RECURSO DE APELACIÓN

EXPEDIENTE: SUP-RAP-179/2014

RECURRENTE: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

MAGISTRADO PONENTE: FLAVIO GALVÁN RIVERA

SECRETARIO: GENARO ESCOBAR AMBRIZ

México, Distrito Federal, a seis de febrero de dos mil quince.

VISTOS, para resolver, los autos del recurso de apelación identificado con la clave de expediente SUP-RAP-179/2014, promovido por el Partido Revolucionario Institucional, en contra del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a fin de controvertir la resolución identificada con la clave INE/CG217/2014, de veintidós de octubre de dos mil catorce, “… RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y EGRESOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DOS MIL TRECE”, y

R E S U L T A N D O:

I. Antecedentes. De la narración de hechos que el partido político recurrente hace en su escrito de demanda, así como de las constancias que obran en autos del recurso al rubro indicado, se advierte lo siguiente:

1. Reforma constitucional en materia político-electoral. El vigente artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado B, párrafo penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones, publicado el diez de febrero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación, establece que corresponde al Consejo General del Instituto Nacional Electoral la facultad de fiscalizar las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los candidatos.

2. Informe anual de dos mil trece. El dos de abril de dos mil catorce, el Partido Revolucionario Institucional presentó su informe anual de ingresos y egresos, correspondiente al ejercicio dos mil trece.

3. Reforma legal. El veintitrés de mayo de dos mil catorce se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se expidió la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en cuyo Libro Cuarto, Titulo Segundo, Capítulos IV y V, se establecen, respectivamente, el ámbito de competencia de la Comisión de Fiscalización y de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.

4. Integración de la Comisión de Fiscalización. El seis de junio de dos mil catorce, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la integración de la Comisión de Fiscalización.

5. Normas de transición en materia de fiscalización. El nueve de julio de dos mil catorce, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el acuerdo identificado con la clave INE/CG/93/2014, por el que determinó las normas de transición aplicables en materia de fiscalización.

6. Dictamen consolidado. El ocho de octubre de dos mil catorce, la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral aprobó el proyecto de Dictamen consolidado que presentó la Unidad Técnica de Fiscalización, con motivo de la revisión del Informe Anual 2013, presentado por los partidos políticos nacionales, así como el proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto de las irregularidades encontradas en el citado Dictamen Consolidado.

Los proyectos fueron aprobados por unanimidad de votos, en lo general, respecto de la conclusión 64 del dictamen del Partido Revolucionario Institucional y su correspondiente sanción, se declaró empate en la votación.

7. Acuerdo controvertido. En sesión de veintidós de octubre de dos mil catorce, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG217/2014, “… RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y EGRESOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DOS MIL TRECE”.

En lo que interesa, el punto resolutivo segundo del acuerdo mencionado es al tenor siguiente:

SEGUNDO. Por razones y fundamentos expuestos en el considerando 10.2 de la presente Resolución, se imponen al Partido Revolucionario Institucional, las siguientes sanciones:

a) Una multa consistente en 3,545 (tres mil quinientos cuarenta y cinco) días de salario mínimo diario general vigente para el Distrito Federal en el dos mil trece, equivalente a $229,574.20 (doscientos veintinueve mil quinientos setenta y cuatro pesos 20/100 M.N.), por 47 faltas formales.

b) Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 58, 72 y 89

Conclusión 58

Una multa consistente en 2,792 (dos mil setecientos noventa y dos) días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal para el ejercicio dos mil trece, equivalente a $180,809.92 (ciento ochenta mil ochocientos nueve pesos 92/100 M.N.).

Conclusión 72

Una multa consistente en 7,663 (siete mil seiscientos sesenta y tres) días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal para el ejercicio dos mil trece, misma que asciende a la cantidad de $496,255.88 (cuatrocientos noventa y seis mil doscientos cincuenta y cinco pesos 88/100 M.N.).

Conclusión 89

Una multa consistente en 1,398 (mil trescientos noventa y ocho) días de salario mínimo diario general vigente para el Distrito Federal en el dos mil trece, equivalente a $90,534.48 (noventa mil quinientos treinta y cuatro 48/100 M.N.).

c) Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 84

La reducción del 0.26% (cero punto veintiséis por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $2,648,925.92 (dos millones seiscientos cuarenta y ocho mil novecientos veinticinco pesos 92/100 M.N.).

d) Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 93

La reducción del 0.15% (cero punto quince por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $1,546,705.50 (un millón quinientos cuarenta y seis mil setecientos cinco pesos 50/100 M.N.).

e) Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 97

Una multa consistente en 9,309 (nueve mil trescientos nueve) días de salario mínimo diario general vigente para el Distrito Federal en el dos mil trece, equivalente a $602,850.84 (seiscientos dos mil ochocientos cincuenta pesos 84/100 M.N.).

f) Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 24, 25, 27, 61, 64, 77 y 95

Conclusión 24

Una multa consistente en 672 (seiscientos setenta y dos) días de salario mínimo diario general vigente para el Distrito Federal en el dos mil trece, equivalente a $43,518.72 (cuarenta y tres mil quinientos dieciocho pesos 72/100 M.N.).

Conclusión 25

Una multa consistente en 398 (trescientos noventa y ocho) días de salario mínimo diario general vigente para el Distrito Federal en el dos mil trece, equivalente a $25,774.48 (veinticinco mil setecientos setenta y cuatro pesos 48/100 M.N.).

Conclusión 27

La reducción del 0.09% (cero punto nueve por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $938,580.94 (novecientos treinta y ocho mil quinientos ochenta pesos 94/100 M.N.).

Conclusión 61

Una multa consistente en 8,615 (ocho mil seiscientos quince) días de salario mínimo diario general vigente para el Distrito Federal en el dos mil trece, equivalente a $557,907.40 (quinientos cincuenta y siete mil novecientos siete pesos 40/100 M.N.).

Conclusión 64

La reducción del 0.46% (cero punto cuarenta y seis por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $4,747,793.61 (cuatro millones setecientos cuarenta y siete mil setecientos noventa y tres 61/100 M.N.).

Conclusión 77

Una multa consistente en 3,397 (tres mil trescientos noventa y siete) días de salario mínimo diario general vigente para el Distrito Federal en el dos mil trece, equivalente a $219,989.72 (doscientos diecinueve mil novecientos ochenta y nueve pesos 72/100 M.N.).

Conclusión 95

La reducción del 0.64% (cero punto sesenta y cuatro por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $6,600,000.00 (seis millones seiscientos mil pesos 00/100 M.N.).

g) Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 20

La reducción del 0.25% (cero punto veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $2,557,100.00 (dos millones quinientos cincuenta y siete mil cien pesos 00/100 M.N.).

h) Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 40 y 43.

Conclusión 40

La reducción del 0.07% (cero punto cero siete por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $759,220.00 (setecientos cincuenta y nueve mil dos cientos veinte pesos 00/100 M.N.).

Conclusión 43

La reducción del 0.66% (cero punto sesenta y seis por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $6,832,980.00 (seis millones ochocientos treinta y dos mil novecientos ochenta pesos 00/100 M.N.).

II. Recurso de apelación. Disconforme con la resolución identificada con la clave INE/CG217/2014, precisada en el apartado siete (7), del resultando primero (I) que antecede, el treinta y uno de octubre de dos mil catorce, el Partido Revolucionario Institucional, por conducto de su representante ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, presentó, en la Oficialía de Partes de la Secretaría Ejecutiva del mismo Instituto, escrito por el cual promovió recurso de apelación.

III. Trámite y remisión de expediente. Llevado a cabo el trámite correspondiente, el cinco de noviembre de dos mil catorce, el Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral remitió, mediante oficio INE/SCG/3362/2014, recibido en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior el mismo día, el expediente INE-ATG-125/2014, integrado con motivo del recurso de apelación promovido por el Partido Revolucionario Institucional.

Entre los documentos remitidos obran el escrito original de demanda de apelación y el respectivo informe circunstanciado.

IV. Registro y turno a Ponencia. Por proveído de cinco de noviembre de dos mil catorce, el Magistrado Presidente de esta Sala Superior acordó integrar el expediente SUP-RAP-179/2014, con motivo de la promoción del recurso de apelación mencionado en el resultado II que antecede.

En su oportunidad, el expediente fue turnado a la Ponencia del Magistrado Flavio Galván Rivera, para los efectos previstos en el artículo 19, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

V. Radicación. Por auto de seis de noviembre de dos mil catorce, el Magistrado Flavio Galván Rivera acordó la radicación, en la Ponencia a su cargo, del recurso de apelación que motivó la integración del expediente SUP-RAP-179/2014, para su correspondiente substanciación.

VI. Admisión. Mediante proveído de dieciocho de noviembre de dos mil catorce, el Magistrado Flavio Galván Rivera, al considerar que estaban satisfechos los requisitos de procedibilidad, admitió la demanda de recurso de apelación que se resuelve.

VII. Cierre de instrucción. Por auto de seis de febrero de dos mil quince, al no existir diligencia alguna pendiente de desahogar, el Magistrado Instructor declaró cerrada la instrucción, con lo cual el recurso quedó en estado de resolución, ordenando formular el respectivo proyecto de sentencia, y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Competencia. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es competente para conocer y resolver el medio de impugnación al rubro indicado, con fundamento en los artículos 41, párrafo segundo, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción I, inciso a), y 189, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 40, párrafo 1, inciso b) y 44, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque se trata de un recurso de apelación promovido por un partido político para controvertir un resolución emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, órgano central de esa autoridad electoral administrativa.

SEGUNDO. Marco normativo. Como cuestión previa, se debe precisar que el ordenamiento jurídico sustantivo que servirá de base para resolver la controversia planteada, es el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y no así la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por las razones siguientes.

Es el caso que el veintitrés de mayo de dos mil catorce, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y se abrogó el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales publicado en el mismo diario el catorce de enero de dos mil ocho, así como sus reformas y adiciones.

En el particular, el Partido Revolucionario Institucional controvirtió la resolución relativa a la revisión de los informes de los ingresos y gastos de los partidos políticos correspondiente al dos mil trece, es decir, de un ejercicio anterior a la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En consecuencia, dado que la revisión de los informes es respecto del año dos mil trece, durante la vigencia del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales actualmente abrogado, se debe aplicar ese ordenamiento legal para la resolución del recurso de apelación en que se actúa.

Al efecto, se debe precisar que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el Acuerdo INE/CG93/2014 por el cual se determinan normas de transición en materia de fiscalización y que establece en el punto de Acuerdo SEGUNDO, inciso b), fracción III, lo siguiente:

SEGUNDO.- Se aprueban las normas de transición en materia de fiscalización en los términos siguientes:

(…)

b) Por lo que hace a las normas de transición competenciales.

I…

II…

III.- La Unidad Técnica de Fiscalización revisará los informes anuales correspondientes al origen, aplicación y destino de los recursos de los partidos políticos y agrupaciones políticas nacionales correspondientes al ejercicio 2013 con base en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y el Reglamento de Fiscalización vigente.

No obstante lo anterior, la presentación del Dictamen Consolidado y el respectivo proyecto de Resolución se presentarán ante el Consejo General en septiembre de 2014, por lo que deberán ser aprobados por la Comisión de Fiscalización, de conformidad con el inciso h) del artículo 192, numeral uno de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Además, en el artículo tercero transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos, se prevé que los asuntos que estén en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, serán resueltos conforme a las normas vigentes al momento de su inicio.

Finalmente, esta Sala Superior no advierte disposición sustantiva alguna de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en vigor a partir del veintitrés de mayo del dos mil catorce, cuya aplicación retroactiva pueda ser más benéfica para el justiciable, que las disposiciones sustantivas del código electoral abrogado, ni tampoco obra en autos afirmación alguna de las partes en ese sentido.

TERCERO. Conceptos de agravio. En su escrito de demanda, el partido político recurrente expresa los siguientes argumentos como conceptos de agravio:

AGRAVIOS

PRIMERO.- Causa agravio al Partido Revolucionario Institucional la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, pues es violatoria de lo dispuesto en los artículos 14; 16; 17; y 41, párrafo segundo, base V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en virtud de que, desde nuestra perspectiva, la resolución que se combate carece de la debida fundamentación y motivación, principios constitucionales que obligan a que todo acto de autoridad, incluyendo las resoluciones que emita el Instituto Nacional Electoral, satisfaga el requisito de contar con una fundamentación y motivación correcta, suficiente y debida.

En efecto, causa agravio a mi representado el hecho de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral haya efectuado un análisis equívoco, incompleto y sesgado del Informe Anual de Ingresos y Egresos, correspondiente al ejercicio de 2013 (lo que significa una indebida motivación de la resolución reclamada) por lo que, en nuestro concepto, se vulnera de manera preponderante el principio de legalidad que se encuentra obligada a observar la autoridad responsable.

Se sostiene lo anterior en virtud de que indebidamente (como se constata en los apartados que más adelante se transcriben), la autoridad administrativa electoral determina que mi representado vulneró los bienes jurídicos tutelados por el artículo 33, párrafo 1, del Reglamento de Fiscalización aplicable toda vez que, según afirma:

[…]

“... presentó recuperaciones en efectivo mayores a 100 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a través de fichas de depósito en efectivo. Dicho de otra manera, el partido en comento recibió un recurso por un medio expresamente prohibido en la ley de la materia, deparándole así un beneficio que se traduce en una aportación de persona no identificada al no tener certeza del origen de dichos recursos...”

[…]

Sin embargo, en nuestra opinión, tal conclusión resulta errónea, pues deriva de una errónea interpretación, aplicación y alcance de la noma que se cita como vulnerada, lo que la conduce a conclusiones igualmente equivocadas, tal y como se evidenciará en los párrafos subsiguientes. Además de lo anterior, desde nuestra perspectiva, la responsable realiza una indebida calificación de la supuesta falta e impone una sanción pecuniaria absolutamente desproporcionada.

FUENTE DEL AGRAVIO

La constituye el resolutivo identificado como SEGUNDO de la resolución que se combate, por lo que refiere a la CONCLUSIÓN 93, así como las consideraciones que son realizadas en el apartado identificado como Considerando 10.2 Partido Revolucionario Institucional (así como los correlativos del Dictamen Consolidado) y que, en lo conducente, refieren:

[…]

En consecuencia, este Consejo General ordena el inicio de un procedimiento oficioso, con la finalidad de verificar la correcta aplicación de los recursos realizados por el partido político, con fundamento en el artículo 196, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

RESUELVE

(...)

SEGUNDO. Por razones y fundamentos expuestos en el considerando 10.2 de la presente Resolución, se imponen al Partidlo Revolucionario Institucional, las siguientes sanciones:

(...)

d) Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 93

La reducción del 0.15% (cero punto quince por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $1,546,705.50 (un millón quinientos cuarenta y seis mil setecientos cinco pesos 50/100 M.N.).

CONSIDERANDO

(...)

10.2 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen Consolidado correspondiente, es trascendente señalar que por cuestión de método y para facilitar el estudio de las diversas irregularidades derivadas de la revisión del Informe Anual del aludido partido político nacional correspondiente al ejercicio 2013, se procederá a realizar su demostración y acreditación por subgrupos temáticos.

En este orden de ideas, el estudio de las diversas irregularidades que se consideren formales se hará en un solo apartado, englobando los Ingresos y Egresos, toda vez que con dichas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas en relación con el registro y comprobación de sus ingresos y gastos.

Ahora bien, de la revisión llevada a cabo al dictamen referido y de las conclusiones ahí realizadas, se desprende que las irregularidades en las que incurrió el Partido Revolucionario Institucional, son las siguientes:

(...)

Conclusión 93

“93. El partido presentó recuperaciones en efectivo mayores a 100 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal a través de fichas de depósito en efectivo, por un importe de $773,352.75, integrado por los siguientes montos: $512,127.75 + $64,444.00 + $157,300.00 + $26,881.00 +$12,600.00.

Tal situación constituye, a juicio de la Unidad de Fiscalización, un incumplimiento a lo establecido en el artículo 33, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para efectos de lo establecido en el artículo 356, numeral 1, inciso a), en relación con el 342 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.”

I. ANÁLISIS TEMÁTICO DE LAS IRREGULARIDADES REPORTADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO.

    Por lo que hace al importe de $512,127.75

De la revisión a la cuenta “Cuentas por Cobrar”, subcuenta “Gastos por Aplicar”, sub-subcuenta “Anticipo de Nómina”, se identificaron pólizas que presentaban como soporte documental una relación de las personas a las que se les otorgó un adelanto de nómina correspondiente a la 1ra. quincena de septiembre de 2013, por medio de transferencia electrónica; sin embargo, se identificó la devolución de recursos a través de fichas de depósito en efectivo que superaron los 100 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal que en el año de 2013 equivalía a $6,476.00 (64.76 x100) debiendo ser con cheque o transferencia electrónica de una cuenta bancaria a nombre del trabajador. A continuación se detalla el caso en comento:

Convino mencionar que las transacciones económicas que lleven a cabo los partidos, que generen un derecho exigible a su favor, deberán estar respaldadas con la documentación que señalen las disposiciones legales correspondientes, que garanticen y demuestren la existencia del derecho de cobro para el sujeto obligado y, la obligación de pago a cargo del deudor.

De igual forma, se señaló que los depósitos en efectivo que debieron ser con cheque o transferencia electrónica correspondían a los señalados con (1) en el Anexo 5 del oficio INE/UTF/DA/0701/14.

En consecuencia, mediante oficio INE/UTF/DA/0701/14 del 1 de julio de 2014, recibido por el partido el mismo día, se solicitó al partido que presentara lo siguiente:

    La documentación soporte correspondiente a los préstamos que ampararan el reconocimiento del adeudo por parte del personal que se le descontó por nómina, anexos a su respectiva póliza, como se señala en la columna (A) del cuadro que antecede.

    Las aclaraciones que a su derecho conviniera.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38, numeral 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como 31, 33 y 339 del Reglamento de Fiscalización.

Al respecto, con escrito SFA/0172/14 de fecha 14 de julio de 2014, recibido por la Unidad de Fiscalización el 15 del mismo mes y año, el partido manifestó lo que a la letra se transcribe:

Referente a la observación de Verificación documental, numeral 1, se remite en Apartado 11, 83 recibos en original, así como recibos de reconocimiento de adeudo debidamente firmados.

Adicional a ello, se envía el desglose de los recursos recuperados vía nómina; y las pólizas originales que amparan los registros contables PD 5-Sep/14, PD 7-Sep/14, PD 21-0ct/14, PD 23-Oct/U, PD 5-Nov/14.

Respecto a los militantes señalados con (1), el partido aclara que no fue posible realizar la devolución de dichos anticipos, conforme lo señala esa Autoridad; debido a que los militantes no cuentan con el servicio de banca electrónica o en su caso chequera. Adiciona/mente por políticas internas y seguridad del partido, no se proporcionan a los militantes las referencias bancarias del mismo.’

De la revisión a la documentación y aclaraciones presentadas por el partido, se determinó lo siguiente:

Por lo que respecta a las recuperaciones realizadas vía nómina, se presentaron los recibos que acreditaban un derecho de cobro a favor del partido; así como, los recibos que avalaron que la recuperación se realizó vía nómina; por tal razón, la observación quedó subsanada respecto a este punto.

Respecto a las devoluciones de recursos a través de fichas de depósito en efectivo señaladas con (1) en la columna ‘Referencia’ del Anexo 5 del oficio INE/UTF/DA/1483/14, la respuesta del partido se consideró insatisfactoria, aun cuando manifestó que no fue posible realizar la devolución de dichos anticipos, conforme lo señaló esta autoridad; debido a que los militantes no contaban con el servicio de banca electrónica o en su caso chequera y por políticas internas y seguridad del partido, no se proporcionaban las referencias bancarias del mismo; la normatividad es clara al establecer que en los depósitos por recuperaciones se tiene que identificar plenamente el origen del recurso, por lo que está prohibido que se reciban a través de efectivo cobros que rebasen al equivalente a cien días de salario mínimo; por lo tanto, el partido debió asegurarse que las recuperaciones se realizaran de acuerdo la normatividad aplicable, convino señalar que al ser un ‘Anticipo de Nómina’, y al reportar los pagos por este concepto vía dispersión debió en su caso descontarlo a sus trabajadores vía nómina, ya que en caso contrario estaría realizando préstamos; por tal razón, la observación quedó no subsanada por $512,127.75 en cuanto a este punto. En consecuencia, se solicitó al partido nuevamente que presentara las aclaraciones que a su derecho conviniera.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38, numeral 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como 33 y 339 del Reglamento de Fiscalización.

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio INE/UTF/DA/1483/14 del 20 de agosto de 2014, recibido por el partido el mismo día.

Al respecto, con escrito SFA/0212/14 de fecha 27 de agosto de 2014, recibido por Unidad de Fiscalización el mismo día, el partido manifestó lo que a la letra se transcribe:

“Respecto a esta observación, conviene aclarar que con base a lo establecido en el artículo 33 numeral 2 incisos (sic) (A), del Reglamento de fiscalización, señala lo siguiente:

‘Los cobros recibidos no rebasen al equivalente a cien días de salario mínimo’.

A lo anterior se señala que el partido recibió recursos en efectivo la cantidad (sic) de $512,127.75; sin embargo, fueron realizados en un total de 62 operaciones individuales, y que en suma únicamente esta por arriba de lo que señala el artículo de referencia la cantidad de $110,615.75, según relación anexa en Apartado 11.”

De lo manifestado por el partido respecto a las 62 devoluciones observadas por la autoridad identificadas con (1) en la columna “Referencia Dictamen” del Anexo 15 del Dictamen Consolidado, la respuesta se consideró insatisfactoria, toda vez que recibió la totalidad de los depósitos en efectivo mismos rebasaron el equivalente a cien días de salario mínimo, los cuales no se realizaron mediante cheque o transferencia que permitiera identificar plenamente el origen del recurso como lo establece la normatividad, aunado a que debió asegurarse que cada una de las recuperaciones al ser un “Anticipo de Nómina” y reportar los pagos por este concepto vía dispersión pudo descontarlo a sus trabajadores vía nómina, ya que en caso contrario estaría realizando préstamos; por tal razón, la observación quedó no subsanada por $512,127.75.

En consecuencia, al recibir recuperaciones (depósitos) en efectivo mayores a 100 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal a través de fichas de depósito por $512,127.75, el partido incumplió con lo dispuesto en el artículo 33, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. (Conclusión Final 93)

      Por lo que hace al importe de $64,400.00

De la revisión a la cuenta “Cuentas por Cobrar”, varias subcuentas, se observaron pólizas que presentaban como soporte documental recibos de caja y fichas de depósito por concepto de recuperaciones en efectivo de adeudos, que superaron los 100 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, que en el año 2013 equivalía a $6,476.00 ($64.76 x 100), los cuales debieron realizarse mediante cheque o transferencia electrónica de una cuenta bancaria a nombre del deudor. A continuación se detallan los casos en comento.

En consecuencia, se solicitó al partido que presentara las aclaraciones que a su derecho conviniera.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Reglamento de Fiscalización.

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio INE/UTF/DA/0701/14 del 1 de julio de 2014, recibido por el partido el mismo día.

Al respecto, con escrito SFA/0172/14 de fecha 14 de julio de 2014, recibido por la Unidad de Fiscalización el 15 del mismo mes y año, el partido manifestó lo que a la letra se transcribe:

“Con respecto a la observación sobre la cuenta 103-1030-0124-0001, a nombre de Toledano Landero Jesús Eduardo, en la cual refleja un depósito en efectivo por la cantidad de $14,444.00, por concepto de cancelación de nómina, se aclara que el Ex Militante Colaborador del Partido, no contaba con chequera o medio electrónico para realizar transferencias, ya que únicamente maneja una cuenta de nómina.

En relación al Militante Colaborador Partido (sic) Brindis Martínez Daniel, con cuenta observada 103-1036-0140-0001, mediante el cheque 36310 recibió $50,000.00 por concepto de asignación de fondo fijo para la Caja General del Partido, mismo que no fue utilizado de manera constante, por lo cual se realizó la devolución en dos exhibiciones de $ 30,000.00 y $20,000.00, ya que únicamente maneja una cuenta de nómina.”

La respuesta del partido se consideró insatisfactoria, aun cuando manifestó que los militantes no contaban con chequera o medio electrónico para realizar transferencias, ya que únicamente manejaban una cuenta de nómina; la normatividad es clara al establecer que los depósitos por recuperaciones tienen que identificar plenamente el origen del recurso, por lo que está prohibido que se reciban a través de efectivo aquellos cobros recibidos que rebasen al equivalente a cien días de salario mínimo.

Derivado de lo anterior, el partido debió asegurarse que las recuperaciones se realizaran de acuerdo a la normatividad aplicable; por tal razón, la observación quedó no subsanada por $64,444.00.

En consecuencia, se solicitó al partido nuevamente que presentara las aclaraciones que a su derecho conviniera.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Reglamento de Fiscalización.

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio INE/UTF/DA/1483/14 del 20 de agosto de 2014, recibido por el partido el mismo día.

Al respecto, con escrito SFA/0212/14 de 27 de agosto de 2014, recibido por la Unidad de Fiscalización el mismo día, el partido manifestó lo que a la letra se transcribe:

“Con respecto a la observación sobre la cuenta 103-1030-0124-0001, a nombre de Toledano Landero Jesús Eduardo, en la cual refleja un depósito en efectivo por la cantidad de $14,444.00, por concepto de cancelación de nómina, se reitera que el ex militante colaborador del Partido, no contaba con chequera o medio electrónico para realizar transferencias, ya que únicamente maneja una cuenta de nómina.

En relación al militante colaborador del partido, Brindis Martínez Daniel, con cuenta observada 103-1036-0140-0001, mediante el cheque 36310 recibió $50,000.00 por concepto de asignación de fondo fijo para la Caja General del Partido, mismo que no fue utilizado de manera constante, por lo cual se realizó la devolución en dos exhibiciones de $ 30,000.00 y $20,000.00, se reitera que solo maneja una cuenta de nómina.

Adiciona/mente, en relación a lo solicitado en los puntos 1 y 2 de lo observado por esta autoridad, el Partido manifestó los motivos por los cuales las personas que efectuaron la devolución por un total de $ 64,444.00, se vieron impedidos para realizar el depósito como lo establece la normatividad ya que no contaban con los medios que determina la ley, sin embargo la autoridad pudo requerir a los involucrados y requerirles que confirmaran la operación realizada con el fin de tener la certeza de dicha operación.

Sin embargo dicha autoridad no agoto (sic) el principio de exhaustividad al no requerir a las personas que efectuaron los depósitos, sirva para reforzar el criterio de este partido con la siguiente:

Jurisprudencia 43/2002

PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN.

-Las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, cuyas resoluciones admitan ser revisadas por virtud de la interposición de un medio de impugnación ordinario o extraordinario, están obligadas a estudiar completamente todos y cada uno de los puntos integrantes de las cuestiones o pretensiones sometidas a su conocimiento y no únicamente algún aspecto concreto, por más que lo crean suficiente para sustentar una decisión desestimatoria, pues sólo ese proceder exhaustivo asegurará el estado de certeza jurídica que las resoluciones emitidas por aquéllas deben generar, ya que si se llegaran a revisar por causa de un medio de impugnación, la revisora estaría en condiciones de fallar de una vez la totalidad de la cuestión, con lo cual se evitan los reenvíos, que obstaculizan la firmeza de los actos objeto de reparo e impide que se produzca la privación injustificada de derechos que pudiera sufrir un ciudadano o una organización política, por una tardanza en su dilucidación, ante los plazos fatales previstos en la ley para las distintas etapas y la realización de los actos de que se compone el proceso electoral. De ahí que si no se procediera de manera exhaustiva podría haber retraso en la solución de las controversias, que no sólo acarrearía incertidumbre jurídica, sino que incluso podría conducir a la privación irreparable de derechos, con la consiguiente conculcación al principio de legalidad electoral a que se refieren los artículos 41, fracción III; y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

De lo manifestado por el partido procede indicar que la autoridad le otorgó la garantía de audiencia que en derecho corresponde para que en su caso proporcionara la información y/o aclaraciones que permitieran dar certeza de las operaciones realizadas y registradas por el instituto político, en esa tesitura conviene aclarar que la autoridad solo tuvo a la vista las pólizas por concepto de la recuperación y fichas de depósito en efectivo, aunado a que en los plazos establecidos en el artículo 84 del código comicial no proporcionó documentación que acreditara su dicho.

En ese orden de ideas conviene señalar que la Unidad de Fiscalización realiza verificaciones selectivas de la documentación comprobatoria de los ingresos y gastos de los partidos políticos, a partir de criterios objetivos emanados de las normas y procedimientos de auditoría, específicamente en lo referente al párrafo 44 del Boletín 6020 de las guías de auditoría emitidas por la Comisión de Normas de Auditoría y Aseguramiento del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, por lo que en caso de que existan observaciones será responsabilidad del partido presentar las pruebas que considere pertinentes que respalden su respuesta.

Ahora bien, respecto a las recuperaciones observadas la respuesta se consideró insatisfactoria, toda vez que el artículo 33, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización es claro al establecer que los depósitos por recuperaciones tienen que identificar plenamente el origen del recurso, por lo que está prohibido que se reciban a través de efectivo aquellos cobros recibidos que rebasen al equivalente a cien días de salario mínimo.

Derivado de lo anterior, el partido debió asegurarse que las recuperaciones se realizaran de acuerdo a la normatividad aplicable; por tal razón, la observación quedó no subsanada por $64,444.00.

En consecuencia, al recibir recuperaciones en efectivo mayores a 100 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal mediante recibos de caja y fichas de depósito por $64,444.00 el partido incumplió con lo dispuesto en el artículo 33, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. (Conclusión final 93)

    Por lo que hace a los importes de $157,300.00 y $26,881.00

De la revisión a las cuentas “Cuentas por Cobrar” y “Anticipos a Proveedores”, varias subcuentas, se observaron pólizas que presentaban como soporte documental fichas de depósito de efectivo por concepto de devoluciones de recursos, que superaron los 100 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, que en el año 2013 equivalía a $6,476.00 ($64.76 x 100), los cuales debieron realizarse mediante cheque o transferencia electrónica de una cuenta bancaria a nombre del deudor. A continuación se detallan los casos en comento.

En consecuencia, se solicitó al partido que presentara las aclaraciones que a su derecho conviniera.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Reglamento de Fiscalización.

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio INE/UTF/DA/0701/14 del 1 de julio de 2014, recibido por el partido el mismo día.

Al respecto, con escrito SFA/0172/14 de fecha 14 de julio de 2014, recibido por la Unidad de Fiscalización el 15 del mismo mes y año, el partido manifestó lo que a la letra se transcribe:

“Comité Directivo Estatal de Sonora

Respecto de la cuenta por cobrar 103-1034-0033 a nombre de Leyva Carreras José Tiburcio el Partido aclara que no fue posible realizar la devolución de dichos viáticos, conforme lo señala esa Autoridad; debido a que el militante colaborador no cuenta con el servicio de banca electrónica o en su caso chequera. Adicionalmente por políticas internas y seguridad del partido, no se proporcionan a los militantes las referencias bancarías del mismo.

Respecto de la cuenta anticipo a proveedores 108-1080-0015 a nombre de Comisión Federal de Electricidad el Partido se encuentra en proceso de recabar la información, por lo que una vez que se tenga será enviada mediante escrito de alcance a esa autoridad electoral.

Comité Directivo Estatal de Tabasco

Respecto de la cuenta por cobrar 103-1032-0001 a nombre de Camarillo CoopAlda Aurora el Partido aclara que no fue posible realizar la devolución de dichos gastos a comprobar, conforme lo señala esa Autoridad; debido a que la militante colaboradora no cuenta con el servicio de banca electrónica o en su caso chequera. Adiciona/mente por políticas internas y seguridad del partido, no se proporcionan a los militantes las referencias bancarías del mismo.”

Derivado de las aclaraciones presentadas por el partido, se determinó lo siguiente:

Por lo que se refiere a las devoluciones de recursos en efectivo señaladas con (1) en la columna de “Referencia oficio INE/UTF/DA/1483/14” del cuadro que antecede, la respuesta del partido se consideró insatisfactoria aun cuando manifestó que no fue posible realizar la devolución de dichos viáticos conforme lo señala esta Autoridad; debido a que los militantes colaboradores no contaban con servicio de banca electrónica o chequera; y por políticas internas y de seguridad del partido, no se proporcionan a los militantes las referencias bancarias del mismo; sin embargo, la normatividad es clara al establecer que en los depósitos por recuperaciones se tiene que identificar plenamente el origen del recurso, por lo que está prohibido que se reciban a través de efectivo los cobros recibidos que rebasen al equivalente a cien días de salario mínimo; por lo tanto, el partido debió asegurarse que las recuperaciones se realizaran de acuerdo a la normatividad aplicable; por tal razón, la observación quedó no subsanada por $157,300.00 en cuanto a este punto.

Por lo que respecta a la recuperación señalada con (2) en la columna de “Referencia oficio INE/UTF/DA/1483/14” del cuadro que antecede, la respuesta del partido se consideró insatisfactoria aun cuando manifestó que se encontraba en proceso de recabar la información, y una vez que se tuviera sería enviada mediante escrito de alcance a esta autoridad electoral; sin embargo a la fecha de elaboración del oficio INE/UTF/DA/1483/14 el partido no presentó documentación o aclaración alguna; por tal razón, la observación quedó no subsanada por $26,881.00 en cuanto a este punto.

En consecuencia, se solicitó al partido que presentara las aclaraciones que a su derecho conviniera.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Reglamento de Fiscalización.

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio INE/UTF/DA/1483/14 del 20 de agosto de 2014, recibido por el partido el mismo día.

Al respecto, con escrito SFA/0212/14 de 27 de agosto de 2014, recibido por la Unidad de Fiscalización el mismo día, el partido manifestó lo que a la letra se transcribe:

“Comité Directivo Estatal de Sonora y Tabasco

En relación a lo señalado con (1) en la columna de ‘Referencia’ del cuadro que antecede, mi representado manifestó los motivos por los cuales las personas que efectuaron la devolución por un total de $157,300.00, se vieron impedidos para realizar el depósito como lo establece la normatividad ya que no contaban con los medios que determina la ley, sin embargo la autoridad pudo requerir a los involucrados y requerirles que confirmaran la operación realizada con el fin de tener la certeza de dicha operación.

Sin embargo dicha autoridad no agoto el principio de exhaustividad al no requerir a las personas que efectuaron los depósitos, sirva para reforzar el criterio de este partido con la siguiente:

Jurisprudencia 43/2002

PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN.

Las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, cuyas resoluciones admitan ser revisadas por virtud de la interposición de un medio de impugnación ordinario o extraordinario, están obligadas a estudiar completamente todos y cada uno de los puntos integrantes de las cuestiones o pretensiones sometidas a su conocimiento y no únicamente algún aspecto concreto, por más que lo crean suficiente para sustentar una decisión desestimatoria, pues sólo ese proceder exhaustivo asegurará el estado de certeza jurídica que las resoluciones emitidas por aquéllas deben generar, ya que si se llegaran a revisar por causa de un medio de impugnación, la revisora estaría en condiciones de fallar de una vez la totalidad de la cuestión, con lo cual se evitan los reenvíos, que obstaculizan la firmeza de los actos objeto de reparo e impide que se produzca la privación injustificada de derechos que pudiera sufrir un ciudadano o una organización política, por una tardanza en su dilucidación, ante los plazos fatales previstos en la ley para las distintas etapas y la realización de los actos de que se compone el proceso electoral. De ahí que si no se procediera de manera exhaustiva podría haber retraso en la solución de las controversias, que no sólo acarrearía incertidumbre jurídica, sino que incluso podría conducir a la privación irreparable de derechos, con la consiguiente conculcación al principio de legalidad electoral a que se refieren los artículos 41, fracción III; y 116, fracción I V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Respecto de la cuenta anticipo a proveedores 108-1080-0015 a nombre de Comisión Federal de Electricidad, se reitera, que fueron solicitados al Comité sin embargo a la fecha del presente no se ha recibido.”

De lo manifestado por el partido en relación a las recuperaciones señaladas con (1) en la columna “Referencia Dictamen” del cuadro que antecede, procede indicar que la autoridad otorgó la garantía de audiencia para que en su caso proporcionara la información y/o aclaraciones que permitieran dar certeza de las operaciones realizadas y registradas por el instituto político, en esa tesitura conviene aclarar que la autoridad solo tuvo a la vista la póliza por concepto de la recuperación y fichas de depósito en efectivo, aunado a que en los plazos establecidos en el artículo 84 del código comicial no proporcionó documentación que acreditara su dicho.

En ese orden de ideas conviene señalar que la Unidad de Fiscalización realiza verificaciones selectivas de la documentación comprobatoria de los ingresos y gastos de los partidos políticos, a partir de criterios objetivos emanados de las normas y procedimientos de auditoría, específicamente en lo referente al párrafo 44 del Boletín 6020 de las guías de auditoría emitidas por la Comisión de Normas de Auditoría y Aseguramiento del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, por lo que en caso de que existan observaciones será responsabilidad del partido presentar las pruebas que considere pertinentes que respalden su respuesta.

Ahora bien, respecto a las recuperaciones observadas la respuesta se consideró insatisfactoria, toda vez que el artículo 33, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización al establecer que los depósitos por recuperaciones tienen que identificar plenamente el origen del recurso, por lo que está prohibido que se reciban a través de efectivo aquellos cobros recibidos que rebasen al equivalente a cien días de salario mínimo.

Derivado de lo anterior, el partido debió asegurarse que las recuperaciones se realizaran de acuerdo a la normatividad aplicable; por tal razón, la observación quedó no subsanada por $157,300.00.

Por lo que se refiere a la recuperación señalada con (2) en la columna ‘Referencia Dictamen’ del cuadro que antecede, la respuesta del partido se consideró insatisfactoria, aun cuando manifestó que solicitó información al Comité, a la fecha de elaboración del Dictamen Consolidado no se ha recibido aclaración alguna; por tal razón, la observación quedó no subsanada por $26,881.00 en cuanto a este punto.

En consecuencia, al recibir recuperaciones en efectivo mayores a 100 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal mediante fichas de depósito de efectivo por $184,181.00 ($157,300.00+$26,881.00) el partido incumplió con lo dispuesto en el artículo 33, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. (Conclusión final 93)

    Por lo que hace al importe de $12,600.00

De la revisión a las cuentas “Cuentas por Cobrar” y “Anticipos a Proveedores”, varias subcuentas, se observó una póliza que presentaba como soporte documental una ficha de depósito por concepto de devolución de recursos, que superó los 100 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, que en el año 2013 equivalía a $6,476.00 ($64.76 x 100), el cual debió realizarse mediante cheque o transferencia electrónica de una cuenta bancaria a nombre del deudor. A continuación se detalla el caso en comento.

En consecuencia, se solicitó al partido que presentara las aclaraciones que a su derecho conviniera.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Reglamento de Fiscalización.

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio INE/UTF/DA/0701/14 del 1 de julio de 2014, recibido por el partido el mismo día.

Al respecto, con escrito SFA/0172/14 de 14 de julio de 2014, recibido por la Unidad de Fiscalización el 15 del mismo mes y año, el partido manifestó lo que a la letra se transcribe:

“Respecto de la cuenta por cobrar 103-1034-0001 a nombre de Fernández Luque Oscar, el partido aclara que no fue posible realizar la devolución de dichos viáticos por comprobar, conforme lo señala esa Autoridad; debido a que el militante no cuenta con el servicio de banca electrónica o en su caso chequera. Adicionalmente por políticas internas y seguridad del partido, no se proporcionan a los militantes las referencias bancarias del mismo”

La respuesta del partido se consideró insatisfactoria, aun cuando manifestó que no fue posible realizar la devolución conforme lo señala la autoridad, debido a que el militante no contaba con el servicio de banca electrónica o en su caso chequera; sin embargo, la normatividad es clara al establecer que está prohibido que se reciban a través de efectivo los cobros recibidos que rebasen al equivalente a cien días de salario mínimo; por tal razón, la observación quedó no subsanada por $12,600.00.

En consecuencia, se solicitó al partido nuevamente que presentara las aclaraciones que a su derecho conviniera.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Reglamento de Fiscalización.

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio INE/UTF/DA/1483/14

Del 20 de agosto de 2014, recibido por el partido el mismo día.

Al respecto, con escrito SFA/0212/14 de fecha 27 de agosto de 2014, recibido por la Unidad de Fiscalización el mismo día, el partido manifestó lo que a la letra se transcribe:

“En relación a lo solicitado por esta autoridad, mi representado manifestó los motivos por los cuales las personas que efectuaron la devolución por un total de $ 12,600.00, se vieron impedidos para realizar el depósito como lo establece la normatividad ya que no contaban con los medios que determina la ley, sin embargo la autoridad pudo requerir a los involucrados y requerirles que confirmaran la operación realizada con el fin de tener la certeza de dicha operación.

Sin embargo dicha autoridad no agoto (sic) el principio de exhaustividad al no requerir a las personas que efectuaron los depósitos, sirva para reforzar el criterio de este partido con la siguiente:

Jurisprudencia 43/2002

PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN.

Las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, cuyas resoluciones admitan ser revisadas por virtud de la interposición de un medio de impugnación ordinario o extraordinario, están obligadas a estudiar completamente todos y cada uno de los puntos integrantes de las cuestiones o pretensiones sometidas a su conocimiento y no únicamente algún aspecto concreto, por más que lo crean suficiente para sustentar una decisión desestimatoria, pues sólo ese proceder exhaustivo asegurará el estado de certeza jurídica que las resoluciones emitidas por aquéllas deben generar, ya que si se llegaran a revisar por causa de un medio de impugnación, la revisora estaría en condiciones de fallar de una vez la totalidad de la cuestión, con lo cual se evitan los reenvíos, que obstaculizan la firmeza de los actos objeto de reparo e impide que se produzca la privación injustificada de derechos que pudiera sufrir un ciudadano o una organización política, por una tardanza en su dilucidación, ante los plazos fatales previstos en la ley para las distintas etapas y la realización de los actos de que se compone el proceso electoral. De ahí que si no se procediera de manera exhaustiva podría haber retraso en la solución de las controversias, que no sólo acarrearía incertidumbre jurídica, sino que incluso podría conducir a la privación irreparable de derechos, con la consiguiente conculcación al principio de legalidad electoral a que se refieren los artículos 41, fracción III; y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

De lo manifestado por el partido procede indicar que la autoridad otorgó la garantía de audiencia para que en su caso proporcionara la información y/o aclaraciones que permitieran dar certeza de las operaciones realizadas y registradas por el instituto político, en esa tesitura conviene aclarar que la autoridad solo tuvo a la vista la póliza por concepto de la recuperación y fichas de depósito en efectivo, aunado a que en los plazos establecidos en el artículo 84 del código comicial no proporcionó documentación que acreditara su dicho.

En ese orden de ideas conviene señalar que la Unidad de Fiscalización realiza verificaciones selectivas de la documentación comprobatoria de los ingresos y gastos de los partidos políticos, a partir de criterios objetivos emanados de las normas y procedimientos de auditoría, específicamente en lo referente al párrafo 44 del Boletín 6020 de las guías de auditoría emitidas por la Comisión de Normas de Auditoría y Aseguramiento del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, por lo que en caso de que existan observaciones será responsabilidad del partido presentar las pruebas que considere pertinentes que respalden su respuesta.

Ahora bien, respecto a las recuperaciones observadas la respuesta se consideró insatisfactoria, toda vez que la normatividad es clara al establecer que los depósitos por recuperaciones tienen que identificar plenamente el origen del recurso, por lo que está prohibido que se reciban a través de efectivo aquellos cobros recibidos que rebasen al equivalente a cien días de salario mínimo.

Derivado de lo anterior, el partido debió asegurarse que las recuperaciones se realizaran de acuerdo a la normatividad aplicable; por tal razón, la observación quedó no subsanada por $12,600.00.

En consecuencia, al recibir recuperaciones en efectivo mayores a 100 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal mediante una ficha de depósito por $12,600.00 el partido incumplió con lo dispuesto en el artículo 33, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del partido político, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al advertir la existencia de errores y omisiones técnicas, mediante los oficios referidos en el análisis de cada conclusión, por los cuales la Unidad de Fiscalización notificó al partido político en cuestión, para que en un plazo de diez y cinco días hábiles, respectivamente, contados a partir del día siguiente de dicha notificación, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades observadas; sin embargo, las respuestas no fueron idóneas para subsanar las observaciones realizadas.

[…]

Ahora bien, causan agravio a mi representado las conclusiones y determinaciones a las que arribó la autoridad responsable, así como la sanción impuesta pues, desde nuestra perspectiva y en sentido contrario a lo afirmado por la autoridad responsable, no se vulneraron los bienes jurídicos tutelados por el artículo 33, párrafo 1, del Reglamento de Fiscalización y, en todo caso, de existir alguna irregularidad en las conductas que se le imputan al Partido Revolucionario Institucional, ésta no podría calificarse como falta sustancial.

Para sustentar lo anterior, me permito desarrollar los siguientes argumentos:

A) NO SE VIOLENTAN LOS BIENES JURÍDICOS TUTELADOS POR LA NORMA QUE SE DICE INFRINGIDA, POR LO QUE LA SUPUESTA INFRACCIÓN NO SE ACTUALIZA.

Se sostiene lo anterior porque, en sentido contrario a lo que afirma la autoridad responsable, no se vulneran los valores o bienes jurídicos tutelados por la norma que se dice infringida.

Al respecto, dentro de las consideraciones plasmadas por la autoridad responsable, misma que se transcribieron en párrafos precedentes (fracción “II. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN”, apartado “A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA”, en el inciso “e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse por la comisión de la falta”, el Consejo General sostuvo que:

[…]

En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta señalada en la conclusión 93 es garantizar la certeza en origen lícito de los recursos con los que contó durante un ejercicio determinado.

En ese entendido, en el presente caso la irregularidad imputable al Partido Revolucionario Institucional, se traduce en una infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, consistente en garantizar la certeza del origen lícito de los recursos con los que contó durante un ejercicio determinado.

En ese entendido, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce en una falta de fondo cuyo objeto infractor concurre directamente en la certeza en el origen lícito de los recursos del Partido Revolucionario Institucional al recibir aportaciones de personas no identificadas.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los partidos políticos.

[…]

EL SUBRAYADO ES NUESTRO

Como se advierte, la autoridad responsable sostiene que el bien jurídico tutelado consiste en garantizar la certeza en el origen lícito de los recursos.

Ahora bien, dentro de la misma línea argumentativa expuesta por el Consejo General, entre los diversos mecanismos previstos por la normatividad aplicable para garantizar la identificación y el origen lícito de los recursos de los partidos políticos, se encuentra la regla prevista en el artículo 33, párrafo 1, del Reglamento de Fiscalización que a la letra indica:

Artículo 33.

1. La recuperación o cobro que hagan los partidos, las coaliciones, las agrupaciones y las organizaciones de ciudadanos, de cuentas por cobrar, deberá efectuarse mediante cheque o transferencia de una cuenta bancaria a nombre del deudor, debiendo conservar copia del cheque o comprobante de la transferencia que permita identificar plenamente el origen del recurso, por lo que está prohibido que se reciban a través de efectivo, cheque de caja o de una persona distinta al deudor.

[…]

Como se advierte, la teleología de la norma es permitir que se conozca plenamente el origen del recurso y, de esta manera, constatar su licitud. Esto es, la finalidad esencial de la regla no consiste en que la operación se realice a través del sistema bancario, per se, sino que se trata de un mecanismo que coadyuve o permita identificar plenamente a la persona física o moral que entrega el recurso (cuentas por cobrar), que no tenga impedimento legal para efectuar la devolución correspondiente y que lo anterior pueda ser verificado por la autoridad fiscalizadora.

En efecto, debe tenerse presente que la propia normatividad establece la posibilidad de que se realicen recuperaciones (cuentas por cobrar) sin la necesidad de que éstas se hagan mediante cheque o transferencia bancaria. Lo anterior como se constata en el numeral 2 del artículo 33 del Reglamento de Fiscalización, que enseguida se reproduce:

Artículo 33.

1. La recuperación o cobro que hagan los partidos, las coaliciones, las agrupaciones y las organizaciones de ciudadanos, de cuentas por cobrar, deberá efectuarse mediante cheque o transferencia de una cuenta bancaria a nombre del deudor, debiendo conservar copia del cheque o comprobante de la transferencia que permita identificar plenamente el origen del recurso, por lo que está prohibido que se reciban a través de efectivo, cheque de caja o de una persona distinta al deudor.

2. Podrán recibir recuperaciones o cobros en efectivo, cuando cumplan con los siguientes requisitos:

a) Los cobros recibidos no rebasen el equivalente a cien días de salario mínimo;

e) Hayan estado previamente registrados en la contabilidad; y

f) Al momento del origen del registro contable, tengan un deudor cierto y un monto cierto.

Como se constata con toda claridad, la exigencia de que las recuperaciones (cuando sean superiores a 100 días de salario mínimo) se realicen mediante cheque o transferencia bancaria no es una finalidad en sí misma, sino un medio que coadyuve o permita identificar el origen (deudor) del recurso y la licitud de éste.

Por lo tanto, en nuestro concepto, la norma jurídica debe ser interpretada en forma sistemática y funcional y, sobre todo, en cuanto a su teleología o finalidad. En este orden de ideas, tal y como ocurre en el presente caso, si de los elementos aportados por el Partido Revolucionario Institucional es posible conocer el origen (deudores) del recurso, pues se identificó plenamente a trabajadores, militantes-colaboradores del propio partido y un proveedor (Comisión Federal de Electricidad), y dichos recursos son indudablemente lícitos (se trata de devoluciones de anticipos de nómina, de viáticos, de gastos por comprobar y de anticipos a proveedores), no puede estimarse la actualización de la falta que refiere la autoridad responsable, es decir, no puede sostenerse desde ningún punto de vista que se desconozca el origen del recurso o que éste sea ilícito.

En efecto, en el caso de la cantidad referida en $512,127.75 (quinientos doce mil ciento veintisiete pesos 75/100 M. N.), la propia autoridad responsable expresa, fundamentalmente, que:

    Por lo que hace al importe de $512,127.75

De la revisión a la cuenta “Cuentas por Cobrar”, subcuenta “Gastos por Aplicar”, sub-subcuenta “Anticipo de Nómina”, se identificaron pólizas que presentaban como soporte documental una relación de las personas a las que se les otorgó un adelanto de nómina correspondiente a la 1ra. quincena de septiembre de 2013, por medio de transferencia electrónica; sin embargo, se identificó la devolución de recursos a través de fichas de depósito en efectivo que superaron los 100 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal que en el año de 2013 equivalía a $6,476.00 (64.76 x100) debiendo ser con cheque o transferencia electrónica de una cuenta bancaria a nombre del trabajador. A continuación se detalla el caso en comento:

(...)

Respecto a las devoluciones de recursos a través de fichas de depósito en efectivo señaladas con (1) en la columna ‘Referencia’ del Anexo 5 del oficio INE/UTF/DA/1483/14, la respuesta del partido se consideró insatisfactoria, aun cuando manifestó que no fue posible realizar la devolución de dichos anticipos, conforme lo señaló esta autoridad; debido a que los militantes no contaban con el servicio de banca electrónica o en su caso chequera y por políticas internas y seguridad del partido, no se proporcionaban las referencias bancarias del mismo; la normatividad es clara al establecer que en los depósitos por recuperaciones se tiene que identificar plenamente el origen del recurso, por lo que está prohibido que se reciban a través de efectivo cobros que rebasen al equivalente a cien días de salario mínimo; por lo tanto, el partido debió asegurarse que las recuperaciones se realizaran de acuerdo la normatividad aplicable, convino señalar que al ser un ‘Anticipo de Nómina’, y al reportar los pagos por este concepto vía dispersión debió en su caso descontarlo a sus trabajadores vía nómina, ya que en caso contrario estaría realizando préstamos; por tal razón, la observación quedó no subsanada por $512,127.75 en cuanto a este punto.

(...)

De lo manifestado por el partido respecto a las 62 devoluciones observadas por la autoridad identificadas con (1) en la columna “Referencia Dictamen” del Anexo 15 del Dictamen Consolidado, la respuesta se consideró insatisfactoria, toda vez que recibió la totalidad de los depósitos en efectivo mismos rebasaron el equivalente a cien días de salario mínimo, los cuales no se realizaron mediante cheque o transferencia que permitiera identificar plenamente el origen del recurso como lo establece la normatividad, aunado a que debió asegurarse que cada una de las recuperaciones al ser un “Anticipo de Nómina” y reportar los pagos por este concepto vía dispersión pudo descontarlo a sus trabajadores vía nómina, ya que en caso contrario estaría realizando préstamos; por tal razón, la observación quedó no subsanada por $512,127.75.

Como se advierte de la anterior transcripción, la autoridad responsable se limita a sostener que en virtud de que las recuperaciones de los recursos no se realizó mediante cheque o transferencia electrónica, se violenta el bien jurídico tutelado por la regla prevista en el artículo 33, párrafo 1, del Reglamento de Fiscalización, sin embargo, desde nuestra perspectiva, no es posible conforme a derecho ni en lógica jurídica arribar a dicha conclusión mediante una simple interpretación gramatical y sin efectuarse los razonamientos que permitieran establecer o demostrar que debido a esa circunstancia la autoridad fiscalizadora no pudo identificar plenamente el origen del recurso o la licitud de éste.

Se sostiene lo anterior porque, tal y como lo admite expresamente la autoridad responsable, debe reconocerse que la finalidad esencial del precepto antes citado consiste en “... garantizar la certeza del origen lícito de los recursos...”, es decir, lograr la identificación plena del origen del recurso, así como la licitud de éste y, en el caso concreto, tal finalidad se encuentra sobradamente satisfecha.

En efecto, debe tomarse en cuenta que en el presente apartado se trata de personas al servicio del Partido Revolucionario Institucional, a las que se les otorgó un adelanto de sus percepciones vía nómina. Al respecto, se destaca que en su oportunidad se aportaron los reconocimientos del adeudo respectivo, tal y como lo reconoce la propia autoridad responsable:

[…]

Al respecto, con escrito SFA/0172/14 de fecha 14 de julio de 2014, recibido por la Unidad de Fiscalización el 15 del mismo mes y año, el partido manifestó lo que a la letra se transcribe:

‘Referente a la observación de Verificación documental, numeral 1, se remite en Apartado 11, 83 recibos en original, así como recibos de reconocimiento de adeudo debidamente firmados.

[…]

EL SUBRAYADO ES NUESTRO

En este sentido, en el Anexo 15 del Dictamen Consolidado, consta la relación de las personas que realizaron las 62 devoluciones que la autoridad responsable consideró como reportadas de manera insatisfactoria, anexo que para ilustrar lo anterior, me permito reproducir:

[ANEXO 15

UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE AUDITORIA A PARTIDOS POLÍTICOS, AGRUPACIONES POLÍTICAS Y OTROS PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

REVISIÓN DE INFORME ANUAL 2013

INTEGRACIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR AL31 DE DICIEMBRE DE 2013 RECUPERACIONES EN EFECTIVO POR DEVOLUCIONES DE ANTICIPOS DE NOMINA]

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Como se puede constatar en forma indubitable, a partir de las documentales e información proporcionada por el Partido Revolucionario Institucional, la autoridad responsable ha conocido e identificado sobradamente el concepto que motivó la recuperación de los recursos (anticipo de nómina), el nombre completo de los deudores (según constan en el referido Anexo 15 del Dictamen consolidado), el comité partidista de adscripción (Comité Ejecutivo Nacional), la referencia contable, la fecha del depósito y su importe, información que permite identificar plenamente el origen del recurso y, por supuesto, su licitud.

Todo lo anterior es reconocido por la propia autoridad responsable, por lo que resulta, en nuestro concepto, totalmente insostenible su conclusión (en el sentido de que no le fue posible identificar el origen lícito de los recursos).

Por lo que hace a la cantidad de $64,400.00 (sesenta y cuatro mil cuatrocientos pesos 00/100 M. N.), el Consejo General manifestó, esencialmente, que:

    Por lo que hace al importe ele $64,400.00

De la revisión a la cuenta “Cuentas por Cobrar”, varias subcuentas, se observaron pólizas que presentaban como soporte documental recibos de caja y fichas de depósito por concepto de recuperaciones en efectivo de adeudos, que superaron los 100 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, que en el año 2013 equivalía a $6,476.00 ($64.76 x 100), los cuales debieron realizarse mediante cheque o transferencia electrónica de una cuenta bancaria a nombre del deudor. A continuación se detallan los casos en comento.

(...)

Al respecto, con escrito SFA/0172/14 de fecha 14 de julio de 2014, recibido por la Unidad de Fiscalización el 15 del mismo mes y año, el partido manifestó lo que a la letra se transcribe:

“Con respecto a la observación sobre la cuenta 103-1030-0124-0001, a nombre de Toledano Landero Jesús Eduardo, en la cual refleja un depósito en efectivo por la cantidad de $14,444.00, por concepto de cancelación de nómina, se aclara que el Ex Militante Colaborador del Partido, no contaba con chequera o medio electrónico para realizar transferencias, ya que únicamente maneja una cuenta de nómina.

En relación al Militante Colaborador Partido (sic) Brindis Martínez Daniel, con cuenta observada 103-1036-0140-0001, mediante el cheque 36310 recibió $50,000.00 por concepto de asignación de fondo fijo para la Caja General del Partido, mismo que no fue utilizado de manera constante, por lo cual se realizó la devolución en dos exhibiciones de $ 30,000.00 y $20,000.00, ya que únicamente maneja una cuenta de nómina.”

(...)

Derivado de lo anterior, el partido debió asegurarse que las recuperaciones se realizaran de acuerdo a la normatividad aplicable; por tal razón, la observación quedó no subsanada por $64,444.00.

[…]

Tal y como se argumentó en el apartado precedente (para evitar innecesarias repeticiones, solicito se tengan aquí por reproducidos los argumentos atinentes como si se insertasen a la letra), la autoridad responsable se limita a sostener que en virtud de que la recuperación de los recursos no se realizó mediante cheque o transferencia electrónica, se violenta el bien jurídico tutelado por la regla prevista en el artículo 33, párrafo 1, del Reglamento de Fiscalización.

En el caso, resultan cabalmente aplicables lo razonamientos ya expuestos en el apartado que antecede, es decir, que no es posible conforme a derecho ni en lógica jurídica arribar a la conclusión de la autoridad responsable, en virtud de la finalidad esencial de la norma es lograr la identificación plena del origen del recurso, así como la licitud de éste y, en el presente apartado, tal finalidad se encuentra igualmente satisfecha, es decir, se encuentra debidamente explicitado el concepto que motivó la recuperación de los recursos (cancelación de nómina y asignación de fondo fijo, respectivamente), el nombre completo de los deudores (Toledano Landero Jesús Eduardo y Brindis Martínez Daniel), el comité partidista de adscripción (Comité Ejecutivo Nacional), la referencia contable, la fecha del depósito y su importe, información que permite identificar plenamente el origen del recurso y, por supuesto, su licitud.

Todo lo anterior es reconocido por la propia autoridad responsable, por lo que resulta, desde nuestra perspectiva, contrario a toda lógica jurídica su conclusión, es decir, que no le fue posible identificar el origen lícito de los recursos.

Respecto de la cifra de $157,300.00 (ciento cincuenta y siete mil trescientos pesos 00/100 M. N.) y $26,881.00 (veintiséis mil ochocientos ochenta y un pesos 00/100 M. N.), la autoridad responsable expresó, en esencia, que:

    Por lo que hace a los importes de $157,300.00 y $26,881.00

De la revisión a las cuentas “Cuentas por Cobrar” y “Anticipos a Proveedores”, varias subcuentas, se observaron pólizas que presentaban como soporte documental fichas de depósito de efectivo por concepto de devoluciones de recursos, que superaron los 100 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, que en el año 2013 equivalía a $6,476.00 ($64.76 x 100), los cuales debieron realizarse mediante cheque o transferencia electrónica de una cuenta bancaria a nombre del deudor. A continuación se detallan los casos en comento.

(...)

Al respecto, con escrito SFA/0172/14 de fecha 14 de julio de 2014, recibido por la Unidad de Fiscalización el 15 del mismo mes y año, el partido manifestó lo que a la letra se transcribe:

“Comité Directivo Estatal de Sonora

Respecto de la cuenta por cobrar 103-1034-0033 a nombre de Leyva Carreras José Tiburcio el Partido aclara que no fue posible realizar la devolución de dichos viáticos, conforme lo señala esa Autoridad; debido a que el militante colaborador no cuenta con el servicio de banca electrónica o en su caso chequera. Adiciona/mente por políticas internas y seguridad del partido, no se proporcionan a los militantes las referencias bancarias del mismo.

Respecto de la cuenta anticipo a proveedores 108-1080-0015 a nombre de Comisión Federal de Electricidad el Partido se encuentra en proceso de recabar la información, por lo que una vez que se tenga será enviada mediante escrito de alcance a esa autoridad electoral.

Comité Directivo Estatal de Tabasco

Respecto de la cuenta por cobrar 103-1032-0001 a nombre de Camarillo CoopAlda Aurora el Partido aclara que no fue posible realizarla devolución de dichos gastos a comprobar, conforme lo señala esa Autoridad; debido a que la militante colaboradora no cuenta con el servicio de banca electrónica o en su caso chequera. Adiciona/mente por políticas internas y seguridad del partido, no se proporcionan a los militantes las referencias bancarias del mismo.”

(...)

Ahora bien, respecto a las recuperaciones observadas la respuesta se consideró insatisfactoria, toda vez que el artículo 33, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización al establecer que los depósitos por recuperaciones tienen que identificar plenamente el origen del recurso, por lo que está prohibido que se reciban a través de efectivo aquellos cobros recibidos que rebasen al equivalente a cien días de salario mínimo.

(...)

En consecuencia, al recibir recuperaciones en efectivo mayores a 100 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal mediante fichas de depósito de efectivo por $184,181.00 ($157,300.00+$26,881.00) el partido incumplió con lo dispuesto en el artículo 33, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.

[...]

Nuevamente, la autoridad responsable se limita a sostener que en virtud de que las recuperaciones de los recursos no se realizó mediante cheque o transferencia electrónica, se violenta el bien jurídico tutelado por la regla prevista en el artículo 33, párrafo 1, del Reglamento de Fiscalización.

Para evitar innecesarias reiteraciones, solicito se tenga por reproducida, como si se insertase a la letra, la argumentación expuesta en los apartados precedentes, en virtud de que resultan igualmente aplicables, es decir, que no es posible conforme a derecho ni en lógica jurídica arribar a la conclusión sancionatoria de la

autoridad responsable, toda vez que la finalidad esencial de la norma citada es lograr la identificación plena del origen de los recursos, así como la licitud de éstos y, en el presente apartado, tal finalidad también se encuentra satisfecha, es decir, se encuentra debidamente explicitado el concepto que motivó la recuperación de los recursos (viáticos, anticipo a proveedores y gastos por comprobar, respectivamente), el nombre completo de los deudores (Leyva Carreras José Tiburcio, la Comisión Federal de Electricidad y Camarillo CoopAlda Aurora), el comité partidista de adscripción (Sonora y Tabasco), la referencia contable, la fecha del depósito y su importe, información que permite identificar plenamente el origen del recurso y, desde luego, su licitud.

Todo lo anterior es reconocido por la propia autoridad responsable, por lo que resulta, desde nuestra perspectiva, contrario a toda lógica jurídica que concluya con una afirmación en el sentido de que no le fue posible identificar el origen lícito de los recursos.

Con relación a la cantidad de $12,600.00 (doce mil seiscientos pesos 00/100 M. N.), el Consejo General manifestó lo siguiente:

    Por lo que hace al importe de $12,600.00

De la revisión a las cuentas “Cuentas por Cobrar” y “Anticipos a Proveedores”, varias subcuentas, se observó una póliza que presentaba como soporte documental una ficha de depósito por concepto de devolución de recursos, que superó los 100 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, que en el año 2013 equivalía a $6,476.00 ($64.76 x 100), el cual debió realizarse mediante cheque o transferencia electrónica de una cuenta bancaria a nombre del deudor. A continuación se detalla el caso en comento.

(...)

Al respecto, con escrito SFA/0172/14 de 14 de julio de 2014, recibido por la Unidad de Fiscalización el 15 del mismo mes y año, el partido manifestó lo que a la letra se transcribe:

“Respecto de la cuenta por cobrar 103-1034-0001 a nombre de Fernández Luque Oscar, el partido aclara que no fue posible realizar la devolución de dichos viáticos por comprobar, conforme lo señala esa Autoridad; debido a que el militante no cuenta con el servicio de banca electrónica o en su caso chequera. Adicionalmente por políticas internas y seguridad del partido, no se proporcionan a los militantes las referencias bancarias del mismo.”

(...)

Derivado de lo anterior, el partido debió asegurarse que las recuperaciones se realizaran de acuerdo a la normatividad aplicable; por tal razón, la observación quedó no subsanada por $12,600.00.

[…]

Tal y como se ha evidenciado en los apartados que anteceden, la autoridad responsable se limita a sostener que en virtud de que las recuperaciones de los recursos no se realizó mediante cheque o transferencia electrónica, se violenta el bien jurídico tutelado por la regla prevista en el artículo 33, párrafo 1, del Reglamento de Fiscalización.

En virtud de que se trata, esencialmente, del mismo supuesto analizado en los apartados precedentes y para evitar innecesarias repeticiones, solicito se tengan aquí por reproducidos lo argumentos atinentes, como si se insertasen a la letra, toda vez que resultan igualmente aplicables, es decir, que no es posible conforme a derecho ni en lógica jurídica arribar a la conclusión de la autoridad responsable (la comisión de una falta sustancial), ya que la finalidad esencial de la norma antes precisada es lograr la identificación plena del origen del recurso, así como la licitud de éste y, en el presente apartado, tal finalidad se encuentra igualmente satisfecha, esto es, se encuentra debidamente explicitado el concepto que motivó la recuperación de los recursos (devolución de viáticos por comprobar), el nombre completo del deudor (Fernández Luque Oscar) el comité partidista de adscripción (Confederación Nacional de Organizaciones Populares), la referencia contable, la fecha del depósito y su importe, información que permite identificar plenamente el origen del recurso y, por supuesto, su licitud.

Todo lo anterior es reconocido por la propia autoridad responsable, por lo que resulta, desde nuestra perspectiva, contrario a toda lógica jurídica su afirmación en el sentido de que no le fue posible identificar el origen lícito del recurso.

Así, como puede advertirse en cada uno de los cuatro apartados anteriores que se han explicitado, a partir de la documentación e información proporcionada por el Partido Revolucionario Institucional, se encuentra perfectamente identificado el origen de los recursos recuperados y, desde luego, se constata la licitud de éstos, por lo que se estima que la finalidad de la regla prevista en el artículo 33, párrafo 1, del Reglamento de Fiscalización de ninguna manera se ve trastocada, pues si bien es cierto que no se hizo la recuperación con toda la formalidad exigida, lo verdaderamente cierto y trascendente en el presente caso, es que mi representado pudo aportar la documentación e información suficiente para identificar plenamente el origen del recurso, así como la licitud del mismo.

En conclusión, el hecho de no haberse reportado la recuperación del recurso exactamente de la manera que prevé la norma, no puede conducir necesariamente a que no sea posible identificar el origen y licitud del recurso pues, tal y como se ha evidenciado en el presente caso, la forma en que se hizo y la documentación e información proporcionada por mi representado, sí permite identificar plenamente el origen y licitud de los recursos recuperados, de ahí que en nuestro concepto, el bien jurídicamente tutelado por la norma en ningún momento se vio trastocado.

En este sentido, me permito reiterar que la autoridad responsable no efectúa ni el menor razonamiento demostrativo o algún argumento que permita evidenciar que debido a la manera en que mi representado proporcionó la información respectiva, efectivamente se vio impedida para identificar plenamente el origen de los recursos recuperados, así como la licitud de éstos. En nuestra opinión, no existe el menor razonamiento al respecto en virtud de que, como se demostró a lo largo del presente apartado, a partir de la documentación e información proporcionada por el Partido Revolucionario Institucional, la autoridad responsable siempre pudo identificar plenamente el origen de los recursos recuperados, así como la licitud de éstos, por lo que las afirmaciones y conclusiones del Consejo General devienen del todo dogmáticas y carentes de sustento lógico jurídico.

En este orden de ideas, también carece de todo soporte lógico-jurídico la afirmación de la autoridad responsable consistente en que: “... Dicho de otra manera, el partido en comento recibió un recurso por un medio expresamente prohibido en la ley de la materia, deparándole así un beneficio que se traduce en una aportación de persona no identificada al no tener certeza del origen de dichos recursos...”, pues ya se ha evidenciado con toda suficiencia que siempre existieron documentales e información suficiente y sobrada para tener plena certeza, tanto del concepto que permitió la recuperación, como de la persona física o moral que efectuó la devolución correspondiente. Por lo tanto, resulta del todo inexplicable (e insostenible) la afirmación del Consejo General y, por supuesto, tal argumento no puede estimarse como suficiente fundamentación y motivación del acto reclamado.

Inclusive, debe mencionarse que la autoridad responsable ignora el hecho de que en todos los casos antes referidos, también se adujo por mi representado que si la recuperación de los recursos no se hizo con toda la formalidad que señala el artículo 31, párrafo 1, del Reglamento de Fiscalización se debió, fundamentalmente, no una circunstancia que dependiera de la voluntad del partido, sino de una condición que le resulta ajena, como es el hecho de que los deudores no contaban con chequera o los servicios de banca electrónica, en virtud de que su cuentas o contratos bancarios no les proporcionan tales servicios. Desde nuestra perspectiva, tal circunstancia se traduce en una razonable imposibilidad de mi representado para realizar las recuperaciones a través de los mecanismos descritos, pero que de ninguna manera pueden llevar a la conclusión de que no fue posible identificar plenamente el origen de los recursos y la licitud de éstos, como indebidamente lo propone la autoridad responsable.

En consecuencia, se solicita a esa H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la revocación de la determinación de la autoridad responsable, consistente en estimar como vulnerado el bien jurídico tutelado por la regla prevista en el artículo 33, párrafo 1, del Reglamento de Fiscalización, así como la sanción impuesta.

B) INDEBIDA CALIFICACIÓN DE LA FALTA PUES, DE CONSIDERARSE SU EXISTENCIA, DEBERÍA ESTIMARSE ÚNICAMENTE COMO FORMAL, NO SUSTANCIAL.

En el contexto de lo expuesto en el apartado anterior, y como habrá de desarrollarse en este escrito en un posterior agravios, se considera que la sanción impuesta por la autoridad responsable, desde nuestra perspectiva, RESULTA DESPROPORCIONADA, entre otras razones, al derivar la conclusión sancionatoria de una premisa falsa, a saber, que en el caso se trate de una falta de carácter sustancial, cuando la sana apreciación de los hechos concretos reputados como configurativos de la infracción a examen, nos informan que conforme a los propios parámetros establecidos por la responsable para precisar las infracciones meramente formales, la supuesta falta imputada debió ser examinada y calificada como formal y no como sustancial.

En conclusión, desde nuestra perspectiva, el acto reclamado incumple con los deberes de la debida fundamentación y motivación que todo acuerdo, resolución o sentencia que emitan las autoridades debe observar, esto es, se falta a la obligación del correcto señalamiento de los fundamentos jurídicos aplicables al caso concreto, así como de la debida exposición de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, es decir, no existe una adecuada concatenación de los fundamentos y razonamientos lógico-jurídicos que permitan sustentar, legal y constitucionalmente, la resolución que en esta vía se reclama.

Los anteriores deberes se encuentran explicitados en la Jurisprudencia 1/2000, emitida por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, visible en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Jurisprudencia, Volumen 1, a páginas 367 y 368, cuyo rubro y texto son del siguiente tenor:

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, QUE SE EMITEN EN EJERCICIO DE LA FUNCIÓN REGLAMENTARIA.- (Se transcribe).

EL SUBRAYADO ES NUESTRO

En el mismo sentido, también resulta apropiado citar la Jurisprudencia 5/2002, emitida por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, visible en la Compilación 1997-2013,Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Jurisprudencia, Volumen 1, a páginas 370 y 371, cuyo rubro y texto son del siguiente tenor:

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SE CUMPLE SI EN CUALQUIER PARTE DE LA RESOLUCIÓN SE EXPRESAN LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS QUE LA SUSTENTAN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SIMILARES). (Se transcribe).

EL SUBRAYADO ES NUESTRO

En consecuencia, se solicita respetuosamente a esa H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la revocación de la determinación contenida en la conclusión 93, habida cuenta que no se trata de una falta de carácter sustancial, toda vez que no se vulneraron los bienes jurídicos tutelados en el artículo 33, párrafo 1, del Reglamento de Fiscalización, como indebidamente lo resolvió la autoridad responsable.

SEGUNDO. La determinación adoptada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral causa agravio a mi representado y es violatoria de lo dispuesto en los artículos 16; 17; y 41, párrafo segundo, base V, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos toda vez que, desde nuestra perspectiva, carece de la debida fundamentación y motivación.

En efecto, causa agravio a mi representado el hecho de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral haya efectuado un análisis equívoco, incompleto y sesgado del Informe Anual de Ingresos y Egresos presentado por el Partido Revolucionario Institucional correspondiente al ejercicio dos mil trece (lo que significa una indebida motivación de la resolución reclamada) por lo que se vulnera de manera preponderante el principio de legalidad que se encuentra obligada a observar la autoridad responsable.

Se sostiene lo anterior en virtud de que, como se advierte en la resolución emitida en la sesión extraordinaria del 22 de octubre de 2014, por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las supuestas irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la Revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Egresos de los Partidos Políticos Nacionales correspondientes al ejercicio dos mil trece, en lo que la autoridad administrativa electoral identificó como conclusiones 24, 25, 27, 77, 95, 61 y 64, cometió faltas a la normatividad y, en consecuencia, impuso diversas sanciones pecuniarias.

En las conclusiones antes señaladas, la autoridad responsable determinó que diversas erogaciones realizadas por el Partido Revolucionario Institucional no correspondían a un gasto relacionado con el objeto partidista en su operación ordinaria.

Sin embargo, se considera que el actuar de la autoridad vulnera los artículos 16; 17; y 41, párrafo segundo, base V, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos toda vez que, desde nuestra perspectiva, carece de la debida fundamentación y motivación y vulnera el principio de legalidad, del que deben estar revestidos todos sus actos.

Al efecto, debe tenerse presente el entendimiento de los conceptos de fundamentación y motivación, que como garantías se establecen en la Constitución federal.

Por fundamentación debe entenderse que en los actos de autoridad debe de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso concreto.

Por motivación que la autoridad debe señalar con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.

Debe tenerse presente que la importancia de los derechos a que se refiere el párrafo primero del artículo 16 constitucional provoca que la simple molestia que pueda producir una autoridad a los titulares de aquéllos, debe estar apoyada clara y fehacientemente en la ley.

Las anteriores conclusiones encuentran sustento en las tesis jurisprudenciales emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyos datos de identificación, rubro y texto, se transcriben a continuación:

Época: Séptima Época

Registro: 394216

Instancia: Segunda Sala

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Apéndice de 1995

Tomo VI, Parte SCJN

Materia(s): Común

Tesis: 260

Página: 175

FUNDAMENTACION Y MOTIVACIÓN. (Se transcribe).

Partido Revolucionario Institucional

vs.

Consejo General del Instituto Federal Electoral

Jurisprudencia 1/2000

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, QUE SE EMITEN EN EJERCICIO DE LA FUNCIÓN REGLAMENTARIA.- (Se transcribe).

Se estima que la autoridad administrativa electoral al emitir el acto que se reclama en las que identificó como conclusiones 24, 25, 27, 77, 95, 61 y 64, incumplió sus obligaciones de fundamentación y motivación, pues a pesar de haber señalado que los gastos sujetos a examen no coadyuvaban en la realización de las actividades ordinarias de mi representado y no cumplían con un objeto partidista, tales argumentos son insuficientes para demostrar la existencia de una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, los motivos aducidos en el caso concreto, son insuficientes para acreditar la configuración de las hipótesis normativas aplicables. Se estima que las razones o motivos invocados por la autoridad para sustentar su acto, no están apoyados clara y fehacientemente en las normas en las que fundamentó su determinación, entre otras por las siguientes causas:

      Como se puede apreciar en forma indubitable, al fundamentar su actuación, la responsable invocó preceptos que contienen fines o principios de actuación en expresiones genéricas, y una motivación insuficiente para acreditar la configuración de las hipótesis normativas invocadas.

      La responsable calificó los gastos en examen de manera subjetiva y dogmática, como gastos que no coadyuvaban en la realización de las actividades ordinarias de mi representado y que no cumplían con un objeto partidista, sin apoyar suficientemente tales asertos y sin señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas para sustentar sus conclusiones.

      La responsable hizo un examen de los gastos de manera aislada, individual y sin atender al contexto de operación de un partido político, pretendiendo contrastar de manera directa los conceptos de los gastos con lo establecido en el artículo 41 de la Constitución federal en el sentido de que los partidos políticos son entidades de interés público “...que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática...”.

      Las conclusiones de la responsable son erróneas, habida cuenta que los gastos que examinó, contrariamente a lo que determinó, sí constituyen erogaciones relacionadas con las actividades ordinarias de mi representado y desde luego están encaminadas al cumplimiento de sus fines, es decir, al objeto partidista.

      La actuación de la responsable, no cumple con los principios que deben regir su actuar, habida cuenta que no está revestida del principio de certeza, ya que es evidente que en sus determinaciones introduce valoraciones distintas a las que ha aplicado en otros casos, de tal forma que al examinar gastos que se ubican en conceptos semejantes, en algunas ocasiones estima que satisfacen los requisitos legales y particularmente que son acordes con un objeto partidista y otras veces arriba a conclusiones contrarias.

      La actuación de la responsable carece de la debida congruencia, toda vez que frente a situaciones similares, adopta determinaciones divergentes.

Por todo lo anterior, se estima que las determinaciones de la responsable en torno a las conclusiones 24, 25, 27, 77, 95, 61 y 64, no satisfacen las garantías constitucionales de una debida fundamentación y motivación.

En efecto, en el punto resolutivo SEGUNDO, de la resolución que se combate, la autoridad responsable señaló:

f) Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 24, 25, 27, 61, 64, 77 y 95

Conclusión 24

Una multa consistente en 672 (seiscientos setenta y dos) días de salario mínimo diario general vigente para el Distrito Federal en el dos mil trece, equivalente a $43,518.72 (cuarenta y tres mil quinientos dieciocho pesos 72/100 M.N.).

Conclusión 25

Una multa consistente en 398 (trescientos noventa y ocho) días de salario mínimo diario general vigente para el Distrito Federal en el dos mil trece, equivalente a $25,774.48 (veinticinco mil setecientos setenta y cuatro pesos 48/100 M.N.).

Conclusión 27

La reducción del 0.09% (cero punto nueve por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $938,580.94 (novecientos treinta y ocho mil quinientos ochenta pesos 94/100 M.N.).

Conclusión 61

Una multa consistente en 8,615 (ocho mil seiscientos quince) días de salario mínimo diario general vigente para el Distrito Federal en el dos mil trece, equivalente a $557,907.40 (quinientos cincuenta y siete mil novecientos siete pesos 40/100 M.N.).

Conclusión 64

La reducción del 0.46% (cero punto cuarenta y seis por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $4,747,793.61 (cuatro millones setecientos cuarenta y siete mil setecientos noventa y tres pesos 61/100 M.N.).

Conclusión 77

Una multa consistente en 3,397 (tres mil trescientos noventa y siete) días de salario mínimo diario general vigente para el Distrito Federal en el dos mil trece, equivalente a $219,989.72 (doscientos diecinueve mil novecientos ochenta y nueve pesos 72/100 M.N.).

Conclusión 95

La reducción del 0.64% (cero punto sesenta y cuatro por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $6,600,000.00 (seis millones seiscientos mil pesos 00/100 M.N.).

A continuación, se procederá a demostrar la falta de fundamentación y motivación debidas de cada una de las conclusiones antes señaladas:

a) CONCLUSIÓN 24. Erogaciones por arreglos florales, artículos para reuniones y otros.

En el apartado respectivo de la resolución que se combate, específicamente en el que la autoridad responsable denomina como Conclusión final 24 señaló, entre otras cuestiones, lo siguiente:

[…]

         De la revisión a la cuenta “Remuneraciones a Dirigentes”, subcuenta “Gastos de Representación”, se observaron 69 pólizas que presentaban como soporte documental comprobantes por concepto de compra de despensa; sin embargo, dichas erogaciones no correspondían a un gasto relacionado con el objeto partidista de su operación ordinaria. Los casos en comento se detallaron en el Anexo 2 del oficio INE/UTF/DA/0644/14.

Fue preciso señalar que esta autoridad electoral tiene como atribución la de vigilar que los recursos que sobre el financiamiento ejerzan los partidos políticos se apliquen estricta e invariablemente en las actividades señaladas en la normatividad, siendo éstas las relativas a su operación ordinaria y gastos de campaña, así como aquéllas que promuevan la participación del pueblo en la vida democrática. Sin embargo, el gasto mencionado no guarda relación alguna con las actividades o fines propios de un partido político y no es necesario para el buen funcionamiento del mismo.

En consecuencia, se solicitó al partido presentara lo siguiente:

         Justificara razonablemente el objeto partidista de la erogación detallada en el Anexo 2.

         Las aclaraciones que a su derecho conviniera.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38, numeral 1, inciso o) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como 149, numeral 1 y 339 del Reglamento de Fiscalización.

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio INE/UTF/DA/0644/14 del 23 de junio de 2014, recibido por el partido el 24 del mismo mes y año.

Al respecto, con escrito SFA/0155/14 de fecha 7 de julio de 2014, recibido por la Unidad de Fiscalización el 8 del mismo mes y año, el partido manifestó lo que a la letra se transcribe:

“Respecto de la observación concerniente a que las erogaciones registradas en la cuenta ‘Gastos de Representación’, no se relacionan con el objeto partidista de la operación ordinaria del partido se realiza las siguientes precisiones:

Para comprender el uso de los gastos citados en el cuadro anterior, es esencial definir el concepto de Gastos de representación, el cual se define como:

‘GASTO DE REPRESENTACIÓN: Los gastos que se realicen por concepto de alimentación para la atención de comisiones y asuntos de trabajo asignados fuera de las instalaciones del Instituto y obsequios institucionales’.

Como se indica en el ‘Manual administrativo para la asignación de los gastos de representación del Instituto Electoral de Michoacán’.

Lo anterior de conformidad a la definición señalada en la página electrónica del Instituto Electoral del estado de Michoacán, que para consulta se cita la siguiente página electrónica:

www.iem.org.mx/.../fileserver.php?.../manuales.../manual__administrativo...

O como el concepto de gastos de representación que cita el Gobierno del estado de Oaxaca que a continuación se cita:

‘Aquellas erogaciones que en el ejercicio de su encargo o atribuciones y por cuenta de los entes públicos requieran realizar los servidores públicos, para atender afuera de su área de trabajo a prestadores de servicios, representantes de otras entidades u organismos públicos, o de otros países, asistir a eventos, congresos, convenciones, reuniones de trabajo, de análisis o en general en la atención de asuntos relacionados con su encargo.’

Lo anterior de conformidad a la definición señalada en la página electrónica del Gobierno del Estado de Oaxaca, que para consulta se cita la siguiente página electrónica:

http://transparencia.finanzasoaxaca.gob.mx/pdf/representacion/Gastos.pdf

Las actividades antes mencionadas se realizan de conformidad a los Estatutos del Partido, los cuales están sustentados en los artículos 61, 84 y 84 bis, fracción XVII, así como, el artículo 37, fracción I del Reglamento del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, los cuales a la letra se transcriben:

Estatutos del Partido

‘Artículo 61. Los dirigentes del Partido tienen, además las obligaciones siguientes:

(…)

III. Dar audiencias y atender las demandas de los militantes que lo soliciten, de acuerdo a las normas y trámites correspondientes.’

‘Artículo 84. El Comité Ejecutivo Nacional tiene a su cargo la representación y dirección política del Partido en todo el país y desarrollará las tareas de coordinación y vinculación para la operación política de los programas nacionales que apruebe el Consejo Político Nacional y la Comisión Política Permanente.’

Artículo 84 bis. El Comité Ejecutivo Nacional estará integrado por:

(...)

XVII. Cada Sector y organización nacional contará dentro del Comité Ejecutivo Nacional con un coordinador, con las atribuciones y representatividad suficientes para su cabal funcionamiento”

Reglamento del Comité Ejecutivo Nacional

Artículo 37. Los titulares de las Secretarías del Comité Ejecutivo Nacional, tendrán las atribuciones y obligaciones siguientes, además de las que su cargo les confiere:

I. Ejercer la representación de la Secretaría a su cargo, así como el trámite y resolución de los asuntos de su competencia legal y reglamentaria.

(...)’

Por tanto, respecto a los gastos relacionados en la presente observación por un monto de $164,820.26, los cuales se agrupan por concepto y se indica el anexo en el cual se relaciona cada una de las pólizas observadas por esta autoridad, el cual se cita a continuación:

Se señala de manera general que se adquirieron para los miembros de este partido y utilizados durante sus extensas jornadas de trabajo, así como, en las reuniones de trabajo en las cuales se reciben a miembros del mismo partido que procedían de diversas entidades de la República, u organizaciones sociales, como una atención a su persona.

A continuación se detalla el uso que se le dio a cada rubro de los artículos antes mencionados.

Papelería

En relación a los gastos de papelería detallados en el Apartado 6A de este oficio, como se puede observaren la columna denominada ‘Concepto’, aun cuando no forme parte de los ‘Gastos de Representación’, son gastos por la compra de plumas, pilas, cartuchos de impresora, cargador de laptop, entre otros.

También se tiene la necesidad de enviar vía paquetería en calidad de entrega urgente, material previo a las reuniones, por lo cual se contrata los servicios de paquetería.

Cabe mencionar que los artículos antes descritos, se utilizaron en las oficinas que están dentro de las instalaciones del Partido, en las actividades diarias que realiza cada secretaría que adquirió estos bienes, por otra parte, se indica a la autoridad que no existe evidencia fotográfica la cual se exhiba como muestra de la utilización de cada artículo que se detalla en el anexo antes citado.

La compra de cajas de archivo muerto se utiliza para el traslado de documentación como en ocasiones se utilizan para el traslado de documentación para el área asignada a los auditores electorales que nos visitan año con año.

Cada secretaría tiene sus propias facultades, las cuales están sustentadas en los estatutos de este Partido, mismos que fueron revisados, avalados y aprobados por el Consejo General de dicho instituto.

Arreglos Florales

En el caso de arreglos florales, gasto detallado en el Apartado B de este oficio, corresponde a que una de las facultades de cada secretaría es ejercer la representación a su cargo, ahora bien, existen reuniones, con los comités directivos estatales, dirigencia de los diferentes sectores u organizaciones nacionales, en algunas reuniones, las salas de juntas se ornamenta con un arreglo floral, el cual puede ser ocupado en una o varias reuniones, en el caso de tener agendadas varias reuniones en un día.

Renta De Vehículos

En el Apartado C se detalla la renta de vehículos, como parte de los gastos de representación que ejerce cada secretario, en ocasiones, existe la posibilidad de llevar reuniones fuera de las instalaciones del Partido, por lo cual existe la necesidad de rentar un vehículo con el objetivo de trasladarse a diferentes puntos donde se lleven las de reuniones de carácter laboral.

Comunicación

Es importante mencionar, que como parte de las facultades de los secretarios, es el de delegar las atribuciones que estime conveniente a los demás integrantes de la secretaría, como lo indica el artículo 37, en su numeral XIV, del Reglamento del Comité Ejecutivo Nacional del Partido.

En consecuencia, al existir la necesidad de que en algunas ocasiones, se mantenga informado de los avances de las tareas que se realizan fuera de las instalaciones del partido, se ve obligado en la compra de tarjetas telefónicas prepagadas, o en su lugar, el adquirir equipo denominado cargador de celular, para la efectiva comunicación.

Dentro de este rubro por tener así la necesidad, se incluyó el cambio de combinación de una caja fuerte, con el objetivo de salvaguardar por ejemplo documentos confidenciales, efectivo, entre otros, atendiendo el principio de resguardo que existe en cada entidad. Lo anterior, como consta en el Apartado D del presente oficio.

Material De Limpieza

Los artículos detallados en el Apartado E, aun cuando no forme parte de los ‘Gastos de Representación’, se utilizan en la limpieza ocasional que por la necesidad de realizar reuniones, los fines de semana o reuniones en horas en las cuales no se encuentra el personal de limpieza, y se realizan en las oficinas, salas de juntas o áreas que así lo requieran.

En ocasiones se aromatizan las áreas con velas que tienen esa función, mismas que se enlistan en el anexo correspondiente.

Es importante mencionar, que en las oficinas se realiza las actividades de mantenimiento y/o limpieza con estos tipos de artículos, como lo puede constatar el equipo de auditores del Instituto Nacional Electoral que nos visitó este año.

Artículo Para Coffee Break

En el Apartado F, como se ha mencionado anteriormente, en las reuniones que se llevan a cabo, existe una zona en la que se instala por lo regular una zona denominada coffee break, la cual está habilitada para que los asistentes, tengan la oportunidad de tomar, café, té, leche, agua simple, refresco, fruta, galletas, rebanadas de pastel, entre otros.

Lo anterior, con el objetivo de hacer una pausa en las reuniones, y tener un tiempo en meditar nuevas ideas, compartir entre los invitados inquietudes, debatir con cercanía lo planteado previamente en las reuniones realizadas, y al final del día, terminar con proyectos de excelente calidad.

Otros

En el Apartado G se indican varios artículos como son el pago de estacionamiento, que se utilizó para alguna reunión fuera del Partido Político, así como, un consumo de alimentos en un restaurante, compra de medicamento para el botiquín del personal.

Artículos Para Reunión

En el Apartado H, se relacionan artículos consumibles, que se utilizan en las reuniones que se llevan a cabo principalmente en los horarios vespertinos y nocturnos, que son necesarios, debido a las horas extensas que se prolongan dichas reuniones.

Por otra parte, queremos hacer énfasis en que ninguno de estos artículos es considerado de Lujo, sino más bien, son artículos incluidos en la Canasta Básica, y que se utilizan para poder brindar condiciones adecuadas de trabajo, como los artículos de limpieza, artículos comestibles para reuniones laborales, papelería para los trabajos desarrollados, comunicación para una mayor eficiencia.

Los artículos de la canasta básica se pueden corroborar en las páginas electrónicas siguientes:

http://elinpc.com.mx/canasta-basica-mexicana/

http://www.inegi.org.mx/est/fcontenidos/Proyectos/INP/PreguntaslNPC.aspx

Cabe mencionar que este tipo de artículos se ha adquirido también en ejercicios anteriores, sin embargo, la autoridad electoral nunca había hecho la mención de que no se vincularan con el objeto partidista, por lo que, no teniendo una negativa se han adquirido en el ejercicio de revisión y se han destinado al personal del partido y a personal de otras instituciones o entidades que nos visitan con las que se mantiene una relación política (Gastos de representación), encontrándonos en esta ocasión que la autoridad electoral ha aplicado en la presente revisión un criterio diferente respecto a este tipo de gastos al que se venía realizando.

Como evidencia de lo expuesto en el párrafo anterior, a continuación se señalan algunos Dictámenes emitidos por la Autoridad electoral, en los cuales se subsanó la adquisición de despensa de alimentos, artículos de limpieza y otros, que en el presente ejercicio se están observando a este Partido:

Por otra parte, es relevante señalar, que en la sesión ordinaria del día 29 de agosto de 2013 del Consejo General del instituto Federal Electoral, aprobó el Anteproyecto del presupuesto del Instituto Federal Electoral para el ejercicio 2014, en su Anexo 1 denominado Bases generales del Anteproyecto de presupuesto del Instituto Federal Electoral para el Ejercicio 2014’, como se menciona en su página 302 en el rubro de Proceso Electoral Federal 2014-2015, existen los siguientes rubros:

Lo anterior, se puede verificar en la siguiente dirección electrónica de internet:

http://www.ine.mx/docs/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG acuerdos/2013/Agosto/CGord201308-29ZCGo290813ap2_x1.pdf

Como se observa, también existe un gasto similar en este caso para el personal que labora en el Instituto Nacional Electoral, además de contar en el presupuesto gastos por concepto de viáticos nacionales para labores en campo y supervisión.

Es importante recalcarla tarea que tiene esa Autoridad Electoral como es la atribución de vigilar el destino de los recursos que sobre el financiamiento ejerzan los partidos políticos, mismos que se deben de aplicar estricta e invariablemente en las actividades señaladas en la normatividad y que promuevan la participación del pueblo en la vida democrática, sin embargo cabe aclarar que estos gastos erogados por los dirigentes de este partido político son inherentes y con las cuales se desarrollan las actividades partidistas, así como, son necesarias en el caso del Instituto Nacional Electoral, para desarrollar sus actividades como órgano electoral.

Por lo antes mencionado, es importante señalar que los gastos observados si cumplen con el objeto partidista de este Instituto Político. Por tal situación confió (sic) en que su criterio y decisión sea objetivo para subsanar esta observación”.

Del análisis a las aclaraciones presentadas y de conformidad clasificación que realizó el partido, se determinó lo siguiente:

Respecto a los artículos señalados con (1) del cuadro que antecede la respuesta del partido se consideró satisfactoria, toda vez que acreditó el uso que se le dio a cada uno de los artículos mencionados; por tal razón la observación quedó subsanada por un importe de $27,611.08.

En relación a los arreglos florales señalados con (2) en el cuadro que antecede, la respuesta del partido se consideró insatisfactoria, aun cuando menciona que una de las facultades de cada secretaría es ejercer la representación a su cargo, y existen reuniones, con los comités directivos estatales, dirigencia de los diferentes sectores u organizaciones nacionales, en algunas reuniones, las salas de juntas se ornamentan con un arreglo floral, el cual puede ser ocupado en una o varias reuniones, en el caso de tener agendadas varias reuniones en un día; no justifica la compra de orquídeas que no representan un insumo para el buen funcionamiento del trabajo encomendado a los dirigentes, por tal razón, la observación quedó no subsanada respecto a este punto.

Respecto a los artículos señalados con (3) en el cuadro que antecede; fue conveniente señalar que de acuerdo con lo manifestado por el partido, no correspondían a gastos de representación de órganos directivos sino a gastos ordinarios de operación del partido, por lo que debía realizar la reclasificación correspondiente por $55,840.27.

Por lo que respecta a los artículos señalados con (4) en el cuadro que antecede, del análisis a las aclaraciones vertidas por el partido, fue necesario precisar que en las subcuentas “Otros” y “Artículos para reuniones” la respuesta se consideró satisfactoria por un monto de $41,766.38 al justificar que correspondió a actividades que desarrollaron los dirigentes en el desarrollo de su encargo; sin embargo, por lo que corresponde al importe de $34,428.93 la respuesta se consideró insatisfactoria toda vez que estos gastos no correspondían a una actividad propia de las mencionadas por el partido, como son las señaladas en los Apartados G y H, que correspondían a artículos para reuniones, dado que sus comprobantes amparan aspirinas, cuadros, uniformes, vestuarios (por lo que hace al Apartado G) y alimentos como carne, pollo, verduras, frijol, cebolla, jitomate, sopa de pasta, lenteja y despensa (Apartado H), artículos que difícilmente se pueden ofrecer directamente en una reunión de trabajo; por tal razón, la observación quedó no subsanada por un importe de $34,428.93; a continuación se detallan los casos en comento:

Aunado a lo anterior, fue importante precisar que si bien es cierto que los Gastos de Representación, correspondían a egresos efectuados por dirigentes para el buen funcionamiento de sus actividades, comisiones y asuntos de trabajo en representación del instituto político; también lo era que debían ser plenamente identificados; fue preciso señalar que esta autoridad no observó la totalidad de la subcuenta “Gastos de Representación”, tal como quedó evidencia en la revisión a la documentación presentada durante la revisión al informe anual, en la cual se validaron y aceptaron gastos directamente vinculados con los dirigentes tales como hospedaje, consumos, pasajes, gasolina, telefonía celular; sin embargo, la compra de productos de la canasta básica que son el conjunto de bienes y servicios indispensables para que una familia pudiera satisfacer sus necesidades básicas de consumo; no correspondían a gastos de representación por la compra de pollo, carne, verduras, frijol, cebolla, jitomate, sopa de pasta, lenteja y en general despensa, que son artículos que no correspondían por su naturaleza a proveerse y difícilmente se podían ofrecer directamente en una reunión de trabajo.

Finalmente, respecto a lo manifestado por el partido en relación a que dichos gastos no se habían observado en otros ejercicios, así como el comparativo realizado con otros institutos políticos, cabe aclarar que los gastos analizados no correspondían a las mismas cuentas de registro, tales como: Servicios generales, Materiales y suministros en cada una de sus subcuentas señaladas en el catálogo de cuentas.

En consecuencia, se solicitó nuevamente al partido presentara lo siguiente:

      Las aclaraciones que a su derecho convinieran.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38, numeral 1, inciso o) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como 149, numeral 1 y 339 del Reglamento de Fiscalización.

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio INE/UTF/DA/1388/14 del 12 de agosto de 2014, recibido por el partido el mismo día.

Al respecto, con escrito SFA/0186/14 de fecha 19 de agosto de 2014, recibido por la Unidad de Fiscalización el 20 del mismo mes y año, el partido manifestó lo que a la letra se transcribe:

“(…)

Respecto a los conceptos señalados con (3), se realizó la reclasificación al rubro de gastos de operación ordinaria, por lo que en Apartado 3A se remiten 9 pólizas contables (PD-1/Ajt5-13, PD-2/Ajt5-13, PD-3/Ajt5-13, PD-4/Ajt5-13, PD-5/Ajt5-13, PD-6/Ajt5-13, PD-7/Ajt5-13, PD-8/Ajt5-13, PD-9/Ajt5-13) en las que se puede constatarla reclasificación correspondiente.

Por otra parte, en Apartado 1A, se remite la relación de Órganos Directivos con las modificaciones realizadas.

Ahora bien, en relación con lo concepto referenciado con (2) y (4) se aclara lo siguiente:

Respecto al inciso (2) por un monto de $5,173.60 correspondientes a arreglos florales se reitera a esa Autoridad que independientemente del tipo de flor de que se trate, los arreglos florares son artículos utilizados en eventos que el partido realiza, y que su uso sí se vincula con la actividad política del mismo.

En el caso del inciso (4) los conceptos señalados por un monto de $ 4,193.35 corresponden a artículos para el uso dentro de la oficina, a disposición del personal que labora en el área y que son de uso recurrente, tales como aspirinas, pañuelos; así como, de artículos para el mejoramiento de la misma.

En cuanto a los gastos señalados por $ 30,235.58 corresponden a la compra de alimentos utilizados para su procesamiento dentro del Partido, hay algunas oficinas de titulares, en las que se ha adaptado una cocina, debido a que existen periodos y horarios de trabajo en los que no es posible solicitar un servicio de comida.

Por lo anterior se solicita a esa Autoridad la Autorización para poder reclasificar el monto de $ 39,602.53 al gasto ordinario del Partido, por lo que en el Apartado 3B se presentan las pólizas con el registro propuesto.

(…)”

Del análisis a las aclaraciones y documentación presentada de la clasificación de los artículos, se determinó lo siguiente:

Referente a los artículos señalados con (1) en la columna “Referencia para Dictamen” del cuadro que antecede, la respuesta se consideró satisfactoria, toda vez que presentó las pólizas donde se reflejan las reclasificaciones al gasto ordinario, por tal razón, la observación quedó subsanada por un importe de $55,840.27.

Por lo que corresponde a los artículos señalados con (2) en la columna “Referencia para Dictamen” del cuadro que antecede, la respuesta del partido se consideró insatisfactoria, aun cuando manifiesta que fueron utilizados en eventos y que su uso sí se vincula con la actividad política, no presentó evidencia que acreditara lo manifestado aunado a que los partidos políticos tienen como objetivo promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, por tal razón, la observación quedó no subsanada por $5,173.60.

Ahora bien, respecto a los artículos señalados con (3) en la columna “Referencia para Dictamen” del cuadro que antecede, la respuesta del partido se consideró insatisfactoria, ya que aun cuando señala que son artículos para uso interno del personal derivado de los periodos y horarios de trabajo en los que no es posible solicitar un servicio de comida; sin embargo, la compra de productos de la canasta básica no guarda relación alguna con las actividades o fines propios de un partido político, que es promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, por tal razón la observación quedó no subsanada por un monto de $34,428.93.

Sobre el particular, cabe mencionar que los partidos políticos se rigen en primer lugar por la normatividad electoral, en este caso por lo dispuesto en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual establece que los recursos que ejerzan deben aplicarse estricta e invariablemente en las actividades relativas a la operación ordinaria y gastos de campaña, así como aquellas que promuevan la participación del pueblo en la vida democrática.

Es importante mencionar que el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos políticos son entidades de interés público que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.

En esa tesitura, procede señalar que la libertad ciudadana de hacer lo permitido por la legislación en los supuestos que no estén expresamente regulados como prohibidos en normas de orden público no puede llegar al extremo de contravenir esos fines colectivos con sus actos, sino que en todo caso, su actuación debe dirigirse y ser adecuada para cumplir con la función pública, primordialmente, en razón de ser prioritaria en relación con sus fines individuales.

En este orden de ideas, los artículos adquiridos por su naturaleza no se consideran que coadyuven en la realización de las actividades ordinarias del partido y no cumplen con un objeto partidista; por tal razón, la observación no se consideró subsanada.

En consecuencia, al realizar gastos que no se vinculan con el objeto partidista por un importe total de $39,602.53, integrado por los montos de $5,173.60 y $34,428.93, el partido incumplió con lo dispuesto en el artículo 38, numeral 1, inciso o) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. (Conclusión final 24).

Finalmente, respecto a la solicitud del partido conviene aclarar que no es procedente en razón de que son gastos que no guardan relación con el objeto partidista, y no pueden ser reclasificados como operación ordinaria, toda vez que fueron registrados como tales, solo que en la cuenta de órganos directivos, por lo tanto no puede ser aplicada ya que los egresos fueron registrados en las cuentas de resultados correspondientes en el ejercicio 2013 y para el cierre del ejercicio se reconocerán como Déficit o remante del mismo.

[…]

Como se puede apreciar de la anterior transcripción, la autoridad responsable concluyó que el instituto político que represento había incumplido con lo dispuesto en el artículo 38, párrafo 1, inciso o), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por haber realizado gastos, que a su decir, no se vinculaban con el objeto partidista. Dichos gastos importaban un total de $39,602.53, y se integraban con egresos por $5,173.60, por compra de arreglos florales, $4,193.35 por erogaciones en pañuelos, aspirinas, cursos, instalación de película, vestuario, uniformes y blancos, así como $30,235.58 por productos de canasta básica, tales como: carne, pollo, verduras, frijol, cebolla, jitomate, sopa de pasta, lenteja, pan, tortillas, jamón, leche, refrescos, toallas de papel, aceite de soya, café, sustituto de crema, pastel, queso, limón, vasos, salchichas, mermelada, agua, fruta, hielo, etc. Como parte de la motivación y fundamentación de su determinación, la autoridad literalmente señaló:

“Por lo que corresponde a los artículos señalados con (2) en la columna “Referencia para Dictamen” del cuadro que antecede, la respuesta del partido se consideró insatisfactoria, aun cuando manifiesta que fueron utilizados en eventos y que su uso sí se vincula con la actividad política, no presentó evidencia que acreditara lo manifestado aunado a que los partidos políticos tienen como objetivo promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, por tal razón, la observación quedó no subsanada por $5,173.60.

Ahora bien, respecto a los artículos señalados con (3) en la columna “Referencia para Dictamen” del cuadro que antecede, la respuesta del partido se consideró insatisfactoria, ya que aun cuando señala que son artículos para uso interno del personal derivado de los periodos y horarios de trabajo en los que no es posible solicitar un servicio de comida; sin embargo, la compra de productos de la canasta básica no guarda relación alguna con las actividades o fines propios de un partido político, que es promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, por tal razón la observación quedó no subsanada por un monto de $34,428.93.

“... los partidos políticos se rigen en primer lugar por la normatividad electoral, en este caso por lo dispuesto en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual establece que los recursos que ejerzan deben aplicarse estricta e invariablemente en las actividades relativas a la operación ordinaria y gastos de campaña, así como aquellas que promuevan la participación del pueblo en la vida democrática.

Es importante mencionar que el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos políticos son entidades de interés público que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.

En esa tesitura, procede señalar que la libertad ciudadana de hacer lo permitido por la legislación en los supuestos que no estén expresamente regulados como prohibidos en normas de orden público no puede llegar al extremo de contravenir esos fines colectivos con sus actos, sino que en todo caso, su actuación debe dirigirse y ser adecuada para cumplir con la función pública, primordialmente, en razón de ser prioritaria en relación con sus fines individuales.

En este orden de ideas, los artículos adquiridos por su naturaleza no se consideran que coadyuven en la realización de las actividades ordinarias del partido y no cumplen con un objeto partidista; por tal razón, la observación no se consideró subsanada.

…”

Como se puede apreciar de la anterior transcripción, la fundamentación dada por la responsable, se hizo consistir en la mera invocación de preceptos que señalan los fines o principios de actuación de los partidos políticos a través de expresiones genéricas y con una motivación insuficiente, pretendió acreditar la configuración de las hipótesis normativas invocadas.

En efecto, la responsable fundamentó su determinación en lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos1, así como en el artículo 38, párrafo 1, inciso o), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales2.

1 Artículo 41.- El pueblo ejerce su soberanía...

…

I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden.

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así corno las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas (sic) la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que señalen esta Constitución y la ley.

2 Artículo 38.

1. Son obligaciones de los partidos políticos nacionales:

o) Aplicar el financiamiento de que dispongan, por cualquiera de las modalidades establecidas en este Código, exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades ordinarias...

Si bien la responsable pretendió dar a su fundamentación la apariencia de una interpretación sistemática al vincular un precepto de la Constitución con otro de rango legal, lo cierto es que las disposiciones invocadas resultan demasiado generales y su motivación no es demostrativa de la configuración de la hipótesis normativa invocada.

Es indiscutible que el artículo 41, contiene una declaración o precisión de los fines que deben orientar la actuación de los partidos políticos. El valor de esos fines y su carácter orientador resultan incuestionables. Tampoco es discutible que los partidos políticos en acatamiento al artículo 38, párrafo 1, inciso o), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, deben aplicar sus recursos, exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, o para sufragar sus gastos de precampaña o campaña o por actividades específicas.

Igualmente es indiscutible que en concordancia con lo dispuesto en el artículo 281 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Federal Electoral, los partidos políticos deben administrar sus recursos, y por ende realizar sus erogaciones, con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género.

Sin embargo, de la cuidadosa lectura de las disposiciones normativas invocadas por la responsable, relacionada con la motivación dada por la autoridad, resulta claro que la motivación es insuficiente para demostrar clara y fehacientemente que mi representado hubiese incumplido con las normas en que la responsable fundamentó su determinación.

Es evidente que la conclusión de la responsable es errónea, pues contrariamente a lo que concluyó, las erogaciones en arreglos florales por un monto de $5,173.60 y la compra de productos de canasta básica por $34,428.00, sí constituyen erogaciones relacionadas con las actividades ordinarias de mi representado y, desde luego, están encaminadas al cumplimiento de sus fines, es decir, al objeto partidista.

Nada de extraño tiene que las actividades partidistas ya sea que se realicen en las instalaciones del partido o en otras instalaciones, mediante renta o comodato, sean ornamentadas con flores. Tampoco debe entenderse que los arreglos florales o frutales deban ser de uso exclusivo en reuniones de la dirigencia. Es claro que los arreglos florales se utilizan para que el entorno de trabajo resulte más agradable y en ese sentido las labores sean más provechosas. Además, es práctica común en instituciones públicas y privadas, la adquisición de arreglos florales, incluso en nuestra sociedad es común que el entorno doméstico sea adornado con arreglos florales.

Tampoco resulta justificada la consideración de la responsable en el sentido de que la adquisición de alimentos tales como: carne, pollo, verduras, frijol, cebolla, jitomate, sopa de pasta, lenteja, aspirinas, cuadros, uniformes o vestuarios, sean incompatibles con las actividades propias de los partidos y que racionalmente no pueden corresponder a egresos de los dirigentes para el buen funcionamiento de sus actividades, comisiones y asuntos de trabajo, en representación de su instituto político. Tampoco es aceptable la aseveración en el sentido de que los artículos de despensa no corresponden por su naturaleza a proveerse y que difícilmente se podrían ofrecer en una reunión de trabajo.

Contrariamente a lo considerado por la responsable, se estima que omite tomar en cuenta que la representación del partido se lleva a cabo en las instalaciones del instituto político y fuera de éstas. Como se señaló en oportunidad a la autoridad, es el caso de que algunas oficinas tienen a su disposición una cocineta, que se ha instalado para facilitar la atención de los funcionarios y sus visitantes, especialmente en los casos en que por el horario o por otras circunstancias particulares, no es posible solicitar un servicio de comida o resulta complicado o costoso en tiempo o dinero, suspender las labores, salir de las instalaciones partidistas y acudir comer a restoranes. Por tanto, contrariamente a lo afirmado por la responsable, se considera que la adquisición de artículos de la canasta básica y particularmente de alimentos entre los que se incluyen carne, verduras, tortillas, pollo, frijoles, jamón, sopa de pasta, café, pan, cebollas, leche, refrescos, pastel, fruta, queso, crema, salchichas, plátano, mermelada, etcétera, desde luego que pueden ser utilizados para la atención de los visitantes a las oficinas de los funcionarios partidistas. Lo mismo puede decirse de artículos tales como: pañuelos desechables, aspirinas, hielo, agua, papel fotográfico, etcétera. Asimismo, la necesidad de utilizar blancos como manteles o servilletas, es incuestionable, o la adquisición de vestuario para las personas que habrán de preparar los alimentos o dar servicio a los comensales.

Debe destacarse que la adquisición de arreglos florales o de artículos de la canasta básica, ha sido informada a la autoridad responsable en ejercicios anteriores y que nunca había considerado que no se vincularan con el objeto partidista. En este sentido, se concluye que la actuación de la responsable no cumple con los principios que deben regir su actuar y que sus actos no quedan revestidos del principio de certeza, porque es evidente que para sustentar sus determinaciones introduce valoraciones distintas a las aplicadas en casos anteriores en los que consideró como gastos acorde al objeto del partido la adquisición de arreglos florales. Cabe aclarar que en su oportunidad se informó a la responsable de diversos casos en los que la adquisición de los artículos en cuestión para la atención de personal de otras instituciones o visitantes de los funcionarios partidistas, fueron hechos del conocimiento de la responsable y considerados como acordes al objeto partidista, particularmente en la elaboración de los dictámenes en los años 2012 y 2010, relacionados con erogaciones de los partidos Nueva Alianza, Acción Nacional, del Trabajo y Convergencia.

El criterio de la responsable es insostenible pues aunque no lo señala con absoluta claridad, sugiere que podrían comprarse arreglos florales, pero que estos no deberían incluir a la “orquídea” entre las variedades florales susceptibles de ser adquiridas y, en otro sentido, que podrían adquirirse otras variedades florales. Se estima que las atribuciones y facultades que la ley otorga a la responsable, no deberían ser utilizadas para que subjetiva y arbitrariamente proscriba la adquisición de algunos tipos de flores en específico.

Por otra parte, el criterio de la responsable sugiere que la atención a los visitantes de los funcionarios partidistas no puede incluir la utilización de artículos de la canasta básica y que posiblemente estos visitantes pudieran ser atendidos con otro tipo de alimentos distintos a los del uso más común y que por eso forman parte de lo que se le denomina canasta básica, lo cual carece de sustento lógico.

Finalmente, debe destacarse que la responsable carece de la debida congruencia, pues ante situaciones similares (adquisición de arreglos florales o de artículos de canasta básica) adopta determinaciones divergentes.

Como pruebas, se acompañan al presente escrito las documentales privadas, identificadas como ANEXO 7, consistentes en copias simples de póliza individual de egreso con folio 524 de fecha 29 de mayo de 2012, que incluye, entre otros gastos, los relacionados con un arreglo floral y con diversos artículos de la canasta básica. Estos gastos fueron incluidos en el informe del Partido Revolucionario Institucional y no fueron objeto de observación por parte de la autoridad; así como la técnica, identificada como ANEXO 8, consistentes en DISCO COMPACTO (CD) en el que se incluyen dos archivos de texto en formato PDF, que contienen la Resolución del Dictamen Consolidado correspondiente emitida por el entonces Consejo General del Instituto Federal Electoral, en lo que corresponde al Partido Revolucionario Institucional y anexos, de cuyo examen se desprende que las erogaciones correspondientes a la póliza señalada como anexo 7, no fueron objeto de observación alguna por parte de la autoridad responsable.

Por todo lo anterior, se estima que la determinación de la responsable en torno a la conclusión 24, no satisface las garantías constitucionales de una debida fundamentación y motivación.

b) CONCLUSIÓN 25. Erogaciones consistentes en obsequios relacionados con el día de las madres (portarretratos, etiquetas de felicitación) y pintura al óleo alusiva al aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio.

En el apartado respectivo de la resolución que se combate, específicamente en el que la autoridad responsable denomina como Conclusión final 25 señaló, entre otras cuestiones, lo siguiente:

[…]

    De la verificación a la cuenta “Materiales y Suministros”, varias subcuentas, se observó el registro de erogaciones por la adquisición de diversos artículos que carecían de justificación toda vez que no se relacionaban con su operación ordinaria ni cumplían con un objeto partidista. A continuación se detallan los casos en comento:

Fue preciso señalar que esta autoridad electoral tiene como atribución la de vigilar que los recursos que sobre el financiamiento ejerzan los partidos políticos se apliquen estricta e invariablemente en las actividades señaladas en la normatividad, siendo éstas las relativas a su operación ordinaria y gastos de campaña, así como aquellas que promuevan la participación del pueblo en la vida democrática. Sin embargo, los gastos mencionados no guardaban relación alguna con las actividades o fines propios de un partido político y no se consideraban necesarios para el buen funcionamiento del mismo.

En consecuencia, se solicitó al partido lo siguiente:

         Justificara el objeto partidista de las erogaciones detalladas en el cuadro que antecede.

         Las aclaraciones que a su derecho conviniera.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38, numeral 1, inciso o) del Código de la materia, así como 149, numeral 1 y 339 del Reglamento de Fiscalización.

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio INE/UTF/DA/0835/14 del 1 de julio del 2014, recibido por el partido el mismo día.

Al respecto, con escrito SFA/0168/14 del 15 de julio de 2014 recibido por la Unidad de Fiscalización el mismo día, el partido manifestó lo que a la letra se transcribe:

“... Respecto al proveedor Tame Suministros para Oficina, S.A. de C.V. se aclara que, el concepto de la factura que esa Autoridad describe en el cuadro que antecede es incorrecto ya que este es por la compra de ‘850 vales de despensa producción de chequera 25,500 valor de 100’ y ‘un servicio administrativo’, cabe señalar que estos vales fueron otorgados a los militantes del Partido conforme al plan de seguridad social; para que esa Autoridad tenga certeza de lo antes mencionado en Apartado 5, se remite relación donde se detalla el nombre y la firma de recibido por cada uno de los militantes colaboradores de este Partido.

En relación a los proveedores Centipiel México, S. De R.L. De C.V., Distribuidora Ojusami S.A. De C.V., Ruiz Guerrero José Luis, Comercializadora Slogan, S.A. De C. V. y Grupo Editorial De México, S.A. De C.V. los cuales se les realizó la compra de diversos artículos de papelería, material y bien complementario, prendas de protección y material y útiles de impresión y reproducción cuya finalidad es abastecer las necesidades administrativas de este Partido.

A mayor abundamiento es necesario precisar que todas y cada una de las actividades que esta autoridad ha determinado sin motivación o

fundamentación valida alguna, como una actividad que no cumple con el objeto partidista, se tiene que dicha actividad fue realizada dentro del marco de las actividades ordinarias, entendidas estas como:

1. El gasto programado que comprende los recursos utilizados por el partido político con el objetivo de conseguir la participación ciudadana en la vida democrática, la difusión de la cultura política y el liderazgo político de la mujer;

2. Los gastos de estructura partidista de campaña realizados dentro de los procesos electorales;

3. El gasto de los procesos internos de selección de candidatos, el cual no podrá ser mayor al dos por ciento del gasto ordinario establecido para el año en el cual se desarrolle el proceso interno;

4. Los sueldos y salarios del personal, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, papelería, energía eléctrica, combustible, viáticos y otros similares;

5. La propaganda de carácter institucional que lleven a cabo únicamente podrá difundir el emblema del partido político, así como las diferentes campañas de consolidación democrática, sin que en las mismas se establezca algún tipo de frase o leyenda que sugiera posicionamiento político alguno.

6. Por actividades políticas permanentes, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido que deben entenderse como aquéllas tendientes a promover la participación del pueblo en la vida democrática del país y contribuir a la integración de la representación nacional, además de aquellas actividades encaminadas a incrementar constantemente el número de sus afiliados, a sostener en funcionamiento efectivo a sus órganos estatutarios, a la divulgación de su ideología y plataforma política. Estas actividades no se pueden limitar exclusivamente a los periodos de elecciones, por la finalidad misma que persiguen, siendo evidente que de ser así, restaría materia a la contienda electoral, en tanto que los ciudadanos no tendrían conocimiento de los objetivos y programas de acción de los partidos políticos intervinientes, que como ya se razonó, deben ser difundidos de manera permanente.

De dicha actividad este ente político ha presentado la totalidad de documentación soporte con la que se cuenta a través de la cual se puede acreditar que la actividad si cumple con el objeto partidista en la aplicación del gasto, y que no se está fuera de marco jurídico alguno.

En el caso concreto que nos ocupa, se tiene que esta autoridad se limita a afirmar en forma taxativa y expresa que no se demuestra que el gasto efectuado por este Partido haya tenido un objeto partidista, sin efectuar algún análisis sobre los documentos ofrecidos, ni tampoco hacen referencia alguna a su alcance, valor probatorio y deficiencias, que les impidieran acreditar que la actividad realizada se vincula o no con el objeto partidista de esta fuerza política.

En otras palabras, esta autoridad simplemente niega que la documentación sirva para acreditar el objeto partidista de la actividad realizada, sin explicar los argumentos o motivos por los que arriba a esa conclusión, ocasionando que este oficio de errores y omisiones no cumpla con los principios de exhaustividad, legalidad y certeza jurídica ya que al emitir una afirmación sin una debida motivación y fundamentación, se nulifica la garantía de audiencia real a este ente político, ya que no se puede aportar elemento de prueba idóneo a una simple afirmativa que carece de los argumentos relacionados.

Adicionalmente, esta autoridad se abstiene de efectuar una valoración de los documentos aportados a fin de acreditar que el gasto efectuado tuvo un objeto partidista adecuado y que cumple con la totalidad de requisitos establecidos por la norma para ser estimado un gasto ordinario...”

Al respecto, por lo que se refiere a la factura identificada con (1) en la columna “Referencia” del cuadro que antecede, el partido aclaró que se trata de prendas de protección, por tal razón la observación se consideró subsanada.

En cuanto a la factura identificada con (2) en la citada columna del cuadro que antecede, el partido aclaró que correspondía a la adquisición de vales de despensa y presentó una relación que contenía el nombre y la firma de 824 personas que laboraron en el Comité Ejecutivo Nacional del partido misma que amparaba la entrega y recepción de los vales en comento; sin embargo, el número de beneficiarios no coincidía con la cantidad de chequeras adquiridas por lo que debía presentar la documentación que acreditara la entrega de las 26 chequeras restantes.

Con relación a las facturas identificadas con (3) en la citada columna del cuadro que antecede, aun cuando el partido manifestó que se trataba de artículos de papelería, fue preciso mencionar que por tratarse de carpetas distribuidas en diversos eventos no se consideraban indispensables para la realización de los mismos ya que correspondían a obsequios que distaban de contribuir a la operación del partido.

Por lo que se refiere a las facturas identificadas con (4) en el cuadro que antecede, aun cuando el partido manifestó que se trataba de materiales y bienes complementarios o útiles de impresión, correspondían a artículos que no contribuían a la operación del partido ni fueron utilizados con fines propagandísticos en virtud por tratarse de obsequios del día de las madres o felicitaciones de cumpleaños, así como bienes de carácter decorativo.

En consecuencia, se solicitó nuevamente al partido que presentara lo siguiente:

         La documentación que acreditara el destino de las 26 chequeras faltantes correspondientes a la factura identificada con (2) en el cuadro que antecede.

         La justificación del objeto partidista de los gastos identificados con (3) y (4) en el cuadro que antecede.

         Las aclaraciones que a su derecho conviniera.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38, numeral 1, inciso o) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 149, numeral 1 y 339 del Reglamento de Fiscalización.

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio INE/UTF/DA/1545/14 del 20 de agosto del 2014, recibido por el partido el mismo día.

Al respecto, con escrito SFA/0209/14 del 27 de agosto de 2014 recibido por la Unidad de Fiscalización el mismo día, el partido manifestó lo que a la letra se transcribe:

“...En relación al Proveedor ‘Tame Suministros para Oficinas, S.A. de C.V.’, donde nos solicita la documentación que acredite el destino de las 26 chequeras faltantes se manifiesta que, dentro del Apartado 5 del escrito SFA/0168/14 de fecha 15 de julio del 2014, que da respuesta al oficio INE/UTF/DA/0835/14, remitido por esa autoridad, se hizo entrega una serie de relaciones que corresponde a la entrega de 832 chequeras, quedando pendiente solo 18 para complementar la entrega total de las 850.

Es importante señalar que la autoridad omitió considerar la suma de 11 chequeras de una lista que corresponde a la entrega del Área 352, y que fue remitida dentro del Apartado antes mencionado, por lo que solicitamos sean consideradas como entregadas.

De lo anterior en Apartado 4, se remite relación correspondiente a la entrega de las 18 chequeras restantes.

(...)

En relación a la justificación del objeto partidista de los gastos de los proveedores (Centipiel México, S de R.L de C.V, ‘Distribuidora Ojusami, S.A. de C.V.’, ‘Ruiz Guerrero José Luis} y ‘Grupo Editorial de México, S.A. de C. V.’, se manifiesta, que el Reglamento de Fiscalización no especifica que artículos de papelería, materiales, bienes complementarios y útiles de impresión son indispensables dentro de la operación ordinaria, razón por la cual existe discrepancia entre los criterios considerados por esa Autoridad y este Partido.

Es importante señalar, que referente a las carpetas observadas por la autoridad, la cual indica lo que se transcribe a continuación:

‘es preciso mencionar que se trata de carpetas distribuidas en diversos eventos que no se consideran indispensables para la realización de los mismos ya que corresponden a obsequios’

Según el concepto del diccionario de la Real Academia Española, de la palabra ‘obsequio’, señala lo siguiente:

Obsequio.

(Del lat obsequium).

1. m. Acción de obsequiar.

2. m. Regalo que se hace.

Es importante señalar a la autoridad, que el material que se entrega en los cursos que llevan a cabo cualquier proveedor de servicios, de los que el personal de ese instituto electoral haya asistido en cualquier institución académica, se tiene como parte de la logística entregar el material impartido dentro de una carpeta o folder membretado del proveedor de servicios, el cual se entrega de forma gratuita al personal capacitado, en dichos eventos, también como parte de los obsequios catalogados así por la autoridad electoral, son las plumas, el material impartido, el gafete de identificación, la botella de agua, etcétera, sin embargo, es importante mencionar que son materiales inherentes a la realización de cualquier curso.

Adicionalmente me permito precisar que, toda vez que los Partidos Políticos Nacionales se rigen por sus documentos básicos, como lo establece el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el Libro Segundo de Los Partidos Políticos, Titulo Primero Disposiciones generales en específico el artículo 22, numeral 5, que señala lo siguiente:

‘Artículo 22

……………

5. Los Partidos Políticos se regirán internamente por sus documentos básicos, tendrán la libertad de organizarse y determinarse de conformidad con las normas establecidas en el presente Código y las que, conforme al mismo, establezcan sus estatutos.’

Seguido de lo anterior, se robustece con el siguiente criterio:

Tesis número IX/2012

DOCUMENTOS BÁSICOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. SUS MODIFICACIONES RIGEN SU VIDA INTERNA DESDE SU APROBACIÓN POR EL ÓRGANO PARTIDISTA CORRESPONDIENTE.- De la interpretación sistemática de los artículos 41, párrafo segundo, base I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 38, apartado 1, inciso I), 46, apartado 1, 47, apartado 1 y 117, apartado 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se colige que las modificaciones a los documentos básicos de un partido político, rigen la vida interna del mismo desde el momento de su aprobación por el órgano correspondiente y sólo dejan de surtir efectos a partir de que alguna autoridad competente declare la inconstitucionalidad o ilegalidad de los mismos, pues dichas modificaciones son producto del derecho de auto organización y autogobierno de dichos institutos. En ese sentido, si la autoridad competente determina la inconstitucionalidad o ilegalidad de las modificaciones estatutarias, los actos realizados al amparo de las mismas y que no fueron controvertidos, surtirán efectos legales.’

Por lo que, es necesario aclarar que los fines de este Partido se enfocan a llevar a cabalidad el cumplimiento de sus programas de desarrollo de la vida interna y en la misma medida poder proporcionar todos los recursos materiales necesarios para lograr los objetivos establecidos por los documentos básicos del Instituto Político...”

Al respecto, el partido presentó la documentación que acredita la entrega de las 26 chequeras faltantes correspondientes a la factura identificada con (2) en el cuadro que antecede, por tal razón la observación se consideró subsanada por lo que se refiere a dicho requerimiento.

En cuanto a las carpetas correspondientes a las facturas identificadas con (3) en el cuadro que antecede, las aclaraciones presentadas por el partido se consideraron satisfactorias toda vez que son artículos de uso común y fueron utilizadas como parte del material entregado en cursos y asambleas; por tal razón la observación quedó subsanada en cuanto a este punto.

Por lo que se refiere a los artículos identificados con (4) en la columna “Referencia” del cuadro que antecede, aun cuando el partido manifestó que son erogaciones dirigidas al cumplimiento de los objetivos del partido en función de lo establecido en sus estatutos la respuesta no es satisfactoria, toda vez que se trata de obsequios del día de las madres, felicitaciones de cumpleaños y una pintura al óleo los cuales no guardan una relación concreta y directa con la realización de los fines propios de un partido político.

Adicionalmente, es importante mencionar que si bien los estatutos rigen la vida interna de los partidos políticos, éstos se circunscriben a un régimen normativo específico en materia de financiamiento y comprobación de recursos.

Sobre el particular, cabe mencionar que los partidos políticos se rigen en primer lugar por la normatividad electoral, concretamente en este caso por lo dispuesto en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual establece que los recursos que ejerzan deben aplicarse estricta e invariablemente en las actividades relativas a la operación ordinaria y gastos de campaña, así como aquellas que promuevan la participación del pueblo en la vida democrática.

Es importante mencionar que el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos políticos son entidades de interés público que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.

En esa tesitura, procede señalar que la libertad ciudadana de hacer lo permitido por la legislación en los supuestos que no estén expresamente regulados como prohibidos en normas de orden público no puede llegar al extremo de contravenir esos magnos fines colectivos con sus actos, sino que en todo caso, su actuación debe dirigirse y ser adecuada para cumplir con la función pública, primordialmente, en razón de ser prioritaria en relación con sus fines individuales.

En este orden de ideas, los artículos adquiridos por su naturaleza no se consideran que coadyuven en la realización de las actividades ordinarias del partido y no cumplen con un objeto partidista; por tal razón, la observación no se consideró subsanada.

En consecuencia, al efectuar gastos por $23,435.46 que carecen de objeto partidista, el partido incumplió con lo dispuesto en el artículo 38, numeral 1, inciso o) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. (Conclusión final 25)

[…]

Como es posible percatarse de la lectura de la transcripción anterior, la responsable concluyó que mi representada había incumplido lo dispuesto en el artículo 38, párrafo 1, inciso o), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por haber realizado gastos que, en su opinión, no cumplían con un objeto partidista. Dichos gastos importaban un monto total de $23,435.46 y se integraban con egresos por $3,915.00 por compra de obsequios consistentes en portarretratos que se entregaron el día de las madres, $5,617.86 por compra de una pintura al óleo alusiva al aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio y $13,902.60 por la adquisición de mil quinientas etiquetas de felicitación de cumpleaños por parte de Ivonne Ortega Pacheco, Secretaria General del CEN del Partido Revolucionario Institucional. Como parte de la fundamentación y motivación de su determinación, la autoridad responsable señaló a la letra:

“…

Por lo que se refiere a los artículos identificados con (4) en la columna “Referencia” del cuadro que antecede, aun cuando el partido manifestó que son erogaciones dirigidas al cumplimiento de los objetivos del partido en función de lo establecido en sus estatutos la respuesta no es satisfactoria, toda vez que se trata de obsequios del día de las madres, felicitaciones de cumpleaños y una pintura al óleo los cuales no guardan una relación concreta y directa con la realización de los fines propios de un partido político.

Adicionalmente, es importante mencionar que si bien los estatutos rigen la vida interna de los partidos políticos, éstos se circunscriben a un régimen normativo específico en materia de financiamiento y comprobación de recursos.

Sobre el particular, cabe mencionar que los partidos políticos se rigen en primer lugar por la normatividad electoral, concretamente en este caso por lo dispuesto en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual establece que los recursos que ejerzan deben aplicarse estricta e invariablemente en las actividades relativas a la operación ordinaria y gastos de campaña, así como aquellas que promuevan la participación del pueblo en la vida democrática.

Es importante mencionar que el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos políticos son entidades de interés público que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.

En esa tesitura, procede señalar que la libertad ciudadana de hacer lo permitido por la legislación en los supuestos que no estén expresamente regulados como prohibidos en normas de orden público no puede llegar al extremo de contravenir esos magnos fines colectivos con sus actos, sino que en todo caso, su actuación debe dirigirse y ser adecuada para cumplir con la función pública, primordialmente, en razón de ser prioritaria en relación con sus fines individuales.

En este orden de ideas, los artículos adquiridos por su naturaleza no se consideran que coadyuven en la realización de las actividades ordinarias del partido y no cumplen con un objeto partidista; por tal razón, la observación no se consideró subsanada.

En consecuencia, al efectuar gastos por $23,435.46 que carecen de objeto partidista, el partido incumplió con lo dispuesto en el artículo 38, numeral 1, inciso o) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. (Conclusión final 25)

[…]

Como es posible apreciar, de la transcripción anterior, la fundamentación dada por la responsable, se hizo consistir en la mera invocación de preceptos que señalan los fines o principios de actuación de los partidos políticos a través de expresiones genéricas y, con una motivación insuficiente, pretendió acreditar la configuración de las hipótesis normativas invocadas.

En efecto, nuevamente, la responsable fundamentó su determinación en lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución federal y en el artículo 38, párrafo 1, inciso o) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Es preciso destacar que si bien la responsable pretendió dar a la fundamentación de su acto una apariencia de interpretación sistemática al vincular un precepto de la Constitución con otro de rango legal, lo cierto es que las disposiciones invocadas en sus textos, resultan demasiado generales y la motivación utilizada por la responsable no es demostrativa de la configuración de las hipótesis normativas invocadas.

Como se señaló anteriormente, las disposiciones contenidas en el artículo 41 Constitucional y en el artículo 398, párrafo 1, inciso o) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, son indiscutibles. Es evidente que los partidos deben orientar su actuación conforme a los valores, fines y principios señalados en el artículo 41 y que deben aplicar sus recursos en los términos dispuesto por el referido artículo 38, es decir, exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades ordinarias o para sufragar sus gastos de precampaña o campaña o sus actividades específicas.

Aunque no fue invocado por la responsable, resulta también indiscutible la aplicabilidad de lo dispuesto en el artículo 281 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Federal Electoral, en el sentido de que los partidos deben administrar sus recursos y por ende realizar sus erogaciones, con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género.

Sin embargo, en lo que hace a la conclusión número 25, de la cuidadosa lectura de las disposiciones normativas invocadas por la responsable, relacionada con la motivación dada por la autoridad, resulta claro que ésta motivación es insuficiente para demostrar clara y fehacientemente que mi representado hubiese incumplido con las normas en las que la responsable fundamentó su determinación.

Es del todo claro, que la conclusión que la responsable identifica como número 25, es errónea, pues contrariamente a lo que concluyó, las erogaciones realizadas por $3,915.00 para la compra de portarretratos para ser obsequiados el día de las madres; por $5,617.86 por la adquisición de una pintura al óleo alusiva al aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio; y, la erogación por un monto de $13,902.60 por concepto de mil quinientas etiquetas de felicitación de cumpleaños, sí constituyen erogaciones relacionadas con las actividades ordinarias del partido que represento y, desde luego, están encaminadas al cumplimiento de sus fines, es decir, al objeto partidista.

Contrariamente a lo afirmado por la responsable, se estima que las erogaciones por la adquisición de obsequios del día de las madres, felicitaciones de cumpleaños y una pintura al óleo, deben considerarse que encuadran en los fines propios de un partido.

En efecto, es común y tradicional en nuestro país la celebración de festejos con motivo del día de las madres, tanto las instituciones de orden público como las de naturaleza privada, suelen realizar festejos, festivales o reuniones, con el ánimo de celebrar a todas las madres. Incluso es común que las instituciones educativas de nivel básico o medio suspendan las clases para realizar un festejo a las madres del alumnado. En este contexto, nada tiene de extraño o fuera de lugar o razón, el que el instituto político que represento procure apoyar la celebración de las madres en su día y que en estos festejos, incurra en erogaciones tales como adquisición de obsequios (portarretratos).

Tampoco resulta irracional o fuera de orden, la adquisición de un artículo decorativo consistente en una pintura al óleo alusiva al aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio. Al efecto, debe tomarse en consideración, que la figura del señalado ciudadano se ha convertido en legendaria, e inspiradora de los militantes priístas y que una pintura al óleo alusiva a su aniversario luctuoso puede considerarse como apta para constituir, al propio tiempo, un homenaje al destacado ciudadano y un artículo decorativo. La utilización de artículos decorativos tales como pinturas al óleo, son práctica común tanto en las instituciones públicas como en las privadas y no se encuentra razones suficientes que apoyen el criterio de la responsable en el sentido de que este tipo de gastos no son acordes al objeto del instituto político que represento.

Igualmente, en lo que toca a la adquisición de mil quinientas etiquetas de felicitación de cumpleaños por parte de Ivonne Ortega Pacheco, Secretaria General del CEN del Partido Revolucionario Institucional, y contrariamente a lo argumentado por la responsable, se considera que este tipo de erogaciones encaja perfectamente en la operación ordinaria de las instituciones públicas o privadas y, particularmente, en las del instituto político que represento. Nada de extraño tiene que en las instituciones los altos funcionarios den muestras de aprecio a los servidores de esas instituciones a través de la entrega de felicitaciones con motivo de su cumpleaños. En el caso de los partidos políticos, no se ven razones de ningún tipo, que lleven a considerar como impropio, inadecuado o ilegal, el que la Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional envíe felicitaciones de cumpleaños a los servidores del partido o incluso a militantes partidistas. Al efecto, debe tomarse en cuenta que las actividades de orden político, al igual que la mayoría de las actividades y relaciones humanas, rinden mejores frutos en un entorno agradable y de amabilidad entre los participantes; que los gestos amables con los servidores del partido, con los militantes o incluso con los adversarios políticos, nunca están demás y deben considerarse como necesarios. Por todo lo anterior, se considera que la motivación de la responsable para arribar a la conclusión de que los gastos en comento no satisfacen un objeto partidista, además de equivocada, es subjetiva y dogmática. Por lo que se estima que la determinación que se reclama en torno a la conclusión 25, no satisface las garantías constitucionales de una debida fundamentación y motivación.

c) CONCLUSIÓN 27. Erogaciones en tazas, sandalias, mascadas, cobertores, estuches con artículos de higiene personal, cobijas y balones.

En el apartado respectivo de la resolución que se combate, específicamente en el que la autoridad responsable denomina como Conclusión final 27 señaló, entre otras cuestiones, lo siguiente:

[…]

         De la verificación a la cuenta “Servicios Generales”, varias subcuentas, se observó el registro de erogaciones por la adquisición de diversos artículos que carecían de justificación toda vez que no se relacionaban con la operación ordinaria del partido ni cumplían con un objeto partidista. A continuación se detallan los casos en comento:

Fue preciso señalar que esta autoridad electoral tiene como atribución la de vigilar que los recursos que sobre el financiamiento ejerzan los partidos políticos se apliquen estricta e invariablemente en las actividades señaladas en la normatividad, siendo éstas las relativas a su operación ordinaria y gastos de campaña, así como aquellas que promuevan la participación del pueblo en la vida democrática. Sin embargo, los gastos mencionados no guardaban relación alguna con las actividades o fines propios de un partido político y no eran necesarios para el buen funcionamiento del mismo.

En consecuencia, se solicitó al partido lo siguiente:

           Justificara el objeto partidista de las erogaciones detalladas en el cuadro que antecede.

           Las aclaraciones que a su derecho conviniera.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38, numeral 1, inciso o) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como 149, numeral 1 y 339 del [Reglamento de Fiscalización.

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio INE/UTF/DA/0835/14 del 1 de julio del 2014, recibido por el partido en la misma fecha.

Al respecto, con escrito SFA/0168/14 del 15 de julio de 2014, recibido por la Unidad de Fiscalización el mismo día, el partido manifestó lo que a la letra se transcribe:

“... Respecto a los proveedores Distribuidora Ojusami SA. de C.V., Sublitec, S.A. de C.V., Comercializadora Slogan, S.A. de C.V., Grupo Textil Unitti, S.A. de C.V., Distribución Y Soluciones AMAG, S.A. de C.V. y Corporación VRGP, S.A. de C.V., los cuales se les realizó la compra de diversos artículos de propaganda utilitaria institucional cuya finalidad es promover al Partido Político.

En relación al proveedor Jame Suministros para Oficina, S.A. de C.V. se aclara que, el concepto de la factura que esa Autoridad describe en el cuadro que antecede es incorrecto ya que este es por la compra de ‘850 vales de despensa producción de chequera 25,500 valor de 100’ y ‘un servicio administrativo’, cabe señalar que estos vales fueron otorgados a los militantes del Partido conforme al plan de seguridad social; para que esa Autoridad tenga certeza de lo antes mencionado en Apartado 5, se remite relación donde se detalla el nombre y la firma de recibido por cada uno de los militantes colaboradores de este Partido.

A mayor abundamiento es necesario precisar que todas y cada una de las actividades que esta autoridad ha determinado sin motivación o fundamentación valida alguna, como una actividad que no cumple con el objeto partidista, se tiene que dicha actividad fue realizada dentro del marco de las actividades ordinarias, entendidas estas como:

1. El gasto programado que comprende los recursos utilizados por el partido político con el objetivo de conseguir la participación ciudadana en la vida democrática, la difusión de la cultura política y el liderazgo político de la mujer;

2. Los gastos de estructura partidista de campaña realizados dentro de los procesos electorales;

3. El gasto de los procesos internos de selección de candidatos, el cual no podrá ser mayor al dos por ciento del gasto ordinario establecido para el año en el cual se desarrolle el proceso interno;

4. Los sueldos y salarios del personal, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, papelería, energía eléctrica, combustible, viáticos y otros similares;

5. La propaganda de carácter institucional que lleven a cabo únicamente podrá difundir el emblema del patudo político, así como las diferentes campañas de consolidación democrática, sin que en las mismas se establezca algún tipo de frase o leyenda que sugiera posicionamiento político alguno.

6. Por actividades políticas permanentes, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido que deben entenderse como aquéllas tendientes a promover la participación del pueblo en la vida democrática del país y contribuir a la integración de la representación nacional, además de aquellas actividades encaminadas a incrementar constantemente el número de sus afiliados, a sostener en funcionamiento efectivo a sus órganos estatutarios, a la divulgación de su ideología y plataforma política. Estas actividades no se pueden limitar exclusivamente a los periodos de elecciones, por la finalidad misma que persiguen, siendo evidente que de ser así, restaría materia a la contienda electoral, en tanto que los ciudadanos no tendrían conocimiento de los objetivos y programas de acción de los partidos políticos intervinientes, que como ya se razonó, deben ser difundidos de manera permanente.

De dicha actividad este ente político ha presentado la totalidad de documentación soporte con la que se cuenta a través de la cual se puede acreditar que la actividad si cumple con el objeto partidista en la aplicación del gasto, y que no se está fuera de marco jurídico alguno.

En el caso concreto que nos ocupa, se tiene que esta autoridad se limita a afirmar en forma taxativa y expresa que no se demuestra que el gasto efectuado por este Partido haya tenido un objeto partidista, sin efectuar algún análisis sobre los documentos ofrecidos, ni tampoco hacen referencia alguna a su alcance, valor probatorio y deficiencias, que les impidieran acreditar que la actividad realizada se vincula o no con el objeto partidista de esta fuerza política.

En otras palabras, esta autoridad simplemente niega que la documentación sirva para acreditar el objeto partidista de la actividad realizada, sin explicar los argumentos o motivos por los que arriba a esa conclusión, ocasionando que este oficio de errores y omisiones no cumpla con los principios de exhaustividad, legalidad y certeza jurídica ya que al emitir una afirmación sin una debida motivación y fundamentación, se nulifica la garantía de audiencia real a este ente político, ya que no se puede aportar elemento de prueba idóneo a una simple afirmativa que carece de los argumentos relacionados.

Adicionalmente, esta autoridad se abstiene de efectuar una valoración de los documentos aportados a fin de acreditar que el gasto efectuado tuvo un objeto partidista adecuado y que cumple con la totalidad de requisitos establecidos por la norma para ser estimado un gasto ordinario...”

Al respecto, por lo que se refiere al gasto identificado con (1) en la columna “Referencia” del cuadro que antecede, toda vez que el partido aclaró que correspondía al servicio de emisión de vales de despensa y proporcionó evidencia de la entrega de los mismos, la observación se consideró subsanada.

En cuanto a las facturas identificadas con (2) en la citada columna del cuadro que antecede, la respuesta se consideró satisfactoria, toda vez que manifestó que se trataba de propaganda institucional cuya finalidad es la de promover al partido político; por lo que la observación se consideró subsanada respecto a este punto.

En relación con las facturas identificadas con (3) en el cuadro que antecede, aun cuando el partido manifestó que se trataba de propaganda institucional, los objetos corresponden a obsequios que no contribuyeron a la operación del partido ni fueron utilizados con fines propagandísticos en virtud de que no difundían el emblema del partido ni su plataforma.

En consecuencia, se solicitó nuevamente al partido que presentara lo siguiente:

         Las aclaraciones que a su derecho conviniera.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38, numeral 1, inciso o) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como 149, numeral 1 y 339 del Reglamento de Fiscalización.

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio I NE/UTF/DA/1545/14 del 20 de agosto del 2014, recibido por el partido el mismo día.

Al respecto, con escrito SFA/0209/14 del 27 de agosto de 2014 recibido por la Unidad de Fiscalización el mismo día, el partido manifestó lo que a la letra se transcribe:

“...A fin de atender la presente observación y en relación con los Proveedores de Servicios Distribuidora Ojusami S.A. de C.V., Sublitec, S.A. de C.V. y Distribución y Soluciones AMAG, S.A. de C.V señalados con el número (3) por la autoridad electoral, a los cuales se les realizó la compra de diversos artículos de propaganda utilitaria institucional, con la finalidad de promover los fines propagandísticos y partidistas a favor de las actividades de la Mujer, encaminados a los principios enunciados en los estatutos del Partido, se hace la siguiente aclaración:

En el caso de los artículos como tazas, sandalias con logotipo, mascadas y estuches plásticos con diversos accesorios sanitarios, es preciso señalar que en base al rubro de ‘Los compromisos con las mujeres’, integrante de los Programas de Acción, en sus numerales 91, 93 y 97 establecen lo siguiente:

‘91. Promover una adecuada sensibilización y concientización en torno a las relaciones personales de respeto e igualdad entre el conjunto de la población, en la idea de eliminar cualquier forma de discriminación y violencia hacia las mujeres.

93. Pugnar por la atención integral de la salud de las mujeres, particularmente en la salud reproductiva, incluyendo la salud laboral, lo que implica el ejercicio libre y responsable de la maternidad, el derecho a la información oportuna y adecuada y a la educación sexual.

97. Garantizar la participación política de las mujeres, estableciendo al interior del partido acciones afirmativas, así como mantener la paridad de género en congruencia con nuestros valores y principios ideológicos; el apoyo a candidaturas de mujeres respetando la cuota de género; privilegiando su pertenencia y lealtad partidista; impulsar una agenda sensible al género; instrumentar campañas contra la discriminación y promover la agenda de los derechos de las mujeres en las plataformas electorales de nuestro partido.

Por lo tanto, en esa tesitura, el objeto con fines partidistas va en función de incentivar a las mujeres generando una mayor participación y sensibilización por medio de accesorios o artículos que por ende sean de utilidad para sus actividades cotidianas.

Por otro lado, respecto de los Proveedores Comercializadora Slogan S.A de C.V. y Corporación VRGP, S.A de C.V., a quienes se realizó la compra de diversos artículos como tazas, cobertores individuales para el día del Abuelo y la producción de balones de básquet y fútbol soccer, es preciso señalar que los fines Partidistas que se persiguen van en función de los Programas de Acción en los rubros de ‘Derechos de los adultos mayores’ y ‘Deporte y Recreación’, aplicables a la Secretaría del Deporte de este instituto político.

Por lo que respecta en el rubro de los ‘Derechos de los adultos mayores’, los numerales 80 y 84 de los Programas de Acción del Partido, establecen lo siguiente:

‘80. Fomentar una cultura de respeto a nuestros adultos mayores que garantice sus derechos humanos y fomente en las nuevas generaciones una cultura de prevención y planeación que los prepare para la vejez.

84. Construir espacios de participación dentro de las instancias del partido y políticas públicas que permitan aprovechar todas sus capacidades.’

En ese sentido, el Partido cumple cabalmente con lo establecido en los numerales antes mencionados, toda vez que se pretenden garantizar las oportunidades de los programas que el Partido les facilita y asimismo favorezcan a su bienestar físico, mental y de cuidado personal.

Ahora bien, por lo que respecta al rubro de ‘Deporte y Recreación’, los numerales 140 y 149 de dichos programas, establecen lo siguiente:

‘Deporte y recreación

140. El partido debe fomentar y promover el deporte en todas sus etapas, desde la edad temprana hasta la adulta, a fin de buscar la integración familiar, la salud y la convivencia pacífica entre la población mexicana.

149. La recreación busca un equilibrio entre los hábitos, las actividades profesionales y cotidianas, la salud física y la salud mental. En la medida que las actividades de recreación aumentan se combate el sedentarismo, uno de los principales precursores de enfermedades crónico degenerativas. Por todo esto, el PRI promoverá acciones tendientes a realizar actividades al aire libre y fomentar la convivencia familiar, combinadas en muchos casos con el deporte, la cultura y el arte.’

Por lo tanto, el objeto partidista que se persigue va encaminado a implementar de manera práctica las actividades físicas que se desarrollan dentro de este programa de acción, de tal manera que se pueda aportar los recursos materiales necesarios para su realización, como es el caso de los balones de básquet y fútbol soccer correspondientes a cada deporte.

Por lo antes expuesto, toda vez que los Partidos Políticos Nacionales se rigen por sus documentos básicos, como lo establece el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el Libro Segundo de los Partidos Políticos, Titulo Primero Disposiciones generales en específico el artículo 22, numeral 5, que señala lo siguiente:

‘Artículo 22

…

5. Los Partidos Políticos se regirán internamente por sus documentos básicos, tendrán la libertad de organizarse y determinarse de conformidad con las normas establecidas en el presente Código y las que, conforme al mismo, establezcan sus estatutos.’

Seguido de lo anterior, se robustece con el siguiente criterio:

‘Tesis número IX/2012

DOCUMENTOS BÁSICOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. SUS MODIFICACIONES RIGEN SU VIDA INTERNA DESDE SU APROBACIÓN POR EL ÓRGANO PARTIDISTA CORRESPONDIENTE. (Se transcribe).

En otras palabras, los fines de este Partido son en cumplimento a las normas y legislaciones que regulan la vida interna de sus actividades, por lo que en todo momento se ha regido por sus normas internas consagradas en los Estatutos que son la parte preponderante de su desarrollo político ante la sociedad en general...”

Al respecto, de la valoración a lo manifestado por el partido en cuanto a los gastos por $853,255.40, identificados con (3) en el cuadro que antecede por concepto de tazas, sandalias, mascadas, cobertores, estuches con artículos de higiene personal, cobijas y balones, la respuesta del partido se consideró insatisfactoria aun cuando indicó que corresponden a la ejecución de programas relacionados con los “Compromisos con las Mujeres”, “Derechos de los adultos mayores” y “Deporte y Recreación”, es preciso mencionar que los artículos adquiridos tienen el carácter de obsequios y por su naturaleza no poseen una relación intrínseca con la consecución de los fines establecidos para cada uno de los citados programas, aunado a que los partidos políticos no tienen como atribución el promover el desarrollo social o el deporte, ya que existen instituciones y presupuestos en la Administración Pública Federal encargadas de dichas actividades.

Adicionalmente, es importante mencionar que si bien los estatutos rigen la vida interna de los partidos políticos, éstos se circunscriben a un régimen normativo específico en materia de financiamiento y comprobación de recursos.

Ahora bien, esta autoridad no desconoce la libertad que tienen los partidos políticos de establecer actividades en función de sus estatutos; sin embargo, es importante mencionar que el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos políticos son entidades de interés público que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.

En este orden de ideas, los partidos políticos se rigen en primer lugar por la normatividad electoral, concretamente en este caso por lo dispuesto en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual establece que los recursos que ejerzan deben utilizarse estricta e invariablemente en las actividades relativas a la operación ordinaria y gastos de campaña, así como aquellas que promuevan la participación del pueblo en la vida democrática.

En esa tesitura procede señalar que la libertad ciudadana de hacer lo permitido por la legislación en los supuestos que no estén expresamente regulados como prohibidos en normas de orden público no puede llegar al extremo de contravenir esos magnos fines colectivos con sus actos, sino que en todo caso, su actuación debe dirigirse y ser adecuada para cumplir con la función pública, primordialmente, en razón de ser prioritaria en relación con sus fines individuales.

Por lo antes expuesto, los artículos adquiridos por su naturaleza no coadyuvan a la realización de las actividades ordinarias del partido y no cumplen con un objeto partidista; por tal razón, la observación quedó no subsanada.

En consecuencia, al efectuar gastos por $853,255.40 que carecen de objeto partidista, el partido incumplió con lo dispuesto en el artículo 38, numeral 1, inciso o) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. (Conclusión final 27)

Como se aprecia de la lectura de la anterior transcripción, la autoridad responsable consideró que el partido que represento había incumplido con lo dispuesto en el artículo 38, párrafo 1, inciso o), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por haber realizado gastos que, a su decir, no cumplían con un objeto partidista, por un importe total de $853,255.40. Dichas erogaciones se realizaron para la adquisición de trescientas tazas sublimadas, quinientas sandalias sublimadas, dos mil seiscientas ochenta y tres mascadas en shiffon, tazas sublimadas, sandalias con logotipo, cuatrocientos estuches de plástico con shampoo, pasta de dientes, cepillo de dientes, jabón en barra y crema corporal, mil quinientos cobertores individuales para el evento del día del abuelo, cien balones de fútbol soccer, quinientos balones de basket y mil quinientos balones de fútbol.

Como parte de la motivación y fundamentación de su determinación, la responsable señaló a la letra:

“…

…

Al respecto, de la valoración a lo manifestado por el partido en cuanto a los gastos por $853,255.40, identificados con (3) en el cuadro que antecede por concepto de tazas, sandalias, mascadas, cobertores, estuches con artículos de higiene personal, cobijas y balones, la respuesta del partido se consideró insatisfactoria aun cuando indicó que corresponden a la ejecución de programas relacionados con los “Compromisos con las Mujeres”, “Derechos de los adultos mayores” y “Deporte y Recreación”, es preciso mencionar que los artículos adquiridos tienen el carácter de obsequios y por su naturaleza no poseen una relación intrínseca con la consecución de los fines establecidos para cada uno de los citados programas, aunado a que los partidos políticos no tienen como atribución el promover el desarrollo social o el deporte, ya que existen instituciones y presupuestos en la Administración Pública Federal encargadas de dichas actividades.

Adicionalmente, es importante mencionar que si bien los estatutos rigen la vida interna de los partidos políticos, éstos se circunscriben a un régimen normativo específico en materia de financiamiento y comprobación de recursos.

Ahora bien, esta autoridad no desconoce la libertad que tienen los partidos políticos de establecer actividades en función de sus estatutos; sin embargo, es importante mencionar que el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos políticos son entidades de interés público que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.

En este orden de ideas, los partidos políticos se rigen en primer lugar por la normatividad electoral, concretamente en este caso por lo dispuesto en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual establece que los recursos que ejerzan deben utilizarse estricta e invariablemente en las actividades relativas a la operación ordinaria y gastos de campaña, así como aquellas que promuevan la participación del pueblo en la vida democrática.

En esa tesitura procede señalar que la libertad ciudadana de hacer lo permitido por la legislación en los supuestos que no estén expresamente regulados como prohibidos en normas de orden público no puede llegar al extremo de contravenir esos magnos fines colectivos con sus actos, sino que en todo caso, su actuación debe dirigirse y ser adecuada para cumplir con la función pública, primordialmente, en razón de ser prioritaria en relación con sus fines individuales.

Por lo antes expuesto, los artículos adquiridos por su naturaleza no coadyuvan a la realización de las actividades ordinarias del partido y no cumplen con un objeto partidista; por tal razón, la observación quedó no subsanada.

En consecuencia, al efectuar gastos por $853,255.40 que carecen de objeto partidista, el partido incumplió con lo dispuesto en el artículo 38, numeral 1, inciso o) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. (Conclusión final 27)

Como se aprecia de la lectura de la anterior transcripción, la fundamentación dada por la responsable con la intención de sostener la legalidad de su acto, se hizo consistir en la invocación de preceptos que señalan los fines o principios de actuación de los institutos políticos a través de textos con expresiones genéricas vinculados con una motivación deficiente e incompleta por parte de la responsable, con la que pretendió acreditar la configuración de las hipótesis normativas invocadas.

En efecto, otra vez, la responsable fundamentó su determinación en lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 38, párrafo 1, inciso o) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Con la invocación de las referidas disposiciones legales, la responsable pretendió dar a su fundamentación la apariencia de una interpretación sistemática al referir disposiciones de rango constitucional y vincularlas con otra de rango legal. Sin embargo, el examen cuidadoso de las disposiciones invocadas por la responsable, muestra que los textos normativos en cuestión son, por una parte, demasiado generales y, por otra parte, es evidente que la motivación expresada por la responsable no es demostrativa de la configuración de las hipótesis normativas invocadas.

Como se señaló anteriormente, el artículo 41 de la Constitución federal, contiene una declaración o precisión de los fines que deben orientas la actuación de los institutos políticos. El valor de esos fines y su carácter orientador resultan incuestionables. Tampoco es discutible que los partidos políticos, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 38, párrafo 1, inciso o), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, deben aplicar sus recursos, exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades ordinarias o para sufragar sus gastos de precampaña o campaña.

Aunque no fue referido como fundamento por la responsable, resulta igualmente indiscutible que en concordancia con lo dispuesto en el

artículo 281 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Federal Electoral, los partidos políticos deben administrar sus recursos y por ende realizar sus erogaciones, con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género.

Sin embargo, es evidente que la motivación con la que la responsable pretende sustentar su actuación, es insuficiente para demostrar que mi representado hubiese incumplido con las normas en que la responsable fundamentó su determinación.

Por otra parte, es claro también, que la conclusión de la responsable es errónea, pues contrariamente a lo afirmado por ésta, las erogaciones por un monto de $853,255.40, para la adquisición de trescientas tazas sublimadas, quinientas sandalias sublimadas, dos mil seiscientas ochenta y tres mascadas en shiffon, tazas sublimadas, sandalias con logotipo, cuatrocientos estuches de plástico con shampoo, pasta de dientes, cepillo de dientes, jabón en barra y crema corporal, mil quinientos cobertores individuales para el evento del día del abuelo, cien balones de fútbol soccer, quinientos balones de basket y mil quinientos balones de fútbol, sí constituyen erogaciones relacionadas con las actividades ordinarias del instituto político que represento y, desde luego, están encaminadas al cumplimiento de sus fines, es decir, a su objeto partidista.

La responsable fue omisa en considerar las aclaraciones que mi partido le hizo saber en torno a las erogaciones vinculadas con la conclusión hoy cuestionada. En el caso concreto, debe tomarse en cuenta que la adquisición de tazas, sandalias, mascadas y estuches plásticos con diversos accesorios de higiene, se realizó en el marco de los programas de acción 91, 93 y 97, dentro de las acciones que encuadran en “los compromisos con las mujeres”. La distribución de estos artículos buscaba incentivar a las mujeres a participar en los eventos y a compartir los fines partidistas y, al propio tiempo, entregar accesorios, artículos que pudieran ser de utilidad para sus actividades cotidianas. Se estima que la distribución de alguna taza, unas sandalias, una mascada o un estuche con accesorios de higiene, a las participantes de un evento, debe considerarse como la distribución de obsequios de un valor individual más bien menor, en el contexto de un evento que pretendía incentivar la participación de las mujeres y al propio tiempo hacer grata su permanencia y hacerles sentir el reconocimiento del partido por su participación. Nada de extraño tienen estas erogaciones vinculadas con eventos de carácter político, además, estos gastos en forma alguna implican intentos de compra de voto, de actos de presión o siquiera actos de campaña o precampaña. El partido busca la incorporación de las mujeres al mismo y a la política nacional, procura la equidad de género e invita a las mujeres a participar en eventos para discutir sus problemas y buscar soluciones en un entorno que les resulte grato y cómodo, en la medida de lo posible. En este contexto, se insertan las erogaciones que fueron objeto de la conclusión número 27.

La motivación de la responsable omite considerar los programas de acción del partido en los que se incluyen compromisos con las mujeres para concientizarlas en sus relaciones personales para que se basen en principios de respeto e igualdad con la demás población, eliminando cualquier forma de discriminación y violencia hacia las mujeres, también es finalidad del partido pugnar por la salud de las mujeres y en este contexto, resultan útiles los artículos de higiene.

Por lo que hace a la distribución de mil quinientos cobertores individuales para un evento del día del abuelo, tal y como se le hizo saber oportunamente a la responsable, debe tomarse en cuenta que en el rubro de los “Derechos de los Adultos Mayores” los programas del partido establecen que deben realizarse acciones para fomentar una cultura de respeto a los adultos mayores y construir espacios de participación en las instancias del partido y políticas públicas que permitan aprovechar todas sus capacidades. En atención a los programas de acción del partido y a las acciones antes señaladas, se realizó un evento para festejar el día del abuelo y en este festejo se les entregaron mil quinientos cobertores individuales a los festejados.

Contrariamente a lo afirmado por la responsable, se estima que la celebración a los abuelos y la entrega de cobertores, en modo alguno resulta contraria a los fines que el artículo 41 de la Constitución y el 38 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, imponen a los partidos políticos. Se considera que el evento encuadra perfectamente en los fines que la ley asigna a los institutos políticos y en los programas de acción del Partido Revolucionario Institucional, pues es evidente que se trata de erogaciones en el marco de un evento de celebración a los abuelos, a quienes se convoca para que participen en la vida política y se reúnan para discutir sus problemas y buscar soluciones en un entorno que les resulte grato y cómodo, en la medida de lo posible. En este contexto, se insertan las erogaciones que fueron objeto de la conclusión número 27.

En lo que toca a la adquisición de balones de basquetbol y fútbol soccer, debe tenerse presente que en el rubro de “Deporte y Recreación”, los programas de acción del Partido Revolucionario Institucional, establecen que éste instituto debe fomentar y promover el deporte desde la edad temprana hasta la adulta, a fin de buscar la integración familiar, la salud y la convivencia pacífica entre la población mexicana. Estas actividades buscan un equilibrio entre las actividades profesionales y cotidianas, la salud física y la salud mental, con el ánimo de disminuir enfermedades y fomentar la convivencia familiar. En su oportunidad, se hizo saber a la responsable que las erogaciones se vinculaban con los Programas de Acción del partido, pero la autoridad lejos de tomar en cuenta la información que se hizo de su conocimiento, se limitó a expresar que los obsequios “...por su naturaleza no poseen una relación intrínseca con la consecución de los fines establecidos en los programas...” del partido.

Se considera incorrecta la respuesta dada por la responsable, y que contrariamente a lo sostenido por ésta, la entrega de algunos obsequios de cuantía menor, sin duda contribuye a generar un entorno más grato en la celebración de eventos partidistas en los que se procura atender a las mujeres, adultos mayores o a los jóvenes a fin de que practiquen deporte.

Es de destacar que resulta absurda la consideración de la responsable, en el sentido de que la entrega de balones a los jóvenes, “...no guarda una relación intrínseca con la consecución de los fines establecidos en los programas de “Deporte y Recreación”...” del partido que represento.

Por todo lo anteriormente expresado, se considera que contrariamente a lo aducido por la responsable, los artículos adquiridos, por su naturaleza sí son coadyuvantes en la realización de las actividades ordinarias del partido, que encuadran en sus programas de acción y que, por ende, satisfacen el requisito de tener un objeto partidista y resultan acordes con lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Federal y en el 38 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. En consecuencia, debe estimarse que la conclusión 27 formulada por la responsable, carece de la debida fundamentación y motivación.

d) CONCLUSIÓN 64. Erogaciones por un monto de $1,896,516.20 que incluyen entre otros gastos, los relacionados con arreglos decorativos, arreglos florales, veinticinco marcos de madera, veinticuatro enmarcado de fotografía, cinco mil pelotas, mil quinientas pelotas, cuarenta arcones, honorarios de bandas musicales, dos mil playeras, dos mil gorras, mil mandiles, mil bolsas de mandado, tres mil servilleteros, tres mil abanicos, diez mil jarras, quince mil plumas, diez mil botones, dieciocho mil engomados, dos mil quinientas playeras rojas, cinco mil mandiles, ocho mil juegos de servilleteros, ocho mil abanicos, diez mil playeras blancas, cinco mil gorras blancas, cinco mil jarras de plástico, cuatro mil ciento sesenta y siete bolsas, seis mil quinientas playeras blancas y cien playeras rosas.

En el apartado respectivo de la resolución que se combate, específicamente en el que la autoridad responsable denomina como Conclusión final 64 señaló, entre otras cuestiones, lo siguiente:

[…]

         Por lo que hace al importe de $1,896,516.20

De la revisión a la cuenta “Servicios Generales”, “varias subcuentas”, se observó el registro de gastos que carecían de objeto partidista por $5,266,729.04. Los casos en comento se detallaron en el Anexo 2 del oficio INE/UTF/DA/0837/14.

Fue preciso señalar que esta autoridad electoral tiene como atribución la de vigilar que los recursos que sobre el financiamiento ejercieron los partidos políticos se aplicaran estricta e invariablemente en las actividades señaladas en la normatividad, siendo éstas las relativas a su operación ordinaria y gastos de campaña, así como aquéllas que promovieran la participación del pueblo en la vida democrática; sin embargo, los gastos mencionados no guardaban relación alguna con las actividades o fines propios de un partido político y no son necesarios para el buen funcionamiento del mismo.

En consecuencia, se solicitó al partido que presentara lo siguiente:

         La documentación que justificara el objeto partidista de las erogaciones realizadas.

         Las aclaraciones que a su derecho conviniera.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38, numeral 1, inciso o) del Código de la materia.

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio INE/UTF/DA/0837/14 del 1 de julio de 2014, recibido por el partido el mismo día.

Al respecto, con escrito SFA/170/14 del 15 de julio de 2014, recibido por la Unidad de Fiscalización el mismo día, el partido manifestó lo que a la letra se transcribe:

“...A mayor abundamiento es necesario precisar que todas y cada una de las actividades que esta autoridad ha determinado sin motivación o fundamentación valida alguna, como una actividad que no cumple con el objeto partidista, se tiene que dicha actividad fue realizada dentro del marco de las actividades ordinarias, entendidas estas como:

1. El gasto programado que comprende los recursos utilizados por el partido político con el objetivo de conseguir la participación ciudadana en la vida democrática, la difusión de la cultura política y el liderazgo político de la mujer;

2. Los gastos de estructura partidista de campaña realizados dentro de los Procesos Electorales;

3. El gasto de los procesos internos de selección de candidatos, el cual no podrá ser mayor al dos por ciento del gasto ordinario establecido para el año en el cual se desarrolle el proceso interno;

4. Los sueldos y salarios del personal, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, papelería, energía eléctrica, combustible, viáticos y otros similares;

5. La propaganda de carácter institucional que lleven a cabo únicamente podrá difundir el emblema del partido político, así como las diferentes campañas de consolidación democrática, sin que en las mismas se establezca algún tipo de frase o leyenda que sugiera posicionamiento político alguno.

6. Por actividades políticas permanentes, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido que deben entenderse como aquéllas tendientes a promover la participación del pueblo en la vida democrática del país y contribuir a la integración de la representación nacional, además de aquellas actividades encaminadas a incrementar constantemente el número de sus afiliados, a sostener en funcionamiento efectivo a sus órganos estatutarios, a la divulgación de su ideología y plataforma política. Estas actividades no se pueden limitar exclusivamente a los periodos de elecciones, por la finalidad misma que persiguen, siendo evidente que de ser así, restaría materia a la contienda electoral, en tanto que los ciudadanos no tendrían conocimiento de los objetivos y programas de acción de los partidos políticos intervinientes, que como ya se razonó, deben ser difundidos de manera permanente.

De dicha actividad esté ente político ha presentado la totalidad de documentación soporte con la que se cuenta a través de la cual se puede acreditar que la actividad si cumple con el objeto partidista en la aplicación del gasto, y que no se está fuera de marco jurídico alguno.

En el caso concreto que nos ocupa, se tiene que esta autoridad se limita a afirmar en forma taxativa y expresa que no se demuestra que el gasto efectuado por este Partido haya tenido un objeto partidista, sin efectuar algún análisis sobre los documentos ofrecidos, ni tampoco hacen referencia alguna a su alcance, valor probatorio y deficiencias, que les impidieran acreditar que la actividad realizada se vincula o no con el objeto partidista de esta fuerza política.

En otras palabras, esta autoridad simplemente niega que la documentación sirva para acreditar el objeto partidista de la actividad realizada, sin explicar los argumentos o motivos por los que arriba a esa conclusión, ocasionando que este oficio de errores y omisiones no cumpla con los principios de exhaustividad, legalidad y certeza jurídica ya que al emitir una afirmación sin una debida motivación y fundamentación, se nulifica la garantía de audiencia real a este ente político, ya que no se puede aportar elemento de prueba idóneo a una simple afirmativa que carece de los argumentos relacionados.

Adicionalmente, esta autoridad se abstiene de efectuar una valoración de los documentos aportados a fin de acreditar que el gasto efectuado tuvo un objeto partidista adecuado y que cumple con la totalidad de requisitos establecidos por la norma para ser estimado un gasto ordinario...”

Al respecto, fue preciso mencionar que la documentación que amparaba las erogaciones observadas en el Anexo 2 del oficio INE/UTF/DA/0837/14 correspondía a la adquisición de los bienes y la contratación de los servicios que se detallaron en la columna “Concepto” del mismo; sin embargo, los gastos detallados por sus características y naturaleza no podían considerarse justificados solo con la presentación de la factura o el contrato correspondiente.

Lo anterior se debió a que en el que caso de las erogaciones identificadas con (1) en la columna “Referencia” del Anexo 2 del oficio INE/UTF/DA/1543/14 correspondían a la compra de arcones, arreglos florales, pelotas de plástico y marcos de madera y a la contratación de bandas musicales, servicios de banquetes y de enmarcado de fotografías cuya documentación soporte no permitía establecer la vinculación con las actividades ordinarias del partido o bien su contribución a los fines establecidos en el Código de la materia.

Por lo que se refiere a las erogaciones identificadas con (3) en el Anexo 2 del oficio INE/UTF/DA/1543/14, como se pudo apreciar en las muestras presentadas, correspondían a la compra de artículos de propaganda utilitaria que no contenían el emblema del partido por lo que no estaba dirigida promoverlo y no se vinculaban con sus actividades ordinarias.

Finalmente, por lo que se refiere a los gastos identificados con (4) en el anexo antes mencionado, de acuerdo con la documentación soporte anexa a las pólizas en comento, se observó que correspondía a electrodomésticos adquiridos para una rifa celebrada por la Asociación de Pensionados y Jubilados de la PGR, A.C. por el día de las madres y del padre, así como la entrega de un arreglo floral a la actriz Carmen Salinas; erogaciones que no persiguen un objeto partidista por tratarse de obsequios que no se vinculan con la actividad ordinaria del partido.

En razón de lo anterior, toda vez que el partido no proporcionó documentación o aclaraciones que justificaran el objeto partidista de las erogaciones en comento, la observación no quedó subsanada.

En consecuencia, se solicitó nuevamente al partido que presentara lo siguiente:

         La documentación que justificara el objeto partidista de las erogaciones realizadas.

         Las aclaraciones que a su derecho conviniera.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38, numeral 1, inciso o) del Código de la materia.

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio INE/UTF/DA/1543/14 del 20 de agosto de 2014, recibido por el partido en la misma fecha.

En consecuencia, con escrito SFA/0211/14 del 27 de agosto de 2014, recibido por la Unidad de Fiscalización el mismo día, el partido manifestó lo que a la letra se transcribe:

“...En relación a las erogaciones identificadas con (1) en la columna ‘Referencia’ del Anexo 2 del presente oficio y al razonamiento que realizó esa Autoridad en el oficio que se contesta, me permito precisar:

Ya que los Partidos Políticos Nacionales se rigen por sus documentos básicos, como lo establece el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales aplicable, en el Libro Segundo de Los Partidos Políticos, Titulo Primero Disposiciones generales en específico el artículo 22, numeral 5, que señala:

‘Artículo 22

…

5. Los Partidos Políticos se regirán internamente por sus documentos básicos, tendrán la libertad de organizarse y determinarse de conformidad con las normas establecidas en el presente Código y las que, conforme al mismo, establezcan sus Estatutos.’

Seguido de lo anterior, se robustece con el siguiente criterio:

‘Tesis número IX/2012

DOCUMENTOS BÁSICOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. SUS MODIFICACIONES RIGEN SU VIDA INTERNA DESDE SU APROBACIÓN POR EL ÓRGANO PARTIDISTA CORRESPONDIENTE. (Se transcribe).

En ese orden de ideas, los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional fueron aprobados en la XXI Asamblea Nacional Ordinaria celebrada el día 3 de marzo de 2013, donde se realizaron distintos cambios en los documentos básicos, que tienen que ver con la vida interna y las tareas encomendadas con mayor eficacia del Partido Revolucionario Institucional.

Derivado de dicha aprobación, los Estatutos se sometieron a consideración del Consejo General del Instituto Federal Electoral mismos que fueron aprobados mediante Resolución CG114/2013 el día 8 de mayo del mismo año.

Por lo que respecta a los documentos básicos, en sus Estatutos, el artículo 3 y 33 fracción I señala lo siguiente:

‘Artículo 3.

(...)

El Partido está formado por la alianza social, plural y democrática de las organizaciones sociales que desde su fundación han integrado sus sectores Agrario, Obrero y Popular, y por ciudadanos considerados individualmente o agrupados en organizaciones nacionales y adherentes que sostienen una plataforma de principios y programa de acción que se identifican con los postulados de la Revolución Mexicana’

‘Artículo 33. El Partido apoyará a las organizaciones adherentes a través de las siguientes acciones:

I. Contribuir a la realización de objetivos comunes’

Respecto al dicho de esa Autoridad:

‘Al respecto cabe mencionar que la organización adherente es una entidad independiente a su partido con objetivos y actividades propias, emanadas de sus Estatutos y demás documentos básicos; sin embargo, los recursos transferidos a la misma deben estar dirigidos al cumplimiento de los fines establecidos en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para los partidos políticos.’

El artículo 3 de los Estatutos de la CNOP establece:

‘Sin menoscabo de su autonomía y para el mejor cumplimiento de sus fines y objetivos, la CNOP, como su Sector Popular, mantiene una alianza histórica con el PRI, basada en los principios ideológicos y los compromisos de la democracia y la justicia social.

En ese sentido, la CNOP asume, como orientación y referencia primordiales, en todos los ámbitos de su actividad, los Documentos Básicos del PRI, así como su Código de Ética.

(…)’

Ahora bien, de lo anterior se precisa que los gastos erogados en eventos de la CNOP devienen del cumplimiento de contribuir a la realización de fines comunes, ya que el evento fue realizado si bien por la CNOP, el fin de la realización del mismo es la promoción y posicionamiento de la misma, y con ello la promoción y posicionamiento del Partido, ya que con ello contribuye al logro de la obligación de la organización contenida en el precepto contenido en los Estatutos del Partido que establece:

‘Artículo 35. Todas las organizaciones del Partido tienen las siguientes obligaciones:

(...)

III. Promover permanentemente la afiliación individual y voluntaria de sus militantes al Partido (...)’

Parte integrante de los documentos básicos del Partido, en el rubro de Oportunidades para los jóvenes en sus numerales 110 establece:

‘110. Para la juventud: políticas cuya acción gire en torno a los jóvenes y los consideren el punto central de referencia; fomenten la cercanía con ellos; den respuestas reales a sus necesidades sentidas; los pongan en contacto con sus diferentes realidades; integren su diversidad y complejidad, que no se limiten a proporcionarles únicamente servicios o actividades, sino capacidades y habilidades para construir sus propios itinerarios vitales’

Atendiendo al precepto que antecede se realizaron las erogaciones con los proveedores Grupo Integral 3027 S.A. de C.V. y Hércules Soluciones en Producción y Representación S.A. de C. V., con el fin de fomentar la inclusión de los jóvenes en el Partido y dar cumplimiento con ello al programa de acción del Partido.

Ahora bien, por lo que respecta al rubro de ‘Deporte y Recreación’, los numerales 140 y 149 de dichos programas, establecen lo siguiente:

‘Deporte y recreación

140. El partido debe fomentar y promover el deporte en todas sus etapas, desde la edad temprana hasta la adulta, a fin de buscar la integración familiar, la salud y la convivencia pacífica entre la población mexicana.

149. La recreación busca un equilibrio entre los hábitos, las actividades profesionales y cotidianas, la salud física y la salud mental. En la medida que las actividades de recreación aumentan se combate el sedentarismo, uno de los principales precursores de enfermedades crónico degenerativas. Por todo esto, el PRI promoverá acciones tendientes a realizar actividades al aire libre y fomentar la convivencia familiar, combinadas en muchos casos con el deporte, la cultura y el arte.’

Por lo tanto, el objeto partidista que se persigue va encaminado a implementar de manera práctica las actividades físicas que se desarrollan dentro de este programa de acción, de tal manera que se pueda aportar los recursos materiales necesarios para su realización, como es el caso de los balones de básquet y fútbol soccer correspondientes a cada deporte.

CONFEDERACIÓN NACIONAL DE ORGANIZACIONES POPULARES JUSTIFICACIÓN PARTIDISTA DE COMPRAS SEÑALADAS CON (4)

‘Finalmente, por lo que se refiere a los gastos identificados con (4) en el anexo antes mencionado, de acuerdo con la documentación soporte anexa a las pólizas en comento se trata de electrodomésticos adquiridos para una rifa celebrada por la Asociación de Pensionados y Jubilados de la PGR, A.C. por el día de las madres y del padre, así como la entrega de un arreglo floral a la actriz Carmen Salinas; erogaciones que no justifican un objeto partidista por tratarse de obsequios que no se vinculan con la actividad ordinaria de su partido.’

Ya que los Partidos Políticos Nacionales se rigen por sus documentos básicos, como lo establece el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales aplicable, en el Libro Segundo de Los Partidos Políticos, Titulo Primero Disposiciones generales en específico el artículo 22, numeral 5, que señala:

‘Artículo 22

(...)

5. Los Partidos Políticos se regirán internamente por sus documentos básicos, tendrán la libertad de organizarse y determinarse de conformidad con las normas establecidas en el presente Código y las que, conforme al mismo, establezcan sus Estatutos.’

Seguido de lo anterior, se robustece con el siguiente criterio:

Tesis número IX/2012

DOCUMENTOS BÁSICOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. SUS MODIFICACIONES RIGEN SU VIDA INTERNA DESDE SU APROBACIÓN POR EL ÓRGANO PARTIDISTA CORRESPONDIENTE. (Se transcribe).

En ese orden de ideas, los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional fueron aprobados en la XXI Asamblea Nacional Ordinaria celebrada el día 3 de marzo de 2013, donde se realizaron distintos cambios en los documentos básicos, que tienen que ver con la vida interna y las tareas encomendadas con mayor eficacia del Partido Revolucionario Institucional.

Derivado de dicha aprobación, los Estatutos se sometieron a consideración del Consejo General del Instituto Federal Electoral mismos que fueron aprobados mediante Resolución CG114/2013 el día 8 de mayo del mismo año.

Por lo que respecta a los documentos básicos, en el rubro de los derechos de los adultos mayores, los numerales 80 y 84 de los programas de acción del Partido, establecen lo siguiente:

‘80. Fomentar una cultura de respeto a nuestros adultos mayores que garantice sus derechos humanos y fomente en las nuevas generaciones una cultura de prevención y planeación que los prepare para la vejez.

84. Construir espacios de participación dentro de las instancias del partido y políticas públicas que permitan aprovechar todas sus capacidades.’

En ese sentido, el Partido cumple cabalmente con lo establecido en los numerales antes mencionados, toda vez que se pretende garantizar las oportunidades de los programas que el Partido les facilita y asimismo favorezcan a su bienestar físico, mental y de cuidado personal.

Por lo que, es necesario aclarar que los fines de este Partido se enfocan a llevar a cabalidad el cumplimiento de sus programas de desarrollo de la vida interna y en la misma medida poder proporcionar todos los recursos materiales necesarios para lograr los objetivos establecidos por los documentos básicos del Instituto Político...”

Al respecto, en la columna “Referencia” del Anexo 2 del oficio INE/UTF/DA/1543/14 fueron identificadas con (1) las siguientes erogaciones:

Ahora bien, respecto a los gastos detallados en el cuadro que antecede el partido manifestó que fueron efectuados con el propósito de realizar objetivos que tiene en común con sus organizaciones adherentes en términos de lo establecido en sus Estatutos y programas de acción.

No obstante lo manifestado, cabe mencionar que los partidos políticos deben utilizar el financiamiento exclusivamente para las actividades señaladas en el Código de la materia y los gastos mencionados no guardan relación alguna con las actividades o fines propios de un partido político y no se consideran necesarios para el buen funcionamiento del mismo.

Adicionalmente, respecto a los gastos identificados con (A) en la columna “Referencia” del cuadro que antecede, el partido manifestó que contribuyen al posicionamiento y promoción del partido así como la afiliación individual y voluntaria de los militantes.

Al respecto, no obstante lo manifestado por el partido no se advierte la forma en que los gastos observados por la contratación de un banquete que incluye los servicios de un grupo musical y descorche, así como la compra de arreglos florales de carácter decorativo, contribuyen a la promoción o posicionamiento del partido, aunado a que no fue remitida la documentación que acreditara dicha vinculación.

En cuanto a los casos identificados con (B) en el cuadro que antecede, el partido manifestó que las erogaciones por la compra de arcones y la contratación de bandas musicales, fueron realizadas con el fin de fomentar la inclusión de los jóvenes en el partido y dar cumplimiento con ello a un programa de acción; sin embargo, no presentó documentación adicional que permita comprobar dicha vinculación, toda vez que no se advierte la contribución que tuvieron dichos gastos en relación con los fines descritos.

Asimismo, por lo que se refiere a los gastos identificados con (C) en el cuadro que antecede, el partido manifestó que fueron realizados para implementar de manera práctica las actividades físicas dentro de un programa de acción relativo al deporte y hace referencia a balones de fútbol y básquet; sin embargo, las erogaciones corresponden 6,500 pelotas de plástico, que no contienen el logo del partido ni de la organización adherente, por lo que no se advierte la existencia de alguna relación entre éstas y los citados programas.

Prosiguiendo con el análisis de la respuesta del partido, en la columna “Referencia” del Anexo 2 del oficio INE/UTF/DA/1543/14 fueron identificadas con (3) las erogaciones que a continuación se detallan:

Al respecto, manifestó que la erogación está dirigida a la realización de fines en común con las organizaciones adherentes y con la finalidad de promover al partido y respecto a que la propaganda no contiene el emblema del mismo, argumenta lo siguiente:

“...si bien las distintas erogaciones no contienen el elemento identificador impreso en los mismos, ya sea por sus características, naturaleza o finalidad, no es requerido el mismo, ya que al ser entregado por priistas, estos representan al Partido, de igual manera al ser entregados o devengados en eventos a nombre del Partido se encuentran promoviendo al partido...”

Sobre el particular, manifiesta que el carácter de “priista” de las personas que entregaron los artículos observados, es suficiente para sustituir el elemento identificador del cual adolece la propaganda, asumiendo que con ello se refiere a un militante o simpatizante, supuesto que no es verificable y adicionalmente, indica que fue distribuida en eventos del partido; sin embargo, no presenta documentación que avale lo manifestado.

En razón de lo anterior, no es posible establecer que la propaganda tuvo como finalidad promover al partido, toda vez que fue adquirida por una organización adherente que se encuentra constituida como una asociación civil con personalidad jurídica y patrimonio propios y hace referencia únicamente a ésta, con lo cual se desvirtúa el objeto del gasto y deja contribuir con las actividades ordinarias del instituto político.

Finalmente, en la columna “Referencia” el Anexo 2 del oficio INE/UTF/DA/1543/14 fueron identificadas con (4) las erogaciones efectuadas por la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) que a continuación se detallan:

…

Por lo antes expuesto, las erogaciones detalladas en los cuadros que anteceden por un total de $1,896,516.20 no fueron destinadas a las actividades señaladas en la normatividad, siendo éstas las relativas a la operación ordinaria del partido y gastos de campaña, así como aquellas que promuevan la participación del pueblo en la vida democrática y no guardan relación con los fines propios de un partido político ni se consideran necesarios para el buen funcionamiento del mismo.

Adicionalmente, es importante mencionar que si bien los Estatutos rigen la vida interna de los partidos políticos como reiteradamente manifestó el partido, éstos se circunscriben a un régimen normativo específico en materia de financiamiento y comprobación de recursos.

Ahora bien, esta autoridad no desconoce la libertad que tienen los partidos políticos de establecer programas en función de sus Estatutos; sin embargo, es importante mencionar que el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos políticos son entidades de interés público que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.

En este orden de ideas, los partidos políticos se rigen en primer lugar por la normatividad electoral, concretamente en este caso por lo dispuesto en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual establece que los recursos que ejerzan deben utilizarse estricta e invariablemente en las actividades relativas a la operación ordinaria y gastos de campaña, así como aquellas que promuevan la participación del pueblo en la vida democrática.

En esa tesitura, procede indicar que la libertad ciudadana de hacer lo permitido por la legislación en los supuestos que no estén expresamente regulados como prohibidos en normas de orden público no puede llegar al extremo de contravenir esos magnos fines colectivos con sus actos, sino que en todo caso, su actuación debe dirigirse y ser adecuada para cumplir con esa función pública, primordialmente, en razón de ser prioritaria en relación con sus fines individuales.

Por lo antes expuesto, las erogaciones realizadas no se catalogan como parte de las actividades ordinarias del partido y no cumplen con un objeto partidista; por tal razón, la observación no se consideró subsanada.

En consecuencia, al efectuar gastos por $1,896,516.20 que carecen de objeto partidista, el partido incumplió con lo dispuesto en el artículo 38, numeral 1, inciso o) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

[…]

Como se puede apreciar de la anterior transcripción, la autoridad responsable concluyó que el instituto político que represento, había incumplido con lo dispuesto en el artículo 38, numeral 1, inciso o) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por haber realizado gastos que en su opinión no cumplían con un objetivo partidista, porque a su decir, no estaban vinculados con las operación ordinaria del partido ni dirigidos a la promoción del mismo. En consideración de la responsable, no se cumplía con el objeto partidista en virtud de que los gastos correspondían

En opinión de la responsable, los gastos relacionados con arreglos decorativos, arreglos florales, veinticinco marcos de madera, veinticuatro enmarcado de fotografía, cinco mil pelotas, mil quinientas pelotas, cuarenta arcones y honorarios de bandas musicales, no guardan relación con las actividades o fines propios del Partido y nos los estimó necesarios para su buen funcionamiento. Considera la responsable que dichas erogaciones no contribuyen a la promoción del partido y por lo que hace a las pelotas de plástico, observó que no contenían el logo del Partido, ni el logo de la organización Movimiento Territorial y que no advertía la relación entre estas pelotas y un programa de acción partidista relacionado con el deporte. Finalmente, concluyó que en virtud de que no era posible establecer que la propaganda tenía como finalidad promover al partido por haber sido adquirida por otras organizaciones (CNOP, Frente Juvenil Revolucionario, Movimiento Territorial), constituidas como asociación civil con personalidad jurídica y patrimonios propios, se desvirtuaba el objeto del gasto y debía considerarse que con las erogaciones no se contribuía con las actividades ordinarias del Partido.

En consideración de la responsable, los recursos erogados por los partidos no podían dirigirse a esos objetivos y actividades sino al cumplimiento de los fines establecidos en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para los partidos políticos. Por todo lo anterior, estimó que la erogación no se ajustaba a lo establecido en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Desde la perspectiva de mi representado, es evidente que la responsable arribó a conclusiones equivocadas. Se afirma que los razonamientos son desatinados, en virtud de que a partir de premisas erróneas e insuficientes, la autoridad arriba necesariamente a conclusiones falsas.

En efecto, en el examen de la responsable de los gastos relacionados con la Conclusión 64, se evidencian, entre otros defectos que:

1. Equivocadamente invocó preceptos que señalan fines y principios de actuación de los partidos, a través de expresiones genéricas, y su motivación fue insuficiente para demostrar clara y fehacientemente que se acreditara la configuración de las hipótesis normativas invocadas.

2. Llega a conclusiones erróneas a partir de la circunstancia de que las organizaciones, sectores o adherentes, tengan personalidad jurídica, objetivos y actividades propias que son distintas a los de los partidos; igualmente, a partir del examen de los Estatutos de esas organizaciones, arriba a conclusiones inaceptables.

3. Igualmente es equivocado su entendimiento del objeto partidista en tratándose de gastos erogados con cargo a los partidos políticos, pero en combinación o apoyo de actividades de los sectores, organizaciones o adherentes del Partido Revolucionario Institucional.

A continuación, se expondrán las razones por las que se estima que la responsable incurrió en los errores antes señalados en la emisión del acto que se reclama.

1. Equivocadamente invocó preceptos que señalan fines y principios de actuación de los partidos, a través de expresiones genéricas, y su motivación fue insuficiente para demostrar clara y fehacientemente que se acreditara la configuración de las hipótesis normativas invocadas.

Se considera que las hipótesis normativas invocadas por la autoridad como fundamento de su determinación y los razonamientos que a manera de motivación expresó la responsable, son insuficientes para demostrar clara y fehacientemente que mí representado hubiese incumplido con las normas en que la responsable fundamentó su determinación.

Al efecto, cabe reiterar que los principios y valores contenidos en el artículo 41 de la Constitución federal, no están sujetos a discusión; que tampoco es discutible la afirmación en el sentido de que los partidos políticos, en acatamiento al artículo 38, párrafo 1, inciso o), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, deben aplicar sus recursos, exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, sus gastos de precampaña o campaña y sus actividades específicas. Igualmente está fuera de discusión que los partidos deben actuar en concordancia con lo dispuesto en el artículo 281 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Federal Electoral y por tanto deben administrar sus recursos y por ende realizar sus erogaciones, con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género.

Sin embargo, el examen cuidadoso de las disposiciones normativas invocadas por la responsable como fundamento de su determinación, muestra que se trata de preceptos que señalan los fines o principios de actuación de los partidos a través de expresiones genéricas y amplias y en este sentido, la motivación de la responsable no es demostrativa de la configuración de las hipótesis normativas invocadas como fundamento.

2. La responsable llega a conclusiones erróneas a partir de la circunstancia de que los sectores, organizaciones nacionales o adherentes, tengan personalidad jurídica, objetivos y actividades propias. Igualmente, a partir del examen de los Estatutos de esas organizaciones, arriba a conclusiones inaceptables.

Las conclusiones de la responsable son dogmáticas y falsas. Una vez que establece que los sectores, organizaciones del Partido Revolucionario Institucional tienen personalidad, objetivos y actividades propias emanadas de sus Estatutos y demás Documentos Básicos, concluye que siendo el Partido Revolucionario Institucional una persona jurídica distinta, con Estatutos y documentos propios, los recursos erogados por el Partido no pueden dirigirse a objetivos o actividades de esos sectores, organizaciones nacionales o adherentes.

Lo equivocado de la determinación de la responsable, deriva, entre otras cuestiones, en que omite realizar una interpretación sistemática y funcional, tomando en cuenta todas las normas aplicables, así como la operación de las normas y las circunstancias que se dieron en la génesis del Partido Revolucionario Institucional.

En efecto, el Partido Revolucionario Institucional, a diferencia de otros institutos políticos, no nació exclusivamente de la voluntad de un grupo de ciudadanos expresada de manera individual, sino a través de un pacto realizado en enero de 19463.

3 Se acompañan al presente escrito como ANEXO 1, copias simples del Pacto, la Declaración de Principios y el Programa del Partido Revolucionario Institucional, suscritos en 1946, consultables en la dirección electrónica p://www.memoriapoliticademexico.org/Textos/6Revolucion/1946%20P-DP-PP-PRI.html

Es importante destacar que el pacto fundacional del Partido Revolucionario Institucional, fue suscrito por un grupo de organizaciones que ya contaban con personalidad jurídica y que pactaron la constitución de un partido político, su Declaración de Principios y sus Estatutos.

El pacto fue suscrito por la CNC (Confederación Nacional Campesina) a través de Gabriel Leyva Velázquez; la CTM (Confederación de Trabajadores de México) a través de Fidel Velázquez; la CNOP (Confederación Nacional de Organizaciones Populares) a través de Antonio Nava Castillo; la Confederación de Obreros y Campesinos de México a través de Genaro Lapa; el Sindicato de Trabajadores Mineros a través de Manuel Elizondo; la CGT (Confederación General del Trabajo) a través Miguel Miranda; la Confederación Nacional de Electricistas representada por Juan José Rivera Rojas; y la Confederación Proletaria Nacional representada por Enrique Rangel.

A través del pacto, las agrupaciones pactantes pretendían coordinar su actuación política electoral para evitar pugnas entre los sectores agrario, obrero y popular y para sumar fuerzas.

Este pacto, como se apuntó, se celebró en el año de 1946, conforme a las leyes vigentes en ese tiempo y constituyó una forma legal de formación de un partido político.

De todo lo anterior se sigue que, a diferencia de otros institutos políticos, algunos de los sectores, organizaciones nacionales y adherentes del Partido Revolucionario Institucional, tienen personalidad jurídica, Estatutos y Documentos Básicos, anteriores a los del Partido y el instituto político priista se constituyó como una vía para la actuación política electoral de esos sectores o agrupaciones. En otras palabras, el partido surgió derivado de un pacto, para dar un cauce pacífico, coordinado y sin pugnas a la participación política electoral de diversas organizaciones sociales y a través de esas actividades políticas, el Partido atiende a sus fines y se constituye en una vía de acceso, por lo que hace a los afiliados de esos sectores, agrupaciones o adherentes, a los cargos de dirigencia partidista o de elección popular, en concordancia con lo establecido tanto en el artículo 41 de la Constitución federal, como en el 38 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Al efecto, resulta ilustrativo el contenido de los artículos 1 y 2 de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional vigentes en el año 1946.

“Artículo 1. El Partido Revolucionario Institucional es una asociación política de carácter nacional integrada por obreros y campesinos organizados, por contingentes de trabajadores independientes, empleados públicos, cooperativistas, artesanos, estudiantes, profesionistas, comerciantes en pequeño y demás elementos afines en tendencias o intereses que acepten los principios de la Revolución Mexicana. Las mujeres se consideran exactamente en las mismas condiciones que los hombres.

Artículo 2. Los sindicatos y centrales obreras, la Confederación Nacional Campesina, la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, las organizaciones de mujeres y de jóvenes, conservarán su autonomía y la dirección y disciplina de sus miembros en todo lo relativo al desarrollo de su acción social y a la realización de sus fines específicos; pero esos mismos trabajadores dependerán exclusivamente de los órganos de acción del Partido para el ejercicio de su acción político-electoral, con sujeción a las prescripciones de estos Estatutos.”4

4 Se acompañan al presente escrito como ANEXO 2, copias simples de la Declaración de Principios, Programa y Estatutos del Partido Revolucionario Institucional, suscritos en 1946.

Los antecedentes fundacionales del Partido, como una vía para la realización de acciones políticas por parte de otros sectores, agrupaciones u organizaciones sociales, se ven reflejados en la normatividad vigente, de esta manera los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional establecen:

Que es un partido político nacional5, formado por la alianza social plural y democrática de las organizaciones sociales que desde su fundación han integrado sus sectores Agrario, Obrero y Popular, y por ciudadanos considerados individualmente o agrupados en organizaciones nacionales y adherentes que sostienen una plataforma de principios y programa de acción que se identifican con los postulados de la Revolución Mexicana6.

5 Artículo 1. El Partido Revolucionario Institucional es un Partido político nacional, popular, democrático, progresista e incluyente, comprometido con las causas de la sociedad; los superiores intereses de la Nación; los principios de la Revolución Mexicana y sus contenidos ideológicos plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se inscribe en la corriente socialdemócrata de los Partidos políticos contemporáneos.

6 Artículo 3. El Partido Revolucionario Institucional impulsa la participación ciudadana que se expresa en la diversidad social de la nación mexicana con la presencia predominante y activa de las clases mayoritarias, urbanas y rurales, que viven de su trabajo, manual e intelectual, y de los grupos y organizaciones constituidos por jóvenes, hombres, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y pueblos y comunidades indígenas cuya acción política y social permanente, fortalece las bases sociales del Estado Mexicano.

El Partido está formado por la alianza social, plural y democrática de las organizaciones sociales que desde su fundación han integrado sus sectores Agrario, Obrero y Popular, y por ciudadanos considerados individualmente o agrupados en organizaciones nacionales y adherentes que sostienen una plataforma de principios y programa de acción que se identifican con los postulados de la Revolución Mexicana.

El Partido promueve la participación política de los mexicanos residentes en el extranjero como integrantes de la Nación y destaca su importancia para la vida política, económica, social y cultural del país.

Que el Partido Revolucionario Institucional se rige por los principios y normas contenidos en su Declaración de Principios, Programa de Acción, Estatutos y en las resoluciones de la Asamblea Nacional y del Consejo Político Nacional. Estos principios y normas son de observancia obligatoria para todos sus miembros, organizaciones y sectores, es decir, la normatividad del Partido rige a todas sus organizaciones y sectores7.

7 Artículo 12. El Partido Revolucionario Institucional se rige por los principios y normas contenidos en su Declaración de Principios, Programa de Acción, Estatutos, y en las resoluciones de la Asamblea Nacional y del Consejo Político Nacional.

Artículo 13. Los principios y normas a que se refiere el artículo anterior serán de observancia obligatoria para todos sus miembros, organizaciones y sectores.

El Partido Revolucionario Institucional está integrado por ciudadanos mexicanos hombres y mujeres, quienes pueden incorporarse libremente a las organizaciones de los sectores, a las organizaciones nacionales y a las adherentes8.

8 Artículo 22. El Partido Revolucionario Institucional está integrado por ciudadanos mexicanos, hombres y mujeres, que se afilien individual y libremente y suscriban los Documentos Básicos del Partido. Los integrantes individuales del Partido podrán incorporarse libremente a las organizaciones de los sectores, organizaciones nacionales y adherentes.

La estructura sectorial del partido se integra por las organizaciones que forman sus sectores Agrario, Obrero y Popular9.

9 Artículo 25. La estructura sectorial del Partido se integra por las organizaciones que forman sus sectores Agrario, Obrero y Popular.

Las organizaciones de los sectores conservan su autonomía, dirección y disciplina interna en cuanto a la realización de sus fines propios. La acción política de los afiliados, que a su vez lo sean del Partido, se realizará dentro de la estructura y organización partidista y con sujeción a estos Estatutos.

Artículo 26. Los sectores Agrario, Obrero y Popular son la base de la integración social del Partido; expresan las características de clase de sus organizaciones y mantienen la plena identidad de intereses y propósitos de sus militantes individuales; y actúan para vigorizar la solidaridad social de sus militantes y para luchar por sus intereses económicos y sociales, cumplir con mayor eficiencia sus tareas políticas y elevar su preparación ideológica, a fin de fortalecer su conciencia sobre la responsabilidad histórica que les corresponde en las transformaciones que requiere la sociedad.

Los sectores del Partido deberán profundizar y ampliar la acción partidista en los centros que constituyen la unidad básica, económica y social de sus organizaciones y coordinarán esa acción con las que el Partido realiza por medio de sus órganos.

Artículo 27. Los sectores y organizaciones podrán establecer alianzas y adoptar estrategias conjuntas, siempre que no contravengan ninguna disposición de los presentes Estatutos.

Artículo 28. El Sector Agrario está constituido por las organizaciones campesinas, que históricamente han estado adheridas al Partido, así como las que se incorporen en el futuro. En este sentido, mantendrá una política de activismo permanente, privilegiando las causas más sentidas de la sociedad.

Artículo 29. El Sector Obrero está constituido por las organizaciones de trabajadores, que históricamente han estado adheridas al Partido, así como las que se incorporen en el futuro. En este sentido, mantendrá una política de activismo permanente, privilegiando las causas más sentidas de la sociedad.

Artículo 30. El Sector Popular está constituido por las organizaciones de ciudadanos con intereses populares compartidos, que históricamente han estado adheridas al Partido, así como las que se incorporen en el futuro.

En este sentido, mantendrá una política de activismo permanente, privilegiando las causas más sentidas de la sociedad.

También forman parte de la estructura partidista, las organizaciones nacionales y adherentes. Por lo que hace a las nacionales, el partido reconoce al Movimiento Territorial, Organismo Nacional de Mujeres Priistas, el Frente Juvenil Revolucionario y la Asociación Nacional de la Unidad Revolucionaria, A.C.10.

10 Artículo 31. El Partido reconoce como organizaciones nacionales:

I. El Movimiento Territorial;

II. El Organismo Nacional de Mujeres Priistas;

III. El Frente Juvenil Revolucionario; y

IV. La Asociación Nacional de la Unidad Revolucionaria, a.c.

Las organizaciones nacionales establecerán en sus Documentos Básicos su vinculación con el Partido, sus normas internas no podrán contravenir los principios del Partido Revolucionario Institucional. Sin menoscabo de su autonomía, los mecanismos y modalidades de elección de sus dirigencias deberán establecer procedimientos que permitan la renovación periódica y democrática.

En lo que toca a la organización nacional denominada Frente Juvenil Revolucionario, los Estatutos del Partido la definen como una organización juvenil nacional por medio de la cual los jóvenes se incorporan a la acción política del Partido. Entre sus fines está el fomentar las tareas de activismo político y electoral del Partido, apoyar las campañas, promover la incorporación de jóvenes al Partido, e impulsar la participación de los jóvenes en el trabajo partidario11. Por su parte, el Partido se obliga con los jóvenes a incluirlos en los cargos de dirigencia y candidaturas a cargos de elección popular12.

11 Artículo 44. El Frente Juvenil Revolucionario tiene los siguientes fines:

I. Vincularse con sentido crítico y propositivo a la lucha del pueblo mexicano por un desarrollo consolidado en la Justicia y Democracia Social;

II. Garantizar las políticas públicas que atiendan las demandas de los jóvenes mexicanos;

III. Acceder a cargos de dirigencia y de elección popular;

IV. Fomentar las tareas de activismo político y electoral del Partido;

V. Apoyar las campañas político electorales del Partido Revolucionario Institucional;

VI. Promover la incorporación de un mayor número de jóvenes al Partido y sus tareas políticas;

VIl. Impulsar la participación de los jóvenes en el trabajo partidario; y

VIII. Promover el servicio social de los jóvenes que brinde apoyo a la población.

12 Artículo 45. El Partido conforme al principio de proporcionalidad incluirá a jóvenes en los cargos de dirigencia y candidaturas a cargos de elección popular.

En la estructura territorial, tanto en los ámbitos nacional, estatal, municipal y delegacional, se incluirá al menos una tercera parte de jóvenes en cargos de dirigencia.

En los procesos electorales federales, estatales y del Distrito Federal, municipales y delegacionales que se rigen por el principio de Mayoría Relativa, el Partido incluirá a jóvenes como candidatos propietarios, en una proporción no menor al 30%; asimismo, el Partido incluirá a jóvenes de candidatos suplentes en una proporción no menor al 30%.

En las listas nacional, por circunscripción plurinominal, estatales y del Distrito Federal de candidatos a cargos de elección popular por el principio de representación proporcional que el Partido registre en las elecciones federal, estatales y del Distrito Federal, se deberá incluir a jóvenes como candidatos propietarios y suplentes en una proporción no menor del 30%.

En la integración de planillas para Ayuntamientos que correspondan a los procesos electorales municipales y que el Partido registre, se deberá incluir a jóvenes como candidatos propietarios y suplentes en una proporción no menor del 30%.

Artículo 46. El Partido se compromete con los jóvenes para:

I. Alentar sus expresiones sociales, políticas y culturales;

II. Propiciar su vinculación con la población mediante el servicio social;

III. Formar políticos jóvenes e impulsar su educación;

IV. Canalizar a los jóvenes que se incorporen a la estructura del Partido para su capacitación política e ideológica al Instituto de Capacitación y Desarrollo Político, a.c, a la Fundación Colosio, a.c. y al Movimiento PRI .mx; y V. Impulsar su desarrollo para que accedan a cargos de dirigencia y de elección popular.

Artículo 47. En el ámbito de los presentes Estatutos, el Frente Juvenil Revolucionario tiene plena autonomía para decidir libre y democráticamente la integración de sus órganos directivos y su funcionamiento interno. Sin menoscabo de su autonomía, los mecanismos y modalidades de renovación de sus dirigencias deberán ser revisados por el Partido Revolucionario Institucional.

En respeto de esta misma autonomía, para los cargos de dirigencia del Frente Juvenil Revolucionario, en lo referente a la edad, se estará a lo dispuesto en sus documentos fundamentales, en donde se establecerá un límite de hasta 29 años.

Asimismo, en cuanto a jóvenes que accedan a cargos de dirigencia partidista y de elección popular, el límite de edad será de hasta 35 años.

Por otra parte, el Movimiento Territorial, es una estructura nacional autónoma y con Estatutos propios, que tiene por objeto impulsar y conducir la participación de las comunidades en el mejoramiento de su calidad de vida y como función principal apoyar a los liderazgos naturales y el activismo político del Partido13.

13 Artículo 53. El Movimiento Territorial es una estructura nacional, autónoma y con estatutos propios, que orienta sus actividades a los asentamientos humanos en áreas urbanas y tiene por objeto impulsar y conducir la participación de las comunidades en el mejoramiento de su calidad de vida.

El Movimiento Territorial se organiza a partir de Comités de Base, que se integran con un mínimo de 5 miembros, y simpatizantes; tiene como función primordial el apoyar a los liderazgos naturales y el activismo político del Partido.

Actúa en unidades territoriales identificadas por la existencia de intereses comunes y nuevas causas sociales, que pueden abarcar varias demarcaciones seccionales, y se vincula y coordina con los órganos ejecutivos del Partido a través de su dirigencia en el nivel respectivo.

El Movimiento Territorial deberá coordinar sus acciones con la estructura seccional, municipal, o delegacional, estatal y nacional, a efecto de que cada una de ellas cumpla con la actividad política y social que le corresponde de acuerdo a los presentes Estatutos.

También pueden ser integrantes del partido otras organizaciones (tanto las integradas por individuos como las conformadas por otras organizaciones) que en cumplimiento a las normas que las rigen, se adhieran y protesten cumplir los documentos básicos14.

14 Artículo 32. Podrán ser integrantes del Partido las organizaciones que en cumplimiento a las normas que las rigen, se adhieran y protesten cumplir los Documentos Básicos, tanto las integradas por individuos como las conformadas a su vez por otras organizaciones.

…

Las organizaciones adherentes podrán agruparse en los Sectores o en las organizaciones del Partido, de acuerdo con el carácter preponderante de sus intereses ciudadanos y de clase.

El Partido, debe apoyar a las organizaciones adherentes y en este contexto, debe contribuir a la realización de objetivos comunes, cuando así lo soliciten, apoyar las luchas reivindicatorias de las organizaciones adherentes y coordinar su participación en acciones de apoyo a los gobiernos emanados del Partido. Asimismo, el Partido promueve a través de procedimientos democráticos a los miembros de las adherentes a cargos de dirigencia partidista, de elección popular y de la administración pública15.

15 Artículo 33. El Partido apoyará a las organizaciones adherentes a través de las siguientes acciones:

I. Contribuir a la realización de objetivos comunes;

II. Apoyar sus luchas reivindicatorias cuando así lo soliciten; y

III. Coordinar su participación en acciones de apoyo a los gobiernos emanados del Partido.

El Partido coordinará la participación de las organizaciones adherentes en las acciones que sirvan de apoyo a los gobiernos emanados del mismo y promoverá a través de procedimientos democráticos a sus militantes a cargos de dirigencia, de elección popular y de la administración pública, valorando su convicción ideológica, militancia y trabajo partidista.

En concordancia con las obligaciones del Partido, las organizaciones tienen derecho a representar a la estructura sectorial en asambleas, consejos y convenciones partidistas; a postular candidatos a cargos de dirigencia partidista y de representación popular en los procesos internos del partido; y, a participar en la elección de dirigentes partidistas y candidatos16. Por otra parte, todas las organizaciones del Partido tienen obligaciones para con éste, y a través del cumplimiento de estas obligaciones, se contribuye al logro de los fines partidistas17. En este contexto, los órganos de dirección del Partido, específicamente, su órgano supremo, la Asamblea Nacional y el Consejo Político Nacional, en su integración, dan cabida a los sectores y organizaciones18.

16 Artículo 34. Las organizaciones tienen los siguientes derechos:

I. Representar a la estructura sectorial en asambleas, consejos políticos y convenciones, en proporción al número de militantes individuales afiliados al Partido;

II. Postular candidatos a cargos de dirigencia y representación popular en los procesos internos del Partido, y a través de las organizaciones que a su vez los agrupen, en los términos de estos Estatutos; y

III. Participar en la elección de dirigentes y candidatos.

17 Artículo 35. Todas las organizaciones del Partido tienen las siguientes obligaciones:

I. Enriquecer el Registro Partidario;

II. Proponer militantes del Partido para que actúen como representantes y como activistas en los procesos electorales constitucionales;

III. Promover permanentemente la afiliación individual y voluntaria de sus militantes al Partido y llevar el registro puntual y actualizado de los mismos por seccional;

IV. Capacitar permanentemente a sus militantes con el apoyo del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político, a.c, el Movimiento PRI.mx y, en su caso, de la Fundación Colosio, a.c.

V. Acatar y difundir a plenitud los principios que el Partido sustenta en sus Documentos Básicos y los instrumentos normativos señalados en el artículo 81 de los presentes Estatutos; y

VI. Cubrir sus aportaciones económicas al Partido.

18 Artículo 65. La Asamblea Nacional es el órgano supremo del Partido y se integra con:

…

X. Los delegados de los Organismos Especializados y organizaciones nacionales del Partido en el número que determine la convocatoria respectiva y distribuidos en proporción al número de militantes afiliados individualmente al Partido, entre:

a) Las organizaciones del Sector Agrario;

b) Las organizaciones del Sector Obrero;

c) Las organizaciones del Sector Popular;

d) El Movimiento Territorial;

e) El Organismo Nacional de Mujeres Priistas;

f) El Frente Juvenil Revolucionario;

g) La Asociación Nacional de la Unidad Revolucionaria, a.c;

h) La Fundación Colosio, a.c;

i) El Instituto de Capacitación y Desarrollo Político, a.c;

j) El Movimiento PRI.mx; y

k) Las organizaciones adherentes, con registro nacional;

Artículo 70. El Consejo Político Nacional estará integrado por:

…

XIV. La representación de los sectores y organizaciones, electa democráticamente:

a) Treinta y cinco consejeros del Sector Agrario.

b) Treinta y cinco consejeros del Sector Obrero.

c) Treinta y cinco consejeros del Sector Popular.

d) Veinticinco consejeros del Frente Juvenil Revolucionario.

e) Veinticinco consejeros del Movimiento Territorial.

f) Veinticinco consejeras del Organismo Nacional de Mujeres Priistas.

g) Veinticinco consejeros de la Asociación Nacional de la Unidad Revolucionaria, a.c

h) Siete consejeros de la Asociación Nacional Revolucionaria “Gral. Leandro Valle”.

i) Cincuenta consejeros de las Organizaciones Adherentes, con registro nacional, asignados de conformidad con lo establecido en el reglamento aplicable; y

…

Por otra parte, el examen del Reglamento de las Organizaciones Adherentes del Partido Revolucionario Institucional, muestra que se adhieren al partido para contribuir a la ampliación de su capacidad de convocatoria y promover la presencia de sus miembros en su ámbito social, mediante acciones políticas y conforme a los documentos básicos del Partido. Las adherentes tienen derechos para integrar las asambleas, consejos y convenciones partidistas y postular candidatos a cargos de dirigencia y representación popular. En contrapartida, tienen obligaciones y éstas están vinculadas a los fines partidistas19.

19 Artículo 3. Se entiende por Organización Adherente a las agrupaciones de ciudadanos en las cuales se manifiestan las expresiones y causas sociales, que se adhieren al Partido con el objeto de contribuir a la ampliación de su capacidad de convocatoria para promover la presencia de sus miembros en su ámbito social mediante acciones políticas, conforme a los documentos básicos del Partido.

Artículo 16. Las Organizaciones Adherentes tienen los siguientes derechos:

I. Representar a la estructura sectorial en asambleas, consejos políticos y convenciones, en proporción al número de militantes individuales afiliados al Partido;

II. Postular candidatos a cargos de dirigencia y representación popular en los procesos internos del Partido, y a través de las organizaciones que a su vez los agrupen, en los términos de los Estatutos; y

III. Participar en la elección de dirigentes y candidatos.

Artículo 17. Todas las organizaciones del Partido tienen las siguientes obligaciones:

I. Enriquecer el Registro Partidario;

II. Proponer militantes del Partido para que actúen como representantes y como activistas en los procesos electorales constitucionales;

III. Promover permanentemente la afiliación individual y voluntaria de sus militantes al Partido y llevar el registro puntual y actualizado de los mismos por sección;

IV. Capacitar permanentemente a sus militantes con el apoyo del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político A.C., el Movimiento PRI.mx y, en su caso, de la Fundación Colosio A.C.

V. Acatar y difundir a plenitud los principios que el Partido sustenta en sus Documentos Básicos y su normatividad reglamentaria;

VI. Refrendar su registro como Organizaciones Adherentes del Partido en los términos previstos por este Reglamento.

VIl. Cubrir sus aportaciones económicas al Partido.

SECTORES

La Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), además de ser una de las organizaciones que participó en el pacto fundacional del Partido Revolucionario Institucional, integra el sector popular del Partido y está conformada por personas, organizaciones y movimientos ciudadanos y populares, constituido como asociación civil con personalidad jurídica y patrimonio propios, y entre sus fines se destaca la promoción de los militantes “cenopistas” a los cargos de representación popular y de dirigencia partidista, y la promoción para la formación y postulación de nuevos cuadros ciudadanos en el Partido.

La CNOP como sector popular del Partido, mantiene una alianza histórica con éste, y en sus Estatutos se establece que asume los Documentos Básicos del Partido Revolucionario Institucional. Entre sus fines se destacan el concurrir con el Partido en los procesos de renovación de los poderes públicos20. Esta alianza histórica con el Partido, se puede corroborar con los Estatutos “cenopistas” vigentes en el año 196521.

20 Artículo 1.- La Confederación Nacional de Organizaciones Populares en lo sucesivo CNOP, está conformada por las personas, organizaciones y movimientos ciudadanos y populares, que integran el Sector Popular del Partido Revolucionario Institucional, en lo sucesivo PRI. Es un organismo político y social, constituido legalmente como asociación civil, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuya misión principal es luchar por las causas de la ciudadanía, por la gestión y solución de sus demandas, por la representación de los intereses de las clases medias y populares y por la promoción de los militantes cenopistas hacia cargos de representación popular y de dirigencia, todo lo anterior para el pleno cumplimiento de los propósitos de sus Documentos Básicos. La CNOP es, en consecuencia, una amplia alianza comprometida con la profundización de la democracia, el fortalecimiento del estado de derecho, la libertad, la igualdad, la construcción y el desarrollo de una ciudadanía integral. Está conformada por los ciudadanos que libremente deciden afiliarse a la misma, ya sea de manera individual, a través de las organizaciones y/o los movimientos, con el propósito común de trabajar de manera permanente para el cumplimiento de sus fines y objetivos señalados en sus Documentos Básicos.

Paralelamente, reconociendo la creciente diversidad, especificidad y el dinamismo de las actuales formas de expresión y participación ciudadanas, la CNOP está comprometida a ser una organización de integrantes, militantes y de causas, que busca vincularse flexible y oportunamente con las que surjan en el seno de la comunidad para formar frentes comunes de lucha política y social con todos los grupos que coincidan con las tareas que se propone, así como para promover la formación y postulación de nuevos cuadros ciudadanos en el PRI, que representen las causas y objetivos de la CNOP.

Artículo 7.- Son fines de la CNOP los que se definen en sus Documentos Básicos en el marco de:

1. Participar activamente en la transformación y el avance político, económico y social de México, impulsando los valores soberanos y democráticos, el progreso y bienestar del pueblo, y la justicia en todas sus dimensiones, como fundamentos y propósitos indeclinables del desarrollo nacional;

2. Organizar, promover, representar y defender los intereses y las demandas de sus integrantes y militantes, ejerciendo su capacidad de gestión política y social, de negociación y de movilización, para lograr que sean reconocidos y atendidos por los poderes públicos y que sean incorporados en los programas y acciones que éstos realicen en cumplimiento de sus responsabilidades;

3. Compartir, articular e impulsar las causas ciudadanas que se plantean en el país, promoviendo el respeto y ejercicio de los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos, así como que se consideren y resuelvan adecuadamente los problemas y las exigencias específicos que interesan a la sociedad, y

4. Concurrir activamente, con el PRI, en los procesos de renovación de los poderes públicos y en el ejercicio y vigilancia de las tareas de gobierno, procurando en estos ámbitos, tanto en el nivel federal como local, el acceso a la representación política de los grupos populares y las clases medias.

Artículo 8.- De conformidad con sus fines, son objetivos de la CNOP:

1. Desarrollar programas y acciones permanentes para la promoción, atención y solución de las demandas y propuestas de sus integrantes y militantes, y el cumplimiento de sus intereses, proyectos y tareas;

2. Promover e impulsar la participación activa de los jóvenes y las mujeres en la vida interna de la CNOP, en sus programas de formación y desarrollo político, así como en sus organizaciones;

3. Realizar una labor permanente de identificación, comunicación, coordinación y activismo con los diversos grupos sociales y con sus liderazgos, impulsando conjuntamente las causas ciudadanas de mayor trascendencia e interés para la colectividad;

4. Procurar y establecer vínculos, convenios y alianzas políticas, sociales y jurídicas con instituciones, organizaciones y agrupaciones de toda índole para desarrollar conjuntamente estrategias y programas de interés común;

5. Diseñar y poner en práctica fórmulas y mecanismos eficaces para fomentar y promover la cultura democrática en el país, desarrollando programas permanentes de capacitación política e ideológica;

6. Impulsar la equidad de género, promoviendo la igualdad de oportunidades y de condiciones entre el hombre y la mujer, mediante la instrumentación de programas específicos enfocados al desarrollo educativo, social y laboral de la mujer;

7. Concurrir en los procesos partidistas de selección y postulación de candidatos a cargos de elección popular con propuestas propias, pugnando por el acceso de sus militantes a candidaturas y cargos de representación política, y

8. Mantener y profundizar principios partidistas democráticos en todos los ámbitos de su vida interna, garantizando la participación activa de sus integrantes y militantes en la integración y renovación de los órganos de gobierno y de dirección, así como en el diseño, la implementación y vigilancia de las orientaciones y estrategias de su actividad política y social.

21

Se acompaña como prueba identificada como ANEXO 4, documental privada consistente en copias simples del Acta de Protocolización de Estatutos y de la Quinta Asamblea de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares A.C., de fecha 29 de noviembre de 1965.

Por otra parte, el examen de los Estatutos vigentes de la Confederación Nacional Campesina (CNC), muestra que la Confederación fue constituida en agosto de 1938, es decir, con anterioridad a la fundación del Partido Revolucionario Institucional y que entre sus objetivos está el defender su relación con el Partido Revolucionario Institucional y proponer, promover y apoyar a sus miembros, para que en el marco del Partido participen en los procesos internos para postular candidatos a cargos de elección popular y, en su caso, apoyar sus campañas. En los Estatutos se establecen como derechos de los integrantes, el ser propuesto y apoyados por el Partido en sus aspiraciones para participar en procesos internos, en campañas electorales o en el desempeño de algún cargo público22.

22

ARTÍCULO 1.- Los presentes Estatutos rigen la vida interna de la Confederación Nacional Campesina, son de observancia general y obligatoria para sus dirigentes, para sus miembros: personas físicas, organizaciones económicas, sociales, filiales, personas morales que la integran y simpatizantes de la Confederación, con estricto apego en lo dispuesto por sus documentos básicos que son: La Declaración de Principios, el Programa de Acción, éstos Estatutos, así como el Reglamento Interior de la Confederación Nacional Campesina, que regulan su actuar jurídico, político y social.

ARTÍCULO 2.- Para los efectos de los presentes Estatutos, se entenderá por:

La Confederación: La Confederación Nacional Campesina.

Los Estatutos: Los Estatutos de la Confederación.

Los Documentos Básicos: La Declaración de Principios, el Programa de Acción y los Estatutos, así como el Acuerdo de Unidad y el Acta Constitutiva de la Confederación expedida por el Gral. Lázaro Cárdenas del Rio, el 28 de agosto de 1938 y los Estatutos de la Confederación.

ARTÍCULO 9.- Son objetivos de la Confederación:

I. Elevar la calidad de vida de las familias campesinas;

II. Defender los derechos de sus agremiados y el patrimonio histórico de la tierra, el agua y los recursos naturales de que fueron dotados por el Estado Revolucionario y promover todos los beneficios a que legítimamente aspiren como mexicanos;

III. Promover la defensa y consolidación del ejido, la comunidad, la pequeña propiedad equivalente a la unidad de dotación en la propiedad social y las colonias agropecuarias;

IV. Preservar el aprovechamiento integral y racional de los recursos naturales del país en defensa de su soberanía y la justicia agraria; por medio de la aplicación de un desarrollo sustentable que a la vez contribuya a preservar el medio ambiente, mitigar el cambio climático y la reducción en la emisión de gases de efecto invernadero;

V. Impulsar el aprovechamiento de los recursos energéticos tanto renovables como no renovables en el marco del Artículo 27 constitucional y la creación de nuevas leyes que en materia energética le han dado un nuevo sentido y valor al patrimonio “energético” en ejidos y comunidades;

VI. Fomentar el incremento de la producción agropecuaria, forestal, pesquera, artesanal, minera, turística y de cualquier otra modalidad productiva que pueda desarrollarse en el ámbito rural; así como la generación de empleos a favor de todos los actores de la sociedad rural que no disponen de tierra, mediante programas y proyectos para su desarrollo;

VIl. Realizar las gestiones conducentes para la dotación de créditos suficientes, oportunos y accesibles;

VIII. Promover la participación de sus miembros en la agroindustria; la prestación de servicios profesionales, financieros y económicos;

IX. Respaldar las gestiones para lograr el cabal aprovechamiento de la tierra, la capitalización, precios remuneradores y adecuada comercialización de productos;

X. Exigir la justa regularización de la tenencia de la tierra y la expedita y equitativa impartición de la justicia agraria;

XI. Proponer, promover y apoyar a sus miembros que en el marco de la normatividad interna del Partido Revolucionario Institucional, aspiren a participar en los procesos internos para postular candidatos a cargos de elección popular y en caso de resultar electos, apoyar en sus campañas constitucionales para obtener el triunfo electoral;

XII. Gestionar ante las instancias competentes las promociones en favor de todo aquello que signifique el bienestar de los habitantes del medio rural y el mejoramiento de sus poblados y asentamientos humanos conurbados, cuya economía dependa de las actividades primarias;

XIII. Defender la reforma agraria integral, los contenidos del Artículo 27 constitucional y la relación con el Partido Revolucionario Institucional;

XIV. Gestionar ante las instancias competentes las promociones en pro de todo aquello que signifique el incremento del ingreso y el bienestar de la población rural, semiurbana y urbana mexicana, respaldando activamente todas aquellas acciones para la capitalización, precios remuneradores y adecuada comercialización de productos;

ARTÍCULO 11.- Son derechos de los integrantes:

I. Solicitar la inscripción en el padrón de cenecistas y recibir la credencial que acredita su membresía;

II. Recibir respaldo y asesoría en trámites o juicios que, acreditando el interés jurídico, sigan ante las autoridades competentes para la defensa de sus derechos;

III. Recibir los beneficios de los programas promovidos y/o gestionados por la Confederación y sus organizaciones económicas y filiales;

IV. Participar con voz y voto en las asambleas, congresos, consejos y reuniones que se desarrollen conforme a lo previsto en estos Estatutos y la convocatoria que para tal efecto se expida;

V. Participar en los procesos internos que realice la Confederación en la renovación de sus dirigencias, de conformidad con lo dispuesto por la Convocatoria que para el efecto se emita y con apego a estos estatutos y a su reglamento interior;

VI. Ser electo, en su caso, dirigente conforme a lo dispuesto por los presentes Estatutos, los Reglamentos y la convocatoria respectiva;

VIl. Participar y ser apoyados para puestos en la Administración Pública Federal o Local y de elección popular conforme a lo dispuesto por estos Estatutos y la convocatoria respectiva del partido.

VIII. Ser propuesto y apoyados en sus legítimas aspiraciones de participar en los procesos internos del Partido Revolucionario Institucional y en aquellos que con motivo de una alianza o coalición hayan sido propuesto como candidato a un cargo de elección popular o a desempeñarse en algún cargo público.

IX. Proponer programas para las organizaciones productivas y participar en ellos; y

X. Los demás que se especifiquen en los documentos básicos, acuerdos y resoluciones que expidan en el ejercicio de sus atribuciones los órganos de dirección de la Confederación.

ORGANIZACIONES NACIONALES DEL PRI.

En lo que toca a los Estatutos del Frente Juvenil Revolucionario del Partido Revolucionario Institucional, el examen de éstos muestra que el Frente es la principal organización de cuadros, por medio de la cual los jóvenes se incorporan a la acción del Partido; entre sus fines se destacan los de fomentar tareas de activismo político y electoral al interior del Partido y apoyar sus campañas. El frente se rige, entre otras normatividades, por los Documentos Básicos del Partido Revolucionario Institucional23.

23 Artículo 1.- El Frente Juvenil Revolucionario es la principal organización de cuadros por medio de la cual los jóvenes se incorporan a la acción política del Partido Revolucionario Institucional y cuya acción y desarrollo se rige por sus Documentos Básicos.

El Frente Juvenil Revolucionario es una organización adherente al Partido Revolucionario Institucional que en el ámbito de los presentes Estatutos tiene plena autonomía para decidir libre y democráticamente la integración de sus órganos directivos y su funcionamiento interno.

El Frente Juvenil Revolucionario es una organización de carácter nacional que ideológicamente se identifica con la corriente socialdemócrata, en los términos propuestos y adoptados por el Partido Revolucionario Institucional.

El Frente Juvenil Revolucionario se integra por: las estructuras del Frente Juvenil Revolucionario en las entidades federativas; las Organizaciones Juveniles Sectoriales y Organizaciones Juveniles Adherentes al Frente Juvenil Revolucionario; las organizaciones juveniles de obreros, campesinos, profesionistas, estudiantes, deportistas y los jóvenes en general considerados individualmente o agrupados en organizaciones, movimientos y corrientes internas de opinión que se identifiquen con los principios y acciones del Frente Juvenil Revolucionario.

Artículo 3.- El Frente Juvenil Revolucionario tiene los siguientes fines:

I. Vincularse con sentido crítico y propositivo a la lucha del pueblo mexicano por un desarrollo consolidado en la democracia y justicia social;

II. Formar Cuadros Políticos Jóvenes;

III. Impulsar las políticas públicas que atiendan las demandas de los Jóvenes Mexicanos;

IV. Acceder a Cargos de Dirigencia y de Elección Popular;

V. Fomentar las tareas de activismo político y electoral al interior del Partido Revolucionario Institucional;

VI. Apoyar las campañas político-electorales del Partido Revolucionario Institucional;

VIl. Promover la incorporación de un mayor número de jóvenes al Partido y sus tareas políticas;

VIII. Impulsar la participación de los jóvenes en el trabajo partidario; y

IX. Promover el servicio social de los jóvenes que brinde apoyo a la población.

Artículo 4.- El Frente Juvenil Revolucionario se rige por los principios y normatividad establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Documentos Básicos del Partido Revolucionario Institucional así como también los Reglamentos y Acuerdos emitidos por las autoridades partidistas, los Documentos Básicos de la Organización Juvenil, en las resoluciones de la Asamblea Nacional del Frente Juvenil Revolucionario y demás acuerdos que establezcan las instancias competentes de la Organización respecto del Frente Juvenil Revolucionario y sus Documentos Básicos.

Los principios y normas a que se refiere el párrafo anterior son de observancia obligatoria para todos los miembros y Organizaciones Juveniles Sectoriales y Adherentes al Frente Juvenil Revolucionario.

Los Documentos Básicos de la Organización Juvenil son: Declaración de Principios, El Programa de Acción y los Estatutos del Frente Juvenil Revolucionario, los cuales podrán ser modificados por el voto mayoritario de la Asamblea Nacional o del Consejo Nacional del Frente Juvenil Revolucionario.

Por lo que hace a los Estatutos del Movimiento Territorial, el examen de éstos muestra que es una estructura autónoma, nacional, constituida por mandato de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional24, como una entidad organizativa de naturaleza social y política con carácter desconcentrado, cuyo objeto es articular la acción territorial del Partido25.

24 Se acompaña como prueba, identificada como ANEXO 3, copias simples del Acta de la Asamblea Constituyente del Movimiento Territorial del Partido Revolucionario Institucional.

25 Artículo 1. El Movimiento Territorial, es una estructura autónoma, nacional, constituida, por mando de sus Estatutos, por el Partido Revolucionario Institucional, como una entidad organizativa de naturaleza social y política, con carácter desconcentrado, cuyo objeto es articular la acción territorial del Partido, para impulsar y conducir la participación comunitaria en el mejoramiento de su calidad de vida, y constituirse en espacio de convergencia para desarrollar relaciones flexibles y corresponsables con la sociedad, en y desde su hábitat.

Artículo 2 El Movimiento Territorial es una instancia partidista del pueblo para el pueblo, que se estructura de abajo hacia arriba, y de la periferia hacia el centro. Está integrado por ciudadanos y organizaciones civiles que desde su ubicación y pertenencia horizontal a los asentamientos humanos, se articulan en una unidad territorial determinada, a partir de la coincidencia ideológica con los postulados del Partido, establecidos como compromiso de alianza y acción, por lo que asume sus documentos básicos y su normatividad derivada.

El examen de los diversos cuerpos normativos antes señalados y de las normas arriba citadas, demuestra a través de una interpretación sistemática y funcional, que:

             El Partido Revolucionario Institucional nació en el año de 1946, del pacto realizado por diversas organizaciones que ya contaban con personalidad jurídica y que pactaron la constitución de un partido político, su Declaración de Principios y sus Estatutos. A través del pacto, las agrupaciones pactantes pretendían coordinar su actuación política electoral para evitar pugnas entre los sectores agrario, obrero y popular y para sumar fuerzas.

             El examen de la normatividad vigente del Partido Revolucionario Institucional, particularmente de sus Estatutos, refleja sus antecedentes fundacionales como un pacto entre diversas agrupaciones sociales que desde su fundación han integrado sus sectores Agrario, Obrero y Popular; que la normatividad partidista rige para todos sus sectores, organizaciones nacionales y adherentes; que el Partido desde sus documentos básicos, asume el compromiso de apoyar a sus sectores y organizaciones, y a promover a los miembros de éstas, a cargos de dirigencia partidista, de elección popular y de la administración pública; y que las organizaciones tienen derecho a participar en las asambleas, consejos y convenciones partidistas, a postular candidatos a cargos de dirigencia partidista y de representación popular en los procesos internos del Partido y a participar en la elección de dirigentes partidistas y candidatos. Igualmente tienen derecho a integrar los órganos de dirección del Partido, específicamente, el órgano supremo, la Asamblea Nacional y el Consejo Político Nacional.

             El examen de los Documentos Básicos de los sectores, organizaciones nacionales y adherentes que integran al Partido, revela que en términos del artículo 41 Constitucional, realizan actividades políticas a favor del Partido, en concordancia con la normatividad de éste y el Partido se convierte en una vía para participar en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de los miembros de los sectores, organizaciones nacionales y adherentes al ejercicio del poder público. Esta conclusión se ve corroborada, cuando se advierte que estas organizaciones asumen los documentos básicos del Partido Revolucionario Institucional, y establecen a este instituto político y a su normatividad interna, como vía para acceder a los cargos de elección popular o de dirigencia partidista.

             Visto lo anteriormente señalado y contrariamente a lo aducido por la autoridad, resulta irrelevante para los efectos de determinar si una erogación del Partido tiene objeto partidista o no, la circunstancia de que el gasto haya sido realizado en apoyo a los fines de un sector o una organización del Partido Revolucionario Institucional. En este sentido, resulta irrelevante también si la organización o sector en cuestión tienen personalidad jurídica, o un patrimonio propio o sus propios documentos básicos.

             Lo relevante es que desde su fundación, el Partido ha realizado sus acciones políticas a través de ciudadanos en lo individual y de organizaciones sociales; que esas organizaciones estatutariamente están señaladas como integrantes del Partido y de sus órganos máximos de dirección; que las organizaciones y sus integrantes tienen derechos y obligaciones para con el Partido; que todas las organizaciones asumen y señalan la obligatoriedad de los Documentos Básicos del Partido; y que el Partido se convierte en su vía para la realización de actividades políticas, para su participación en la vida democrática nacional y para contribuir a la integración de los órganos de representación política. Asimismo, es relevante que para los integrantes de estas agrupaciones, sectores o asociaciones, el Partido se constituye en la vía que hace posible su acceso al ejercicio del poder público.

             En conclusión, resulta evidente que es equivocada la motivación dada por la responsable al sustentar su Conclusión 64, en el sentido de que los gastos del Partido, vinculados con la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), el Frente Juvenil Revolucionario y el Movimiento Territorial, resultaban contrarios a la normatividad, entre otras razones, porque las referidas organizaciones y asociaciones, son entidades diferentes a la del Partido, con personalidad jurídica, objetivos y actividades propias, y por tanto, que los recursos erogados por el partido no podrían dirigirse a objetivos propios de esas organizaciones. Lo cierto es que acorde con la normatividad aplicable, es posible que el Partido realice erogaciones vinculadas con los fines de sus sectores, organizaciones nacionales o adherentes, y que las erogaciones serán legales con independencia de que estas organizaciones tengan o no personalidad jurídica, objetivos y actividades propias, o de que tengan sus propios Documentos Básicos.

Igualmente resulta errada la conclusión de la responsable, en el sentido de que las erogaciones realizadas por el Partido, vinculadas con la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), el Frente Juvenil Revolucionario y el Movimiento Territorial, no se ajustaban a lo establecido en el artículo 41 Constitucional, en virtud de que no tuvieron incidencia en los fines sociales que establece el Código de la materia para los partidos políticos. Contrariamente a lo afirmado por la autoridad, se considera que, en principio, resulta jurídicamente posible que el Partido realice erogaciones vinculadas con uno de sus sectores o con sus organizaciones nacionales, toda vez que como se apuntó, sirve para materializar los fines que el referido artículo 41 asigna a los partidos políticos nacionales26.

26 Se acompaña al presente escrito, como prueba documental privada, como ANEXO 5, copia simple del ACUERDO DE LA COMISIÓN POLÍTICA PERMANENTE DEL CONSEJO POLÍTICO NACIONAL POR EL QUE SE SANCIONA EL LISTADO DE CANDIDATOS A SENADORES Y DIPUTADOS FEDERALES PROPIETARIOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON MOTIVO DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL ORDINARIO DE 2012, documento en el que se señala el sector, organización o adherente al que pertenecen los candidatos a Senadores y Diputados postulados por el Partido en el año 2012.

3. Es equivocado el entendimiento de la responsable del “objeto partidista”, particularmente en tratándose de gastos erogados con cargo a los partidos políticos, pero en combinación o en apoyo de actividades de los sectores u organizaciones nacionales del Partido Revolucionario Institucional.

A fin de establecer cuáles son las erogaciones que tienen un “objeto partidista”, es menester tomar en cuenta varias circunstancias.

Por principio, toda erogación realizada por un instituto político en apoyo de sus fines o actividades, debe considerarse que tiene un “objeto partidista”. Desde luego, esta calificación depende de que el gasto se ajuste a los fines partidistas, a las normas particulares establecidas en el reglamento y especialmente a lo prescrito en los párrafos 1 y 2 del artículo 281 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Federal Electoral27.

27 Artículo 281.

1. En el sistema de rendición de cuentas para gasto programado, al que deberán sujetarse los partidos, se registrarán los proyectos que integran los programas y las operaciones relativas al gasto para el desarrollo de las actividades específicas y el correspondiente a la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres.

2. Los partidos deberán observar que la administración de los recursos erogados se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género.

Cuando el gasto del Partido está vinculado con algún sector (como la CNOP), o una de sus organizaciones nacionales que lo integran (como el Frente Juvenil Revolucionario o el Movimiento Territorial), podrían surgir dudas sobre el “objeto partidista” de la erogación, pero nunca sustentadas en el mero hecho de que esas organizaciones tuvieran personalidad jurídica o patrimonio propios u objetivos o actividades propias o sus propios Estatutos o Documentos Básicos. Lo relevante para la autoridad fiscalizadora electoral del entonces Instituto Federal Electoral y actualmente Instituto Nacional Electoral, debe ser la verificación de que la erogación:

             Encuadre o se ajuste a los fines del partido político nacional;

             Que se haya realizado conforme al Reglamento de Fiscalización aplicable;

             Que pueda verificarse el origen lícito de los fondos aplicados a la erogación; y

             Que el destino del gasto tenga también un fin lícito.

Por tanto, los gastos realizados por un partido político que tengan vinculación con actividades de sus sectores, sus organizaciones nacionales o adherentes, se ajustaran al “objeto partidista” si provienen de fondos lícitos, se destinan a fines lícitos, se realizan de conformidad con las reglas específicas y exactamente aplicables del Reglamento de Fiscalización y si la erogación es compatible con los fines del partido político.

A partir de la anterior conclusión y no con base en las equivocadas motivaciones dadas por la responsable para sustentar su Conclusión 64, es como se considera debe examinarse si una erogación cumple con un “objeto partidista”.

En el caso en concreto, la Conclusión 64 se vincula con gastos vinculados con actividades realizadas por la Confederación Nacional de organizaciones Populares (CNOP, sector del partido), así como con el Frente Juvenil Revolucionario y el Movimiento Territorial (organizaciones nacionales del Partido).

En opinión de la responsable, en virtud de que algunos de los artículos adquiridos no contenían el emblema del Partido, no estaban por tanto dirigidos a promoverlo y no se vinculaban con sus actividades ordinarias. A decir de la responsable, la compra de arreglos florales, arcones, pelotas, marcos de madera, contratación de bandas y enmarcado de fotografías, no permitía establecer la vinculación con las actividades ordinarias del Partido o bien su contribución a los fines establecidos en el Código de la materia.

Se estima que las conclusiones de la responsable son equivocadas y que, contrariamente a lo aseverado por la autoridad, las erogaciones en cuestión sí constituyen gastos vinculados con las actividades ordinarias de mi representado y que, desde luego, están encaminadas al cumplimiento de sus fines, es decir, al objeto partidista.

Por otra parte, de manera subjetiva, sin sustento y dogmática, la responsable afirma que a pesar de que el Partido manifestó que los gastos fueron efectuados con el propósito de realizar objetivos que tienen en común con sus organizaciones en términos de sus Estatutos y Programas de Acción, en su opinión los partidos políticos debían utilizar el financiamiento exclusivamente para las actividades señaladas en el Código de la materia y que, en su opinión, los gastos mencionados no guardaban relación alguna con las actividades o fines propios de un partidos políticos y no se consideraban necesarios para el buen funcionamiento del mismo. Señaló la responsable, que no advertía cómo las erogaciones contribuían a la promoción o posicionamiento del Partido.

Es evidente que las aseveraciones de la responsable carecen de razonamientos suficientes que los apoyen y parece tratar de erigirse en arbitro indiscutible del destino de los gastos de los partidos políticos. Resulta claro a todas luces que si se examinan los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional y los de los demás partidos políticos, y los de las agrupaciones y organizaciones integrantes del Partido Revolucionario Institucional y los de las organizaciones adherentes de otros partidos, en ninguno de sus estatutos se encontrarán normas que expresamente aludan a la posibilidad de comprara arreglos florales, arreglos decorativos, pelotas, etcétera, o que específicamente autoricen que los partidos puedan realizar erogaciones en este tipo de gastos.

Lo ordinario o habitual es que en uno o unos cuantos artículos de los Estatutos, se señalen, con fórmulas genéricas, los fines que orientan a los partidos, las agrupaciones u otras instituciones.

Lo cierto es que el gasto siempre tiene que ser examinado en su contexto, para verificar que sea acorde con los fines partidistas e igualmente debe verificarse si se ajustó a parámetros de economía y racionalidad.

Se estima que contrariamente a lo afirmado por la responsable, los gastos objeto de la presente impugnación, encuadran perfectamente en los fines y objetivos establecidos en los Estatutos del Partido, pues es indudable que se vinculan con distintos eventos, actividades éstas a través de las cuales se logra la identificación, comunicación, coordinación y activismo con diversos grupos sociales, y con sus liderazgos y son útiles para impulsar las causas ciudadanas de mayor trascendencia e interés para la comunidad. Igualmente, estos eventos son propicios para promover e impulsar la participación activa en la vida interna de los sectores del Partido (CNOP), por parte de los jóvenes (Frente Juvenil Revolucionario), las mujeres y los demás integrantes del Partido (Movimiento Territorial). Lo anterior, evidentemente es acorde con lo establecido en el artículo 8 de los Estatutos de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) y con los Estatutos del Partido. Debe resaltarse que tanto el Frente Juvenil Revolucionario y el Movimiento Territorial son parte del Partido.

Los eventos que por distintos motivos realizan organizaciones nacionales (Frente Juvenil Revolucionario y Movimiento Territorial) o la CNOP, es decir, una agrupación que se constituye como un sector del Partido, se estiman que son relevantes para el instituto político y que son acordes a sus fines, especialmente si se considera que es a través de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares como el Partido se vincula con los ciudadanos de las clases populares; del Frente Juvenil Revolucionario como el Partido se vincula con los jóvenes; y del Movimiento Territorial como se articula la acción territorial del Partido a nivel nacional.

La realización de eventos, no son prácticas extraordinarias, irracionales o insólitas, por el contrario, en la sociedad mexicana es una práctica común realizar reuniones en las que los asistentes estrechan lazos de solidaridad entre sí y con el Partido, intercambian información de todo tipo, específicamente de los problemas que les aquejan y discuten y deciden las acciones políticas a tomar para resolver esos problemas.

Por todo lo anterior, se estima que resulta absurda la conclusión de la responsable en el sentido de que las erogaciones realizadas en el marco de eventos de la CNOP, el Frente Juvenil Revolucionario o el Movimiento Territorial, no se ajustaron a los fines que el artículo 41 Constitucional asigna a los partidos políticos; a las reglas que establece el artículo 38, párrafo 1, inciso o), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; a los Estatutos de la CNOP; a los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional; y a los fines que asigna el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales a este instituto político.

La anterior conclusión se ve robustecida por el hecho de que el costo de los artículos adquiridos con fondos partidistas, no fue desmesurado o fuera de los parámetros habituales para ese tipo de servicios.

Nada de extraño tiene que las actividades partidistas o las de orden político, ya sea que se realicen en las instalaciones del partido o en otras instalaciones de sus sectores o sus organizaciones nacionales, sean ornamentadas con flores. Tampoco debe entenderse que los arreglos florales o frutales deban ser de uso vedado en reuniones de carácter político o en reuniones que se realicen en las instalaciones o en el marco de las actividades de las organizaciones que forman un sector del Partido o que constituyen una asociación nacional. Es claro que los arreglos florales se utilizan para que un entorno resulte más agradable y en ese sentido las labores o tareas sean más provechosas. Además, es práctica común en instituciones públicas y privadas, la adquisición de arreglos florales o arreglos decorativos, incluso en nuestra sociedad es común que el entorno doméstico sea adornado con ese tipo de arreglos.

Debe destacarse que la adquisición de arreglos florales, ha sido informada a la autoridad responsable en ejercicios anteriores y que nunca había considerado que no se vincularan con el objeto partidista. En este sentido, se concluye que la actuación de la responsable no cumple con los principios que deben regir su actuar y que sus actos no quedan revestidos del principio de certeza y del de congruencia, porque es evidente que para sustentar sus determinaciones introduce valoraciones distintas a las aplicadas en casos anteriores en los que consideró como gastos acorde al objeto del partido la adquisición de arreglos florales. Cabe aclarar que en su oportunidad se informó a la responsable de diversos casos en los que la adquisición de los artículos en cuestión para la atención de personal de otras instituciones o visitantes de los funcionarios partidistas, fueron hechos del conocimiento de la responsable y considerados como acordes al objeto partidista, particularmente en la elaboración de los dictámenes en los años 2012 y 2010, relacionados con erogaciones de los partidos Nueva Alianza, Acción Nacional, del Trabajo y Convergencia.

Finalmente, debe destacarse que la responsable carece de la debida congruencia, pues ante situaciones similares (adquisición de arreglos florales) adopta determinaciones divergentes.

Como pruebas, se acompañan al presente escrito las documentales privadas, identificadas como ANEXO 7, consistentes en copias simples de póliza individual de egreso con folio 524 de fecha 29 de mayo de 2012, que incluye, entre otros gastos, los relacionados con un arreglo floral y con diversos artículos de la canasta básica. Estos gastos fueron incluidos en el informe del Partido Revolucionario Institucional y no fueron objeto de observación por parte de la autoridad; así como la técnica, identificada como ANEXO 8, consistentes en DISCO COMPACTO (CD) en el que se incluyen dos archivos de texto en formato PDF, que contienen la Resolución del Dictamen Consolidado correspondiente emitida por el entonces Consejo General del Instituto Federal Electoral, en lo que corresponde al Partido Revolucionario Institucional y anexos, de cuyo examen se desprende que las erogaciones correspondientes a la póliza señalada como anexo 7, no fueron objeto de observación alguna por parte de la autoridad responsable.

Por todo lo anterior, se estima que la determinación de la responsable en torno a las erogaciones con motivo de adquisición de arreglos decorativos, arreglos florales y envío de estos arreglos, no satisface las garantías constitucionales de una debida fundamentación y motivación, máxime si se considera que las erogaciones en cuestión fueron hechas con base en precios razonables y, en todo caso, la responsable en modo alguno objetó los costos.

Es del todo claro, que la conclusión que la responsable identifica como número 64, es errónea, pues contrariamente a lo que concluyó, las erogaciones realizadas por $24,391.60 para la compra de veinticinco marcos de madera para ser obsequiados en un evento político de la CNOP; y por $8,268.00 por veinticuatro enmarcados de fotografías, sí constituyen erogaciones relacionadas con las actividades ordinarias del partido que represento y, desde luego, están encaminadas al cumplimiento de sus fines, es decir, al objeto partidista.

Contrariamente a lo afirmado por la responsable, se estima que las erogaciones por la adquisición de obsequios en el marco de eventos de orden político, deben considerarse que encuadran en los fines propios de un partido.

En efecto, es común y tradicional en nuestro país la celebración de festejos o eventos o reuniones, tanto las instituciones de orden público como las de naturaleza privada. Estos festejos, festivales o reuniones, buscan animar el ambiente entre los asistentes y en ese contexto la entrega de algún obsequio de un precio menor a tan sólo a algunos de los asistentes, nada tiene de extraño.

Tampoco resulta irracional o fuera de orden, el obsequio de fotografías enmarcadas, e incluso tanto en las instituciones públicas como en las privadas se realiza la entrega de este tipo de objetos a manera de obsequio y no se encuentran razones suficientes que apoyen el criterio de la responsable en el sentido de que este tipo de gastos no son acordes al objeto del instituto político que represento. Nada de extraño tiene que en las instituciones se den algunas muestras de aprecio a los asistentes a eventos o reuniones. En el caso de los partidos políticos, no se ven razones de ningún tipo, que lleven a considerar como impropio, inadecuado o ilegal, el obsequiar algunos portarretratos o fotografías enmarcadas. Al efecto, debe tomarse en cuenta que las actividades de orden político, al igual que la mayoría de las actividades y relaciones humanas, rinden mejores frutos en un entorno agradable y de amabilidad entre los participantes; que los gestos amables con los asistentes a un evento, con los militantes partidistas o incluso con los adversarios políticos, nunca están demás y deben considerarse como necesarios. Por todo lo anterior, se considera que la motivación de la responsable para arribar a la conclusión de que los gastos en comento no satisfacen un objeto partidista, además de equivocada, es subjetiva y dogmática. Por lo que se estima que la determinación que se reclama en torno a la conclusión 64, no satisface las garantías constitucionales de una debida fundamentación y motivación.

Por otra parte, es claro también, que la conclusión 64 de la responsable es errónea, pues contrariamente a lo afirmado por ésta, las erogaciones por $63,800.00 por cinco mil pelotas impresas y $22,620.00 por mil quinientas pelotas impresas y un “flete”, distribuidas por el Movimiento Territorial, sí constituyen erogaciones relacionadas con las actividades ordinarias del instituto político que represento y, desde luego, están encaminadas al cumplimiento de sus fines, es decir, a su objeto partidista.

La responsable fue omisa en considerar las aclaraciones que mi partido le hizo saber en torno a las erogaciones vinculadas con la conclusión hoy cuestionada. En el caso concreto, debe tomarse en cuenta que la distribución de obsequios de un valor individual más bien menor, en el contexto de un evento que pretendía incentivar la participación y al propio tiempo hacer grata su permanencia a los asistentes y hacerles sentir el reconocimiento del partido. Nada de extraño tienen estas erogaciones vinculadas con eventos de carácter político, además, estos gastos en forma alguna implican intentos de compra de voto, de actos de presión o siquiera actos de campaña o precampaña.

En lo que toca a la adquisición de pelotas, debe tenerse presente que en el rubro de “Deporte y Recreación”, los programas de acción del Partido Revolucionario Institucional, establecen que éste instituto debe fomentar y promover el deporte desde la edad temprana hasta la adulta, a fin de buscar la integración familiar, la salud y la convivencia pacífica entre la población mexicana. Estas actividades buscan un equilibrio entre las actividades profesionales y cotidianas, la salud física y la salud mental, con el ánimo de disminuir enfermedades y fomentar la convivencia familiar. Es evidente que las erogaciones se vinculaban con los Programas de Acción del Partido y se realizaron a través de la organización nacional partidista denominada Movimiento Territorial, pero la autoridad se limitó a señalar que las seis mil quinientas pelotas no contenían el logo del Partido ni de la organización que las distribuyó, por lo que no se advertía la existencia de relación entre las pelotas y los programas partidistas.

Se considera incorrecta la motivación dada por la responsable, y que contrariamente a lo sostenido por ésta, la entrega de algunos obsequios de cuantía menor, como en la especie pelotas, sin duda contribuye a generar un entorno más grato en la realización de actividades partidistas en los que se procura incentivar, especialmente a los jóvenes a fin de que practiquen deporte o hagan ejercicio.

Es de destacar que resulta absurda la consideración de la responsable, en el sentido de que la entrega de pelotas no guarda una relación intrínseca con la consecución de los fines establecidos en los programas de “Deporte y Recreación” del partido que represento.

Por todo lo anteriormente expresado, se considera que contrariamente a lo aducido por la responsable, los artículos adquiridos, por su naturaleza sí son coadyuvantes en la realización de las actividades ordinarias del partido, que encuadran en sus programas de acción; que fueron realizados por el Partido a través de una de sus partes (Movimiento Territorial) y que, por ende, satisfacen el requisito de tener un objeto partidista y resultan acordes con lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Federal y en el 38 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. En consecuencia, debe estimarse que la conclusión 64 formulada por la responsable, carece de la debida fundamentación y motivación.

En obvio de repeticiones, se reiteran los razonamientos antes vertidos que, mutatis mutandis, son aplicables a la adquisición de dos mil playeras, dos mil gorras, mil mandiles, mil bolsas de mandado, tres mil servilleteros, tres mil abanicos, tres mil doscientas jarras con un costo de $232,000.00; diez mil jarras, quince mil plumas, diez mil botones y dieciocho mil engomados, con un costo de $308,560.00; dos mil quinientas playeras rojas, cinco mil mandiles, ocho mil juegos de servilleteros y ocho mil abanicos, con un costo de $271,440.00; diez mil playeras blancas, cinco mil gorras blancas, cinco mil jarras de plástico, cuatro mil ciento sesenta y siete bolsas de mandado, con un costo de $464,004.64; seis mil quinientas playeras blancas con un costo de $150,800.00; y cien playeras rosas con un costo de $7,540.00.

En torno a estos gastos, debe destacarse que todos se vinculan con actividades de un sector del Partido, es decir, la CNOP, la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, con excepción de cien playeras rosas que se vinculan con actividades de la organización nacional Movimiento Territorial. Tanto la CNOP como el Movimiento Territorial, son parte del Partido y además realizan actividades con sujeción a los Estatutos partidistas y en favor del Partido Revolucionario Institucional. En este contexto, las consideraciones de la responsable en el sentido de que no es posible establecer que la propaganda tuvo como finalidad promover al Partido, carece de sentido y además es errada su motivación para arribar a la conclusión de que los gastos en cuestión carecen de objeto partidista a partir de la apreciación de que la CNOP o el Movimiento Territorial cuentan con personalidad jurídica y patrimonios propios y que por tanto se desvirtúa por ello el objeto del gasto y se deja de contribuir con las actividades ordinarias del instituto político. A efecto de evitar innecesarias repeticiones, solicito se tengan por reproducidos como si se insertasen a la letra, los argumentos vertidos en párrafos precedentes, demostrativos de que para la determinación del objeto partidista resulta irrelevante si el gasto se hizo en apoyo de una organización con personalidad jurídica propia y distinta a la del Partido.

Finalmente, cabe destacar que los costos vinculados con la adquisición de playeras, gorras, mandiles, bolsas de mandado, servilleteros, abanicos, jarras, plumas, botones, engomados, se estima que fueron razonables y al precio que prevalece en el mercado, a más de que los costos nunca fueron objeto de observación por parte de la responsable, sino que basó su motivación en la consideración de que las erogaciones se vinculaban con la CNOP y el Movimiento Territorial, organizaciones con personalidad jurídica y patrimonios propios.

Por todo lo anteriormente expuesto se solicita atentamente a esa H. sala Superior, se sirva revocar la Conclusión 64 del punto resolutivo SEGUNDO de la resolución que se reclama, en lo que toca a los gastos a que se hace referencia en el presente apartado.

Por lo que hace a erogaciones realizadas por el Frente Juvenil Revolucionario, consistentes en cuarenta “arcones” con un costo de $34,800.00 y honorarios de “bandas musicales” por un monto de $170,649.92, así como un evento realizado el 6 de noviembre, para setenta personas por parte de la CNOP que incluyó un “trío” y “descorche” por un monto de $67,471.90, se considera que son equivocadas las consideraciones en que la responsable sustentó sus conclusiones.

En lo que toca a las erogaciones del Frente Juvenil Revolucionario, la autoridad señaló que el Partido no presentó documentación para comprobar la vinculación de esos gastos con los fines partidistas, particularmente con el fin de fomentar la inclusión de los jóvenes en el Partido y con ello dar cumplimiento a un programa de acción, y señaló además que no advertía la contribución que tuvieron dichos gastos en relación con los fines partidistas.

La responsable omitió considerar que el gasto lo realizó un ente que forma parte del Partido Revolucionario Institucional, como lo es el Frente Juvenil Revolucionario. Además, omitió examinar los gastos en su contexto y se limitó a emitir expresiones dogmáticas y señalar que en su opinión esos gastos no tenían un fin partidista y no fomentaban la inclusión de los jóvenes en el Partido.

Lo cierto es que nada de extraño tiene, como se señaló anteriormente, que en el marco de algún evento, tanto los organizados por partidos políticos, como los realizados por instituciones públicas o privadas, que se realicen rifas o se entreguen premios a algunos de los asistentes, en este marco se incluyen la adquisición de “arcones” y por lo que hace al pago a “bandas musicales”, resulta claro que los eventos o actividades políticas, dirigidas a los jóvenes y realizadas con estos, tienden, indudablemente, un mayor realce e impacto cuando son animadas con música en vivo y que, por otra parte, los jóvenes aprecian mucho este tipo de animación.

Debe destacarse que la autoridad no cuestionó los importes erogados, sino exclusivamente el concepto y, en obvio de repeticiones, se reitera que dichas erogaciones fueron realizadas por el Partido a través de una de sus partes, como lo es el Frente Juvenil Revolucionario.

En lo que toca al evento realizado por un sector del Partido como lo es la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, consistente en un evento para setenta personas que incluía “trío” y “descorche” por un monto de $67,471.90, es evidente que el costo es racional, ya que es inferior a mil pesos por persona, y por otra parte, se reitera, que la Confederación rige su actuación por los Documentos Básicos del Partido; encamina sus actividades políticas a los fines partidistas; constituye un sector del Partido; fue fundadora del Partido; y se constituye como una vía para que sus integrantes, a través del Partido, puedan acceder a cargos de dirigencia partidista o de representación popular, es decir, al ejercicio del poder público, acorde con los fines establecidos en la Constitución federal para los partidos políticos.

En este sentido, es claro que las erogaciones de la CNOP en eventos, deben considerarse con fines partidistas y que el hecho de que la CNOP tuviera personalidad jurídica propia, no sería razón suficiente para considerar que la erogación no tiene un objeto partidista.

En conclusión, se estima que la fundamentación dada por la responsable es equivocada, pues contrariamente a lo aducido por ésta, los gastos en comento pueden considerarse acordes a lo establecido en el artículo 41 de la Constitución federal; además, la motivación es dogmática e insuficiente, pues nunca demuestra de manera clara y fehaciente que las razones hechas valer acrediten la adecuación del caso a la hipótesis normativa invocada como fundamento de su determinación. En obvio de repeticiones, se reiteran los argumentos hechos valer en párrafos precedentes y se concluye que la Conclusión 64, en lo que hace a los gastos que se reclaman en este apartado, carece de la debida fundamentación y motivación y por tal razón se solicita a esa H. Sala Superior, se sirva revocar la determinación que se reclama.

d) CONCLUSIÓN 95, Préstamo a la Confederación Nacional de Campesinos (CNC).

En el apartado respectivo de la resolución que se combate, específicamente en el que la autoridad responsable denomina como Conclusión final 95 señaló, entre otras cuestiones, lo siguiente:

[…]

                   De la revisión a la cuenta “Cuentas por Cobrar”, subcuenta “Deudores Diversos”, sub-subcuenta “Liga de Comunidades Agrarias”, se observaron pólizas que presentaban como soporte documental un convenio por concepto de préstamo a la Confederación Nacional de Campesinos (CNC) en donde se estableció que el fin del mismo era implementar un programa social con el cual pretendía apoyar económicamente al sector agrario en el estado; sin embargo, se desconoció el objeto partidista de dicha operación. Los casos en comento se detallan a continuación:

Adicionalmente, convino mencionar que dicho convenio en su cláusula IV señala el pago del interés bancario, que a la letra dice:

“(…)

IV. EL RECEPTOR y el EXPORTADOR convienen en que este primero, se compromete al pago del interés bancario del 3.70 % anual, en relación con el total de la cantidad mencionada en la cláusula primera.

(…)”

Fue preciso señalar que esta autoridad electoral tiene como atribución la de vigilar que los recursos que sobre el financiamiento ejerzan los partidos políticos, se apliquen estricta e invariablemente en las actividades señaladas en la normatividad, siendo éstas las relativas a su operación ordinaria, así como aquellas que promuevan la participación del pueblo en la vida democrática. Sin embargo, a juicio de esta autoridad la operación mencionada no guarda relación alguna con las actividades o fines propios de un partido político y no es necesario para el buen funcionamiento del mismo.

En consecuencia, se solicitó al partido que presentara lo siguiente:

d) CONCLUSIÓN 95. Préstamo a la Confederación Nacional de Campesinos (CNC).

En el apartado respectivo de la resolución que se combate, específicamente en el que la autoridad responsable denomina como Conclusión final 95 señaló, entre otras cuestiones, lo siguiente:

[…]

                   De la revisión a la cuenta “Cuentas por Cobrar”, subcuenta “Deudores Diversos”, sub-subcuenta “Liga de Comunidades Agrarias”, se observaron pólizas que presentaban como soporte documental un convenio por concepto de préstamo a la Confederación Nacional de Campesinos (CNC) en donde se estableció que el fin del mismo era implementar un programa social con el cual pretendía apoyar económicamente al sector agrario en el estado; sin embargo, se desconoció el objeto partidista de dicha operación. Los casos en comento se detallan a continuación:

Adicionalmente, convino mencionar que dicho convenio en su cláusula IV señala el pago del interés bancario, que a la letra dice:

“(…)

IV. EL RECEPTOR y el APORTADOR convienen en que este primero, se compromete al pago del interés bancario del 3.70 % anual, en relación con el total de la cantidad mencionada en la cláusula primera.

(…)”

Fue preciso señalar que esta autoridad electoral tiene como atribución la de vigilar que los recursos que sobre el financiamiento ejerzan los partidos políticos, se apliquen estricta e invariablemente en las actividades señaladas en la normatividad, siendo éstas las relativas a su operación ordinaria, así como aquellas que promuevan la participación del pueblo en la vida democrática. Sin embargo, a juicio de esta autoridad la operación mencionada no guarda relación alguna con las actividades o fines propios de un partido político y no es necesario para el buen funcionamiento del mismo.

En consecuencia, se solicitó al partido que presentara lo siguiente:

 Justificara razonablemente el objeto partidista de las operaciones detalladas.

 Las aclaraciones que a su derecho conviniera.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38, numeral 1, incisos k) y o) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 339 del Reglamento de Fiscalización.

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio INE/UTF/DA/0701/14 del 1 de julio de 2014, recibido por el partido el mismo día.

Al respecto, con escrito SFA/0172/14 de fecha 14 de julio de 2014, recibido por la Unidad de Fiscalización el 15 del mismo mes y año, el partido manifestó lo que a la letra se transcribe:

“Respecto de la presente observación es necesario señalar que los principios básicos del partido son la Democracia y Justicia Social, en ese tenor la atención de las demandas de sus militantes, organizaciones adherentes y ciudadanía en general, es una prioridad para este instituto político, por lo que ha hecho el compromiso de abanderar la lucha reivindicadora y reiterar que la sociedad rural ocupa un lugar estratégico en el desarrollo nacional.

El partido a través de sus Comités Directivos Estatales y Organizaciones adherentes tienen la obligación de encabezar las demandas populares y las actividades de gestión social y en su caso, abonar a la solución de las mismas.

Solo un partido cercano a los reclamos sociales, logrará y obtendrá la legitimación social que otorga el sufragio, en este orden ideas el campo debe ser apoyado y fortalecido con prácticas específicas de promoción y desarrollo que permita el aumento de la productividad a través de nuevas tecnologías. Es por eso que se decidió a apoyar al gremio rural por lo que se otorgó a la Confederación Nacional Campesina (CNC) a través del Comité Directivo de Colima, recursos para implementar un programa social con el cual se apoyaría al sector agrario en el estado de Colima.

No omito señalar que dentro de los Estatutos del partido se establecen las atribuciones para los Comités Directivos y las Organizaciones Adherentes, los cuales se detallan a continuación:

‘Artículo 33. El Partido apoyará a las organizaciones adherentes a través de cualquiera de las siguientes acciones:

I. Contribuir a la realización de objetivos comunes;

II. Apoyar sus luchas reivindicatorias cuando así lo soliciten; y

(…)’

Artículo 122. Los Comités Directivos Estatales y del Distrito Federal, tendrán las atribuciones siguientes:

I. Contribuir a vigorizar la vida democrática del Partido en la entidad, estableciendo los lineamientos necesarios para que sus órganos estén vinculados permanentemente con las luchas populares;

(...)

X. Promover, conjuntamente con los militantes de la comunidad, la solución de los problemas y solidarizarse con la lucha de las organizaciones y los sectores en la entidad;

(...)’.

Por todo lo antes expuesto, consideramos que queda justificado el objeto partidista en la operación de las transferencias realizadas por el Comité Directivo de Colima y la Confederación Nacional Campesina; así mismo se aclara que estas transferencias fueron realizadas con recursos propios objeto de la venta de propiedades del partido por tal motivo no corresponden a recursos del financiamiento público.

Ahora bien, es importante señalar que, durante el ejercicio 2014, se procedió a la recuperación de los recursos en comento, por lo que en el Apartado 22, se presentan las pólizas de ingresos con su respectivo soporte documental consistente en copias simples de las transferencias y de los estados de cuenta bancarios, mismas que a continuación se detallan:

En razón de lo anterior, se solicita a la autoridad electoral dar por atendida y subsanada la presente observación.”

De la revisión a la documentación y aclaraciones presentadas por el partido, se determinó lo siguiente:

La respuesta del partido respecto al préstamo realizado a la organización denominada Confederación Nacional de Campesinos (CNC); con la finalidad de implementar un programa social con el cual pretendía apoyar económicamente al sector agrario; se consideró insatisfactoria aun cuando argumentó que los recursos fueron para atender los reclamos sociales, lograr y obtener la legitimación social que otorga el sufragio, para el apoyo al gremio rural y fortalecer con prácticas específicas de promoción y desarrollo que permita el aumento de la productividad través de nuevas tecnologías toda vez que el financiamiento de que dispongan los partidos por cualquiera de las modalidades establecidas en el Código comicial, serán exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, para sufragar gastos de precampaña y campaña; así como para realizar actividades específicas; por lo tanto estos programas sociales no corresponden a las actividades del partido, aunado a que existen instituciones del gobierno federal responsables de ellas; en consecuencia, la observación quedó no subsanada por $6,000,000.00.

Aunado a lo anterior, el partido presentó pólizas de ingresos con su respectivo soporte documental consistente en copias simples de las transferencias bancarias y de los estados de cuenta bancarios, en los cuales se constató que durante el ejercicio 2014 recibió el pago correspondiente al préstamo realizado; dando cumplimiento al Convenio celebrado entre el partido y la Confederación Nacional de Campesinos (CNC); sin embargo, no guardó relación con la utilización y destino del recurso, solo se da cumplimento a la recuperación del mismo; convino señalar que el partido no dio aclaración alguna respecto del interés pactado y generado al organismo Liga de Comunidades Agrarias; por lo tanto, en el marco de la revisión del Informe Anual 2014, se dará seguimiento a los pagos del capital e intereses generados.

En consecuencia, se solicitó al partido nuevamente que presentara lo siguiente:

                  Justificara razonablemente el objeto partidista de las operaciones detalladas.

                  Las aclaraciones que a su derecho conviniera.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38, numeral 1, incisos k) y o) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 339 del Reglamento de Fiscalización.

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio INE/UTF/DA/1483/14 del 20 de agosto de 2014, recibido por el partido el mismo día.

Al respecto, con escrito SFA/0212/14 de fecha 27 de agosto de 2014, recibido por la Unidad de Fiscalización el mismo día, el partido manifestó lo que a la letra se transcribe:

“En relación con la observación concerniente al convenio por concepto de préstamo a la Confederación Nacional de Campesinos (CNC) y que a juicio de esa autoridad, no guarda relación alguna con las actividades o fines propios de un partido político, se realizan las siguientes precisiones:

El partido a través de sus Comités Directivos Estatales y Organizaciones adherentes tienen la obligación de encabezar las demandas populares y las actividades de gestión social y en su caso, abonar a la solución de las mismas.

En ese tenor, y toda vez que los principios básicos del partido son la Democracia y Justicia Social, la atención de las demandas de sus militantes, organizaciones adherentes y ciudadanía en general, es una prioridad para este instituto político, por lo que ha hecho el compromiso de abanderar la lucha reivindicadora y reiterar que la sociedad rural ocupa un lugar estratégico en el desarrollo nacional.

Es por eso que mediante una transferencia de recursos a la Confederación Nacional Campesina (CNC) a través del Comité Directivo de Colima, se otorgó a la Liga de Comunidades Agrarias, un préstamo para realizar un programa social con el cual se apoyaría al sector agrario en el estado de Colima.

Sin embargo, esa autoridad expone que: ‘estos programas sociales no corresponden a las actividades de su partido, aunado a que existen instituciones del gobierno federal responsables de ellas’; al respecto, conviene aclarar que el partido no tiene injerencia en el manejo, ni en la administración de programa social alguno, y que de ninguna manera pretende sustituir a instituciones de gobierno responsables de programas sociales; se insiste que que (sic) la participación del partido consistió únicamente en realizar un préstamo a una de sus Organizaciones Adherentes, en este caso a Confederación Nacional Campesina (CNC).

No omitimos señalar que dentro de las atribuciones de este partido político, se encuentra la de apoyar a sus Organizaciones Adherentes, de conformidad con los Estatutos del Partido, los cuales están sustentados en los artículos 33 y 122, los cuales a la letra se transcriben:

Artículo 33. El Partido apoyará a las organizaciones adherentes a través de cualquiera de las siguientes acciones:

I. Contribuir a la realización de objetivos comunes;

II. Apoyar sus luchas reivindicatorias cuando así lo soliciten; y

(…)’

Artículo 122. Los Comités Directivos Estatales y del Distrito Federal, tendrán las atribuciones siguientes:

I. Contribuir a vigorizar la vida democrática del Partido en la entidad, estableciendo los lineamientos necesarios para que sus órganos estén vinculados permanentemente con las luchas populares;

(...)

X. Promover, conjuntamente con los militantes de la comunidad, la solución de los problemas y solidarizarse con la lucha de las organizaciones y los sectores en la entidad;

(…)’

Por todo lo antes expuesto, consideramos que queda justificado el objeto partidista en la operación de las transferencias realizadas por el Comité Directivo de Colima a la Confederación Nacional Campesina.

Finalmente, es de resaltar que durante el ejercicio 2014, el partido recibió el pago correspondiente al total del préstamo otorgado, tal como constató esa autoridad.

Por lo antes expuesto, se solicita dar por atendida y subsanada esta observación.

La respuesta del partido respecto al préstamo realizado a la organización denominada Confederación Nacional de Campesinos (CNC); se consideró insatisfactoria aun cuando argumentó que en los principios básicos del instituto político son la Democracia y Justicia Social, la atención de las demandas de sus militantes, organizaciones adherentes y ciudadanía en general, por lo que la sociedad rural ocupa un lugar estratégico en el desarrollo nacional y que por esa razón se otorgó a la Liga de Comunidades Agrarias, un préstamo para realizar un programa social con el cual se apoyaría al sector agrario en el estado de Colima; el financiamiento de un programa social que beneficie a la comunidad en comento no corresponde a una actividad ordinaria del partido, toda vez que el financiamiento de que dispongan los partidos por cualquiera de las modalidades establecidas en el Código comicial, serán exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, para sufragar gastos de precampaña y campaña; así como para realizar actividades específicas; por lo tanto la elaboración de estos programas sociales y/o el otorgamiento de préstamos no corresponden a las actividades del partido; por tal razón, la observación quedó no subsanada por $6,000,000.00.

Sobre el particular, cabe mencionar que los partidos políticos se rigen en primer lugar por la normatividad electoral, en este caso por lo dispuesto en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual establece que los recursos que ejerzan deben aplicarse estricta e invariablemente en las actividades relativas a la operación ordinaria y gastos de campaña, así como aquellas que promuevan la participación del pueblo en la vida democrática.

Es importante mencionar que el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos políticos son entidades de interés público que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.

En esa tesitura, procede señalar que la libertad ciudadana de hacer lo permitido por la legislación en los supuestos que no estén expresamente regulados como prohibidos en normas de orden público no puede llegar al extremo de contravenir esos fines colectivos con sus actos, sino que en todo caso, su actuación debe dirigirse y ser adecuada para cumplir con la función pública, primordialmente, en razón de ser prioritaria en relación con sus fines individuales.

En este orden de ideas, los artículos adquiridos por su naturaleza no se consideran que coadyuven en la realización de las actividades ordinarias del partido y no cumplen con un objeto partidista; por tal razón, la observación no se consideró subsanada.

En consecuencia, al no justificar razonablemente el objeto partidista por concepto de un préstamo otorgado por el Comité Directivo Estatal de Colima a la Confederación Nacional de Campesinos (CNC) por $6,000,000.00, el partido incumplió con lo dispuesto en el artículo 38, numeral 1, inciso o) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. (Conclusión final 95)

[…]

Como se aprecia de la anterior transcripción, al autoridad responsable concluyó que el partido que represento no justificó el objeto partidista del préstamo otorgado por el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Colima a la Confederación Nacional de Campesinos (CNC) para la implementación de un programa social por parte de la Liga de Comunidades Agrarias de Colima, por un importe de $6,000,000.00 y que, por tanto, mi representada había incumplido con lo establecido en el artículo 38, numeral 1, inciso o), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Vale la pena mencionar que el egreso en cuestión, fue registrado en la cuenta “CUENTAS POR COBRAR”, subcuenta “DEUDORES DIVERSOS”, sub-subcuenta “LIGA DE COMUNIDADES AGRARIAS”.

En sus razonamientos para apoyar su determinación, además de invocar el artículo 38, párrafo 1, inciso o), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la responsable fundamentó su determinación en lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Al efecto cabe señalar que las disposiciones invocadas por la responsable como fundamento de su determinación, contienen preceptos normativos expresados en términos amplios o generales y estos preceptos relacionados con la motivación dada por la responsable, revelan que no se demuestra la configuración de las hipótesis normativas invocadas por la autoridad.

Se reitera que el artículo 41 contiene declaraciones y precisa los fines que deben orientar la actuación de los partidos políticos y que el valor de esos fines y sus carácter orientador están fueran de discusión, como también lo está la obligación de los partidos de aplicar sus recursos exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades ordinarias o para sufragar sus gastos de precampaña o campaña o por actividades específicas, acorde con lo dispuesto en el artículo 38, párrafo 1, inciso o) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Igualmente, es indiscutible que, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 281 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Federal Electoral, los partidos políticos deben administrar sus recursos y por ende realizar sus erogaciones con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género.

Se estima que la conclusión número 95 de la resolutora, es errónea y por ende carece de la debida fundamentación y motivación.

En primer lugar, debe destacarse que el préstamo por $6,000,000.00 realizado a la Confederación Nacional de Campesinos (CNC) para la implementación de la Liga de Comunidades Agrarias de Colima, de un programa social, fue realizado en el ejercicio 2013 y que dicho préstamo fue cubierto, por lo que a la fecha no existe adeudo del capital entregado en préstamo y sólo está pendiente el pago y cálculo de los intereses pactados (3.7 % anual).

En efecto, se acompañan al presente escrito en copia simple, pólizas de egreso, solicitudes de órdenes de pago y estados de cuenta bancarios, con los que se acredita, por una parte, la transferencia de $6,000,000.00 del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Colima a la Liga de Comunidades Agrarias de Colima A.C., y por otra el pago de esa Liga a mi representado.

A continuación se presenta un cuadro esquemático en el que se precisan los documentos que se acompañan, la forma en que se entregó el préstamo y la manera en que se realizó el pago correspondiente

La propia autoridad constató que el Partido Revolucionario Institucional recibió el pago del préstamo otorgado ($900,000.00 en el año 2013 y $5,100,000.00 en el 2014), y aclaró que en el marco de la revisión del informe anual 2014, daría seguimiento a los pagos del capital y los intereses generados.

En consecuencia, no está sujeto a debate ni el otorgamiento del crédito ni el pago de éste, sólo resta cubrir el monto de los intereses generados.

Se estima que de las disposiciones normativas invocadas por la responsable, relacionada con la motivación dada por la autoridad, resulta claro que la motivación es insuficiente para demostrar clara y fehacientemente que mi representado hubiese incumplido las normas referidas por la responsable para fundar su determinación.

La responsable pretendió fundar su determinación en el artículo 41 de la Constitución federal y en el 38, párrafo 1, inciso o), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, probablemente con el ánimo de dar la apariencia de una interpretación sistemática al vincular un precepto de nivel constitucional con otro de rango legal. Sin embargo, las disposiciones invocadas contienen expresiones demasiado amplias y generales que confrontadas con la motivación dada por la responsable, no demuestran la configuración de las hipótesis normativas invocadas por la autoridad.

Como se señaló en párrafos anteriores, se considera indiscutible la obligatoriedad para los partidos políticos de las disposiciones contenidas en el artículo 41 de la Constitución federal, 38 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 281 del reglamento de Fiscalización del Instituto Federal Electoral. Sin embargo, debe destacarse que la motivación de la autoridad no demuestra clara y fehacientemente que mi representado hubiese incumplido con las normas en que la responsable fundamentó su determinación.

La conclusión de la responsable es errónea al sostener que el otorgamiento del crédito por $6,000,000.00 no corresponde a las actividades del partido y, específicamente, a sus actividades ordinarias y que constituye una falta de carácter sustancial. Se estima que el crédito en cuestión, sí constituye una actividad ordinaria de mi representado que está encaminada al cumplimiento de sus fines, conforme con su normatividad interna y por tanto, que tiene un objeto partidista.

La anterior conclusión se apoya en las consideraciones siguientes:

             La Liga de Comunidades Agrarias de Colima A. C, opera en el señalado Estado y representa a la Confederación Nacional Campesina, de conformidad con lo establecido en los artículos 49 y 50 de los Estatutos de esa Confederación28;

28 ARTÍCULO 49.- La Confederación estará representada en cada Entidad Federativa y en el D.F. por las Ligas de Comunidades y Sindicatos, las cuales se sujetan a lo dispuesto por los documentos básicos de la Confederación, mismos que les delegan facultades y les atribuyen obligaciones, contando estas con carácter representativo en la jurisdicción territorial que les compete.

ARTÍCULO 50.- Las Ligas de Comunidades y Sindicatos operaran en las entidades federativas correspondientes y en el D.F, estarán integradas por ejidatarios, comuneros, indígenas, colonos, pequeños propietarios asimilados a la propiedad social, posesionarios, pobladores y demás integrantes de la Confederación, de organizaciones filiales a ésta, de Uniones, de agrupaciones de mujeres y jóvenes, de agrupaciones de técnicos y profesionales vinculados con el campo, de organizaciones sociales y de ciudadanos que soliciten su afiliación y que tengan residencia en cada jurisdicción.

             La Confederación Nacional Campesina es una de las agrupaciones que suscribió el pacto fundacional del Partido Revolucionario Institucional y que se constituye como un sector integrante de ese instituto político;

             El objeto de la erogación fue “...echar andar un programa social con el cual se pretende apoyar el sector agrario en el estado, con el fin de fortalecer los lazos existentes entre el Partido y la militancia...”. Por otra parte, el Partido Revolucionario Institucional está comprometido con el campo y con los productores agrarios y entre sus objetivos establecidos en el Programa de Acción, entre otras, se señalan las acciones 52, 163, 168, 189, 199, 335 y 344, mediante las cuales el Partido asume distintos compromisos, entre otros, promover acciones que hagan compatibles la actividad económica con el aprovechamiento sustentable y la preservación de los recursos naturales, agua, bosques, suelos, mares y elementos del patrimonio natural; recuperar y dignificar la cultura de la producción y de la economía familiar campesina; apoyar con todo vigor a los productores agropecuarios de nuestra nación para garantizar la soberanía alimentaria, y así contribuir con la defensa de la economía familiar29;

29 52. Contrario a los ideales democráticos, opuesto a los fines de la política, injusto, perjudicial y peligroso resulta que México sea uno de los países con mayor desigualdad en el mundo. El pri sabe que es preciso combatir la pobreza y cerrar la brecha de desigualdad entre los mexicanos; por ello, reconoce que es tiempo de impulsar con fuerza y eficacia la justicia social para el campo, donde prevalecen aún las peores condiciones de marginación del país.

163. El pri está comprometido con el proyecto de largo plazo del campo y el manejo racional y sustentable de los recursos naturales, de manera particular, del agua, el suelo, la flora y la fauna, operado por los núcleos agrarios y los productores rurales

168. El partido también promoverá acciones que hagan compatibles la actividad económica con el aprovechamiento sustentable y la preservación de los recursos naturales, agua, bosques, suelos, mares y elementos del patrimonio natural.

189. Recuperar y dignificar la cultura de la producción y de la economía familiar campesina.

199. Apoyar con todo vigor a los productores agropecuarios de nuestra nación para garantizar la soberanía alimentaria, y así contribuir con la defensa de la economía familiar.

335. El pri entiende el desarrollo del campo con base en el empleo, la implementación de proyectos productivos y el mejoramiento de la calidad de vida de los productores; con acceso a educación y servicios de salud; viviendas dignas; y el respeto a sus derechos.

344. Desarrollar nuevos esquemas de apoyo a la producción y comercialización de productos básicos.

             El objeto del crédito no fue a poyar directamente a los campesinos o a los productores agrarios, habida cuenta que se trató de un préstamo puente para agilizar la implementación de un programa social con el cual sería la Confederación Nacional Campesina a través de la Liga de Comunidades Agrarias de Colima A. C. quien realmente apoyaría al sector agrario del estado de Colima. De ahí la naturaleza de préstamo de la operación, el pronto pago del crédito y el acuerdo de pago de intereses. Por tanto, es claro que, contrariamente a lo afirmado por la responsable, el Partido nunca quiso invadir actividades de entes gubernamentales, ni tener injerencia en el manejo o la administración de un programa social para el campo, sino meramente apoyar a un sector integrante del Partido, específicamente a la Confederación Nacional Campesina en términos de lo dispuesto, entre otros, en los artículos 26, segundo párrafo y 85, fracción VI, de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional30;

30 Artículo 26. Los sectores Agrario, Obrero y Popular son la base de la integración social del Partido; expresan las características de clase de sus organizaciones y mantienen la plena identidad de intereses y propósitos de sus militantes individuales; y actúan para vigorizar la solidaridad social de sus militantes y para luchar por sus intereses económicos y sociales, cumplir con mayor eficiencia sus tareas políticas y elevar su preparación ideológica, a fin de fortalecer su conciencia sobre la responsabilidad histórica que les corresponde en las transformaciones que requiere la sociedad.

Los sectores del Partido deberán profundizar y ampliar la acción partidista en los centros que constituyen la unidad básica, económica y social de sus organizaciones y coordinarán esa acción con las que el Partido realiza por medio de sus órganos.

Artículo 85. El Comité Ejecutivo Nacional tendrá las atribuciones siguientes:

…

VI. Velar, intervenir y actuar con los Sectores a fin de que sus militantes puedan lograr lo que demandan para consolidarse en la justicia social;

De todo lo anterior se sigue, que la actuación del Partido se sujetó a sus normas estatutarias y a su Programa de Acción; que la Confederación Nacional Campesina se sujetó también a su normatividad interna; que el crédito se constituyó meramente como un mecanismo para agilizar un proyecto de la Confederación; que el Partido no destinó recursos para aplicar programas sociales en el campo; que la cantidad objeto del crédito fue restituida en un plazo breve, por lo que el partido no sufrió menoscabo alguno en su patrimonio y que, finalmente, las acciones tanto del Partido como de la Confederación se ajustaron a sus normas estatutarias y Programa de Acción, de ahí que se estime que, contrariamente a lo aducido por la responsable, el crédito en cuestión sí tuvo un objeto partidista. Máxime si se considera que el otorgamiento del crédito a un sector integrante del Partido, no constituye un acto ilícito; que la responsable nunca estableció que dicha operación se hubiese realizado en contra de lo dispuesto en un artículo o disposición del Reglamento de Fiscalización exactamente aplicable al caso concreto y, finalmente, porque como se apuntó, la erogación racionalmente encuadra en los fines y acciones del Partido y en los de la Confederación. Aunado a lo anterior y conforme con las consideraciones expresadas en párrafos precedentes, se estima que las circunstancia de que la Confederación tenga personalidad jurídica y patrimonio propios, así como normatividad interna y objetivos particulares, en el presente caso no es indicativo de una falta o un actuar indebido por parte del partido que represento.

Por todo lo anteriormente expresado, desde nuestra perspectiva, la Conclusión 95 de la resolución emitida por la autoridad administrativa electoral resulta contraria a derecho, violentándose en perjuicio de mi representado el principio de legalidad que toda autoridad electoral debe observar y, en consecuencia, se considera que debe ser revocada, por lo que se solicita a esa H. Sala Superior emita la correspondiente declaración en ese sentido, máxime que como habrá de argumentarse en un agravio que se hará valer en el cuerpo de este escrito en párrafos posteriores, la supuesta falta que la autoridad atribuyó a mi representado, en modo alguno podría ser considerada como de carácter sustancial.

En el caso, resulta aplicable la Jurisprudencia 21/2001, emitida por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, visible en la Compilación 1997-2012, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Jurisprudencia, Volumen 1, a páginas 494 y 495.

TERCERO.- Causa agravio al Partido Revolucionario Institucional la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, pues es violatoria de lo dispuesto en los artículos 16; 17; y 41, párrafo segundo, base V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en virtud de que, desde nuestra perspectiva, la resolución que se combate carece de la debida fundamentación y motivación, principios constitucionales que obligan a que todo acto de autoridad, incluyendo las resoluciones que emita el Instituto Nacional Electoral, satisfaga el requisito de contar con una fundamentación y motivación correcta, suficiente y debida.

En efecto, causa agravio a mi representado el hecho de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral haya efectuado un análisis equívoco, incompleto y sesgado del Informe Anual de Ingresos y Egresos, correspondiente al ejercicio de 2013 (lo que significa una indebida motivación de la resolución reclamada) por lo que, en nuestro concepto, se vulnera de manera preponderante el principio de legalidad que se encuentra obligada a observar la autoridad responsable.

Se sostiene lo anterior en virtud de que indebidamente (como se constata en los apartados que más adelante se transcriben), la autoridad administrativa electoral determina que mi representado, respecto de las Conclusiones 40 y 43, vulneró lo establecido por el artículo 38, párrafo 1, inciso a), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y, esencialmente, el artículo 281, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización aplicable en virtud de que, según afirma “... el partido no administró los recursos con base en los criterios de legalidad, racionalidad, eficiencia, eficacia y economía,...”, por lo que, en su opinión, se materializó una falta de carácter sustancial.

Sin embargo, en nuestra opinión, tal conclusión resulta errónea, pues deriva de premisas falsas y de una incorrecta interpretación de la normatividad aplicable, tal y como se evidenciará en los párrafos subsiguientes. Además de lo anterior, desde nuestra perspectiva, la responsable realiza una indebida calificación de la supuesta falta e impone una sanción pecuniaria absolutamente desproporcionada.

FUENTE DEL AGRAVIO

La constituye el resolutivo identificado como SEGUNDO de la resolución que se combate, por lo que refiere a las CONCLUSIONES 40 y 43, así como las consideraciones que son realizadas en el apartado identificado como Considerando 10.2 Partido Revolucionario Institucional (además, los correlativos del Dictamen Consolidado) y que, en lo conducente, refieren:

[…]

RESUELVE

(...)

SEGUNDO. Por razones y fundamentos expuestos en el considerando 10.2 de la presente Resolución, se imponen al Partido Revolucionario Institucional, las siguientes sanciones:

(...)

h) Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 40 y 43.

Conclusión 40

La reducción del 0.07% (cero punto cero siete por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $759,220.00 (setecientos cincuenta y nueve mil dos cientos veinte pesos 00/100 M.N.).

Conclusión 43

La reducción del 0.66% (cero punto sesenta y seis por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $6,832,980.00 (seis millones ochocientos treinta y dos mil novecientos ochenta pesos 00/100 M.N.).

[…]

CONSIDERANDO

(…)

10.2 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen Consolidado correspondiente, es trascendente señalar que por cuestión de método y para facilitar el estudio de las diversas irregularidades derivadas de la revisión del Informe Anual del aludido partido político nacional correspondiente al ejercicio 2013, se procederá a realizar su demostración y acreditación por subgrupos temáticos.

(...)

Ahora bien, de la revisión llevada a cabo al dictamen referido y de las conclusiones ahí realizadas, se desprende que las irregularidades en las que incurrió el Partido Revolucionario Institucional, son las siguientes:

(...)

Conclusión 40

“40. El partido reportó gastos que exceden el valor de mercado por un importe de $690,200.00 y no administró los recursos con base en los criterios de legalidad, racionalidad, eficiencia, eficacia y economía.”

Para Actividades Específicas.

Conclusión 43

“43. El partido reportó gastos que exceden el valor de mercado por un monto de $6,711,800.00 y no administró los recursos con base en los criterios de legalidad, racionalidad, eficiencia, eficacia y economía”.

I. ANÁLISIS TEMÁTICO DE LAS IRREGULARIDADES REPORTADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO.

Conclusión 40

De la verificación a la cuenta “Gastos en capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres”, subcuenta “Capacitación”, se observó el registro de pólizas soportadas con facturas, contratos y muestras correspondientes a operaciones celebradas con el proveedor Instituto Internacional de Estudios en Prospectiva y Estrategia IIEPE, A.C. por un monto total de $9,711,228.60 que se integra como a continuación se detalla:

Ahora bien, las erogaciones antes mencionadas amparaban la ejecución de nueve proyectos que formaron parte del Programa Anual de Trabajo del partido, mismos que a continuación se detallan:

Al respecto, del análisis realizado a cada una de las actas constitutivas presentadas, así como a la documentación proporcionada como soporte de las actividades llevadas a cabo por el proveedor mencionado, se determinó lo siguiente:

De la verificación a la documentación soporte del gasto correspondiente a los proyectos realizados por el proveedor en comento en el rubro de Capacitación y Formación para el Liderazgo Político de la Mujer, se observó que el contrato de prestación de servicios hacía referencia a un anexo que no fue localizado.

En consecuencia, mediante oficio INE/UTF/DA/0836/14 del 1 de julio de 2014, recibido por el partido el mismo día, se solicitó al partido presentara lo siguiente:

 El “Anexo 1” a que hacía referencia el contrato de prestación de servicios correspondiente a los proyectos del rubro de Capacitación y Formación Para el liderazgo Político de la Mujer que se detallan en el cuadro que antecede.

 Las aclaraciones que a su derecho conviniera.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 297 y 339 del Reglamento de Fiscalización.

Al respecto, con escrito SFA/0171/14 del 14 de julio de 2014, recibido por la Unidad de Fiscalización el 15 del mismo mes y año, el partido manifestó lo que a la letra se transcribe:

“...se remite el contrato de prestación de servicios en original y se adjunta al mismo, el Anexo 1, en el cual se detallan los servicios contratados en los que se incluyen la impartición de los curso observados...”

Al respecto, el partido presentó el anexo del contrato solicitado por esta autoridad, portal razón la observación quedó subsanada.

Respecto al proyecto identificado con (1) en el cuadro que antecede, se observó el registro de gastos por un monto de $905,513.40 por la impartición del curso que a continuación se detalla:

Al respecto, esta autoridad se dio a la tarea de analizar las diferentes propuestas académicas que se encuentran actualmente en el mercado, incluidas aquellas contratadas por el partido en el ejercicio objeto de revisión y que formaban parte de los gastos de operación ordinaria reportados, obteniendo los siguientes datos:

(*) Gasto registrado por el partido en la PE-939/10-13 del Comité Ejecutivo Nacional.

Al respecto, como se observa en el cuadro que antecede el costo de los cursos contratado por el partido no correspondía a un valor razonable en comparación con los precios de mercado vigentes en la oferta académica analizada, misma que incluyó a instituciones de educación privada con reconocimiento a nivel nacional.

Asimismo, se desprende que el costo por hora del curso en línea contratado por el partido equivalía al costo por hora pagado en el caso identificado con (*) en el cuadro que antecede; sin embargo, fue preciso señalar que no guardaba proporción con el tipo de capacitación impartida toda vez que en el caso referido se trató de un doctorado.

Por lo antes expuesto, se consideró que existía una sobrevaluación de los gastos reportados por el partido por un monto estimado de $690,200.00, el cual fue determinado como se detalla a continuación:

Sobre el particular cabe mencionar que los costos mencionados en el cuadro que antecede fueron obtenidos de las páginas de internet www.ibero.mx, menú “Diplomados y cursos” “Ibero online” en el caso de la Universidad Iberoamericana y en cuanto al Instituto Tecnológico de Monterrey del portal www.itesm.mx, menú “Tec en línea” “Diplomados y cursos” “Oferta educativa en línea”.31

31 Cabe mencionar que mediante los oficios INE/UTF/DA/1797/14 e INE/UTF/DA/1798/14 se solicitó a la Universidad Iberoamericana y al Instituto Tecnológico de Monterrey la validación de costos obtenidos de los portales mencionados y en ambos casos las instituciones confirmaron la información detallada en el cuadro que antecede.

De lo anterior se advirtió que el partido no se apegó a los criterios de eficiencia, eficacia, economía y racionalidad en la administración de los recursos etiquetados para este rubro, toda vez que los costos pagados por el curso en comento no se justificaban en relación con el grado de especialización y la población objetivo del proyecto de capacitación.

En consecuencia, se solicitó al partido que presentara lo siguiente:

 Las aclaraciones que a su derecho conviniera.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38, numeral 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 23 y 281, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización en concordancia con las Normas de Información Financieras NIF A-6 “Reconocimiento y Valuación”, párrafos 38 y 41.

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio INE/UTF/DA/0836/14 del 1 de julio de 2014, recibido por el partido el mismo día.

Al respecto, con escrito SFA/0171/14 del 14 de julio de 2014, recibido por la Unidad de Fiscalización el 15 del mismo mes y año, el partido manifestó lo que a la letra se transcribe:

“...Al respecto, el Partido reitera lo manifestado en la respuesta a la observación número 1 del presente oficio, adicionalmente, es oportuno aclarar que en el análisis comparativo que hace esa Autoridad por su cuenta, sobre los cursos proporcionados por el proveedor y los mismos que otras instituciones académicas pudieran proporcionar, pasar (sic) desapercibido, el hecho de que el Partido acorde a sus necesidades y objetivos de capacitación de sus simpatizantes, militantes, cuadros y dirigentes, requiere de un servicio profesional integral que se ajuste técnica y académicamente a los propósitos de su orientación y dirección partidaria.

El proveedor brinda un servicio integral especializado que consta NO SOLO DE LA EJECUCIÓN E IMPARTICIÓN del programa descrito, sino también los SERVICIOS INTEGRALES de ASESORÍA, ORIENTACIÓN, PLANEACIÓN, DESARROLLO, EVALUACIÓN y SEGUIMIENTO del mismo y cada uno de los cursos desarrollados e impartidos, tienen un objetivo específico y a la medida de las necesidades y requerimientos específicos del Partido Revolucionario Institucional. Asimismo, para dichos objetivos se requiere entre otros:

• Diagnosticar, planear, crear y ejecutar los cursos a impartir a efecto de capacitar o en su caso actualizar los conocimientos de los participantes y dotar, explotar y dirigir sus habilidades políticas y de liderazgo.

• La creación de los indicadores de evaluación de conocimientos y habilidades adquiridas durante los diversos cursos y talleres, así como la evaluación general del proyecto ante las autoridades que corresponda.

• Tratándose de los cursos impartidos en línea (internet), cabe mencionar que la tecnología empleada se considera de punta y en lo particular se desarrolló una plataforma E-learning y B-learning, que hace mucho más eficiente y eficaz la actividad y la oferta de capacitación, además de permitir el adecuado aprendizaje y capacitación de los inscritos así como su respectiva evaluación de los resultados, esto a través de la implementación de las tecnologías de la información y comunicación, contando con asesoría única de facilitadores humanos con atención a los usuarios las 24 horas del día todos los días de duración de los cursos.

Como es de observarse y en su oportunidad fue (sic) reportado y justificado, dichos servicios proporcionados por el proveedor no se limitan solo a la impartición de un curso sino que se brinda un conjunto de servicios profesionales y académicos, lo que no ocurre con otras instancias educativas, razones de sobra para el justo cobro de los honorarios por servicios. En este orden de ideas se afirma que dada la población a la que van dirigidos los cursos y con las características tan heterogéneas de los participantes y el beneficio brindado con motivo de los cursos impartidos, no hay duda de que se apegan a lo requerido por partido y sus militantes y simpatizantes, atendiendo los criterios de eficiencia, eficacia, economía y racionalización de la administración de los recursos del programa anual de trabajo 2013...”

Al respecto, el partido manifestó que existía una desproporción en la comparación realizada por esta autoridad, específicamente a lo que corresponde al número de personas beneficiadas, así como al tipo de actividad; sin embargo, se aclaró que su afirmación era incorrecta por lo siguiente:

a) Por lo que se refiere al número de personas a las cuales se impartió el curso, fue preciso señalar que el valor utilizado por esta autoridad para la comparación realizada es el que corresponde a una persona por cada hora de curso como a continuación se detalla:

En razón de lo anterior, la desproporción que el partido argumentó no existió en virtud de que esta autoridad realizó el comparativo tomando como base costos por hora y por persona para todos los valores de referencia utilizados.

b) Respecto a lo manifestado por el partido en cuanto a que no fue proporcional realizar un comparativo entre los costos de un doctorado y los cursos en línea contratados, fue preciso aclarar que esta autoridad no utilizó los costos del doctorado para obtener el costo promedio, únicamente hizo referencia a dicho doctorado para efectos de ejemplificar en términos cualitativos la desproporción existente entre el costo y el grado de especialización en cada caso; sin embargo, como se indicó en la metodología para la determinación del costo de mercado, no se tomó como valor de referencia el relativo al posgrado mencionado.

En este orden de ideas, como se detalló puntualmente en la observación realizada, únicamente fueron considerados los costos relativos a cursos en línea a efectos de establecer valores de referencia congruentes y con características similares con el tipo de actividades observadas.

Es decir, para obtener el “costo promedio por hora” únicamente se tomaron en consideración los diplomados impartidos por las universidades Iberoamericana y Tecnológico de Monterrey, atendiendo a que en ambos casos se trata de cursos en línea -como lo fueron los cursos impartidos al partido político-.

Por consiguiente, contrario a lo manifestado por el instituto político esta autoridad sí consideró y adecuó su actuar a los principios de legalidad y congruencia; ya que atendiendo a las características de los cursos que le fueron impartidos al instituto político, tomó como parámetro el valor comercial de cursos en línea impartidos por instituciones de educación privada con reconocimiento a nivel nacional.

Por lo antes expuesto, se consideró que existió una sobrevaluación de los gastos reportados por el partido por un monto estimado de $690,200.00, el cual fue determinado como se detalla a continuación:

Ahora bien, por lo que se refiere a los servicios adicionales que el proveedor prestó al partido los cuales influyen en los costos de acuerdo a lo manifestado por el partido, fue preciso señalar que el contrato de prestación de servicios y la factura que amparaban el gasto no hacen referencia a ninguno de ellos, únicamente señalan que se trató de la organización e impartición de cursos y talleres.

Aunado a lo anterior, las tareas de planeación, creación y ejecución de los cursos mencionadas por el partido como factores de valor agregado en el servicio prestado por el proveedor no son distintas a las llevadas a cabo para la impartición de un curso en línea promedio y respecto a la labor de diagnóstico, cabe mencionar que no se advirtió la realización de alguno en el caso que nos ocupa.

Asimismo, en relación a lo manifestado respecto a la creación de indicadores de evaluación de conocimientos y habilidades como otro factor de valor agregado, fue preciso señalar que los indicadores presentados por el proveedor son los siguientes:

a) Determinación de la cantidad de personas al inicio y al final del curso para establecer una tasa de asistencia al curso.

b) Promedio de evaluaciones de asistencia, participación, trabajos y tareas con la autoevaluación de los participantes para determinar el aprovechamiento del curso.

c) Obtención de un porcentaje de satisfacción mediante la evaluación realizada por los participantes respecto al curso.

En este orden de ideas, los indicadores presentados por el proveedor no son distintos a los que proporciona una institución educativa en materia de asistencia, aprovechamiento y nivel de satisfacción, por lo que a juicio de esta autoridad no constituyeron un factor de valor agregado para efectos del costo.

Con relación a las tecnologías utilizadas en el desarrollo del curso, de las cuales el partido no proporcionó mayores elementos para su verificación, conviene señalar que los costos pagados por el curso en comento no indicaron eficiencia en la realización de las actividades, toda vez que por naturaleza implica la obtención de los mejores resultados con el menor despliegue de recursos, lo cual es un supuesto que no se actualiza, además de que debió tomarse en cuenta el costo beneficio ya que los recursos invertidos pudieron traducirse en la capacitación de un mayor número de personas, lo cual es uno de los fines que persigue el presupuesto del 2% para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.

Fue importante mencionar que de no acreditar la vinculación directa el gasto en comento a los proyectos que integraron el Programa Anual de Trabajo, así como el cumplimiento de los objetivos del presupuesto etiquetado y su debido ejercicio, no se consideraría destinado a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres en los términos del artículo 78, numeral 1) inciso a) fracción V del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En consecuencia, mediante oficio INE/UTF/DA/1544/14 del 20 de agosto de 2014, recibido por el partido en la misma fecha, se solicitó nuevamente al partido que presentara lo siguiente:

                     Las aclaraciones que a su derecho conviniera.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38, numeral 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 23 y 281, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización en concordancia con las Normas de Información Financieras NIF A-6 “Reconocimiento y Valuación”, párrafos 38 y 41.

Al respecto, con escrito SFA/0213/14 del 26 de agosto de 2014, recibido por la Unidad de Fiscalización el 27 del mismo mes y año, el partido manifestó lo que a la letra se transcribe:

“...COSTOS

En cuanto a la observación antes descrita se tiene que esta autoridad no emitió pronunciamiento alguno en relación a la realización de la actividad en el momento en el cual le fue puesto a su consideración el Programa anual de actividades relacionado con las actividades que este ente político tenía la pretensión de llevar a cabo en cuanto al recurso destinado para gasto programado.

Con el ánimo de precisar lo antes referido, se tiene:

Reglamento de Fiscalización

Capítulo III. Del gasto programado

Sección I. Del sistema de rendición de cuentas

Artículo 281.

1. En el sistema de rendición de cuentas para gasto programado, al que deberán sujetarse los partidos, se registrarán los proyectos que integran los programas y las operaciones relativas al gasto para el desarrollo de las actividades específicas y el correspondiente a la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres.

2. Los partidos deberán observar que la administración de los recursos erogados se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género.

3. Los objetivos del gasto programado, la planeación, los indiciadores, los presupuestos, la temporalidad de la aplicación de los recursos y la ejecución del gasto, son facultad exclusiva de los partidos políticos.

Es pues que en el programa anual de trabajo se establecen la integración de lo que se pretende gastar, especificando los rubros en los cuales se tiene el ánimo de realizar un gasto, así como los costos que se estima gastar, mismos que están previamente cotizados; con la totalidad de datos y elementos antes referidos se tiene que esta autoridad fiscalizadora desde el mes de enero del año del cual se va a ejercer el gasto tiene conocimiento de la forma en la cual se pretende ejercer.

Del artículo antes citado se tiene que el partido tiene una obligación de que dicho gasto sea ejercido con legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia y económica; es pues que sí derivado del programa anual de actividades el órgano que tiene como máxima función orientar, revisar, verificar, dirigir y tener certeza que el gasto que se lleva a cabo por el partido político cumpla con la normatividad en materia de fiscalización; de lo antes referido se tiene que sí el programa anual de actividades del gasto programado no cumple con dichas características el órgano fiscalizador cuenta con la facultad y con la totalidad de medios idóneos para hacer del conocimiento del partido que determinado rubro, que no es genérico si no muy preciso en relación a que se va a gastar emita algún tipo de orientación u observación en la cual haga del conocimiento del partido que en caso de hacer determinada actividad y gasto estaría vulnerando la normatividad o bien que dicho gasto no se estimará como gasto programado por las características del mismo.

Acción que en cuanto hace a este gasto no fue realizada en ningún momento por esta autoridad fiscalizadora, por lo que el mismo debe ser considerado como gasto programado, ya que la autoridad conoció de la pretensión del partido meses antes de que se llevará a cabo y en ningún momento emitió observación u advertencia alguna en relación al tema y pretende observar algún tipo de omisión o error en el momento en el que lleva a cabo la revisión, cuando tiene conocimiento de la realización de la actividad desde una temporalidad lo razonablemente anticipadamente como para que se pronunciara en relación a la misma sí determinará que se estuviera a través de la misma vulnerando alguna norma o bien no cumpliendo con el objetivo del gasto.

Por lo antes referido es que esta autoridad al no emitir un pronunciamiento en contra del programa, que sí se entrega con anticipación no es únicamente para generarle una obligación al partido político; si no con una finalidad determinada que la autoridad fiscalizadora evalué y analice el alcance de la información, la forma de distribución del gasto; así como los montos en cada uno de ellos; y al no haber realizado pronunciamiento expreso se entiende de manera tacita que no existen observaciones al respecto, es pues; que a través del programa de actividades presentado por el partido político se cumplen con las directrices referidas en la normatividad aplicable.

En caso de no ser así, ¿Qué finalidad tendría presentar el Programa Anual de Trabajo?; ¿Qué papel jugaría la autoridad en cuanto a la presentación de un programa del cual sólo recibe sin hacer algún tipo de análisis o valoración?, teniendo la obligación de hacerlo ya que es una de sus funciones torales, sí bien es cierto la revisión de los informes es una de las formas en las cuales verifica el cumplimiento de las obligaciones de los partidos políticos en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones en materia de rendición de cuentas y transparencia en la ejecución del gasto, no es menos cierto que sí tiene los elementos necesarios para prever el cumplimiento de las actividades y que no se realice alguna actividad en la cual a consideración de las autoridades fiscalizadoras se estuviera vulnerando la normatividad.

Como corolario de todo lo antes referido es que esta autoridad no puede referir en el momento en el cual se revisa una actividad algún tipo de observación relacionada con el tipo de gasto y el costo del mismo cuando tuvo conocimiento de dicho gasto meses antes de su realización y no emitió pronunciamiento alguna al respecto...”

Al respecto, la respuesta del partido no fue satisfactoria, toda vez que manifestó que esta autoridad no emitió ningún pronunciamiento en relación con las actividades observadas cuando fue presentado el Programa Anual de Trabajo; sin embargo, es preciso señalar que lo anterior no sería congruente con el momento procesal determinado en la normatividad para notificar observaciones y ejercer facultades de comprobación.

Cabe destacar que los proyectos entregados por los partidos políticos como su nombre lo indica, son producto de una planeación y un presupuesto y no se consideran hechos consumados hasta el momento en el que son presentados los resultados y la documentación soporte del gasto, por lo que un pronunciamiento de esta autoridad emitido sin contar con los elementos mencionados sería subjetivo y prematuro en función de sus facultades de comprobación y de los insumos de las evaluaciones que realiza.

Sobre el particular, es importante mencionar que un pronunciamiento de esta autoridad en el sentido en el que lo plantea el partido excedería sus facultades si partimos de que los objetivos del gasto programado, la planeación, los indiciadores, los presupuestos, la temporalidad de la aplicación de los recursos y la ejecución del gasto son responsabilidad exclusiva de los partidos políticos, lo cual no los exime de garantizar que dicho ejercicio se haga con legalidad, honestidad, racionalidad, eficiencia, eficacia y economía.

Por lo antes expuesto, es importante subrayar que las directrices normativas a las cuales deben apegarse los partidos políticos están claramente establecidas en la normatividad y no están condicionadas al ejercicio de las facultades de comprobación de esta autoridad.

Aunado a lo anterior, el artículo 371 del Reglamento de Fiscalización establece evaluaciones de los Informes Trimestrales por lo que se refiere al cumplimiento de objetivos y metas con base en los indicadores registrados por el partido y la del Informe Anual relativa a la consistencia y resultados; es decir, al desempeño global del programa y los proyectos respectivos.

Además, el artículo 372 en su numeral 2 establece que tales evaluaciones serán consideradas como parte de la auditoría al destino y aplicación del gasto reportado en los informes anuales de los partidos políticos.

En este orden de ideas, no es procedente que el partido pretenda establecer obligaciones a esta autoridad que van más allá de sus facultades de vigilancia y más aún que suponga que éstas lo eximen de cumplir con sus responsabilidades en materia de administración y comprobación de recursos; por tal razón, la observación no quedó subsanada.

En razón de lo anterior, el monto observado por $690,200.00 no se considera destinado a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres en los términos del artículo 78, numeral 1), inciso a), fracción V del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Por ende, al existir una sobrevaluación por $690,200.00 en el gasto ejercido el partido no administró los recursos con base en los criterios de legalidad, racionalidad, eficiencia, eficacia y economía e incumplió con lo establecido en los artículos 38, numeral 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 281, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización.

Conclusión 43

De la verificación a la cuenta “Educación y Capacitación”, subcuenta “Capacitación” del Comité Ejecutivo Nacional se observó el registro de gastos por la impartición de cursos en la modalidad en línea contratados con el proveedor” Instituto Internacional de Estudios en Prospectiva y Estrategia, A.C.”, por un monto total de $8,149,620.60 que se integra como a continuación se detalla: