RECURSO DE APELACIÓN

EXPEDIENTES: SUP-RAP-95/2009 Y SUP-RAP-84/2009, ACUMULADOS

ACTORES: FUNDACIÓN EL ÁNGEL DE LA GUARDA, ASOCIACIÓN CIVIL Y CONVERGENCIA

RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

MAGISTRADO PONENTE: FLAVIO GALVÁN RIVERA

SECRETARIO: JULIO CÉSAR CRUZ RICÁRDEZ

México, Distrito Federal, a seis de mayo de dos mil nueve.

VISTOS, para resolver, los autos de los recursos de apelación radicados en los expedientes SUP-RAP-95/2009 y SUP-RAP-84/2009, promovidos por Fundación El Ángel de la Guarda, Asociación Civil y el partido político nacional, Convergencia, respectivamente, ambos en contra del Consejo General del Instituto Federal Electoral, a fin de controvertir la resolución CG138/2009, emitida en el procedimiento especial sancionador tramitado en el expediente identificado con la clave SCG/PE/CG/014/2008, instaurado en contra de la mencionada asociación civil, en acatamiento a la sentencia dictada por esta Sala Superior, al resolver los recursos de apelación radicados en los expedientes acumulados SUP-RAP-45/2009, SUP-RAP-47/2009 y SUP-RAP-51/2009, y

R E S U L T A N D O :

I. Antecedentes. De lo expuesto por los recurrentes, en sus respectivos escritos de apelación, y de las constancias de autos, se desprenden los siguientes antecedentes:

1. Denuncia de hechos. El cuatro de octubre de dos mil ocho, el Partido de la Revolución Democrática, por conducto de su representante, denunció, ante el Instituto Electoral del Estado de Guerrero, actos presuntamente constitutivos de infracción a la normativa electoral, los cuales se hicieron consistir en la transmisión, en radio y televisión, durante los tres días previos a la jornada electoral municipal, de un promocional a favor de Manuel Añorve Baños, candidato postulado por la Coalición “Juntos para Mejorar”, al cargo de Presidente Municipal de Acapulco de Juárez, Estado de Guerrero.

2. Remisión de expediente. Por oficio 3217/2008, de fecha cinco de octubre de dos mil ocho, el Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado de Guerrero remitió, al Instituto Federal Electoral, el expediente IEEG/CEQD/085/2008, integrado con motivo de la denuncia presentada por el Partido de la Revolución Democrática, por considerar, la autoridad administrativa electoral local, que las presuntas infracciones que motivaron la denuncia, son competencia de la autoridad administrativa electoral federal.

3. Desechamiento. El siete de octubre de dos mil ocho, el Secretario Ejecutivo, en su carácter de Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral, dictó un acuerdo mediante el cual desechó la queja, en estos términos:

Con base en los argumentos antes expuestos, se desecha de plano la queja promovida por el C. Guillermo Sánchez Nava, representante del Partido de la Revolución Democrática ante el Instituto Electoral del estado de Guerrero, dentro del término que establece el artículo 368, párrafo 5, inciso d) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el numeral 66, párrafo 2 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

…

Así lo proveyó y firma el Secretario Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral, en conformidad a lo dispuesto por los artículos 118, párrafo 1, incisos h) y w); 125, párrafo 1, inciso b), en relación con el 356, párrafo 1, inciso c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de enero de dos mil ocho, mismo que entró en vigor a partir del quince de enero del mismo año.

4. Recurso de revisión. Disconforme con esa determinación, mediante escrito presentado el quince de octubre de dos mil ocho, ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, el representante suplente del Partido de la Revolución Democrática, ante el Consejo General de dicho Instituto, promovió recurso de revisión.

Por oficio SCG/2922/2008, de fecha veintiuno del citado mes y año, el Secretario Ejecutivo remitió a este Tribunal el medio de impugnación, el informe circunstanciado y las demás constancias atinentes.

5. Reencausamiento. Por acuerdo de fecha siete de noviembre de dos mil ocho, esta Sala Superior determinó reencausar el recurso de revisión promovido por el representante del Partido de la Revolución Democrática, a recurso de apelación, mismo que se registró, en el Libro de Gobierno, con la clave SUP-RAP-212/2008.

6. Sentencia en la apelación. El veinte de noviembre de dos mil ocho, esta Sala Superior dictó sentencia, en el recurso de apelación clave SUP-RAP-212/2008, revocando el acuerdo de desechamiento, para el efecto de que se admitiera la queja presentada por el Partido de la Revolución Democrática.

7. Sentencia en el SUP-JRC-165/2008. Por otra parte, el veintiséis de diciembre de dos mil ocho, esta Sala Superior dictó sentencia en el juicio de revisión constitucional electoral radicado en el expediente SUP-JRC-165/2008, que guarda relación con los hechos denunciados en la queja mencionada en el punto seis que antecede, en virtud de haberse integrado con motivo de la demanda presentada por la Coalición “Juntos Salgamos Adelante”, constituida por los partidos políticos nacionales Convergencia y del Trabajo, con la finalidad de impugnar los resultados de la elección de integrantes del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero.

En la sentencia aludida, esta Sala Superior determinó, entre otros aspectos, dar vista al Instituto Federal Electoral para que, en ejercicio de sus facultades, actuara con relación a la difusión, en radio y televisión, de la publicidad de la Fundación El Ángel de la Guarda, Asociación Civil.

8. Cumplimiento de sentencia. En cumplimiento de la sentencia dictada por esta Sala Superior, en el juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-165/2008, el veintisiete de febrero de dos mil nueve, el Consejo General del Instituto Federal Electoral emitió la resolución CG72/2009, en el procedimiento administrativo especial sancionador instaurado en contra de Fundación El Ángel de la Guarda”, Asociación Civil, cuyos resolutivos, son al tenor siguiente:

R E S O L U C I Ó N

PRIMERO.- Se declara fundado el procedimiento especial sancionador incoado en contra de la persona moral denominada “Fundación El Ángel de la Guarda”, Asociación Civil, en términos de lo señalado en los considerandos 6 y 7 de la presente resolución.

SEGUNDO.- Se impone a la persona moral denominada “Fundación El Ángel de la Guarda”, Asociación Civil, una multa de mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, equivalentes a la cantidad de $54,800.00 (cincuenta y cuatro mil ochocientos pesos 00/100), en términos de lo establecido en el considerando 7 de este fallo.

9. Recursos de apelación. Disconformes con la mencionada resolución, los partidos políticos nacionales, Convergencia y de la Revolución Democrática, así como la persona moral denominada Fundación El Ángel de la Guarda, Asociación Civil, promovieron, respectivamente, los recursos de apelación registrados, en el Libro de Gobierno de esta Sala Superior, con las claves SUP-RAP-45/2009, SUP-RAP-47/2009 y SUP-RAP-51/2009.

10. Sentencia en los recursos acumulados SUP-RAP-45/2009, SUP-RAP-47/2009 y SUP-RAP-51/2009. El primero de abril de dos mil nueve, esta Sala Superior dictó sentencia en los recursos de apelación acumulados, identificados con las claves SUP-RAP-45/2009, SUP-RAP-47/2009 y SUP-RAP-51/2009, cuyo considerando séptimo es, en lo conducente, al tenor literal siguiente:

“En mérito de lo anterior, con base en las consideraciones que se han expuesto, al resultar fundados los agravios analizados, lo procedente es revocar la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, respecto del Procedimiento Administrativo Especial Sancionador instaurado en contra de la “Fundación el Ángel de la Guarda”, Asociación Civil, para el efecto de que la autoridad responsable, dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación de la presente sentencia, reponga el procedimiento de conformidad con los artículos 341 incisos a) e i), 342, 350, 367, 368 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, emplazando a las empresas televisoras y radiodifusoras que transmitieron el promocional cuestionado, así como a los partidos políticos integrantes de la otrora Coalición “Juntos para Mejorar”, a la audiencia de pruebas y alegatos, prescrita en el artículo 368, numeral 7 del citado Código y una vez realizada ésta, el Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral deberá formular un nuevo proyecto de resolución debidamente fundado y motivado, en el que se considere el material probatorio existente, para que sea presentado al Consejero Presidente del órgano superior de dirección del Instituto Federal Electoral y éste dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 370 del Código federal comicial.

De lo anterior, deberá darse aviso por escrito a esta Sala Superior, dentro de las veinticuatro horas siguientes.

Por las consideraciones anteriores y al haber sido revocada la resolución impugnada, colmando con ello la pretensión de los actores, resulta innecesario analizar el resto de sus agravios planteados en los recursos de apelación SUP-RAP-45/2009 y SUP-RAP-47/2009.

Finalmente, con relación a los motivos de inconformidad expresados por la “Fundación el Ángel de la Guarda”, Asociación Civil en el expediente SUP-RAP-51/2009, esta Sala Superior estima que en dicho medio impugnativo debe sobreseerse, en virtud de que ha quedado sin materia con motivo de lo resuelto en la presente sentencia.

Lo anterior es así, porque al revocarse la resolución CG72/2009, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 11, incisos b) y c) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sostenido en la Tesis de Jurisprudencia S3ELJ34/2002, visible en las páginas 143 y 144 de la Compilación Oficial Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, que lleva por rubro: “IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA”.

11. Resolución impugnada. El siete de abril de dos mil nueve, en cumplimiento de lo ordenado en la ejecutoria mencionada en el numeral que antecede, el Consejo General del Instituto Federal Electoral dictó la resolución CG138/2009, en el procedimiento administrativo especial sancionador, instaurado en contra de Fundación El Ángel de la Guarda, Asociación Civil, misma que, en su parte considerativa, es al tenor siguiente:

C O N S I D E R A N D O

1. Que en términos del artículo 41, base III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 104, 105, párrafo 1, incisos a), b), e) f) y h) y 106, párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Instituto Federal Electoral es un organismo público autónomo, depositario de la función estatal de organizar elecciones, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño, cuyos fines fundamentales son: contribuir al desarrollo de la vida democrática, preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos, garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones, y velar por la autenticidad y efectividad del sufragio.

2. Que el artículo 109, párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece como órgano central del Instituto Federal electoral al Consejo General, y lo faculta para vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, guíen todas las actividades del Instituto.

3. Que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, emitió la Tesis de Jurisprudencia identificada con el número 10/2008, cuyo rubro es: “PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. ES LA VÍA PREVISTA PARA ANALIZAR VIOLACIONES RELACIONADAS CON PROPAGANDA POLÍTICA O ELECTORAL EN RADIO Y TELEVISIÓN.” En la que se sostiene que el procedimiento especial sancionador previsto en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, es la vía prevista por el legislador para analizar las presuntas violaciones vinculadas con la legalidad de la propaganda electoral en radio y televisión, por la brevedad del trámite y resolución que distingue a este procedimiento, y la necesidad de que se defina con la mayor celeridad posible sobre la licitud o ilicitud de las conductas reprochadas, que pueden llegar a provocar afectaciones irreversibles a los destinatarios de las mismas.

4. Que la Secretaría del Consejo General del Instituto Federal Electoral es la autoridad competente para tramitar el procedimiento administrativo especial sancionador, en términos de lo dispuesto en el artículo 367 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente a partir del quince de enero de dos mil ocho, y será la encargada de elaborar el proyecto de resolución correspondiente, debiendo presentarlo ante el Presidente del Consejo General de éste Instituto, para que éste convoque a los miembros de dicho Consejo a una sesión en la que conozcan y resuelvan sobre el citado proyecto.

5.- Que previo a la resolución del presente asunto, y toda vez que el estudio de las cuestiones relacionadas con la legalidad de las diligencias de notificación practicadas constituye una cuestión de previo y especial pronunciamiento, se procede a realizar el estudio de las que fueron invocadas por los apoderados legales de Televisión Azteca, S.A. de C.V., Estéreo Ritmo, S.A. y XHPO-FM, S.A. de C.V., en la audiencia de ley celebrada en el presente asunto.

En la diligencia de cuenta, el apoderado legal de la televisora citada mencionó que los oficios a través de los cuales se llamó al presente procedimiento a su poderdante, presentaban ciertas inconsistencias, al aludir a un número de expediente distinto al que corresponde al asunto que por esta vía se resuelve, por lo que tal representante expresa que dicha circunstancia le generó confusión.

Sobre este particular, se considera que tal argumento es inatendible, en razón de lo siguiente:

En el acuerdo de fecha dos de abril del año en curso, dictado por el Secretario del Consejo General en cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria relativa al recurso de apelación SUP-RAP-45/2009 y acumulados, se estableció claramente que Televisión Azteca, S.A. de C.V., sería llamada al presente procedimiento, en acato al mandato judicial referido en la sentencia de marras. Al respecto, en dicho proveído se hace mención expresa que el expediente correspondiente es el identificado con el número SCG/PE/IEEG/CG/014/2008, como se advierte en cada una de las tres fojas que integran dicho auto.

Ahora bien, aun cuando acierta el apoderado de dicha televisora al expresar que en la primera foja del oficio SCG/562/2009 (a través del cual se le notificó el proveído antes mencionado), se advierte un número de expediente diverso a aquél que corresponde al presente procedimiento, dicho yerro no constituye un argumento suficiente para estimar que la notificación correspondiente fue practicada indebidamente, o bien, para tener por demostrada la supuesta “confusión” que se esgrime.

Lo anterior, porque de las restantes fojas que conforman el oficio SCG/562/2009, se advierte al rubro que el expediente que corresponde al procedimiento, es el SCG/PE/IEEG/CG/014/2008, aunado a que en la cédula de notificación correspondiente, se señala que dentro de la documentación entregada a esa televisora, estaba copia del citado auto de fecha dos de abril de este año, así como de las constancias que integran el expediente en comento.

Errores de esta naturaleza han sido conocidos por la doctrina y los estudiosos del Derecho, como un “error de cálculo”, es decir, aquél que ocurre de manera impensada y que de ninguna forma provoca la inexistencia o nulidad de un acto jurídico, incluso se permite su rectificación del mismo para subsanar esa contingencia.

Finalmente, se insiste en el hecho de que, con independencia de este lapsus cálami, el supuesto vicio o yerro a que alude el apoderado de Televisión Azteca, S.A. de C.V., fue convalidado por el compareciente al momento de comparecer a la audiencia de marras y exhibir su escrito de contestación, señalando el número de expediente de este asunto (SCG/PE/IEEG/CG/014/2008), por lo que el alegato invocado deviene en inatendible.

Ahora bien, el apoderado legal de Televisión Azteca, S.A. de C.V., y quien compareció en nombre de las radiodifusoras Estéreo Ritmo, S.A. y XHPO-FM, S.A. de C.V., arguyeron en la audiencia de cuenta que esta autoridad los había llamado al procedimiento sin entregarles copia de la ejecutoria relativa al expediente SUP-RAP-45/2009 y acumulados.

Sobre este particular, dicho argumento deviene también en improcedente, toda vez que, como ya se expresó con antelación, en las cédulas de notificación correspondientes, se señala que se entregó a tales compañías, copias de las constancias que integran el expediente que por esta vía se resuelve, haciendo hincapié en el aspecto que en los acuses respectivos, se encuentra la firma de conformidad de las personas con quienes se entendieron tales diligencias.

Sin perjuicio de lo anterior, también debe señalarse que, como lo expresó esta autoridad al momento de que tal aspecto fue invocado por el apoderado legal de las radiodifusoras en la audiencia de ley, la sentencia aludida al recurso de apelación SUP-RAP-45/2009 y acumulados constituye información pública, toda vez que se encuentra disponible en la página de Internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la dirección electrónica http://www.te.gob.mx.

Como corolario a este aspecto, también debe señalarse que el argumento deviene en improcedente, porque en los escritos con los cuales Televisión Azteca, S.A. de C.V., Estéreo Ritmo, S.A. y XHPO-FM, S.A. de C.V., atienden el llamado al presente procedimiento, formulan su contestación respecto a los hechos objeto de este expediente, razón por la cual, el supuesto vicio aludido, se tendría por convalidado.

En razón de lo anterior, los argumentos de previo y especial pronunciamiento a que se ha hecho alusión, y que buscan la improcedencia del asunto que nos ocupa, devienen en inatendibles.

6.- Que una vez sentado lo anterior, esta autoridad procederá a entrar al fondo del asunto, a efecto de determinar lo que en derecho corresponda.

El presente expediente fue integrado con motivo de la denuncia formulada por el Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Electoral del estado de Guerrero, Licenciado César Gustavo Ramos Castro, mediante el cual remitió los autos del expediente IEEG/CEQD/085/2008, integrado por esa autoridad local con motivo de la presunta difusión en televisión durante los días dos a cinco de octubre de dos mil ocho (periodo que comprende los tres días anteriores a la celebración de la jornada comicial -incluido el día en que ésta fue celebrada- del proceso electoral celebrado en el año dos mil ocho en esa entidad federativa), de un spot o promocional vinculado al C. Manuel Añorve Baños, entonces candidato a ocupar el cargo de Presidente Municipal del Municipio de Acapulco, Guerrero, postulado por la Coalición “Juntos para Mejorar” en los citados comicios guerrerenses, toda vez que dicho anuncio podía ser considerado como propaganda dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos a favor del entonces candidato mencionado.

Dicho promocional aludía a la persona moral denominada Fundación El Ángel de la Guarda, A.C., por lo que el procedimiento iniciado por esta autoridad electoral federal, tenía por objeto determinar si se había infringido lo dispuesto en el artículo 49, párrafo 4, en relación con el artículo 345, párrafo 1, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales actualmente en vigor.

Ahora bien, en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-45/2009 y acumulados, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la resolución CG72/2009, emitida por el Consejo General del

Instituto Federal Electoral el día veintisiete de febrero de dos mil nueve, para el efecto de que esta autoridad administrativa comicial repusiera este procedimiento, “…emplazando a las empresas televisoras y radiodifusoras que transmitieron el promocional cuestionado, así como a los partidos políticos integrantes de la otrora Coalición ‘Juntos para Mejorar’, a la audiencia de pruebas y alegatos, prescrita en el artículo 368, numeral 7 del citado Código y una vez realizada ésta, el Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral deberá formular un nuevo proyecto de resolución debidamente fundado y motivado, en el que se considere el material probatorio existente, para que sea presentado al Consejero Presidente del órgano superior de dirección del Instituto Federal Electoral y éste dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 370 del código federal comicial.”

En ese sentido, debe señalarse que en cumplimiento a dicho mandato jurisdiccional, por auto de fecha dos de abril del año en curso se estableció lo siguiente:

“…2) Atento a lo ordenado por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia que se provee, y con el propósito de dar cabal cumplimiento a dicho mandato jurisdiccional, llámese al presente procedimiento especial sancionador a las empresas Televimex, S.A. de C.V. (concesionaria del canal 2 de televisión en Acapulco, Gro., y con distintivo de llamada XHAP-TV); Televisión Azteca, S.A. de C.V. (concesionaria del canal 10 de televisión en Acapulco, Gro., y con distintivo de llamada XHIE-TV); Estéreo Ritmo, S.A. (concesionaria de la frecuencia radial 96.9 de Acapulco, Gro., con distintivo de llamada XHNS-FM) y XHPO-FM, S.A. de C.V. (concesionaria de la frecuencia radial 103.9 de Acapulco, Gro., con distintivo de llamada XHPO-FM), por la presunta conculcación a las hipótesis normativas previstas en el artículo 350, párrafo 1, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 3) Asimismo, en cumplimiento al mandato judicial contenido en la ejecutoria con la que se da cuenta, llámese al presente procedimiento especial sancionador a los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, quienes integraron la Coalición ‘Juntos para Mejorar’ durante el pasado proceso electoral local celebrado en el estado de Guerrero durante el año dos mil ocho, por la conculcación a las hipótesis normativas previstas en los artículos 49, párrafo 3 y 342, párrafo 1, inciso i) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; […]”

En concordancia con todo lo anteriormente expuesto, el presente procedimiento tendrá por objeto determinar:

a)     Si la denominada Fundación El Ángel de la Guarda, A.C., violentó las hipótesis normativas previstas en los artículos 49, párrafo 4, en relación con el 345, párrafo 1, inciso b), ambos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales actualmente en vigor, al haberse difundido promocionales radiales y televisivos, que presuntamente iba encaminado a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos a favor del C. Manuel Añorve Baños, entonces candidato a ocupar el cargo de Presidente Municipal del Municipio de Acapulco, Guerrero, postulado por la Coalición “Juntos para Mejorar” en los citados comicios guerrerenses de 2008.

b)     Si las empresas Televimex, S.A. de C.V. (concesionaria del canal 2 de televisión en Acapulco, Gro., y con distintivo de llamada XHAP-TV); Televisión Azteca, S.A. de C.V. (concesionaria del canal 10 de televisión en Acapulco, Gro., y con distintivo de llamada XHIE-TV); Estéreo Ritmo, S.A. (concesionaria de la frecuencia radial 96.9 de Acapulco, Gro., con distintivo de llamada XHNS-FM) y XHPO-FM, S.A. de C.V. (concesionaria de la frecuencia radial 103.9 de Acapulco, Gro., con distintivo de llamada XHPOFM), infringieron las hipótesis normativas previstas en el artículo 350, párrafo 1, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al haber enajenado tiempo aire para la difusión de los materiales antes mencionados.

c)     Si los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, (que integraron la otrora Coalición “Juntos para Mejorar” durante los comicios locales guerrerenses de 2008, y que postularon al C. Manuel Añorve Baños para ocupar el cargo de Presidente Municipal del Municipio de Acapulco, Guerrero), deben ser responsabilizados por la conculcación a las hipótesis normativas previstas en los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 3 y 342, párrafo 1, inciso i) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, con motivo de la difusión de los materiales antes mencionados.

7.- Que previo a la resolución del presente asunto, resulta conveniente realizar algunas consideraciones de orden general respecto al marco normativo que resulta aplicable al tema toral del procedimiento administrativo sancionador que nos ocupa, así como a las relacionadas con las obligaciones que deben observar los partidos políticos y coaliciones, en la difusión de su propaganda, así como, respecto de la prohibición para contratar difusión de propaganda electoral por parte de terceros.

En principio, es menester recordar que el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos concretamente en su Base III, establece lo siguiente:

“Artículo 41.- El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:

[…]

III. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social.

Apartado A. El Instituto Federal Electoral será autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales, de acuerdo con lo siguiente y a lo que establezcan las leyes:

a) A partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral quedarán a disposición del Instituto Federal Electoral cuarenta y ocho minutos diarios, que serán distribuidos en dos y hasta tres minutos por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión, en el horario referido en el inciso d) de este apartado;

b) Durante sus precampañas, los partidos políticos dispondrán en conjunto de un minuto por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión; el tiempo restante se utilizará conforme a lo que determine la ley;

c) Durante las campañas electorales deberá destinarse para cubrir el derecho de los partidos políticos al menos el ochenta y cinco por ciento del tiempo total disponible a que se refiere el inciso a) de este apartado;

d) Las transmisiones en cada estación de radio y canal de televisión se distribuirán dentro del horario de programación comprendido entre las seis y las veinticuatro horas;

e) El tiempo establecido como derecho de los partidos políticos se distribuirá entre los mismos conforme a lo siguiente: el treinta por ciento en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo a los resultados de la elección para diputados federales inmediata anterior;

f) A cada partido político nacional sin representación en el Congreso de la Unión se le asignará para radio y televisión solamente la parte correspondiente al porcentaje igualitario establecido en el inciso anterior, y

g) Con independencia de lo dispuesto en los apartados A y B de esta base y fuera de los periodos de precampañas y campañas electorales federales, al Instituto Federal Electoral le será asignado hasta el doce por ciento del tiempo total de que el Estado disponga en radio y televisión, conforme a las leyes y bajo cualquier modalidad; del total asignado, el Instituto distribuirá entre los partidos políticos nacionales en forma igualitaria un cincuenta por ciento; el tiempo restante lo utilizará para fines propios o de otras autoridades electorales, tanto federales como de las entidades federativas. Cada partido político nacional utilizará el tiempo que por este concepto le corresponda en un programa mensual de cinco minutos y el restante en mensajes con duración de veinte segundos cada uno. En todo caso, las transmisiones a que se refiere este inciso se harán en el horario que determine el Instituto conforme a lo señalado en el inciso d) del presente Apartado. En situaciones especiales el Instituto podrá disponer de los tiempos correspondientes a mensajes partidistas a favor de un partido político, cuando así se justifique.

Los partidos políticos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión.

Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el extranjero.

Las disposiciones contenidas en los dos párrafos anteriores deberán ser cumplidas en el ámbito de los estados y el Distrito Federal conforme a la legislación aplicable.

Apartado B. Para fines electorales en las entidades federativas, el Instituto Federal Electoral administrará los tiempos que correspondan al Estado en radio y televisión en las estaciones y canales de cobertura en la entidad de que se trate, conforme a lo siguiente y a lo que determine la ley:

[…]”

Como se observa del artículo transcrito, se advierte que la autoridad en materia de administración en radio y televisión del tiempo que corresponda al Estado respecto de los partidos políticos, así como las autoridades electorales es el Instituto Federal Electoral. Algunos de los objetivos buscados por el Constituyente con la reforma al artículo antes citado consisten en: a) Disminuir en forma significativa el gasto de campañas electorales; b) Diseñar un nuevo modelo de comunicación entre la sociedad y partidos; c) Reducción en tiempos de campañas electorales y regulación de precampañas y d) Prohibición para que actores ajenos al proceso electoral incidan en las campañas electorales y sus resultados. Por ello una de las medidas más importantes se instituyó mediante la prohibición total tanto a los partidos políticos como a terceros (personas físicas y morales) para adquirir, en cualquier modalidad, propaganda política o lectoral en radio y televisión. En consecuencia únicamente los partidos políticos podrán acceder a dichos medios a través del tiempo de que el Estado dispone.

Bajo estas premisas, se advierte que en el precepto constitucional de referencia se establecen las normas para la asignación del tiempo de radio y televisión al Instituto Federal Electoral para que éste, en su calidad de autoridad nacional única para tales fines, administre esos tiempos, tanto para sus propios fines, los de otras autoridades electorales, federal y locales, como para atender la prerrogativa de los partidos políticos para acceder a la radio y la televisión.

De esta forma, nos encontramos en presencia de un nuevo modelo nacional de comunicación, que por tanto comprende en su regulación los procesos, precampañas y campañas electorales tanto federales como locales en cada una de las entidades federativas. Respecto a los procesos comiciales federales, regulados por el Apartado A de la Base en comento, y por lo que hace a los procesos electorales locales, regulados por el Apartado B.

En esta tesitura la prohibición constitucional respecto a que cualquier persona, ya sea física o moral, contrate propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales, a favor o en contra de cualquier partido político o candidato a cargo de elección popular, se encuentra regulada por la legislación comicial federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 49, párrafos 1, 2, 3 y 4 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismo que en la parte que interesa establece lo siguiente:

“ARTÍCULO 49

1. Los partidos políticos tienen derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social.

2. Los partidos políticos, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, accederán a la radio y la televisión a través del tiempo que la Constitución otorga como prerrogativa a los primeros, en la forma y términos establecidos por el presente capítulo.

3. Los partidos políticos, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. Tampoco podrán contratar los dirigentes y afiliados a un partido político, o cualquier ciudadano, para su promoción personal con fines electorales. La violación a esta norma será sancionada en los términos dispuestos en el Libro Séptimo de este Código.

4. Ninguna persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de propaganda contratada en el extranjero. Las infracciones a lo establecido en este párrafo serán sancionadas en los términos dispuestos en el Libro Séptimo de este Código.”

Como se aprecia, la legislación electoral restringe tanto a los partidos políticos como a los terceros la contratación en medios electrónicos de propaganda electoral, máxime si la misma es contraria o beneficia a algún partido o coalición.

La génesis de la restricción antes citada deviene del principio de igualdad que preconiza el artículo 41, fracción II de nuestra Constitución Federal, precepto que garantiza a los partidos políticos contar de manera equitativa con los elementos necesarios para llevar a cabo sus actividades, dentro de las que se encuentra la difusión de su propaganda electoral en los medios electrónicos.

En este sentido, cabe citar el artículo 41, fracción II de nuestra Carta Magna, el cual, que a la letra dispone lo siguiente:

“II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.

[…]”

En efecto, la Ley Fundamental de nuestro país otorga a los partidos políticos las mismas oportunidades para la difusión de su propuesta política en los medios de comunicación, en aras de garantizar una contienda equitativa, cuyo objetivo principal es permitir a los institutos políticos competir en condiciones de igualdad, procurando evitar actos con los que pudieran obtener una ventaja indebida frente al resto de los participantes en la contienda electoral, como pudiera ser la difusión de propaganda emitida por terceros ajenos a los contendientes electorales a través de la cual se beneficie o perjudique a alguna de las fuerzas políticas.

Al respecto, conviene tener presente el criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación dentro de la siguiente ejecutoria publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, misma que establece lo siguiente:

“PRECAMPAÑAS ELECTORALES. LOS ARTÍCULOS 142 Y 148, FRACCIÓN III, DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, AL IMPONER LÍMITES PARA SU INICIO, NO CONTRAVIENEN LOS ARTÍCULOS 6o., 7o., 9o. Y 31, FRACCIONES I, II Y III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Los artículos 142 y 148, fracción III, de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, en cuanto regulan el inicio de la precampaña electoral y la sanción por su inobservancia, consistente en la posible pérdida del registro de candidato, no violentan los artículos 6o., 7o., 9o. y 31, fracciones I, II y III, constitucionales, en los que se consagran las garantías y prerrogativas que se traducen en libertad de expresión, escribir y publicar escritos, derecho de asociación, de votar y ser votado para ocupar un cargo de elección popular, así como de asociarse para tomar parte en asuntos políticos del país. Lo anterior, ya que los artículos 41, fracción I, y 116, fracción IV, de la Constitución Federal, establecen, entre otros, los principios de equidad y certeza, con el objeto de garantizar condiciones de equidad que propicien la participación de los partidos políticos en igualdad de condiciones. Así, cuando los referidos preceptos legales imponen un límite de noventa días previos al proceso electoral, para el inicio de precampañas políticas, tienen como fin controlar, entre otras cosas, el origen, el monto y el destino de los recursos económicos que se utilicen, con el objeto de que, en igualdad de circunstancias, todos los aspirantes a cargos públicos de elección popular y los partidos políticos cuenten con las mismas oportunidades para la promoción de candidatos.

Acción de inconstitucionalidad 26/2003. Partido del Trabajo. 10 de febrero de 2004. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Genaro David Góngora Pimentel y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretarios: Pedro Alberto Nava Malagón y Víctor Miguel Bravo Melgoza.”

Como se observa, la equidad es uno de los principios garantes del desarrollo de todo proceso electoral, principio recogido por la normatividad electoral al limitar la contratación de los espacios televisivos y radiofónicos para la difusión de propaganda a los contendientes electorales, excluyendo a los terceros, ponderando la competencia de los actores políticos en igualdad de circunstancias, garantizando que alguno de ellos obtuviera una ventaja en relación con los demás participantes.

En esta tesitura, los partidos políticos, como entidades de interés público, están obligados a evitar acciones que demeriten las condiciones de igualdad que deben prevalecer en todo proceso electoral, brindándoles la oportunidad de presentar sus propuestas entre el electorado en condiciones de tiempo y forma recíprocas.

Obligación que se hace extensiva a las personas físicas y morales, quienes al igual que los partidos políticos se encuentran obligados a respetar la norma jurídica, atendiendo al principio de equidad en la contienda, que establecen los mencionados artículos constitucionales, siempre y ante cualquier circunstancia; en caso contrario, serán sancionados por la violación a esa obligación de respeto a la ley. En este tenor, no solo los partidos políticos se encuentran constreñidos a garantizar el correcto desempeño de su función y la de sus militantes, sino que además los terceros que no necesariamente se ubican dentro de su organigrama de simpatizantes, deben tomar las medidas suficientes que se encuentren a su alcance para evitar incurrir en infracción a la ley.

8.- Sentado lo anterior, esta autoridad procede a describir el caudal probatorio que obra en los presentes autos, y que será utilizado como base para la presente resolución.

Al respecto, debe decirse que la denuncia que dio origen al actual procedimiento fue acompañada del acervo probatorio que se detalla y valora en seguida:

         Dos discos compactos en formato DVD, de los cuales uno de ellos contiene el promocional de referencia, con duración de diecinueve segundos aproximadamente, y respecto al segundo del mismo se advierte que en el minuto 37 del segmento de transmisión del canal 10 de Televisión Azteca, S.A. de C.V., con sede en Acapulco de Juárez, Guerrero, fue transmitido el mencionado spot, mismo que se describe a continuación:

Inicia con una escena en la que se aprecian varias personas que se encuentran llenando diversos documentos, y en la parte inferior de la pantalla se observa la leyenda “Fundación Ángel de la Guarda, A.C. Julieta de Añorve, la cual es permanente durante toda la transmisión, al tiempo que se escucha una voz en off que dice:

“Porque Acapulco requiere de más soluciones la Fundación Ángel de la Guarda, A.C., continúa trabajando incansablemente con programas de ayuda social, porque nuestros niños, jóvenes, madres solteras y adultos mayores lo requieren para alcanzar un mejor futuro.”

Seguido de esta escena se aprecia una persona del sexo masculino que proporciona lo que al parecer son medicamentos a otras dos personas del sexo femenino, mientras que una tercera, quien aparentemente es Julieta de Añorve, las observa y éstas le hacen un gesto de agradecimiento.

Acto seguido en una silla de ruedas se ubica una persona del sexo masculino y a su lado, de pie, la mujer que aparece en las anteriores escenas, presuntamente Julieta de Añorve. Posteriormente y frente a una señora a la que le están cortando el cabello, nuevamente se observa a la persona del sexo femenino de las escenas anteriores (Julieta de Añorve), quien la saluda con ambas manos y le sonríe.

A continuación, en otra escena, se observa que la misma mujer, ubicada como Julieta de Añorve, se encuentra dando una plática a varias personas que la rodean (mujeres, niños y un hombre), misma a la que le otorgan aplausos.

De igual forma en una imagen posterior, se observan varias personas, entre ellas, adultos mayores y niños, y como centro de ésta aparece nuevamente la persona del sexo femenino ubicada como Julieta de Añorve quien se encuentra dando un abrazo a un adulto mayor.

Ulteriormente, se observa que bajo una carpa, aproximadamente doce personas, algunas sentadas y otras de pie, escuchan con atención a la persona del sexo femenino ubicada como Julieta de Añorve, quien a través de un micrófono les dirige unas palabras. Consecutivamente se aprecia que diversos pobladores, entre ellos niñas, mujeres, hombres y adultos mayores, se encuentran a un costado de una pipa con agua, la cual es cubierta por una manta en la que se alcanza a leer: Añorve y, una persona del seño femenino quien al parecer es Julieta de Añorve a través de una manguera les proporciona el agua.

Posteriormente aparece en escena una enfermera que con un estetoscopio toma el pulso de un niño, para continuar con la imagen en que Julieta de Añorve sujeta la cara a una menor, para después aparecer en el momento en el que al parecer un doctor da consulta a un bebé quien se encuentra acompañado de su madre.

Acto seguido se observa su imagen con una persona de la tercera edad, a la cual aparentemente le expresa algo y ésta le responde. En ese tenor y sobre una calle, caminan conjuntamente pobladores del lugar, en su mayoría mujeres, y al frente y con muletas, camina una persona de la tercera edad, quien es acompañada de Julieta de Añorve, la cual posa su brazo sobre la espalda de ésta. Seguido de esta escena aparece otra en la que se aprecia la presencia de habitantes del lugar, mismos que se encuentran desarrollando diversas actividades, pero en la imagen central se observa que la multicitada Julieta de Añorve, bajo una carpa en la que se halla una mesa, revisa lo que al parecer son documentos.

Ulterior a ello, nuevamente se encuentra la mujer en cita, dando un abrazo a una persona de la tercera edad, quien es atendida por una enfermera la cual le toma la presión arterial. Finalmente aparece una mujer quien a través de un micrófono dice lo siguiente:

“Gracias Señora de Añorve, porque sí cumple con su palabra. Gracias señora de Añorve”.

Dichas pruebas, al consistir en discos compactos, deben considerarse como pruebas técnicas, en atención a lo dispuesto por el artículo 34, párrafo 1, inciso c), 38 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral y 14, párrafo 6 y 16 párrafos 1 y 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; cabe considerar que las pruebas técnicas han sido reconocidas unánimemente por la doctrina como de tipo imperfecto, ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y la dificultad para demostrar de modo absoluto e indudable las falsificaciones o alteraciones, pues es un hecho notorio que actualmente existen, al alcance común de la gente, un sinnúmero de aparatos, instrumentos y recursos tecnológicos y científicos para la obtención de imágenes de acuerdo al deseo, gusto o necesidad de quien las realiza, ya sea mediante la edición total o parcial de las representaciones que se quieran captar y de la alteración de las mismas, colocando a una persona o varias en determinado lugar y circunstancias o ubicándolas de acuerdo a los intereses del editor, para dar la impresión de que están actuando conforme a una realidad aparente.

Las consideraciones anteriores son particularmente ciertas en el caso de los discos compactos como los que hoy nos ocupan, y en atención a que los mismos fueron proporcionados en su oportunidad por el Partido de la Revolución Democrática, motivo por el cual en principio se les otorga el valor probatorio de indicio.

Ahora bien, cabe señalar que esta autoridad en ejercicio de sus funciones de investigación se allegó de diversos medios probatorios para el esclarecimiento de los hechos que en la presente resolución se estudian, mismos que consisten en:

         Oficio número DGRP/DI/0140/2009, de fecha diecinueve de enero de dos mil nueve, suscrito por el Licenciado René Hernández de la Rosa, Director General del Registro Público de la Propiedad, del Comercio y Crédito Agrícola, mediante el cual informó a este Instituto Federal Electoral, medularmente lo siguiente:

“…

Después de realizar una minuciosa búsqueda en los Distrito Judiciales de Alarcón, Aldama, Allende, Altamirano, Álvarez, Azueta, Cuauhtémoc, De los Bravo, Galeana, Guerrero, Hidalgo, La Montaña, Mina, Morelos, Montes de Oca, Tabares y Zaragoza se encontró que la FUNDACIÓN EL ÁNGEL DE LA GUARDA A.C., se encuentra inscrita en el Folio Registral Electrónico de Personas Morales 1196 del Distrito Judicial de Tabares, del cual anexo copia certificada.”

Debe decirse que los elementos probatorios de referencia tienen el carácter de documentos públicos cuyo valor probatorio es pleno, respecto de los hechos que en ellos se consignan, en virtud de haberse obtenido por parte de la autoridad (Director General del Registro Público de la Propiedad, del Comercio y Crédito Agrícola) legítimamente facultada para realizar la investigación respectiva de los folios registrales electrónicos de personas morales que se encuentran inscritas en tal Institución.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 34, párrafo 1, incisos a) y c); 35, párrafo 1, inciso a); 38 Párrafo 1; y 45 del Reglamento de Quejas y Denuncias.

         Oficio número DG/2407/09-01, signado por el Director General de Radio, Televisión y Cinematografía, el cual es del tenor siguiente:

“…

me permito hacer de su conocimiento que como resultado de una búsqueda exhaustiva en los archivos con los que cuenta esta Dirección General y derivado del análisis que se realizó a los monitoreos practicados en ese estado, se detectó un spot difundido por el canal 2, XHAP-TV del estado de Guerrero, estación repetidora de la señal del Canal 2, XEW-TV de esta Ciudad, transmitido el día 5 de octubre de 2008, aproximadamente a las 13:00 horas, durante la transmisión del partido de futbol soccer entre los Equipos ‘Pumas’ y ‘América’.”

Al respecto, debe decirse que el elemento probatorio de referencia tiene el carácter de documento público cuyo valor probatorio es pleno, respecto de los hechos que en él se consignan, en virtud de haberse obtenido por parte de autoridad competente en ejercicio de sus funciones.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 34, párrafo 1, inciso a); 35, párrafo 1, inciso a); y 45 del Reglamento de Quejas y Denuncias.

         La documental privada consistente en escrito de fecha diez de febrero de dos mil nueve, signado por el apoderado legal de Televisión Azteca, mediante el cual señala que:

“…

Que en respuesta a los oficios números SCG-3210/2008 y SCG/247/2009 de fechas 24 de noviembre de 2008 y 26 de enero de 2009, y habiendo hecho una búsqueda de los antecedentes a que se refiere los referidos oficios, le informo lo siguiente:

1.- Que mi representada no ha transmitido spot alguno para favorecer a candidato alguno durante los tres días previos a la jornada electoral celebrada en Estado de Guerrero.

2.- Que durante los meses de septiembre y octubre si se transmitieron promocionales de la Fundación Ángel de la Guarda, A.C. en el Estado de Guerrero”.

En términos de lo dispuesto por los artículos 29 y 36 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral, los numerales 14, párrafo 5 y 16 párrafos 1 y 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y atento a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, su adminiculación con los demás elementos que obran en autos, a esta probanza se les confiere el valor de indicio respecto de que Televisión Azteca, S.A. de C.V., durante los meses de septiembre y octubre de dos mil ocho, transmitió los promocionales alusivos a la Fundación El Ángel de la Guarda, A.C., en dicha entidad federativa.

         Ocurso signado por el Licenciado Alfonso Guillén Quevedo, Titular de la Notaría Pública Número Uno del Distrito Judicial de Tabares, Guerrero, el cual es del tenor siguiente:

“…

Que en el protocolo a mi cargo, mediante escritura pública número 6,407 de fecha dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, se constituyó la persona moral denominada ‘FUNDACIÓN EL ANGEL DE LA GUARDA’, Asociación Civil.

Asimismo constan en el protocolo de la Notaría Pública a mi cargo, los instrumentos públicos que a continuación se relacionan:

1.- Escritura pública 7,997 de fecha veinticuatro de Mayo del año dos mil, mediante la cual se consignó la Protocolización del Acta de Asamblea General Ordinaria de Asociados, celebrada con fecha trece de Marzo del año dos mil; y

2.- Escritura pública número 9,575 de fecha once de Enero del año dos mil dos, mediante la cual se hace la Protocolización del Acta de Asamblea General Ordinaria de Asociados, celebrada con fecha veintiséis de marzo del año dos mil uno, y en la cual, entre otros puntos, se nombró a la señora JULIETA FERNÁNDEZ MÁRQUEZ DE AÑORVE también conocida como JULIETA FERNÁNDEZ MÁRQUEZ como Presidenta Ejecutiva de la Asociación Civil ‘FUNDACIÓN EL ÁNGEL DE LA GUARDA’.

Derivado de lo anterior y toda vez que no existen en el Protocolo de esta Notaría actos posteriores a los relacionados en los puntos 1 y 2 que preceden, la representante legal de la Asociación en comento, es la señora JULIETA FERNÁNDEZ MARQUEZ también conocida como JULIETA FERNÁNDEZ MARQUEZ DE AÑORVE, misma persona que ostenta el cargo de Presidente Ejecutiva desde el día 26 de marzo del año dos mil uno, quien tiene su domicilio en Amado Nervo número veinte A, Fraccionamiento Marbella, en esta Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero.

Finalmente le informo que el domicilio de la Persona Moral denominada ‘FUNDACIÓN EL ANGEL DE LA GUARDA’, ASOCIACIÓN CIVIL y el cual consta en el Archivo de esta Notaria es el ubicado en: Río Atoyac número tres Altos, Colonia Hogar Moderno, en esta Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero.”

Debe decirse que el elemento probatorio de referencia tienen el carácter de documento público cuyo valor probatorio es pleno, respecto de los hechos que en él se consignan, en virtud de haberse emitido por parte de un fedatario público, (el Titular de la Notaría Pública Número Uno del Distrito Judicial de Tabares, Gro.), quien remitió a esta institución los datos y constancias asentados en los protocolos que se encuentran a su cargo y que permiten tener certeza respecto de la calidad que ostenta en la “Fundación El Ángel de la Guarda”, A.C., la C. Julieta Fernández Márquez, también conocida como Julieta Fernández de Añorve, la cual es Presidenta Ejecutiva de la persona moral denunciada.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 34, párrafo 1, incisos a) y c); 35, párrafo 1, inciso a); 38 Párrafo 1; y 45 del Reglamento de Quejas y Denuncias.

• Oficio DEPPP/1950/2009, de fecha cuatro de abril del año en curso, a través del cual el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, en respuesta al requerimiento de información planteado por esta autoridad, señaló que el promocional denunciado fue transmitido por uno de los canales de Televisión Azteca, S.A. de C.V., en el mes de octubre de dos mil ocho, en los términos que se expresan a continuación:

Debe decirse que el oficio de cuenta tiene el carácter de documental pública cuyo valor probatorio es pleno respecto de los hechos que en el mismo se consignan, en virtud de haberse emitido por una autoridad electoral, en ejercicio de sus funciones legales.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 34, párrafo 1, incisos a) y c); 35, párrafo 1, inciso a); 38 Párrafo 1; y 45 del Reglamento de Quejas y Denuncias.

Anexo a tal oficio, el citado Director Ejecutivo acompañó dos discos compactos, en cuya carátula se indica lo siguiente: “EXP. SCG/PE/IEEG/CG/14/2008 ‘PROMOCIONAL FUNDACION ANGEL DE LA GUARDA’ 01/09/08 AL 05/10/08 CANAL 6 XHACC-TV AZTECA GUERRERO”, los cuales contienen la misma información: seis archivos de video, coincidentes en su contenido, y correspondientes a igual número de impactos en los días y horarios ya mencionados. El detalle específico del promocional es el siguiente:

Se escucha una voz femenina en off, aparece una leyenda, en letras blancas y en mayúsculas que dice: “FUNDACION ANGEL DE LA GUARDA A.C. JULIETA DE AÑORVE”, y el contenido específico del anuncio es el siguiente:

“Porque Acapulco requiere de más soluciones, la Fundación Ángel de la Guarda, continúa trabajando incansablemente con programas de ayuda social porque nuestros niños, jóvenes, madres solteras y adultos mayores lo requieren, para alcanzar un mejor futuro.”

El video antes aludido se divide en dieciséis tomas diferentes, y en las primeras quince se puede apreciar a la misma persona (presuntamente “Julieta de Añorve”), realizando diversas actividades.

En las dos primeras tomas, aparentemente se encuentra distribuyendo lo que parecen ser medicamentos a diversas personas; en la tercer toma saluda y dialoga con un hombre en silla de ruedas; en la cuarta saluda y dialoga con una mujer que, según se puede apreciar, se encuentra sentada.

La quinta toma recoge el andar de dicha persona frente a cuatro mujeres y un hombre que le aplauden; en la sexta toma se aprecian mujeres de diversas edades, mientras la mujer en comento saluda y abraza a una de ellas; en la séptima, ante un micrófono, dirige unas palabras ante diez personas; en la octava esta persona se encuentra distribuyendo lo que parece ser agua de un camión cisterna color blanco y que tiene colgada una manta color azul y en letras rojas con orillas blancas se aprecia en mayúsculas la palabra “AÑORVE”, ante seis adultos y tres niños.

En la novena toma se aprecia a una mujer (en esta ocasión no se trata de la misma persona) en bata blanca revisando a un niño con un estetoscopio; en la décima toma se aprecia a la que persona que se ostenta con el apellido Añorve, dialogando y teniendo contacto físico con una de dos niñas y tres adultos presentes; en la undécima toma se aprecia a esta misma mujer entre un hombre de camisa blanca con un estetoscopio y una niña cargando un bebé mientras el primero le revisa con dicho instrumento médico.

En la duodécima toma se puede ver a esta misma persona dialogando con una mujer de la tercera edad que se encuentra sentada; en la toma trece se ve caminando a esta misma persona entre unas ocho personas, una de ellas de edad avanzada y en muletas; en la toma catorce se aprecia a esta persona dialogando en medio de lo que es una concentración importante de gente y frente a una carpa; en la toma quince, esta persona abraza y dialoga con una mujer de la tercera edad, mientras es revisada aparentemente de la presión por un sujeto, y se encuentran rodeados por otras tres mujeres.

La última toma consiste en el comentario de una mujer que aparentemente es consultada en la calle, y que afirma lo siguiente:

“Pá la gente pobre como yo, pues es mucho beneficio”

Por cuanto hace a estas pruebas, debe observarse que si bien dichos discos compactos son pruebas técnicas, se les otorga el carácter de prueba suficiente por formar parte de un informe rendido por una autoridad electoral en ejercicio de sus funciones, en términos de los artículos 3, inciso b), fracción XII, 31, párrafo 1, inciso m), del Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral, razones todas por las que estas probanzas son calificadas como documentales públicas conforme con los artículos 35 del Reglamento, y 14, párrafos 1, inciso a) y 4, inciso c), y 16, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, atribuyéndoseles valor probatorio suficiente para demostrar los hechos allí reseñados.

MEDIOS PROBATORIOS APORTADOS POR XHPO-FM, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, Y ESTEREO RADIO, S.A.

1.- DOCUMENTAL PRIVADA.- La cual se ofreció mediante escrito de fecha tres de abril del año en curso y presentado ante la Secretaría Ejecutiva con fecha cinco del mismo año y anualidad. El cual consta de 62 fojas, y que el apoderado legal manifiesta se refiere a la bitácora de transmisión de su representada, de fecha tres de octubre de dos mil ocho y en la que supuestamente se desprende que entre las 20.38 y las 20.41:10´´ no se trasmitió el promocional cuestionado.

A guisa de ejemplo se reproduce la primera página:

Rep03102008[1]

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Página 1

Respeto a la probanza anteriormente descrita, esta autoridad considera que se le otorga valor probatorio de indicio, por lo cual será adminiculada y valorada conforme a los resultados que se infieran de la verdad conocida y el recto raciocinio, haciendo un lógico y natural enlace de los hechos denunciados, en términos de lo previsto en el numeral 359, párrafo 1 y 3 del código comicial federal.

2.- PRUEBA TÉCNICA CONSISTENTE EN DOS DISCOS COMPACTOS

En la audiencia de fecha cinco de abril de dos mil nueve, el C. J. Bernabé Vázquez Galván, apoderado legal de las radiodifusoras denunciadas, ofreció como prueba de su parte, la prueba técnica, consistente en dos discos compactos, cuyo contenido es el siguiente:

a) Disco compacto identificado en la carátula como “XHNS 03.10.08 7:00 AM- 10:00PM”.

Este medio de almacenamiento digital contiene noventa y uno archivos de audio, que se identifican todos con las siglas XHNS, seguidas por la identificación que engloba el año mes y día (081003) y que preceden al horario de transmisión (v.gr: 1440, o catorce horas con cuarenta minutos); parten de las 07:00 hasta las 22:00 horas.

b) Disco compacto identificado en la carátula como “XHPO 03.10.08 7:00 AM- 10:00PM”.

Este medio de almacenamiento digital contiene noventa y uno archivos de audio, que se identifican todos con las siglas XHPO, seguidas por la identificación que engloba el año mes y día (081003) y que preceden al horario de transmisión (v.gr: 1440, o catorce horas con cuarenta minutos); parten de las 07:00 hasta las 22:00 horas, y cada uno contempla un intervalo de diez minutos.

Ambos discos compactos son los testigos de las transmisiones en vivo en el día y horarios antes señalados, y ambos, en el archivo correspondiente a las veinte horas con cuarenta minutos, se aprecia lo siguiente:

a) Se escucha la parte final de la canción intitulada “Muy Muy”, interpretada por la cantante conocida públicamente como Amandititita y el inicio de otra canción.

b) Se escucha la parte final de la canción intitulada “Mr. Vain” del grupo Culture Beat, e inicia el espacio del locutor correspondiente.

Dichas pruebas, al consistir en discos compactos, deben considerarse como pruebas técnicas, en atención a lo dispuesto por el artículo 34, párrafo 1, inciso c), 38 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral y 14, párrafo 6 y 16 párrafos 1 y 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; cabe considerar que las pruebas técnicas han sido reconocidas unánimemente por la doctrina como de tipo imperfecto, ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y la dificultad para demostrar de modo absoluto e indudable las falsificaciones o alteraciones, pues es un hecho notorio que actualmente existen, al alcance común de la gente, un sin número de aparatos, instrumentos y recursos tecnológicos y científicos para la obtención de imágenes de acuerdo al deseo, gusto o necesidad de quien las realiza, ya sea mediante la edición total o parcial de las representaciones que se quieran captar y de la alteración de las mismas, colocando a una persona o varias en determinado lugar y circunstancias o ubicándolas de acuerdo a los intereses del editor, para dar la impresión de que están actuando conforme a una realidad aparente.

9.- Que del análisis realizados a las constancias que integran el presente expediente, mismas que son valoradas en términos de lo establecido por los artículos 340, 358 y 359 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, esta autoridad considera procedente declarar fundado el procedimiento especial sancionador incoado en contra de la Fundación El Ángel de la Guarda, A.C., atento a las siguientes consideraciones:

En principio, es pertinente señalar que en la resolución recaída al Juicio de Revisión Constitucional Electoral identificado con el número de expediente SUP-JRC-165/2008, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al abordar el motivo de inconformidad hecho valer en ese medio de impugnación, relativo a los materiales que nos ocupan, expresó lo siguiente:

 “Spot difundido el día de la jornada electoral”

Con relación a este tópico, en las páginas 367 a 369, 375 y 376 de su demanda de inconformidad, la coalición actora hace valer que:

‘[…]

El activismo político del DR. AÑORVE constituye una serie de actos de tracto sucesivo que no se suspendió y que se perpetuaron hasta el mismo día de la jornada electoral como lo paso a señalar:

El día de la jornada electoral y a pesar de que, por disposición del último párrafo del artículo 198 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, no se permite la celebración ni la difusión de actos de propaganda o proselitismo electorales 3 días antes y el día de la jornada electoral el señor AÑORVE, y su esposa no respetaron esa prohibición. En la televisión apareció un anuncio, que duró 19 segundos en donde se ve a la señora JULIETA DE AÑORVE, anunciando obras de beneficencia de la Asociación Civil ANGEL DE LA GUARDA, A.C.; con evidente intención de hacer proselitismo a favor de su cónyuge el DR. MANUEL AÑORVE BAÑOS, el mismo día de a jornada electoral.

Respecto a la transmisión del spot anunciando actos de beneficencia de la Asociación Civil ANGEL DE LA GUARDA que preside la señora JULIETA DE AÑORVE y que apareció en el intermedio del partido que jugaron los equipos Pumas de la Universidad y las Águilas del America, el día domingo 5 de octubre del 2008, precisamente el día de la votación y que fue jugado en el estadio Olímpico de la Ciudad Universitaria conviene señalar lo siguiente:

a).- Es inverosímil que en un encuentro de fútbol que es considerado, como clásico (lo cual es un hecho notorio) y que se encuentra dentro de los tres eventos futbolísticos más importantes del balompié mexicano (conforme a estadísticas el 27 % de los aficionados es partidario del América, 21% Chivas del Guadalajara; 16% Pumas de la Universidad y el 15% del Cruz Azul) se anuncie una Asociación civil, presidida por la esposa de uno de los candidatos a la presidencia Municipal de Acapulco, precisamente el día de la jornada electoral y se mencione a la Presidente señora JULIETA DE AÑORVE esposa del candidato del PRI y del Partido Verde a la Presidencia Municipal de Acapulco recalcando el apellido ‘AÑORVE’. La señora ha acompañado por todo el Municipio de Acapulco a su esposo según se acredita con los diversos documentos que ofrecemos como prueba en este escrito.

No es lógico que una asociación de beneficencia, que apoya a los menos favorecidos de la sociedad, gaste en un anuncio publicitario para felicitar a su presidenta. O sea una especie de autoelogio caro. Además, como no se indica que el agradecimiento lo hicieran los favorecidos por dicha asociación, es evidente que fue ordenada y felicitada. Adviértase además lo subliminal del mensaje y el señalamiento reiterado del apellido AÑORVE, una pipa de agua, que es parte fundamental de su campaña, los colores verdes, en fin, un verdadero acto de campaña mediático importante, cuando está expresamente prohibida por el artículo 198 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado de Guerrero. Otro desafío abierto a la Ley o mejor dicho fraude a la Ley.

Como si hubiese sido poco la campaña anticipada del señor MANUEL AÑORVE BAÑOS, encubriéndola en una Asociación Civil denominada JUNTOS PARA MEJORAR ACAPULCO, A.C.; se hace campaña, el mismo día de la jornada electoral, disfrazándola de agradecimiento de una Asociación de beneficencia, en un evento de enorme rating televisivo, como es el clásico de futbol Pumas contra América, en domingo, día de convivencia familiar.

No es ocioso decir que este encuentro (de donde salió el spot) fue visto por la mayoría de los votantes en el Puerto, a pesar de la expresa prohibición del artículo 198 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado de Guerrero, para realizar anuncios publicitarios. Vale explicar que el impacto mediático de un evento como el partido de futbol Pumas contra América es de tal importancia, no solo porque es el deporte que congrega el mayor número de aficionados, si no porque en el Puerto de Acapulco, según censo nacional de población y vivienda, prácticamente todas las viviendas cuentan con un televisor por lo menos.

Conforme al INEGI el 90.12% de las 144,134 de las viviendas en el Puerto en el año 2000 contaban por lo menos con una televisión, esto aunado al hecho de que un evento de esa naturaleza, se puede ver en centros comerciales, restaurant, etc.

O sea el spot fue visto por los electores del Puerto de Acapulco, precisamente en horas de votación, faltaban tres horas con quince minutos para el cierre, o sea 195 minutos.

El candidato del Partido Revolucionario Institucional y el Verde Ecologista no solo violó flagrantemente el artículo 198 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado de Guerrero sino también, incurrió en las causales previstas en los artículos 79 fracción XI de la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral de Guerrero y no solo eso, sino que puso en riesgo la elección misma porque de no revertirse el resultado de la elección a favor de nuestro candidato, resulta claro y evidente que deberá anularse la elección del Ayuntamiento de Acapulco.

[…]’

Para acreditar los hechos invocados, resultan relevantes las pruebas que enseguida se relacionan:

1. Un disco compacto en cuya carátula se lee: ‘IEEG. MONITOREO. Ángel de la Guarda. SPOT. 29/9 – 5/10’; asimismo, en la portada del estuche que contiene ese elemento probatorio aparece lo siguiente: ‘INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO. ANGEL DE LA GUARDA. SPOT. Del 29 de septiembre al 5 de octubre de 2008’. De su contenido se advierte, en lo que interesa, la existencia de un spot y de un monitoreo de radio y televisión.

a. En el spot se observan varias personas de ambos sexos y de distintas edades, desde infantes hasta adultos mayores, los cuales se encuentran, en apariencia, recibiendo ayuda de carácter social, verbigracia, asistencia médica y reparto de agua a través de las denominadas ‘pipas’, quienes son saludados y atendidos, principalmente, por una mujer.

Dicho spot tiene una duración de aproximadamente veinte segundos y durante todo su desarrollo se escucha un fondo musical y aparece una leyenda que dice: ‘FUNDACION ANGEL DE LA GUARDA A.C. JULIETA DE AÑORVE’; asimismo, desde su inicio y hasta el segundo número quince, se escucha una voz de mujer que anuncia: ‘Porque Acapulco requiere de más soluciones, la Fundación Ángel de la Guarda continúa trabajando incansablemente con programas de ayuda social, porque nuestros niños, jóvenes, madres solteras y adultos mayores lo requieren, para alcanzar un mejor futuro’. A partir del segundo número dieciséis y hasta su conclusión, aparece una mujer cargando un infante, vestida con una camiseta verde sin mangas, a quien se le acerca una mano con un micrófono para manifestar: ‘Gracias señora de Añorve porque sí cumple con su palabra, gracias señora de Añorve.’

b. Por lo que hace al referido monitoreo, del mismo se desprende que desde el veintinueve de septiembre y hasta el cinco de octubre, ambos de dos mil ocho, se estuvieron transmitiendo en diversos canales nacionales de televisión y estaciones de radio, dos versiones del spot de la ‘Fundación Ángel de la Guarda’, el primero, que ya ha sido aludido en el punto anterior, y un segundo, cuya literalidad es la siguiente: ‘Porque Acapulco requiere de más soluciones, La Fundación Ángel de la Guarda continúa trabajando incansablemente con programas de ayuda social, porque nuestros niños, jóvenes, madres solteras y adultos mayores lo requieren, para alcanzar un mejor futuro.’

De dicho monitoreo se advierte también, que durante los tres días previos a la jornada electoral y hasta el día en que ésta se celebró, dicho spot se difundió en los canales de televisión siguientes:

Asimismo, el mencionado monitoreo deja constancia de que, durante el día de la jornada electoral, el mensaje se transmitió en las frecuencias de radio siguientes:

[…]

Ahora bien, en la especie debe examinarse, en primer lugar, si los hechos de que se trata deben reprocharse por resultar irregulares.

Del examen de los medios de prueba antes señalados, atendiendo a las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, previstas en el numeral 20 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero, esta Sala Superior desprende los indicios siguientes:

- Que el spot de referencia contiene un claro mensaje dirigido a beneficiar la imagen del candidato Manuel Añorve Baños, toda vez que la referencia acerca de que la ‘Fundación Ángel de la Guarda’ (presidida por su esposa Julieta Fernández) continúa trabajando con ‘programas de ayuda social, porque nuestros niños, jóvenes, madres solteras y adultos mayores lo requieren, para alcanzar un mejor futuro’, se encuentra enlazada directamente con la imagen del candidato Manuel Añorve Baños, pues al menos en dos ocasiones se alude expresamente a su apellido paterno ‘… DE AÑORVE’, lo que además, se realza con muestras de agradecimiento. Se advierte además, que la esposa del candidato, para resaltar durante la transmisión del spot la imagen de su esposo, hace énfasis en el apellido paterno de éste, ya que, por un lado, durante la leyenda que se lee al inicio de la transmisión (FUNDACION ANGEL DE LA GUARDA A.C. JULIETA DE AÑORVE) a la esposa del candidato, Julieta Fernández, se le menciona con un nombre distinto; y por otra parte, antes de finalizar el spot, se omite toda referencia de identidad a la persona de Julieta Fernández, como se corrobora al escuchar la voz de una mujer que expresa: ‘Gracias señora de Añorve porque sí cumple con su palabra, gracias señora de Añorve’.

- Que durante los tres días previos a la jornada electoral, el spot se transmitió en los dos canales de mayor cobertura regional (De las Estrellas y Azteca 13) durante treinta y cinco ocasiones: quince el dos de octubre, catorce el tres de octubre y seis el tres de octubre. Además, el cinco de octubre de dos mil ocho, día de la jornada electoral, se transmitió en dos ocasiones en el canal de las Estrellas de Televisa: a las 10:01:23, así como a las 11:23:34.

- Que el día de la jornada electoral, el mensaje fue transmitido en dos estaciones de radio (Ke Buena y Estereo Vida) con cobertura en el municipio de Acapulco, Guerrero, durante seis ocasiones, dentro de un horario comprendido entre las 07:58:29 y las 11:23:34.

Por otro lado, no se concede valor probatorio alguno al testimonio rendido por Julio Mariano Marcos Cardoso ante notario, pues aduce que el día de la jornada electoral se reunió a las doce horas, con unos amigos en su casa para ver un partido de futbol, y que durante el medio tiempo le llamó la atención la transmisión de un comercial de la Fundación ‘Ángel de la Guarda’; situación que no resulta creíble, ya que si el evento deportivo de que se trata inició a las 12:00 horas (como ya es costumbre los días domingos en el canal de las estrellas), el medio tiempo transcurrió aproximadamente entre las 12:45 y las 13:00 horas, sin embargo, de acuerdo con el monitoreo de medios, entre dicha temporalidad (duración del medio tiempo) no se difundió el spot.

Expuesto lo anterior, esta Sala Superior considera que la difusión en radio y televisión del mencionado spot constituye una irregularidad, por las razones siguientes:

El artículo 41, Bases III, inciso g), y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone:

‘[…]

ARTÍCULO 41 [se transcribe]’

Por otro lado, los numerales 198, últimos dos párrafos y 207 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electoral del Estado de Guerrero, establecen:

‘Artículo 198 [se transcribe]’

‘Artículo 207. [se transcribe]’

Con apoyo en el marco jurídico anterior, esta Sala Superior estima que el spot de referencia, relacionado con las actividades realizadas por la señora Julieta Fernández de Añorve, Presidenta de la Fundación Ángel de la Guarda, A. C., y esposa del candidato a presidente municipal propuesto por la coalición ‘Juntos para mejorar’, constituye una irregularidad que infringe el contenido del artículo 41, Base III, inciso g), de la Ley Fundamental, ya que su contenido denota el propósito de influir en las preferencias electorales de los ciudadanos el día de los comicios, en favor del candidato Manuel Añorve Baños.

De acuerdo con el Diccionario de la Academia Española, la voz ‘preferencia’ significa: ‘Elección de alguien o algo entre varias personas o cosas’.

Con base en esta definición, es de mencionar que la difusión de propaganda encaminada a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, presenta como rasgo distintivo, un mensaje que al ser transmitido hace referencia, de algún modo, a la persona o partido político que pretende verse beneficiado con el voto ciudadano, apreciándose un vínculo entre el mensaje de que se trate y determinado partido político o candidato.

Ahora bien, de la vinculación de los indicios antes precisados, esta Sala Superior considera que en sí mismo, el spot de mérito contiene un mensaje presuntamente encaminado a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, afirmación que se robustece si se toma en cuenta que fue transmitido en dos canales de televisión durante treinta y cinco veces, durante los tres días previos a la jornada electoral, y asimismo, que durante el período de recepción de la votación, se transmitió en dos ocasiones en un canal de televisión y se difundió en seis ocasiones en dos radiodifusoras locales.

Es decir, con los indicios que se valoran se infiere la existencia de actos indebidos de promoción en favor del candidato Manuel Añorve Baños, y asimismo, la leve posibilidad de que su difusión pudo haber influido en las preferencias electorales de los ciudadanos.

Además, como ya ha sido valorado con antelación, el spot resalta la imagen del candidato Manuel Añorve Baños.

[…]

4. Finalmente, la transmisión del spot en el que se difunde un mensaje de la Fundación Ángel de la Guarda A.C., con referencia a la señora Julieta de Añorve, agradeciéndole su participación en la labor social que desempeña la fundación en el municipio.

La difusión de mensajes realizada por una fundación civil, como tal y por sí misma, no puede constituir un acto prohibitivo en la constitución, pudiera incluso estar cobijado por la garantía de la libertad de expresión; sin embargo, en el caso, se ha demostrado que en dicho mensaje se incluyeron elementos que tienden a dar la impresión más bien de un mensaje proselitista a favor del candidato de la coalición ganadora Manuel Añorve Baños, toda vez que el contenido del spot hace referencia al agradecimiento que se da a la esposa del candidato, identificándola por el apellido paterno de éste, lo cual se presta a que el auditorio pudiera relacionar el anuncio como propaganda electoral de dicho aspirante, lo cual puede tener influencia en la preferencia de los electores tanto por el contenido como por el momento de la transmisión, pues esto ocurrió durante la jornada electoral y los tres días previos a ella, con lo cual se contraviene el artículo 41, base III, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

De conformidad con el contenido de la sentencia antes reseñada, adminiculada con las manifestaciones vertidas por las partes en sus respectivos escritos de denuncia y contestación al emplazamiento (así como las que fueron producidas en su momento durante la celebración de las audiencias celebradas los días veinticinco de febrero y cinco de abril del presente año), y las pruebas que obran en los presentes autos, se obtienen las siguientes conclusiones:

i) Tal y como lo afirmó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la resolución SUP-JRC-165/2008, debe tenerse por acreditada la difusión televisiva de los promocionales materia de inconformidad, en los canales, fechas y horarios que se precisan a continuación:

Adicionalmente, como resultado de las investigaciones practicadas por esta autoridad electoral federal, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, como resultado de los trabajos de monitoreo que tiene encomendados, detectó la difusión de una de las versiones del material impugnado (el cual ha sido descrito ya con antelación en este fallo), en los términos que se precisan a continuación:

Finalmente, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, también tuvo por acreditada en la ejecutoria del SUP-JRC-165/2008, la difusión radial de los promocionales objeto de inconformidad, como se expresa a continuación:

En ese sentido, con base en las tablas antes señaladas, puede decirse que los materiales objeto de inconformidad tuvieron cuarenta y tres impactos televisivos y seis impactos radiales, durante los meses de septiembre y octubre de dos mil ocho.

ii) En autos se encuentra acreditado que la persona moral denominada “Fundación El Ángel de la Guarda”, Asociación Civil, si bien no reconoció su responsabilidad en la contratación de los materiales de cuenta, lo cierto es que tampoco negó dicha circunstancia, lo que, adminiculado con la pertenencia y representación que ostenta la C. Julieta Fernández Márquez (de Añorve), respecto de dicha persona moral, así como las múltiples referencias que se hacen en el promocional denunciado a la ciudadana en cita, permite a esta autoridad concluir que la persona moral denunciada participó en la contratación de la difusión del promocional cuestionado.

Refuerza lo anterior, el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Tesis jurisprudencial que se reproduce en seguida:

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCE EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.—La presunción de inocencia es una garantía del acusado de una infracción administrativa, de la cual se genera el derecho a ser tenido y tratado como inocente mientras no se pruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar que las autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del poder, involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos sancionatorios, con elementos simples y sin fundamento en un juicio razonable sobre su autoría o participación en los hechos imputados. A través de esta garantía se exige, que las autoridades sancionadoras reciban o recaben pruebas idóneas, aptas y suficientes, con respeto irrestricto de todas las formalidades y requisitos del debido proceso legal, sin afectación no autorizada de los derechos fundamentales, y mediante investigaciones exhaustivas y serias, dirigidas a conocer la verdad objetiva de los hechos denunciados y de los relacionados con ellos, respecto al objeto de la investigación, mientras no se cuente con los elementos con grado suficiente de convicción sobre la autoría o participación en los mismos del indiciado, para lo cual deberán realizarse todas las diligencias previsibles ordinariamente a su alcance, con atención a las reglas de la lógica y a las máximas de experiencia, dentro de la situación cultural y de aptitud media requerida para ocupar el cargo desempeñado por la autoridad investigadora, y que esto se haga a través de medios adecuados, con los cuales se agoten las posibilidades racionales de la investigación, de modo que, mientras la autoridad sancionadora no realice todas las diligencias necesarias en las condiciones descritas, el acusado se mantiene protegido por la presunción de inocencia, la cual desenvuelve su protección de manera absoluta, sin verse el indiciado en la necesidad de desplegar actividades probatorias en favor de su inocencia, más allá de la estricta negación de los hechos imputados, sin perjuicio del derecho de hacerlo; pero cuando la autoridad responsable cumple adecuadamente con sus deberes y ejerce en forma apropiada sus poderes de investigación, resulta factible superar la presunción de inocencia con la apreciación cuidadosa y exhaustiva de los indicios encontrados y su enlace debido, y determinando, en su caso, la autoría o participación del inculpado, con el material obtenido que produzca el convencimiento suficiente, el cual debe impeler al procesado a aportar los elementos de descargo con que cuente o a contribuir con la formulación de inferencias divergentes, para contrarrestar esos fuertes indicios, sin que lo anterior indique desplazar el onus probandi, correspondiente a la autoridad, y si el indiciado no lo hace, le pueden resultar indicios adversos, derivados de su silencio o actitud pasiva, porque la reacción natural y ordinaria de una persona imputada cuya situación se pone en peligro con la acumulación de pruebas incriminatorias en el curso del proceso, consiste en la adopción de una conducta activa de colaboración con la autoridad, en pro de sus intereses, encaminada a desvanecer los indicios perniciosos, con explicaciones racionales encaminadas a destruirlos o debilitarlos, o con la aportación de medios probatorios para acreditar su inocencia.

Recurso de apelación. SUP-RAP-036/2004.—Partido Revolucionario Institucional.—2 de septiembre de 2004.—Unanimidad en el criterio.— Ponente: Leonel Castillo González.—Secretaria: Mónica Cacho Maldonado.

Sala Superior, tesis S3EL 017/2005.

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 791-793.”

iii) Del mismo modo, se encuentra acreditado que el contenido de los promocionales en cita, contienen elementos alusivos al C. Manuel Añorve Baños, otrora candidato postulado por la Coalición Juntos para Mejorar para ocupar el cargo de Presidente Municipal del Municipio de Acapulco, Guerrero, durante el proceso electoral 2007-2008 celebrado en dicha entidad, tales como los siguientes:

a)     En primer término la identificación y referencia de la C. Julieta Fernández Márquez, cónyuge del candidato en cita, a quien dentro del promocional se le identifica como Julieta de Añorve, es decir, con el apellido paterno del candidato en comento.

b)     La referencia constante, durante el promocional, al apellido paterno del candidato en cita (Añorve), mediante la inserción de leyendas y menciones en el audio.

c)     La inclusión de una imagen en la que se aprecia una manta cuyo único contenido perceptible es la palabra “Añorve”.

iv) Finalmente, debe decirse que el lapso en el que fue difundido el promocional de referencia, el cual fue coincidente con el de la celebración de los comicios en el estado de Guerrero [en el que contendió como candidato el C. Manuel Añorve Baños], genera en esta autoridad ánimo de convicción para afirmar, como lo expresó ya la propia Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que las alusiones contenidas en el promocional en cuestión, iban expresamente encaminadas a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, afirmación que se robustece si se toma en cuenta que fue transmitido treinta y cinco veces en dos canales de televisión, los tres días previos a la jornada electoral, y que durante el período de recepción de la votación, se transmitió en dos ocasiones en un canal de televisión y se difundió en seis ocasiones en dos radiodifusoras locales.

Así las cosas, resulta atinente precisar que como ya quedó asentado en las consideraciones generales expresadas en este fallo, las personas físicas o morales tienen la obligación de abstenerse de contratar propaganda en radio y televisión que se encuentre dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Prohibición que se encuentra contenida en el artículo 49, párrafo 4 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, ya que de ser así se actualizaría la infracción contenida en el artículo 345, párrafo 1, inciso b), mismo que en la parte conducente señala que:

“Artículo 345

1.     Constituyen infracciones de los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a partidos políticos, o en su caso de cualquier persona física o moral, al presente Código:

…

b) Contratar propaganda en radio y televisión, tanto en territorio nacional como en el extranjero, dirigida a la promoción personal con fines políticos o electorales, a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, o a favor o en contra de partidos políticos o candidatos a cargos de elección popular.”

En este sentido, cabe destacar que en autos se cuenta con elementos suficientes para afirmar que la persona moral denominada “Fundación El Ángel de la Guarda”, Asociación Civil, ordenó la transmisión del spot que fue difundido el día cinco de octubre de dos mil ocho, durante la celebración del partido de futbol soccer entre los equipos “Pumas” y “América”, a las trece horas aproximadamente, en el canal 2, XHAP-TV del estado de Guerrero, estación repetidora de la señal del canal 2, XEW-TV de la Ciudad de México Distrito Federal, tal y como consta en el oficio remitido por la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía a esta autoridad.

Sin que pase inadvertido que en el caso de Televisión Azteca, S.A. de C.V., dicho promocional fue difundido durante los meses de septiembre y octubre, como se expresó ya con antelación en el presente considerando.

En dicho promocional, si bien se hace referencia a las acciones que ha realizado la Fundación El Ángel de la Guarda, A.C., relacionada con sus programas de ayuda social a los ciudadanos de la localidad de Acapulco de Juárez, Guerrero (consistentes en impartir servicios médicos, agua potable y asesoría, tanto a niños, jóvenes, madres solteras y adultos mayores), cierto es que también se pone de manifiesto que durante el desarrollo de tales materiales, existe particular énfasis en el nombre de la persona que realiza tales acciones.

Lo anterior, en virtud de que en la parte inferior de las versiones televisivas se encuentra un cintillo que contiene la siguiente leyenda: “Fundación Ángel de la Guarda, A. C.” seguido del nombre: Julieta de Añorve, persona que de acuerdo a la información proporcionada por el Titular de la Notaria número 1, del Distrito Judicial de Tabares, Guerrero, es la Presidenta Ejecutiva de tal Fundación, y quien de acuerdo a constancias que obran en autos se identificó con credencial para votar con fotografía, con número de folio 0000077467817 y de la que se advierte que su nombre correcto es Julieta Fernández Márquez.

Bajo estas premisas, se observa que el empleo del apellido “Añorve” seguido del nombre de Julieta, quien es titular de la Fundación en comento, en el spot que fue difundido el día cinco de octubre de dos mil ocho en el estado de Guerrero, en el canal 2, XHAP-TV de tal entidad federativa, estación repetidora de la señal del canal 2, XEW-TV de la Ciudad de México, es innecesario al tratarse de un promocional alusivo a la persona moral denunciada, cuyos objetivos de acuerdo a su acta constitutiva (instrumento número seis mil cuatrocientos siete, de fecha dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, pasado ante la fe del notario Público, número Uno del Distrito Judicial de Tabares) consisten en:

         La prestación de servicios de asistencia, de educación y/o capacitación y en general de todo tipo de orientación social a personas menores de edad, cuyas familias, comunidades y/o grupos sociales se encuentran en situaciones de riesgo y de exclusión social por condiciones de pobreza; por situaciones de desastre natural o de conflictos sociales o porque dichos menores, sufran además de algún tipo de discapacidad. En todos los casos anteriores, se brindaran servicios de capacitación y apoyo a sus familiares.

         Desarrollar, redes de apoyo que permitan el desarrollo y el fortalecimiento de la persona humana, para que ella este en posibilidad de desarrollar y enfrentar sus propias opciones de vida y de superación de las condiciones adversas más allá de cualquier ayuda de tipo provisional y coyuntural.

         Fortalecer, los espacios de formación infantil y juvenil más allá de la escolaridad básica.

         La creación y desarrollo de centros, guarderías, talleres y demás establecimientos que sean necesarios para la mejor realización de su objeto social.

         La adquisición de toda clase de bienes muebles y de los inmuebles que sean necesarios para el desarrollo de su objeto social.

         Recibir todo tipo de donativos.

         En general, la ejecución de todos los actos y la celebración de los contratos que sean necesarios o convenientes para el mejor desarrollo de su objeto social.

No obstante lo anterior, en el desarrollo del promocional de mérito, se observa el nombre de quien dice ser “Julieta de Añorve”, persona que aparece durante todo el spot, y al final de este se observa el agradecimiento de una persona del sexo femenino en el que manifiesta: “Gracias señora de Añorve porque sí cumple con su palabra- Gracias señora de Añorve”, siendo que su nombre correcto y completo es el de Julieta Fernández Márquez.

En este orden de ideas, tal y como lo afirmó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las ejecutorias relativas al SUP-JRC-165/2008 y SUP-RAP-45/2009 y acumulados, válidamente puede sostenerse que los materiales en comento, contrario a lo argumentado por el representante de la “Fundación El Ángel de la Guarda”, Asociación Civil, durante la audiencia de pruebas y alegatos celebrada el día veinticinco de febrero de dos mil nueve, sí constituyen propaganda dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos a favor del C. Manuel Añorve Baños, entonces candidato a la Presidencia Municipal del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, toda vez que la idea que transmite con dicho promocional pretende identificar los logros de la Asociación Civil de referencia con un signo de identificación del entonces candidato referido, como lo es en el caso, su apellido paterno.

Es por las anteriores consideraciones que se advierte que la contratación de tiempo en televisión por parte de la “Fundación El Ángel de la Guarda”, Asociación Civil, para la transmisión del promocional en comento, se realizó, entre otras razones con el propósito de influir en las preferencias electorales de los ciudadanos de dicho estado de la República, a favor del ahora Presidente Municipal de Acapulco de Juárez, Manuel Añorve Baños (circunstancia que también es sostenida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación).

Máxime que el mismo fue transmitido el mismo día en que se llevó a cabo el proceso comicial en el estado de Guerrero, esto es el cinco de octubre de dos mil ocho, tal y como consta en autos, dentro de un evento deportivo y de entretenimiento para la población, el cual por sus características (partido de futbol soccer) es susceptible de ser visto por la mayoría de los habitantes del lugar, lo que trae como consecuencia el que la difusión del spot en cita se haya llevado a cabo con el objeto de favorecer al entonces candidato por la Coalición “Juntos para Mejorar” C. Manuel Añorve Baños, esposo de la Presidenta Ejecutiva de la Fundación “El Ángel de la Guarda”, Asociación Civil, C. Julieta Fernández Márquez.

En consecuencia la persona moral denunciada no dio cumplimiento a la obligación que le es exigible de abstenerse de contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular.

En mérito de lo anterior, se declara fundada la denuncia planteada en contra de la Fundación “El Ángel de la Guarda”, A.C., respecto de los hechos sintetizados en el presente apartado.

10.- Que por lo que hace a las conductas que se les imputa a las empresas Televimex, S.A. de C.V. (concesionaria del canal 2 de televisión en Acapulco, Gro., y con distintivo de llamada XHAP-TV); Televisión Azteca, S.A. de C.V. (concesionaria del canal 10 de televisión en Acapulco, Gro., y con distintivo de llamada XHIE-TV); Estereo Ritmo, S.A. (concesionaria de la frecuencia radial 96.9 de Acapulco, Gro., con distintivo de llamada XHNS-FM) y XHPO-FM, S.A. de C.V. (concesionaria de la frecuencia radial 103.9 de Acapulco, Gro., con distintivo de llamada XHPO-FM); consistente en la transmisión de los promocionales que han quedado señalados en las líneas que anteceden, se establece lo siguiente:

En principio, resulta conveniente citar el contenido del artículo 350, párrafo 1, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a saber:

“Artículo 350

1. Constituyen infracciones al presente Código de los concesionarios o permisionarios de radio y televisión:

a) La venta de tiempo de transmisión, en cualquier modalidad de programación, a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular;

b) La difusión de propaganda política o electoral, pagada o gratuita, ordenada por personas distintas al Instituto Federal Electoral;

(…)

En ese orden de ideas, en autos se encuentra acreditado que las empresas Televimex, S.A. de C.V. (concesionaria del canal 2 de televisión en Acapulco, Gro., y con distintivo de llamada XHAP-TV); Televisión Azteca, S.A. de C.V. (concesionaria del canal 10 de televisión en Acapulco, Gro., y con distintivo de llamada XHIE-TV); Estereo Ritmo, S.A. (concesionaria de la frecuencia radial 96.9 de Acapulco, Gro., con distintivo de llamada XHNS-FM) y XHPO-FM, S.A. de C.V. (concesionaria de la frecuencia radial 103.9 de Acapulco, Gro., con distintivo de llamada XHPO-FM), transmitieron promocionales durante los meses de septiembre y octubre de dos mil ocho, cuyo tiempo aire fue adquirido por parte de la Fundación Ángel de la Guarda A.C., en los lapsos que se detallan a continuación:

i) Tal y como lo afirmó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la resolución SUP-JRC-165/2008, debe tenerse por acreditada la difusión televisiva de los promocionales materia de inconformidad, en los canales, fechas y horarios que se precisan a continuación:

IMPACTOS TELEVISIVOS A LOS QUE ALUDE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

IMPACTOS TELEVISIVOS A LOS QUE ALUDE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS

IMPACTOS RADIALES A LOS QUE ALUDE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN ESTACIÓN FRECUENCIA

En ese sentido, si bien es cierto que la venta de tiempo aire para la difusión de los anuncios de mérito, por parte de la televisora aludida, pudiera considerarse, en principio, infractora de la hipótesis restrictiva prevista en el artículo 350, párrafo 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en consideración de esta autoridad, no se cuenta con elementos suficientes para poder establecer un juicio de reproche en contra de esos concesionarios.

Lo anterior, porque los concesionarios en cuestión, realizaron la operación mercantil correspondiente con una asociación civil, es decir, una persona moral de derecho privado cuyo objeto social no guarda relación alguna con los fines que constitucional y legalmente corresponden a los partidos políticos.

En efecto, la compraventa del tiempo aire para la difusión de la propaganda denunciada, fue realizada, por un lado, por la Fundación El Ángel de la Guarda, A.C., y por la otra, por cada uno de los concesionarios antes mencionados. En ese sentido, resultaría jurídicamente inviable pretender responsabilizar a las televisoras y radiodifusoras señaladas, cuando las mismas obraron de buena fe, realizando una operación de carácter comercial, al amparo de su título de concesión.

Ahora bien, debe decirse que tampoco es dable responsabilizar a los concesionarios de marras, en razón de que tales medios de comunicación, no pueden asumir el papel de censores, o bien, de revisores de los contenidos que les son proporcionados para su difusión, pues asumir esa postura podría implicar ir en contra de una de las garantías individuales que consagra la Ley Fundamental: la libertad de expresión.

Finalmente, en autos no se cuenta con elementos suficientes que demuestren la intención de los concesionarios de mérito, de infringir la normativa comicial federal, dado que, como ya se mencionó, obraron de buena fe al enajenar el tiempo aire referido (el cual fue adquirido por una asociación civil), y en cumplimiento a las actividades inherentes a su título de concesión.

En razón de todo lo anteriormente expuesto, el presente procedimiento especial sancionador, por lo que hace a las empresas Televimex, S.A. de C.V. (concesionaria del canal 2 de televisión en Acapulco, Gro., y con distintivo de llamada XHAP-TV); Televisión Azteca, S.A. de C.V. (concesionaria del canal 10 de televisión en Acapulco, Gro., y con distintivo de llamada XHIE-TV); Estéreo Ritmo, S.A. (concesionaria de la frecuencia radial 96.9 de Acapulco, Gro., con distintivo de llamada XHNS-FM) y XHPO-FM, S.A. de C.V. (concesionaria de la frecuencia radial 103.9 de Acapulco, Gro., con distintivo de llamada XHPO-FM), deberá declararse infundado.

11.- Por cuanto a la presunta responsabilidad de los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, quienes en el proceso local guerrerense de dos mil ocho, integraron la Coalición “Juntos para Mejorar” y postularon como candidato a Presidente Municipal de Acapulco, Gro., al C. Manuel Añorve Baños, es preciso señalar lo siguiente:

En el escrito por el cual comparece al procedimiento, el representante suplente del Partido Revolucionario Institucional afirmó medularmente en su defensa, lo siguiente:

i.            Que no se cuenta con elementos de convicción suficientes para considerar que los hechos materia de análisis, son atribuibles a ese instituto político.

ii.            Que en autos no había constancia alguna demostrando que el Partido Revolucionario Institucional haya participado, coadyuvado o influido en la contratación de los materiales denunciados.

iii.            Que no existe elemento probatorio alguno que vincule directamente al Partido Revolucionario Institucional con la comisión de los hechos denunciados.

Por otra parte, quien compareció en nombre y representación del Partido Verde Ecologista de México a la audiencia de ley celebrada el día cinco de abril del presente año, expresó como argumentos de defensa, los siguientes:

i.            Que del análisis realizado al material impugnado, se advierte que en ningún momento se está difundiendo propaganda electoral, ya que no se está solicitando el voto de los ciudadanos a favor de persona alguna, a fin de lograr un cargo de elección popular.

ii.            Que la utilización de un apellido no puede considerarse como un elemento válido y definitivo para establecer el hecho de que tuvo una influencia clara y directa sobre los electores que ejercieron su derecho en las urnas.

iii.            Que en los materiales denunciados, en ningún momento se observan válidamente elementos en los cuales se identifique al que fuera el candidato a Presidente Municipal de Acapulco, postulado por la Coalición “Juntos para Mejorar”, o bien, a los partidos que integraron la misma.

En ese sentido, del análisis expresado a los argumentos en cuestión, se colige de manera sintética que las defensas hechas valer por quienes integraron la Coalición “Juntos para Mejorar”, son del tenor siguiente:

         • Que los materiales en cuestión no pueden estimarse como propaganda destinada a influir en la preferencia de los electores.

         • Que no existen elementos suficientes para vincular a los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México con la difusión de los materiales en cuestión.

Por cuanto al primero de tales argumentos, debe decirse que el mismo es inatendible, en razón de lo siguiente:

Como se afirmó ya con antelación en este fallo, en autos se cuenta con elementos suficientes para afirmar que la difusión de los materiales radiales y televisivos objeto del presente expediente, iban expresamente encaminados a influir en las preferencias del electorado acapulqueño, con miras a la elección celebrada en el año dos mil ocho, y en la cual se renovó el ayuntamiento correspondiente a ese municipio.

En efecto, como lo afirmó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las ejecutorias SUP-JRC-165/2008 y SUP-RAP-45/2009 (y tal y como ya se expresó con antelación en el presente fallo), los materiales en comento sí constituyen propaganda dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, la cual se liberó al espectro radioeléctrico con el ánimo de favorecer al C. Manuel Añorve Baños, entonces candidato a la Presidencia Municipal del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero.

Lo anterior, porque la idea transmitida con tales mensajes, pretende identificar los logros de la Asociación Civil de referencia con el entonces candidato referido, como lo es en el caso, su apellido paterno.

Adicionalmente, no debe soslayarse que los anuncios en cuestión fueron transmitidos el día en que se llevó a cabo la jornada electoral guerrerense (el cinco de octubre de dos mil ocho), lo cual evidentemente tuvo por objeto favorecer al entonces candidato postulado por la Coalición “Juntos para Mejorar”, el C. Manuel Añorve Baños, y quién, como ya se expresó, es el esposo de la Presidenta Ejecutiva de la Fundación “El Ángel de la Guarda”, Asociación Civil.

En ese sentido, esta autoridad considera que no le asiste la razón a los partidos Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México, tocante a que los materiales en cuestión no pueden calificarse como propaganda dirigida a influir en las preferencias del electorado.

Ahora bien, por cuanto al segundo motivo de defensa hecho valer por los partidos antes aludidos, se estima también que el mismo es improcedente, por lo que se expondrá a continuación:

Para esta autoridad, es inconcuso que la difusión de los mensajes antes referidos, conculca las disposiciones contenidas en los artículos 49, párrafo 3 y 342, párrafo 1, inciso i) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Conforme a lo preceptuado en el artículo 41, Base III, apartado A) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los partidos políticos [por sí o a través de terceras personas], se encuentran jurídicamente impedidos para contratar tiempos en radio y televisión, bajo cualquier modalidad.

En la misma línea argumentativa, el código comicial federal reputa como infracción administrativa, la venta de tiempo de transmisión [en cualquier modalidad de programación], a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, por parte de los concesionarios y permisionarios de radio y televisión.

En el caso a estudio, dichos supuestos normativos se estiman actualizados, pues quedó acreditado que la Fundación El Ángel de la Guarda, A.C. (cuya presidenta ejecutiva es la esposa del C. Manuel Añorve Baños, otrora candidato a Presidente Municipal postulado por la Coalición “Juntos por Mejorar”), contrató con Televimex, S.A. de C.V., Televisión Azteca, S.A. de C.V., Estéreo Radio, S.A. y XHPO-FM, S.A. de C.V., la difusión de los materiales objeto de análisis, en cuarenta y tres ocasiones (versión televisiva) y seis impactos radiales, durante los meses de septiembre y octubre de dos mil ocho.

Al efecto, como ya se afirmó con antelación, los promocionales en cuestión contienen elementos que permiten vincular a quien encabeza la asociación civil ya aludida, con el entonces candidato edilicio que postuló la Coalición “Juntos para Mejorar” (integrada por los partidos políticos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México).

Lo anterior, porque los promocionales en comento, utilizan el vocablo “Añorve”, el cual, como ya se expresó, generó en el destinatario, la idea de que los programas de ayuda social de esa fundación, estaban relacionados o vinculados con quien al día de hoy, es el Presidente Municipal de Acapulco de Juárez, Gro. (el C. Manuel Añorve Baños).

En efecto, tal y como lo afirmó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los promocionales aludidos iban encaminados a influir positivamente la preferencia del electorado acapulqueño, con la finalidad de favorecer al C. Manuel Añorve Baños, máxime que, como ya se sostuvo con anterioridad en esta resolución, se utilizó el apellido “Añorve” con miras de lograr el objetivo asentado en el párrafo precedente.

En tal virtud, la difusión de los anuncios de cuenta efectivamente debe considerarse como una conducta infractora del marco jurídico aplicable en materia electoral federal.

Ahora bien, aun cuando los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México aluden que no pueden ser responsabilizados por la difusión de la propaganda impugnada, se estima que, contrario a lo afirmado por tales institutos políticos, sí es dable imputarles responsabilidad por la comisión de la falta administrativa, por lo siguiente:

Los partidos denunciados refieren que en los materiales de cuenta, no se advierte elemento alguno que los vincule con tales anuncios, señalando también que no intervinieron en la contratación y transmisión de los mismos; por lo que a su decir no podrían ser reprochados por la conducta presuntamente infractora.

Al efecto, debe recordarse que en el Derecho Administrativo Sancionador Electoral, existe la figura de la culpa in vigilando, es decir, la responsabilidad que surge en contra de una persona (física o jurídica), por la comisión de un hecho infractor del marco jurídico, misma que le es imputable por el incumplimiento del deber de cuidado que la ley le impone.

Esta figura está reconocida en el artículo 38, párrafo 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente, el cual impone a los partidos políticos, la obligación de conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado Democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos.

En dicho precepto se recoge el principio de “respeto absoluto de la norma legal”, el cual implica que toda persona debe respetar el mandato legal por sí mismo, ya que el ordenamiento jurídico fue dado por quien encarna la soberanía (el Legislador), quien para emitir ese cuerpo normativo tomó en cuenta el bienestar social de la colectividad. En consecuencia, si el legislador estableció determinados preceptos para la convivencia social, el simple hecho de violar tales disposiciones afecta los derechos esenciales de la comunidad.

La incorporación del principio antes mencionado al citado artículo 38, párrafo 1, inciso a) del código electoral federal, es de capital importancia por dos razones fundamentales:

         Porque establece una obligación de respeto a la ley para una persona jurídica (partido político), lo cual es acorde con lo establecido en los artículos 39, 341, párrafo 1, inciso a); y 342, párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de cuya interpretación conjunta se advierte que un partido político nacional, como tal, será sancionado, por la violación a esa obligación de respeto a la ley (con independencia de las responsabilidades en las que incurran sus dirigentes, miembros o simpatizantes).

         Porque con tal disposición el sistema legal positivo se aparta del concepto clásico de culpabilidad, elemento que tradicionalmente sólo podía existir si se comprobaba un nexo causal entre determinada conducta y un resultado, y siempre sobre la base del dolo o de la culpa (imprudencia) en su forma de expresión clásica. En el precepto en examen se resalta, como violación esencial, la simple trasgresión a la norma por sí misma, como base de la responsabilidad.

Ahora bien, uno de los aspectos relevantes del precepto que se analiza es la figura de garante, que permite explicar satisfactoriamente la responsabilidad del partido político, en cuanto que éste debe garantizar que la conducta de sus militantes se ajuste a los principios del Estado Democrático, entre cuyos elementos destaca el respeto absoluto a la legalidad, de tal manera que las infracciones por ellos cometidas constituyen el correlativo incumplimiento de la obligación del garante (partido político), que determina su responsabilidad, por haber aceptado, o al menos, tolerado, las conductas realizadas dentro de las actividades propias del instituto político, lo que implica, en último caso, la aceptación de sus consecuencias y posibilita la sanción al partido, sin perjuicio de la responsabilidad individual.

De esta forma, si el partido político no realiza las acciones de prevención necesarias será responsable, bien porque acepta la situación (dolo), o bien porque la desatiende (culpa).

Lo anterior permite evidenciar, en principio, la responsabilidad de los partidos políticos y de sus militantes; sin embargo las personas jurídicas excepcionalmente podrían verse afectadas con el actuar de terceros que no necesariamente se encuentran dentro de su organigrama, supuesto en el cual también asumen la posición de garante sobre la conducta de tales sujetos. Esto se demuestra porque de las prescripciones que los partidos políticos deben observar en materia de campañas y propaganda electorales, se advierte que pueden ser incumplidas a través de sus dirigentes, miembros, así como, en ciertos casos, simpatizantes y terceros, de lo cual tendrán responsabilidad.

En efecto, pueden existir personas que, aun cuando no tengan algún carácter partidario o nexo con el instituto político, sin embargo lleven a cabo acciones u omisiones que tengan consecuencias en el ámbito de acción de los partidos, y eso da lugar a que sobre tales conductas, el partido desempeñe también el papel de garante.

En esa virtud, las conductas de cualquiera de los dirigentes, miembros, simpatizantes, trabajadores de un partido político, o incluso de personas distintas, siempre que sean en interés de esa entidad o dentro del ámbito de actividad del partido, con las cuales se configure una trasgresión a las normas establecidas, y se vulneren o pongan en peligro los valores que tales normas protegen, es responsabilidad del propio partido político, porque entonces habrá incumplido su deber de vigilancia.

Cabe destacar que los anteriores razonamientos son consistentes con los criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, vertidos dentro de la resolución recaída al recurso de apelación SUP-RAP-018/2003, emitida por la Sala Superior de ese órgano jurisdiccional, y que a la postre sirvió como base para la emisión de la siguiente tesis relevante:

“PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES. La interpretación de los artículos 41, segundo párrafo, bases I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 38, apartado 1, inciso a) y 269, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales permite concluir, que los partidos políticos son personas jurídicas que pueden cometer infracciones a disposiciones electorales a través de sus dirigentes, militantes, simpatizantes, empleados e incluso personas ajenas al partido político. Para arribar a esta conclusión, se tiene en cuenta que las personas jurídicas (entre las que se cuentan los partidos políticos) por su naturaleza, no pueden actuar por sí solas, pero son susceptibles de hacerlo a través de acciones de personas físicas, razón por la cual, la conducta legal o ilegal en que incurra una persona jurídica sólo puede realizarse a través de la actividad de aquéllas. El legislador mexicano reconoce a los partidos políticos como entes capaces de cometer infracciones a las disposiciones electorales a través de personas físicas, tanto en la Constitución federal, al establecer en el artículo 41 que los partidos políticos serán sancionados por el incumplimiento de las disposiciones referidas en el precepto, como en el ámbito legal, en el artículo 38, que prevé como obligación de los partidos políticos conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático; este precepto regula: a) el principio de respeto absoluto de la norma, que destaca la mera transgresión a la norma como base de la responsabilidad del partido, lo que es acorde con el artículo 269 mencionado, el cual dispone que al partido se le impondrá una sanción por la violación a la ley y, b) la posición de garante del partido político respecto de la conducta de sus miembros y simpatizantes, al imponerle la obligación de velar porque ésta se ajuste a los principios del Estado democrático, entre los cuales destaca el respeto absoluto a la legalidad, de manera que las infracciones que cometan dichos individuos constituyen el correlativo incumplimiento de la obligación del garante –partido político– que determina su responsabilidad por haber aceptado o al menos tolerado las conductas realizadas dentro de las actividades propias del instituto político; esto conlleva, en último caso, la aceptación de las consecuencias de la conducta ilegal y posibilita la sanción al partido, sin perjuicio de la responsabilidad individual. El partido político puede ser responsable también de la actuación de terceros que no necesariamente se encuentran dentro de su estructura interna, si le resulta la calidad de garante de la conducta de tales sujetos. Lo anterior sobre la base de que, tanto en la Constitución como en la ley electoral secundaria, se establece que el incumplimiento a cualquiera de las normas que contienen los valores que se protegen con el establecimiento a nivel constitucional de los partidos políticos, acarrea la imposición de sanciones; estos valores consisten en la conformación de la voluntad general y la representatividad a través del cumplimiento de la función pública conferida a los partidos políticos, la transparencia en el manejo de los recursos, especialmente los de origen público, así como su independencia ideológica y funcional, razón por la cual es posible establecer que el partido es garante de la conducta, tanto de sus miembros, como de las personas relacionadas con sus actividades, si tales actos inciden en el cumplimiento de sus funciones, así como en la consecución de sus fines. Lo anterior se ve reforzado con lo establecido en la doctrina, en el sentido de que los actos que los órganos estatutarios ejecutan en el desempeño de las funciones que les competen se consideran como actos de la propia persona jurídica, y del deber de vigilancia de la persona jurídica ―culpa in vigilando― sobre las personas que actúan en su ámbito.

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.

Sala Superior, tesis S3EL 034/2004.

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 754-756.”

Sentadas estas consideraciones, debe decirse que esta autoridad estima que en el caso a estudio, los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México no pueden ser eximidos respecto de la comisión de las faltas administrativas que les fueron imputadas.

Lo anterior, porque como lo ha sostenido la Sala Superior del tribunal federal electoral en la tesis relevante antes mencionada, los partidos políticos son responsables tanto del actuar de sus militantes o simpatizantes, como de las conductas realizadas por aquellos terceros que, sin pertenecer a esos institutos políticos, de alguna forma estén vinculados con ellos, al imponérseles a esas organizaciones partidarias, la calidad de garante respecto de los últimos sujetos mencionados.

Al respecto, el concepto militante, según el Diccionario Electoral del Instituto Nacional de Estudios Políticos, A.C., puede definirse de la siguiente forma:

“MILITANTE. Persona que teniendo la calidad de ciudadano, se encuentra afiliado a un partido político, previo ejercicio de su derecho consignado constitucionalmente de decidir libre, individual y voluntariamente cuál es el partido político a que ha de afiliarse.

El militante partidista debe cumplir puntualmente con las obligaciones que le imponen los estatutos y reglamentos de ese instituto político, aportando las cuotas respectivas, participando en los actos partidistas y de campaña y votando por los candidatos que proponga el partido en que milita; asimismo, tiene derecho a ser designado candidato a un puesto de elección popular para competir por el mismo, en representación de su partido e intervenir en todo los actos que los estatutos contemplen como reuniones en que intervienen los militantes.”

Por su parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido en la tesis relevante S3EL 121/2001, lo siguiente:

“MILITANTE O AFILIADO PARTIDISTA. CONCEPTO.—La acepción militante o afiliado contenida en los artículos 26, 27, 28 y 38 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se refiere a los ciudadanos mexicanos que formalmente pertenecen a un partido político, quienes participan en las actividades propias del mismo instituto ya sea en su organización o funcionamiento, y que estatutariamente cuentan con derechos, como el de ser designados candidatos a un puesto de elección popular, y obligaciones, como la de aportar cuotas.

Recurso de apelación. SUP-RAP-011/2001.—Partido de la Revolución Democrática.—19 de abril de 2001.—Mayoría de cinco votos.—Ponente: José Fernando Ojesto Martínez Porcayo.—Disidente: José Luis de la Peza, quien votó por el desechamiento.—Secretario: Alfredo Rosas Santana.”

En el caso a estudio, tal y como lo afirmó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los promocionales de marras utilizan diversas frases en las cuales se contiene el apellido “Añorve”, tales como: “FUNDACIÓN ÁNGEL DE LA GUARDA, A.C. JULIETA DE AÑORVE”, “Gracias señora de Añorve porque sí cumple con su palabra, gracias señora de Añorve”.

En ese orden de ideas, para esta autoridad, resulta inconcuso que los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México (quienes en la elección local guerrerense de dos mil ocho, estuvieron coaligados bajo la Coalición “Juntos para Mejorar”), deben ser responsabilizados por la difusión de los promocionales impugnados, toda vez que si bien es cierto manifestaron que no habían participado u ordenado las conductas de mérito, ello no es suficiente para eximirlos respecto de las faltas imputadas.

Lo anterior, porque ninguno de esos institutos políticos en modo alguno mencionó y mucho menos acreditó ante esta institución, haber adoptado acciones eficaces para evitar los actos infractores en comento (en la especie, que se estuviera difundiendo propaganda encaminada a influir en las preferencias de los electores, conteniendo el apellido de quien era su candidato a Presidente Municipal de Acapulco, Gro.), razón por la cual ello conduce a esta autoridad a observar la existencia de cuando menos un acto de tolerancia de dichas conductas contrarias al principio de legalidad.

Al efecto, los partidos en cuestión bien pudieron haber adoptado alguna de las medidas previstas en su normatividad interna, encaminadas a inhibir la difusión de los materiales impugnados, lo cual en la especie no aconteció.

Ahora bien, dado lo ostensible de los mensajes en comento, los cuales fueron transmitidos en frecuencias televisivas y radiales con cobertura en la ciudad de Acapulco, Gro., esta autoridad considera que los integrantes de la extinta Coalición “Juntos para Mejorar” tuvieron conocimiento de los alcances del comportamiento de la esposa de uno de sus miembros, y no obstante ello, omitieron agotar la medidas a su alcance para evitar la conculcación de la normativa electoral, lo cual crea ánimo de convicción en esta institución, para afirmar que hubo una actitud pasiva por parte de los institutos políticos denunciados, ante la comisión de una falta administrativa.

Al efecto, en estricto apego a las reglas de la lógica, la sana crítica y las de la experiencia, esta autoridad considera que los partidos que integraron la Coalición “Juntos por Mejorar”, obraron con falta de cuidado al tolerar la contratación y difusión de los multicitados anuncios.

Por otra parte, no pasa desapercibida la actitud de los aludidos partidos políticos, quienes omitieron presentar denuncia alguna deslindándose de esos mensajes, ni mucho menos acreditaron haber adoptado las medidas estatutarias y reglamentarias a su alcance para cesar esa conducta, pues dadas las características y lo ilegal de su transmisión, resulta lógico pensar que si en verdad hubiesen estado en desacuerdo con ellos habría asumido una actitud de claro deslinde, en forma espontánea e inmediata, pues resulta inverosímil que, dado lo ostensible de tal propaganda, y sus circunstancias de modo, tiempo y lugar, tales mensajes hubiesen pasado inadvertidos, por lo que su silencio puede ser valorado como un indicio en su perjuicio, ya que su inactividad contribuye a formar una inferencia de autoría o participación en los hechos ilícitos, concatenada con los demás elementos que obran en autos.

Así las cosas, resulta es evidente que, a la luz de la relación costo-beneficio, puede afirmarse con certeza que quienes estaban mayormente interesados en la realización de la conducta irregular fueron los partidos integrantes de la extinta Coalición “Juntos para Mejorar” (partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México).

Por todo lo anteriormente expuesto en este considerando, se concluye que los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México [como integrantes de la extinta Coalición “Juntos para Mejorar”], efectivamente incurrieron en la violación a los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 3 y 342, párrafo 1, inciso i) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, razón por la cual el presente procedimiento especial sancionador, en lo relacionado con las conductas que les fueron imputadas, deberá declararse fundado.

12.- Que una vez que ha quedado demostrada plenamente la comisión del ilícito y la responsabilidad de la persona moral denominada “Fundación El Ángel de la Guarda”, Asociación Civil, se procede a imponer la sanción correspondiente.

El artículo 354, párrafo 1, inciso d) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente a partir del quince de enero de dos mil ocho, establece las sanciones aplicables a las personas morales, a saber:

“Artículo 354

1. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas conforme a lo siguiente:

d) Respecto de los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a los partidos políticos, o de cualquier persona física o moral:

I. Con amonestación pública;

II. Respecto de los ciudadanos, o de los dirigentes y afiliados a los partidos políticos: con multa de hasta quinientos días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal; en el caso de aportaciones que violen lo dispuesto en este Código, o tratándose de la compra de tiempo en radio y televisión para la difusión de propaganda política o electoral, con el doble del precio comercial de dicho tiempo; y

III. Respecto de las personas morales por las conductas señaladas en la fracción anterior: con multa de hasta cien mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, en el caso de aportaciones que violen lo dispuesto en este Código, o tratándose de la compra de tiempo en radio y televisión para la difusión de propaganda política o electoral, con el doble del precio comercial de dicho tiempo; […]”

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro de las Tesis de Jurisprudencia identificadas con los rubros “ARBITRIO PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES. LO TIENE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL” y “SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN”, con claves S3ELJ 09/2003 y S3ELJ 24/2003 respectivamente, señala que respecto a la individualización de la sanción que se debe imponer a un partido político nacional por la comisión de alguna irregularidad, el Consejo General del Instituto Federal Electoral, para fijar la sanción correspondiente, debe tomar en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la comisión de la falta.

I. Así, para calificar debidamente la falta, la autoridad debe valorar:

El tipo de infracción

En primer término, es necesario precisar que las normas transgredidas por “Fundación El Ángel de la Guarda”, Asociación Civil, fueron los artículos 41, base III, Apartado A, inciso g), tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 49, párrafo 4 en relación con el artículo 345, párrafo 1, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Con base en lo anteriormente expuesto, puede establecerse la finalidad o valor protegido en las normas violentadas, así como la trascendencia de la infracción cometida.

La finalidad perseguida por el Legislador al establecer como infracción de cualquier persona física o moral, la contratación en radio y televisión tanto en territorio nacional como en el extranjero, de propaganda dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, o a favor o en contra de partidos políticos o candidatos a cargos de elección popular, guarda relación con la pretensión del legislador de evitar que agentes ajenos a la contienda electoral intervengan de forma indebida menoscabando el principio de equidad que debe regir dicha contienda.

En esa tesitura, la hipótesis prevista en el citado artículo 345, párrafo 1, inciso b), del ordenamiento legal en cita, tiende a preservar el derecho de los partidos políticos de competir en situación de equidad dentro de los procesos electorales, lo cual les permite cumplir con los fines que constitucional y legalmente les han sido encomendados.

En el presente asunto quedó acreditado que “Fundación El Ángel de la Guarda”, Asociación Civil, contravino lo dispuesto en la norma legal en comento, al haber contratado la difusión de promocionales radiales y televisivos con contenido alusivo al C. Manuel Añorve Baños, entonces candidato postulado por la Coalición “Juntos para Mejorar” para ocupar el cargo de Presidente Municipal del Municipio de Acapulco, Guerrero durante el proceso electoral 2007-2008 celebrado en dicha entidad, los cuales fueron transmitidos en cuarenta y tres ocasiones (versión televisiva) y seis impactos radiales, durante los meses de septiembre y octubre de dos mil ocho.

La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

Al respecto, cabe señalar que no obstante haberse acreditado la violación a lo dispuesto en el artículo 345, párrafo 1, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por parte de “Fundación El Ángel de la Guarda”, Asociación Civil ello no implica que estemos en presencia de una pluralidad de infracciones o faltas administrativas, ya que se trata de una sola conducta que viola un dispositivo legal.

El bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas)

 La disposición antes trascrita, tiende a preservar el derecho de los partidos políticos de competir en situación de equidad dentro de los procesos electorales lo cual les permite cumplir con los fines que constitucional y legalmente les han sido encomendados, evitando que entes ajenos a la contienda incluyan elementos distorsionadores de la voluntad ciudadana, y en beneficio o en contra de algún partido político o candidato.

En el caso, tal dispositivo se afectó con el incumplimiento de “Fundación El Ángel de la Guarda”, Asociación Civil, al haber contratado la difusión de promocionales con contenido alusivo al C. Manuel Añorve Baños, entonces candidato postulado por la Coalición Juntos para Mejorar para ocupar el cargo de Presidente Municipal del Municipio de Acapulco, Guerrero, durante el proceso electoral 2007-2008 celebrado en dicha entidad, en cuarenta y tres ocasiones (versión televisiva) y seis impactos radiales, durante los meses de septiembre y octubre de dos mil ocho.

Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción

Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción, la conducta debe valorarse conjuntamente con las circunstancias objetivas que concurren en el caso, como son:

a.     Modo. En el caso a estudio, las irregularidades atribuibles a “Fundación El Ángel de la Guarda”, Asociación Civil, consistieron en haber contratado la difusión de promocionales radiales y televisivos con contenido alusivo al C. Manuel Añorve Baños, entonces candidato postulado por la Coalición Juntos para Mejorar para ocupar el cargo de Presidente Municipal del Municipio de Acapulco, Guerrero durante el proceso electoral 2007-2008 celebrado en dicha entidad, los cuales fueron difundidos por las empresas Televimex, S.A. de C.V. (concesionaria del canal 2 de televisión en Acapulco, Gro., y con distintivo de llamada XHAP-TV); Televisión Azteca, S.A. de C.V. (concesionaria del canal 10 de televisión en Acapulco, Gro., y con distintivo de llamada XHIE-TV); Estéreo Ritmo, S.A. (concesionaria de la frecuencia radial 96.9 de Acapulco, Gro., con distintivo de llamada XHNSFM) y XHPO-FM, S.A. de C.V. (concesionaria de la frecuencia radial 103.9 de Acapulco, Gro., con distintivo de llamada XHPO-FM).

b.     Tiempo. De conformidad con las constancias que obran en autos, esta autoridad considera que la infracción en comento se materializó en los meses de septiembre y octubre de dos mil ocho, como se expresa a continuación:

IMPACTOS TELEVISIVOS ALUDIDOS POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN