RECURSO DE APELACIÓN

EXPEDIENTE: SUP-RAP-152/2017

RECURRENTE: MORENA

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

MAGISTRADA PONENTE: JANINE M. OTÁLORA MALASSIS

SECRETARIAS: LUCÍA GARZA JIMÉNEZ, MARIBEL TATIANA REYES PÉREZ Y KARINA QUETZALLI TREJO TREJO

COLABORÓ: PAOLA VIRGINIA SIMENTAL FRANCO

Ciudad de México, a doce de julio de dos mil diecisiete.

La Sala Superior dicta sentencia en el recurso de apelación interpuesto por MORENA en el sentido de revocar, respecto a las conclusiones 12 y 21, la resolución INE/CG129/2017 emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral[1], respecto de la revisión de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de precampaña de los ingresos y egresos de los candidatos a la gubernatura del citado partido político, correspondientes al proceso electoral local ordinario 2016-2017 en el Estado de México, y confirmar lo correspondiente a las demás conclusiones.

I.                   Antecedentes

1. Actos impugnados. El veintiséis de abril de dos mil diecisiete, el Consejo General del INE aprobó, entre otros, los dictámenes y las resoluciones de los procedimientos de fiscalización, correspondientes a diversos partidos, entre ellas, la resolución INE/CG129/2017, con el dictamen INE/CG128/2017 correspondiente a MORENA, en el Estado de México.

2. Recurso de apelación SUP-RAP-146/2017. Inconforme con los procedimientos y las determinaciones precisados en el inciso anterior, el treinta de abril siguiente, MORENA interpuso recurso de apelación ante la autoridad responsable.

El cuatro de mayo del año en curso, se recibió en este Tribunal la demanda, constancias atinentes y el informe circunstanciado, por lo que, en esa misma fecha, la Magistrada Presidenta de esta Sala Superior, integró el expediente SUP-RAP-146/2017, y lo turnó a la ponencia de la Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso.

3. Acuerdo plenario de escisión de las impugnaciones contenidas en la demanda del presente juicio y de competencia. El diecisiete de mayo siguiente, esta Sala Superior emitió el acuerdo de escisión, en el cual, determinó entre otras cuestiones, escindir la demanda en lo referente a la resolución INE/CG129/2017 emitida por el Consejo General del INE, respecto de la revisión de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de precampaña de los ingresos y egresos de los candidatos a la gubernatura de MORENA, en el Estado de México, por tratarse de los informes de precampaña de los ingresos y gastos al cargo de gobernador correspondiente al proceso electoral local 2016-2017, puesto que en la demanda presentada en el recurso de apelación 146/2017, se impugnaban dos actos que ameritaban pronunciamientos por separado, lo inherente a la revisión de informes de precampaña de MORENA en Coahuila de Zaragoza y en el Estado de México.

Por tanto, ordenó que, en un nuevo expediente de recurso de apelación, competencia de la Sala Superior, se estudiaran los agravios relacionados con la precampaña de la gubernatura del Estado de México.

4. Integración, registro y turno del presente recurso de apelación. En vista del acuerdo anterior, la Secretaria General de Acuerdos integró el expediente SUP-RAP-152/2017 y lo turnó a la Ponencia de la Magistrada Presidenta para los efectos legales previstos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

5. Admisión y cierre de instrucción. Al no existir alguna cuestión pendiente de desahogar, el recurso se admitió, se cerró la instrucción y se ordenó formular el respectivo proyecto de sentencia.

II. Competencia y presupuestos procesales.

A. Competencia.

Esta Sala Superior es competente para conocer del actual recurso de apelación, en términos del artículo 44, apartado 1, inciso a) de la Ley de Medios, en el cual se establece su competencia para conocer de resoluciones de los órganos centrales del Instituto, de conformidad con el acuerdo plenario de escisión y competencia emitido por esta Sala Superior el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, porque en la demanda del presente asunto, MORENA impugna una resolución del Consejo General y la materia cuestionada se refiere a la fiscalización de dicho partido relacionado con la revisión de informes de precampaña de los ingresos y gastos de los precandidatos a gobernador en el Estado de México.

B. Condiciones procesales.

1. Forma. La demanda se presentó por escrito ante la autoridad responsable; en ella se hace constar el nombre del recurrente y la firma autógrafa de su representante; se identifica el acto impugnado y la autoridad responsable; se mencionan los hechos en que se basa la impugnación; los agravios que causa el acto impugnado, y los preceptos presuntamente violados.

2. Oportunidad. El recurso se presentó dentro del plazo legal, porque la resolución impugnada se emitió el veintiséis de abril, y MORENA afirma haberla conocido en la misma fecha, por lo que el plazo de cuatro días para la presentación transcurrió del veintisiete al treinta de abril, y la demanda se presentó el último día del plazo. 

3. Legitimación y personería. Los requisitos señalados están satisfechos, dado que el recurso es interpuesto por un partido político a través de su representante ante el Consejo General del INE, calidad que le reconoció la responsable en su respectivo informe circunstanciado, acorde con lo establecido en el artículo 18, párrafo 2, de la Ley de Medios.

4. Interés para interponer el recurso. El partido cuenta con interés jurídico para interponer el actual recurso, porque es la persona a la que se le impusieron las multas que ahora impugna.

5. Definitividad. Esta Sala Superior no advierte algún otro medio de impugnación que deba agotarse por los recurrentes antes de acudir a esta instancia, con lo cual debe tenerse por satisfecho el requisito.

III. Estudio de fondo.

a. Síntesis de Agravios.

En contra de la resolución impugnada MORENA argumenta sustancialmente lo siguiente:

a)                Es ilegal la resolución respecto a las conclusiones 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 y 21 la autoridad responsable no incluyó la determinación del bien jurídico posiblemente afectado.

Como consecuencia de la falta de determinación del bien jurídico, para el actor, la afectación fue indebidamente clasificada y se impusieron sanciones vulnerando los principios de proporcionalidad y razonabilidad, así como los principios rectores de legalidad, equidad, certeza y objetividad.

b)                En la conclusión 4 señala que los recibos de transferencia fueron presentados y anexa diez imágenes del Sistema Integral de Fiscalización[2], señalando también que es inaplicable el artículo 46 del Reglamento de Fiscalización.

c)                Respecto a la conclusión 6 señala el partido político que la multa impuesta por haber omitido la presentación de los permisos para la colocación de la propaganda es desproporcionada, pues justificó el gastó en la producción y colocación de dicha propaganda al acreditar la cantidad y destino de éste; por tanto, no se vulneró el bien jurídico tutelado, en función que, el permiso de colocación de las lonas aludido no impacta en el gasto comprobado.

El actor menciona que no justificó el acto jurídico que importa un acuerdo de voluntades, pero ello no significó una vulneración el bien jurídico tutelado en los términos precisados por la autoridad, en consecuencia, estima que la sanción impuesta es desproporcionada.

d)                En la conclusión 7 el partido recurrente argumenta que ocurre lo mismo respecto de la conclusión 6, toda vez que no es proporcional la multa ya que se acreditaron las cantidades y destino de los gastos erogados por las pintas de bardas.

e)                En la conclusión 8 el partido afirma que la responsable incurrió en errores técnicos por no cumplir con los principios del procedimiento de auditoría y señala que sí fueron registradas las operaciones debidamente en el SIF lo que se hizo del conocimiento de la autoridad mediante oficio CEE/finanzas/FISCALIZACION/PRE/010/2017.

Adicionalmente, el actor refiere que la falta de relación de inserciones en la prensa no se señaló como error por parte de la autoridad fiscalizadora, por tanto, el partido no tuvo conocimiento del mismo y no estuvo en posibilidades de subsanar dicho error, quedando en estado de indefensión.

Además, indica que respecto a las operaciones acreditó la cantidad y destino del gasto, por lo que no se vulneró el bien jurídico tutelado, en consecuencia, la multa impuesta es desproporcional.

f) Respecto de la conclusión 9, el partido admite que realizó los registros de forma extemporánea, pero eso no demuestra la existencia de mala fe, sino que sí se informaron los eventos, por tanto, la multa resulta desproporcionada e irracional, pues exhibió el registro completo de los eventos públicos relacionados con la agenda.

g) En relación a la conclusión 11 el partido político recurrente señala que la autoridad refiere que no pudieron ingresarse al SIF en tiempo oportuno.

En ese contexto, señala que se trata de una falta formal, ello, porque se presentaron los contratos y además porque en todos los casos se exhibieron los comprobantes fiscales.

Además, como la propia autoridad señala, en otro apartado del dictamen, en siete de los veintiún avisos quedó transparentado el uso y destino de los recursos, por eso, no hay proporción entre el bien jurídico tutelado y la infracción.

Del propio dictamen se alude a la circularización con los proveedores, que confirmaron haber realizado las operaciones y acompañaron la documentación soporte consistente en acta constitutiva, trasferencias bancarias, fichas de depósito bancarios, facturas y muestras, lo que al ser cotejado con lo registrado en el SIF no se determinó diferencias en las operaciones reportadas, por lo que la observación quedó atendida, y no existe congruencia entre lo que se dictaminó y se resuelve, ya que de siete de los veintiún avisos quedó transparente el uso de los recursos.

La falta es formal por tratarse de extemporaneidad, además que no se vulnera el principio de legalidad y certeza en el destino de los recursos, pues se presentaron los contratos y en todos los casos se exhibieron los comprobantes fiscales, por lo que no existe falta de certeza respecto al destino de los recursos y sus cantidades erogadas.

h) Con relación a las conclusiones 12, 13, 20 y 21 el partido señala que existe una indebida motivación.

En las conclusiones 12 y 13 su premisa parte de que MORENA acercó los comprobantes de cantidades y destino de los gastos que erogó para efectos de los eventos públicos y la responsable no expone ningún razonamiento tendente a explicar por qué estima las cantidades de banderas, banderines, playeras, camisas, y gorras que reputa como gastos no reportados.

Por tanto, el partido indica que no puede saber cómo llegó a esa cantidad y por tanto cómo rastrear el gasto, lo que no se advierte del desglose de la información de dónde se observaron precisamente 4,437 banderas, y no 4,438 o 4,436, 12,200 banderines y no 12,199, así, también resulta aplicable a las camisas y a las gorras.

En cuanto a las playeras, de acuerdo a las imágenes de los anexos, indica que se observaron playeras solamente que tienen el logotipo de MORENA y no así de las precandidatas, de manera que puede tratarse de playeras que fueron elaboradas y distribuidas en eventos anteriores, y que pudieron haber sido reportados por el propio instituto político como por ejemplo en el reciente Congreso Nacional de noviembre de dos mil dieciséis, lo cual también resulta aplicable a las camisas y a las gorras.

Referente al dron, el partido indica que, en ejercicio de su garantía de audiencia, la autoridad no establece ningún razonamiento que permita tener certeza de que el mismo fue contratado por el partido político.

La resolución carece de la debida motivación porque no fue agotado el procedimiento de auditoría, y el Consejo General lejos de advertir tales deficiencias en el entramado expositivo de la Unidad Técnica, omitió hacer el análisis y se configuró indebidamente las infracciones.

En el caso de las conclusiones 20 y 21 aduce que planteamientos de la autoridad son genéricos, desprendidos de las visitas de verificación en eventos públicos, además que la responsable tampoco aporta de forma cierta los elementos o razonamientos en relación a la existencia de exactamente de 52 camisas, 1 playera, 2 gorras y sudaderas detectados en los eventos públicos, además que no hay constancias de que la ropa descrita tenga la identificación de las precandidatas.

En suma, en relación a las conclusiones de este apartado el recurrente considera que se incurre en una indebida motivación ya que la conducta no puede ser grave, toda vez que ante la falta de certeza de cómo se determinaron los diversos objetos no debe tenerse por acreditada la comisión de la conducta y su responsabilidad.

i) En la conclusión 16 el partido inserta en su demanda diversas imágenes de las capturas de pantalla en las que, indica que consta el registro respectivo de cada operación.

j) Por lo que hace a las conclusiones 17 y 18, relacionadas con registros contables extemporáneos, el partido político señala que la extemporaneidad bajo el derecho humano de presunción de inocencia no es sinónimo de ocultamiento, por lo que el bien jurídico no fue vulnerado, máxime que se tiene certeza del origen, destino y cantidades ejercidas.

Por tanto, la multa impuesta deviene desproporcional e irracional.

k) Finalmente, respecto de la conclusión 22, relacionada con que la autoridad tuvo conocimiento de los eventos posteriores a su realización, señala que la calificación de la falta como grave ordinaria es incorrecta, ya que, al haber aportado la evidencia de los eventos, aún de forma extemporánea, la autoridad pudo conocer cuánto costaron los mismos, por lo que en todo caso la falta sería formal.

Adicionalmente, el actor menciona que no existió intencionalidad en la comisión de la conducta ni reincidencia.

Del análisis de los agravios, se advierte que, fundamentalmente, el partido apelante se refiere a las siguientes temáticas:

1. Falta de definición del bien jurídico tutelado; lo que impacta, a juicio del actor, en la clasificación de la falta y en que las sanciones vulneran los principios de proporcionalidad y razonabilidad, así como los de legalidad, equidad, certeza y objetividad. (conclusiones 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 y 21)

2. La presentación extemporánea de documentación no afecto la transparencia, pues no es sinónimo de ocultamiento y tampoco de que se trate de una conducta intencional (conclusiones 9, 11, 17, 18 y 22)

3. Indebida motivación y certeza en los elementos que tomó en cuenta para sancionarlo por gastos no reportados en eventos públicos. (Conclusiones 12, 13, 20 y 21).

4. Conclusiones con agravios específicos (conclusiones 4, 8, 6, 7 y 16).

5. Indebida individualización de la sanción e imposición de sanciones desproporcionadas e irracionales. (conclusiones 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20)

Por razones de método, el estudio de los agravios puede llevarse a cabo en conjunto o en un orden distinto al planteado por el impugnante, sin que ello le cause afectación jurídica, porque, de conformidad con el criterio sustentado por la Sala Superior en la jurisprudencia identificada con la clave 04/2000, cuyo rubro es “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”.

Previo a este análisis, se considera conveniente tener presente consideraciones relevantes entorno al procedimiento de fiscalización que nos ocupa.

b. Análisis de los agravios por temáticas.

Tema 1. Falta de definición del bien jurídico tutelado.

Respecto de las conclusiones 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 y 21, el partido apelante aduce que la sanción impuesta es indebida, porque el Consejo General del INE, no estableció el bien jurídico tutelado.

A juicio del actor, la falta de definición del bien jurídico tutelado impacta en la clasificación de la falta y en que las sanciones impuestas vulneren los principios de proporcionalidad y razonabilidad, así como los de legalidad, equidad, certeza y objetividad.

El agravio expuesto por el recurrente en este apartado se califica de infundado pues del análisis de la resolución controvertida se advierte que, la autoridad responsable, con sustento en el dictamen consolidado, respecto a cada una de las conclusiones cuestionadas la autoridad responsable razonó y fundamentó la trascendencia de las normas conculcadas y definió el bien jurídico tutelado, en términos de la conducta correspondiente, tal como se puede observar en el siguiente cuadro, en el que se reproducen las consideraciones relevantes de dicha resolución:

En el caso, se advierte que en la resolución controvertida se encuentra definido el bien jurídico tutelado en cada conclusión. Además, es importante resaltar que el actor no combate frontalmente las consideraciones que la responsable efectuó en torno al bien jurídico tutelado.

Ahora bien, respecto a la conclusión 16 efectivamente no existe una determinación del bien jurídico tutelado, sin embargo, contrariamente a lo señalado por el partido político recurrente, esto no tiene un impacto en la calificación de falta alguna y en la sanción impuesta, toda vez que en dicha conclusión no se consideró que existiera una falta a sancionar en la materia electoral, por lo que solo, ante la apreciación de que la conducta pudiera implicar la vulneración de normas en materia fiscal, es que la autoridad responsable ordenó dar la vista atinente al Servicio de Administración Tributaria, de ahí que su disenso respecto a esta conclusión se califique de infundada.

Tema 2. La presentación extemporánea de documentación no afectó la transparencia, pues no es sinónimo de ocultamiento y ni de conducta intencional (conclusiones 9, 11[3], 17[4], 18[5] y 22[6])

Es infundado el agravio porque el criterio empleado por la responsable fue el adecuado a lo que ha sostenido este órgano jurisdiccional federal electoral, dado que el cumplimiento de las obligaciones de los partidos políticos y el ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se lleva a cabo en un marco temporal al existir la obligación de los partidos políticos de registrar sus operaciones en tiempo real, quienes al no cumplir con la oportunidad en dicho registro incurren en una falta sustancial.

En efecto, en los artículos 25, 59, 79, fracción 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos[7], 18 párrafo 2, 38, párrafos 1, 3 y 5 del Reglamento de Fiscalización, entre las obligaciones y responsabilidades en materia de fiscalización que deben cumplir los partidos políticos, se encuentran las siguientes:

        Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos (artículo 25 inciso a) de la LGPP).

        Permitir la práctica de auditorías y verificaciones por los órganos del Instituto Nacional Electoral facultados para ello, o de los Organismos Públicos Locales cuando se deleguen en éstos las facultades de fiscalización previstas en el artículo 41, de la Constitución para el Instituto Nacional Electoral, así como entregar la documentación que dichos órganos les requieran respecto a sus ingresos y egresos (artículo 25, inciso k) de la LGPP);

        Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados (artículo 25, inciso n) de la LGPP);

        Elaborar y entregar los informes de origen y uso de recursos a que se refiere la Ley de Partidos, entre estos los de precampaña (artículo 25, inciso s) de la LGPP, y 79, párrafo 1, inciso a) del Reglamento de Fiscalización);

        Son responsables de su contabilidad y de la operación del sistema de contabilidad y de la operación del sistema de contabilidad, así como del cumplimiento de lo dispuesto en la Ley, y las decisiones que emita el Consejo General del INE y su Comisión. (artículo 59 de la LGPP)

        Generar estados financieros confiables, oportunos, comprensibles, periódicos, comparables y homogéneos (artículo 60, inciso j) de la LGPP);

        Deben registrar las operaciones en el Sistema de Contabilidad en Línea, en los términos que establece el Reglamento (artículo 18, párrafo 2 del Reglamento de Fiscalización).

        Deben registrar sus operaciones en tiempo real, entendiéndose por tiempo real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días posteriores a su realización. Los institutos políticos no podrán realizar modificaciones a la información registrada en el sistema de contabilidad después de los periodos de corte convencional, ello aunado a que el registro de operaciones fuera del plazo establecido será considerado como una falta sustantiva y sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto. (artículo 38, párrafos 1, 3 y 5 del Reglamento de Fiscalización).

En el caso de las conclusiones cuestionadas existe en la normatividad electoral, obligaciones de registro oportuno en específico, las cuales se encuentran reguladas en los artículos 61, numeral 1, inciso f), fracción III; 62, numeral 2 de la Ley General de Partidos Políticos, 38, numerales 1 y 5, 207, numerales 3 y 4; y 278, numeral 1, inciso a), del Reglamento de Fiscalización, con relación a los Acuerdos INE/CG279/2016  e INE/CG418/2016.

Tales normas tienen como propósito fijar las reglas de temporalidad de los registros a través de las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza en la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.

Por su parte, este órgano jurisdiccional federal advierte que la función fiscalizadora tiene como sus principales objetivos los de asegurar la transparencia, equidad y legalidad en la actuación de los partidos políticos para la realización de sus fines, de ahí que su ejercicio puntual fortalece y legitima la competencia democrática en el sistema de partidos, en ese contexto, los partidos políticos tienen están compelidos a cumplir sus obligaciones de registro oportuno en términos de la normatividad y facilitar el ejercicio de las facultades de la autoridad fiscalizadora.

Al respecto, debe tenerse presente que la reforma constitucional de diez de febrero de dos mil catorce[8], se dirigió a fortalecer la fiscalización de los recursos públicos asignados a los partidos políticos, a fin de vigilar el debido origen, uso y destino de los recursos de los institutos políticos; para ello, planteó la necesidad de que los mecanismos de fiscalización ingresaran a un esquema eficiente a través de la utilización de medios electrónicos, con la convicción de lograr un ejercicio racional y responsable en su uso.

En esas condiciones, la reforma se orientó hacia la consecución de una gestión pública transparente y eficaz.

En esos términos la normativa electoral en materia de fiscalización tiene la lógica de potencializar el cumplimiento de las obligaciones de los institutos políticos, a través del SIF, y a su vez el control del gasto de recursos públicos utilizados por éstos en tiempo real para racionalizarlo, hacerlo eficaz y evitar su uso indebido.

Lo anterior, considerando que la finalidad del registro oportuno consiste en que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.

Las conductas que nos ocupan implican el incumplimiento de obligaciones diseñadas con la finalidad de que los partidos políticos rindan cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera exacta y dentro de los plazos previstos para ello, de ahí que, si los institutos políticos no lo hacen, ello se traduce en una lesión al propio modelo de fiscalización, ya que retrasa el cumplimiento de la verificación que compete a la autoridad fiscalizadora electoral.

En cuanto a las conclusiones 11 , 17 , 18 y 22, tal como se señala el artículo 38, párrafo 5 del Reglamento de Fiscalización las faltas debe ser calificadas como sustantivas, atendiendo a los valores que tutelan, como la transparencia y rendición de cuentas, relacionados con el conocimiento cierto e inmediato del manejo de los recursos, mientras que su incumplimiento dificulta el ejercicio de la función fiscalizadora, al impedir que la autoridad electoral nacional conozca desde el momento mismo en que se realizan las correspondientes operaciones (tiempo real), lo ingresos que reciben los partidos políticos o las erogaciones que realicen los sujetos obligados.

Lo anterior, considerando además a que, tal como lo concibe la autoridad responsable, la función fiscalizadora no se reduce a la sola revisión de los informes sobre origen y destino de los recursos que los institutos y los precandidatos están obligados a presentar, dado que también implica la vigilancia constante que la autoridad electoral debe realizar respecto de las operaciones que los partidos políticos y precandidatos, a fin de estar en posibilidad de adoptar de manera oportuna las determinaciones y medidas necesarias para evitar daños a los referidos bienes jurídicamente tutelados, así como un inadecuado manejo de los recursos con los que cuentan. [9]

En apoyo a lo expuesto, es aplicable la razón esencial contenida en la tesis de jurisprudencia identificada con la clave 9/2016, de rubro INFORMES DE GASTOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA. SU PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA, DEBE CONSIDERARSE COMO FALTA SUSTANTIVA, en términos de la cual el registro fuera de tiempo de la información que deba someterse a fiscalización, actualiza un daño directo a la rendición de cuentas y a la transparencia, que permiten conocer oportunamente el uso dado a los recursos partidistas para fines proselitistas.

Por tanto, opuestamente a lo señalado por el recurrente, las conductas de las conclusiones cuestionadas no pueden catalogarse como meras faltas de índole formal, ni tampoco variar su calificación al haberse tratado de conductas culposas, pues lo cierto es que para estimar que se actualizan los tipos administrativos electorales, no es necesario que se acredite que las conductas infractoras se cometieron de manera intencional o dolosa.

Ello, toda vez que los partidos políticos tienen la obligación legal de ser meticulosos para respetar lo señalado en la normativa electoral sobre al reporte oportuno de operaciones, es decir, aun cuando actúen de manera negligente o culposa, las conductas resultan sancionables y tienen un impacto en la transparencia y conocimiento cierto e inmediato del manejo de los recursos, de ahí que el hecho de que se trate de conductas culposas no impacte en la calificación de faltas sustanciales.

En el contexto citado, se advierte que el actor en sus agravios parte de la premisa inexacta de que las conductas no serían sancionables ya que no ocultó las operaciones, cuando lo cierto es que las mismas no se analizaron y sancionaron, por parte de la autoridad responsable, por una cuestión de ocultamiento, sino por la falta de oportunidad en el registro de las operaciones, desde la perspectiva de que la obligación de los partidos políticos se vincula con acatar la temporalidad en que tienen que realizar dichos registros, para permitir, como se dijo, la fiscalización en tiempo real, debiéndose considerar que la rendición de cuentas no solamente consiste en informar de manera transparente y clara los montos, uso y destino de los recursos que utilizan para sus actividades, sino también en hacerlo oportunamente.

En cuanto a la presunción de inocencia, la perspectiva del actor también es errónea, toda vez que dicho principio se basa en que no estén acreditados los elementos para probar la comisión de la infracción cometida y, en el caso, está plenamente acreditada la existencia de los elementos para actualizar las omisiones en el registro oportuno en que incurrió el promovente, extemporaneidad que incluso éste reconoce.

Ahora bien, respecto a la conclusión 11, que además de esgrimir agravios respecto a la extemporaneidad, a fin de dar contestación a los mismos, es conveniente tener presente que en el dictamen consolidado se indicó:

Avisos de contratación

        El sujeto obligado no presentó los avisos de contratación de gastos. Los casos se detallan en el Anexo 2.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-L/3012/17 de fecha 26 de marzo de 2017, recibido por Morena el mismo día.

Con escrito de respuesta núm. CEE/Finanzas/FISCALIZACION/PRE/010/2017, recibido el 2 de abril de 2017, Morena manifestó lo que a la letra se transcribe:

“En respuesta al presente punto se hace del conocimiento que ante el SIF ya se presentaron los avisos de contratación de gastos, quedando debidamente atendido este punto.”

Del análisis a las aclaraciones y de la revisión a la documentación presentada en el SIF, la respuesta del sujeto obligado se considera insatisfactoria, ya que aun cuando manifiesta haber presentado los avisos de contratación de gastos en el SIF, los avisos detallados en el Anexo 2 del presente dictamen no fueron localizados; por tal razón, la observación no quedó atendida.

En consecuencia, al omitir presentar los avisos de contratación de 21 proveedores, por un monto de $18,401,407.41, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en los artículos 61, numeral 1, inciso f, fracción III, y 62, numeral 2 de la LGPP, 207, numeral 4; 278, numeral 1, inciso a) del RF, con relación a los acuerdos INE/CG279/2016 e INE/CG418/2016. (Conclusión 11. MORENA/MEX)

El anexo 2 a que se refiere esta conclusión es el siguiente:

Al respecto, el actor aduce que en el apartado de circularización del propio dictamen se puede advertir lo siguiente:

De la revisión a los escritos de contestación proporcionados por diversos proveedores y prestación de servicios, recibidos por la UTF, se observó al efectuarse la compulsa correspondiente para acreditar la autenticidad de dichas operaciones, se derivaron diferentes observaciones que se detallan a continuación:

Respecto de los proveedores identificados con (1) en la columna denominada “referencia” en el cuadro que antecede, confirmó haber realizado operaciones, con el sujeto obligado, proporcionando la documentación soporte consistente en: Acta constitutiva, transferencias bancarias, fichas de depósitos bancarios, facturas y muestras, del cual, al ser cotejado con lo registrado en el SIF del sujeto obligado, no se determinó diferencia en las operaciones reportadas, por tal razón por esta parte la observación quedó atendida.

Por lo que MORENA menciona que la propia autoridad indica que siete de los veintiún avisos quedó aclarado el uso y destino de los recursos, y que por esa razón no hay congruencia entre lo que se determina y lo que se resuelve, ni proporción con el bien jurídico tutelado.

El agravio es infundado ya que actor señala que no hubo intención en el obrar, exhibiendo los contratos que no pudieron ingresarse al sistema en el tiempo oportuno, sin que justifique o acredite la imposibilidad que tuvo para hacerlo, además que, como se dijo, la falta no fue considerada como dolosa sino culposa.

De igual manera, son infundados sus disensos, en virtud que el hecho de que la autoridad responsable, con fundamento en los artículos 331[10] y 332[11] del Reglamento de Fiscalización, cumpla con el ejercicio de las facultades de fiscalización a través de requerimientos y comprobación con terceros no puede servir de argumento para que el partido político justifique el incumplimiento de sus obligaciones en la materia, relacionadas con la omisión de presentar los avisos de contratación con los proveedores, obligación que se encuentra diseñada para facilitar y optimizar la trasparencia y rendición de cuentas.

Lo anterior aunado a que la circularización (requerimiento y comprobación con terceros) se enfoca a obtener información y documentación para verificar: a) si el sujeto obligado se está conduciendo, respecto a sus operaciones, adecuadamente y en tiempo real de conformidad con el marco normativo y b) si son ciertos o no los datos consignados en el informe respectivo, a través de confirmación o rectificación de los proveedores de las operaciones efectuadas.

Se tiene que recordar que en ciertos estudios se ha señalado que la piedra angular de todo sistema regulador del financiamiento político es requerir que todos los involucrados en la política informen sobre el modo en que recaudan y gastan el dinero. Dicha presentación de informes persigue dos objetivos principales. En primer lugar, esta información puede ayudar a conseguir la transparencia demandada y permitir a los ciudadanos tomar decisiones informadas cuando vayan a votar. El segundo objetivo de la presentación de informes consiste en facilitar la labor de las personas encargadas de la supervisión del cumplimiento de las normas sobre los límites y las prohibiciones a las donaciones y al gasto.[12]

En términos del artículo 287 del Reglamento de Fiscalización la finalidad de la fiscalización consiste en preservar sus principios, como lo son la transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos a través de los cuales los partidos políticos y precandidatos rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.

Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma (tiempo real) los movimientos realizados y generados durante el periodo de precampañas sujeto a revisión para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, entre las que se incluye cumplir con las obligaciones como la presentación de los avisos de contratación de operaciones realizadas, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

Al respecto, en la resolución impugnada se indicó que la conducta contravino los artículos 61, numeral 1, inciso f), fracción III; 62, numeral 2 de la Ley General de Partidos Políticos; 207, numerales 3 y 4; y 278, numeral 1, inciso a), del Reglamento de Fiscalización, con relación a los Acuerdos INE/CG279/2016 e INE/CG418/2016, toda vez que omitió presentar los avisos de contratación de los acuerdos que celebró durante un plazo máximo de tres días posteriores a su suscripción, incumplió con el principio de legalidad y certeza en el destino de los recursos, impidiendo circular de manera oportuna la información con los proveedores que permitiría constatar las operaciones realizadas durante los periodos fiscalizados, cuestión que el actor no combate de manera frontal, pues se limita a señalar que, al fin y al cabo, se efectuó la verificación de algunos proveedores (dos de los cuales debe resaltarse no dieron contestación a la Unidad Técnica), sin realizar argumento que controvierta el hecho de que afectó la oportunidad para realizar tal actividad.

En ese sentido, si hay congruencia entre lo dictaminado y resuelto por la autoridad responsable, toda vez que los artículos citados buscan preservar la fiscalización oportuna para realizar las verificaciones respectivas, desde la óptica de que, a partir de la reforma constitucional y legal, el modelo de fiscalización de los recursos de partidos políticos y candidaturas, pasó de la simple revisión de informes presentados por los sujetos obligados, a un esquema de seguimiento oportuno de ingresos y gastos, de tal suerte que la presentación de informes no constituyen el inicio del proceso de fiscalización, sino que son el resultado del acatamiento por parte de los partidos políticos en tiempo real de las obligaciones que les impone la materia.

Cabe señalar, que lo que aduce el partido político flexibilizaría el cumplimiento de obligaciones de los partidos políticos y precandidatos con el pretexto de que, al final, la autoridad responsable tiene que ejercer sus facultades de comprobación, sin que los partidos y candidatos asumieran responsabilidad alguna en proporcionar la información en tiempo y forma de los avisos de contratación con proveedores, cuando son dichos institutos quienes conocen de primera mano de la existencia de las operaciones con éstos.

Es importante indicar que respecto la conclusión 9 esta Sala Superior estima que los motivos de inconformidad deben desestimarse.

Al respecto, debe indicarse que el actor no cuestiona la calificación de la falta como formal; sino que se limita a señalar que no existió dolo o mala fe; que efectivamente realizó el registro extemporáneo de la agenda de actividades, pero que la autoridad no explicó a detalle a que se refiere con que obstaculizó la fiscalización.

Para la actualización de la falta por la omisión de la obligación prevista en el artículo 143 Bis del Reglamento de Fiscalización, no se requiere que exista dolo u ocultamiento de la información, ello aunado a que se determinó en la resolución controvertida como una conducta culposa, como una falta de cuidado, por lo que las afirmaciones del actor en relación a la inexistencia de dolo o mala fe, son ineficaces.

Ahora bien, a diferencia de las otras conclusiones que se analizan en este apartado, dicha falta se calificó como formal por la autoridad responsable, porque al omitir presentar oportunamente la agenda de eventos, cuestión que reconoce el actor, puso en peligro el bien jurídico, consistente en el adecuado control de recursos, sin afectarlo directamente como ocurrió en las anteriores vinculadas con el diversas operaciones, lo cual trae como resultado el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas de manera adecuada de los recursos de los entes políticos, cuestión que el recurrente no combate.

El recurrente parte de una premisa equivocada, cuando señala que al final de cuentas sí reportó las operaciones, pues lo cierto es que la conducta sancionada se relaciona con el deber de cuidado que debe atender al registrar oportunamente la agenda de actividades, con la finalidad de atender la naturaleza de fiscalización en tiempo real, cuya importancia fue explicada en este apartado, colocando únicamente en peligro el adecuado control de los recursos.

Contrariamente a lo alegado, la autoridad responsable fundó y motivó debidamente su determinación, ya que previó la respectiva calificación, las cuales no son controvertidas por el apelante, así como la determinación de la sanción a imponer, valoró las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se desarrolló, concluyendo que no existía dolo en su comisión, ni tampoco una reiteración de la conducta que implicara considerar que el partido fuera reincidente, o bien que hubiera obtenido un beneficio indebido; de ahí que no asista la razón al recurrente en este rubro.

La autoridad advirtió que, si bien se registraron actos públicos desde el cinco de marzo, lo cierto es que fue de forma extemporánea, lo cual dificultó su fiscalización, desde la perspectiva de atender al cumplimiento de obligaciones en tiempo real, considerar la conducta como una falta de cuidado que puso en peligro del bien jurídico tutelado, cuestión que no es combatida por el partido recurrente.

Así, la responsable consideró que con la irregularidad detectada en la conclusión 9, el apelante vulneraba lo dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización[13].

Cabe indicar que el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la realización de diversas conductas era el peligro en llevar un adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes políticos, por lo que las infracciones impuestas (en conjunto), no acreditaban la vulneración de los recursos públicos recibidos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de un adecuado control de rendición de cuentas, de ahí que exista congruencia entre el bien jurídico tutelado y lo resuelto por la responsable.

Ahora bien, al individualizarse la sanción, la responsable calificó la falta como leve, considero el bien jurídico tutelado, resolvió que MORENA no era reincidente, que contaba con la capacidad económica suficiente para enfrentar la imposición de una sanción; argumentó que el monto involucrado no es un elemento exclusivo para determinar el monto de la sanción en las 9 faltas formales, sino solo uno de los parámetros que se consideran al momento de imponerla, debiendo atenderse a la naturaleza de las faltas implicadas.

En tal virtud, no sólo consideró el monto involucrado, sino diversas circunstancias como la comisión intencional o culposa de la falta, la trascendencia de las normas transgredidas, la reincidencia y la pluralidad, entre otros elementos.

Así, consideró que la sanción prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción II, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales[14], consistente en una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, (ahora Unidad de Medida y Actualización) es la idónea para cumplir una función preventiva general y fomentar que el participante de la comisión se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras, fijando una multa global por 9 conclusiones, entre ellas la que nos ocupa, por la cantidad de $6,794.10 (seis mil setecientos noventa y cuarto pesos 10/100).

De ahí que no le asista la razón al impetrante por cuanto hace al supuesto de que se le impuso una sanción sin tomar en cuenta diversos factores relacionados con la individualización de la sanción, como es la consideración del bien jurídico tutelado, o la ausencia de dolo, pues como se señaló que no se acreditaba el uso indebido de recursos públicos sino el incumplimiento de la obligación del adecuado control de rendición de cuentas.

En las relatadas circunstancias es que debe desestimarse los agravios relativos a la conclusión 9.

Tema 3. Indebida motivación por falta de certeza en los elementos que tomó en cuenta para sancionarlo por gastos no reportados en eventos públicos. (Conclusiones 12, 13, 20 y 21).

Con relación a las conclusiones 12, 13, 20 y 21 el partido señala que existe una indebida motivación y afectación a la certeza que deben regir en este tipo de procedimientos.

Los agravios referidos a la supuesta falta de motivación pueden dividirse a su vez en los siguientes tópicos:

3.1           Falta de razonamiento por parte de la autoridad responsable para explicar por qué arriba a las cantidades de banderas, banderines, playeras, camisas y gorras como gastos no reportados, razonamiento que no se advierte del desglose de información que proporciona ésta.

3.2           Los planteamientos de la autoridad son genéricos, desprendidos de las visitas de verificación en eventos públicos.

Por tanto, no existe certeza de cómo la autoridad responsable determinó las cantidades de diversos objetos que se reputaron al partido político posteriormente como gastos no reportados.

Para el actor, la falta de certeza citada impacta en que no debe tenerse por acreditada la comisión de la conducta infractora y su responsabilidad.

3.3           La autoridad no respetó el procedimiento de auditoría.

3.4           En cuanto al gasto relacionado con el dron, el partido indica que la autoridad no estableció ningún razonamiento que permitiera tener certeza de que el mismo fue contratado por dicho instituto político.

3.3.         Respecto a los diversos gastos señalados como reportados por la autoridad, el actor aduce que corresponden a propaganda genérica que no debe ser reputada como gasto no reportado en las precampañas.

3.4.         En relación a la conclusión 12 en cuanto a las playeras, de acuerdo a las imágenes de los anexos, indica que se observaron playeras solamente que tienen el logotipo de MORENA y no así de las precandidatas, de manera que puede tratarse de playeras que fueron elaboradas y distribuidas en eventos anteriores, y que pudieron haber sido reportados por el propio instituto político como por ejemplo en el reciente Congreso Nacional de noviembre de dos mil dieciséis, lo cual también aplica a las camisas y a las gorras reputadas como gasto no reportado.

Respecto a las conclusiones 20 y 21 no hay constancia de que la ropa descrita contenga identificación de las precandidatas, se trata de textiles reutilizables, de ropa propiedad de los asistentes que pudieron haber adquirido en años pasados.

Previo al análisis de estos tópicos debe tenerse presente que en términos del procedimiento de revisión del informe de precampaña correspondiente al proceso electoral local ordinario 2016-2017 en el Estado de México, la autoridad fiscalizadora remitió al partido político el oficio de errores y omisiones identificado con el número INE/UTF/DA-L/3012/17, y dicho instituto político expuso lo que consideró pertinente en el oficio CEE/Finanzas/FISCALIZACIÓN/PRE/010/2017, de fecha dos de abril del presente año.

Respecto a los apartados relacionados con la conclusión 12 la autoridad fiscalizadora en el oficio citado solicitó al partido político lo siguiente:

Previo a continuar con la contestación del partido político, es necesario referir que, con la finalidad de allegarse de todos los elementos para la substanciación del presente asunto, mediante acuerdo de veintitrés de junio del año en curso, la Magistrada Instructora requirió a la autoridad responsable el anexo 8 de referencia, así como las actas de visitas de verificación relacionadas con la conclusión 12, requerimiento que fue cumplimentado al día siguiente.

En el anexo 8, para esta Sala Superior es evidente que la autoridad fiscalizadora proporcionó al partido político los testigos de las actas de verificación correspondientes a los diversos eventos. Asimismo, facilitó al partido político un concentrado de los eventos y los hallazgos encontrados (gastos).

Ahora bien, en relación a dicha conclusión el partido MORENA realizó manifestaciones, en el escrito referido, respecto a los siguientes eventos:

En relación al evento realizado en el Estadio Neza 86 el partido contestó lo siguiente:

me permito desglosar de la siguiente forma el anexo 8:

En pleno ejercicio de las aclaraciones que a mi derecho convenga, se expresa lo siguiente; es importante precisar que el comprobante de pago que amparo estos gastos, como lo son; escenario con dimensiones  de 18 x 10 metros y con altura de 2 metros, lona panorámica de 18 x 8 metros, equipo de audio de 70 bocinas con sistema lineal, micrófonos, sillas de jardín de color blanco, lo fue a través de la factura número  13, misma que está debidamente soportada con la Póliza de Ingresos 25, este servicio fue brindado por SLOGISTICOS HMC NEGRETES DE RL DE C.V, para la producción del evento del día cinco de febrero del año dos mil diecisiete, en el lugar que se indica en la anterior tabla, por lo que, estos datos ya fueron debidamente proporcionados en puntos anteriores, sin embargo, es importante hacer notar a esta autoridad, que estos conceptos aparecen descritos en la referida factura con número de folio 13, de la cual se puede observar que estos gastos han sido debidamente reportados por parte de nosotros, pues se detalla de forma específica la renta de sillas, así como el concepto de producción, entendiéndose por dicho termino,  la realización de dicho evento con toda la logística posible, apelando al más amplio sentido de las palabras e interpretación de las mismas.

En relación a las banderas con la leyenda “Morena", de las propias evidencias que ustedes han agregado a este anexo, se puede percibir que no contienen el nombre o emblema alguno que se haya referido a las precandidatas que contendieron de manera interna en nuestro periodo de precampaña para la elección de Gobernador en el Estado de México, por tal motivo, esta propaganda fue utilizada fuera del radio de acción de algunas de nuestras precandidatas, pues de las mismas no se puede apreciar que hayan sido dirigidas hacia ellas, o que ellas hubiesen hecho dicho gasto, y que ahora se le trate de adjudicar, también lo cierto es que este tipo de propaganda es genérica, misma que los militantes o simpatizantes pudieron haber adquirido, cuando fueron a los eventos de nuestro partido en actividades ordinarias o bien compradas por sus propios recursos, por ende, en términos del numeral 212 interpongo un deslinde de gastos respecto a las referidas 3500 banderas con la leyenda "Morena", por no ser un gasto reconocido como propio, y para efecto de favorecer en este tiempo de precampaña, así que este deslinde, deberá surtir sus efectos, en pleno protección de nuestros derechos políticos electorales, pidiendo a esta Unidad sea valorada en el proyecto de dictamen consolidado, en razón de que esta propaganda debe ser considerada genérica, ya que de la misma se puede apreciar que se refiere al nombre de nuestro partido, no así que favorezca de manera directa algunas de nuestras precandidatas, así que este deslinde es oportuno en virtud de que en este acto se presenta ante la autoridad competente, asimismo es idóneo, en virtud de que de que se describe con precisión, el concepto, ubicación y temporalidad, además de que existen elementos necesarios para determinar y generar convicción de que los hechos así fueron, asimismo es eficaz en razón de que realizare actos tendentes al cese de la conducta, no obstante de que los verificadores estuvieron presentes en el lugar, pero es sorprendente que en las fotografías no se puede apreciar con certeza jurídica o un medio de prueba idóneo de que realmente estuviesen las 3500 banderas con la leyenda "Morena", ya que una autoridad debe ser asertiva pero con fundamento y medio de pruebas soportados para creer en lo que establece y manifiesta, desde luego no puede dejarse a la suerte o al libre albedrío, pues no viviríamos en un estado de derecho.

En relación a las mantas de 5 x 2 metros que se describen en esta misma tabla, para efectos de no ser repetitivos, estas se encuentran debidamente amparas con la factura A-F AB 39 y soportada con la póliza 30 de egresos.

Por lo que este punto queda debidamente subsanado.

Ahora bien, en relación a los hallazgos del evento efectuado en la Explana Municipal de Ixtapaluca, reprodujo el cuadro que a continuación se cita, y adujó lo siguiente:

En relación a este evento el comprobante de pago que ampara el gasto efectuado lo es la factura con número de serie y folio 83 que está debidamente soportada con la Póliza de Ingresos 25, en la cual se detalla los servicios de logística.

Exceptuando de estos los siguientes; 200 banderas con la leyenda "Morena", 1 mantas de 8 x 4, 200 banderines blancos 30 x30 cm, 50 playeras vino leyenda morena, 20 Playeras Gris con leyenda Morena, 10 chalecos negros con Leyenda morena, 50 Gorras color vino, 20 Gorras Grises, Camisas Blancos con leyenda Morena, ello en razón  de  que al momento de que se levantara el acta correspondiente se hizo del debido conocimiento a la autoridad del deslinde de gastos por estos conceptos, por parte de la persona que representó a nuestro partido en dicha diligencia, en razón de que los mismos no son gastos propios de la precampaña, o que algunos de los precandidatos los hubiere erogado para favorecerse del proceso interno de elección, siendo  esto  la esencia de esta etapa que nos encontramos, pues no se puede considerar propaganda o gasto  ejercido de pre campaña una gorra,  playera, chaleco, camisa, que  en  ella  específicamente no se promociona ninguna de  las precandidatas que contendieron de manera interna en nuestro proceso de elección, ahora  bien, de  las evidencias recabadas no se puede atribuir a ninguna de la precandidatas que este tipo de conceptos, llamados por ustedes gastos no reportados, les favoreciera en el periodo de precampaña por ende al no establecerse de manera clara y directa en las referidas evidencias, que hayan favorecido alguna de nuestra precandidatas, lo que conforme   derecho corresponde que se deje de tomar en cuenta esto como gasto no reportado y se establezca que al no favorecer a ninguna de las precandidatas, se debe dejar de observar, pues este tipo de situaciones aleja el objetivo, esencia, del propio procedimiento en que nos encontramos y etapa, por lo que, en su momento le pido se valoren los argumentos hechos valer en este momento, sean tomados en cuenta al momento de emitir el dictamen consolidado.[15]

Respecto a los hallazgos del evento llevado a cabo en la explanada Municipal de Chalco de Díaz Covarrubias, el partido político señaló:

En cuanto al evento que se llevó a cabo en la explanada Municipal de Chalco de Díaz Covarrubias, Colonia Centro, en Chalco estado de México,  el día uno de marzo del año dos mil diecisiete,  he de hacer del conocimiento que ya se encuentra reportado ante el Sistema Integral de Fiscalización el gasto que se originó por este evento y el mismo lo fue a través de la factura con número de folio y serie 84 y debidamente soportado en la Póliza de Egresos 25, tal y como se ha señalado en diversos puntos de este oficio, que por este medio se contesta,  pero asimismo se hace del pleno conocimiento que dentro del gasto no reportado ustedes tratan de adjudicar conceptos que se cubren por el mismo pago de la logística, y que de otra forma si entendemos el término logística según lo publicado por la Real Academia Española (RAE) como el «conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de una empresa o de un servicio, especialmente de distribución». Por ende, la logística comprende, gestión y administración de actividades, proporcionando bienes y servicios para la realización de la prestación, por ende, dentro de este evento existen conceptos propios que se desprenden de la función propia de la logística, como son los siguientes:

20 Camisas Blancos con leyenda Morena

1 Escenario con estructura metálica de 18 x 10 metros

1 Un templete de metal de 7x15x1.70 de altura

3500 Sillas plegables color negro

4 Vallas metálicas de 1.50x1 mts

3 Pantallas de 4x4 mts

24 Sub-bufer

14 Amplificadores de 1 x50

2 Bocinas de 70x40

1 Planta de luz de dimensiones de 2mts x 80 cm, colocada cada en el interior de la caja de una camioneta de 3 1/2 Toneladas.

1 Pódium de acrílico de 1.20 mts de altura

2 Micrófonos alámbricos.

2 Camiones de baños portátiles

1 Equipo de sonido con amplificador, ecualizador, mezcladora y dos laptops

8 Lonas de 12x10 mts con 6 tubulares

Estos conceptos que son propios de la logística misma que en su momento se deben tomar en cuenta al momento de emitir el dictamen consolidado.

Ahora bien, es importante detallar que de igual forma como se expuesto con anterioridad este tipo de conceptos no favorecen a ninguna de las precandidatas que contendieron de manera interna en nuestro proceso de elección, como lo son los siguientes:

1500.- Banderines blancos de tela de 50x30 con la leyenda "Morena la esperanza de México 12 de marzo.

50 Chalecos color vino con la leyenda "Morena los volcanes" colocado en la parte trasera.

20 Camisas de cuello redondo, manga corta, color gris, estampada en la parte posterior con la leyenda "afíliate a morena".

20 Camisas de cuello redondo, manga larga, color gris, estampada en la parte posterior con la leyenda "Logística, afíliate a morena"

20 Gorras de tela de color gris con un bordado en la parte frontal "Morena Estado de México"

100 Gorras color vino con un estampado frontal "Morena".

10 Chalecos negros bordados en la parte posterior con la leyenda " Morena Estado de México, Pueblo Organizado.

50 Playeras de cuello redondo, manga corta, color negro, estampada con la leyenda "Morena Chalco, 12 de marzo" (colocado en la parte posterior).

1500 Playeras blancas de cuello redondo con la leyenda "Morena Chalco"

Por lo que, se le pide a esta Unidad Técnica de Fiscalización que este tipo de propaganda es genérica, ya que se vuelve a insistir no favorece a ninguna de nuestras precandidatas, pues en ellas no tiene ninguna inserción que establezca su nombre o se relacionen con ellas.

En relación a este punto, es importante mencionar que puntos atrás de la contestación a este punto se hizo la manifestación correspondiente que este tipo de lonas ya están debidamente justificadas y se ha reportado al SIF.

1 lona de 6x4 mts con la imagen de Delfina Gómez y Andrés Manuel López Obrador, con la leyenda "Delfina precandidata a Gobernadora del Estado de México Morena"

En relación a este gasto no reportado el mismo ya se encuentra toda la información correspondiente en el SIF.

1.- banda de viento de 11 personas "La imparable Banda Reyes de Sta María"

1    Lona de 12x5 con la leyenda "Ángel Aburto apoya a Delfina Gómez"

1.- Lona DE 6X2 con la leyenda "12 de marzo presente con Delfina Gómez"

200.- Camiones de las rutas 71, 94, 63, 56, 50 y 62

200 Box lunch (jugo torta y fruta)

En cuestión a estos volantes ya en puntos anteriores ha quedado debidamente establecido la póliza que los ampara.

4000.- volantes (dípticos) con la imagen de Delfina Gómez y la leyenda "para un mejor estado caminemos juntos, Delfina precandidata gobernadora Estado de México Morena" tamaño oficio.

Ahora esta situación se vuelve a repetir este evento que se llevó a cabo en la en la (sic) póliza Explanada Municipal; Av. Alfredo del Mazo S/N Col. Alfredo Barander, en Valle de Chalco Estado de México, está debidamente reportado con la factura 84 y la póliza de ingresos marcado como 25, ya que ampara la logística de estos eventos que se describen a continuación.

Ahora bien, en este momento desconocemos estos conceptos y pedimos a esta Unidad Técnica de Fiscalización que no considere estos conceptos en razón de que los mismos, no son erogados por parte de alguna de nuestras candidatas ni mucho menos se favorecen con ella, sino simplemente se trata de una propaganda genérica en la cual hace alusión a nuestro partido político, pero no así, para las precandidatas.

En relación a este concepto el mismo ha quedado debidamente atendido, pues ya se ha especificado el origen y forma de pago.

Respecto a los hallazgos encontrados en el evento de la Explanada Municipal, Avenida Puebla y Luis Cerón, Los Reyes La Paz, Estado de México, el partido recurrente refirió:

Del mismo este acto público fue cubierto con la factura 83 y que su soporte es la póliza de ingresos 25, por el concepto de logística, abarcando todos estos conceptos que paso a describir;

En relación a estos conceptos ya se reportaron debidamente ante el SIF en puntos anteriores.

Conceptos que son propaganda genérica, como ya se ha establecido con anterioridad y que mismo pedimos sea valorados al momento de emitir el dictamen consolidado, por no haber sido erogados con dinero propio y destinados a favorecer alguna de las precandidatas en el periodo de precampaña.

En relación a estos conceptos los mismos ya han sido debidamente atendidos y se ha justificado ante el SIF.

En relación a los hallazgos encontrado en el evento que se llevó a cabo Explanada Municipal Chimalhuacán, el partido político manifestó.

Del mismo modo que el anterior está el gasto reportado además de que se ampara el pago con la factura 83, el soporte se encuentra en la póliza de ingresos 25, por lo que se atiende a este punto de gasto que se tenía como reportado, ya que de la misma factura se percibe por el concepto de logística. Asimismo, en este evento podemos observar que existe propaganda genérica,  que  de cualquier forma pedimos sea valorada en el momento de emitir el dictamen consolidado, en virtud de que no se reconocen lo que la autoridad pretende, esto es así en razón de que los conceptos que señala ahí, además de que en ningún momento se apega a los principios de contabilidad, como lo es la ser exhaustivos en cuestión a la auditoria, ahora bien en este concepto señala un espectacular móvil mismo que en el que se puede apreciar que se refiere a Andrés· López Obrador, es decir, hay gastos que no corresponden a la precampaña o al periodo de la misma, pues en ella no se detecta que favorezca alguna  de la precandidatas que habíamos tenido en el periodo de precampaña, por lo que hace, a los trípticos los mismos ya se han justificado en punto anteriores. Por lo que en su momento pido se valore todas y cada una de las manifestaciones que en derecho realizo, se tomen y valoren las manifestaciones vertidas por la C. Angélica Pérez Cerón, en el momento en que se celebró el acta correspondiente, pues manifestó un deslinde de propaganda, por lo que ha existido buena fe por parte del partido, y que en su momento no se pretende ocultar ningún gasto.

En relación a los hallazgos encontrados en el evento celebrado en la Explanada Municipal del Ecatepec de Morelos, Estado de México, el partido político señaló que:

Se repite la situación que el anterior, ya que este evento público fue debidamente cubierto con la factura número de serie y folio 83, y debidamente soportado por la póliza de ingresos 25, por lo que se atiende a este punto de gasto que se tenía como reportado, pues se hizo el pago correspondiente por la logística, pues se puede desprender que la mayoría de estos puntos corresponden a la logística como se puede percibir de la propia tabla que se agrega;

Sin embargo, se hace la manifestación que en derecho corresponde, causa cierta suspicacia de qué forma es que el visitador según en el acta correspondiente tuvo la capacidad e ingenio para hacer una contabilidad exacta de las cantidades de cada concepto que verifico, asimismo, es indispensable disipar lo siguiente, según ustedes están tratando de que justifique algo imposible, ello en razón de que una cámara fotográfica de la marca canon con tripié, esta pudo haber sido de la prensa, el periodismo es libre, y no se me debe tomar como un gasto, la autoridad debería ser más exhaustiva en relación a visitas, pues no puede dejar cosas que se sobre entiendan, pues no es justo ni conforme a derecho este tipo de cuestionamiento, así como todo el tipo de propaganda que tiene el carácter de genérico,  como los 3500 banderines que dicen puro pueblo organizado, pues en esencia ese tipo de gasto no puede considerarse como no reportado pues en ningún momento ese tipo de propaganda favorece a las precandidatas, que contendieron de manera interna. Por lo que se pide se valore todo al momento del emitir el dictamen consolidado.

De igual forma, respecto a los hallazgos relacionados con el evento en Zinacantepec, Estado de México, MORENA respondió:

…este evento está debidamente pagado por la factura 77, y el soporte lo es la póliza de ingresos 25, por lo que se da cabal cumplimiento a este evento.

En relación a la manta es de hacer del conocimiento que puntos atrás se hizo la observación de en donde se encontraba reportado ese gasto, en relación a las camionetas que ahí se describen las mismas son en la que (sic) la empresa que brindo el servicio, por lo que, ese gasto no se me debe obligar a justificarlo, en razón de que conforme a derecho, se me estaría obligando a reportar lo imposible, por lo que hace a las 25 banderas, se hace del conocimiento que estas tienen la calidad de genéricas, en virtud de que en ellas no favorecen a ninguna de las precandidatas, más bien hacen alusión a nuestro partido político, en relación a los chalecos, este gasto ya ha sido reportado al SIF con la evidencia correspondiente, en relación a los folletos estos ya fueron debidamente atendidos en puntos antes expuestos, pido se tome en cuenta mis manifestaciones que en derecho corresponde al momento de emitir su dictamen consolidado.

En relación a los hallazgos del evento en el Municipio de Atlacomulco, Estado de México, refirió:

…este evento está debidamente pagado por la factura 78, y el soporte lo es la póliza de ingresos 25, teniendo así que se justifica este punto, en relación a los camiones, asimismo se ha  subido la evidencia correspondiente, la forma de pago, en relación a las 100 banderas las mismas no es justo que se tomen como un gasto no reportado cuando este gasto no se realizó ni mucho menos se hizo un gasto por este concepto, siendo evidente y utilizando la razón si se hiciera propaganda de precampaña, se anunciarían en ella, a cualquiera de nuestras precandidatas, situación que no aconteció las banderas que describe pueden ser adquiridas por sus propios medios o haber sido entregadas de los eventos que el partido tiene como parte de sus actividades específicas u ordinarias, pues en los mismos eventos se ha observado y la evidencia nos dice que hay playeras que no corresponden a la precampaña hablan de grupos, del partido, o de jóvenes, por lo que, el hecho de obligarme a justificar un gasto que no hice y que además es imposible, pido se resuelva conforme a derecho y pido se valoren mis manifestaciones al momento de emitir el dictamen consolidado.

Finalmente, respecto a los hallazgos del evento de la Explanada Municipal de lxtlahuaca, Estado de México, el partido político señaló:

…este evento está debidamente pagado por la factura 79, y el soporte lo es la póliza de ingresos 25.

Es importante mencionar que los gastos que dice aquí no coinciden con el acta levantada de hechos derivado de las visitas, pues en los hechos es evidente que se trata de un hecho diverso no atribuible a nuestro partido, ya que hasta en la misma acta, no expresa que haya existido una banda, y de las evidencias no se desprende nada de lo que aquí se me pide, ni mucho menos la cantidad de folletos que dice ahí coinciden con el acta levantada por el visitador, asimismo, en este evento no hubo periódicos de regeneración eso no dice el acta ni las evidencias, asimismo no menciona chalecos ni en la evidencia existe tales situaciones, del mismo modo corren con la misma suerte la supuestas banderas de tela, como ya lo había mencionado la banda, las bocinas que menciona, las dos camionetas, cámaras de video, no existe evidencia, que acredite que se utilizó en el evento, siendo así que no existe una verdadera congruencia, pues de la lectura del acta que levantara el propio visitador se puede apreciar que no se acredita ni tiene relación lo que esta unidad técnica de fiscalización, aquí me pide, lo que sí es evidente, es que en ningún momento han respetado la forma correcta de la auditoria en el presente informe de precampaña, si no que se denota una ligereza en el mismo, y ahora en esta parte de este punto hasta una alteración de los hechos, y que me quieren obligar a justificar cosas que no ocurrieron así ni mucho menos su evidencia demuestra que haya pasado, pues existe una incongruencia con lo registrado en el acta del visitador de la propia unidad, con lo acontecido en este evento, por lo tanto, no es justificable que la autoridad no ponga el empeño en su función, y claro que es hacer notar que aun cuando no había recibido información de terceros, ellos emitieron un oficio de errores y omisiones, mismo que pone en peligro los derechos políticos electorales de nuestro partido, pues nunca espero a recibir la información de proveedores para así hacer un cruce correcto, sin embargo,  he recabado mi evidencia de ese evento la he adjuntado y acreditado de qué forma se pagó.

En el dictamen consolidado, a partir de la información presentada en el SIF por el sujeto obligado, la autoridad fiscalizadora determinó lo siguiente:

Por lo que se refiere al punto (1) en la columna de “Referencia Dictamen” del Anexo 3 del presente dictamen se constató que el sujeto obligado registró correctamente los gastos soportados con la documentación correspondiente; por tal razón, la observación quedó atendida.

Referente al punto (2) en la columna de “Referencia Dictamen” del Anexo 3 del presente dictamen, aun cuando el sujeto obligado reportó gastos de los eventos, omitió reportar, 4,437 banderas, 12,200 banderines, 2,290 playeras, 230 camisas y 2,390 gorras, 14 camiones sanitarios y un dron utilizados; por tal razón, la observación no quedó atendida.

En el anexo 3 que se señala en el dictamen se referenciaron los conceptos que quedaban atendidos y aquellos que no. Tal anexo se reproduce a continuación:

De ahí, determinó en el anexo 3 que en suma los gastos que no fueron reportados son los identificados con el numeral 2.

En ese tenor, en el dictamen consolidado se indica que aun cuando el partido político obligado en su respuesta aludió varias veces a que presentó un escrito de deslinde respecto a estos gastos, este escrito no fue presentado en las oficinas de la Unidad Técnica de Fiscalización.

De igual manera, respecto a la propaganda genérica en el dictamen se alude a la Tesis XXIV/2016 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro PROPAGANDA GENÉRICA. LOS GASTOS REALIZADOS DURANTE LAS PRECAMPAÑAS Y CAMPAÑAS SON SUSCEPTIBLES DE PRORRATEO, en la que se precisa que de conformidad con lo establecido en el artículo 83, de la LGPP, así como 29, 32, 32 bis, 195, 216 y 218, del Reglamento de Fiscalización del INE si bien los partidos políticos pueden difundir propaganda genérica fuera de los periodos de precampaña y campaña, en caso de que no sea retirada al iniciar esas fases de la etapa de preparación del procedimiento electoral y permanezca durante la precampaña o campaña, los gastos deben ser contabilizados y prorrateados entre las precampañas o campañas beneficiadas, para cuya determinación, es necesario atender al ámbito geográfico donde se coloca o distribuye la propaganda de cualquier tipo y tomar en consideración las precampañas o campañas que se desarrollen.

Posteriormente a ello, la Unidad Técnica procedió a cuantificar los ingresos y gastos no reportados arribando a la conclusión que las 4,437 banderas, 12,200 banderines, 2,290 playeras, 230 camisas y 2,390 gorras, 14 camiones sanitarios y un dron detectados en los eventos y plazas públicas, están valuados en $ 1,299,691.20 (un millón doscientos noventa y nueve mil seiscientos noventa y un pesos 20/100 M.N.)

Respecto a la conclusión 13 relacionada con que el sujeto obligado omitió reportar propaganda por concepto de perifoneo, el cual fue valuado por $4,640.00 (cuatro mil seiscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), la autoridad fiscalizadora en el oficio de errores y omisiones correspondiente señaló que del monitoreo de anuncios espectaculares y propaganda colocada en la vía pública, con base en el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos (SIMEMI), se obtuvieron muestras de anuncios espectaculares y propaganda colocada en la vía pública en el Estado de México; con el propósito de conciliar lo reportado por los partidos políticos en los informes de precampaña contra el resultado del monitoreo realizado durante el proceso electoral local ordinario 2016-2017, correspondiente a la precampaña al cargo de gobernador.

Derivado de este monitoreo se detectó propaganda (anexo 4) que no fue reportada, la cual fue hecha de conocimiento al actor, entre esta un vehículo con perifoneo y propaganda relacionada en el reporte de recorrido de dos de marzo de dos mil diecisiete, en el Municipio de Ecatepec Morelos, Llano de Morelos, Calle Avenida Central, entre las calles Martín García y 11 de septiembre, Código Postal 55055, frente al estacionamiento de Maxibus Palomas, en el Distrito local VIII.[16]

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, le notificó al partido la observación antes citada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-L/3012/17 de veintiséis de marzo de dos mil diecisiete, recibido por MORENA el mismo día.

Así, mediante escrito recibido el dos de abril de dos mil diecisiete, MORENA manifestó lo que a la letra se transcribe:

En respuesta al presente punto se hace del conocimiento que ante el SIF se presentó ya el registro de la propaganda sustentada su evidencia en el anexo 04, aclarando que este punto se encuentra estrechamente relacionado con los puntos 5 y 6 de la presente contestación, por lo cual las facturas que a continuación se enlistan dan respuesta al presente punto, así como las relaciones, muestras, evidencias y permisos se encuentran sustentados en el anexo 04. Por tal motivo este punto queda debidamente atendido.

Del análisis a la documentación presentada en el SIF, la autoridad fiscalizadora constató que el sujeto obligado registró los gastos de propaganda detectados durante el monitoreo realizado en la propaganda colocada en la vía pública, presentando la documentación correspondiente a pegotes, microperforados, lonas, bardas y trípticos, por tal razón la observación quedó atendida respecto de este punto.

Sin embargo, respecto de la propaganda que corresponde a un perifoneo, se indicó que el sujeto obligado en su respuesta no se pronunció del mismo, asimismo persistió la omisión del registro contable correspondiente; por tal razón, la observación quedó no atendida, por lo que determinó que el partido político omitió reportar un gasto por concepto de perifoneo valuado en $4,640.00 (cuatro mil seiscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), incumplió con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de LGPP y 127 del Reglamento de Fiscalización.

Derivado de lo anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización, a través del procedimiento de determinación del costo, cuantificó los ingresos y egresos no reportados por Morena, concluyendo que el gasto no reportado está valuado en $4,640.00 (cuatro mil seiscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.)

Respecto a la conclusión 20 consistente en que el sujeto obligado omitió reportar los 124 testigos correspondientes a la propaganda genérica detectada por el IEEM, dicha conclusión está relacionada con el apartado de solicitud de información con terceros, y deriva de que con fecha nueve de marzo de dos mil diecisiete el IEEM mediante oficio número IEEM/CE/PTP/035/2017 proporcionó al INE información del primero y segundo informes quincenales de monitoreo de medios de comunicación alternos por el periodo de precampañas[17], en los cuales se detectó propaganda del sujeto obligado que no fue reportada en el informe correspondiente. Dichos casos se detallaron al actor por la Unidad Técnica de Fiscalización en el oficio de errores y omisiones, mediante el anexo 9.