RECURSOS DE APELACIÓN

EXPEDIENTES: SUP-RAP-126/2011 Y ACUMULADOS.

ACTORES: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.

MAGISTRADO PONENTE: MANUEL GONZÁLEZ OROPEZA

SECRETARIOS: CARMELO MALDONADO HERNÁNDEZ, GUILLERMO ORNELAS GUTIÉRREZ, GERARDO RAFAEL SUÁREZ GONZÁLEZ Y JAVIER ALDANA GÓMEZ.

México, Distrito Federal, a trece de julio de dos mil once.

V I S T O S, para resolver los autos de los expedientes SUP-RAP-126/2011, SUP-RAP-138/2011 y SUP-RAP-139/2011, integrados con motivo de los recursos de apelación promovidos por el Partido Revolucionario Institucional, Televisión Azteca, S.A. de C.V. y Grupo Editorial Diez, S.A. de C.V., respectivamente, en contra de la resolución CG182/2011, aprobada por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, en sesión extraordinaria de seis de junio de dos mil once, dentro del expediente SCG/PE/PRD/CG/016/2011, y

R E S U L T A N D O S:

PRIMERO.- Antecedentes.- En lo que interesa, de las constancias que obran en autos y de lo narrado por los actores en sus escritos recursales, se desprende lo siguiente:

I.- Denuncia.- El quince de marzo de dos mil once, el Partido de la Revolución Democrática presentó queja, entre otros, en contra del Partido Revolucionario Institucional, por la comisión de hechos presuntamente violatorios a la normativa electoral.

II.- Inicio del procedimiento administrativo especial sancionador.- El dieciséis de marzo del presente año, el Secretario Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral, entre otros aspectos, ordenó iniciar el procedimiento especial sancionador en contra del Partido Revolucionario Institucional, del C. Humberto Moreira Valdés, Gobernador con licencia del Estado de Coahuila y Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de dicho instituto político, del C. Enrique Peña Nieto, Gobernador del Estado de México, del C. Emilio González Márquez, Gobernador del Estado de Jalisco, de los Coordinadores Generales de Comunicación Social de los Gobiernos de los Estados de Coahuila, México y Jalisco; Grupo Editorial Diez, S.A. de C.V.; Televisión Azteca, S.A de C.V.; y Compañía Internacional de Radio y Televisión, S.A. concesionaria de la emisora XHTRES-TV Canal 28.

Dicho procedimiento quedó registrado con el número de expediente SCG/PE/PRD/CG/016/2011.

III.- Emplazamiento a procedimiento especial sancionador.- El veintisiete de mayo del año en curso, el Secretario Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral acordó, entre otras cosas, emplazar a las personas físicas y morales referidas en el resultando anterior.

IV.- Audiencia de pruebas y alegatos.- El dos de junio de la presente anualidad, tuvo verificativo la audiencia de pruebas y alegatos.

V.- Resolución Impugnada.- En sesión extraordinaria celebrada el seis de junio de dos mil once, el Consejo General del Instituto Federal Electoral dictó resolución en el procedimiento administrativo sancionador identificado con el expediente SCG/PE/PRD/CG/016/2011.

La resolución en comento, fue notificada a los recurrentes los días seis (Partido Revolucionario Institucional) y veintiuno (Televisión Azteca, S.A. de C.V. y Grupo Editorial Diez, S.A. de C.V.), de junio del presente año.

SEGUNDO.- Recursos de apelación.- El diez y el ventisiete de junio del año en curso, el Partido Revolucionario Institucional, así como Televisión Azteca, S.A. de C.V. y Grupo Editorial Diez, S.A. de C.V., respectivamente, interpusieron sendos recursos de apelación en contra de la resolución precisada en el resultando anterior.

TERCERO.- Trámite y sustanciación.

a) Por oficio SCG/1624/2011 de diecisiete de junio del año en curso, así como por los diversos SCG/1844/2011 y SCG/1845/2011 de cuatro.de julio de la presente anualidad, recibidos en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior el mismo día de sus fechas, el Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral, remitió los referidos recursos de apelación; los informes circunstanciados de Ley, así como diversa documentación atinente a los mismos.

b) Por acuerdo de fecha diecisiete de junio del año en curso, el Magistrado Pedro Esteban Penagos López, Presidente por Ministerio de Ley de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ordenó integrar el expediente SUP-RAP-126/2011; asimismo, mediante proveídos de cuatro de julio de dos mil once, la Magistrada Presidenta de esta Sala Superior ordenó integrar los expedientes SUP-RAP-138/2011 y SUP-RAP-139/2011, y se dispuso turnar todos ellos al Magistrado Manuel González Oropeza, para los efectos establecidos en el artículo 19, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Los acuerdos de referencia se cumplimentaron mediante oficios números TEPJF-SGA-6260/11, TEPJF-SGA-6404/11 y TEPJF-SGA-6405/2011, signados el primero de ellos por el Secretario General de Acuerdos y los restantes por el Subsecretario General de Acuerdos, ambos de esta Sala Superior.

c) En su oportunidad, el Magistrado Instructor acordó admitir los recursos de apelación de que se trata y al estar concluida la sustanciación respectiva, declaró cerrada la instrucción, quedando los presentes asuntos en estado de dictar sentencia; y,

C O N S I D E R A N D O S:

PRIMERO.- Jurisdicción y competencia.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y ésta Sala Superior es competente para conocer y resolver de los presentes asuntos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo segundo, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso a), y 189, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los numerales 4; 42 y 44, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al tratarse de sendos recursos de apelación interpuestos por el Partido Revolucionario Institucional, Televisión Azteca, S.A. de C.V. y Grupo Editorial Diez, S.A. de C.V., para controvertir la resolución CG182/2011, emitida el seis de junio de dos mil once, por un órgano central del Instituto Federal Electoral, en el procedimiento especial sancionador identificado con la clave SCG/PE/PRD/CG/016/2011, por la que se determinó imponerles una sanción a los referidos entes jurídicos.

SEGUNDO.- Acumulación.- De la lectura de los escritos recursales, correspondientes a los expedientes de apelación SUP-RAP-126/2011, SUP-RAP-138/2011 y SUP-RAP-139/2011, esta Sala Superior advierte que existe conexidad en la causa, dada la identidad del acto impugnado, además de que se trata de la misma autoridad responsable; por tales motivos, con fundamento en los artículos 199, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 86 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a fin de resolver de manera conjunta, congruente, pronta y expedita, se considera conforme a Derecho decretar la acumulación de los recursos de apelación SUP-RAP-138/2011 y SUP-RAP-139/2011 al diverso SUP-RAP-126/2011, por ser éste el que se recibió primero en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior.

En consecuencia, se debe glosar copia certificada de los puntos resolutivos de la presente sentencia, a los autos de los recursos de apelación acumulados.

TERCERO.- Requisitos de procedencia.- Los presentes medios de impugnación cumplen con los requisitos de procedencia previstos en los artículos 8°; 9°, párrafo 1; 40, párrafo 1, inciso b) y 45, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, conforme a lo siguiente:

a) Forma.- Los recursos de apelación se presentaron por escrito ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, en los que se establece los nombres de los actores; su domicilio para oír y recibir notificaciones, así como las personas autorizadas para oírlas y recibirlas; el acto impugnado y la autoridad responsable del mismo; los hechos en los que se basa la impugnación; los agravios que causa el acto impugnado y los preceptos presuntamente violados; el nombre y firma autógrafa de los promoventes; así como las pruebas con las que acreditan su personería y aquellas tendentes a justificar la procedencia de los recursos y la existencia del acto reclamado.

b) Oportunidad.- Los recursos de apelación deben considerarse interpuestos en tiempo, en términos de lo previsto en el artículo 8 de la Ley de Medios citada, toda vez que la resolución combatida se dictó en la sesión extraordinaria de seis de junio de dos mil once, siendo notificada al Partido Revolucionario Institucional el mismo día de su fecha y a Televisión Azteca, S.A. de C.V. y Grupo Editorial Diez, S.A. de C.V. el veintiuno siguiente; en tanto que, los escritos recursales se presentaron los días diez (SUP-RAP-126/2011) y veintisiete (SUP-RAP-138/2011 y SUP-RAP-139/2011), de junio del presente año, es decir, dentro del cuarto día hábil posterior a las notificaciones de la resolución reclamada, ya que los días veinticinco y veintiséis de junio fueron inhábiles, por tratarse de sábado y domingo, respectivamente. De ahí que el plazo de cuatro días para la interposición de los recursos de apelación que nos ocupan, corrieron para el SUP-RAP-126/2011, del siete al diez de junio y, para los diversos SUP-RAP-138/2011 y SUP-RAP-139/2011, del veintidós al veintisiete de junio del año en curso, por lo que al haberse interpuesto los presentes medios impugnativos el último día legalmente establecido, se colma este requisito.

c) Legitimación.- Los presentes recursos fueron interpuestos por parte legítima, pues quienes actúan son un partido político con registro nacional y dos personas morales, por lo tanto, con fundamento en el artículo 45, párrafo 1, incisos a) y b), fracciones I y IV de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se encuentran facultados para promover los medios impugnativos que nos ocupan.

d) Personería.- De las constancias que obran en autos se desprende que se encuentra acreditada la personería del C. Sebastián Lerdo de Tejada C., como representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, al habérsela reconocido la autoridad responsable al rendir su informe circunstanciado.

Por otra parte, en cuanto hace a los CC. José Luis Zambrano Porras y Alfonso Manuel Reza Franco, la autoridad responsable al rendir su informe circunstanciado, les reconoce el carácter de apoderados de Televisión Azteca, S.A. de C.V. y Grupo Editorial Diez, S.A. de C.V., respectivamente, por lo que se encuentra colmado este requisito.

e) Definitividad.- También se satisface este requisito, ya que conforme a la legislación aplicable, en contra de la resolución CG182/2011 emitida por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, no procede otro medio de defensa por el que pudiera ser confirmada, modificada o revocada.

f) Interés Jurídico.- Los actores acreditan su interés jurídico en razón de que, en su concepto, la resolución impugnada es contraria a la normatividad electoral y lesiona sus derechos, siendo la presente vía la idónea para restituir los derechos presuntamente vulnerados en caso de asistirles la razón.

En consecuencia, y toda vez que esta Sala Superior no advierte de oficio que se actualice causa de improcedencia alguna, procede realizar el estudio de fondo de los asuntos planteados.

CUARTO.- Resolución impugnada.- En lo que interesa, la parte conducente de la resolución impugnada, es del tenor siguiente:

“…

SÉPTIMO.- (foja 52) EXISTENCIA DE LOS HECHOS. En tales condiciones, resulta fundamental para la Resolución del presente asunto, verificar la existencia de los hechos materia de la denuncia formulada por el representante del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General de éste Instituto, toda vez que a partir de la valoración del acervo probatorio que obra en el presente sumario y que tenga relación con la litis planteada, es que éste órgano resolutor se encontrará en posibilidad de emitir algún pronunciamiento conforme a derecho.

A)           ACTUACIONES DE LA AUTORIDAD ELECTORAL FEDERAL

1.- DOCUMENTALES PÚBLICAS.- CONSISTENTES EN LAS RESPUESTAS A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN FORMULADOS AL DIRECTOR EJECUTIVO DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL:

a) Oficio número DEPPP/STCRT/0936/2011 de fecha dieciséis de marzo de dos mil once, suscrito por el Lic. Antonio Horacio Gamboa Chabbán, Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, en su carácter de Secretario Técnico del Comité de Radio y Televisión de este Instituto, a través del cual dio contestación al requerimiento de información realizado por el Secretario Ejecutivo mediante Acuerdo de esa misma fecha, el cual refiere en lo que interesa al presente asunto, lo siguiente:

      Que anexo al oficio de referencia el Informe de Monitoreo del Sistema Integral de Verificación y Monitoreo (SIVeM) por el periodo comprendido entre el primero de enero al dieciséis de marzo de 2011, con corte a las once horas.

      Que los cuatro promocionales que fueron identificados en su oportunidad, se les generó huellas acústicas cuyo folio se precisa enseguida:

Asimismo, se remitió la grabación de las cuatro versiones de promocional en disco compacto, mismo que será analizado y valorado con posterioridad.

b) Oficio número DEPPP/STCRT/0941/2011 de fecha dieciséis de marzo de dos mil once, suscrito por el Lic. Antonio Horacio Gamboa Chabbán, Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, en su carácter de Secretario Técnico del Comité de Radio y Televisión de este Instituto, en alcance al oficio número DEPPP/STCRT/0936/2010 y mediante el cual refiere en lo que interesa al presente asunto, lo siguiente:

      Informó a esta autoridad, el representante y domicilio de las emisoras que transmitieron el promocional denunciado.

      Que derivado de una validación posterior, se determinó que la detección registrada el dos de marzo del presente año, a las 23:34 horas, de la emisora identificada con las siglas XHAPA-TV Canal 4, no corresponde al promocional identificado con el folio RV00176-11, es decir, se trata de un falso positivo. Por lo anterior, en lugar de 1370 se registran 1369 detecciones.

c) Oficio número DEPPP/STCRT/1196/2011 de fecha veinticinco de marzo de dos mil diez, suscrito por el Lic. Antonio Horacio Gamboa Chabbán, Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, en su carácter de Secretario Técnico del Comité de Radio y Televisión de este Instituto, mediante el cual refiere en lo que interesa al presente asunto, lo siguiente:

      Que adjuntó al oficio de referencia en CD el archivo electrónico del Informe de Monitoreo del Sistema Integral de Verificación y Monitoreo (SIVeM) (mismo que será analizado y valorado con posterioridad), por el periodo comprendido entre el siete y treinta y uno de diciembre de dos mil diez, del promocional al cual se le generó la huella acústica desde el día de su detección y cuyo folio es el siguiente:

      Que las emisoras en las cuales se encontraron detecciones del promocional en comento, se encuentran ubicadas en los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, tienen como representante legal al licenciado José Guadalupe Botello Meza y como domicilio legal el ubicado en Periférico Sur 4121, Colonia Fuentes del Pedregal, C.P. 14141, en el Distrito Federal.

2.- PRUEBAS TÉCNICAS.- Consistente en:

a)            Un disco compacto (CD) que dice contener el informe del monitoreo de los promocionales materia del presente procedimiento especial sancionador, mismo que a decir del partido quejoso fue transmitido en televisión.

Al respecto, debe decirse que esta autoridad al realizar el análisis del contenido del disco compacto en cuestión, visualizó un archivo, cuyo título es “173-PROMOCIONALES REVISTA VÉRTIGO–CORTE 16032011 11 HORAS”, por lo que al darle clic en dicho archivo, se visualizó una página de Microsoft Excel que contiene el “Informe de Monitoreo” y del que se desprenden los siguientes folios RV00138-11, RV00176-11 y RV00214-11.

b)            Un disco compacto (CD) que dice contener los promocionales materia del presente procedimiento especial sancionador, mismo que a decir del partido quejoso fueron transmitidos en televisión.

Al respecto, debe decirse que esta autoridad al realizar el análisis del contenido del disco compacto en cuestión, se visualizaron cuatro archivos, cuyos folios son RV02990-10, RV00138-11, RV00176-11 y RV00214-11.

Para mayor identificación, se presenta a continuación la descripción del contenido de los promocionales en comento:

RV02990-11.mp4 “HUMBERTO MOREIRA EN VERTIGO”

Se observa en la pantalla simultáneamente a la aparición de las letras, voces e imágenes descritas, aparecen las siguientes imágenes: varias personas caminando al parecer en un  acto multitudinario

Voz en off: y un texto en letras blancas con la leyenda “Humberto Moreira” y en letras rojas la leyenda  “cumple con Coahuila”.

Esta semana en Vértigo en 5 años de gobierno ha logrado que Coahuila sea líder en crecimiento económico, y generación de empleos, estos resultados y su cercanía con la gente  lo proyectan a la presidencia del PRI.

Así mismo de manera consuetudinaria imágenes del C. Humberto Moreira en diferentes actos y apariciones públicas relacionadas a su figura de gobernador del estado de Coahuila.

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Finaliza con un logo rojo con letras blancas que dice “Vértigo”

RV00138-11.mp4 “TESTIGO NAL VERTIGO GOB JALISCO”

Se observa un video y en Voz en off: Esta semana en Vértigo, en entrevista exclusiva Emilio González Márquez afirma que gobernar es ayudar a la gente y habla de sus logros en materia de empleos y de mejores ingresos para las familias de Jalisco.

Simultáneamente a la aparición de las letras, voces e imágenes descritas, aparecen las siguientes imágenes: la portada de la revista “vértigo” con 4 personas, una de las cuales supuestamente es el C. Emilio González Márquez, así mismo se le ve prestando algún discurso sobre un pódium, después se observan diferentes imágenes de trabajadores de diferentes áreas  realizando tareas contendientes a su labor

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Finaliza con pantalla en rojo, letras en blanco con la leyenda “Vértigo” y 2 artículos electrónicos llamados ipad, en la pantalla, en dicha pantalla contienen la imagen de la portada de la revista de la cual es perteneciente el promocional. Una de estas ipad colocada de manera horizontal y la otra verticalmente.

RV00176-11.mp4 “TESTIGO NAL VERTIGO PENA NIETO”

Se observa en la pantalla  un video con una persona y con letras en blanco con la leyenda “Enrique Peña Nieto” y con letras en rojo “comprometido” luego nuevamente  con letras blancas “con la educación” 

Voz en OFF: Enrique Peña Nieto comprometido con la educación. Esta semana en Vértigo en la recta final de su gobierno y con sus compromisos  el gobernador mexiquense define las prioridades para la última etapa de su gestión.

Simultáneamente a la aparición de las letras, voces e imágenes descritas, aparecen las siguientes imágenes: en primer cuadro y de manera breve aparece el C. Enrique Peña Nieto en un pódium, en un segundo cuadro aparece la portada de la revista vértigo con el C. Enrique Peña Nieto  con camisa clara y saludando a una multitud de personas que se encuentran a su alrededor y letras en color blanco en la parte posterior con la leyenda “Enrique Peña Nieto compromisos cumplidos” asi mismo se observan varias imágenes como obras, unas en construcción y otras concluidas, carreteras y al mismo C. Enrique Peña Nieto  en diferentes actos contendientes a su figura como Gobernador del Estado de México.

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Finaliza con pantalla en rojo, letras en blanco con la leyenda ““Vértigo” y 2 artículos electrónicos llamados ipad, en la pantalla contienen la imagen de la portada de la revista vértigo con el C. Enrique Peña Nieto  con camisa clara y saludando a una multitud de personas que se encuentran a su alrededor y letras en color blanco en la parte posterior con la leyenda “Enrique Peña Nieto compromisos cumplidos”.

Una de estas ipad colocada de manera horizontal y la otra verticalmente.

RV00214-11.mp4 “TESTIGO NAL VERTIGO MOREIRA”

Se observan en la pantalla en letras blancas la leyenda “Humberto Moreira nuevo líder del PRI” y en letras rojas  “lanza un reto “.

Voz en off: Humberto Moreira, nuevo líder del PRI,  lanza un reto. Esta semana en Vértigo.

Voz en off: El PRI es el único partido capaz de emprender y realizar la gran tarea que hoy exigen los mexicanos, porque el PRI  es el partido que mejor sabe gobernar México.

Voz en off: Compra vértigo hoy mismo, disponible en ipad.

Finaliza con pantalla en rojo, letras en blanco con la leyenda ““Vértigo” y dos artículos electrónicos llamados ipad en la pantalla, que contienen la imagen de Humberto Moreira, y una de las cuales además contiene palabras que señalan “UN NUEVO LIDERAZGO PARA EL PRI”.

En el transcurso del video, simultáneamente a la aparición de las letras, voces e imágenes descritas, aparecen las siguientes imágenes:

Se visualiza repetidamente la imagen de Humberto Moreira en un acto multitudinario de su partido político, al parecer rindiendo protesta y hablando, apareciendo en varias de las imágenes de dicho acto el slogan del Partido Revolucionario Institucional.

c)             Un disco compacto (CD) que dice contener el informe del monitoreo del promocional materia del presente procedimiento y cuyo folio es RV02990-10.

Al respecto, debe decirse que esta autoridad al realizar el análisis del contenido del disco compacto en cuestión, visualizó un archivo, cuyo título es “Reporte de Monitoreo, promocional RV02990-10-07-31122010, por lo que al darle clic en dicho archivo, se visualizó una página de Microsoft Excel que contiene el “Informe de Monitoreo”.

En este contexto, debe decirse que la información contenida en las documentales de referencia, así como los datos obtenidos de los monitoreos de mérito, tales como los testigos de grabación señalados, constituyen una documental pública, en términos de lo previsto en los artículos 358, párrafos 1 y 3, inciso a), y 359, párrafo 2 del código federal electoral, razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados.

Al respecto, resulta aplicable al caso concreto, la jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificada con la voz “MONITOREO DE RADIO Y TELEVISIÓN. LOS TESTIGOS DE GRABACIÓN DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL TIENEN, POR REGLA, VALOR PROBATORIO PLENO.”

Por tanto, esta autoridad tiene por acreditado que los promocionales materia del presente procedimiento fueron transmitidos tal y como los señaló la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto.

B) PRUEBAS APORTADA POR EL DENUNCIADO “GRUPO EDITORIAL DIEZ”

1) DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en las constancias que integraron el procedimiento especial sancionador número SCG/PE/PRI/CG/181/2009, y que a decir del denunciado obran las siguientes constancias:

            Ejemplar del número 418 de la revista Vértigo, correspondiente a la semana que inició el veintidós de marzo de dos mil nueve.

            Ejemplar del número 420 de la revista Vértigo, correspondiente a la semana que inició el cinco de abril de dos mil nueve.

            Ejemplar del número 423 de la revista Vértigo, correspondiente a la semana que inició el veintiséis de abril de dos mil nueve.

            Ejemplar del número 425 de la revista Vértigo, correspondiente a la semana que inició el diez de mayo.

            Ejemplar del número 520 de la revista Vértigo, correspondiente a la semana que inició el seis de marzo de dos mil once.

Al respecto, debe decirse que el expediente las constancias que integraron el procedimiento especial sancionador número SCG/PE/PRI/CG/181/2009, tienen el carácter de documental pública cuyo valor probatorio es pleno respecto de la existencia del procedimiento especial sancionador número SCG/PE/PRI/CG/181/2009.

Sin embargo, debe decirse que en el caso concreto, dentro de las constancias se encuentra documentación privada (ejemplares de las revistas) que únicamente generan a esta autoridad indicios respecto a la existencia de los mismos y los hechos en ellos consignados.

En razón de ello, los documentos señalados por el denunciado únicamente generan indicios respecto a los hechos en ellos precisados, los cuales, en su caso, habrán de ser valorados en términos de lo establecido en los artículos 358, párrafo 3, inciso b), y 359, párrafos 1 y 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

2) TÉCNICA. Consistentes en cuatro discos compactos cuyo contenido es el siguiente:

1)            Al abrir el disco compacto se observa una carpeta denominada “VIDEO_TS”, posteriormente al reproducir el archivo que se encuentra en dicha carpeta se observa el promocional de la revista Vértigo alusivo a la edición intitulada “El PRI defiende garantías de los mexicanos”.

2)            Al abrir el disco compacto se observa una carpeta denominada “VIDEO_TS”, posteriormente al reproducir el archivo que se encuentra en dicha carpeta se observa el promocional de la revista Vértigo alusivo a la edición intitulada “La reforma electoral se hace agua, inicia la guerra”.

3)            Al abrir el disco compacto se observa una carpeta denominada “VIDEO_TS”, posteriormente al reproducir el archivo que se encuentra en dicha carpeta se observa el promocional de la revista Vértigo alusivo a la edición intitulada “El PAN mando dos pesos completos”.

4)            Al abrir el disco compacto se observa una carpeta denominada “VIDEO_TS”, posteriormente al reproducir el archivo que se encuentra en dicha carpeta se observa el promocional de la revista Vértigo alusivo a la edición intitulada “Van con todo”.

En ese sentido, el contenido de los discos compactos constituyen pruebas técnicas, en atención a lo dispuesto por los artículos 358, párrafo 3, inciso c); 359, párrafos 1 y 3 Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los artículos 34, párrafo 1, inciso c); 38, 42, 45, párrafos 1 y 3 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral, y por ende sólo tienen el carácter de indicio respecto de la existencia de lo que en ellos se advierte, tal como se desprende del contenido de los numerales en cita.

En ese tenor, cabe recordar que se considera que las pruebas técnicas han sido reconocidas unánimemente por la doctrina como de tipo imperfecto, ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y la dificultad para demostrar de modo absoluto e indudable las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido, pues es un hecho notorio que actualmente existen al alcance común de la gente un sinnúmero de aparatos y recursos tecnológicos y científicos para la obtención de imágenes, videos y de casetes de audio de acuerdo al deseo, gusto o necesidad de quien las realiza, ya sea mediante la edición total o parcial de las representaciones que se quieren captar y/o de la alteración de las mismas, colocando a una persona o varias en determinado lugar y circunstancias o ubicándolas de acuerdo a los intereses del editor para dar la impresión de que están actuando o diciendo conforme a una realidad aparente o en su caso, con la creación de las mismas en las circunstancias que se necesiten.

En consecuencia, los discos compactos aportados por Grupo Editorial Diez, S.A. de C.V. constituyen un indicio respecto de la promoción aparentemente en televisión de diversas ediciones de la revista Vértigo, cuyo contenido alude a diversos actores políticos.

CONCLUSIONES

De conformidad con el contenido del acervo probatorio antes reseñado, se arriba válidamente a las siguientes conclusiones:

1.- Que como resultado de la verificación realizada por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partido Políticos y Secretaría Técnica del Comité de Radio y Televisión de este Instituto, la cual fue realizada atendiendo las especificaciones técnicas y de calidad exigidas por el Instituto Federal Electoral, quedó acreditada la transmisión de los promocionales materia del presente procedimiento.

2.- Que dicho material, según la información que remitió el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos y Secretario Técnico del Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral, se difundió de la siguiente manera: el identificado como RV02990-11.mp4 “HUMBERTO MOREIRA EN VÉRTIGO”, se difundió entre el 7 y el 11 de diciembre de 2010; el identificado como RV00138-11.mp4 “TESTIGO NAL VÉRTIGO GOB JALISCO”, se difundió entre el 15 y el 18 de febrero de 2011; el identificado como RV00176-11.mp4 “TESTIGO NAL VÉRTIGO PENA NIETO”, se difundió entre el 28 de febrero y el 4 de marzo de 2011; y el identificado como RV00214-11.mp4 “TESTIGO NAL VERTIGO MOREIRA”, se difundió entre el 6 y el 11 de marzo de 2011; y todos ellos fueron difundidos en emisoras de Televisión Azteca, S.A. de C.V. ubicadas en todos los estados de la República Mexicana, así como en el Distrito Federal, con excepción del estado de Tlaxcala y en los que se promocionó diversas ediciones de la publicación de la revista “Vértigo”.

3.- Que dicho material, según la información que remitió el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos y Secretario Técnico del Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral, no fue detectado en la emisora XHTRES-TV Canal 28, de la cual es concesionaria Compañía Internacional de Radio y Televisión, S.A.

4.- Que de acuerdo con el contrato de intercambio celebrado entre TV Azteca, S.A. de C.V. y Grupo Editorial Diez, S.A. de C.V., fue que se difundieron por Televisión Azteca, S.A. de C.V, los mensajes publicitarios denunciados, para promocionar la revista “vértigo” en los canales 7 y 13 de televisión abierta y su red de repetidoras en todo el país.

…

DÉCIMO.- (foja 102) Corresponde ahora determinar, respecto al promocional que será materia de estudio del presente apartado, si Televisión Azteca, S.A. de C.V. y Compañía Internacional de Radio y Televisión, S.A., concesionaria de la emisora XHTRES-TV Canal 28, violó lo previsto en el artículo 41, Base III, Apartado A, inciso g), párrafo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo previsto en los artículos 49, párrafo 4 y 350, párrafo 1, incisos b) y e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; y si Grupo Editorial Diez, S.A. de C.V., transgredió lo previsto en el artículo 41, Base III, Apartado A, inciso g), párrafo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo previsto en los artículos 49, párrafo 4 y 345, párrafo 1, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Al respecto, como se evidenció en el apartado de “EXISTENCIA DE LOS HECHOS”, la existencia y difusión del promocional en televisión materia de inconformidad se encuentra plenamente acreditada. Dicho material, según la información que remitió Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos y Secretario Técnico del Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral, se difundió de la siguiente manera: fue identificado como RV00214-11.mp4 “TESTIGO NAL VERTIGO MOREIRA” y se difundió entre el 6 y el 11 de marzo de 2011; difundido en emisoras de Televisión Azteca, S.A. de C.V. ubicadas en todos los estados de la República Mexicana, así como en el Distrito Federal, con excepción del estado de Tlaxcala y en el que se promocionó diversas ediciones de la publicación de la revista “Vértigo”.

Así mismo, de conformidad con lo expresado por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, al remitir a esta autoridad la información del monitoreo realizado, el número de impactos detectados fueron en los siguientes términos:

(SE TRANSCRIBE)

En este sentido, conviene reproducir el contenido del promocional denunciado, a efecto de determinar si su contenido se ajusta o no al orden electoral:

RV00214-11.mp4 “TESTIGO NAL VÉRTIGO MOREIRA”

Se observan en la pantalla en letras blancas la leyenda “Humberto Moreira nuevo líder del PRI” y en letras rojas “lanza un reto”.

Voz en off: Humberto Moreira, nuevo líder del PRI, lanza un reto. Esta semana en Vértigo.

Voz en off: El PRI es el único partido capaz de emprender y realizar la gran tarea que hoy exigen los mexicanos, porque el PRI es el partido que mejor sabe gobernar México.

Voz en off: Compra vértigo hoy mismo, disponible en ipad.

Finaliza con pantalla en rojo, letras en blanco con la leyenda “Vértigo” y dos artículos electrónicos llamados ipad en la pantalla, que contienen la imagen de Humberto Moreira, y una de las cuales además contiene palabras que señalan “UN NUEVO LIDERAZGO PARA EL PRI”.

En el transcurso del video, simultáneamente a la aparición de las letras, voces e imágenes descritas, aparecen las siguientes imágenes:

Se visualiza repetidamente la imagen de Humberto Moreira en un acto multitudinario de su partido político, al parecer rindiendo protesta y hablando, apareciendo en varias de las imágenes de dicho acto el slogan del Partido Revolucionario Institucional.

Del promocional antes descrito, se puede desprender lo siguiente:

Se hacen alusiones en relación al contenido de la publicación semanal de la revista Vértigo.

Se señala que Humberto Moreira nuevo líder del PRI lanza un reto.

Se emite la siguiente afirmación: “El PRI es el único partido capaz de emprender y realizar la gran tarea que hoy exigen los mexicanos, porque el PRI es el partido que mejor sabe gobernar México.”

Simultáneamente aparecen imágenes de Humberto Moreira en diversos actos públicos, al parecer rindiendo protesta y hablando.

Aparece el slogan del Partido Revolucionario Institucional por lo menos en dos ocasiones durante el desarrollo del promocional.

Una voz se dirige al teleauditorio para que compre la revista promocionada.

En ese sentido, corresponde ahora determinar si las expresiones señaladas con antelación, se ajustan o no a la conducta ordenada por el legislador, y para ello se hace necesario referir las definiciones de propaganda política y electoral que se encuentran contenidas en el Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral. 

Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral

“Artículo 7.

(…)

VI. La propaganda política constituye el género de los medios a través de los cuales los partidos, ciudadanos y organizaciones difunden su ideología, programas y acciones con el fin de influir en los ciudadanos para que adopten determinadas conductas sobre temas de interés social, y que no se encuentran necesariamente vinculadas a un proceso electoral federal.

VII. Se entenderá por propaganda electoral, al conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas. Asimismo, que la misma contenga las expresiones “voto”, “vota”, “votar”, “sufragio”, “sufragar”, “comicios”, “elección”, “elegir”, “proceso electoral” y cualquier otra similar vinculada con las distintas etapas del proceso electoral.

También se referirá a la difusión de mensajes tendientes a la obtención del voto a favor de algún servidor público, de algún tercero o de algún partido político, aspirante, precandidato o candidato.

Finalmente, que contenga cualquier otro mensaje similar destinado a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, a favor o en contra de aspirantes, precandidatos, candidatos o partidos políticos.

(…)”

Esta autoridad estima que el promocional reseñado, contiene elementos que las normas constitucionales, legales y reglamentarias exigen para poder ser considerado como propaganda política, es decir, el mensaje denunciado resalta de manera evidente y en un contexto favorable al Partido Revolucionario Institucional, al emitirse expresiones a favor de dicho instituto político y destacar el slogan del mismo por lo menos en dos ocasiones.

El uso de la expresión “El PRI es el único partido capaz de emprender y realizar la gran tarea que hoy exigen los mexicanos, porque el PRI es el partido que mejor sabe gobernar México”, en conjunción con las imágenes del slogan del Partido Revolucionario Institucional, implica la difusión de la ideología, programas o acciones del partido referido, con el fin de influir en los ciudadanos para adoptar determinadas conductas sobre temas de interés social, pues es posible desprender que se está promocionando la opción política que representa el PRI, como mejor opción respecto a un tema de interés social como lo es el gobernar México, en estos términos, del contenido audiovisual es posible desprender que explícitamente está dirigido a favor de un partido político.

Así, del análisis de las palabras señaladas, se denota éste posicionamiento a favor del Partido Revolucionario Institucional, ya que el sentido usual de las mismas así lo hace significar. Pero para mayor claridad cabe consultar al Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, en cuanto al significado de las voces “único” y “mejor”.

“único, ca.

(Del lat. unĭcus).

1. adj. Solo y sin otro de su especie.

2. adj. singular (‖ extraordinario, excelente).”

“mejor.

(Del lat. melĭor, -ōris).

1. adj. comp. de bueno. Superior a otra cosa y que la excede en una cualidad natural o moral.

2. adj. comp. Preferible o más conveniente. Es mejor que evites las discusiones

3. adv. m. comp. de bien. Más bien, de manera más conforme a lo bueno o lo conveniente.”

En este orden de ideas, si se afirma que “El PRI es el único partido capaz de emprender y realizar la gran tarea que hoy exigen los mexicanos, porque el PRI es el partido que mejor sabe gobernar México”, el sentido que se puede extraer de la expresión es que el PRI, por sí sólo y sin otro de su especie, por su excelencia, es capaz de emprender y realizar la gran tarea que hoy exigen los mexicanos, y que el PRI es superior, preferible o el más conveniente en cuanto a saber gobernar México. Todo lo cual indica evidentemente que son expresiones positivas, y por tanto, a favor del Partido Revolucionario Institucional, máxime que fueron difundidas en compañía de imágenes que contienen el logo de dicho instituto político, lo cual refuerza la percepción favorable respecto al citado partido.

Bajo estas premisas, toda vez que la difusión y contratación del promocional objeto del presente procedimiento se realizó por personas distintas al Instituto Federal Electoral, se actualizaron los supuestos jurídicos previstos en los artículos 345, párrafo 1, inciso b) y 350, párrafo 1, inciso b) del Código Federal Electoral, consistentes en la difusión de propaganda política o electoral, pagada o gratuita, ordenada por persona distinta al Instituto Federal Electoral y en la contratación de dicha propaganda.

Sirve a las anteriores consideraciones, el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia dictada en el recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-198/2009, en el que refiriéndose a la propaganda prohibida constitucional y legalmente, se estableció lo siguiente:

“El concepto de propaganda aludido en la norma constitucional debe entenderse en sentido lato, porque el texto normativa no la adjetiva con las locuciones “política”, “electoral”, “comercial” o cualquier otra; es decir, la prohibición alude a la propaganda desde la perspectiva del género, para comprender cualquier especie. Por ende, la noción de propaganda que se emplea en el mandato constitucional, guarda relación con la transmisión de cualquier imagen auditiva o visual que, en su caso, favorezca a algún partido político o candidato, pues en sí misma, toda propaganda tiene como acción y efecto el dar a conocer algo, derivado de que la palabra propaganda proviene del latín propagare, que significa reproducir, plantar, lo que, en sentido más general quiere decir expandir, diseminar o, como su nombre lo indica, propagar.

La infracción a la norma constitucional por parte de los concesionarios o permisionarios de radio y televisión se surte, desde el momento en que la propaganda difundida en los medios de comunicación, en su caso, favorezca a un partido político o candidato, sin importar la naturaleza del objeto de promoción (basta con que se difunda en la televisión propaganda con elementos alusivos a aspectos político-electorales, entre los que se encuentran los emblemas de los partidos políticos, sus denominaciones, imagen de sus candidatos, etc).

Al respecto, cabe señalar que la propaganda política pretende crear, transformar o confirmar opiniones a favor de ideas y creencias, así como estimular determinadas conductas políticas; en tanto que la propaganda electoral no es otra cosa que publicidad política, que busca colocar en las preferencias electorales a un partido o candidato, un programa o unas ideas.

Es decir, en términos generales, la propaganda política es la que se transmite con el objeto de divulgar contenidos de carácter ideológico, en tanto que la propaganda electoral es la que se encuentra íntimamente ligada a la campaña política de los respectivos partidos y candidatos que compiten en el proceso para aspirar al poder.

Por lo tanto, se considera que la disposición del artículo 228, párrafo 3, del código federal electoral, que define a la propaganda electoral como “…el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas”, admite una interpretación de mayor amplitud, a fin de comprender cualquier otro supuesto de propaganda que influya en las preferencias electorales de los ciudadanos.

Lo anterior, máxime que una interpretación restrictiva de tal disposición, haría ineficaces las prohibiciones expresamente previstas en el artículo 41, Base III, Apartado A, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistentes en la prohibición de difundir cualquier tipo de propaganda dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ya sea a favor o en contra de partidos políticos o candidatos.

Tales consideraciones, fueron sostenidas por esta Sala Superior en la sesión pública celebrada el pasado cinco de agosto de dos mil nueve, al resolver por unanimidad de votos la sentencia dictada en los expedientes SUP-RAP-201/2009, SUP-RAP-212/2009 y SUP-RAP-213/2009, acumulados.

Vinculado a lo anterior, este Tribunal Federal ha considerado, que la publicidad en general contiene mensajes explícitos e implícitos o connotativos, orientados a plantear ideas, conceptos o incluso patrones de conducta al destinatario que se ve envuelto en esa comunicación, además que normalmente van enlazados con imágenes, datos o conceptos con la finalidad de persuadirlo a asumir determinada conducta o actitud.

Así, la publicidad comercial puede entonces inducir a los receptores del mensaje, directrices para actuar o de pensar y de esa forma conducirlos a un fin o resultado concreto, o mantener una imagen o percepción constante de una fuerza política o sus candidatos, máxime si la difusión publicitaria se realiza durante las campañas electorales.”

Así las cosas, una vez acreditada la difusión del promocional denunciado, dicha conducta es atribuible a Televisión Azteca, S.A. de C.V., concesionaria de las emisoras responsables de tal difusión, empresa que determinó difundir los promocionales contratados por Grupo Editorial Diez, S.A. de C.V. En tal virtud, toda vez que la difusión de la propaganda política en cuestión no fue ordenada por el Instituto Federal Electoral, distorsiona de manera grave el esquema de distribución de tiempos en radio y televisión, toda vez que otorga de manera injustificada e ilegal tiempos, en dichos medios, adicionales a los previstos constitucional y legalmente, violando a través de dicha conducta la equidad en el acceso a radio y televisión en materia electoral.

No pasan inadvertidos para ésta autoridad los argumentos sostenidos por el representante legal de Televisión Azteca, S.A. de C.V., respecto a que TV Azteca, S.A. de C.V., celebró con Grupo Editorial Diez, S.A. de C.V., un contrato de intercambio para promocionar en televisión en los canales 7 y 13 la revista Vértigo; que la transmisión de los promocionales denunciados, obedeció al contrato antes señalado; que en términos del contrato citado, Grupo Editorial Diez, S.A. de C.V., asumió la responsabilidad del contenido de los promocionales remitidos a su representada para su transmisión, así mismo que desconocía su contenido; que dicha transmisión de promocionales, no implica poner a disposición de dicha persona moral tiempo en televisión para difundir propaganda política o electoral; que su representada no es una autoridad o especialista para prejuzgar sobre el contenido de los promocionales que le remiten para determinar si se apegan a los causes legales; que la venta de tiempos en televisión se hizo a una persona moral de derecho privado diferente a las prohibidas en el código federal comicial, y por ello no resulta valido que el Instituto Electoral Federal ordene su transmisión.

En este orden de ideas, es conveniente precisar que si bien el artículo quinto constitucional consagra la libertad para el ejercicio del trabajo, del comercio y de la industria, también establece límites a la misma y el primero de ellos es que sea licita, es decir, que no esté prohibida o restringida por una ley secundaria, lo que cobra especial relevancia en el caso concreto; lo anterior es así dado que la empresa “Grupo Editorial Diez, S.A. de C.V.”, celebró un contrato de intercambio cuyo objeto fue la difusión de los mensajes publicitarios para promocionar la revista Vértigo, a través de las emisoras de las cuales Televisión Azteca, S.A. de C.V. es concesionaria, en la especie, constitutivos de propaganda política, lo cual se encuentra prohibido por la ley electoral. Esto es, la libertad de contratación en materia de radio y televisión tiene como restricción que no se difunda propaganda política o electoral que no haya sido ordenada por el Instituto Federal Electoral.

Resulta atinente precisar que los concesionarios de radio y televisión se encuentran obligados a cuidar que los materiales que transmiten se ajusten a la normatividad vigente, conforme a la Constitución, al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley Federal de Radio y Televisión.

En este sentido, se encuentran obligados a rechazar los materiales promocionales que no se ajusten a la ley, sin que ello implique en modo alguno previa censura, como es en el caso la propaganda electoral ajena a los tiempos del Estado administrados por el Instituto Federal Electoral, situación que se corrobora con su propia autorregulación.

Al respecto conviene reproducir el contenido de los artículos 4, 63 y 64, fracción I, de esa Ley Federal de Radio y Televisión que establecen que la radio y la televisión constituyen una actividad de interés público, por lo que el Estado deberá protegerla y vigilarla para el debido cumplimiento de su función social, así como la taxativa dirigida a los concesionarios de radio y televisión con el objeto de que se abstengan de realizar transmisiones contrarias a la seguridad del Estado, mismos que a continuación se reproducen:

"Artículo 4o.- La radio y la televisión constituyen una actividad de interés público, por lo tanto el Estado deberá protegerla y vigilarla para el debido cumplimiento de su función social."

"Artículo 63.- Quedan prohibidas todas las transmisiones que causen la corrupción del lenguaje y las contrarias a las buenas costumbres, ya sea mediante expresiones maliciosas, palabras o imágenes procaces, frases y escenas de doble sentido, apología de la violencia o del crimen; se prohíbe, también, todo aquello que sea denigrante u ofensivo para el culto cívico de los héroes y para las creencias religiosas, o discriminatorio de las razas; queda asimismo prohibido el empleo de recursos de baja comicidad y sonidos ofensivos."

"Artículo 64.- No se podrán transmitir:

I.- Noticias, mensajes o propaganda de cualquier clase, que sean contrarios a la seguridad del Estado o el orden público;

(…)"

En concordancia con lo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha reconocido que la prestación del servicio de radiodifusión está sujeta al marco constitucional y legal en el ejercicio de la actividad que desempeñan los concesionarios en la materia. Esta actividad debe sujetarse en todo momento al respeto y cumplimiento de los derechos fundamentales de los gobernados, ya que los medios de comunicación cumplen una función social de relevancia trascendental para la nación y porque constituyen uno de los instrumentos a través de los cuales hacen efectivos los citados derechos.[1]

Adicionalmente el numeral 80 de la Ley Federal de Radio y Televisión establece lo siguiente:

“Artículo 80.- Serán responsables personalmente de las infracciones que se cometan en las transmisiones de radio y televisión, quienes en forma directa o indirecta las preparen o transmitan.”

En este tenor, el hecho de que Televisión Azteca, S.A. de C.V., aduzca que no era responsable del contenido del promocional denunciado, que lo desconocía, o que no es especialista para prejuzgar sobre el mismo, como ya se señaló, no la exime de su responsabilidad, por lo cual resultan inatendibles los argumentos y excepciones opuestos.

Por su parte, Grupo Editorial Diez, S.A. de C.V., contrató promocionales de televisión en los que se incluyó propaganda política a favor del Partido Revolucionario Institucional. De lo anterior se colige que la propaganda política contratada por la persona moral "Grupo Editorial Diez, S.A. de C.V.", aunque fue realizada en el contexto de la publicidad de la revista "Vértigo", resulta violatoria de la normatividad electoral, toda vez que incluyó emblemas y expresiones dirigidas a favorecer claramente al Partido Revolucionario Institucional.

En el mismo orden de ideas es conveniente precisar que si bien el artículo quinto constitucional consagra la libertad para el ejercicio del trabajo, del comercio y de la industria, también establece límites a la misma y el primero de ellos es que sea licita, es decir, que no esté prohibida o restringida por una ley secundaria, lo que cobra especial relevancia en el caso concreto; lo anterior es así dado que la empresa “Grupo Editorial Diez, S.A. de C.V.”, celebró un contrato de intercambio cuyo objeto fue la difusión de los mensajes publicitarios para promocionar la revista Vértigo, en la especie, constitutivos de propaganda política, lo cual se encuentra prohibido por la ley electoral. Esto es, la libertad de contratación en materia de radio y televisión tiene como restricción que no se difunda propaganda política o electoral que no haya sido ordenada por el Instituto Federal Electoral.

En tal virtud, este órgano resolutor estima que "Grupo Editorial Diez, S.A. de C.V.", responsable de la publicación de la revista "Vértigo", tuvo poder de decisión sobre la difusión de los promocionales mediante los cuales se favoreció al Partido Revolucionario Institucional, lo que incide particularmente para determinar que con su conducta se actualiza la infracción prevista en el artículo 345, párrafo 1, inciso b), del Código Electoral Federal.

Se afirma lo anterior, en razón de que la conducta descrita en la hipótesis normativa es "contratar propaganda electoral en radio y televisión ordenada por persona distinta al Instituto Federal Electoral"; de lo cual se advierte que la ley no distingue entre contratar de manera directa o por conducto de terceros, pues utiliza el verbo contratar de manera general; por ende, aplicando el principio general de derecho "donde la ley no distingue no debemos distinguir", encontramos que se actualiza la infracción al contratar por sí o a través de terceros como en el caso acontece.

No pasa inadvertido por ésta autoridad los argumentos vertidos por el apoderado legal de Grupo Editorial Diez, S.A. de C.V., en el sentido de que su representada no contrató propaganda en televisión dirigida a promover a persona alguna con fines electorales o políticos, a favor de un partido político o de un candidato a cargo de elección popular, en virtud de que sus promocionales son mensajes comerciales que tienen como finalidad anunciar la publicación y edición de una revista cuyo género es de análisis político y económico, ya que la revista “Vértigo” siempre se ha promocionado a través de la televisión y el formato que ha adoptado para ese fin es que en el promocional aparece la portada de la revista y se hace una breve síntesis de su contenido, con el fin de promocionar el artículo considerado como más relevante dentro de la misma, por lo que la promoción a través de la televisión de la revista “Vértigo”, no es una circunstancia que se haya presentado únicamente respecto de los hechos materia de esta denuncia, sino que es una conducta cotidiana y dado que el objeto de la revista es puramente de carácter político, no solamente en la portada sino en su interior y existen comentarios y críticas al respecto, que atienden única y exclusivamente al objeto de la revista, es decir, el ámbito político mexicano, que es a lo que se dedica.

Razón por la cual aduce que su actividad se encuentra amparada en el ejercicio de la libertad de prensa y el derecho a la información, así como en el derecho de la libre expresión y contratación.

Sin embargo, a consideración de esta autoridad no es posible amparar la conducta emitida por la persona moral denunciada, en las garantías de libertad de prensa, contratación, de expresión y derecho a la información, ya que tomando en consideración lo referido en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dichas garantías encuentran sus límites en las propias disposiciones de la normativa constitucional, como en su caso lo es el artículo 41 de nuestra Carta Magna, el cual establece diversas restricciones para las personas morales que contraten o difundan propagada tendiente a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, a favor o en contra de los partidos políticos o de sus candidatos a cargos de elección popular, como en el caso acontece.  De esta forma, como ya se señaló líneas arriba, si bien ésta autoridad consideró que Grupo Editorial Diez, S.A. de C.V., contrató la publicitación de una publicación mediante promocionales televisivos, dicha promoción estuvo integrada con algunos elementos audiovisuales que lejos de constreñirse a hacer propaganda comercial, rebasaron el ejercicio legítimo de tal derecho, al constituir propaganda política.

Particularmente, respecto al argumento de que “el formato usado para la promoción de la revista Vértigo es que aparece la portada de la revista y se hace una breve síntesis de su contenido con el fin de promocionar el artículo considerado más relevante dentro de la misma”, cabe señalar, que efectivamente dentro del promocional denunciado aparece la portada de la revista Vértigo, correspondiente al Año X, No. 520, de 6 de marzo de 2011, con la imagen del C. Humberto Moreira Valdés y la leyenda “Humberto Moreira, UN NUEVO LIDERAZGO PARA EL PRI”, sin embargo, la frase “El PRI es el único partido capaz de emprender y realizar la gran tarea que hoy exigen los mexicanos, porque el PRI es el partido que mejor sabe gobernar México”, al analizar el contenido de dicha publicación en sus páginas 6 a 10, en donde aparece el artículo más relevante que se está promocionando, en ninguna parte se aprecia que el C. Humberto Moreira Valdés se haya expresado con dicha frase o en tales términos. En este sentido, dicha frase, lejos de constituir una breve síntesis del contenido de la revista promocionada, comporta una expresión emitida motu proprio por quien está promocionando y/o difundiendo la multicitada publicación, apartándose de la fidelidad de su contenido real, y por ello, lejos de constituir un ejercicio legítimo de los derechos de libertad de expresión, información, imprenta y contratación, rebasa sus linderos al enmarcarse como propaganda política, como ya se explicó abundantemente en párrafos precedentes.

Por lo antes expuesto, las excepciones opuestas por el representante de Grupo Editorial Diez, S.A. de C.V., al no desvirtuar la responsabilidad en que incurrió, resultan inatendibles.

De este modo, tomando en consideración que como parte de la difusión comercial de la revista "Vértigo", la empresa "Grupo Editorial Diez, S.A. de C.V.", contrató en televisión el promocional identificado como RV00214-11.mp4 “TESTIGO NAL VERTIGO MOREIRA”, constitutivo de propaganda política, se colige que incurrió en la transgresión a lo previsto en el artículo 41, Base III, Apartado A, inciso g), párrafo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo previsto en los artículos 49, párrafo 4 y 345, párrafo 1, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; y que Televisión Azteca, S.A. de C.V., difundió dicha propaganda política no ordenada por el Instituto Federal Electoral, se considera que ésta transgredió lo dispuesto en el artículo 41, Base III, Apartado A, inciso g), párrafo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo previsto en los artículos 49, párrafo 4 y 350, párrafo 1, incisos b) y e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; por lo que el presente procedimiento sancionador resulta fundado contra dichos sujetos.

Respecto a la presunta responsabilidad de Compañía Internacional de Radio y Televisión, S.A., concesionaria de la emisora XHTRES-TV Canal 28, de la información que remitió Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos y Secretario Técnico del Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral, se señaló que los promocionales denunciados sólo fueron difundidos en emisoras de Televisión Azteca, S.A. de C.V., por lo que no se detectó ningún impacto en la emisora XHTRES-TV Canal 28, situación confirmada por el representante legal de la concesionaria de dicha emisora, quien manifestó que los promocionales no fueron transmitidos, por lo que no habiéndose acreditado su participación en la difusión de los mismos, no es posible imputarle responsabilidad en los hechos denunciados, por lo que ésta autoridad considera que ésta no transgredió lo dispuesto en el artículo 41, Base III, Apartado A, inciso g), párrafo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo previsto en los artículos 49, párrafo 4 y 350, párrafo 1, incisos b) y e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; por lo que el presente procedimiento sancionador resulta infundado contra dicho sujeto.

…

DÉCIMO PRIMERO.- (foja 114) Corresponde ahora determinar, respecto al promocional identificado como RV00214-11.mp4 “TESTIGO NAL VERTIGO MOREIRA”, objeto de estudio del considerando precedente, si el Partido Revolucionario Institucional, vulneró lo previsto en el artículo 41, Base III, Apartado A, inciso g), párrafo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en los numerales 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 3 y 342, párrafo 1, incisos a) e i) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; y si el C. Humberto Moreira Valdés, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, transgredió lo previsto en el artículo 41, Base III, Apartado A, inciso g), párrafo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo previsto en los artículos 49, párrafo 4 y 345, párrafo 1, incisos b) y d) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Tales dispositivos señalan que los partidos políticos, en ningún momento podrán contratar o adquirir por sí o por terceras personas tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión.

En mérito de lo anterior, es preciso señalar que el diccionario de la lengua española de la Real Academia Española define los vocablos contratar o adquirir de la siguiente forma:

“Contratar

(Del lat. contractāre).

1. tr. Pactar, convenir, comerciar, hacer contratos o contratas.

2. tr. Ajustar a alguien para algún servicio.

Adquirir

(Del lat. adquirĕre).

1. tr. Ganar, conseguir con el propio trabajo o industria.

2. tr. comprar (con dinero).

3. tr. Coger, lograr o conseguir.

4. tr. Der. Hacer propio un derecho o cosa que a nadie pertenece, o se transmite a título lucrativo u oneroso, o por prescripción.”

Así, el vocablo contratar se entiende como el acto jurídico bilateral que se constituye por el acuerdo de voluntades de dos o más personas y que produce ciertas consecuencias jurídicas (creación o transmisión de derechos y obligaciones). Por lo que la hipótesis normativa se colma cuando existe ese acuerdo de voluntades.

Por su parte, el vocablo adquirir aun cuando también tiene una connotación jurídica, se utiliza, predominantemente, en el lenguaje común, con el significado de conseguir, lograr, hacer propio un derecho o cosa.

En ese contexto, la prohibición prevista en el artículo 41, Base III, Apartado A, inciso g), párrafos 2 y 3 de la Carta Magna, precisa que los partidos políticos, o cualquier persona física o moral, en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión; sin embargo, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia ha sostenido en diversas ejecutorias que la mera interpretación gramatical de la disposición en examen conduciría entonces a considerar, en principio, que el objeto de la prohibición de contratar o adquirir, consiste en todo modo o manifestación de tiempos en radio y televisión, lo cual podría resultar violatorio de la garantía individual de libertad de expresión, prevista en el artículo 6º de la propia Ley Fundamental.

Por tanto, resulta válido concluir que el objeto de la prohibición constitucional no comprende los tiempos de radio y televisión, que se empleen para la difusión de las distintas manifestaciones periodísticas, auténticas o genuinas, por parte de esos medios de comunicación, lo cual se corrobora de la exposición de motivos de la reforma constitucional del año 2007, antes aludida.

Así, los medios de comunicación tienen el derecho de difundir los sucesos, hechos o acontecimientos que estimen más trascendentales pero siempre evitando influir en las preferencias electorales de los ciudadanos o a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular.

En ese tenor, cabe referir que una de las obligaciones a las que se encuentran sujetos los medios de comunicación, es que al dar a conocer un acontecimiento, la información sea veraz y objetiva, dichas características se deben cumplir con mayor razón en el ámbito de las noticias electorales, por lo cual a través del ejercicio de la libertad de expresión de los medios de comunicación, se debe garantizar que la cobertura informativa concedida a los contendientes en un proceso electoral tenga pretensiones serias, veraces y objetivas, además de ser equitativas en función de las actividades de cada candidato o fuerza política.

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sostenido que el periodismo es la manifestación primaria y principal de la libertad de expresión del pensamiento, así también lo establece el principio 6 de la Declaración sobre libertad de expresión citada, "la actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados"; dicha actividad se intensifica durante el desarrollo de un proceso comicial, y más intensamente durante la etapa de campañas, lo cual incrementa la necesidad de cobertura informativa por parte de los medios de comunicación, por lo que se considera que los medios de comunicación al difundir los sucesos, hechos o acontecimientos de carácter político electoral que estimen más trascendentales, deben evitar influir de una forma inadecuada en los procesos electorales que se encuentren desarrollándose, o estar dirigidas a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular.

De ahí que en general, no es procedente exigir un formato específico en el diseño de los programas o transmisiones en radio o televisión, cuando no se trata de aquellos promocionales que deben ser transmitidos por los concesionarios, de acuerdo a las pautas establecidas por la autoridad administrativa electoral, u otros que supongan, por su contenido, una clara infracción de las prohibiciones constitucionales y legales en la materia, incluso no existen disposiciones legales que, con carácter imperativo, regulen los términos y condiciones a que deben sujetarse las entrevistas o reportajes.

No obstante lo antes aludido, es un criterio reiterado por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver entre otros, los recursos de apelación identificados con las claves SUP-RAP-201/2009 y sus acumulados SUP-RAP-212/2009 y SUP-RAP-213/2009, SUP-RAP-234/2009 y sus acumulados SUP-RAP-239/2009, SUP-RAP-240/2009, SUP-RAP-243/2009 y SUP-RAP-251/2009, SUP-RAP-22/2010 y SUP-RAP-48/2010, que aun cuando no se puede exigir un formato específico en el diseño de los programas o transmisiones en radio o televisión, respecto del género periodístico, lo cierto es que el derecho de libertad de expresión se encuentra limitado a que no constituyan un acto de simulación en contravención a la prohibición de que los partidos políticos o que cualquier tercero contrate o adquiera tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión con el objeto de influir en las preferencias electorales.

En ese sentido, el Consejo General del Instituto Federal Electoral tiene la atribución para vigilar que las actividades de los partidos políticos nacionales y de quienes participan en los procesos electorales se desarrolle con apego a lo previsto en la normativa constitucional y la legal, sin desconocer el carácter expansivo de la libertad de expresión, la necesidad de proteger el derecho a la información y el carácter plural del debate político en una contienda electoral; por lo que dicha facultad debe ejercerse, en una forma prudente, responsable y casuística, para que, a través de un sano ejercicio de ponderación de los principios y valores que, aparentemente entran en conflicto, se armonicen los alcances de cada derecho o libertad con la protección de otro u otros, y así coexistan pacíficamente en el marco de un Estado constitucional y democrático de derecho.

De esta forma se garantiza que tal atribución no llegue a constituir una interferencia o intromisión que desvirtúe la libertad de expresión y el propio debate político, mediante la supresión de la vigencia de alguno de los derechos involucrados por privilegiar la supuesta defensa de otro.

En consecuencia, no podrá limitarse dicha libertad ciudadana, a menos que se demuestre que su ejercicio es abusivo, por trastocar los límites constitucionales, por ejemplo, cuando no se trata de un genuino ejercicio de un género periodístico, y exista una clara y proclive preferencia por un precandidato, candidato, partido político o coalición, o bien, animadversión hacia alguno de ellos, y así lo evidencien las características cualitativas y cuantitativas del mensaje.

Es decir, el ejercicio responsable de las libertades fundamentales de expresión, información y prensa escrita, durante el desarrollo de los procesos comiciales, por parte de los partidos políticos, precandidatos, candidatos, ciudadanos y cualquier otra persona física o moral, incluidas las empresas de radio y televisión, no tan sólo implica respetar los límites que la propia Constitución Federal les establece en los artículos 6 y 7, sino además, conlleva evitar que a través de su uso y disfrute, colisionen otros valores contenidos en el propio Pacto Federal, como la equidad en el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación, entre ellos la radio y la televisión.

Por ello, no sería válido aducir el ejercicio de la libertad de expresión o el derecho a la información, cuando a través de su práctica durante los procesos electorales, se incurra en abusos o decisiones que se traduzcan en infracciones de las reglas que garantizan el debido acceso a las frecuencias de radio y canales de televisión por parte de los partidos políticos.

Así es que el ejercicio de ciertas garantías fundamentales no puede servir de base para promocionar acceso indebido a los canales de televisión, en su caso, a un partido político o candidato, porque no sería válido extender el ámbito protector de las normas de cobertura previstas en los artículos 6 y 7 de la Constitución, hasta el grado de quebrantar las prohibiciones previstas en la propia constitución, en su artículo 41, aplicables a los partidos políticos y candidatos respecto de su derecho a promocionarse en los espacios de radio y televisivos, dado que la administración única de estos tiempos en materia electoral corresponde al Instituto Federal Electoral.

En otras palabras, la autoridad de conocimiento debe realizar una ponderación minuciosa de los valores protegidos en los artículos 6° y 7° constitucionales, a la luz de la prohibición prevista en el artículo 41 de dicho ordenamiento legal, respecto a que ningún partido político o tercero pueden contratar o adquirir tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión con el objeto de difundir material que influya en las preferencias electorales a favor o en contra de cualquiera de las fuerzas contendientes en un proceso comicial o sus candidatos; tomando en consideración las circunstancias del caso en estudio, pues no se debe permitir la realización de actos simulados, a través de la difusión de propaganda encubierta que, sólo en apariencia, sea una entrevista, crónica, reportaje o nota informativa, pero que, en realidad, tenga como propósito promocionar o posicionar a un candidato o partido político, con independencia de si el concesionario o permisionario del canal de televisión o de radio, recibió un pago por ello o procedió de manera gratuita, pues en ese caso, se actualizaría la infracción administrativa prevista en el artículo 350, párrafo 1, inciso b) del código electoral federal.

Por lo tanto, con independencia de la infracción administrativa que se actualizó con la conducta desplegada por la concesionaria denunciada, así como por quien contrató la difusión del promocional que nos ocupa, además de por economía procesal dar aquí por reproducido el contenido integral del considerando precedente, por estar estrechamente vinculado con las conductas que se analizan en el presente apartado, ésta autoridad consideró que el citado mensaje televisivo contenía elementos constitutivos de propaganda política, ya que tuvo por objeto la difusión de la ideología, programas o acciones del Partido Revolucionario Institucional, con el fin de influir en los ciudadanos para adoptar determinadas conductas sobre temas de interés social, promocionando la opción política que representa dicho instituto político, como mejor opción respecto a un tema de interés social como lo es el gobernar México, siendo con ello explícito en cuanto a favorecer a dicho partido político.

Cabe precisar que aun cuando en autos no existen elementos que permitan a esta autoridad afirmar que existió un contrato o convenio entre Televisión Azteca, S.A. de C.V. y el Partido Revolucionario Institucional, para la difusión del promocional televisivo constitutivo de propaganda política, la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido en las ejecutorias dictadas en los recursos de apelación identificados con las claves SUP-RAP-22/2010, SUP-RAP-48/2010 y SUP-RAP-118/2010, que la adquisición de tiempos puede hacerse a título gratuito, y no por ello se deja de violentar la prohibición prevista en el artículo 41 de la Carta Magna y sus correlativos en el código comicial federal.

En ese contexto y dadas las características de la transmisión del programa televisivo denunciado en sus diversas detecciones, dado que aún cuando pudiera contener elementos de propaganda comercial, dentro del conjunto de elementos audiovisuales que lo conformaban se apreciaron otros que dan cuenta de que se trataba de la emisión de propaganda de carácter política, es que esta autoridad considera que la misma no puede considerarse como producto de un legítimo ejercicio periodístico o comercial.

No obstante que con la difusión del promocional televisivo denunciado se acreditó que su contenido tenía carácter preponderantemente de propaganda política a favor del Partido Revolucionario Institucional y de que no obra en autos elemento de convicción alguno que permita desprender que tal sujeto haya contratado dicha difusión, así mismo, tampoco obra ningún dato que permita concluir que haya realizado alguna conducta tendiente a deslindar su responsabilidad en la transmisión del programa televisivo de marras, por lo que es dable desprender la presunción de que la propaganda política de referencia fue adquirida por dicho instituto político, ya que resultó ser el actor político directamente beneficiado, ya que el objeto del promocional denunciado fue el posicionamiento favorable del Partido Revolucionario Institucional.

En este tenor, aún cuando el Partido Revolucionario Institucional, tuvo la posibilidad de deslindarse de la transmisión del consabido material televisivo, con el objeto de evitar que la responsabilidad por su difusión, no le pudiera ser fincada por la autoridad electoral administrativa, a pesar del contexto y las circunstancias en que desarrolló su difusión (atendiendo al número de impactos, su difusión en la mayor parte del país y en canales de alto índice de televidentes por ser de televisión abierta los canales donde se transmitieron), lo cierto es que no realizó alguna acción positiva idónea para lograr tal deslinde, por lo que resulta indubitable su consentimiento velado o implícito por dicha difusión, y en consecuencia, se demuestra que adquirió propaganda política a su favor.

Así, el Partido Revolucionario Institucional no realizó alguna acción eficaz, idónea, jurídica, oportuna y razonable para lograr el cese de dicha conducta, no obstante que es dable concluir que conoció los promocionales televisivos denunciados, ya que lo fueron en el contexto de un periodo de cinco días, en canales de televisión abierta y en la mayor parte de la República Mexicana, máxime que el mismo Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional fue el principal objeto del contenido de la promoción de la revista Vértigo.

En este sentido, conviene precisar que la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación identificado con el número SUP-RAP-6/2010 y su acumulado SUP-RAP-7/2010 sostuvo que una acción o conducta válida para deslindar de responsabilidad a un sujeto que se coloca en una situación potencialmente antijurídica debe ser:

a. Eficaz, cuando su implementación esté dirigida a producir o conlleve al cese o genere la posibilidad de que la autoridad competente conozca del hecho y ejerza sus atribuciones para investigarlo y, en su caso, resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada;

b. Idónea, en la medida en que resulte adecuada y apropiada para ello;

c. Jurídica, en tanto se utilicen instrumentos o mecanismos previstos en la Ley, para que las autoridades electorales (administrativas, penales o jurisdiccionales) tengan conocimiento de los hechos y ejerzan, en el ámbito de su competencia, las acciones pertinentes. Por ejemplo, mediante la formulación de la petición de las medidas cautelares que procedan;

d. Oportuna, si la medida o actuación implementada es de inmediata realización al desarrollo de los eventos ilícitos o perjudiciales para evitar que continúe, y

e. Razonable, si la acción o medida implementada es la que de manera ordinaria podría exigirse al potencial sujeto infractor de que se trate, siempre que esté a su alcance y disponibilidad el ejercicio de las actuaciones o mecanismos a implementar.

En virtud de lo anterior, este órgano resolutor estima que el Partido Revolucionario Institucional tuvo la posibilidad de implementar diversas acciones con el objeto de repudiar la conducta desplegada, toda vez que existían medios legales que podrían evidenciar su actuar, como son: la presentación de la denuncia ante la autoridad correspondiente; la comunicación a la empresa televisiva denunciada de que se cometía una infracción a la ley electoral con la transmisión y difusión de la propaganda referida, a fin de que omitiera realizar dichas conductas y el aviso a la autoridad electoral para que, en uso de sus atribuciones, investigara y deslindara la responsabilidad en que pudo incurrir; medidas todas ellas que estaban previstas en la legislación, y que no fueron tomadas en consideración por dicho sujeto.

En tal virtud, toda vez que la difusión de la propaganda política en cuestión no fue ordenada por el Instituto Federal Electoral, distorsiona de manera grave el esquema de distribución de tiempos en radio y televisión, dado que otorga de manera injustificada e ilegal tiempos en dichos medios, adicionales a los previstos constitucional y legalmente, violando a través de dicha conducta la equidad en el acceso a radio y televisión en materia electoral.

Es un hecho que los partidos políticos difunden su propaganda a partir de estrategias para la difusión de sus materiales proselitistas, las cuales comprenden varios actos que se llevan a cabo en distintos medios (revistas, anuncios, espectaculares, mensajes de radio y televisión, panfletos, bardas, etcétera) y en distintos tiempos, esto es, son actos que están relacionados por su contenido y que al tener características comunes (personajes, historias, canciones) permiten que la audiencia los reconozca y la repetición de esos elementos asegura una mayor permanencia en la memoria de los ciudadanos e incluso que se revelen signos de identidad entre las ideas personales de los receptores de los mensajes con las propuestas que formulan los institutos políticos.

Así, el hecho de que el material denunciado contenga elementos audiovisuales a favor del Partido Revolucionario Institucional, permite afirmar que ese material tenía como finalidad que la audiencia se formara una opinión positiva o favorable respecto a dicho sujeto, al margen del restante contenido publicitario emitido.

Sirve de apoyo a lo anterior, a modo ejemplificativo y por analogía, la tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se transcribe en seguida:

“Tesis XXX/2008

PROPAGANDA ELECTORAL. COMPRENDE LA DIFUSIÓN COMERCIAL QUE SE REALIZA EN EL CONTEXTO DE UNA CAMPAÑA COMICIAL CUANDO CONTIENE ELEMENTOS QUE REVELAN LA INTENCIÓN DE PROMOVER UNA CANDIDATURA ANTE LA CIUDADANÍA.—En términos del artículo 182, párrafos 3 y 4 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la propaganda electoral es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral se difunden con el propósito de presentar ante la ciudadanía, las candidaturas registradas; esto es, se trata de una forma de comunicación persuasiva para obtener el voto del electorado o desalentar la preferencia hacia un candidato, coalición o partido político. En ese sentido, se debe considerar como propaganda electoral, todo acto de difusión que se realice en el marco de una campaña comicial, con independencia de que se desenvuelva en el ámbito de la actividad comercial, publicitaria o de promoción empresarial; cuando en su difusión se muestre objetivamente que se efectúa también con la intención de presentar una candidatura ante la ciudadanía, por incluir signos, emblemas y expresiones que identifican a un candidato con un determinado partido político o coalición, aun cuando tales elementos se introduzcan en el mensaje de manera marginal o circunstancial, puesto que, lo trascendente, es que con ello se promociona una candidatura.

Recurso de apelación. SUP-RAP-115/2007.—Actor: Partido de la Revolución Democrática.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—12 de marzo de 2008.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretarios: Fidel Quiñones Rodríguez y Daniel Juan García Hernández.”

Cabe agregar que las afirmaciones sostenidas en el presente fallo constituyen el resultado de una valoración realizada al contexto fáctico en que fueron desplegadas las conductas bajo escrutinio, tomando como referente adicional el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-009/2004,               en el que determinó, en lo que interesa, que uno de los elementos a considerar en la apreciación de expresiones –en aquél caso, relacionadas con la probable transgresión al artículo 38, párrafo 1, inciso p) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, vigente en aquel momento-, se refería al contexto  en el que se producen las manifestaciones que estén sujetas al escrutinio de la autoridad administrativa electoral o del órgano jurisdiccional, pues no cabe dar el mismo tratamiento a expresiones espontáneas e improvisadas surgidas con motivo de la celebración de una entrevista, de un debate, de una discusión, las emanadas de una intervención oral en un evento o acto político, o incluso en una situación conflictiva, que aquellas producto de un natural sosiego, planificación o en las que cabe presumir una reflexión previa y metódica, como las contenidas en boletines de prensa, desplegados o en algún otro comunicado oficial, así como en las desplegadas en la propaganda partidista, la cual, según enseñan las máximas de la experiencia, hoy en día obedece a esquemas cuidadosamente diseñados, incluso, en no pocas ocasiones son consecuencia de estudios mercadológicos altamente tecnificados, en los que se define, con apoyo en asesorías o mediante la contratación de agencias especializadas, con claridad el público al que se dirige la propaganda y el tipo de mensaje que resulta más afín o atractivo para dicho sector de la población.

Cabe insistir que la difusión de cualquier clase de material propagandístico, relativo a los partidos políticos, fuera de las pautas de transmisión aprobadas por el Comité de Radio y Televisión de este Instituto, constituye una conducta violatoria de la prohibición constitucional de contratar o adquirir tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión.

La transmisión de un material publicitario con elementos de propaganda política, constituye una transgresión al principio consagrado en la Constitución que impide a los partidos políticos acceder a la radio y la televisión en la forma que dispone este Instituto, mediante el monopolio de la administración constitucional y legal de dichos tiempos.

Como es sabido, desde el año dos mil siete, la Constitución General establece las bases y principios del actual modelo de comunicación en radio y televisión en materia político electoral, cimentado en un régimen de derechos y obligaciones  puntual y categórico.

En el Apartado A de la Base III del artículo 41 del citado ordenamiento constitucional, se establecieron los Lineamientos sobre el derecho de los partidos políticos para hacer uso de manera permanente de los medios de comunicación social, entre los que destaca, que el Instituto Federal Electoral será autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales.

Complementariamente, se estableció que los partidos políticos en ningún momento pueden contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión; así como que ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar o adquirir propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular.

El mandato constitucional, por una parte, asegura a los partidos políticos y sus candidatos el acceso a tiempos en radio y televisión, por vía de la administración exclusiva que sobre los mismos realiza el Instituto Federal Electoral; y, por otro lado, proscribe que cualquier persona física o moral contrate o adquiera propaganda en dichos medios de comunicación, dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favorecer o contrariar a partidos políticos o candidatos a cargos de elección popular.

Por ende, el referido párrafo tercero del Apartado A de la base III del artículo 41 constitucional, establece la prohibición de contratar o adquirir tiempos en cualquier modalidad de radio o televisión, cuando esté dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, o a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular.

De acuerdo con lo anterior, se obtiene que lo jurídicamente relevante es: 1. a través de estas normas se garantiza el acceso de partidos políticos y sus candidatos a la radio y la televisión, y 2. se protege la equidad de la contienda electoral; por lo que, cualquier acceso a la radio y la televisión, de partidos políticos y sus candidatos, diferente a las asignaciones que realiza el Instituto Federal Electoral, se traduce en una violación directa de las normas constitucionales indicadas.

Lo anterior porque la infracción a la norma constitucional se surte desde el momento en que la propaganda difundida en los medios de comunicación indicados, en su caso, favorezca a un partido político o candidato; sin que sea jurídicamente relevante o determinante,  la modalidad, forma o título jurídico de la contratación y/o adquisición.

Sobre esta particular, esta autoridad considera conveniente citar lo afirmado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la ejecutoria relativa al recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-234/2009 y sus acumulados, de fecha cuatro de septiembre de dos mil nueve, en donde dicho juzgador comicial federal, expresó lo siguiente:

“…

En efecto, las acciones prohibidas por la disposición prevista en el artículo 41, Base III, Apartado A, párrafo segundo, de la Constitución, consisten en contratar o adquirir, mientras que el objeto materia de la prohibición son los tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión.

Al enunciar las acciones no permitidas: contratar o adquirir, la disposición constitucional utiliza la conjunción ‘o’, de manera que debe considerarse que se trata de dos conductas diferentes.

Por tanto, las conductas prohibidas por el precepto en examen son:

- Contratar tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión, por sí o por terceras personas y,

- Adquirir tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión, por sí o por terceras personas.

El uso de la conjunción ‘o’ en la disposición en estudio es de carácter inclusivo, lo cual significa que está prohibido tanto contratar como adquirir tiempos en radio y televisión.

Para dilucidar el significado de las acciones de ‘contratar’ y ‘adquirir’ debe tenerse en cuenta que en la redacción de las disposiciones constitucionales se emplea lenguaje común y también lenguaje técnico jurídico.

Es claro que la expresión ‘contratar’ corresponde al lenguaje técnico jurídico, proveniente del derecho civil, según el cual, en sentido lato, esa acción consiste en el acuerdo de voluntades de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir derechos y obligaciones.

En cambio, el vocablo ‘adquirir’, aun cuando también tiene una connotación jurídica (por ejemplo, los modos de adquirir la propiedad, previstos en el Código Civil), se utiliza, predominantemente, en el lenguaje común, con el significado de: ‘Llegar a tener cosas, buenas o malas; como un hábito, fama, honores, influencia sobre alguien, vicios, enfermedades’ (Diccionario del uso del español, de María Moliner).

En el mismo sentido, el Diccionario de la Real Academia Española establece que por el verbo ‘adquirir’ se entiende: ‘…3. Coger, lograr o conseguir’.

Si se tiene en cuenta que el valor tutelado por la disposición constitucional es la facultad conferida por el Poder de Reforma al Instituto Federal Electoral, de fungir como la autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado destinado para sus propios fines y el ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales de acceder en condiciones de equidad a los medios de comunicación electrónicos, es patente que la connotación de la acción ‘adquirir’ utilizada por la disposición constitucional es la del lenguaje común, pues de esa manera se impide el acceso de los partidos políticos, a la radio y la televisión, en tiempos distintos a los asignados por el Instituto Federal Electoral.

…”

[Énfasis y subrayado añadidos]

Por eso, ante esta autoridad resolutora queda acreditado el hecho de que, fuera de las pautas ordenadas por el Instituto Federal Electoral, se transmitió y difundió propaganda política, por lo cual la citada prohibición constitucional fue rebasada.

En este sentido, es dable responsabilizar al Partido Revolucionario Institucional, pues quedó acreditada su participación en el programa televisivo denunciado en el que se difundió propaganda política a su favor distinta a la ordenada por el Instituto Federal Electoral, y por ello adquirió tiempos en televisión a través de un tercero, sin que obre en poder de esta autoridad, elemento idóneo alguno que permita acreditar ni siquiera indiciariamente que el instituto político haya desplegado conducta idónea con el objeto de hacer cesar, inhibir o repudiar la promoción ilícita que fue realizada a su favor, conculcando con ello, los preceptos normativos citados al inicio del presente considerando.

Por lo anterior, de acuerdo con el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el recurso de apelación identificado como SUP-RAP-118/2010, en la especie, quedan colmados los elementos necesarios para tener por acreditada la hipótesis normativa que prohíbe la adquisición de tiempos en televisión, esto es:

a) Que una persona física o moral distinta al instituto federal electoral contrate o adquiera tiempos en cualquier modalidad de radio o televisión;

b) que el contratante o adquirente sea un partido político, o un precandidato o candidato a cargo de elección popular; y

c) que la contratación o adquisición de dichos tiempos la lleve a cabo directamente el partido, el precandidato o el candidato, o bien, cualquier tercero.

Por lo tanto, una de las finalidades que persigue el modelo de comunicación política regulado por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que está conformado también por el régimen de prohibiciones en estudio, consiste en impedir que actores ajenos al proceso electoral incidan en las campañas electorales y sus resultados a través de los medios de comunicación. Asimismo, la prohibición en estudio busca garantizar también la plena eficacia de lo dispuesto en el artículo 49, párrafos 2 y 5 del código electoral sustantivo, que establece que la única vía por la que los partidos políticos, sus candidatos y precandidatos pueden acceder a la radio o la televisión es a través de los tiempos del estado que administra el Instituto Federal Electoral. Consecuentemente, la interpretación que se haga de tal prohibición debe potencializar dichas finalidades.

No pasa inadvertido que la representación del Partido Revolucionario Institucional haya argumentado que la promoción de la revista Vértigo en televisión se hace en pleno ejercicio de la libertad de expresión y prensa, que la propaganda de merito es de tipo comercial, que tampoco existe algún indicio de que los promocionales de marras hayan sido contratados u ordenados por el Partido Revolucionario Institucional, que la promoción de la revista Vértigo se encuentra dentro del ejercicio del derecho de trabajo, expresión e imprenta, los cuales se encuentran protegidos por la Carta Magna, y tiene la finalidad de dar a conocer a los interesados pormenores de algún reportaje.

Cabe precisar que si bien no existe algún contrato que vincule al sujeto denunciado con la difusión de la propaganda política difundida a través del material televisivo objeto del presente pronunciamiento, lo cierto es que a partir de las reformas constitucionales y legales en materia electoral durante los años dos mil siete y dos mil ocho, las finalidades del nuevo modelo de comunicación entre partidos políticos y sus candidatos, con los electores y la ciudadanía en conjunto, permiten considerar que la exigencia de la constatación del citado vínculo pondría en serio riesgo a la prohibición legal, ya que los autores del ilícito estarían cobijados, casi siempre, por una mera negativa de su parte hacia la existencia de cualquier relación con los emisores de la propaganda ilegal, provocando dificultades prácticamente infranqueables a la autoridad investigadora.

En consideración de esta autoridad, no es posible amparar la conducta emitida por la persona moral denunciada, en las garantías de libertad de prensa, contratación, de expresión y derecho a la información, ya que tomando en consideración lo referido en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dichas garantías encuentran sus límites en las propias disposiciones de la normativa constitucional, como en su caso lo es el artículo 41 de nuestra Carta Magna, el cual establece diversas restricciones para las personas morales que contraten o difundan propagada tendiente a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, a favor o en contra de los partidos políticos o de sus candidatos a cargos de elección popular, como en el caso acontece.  De esta forma, como ya se señaló líneas arriba, si bien ésta autoridad consideró que Grupo Editorial Diez, S.A. de C.V., contrató la publicitación de una publicación mediante promocionales televisivos, dicha promoción estuvo integrada con algunos elementos audiovisuales que lejos de constreñirse a hacer propaganda comercial, rebasaron el ejercicio legítimo de tal derecho, al constituir propaganda a favor del Partido Revolucionario Institucional, difundida en tiempos en televisión, misma que fue ordenada por personas distintas al Instituto Federal Electoral.

Por lo anterior, resultan improcedentes los argumentos esgrimidos por el Partido Revolucionario Institucional.

Ahora bien, respecto a la conducta que se le atribuye al C. Humberto Moreira Valdés, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, en el mismo sentido que al instituto político al cual representa, cabe hacer notar que si bien aparece como noticia preponderante en el mensaje televisivo denunciado, lo hace de manera pasiva al aparecer en imágenes donde interviene en actos públicos multitudinarios dentro de su partido, sin embargo, no existe ningún elemento que permita desprender que él fue quien emitió las manifestaciones a favor de su partido o que él haya contratado la propaganda política denunciada.

En este sentido, cabe distinguir entre la conducta del C. Humberto Moreira Valdés, por medio de la cual podía haber transgredido la prohibición legal de contratar o adquirir la propaganda política denunciada, situación que no se acredita; y la conducta por medio de la cual, al haber tenido conocimiento de la propaganda a favor de su partido, al haber sido él el objeto de la información comercial, pudo haber deslindado a su partido, del cual desde ese entonces era ya dirigente nacional, intentando hacer cesar la conducta contraventora.

En tales condiciones, toda vez que se acredita plenamente que el Partido Revolucionario Institucional, adquirió tiempos en televisión, particularmente propaganda política a su favor difundida a través del promocional identificado como RV00214-11.mp4 “TESTIGO NAL VERTIGO MOREIRA” y transmitido por Televisión Azteca, S.A. de C.V., es que se considera que transgredió lo dispuesto en el artículo 41, Base III, Apartado A, inciso g), párrafo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en los numerales 49, párrafo 3 y 342, párrafo 1, incisos a) e i) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo que el presente procedimiento sancionador se declara fundado en contra de dicho instituto político.

Por otro lado, en virtud de que no se acreditó responsabilidad alguna del C. Humberto Moreira Valdés, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, en la contratación o adquisición del promocional identificado como RV00214-11.mp4 “TESTIGO NAL VERTIGO MOREIRA”, ésta autoridad considera que no vulneró lo previsto en el artículo 41, Base III, Apartado A, inciso g), párrafo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo previsto en los artículos 49, párrafo 4 y 345, párrafo 1, incisos b) y d) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo cual se determina declarar infundado el presente procedimiento sancionador en contra de dicho sujeto.

…

DÉCIMO SEGUNDO.- (foja 129) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN A GRUPO EDITORIAL DIEZ, S.A. DE C.V. Que una vez que ha quedado demostrada la infracción a la normatividad electoral por parte de la persona moral denominada "Grupo Editorial Diez, S.A. de C.V.", se procede a imponer la sanción correspondiente.

Lo anterior es así, porque su actuar infringió lo dispuesto en el artículo 41, Base III, Apartado A, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en el artículo 49, párrafo 4 y 345, párrafo 1, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, toda vez que hubo contratación en televisión de propaganda a favor del Partido Revolucionario Institucional.

Al respecto, cabe citar el contenido del artículo 355, párrafo quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual establece en la parte que interesa lo siguiente:

“Artículo 355.

(…)

5. Para la individualización de las sanciones a que se refiere este libro, una vez acreditada la existencia de una infracción y su imputación, la autoridad electoral deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, entre otras, las siguientes:

a)        La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma las disposiciones de este Código, en atención al bien jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él;

b)        Las circunstancias de modo tiempo y lugar de la infracción;

c)             Las condiciones socioeconómicas del infractor;

d)            Las condiciones externas y los medios de ejecución,

e)        La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y

f)              En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones.”

Del mismo modo, esta autoridad atenderá a lo dispuesto en el numeral 354, párrafo 1, inciso d) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual establece las sanciones aplicables a cualquier persona física o moral.

En los artículos transcritos, se establecen las circunstancias elementales que tomará en cuenta este órgano resolutor para la imposición de la sanción que corresponde a "Grupo Editorial Diez, S.A. de C.V.".

Ahora bien, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido que respecto a la individualización de la sanción que se debe imponer a un partido político nacional por la comisión de alguna irregularidad, este Consejo General debe tomar en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la comisión de la falta; y en el caso que nos ocupa, aun cuando no se trata de un instituto político el que cometió la infracción sino de una persona Moral denominada "Grupo Editorial Diez, S.A. de C.V.", las circunstancias que han de considerarse para individualizar la sanción deben ser las mismas que en aquellos casos, es decir, deben estimarse los factores objetivos y subjetivos que hayan concurrido en la acción u omisión que produjeron la infracción electoral.

I.- Así, para calificar debidamente la falta, la autoridad debe valorar:

El tipo de infracción.

En primer término, es necesario precisar que la norma transgredida por la persona moral denominada "Grupo Editorial Diez, S.A. de C.V.", es el artículo 345, párrafo 1 inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Con base en lo anteriormente expuesto, puede establecerse la finalidad o valor protegido en las normas violentadas, así como la trascendencia de la infracción cometida.

La finalidad perseguida por el Legislador al establecer como infracción de cualquier persona física o moral la contratación en radio o televisión de propaganda dirigida a influir en los ciudadanos para que adopten determinadas conductas sobre temas de interés social, y que no se encuentran necesariamente vinculadas a un proceso electoral federal.

En efecto, el fin de la igualdad en materia electoral básicamente se traduce en la consonancia de oportunidades entre los contendientes, con el objeto de que, en igualdad de circunstancias, todos los Partidos Políticos cuenten con las mismas oportunidades para su promoción.

En esta tesitura, cabe resaltar que con el objeto de salvaguardar el principio de equidad que debe imperar entre las distintas fuerzas políticas, las reformas que se introdujeron en la normatividad federal electoral restringen el acceso directo de los partidos políticos a los medios de comunicación, así como la taxativa destinada a las personas físicas o morales para la contratación de propaganda a favor o en contra de algún instituto político.

En el presente asunto quedó acreditado que "Grupo Editorial Diez, S.A. de C.V.", responsable de la publicación de la revista "Vértigo", contrató directamente con la empresa "TV Azteca, S.A. de C.V.", la difusión de los promocionales materia del presente procedimiento, en las frecuencias televisivas concesionadas a "Televisión Azteca, S.A. de C.V.", y lo que es más, que la primera de esas personas morales reconoció expresamente tener la facultad de determinar el contenido de los promocionales, mediante los cuales se publicitó comercialmente a dicha revista y se difundió propaganda a favor del Partido Revolucionario Institucional, a través de la difusión del mensaje identificado con el folio RV00214-11.mp4 “TESTIGO NAL VÉRTIGO MOREIRA”, con lo cual se conculcó lo establecido en los artículos 41, Base III, Apartado A, inciso g), párrafo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en los artículos 49, párrafo 4; y 345, párrafo 1, incisos b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en virtud de la contratación de propaganda política en televisión dirigida a influir en los ciudadanos para que adopten determinadas conductas sobre temas de interés social, y que no se encuentran necesariamente vinculadas a un proceso electoral federal, a través de un medio impreso (Revista Vértigo), dando lugar a la infracción consistente en la contratación de propaganda política a través de terceros.

La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.

Al respecto, cabe señalar que al haberse acreditado la violación a lo dispuesto en los artículos 41 Base III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el artículo 345, párrafo 1, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por parte de "Grupo Editorial Diez, S.A. de C.V.", no implica la presencia de una pluralidad de infracciones o de faltas administrativas, ya que el hecho material que se infringe es la prohibición mercantil de comprar espacios en radio y televisión para influir en los ciudadanos para que adopten determinadas conductas sobre temas de interés social en base a la propaganda política difundida, y que no se encuentran necesariamente vinculadas a un proceso electoral federal.

El bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas).

La finalidad perseguida por el Legislador al establecer como infracción de cualquier persona física o moral la contratación en radio o televisión dirigida a la promoción personal con fines políticos o electorales, a influir en los ciudadanos o a favor o en contra de alguna fuerza política, fue preservar los principios de equidad e igualdad que deben regir en la materia electoral, al evitar que terceros ajenos a los actores políticos incorporen elementos distorsionadores del orden electoral.

En efecto, el fin de la equidad en materia electoral básicamente se traduce en la consonancia de oportunidades entre los Partidos Políticos, con el objeto de que, en igualdad de circunstancias, cuenten con las mismas oportunidades para la promoción de su imagen.

En esta tesitura, cabe resaltar que con el objeto de salvaguardar el principio de equidad que debe imperar entre las distintas fuerzas políticas, las reformas que se introdujeron en la normatividad federal electoral restringen la compra directa o indirecta de los partidos políticos a los medios de comunicación, así como la taxativa destinada a las personas físicas o morales para la contratación de propaganda a favor o en contra de algún instituto político.

Al respecto, conviene reproducir la iniciativa con proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia electoral, en la cual, en la parte que interesa señaló lo siguiente:

“(…)

El tercer objetivo que se persigue con la reforma constitucional propuesta es de importancia destacada: impedir que actores ajenos al proceso electoral incidan en las campañas electorales y sus resultados a través de los medios de comunicación; así como elevar a rango de norma constitucional las regulaciones a que debe sujetarse la propaganda gubernamental, de todo tipo, tanto durante las campañas electorales como en periodos no electorales.

…"

Bajo esta premisa, es válido afirmar que el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas es la equidad que debe prevalecer entre los distintos actores políticos, en aras de garantizar que cuenten con las mismas oportunidades para difundir su ideología o promover sus propuestas e impedir que terceros ajenos al proceso electoral incidan en su resultado.

Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción.

Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción, la conducta debe valorarse conjuntamente con las circunstancias objetivas que concurren en el caso, como son:

a) Modo. En el caso a estudio, la irregularidad atribuible a la persona moral denominada "Grupo Editorial Diez, S.A. de C.V.", consistió en inobservar lo establecido en los artículos 41 Base III, Apartado A, inciso g), párrafo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los artículos 49, párrafo 4 y 345, párrafo 1, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al haber contratado propaganda política en televisión, como ha quedado establecido previamente, dirigida a influir en los ciudadanos y que no se encuentran necesariamente vinculada a un proceso electoral federal, en virtud de la contratación de propaganda en televisión para promocionar un medio impreso (Revista Vértigo) y contener elementos audiovisuales a favor del Partido Revolucionario Institucional.

b) Tiempo. De conformidad con las constancias que obran en autos, esta autoridad tiene acreditada la contratación del promocional o spot materia del presente asunto, identificado con el folio RV00214-11.mp4 “TESTIGO NAL VÉRTIGO MOREIRA”, durante el periodo comprendido del seis al once de marzo del presente año (los cuales fueron detectados como parte de los monitoreos que realiza esta autoridad.) En tal virtud, fueron transmitidos un total de 931 impactos en las emisoras identificadas en el cuadro que a continuación se trascribe:

(SE TRANSCRIBE)

c) Lugar. El promocional objeto del presente procedimiento fue difundido en los estados de Aguascalientes; Baja California; Baja California Sur; Campeche; Chihuahua; Chiapas; Coahuila; Colima; Distrito Federal; Durango; Guerrero; Guanajuato; Hidalgo; Jalisco, Estado de México; Michoacán; Morelos; Nayarit; Nuevo León; Oaxaca; Puebla; Quintana Roo: Querétaro; Sinaloa; San Luis Potosí; Sonora; Tabasco; Tamaulipas; Veracruz; Yucatán y Zacatecas, en virtud de que su transmisión se llevó a cabo a través de canales de televisión con cobertura local.

Intencionalidad.

Se considera que en el caso sí existió por parte de "Grupo Editorial Diez, S.A. de C.V.", la intención de infringir lo previsto en los artículos 41 Base III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los artículos 49, párrafo 4 y 345, párrafo 1, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Lo anterior es así, ya que del análisis de los elementos que obran en autos, se advierte que la persona moral denunciada solicitó la difusión de propaganda contraria a la normatividad electoral federal, con plena conciencia de la naturaleza política de los elementos que incluyó en su propaganda comercial, como imágenes y expresiones relacionadas con propaganda a favor del Partido Revolucionario Institucional, destacando los colores y logotipo del Partido Revolucionario Institucional, además de la frase “El PRI es el único partido capaz de emprender y realizar la gran tarea que hoy exigen los mexicanos, porque el PRI  es el partido que mejor sabe gobernar México.”

Reiteración de la infracción o vulneración sistemática de las normas.

No obstante que en los apartados relativos a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, quedó de manifiesto que el promocional de mérito fue difundido por varios canales de televisión en los estados de Aguascalientes; Baja California; Baja California Sur; Campeche; Chihuahua; Chiapas; Coahuila; Colima; Distrito Federal; Durango; Guerrero; Guanajuato; Hidalgo; Jalisco, Estado de México; Michoacán; Morelos; Nayarit; Nuevo León; Oaxaca; Puebla; Quintana Roo: Querétaro; Sinaloa; San Luis Potosí; Sonora; Tabasco; Tamaulipas; Veracruz; Yucatán y Zacatecas, y en diversas ocasiones, ello no puede servir de base para considerar que la conducta infractora se cometió de manera reiterada o sistemática, en virtud de que solo se difundió por un periodo limitado, es decir del seis al once de marzo de dos mil once.

Las condiciones externas (contexto fáctico) y los medios de ejecución.

En este apartado, resulta atinente precisar que la conducta desplegada por "Grupo Editorial Diez, S.A. de C.V.", se cometió en los estados de Aguascalientes; Baja California; Baja California Sur; Campeche; Chihuahua; Chiapas; Coahuila; Colima; Distrito Federal; Durango; Guerrero; Guanajuato; Hidalgo; Jalisco, Estado de México; Michoacán; Morelos; Nayarit; Nuevo León; Oaxaca; Puebla; Quintana Roo: Querétaro; Sinaloa; San Luis Potosí; Sonora; Tabasco; Tamaulipas; Veracruz; Yucatán y Zacatecas.

Medios de ejecución.

La difusión de los mensajes materia del presente procedimiento administrativo especial sancionador, tuvo como medio de ejecución las señales televisivas a nivel local que se señalan a continuación:

(SE TRANSCRIBE)

II.- Una vez sentadas las anteriores consideraciones, y a efecto de individualizar apropiadamente la sanción, esta autoridad procede a tomar en cuenta los siguientes elementos:

La calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra.

En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente precisados, la conducta debe calificarse con una gravedad ordinaria, ya que la misma, como se explicó en el apartado de intencionalidad, tuvo como finalidad influir en los ciudadanos para que adopten determinadas conductas sobre temas de interés social, en base a la propaganda política difundida y que no se encuentra necesariamente vinculada a un proceso electoral federal.

Reincidencia.

Otro de los aspectos que esta autoridad debe considerar para la imposición de la sanción, es la reincidencia en que pudo haber incurrido la empresa "Grupo Editorial Diez, S.A. de C.V.".

Al respecto, esta autoridad considerará reincidente al infractor que habiendo sido responsable del incumplimiento de alguna de las obligaciones que se encuentran previstas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales incurra nuevamente en la misma conducta infractora.

Al respecto, sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la Tesis de Jurisprudencia, identificada con el número Tesis: VI.2o.P.80 P, Página: 1759, bajo el rubro: "REINCIDENCIA. SÓLO SE ACTUALIZA DICHA FIGURA SI AL MOMENTO DE COMETER EL NUEVO DELITO EL ACTIVO YA TIENE LA CALIDAD DE CONDENADO POR UNA SENTENCIA EJECUTORIADA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)" (Se transcribe)

En ese sentido, existe constancia en los archivos de este Instituto Federal Electoral de que la consabida empresa editorial ha transgredido lo dispuesto por los artículos 41 Base III, Apartado A, inciso g), párrafo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los artículos 49, párrafo 4 y 345, párrafo 1, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y ha sido sancionada por ello en las siguientes determinaciones:

Queja identificada con la clave SCG/PE/PRD/CG/238/2009, resuelta en Sesión extraordinaria del Consejo General de este Instituto del 2 de septiembre de 2009, mediante Acuerdo número CG461/2009, en la que se le impuso una sanción de 4,301.42 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, equivalente a la cantidad de 235,717.81 (doscientos treinta y cinco mil setecientos diecisiete pesos 81/100 M.N.), toda vez que incumplió de manera injustificada, con la obligación constitucional y legal de no transmitir propaganda no autorizada por el Instituto Federal Electoral, violando con ello el artículo 41, Base III, Apartado A, inciso g), párrafo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los artículos 49, párrafo 4 y 345, párrafo 1, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, siendo las circunstancias de tiempo, modo y lugar, las siguientes:

“(…)

a) Modo. En el caso a estudio, la irregularidad atribuible a la persona moral denominada “Grupo Editorial Diez, S.A. de C.V.”, consistió en inobservar lo establecido en los artículos 41 Base III, Apartado A, inciso g), párrafo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los artículos 49, párrafo 4 y 345, párrafo 1, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al haber adquirido propaganda electoral en televisión, como ha quedado establecido previamente, dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos a favor de los Partidos Nueva Alianza y Verde Ecologista de México.

b) Tiempo. De conformidad con las constancias que obran en autos, esta autoridad tiene acreditada la adquisición de los promocionales o spots materia del presente asunto, durante el periodo comprendido entre los días primero al veintisiete de junio del presente año (los cuales fueron detectados como parte de los monitoreos que realiza esta autoridad.) En tal virtud, del promocional identificado como “Vértigo PNA”, fueron transmitidos al menos quince impactos en la emisora XHIMT-TV canal 7 y veintidós impactos en la emisora XHDF-TV canal 13, en el periodo comprendido del 16 al 20 de junio de dos mil nueve;  el identificado como “Vértigo PVEM versión 1” fue transmitido al menos en cincuenta ocasiones en la emisora XHIMT-TV canal 7 y sesenta impactos en la emisora XHDF-TV canal 13, en el periodo comprendido del 1 al 5 de junio de dos mil nueve; por último, el identificado como “Vértigo PVEM versión 2” fue transmitido al menos treinta impactos en la emisora XHIMT-TV canal 7 y treinta y dos impactos en la emisora XHDF-TV canal 13, en el periodo comprendido del 22 al 27 de junio de dos mil nueve.

c) Lugar. Los promocionales objeto del presente procedimiento fueron difundidos en toda la República Mexicana, en virtud de que su transmisión se llevó a cabo a través de canales de televisión,  con cobertura nacional.

(…)”

Dicha Resolución que fue confirmada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el recurso SUP-RAP-282/2009 y sus acumulados SUP-RAP-283/2009, SUP-RAP-298/2009 y SUP-RAP-299/2009 en fecha 11 de noviembre de 2009.

      Queja identificada con la clave SCG/PE/CG/063/2010, resuelta en Sesión extraordinaria del Consejo General de este Instituto del 16 de junio de 2010, mediante Acuerdo número CG190/2010, en la que se le impuso una sanción de 3,910 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, equivalente a la cantidad de $224,668.6 (doscientos veinticuatro mil seiscientos sesenta y ocho pesos 6/100 M.N.) toda vez que incumplió de manera injustificada, con la obligación constitucional y legal de no transmitir propaganda no autorizada por el Instituto Federal Electoral, violando con ello el artículo 41, Base III, Apartado A, inciso g), párrafo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los artículos 49, párrafo 4 y 345, párrafo 1, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, siendo las circunstancias de tiempo, modo y lugar, las siguientes:

a) Modo. En el caso a estudio, la irregularidad atribuible a la persona moral denominada "Grupo Editorial Diez, S.A. de C.V.", consistió en inobservar lo establecido en los artículos 41 Base III, Apartado A, inciso g), párrafo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los artículos 49, párrafo 4 y 345, párrafo 1, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al haber adquirido propaganda electoral en televisión, como ha quedado establecido previamente, dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos a favor del C. Rodolfo Torre Cantú candidato a Gobernador del estado de Tamaulipas por la Coalición “Todos Tamaulipas”, en virtud de la probable contratación de propaganda en televisión dirigida a la promoción personal con fines electorales a través de un medio impreso (Revista Vértigo) a favor de los Partidos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México.

b) Tiempo. De conformidad con las constancias que obran en autos, esta autoridad tiene acreditada la adquisición del promocional o spots materia del presente asunto, durante el periodo comprendido entre los seis y siete de junio del presente año (los cuales fueron detectados como parte de los monitoreos que realiza esta autoridad.) En tal virtud, fueron transmitidos al menos 13 impactos en la emisora identificadas con las siglas XHCDT-TV canal 9; 10 impactos en la emisora XHCVT-TV canal 3; 10 impactos en las emisoras XHMTA-TV canal 11 y XHLNA-TV canal 21; 12 impactos en la emisora XHREY-TV canal 12; 13 impactos en la emisora XHTAU-TV canal 2, y 14 impactos en la emisora XHWT-TV canal 12 en el estado de Tamaulipas; es decir, un total de 82 impactos.

c) Lugar. El promocional objeto del presente procedimiento fue difundido en el estado de Tamaulipas, en virtud de que su transmisión se llevó a cabo a través de canales de televisión con cobertura local.

En ese orden de ideas, es de referir que con base en los procedimientos antes aludidos se observa que Grupo Editorial Diez, S.A. de C.V., ha tenido un actuar sistemático y de poca cooperación con la autoridad a efecto de cumplir con las obligaciones que le fueron impuestas por el legislador permanente al realizarse la reforma constitucional y legal en la materia en los años 2007 y 2008.

Así, se encuentra documentado en los precedentes señalados con antelación que la forma de actuar de la hoy denunciada ha causado lesiones graves en el desarrollo de diversos procesos comiciales, lo que ha generado que tanto los partidos políticos como las autoridades electorales se vean afectados en sus prerrogativas, pues es de recordarse que a partir de la reforma que se alude dichos entes no pueden acceder a los medios masivos de comunicación (Radio y Televisión) de otra forma que no sea a través de los tiempos pautados por el Instituto Federal Electoral; en consecuencia, se encuentran a merced de que los concesionarios y/o permisionarios de radio y/o televisión den cumplimiento cabal a su obligación de no transmitir el pautado que no sea autorizado por el Instituto Federal Electoral durante el desarrollo de los procesos comiciales que se realicen, por ende los incumplimientos de dichos concesionarios deben ser sujetos de sanciones que de alguna manera inhiban la realización de este tipo conductas.

Amén de lo argumentado, esta autoridad considera que el actuar reiterado de Grupo Editorial Diez, S.A. de C.V., respecto a la obligación impuesta en el artículo 41, Base III, Apartado A, inciso g), párrafo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los artículos 49, párrafo 4 y 345, párrafo 1, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, no debe seguir actualizándose, por las implicaciones y afectaciones que puede generar tanto en el desarrollo de los procesos comiciales como fuera de ellos, pues cabe recordar que el origen de la reforma a que se alude fue que el poder económico de los sujetos involucrados no viciara la materia electoral, así como evitar la participación de terceros ajenos para que no se propiciaran situaciones de inequidad en el desarrollo democrático y de los procesos electorales; en consecuencia, resulta particularmente grave la posición tomada por la persona moral hoy denunciada, ya que como se ha venido evidenciando no ha tenido un ánimo de cooperación con el Instituto Federal Electoral en el cumplimiento de su obligación tanto constitucional como legal para no difundir las pautas que no sean aprobadas por el Instituto Federal Electoral.

Sanción a imponer.

Por todo lo anterior (especialmente, los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la infracción), la conducta realizada por "Grupo Editorial Diez, S.A. de C.V.", debe ser objeto de una sanción que tenga en cuenta las circunstancias particulares que se presentaron en el caso concreto (modo, tiempo y lugar).

Para determinar el tipo de sanción a imponer debe recordarse que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales confiere a la autoridad electoral, arbitrio para elegir, dentro del catálogo de correctivos aplicables, aquel que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor.

En el caso a estudio, las sanciones que se pueden imponer a "Grupo Editorial Diez, S.A. de C.V.", por la contratación de tiempo en televisión dirigida a influir en los ciudadanos a favor o en contra de alguna fuerza política, para que adopten determinadas conductas sobre temas de interés social, y que no se encuentran necesariamente vinculadas a un proceso electoral federal, se encuentran especificadas en el artículo 354, párrafo 1, inciso d) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, las cuales son:

“Artículo 354

1. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas conforme a lo siguiente:

[…]

d) Respecto de los ciudadanos, o de los dirigentes y afiliados a los partidos políticos, o de cualquier persona física o moral:

I. Con amonestación pública;

II. Respecto de los ciudadanos, o de los dirigentes y afiliados a los partidos políticos: con multa de hasta quinientos días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal; en el caso de aportaciones que violen lo dispuesto en este Código, o tratándose de la compra de tiempo en radio y televisión para la difusión de propaganda política o electoral, con el doble del precio comercial de dicho tiempo; y

III. Respecto de las personas morales por las conductas señaladas en la fracción anterior: con multa de hasta cien mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, en el caso de aportaciones que violen lo dispuesto en este Código, o tratándose de la compra de tiempo en radio y televisión para la difusión de propaganda política o electoral con el doble del precio comercial de dicho tiempo.”

Toda vez que la conducta se ha calificado con una gravedad ordinaria y si bien, la misma infringe los objetivos buscados por el Legislador al establecer un sistema electoral de equidad que permita a los partidos políticos, difundir en forma proporcional entre la ciudadanía sus mensajes y programas, con el propósito de que la misma conozca los programas y postulados que éstos despliegan en sus documentos básicos, aunado a que con ello, tales institutos políticos alcanzan los fines que constitucional y legalmente les han sido encomendados, se estima que en el caso cobra especial relevancia la acreditación de la difusión de los spots o promocionales materia del actual procedimiento, toda vez que los mismos fueron contratados y no autorizados por la autoridad competente para ello, se estima que tales circunstancias justifican la imposición de la sanción prevista en la fracción III citada, consistente en una multa, pues tal medida permitiría cumplir con la finalidad correctiva de una sanción administrativa, ya que la prevista en la fracción I sería insuficiente para lograr ese cometido, y la fracción II resultaría inaplicable al caso concreto.

Como se ha mencionado anteriormente, los impactos que tuvieron los promocionales de marras, fueron los siguientes:

(SE TRANSCRIBE)

Para efectos de individualización de la sanción, es menester tomar en cuenta el número de impactos y los días que abarcó su difusión.

Asimismo, para esta falta, el artículo 354, párrafo 1, inciso d) del código electoral federal señala que puede ser aplicable para efectos de sanción, una multa de hasta cien mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

Por lo tanto, de conformidad con la Tesis Relevante S3EL 028/2003, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, e identificada con el rubro "SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES", y en concordancia con el artículo 354, párrafo 1, inciso d), fracción III del código comicial federal vigente, cuando las personas morales contraten tiempo en radio o televisión dirigida a la promoción personal con fines políticos o electorales, a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos o a favor o en contra de alguna fuerza política, se les sancionará con multa de uno a cien mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, por lo que resulta válido que la autoridad administrativa pueda aumentar al doble, el monto de la sanción impuesta en caso de reincidencia, mientras no se rebase dicha cifra.

En esa tesitura, en principio aunque sería dable sancionar a la denunciada con una multa de un salario mínimo general vigente en el Distrito Federal por haber contratado tiempo en televisión dirigida a influir en los ciudadanos a favor de una fuerza política, para que adopten determinadas conductas sobre temas de interés social, y que no se encuentran necesariamente vinculadas a un proceso electoral federal; lo cierto es que, considerando los novecientos treinta y un impactos en las emisoras identificadas con las siglas XHLGA-TV –Canal 10; XHJCM-TV-Canal 4; XHENT-TV-Canal 2; XHEXT-TV-Canal 20; XHTIT-TV-Canal 21; XHJK-TV-Canal 27; XHAPB-TV-Canal 6; XHPBC-TV-Canal 12; XHSRB-TV Canal 10; XHCAM-TV-Canal 2; XHGE-TV-Canal 5; XHGN-TV-Canal 7; XHCCT-TV-Canal 3; XHECH-TV-Canal 11; XHIT-TV-Canal 4; XHHDP-TV-Canal 9; XHHPC-TV-Canal 5; XHCJH-TV-Canal 20; XHCJE-TV-Canal 11; XHCOM-TV-Canal 8; XHDZ-TV-Canal 12; XHCSA-TV-Canal 2; XHTAP-TV-Canal 13; XHJU-TV-Canal 11; XHAO-TV-Canal 4; XHHC-TV-Canal 9; XHMLA-TV-Canal 11; XHPNG-TV-Canal 6; XHGZP-TV-Canal 6; XHHE-TV-Canal 7: XHLLO-TV-Canal 44; XHGDP-TV-Canal 13; XHKF-TV-Canal 9; XHCOL-TV Canal 3; XHDR-TV-Canal 2; XHNCI-TV-Canal 4; XHDF-TV-Canal 13 (TVA); XHIMT-TV-Canal 7 (TVA); XHDB-TV-Canal 7; XHDRG-TV-Canal 2; XHIE-TV-Canal 10; XHACC-TV-Canal 6; XHCER-TV-Canal 5; XHCHL-TV-Canal 9; XHIR-TV-Canal 2; XHTUX-TV-Canal 5; XHMAS-TV Canal 12; XHCCG-TV; Canal 7; XHPHG-TV-Canal 6; XHTGN-TV-Canal 12; XHSFJ-TV-Canal 11; XHGJ-TV-Canal 2; XHPVJ-TV-Canal 7; XHJAL-TV-Canal 13; XHXEM-TV-Canal 6; XHLUC-TV-Canal 19; XHLCM-TV-Canal 7; XHBUR-TV-Canal 39; XHCBM-TV-Canal 8; XHRAM-TV-Canal 48; XHTCM-TV-Canal 23; XHCUR-TV-Canal 13, XHCUV-TV-Canal 28; XHAF-TV-Canal 4; XHLBN-TV-Canal 8; XHWX-TV Canal 4; XHFN-TV Canal 7; XHJN-TV-Canal 9; XHHDL-TV-Canal 7; XHIG-TV-Canal 12; XHOXX-TV-Canal 13; XHDG-TV-Canal 11; XHINC-TV-Canal 8; XHPSO-TV-Canal 4; XHSCO-TV-Canal 7; XHPUR-TV-Canal 6; XHTEM-TV-Canal 12; XHTHN-TV-Canal 11; XHTHP-TV-Canal 7; XHCCQ-TV-Canal 11; XHAQR-TV-Canal 7; XHBX-TV-Canal 12; XHCQO-TV-Canal 9; XHQUR-TV –Canal 9; XHQUE-TV Canal 36 XHMSI-TV-Canal 6; XHDO-TV-Canal 11; XHMIS-TV-Canal 7; XHLSI-TV-Canal 6; XHDL-TV-Canal 10 XHKD-TV-Canal 11; XHCDI-TV Canal 12; XHPMS-TV-Canal 5; XHDD-TV-Canal 11; XHCLP-TV-Canal 6; XHTZL-TV-Canal 2; XHTAZ-TV-Canal 12; XHCSO-TV-Canal 6; XHBK-TV-Canal 10; XHHO-TV-Canal 10; XHFA-TV-Canal 2; XHNOA-TV-Canal 22; XHVHT-TV Canal 6; XHVIH-TV Canal 11; XHBY-TV-Canal 5; XHMTA-TV-Canal 11; XHLNA-TV-Canal 21; XHOR-TV-Canal 14; XHREY-TV-Canal 12; XHWT-TV-Canal 12; XHTAU-TV-Canal 2; XHCVT-TV-Canal 3; XHCDT-TV-Canal 9; XHBE-TV-Canal 11; XHCTZ-TV-Canal 7; XHSTV-TV-Canal 8; XHSTE-TV-Canal 10; XHCPE-TV-Canal 11; XHMEY-TV-Canal 7; XHDH-TV-Canal 11; XHKYU-TV-Canal 4; XHVAD-TV Canal 10; XHKC-TV-Canal 12; XHLVZ-TV-Canal 10; XHCH-TV Canal 2; XHENE-TV Canal 13; XHHSS-TV Canal 4; XHAPA-TV Canal 4 y XHIV-TV-Canal 5, en los estados de Aguascalientes; Baja California; Baja California Sur; Campeche; Chihuahua; Chiapas; Coahuila; Colima; Distrito Federal; Durango; Guerrero; Guanajuato; Hidalgo; Jalisco, Estado de México; Michoacán; Morelos; Nayarit; Nuevo León; Oaxaca; Puebla; Quintana Roo: Querétaro; Sinaloa; San Luis Potosí; Sonora; Tabasco; Tamaulipas; Veracruz; Yucatán y Zacatecas, concesionadas a Televisión Azteca, S.A. de C.V., de conformidad con el artículo 354, párrafo 1, inciso d), fracción III del ordenamiento legal ya citado, se debe sancionar a la persona moral denominada "Grupo Editorial Diez, S.A. de C.V.", con una multa de veintiún mil trescientos veinte punto setenta (21,320.70) días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, lo que equivale a la cantidad de $1’275,404.80 (un millón doscientos setenta y cinco mil cuatrocientos cuatro pesos 80/100 M.N.).

Tomando en consideración que la denunciada ha sido reincidente en este tipo de omisiones, toda vez que ha sido sancionada por la comisión de conductas contraventoras a lo previsto en el artículo 345, párrafo 1, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, conforme a los precedentes aludidos en el cuerpo de la presente, y conforme a lo dispuesto en el artículo 354, párrafo 1, inciso d), fracción III del Código comicial electoral; lo procedente es aumentar al doble el monto correspondiente a la sanción impuesta, atendiendo a las circunstancias que rodean el presente caso, esto es, porque con la conducta desplegada de contratación, se ocasionó la difusión de propaganda con contenido político prohibido, acción que se produjo en 931 ocasiones, en la mayor parte del territorio de la República Mexicana y que tuvo por finalidad hacer un fraude a la ley, al evidenciarse el actuar intencional del denunciado mediante la presentación velada de propaganda política bajo una apariencia de propaganda comercial; situaciones que agravan la falta cometida y justifican el aumento de la sanción impuesta en la proporción señalada, por lo que resulta dable imponer una multa de cuarenta y dos mil seiscientos cuarenta y un punto cuarenta y uno (42,641.41) días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, lo que equivale a la cantidad de $2’550,809.60 (dos millones quinientos cincuenta mil ochocientos nueve pesos 60/100 M.N.),por lo que hace a la contratación de los promocionales transmitidos en las emisoras identificadas con las siglas XHLGA-TV –Canal 10; XHJCM-TV-Canal 4; XHENT-TV-Canal 2; XHEXT-TV-Canal 20; XHTIT-TV-Canal 21; XHJK-TV-Canal 27; XHAPB-TV-Canal 6; XHPBC-TV-Canal 12; XHSRB-TV Canal 10; XHCAM-TV-Canal 2; XHGE-TV-Canal 5; XHGN-TV-Canal 7; XHCCT-TV-Canal 3; XHECH-TV-Canal 11; XHIT-TV-Canal 4; XHHDP-TV-Canal 9; XHHPC-TV-Canal 5; XHCJH-TV-Canal 20; XHCJE-TV-Canal 11; XHCOM-TV-Canal 8; XHDZ-TV-Canal 12; XHCSA-TV-Canal 2; XHTAP-TV-Canal 13; XHJU-TV-Canal 11; XHAO-TV-Canal 4; XHHC-TV-Canal 9; XHMLA-TV-Canal 11; XHPNG-TV-Canal 6; XHGZP-TV-Canal 6; XHHE-TV-Canal 7: XHLLO-TV-Canal 44; XHGDP-TV-Canal 13; XHKF-TV-Canal 9; XHCOL-TV Canal 3; XHDR-TV-Canal 2; XHNCI-TV-Canal 4; XHDF-TV-Canal 13 (TVA); XHIMT-TV-Canal 7 (TVA); XHDB-TV-Canal 7; XHDRG-TV-Canal 2; XHIE-TV-Canal 10; XHACC-TV-Canal 6; XHCER-TV-Canal 5; XHCHL-TV-Canal 9; XHIR-TV-Canal 2; XHTUX-TV-Canal 5; XHMAS-TV Canal 12; XHCCG-TV; Canal 7; XHPHG-TV-Canal 6; XHTGN-TV-Canal 12; XHSFJ-TV-Canal 11; XHGJ-TV-Canal 2; XHPVJ-TV-Canal 7; XHJAL-TV-Canal 13; XHXEM-TV-Canal 6; XHLUC-TV-Canal 19; XHLCM-TV-Canal 7; XHBUR-TV-Canal 39; XHCBM-TV-Canal 8; XHRAM-TV-Canal 48; XHTCM-TV-Canal 23; XHCUR-TV-Canal 13, XHCUV-TV-Canal 28; XHAF-TV-Canal 4; XHLBN-TV-Canal 8; XHWX-TV Canal 4; XHFN-TV Canal 7; XHJN-TV-Canal 9; XHHDL-TV-Canal 7; XHIG-TV-Canal 12; XHOXX-TV-Canal 13; XHDG-TV-Canal 11; XHINC-TV-Canal 8; XHPSO-TV-Canal 4; XHSCO-TV-Canal 7; XHPUR-TV-Canal 6; XHTEM-TV-Canal 12; XHTHN-TV-Canal 11; XHTHP-TV-Canal 7; XHCCQ-TV-Canal 11; XHAQR-TV-Canal 7; XHBX-TV-Canal 12; XHCQO-TV-Canal 9; XHQUR-TV –Canal 9; XHQUE-TV Canal 36 XHMSI-TV-Canal 6; XHDO-TV-Canal 11; XHMIS-TV-Canal 7; XHLSI-TV-Canal 6; XHDL-TV-Canal 10 XHKD-TV-Canal 11; XHCDI-TV Canal 12; XHPMS-TV-Canal 5; XHDD-TV-Canal 11; XHCLP-TV-Canal 6; XHTZL-TV-Canal 2; XHTAZ-TV-Canal 12; XHCSO-TV-Canal 6; XHBK-TV-Canal 10; XHHO-TV-Canal 10; XHFA-TV-Canal 2; XHNOA-TV-Canal 22; XHVHT-TV Canal 6; XHVIH-TV Canal 11; XHBY-TV-Canal 5; XHMTA-TV-Canal 11; XHLNA-TV-Canal 21; XHOR-TV-Canal 14; XHREY-TV-Canal 12; XHWT-TV-Canal 12; XHTAU-TV-Canal 2; XHCVT-TV-Canal 3; XHCDT-TV-Canal 9; XHBE-TV-Canal 11; XHCTZ-TV-Canal 7; XHSTV-TV-Canal 8; XHSTE-TV-Canal 10; XHCPE-TV-Canal 11; XHMEY-TV-Canal 7; XHDH-TV-Canal 11; XHKYU-TV-Canal 4; XHVAD-TV Canal 10; XHKC-TV-Canal 12; XHLVZ-TV-Canal 10; XHCH-TV Canal 2; XHENE-TV Canal 13; XHHSS-TV Canal 4; XHAPA-TV Canal 4 y XHIV-TV-Canal 5.

Debe señalarse que esta autoridad considera que la multa impuesta constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro.

El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la infracción.

Al respecto, se estima que la conducta de "Grupo Editorial Diez, S.A. de C.V.", causó un perjuicio a los objetivos buscados por el Legislador, ya que durante el periodo comprendido entre los días del seis al once de marzo del presente año (los cuales fueron detectados como parte de los monitoreos que realiza esta autoridad), se difundió en las señales de las emisoras concesionadas a "Televisión Azteca, S.A. de C.V.", propaganda política, contratada, tendente a influir en los ciudadanos para que adopten determinadas conductas sobre temas de interés social, con base en la propaganda política difundida y que no se encuentra necesariamente vinculada a un proceso electoral federal.

Toda vez que la finalidad perseguida por el Legislador al establecer como infracción de cualquier persona física o moral la contratación en radio o televisión dirigida a la promoción personal con fines políticos o electorales, a influir en los ciudadanos para que adopten determinadas conductas sobre temas de interés social, y que no se encuentran necesariamente vinculadas a un proceso electoral federal, a favor o en contra de alguna fuerza política, fue preservar los principios de equidad e igualdad que deben regir en la materia electoral, al evitar que terceros ajenos a los actores políticos incorporen elementos distorsionadores del orden electoral.

En consecuencia, como se ha venido evidenciando a lo largo del presente fallo, "Grupo Editorial Diez, S.A. de C.V.", causó un daño a los objetivos buscados por el legislador, en razón de que el actuar de la persona moral denunciada estuvo intencionalmente encaminado a infringir la normativa comicial en detrimento de lo establecido por el artículo 41 Base III, Apartado A, inciso g), párrafo 3, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los artículos 49, párrafo 4 y 345, párrafo 1, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, toda vez que contrató en televisión propaganda política.

En ese sentido, dicho comportamiento debe interpretarse como una falta de cooperación con la autoridad administrativa electoral federal, para abstenerse de contratar la propaganda de referencia, en términos de lo expresado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Las condiciones socioeconómicas del infractor.

En este sentido, es menester precisar que la cantidad que se impone como multa a la empresa aludida, en modo alguno afecta sustancialmente el desarrollo de sus actividades ordinarias.

Lo anterior, toda vez que de conformidad con la información que obra en poder de esta autoridad, particularmente la referida en el oficio número 103-05-2011-283, de fecha veintitrés de mayo de dos mil once, suscrito por la Lic. Juana Martha Avilés González, Administradora Central de Evaluación de Impuestos Internos del Servicio de Administración Tributaria, en el cual se desprende que "Grupo Editorial Diez, S.A. de C.V.", en el ejercicio fiscal de 2010 contó con una utilidad fiscal de $3’770,618.00 (tres millones setecientos setenta mil seiscientos dieciocho pesos 00/100 M.N.).

La información de que se trata tiene valor probatorio pleno en términos del artículo 359, apartado 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 45, párrafos 1 y 2 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de febrero de 2009, porque se trata de documentales públicas expedidas por el Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, consistentes en la Declaración Anual, correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2010, presentada por la persona moral denunciada Grupo Editorial Diez, S.A. de C.V., declaración que al ser la última que se encuentra registrada en los archivos de esta autoridad, constituye un elemento que valorado en su conjunto en atención a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral permiten determinar qué Grupo Editorial Diez, S.A. de C.V.

No pasa inadvertido para esta autoridad, que aun y cuando la utilidad fiscal documentada por la autoridad hacendaria de la persona moral de mérito correspondiente al año 2010, refleja una utilidad fiscal de $3’770,618.00 (tres millones setecientos setenta mil seiscientos dieciocho pesos 00/100 M.N.) y la multa impuesta es por $2’550,809.60 (dos millones quinientos cincuenta mil ochocientos nueve pesos 60/100 M.N.), lo cierto es que de la información enviada por la autoridad fiscal, se desprenden conceptos y otras utilidades de las que puede disponer para a hacer frente a sus obligaciones derivadas de la presente determinación, como:

Efectivo en caja y depósitos en instituciones de crédito nacionales: 1’848,493.00;

Cuentas y documentos por cobrar nacionales (total): 12’723,919.00

Contribuciones a favor: 1’818,471.00

Inventarios: 952,211.00

Maquinaria y equipo: 1’438,950.00

Mobiliario y equipo de oficina: 407,567.00

Otros activos fijos: 1’494,842.00

Por lo anterior se infiere que la suma de los conceptos antes referidos dan un total de $ 20’684,453.00, lo cual resulta una cantidad suficiente para cumplir con sus obligaciones derivadas de la presente determinación, lo que lleva a esta autoridad electoral a considerar que lógicamente la capacidad económica de la persona moral de mérito no puede ser afectada con la multa que se impone ni ésta es confiscatoria o resulta desproporcionada, pues equivale al 12.33%  de la utilidad fiscal (porcentajes expresados hasta el segundo decimal, salvo error u omisión de carácter aritmético).

Por consiguiente, la información en comento genera en esta autoridad ánimo de convicción y valor probatorio idóneo para afirmar que el monto de la sanción impuesta, en forma alguna puede calificarse como excesivo, o bien, de carácter gravoso para "Grupo Editorial Diez, S.A. de C.V.".

Asimismo, se considera que debido a la gravedad de la falta, así como las circunstancias subjetivas y objetivas que quedaron acreditadas, se estima que la multa impuesta es la adecuada, toda vez que las sanciones deben resultar una medida ejemplar para que el infractor no cometa de nueva cuenta la conducta irregular.

Finalmente, resulta inminente apercibir a la responsable de que en caso de no cumplir con la obligación de saldar la multa impuesta, resultará aplicable lo dispuesto en el párrafo 7 del artículo 355 del Código de la materia, en el sentido de dar vista a las autoridades hacendarias a efecto de que procedan a su cobro conforme a la legislación aplicable, así como de que una vez cumplida la obligación de transmitir los programas en cuestión, en caso de reincidir en la omisión, resultará aplicable lo dispuesto en los párrafos IV y, en su caso, V del inciso f) del artículo 354 del código de la materia.

Impacto en las actividades del sujeto infractor.

Derivado de lo anteriormente señalado, se considera que de ninguna forma la multa impuesta es gravosa para la persona moral infractora, por lo cual resulta evidente que en modo alguno se afecta sustancialmente el desarrollo de sus actividades.

DÉCIMO TERCERO.- (foja 165) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN A TELEVISIÓN AZTECA, S.A. DE C.V. Previo a iniciar con la individualización de la sanción, es necesario precisar que por razón de método y a efecto de evitar repeticiones innecesarias, se efectuará la misma de forma conjunta, es decir en un solo argumento para todas las emisoras denunciadas, tomando en consideración que la multa que se aplique al concesionario denunciado, se calculará de manera individual, es decir, por cada emisora, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 354, párrafo 1, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Por tanto, una vez que ha quedado demostrada la infracción a la normatividad electoral por parte de "Televisión Azteca S.A. de C.V." concesionaria de las emisoras identificadas con las siglas XHLGA-TV –Canal 10; XHJCM-TV-Canal 4; XHENT-TV-Canal 2; XHEXT-TV-Canal 20; XHTIT-TV-Canal 21; XHJK-TV-Canal 27; XHAPB-TV-Canal 6; XHPBC-TV-Canal 12; XHSRB-TV Canal 10; XHCAM-TV-Canal 2; XHGE-TV-Canal 5; XHGN-TV-Canal 7; XHCCT-TV-Canal 3; XHECH-TV-Canal 11; XHIT-TV-Canal 4; XHHDP-TV-Canal 9; XHHPC-TV-Canal 5; XHCJH-TV-Canal 20; XHCJE-TV-Canal 11; XHCOM-TV-Canal 8; XHDZ-TV-Canal 12; XHCSA-TV-Canal 2; XHTAP-TV-Canal 13; XHJU-TV-Canal 11; XHAO-TV-Canal 4; XHHC-TV-Canal 9; XHMLA-TV-Canal 11; XHPNG-TV-Canal 6; XHGZP-TV-Canal 6; XHHE-TV-Canal 7: XHLLO-TV-Canal 44; XHGDP-TV-Canal 13; XHKF-TV-Canal 9; XHCOL-TV Canal 3; XHDR-TV-Canal 2; XHNCI-TV-Canal 4; XHDF-TV-Canal 13 (TVA); XHIMT-TV-Canal 7 (TVA); XHDB-TV-Canal 7; XHDRG-TV-Canal 2; XHIE-TV-Canal 10; XHACC-TV-Canal 6; XHCER-TV-Canal 5; XHCHL-TV-Canal 9; XHIR-TV-Canal 2; XHTUX-TV-Canal 5; XHMAS-TV Canal 12; XHCCG-TV; Canal 7; XHPHG-TV-Canal 6; XHTGN-TV-Canal 12; XHSFJ-TV-Canal 11; XHGJ-TV-Canal 2; XHPVJ-TV-Canal 7; XHJAL-TV-Canal 13; XHXEM-TV-Canal 6; XHLUC-TV-Canal 19; XHLCM-TV-Canal 7; XHBUR-TV-Canal 39; XHCBM-TV-Canal 8; XHRAM-TV-Canal 48; XHTCM-TV-Canal 23; XHCUR-TV-Canal 13, XHCUV-TV-Canal 28; XHAF-TV-Canal 4; XHLBN-TV-Canal 8; XHWX-TV Canal 4; XHFN-TV Canal 7; XHJN-TV-Canal 9; XHHDL-TV-Canal 7; XHIG-TV-Canal 12; XHOXX-TV-Canal 13; XHDG-TV-Canal 11; XHINC-TV-Canal 8; XHPSO-TV-Canal 4; XHSCO-TV-Canal 7; XHPUR-TV-Canal 6; XHTEM-TV-Canal 12; XHTHN-TV-Canal 11; XHTHP-TV-Canal 7; XHCCQ-TV-Canal 11; XHAQR-TV-Canal 7; XHBX-TV-Canal 12; XHCQO-TV-Canal 9; XHQUR-TV –Canal 9; XHQUE-TV Canal 36 XHMSI-TV-Canal 6; XHDO-TV-Canal 11; XHMIS-TV-Canal 7; XHLSI-TV-Canal 6; XHDL-TV-Canal 10 XHKD-TV-Canal 11; XHCDI-TV Canal 12; XHPMS-TV-Canal 5; XHDD-TV-Canal 11; XHCLP-TV-Canal 6; XHTZL-TV-Canal 2; XHTAZ-TV-Canal 12; XHCSO-TV-Canal 6; XHBK-TV-Canal 10; XHHO-TV-Canal 10; XHFA-TV-Canal 2; XHNOA-TV-Canal 22; XHVHT-TV Canal 6; XHVIH-TV Canal 11; XHBY-TV-Canal 5; XHMTA-TV-Canal 11; XHLNA-TV-Canal 21; XHOR-TV-Canal 14; XHREY-TV-Canal 12; XHWT-TV-Canal 12; XHTAU-TV-Canal 2; XHCVT-TV-Canal 3; XHCDT-TV-Canal 9; XHBE-TV-Canal 11; XHCTZ-TV-Canal 7; XHSTV-TV-Canal 8; XHSTE-TV-Canal 10; XHCPE-TV-Canal 11; XHMEY-TV-Canal 7; XHDH-TV-Canal 11; XHKYU-TV-Canal 4; XHVAD-TV Canal 10; XHKC-TV-Canal 12; XHLVZ-TV-Canal 10; XHCH-TV Canal 2; XHENE-TV Canal 13; XHHSS-TV Canal 4; XHAPA-TV Canal 4 y XHIV-TV-Canal 5, en los estados de Aguascalientes; Baja California; Baja California Sur; Campeche; Chihuahua; Chiapas; Coahuila; Colima; Distrito Federal; Durango; Guerrero; Guanajuato; Hidalgo; Jalisco, Estado de México; Michoacán; Morelos; Nayarit; Nuevo León; Oaxaca; Puebla; Quintana Roo: Querétaro; Sinaloa; San Luis Potosí; Sonora; Tabasco; Tamaulipas; Veracruz; Yucatán y Zacatecas, se procede a imponer la sanción correspondiente.

Lo anterior es así, porque su actuar infringió lo dispuesto en el artículo 41, Base III, Apartado A, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 350, párrafo 1, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, toda vez que se difundió a través de sus emisoras, propaganda política distinta a la ordena por el Instituto Federal Electoral.

Al respecto, cabe citar el contenido del artículo 355, párrafo quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual establece en la parte que interesa lo siguiente:

“Artículo 355.

(…)

5. Para la individualización de las sanciones a que se refiere este libro, una vez acreditada la existencia de una infracción y su imputación, la autoridad electoral deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, entre otras, las siguientes:

g)     La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma las disposiciones de este Código, en atención al bien jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él;

h)     Las circunstancias de modo tiempo y lugar de la infracción;

i)        Las condiciones socioeconómicas del infractor;

j)        Las condiciones externas y los medios de ejecución,

k)     La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y

l)        En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones.”

Del mismo modo, esta autoridad atenderá a lo dispuesto en el numeral 354, párrafo 1, inciso d) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual establece las sanciones aplicables a los concesionarios o permisionarios de radio y televisión.

En los artículos transcritos, se establecen las circunstancias elementales que tomará en cuenta este órgano resolutor para la imposición de la sanción que corresponde a "Televisión Azteca S.A. de C.V." concesionaria de las emisoras referidas en el presente apartado.

Ahora bien, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido que respecto a la individualización de la sanción que se debe imponer a un partido político nacional por la comisión de alguna irregularidad, este Consejo General debe tomar en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la comisión de la falta; y en el caso que nos ocupa, aun cuando no se trata de un instituto político el que cometió la infracción sino de una concesionaria denominada "Televisión Azteca S.A. de C.V.", las circunstancias que han de considerarse para individualizar la sanción deben ser las mismas que en aquellos casos, es decir, deben estimarse los factores objetivos y subjetivos que hayan concurrido en la acción u omisión que produjeron la infracción electoral.

I.- Así, para calificar debidamente la falta, la autoridad debe valorar:

El tipo de infracción.

En primer término, es necesario precisar que la norma transgredida por "Televisión Azteca S.A. de C.V." concesionaria de las emisoras identificadas con las siglas XHLGA-TV –Canal 10; XHJCM-TV-Canal 4; XHENT-TV-Canal 2; XHEXT-TV-Canal 20; XHTIT-TV-Canal 21; XHJK-TV-Canal 27; XHAPB-TV-Canal 6; XHPBC-TV-Canal 12; XHSRB-TV Canal 10; XHCAM-TV-Canal 2; XHGE-TV-Canal 5; XHGN-TV-Canal 7; XHCCT-TV-Canal 3; XHECH-TV-Canal 11; XHIT-TV-Canal 4; XHHDP-TV-Canal 9; XHHPC-TV-Canal 5; XHCJH-TV-Canal 20; XHCJE-TV-Canal 11; XHCOM-TV-Canal 8; XHDZ-TV-Canal 12; XHCSA-TV-Canal 2; XHTAP-TV-Canal 13; XHJU-TV-Canal 11; XHAO-TV-Canal 4; XHHC-TV-Canal 9; XHMLA-TV-Canal 11; XHPNG-TV-Canal 6; XHGZP-TV-Canal 6; XHHE-TV-Canal 7: XHLLO-TV-Canal 44; XHGDP-TV-Canal 13; XHKF-TV-Canal 9; XHCOL-TV Canal 3; XHDR-TV-Canal 2; XHNCI-TV-Canal 4; XHDF-TV-Canal 13 (TVA); XHIMT-TV-Canal 7 (TVA); XHDB-TV-Canal 7; XHDRG-TV-Canal 2; XHIE-TV-Canal 10; XHACC-TV-Canal 6; XHCER-TV-Canal 5; XHCHL-TV-Canal 9; XHIR-TV-Canal 2; XHTUX-TV-Canal 5; XHMAS-TV Canal 12; XHCCG-TV; Canal 7; XHPHG-TV-Canal 6; XHTGN-TV-Canal 12; XHSFJ-TV-Canal 11; XHGJ-TV-Canal 2; XHPVJ-TV-Canal 7; XHJAL-TV-Canal 13; XHXEM-TV-Canal 6; XHLUC-TV-Canal 19; XHLCM-TV-Canal 7; XHBUR-TV-Canal 39; XHCBM-TV-Canal 8; XHRAM-TV-Canal 48; XHTCM-TV-Canal 23; XHCUR-TV-Canal 13, XHCUV-TV-Canal 28; XHAF-TV-Canal 4; XHLBN-TV-Canal 8; XHWX-TV Canal 4; XHFN-TV Canal 7; XHJN-TV-Canal 9; XHHDL-TV-Canal 7; XHIG-TV-Canal 12; XHOXX-TV-Canal 13; XHDG-TV-Canal 11; XHINC-TV-Canal 8; XHPSO-TV-Canal 4; XHSCO-TV-Canal 7; XHPUR-TV-Canal 6; XHTEM-TV-Canal 12; XHTHN-TV-Canal 11; XHTHP-TV-Canal 7; XHCCQ-TV-Canal 11; XHAQR-TV-Canal 7; XHBX-TV-Canal 12; XHCQO-TV-Canal 9; XHQUR-TV –Canal 9; XHQUE-TV Canal 36 XHMSI-TV-Canal 6; XHDO-TV-Canal 11; XHMIS-TV-Canal 7; XHLSI-TV-Canal 6; XHDL-TV-Canal 10 XHKD-TV-Canal 11; XHCDI-TV Canal 12; XHPMS-TV-Canal 5; XHDD-TV-Canal 11; XHCLP-TV-Canal 6; XHTZL-TV-Canal 2; XHTAZ-TV-Canal 12; XHCSO-TV-Canal 6; XHBK-TV-Canal 10; XHHO-TV-Canal 10; XHFA-TV-Canal 2; XHNOA-TV-Canal 22; XHVHT-TV Canal 6; XHVIH-TV Canal 11; XHBY-TV-Canal 5; XHMTA-TV-Canal 11; XHLNA-TV-Canal 21; XHOR-TV-Canal 14; XHREY-TV-Canal 12; XHWT-TV-Canal 12; XHTAU-TV-Canal 2; XHCVT-TV-Canal 3; XHCDT-TV-Canal 9; XHBE-TV-Canal 11; XHCTZ-TV-Canal 7; XHSTV-TV-Canal 8; XHSTE-TV-Canal 10; XHCPE-TV-Canal 11; XHMEY-TV-Canal 7; XHDH-TV-Canal 11; XHKYU-TV-Canal 4; XHVAD-TV Canal 10; XHKC-TV-Canal 12; XHLVZ-TV-Canal 10; XHCH-TV Canal 2; XHENE-TV Canal 13; XHHSS-TV Canal 4; XHAPA-TV Canal 4 y XHIV-TV-Canal 5, en los estados de Aguascalientes; Baja California; Baja California Sur; Campeche; Chihuahua; Chiapas; Coahuila; Colima; Distrito Federal; Durango; Guerrero; Guanajuato; Hidalgo; Jalisco, Estado de México; Michoacán; Morelos; Nayarit; Nuevo León; Oaxaca; Puebla; Quintana Roo: Querétaro; Sinaloa; San Luis Potosí; Sonora; Tabasco; Tamaulipas; Veracruz; Yucatán y Zacatecas, es el artículo 350, párrafo 1 inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Con base en lo anteriormente expuesto, puede establecerse la finalidad o valor protegido en las normas violentadas, así como la trascendencia de la infracción cometida.

La finalidad perseguida por el Legislador al establecer como infracción de los concesionarios y permisionarios de radio y televisión, la difusión de propaganda política, pagada o gratuita, ordenada por persona distinta al Instituto Federal Electoral tiene como finalidad el establecer un orden equitativo entre los partidos políticos, conforme a los Lineamientos que al efecto establece el artículo 41 constitucional, siendo por ende el órgano electoral el único facultado para precisar las condiciones de tiempo de transmisión de la propaganda de los partidos políticos.

En esa tesitura, la hipótesis prevista en el citado artículo 350, párrafo 1, inciso b), del ordenamiento legal en cita, tiende a preservar el derecho de los partidos políticos de acceder a los medios electrónicos, con el propósito de darse a conocer entre la sociedad, lo cual evidentemente les permitiría cumplir con los fines que constitucional y legalmente les han sido encomendados, aunado a que ello les permite establecer un canal de comunicación con la ciudadanía, a efecto de que tengan una opinión más crítica, reflexiva y participativa en los asuntos políticos.

En el presente asunto quedó acreditado que "Televisión Azteca S.A. de C.V." concesionaria de las emisoras antes referidas, contravino lo dispuesto en la norma legal en comento, al haber difundido en las señales de las emisoras de las que es concesionaria, propaganda política, pagada, ordenada por persona distinta al Instituto Federal Electoral.

La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.

Al respecto, cabe señalar que haber acreditado la violación a lo dispuesto en los artículos 41 Base III, Apartado A, inciso g), párrafo 3, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el artículo 350, párrafo 1, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por parte de "Televisión Azteca S.A. de C.V." concesionaria de las emisoras denunciadas, no implica la presencia de una pluralidad de infracciones o de faltas administrativas, toda vez que el hecho de que la difusión del mensaje identificado con el folio RV00214-11.mp4 “TESTIGO NAL VÉRTIGO MOREIRA”, se realizó en diversos momentos y espacios, ello sólo actualiza una infracción, es decir, solo colma un supuesto jurídico.

El bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas).

La disposición antes trascrita, tiende a preservar un régimen de equidad en la materia, al establecer que el Instituto Federal Electoral es la autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales.

Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción.

Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción, la conducta debe valorarse conjuntamente con las circunstancias objetivas que concurren en el caso, como son:

a)            Modo. En el caso a estudio, las irregularidades atribuibles a "Televisión Azteca S.A. de C.V." concesionaria de las emisoras denunciadas consistieron en inobservar lo establecido en el artículo 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente, al haber transmitido propaganda política en televisión, como ha quedado establecido previamente, dirigida a influir en los ciudadanos y que no se encuentran necesariamente vinculada a un proceso electoral federal, en virtud de la contratación de propaganda en televisión a través de la promoción de un medio impreso (Revista Vértigo), conteniendo elementos audiovisuales a favor del Partido Revolucionario Institucional. En tal virtud, fueron transmitidos un total de 931 impactos en las emisoras identificadas en el cuadro que a continuación se trascribe:

(SE TRANSCRIBE)

b)       Tiempo. De conformidad con las constancias que obran en autos, esta autoridad tiene acreditada la difusión del promocional o spot materia del presente asunto, identificado con el folio RV00214-11.mp4 “TESTIGO NAL VÉRTIGO MOREIRA”, durante el periodo comprendido del seis al once de marzo del presente año (los cuales fueron detectados como parte de los monitoreos que realiza esta autoridad.)

c) Lugar. El promocional objeto del presente procedimiento fue difundido en los estados de Aguascalientes; Baja California; Baja California Sur; Campeche; Chihuahua; Chiapas; Coahuila; Colima; Distrito Federal; Durango; Guerrero; Guanajuato; Hidalgo; Jalisco, Estado de México; Michoacán; Morelos; Nayarit; Nuevo León; Oaxaca; Puebla; Quintana Roo: Querétaro; Sinaloa; San Luis Potosí; Sonora; Tabasco; Tamaulipas; Veracruz; Yucatán y Zacatecas, en virtud de que su transmisión se llevó a cabo a través de canales de televisión con cobertura local.

Intencionalidad.

Se considera que en el caso sí existió por parte de "Televisión Azteca S.A. de C.V." concesionaria de las emisoras denunciadas, con la transmisión de novecientos treinta y un impactos, la intención de infringir lo previsto en los artículos 41 Base III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los artículos 49, párrafo 4 y 350, párrafo 1, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Lo anterior es así, ya que del análisis de los elementos que obran en autos, se advierte que "Televisión Azteca S.A. de C.V." concesionaria de las emisoras denunciadas, si bien no consta que haya realizado la contratación en forma directa con el Partido Revolucionario Institucional, del promocional de mérito, el hecho indudable es que lo difundió en los canales a que se ha hecho referencia, en el que alude, con plena conciencia de la naturaleza de propaganda política de los elementos que incluyó en su propaganda comercial, imágenes y expresiones a favor del Partido Revolucionario Institucional, destacando los colores y logotipo del Partido Revolucionario Institucional, además de la frase “El PRI es el único partido capaz de emprender y realizar la gran tarea que hoy exigen los mexicanos, porque el PRI  es el partido que mejor sabe gobernar México”, transgrediendo con ello una obligación mandatada por la Constitución, por no ser tal propaganda de la ordenada por el Instituto Federal Electoral, único ente autorizado para ordenar su transmisión en televisión.

Reiteración de la infracción o vulneración sistemática de las normas.

No obstante que en los apartados relativos a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, quedó de manifiesto que el promocional de mérito fue difundido por varios canales de televisión en los estados de Aguascalientes; Baja California; Baja California Sur; Campeche; Chihuahua; Chiapas; Coahuila; Colima; Distrito Federal; Durango; Guerrero; Guanajuato; Hidalgo; Jalisco, Estado de México; Michoacán; Morelos; Nayarit; Nuevo León; Oaxaca; Puebla; Quintana Roo: Querétaro; Sinaloa; San Luis Potosí; Sonora; Tabasco; Tamaulipas; Veracruz; Yucatán y Zacatecas, y en diversas ocasiones, ello no puede servir de base para considerar que la conducta infractora se cometió de manera reiterada o sistemática, en virtud de que solo se difundió por un periodo limitado, es decir del seis al once de marzo de dos mil once.

Las condiciones externas (contexto fáctico) y los medios de ejecución.

En este apartado, resulta atinente precisar que la conducta desplegada por Televisión Azteca, S.A. de C.V., a través de las emisoras de la cual es concesionaria, se cometió en los estados de Aguascalientes; Baja California; Baja California Sur; Campeche; Chihuahua; Chiapas; Coahuila; Colima; Distrito Federal; Durango; Guerrero; Guanajuato; Hidalgo; Jalisco, Estado de México; Michoacán; Morelos; Nayarit; Nuevo León; Oaxaca; Puebla; Quintana Roo: Querétaro; Sinaloa; San Luis Potosí; Sonora; Tabasco; Tamaulipas; Veracruz; Yucatán y Zacatecas.

Medios de ejecución.

La difusión de los mensajes materia del presente procedimiento administrativo especial sancionador, tuvo como medio de ejecución la señal televisiva emitida en los canales XHLGA-TV –Canal 10; XHJCM-TV-Canal 4; XHENT-TV-Canal 2; XHEXT-TV-Canal 20; XHTIT-TV-Canal 21; XHJK-TV-Canal 27; XHAPB-TV-Canal 6; XHPBC-TV-Canal 12; XHSRB-TV Canal 10; XHCAM-TV-Canal 2; XHGE-TV-Canal 5; XHGN-TV-Canal 7; XHCCT-TV-Canal 3; XHECH-TV-Canal 11; XHIT-TV-Canal 4; XHHDP-TV-Canal 9; XHHPC-TV-Canal 5; XHCJH-TV-Canal 20; XHCJE-TV-Canal 11; XHCOM-TV-Canal 8; XHDZ-TV-Canal 12; XHCSA-TV-Canal 2; XHTAP-TV-Canal 13; XHJU-TV-Canal 11; XHAO-TV-Canal 4; XHHC-TV-Canal 9; XHMLA-TV-Canal 11; XHPNG-TV-Canal 6; XHGZP-TV-Canal 6; XHHE-TV-Canal 7: XHLLO-TV-Canal 44; XHGDP-TV-Canal 13; XHKF-TV-Canal 9; XHCOL-TV Canal 3; XHDR-TV-Canal 2; XHNCI-TV-Canal 4; XHDF-TV-Canal 13 (TVA); XHIMT-TV-Canal 7 (TVA); XHDB-TV-Canal 7; XHDRG-TV-Canal 2; XHIE-TV-Canal 10; XHACC-TV-Canal 6; XHCER-TV-Canal 5; XHCHL-TV-Canal 9; XHIR-TV-Canal 2; XHTUX-TV-Canal 5; XHMAS-TV Canal 12; XHCCG-TV; Canal 7; XHPHG-TV-Canal 6; XHTGN-TV-Canal 12; XHSFJ-TV-Canal 11; XHGJ-TV-Canal 2; XHPVJ-TV-Canal 7; XHJAL-TV-Canal 13; XHXEM-TV-Canal 6; XHLUC-TV-Canal 19; XHLCM-TV-Canal 7; XHBUR-TV-Canal 39; XHCBM-TV-Canal 8; XHRAM-TV-Canal 48; XHTCM-TV-Canal 23; XHCUR-TV-Canal 13, XHCUV-TV-Canal 28; XHAF-TV-Canal 4; XHLBN-TV-Canal 8; XHWX-TV Canal 4; XHFN-TV Canal 7; XHJN-TV-Canal 9; XHHDL-TV-Canal 7; XHIG-TV-Canal 12; XHOXX-TV-Canal 13; XHDG-TV-Canal 11; XHINC-TV-Canal 8; XHPSO-TV-Canal 4; XHSCO-TV-Canal 7; XHPUR-TV-Canal 6; XHTEM-TV-Canal 12; XHTHN-TV-Canal 11; XHTHP-TV-Canal 7; XHCCQ-TV-Canal 11; XHAQR-TV-Canal 7; XHBX-TV-Canal 12; XHCQO-TV-Canal 9; XHQUR-TV –Canal 9; XHQUE-TV Canal 36 XHMSI-TV-Canal 6; XHDO-TV-Canal 11; XHMIS-TV-Canal 7; XHLSI-TV-Canal 6; XHDL-TV-Canal 10 XHKD-TV-Canal 11; XHCDI-TV Canal 12; XHPMS-TV-Canal 5; XHDD-TV-Canal 11; XHCLP-TV-Canal 6; XHTZL-TV-Canal 2; XHTAZ-TV-Canal 12; XHCSO-TV-Canal 6; XHBK-TV-Canal 10; XHHO-TV-Canal 10; XHFA-TV-Canal 2; XHNOA-TV-Canal 22; XHVHT-TV Canal 6; XHVIH-TV Canal 11; XHBY-TV-Canal 5; XHMTA-TV-Canal 11; XHLNA-TV-Canal 21; XHOR-TV-Canal 14; XHREY-TV-Canal 12; XHWT-TV-Canal 12; XHTAU-TV-Canal 2; XHCVT-TV-Canal 3; XHCDT-TV-Canal 9; XHBE-TV-Canal 11; XHCTZ-TV-Canal 7; XHSTV-TV-Canal 8; XHSTE-TV-Canal 10; XHCPE-TV-Canal 11; XHMEY-TV-Canal 7; XHDH-TV-Canal 11; XHKYU-TV-Canal 4; XHVAD-TV Canal 10; XHKC-TV-Canal 12; XHLVZ-TV-Canal 10; XHCH-TV Canal 2; XHENE-TV Canal 13; XHHSS-TV Canal 4; XHAPA-TV Canal 4 y XHIV-TV-Canal 5, en los estados de Aguascalientes; Baja California; Baja California Sur; Campeche; Chihuahua; Chiapas; Coahuila; Colima; Distrito Federal; Durango; Guerrero; Guanajuato; Hidalgo; Jalisco, Estado de México; Michoacán; Morelos; Nayarit; Nuevo León; Oaxaca; Puebla; Quintana Roo: Querétaro; Sinaloa; San Luis Potosí; Sonora; Tabasco; Tamaulipas; Veracruz; Yucatán y Zacatecas, a nivel local.

II.- Una vez sentadas las anteriores consideraciones, y a efecto de individualizar apropiadamente la sanción, esta autoridad procede a tomar en cuenta los siguientes elementos:

La calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra.

En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente precisados, la conducta debe calificarse con una gravedad especial, ya que la misma, como se explicó en el apartado de intencionalidad, tuvo como finalidad influir en los ciudadanos para que adoptaran determinadas conductas sobre temas de interés social, con base en la propaganda política difundida y que no se encuentra necesariamente vinculada a un proceso electoral federal, adicionalmente de que el concesionario denunciado, difundió tiempo en televisión no ordenado por éste Instituto Federal Electoral, a través de sus emisoras ubicadas en la mayor parte de la República Mexicana, con excepción del estado de Tlaxcala, lo que da cuenta de la violación territorial generalizada y sistemática que se presentó.

Reincidencia.

Otro de los aspectos que esta autoridad debe considerar para la imposición de la sanción, es la reincidencia en que pudieron haber incurrido los concesionarios de las emisoras identificadas con las siglas XHLGA-TV –Canal 10; XHJCM-TV-Canal 4; XHENT-TV-Canal 2; XHEXT-TV-Canal 20; XHTIT-TV-Canal 21; XHJK-TV-Canal 27; XHAPB-TV-Canal 6; XHPBC-TV-Canal 12; XHSRB-TV Canal 10; XHCAM-TV-Canal 2; XHGE-TV-Canal 5; XHGN-TV-Canal 7; XHCCT-TV-Canal 3; XHECH-TV-Canal 11; XHIT-TV-Canal 4; XHHDP-TV-Canal 9; XHHPC-TV-Canal 5; XHCJH-TV-Canal 20; XHCJE-TV-Canal 11; XHCOM-TV-Canal 8; XHDZ-TV-Canal 12; XHCSA-TV-Canal 2; XHTAP-TV-Canal 13; XHJU-TV-Canal 11; XHAO-TV-Canal 4; XHHC-TV-Canal 9; XHMLA-TV-Canal 11; XHPNG-TV-Canal 6; XHGZP-TV-Canal 6; XHHE-TV-Canal 7: XHLLO-TV-Canal 44; XHGDP-TV-Canal 13; XHKF-TV-Canal 9; XHCOL-TV Canal 3; XHDR-TV-Canal 2; XHNCI-TV-Canal 4; XHDF-TV-Canal 13 (TVA); XHIMT-TV-Canal 7 (TVA); XHDB-TV-Canal 7; XHDRG-TV-Canal 2; XHIE-TV-Canal 10; XHACC-TV-Canal 6; XHCER-TV-Canal 5; XHCHL-TV-Canal 9; XHIR-TV-Canal 2; XHTUX-TV-Canal 5; XHMAS-TV Canal 12; XHCCG-TV; Canal 7; XHPHG-TV-Canal 6; XHTGN-TV-Canal 12; XHSFJ-TV-Canal 11; XHGJ-TV-Canal 2; XHPVJ-TV-Canal 7; XHJAL-TV-Canal 13; XHXEM-TV-Canal 6; XHLUC-TV-Canal 19; XHLCM-TV-Canal 7; XHBUR-TV-Canal 39; XHCBM-TV-Canal 8; XHRAM-TV-Canal 48; XHTCM-TV-Canal 23; XHCUR-TV-Canal 13, XHCUV-TV-Canal 28; XHAF-TV-Canal 4; XHLBN-TV-Canal 8; XHWX-TV Canal 4; XHFN-TV Canal 7; XHJN-TV-Canal 9; XHHDL-TV-Canal 7; XHIG-TV-Canal 12; XHOXX-TV-Canal 13; XHDG-TV-Canal 11; XHINC-TV-Canal 8; XHPSO-TV-Canal 4; XHSCO-TV-Canal 7; XHPUR-TV-Canal 6; XHTEM-TV-Canal 12; XHTHN-TV-Canal 11; XHTHP-TV-Canal 7; XHCCQ-TV-Canal 11; XHAQR-TV-Canal 7; XHBX-TV-Canal 12; XHCQO-TV-Canal 9; XHQUR-TV –Canal 9; XHQUE-TV Canal 36 XHMSI-TV-Canal 6; XHDO-TV-Canal 11; XHMIS-TV-Canal 7; XHLSI-TV-Canal 6; XHDL-TV-Canal 10 XHKD-TV-Canal 11; XHCDI-TV Canal 12; XHPMS-TV-Canal 5; XHDD-TV-Canal 11; XHCLP-TV-Canal 6; XHTZL-TV-Canal 2; XHTAZ-TV-Canal 12; XHCSO-TV-Canal 6; XHBK-TV-Canal 10; XHHO-TV-Canal 10; XHFA-TV-Canal 2; XHNOA-TV-Canal 22; XHVHT-TV Canal 6; XHVIH-TV Canal 11; XHBY-TV-Canal 5; XHMTA-TV-Canal 11; XHLNA-TV-Canal 21; XHOR-TV-Canal 14; XHREY-TV-Canal 12; XHWT-TV-Canal 12; XHTAU-TV-Canal 2; XHCVT-TV-Canal 3; XHCDT-TV-Canal 9; XHBE-TV-Canal 11; XHCTZ-TV-Canal 7; XHSTV-TV-Canal 8; XHSTE-TV-Canal 10; XHCPE-TV-Canal 11; XHMEY-TV-Canal 7; XHDH-TV-Canal 11; XHKYU-TV-Canal 4; XHVAD-TV Canal 10; XHKC-TV-Canal 12; XHLVZ-TV-Canal 10; XHCH-TV Canal 2; XHENE-TV Canal 13; XHHSS-TV Canal 4; XHAPA-TV Canal 4 y XHIV-TV-Canal 5, en los estados de Aguascalientes; Baja California; Baja California Sur; Campeche; Chihuahua; Chiapas; Coahuila; Colima; Distrito Federal; Durango; Guerrero; Guanajuato; Hidalgo; Jalisco, Estado de México; Michoacán; Morelos; Nayarit; Nuevo León; Oaxaca; Puebla; Quintana Roo: Querétaro; Sinaloa; San Luis Potosí; Sonora; Tabasco; Tamaulipas; Veracruz; Yucatán y Zacatecas,

Al respecto, esta autoridad considerará reincidente al infractor que habiendo sido responsable del incumplimiento de alguna de las obligaciones que se encuentran previstas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales incurra nuevamente en la misma conducta infractora.

Sirve de apoyo la Tesis Relevante emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que a la letra dice:

“REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN.—De conformidad con los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en los artículos 270, párrafo 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 22.1, inciso c), del Reglamento que Establece los Lineamientos para la Fiscalización de los Partidos Políticos, los elementos mínimos que la autoridad administrativa electoral debe considerar a fin de tener por actualizada la reincidencia, como agravante de una sanción, son: 1. El ejercicio o período en el que se cometió la transgresión anterior, por la que estima reiterada la infracción; 2. La naturaleza de las contravenciones, así como los preceptos infringidos, a fin de evidenciar que afectan el mismo bien jurídico tutelado, y 3. Que la Resolución mediante la cual se sancionó al infractor, con motivo de la contravención anterior, tiene el carácter de firme.

Recurso de apelación. SUP-RAP-83/2007.—Actor: Convergencia.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—7 de noviembre de 2007.—Unanimidad de votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.

Nota: El precepto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales citado en la tesis, fue reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 2008, sin embargo, se considera vigente el criterio, ya que similar disposición se contiene en el artículo 355, párrafo 5, inciso e), del actual código.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veinticinco de febrero de dos mil nueve, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede.”

En ese sentido, al revisar en los archivos de este Instituto Federal Electoral si "Televisión Azteca S.A. de C.V." concesionaria de las emisoras identificadas con las siglas XHLGA-TV –Canal 10; XHJCM-TV-Canal 4; XHENT-TV-Canal 2; XHEXT-TV-Canal 20; XHTIT-TV-Canal 21; XHJK-TV-Canal 27; XHAPB-TV-Canal 6; XHPBC-TV-Canal 12; XHSRB-TV Canal 10; XHCAM-TV-Canal 2; XHGE-TV-Canal 5; XHGN-TV-Canal 7; XHCCT-TV-Canal 3; XHECH-TV-Canal 11; XHIT-TV-Canal 4; XHHDP-TV-Canal 9; XHHPC-TV-Canal 5; XHCJH-TV-Canal 20; XHCJE-TV-Canal 11; XHCOM-TV-Canal 8; XHDZ-TV-Canal 12; XHCSA-TV-Canal 2; XHTAP-TV-Canal 13; XHJU-TV-Canal 11; XHAO-TV-Canal 4; XHHC-TV-Canal 9; XHMLA-TV-Canal 11; XHPNG-TV-Canal 6; XHGZP-TV-Canal 6; XHHE-TV-Canal 7: XHLLO-TV-Canal 44; XHGDP-TV-Canal 13; XHKF-TV-Canal 9; XHCOL-TV Canal 3; XHDR-TV-Canal 2; XHNCI-TV-Canal 4; XHDB-TV-Canal 7; XHDRG-TV-Canal 2; XHIE-TV-Canal 10; XHACC-TV-Canal 6; XHCER-TV-Canal 5; XHCHL-TV-Canal 9; XHIR-TV-Canal 2; XHTUX-TV-Canal 5; XHMAS-TV Canal 12; XHCCG-TV; Canal 7; XHPHG-TV-Canal 6; XHTGN-TV-Canal 12; XHSFJ-TV-Canal 11; XHGJ-TV-Canal 2; XHPVJ-TV-Canal 7; XHJAL-TV-Canal 13; XHXEM-TV-Canal 6; XHLUC-TV-Canal 19; XHLCM-TV-Canal 7; XHBUR-TV-Canal 39; XHCBM-TV-Canal 8; XHRAM-TV-Canal 48; XHTCM-TV-Canal 23; XHCUR-TV-Canal 13, XHCUV-TV-Canal 28; XHAF-TV-Canal 4; XHLBN-TV-Canal 8; XHWX-TV Canal 4; XHFN-TV Canal 7; XHJN-TV-Canal 9; XHHDL-TV-Canal 7; XHIG-TV-Canal 12; XHOXX-TV-Canal 13; XHDG-TV-Canal 11; XHINC-TV-Canal 8; XHPSO-TV-Canal 4; XHSCO-TV-Canal 7; XHPUR-TV-Canal 6; XHTEM-TV-Canal 12; XHTHN-TV-Canal 11; XHTHP-TV-Canal 7; XHCCQ-TV-Canal 11; XHAQR-TV-Canal 7; XHBX-TV-Canal 12; XHCQO-TV-Canal 9; XHQUR-TV –Canal 9; XHQUE-TV Canal 36 XHMSI-TV-Canal 6; XHDO-TV-Canal 11; XHMIS-TV-Canal 7; XHLSI-TV-Canal 6; XHDL-TV-Canal 10 XHKD-TV-Canal 11; XHCDI-TV Canal 12; XHPMS-TV-Canal 5; XHDD-TV-Canal 11; XHCLP-TV-Canal 6; XHTZL-TV-Canal 2; XHTAZ-TV-Canal 12; XHCSO-TV-Canal 6; XHBK-TV-Canal 10; XHHO-TV-Canal 10; XHFA-TV-Canal 2; XHNOA-TV-Canal 22; XHVHT-TV Canal 6; XHVIH-TV Canal 11; XHBY-TV-Canal 5; XHOR-TV-Canal 14; XHBE-TV-Canal 11; XHCTZ-TV-Canal 7; XHSTV-TV-Canal 8; XHSTE-TV-Canal 10; XHCPE-TV-Canal 11; XHMEY-TV-Canal 7; XHDH-TV-Canal 11; XHKYU-TV-Canal 4; XHVAD-TV Canal 10; XHKC-TV-Canal 12; XHLVZ-TV-Canal 10; XHCH-TV Canal 2; XHENE-TV Canal 13; XHHSS-TV Canal 4; XHAPA-TV Canal 4 y XHIV-TV-Canal 5, en los estados de Aguascalientes; Baja California; Baja California Sur; Campeche; Chihuahua; Chiapas; Coahuila; Colima; Distrito Federal; Durango; Guerrero; Guanajuato; Hidalgo; Jalisco, Estado de México; Michoacán; Morelos; Nayarit; Nuevo León; Oaxaca; Puebla; Quintana Roo: Querétaro; Sinaloa; San Luis Potosí; Sonora; Tabasco; Tamaulipas; Veracruz; Yucatán y Zacatecas, ha transgredido lo dispuesto por el artículo 350, párrafo 1, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se encontró la siguiente información.

Existe constancia en los archivos de este Instituto Federal Electoral de que la consabida empresa moral ha transgredido lo dispuesto por el artículo 350, párrafo 1 inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, como se muestra a continuación.

Por lo que respecta a "Televisión Azteca S.A. de C.V." concesionaria de las emisoras identificadas con las siglas XHCDT-TV-Canal 9; XHLNA-TV-Canal 21; XHMTA-TV-Canal 11; XHCVT-TV-Canal 3; XHREY-TV-Canal 12; XHTAU-TV-Canal 2; XHWT-TV-Canal 12; en el estado de Tamaulipas; esta autoridad localizó lo siguiente:

         Queja identificada con la clave SCG/PE/CG/063/2010, resuelta en Sesión extraordinaria del Consejo General de este Instituto del 16 de junio de 2010, mediante Acuerdo número CG190/2010, misma que fue impugnada por la concesionaria denunciada.

Por lo anterior, mediante Sesión extraordinaria del Consejo General de este Instituto de fecha 24 de febrero de 2011, se dictó nueva Resolución bajo el número CG63/2011, en acatamiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, y en la que se impusieron las siguientes sanciones:

o       Emisora XHCDT-TV canal 9: 2196 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, equivalente a la cantidad de $126,182.16.

o       Emisora XHCVT-TV canal 3: 1812 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, equivalente a la cantidad de $104,117.52.

o       Emisora XHMTA-TV canal 11: 1883 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, equivalente a la cantidad de $108,197.18.

o       Emisora XHLNA-TV canal 21: 1866 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, equivalente a la cantidad de $107,220.36.

o       Emisora XHREY-TV canal 12: 2279 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, equivalente a la cantidad de $130,951.34.

o       Emisora XHTAU-TV canal 2: 2402 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, equivalente a la cantidad de $138,018.92.

o       Emisora XHWT-TV canal 12: 2586 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, equivalente a la cantidad de $148,591.56

Toda vez que incumplieron de manera injustificada, con la obligación constitucional y legal de no transmitir propaganda no autorizada por el Instituto Federal Electoral, violando con ello el artículo 41, Base III, Apartado A, inciso g), párrafo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los artículos 49, párrafo 4 y 350, párrafo 1, incisos b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, siendo las circunstancias de tiempo, modo y lugar, las siguientes:

a)  Modo. En el caso a estudio, las irregularidades atribuibles a "Televisión Azteca S.A. de C.V." concesionaria de las emisoras identificadas con las siglas XHCDT-TV canal 9, XHCVT-TV canal 3, XHMTA-TV canal 11, XHLNA-TV canal 21, XHREY-TV canal 12, XHTAU-TV canal 2 y XHWT-TV canal 12 en el estado de Tamaulipas, consistieron en inobservar lo establecido en el artículo 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente, al haber difundido 13 impactos en la emisora XHCDT-TV canal 9; 10 impactos en la emisora XHCVT-TV canal 3; 10 impactos en las emisoras XHMTA-TV canal 11 y XHLNA-TV canal 21; 12 impactos en la emisora XHREY-TV canal 12; 13 impactos en la emisora XHTAU-TV canal 2, y 14 impactos en la emisora XHWT-TV canal 12 en el estado de Tamaulipas, es decir un total de 82 impactos que contienen propaganda electoral, como ha quedado establecido previamente, dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos a favor del C. Rodolfo Torre Cantú candidato a Gobernador del estado de Tamaulipas por la Coalición “Todos Tamaulipas” misma que se encuentra integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México.

b)  Tiempo. De conformidad con las constancias que obran en autos, esta autoridad tiene acreditada la difusión de los promocionales o spots materia del presente asunto, durante el periodo comprendido entre los días seis y siete de junio del presente año (los cuales fueron detectados como parte de los monitoreos que realiza esta autoridad).

c) Lugar. Los promocionales objeto del presente procedimiento fueron difundidos en el estado de Tamaulipas, en virtud de que su transmisión se llevó a cabo a través de canales de televisión con cobertura local.

Dicha Resolución que fue confirmada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el recurso SUP-RAP-71/2011, en fecha 19 de abril de 2011.

Por lo que respecta a "Televisión Azteca S.A. de C.V." concesionaria de las emisoras identificadas con las siglas XHDF-TV-Canal 13 (TVA); XHIMT-TV-Canal 7 (TVA) esta autoridad localizó lo siguiente:

Queja identificada con la clave SCG/PE/CG/218/2009 y sus acumulados SCG/PE/PRD/CG/221/2009, SCG/PE/CG/223/2009 y SCG/PE/CG/226/2009, resuelta en Sesión extraordinaria del Consejo General de este Instituto del 8 de julio de 2009, mediante Acuerdo número CG348/2009, en la que se le impuso una sanción de 72,992 días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, equivalentes a la cantidad $4’000,000.00 (cuatro millones de pesos 00/100 M.N.), toda vez que incumplió de manera injustificada, con la obligación constitucional y legal de no difundir mensajes fuera de la pauta autorizada por el Instituto Federal Electoral, violando con ello el artículo 41, Base III, Apartado A, inciso g), párrafo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los artículos 49, párrafo 4 y 350, párrafo 1, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, siendo las circunstancias de tiempo, modo y lugar, las siguientes:

“(…)

a) Modo. En el caso a estudio, las irregularidades atribuibles a “Televisión Azteca S.A. de C.V.” concesionaria de la emisoras identificadas con las siglas XHIMT-TV Canal 7 y XHDF-TV Canal 13, consistieron en inobservar lo establecido en el artículo 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente, al haber difundido diez impactos del promocional identificado como “PVEM -Revista Cambio”; y seis del identificado como “Revista –Cambio Versión 2” en televisión que contienen propaganda electoral, como ha quedado establecido previamente, dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos a favor del Partido Verde Ecologista de México.

b) Tiempo. De conformidad con las constancias que obran en autos, esta autoridad tiene acreditada la difusión de los promocionales o spots materia del presente asunto, durante el periodo comprendido entre los días veintiséis al veintiocho de junio del presente año (los cuales fueron detectados como parte de los monitoreos que realiza esta autoridad, sin que ello implique la totalidad de los que pudieran desprenderse de los contratos signados entre “Prime Show Productora S.A de C.V” y la empresa televisora).

c) Lugar. Los promocionales objeto del presente procedimiento fueron difundidos en toda la República Mexicana, en virtud de que su transmisión se llevó a cabo a través de canales de televisión con cobertura nacional.

(…)”

Dicha Resolución que fue confirmada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el recurso SUP-RAP-220/2009 y sus acumulados SUP-RAP-226/2009, SUP-RAP-227/2009 y SUP-RAP-230/2009, en fecha 26 de agosto de 2009.

Queja identificada con la clave SCG/PE/PRD/CG/238/2009, resuelta en Sesión extraordinaria del Consejo General de este Instituto del 2 de septiembre de 2009, mediante Acuerdo número CG461/2009, en la que se le impuso una sanción equivalente a la cantidad de $4'000,000.00 (cuatro millones de pesos 00/100 M.N.), toda vez que incumplió de manera injustificada, con la obligación constitucional y legal de no difundir mensajes fuera de la pauta autorizada por el Instituto Federal Electoral, violando con ello el artículo 41, Base III, Apartado A, inciso g), párrafo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los artículos 49, párrafo 4 y 350, párrafo 1, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, siendo las circunstancias de tiempo, modo y lugar, las siguientes:

“(…)

a) Modo. En el caso a estudio, las irregularidades atribuibles a “Televisión Azteca S.A. de C.V.” concesionaria de la emisoras identificadas con las siglas XHIMT-TV Canal 7 y XHDF-TV Canal 13, consistieron en inobservar lo establecido en el artículo 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente, al haber difundido noventa y cinco impactos en la emisora XHIMT-TV canal 7 y ciento catorce impactos en la emisora XHDF-TV canal 13, que contienen propaganda electoral, como ha quedado establecido previamente, dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos a favor de los Partidos Nueva Alianza y Verde Ecologista de México.

b) Tiempo. De conformidad con las constancias que obran en autos, esta autoridad tiene acreditada la difusión de los promocionales o spots materia del presente asunto, durante el periodo comprendido entre los días primero al veintisiete de junio del presente año (los cuales fueron detectados como parte de los monitoreos que realiza esta autoridad).

c) Lugar. Los promocionales objeto del presente procedimiento fueron difundidos en toda la República Mexicana, en virtud de que su transmisión se llevó a cabo a través de canales de televisión con cobertura nacional.

(…)”

Dicha Resolución que fue confirmada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el recurso SUP-RAP-282/2009 y sus acumulados SUP-RAP-283/2009, SUP-RAP-298/2009 y SUP-RAP-299/2009, en fecha 11 de noviembre de 2009.

En ese orden de ideas, es de referir que con base en los procedimientos antes aludidos se observa que Televisión Azteca S.A. de C.V., ha tenido un actuar sistemático y de poca cooperación con la autoridad a efecto de cumplir con las obligaciones que le fueron impuestas por el legislador permanente al realizarse la reforma constitucional y legal en la materia en los años 2007 y 2008.

Así, se encuentra documentado en los precedentes señalados con antelación que la forma de actuar de la hoy denunciada ha causado lesiones graves en el desarrollo de diversos procesos comiciales, lo que ha generado que tanto los partidos políticos como las autoridades electorales se vean afectados en sus prerrogativas, pues es de recordarse que a partir de la reforma que se alude dichos entes no pueden acceder a los medios masivos de comunicación (Radio y Televisión) de otra forma que no sea a través de los tiempos pautados por el Instituto Federal Electoral; en consecuencia, se encuentran a merced de que los concesionarios y/o permisionarios de radio y/o televisión den cumplimiento cabal a su obligación de transmitir el total de la pauta aprobada por el Instituto Federal Electoral durante el desarrollo de los procesos comiciales que se realicen, por ende los incumplimientos de dichos concesionarios deben ser sujetos de sanciones que de alguna manera inhiban la realización de este tipo conductas.

Amén de lo argumentado, esta autoridad considera que el actuar reiterado de Televisión Azteca, S.A. de C.V., respecto a la obligación impuesta en el artículo 41, Base III, Apartado A, inciso g), párrafo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los artículos 49, párrafo 4 y 350, párrafo 1, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, no debe seguir actualizándose, por las implicaciones y afectaciones que puede generar tanto en el desarrollo de los procesos comiciales como fuera de ellos, pues cabe recordar que el origen de la reforma a que se alude fue que el poder económico de los sujetos involucrados no viciara la materia electoral, así como evitar la participación de terceros ajenos para que no se propiciaran situaciones de inequidad en el desarrollo democrático y de los procesos electorales; en consecuencia, resulta particularmente grave la posición tomada por la persona moral hoy denunciada, ya que como se ha venido evidenciando no ha tenido un ánimo de cooperación con el Instituto Federal Electoral en el cumplimiento de su obligación tanto constitucional como legal para difundir únicamente las pautas aprobadas por éste.

SANCIÓN A IMPONER.

En primer término, es de señalarse que dentro de nuestro sistema jurídico los actos administrativos pueden clasificarse en dos categorías; por un lado, se encuentran los actos administrativos discrecionales y por otro los actos administrativos reglados, en cuanto al primer tipo de ellos cabe señalar que son aquellos en los que la administración, no se encuentra sometida al cumplimiento de normas especiales por lo que hace a la oportunidad de actuar de determinada forma, aspecto que no implica eludir las reglas de derecho, en virtud de que toda autoridad, no solo la administrativa, debe observar siempre los preceptos legales sobre formalidades del acto; y respecto a los reglados, como su nombre lo indica son aquellos también denominados vinculatorios u obligatorios, en los que el funcionario puede ejecutarlos únicamente con sujeción estricta a la ley, toda vez que en ella se encuentra determinado previamente cómo ha de actuar la autoridad administrativa, determinando las condiciones de la conducta administrativa, de forma que no exista margen a la elección del procedimiento.

Por tanto, si bien es cierto que el poder discrecional de las autoridades administrativas es una condición indispensable de toda buena y eficiente administración, también es cierto que su limitación es asimismo indispensable para que el Estado no sea arbitrario, y para que los administrados no se encuentren expuestos al simple arbitrio de los gobernantes. Así, los dos extremos siempre presentes en el derecho administrativo, por una parte la salvaguarda del poder administrativo por el reconocimiento del poder discrecional, y por la otra, la salvaguarda de los derechos de los administrados por la limitación de ese poder; en este campo también deben conciliarse para que el Estado no se vuelva anárquico o arbitrario.

De esta forma, las características del acto discrecional, radican en que la autoridad tiene la facultad de elegir de entre las posibles decisiones la más adecuada, con base en la valoración y apreciación que realice respecto de los hechos ante los cuales se encuentra, siempre y cuando parta de lo establecido en la norma, cuando aquella prevea dos o más posibilidades para actuar en un mismo caso y no se imponga ninguna de ellas con carácter obligatorio, sino potestativo.

Precisado lo anterior, esta autoridad tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción, especialmente, los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la infracción, así como la conducta realizada por Televisión Azteca, S.A. de C.V., concesionaria de las emisoras denunciadas, determina que dicha persona moral debe ser objeto de una sanción que tenga en cuenta las circunstancias particulares de la infracción, sin que ello implique que ésta sea de tal monto que incumpla con una de sus finalidades, que es la de disuadir la posible comisión de faltas similares que también pudieran afectar los valores protegidos por la norma transgredida.

Para determinar el tipo de sanción a imponer debe recordarse que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales confiere a la autoridad electoral, arbitrio para elegir, dentro del catálogo de correctivos aplicables, aquel que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor, y que a su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que cualquier otra persona (en la especie, concesionarios o permisionarios de medios electrónicos), realice una falta similar.

Efectivamente, se debe destacar que la autoridad administrativa electoral federal para la imposición de las sanciones cuenta con las atribuciones y facultades necesarias, es decir, cuenta con el arbitrio suficiente que le permite determinar el monto de las mismas, atendiendo a las circunstancias y elementos que convergen en la comisión de las conductas que se estiman infractoras de la normatividad electoral.

En ese orden de ideas, este órgano resolutor se encuentra investido con una potestad sancionadora que le permite valorar a su arbitrio las circunstancias que se actualizaron en la comisión de la infracción, así como su gravedad, máxime si se toma en cuenta que el código federal electoral no determina pormenorizada y casuísticamente, todas y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha potestad; por el contrario, sólo establece las condiciones genéricas para el ejercicio de la misma, dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de sanción que debe aplicarse y en su caso el monto de la misma.

Al respecto, debe decirse que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 354, párrafo 1, inciso f) del código electoral federal, dentro del catálogo de sanciones aplicables a los concesionarios o permisionarios de televisión, se encuentra la multa, la cual puede llegar a tener como monto máximo de aplicación, el equivalente a cien mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; misma que puede ser duplicada en caso de reincidencia; en consecuencia, esta autoridad resolutora únicamente se encuentra obligada a respetar el límite máximo permitido por la norma.

En este orden de ideas, conviene tener presente que el ordenamiento legal antes señalado no pormenoriza casuísticamente el monto de las sanciones que debe imponerse por la comisión de las infracciones acreditadas, pues se insiste, lo único que realiza el legislador ordinario es un catálogo general que será aplicado de acuerdo al arbitrio de la autoridad al analizar las circunstancias y la gravedad de la falta.

Al respecto, cabe destacar que es de explorado derecho que las autoridades al momento de imponer una sanción pecuniaria deben respetar los límites que la propia ley establece; en caso de que la norma fije un monto mínimo y uno máximo, dejando al arbitrio de la autoridad determinar cuál es el aplicable, siendo que la única limitante para la imposición de la sanción es no sobrepasar el máximo legal, y por otra parte, deberá expresar las circunstancias de hecho que justifiquen el monto determinado; valoración en la que la autoridad deberá atender tanto a la afectación que la conducta ilícita ha generado al bien jurídico tutelado en el respectivo ordenamiento, como a la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la levedad o gravedad de aquélla.

Derivado de lo anterior las sanciones que se pueden imponer a "Televisión Azteca, S.A. de C.V.", concesionaria de las emisoras denunciadas, por la difusión de propaganda política en televisión, ordenada por personas distintas al Instituto Federal Electoral, se encuentra especificada en el artículo 354, párrafo 1, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, las cuales son:

“Artículo 354

1. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas conforme a lo siguiente:

[…]

f) Respecto de los concesionarios o permisionarios de radio y televisión:

I. Con amonestación pública;

II. Con multa de hasta cien mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, que en el caso de concesionarios o permisionarios de radio será de hasta cincuenta mil días de salario mínimo; en caso de reincidencia hasta con el doble de los montos antes señalados, según corresponda;

III. Cuando no transmitan, conforme a las pautas aprobadas por el Instituto los mensajes, a que se refiere este capítulo, además de la multa que en su caso se imponga, deberán subsanar de inmediato la omisión, utilizando para tal efecto el tiempo comercializable o para fines propios que la ley les autoriza.

IV. En caso de infracciones graves, como las establecidas en el artículo 350, párrafo 1, incisos a) y b), y cuando además sean reiteradas, con la suspensión por la autoridad competente, previo Acuerdo del Consejo General, de la transmisión del tiempo comercializable correspondiente a una hora y hasta el que corresponda por treinta y seis horas. En todo caso, cuando esta sanción sea impuesta, el tiempo de la publicidad suspendida será ocupado por la transmisión de un mensaje de la autoridad en el que se informe al público de la misma. Tratándose de permisionarios, la sanción será aplicable respecto del tiempo destinado a patrocinios.

V. Cuando la sanción anterior haya sido aplicada y el infractor reincida en forma sistemática en la misma conducta, el Consejo General dará aviso a la autoridad competente a fin de que aplique la sanción que proceda conforme a la ley de la materia, debiendo informar al Consejo.”

Como podemos observar, del contenido del artículo transcrito se advierte que el legislador previó cinco hipótesis de sanción a imponer por esta autoridad a los concesionarios de radio y televisión por infracciones a la normatividad comicial federal, mismas que otorgan a la sustanciadora la posibilidad de elegir de entre el catálogo referido la que a su juicio estime suficiente para disuadir la posible vulneración futura a lo establecido en la legislación electoral federal, precisando en cada una de ellas el mínimo y máximo que pudiera en su caso aplicarse.

Precepto que constituye en sí mismo un sintagma, en el que se establecen indicadores que permiten a la autoridad administrativa determinar discrecionalmente qué sanción es a su juicio la adecuada al caso concreto, de acuerdo a la calificación que le haya asignado a la transgresión normativa cometida por los infractores, con el fin de suprimir prácticas que infrinjan en cualquier forma las disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales o las que se dicen con base en dicho ordenamiento legal.

Expuesto lo anterior, (especialmente, los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la infracción), la conducta realizada por "Televisión Azteca S.A. de C.V." concesionaria de las emisoras identificadas con las siglas XHLGA-TV –Canal 10; XHJCM-TV-Canal 4; XHENT-TV-Canal 2; XHEXT-TV-Canal 20; XHTIT-TV-Canal 21; XHJK-TV-Canal 27; XHAPB-TV-Canal 6; XHPBC-TV-Canal 12; XHSRB-TV Canal 10; XHCAM-TV-Canal 2; XHGE-TV-Canal 5; XHGN-TV-Canal 7; XHCCT-TV-Canal 3; XHECH-TV-Canal 11; XHIT-TV-Canal 4; XHHDP-TV-Canal 9; XHHPC-TV-Canal 5; XHCJH-TV-Canal 20; XHCJE-TV-Canal 11; XHCOM-TV-Canal 8; XHDZ-TV-Canal 12; XHCSA-TV-Canal 2; XHTAP-TV-Canal 13; XHJU-TV-Canal 11; XHAO-TV-Canal 4; XHHC-TV-Canal 9; XHMLA-TV-Canal 11; XHPNG-TV-Canal 6; XHGZP-TV-Canal 6; XHHE-TV-Canal 7: XHLLO-TV-Canal 44; XHGDP-TV-Canal 13; XHKF-TV-Canal 9; XHCOL-TV Canal 3; XHDR-TV-Canal 2; XHNCI-TV-Canal 4; XHDF-TV-Canal 13 (TVA); XHIMT-TV-Canal 7 (TVA); XHDB-TV-Canal 7; XHDRG-TV-Canal 2; XHIE-TV-Canal 10; XHACC-TV-Canal 6; XHCER-TV-Canal 5; XHCHL-TV-Canal 9; XHIR-TV-Canal 2; XHTUX-TV-Canal 5; XHMAS-TV Canal 12; XHCCG-TV; Canal 7; XHPHG-TV-Canal 6; XHTGN-TV-Canal 12; XHSFJ-TV-Canal 11; XHGJ-TV-Canal 2; XHPVJ-TV-Canal 7; XHJAL-TV-Canal 13; XHXEM-TV-Canal 6; XHLUC-TV-Canal 19; XHLCM-TV-Canal 7; XHBUR-TV-Canal 39; XHCBM-TV-Canal 8; XHRAM-TV-Canal 48; XHTCM-TV-Canal 23; XHCUR-TV-Canal 13, XHCUV-TV-Canal 28; XHAF-TV-Canal 4; XHLBN-TV-Canal 8; XHWX-TV Canal 4; XHFN-TV Canal 7; XHJN-TV-Canal 9; XHHDL-TV-Canal 7; XHIG-TV-Canal 12; XHOXX-TV-Canal 13; XHDG-TV-Canal 11; XHINC-TV-Canal 8; XHPSO-TV-Canal 4; XHSCO-TV-Canal 7; XHPUR-TV-Canal 6; XHTEM-TV-Canal 12; XHTHN-TV-Canal 11; XHTHP-TV-Canal 7; XHCCQ-TV-Canal 11; XHAQR-TV-Canal 7; XHBX-TV-Canal 12; XHCQO-TV-Canal 9; XHQUR-TV –Canal 9; XHQUE-TV Canal 36 XHMSI-TV-Canal 6; XHDO-TV-Canal 11; XHMIS-TV-Canal 7; XHLSI-TV-Canal 6; XHDL-TV-Canal 10 XHKD-TV-Canal 11; XHCDI-TV Canal 12; XHPMS-TV-Canal 5; XHDD-TV-Canal 11; XHCLP-TV-Canal 6; XHTZL-TV-Canal 2; XHTAZ-TV-Canal 12; XHCSO-TV-Canal 6; XHBK-TV-Canal 10; XHHO-TV-Canal 10; XHFA-TV-Canal 2; XHNOA-TV-Canal 22; XHVHT-TV Canal 6; XHVIH-TV Canal 11; XHBY-TV-Canal 5; XHMTA-TV-Canal 11; XHLNA-TV-Canal 21; XHOR-TV-Canal 14; XHREY-TV-Canal 12; XHWT-TV-Canal 12; XHTAU-TV-Canal 2; XHCVT-TV-Canal 3; XHCDT-TV-Canal 9; XHBE-TV-Canal 11; XHCTZ-TV-Canal 7; XHSTV-TV-Canal 8; XHSTE-TV-Canal 10; XHCPE-TV-Canal 11; XHMEY-TV-Canal 7; XHDH-TV-Canal 11; XHKYU-TV-Canal 4; XHVAD-TV Canal 10; XHKC-TV-Canal 12; XHLVZ-TV-Canal 10; XHCH-TV Canal 2; XHENE-TV Canal 13; XHHSS-TV Canal 4; XHAPA-TV Canal 4 y XHIV-TV-Canal 5, en los estados de Aguascalientes; Baja California; Baja California Sur; Campeche; Chihuahua; Chiapas; Coahuila; Colima; Distrito Federal; Durango; Guerrero; Guanajuato; Hidalgo; Jalisco, Estado de México; Michoacán; Morelos; Nayarit; Nuevo León; Oaxaca; Puebla; Quintana Roo: Querétaro; Sinaloa; San Luis Potosí; Sonora; Tabasco; Tamaulipas; Veracruz; Yucatán y Zacatecas, debe ser objeto de la imposición de una sanción, que tendrá en cuenta las circunstancias particulares que se presentaron en el caso concreto, esto es: tipo de infracción, singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas, bien jurídico tutelado, circunstancias de modo tiempo y lugar de la infracción, intencionalidad, reiteración de la infracción o vulneración sistemática de las normas, condiciones externas [contexto fáctico] y los medios de ejecución, calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra, reincidencia, cobertura de las emisoras denunciadas, monto del beneficio, lucro o daño o perjuicio derivado de la infracción y condiciones socioeconómicas del actor y sin que ello implique que ésta sea de tal monto que incumpla con una de sus finalidades, que es la de disuadir la posible comisión de faltas similares que también pudieran afectar los valores protegidos por la norma transgredida y que se han precisado previamente.

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.

Efectivamente, mientras que una determinada conducta puede no resultar grave en determinado caso, atendiendo a todos los elementos y circunstancias antes precisadas, en otros casos, la misma conducta puede estar relacionada con otros aspectos, como puede ser un beneficio o lucro ilegalmente logrado, o existir un determinado monto económico involucrado en la irregularidad, de tal forma que tales elementos sea necesario tenerlos también en consideración, para que la individualización de la sanción sea adecuada.

Bajo este contexto, es de referir que si bien la autoridad de conocimiento calificó la conducta de la infractora como de gravedad especial; la misma infringe los objetivos buscados por el Legislador al establecer un sistema electoral de equidad que permita a los partidos políticos y a sus candidatos, difundir en forma proporcional entre la ciudadanía sus mensajes y programas, con el propósito de que la misma conozca los programas y postulados que éstos despliegan en sus documentos básicos, aunado a que con ello, tales institutos políticos alcanzan los fines que constitucional y legalmente les han sido encomendados, por lo que se estima que tales circunstancias justifican la imposición de la sanción prevista en la fracción II del citado artículo 354 de la norma comicial federal citada, consistente en una multa, pues tal medida cumple con la finalidad correctiva de una sanción administrativa y resulta ejemplar, ya que permite disuadir la posible actualización de infracciones similares en el futuro, máxime que las previstas en las fracciones IV y V, serían de carácter excesivo, y la prevista en la fracción I sería insuficiente para lograr ese cometido.

Bajo este contexto, se estima que en el caso cobra especial relevancia la acreditación de la difusión del promocional materia del procedimiento y las circunstancias particulares en que se realizó la infracción, toda vez que estamos ante la presencia de difusión de tiempo en televisión, destinado a influir en los ciudadanos a favor o en contra de alguna fuerza política, para que adopten determinadas conductas sobre temas de interés social, y que no se encuentran necesariamente vinculadas a un proceso electoral federal, difusión ordenada por personas distintas al Institutoo Federal Electoral.

Ante tales circunstancias, al encontrarse plenamente acreditada la infracción a la normatividad no sólo comicial federal sino también a nivel constitucional por parte de la persona moral denunciada, así como todos y cada uno de los elementos correspondientes a la individualización de la sanción previstos en el párrafo 5 del artículo 355 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, [mismos que en obvio de repeticiones innecesarias y por economía procesal, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaren] la autoridad de conocimiento determina que la imposición de la sanción prevista en la fracción II del inciso f) del artículo 354 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una multa, es la adecuada para cumplir con la finalidad correctiva de una sanción administrativa, en virtud de que las previstas en las fracciones IV y V, serían de carácter excesivo, y la prevista en la fracción I sería insuficiente para lograr ese cometido.

En consecuencia, resulta atinente precisar que la determinación del monto de la sanción a imponer, se determina tomando en cuenta, entre otros, los elementos objetivos que obran dentro del presente expediente, de los cuales se encuentran plenamente acreditados:

Quedó acreditado que "Televisión Azteca, S.A. de C.V.", concesionaria de las emisoras denunciadas, contravino lo dispuesto en el artículo 350, párrafo 1 inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al haber difundido en las señales de las emisoras de las que es concesionaria, propaganda política, pagada, ordenada por persona distinta al Instituto Federal Electoral, precepto legal que tiene como finalidad el establecer un orden equitativo entre los partidos políticos, conforme a los Lineamientos que al efecto establece el artículo 41 constitucional, siendo por ende el órgano electoral el único facultado para precisar las condiciones de tiempo de transmisión de la propaganda electoral de los diversos partidos políticos en contienda, preservando de esta forma el derecho de los partidos políticos de acceder a los medios electrónicos, con el propósito de darse a conocer entre la sociedad, lo cual evidentemente les permitiría cumplir con los fines que constitucional y legalmente les han sido encomendados, aunado a que ello les permite establecer un canal de comunicación con la ciudadanía, a efecto de que quienes conforman el electorado tengan una opinión más crítica, reflexiva y participativa en los asuntos políticos.

Que no obstante, de haber sido acreditada la violación a lo dispuesto en el artículo 41, Base III, Apartado A, inciso g), párrafo 3, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el artículo 350, párrafo 1, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por parte de la persona moral denunciada, tal circunstancia no implica la presencia de una pluralidad de infracciones o de faltas administrativas, toda vez que el hecho de que la difusión del spot materia del presente procedimiento se realizó en diversos momentos y espacios, ello sólo actualiza una infracción, es decir, sólo colma un supuesto jurídico.

Que el bien jurídico tutelado por la norma infringida es la preservación de un régimen de equidad en la materia, al establecer que el Instituto Federal Electoral es la autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales, fue vulnerado por la conducta cometida por la infractora. Lo anterior, en virtud de que se transmitió propaganda política, dirigida a influir en los ciudadanos a favor o en contra de alguna fuerza política, para que adopten determinadas conductas sobre temas de interés social, y que no se encuentran necesariamente vinculadas a un proceso electoral federal, en emisoras de televisión concesionadas a la persona moral denunciada, de la siguiente forma:

(SE TRANSCRIBE)

Es decir, un total de 931 impactos.

Que la difusión del promocional o spot materia del presente asunto, se llevó a cabo durante el periodo comprendido entre los días del seis al once de marzo del presente año (el cual fue detectado como parte de los monitoreos que realiza esta autoridad).

Aunado a lo anterior, se encuentra debidamente acreditado que sí existió intención por parte de la denunciada, de infringir lo previsto en el artículo 41, Base III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los artículos 49, párrafo 4 y 350, párrafo 1, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en virtud de que del análisis a los elementos que obran en autos, se advierte que "Televisión Azteca, S.A. de C.V.", concesionaria de las emisoras ya señaladas, si bien no realizó la contratación del promocional en comento en forma directa con el Partido Revolucionario Institucional, el hecho indudable es que difundió en los canales a que se ha hecho referencia el promocional de la revista "Vértigo" en la que se alude, con plena conciencia de la naturaleza de los elementos que incluyó en su propaganda comercial, constitutivos de propaganda política, violentando con ello la equidad electoral a que hemos venido haciendo referencia, por no ser tal propaganda de la ordenada por el Instituto Federal Electoral, único ente autorizado para ordenar su transmisión en televisión.

Sin que pase desapercibido para esta autoridad que la conducta infractora no se cometió de manera reiterada, en virtud de que sólo se difundió por un periodo limitado, sin embargo, cabe señalar que sí se efectuó de manera generalizada y sistemática en la mayor parte del territorio de la República Mexicana, aspecto que motivó a esta autoridad a calificar con una gravedad especial la conducta imputada a la infractora, tomando en consideración las circunstancias referidas y que la misma se constriñó a difundir promocionales que contenían elementos de propaganda política del Partido Revolucionario Institucional, sin haber sido ordenados por esta autoridad.

Sin embargo, de autos también es posible advertir que nos encontramos en presencia de una infractora con carácter reincidente, toda vez que se encuentra acreditado de conformidad con las constancias que obran en los archivos del Instituto Federal Electoral, que las emisoras identificadas con las siglas XHCDT-TV-Canal 9; XHLNA-TV-Canal 21; XHMTA-TV-Canal 11; XHCVT-TV-Canal 3; XHREY-TV-Canal 12; XHTAU-TV-Canal 2; XHWT-TV-Canal 12; en el estado de Tamaulipas; así como las emisoras identificadas con las siglas XHDF-TV-Canal 13 (TVA); XHIMT-TV-Canal 7 (TVA), han sido sancionada por la misma conducta dentro de los siguientes procedimientos especiales sancionadores: SCG/PE/CG/218/2009 y sus acumulados SCG/PE/PRD/CG/221/2009, SCG/PE/CG/223/2009 y SCG/PE/CG/226/2009, en la queja identificada con la clave SCG/PE/CG/063/2010 y en la queja identificada con la clave SCG/PE/PRD/CG/238/2009, circunstancia que denota un actuar sistemático y de poca cooperación con la autoridad a efecto de cumplir con las obligaciones que le fueron impuestas por el legislador permanente al realizarse la reforma constitucional y legal en la materia en los años 2007 y 2008.

Asimismo, que derivado de la infracción cometida por la persona moral denunciada, se causó un perjuicio a los objetivos buscados por el Legislador, en virtud de que durante el periodo comprendido del seis al once de marzo de dos mil once, se difundió propaganda política tendente a influir en los ciudadanos a favor de una fuerza política, para que adopten determinadas conductas sobre temas de interés social, y que no se encuentran necesariamente vinculadas a un proceso electoral federal, vulnerando con ello la finalidad perseguida por el legislador de preservar los principios de equidad e igualdad que deben regir en la materia electoral, al evitar que terceros ajenos a los actores políticos incorporen elementos distorsionadores del orden electoral.

Precisado lo anterior, cabe mencionar que de conformidad con la Tesis Relevante S3EL 028/2003, emitida por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, e identificada con el rubro “SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES”, y en concordancia con el artículo 354, párrafo 1, inciso f), fracción II del código comicial federal vigente, cuando los concesionarios difundan propaganda política o electoral, pagada o gratuita, ordenada por personas distintas al Instituto Federal Electoral, se les sancionará con multa de uno a cien mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

En consecuencia, resulta atinente precisar que la determinación del monto de la sanción a imponer, se establece en principio tomando en cuenta el bien jurídico tutelado; las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; las condiciones socioeconómicas del infractor; las condiciones externas y los medios de ejecución; la reincidencia y, en su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de las obligaciones, tal como lo dispone el artículo 355, párrafo 5 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, elementos objetivos y subjetivos mediante los cuales este órgano resolutor evalúa la ejecución y gravedad del hecho ilícito.

Al respecto, se precisa que aún cuando la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha determinado que los elementos antes referidos son fundamentales en la imposición de una sanción y que cuando éstos sean proporcionalmente mayores a otros, la sanción también debe serlo; lo cierto es que no ha ordenado a esta autoridad que les asigne un valor determinado, sino que este ejercicio es potestad exclusiva de este órgano resolutor, pues como ya se estableció con antelación, el monto de la sanción a imponer se determina tomando en cuenta las circunstancias particulares en las que se realizó la conducta infractora, las cuales son valoradas al arbitrio de las facultades sancionadoras con que se encuentra revestido este órgano electoral autónomo.

En este orden de ideas, se enfatiza que en atención a lo ordenado por el máximo órgano jurisdiccional en la materia, esta autoridad al momento de fijar el monto de la sanción a imponer, tomará en consideración los elementos objetivos y subjetivos antes referidos como la base para establecer la sanción, en proporción con el monto máximo de la sanción que podría imponerse a los concesionarios de televisión, contenida en el artículo 354, párrafo 1, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Cabe precisar que la determinación del monto base de la sanción se realiza tomando en cuenta la forma de ejecución y gravedad de la conducta, a través de la valoración conjunta de los elementos referidos en el artículo 355, párrafo 5 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En este orden de ideas, y en atención a lo ordenado por el máximo órgano jurisdiccional en la materia, esta autoridad tomando en cuenta que quedó debidamente acreditada la infracción imputada a la concesionaria denunciada, consistente en inobservar lo establecido en el artículo 41, Base III, Apartado A, inciso g), párrafo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los artículos 49, párrafo 4 y 350, párrafo 1, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al haber difundido propaganda política en televisión, la singularidad de la falta, la lesión al bien jurídico tutelado por la norma, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que fue cometida la conducta antijurídica por parte de Televisión Azteca, S.A. de C.V.; la reiteración de la infracción y la vulneración sistemática de las normas; que los medios para ejecutarla fueron las señales televisivas XHLGA-TV –Canal 10; XHJCM-TV-Canal 4; XHENT-TV-Canal 2; XHEXT-TV-Canal 20; XHTIT-TV-Canal 21; XHJK-TV-Canal 27; XHAPB-TV-Canal 6; XHPBC-TV-Canal 12; XHSRB-TV Canal 10; XHCAM-TV-Canal 2; XHGE-TV-Canal 5; XHGN-TV-Canal 7; XHCCT-TV-Canal 3; XHECH-TV-Canal 11; XHIT-TV-Canal 4; XHHDP-TV-Canal 9; XHHPC-TV-Canal 5; XHCJH-TV-Canal 20; XHCJE-TV-Canal 11; XHCOM-TV-Canal 8; XHDZ-TV-Canal 12; XHCSA-TV-Canal 2; XHTAP-TV-Canal 13; XHJU-TV-Canal 11; XHAO-TV-Canal 4; XHHC-TV-Canal 9; XHMLA-TV-Canal 11; XHPNG-TV-Canal 6; XHGZP-TV-Canal 6; XHHE-TV-Canal 7: XHLLO-TV-Canal 44; XHGDP-TV-Canal 13; XHKF-TV-Canal 9; XHCOL-TV Canal 3; XHDR-TV-Canal 2; XHNCI-TV-Canal 4; XHDF-TV-Canal 13 (TVA); XHIMT-TV-Canal 7 (TVA); XHDB-TV-Canal 7; XHDRG-TV-Canal 2; XHIE-TV-Canal 10; XHACC-TV-Canal 6; XHCER-TV-Canal 5; XHCHL-TV-Canal 9; XHIR-TV-Canal 2; XHTUX-TV-Canal 5; XHMAS-TV Canal 12; XHCCG-TV; Canal 7; XHPHG-TV-Canal 6; XHTGN-TV-Canal 12; XHSFJ-TV-Canal 11; XHGJ-TV-Canal 2; XHPVJ-TV-Canal 7; XHJAL-TV-Canal 13; XHXEM-TV-Canal 6; XHLUC-TV-Canal 19; XHLCM-TV-Canal 7; XHBUR-TV-Canal 39; XHCBM-TV-Canal 8; XHRAM-TV-Canal 48; XHTCM-TV-Canal 23; XHCUR-TV-Canal 13, XHCUV-TV-Canal 28; XHAF-TV-Canal 4; XHLBN-TV-Canal 8; XHWX-TV Canal 4; XHFN-TV Canal 7; XHJN-TV-Canal 9; XHHDL-TV-Canal 7; XHIG-TV-Canal 12; XHOXX-TV-Canal 13; XHDG-TV-Canal 11; XHINC-TV-Canal 8; XHPSO-TV-Canal 4; XHSCO-TV-Canal 7; XHPUR-TV-Canal 6; XHTEM-TV-Canal 12; XHTHN-TV-Canal 11; XHTHP-TV-Canal 7; XHCCQ-TV-Canal 11; XHAQR-TV-Canal 7; XHBX-TV-Canal 12; XHCQO-TV-Canal 9; XHQUR-TV –Canal 9; XHQUE-TV Canal 36 XHMSI-TV-Canal 6; XHDO-TV-Canal 11; XHMIS-TV-Canal 7; XHLSI-TV-Canal 6; XHDL-TV-Canal 10 XHKD-TV-Canal 11; XHCDI-TV Canal 12; XHPMS-TV-Canal 5; XHDD-TV-Canal 11; XHCLP-TV-Canal 6; XHTZL-TV-Canal 2; XHTAZ-TV-Canal 12; XHCSO-TV-Canal 6; XHBK-TV-Canal 10; XHHO-TV-Canal 10; XHFA-TV-Canal 2; XHNOA-TV-Canal 22; XHVHT-TV Canal 6; XHVIH-TV Canal 11; XHBY-TV-Canal 5; XHMTA-TV-Canal 11; XHLNA-TV-Canal 21; XHOR-TV-Canal 14; XHREY-TV-Canal 12; XHWT-TV-Canal 12; XHTAU-TV-Canal 2; XHCVT-TV-Canal 3; XHCDT-TV-Canal 9; XHBE-TV-Canal 11; XHCTZ-TV-Canal 7; XHSTV-TV-Canal 8; XHSTE-TV-Canal 10; XHCPE-TV-Canal 11; XHMEY-TV-Canal 7; XHDH-TV-Canal 11; XHKYU-TV-Canal 4; XHVAD-TV Canal 10; XHKC-TV-Canal 12; XHLVZ-TV-Canal 10; XHCH-TV Canal 2; XHENE-TV Canal 13; XHHSS-TV Canal 4; XHAPA-TV Canal 4 y XHIV-TV-Canal 5, en los estados de Aguascalientes; Baja California; Baja California Sur; Campeche; Chihuahua; Chiapas; Coahuila; Colima; Distrito Federal; Durango; Guerrero; Guanajuato; Hidalgo; Jalisco, Estado de México; Michoacán; Morelos; Nayarit; Nuevo León; Oaxaca; Puebla; Quintana Roo: Querétaro; Sinaloa; San Luis Potosí; Sonora; Tabasco; Tamaulipas; Veracruz; Yucatán y Zacatecas, son elementos que se toman en cuenta de manera integral para llevar a cabo la presente individualización.

Asimismo se evaluó que existió intencionalidad en la conducta infractora por parte de la denunciada para infringir la normatividad comicial federal; que con dicha conducta ocasionó un daño a los fines constitucionales y legales perseguidos por el legislador; así como la reincidencia en que ha incurrido Televisión Azteca, S.A. de C.V. por la comisión de la misma, vulneración a las normas electorales en más de una ocasión; y que no obstante ello, esta autoridad calificó con una gravedad especial la conducta imputada a la infractora, en virtud de que a pesar de que la propaganda denunciada sólo se difundió por un periodo limitado  (del seis al once de marzo de dos mil once), se hizo de manera generalizada y sistemática en la mayor parte del territorio de la República Mexicana, es preciso referir que la resolutora derivado de la ponderación de todos los elementos que concurrieron en la comisión de la infracción realizada por Televisión Azteca S.A. de C.V., ha determinado que es procedente fijar una base de la sanción para cada una de las emisoras denunciadas dentro del máximo y mínimo establecido por la ley a través de la valoración de dichos elementos.

Es decir, a través de la ponderación de los componentes antes precisados, esta autoridad cuenta con los elementos necesarios para obtener una base a partir de la cual sea posible determinar la sanción a imponer, respetando siempre que el límite de esta autoridad para tal efecto es de cien mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

En ese orden de ideas, es de precisar que atendiendo a todas las circunstancias que rodean la conducta infractora realizada por Televisión Azteca S.A. de C.V., esta autoridad considera que la base de la sanción por cada una de las emisoras concesionadas a Televisión Azteca S.A. de C.V., son las que a continuación se precisan en días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, las cuales como se observa respetan el límite que establece el código de la materia a esta autoridad:

(SE TRANSCRIBE)

En efecto, la determinación inicial del monto de las sanciones a imponer, precisados en la tabla precedente, contempla los factores previstos en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, relacionados con el tipo de infracción, la calificación de la gravedad de la conducta, el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas, la singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas, el número de promocionales difundidos, la intencionalidad con que se condujo la emisora denunciada, la reiteración de la infracción o vulneración sistemática de las normas vulneradas, las condiciones externas y los medios de ejecución y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se cometió la conducta de la denunciada. Del mismo modo se evidencia que la base de la que parte esta autoridad para fijar la sanción que corresponde conforme a derecho a las emisoras de televisión denunciadas respeta el monto máximo de la sanción que podría imponerse a los concesionarios de televisión, contenida en el artículo 354, párrafo 1, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

COBERTURA

Por otro lado, la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido expresamente que para la imposición de la sanción debe tomarse en cuenta el elemento objetivo de “Cobertura”, por lo que en el presente asunto, se tomara en cuenta la cobertura de cada emisora respecto del total de ciudadanos inscritos en la lista nominal del o los distritos locales que abarque la misma.

Una vez sentado lo anterior, esta autoridad procede a tomar en cuenta el elemento cobertura, atendiendo al número de ciudadanos inscritos en la lista nominal del o los distritos locales que abarque la misma, por lo que para el efecto de conocer el número de ciudadanos que pudieron haber sido expuestos con la difusión del mensaje materia del actual procedimiento, en cada una de las emisoras implicadas en la comisión de la conducta.

Al respecto, se considera necesario precisar que, aún cuando dicho órgano jurisdiccional estima que el elemento antes referido es fundamental en la imposición de la sanción, y que el mismo debe ser proporcional, es decir, que cuando la cobertura sea proporcionalmente mayor a otra, la sanción también debe serlo; lo cierto es que no ha ordenado que esta autoridad le asigne un valor determinado, sino que este ejercicio es potestad exclusiva de este órgano resolutor, pues como ya se estableció con antelación, el monto de la sanción a imponer se determina tomando en cuenta las circunstancias particulares en las que se realizó la conducta infractora, las cuales son valoradas al arbitrio de las facultades sancionadoras con que se encuentra revestido este órgano electoral autónomo.

Lo anterior implica que, como se ha evidenciado, esta autoridad fija el monto de la multa que corresponde a cada sujeto infractor no sólo respecto de un único elemento, como podría ser la cobertura, sino tomando en consideración el resto de los elementos objetivos y subjetivos que se han enunciado en párrafos precedentes, ya que a través de su valoración conjunta es posible calificar la gravedad y ejecución de la infracción.

Bajo este orden de ideas y de conformidad con la información que obra en autos respecto a la página electrónica del Instituto Federal Electoral en el apartado “Geografía Electoral y Cartografía”, en específico en el “Mapa de la República Mexicana con División Estatal y Circunscripciones” en el cuadro denominado “Integración territorial nacional”, la cobertura de cada una de las emisoras concesionadas a Televisión Azteca, S.A. de C.V., en los estados de Aguascalientes; Baja California; Baja California Sur; Campeche; Chihuahua; Chiapas; Coahuila; Colima; Distrito Federal; Durango; Guerrero; Guanajuato; Hidalgo; Jalisco, Estado de México; Michoacán; Morelos; Nayarit; Nuevo León; Oaxaca; Puebla; Quintana Roo; Querétaro; Sinaloa; San Luis Potosí; Sonora; Tabasco; Tamaulipas; Veracruz; Yucatán y Zacatecas, que cometieron la infracción denunciada, es la siguiente:

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Para la mejor comprensión de la información precedente se acompañan como anexos al presente fallo los mapas de cobertura que aparecen en la página electrónica del Instituto Federal Electoral en la dirección www.ife.org.mx/.../Detalle_Mapa_de_Coberturas_de_Radio_Television/ en el apartado “Geografía Electoral y Cartografía”, en específico en el “Mapa de la República Mexicana con División Estatal y Circunscripciones” en el cuadro denominado “Integración territorial nacional”, mismo que se adjunta a la presente determinación como ANEXO NÚMERO 1.

Como se puede observar, de los datos antes insertos, se advierte el número de secciones en las que están divididos los estados de Aguascalientes; Baja California; Baja California Sur; Campeche; Chihuahua; Chiapas; Coahuila; Colima; Distrito Federal; Durango; Guerrero; Guanajuato; Hidalgo; Jalisco, Estado de México; Michoacán; Morelos; Nayarit; Nuevo León; Oaxaca; Puebla; Quintana Roo: Querétaro; Sinaloa; San Luis Potosí; Sonora; Tabasco; Tamaulipas; Veracruz; Yucatán y Zacatecas, la cobertura de cada una de las emisoras respecto de dicha entidad federativa, el número de secciones que abarca la cobertura de cada una de las emisoras con relación al estado en cita, los ciudadanos inscritos en el padrón electoral y en las listas nominales de electores, elemento que de conformidad con los criterios emitidos por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y concatenado con los previstos en el párrafo 5 del artículo 355 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituyen un parámetro objetivo que permite individualizar razonablemente el monto de la sanción a imponer, para que guarde correspondencia, lo más próximo posible, a las condiciones en que se cometió la infracción, bajo parámetros de justicia, equidad, proporcionalidad y legalidad, conviene considerar que tal elemento allega a esta autoridad de datos objetivos respecto al impacto, trascendencia y ámbito territorial o geográfico en que tuvo verificativo la infracción denunciada en el presente procedimiento, delimitando el impacto de la difusión del promocional material del actual procedimiento.

Lo anterior, tomando en consideración que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62, párrafo 4, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el numeral 5, párrafo 1, inciso c), fracción III, del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, la cobertura de los canales de televisión y estaciones de radio es el área geográfica en donde la señal de dichos medios es escuchada o vista.

Ahora bien, derivado de la anterior información, se obtuvo que las emisoras de televisión denunciadas, poseen un porcentaje de la cobertura con relación al total de las secciones en que se divide el estado, porcentaje que se ve reflejado en el cuadro siguiente.

De igual manera, de la información recabada por esta autoridad, se obtuvo el número total de ciudadanos que se encontraban inscritos en la lista nominal de electores, que abarca las secciones en que poseen cobertura las emisoras denunciadas, tal y como se observa de los cuadros anteriormente relacionados.

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Ahora bien, una vez obtenidos dichos datos objetivos esta autoridad estima procedente aplicar un factor adicional por el concepto de cobertura que permita modificar la base para determinar la sanción a imponer, tomando en cuenta en el presente asunto que a mayor cobertura de una emisora respecto del total de ciudadanos inscritos en la lista nominal del o los distritos locales que abarque la misma, debe ser mayor la sanción a imponer y viceversa, respetando siempre el límite de esta autoridad para tal efecto es de cien mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

En efecto, al tomar en cuenta el elemento cobertura, en relación al número de ciudadanos inscritos en la lista nominal dentro de las secciones en que se dividen, para el efecto de conocer el porcentaje de ciudadanos que pudieron haber recibido la señal de cada una de las emisoras implicadas en la comisión de la conducta y la posible implicación que pudiera tener en ellos, se obtiene un factor adicional que aplicado a la base de partida produce un efecto de proporcionalidad en la sanción, de conformidad con la cobertura de cada emisora, en los términos ordenados por el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral.

En mérito de lo anterior, debe decirse que si bien la máxima autoridad jurisdiccional de la materia ha señalado que la cobertura debería ser determinada en relación con los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores (esto es, el factor de cobertura, se obtiene de la proporcionalidad resultante del número total de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores y el número de ciudadanos que abarca cada una de las emisoras denunciadas en relación con las secciones que abarca su señal), se tiene que ponderar con el resultado de la valoración de otros elementos como un elemento objetivo más para determinar el monto de la sanción, lo cierto es que debe atenderse a la naturaleza de cada elemento para determinar la medida que merece otorgarle en relación con la incidencia que sobre la infracción tiene y de esa manera apreciar el impacto que posee en el monto de la sanción.

Al respecto, cabe precisar que aún cuando esta autoridad tomó en consideración los porcentajes de las personas que integran la lista nominal que pudieron percibir el promocional materia del actual sumario, dentro de las secciones que abarca la cobertura de cada una de las emisoras denunciadas, entre las cuales se apreciaron ciertas diferencias; se considera que dicho factor (cobertura) en el presente asunto constituye el elemento geográfico donde tiene lugar la infracción, integrado por el número de secciones en que se difunde la señal de las emisoras denunciadas, en relación con el número de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores en las secciones que abarcan dichas áreas geográficas; razón por la cual esta autoridad estima pertinente incrementar el monto “base” de la sanción calculada en los términos previamente explicados, en la misma proporción que lo que representa el porcentaje de la cobertura de cada una de las emisoras denunciadas en la entidad federativa en relación con el número de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, a que nos venimos refiriendo, lo que necesariamente causa el efecto de que las concesionarias con mayor cobertura sean sancionadas con un monto superior a las que tienen una cobertura menor.

Lo anterior se consideró así, porque la ponderación que esta autoridad aprecia respecto al elemento “cobertura”, consiste en otorgarle un peso específico, por cuanto a la determinación del monto de la multa a imponer, ya que los demás elementos, como la calificación de la gravedad de la infracción, el tipo de infracción; la singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas; el bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas); las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; la intencionalidad, reiteración de la infracción o vulneración sistemática de las normas; las condiciones externas (contexto fáctico); los medios de ejecución; el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la infracción y las condiciones socioeconómicas del infractor, la reincidencia, juegan un papel más relevante desde la perspectiva de esta autoridad al permitir evaluar de una manera objetiva la gravedad de la infracción cometida por las emisoras denunciadas, independientemente de las secciones por cobertura y del presunto universo de personas que percibieron el material audiovisual de marras.

Motivo por el cual es preciso señalar que el elemento “Cobertura”, no constituye un elemento aislado a partir del cual la autoridad pueda determinar la sanción correspondiente, sino que debe ser proporcional en tanto que aquélla debe ponderarse objetivamente con los demás elementos a tomarse en consideración para la debida integración de la individualización de la sanción, que como se reitera, se encuentran establecidos en el párrafo 5, del artículo 355 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismos que son enunciativos mas no limitativos, y sin perder de vista que en todo proceso de individualización de sanciones existe un mínimo de discrecionalidad del aplicador.

En consecuencia, ésta autoridad razona que la cobertura merece un peso específico, en relación con el resto de los elementos tomados en cuenta para la individualización de la sanción, de tal forma que su impacto en el monto de la sanción influye de manera proporcional a la medida que le otorgó esta autoridad de conformidad con su incidencia en la infracción, lo que efectivamente provoca una diferencia sustancial entre las sanciones impuestas a las emisoras atendiendo a su cobertura.

Expuesto lo anterior, es de señalarse que el peso específico que se otorgó a la cobertura para cada emisora, fue un porcentaje obtenido de la relación del número de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores del o los distritos locales que abarque la misma, entre la cobertura de cada una de las emisoras denunciadas integrada por las secciones que abarca la señal de las mismas. Así, dicho porcentaje se tradujo en un factor porcentual que fue aplicado al monto base de la multa para incrementarla proporcionalmente.

A efecto de evidenciar lo expuesto se inserta la siguiente tabla:

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No obstante que en la tabla antes inserta se aprecia de forma sustancial o significativa la diferencia en el incremento de las sanciones al momento de atender la cobertura, es de referir, que tal situación no es tan evidente al momento de incorporarla a la base de la sanción, la cual se cuantificó tomando en consideración todos los elementos que influyen en la calificación de la infracción, con base en la cual se obtendrá el monto definitivo de las sanciones, en razón del valor que cada elemento representa en la conformación del monto total de la multa a imponer a cada emisora.

Amén de lo expuesto, no debe dejarse de lado que la cobertura guarda una relación directa con el valor que se otorgó por el incumplimiento de la denunciada, es decir, constituye una variable directamente relacionada con tal elemento, por lo que su variación incide proporcionalmente única y exclusivamente como factor adicional, y por tanto, su variación impacta de manera objetiva, razonable y relativa en la ponderación total de la sanción a imponer.

De esta forma, el impacto que posee la cobertura respecto del monto de la sanción a imponer a la infractora, guarda una relación directa con el que se asignó por la acreditación del resto de los elementos integrantes de la individualización de la sanción como resultado de la comisión de la conducta de la infractora, es decir, constituye una variable directamente relacionada con tales elementos, por lo que su incidencia radica única y exclusivamente como factor adicional, porque al no haberse considerado como variable independiente para poder constituir un factor determinante con un valor absoluto, no puede arrojar una incidencia directamente proporcional entre el valor y el monto de la sanción, y por lo tanto, su variación impacta de forma relativa en la ponderación total de la sanción a imponer.

Adicionalmente debe decirse que asignar un valor determinado a cada uno de los elementos que convergen en la comisión de la falta, implicaría la imposición de una multa tasada, lo cual iría en contra del principio de legalidad que rige el actuar de este organismo público autónomo; además de que podría constituir una acto violatorio de garantías individuales, que también haría nugatoria la facultad sancionadora con que cuenta este Instituto y por ende, nulo su arbitrio para determinar el monto de las sanciones a imponer una vez que se han analizado las circunstancias objetivas y subjetivas que han concurrido en la comisión de la falta.

Expuesto lo anterior, con sustento en la Tesis Relevante S3EL 028/2003, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, e identificada con el rubro "SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES", así como en concordancia con el artículo 354, párrafo 1, inciso f), fracción II del código comicial federal vigente, cuando los concesionarios difundan en las señales de las emisoras de las que son concesionarias, propaganda política, pagada, ordenada por persona distinta al Instituto Federal Electoral, se les sancionará con multa de uno a cien mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, las multas que le son aplicables a Televisión Azteca, S.A. de C.V., concesionaria de las emisoras denunciadas, son las siguientes:

Tomando en consideración que "Televisión Azteca, S.A. de C.V." ha sido reincidente en este tipo de conductas, toda vez que ha sido sancionada por la comisión de conductas contraventoras a lo previsto en el artículo 350, párrafo 1, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, conforme a los precedentes aludidos en el cuerpo de la presente, tal y como se detalló en el capítulo respectivo, y conforme a lo dispuesto en el artículo 354, párrafo 1, inciso f), fracción II del Código comicial electoral; lo procedente es aumentar al doble los montos correspondientes a las sanciones de las emisoras que hayan violado los preceptos legales citados, atendiendo a las circunstancias que rodean el presente caso, esto es, porque la conducta desplegada que consistió en difundir propaganda con contenido político prohibido, fue una acción que se produjo en 931 ocasiones, en la mayor parte del territorio de la República Mexicana y que tuvo por finalidad hacer un fraude a la ley, al evidenciarse el actuar intencional del denunciado mediante la presentación velada de propaganda política bajo una apariencia de propaganda comercial; situaciones que agravan la falta cometida y justifican el aumento de la sanción impuesta en la proporción señalada.

Considerando los impactos difundidos en los días señalados (del seis al once de marzo de dos mi once, según corresponda a cada emisora) en la emisoras denunciadas, con cobertura local en los estados de Aguascalientes; Baja California; Baja California Sur; Campeche; Chihuahua; Chiapas; Coahuila; Colima; Distrito Federal; Durango; Guerrero; Guanajuato; Hidalgo; Jalisco, Estado de México; Michoacán; Morelos; Nayarit; Nuevo León; Oaxaca; Puebla; Quintana Roo: Querétaro; Sinaloa; San Luis Potosí; Sonora; Tabasco; Tamaulipas; Veracruz; Yucatán y Zacatecas, y los factores objetivos y subjetivos a los que se ha hecho referencia a lo largo de la presente Resolución, el daño que con esta conducta se ocasionó a los partidos políticos, la cobertura, así como la reincidencia, de conformidad con el artículo 354, párrafo 1, inciso f), del ordenamiento legal ya citado, se debe sancionar a "Televisión Azteca, S.A. de C.V.", concesionaria de las emisoras denunciadas que a continuación se especifican:

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Las condiciones socioeconómicas del infractor.

En este sentido, es menester precisar que la cantidad que se impone como multa a la empresa aludida, en modo alguno afecta sustancialmente el desarrollo de sus actividades ordinarias.

Lo anterior, toda vez que de conformidad con la información que obra en poder de esta autoridad, particularmente la referida en el oficio número 103-05-2011-0041 de fecha veinticinco de enero de dos mil once, suscrito por la Lic. Juana Martha Avilés González, Administradora Central de Evaluación de Impuestos Internos del Servicio de Administración Tributaria, mismo que se encuentra anexado en el procedimiento especial sancionador con número de clave SCG/PE/PAN/CG/110/2010 en el cual se desprende que "Televisión Azteca, S.A. de C.V.", en el ejercicio fiscal de 2010 contó con una utilidad fiscal de $275’036,694.00 (doscientos setenta y cinco millones treinta y seis mil seiscientos noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.).

La información de que se trata tiene valor probatorio pleno en términos del artículo 359, apartado 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 45, párrafos 1 y 2 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de febrero de 2009, porque se trata de documentales públicas expedidas por el Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, consistentes en la Declaración Anual, correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2010, presentada por la persona moral denunciada "Televisión Azteca, S.A. de C.V.", declaración que al ser la última que se encuentra registrada en los archivos de esta autoridad, dentro del procedimiento especial sancionador con número de clave SCG/PE/PAN/CG/110/2010, constituye un elemento que valorado en su conjunto en atención a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral permiten determinar que "Televisión Azteca, S.A. de C.V.", tiene una utilidad fiscal del ejercicio 2010 de $275’036,694.00 (doscientos setenta y cinco millones treinta y seis mil seiscientos noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.) lo que lleva a esta autoridad electoral a considerar que lógicamente la capacidad económica de la persona moral de mérito no puede ser afectada con la multa que se impone ni ésta es confiscatoria o resulta desproporcionada, pues equivale al 2.60% de la utilidad fiscal (porcentajes expresados hasta el segundo decimal, salvo error u omisión de carácter aritmético).

Por consiguiente, la información en comento genera en esta autoridad ánimo de convicción y valor probatorio idóneo para afirmar que el monto de la sanción impuesta, en forma alguna puede calificarse como excesivo, o bien, de carácter gravoso para "Televisión Azteca, S.A. de C.V.".

Asimismo, se considera que debido a la gravedad de la falta, así como las circunstancias subjetivas y objetivas que quedaron acreditadas, se estima que la multa impuesta es la adecuada, toda vez que las sanciones deben resultar una medida ejemplar para que el infractor no cometa de nueva cuenta la conducta irregular.

Finalmente, resulta inminente apercibir a la responsable de que en caso de no cumplir con la obligación de saldar la multa impuesta, resultará aplicable lo dispuesto en el párrafo 7 del artículo 355 del Código de la materia, en el sentido de dar vista a las autoridades hacendarias a efecto de que procedan a su cobro conforme a la legislación aplicable, así como de que una vez cumplida la obligación de transmitir los programas en cuestión, en caso de reincidir en la omisión, resultará aplicable lo dispuesto en los párrafos IV y, en su caso, V del inciso f) del artículo 354 del código de la materia.

DÉCIMO CUARTO.- (foja 288) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN RESPECTO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. Que una vez que ha quedado demostrada la infracción a la normatividad electoral por parte del Partido Revolucionario Institucional, se procede a imponer la sanción correspondiente, en términos de lo dispuesto en el artículo 355, párrafo 5 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Al respecto, cabe citar el contenido del dispositivo legal referido en el párrafo precedente, el cual en la parte que interesa señala lo siguiente:

“Artículo 355

(…)

5. Para la individualización de las sanciones a que se refiere este libro, una vez acreditada la existencia de una infracción y su imputación, la autoridad electoral deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, entre otras, las siguientes:

a)            La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma las disposiciones de este Código, en atención al bien jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él;

b)            Las circunstancias de modo tiempo y lugar de la infracción;

c)             Las condiciones socioeconómicas del infractor;

d)            Las condiciones externas y los medios de ejecución,

e)            La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y

f)              En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones.”

Del artículo trasunto, se desprenden las circunstancias que tomará en cuenta este órgano resolutor para la imposición de la sanción que corresponde al partido político responsable de la infracción.

Por su parte, el artículo 354, párrafo 1, inciso a) del código federal electoral, establece las sanciones aplicables a los partidos políticos, en tanto que el artículo 342, párrafo 1 del mismo cuerpo normativo electoral, refiere los supuestos típicos sancionables. En específico, el inciso i) del numeral antes invocado señala que constituyen infracciones de los partidos políticos la contratación de tiempos en televisión.

Al respecto, cabe citar el contenido de los dispositivos legales referidos en el párrafo precedente, los cuales en la parte que interesa señalan lo siguiente:

“Artículo 342

1. Constituyen infracciones de los partidos políticos al presente Código:

a) El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 38y demás disposiciones aplicables de este Código;

(…)

i) La contratación, en forma directa o por terceras personas, de tiempo en cualquier modalidad en radio y televisión;

(…)

Artículo 354.

1.   Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas conforme a lo siguiente:

a)  Respecto de los partidos políticos:

I.     Con amonestación pública;

II.   Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables  en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para su propias campañas, con un tanto igual al del monto del ejercicio en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior;

III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que le corresponda, por el período que señala la Resolución;

IV.         Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado por el Instituto, en violación de las disposiciones de este Código;

V.  La violación a lo dispuesto en el inciso p) del párrafo 1 del artículo 38 de este Código se sancionará con multa; durante las precampañas y campañas electorales, en caso de reincidencia, se podrá sancionar con la suspensión parcial de las prerrogativas previstas en los artículos 56 y 71 de este ordenamiento; y

VI.         En los casos graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de este código, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

(…)”

Ahora bien, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido que respecto a la individualización de la sanción que se debe imponer a un partido político nacional por la comisión de alguna irregularidad, este Consejo General debe tomar en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la comisión de la falta.

I.- Así, para calificar debidamente la falta, la autoridad debe valorar:

El tipo de infracción

En primer término, es necesario precisar que la norma transgredida por el Partido Revolucionario Institucional, es lo establecido en el artículo 41, Base III, Apartado A, inciso g), párrafo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en los artículos 49, párrafo 3 y 342, párrafo 1, incisos a) e i) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al haber adquirido tiempos en televisión para difundir propaganda política, fuera de los tiempos ordenados por este Instituto. Con base en lo anteriormente expuesto, puede establecerse la finalidad o valor protegido en las normas violentadas, así como la trascendencia de la infracción cometida.

Al respecto, en los dispositivos legales invocados, se refiere lo siguiente:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

“Artículo 41

...

III. Los partidos políticos tendrán derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social.

Apartado A. El Instituto Federal Electoral será autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales, de acuerdo con lo siguiente y a lo que establezcan las leyes:

…

Los partidos políticos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por si o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión.

Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el extranjero.

…”.

CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

Artículo 49

[…]

2. Los partidos políticos, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, accederán a la radio y la televisión a través del tiempo que la Constitución otorga como prerrogativa a los primeros, en la forma y términos establecidos por el presente capítulo.

3. Los partidos políticos, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. Tampoco podrán contratar los dirigentes y afiliados a un partido político, o cualquier ciudadano, para su promoción personal con fines electorales. La violación a esta norma será sancionada en los términos dispuestos en el Libro Séptimo de este Código.

4. Ninguna persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de propaganda contratada en el extranjero. Las infracciones a lo establecido en este párrafo serán sancionadas en los términos dispuestos en el Libro Séptimo de este Código.

Artículo 342

1. Constituyen infracciones de los partidos políticos al presente Código:

a) El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 38y demás disposiciones aplicables de este Código;

[…]

i) La contratación, en forma directa o por terceras personas, de tiempo en cualquier modalidad en radio o televisión;”

La infracción se actualiza, como ya ha quedado establecido, por haber adquirido tiempo en televisión para difundir propaganda política en su favor, en tiempos y modalidad diferentes a los permitidos constitucional y legalmente.

La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

Al respecto, cabe señalar que aun cuando se acreditó que el Partido Revolucionario Institucional violentó lo establecido en el artículo 41, Base III, Apartado A, inciso g), párrafo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en los artículos 49, párrafo 3 y 342, párrafo 1, incisos a) e i) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tal situación no implica la presencia de una pluralidad de infracciones o de faltas administrativas, ya que el hecho material que se infringe es la prohibición de adquirir espacios en radio y televisión para influir en las preferencias electorales.

El bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas)

La finalidad perseguida por el Legislador al establecer una restricción para los partidos políticos de contratar o adquirir tiempo en radio o televisión de forma directa o a través de terceros, entre cuyos elementos destaca el respeto absoluto a la legalidad, es que se cumpla el principio de equidad en la contienda.

En efecto, el fin de la equidad en materia electoral básicamente se traduce en la consonancia de oportunidades entre los contendientes, con el objeto de que, en igualdad de circunstancias, todos los aspirantes a cargos públicos de elección popular y los partidos políticos cuenten con las mismas oportunidades para la promoción de su imagen o de sus candidatos.

En esta tesitura, cabe resaltar que con el objeto de salvaguardar el principio de equidad que debe imperar entre las distintas fuerzas políticas, las reformas que se introdujeron en la normatividad federal electoral restringen la compra directa de los partidos políticos a los medios de comunicación, así como la taxativa destinada a las personas físicas o morales para la contratación de propaganda a favor o en contra de algún instituto político.

Al respecto, conviene reproducir la iniciativa con proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia electoral, en la cual, en la parte que interesa señaló lo siguiente:

“(…)

El tercer objetivo que se persigue con la reforma constitucional propuesta es de importancia destacada: impedir que actores ajenos al proceso electoral incidan en las campañas electorales y sus resultados a través de los medios de comunicación; así como elevar a rango de norma constitucional las regulaciones a que debe sujetarse la propaganda gubernamental, de todo tipo, tanto durante las campañas electorales como en periodos no electorales.

(…)"

Bajo esta premisa, es válido afirmar que el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas es la equidad que debe prevalecer entre los distintos actores políticos, en aras de garantizar que cuenten con las mismas oportunidades para difundir su ideología o promover sus propuestas e impedir que terceros ajenos al proceso electoral incidan en su resultado.

Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción

Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción, la conducta debe valorarse conjuntamente con las circunstancias objetivas que concurren en el caso, como son:

a)            Modo. En el caso a estudio, la irregularidad atribuible al Partido Revolucionario Institucional, consistió en inobservar lo dispuesto en el artículo 41, Base III, Apartado A, inciso g), párrafo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en los artículos 49, párrafo 3 y 342, párrafo 1, incisos a) e i) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al haber adquirido tiempo en televisión para difundir propaganda política en su favor, esto es, a través de la promoción de la revista “Vértigo”, se emitieron elementos audiovisuales que lo favorecieron, omitiendo realizar alguna conducta tendiente a hacer cesar la infracción para evitar ser responsabilizado, con lo cual adquirió tiempo en televisión no ordenado por el Instituto Federal Electoral.

b)            Tiempo. De conformidad con las constancias que obran en autos, esta autoridad tiene acreditada la adquisición del promocional o spot materia del presente asunto, identificado con el folio RV00214-11.mp4 “TESTIGO NAL VÉRTIGO MOREIRA”, durante el periodo comprendido del seis al once de marzo del presente año (los cuales fueron detectados como parte de los monitoreos que realiza esta autoridad.) En tal virtud, fueron transmitidos un total de 931 impactos en las emisoras identificadas en el cuadro que a continuación se trascribe:

c)            Lugar. El promocional objeto del presente procedimiento fue difundido en los estados de Aguascalientes; Baja California; Baja California Sur; Campeche; Chihuahua; Chiapas; Coahuila; Colima; Distrito Federal; Durango; Guerrero; Guanajuato; Hidalgo; Jalisco, Estado de México; Michoacán; Morelos; Nayarit; Nuevo León; Oaxaca; Puebla; Quintana Roo: Querétaro; Sinaloa; San Luis Potosí; Sonora; Tabasco; Tamaulipas; Veracruz; Yucatán y Zacatecas, en virtud de que su transmisión se llevó a cabo a través de canales de televisión con cobertura local.

Intencionalidad

Se considera que en el caso sí existió por parte de dicha institución política, la intención de infringir lo previsto en el artículo 41, Base III, Apartado A, inciso g), párrafo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en los artículos 49, párrafo 3 y 342, párrafo 1, incisos a) e i) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Lo anterior es así, ya que del análisis de los elementos que obran en autos, se advierte que el Partido Revolucionario Institucional adquirió propaganda política a través de la promoción en televisión de la revista “Vértigo”, destacando los colores y logotipo del Partido Revolucionario Institucional, además de la frase “El PRI es el único partido capaz de emprender y realizar la gran tarea que hoy exigen los mexicanos, porque el PRI  es el partido que mejor sabe gobernar México.”, respecto de la cual no realizó ningún acto tendente a impedir la realización de dicha conducta infractora, para impedir que se le responsabilizara, con lo que consintió o aceptó tácitamente la difusión de dicha propaganda que le beneficiaba políticamente.

En razón de lo anterior, se considera que el Partido Revolucionario Institucional, actuó intencionalmente con el propósito de infringir la normativa comicial federal.

Reiteración de la infracción o vulneración sistemática de las normas

No obstante que en los apartados relativos a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, quedó de manifiesto que el promocional de mérito fue difundido por varios canales de televisión en los estados de Aguascalientes; Baja California; Baja California Sur; Campeche; Chihuahua; Chiapas; Coahuila; Colima; Distrito Federal; Durango; Guerrero; Guanajuato; Hidalgo; Jalisco, Estado de México; Michoacán; Morelos; Nayarit; Nuevo León; Oaxaca; Puebla; Quintana Roo: Querétaro; Sinaloa; San Luis Potosí; Sonora; Tabasco; Tamaulipas; Veracruz; Yucatán y Zacatecas, y en diversas ocasiones, ello no puede servir de base para considerar que la conducta infractora se cometió de manera reiterada o sistemática, en virtud de que solo se difundió por un periodo limitado, es decir del seis al once de marzo de dos mil once.

Las condiciones externas (contexto fáctico) y los medios de ejecución

En este apartado, resulta atinente precisar que la conducta desplegada por el Partido Revolucionario Institucional, se cometió en los estados de Aguascalientes; Baja California; Baja California Sur; Campeche; Chihuahua; Chiapas; Coahuila; Colima; Distrito Federal; Durango; Guerrero; Guanajuato; Hidalgo; Jalisco, Estado de México; Michoacán; Morelos; Nayarit; Nuevo León; Oaxaca; Puebla; Quintana Roo: Querétaro; Sinaloa; San Luis Potosí; Sonora; Tabasco; Tamaulipas; Veracruz; Yucatán y Zacatecas.

Medios de ejecución

La difusión de los mensajes materia del presente procedimiento administrativo especial sancionador, tuvo como medio de ejecución las señales televisivas a nivel local que se señalan a continuación:

II.- Una vez sentadas las anteriores consideraciones, y a efecto de individualizar apropiadamente la sanción, esta autoridad procede a tomar en cuenta los siguientes elementos:

La calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra

En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente precisados, la conducta debe calificarse con una gravedad ordinaria, ya que la misma, como se explicó en el apartado de intencionalidad, tuvo como finalidad infringir de forma directa los objetivos tutelados por la norma relativos a garantizar que los actores políticos cuenten con las mismas oportunidades para difundir su ideología o promover sus propuestas e impedir que terceros ajenos al proceso electoral incidan en su resultado.

Reincidencia

Otro de los aspectos que esta autoridad debe considerar para la imposición de la sanción, es la reincidencia en que pudo haber incurrido el Partido Revolucionario Institucional.

Al respecto, esta autoridad considerará reincidente al infractor que habiendo sido responsable del incumplimiento de alguna de las obligaciones que se encuentran previstas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales incurra nuevamente en la misma conducta infractora.

Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la Tesis de Jurisprudencia, identificada con el número Tesis: VI.2o.P.80 P, Página: 1759, bajo el rubro: "REINCIDENCIA. SÓLO SE ACTUALIZA DICHA FIGURA SI AL MOMENTO DE COMETER EL NUEVO DELITO EL ACTIVO YA TIENE LA CALIDAD DE CONDENADO POR UNA SENTENCIA EJECUTORIADA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)" [Se transcribe].

En el mismo sentido se encuentra la Tesis Relevante emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que a la letra dice:

“REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN.—De conformidad con los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en los artículos 270, párrafo 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 22.1, inciso c), del Reglamento que Establece los Lineamientos para la Fiscalización de los Partidos Políticos, los elementos mínimos que la autoridad administrativa electoral debe considerar a fin de tener por actualizada la reincidencia, como agravante de una sanción, son: 1. El ejercicio o período en el que se cometió la transgresión anterior, por la que estima reiterada la infracción; 2. La naturaleza de las contravenciones, así como los preceptos infringidos, a fin de evidenciar que afectan el mismo bien jurídico tutelado, y 3. Que la Resolución mediante la cual se sancionó al infractor, con motivo de la contravención anterior, tiene el carácter de firme.

Recurso de apelación. SUP-RAP-83/2007.—Actor: Convergencia.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—7 de noviembre de 2007.—Unanimidad de votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.

Nota: El precepto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales citado en la tesis, fue reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 2008, sin embargo, se considera vigente el criterio, ya que similar disposición se contiene en el artículo 355, párrafo 5, inciso e), del actual código.”

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veinticinco de febrero de dos mil nueve, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede.”

En ese sentido, existe constancia en los archivos del Instituto Federal Electoral de que el Partido Revolucionario Institucional, ha sido sancionado por infracciones relativas  al artículo 41, Base III, Apartado A, inciso g), párrafo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en los artículos 49, párrafo 3 y 342, párrafo 1, inciso i) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en las siguientes determinaciones:

                Queja identificada con la clave SCG/PE/PGA/CG/040/2010 y su acumulado SCG/PE/PAN/CG/041/2010, resuelta en Sesión extraordinaria del Consejo General de este Instituto del 13 de diciembre de 2010, en la que se le impuso una sanción consistente en una amonestación pública toda vez que incumplió de manera injustificada, con la obligación constitucional y legal de no transmitir propaganda no autorizada por el Instituto Federal Electoral, violando con ello el artículo 41, Base III, Apartado A, inciso g), párrafo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los artículos 49, párrafo 3 y 342, párrafo 1, incisos a) e i) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, siendo las circunstancias de tiempo, modo y lugar, las siguientes:

a)            Modo: En el caso a estudio, la irregularidad atribuible al Partido Revolucionario Institucional, consistió en inobservar lo establecido en los artículos 41, Base III, Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo previsto en los numerales 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 3 y 342, párrafo 1, incisos a) e i); del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, toda vez que adquirió tiempo en televisión derivado de la difusión de propaganda alusiva a quien fuera su candidato a la Gubernatura de Oaxaca, transmitida los días doce, trece y catorce de abril del presente año a través de las señales concesionadas a Televimex, S.A. de C.V.; Radiotelevisora de México Norte, S.A. de C.V., y Canales de Televisión Populares S.A. de C.V., cuyo contenido estaba destinado a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, particularmente en la citada entidad federativa, omitiendo actuar con diligencia y eficacia para rechazar la transmisión televisiva de la misma, lo que violentó también el principio de equidad en la contienda de esa entidad federativa.

b)            Tiempo. De conformidad con las constancias que obran en autos, particularmente de la información proporcionada por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este organismo público autónomo, se tiene acreditado que el material objeto de inconformidad, atento a la información aportada por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, fue difundido los días doce, trece y catorce de abril de dos mil diez  en los horarios citados a continuación:

Cabe decir que la difusión de la propaganda desplegada a favor del Partido Revolucionario Institucional y de su entonces candidato a la Gubernatura de Oaxaca, se realizó una vez concluidas las precampañas locales, y previo a la etapa de campañas para elegir a las autoridades del estado de Oaxaca.

c) Lugar. El material televisivo objeto del presente procedimiento fue difundido a través de las emisoras concesionadas a las personas morales Televimex, S.A. de C.V.; Radiotelevisora de México Norte, S.A. de C.V.; y Canales de Televisión Populares S.A. de C.V., todas ellas con difusión en el estado de Oaxaca, de conformidad con lo informado por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, destacando que ello aconteció durante la transmisión de los programas informativos de los CC. Joaquín López Dóriga y Carlos Loret de Mola, en las fechas que el mismo funcionario electoral señaló.

Dicha Resolución que fue confirmada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el recurso SUP-RAP-7/2011 y su acumulado SUP-RAP-22/2011, en fecha 2 de marzo de 2011.

En ese orden de ideas, es de referir que con base en el procedimiento antes aludido se observa que el Partido Revolucionario Institucional, ha tenido un actuar sistemático y de poca cooperación con la autoridad a efecto de cumplir con las obligaciones que le fueron impuestas por el legislador permanente al realizarse la reforma constitucional y legal en la materia en los años 2007 y 2008.

Así, se encuentra documentado en el precedente señalado con antelación que la forma de actuar de dicho instituto político ha causado lesiones graves en el desarrollo de diversos procesos comiciales, lo que ha generado que tanto los partidos políticos como las autoridades electorales se vean afectados en sus prerrogativas, pues es de recordarse que a partir de la reforma que se alude dichos entes no pueden acceder a los medios masivos de comunicación (Radio y Televisión) de otra forma que no sea a través de los tiempos pautados por el Instituto Federal Electoral; en consecuencia, se encuentran a merced de que los concesionarios y/o permisionarios de radio y/o televisión den cumplimiento cabal a su obligación de no transmitir el pautado que no sea autorizado por el Instituto Federal Electoral durante el desarrollo de los procesos comiciales que se realicen, por ende los incumplimientos de dichos concesionarios deben ser sujetos de sanciones que de alguna manera inhiban la realización de este tipo conductas.

Amén de lo argumentado, esta autoridad considera que el actuar reiterado del Partido Revolucionario Institucional respecto a la obligación impuesta en el artículo 41, Base III, Apartado A, inciso g), párrafo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los artículos 49, párrafo 3 y 342, párrafo 1, incisos a) e i) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, no debe seguir actualizándose, por las implicaciones y afectaciones que puede generar tanto en el desarrollo de los procesos comiciales como fuera de ellos, pues cabe recordar que el origen de la reforma a que se alude fue que el poder económico de los sujetos involucrados no viciara la materia electoral, así como evitar la participación de terceros ajenos para que no se propiciaran situaciones de inequidad en el desarrollo democrático y de los procesos electorales; en consecuencia, resulta particularmente grave la posición tomada por dicho instituto político, ya que como se ha venido evidenciando no ha tenido un ánimo de cooperación con el Instituto Federal Electoral en el cumplimiento de su obligación tanto constitucional como legal para no difundir las pautas que no sean aprobadas por el Instituto Federal Electoral.

Sanción a imponer

Por todo lo anterior (especialmente, los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la infracción), la conducta realizada por el Partido Revolucionario Institucional, debe ser objeto de una sanción que tenga en cuenta las circunstancias particulares que se presentaron en el caso concreto (modo, tiempo y lugar), y sin que ello implique que ésta incumpla con una de sus finalidades, que es la de disuadir la posible comisión de faltas similares que también pudieran afectar los valores protegidos por la norma transgredida y que se han precisado previamente.

Para determinar el tipo de sanción a imponer debe recordarse que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales confiere a la autoridad electoral, arbitrio para elegir, dentro del catálogo de correctivos aplicables, aquel que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor, y que a su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que cualquier otra persona (en la especie partidos políticos), realice una falta similar.

En el caso a estudio, las sanciones que se pueden imponer al Partido Revolucionario Institucional, por incumplir con la prohibición establecida en los artículos 49, párrafo 3 y 342, párrafo 1, inciso i) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, son las previstas en el inciso a) párrafo 1 del artículo 354 del mismo ordenamiento legal, mismas que establecen:

“Artículo 354

1. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas conforme a lo siguiente:

(…)

a) Respecto de los partidos políticos:

I. Con amonestación pública;

II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior;

III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la Resolución;

IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado por el Instituto, en violación de las disposiciones de este Código;

V. La violación a lo dispuesto en el inciso p) del párrafo 1 del artículo 38 de este Código se sancionará con multa; durante las precampañas y campañas electorales, en caso de reincidencia, se podrá sancionar con la suspensión parcial de las prerrogativas previstas en los artículos 56 y 71 de este ordenamiento; y

VI. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de este Código, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

(…)”

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales, o por el contrario, insignificantes o irrisorias.

Efectivamente, mientras que una determinada conducta puede no resultar grave en cierto caso, atendiendo a todos los elementos y circunstancias antes precisadas, en otros casos, la misma conducta puede estar relacionada con otros aspectos, como puede ser un beneficio o lucro ilegalmente logrado, o existir un determinado monto económico involucrado en la irregularidad, como puede darse en el caso de la revisión de informes anuales y de campaña, o un procedimiento administrativo sancionador electoral relacionado con una queja en contra de un partido político por irregularidades derivadas del manejo de sus ingresos y egresos, de tal forma que tales elementos sea necesario tenerlos también en consideración, para que la individualización de la sanción sea adecuada.

Ahora bien, toda vez que la conducta se ha calificado con una gravedad ordinaria, y si bien, la misma infringe los objetivos buscados por el Legislador al establecer un sistema electoral de equidad que permita a los partidos políticos, difundir en forma proporcional entre la ciudadanía sus mensajes y programas, con el propósito de que la misma conozca los programas y postulados que éstos despliegan en sus documentos básicos, aunado a que con ello, tales institutos políticos alcanzan los fines que constitucional y legalmente les han sido encomendados, se estima que en el caso cobra especial relevancia la acreditación de la difusión de los spots o promocionales materia del actual procedimiento, toda vez que los mismos no fueron contratados ni autorizados por la autoridad competente para ello, se estima que tales circunstancias justifican la imposición de la sanción prevista en la fracción II citada, consistente en una multa, pues tal medida permitiría cumplir con la finalidad correctiva de una sanción administrativa, ya que la prevista en la fracción I sería insuficiente para lograr ese cometido, y la fracción III resultaría inaplicable al caso concreto.

Como se ha mencionado anteriormente, los impactos que tuvieron los promocionales de marras, fueron los siguientes: