RECURSOS DE APELACIÓN

EXPEDIENTES: SUP-RAP-128/2022 Y ACUMULADO

RECURRENTES: PARTIDO DEL TRABAJO Y OTRO

RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

MAGISTRADO PONENTE: REYES RODRÍGUEZ MONDRAGÓN

SECRETARIADO: OLIVIA Y. VALDEZ ZAMUDIO, CARLOS VARGAS BACA, REGINA SANTINELLI VILLALOBOS Y VERÓNICA PÍA SILVA ROJAS

COLABORARON: ALBERTO DEAQUINO REYES Y ARES ISAÍ HERNÁNDEZ RAMÍREZ

Ciudad de México, a veintisiete de abril de dos mil veintidós

Sentencia que, por una parte, desecha la demanda presentada por el presidente de la República, al no tener interés jurídico ni legítimo para impugnar y, por otro lado, confirma, en lo que es materia de impugnación, el Acuerdo INE/CG202/2022 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se efectúa el cómputo total y se realiza la declaratoria de resultados del proceso de revocación de mandato del presidente de la República, electo para el periodo constitucional 2018-2024, porque la información contenida en el acuerdo impugnado se emitió dentro del ámbito de atribuciones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

GLOSARIO

1.     ASPECTOS GENERALES

(1)            El once de abril, el CG del INE aprobó el Acuerdo INE/CG202/2022, en el cual realizó el cómputo total y declaró los resultados obtenidos en el proceso de revocación de mandato del presidente de la República, electo para el periodo constitucional 2018-2024.

(2)            El acuerdo fue controvertido por el Partido del Trabajo y el presidente de la República, quienes solicitaron que en el acuerdo se eliminen los apartados que refieren al proceso de recolección de apoyo ciudadano, la difusión del proceso de revocación de mandato y los medios de impugnación que se presentaron durante el proceso; así como la declaratoria del porcentaje de participación ciudadana, ya que consideran que el CG del INE no tiene facultades para señalar esa información.

(3)            Por lo tanto, esta Sala Superior debe analizar si el CG del INE tiene las facultades para incluir esa información en el acuerdo de cómputo total y declaratoria de resultados del proceso de revocación de mandato.

2.     ANTECEDENTES

(4)            2.1. Convocatoria. El cuatro de febrero de dos mil veintidós[1], el INE emitió la Convocatoria para el proceso de revocación de mandato del presidente de la República, electo para el periodo constitucional 2018-2024.

(5)            2.2. Jornada de revocación de mandato. El diez de abril, se llevó a cabo la jornada de revocación de mandato.

(6)            2.3. Cómputo total y declaratoria de resultados (Acuerdo INE/CG202/2022). En sesión del diez de abril, que concluyó el once siguiente, el Consejo General aprobó el acuerdo por el cual realizó el cómputo total y la declaratoria de resultados respecto del proceso de revocación de mandato.

(7)            2.4. Recursos de apelación. El quince y veintidós de abril, el PT y el presidente de la República interpusieron recursos de apelación, respectivamente, para controvertir el acuerdo referido en el punto anterior.

3.     TRÁMITE

(8)            3.1. Turno. Recibidas las constancias en esta Sala Superior, el magistrado presidente ordenó integrar y turnar los expedientes SUP-RAP-128/2022 y SUP-RAP-129/2022 a la ponencia a su cargo, para su trámite y sustanciación.

(9)            3.2. Radicación, admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, el magistrado instructor radicó los expedientes en su ponencia. En el caso del SUP-RAP-128/2022, lo admitió y determinó el cierre de instrucción al no haber diligencias pendientes por realizar.

4.     COMPETENCIA

(10)        Esta Sala Superior tiene competencia exclusiva para resolver la controversia, porque se trata de recursos de apelación que interponen un partido político y el presidente de la República en contra de un acuerdo del CG del INE, mediante el cual se realizó el cómputo total y la declaratoria de resultados del proceso de revocación de mandato.[2]

5.     JUSTIFICACIÓN PARA RESOLVER EN SESIÓN NO PRESENCIAL

(11)        Esta Sala Superior dictó el Acuerdo 8/2020[3], en el cual, si bien reestableció la resolución de todos los medios de impugnación, en su punto de acuerdo segundo determinó que las sesiones continuarán realizándose por medio de videoconferencias, hasta que el pleno de esta Sala Superior dicte alguna determinación distinta. En consecuencia, se justifica la resolución de los presentes medios de impugnación de manera no presencial.

6.     ACUMULACIÓN

(12)        Del análisis de los escritos de demanda se advierte que existe identidad en las pretensiones, el acto impugnado y la autoridad responsable, pues en ambas se controvierten las facultades del CG del INE para incluir determinada información en el Acuerdo INE/CG202/2022, por lo tanto, atendiendo al principio de economía procesal y para evitar sentencias contradictorias, se procede a acumular el Recurso de Apelación SUP-RAP-129/2022, al diverso SUP-RAP-128/2022, por ser este el primero que se recibió y registró en esta Sala Superior. En consecuencia, se deberá agregar una copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia al expediente acumulado.[4]

7.     IMPROCEDENCIA DEL SUP-RAP-129/2022

(13)        Con independencia de que se actualice alguna otra causal de improcedencia, esta Sala Superior observa que el presidente de la República carece de interés jurídico o legitimo para impugnar el supuesto exceso en el ejercicio de las atribuciones del INE, al incluir información contextual o el porcentaje de participación ciudadana en el acuerdo impugnado, pues dicha información no le genera ningún impacto en su esfera jurídica. 

(14)        En efecto, el artículo 10, párrafo 1, inciso b), de la Ley de Medios establece que los medios de impugnación serán improcedentes cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones que no afecten el interés jurídico de quien promueve. Además, esta Sala Superior ha reconocido la existencia de dos tipos de interés para justificar la procedencia de los distintos medios de impugnación: el jurídico y legítimo.[5] 

(15)        Respecto al primero de ellos, este órgano jurisdiccional ha sostenido que los elementos para acreditarlo son los siguientes: i) la violación a algún derecho; y ii) que la intervención del órgano jurisdiccional sea necesaria para reparar la violación y restituir el derecho afectado.[6]

(16)        En el caso del segundo, la Sala Superior ha recurrido a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación[7], y ha sostenido que para reconocer el interés legítimo se debe acreditar que: i) una norma constitucional tutele un interés difuso a favor de una colectividad; ii) el acto reclamado transgreda individual o colectivamente ese derecho; y iii) el promovente sea parte de esa colectividad.

(17)        Así, se tiene que, por regla general, el interés jurídico se actualiza cuando existe una afectación directa e individual a las prerrogativas ciudadanas de la parte promovente. Por su lado, el interés legítimo requiere que la parte actora pertenezca a una colectividad o tenga una situación relevante que la ponga en una posición especial frente al ordenamiento jurídico, de manera tal que con la anulación del acto reclamado se genere un beneficio en su esfera de derechos.

(18)        En el caso concreto, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos controvierte la inclusión de información contextual y el porcentaje de participación ciudadana en el acuerdo de cómputo total y declaratoria de resultados del proceso de revocación de mandato[8], pues alega, por un lado, que el acuerdo tenía carácter declarativo y se añadieron, de forma indebida, cuestiones informativas; y, por otro lado, que se invadieron facultades exclusivas de esta Sala Superior, ya que únicamente este órgano jurisdiccional puede pronunciarse sobre el porcentaje de participación ciudadana obtenido en el ejercicio revocatorio.

(19)        Esta Sala Superior considera que la información contextual plasmada en el acuerdo de cómputo total y declaratoria de resultados no le causa ninguna afectación al presidente de la República, pues dicha información no tiene ningún efecto que impacte en su esfera jurídica, ya que únicamente tiene el propósito de informar a la ciudadanía de las circunstancias que acompañaron el desarrollo del proceso de revocación de mandato.

(20)        De igual manera, la consignación en el acuerdo impugnado del porcentaje de participación ciudadana tampoco le genera una afectación al recurrente, pues se trata de un dato numérico que refleja los resultados obtenidos del proceso de cómputo en un ejercicio que la autoridad administrativa, constitucional y legalmente debe de realizar.

(21)        No pasa desapercibido que el presidente de la República sostiene su interés jurídico porque participó como sujeto pasivo en el proceso de revocación de mandato, sin embargo, esta situación no acredita su interés para impugnar, pues la información cuya inclusión se impugna no tiene ningún impacto, por sí misma, en el proceso de revocación de mandato que le pudiera generar perjuicio. Por lo tanto, no es necesaria la intervención de este órgano jurisdiccional para restituir su esfera jurídica.

(22)        Por otro lado, tampoco se advierte que el presidente de los Estados Unidos Mexicanos cuente con interés legítimo para impugnar el acuerdo del Consejo General del INE, pues no alega pertenecer o representar a una colectividad que se encuentre en una situación especial frente al ordenamiento jurídico. [9]

(23)        En conclusión, lo procedente es desechar de plano la demanda, al actualizarse la causal de improcedencia consistente en que el recurrente no tiene interés jurídico o legítimo para controvertir el acto impugnado.

8.     PROCEDENCIA DEL SUP-RAP-128/2022

(24)        El recurso de apelación es procedente, ya que reúne los requisitos establecidos en la Ley de Medios[10], puesto que, pese a controvertirse el Acuerdo INE/CG202/2022, la impugnación no versa sobre los resultados asentados en el mismo, sino sobre su contenido.

(25)        8.1. Requisitos formales. Se cumple con los requisitos formales porque el recurso se presentó por escrito en el cual se señala: el nombre, la firma autógrafa y la calidad jurídica de la persona que promueve; la dirección para oír y recibir notificaciones; el acto impugnado; la autoridad responsable; los hechos en los que se sustenta la impugnación; los agravios que, en concepto del partido recurrente, le causa el acto impugnado, y las pruebas ofrecidas.

(26)        8.2. Oportunidad El medio de impugnación se presentó dentro del plazo legal de cuatro días, ya que el acuerdo impugnado se aprobó en la sesión del diez de abril, que culminó el once siguiente; mientras que la demanda se presentó el quince de abril ante la autoridad responsable.

(27)        8.3. Interés. Se actualiza este requisito, ya que el recurso de apelación lo interpone un partido político nacional que se encuentra facultado para deducir las acciones colectivas de grupo o tuitivas de intereses difusos que sean necesarias para impugnar y velar por que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales observen invariablemente los principios de constitucionalidad y legalidad, debido a que son precisamente dichas entidades de interés público a quienes se confiere la legitimación preponderante para hacer valer los medios de impugnación en la materia.[11]

(28)        8.4. Legitimación y personería. El recurrente cuenta con legitimación para promover el presente medio de impugnación, porque se trata de un partido político que impugna un acuerdo del Consejo General del INE. Además, se acredita el carácter de Silvano Garay Ulloa como representante propietario del PT ante la autoridad responsable.

(29)        8.5. Definitividad. Se satisface este requisito, debido a que no existe otro medio de impugnación para controvertir el acuerdo impugnado y que deba agotarse antes de acudir a esta instancia.

9.     ESTUDIO DE FONDO

9.1.      Consideraciones del Acuerdo impugnado

(30)        En el presente medio de impugnación se controvierte el Acuerdo INE/CG202/2022, mediante el cual, el CG del INE efectuó el cómputo total y realizó la declaratoria de resultados del proceso de revocación de mandato.

(31)        En los considerandos de ese acuerdo, la autoridad responsable desarrolló un apartado en el que describió el contexto fáctico y normativo que surgió durante la etapa de organización del proceso de revocación de mandato. A continuación, se señalan algunos puntos:

i.            Al inicio del proceso de revocación de mandato, las reglas que regirían dicho proceso no se encontraban claras, por lo que fue necesario que, mediante sentencias, acuerdos y la emisión de nueva legislación, se estableciera la normativa aplicable.

ii.            Ante las limitaciones presupuestales, la autoridad responsable realizó algunos ajustes en la organización del proceso para garantizar su correcto desarrollo, lo que involucró, de entre otras cosas, disminuir el número de casillas disponibles que se instalarían.

iii.            El equivalente al 3.75 % de la lista nominal de electores manifestó su apoyo para la realización del proceso de revocación de mandato; lo anterior, con base en los datos obtenidos en el informe final del proceso de verificación del porcentaje de firmas de apoyo de la ciudadanía.

iv.            En cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, la autoridad emitió las normas relacionadas con la difusión del proceso de revocación de mandato y realizó diversas actividades de difusión.

v.            Finalmente, la autoridad informó sobre los actos que fueron impugnados jurisdiccionalmente, el resultado de esas impugnaciones y el porcentaje respectivo.

(32)        Posteriormente, el CG del INE hizo una reseña sobre la manera en la que se desarrolló la jornada del proceso de revocación de mandato y los cómputos distritales correspondientes, finalizando con el informe rendido por el secretario ejecutivo del Instituto sobre la sumatoria de los resultados, de la cual desprendió que el porcentaje de participación ciudadana obtenido en la jornada de revocación de mandato fue de 17.7785 %.

(33)        Finalmente, considerando todo lo anterior, aprobó el cómputo total, con base en los resultados consignados en las actas de los cómputos distritales, y declaró los siguientes resultados totales en el ejercicio revocatorio:

9.2.      Síntesis de los agravios

(34)        El partido argumenta que el Consejo General no tiene facultades para emitir la información señalada previamente por las siguientes razones.

(35)        En primer lugar, el acuerdo impugnado únicamente debía tener una naturaleza declarativa sobre los resultados del proceso de revocación de mandato, por lo que no se podía difundir información de otra naturaleza.

(36)        En ese sentido, considera que la autoridad responsable se excedió en sus atribuciones al incluir, dentro del considerando tercero, las secciones denominadas:

i.            “C. Verificación de los apoyos ciudadanos y la emisión de los informes respectivos.”

ii.            “D. Acciones para la promoción y difusión, así como la implementación de los procedimientos sancionadores para hacer efectivas las reglas prohibitivas orientadas a garantizar condiciones para la emisión de un voto libre.”

iii.            “E. Medios de impugnación.”

(37)        Esto, ya que el partido recurrente no advierte la relación de dichos apartados con la declaratoria de resultados que el INE debía llevar a cabo, especialmente, porque se había establecido previamente que dicha información se daría a conocer por otros medios a la ciudadanía.

(38)        En segundo lugar, el recurrente argumenta que la autoridad responsable se excedió en sus atribuciones, ya que se pronunció sobre el porcentaje de participación ciudadana en el proceso de revocación de mandato, lo cual, a su consideración, es competencia exclusiva de esta Sala Superior.

9.3.      Problema jurídico por resolver

(39)        La Sala Superior debe determinar si la autoridad responsable tenía facultades para incluir en el acuerdo de cómputo total y declaratoria de resultados del proceso de revocación de mandato, las consideraciones relacionadas con el proceso de recolección de apoyo de la ciudadanía, la difusión del proceso de revocación de mandato y los medios de impugnación que se presentaron durante el proceso.

(40)        Asimismo, es necesario determinar si el hecho de que la autoridad responsable haya indicado el porcentaje de participación de la ciudadanía invade una atribución exclusiva de esta Sala Superior.

9.4.      Consideraciones de esta Sala Superior

(41)        La Sala Superior considera que se debe confirmar el acuerdo impugnado, ya que el CG del INE sí se encontraba facultado para incluir tanto la información contextual del proceso de revocación de mandato como el porcentaje de participación de la ciudadanía. A continuación, se explican las razones de esta determinación.

A.      El INE puede incluir información contextual en el acuerdo de cómputo total y declaratoria de resultados del proceso de revocación de mandato

(42)        Por un lado, el recurrente argumenta que el acuerdo de cómputo total y declaratoria de resultados del proceso de revocación tiene una función específica, por lo que el CG del INE excedió sus facultades al incluir información que no está relacionada con dicho tema.

(43)        En específico, señala que fue indebido que la autoridad responsable pretendiera justificar la emisión de esta información bajo el argumento de que[12]:

“En abono de los antecedentes y consideraciones precedentes, en la misma lógica de fundamentar y motivar adecuadamente el presente acuerdo que marca un punto conclusivo de la organización del proceso de RM a cargo de la autoridad administrativa, se considera pertinente destacar los contextos normativos y fácticos que incidieron en la forma en la cual el INE aplicó las reglas que informan el proceso relativo a la RM 2022, de tal suerte que se cuente con una explicación puntual y suficiente de los resultados cuya declaratoria se efectúa en el presente instrumento normativo.”

(44)        A juicio de la Sala Superior, este argumento es infundado, puesto que las autoridades pueden incluir la información que consideren necesaria para cumplir sus obligaciones de fundamentación y motivación.

(45)        Al respecto, la Constitución general prevé una serie de garantías que deben regir la actuación de todas las autoridades. En específico, el artículo 16 constitucional impone el deber de fundamentación y motivación a las autoridades en todos los actos que emitan.

(46)        Sobre este tema, la Sala Superior ha entendido que la fundamentación tiene relación con las disposiciones que se consideran aplicables al caso; mientras que la motivación se refiere a la valoración exhaustiva y completa de los hechos, a partir de las cuales se considere aplicable una disposición.[13]

(47)        Esto quiere decir que la Constitución general establece la obligación de que todos los actos de autoridad se encuentren debidamente fundados y motivados, sin que se pueda concluir que un acto pueda ser excesivamente fundado y motivado.

(48)        En el caso concreto, la autoridad responsable decidió motivar el acuerdo impugnado narrando el desarrollo del proceso de revocación de mandato, ya que consideró que el acuerdo de cómputo total y declaración de resultados debía fungir como conclusión de todo el proceso.

(49)        En ese sentido, es incorrecta la afirmación del partido recurrente consistente en que el acuerdo impugnado únicamente debía incluir la información del cómputo y resultados, puesto que, como cualquier acto de autoridad, se debía fundamentar y motivar dicho acuerdo, encontrándose en completa libertad la autoridad responsable de ofrecer las razones que estimara necesarias para estos fines, siempre y cuando mantenga una relación lógica entre las disposiciones normativas y los hechos que acontecieron.

(50)        Por otra parte, el recurrente argumenta que fue indebido que la autoridad responsable incluyera información cuya difusión correspondía a otras áreas del INE, porque violaba su propia normativa de distribución de labores y podía confundir a la ciudadanía.

(51)        La Sala Superior considera que el planteamiento es infundado, dado que, para fundar y motivar sus actos, las autoridades pueden referir a información recabada y difundida, así como a actos emitidos por otras autoridades.

(52)        Al respecto, no es un punto de controversia que la información contextual que utilizó el CG del INE provenía de otras autoridades. No obstante, el Consejo General, como órgano superior de dirección del INE[14] está en condiciones de utilizar, para el desempeño de sus atribuciones, la información cuya producción o difusión corresponda a cualquiera de las áreas que lo integran.

(53)        El partido señala que las facultades para elaborar y dar a conocer los informes sobre la verificación de las firmas de apoyo de la ciudadanía a la solicitud de revocación de mandato, las quejas y denuncias presentadas ante el INE respecto a dicho proceso y la Metodología de Promoción y Difusión de la Participación Ciudadana de la revocación de mandato 2022, fueron delegadas a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, la Secretaría Ejecutiva del INE y la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, respectivamente. Por lo tanto, estima que el CG del INE hizo una indebida difusión de esa información al incluirla en el Acuerdo INE/CG202/2022.

(54)        Sin embargo, esta Sala Superior advierte que la delegación de una tarea específica que deba desempeñarse como parte de un proceso electoral o como en este caso, de participación ciudadana a un área del INE, no impide que otras áreas del mismo instituto utilicen la información resultante, y con mayor razón el Consejo General, que, en su calidad de máximo órgano de dirección del INE, es el último responsable de las tareas desempeñadas por todas las áreas que conforman al instituto.

(55)        Así, aunque la recopilación de la información y la elaboración de los informes señalados haya correspondido a otras áreas del INE, se trató de información relevante para el proceso de revocación de mandato, cuya organización y desarrollo corresponden a esa autoridad, de conformidad con el artículo 35, fracción IX, apartado 5.º de la Constitución general y 4 párrafo 2, de la LFRM.

(56)        Además, debe tenerse en consideración que el proceso de revocación de mandato implicó el cumplimiento de diversas tareas y obligaciones a cargo de la autoridad administrativa electoral nacional, así como de algunas etapas, que al quedar expresadas en el acuerdo ahora impugnado, ponen de manifiesto el pleno cumplimiento de los principios constitucionales y legales que rigen el funcionamiento del INE.

(57)        En ese sentido, la autoridad responsable no excedió sus facultades al difundir esta información, ya que en ningún momento sustituyó a otra autoridad en el cumplimiento de sus obligaciones, sino que únicamente utilizó dicha información para fundar y motivar la emisión de su acto, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 16 constitucional.

(58)        Por estas razones, esta Sala Superior considera que el CG del INE tenía las atribuciones necesarias para incluir la información contextual controvertida en el acuerdo impugnado.

B.      El INE tiene facultades para incluir el porcentaje de participación ciudadana en el acuerdo de cómputo total y resultados

(59)        Por otro lado, se considera infundado el agravio relativo a que el CG del INE no tenía facultades para declarar el porcentaje de participación ciudadana, puesto que esto era una facultad exclusiva de la Sala Superior, pues el cómputo total y la declaratoria de resultados que realiza el INE es un acto distinto al cómputo final y la eventual declaratoria de validez que realiza este órgano jurisdiccional.

(60)        En la legislación aplicable se establece que, en los actos posteriores a la jornada de revocación de mandato existe una distribución de competencias entre el INE y este Tribunal Electoral.

(61)        Por un lado, de acuerdo con los artículos 35, fracción IX, apartado 5.º de la Constitución general y 57 de la LFRM, le corresponde al CG del INE realizar el cómputo total y hacer la declaratoria de resultados, con base en la información consignada en las actas de cómputo distritales, dar a conocer los resultados correspondientes y remitir inmediatamente toda la documentación al Tribunal Electoral.

(62)        Por otro lado, de acuerdo con los artículos 35, fracción IX, apartado 6.º de la Constitución general y 58 de la LFRM, le corresponde a la Sala Superior realizar el cómputo final y, en su caso, emitir la declaratoria de validez, la cual no solo depende de que se hubiera alcanzado la participación de al menos un 40 % de las personas inscritas en la lista nominal de electores, sino de la actualización de otros requisitos y/o condiciones.

(63)        En ese sentido, es claro que el CG del INE no se excedió en sus facultades al referir al porcentaje de las personas inscritas en la lista nominal de electores que participaron en la jornada de revocación de mandato, ya que se trata de un dato numérico que necesariamente refleja los resultados obtenidos del proceso de cómputo que la autoridad administrativa, constitucional y legalmente debe de realizar.

(64)        Además, toda la información expuesta en el acuerdo ahora impugnado constituye uno de los insumos a partir de los cuales la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación puede cumplir cabalmente con las obligaciones que constitucional y legalmente tiene encomendadas, como fase final del proceso de revocación de mandato, y que, dependiendo de los resultados del mismo podrían llevar, en su caso, a la revocación del mandato del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, electo para un determinado periodo constitucional.

(65)        En consecuencia, ante lo infundado de los agravios, se confirma el acuerdo impugnado.

10. RESOLUTIVOS

PRIMERO. Se acumula el recurso de apelación SUP-RAP-129/2022 al diverso SUP-RAP-128/2022, en los términos precisados en esta ejecutoria.

SEGUNDO. Se desecha de plano el recurso de apelación SUP-RAP-129/2022.

TERCERO. Se confirma, en lo que es materia de impugnación, el acuerdo controvertido.

NOTIFÍQUESE como en Derecho corresponda.

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido y, en su caso, hágase la devolución de la documentación pertinente.

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron las magistradas y los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con los votos en contra del resolutivo tercero de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso y del magistrado Indalfer Infante Gonzales, quienes emiten voto particular, ante el secretario general de acuerdos, quien autoriza y da fe de que la presente sentencia se firma de manera electrónica.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.

VOTO PARTICULAR QUE FORMULAN LA MAGISTRADA MÓNICA ARALÍ SOTO FREGOSO Y EL MAGISTRADO INDALFER INFANTE GONZALES, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 187 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y 11 DEL REGLAMENTO INTERNO DE ESTE TRIBUNAL ELECTORAL, RESPECTO DE LA SENTENCIA EMITIDA EN EL RECURSO DE APELACIÓN SUP-RAP-128/2022 Y ACUMULADOS.[15]

De manera respetuosa, si bien estamos de acuerdo con el desechamiento del recurso de apelación SUP-RAP-129/2022, disentimos del criterio sostenido por la mayoría de los integrantes del Pleno en relación con el recurso de apelación SUP-RAP-128/2022, interpuesto por el Partido del Trabajo, porque consideramos que también debió ser desechado, ya que en el caso de los procesos de revocación de mandato los partidos políticos, por regla general, no pueden ejercer acciones tuitivas de intereses colectivos o difusos, además de que, de la lectura del acuerdo impugnado no se aprecia de qué forma este pudiera afectar algún derecho de grupo o de la colectividad.

De manera breve, porque los antecedentes del caso ya se han señalado en el cuerpo de la sentencia, se considera necesario hacer algunas precisiones contextuales del caso.

El once de abril de dos mil veintiuno, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral realizó el cómputo total del proceso de revocación de mandato y declaró los resultados obtenidos en el mismo.

Las consideraciones de la autoridad electoral quedaron contenidas en el acuerdo INE/CG202/2022 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se efectúa el cómputo total y se realiza la declaratoria de resultados del proceso de revocación de mandato del presidente de la República electo para el periodo constitucional 2018-2024.

En dicho documento se incorporaron los siguientes apartados:

iv.            “C. Verificación de los apoyos ciudadanos y la emisión de los informes respectivos.”

v.            “D. Acciones para la promoción y difusión, así como la implementación de los procedimientos sancionadores para hacer efectivas las reglas prohibitivas orientadas a garantizar condiciones para la emisión de un voto libre.”

vi.            “E. Medios de impugnación.”

A juicio del partido recurrente, la inclusión de tales apartados resulta ilegal conforme a lo siguiente:

i)                    El acuerdo impugnado únicamente debía tener una naturaleza declarativa sobre los resultados del proceso de revocación de mandato, por lo que no se podía difundir información de otra naturaleza.

ii)                  La autoridad responsable se excedió en sus atribuciones, ya que se pronunció sobre el porcentaje de participación ciudadana en el proceso de revocación de mandato, lo cual, a su consideración, es competencia exclusiva de esta Sala Superior.

Conforme a estas consideraciones, la pretensión del partido político es que se modifique o revoque el acuerdo impugnado, a efecto de que se supriman las partes que considera no debieron incluirse.

En la sentencia se considera que el recurso es procedente dado que “…lo interpone un partido político nacional que se encuentra facultado para deducir las acciones colectivas de grupo o tuitivas de intereses difusos que sean necesarias para impugnar y velar por que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales observen invariablemente los principios de constitucionalidad y legalidad, debido a que son precisamente dichas entidades de interés público a quienes se confiere la legitimación preponderante para hacer valer los medios de impugnación en la materia”

En refuerzo del anterior criterio se citan las jurisprudencias de esta Sala Superior 15/2000 y 10/2005 de rubros, respectivamente: “PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES. PUEDEN DEDUCIR ACCIONES TUITIVAS DE INTERESES DIFUSOS CONTRA LOS ACTOS DE PREPARACIÓN DE LAS ELECCIONES” y “ACCIONES TUITIVAS DE INTERESES DIFUSOS. ELEMENTOS NECESARIOS PARA QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS LAS PUEDAN DEDUCIR”.

Como se adelantó, consideramos que el recurso de apelación promovido por el Partido del Trabajo es improcedente, ya que, dada la naturaleza eminentemente ciudadana del procedimiento de revocación, por regla general, los partidos políticos no pueden deducir acciones de tutela de derechos colectivos, aunado a esto no se aprecia en qué forma, las partes del acuerdo que impugna el recurrente pudieran afectar los derechos de grupo o de la colectividad.

Respecto a la naturaleza del procedimiento de revocación de mandato, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y esta misma Sala Superior han considerado que es un mecanismo sustancialmente ciudadano, del cual, por regla general, quedan excluidos los partidos políticos.

En este sentido, si bien este procedimiento guarda ciertas similitudes con los procesos electorales, por ejemplo, se realiza mediante el voto universal, libre secreto y directo, o bien, que su organización se encuentra conferida a la autoridad electoral nacional; lo cierto, es que tiene como nota distintiva, apartarse del sistema representativo basado en la actuación de los partidos políticos, para conferir a la ciudadanía la participación directa en la toma de decisiones de la vida política del país.

Bajo esta lógica, es posible considerar que los partidos políticos tienen una participación limitada y auxiliar en el proceso de revocación de mandato, la cual solo se justifica en la medida en que sea estrictamente necesaria para el adecuado desarrollo del proceso.

En este estado de cosas, al momento de analizar la procedencia de las impugnaciones que realicen los partidos políticos, relacionadas con la revocación de mandato se debe ser cuidadoso de no extrapolar de manera indiscriminada criterios, figuras jurídicas o disposiciones normativas que resulta ajenas e incluso contrarias a la naturaleza de los mecanismos de democracia participativa.

Por estas razones, se considera que, en el caso, los criterios señalados no resultan aplicables para justificar la procedencia del recurso de apelación promovido por el Partido del Trabajo, ya que, como lo señala la propia jurisprudencia 15/2000, el interés colectivo o difuso se basa en la naturaleza de los procesos electorales que son formas de participación democrática representativa y no directa -como la revocación de mandato y las consultas populares-; el criterio también considera la premisa constitucional de que los partidos políticos tienen como finalidad hacer posible el ejercicio de los ciudadanos al poder público.

Como se ve, a diferencia de los procesos de revocación de mandato, en las elecciones de cargos públicos, los partidos tienen un papel preponderante ya que estos son los participantes directos en el proceso, por tanto, resulta lógico y jurídicamente justificable, que estos puedan tutelar derechos colectivos que, de otra forma, pudiera afectar el adecuado desarrollo de los procesos electorales, así como la vigencia de los principios que rigen al sistema democrático.

Sin embargo, como se dijo, tratándose de los procesos de participación democrática directa, en estos no se encuentra de por medio el acceso de los ciudadanos al poder público, ni son los partidos los actores centrales del mecanismo, por el contrario, la idea es que estos queden al margen del mismo para que sean los ciudadanos, en plena libertad los que concurran a expresar su deseo de que el funcionario sujeto a revocación sea separado del cargo.

Así las cosas, se considera que, en el caso, el partido político no puede ejercer este tipo de acciones, ya que esto va en contra de la idea ciudadana del proceso de revocación de mandato.

Por otro lado, aun admitiendo que los partidos pudieran ejercer este tipo de acciones colectivas en los procesos de revocación, en el caso concreto, del análisis del acto impugnado no se advierte de qué forma la colectividad pudiera resentir algún tipo de afectación en su esfera de derechos -incluso la de carácter difuso o colectivo-.

En efecto, como se indicó en párrafos procedente, el partido considera que el Instituto Nacional Electoral se debió concretar a declarar los resultados del proceso de revocación de mandato, sin difundir información de otra naturaleza; así como que la autoridad responsable se excedió en sus atribuciones, ya que se pronunció sobre el porcentaje de participación ciudadana en el proceso de revocación de mandato, lo cual, a su consideración, es competencia exclusiva de esta Sala Superior.

Como se ve, de la simple lectura de los agravios, no se aprecia en qué forma, el contenido del informe pudiera afectar algún tipo de derecho colectivo, ni tampoco que exista una invasión de la esfera de competencias de esta Sala Superior, ya que, las referencias a los resultados que haga la autoridad electoral no vinculan a este órgano jurisdiccional, porque es a éste, en última instancia, a quien corresponde emitir el cómputo final de la elección.

En este estado de cosas, debe destacarse que la figura del interés colectivo o difuso se caracteriza por la existencia de un acto de autoridad que lesione la esfera de derechos; sin embargo, a diferencia del interés jurídico directo, esta no recae en un solo individuo, sino en una colectividad, la cual, derivado del acto de autoridad puede verse privada de un derecho.

Las notas distintivas del interés colectivo y el jurídico directo, es que, además de la incidencia sobre los derechos de un grupo amplio de personas, estas no tienen una forma de organización que les permita plantear ante la autoridad competente la defensa de sus derechos, por eso, la ley o la jurisprudencia, han admitido que ciertos entes -públicos o privados- pueda asumir la defensa de este tipo de derechos, sin que sean estos lo directamente afectados.

En el caso, se insiste, no se aprecia cuál es el derecho colectivo que se ve afectado con el hecho de que la autoridad electoral haya incorporado una serie de apartados de carácter informativo relativos a distintos acontecimientos sucedidos durante al proceso de revocación de mandato.

Aún más, dicha información puede abonar al conocimiento de la ciudadanía en general de los pormenores o detalles conforme a los que se llevó dicho procedimiento.

Mismo razonamiento es aplicable para el apartado en el cual, el Instituto Nacional Electoral definió el porcentaje de participación ciudadana, ya que como se indicó este dato pudiera tener un carácter informativo u orientador, pero que tampoco se advierte que trastoque, limite o interfiera con el ejercicio de los derechos de algún grupo social.

Por estas razones es que se considera que el recurso de apelación promovido por el Partido del Trabajo resulta improcedente y por tanto debió ser desechado.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.