revolucionario Institucional, por conducto de José Alfredo Femat Flores, ostentándose como representante propietario ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, el seis de septiembre del dos mil siete, interpuso ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, recurso de apelación.

V. El trece de septiembre de dos mil siete se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior, el oficio SCG/279/2007 suscrito por el Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral, mediante el cual remitió el escrito del recurso de apelación, conjuntamente con las constancias atinentes y el informe circunstanciado de ley.

VI. Recibidas que fueron en este Tribunal las constancias relativas al presente recurso, mediante acuerdo de diecisiete de septiembre del año próximo pasado, la Magistrada Presidenta de esta Sala Superior turnó el expediente en que se actúa al Magistrado José Alejandro Luna Ramos, para los efectos del artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

VII. Mediante proveído de once de marzo de dos mil ocho, la Magistrada Presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, ante la ausencia del Magistrado José Alejandro Luna Ramos, admitió a trámite el recurso de mérito y cerró la instrucción, con lo cual el asunto quedó en estado de resolución, y

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer del presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, párrafo cuarto, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción, III, inciso a) y 189, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el 40 párrafo 1 inciso b) y 44, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un recurso de apelación interpuesto en contra de una resolución emitida por el Consejo General del Instituto Federal Electoral.

SEGUNDO. El Partido Revolucionario Institucional aduce los siguientes hechos y agravios:

“…HECHOS

El día 8 de marzo de 2007, el Partido Revolucionario Institucional presentó en tiempo y forma el Informe Anual de Ingresos y Egresos del ejercicio 2006.

El 9 de marzo de 2007, dio inicio el procedimiento de auditoria para revisar el informe presentado, levantándose el acta respectiva. Procedimiento que no se ajustó a lo establecido en el artículo 49-A del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismo que señala lo siguiente:

‘Artículo 49-A

1. Los partidos políticos y las agrupaciones políticas deberán presentar ante la comisión del Instituto Federal Electoral a que se refiere el párrafo 6 del artículo anterior, los informes del origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las siguientes reglas:

a) Informes anuales

I. Serán presentados a más tardar dentro de los sesenta días siguientes al último día de diciembre del año del ejercicio que se reporte; y

II. En el informe anual serán reportados los ingresos totales y gastos ordinarios que los partidos y las agrupaciones políticas hayan realizado durante el ejercicio objeto del informe.

2. El procedimiento para la presentación y revisión de los informes de los partidos políticos y las agrupaciones políticas se sujetará a las siguientes reglas:

a) La Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas contará con sesenta días para revisar los informes anuales y con ciento veinte días para revisar los informes de campaña presentados por los partidos políticos y, en su caso, por las agrupaciones políticas. Tendrá en todo momento la facultad de solicitar a los órganos responsables del financiamiento de cada partido político y a las agrupaciones políticas, la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes;

b) Si durante la revisión de los informes la comisión advierte la existencia de errores u omisiones técnicas, notificará al partido político o a la agrupación política que hubiere incurrido en ellos, para que en un plazo de diez días contados a partir de dicha notificación, presente las aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes;

c) Al vencimiento del plazo señalado en el inciso a) de este párrafo o, en su caso, al concedido para la rectificación de errores u omisiones, la comisión dispondrá de un plazo de veinte días para elaborar un dictamen consolidado que deberá presentar al Consejo General dentro de los tres días siguientes a su conclusión;

III. Mediante oficios de fechas tres y veintitrés de abril, catorce de mayo y primero de junio del dos mil siete, recibidos por este Partido el cuatro y veinticinco de abril, catorce de mayo y cinco de junio, respectivamente, el Secretario Técnico de la Comisión de Fiscalización notificó una serie de observaciones derivadas de la revisión del informe anual del origen y destino de los recursos correspondientes al ejercicio 2006.

IV. El seis de junio de dos mil siete, día en que concluyó el plazo de sesenta días que establece el artículo 49-A párrafo 2, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para la revisión del informe atinente, el Secretario Técnico de la aludida Comisión, envío a este partido sendos oficios en los que le informa sobre una serie de observaciones relacionadas con la revisión del informe anual multicitado.

Con relación a los oficios primeramente señalados identificados como STCFRPAP/579/07, STCFRPAP/769/07 y STCFRPAP/780/07 de fechas tres y veintitrés de abril y catorce de mayo del año en curso, respectivamente, se notificaron un total de 32 observaciones, de las cuales al final del período de revisión subsistieron 3, como se desprende del oficio STCFRPAP/579/07. Es decir, quedaron subsanadas en los términos solicitados por esa autoridad electoral 29 observaciones, lo cual se advierte de los 6 oficios entregados a la conclusión del período de revisión, a saber, el STCFRPAP/1103/07 de fecha primero de junio del año en curso, entregado a este partido el cinco del mismo mes y año, así como los diversos STCFRPAP/1144/07, STCFRPAP/1219/07, STCFRPAP/1235/07, STCFRPAP/1236/07 y STCFRPAP/1245/07 todos de fecha seis de junio del presente año, entregados a este partido el mismo día.

Ahora bien, de los seis oficios recibidos a la conclusión del período de revisión, citados con antelación, se desprende la notificación de un total de 129 (ciento veintinueve) observaciones, de las cuales sólo 3 (tres) provienen de las notificadas en el mes de abril, siendo que de las restantes la autoridad electoral fiscalizadora directamente o por conducto de sus fiscalizadores asignados a este partido, no solicitó aclaraciones, información, documentación o dato alguno sobre las mismas, mientras transcurría el ejercicio de revisión, sino que es hasta el vencimiento del plazo de sesenta días que marca el Código de la materia para el efecto, cuando se hace del conocimiento de este instituto político, en forma multitudinaria, dichas observaciones sin antecedente alguno.

De lo anterior se desprende que la autoridad fiscalizadora aun teniendo el plazo de 60 (sesenta) días que dura el ejercicio de revisión, que se puso a su disposición y se le proporcionó en todo momento la documentación necesaria para que llevara a cabo el ejercicio revisor, no desahogó ‘las observaciones detectadas durante dicho ejercicio’, notificándolas oportunamente para su atención en forma exhaustiva, sino que el equipo de revisión las reservó sin motivo alguno, para notificarlas hasta el vencimiento del período de revisión.

En consecuencia, se advierte que es ‘durante la revisión’ de los informes presentados cuando al advertir errores u omisiones la Comisión notificará al partido sobre los mismos, situación que en el presente caso, como se ha relatado, no aconteció, ya que si bien no está a discusión el número de oficios que puede librar la autoridad fiscalizadora y que de hecho libra como se demuestra con los diversos citados anteriormente, el hecho es que la afirmación que se encuentra en la parte final del aludido considerando no encuentra sustento, pues como se demuestra con la simple lectura de los multi-aludidos oficios, de las 129 observaciones notificadas a este partido entre el cinco y seis de junio del año en curso, sólo tres de ellas fueron notificadas en una ocasión previa "durante la revisión", en consecuencia, 126 de éstas nunca fueron notificadas previamente.

De lo anterior se colige que se aplica errónea e indebidamente el contenido del artículo 49-A párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como del numeral 20.1 del “Reglamento que establece los lineamientos para la fiscalización de los recursos de los partidos políticos nacionales”, en virtud de que como se ha expuesto con antelación, la notificación de errores u omisiones, debe verificarse bajo dos supuestos temporales que se conjugan para el efecto, es decir, ‘durante la revisión de los informes’ y cuando la Comisión ‘advierta’ su existencia, por lo que la interpretación de dichas normas debe efectuarse gramaticalmente, por ser el criterio que el ordenamiento legal federal aludido, establece en el párrafo 2 de su artículo 3 y, en todo caso, si existiera duda debe armonizarse con base en el método de interpretación sistemático y funcional, es así que para el efecto y por consistir en un punto de derecho, al ser las normas legales y la reglamentaria iguales en cuanto a su redacción y alcance, con el análisis relativo a las normas del Código referido se puede dilucidar lo siguiente:

‘2. El procedimiento para la presentación y revisión de los informes de los partidos políticos y las agrupaciones políticas se sujetará a las siguientes reglas:

a) La Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas contará con sesenta días para revisar los informes anuales... Tendrá en todo momento la facultad de solicitar a los órganos responsables del financiamiento de cada partido político y a las agrupaciones políticas, la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes;

Luego entonces, la norma transcrita se compone de los siguientes elementos procedimentales:

1. Un plazo de sesenta días con que cuenta la Comisión para efectuar el proceso de revisión de los informes presentados, mismo que se contabiliza a partir del día siguiente a la presentación atinente, como se desprende incluso del contenido del numeral 19.2 del “Reglamento que establece los lineamientos para la fiscalización de los recursos de los partidos políticos nacionales”;

2. Que durante el ejercicio revisor, dicha autoridad tiene la facultad de solicitar ‘en todo momento’ la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado, facultad que es congruente con la obligación de notificar al partido sujeto a revisión al advertir errores u omisiones;

3. Que la precitada obligación de notificar al partido, se encuentra latente desde el primer día en que comienza la revisión hasta, incluso, el último en que concluye; sin embargo, se actualiza en cuanto la autoridad fiscalizadora ‘advierte’ los errores u omisiones en cuestión, sea cual fuere el momento en que se encuentre del ejercicio revisor, siendo en tal momento cuándo debe notificar al ente auditado sobre ello, sin que de la interpretación gramatical de esta norma se concluya la posibilidad de que se acumulen durante el plazo de revisión los errores u omisiones que en el transcurso advierta, para notificarlos en conjunto a la conclusión del plazo de revisión, pues no es dable tal interpretación, ya que además de no encontrar sustento en norma alguna que así lo autorice, se trastoca el procedimiento en perjuicio del partido sujeto a revisión.

Lo anterior se analiza en razón de que el acuerdo en cuestión, en su punto primero, establece tajantemente que:

‘PRIMERO- La Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas sólo valorará la documentación que sea presentada con motivo del informe anual del ejercicio 2006 por los partidos políticos dentro del plazo previsto legalmente para su revisión, es decir, durante los 60 días posteriores a la fecha de presentación del mismo, o bien, durante el plazo de 10 días que la ley otorga a los partidos políticos para la presentación de las aclaraciones o rectificaciones que se llevan a cabo en atención a los errores u omisiones técnicas notificadas por esta autoridad.’

Por ello, es claro que con la indebida interpretación y aplicación que sobre el particular efectúa la autoridad responsable, contraviene el numeral 20.4 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales que dispone:

‘20.4. Para la valoración de las pruebas aportadas por los partidos se estará a lo dispuesto por la Ley General del Sistema de Medios de impugnación en Materia Electoral.’

Por su parte, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, señala:

‘ARTÍCULO 16

1. Los medios de prueba serán valorados por el órgano competente para resolver, atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, tomando en cuenta las disposiciones especiales señaladas en este capítulo.

2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran.

3. Las documentales privadas, las técnicas, las presuncionales, la instrumental de actuaciones, la confesional, la testimonial, los reconocimientos o inspecciones judiciales y las periciales, sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver, los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.

4. En ningún caso se tomarán en cuenta para resolver las pruebas ofrecidas o aportadas fuera de los plazos legales. La única excepción a esta regla será la de pruebas supervenientes, entendiéndose por tales los medios de convicción surgidos después del plazo legal en que deban aportarse los elementos probatorios, y aquellos existentes desde entonces, pero que el promovente, el compareciente o la autoridad electoral no pudieron ofrecer o aportar por desconocerlos o por existir obstáculos que no estaban a su alcance superar, siempre y cuando se aporten antes del cierre de la instrucción.’

Por lo anterior, de la simple lectura del artículo trascrito, resulta evidente el hecho de que la autoridad responsable se aparta de lo establecido en el reglamento de la materia aprobado por el propio Consejo General de ese Instituto, así como de lo estipulado en el ordenamiento legal al que remite para el efecto, por lo que se provoca opacidad en los criterios que se aplican.

Las anteriores consideraciones son de la mayor relevancia, en virtud de que derivado de la acumulación de las observaciones detectadas por el equipo de fiscalización adscrito a las oficinas de este instituto político durante la revisión del informe anual correspondiente al ejercicio 2006, que como se ha dejado asentado fueron notificadas 129 observaciones, de la cuales 126 se hicieron del conocimiento del partido el último día del proceso de revisión poco antes de las 24 horas; resulta inconcuso que además de existir innumerables pruebas supervenientes, con motivo del cúmulo de observaciones notificadas resulta improbable que en un plazo tan breve lleguen a desahogarse exhaustivamente todas éstas, ya que su atención implica diversas actividades que, verbigracia, en el caso de este partido están relacionadas con los trabajos desarrollados a lo largo de un año y, en cierta medida, con los trabajos desarrollados durante 60 días por el equipo de auditores de esa autoridad, lo cual la propia lógica nos lleva a concluir que en un plazo perentorio de 10 días, las probabilidades de que se agoten tales actividades en forma exhaustiva son desfavorables; lo cual se hubiese atenuado o incluso no se presentaría, si en el transcurso de los 60 días que dura la revisión del informe se hubieran notificado las observaciones conforme se fueron advirtiendo por el equipo de fiscalización como señala expresamente la norma aplicable como se analizó al principio de este escrito.

Asimismo, cabe destacar que la autoridad responsable desnaturaliza la finalidad y objetivo del procedimiento de revisión de los informes de gasto que rinden los partidos políticos, pues dicha finalidad no consiste en que el ejercicio auditor se lleve a cabo con miras a determinar incontables sanciones al ente auditado, sino por el contrario el objetivo primordial consiste en una función de carácter preventivo y, en su caso, correctivo, lo cual no lleva a cabo la autoridad responsable.

Lo anterior es así, ya que incluso el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en el artículo 49-B párrafo 2, inciso j), establece como atribución de la Comisión de Fiscalización el ‘proporcionar a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas la orientación y asesoría necesarias para el cumplimiento de las obligaciones consignadas en este artículo’, es decir, que la propia legislación de la materia dispone la naturaleza del proceso de auditoria, al señalar que una de las finalidades del órgano encargado de llevarla a cabo asesorará y orientará a los entes auditados con la finalidad de que ‘cumplan con las obligaciones’ que en la materia se establecen.

Por ello, resulta claro que conforme lo expuesto anteriormente y del propio contenido de la resolución que se combate se puede advertir que la autoridad responsable no atiende a dichas finalidades, ya que sólo se limita a determinar los presuntos errores que traduce en ‘faltas formales’, como acontece en el apartado marcado como inciso a) de la resolución atacada, sin desplegar las acciones tendientes a orientar a los entes auditados para su prevención o corrección, siendo su principal objetivo la sanción por la sanción misma.

Igualmente es destacable, que con dicha visión sobre el ejercicio de la facultad fiscalizadora, la responsable incurre en contradicciones dentro de sus propias conclusiones y hasta en criterios contrapuestos, ello es así y se puede corroborar con relativa facilidad si se efectúa un análisis comparativo de los dictámenes correspondientes a las revisiones de los informes anuales de los ejercicios 2003, 2005 y 2006; este último que ahora se combate, ya que de éstos se desprenderá que la autoridad responsable ha cambiado y modificado criterios que con antelación ha validado, verbigracia como sucede con las observaciones contenidas en el apartado a), conclusiones 29, 30, 33, 36, 43 y apartado d), conclusión 40, de las cuales se puede observar que con respecto a los presuntas operaciones que ‘deben documentarse mediante contratos de comodato’ existen cambios de criterio importantes e improcedentes que llevan a los partidos auditados a incurrir en errores, como se apreciará en el agravio correspondiente a estas cuestiones. Por otra parte, también cabe destacar las conclusiones contenidas en el apartado b) de la resolución atacada, en la cual se pretende sancionar prácticas mercantiles legales y válidas, que incluso se venían efectuando desde los ejercicios 2003 y 2005 como se desprende de los dictámenes consolidados correspondientes, pero que en esta revisión del informe anual del ejercicio 2006, se ha tornado en una irregularidad sancionable, incluso hasta con el doble del monto presuntamente involucrado, derivado precisamente de un cambio de criterio que hoy día lleva a concluir que tales operaciones constituyen irregularidades.

En tal virtud, la responsable no sólo desnaturaliza el procedimiento mismo de auditoria y desvía sus finalidades, sino también incurre en ambigüedades y contradicciones que vulneran el principio de certeza y objetividad que constitucional y legalmente está obligado a observar, así como a todas luces resulta claro desatiende el principio de reserva de ley, como se demostrará más adelante, todo lo cual deja a mi representado en un estado de incertidumbre jurídica y consecuentemente en estado de indefensión ante los cambiantes criterios y métodos de que dicha responsable se vale para llevar a cabo su ejercicio auditor, vulnerando el principio de legalidad.

V. Con fecha treinta de agosto de 2007, en sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Federal Electoral, resolvió respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los Informes Anuales presentados por los Partidos Políticos Nacionales correspondientes al ejercicio 2006.

VI. En dicha resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral de manera infundada y sin hacer una correcta individualización de los actos que revisó y que son materia de la presente impugnación determinó lo siguiente:

‘SEGUNDO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 5.2 de la presente resolución, se imponen al Partido Revolucionario Institucional las siguientes sanciones:

a) La reducción del 1.65% (Uno punto sesenta y cinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar un monto líquido de $4, 291,174.40 (Cuatro millones doscientos noventa y un mil ciento setenta y cuatro pesos 40/100 M.N.).

La reducción del 1.37% (Uno punto treinta y siete por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar un monto líquido de $3,558,126.42 (Tres

millones quinientos cincuenta y ocho mil ciento veintiséis pesos 42/100 M.N.).

b) Una multa consistente en 450 días de salario mínimo diario general vigente para el Distrito Federal en el año 2006, equivalente a $21,901.50 (Veintiún mil novecientos un pesos 50/100 M.N.).

c) Una multa consistente en 600 días de salario mínimo diario general vigente para el Distrito Federal en el año 2006, equivalente a $29,202.00 (Veintinueve mil doscientos dos pesos 00/100 M.N.).

d) Una multa consistente en 3,300 días de salario mínimo diario general vigente para el Distrito Federal en el año 2006, equivalente a $160,611.00 (Ciento sesenta mil seiscientos once pesos 00/100 M.N.).

e) La reducción del 2.75% (Dos punto setenta y cinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar un monto líquido de $7,128,408.59 (Siete millones ciento veintiocho mil cuatrocientos ocho pesos 59/100 M.N.).

f) Vista al Instituto Electoral del Estado de Jalisco.

h) Vista a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

i) Amonestación Pública. Vista a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Vista Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, (sic).

j) Procedimiento Oficioso.

k) Procedimiento Oficioso.

I) Procedimiento Oficioso.

m) Procedimiento Oficioso.

n) Procedimiento Oficioso.

o) Procedimiento Oficioso.

p) Procedimiento Oficioso.

q) Procedimiento Oficioso.’

La resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, ocasiona los siguientes:

AGRAVIOS

AGRAVIO PRIMERO

FUENTE DEL AGRAVIO.- Causa agravio al Partido que represento el procedimiento de auditoria seguido por la autoridad revisora del informe anual de ingresos y de gastos de Partidos Políticos presentado ante el IFE por el Partido Revolucionario Institucional para el ejercicio 2006.

PRECEPTOS LEGALES VIOLADOS.- Artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que a su vez vulnera las disposiciones legales contenidas en los artículos 49-A, 69 párrafo 2 y 73 párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

DESARROLLO DEL AGRAVIO: De las garantías mencionadas y del análisis del procedimiento seguido por la Comisión de Fiscalización concretamente al revisar el informe anual de ingresos y de egresos presentado ante el Instituto Federal Electoral por el Partido Revolucionario Institucional para el ejercicio 2006, y emitir supuestos oficios de requerimiento por conducto del Secretario Técnico de dicha Comisión, se desprende que en todos esos oficios se señaló por la autoridad mencionada, que el partido debía proceder a aclarar o rectificar documentación y asientos contables diversos por los importes mencionados en los mismos oficios, sin que en ninguno de los requerimientos estuvieran claramente identificados los conceptos que mi representado debía aclarar, los documentos que debían ser exhibidos a efecto de que mi representado tuviera posibilidad de preparar su defensa, respondiendo al requerimiento.

Sin embargo y pese a ello se integró la cantidad de los documentos observados, lo que lesionó y limitó el ejercicio de las garantías de audiencia y defensa de mi partido al no otorgársele un plazo razonable para la preparación y entrega de documentación aclaratoria, respecto de cifras sobre las cuales no se define dentro del texto de los oficios mencionados, cómo se llegó a ellos, ni cuál fue el procedimiento para integrarla, ni a partir de qué documentos específicos se determinaron.

Es importante señalar que las facultades de la Comisión de Fiscalización derivadas del artículo 49-A párrafo 2, para revisar los informes de los partidos y advertir la existencia de errores u omisiones técnicas, implica la obligación a su cargo de precisar con todo rigor no sólo en qué consiste el error o la omisión, sino también cuál fue el procedimiento para determinarlos, con mayoría de razón si se trata de cuestiones técnicas surgidas de un proceso de auditoria. Debe resaltarse que en ningún momento, durante la revisión y el lapso de aclaraciones, mi representada tuvo acceso al procedimiento de auditoria llevado a efecto, pues sólo se limitó el personal de la Comisión de llevarlo a cabo, a solicitar documentación diversa sin especificar concretamente cómo llegaron a sus cifras finales y cuál fue la documentación con la que apoyaron los mismos, como se desprende de Dictamen Consolidado y de los resultandos y considerandos de la resolución que se impugna.

Estas anomalías dentro del procedimiento seguido para la práctica de la revisión y el señalamiento de los errores u omisiones, no solamente limita y no permite ejercer la supuesta garantía de audiencia otorgada, pues de nada sirve que se abra un periodo de aclaraciones si quien concurre a que lo oigan no sabe exactamente sobre qué va a argumentar y en idéntica forma sucede con la supuesta oportunidad de defensa concedida, ya que ésta no se puede desplegar con eficacia si lo que se va a aclarar resulta indefinido por no conocer cómo conformó la autoridad el contenido de sus observaciones.

El respeto a estas garantías resulta trascendente, pues la consecuencia final del procedimiento desemboca en una sanción para aquel a quien se le practicó la revisión correspondiente; en tal virtud debe considerarse que el procedimiento seguido por la Comisión de Fiscalización no resulta apegado a las disposiciones legales y constitucionales invocadas.

En virtud de lo anterior es claro que el procedimiento de auditoria no se sujeta a normas claras que permitan a mi representado una debida garantía de audiencia, y en consecuencia se conculcaron en perjuicio de mi representado las garantías individuales establecidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, y en consecuencia debe revocarse la resolución dictada por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, por sustentarse en un procedimiento de auditoria ilegal, ya que los términos en que se practicó no son adecuados por los hechos auditables, tal como quedó descrito en el hecho número III, de esta demanda y con los elementos de prueba que ahí se describen queda acreditada que no se dio debido cumplimiento ni a la garantía de audiencia ni a los principios de constitucionalidad y legalidad, toda vez que el artículo 49-A, párrafo 2, inicios a) y b) del COFIPE establece la obligación de la autoridad revisora de informar y requerir al partido revisado que dentro de un plazo razonable le permita subsanar los errores y omisiones que se van detectando durante el desarrollo de la mencionada revisión, es decir debe entenderse que la Comisión de Fiscalización debe abocarse al análisis, revisión y opinión a partir del momento mismo del que le es turnada y no hasta las fechas cercanas a la conclusión al ejercicio de revisión pues en esta hipótesis además de estar incumpliendo el espíritu del artículo invocado deja en estado de indefensión a nuestro representado al otorgar sólo un plazo de diez días para subsanar o aclarar los conceptos observados. Lo anterior es así sobre todo al tener presente el cúmulo de documentos que se generan en un ejercicio de gasto ordinario en un partido político durante un año, más aún en el caso que nos ocupa que como se puede apreciar mi representado recibió oficios en dos etapas, la primera comprendida entre los meses de abril y mayo y la segunda en junio, es de hacerse notar que en los últimos oficios emitidos fuimos notificados el día 6 de junio, ocho minutos antes de que se venciera el plazo a la autoridad revisora para subsanar o aclarar errores y omisiones quienes en todo caso debieron haber notificado con anticipación a esta fecha y particularmente llama la atención que en los oficios el STCFRPAP/1103/07 de fecha primero de junio del año en curso, entregado a este partido el cinco del mismo mes y año, así como los diversos STCFRPAP/1144/07, STCFRPAP/1219/07, STCFRPAP/1235/07, STCFRPAP/1236/07 y STCFRPAP/1245/07 todos de fecha seis de junio del presente año, somos requeridos en 129 observaciones, otorgándonos un plazo de 10 días, mismo que si bien es cierto es el señalado por el artículo 49-A párrafo 2, inciso b) del COFIPE, sin embargo causa agravio la desatención del propio artículo el que establece que las observaciones de errores y omisiones deberán efectuarse durante la revisión y no a la conclusión de ésta, lo anterior se detalla en las circunstancias de tiempo, modo y lugar descritas en el capítulo de hechos y que ahora se reiteran:

Mediante oficios de fechas tres y veintitrés de abril, catorce de mayo y primero de junio del dos mil siete, recibidos por este Partido el cuatro y veinticinco de abril, catorce de mayo y cinco de junio, respectivamente, el Secretario Técnico de la Comisión de Fiscalización notificó una serie de observaciones derivadas de la revisión del informe anual del origen y destino de los recursos correspondientes al ejercicio 2006.

El seis de junio de dos mil siete, día en que concluyó el plazo de sesenta días que establece el artículo 49-A párrafo 2, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para la revisión del informe atinente, el Secretario Técnico de la aludida Comisión, envió a este partido sendos oficios en los que le informa sobre una serie de observaciones relacionadas con la revisión del informe anual multicitado.

De lo anterior se advierte que es ‘durante la revisión’ de los informes presentados cuando al advertir errores u omisiones la Comisión notificará al partido sobre los mismos, situación que en el presente caso, como se ha relatado, no aconteció, ya que si bien no está a discusión el número de oficios que puede librar la autoridad fiscalizadora y que de hecho libra como se demuestra con los diversos citados anteriormente, el hecho es que la afirmación que se encuentra en la parte final del aludido considerando no encuentra sustento, pues como se demuestra con la simple lectura de los multi-aludidos oficios, de las 129 observaciones notificadas a este partido entre el cinco y seis de junio del año en curso, sólo tres de ellas fueron notificadas en una ocasión previa ‘durante la revisión’, en consecuencia, 126 de éstas nunca fueron notificadas previamente.

‘2. El procedimiento para la presentación y revisión de los informes de los partidos políticos y las agrupaciones políticas se sujetará a las siguientes reglas:

c) La Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas contará con sesenta días para revisar los informes anuales...Tendrá en todo momento la facultad de solicitar a los órganos responsables del financiamiento de cada partido político y a las agrupaciones políticas, la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes;

d) Si durante la revisión de los informes la comisión advierte la existencia de errores u omisiones técnicas, notificará al partido político o a la agrupación política que hubiere incurrido en ellos, para que en un plazo de diez días contados a partir de dicha notificación, presente las aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes;’

Luego entonces, la norma transcrita se compone de los siguientes elementos procedimentales:

4. Un plazo de sesenta días con que cuenta la Comisión para efectuar el proceso de revisión de los informes presentados, mismo que se contabiliza a partir del día siguiente a la presentación atinente, como se desprende incluso del contenido del numeral 19.2 del “Reglamento que establece los lineamientos para la fiscalización de los recursos de los partidos políticos nacionales”;

5. Que durante el ejercicio revisor, dicha autoridad tiene la facultad de solicitar ‘en todo momento’ la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado, facultad que es congruente con la obligación de notificar al partido sujeto a revisión al advertir errores u omisiones;

6. Que la precitada obligación de notificar al partido, se encuentra latente desde el primer día en que comienza la revisión hasta, incluso, el último en que concluye; sin embargo, se actualiza en cuanto la autoridad fiscalizadora ‘advierte’ los

errores u omisiones en cuestión, sea cual fuere el momento en que se encuentre del ejercicio revisor, siendo en tal momento cuando debe notificar al ente auditado sobre ello, sin que de la interpretación gramatical de esta norma se concluya la posibilidad de que se acumulen durante el plazo de revisión los errores u omisiones que en el transcurso advierta, para notificarlos en conjunto a la conclusión del plazo de revisión, pues no es dable tal interpretación, ya que además de no encontrar sustento en norma alguna que así lo autorice, se trastoca el procedimiento en perjuicio del partido sujeto a revisión.

Lo anterior se analiza en razón de que el acuerdo en cuestión, en su punto primero, establece tajantemente que:

‘PRIMERO.- La Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas sólo valorará la documentación que sea presentada con motivo del informe anual del ejercicio 2006 por los partidos políticos dentro del plazo previsto legalmente para su revisión, es decir, durante los 60 días posteriores a la fecha de presentación del mismo, o bien, durante el plazo de 10 días que la ley otorga a los partidos políticos para la presentación de las aclaraciones o rectificaciones que se llevan a cabo en atención a los errores u omisiones técnicas notificadas por esta autoridad.’

‘20.4. Para la valoración de las pruebas aportadas por los partidos se estará a lo dispuesto por la Ley General del Sistema de Medios de impugnación en Materia Electoral.’

Por su parte, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, señala:

‘ARTÍCULO 16

2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran.

AGRAVIO SEGUNDO

FUENTE DEL AGRAVIO. El Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral y la Resolución emitida respecto de las supuestas irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de los Partidos Políticos Nacionales correspondientes al ejercicio 2006 en especifico sobre la supuesta infracción que se aplica con relación al inciso a), del Segundo punto resolutivo, que establece textualmente lo siguiente:

‘a) La reducción del 1.65% (Uno punto sesenta y cinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar un monto líquido de $4,291,174.40 (Cuatro millones doscientos noventa y un mil ciento setenta y cuatro pesos 40/100 M.N.).’

PRECEPTOS VIOLADOS: Artículos 14, 16, 41 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 73 y artículo 269, párrafo dos, inciso e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

CONCEPTOS DEL AGRAVIO: Se viola el principio de legalidad genérico consagrado en los artículos 14 y 16 de nuestra Constitución, así como los principios específicos de legalidad electoral y de certeza establecidos en la fracción III del artículo 41 constitucional y en el artículo 73 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tal como de acredita con las argumentación jurídicas que se explican en párrafos posteriores.

Igualmente, viola el artículo 49-B en su párrafo dos, incisos f) y g) ya que pretende imponer una sanción por una supuesta violación del Partido Revolucionario Institucional, a la obligación establecida en el artículo 38 párrafo uno, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, imputándole al partido una supuesta infracción que en realidad es imputable a la Comisión de Fiscalización y que además no existe, ya que las supuestas omisiones sí fueron desahogadas en la disposición del Partidos.

De todo lo expuesto en el mencionado párrafo anterior, queda claro que el Partido que represento proporcionó la documentación soporte de que disponía y en ningún momento se opuso a permitir la práctica de auditorias y verificaciones ordenadas, ni a entregar la documentación solicitada a por la Comisión de Fiscalización.

La Comisión de Fiscalización afirma que el Partido no otorgó acceso a toda la documentación soporte de sus egresos, afirmación que carece de sustento pues no acredita por ningún medio haber requerido documento alguno; asimismo no existe manifestación alguna de que la Comisión hubiese ordenado en los términos del artículo 49-B párrafo dos, incisos f) y g) la práctica de alguna auditoria en relación con la documentación en cuestión ni demuestra haber ordenado una visita de verificación que permitiera corroborar la veracidad de los informes dados por el Partido, es decir que su actividad no fue exhaustiva en cuanto al ejercicio de la atribución fiscalizadora.

Por el contrario, mi representado contestó en tiempo y forma la solicitud de aclaraciones y rectificaciones relativas al tema motivo de la presente litis, aspecto contenido en los referidos oficios y entregó la documentación de que disponía e incluso dio a conocer las notificaciones que hizo para que quienes pudieran aportar documentación adicional como instituciones bancarias, proveedores y otros, con la finalidad de dar cumplimiento y recabar la información que formalmente debiera ser aportada por terceros, es decir no se trataba de hechos propios, esta circunstancia queda debidamente acreditada por los oficios que en oportunidad se aportaron y que se describen a detalle en el capítulo de pruebas. Es de destacarse que al no tener la documentación requerida bajo el dominio de representada, la Comisión de Fiscalización fue oportunamente informada del trámite realizado y dejar constancia de nuestra gestión con lo cual demostramos el interés jurídico de dar cumplimiento sin embargo por estar supeditados a la voluntad de terceros no nos fue posible entregar la documentación requerida es decir se actualizó el principio jurídico de que nadie está obligado a lo imposible, sin embargo la autoridad revisora quedó formalmente notificada de quien poseía la información requisitada lo que le permitió en todo caso que ella pudiera realizar el requerimiento en el ejercicio de sus atribuciones sin embargo no asumió esta obligación en el ejercicio indagatorio de los hechos que fiscaliza para llegar a la verdad.

En tal virtud, queda demostrado que dado que la autoridad no ordenó ni las auditorias ni las visitas previstas, ni requirió a los terceros a que hemos referido en el párrafo anterior para tener acceso a la documentación que no obraba en nuestro poder tal como lo obliga el artículo 49 del COFIPE, resulta incierto que el Partido que represento, haya violado el artículo 38 párrafo uno, inciso k) del ordenamiento jurídico citado, ya que el supuesto de dicha disposición establece la obligación de los partidos políticos la de permitir la práctica de auditorias y verificaciones, situación que no aconteció en el caso concreto, como ha quedado debidamente precisado en ningún momento nos negamos a dar cumplimiento de dicha información. Lo anterior se robustece con el criterio que ha sostenido la Sala Superior del Tribunal del Poder Judicial de la Federación en la tesis que al rubro establece:

‘SECRETO BANCARIO. ES INOPONIBLE AL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL EN EJERCICIO DE FACULTADES DE FISCALIZACIÓN.’ (Hace trascripción).

Con lo anterior, se acredita que la autoridad fiscalizadora cuenta con atribuciones para requerir a las instituciones bancarias para que entreguen los estados de cuenta de los partidos políticos, sin embargo no la ejerció.

Por otra parte, mi representado, igualmente al haber entregado toda la documentación existente cumplió con lo previsto en la mencionada disposición, de cuya supuesta violación pretende desprenderse la sanción impuesta.

A mayor abundamiento, de las infracciones referenciadas en el inciso a) del resolutivo Segundo, es de señalarse las siguientes consideraciones:

1.- Como fue mencionado en los oficios de contestación, los documentos requeridos a que se refieren las conclusiones 12, 34, 41, 44, 46, 47, 48, 50 y 56 del Dictamen Consolidado sí existen, muy contrario a lo que sostiene la responsable, pero por circunstancias diversas se exhiben en este momento para su corroboración y, en su caso, su valoración, si así se considera pertinente. Es de señalarse que las causas que imposibilitaron a mi representada para presentar dicha documentación requerida fueron oportuna y formalmente expuestas ante la autoridad fiscalizadora y, sin embargo, no fueron consideradas en su análisis y considerandos en el que basan el dictamen consolidado, por lo cual, se exhiben en el capítulo de pruebas las copias de estado de cuenta, las copias de los cheques observados, y otros elementos probatorios tal y como se desprende de la documentación que está relacionada con la presente litis y que entre otras existentes, a continuación describo en forma enunciativa:

a) Relativo a la Conclusión 12, adjunto:

o Estado de Cuenta del mes de octubre de 2006, de la cuenta 0151284126 (Jalisco Concentradora), así como la conciliación Bancaria;

o Estado de Cuenta del mes de noviembre de 2006, de la cuenta 0151284126 (Jalisco Concentradora), así como la conciliación Bancaria;

o Impresión de Pantalla donde se indica que no se localizó el Estado de Cuenta del mes de septiembre de 2006, de la cuenta 0151500538 (Jalisco Dtto. IV);

o Impresión de Pantalla donde se indica que no se localizó el Estado de Cuenta del mes de septiembre de 2006, de la cuenta 0151500562 (Jalisco Dtto. V);

o Escrito de Bancomer de fecha 24 de marzo de 2006, donde se aclara que no se emitió estado de cuenta del mes de febrero de 2006, de la cuenta 0142884445 de Democracia XXI.

b) Sobre la conclusión 34, aportó como pruebas la siguiente documentación:

o Copia del Cheque Número 790, anexo a la póliza EG-14 del 05 de mayo de 2006, con la totalidad de su documentación soporte.

o Copia de cheque número 879 anexo a la póliza EG-36 del 22 de agosto de 2006, con la totalidad de la documentación soporte.

c) Sobre la conclusión 41 se presenta la siguiente documentación:

o Copia del Cheque número 515 anexo a la póliza EG-01 del 22 de agosto de 2006 con la totalidad de su documentación soporte.

o Copia del Cheque número 549 anexo a la póliza EG-36 del 24 de agosto de 2006 con la totalidad de su documentación soporte.

d) Sobre la conclusión 44 se presenta la siguiente documentación:

o Comprobante de operación de fecha 21 de junio del 2007, anexo a la póliza IG-03 del 29 de junio de 2006.

e) Sobre las conclusiones 46, 47 y 48 se exhiben los siguientes documentos:

o Relación pormenorizada de espectaculares de Interimagen de las facturas 14434 y 14729.

o Hoja membretada de Interimagen de las facturas 14434 y 14729.

o CD con el archivo XLS de la relación pormenorizada de Interimagen.

f) Sobre la conclusión 50 se exhiben los siguientes documentos:

o Relación pormenorizada de Spots de TV Azteca factura AE13633.

o Relación pormenorizada de Spots de TV Azteca factura AE13670.

o Relación pormenorizada de Spots de televisora de occidente factura A4920.

o CD que contiene los archivos XLS de las relaciones anteriores.

g) Sobre la conclusión 56 se exhiben los siguientes documentos:

o Relación pormenorizada de spots de Grupo ACIR facturas 31200 y 31201.

o CD que contiene el archivo XLS de la relación de Grupo ACIR facturas 31200 y 31201.

Con la aportación de los documentos anteriormente descritos, que como ha quedado señalado, no obraban en poder de mi representado en el momento en que fuimos requeridos de su entrega en razón de que quienes lo generan a su vez no nos las habían entregado, pese a la solicitud formal que ya ha quedado descrita y que a mayor abundancia sobre el particular fue oportunamente notificada la autoridad revisora, pero dado el caso de que al momento de la presentación del presente recurso sí disponemos de esta información que nos fue entregada con demora se exhibe con carácter de prueba que permite constatar que lo que afirmamos en el informe corresponde a la verdad de los hechos y que en virtud de que la autoridad fiscalizadora no ejerció su obligación de requerirlos, en suplencia de queja, ni tampoco los consideró como elementos de validez de nuestro dicho en la elaboración de su dictamen consolidado, sin embargo y pese a ello, se aportan ante esa autoridad jurisdiccional para su debida valoración.

2.- Por lo que hace a la conclusión establecida en el numeral 20, es de señalarse que no existió requerimiento formal sobre la documentación que hace alusión la responsable ya que como se desprende de los oficios de requerimiento no se precisa de manera alguna la información que en el dictamen pretende sancionar. De esta manera es ilegal que la autoridad responsable fije una sanción con base a documentos que no requirió.

Habiéndose demostrado la ilegalidad de la resolución controvertida al haber aplicado indebidamente la normatividad conducente, procede revocar la resolución impugnada.

AGRAVIO TERCERO

FUENTE DEL AGRAVIO: Lo es la ilegal sanción impuesta por el Consejo General, mediante la resolución que ahora se combate, respecto de las presuntas irregularidades encontradas en la revisión de los Informes anuales de ingresos y egresos por los partidos políticos para el ejercicio 2006, aprobado en fecha 31 de agosto de 2007, en específico lo relativo al resolutivo Segundo, inciso a) de dicho acto.

PRECEPTOS LEGALES VIOLADOS: Lo son los artículos 14, 16, 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 párrafo 5, 49-A párrafo 1 incisos a) y b), párrafo 2 inciso d) fracciones I y II, inciso c), 49-B párrafo 2 incisos a), g) y h), 69 párrafo 2, 73 párrafo 1, 81 párrafo 1, 182-A, 269 párrafo 1, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

DESARROLLO DEL AGRAVIO.- Causa agravio al Partido Revolucionario Institucional la sanción impuesta en el resolutivo segundo, el cual textualmente establece:

Lo anterior porque dicha sanción vulnera en perjuicio de mi representado los principios de certeza, objetividad, y por ende el de legalidad, que consagran los artículos 14, 16 y 41 de nuestra Carta Magna, por las causas que a continuación se precisan:

I.- INDEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.- La autoridad responsable hace una deficiente fundamentación y motivación del acto que se combate en virtud de que hace un erróneo razonamiento en específico en lo que denomina CALIFICACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN, toda vez que en dicho apartado no se cumple con los extremos legales aplicables para el ejercicio de la atribución sancionadora, lo anterior por las siguientes consideraciones:

A.- Podemos advertir que la misma responsable al analizar ‘la lesión, daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta’ que se ocasionaron con la conducta sancionada, no expone argumentos que demuestren la vulneración directa a los bienes tutelados por la norma, tan es así, que en los distintos párrafos menciona que las supuestas omisiones solamente pusieron en riesgo el principio de certeza o de equidad, lo cual hace constar que hizo una deficiente argumentación para poder imponer la sanción aprobada y que a su parecer no le permitieron conocer con precisión el ingreso y gasto de mi representado.

No es correcto que la responsable asevere lo siguiente en este apartado:

‘...la irregularidad se tradujo en una falta que impidió que la autoridad electoral conociera con plena certeza el modo en que el partido egresó diversos recursos destinados a tal fin.’

Tal aseveración es carente de toda realidad ya que la responsable como se advierte en autos conoció en gran proporción los ingresos y egresos del Partido Revolucionario Institucional, por lo cual, no es correcto que refiera en su resolución que con las supuestas infracciones cometidas, se causa un daño que se traduzca en una imposibilidad total de conocer dicha información.

Por lo que no se encuentra debidamente motivado este apartado de la resolución que se impugna, relativo al inciso a) del resolutivo Segundo.

En este sentido es de señalarse que no existe una proporción lógica entre la cantidad con la que se sanciona a mi representado con el supuesto daño que se origina con la falta que califica la responsable.

B) De manera equívoca la responsable considera que la conducta que sanciona se debe calificar como una reiteración de la infracción, ya que a su parecer el hecho de que existieran distintas omisiones en un mismo informe estaría constituyendo una conducta reiterada. Tal y como expresa en el siguiente extracto visible en la fojas 170 y 171 de la resolución que se combate:

‘f) La Reiteración de la Infracción

La Real Academia de la Lengua Española define reiterar como 1. tr. Volver a decir o hacer algo. U. t. c. prnl, mientras que por reiteración en su segunda acepción entiende la circunstancia que puede ser agravante, derivada de anteriores condenas del reo, por delitos de índole diversa del que se juzga, en lo que se diferencia de la reincidencia.

En ese sentido, por reiteración de la infracción debemos entender aquellas situaciones de tiempo, modo o lugar producidas por el partido político que influyen en una repetición de la conducta, distinguiéndola de la reincidencia.

De manera incorrecta la resolución considera que en el presente caso existe reiteración de las conductas, lo cual no es congruente en virtud de que las supuestas omisiones sancionadas derivan de un mismo acto, es decir del informe Anual de ingresos y egresos.

Como puede precisarse el hecho es que la responsable advirtió supuestas omisiones de presentación de documentos, pertenecientes al acervo que conforma el Informe Anual de Ingresos y Egresos. De esta manera resulta ilegal que la responsable califique como reiterada la conducta sancionada tomando en consideración que ésta obedece exclusivamente a un solo acto, que es el Informe Anual ya referido.

Es de resaltar que para que la autoridad electoral pudiese calificar la conducta como actos reiterados, éstos deberían darse en diferentes fuentes originadoras, es decir, que fueran en diversos informes. En el presente caso, al tratarse del informe anual de los ingresos y egresos del ejercicio 2006, es inconcuso que no se pueden calificar como actos reiterados las supuestas omisiones, ya que éstos obedecen al mismo informe y no se hace referencia a otros actos y hechos ocurridos en ejercicios anteriores.

A manera ilustrativa sobre lo que debe considerarse como actos reiterados me permito transcribir las siguientes tesis que refieren ese concepto, lo cual pido se utilicen como referencia toda vez que aunque no se relacionen con el derecho electoral en específico, permite apreciar la utilización de ese concepto en otras materias jurídicas que deben aplicarse por analogía:

‘EXPLOSIVOS. ADQUISICIÓN CON FINES DE COMERCIO. PARA QUE CONSTITUYA DELITO REQUIERE DE ACTOS REITERADOS.’

‘PATRIA POTESTAD, MALOS TRATAMIENTOS COMO CAUSAL DE PÉRDIDA DE LA. DEBEN SER REITERADOS Y GRAVES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS).’

(Las transcribe).

Como se expone en las tesis antes citadas, se aprecia que el concepto de actos reiterados refiere precisamente a la pluralidad de hechos ocurridos en diversos momentos y diferentes fuentes o actos, tal es el caso que las supuestas omisiones que se sancionan de manera ilegal, se desprenden de un solo acto como ya quedó reiteradamente señalado que es la presentación del informe anual de ingresos y egreso, por lo cual no puede haber reiteración en este acto, ya que se da en un sólo momento conforme lo establece la norma electoral y que corresponde del desarrollo del ejercicio de revisión en la fiscalización del informe anual de ingresos y egresos del año 2006 multicitado.

A mayor abundamiento, del erróneo razonamiento de la responsable es de destacarse lo que esa misma autoridad expresa en el capitulo siguiente que denomina en el ‘g) La singularidad o Pluralidad de las Irregularidades acreditadas’, en el cual a foja 172, establece textualmente:

En ese sentido, las irregularidades atribuidas al Partido Revolucionario Institucional, que han quedado acreditadas y que se traducen en la existencia de una falta formal, deben sancionarse de manera conjunta, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos públicos, sino solamente el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas a través de los formatos, plazos y términos establecidos por la normatividad.

De esta manera es claro que la conducta que se sanciona no puede ser calificada como infracción reiterada, ya que se trata de un mismo acto y no de diversos como califica erróneamente la responsable, de ahí la mala fundamentación del acto que se impugna y su ilegalidad en consecuencia.

C) Otra ilegalidad que se advierte en el acto impugnado, es la falta de cumplimiento del principio de exhaustividad con la que se condujo la responsable en cuanto a su exposición que hace en el capítulo que denomina ‘Reincidencia’ (foja 177), lo cual debe ser considerado como un elemento de valoración para la aplicación de sanciones. En este sentido el análisis de los antecedentes del infractor debe apegarse a los principios de objetividad y certeza que rigen las resoluciones. Tal es el caso que en el acto impugnado no se precisan las circunstancias de modo, tiempo y lugar sobre los antecedentes que enuncia la responsable para considerar reincidente a mi representado, ya que solamente se constriñe a manifestar lo siguiente:

‘iii) Reincidencia

El Diccionario de la Real Academia Española define a la reincidencia, como ‘la reiteración de una misma culpa o defecto’, cabe hacer notar que esta concepción debe diferenciarse de la reiteración de las conductas.

Ahora bien, derivado del análisis de las irregularidades analizadas, así como de las diversas resoluciones que ha emitido este Consejo General respecto a la presentación de los informes anuales, se advierte que el partido es reincidente en las siguientes conductas:

Lo anterior deriva de las Resoluciones del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los partidos políticos correspondientes a los ejercicios 1999, 2003 y 2005.

b) La presentación de documentación carente de requisitos fiscales, la cual fue sancionada por este instituto mediante las resoluciones del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los partidos políticos correspondientes a los ejercicios 2003, 2004 y 2005.

c) La no presentación de estados de cuenta, tal y como consta en las resoluciones del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los partidos políticos correspondientes a los ejercicio de 2001, 2002 y 2003.

d) La falta de presentación de documentación comprobatoria, tal y como se observa en la resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los partidos políticos correspondientes al ejercicio de 2002, y

e) La falta de fichas de depósito fue sancionada en el año dos mil tres, como se desprende de la resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los partidos políticos y otrora partidos políticos correspondientes al ejercicio de 2003.

Lo anterior deja en estado de indefensión a mi representado en virtud de no es posible comparar si las omisiones que se castigan en el presente asunto, en efecto guardan alguna similitud con los casos anteriores y, en su caso, pudiesen servir como elementos objetivos para la calificar la supuesta reincidencia. Esto es, que para una adecuada defensa de mi representado, es necesario que la responsable exponga con precisión cuáles son los hechos sancionados y su relación con los presentes. Es decir la responsable solamente menciona los supuestos años, sin especificar de manera sucinta cuáles son las faltas formales que a su consideración pudiese acreditar la reincidencia que aduce en su resolución, solamente se limita a mencionar antecedentes de manera general sin especificar causas de modo, tiempo y lugar de las supuestas irregularidades reincidentes.

Lo anterior tal y como se aprecia de la siguientes tesis jurisprudencial emitida por esa H. Sala Superior, y que textualmente dispone lo siguiente:

‘EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE.’ (Hace trascripción).

De esta manera la resolución combatida es ilegal ya que no permite a mi representado saber con exactitud por qué se califica como reincidente en el caso que nos ocupa, lo cual vulnera el principio de certeza y el de exhaustividad, así como el de debida fundamentación y motivación que deben regir los actos de autoridad, y en consecuencia, al haberse violentado los mencionados principios, es inconcuso que la resolución que se combate es a todas luces ilegal, razón por lo cual, procede revocarla y en su lugar dictar una nueva que dé cumplimiento a tales principios.

D) Además de los elementos anteriores se advierte que la responsable realiza una indebida valoración sobre los posibles elementos atenuantes que pudiesen existir en el presente caso, ya que como se podrá desprender del análisis de la resolución combatida, la autoridad responsable no realizó ninguna argumentación tendiente a valorar las atenuantes al momento de imponer la sanción, como pudiese ser que en distintos requerimientos mi representado presentó documentación y la voluntad de éste de cumplir con la información requerida, tal y como reconoce la misma responsable, la no reincidencia en la parte reconocida, o bien la inexperiencia por tratarse de la primera aplicación del reglamento a partir de sus últimas reformas del año 2005, que rige esta materia entre otras.

Tal es el caso que esa H. Sala Superior ha establecido, que para la imposición de sanciones la autoridad competente debe valorar las atenuantes del caso concreto, ya que como se puede desprender del presente asunto, la responsable hace mención de distintos actos que realizó mi representado como evidencia de voluntad para cumplir con la obligación, sin que éstas hayan sido consideradas al momento de imponer la sanción, lo cual es acorde con la siguiente tesis:

‘SANCIONES. EN SU DETERMINACIÓN, LAS AGRAVANTES O ATENUANTES DERIVADAS DE UNA CONDUCTA IMPUTABLE A UN PARTIDO POLÍTICO, NO PUEDEN AFECTAR LA ESFERA JURÍDICA DE OTROS SUJETOS O ENTES DISTINTOS A AQUÉL, AUN CUANDO INTEGREN UNA COALICIÓN.’ (Hace trascripción).

A mayor abundamiento esa H Sala Superior, consideró lo siguiente en el expediente SUP-RAP-17/2007:

‘...los principios contenidos y desarrollados por el Derecho Penal, mutatis mutandis, son aplicables al Derecho Administrativo Sancionador Electoral, de ahí que, para la imposición de sanciones por la realización de conductas infractoras de la normativa electoral vigente, se deban tomar en consideración los hechos u omisiones objetivamente considerados, así como las consecuencias materiales o formales y los efectos perniciosos, derivados de las faltas cometidas, sino también se deben tener presentes las circunstancias de ejecución de la conducta y la situación particular del infractor, al cometer la falta que motiva la imposición de la sanción, así como su actitud posterior, en relación con el ilícito administrativo cometido.

Por tanto, la autoridad sancionadora debe ajustar su actuación a criterios objetivos, que le permitan imponer la sanción adecuada, cuando tenga dos o más posibilidades previstas en la ley, además de graduarla apropiadamente, cuando ésta pueda variar entre un mínimo y un máximo, para no incurrir en desvío de poder, es decir, en indebido ejercicio de la discrecionalidad al determinar, de manera individualizada, la sanción aplicable. Asimismo, la autoridad debe tener en cuenta las circunstancias particulares del sujeto sancionado, para no imponer una sanción excesiva.

La justa proporcionalidad que debe guardar una sanción, con las circunstancias objetivas y subjetivas concurrentes en la comisión de la falta que se sanciona, constituye una premisa que, en reiteradas ocasiones, ha sido sostenida por esta Sala Superior.

En lo conducente, el artículo 270, párrafo 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales determina que, para fijar la sanción correspondiente, se deben tomar en consideración las circunstancias particulares y gravedad de la falta, por lo cual cabe aplicar una sanción más severa, para el caso de reincidencia.

Asimismo, conforme a la tesis de jurisprudencia citada, se debe tomar en consideración el carácter doloso o culposo de la conducta irregular; la naturaleza de la falta, esto es, si fue grave, leve o levísima; la reincidencia en la infracción o la comisión sistemática o aislada de la conducta irregular; el carácter singular o plural de las infracciones que motivan la sanción; la naturaleza constitucional, legal o reglamentaria de la norma infringida; la naturaleza y trascendencia de la afectación al bien jurídico tutelado o del daño causado; el peligro o riesgo latente a que hubiere sido expuesto el bien jurídico tutelado y, finalmente, si con la individualización de la sanción no se afecta, en forma excesiva, el buen nombre, el patrimonio, así como el desarrollo de las actividades normales del sujeto sancionado.

Aunado a lo anterior se debe tener presente que los partidos políticos tienen la obligación de conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes, a los principios del Estado democrático, de acuerdo al artículo 38, párrafo 1, inciso a, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, esto no sólo significa que deben cuidar que su actuar se ajuste a lo previsto en la legislación electoral, si no también que pueden realizar conductas que tiendan a reparar o corregir una conducta que pueda constituir una infracción a la normativa electoral, sin que sea necesario que la autoridad administrativa sancionadora dicte algún acuerdo o requerimiento que le indique que su actuar puede ser motivo de sanción.

Precisado lo anterior, esta Sala Superior considera fundado lo expresado por los partidos políticos apelantes, porque no obstante que la autoridad responsable calificó como ligeramente grave la infracción cometida por la entonces Coalición ‘Alianza por México’, existen circunstancias respecto a la comisión de la infracción y de la conducta anterior y posterior del sujeto al que se atribuyó, que no fueron tomadas en cuenta por la sancionadora, mismas que son atenuantes de la conducta desplegada por la infractora.’

No obstante lo establecido en el citado criterio, en el texto de la resolución que se combate se advierte que al momento de imponer la sanción, no existe razonamiento jurídico alguno tendiente a considerar las atenuantes y así posteriormente fijar la sanción, por lo cual la resolución es ilegal.

A mayor abundamiento del tema me permito transcribir algunas tesis, que refieren el tema de las atenuantes en otras materias, y que contienen el mismo criterio con el que se han conducido esta H. Sala Superior:

‘ATENUANTES.’

‘ATENUANTES, FALTA DE APRECIACIÓN DE.’

‘PENA, INDIVIDUALIZACIÓN DE LA, TRATÁNDOSE DE ATENUANTES.’

‘AGRAVANTES Y ATENUANTES, PROCEDE DECLARARLAS EN CUALQUIER ESTADO DEL PROCESO.’

(Las transcribe).

Así las cosas, la autoridad al no tomar en consideración las atenuantes emite un acto ilegal y que debe ser revocado.

A mayor abundamiento, debe precisarse que en la resolución impugnada, la responsable no hizo un estudio de las posibles atenuantes del asunto planteado, como podría ser el cumplimiento parcial de los oficios de requerimientos o la evidencia acreditada de la voluntad de mi representado de solventar las omisiones reportadas, que la documentación acreditadora obraba en poder de tercero, tal y como se desprende del mismo texto de lo mencionado, ya que, de manera expresa en su clasificación de las faltas formales reconoce que se entregó la documentación pero sin los formatos, lo cual es considerablemente distinto a no entregar nada.

En este sentido es claro que la responsable para poder arribar a una sanción, ésta debió de haber considerado la totalidad de los elementos objetivos que se relacionaron con los hechos que se califican, como son las atenuantes a las que hemos estado haciendo mención en la descripción de los agravios del presente recurso, y al no ocurrir esta circunstancia de ser valoradas, la resolución que ahora se combate adolece, no sólo carece de la debida motivación sino que resulta violatoria de las garantías individuales consignadas en los artículos 14 y 16 constitucionales.

E) También es de resaltarse la ilegalidad de la determinación de la sanción sobre lo establecido en el rubro de ‘Capacidad Económica del Infractor’, el cual a la letra dice:

‘iv) Capacidad Económica del Infractor

En relación a la capacidad económica del infractor, como elemento para la individualización de la sanción, es conveniente realizar algunas consideraciones preliminares al respecto:

El financiamiento público, que se otorga a los partidos políticos, constituye un elemento esencial para que puedan realizar sus actividades tanto ordinarias como en los procesos electorales, y con ello estén en condiciones de cumplir los fines que constitucionalmente tienen, tales como la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y hacer posible que los ciudadanos puedan ocupar cargos de elección popular.

Como lo dispone el artículo 49, numeral 7 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, dentro del financiamiento público existen tres modalidades en cuanto al tiempo, monto y formas de distribución y, fundamentalmente, respecto del objetivo de cada uno de ellos.

Esto es, el financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, mismo que se otorga cada año sin importar si en dicha anualidad ocurre o no un proceso electoral; el relativo al desarrollo de las actividades tendientes a la obtención del voto en el año del proceso electoral, es decir, cada tres años, y el que corresponde a actividades específicas, en el entendido de que el monto y formas de distribución de estas tres modalidades de financiamiento son variables.

Por lo tanto, debe considerarse que el partido político cuenta con capacidad económica suficiente para enfrentar la sanción que se le imponga, por tratarse de un partido político que se le asignó como financiamiento público para actividades ordinarias permanentes para el año 2007 un total de $518,607,618.08 como consta en el acuerdo número CG05/2007 emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral el 31 de enero de 2007. Lo anterior, aunado al hecho de que el partido político que por esta vía se sanciona, está legal y fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la Constitución General y la Ley Electoral. En consecuencia, la sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afectará el cumplimiento de sus fines y al desarrollo de sus actividades.’

Lo anterior en virtud de que como la misma autoridad electoral reconoce, el 21 de mayo de 2007, impuso a mi representado diversas sanciones relativas a los informes de gastos de campaña de la otrora coalición Alianza por México, por lo cual es inconcuso, que la posibilidad económica de mi representada es considerablemente distinta a la que toma en consideración la responsable para fijar la multa, tal como se precisa en el punto resolutivo Segundo de la resolución identificada como CG97/2007:

‘RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE CAMPAÑA PRESENTADOS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y LAS COALICIONES CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2005-2006.

...Resuelve

SEGUNDO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 5.2 de la presente resolución, se impone a los integrantes de la Coalición Alianza por México las siguientes sanciones:

a) Una sanción económica consistente: