RECURSO DE APELACIÓN

EXPEDIENTE: SUP-RAP-200/2017

RECURRENTE: MORENA

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

MAGISTRADA PONENTE: MÓNICA ARALÍ SOTO FREGOSO

SECRETARIO: CARMELO MALDONADO HERNÁNDEZ.

Ciudad de México a catorce de septiembre de dos mil diecisiete.

VISTOS, para resolver los autos del recurso de apelación, identificado con el número de expediente SUP-RAP-200/2017, interpuesto por el Partido Político Morena, para impugnar del Consejo General del Instituto Nacional Electoral: a) La resolución identificada con la clave INE/CG311/2017, “RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE CAMPAÑA DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LOS CANDIDATOS AL CARGO DE GOBERNADOR, CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2016-2017, EN EL ESTADO DE MÉXICO”, así como el respectivo Dictamen Consolidado, identificado como INE/CG310/2017; aprobados en sesión de diecisiete de julio de dos mil diecisiete.

Asimismo, MORENA controvierte la referida resolución por cuanto a su engrose.

R E S U L T A N D O S:

PRIMERO. Resolución impugnada. En sesión pública extraordinaria celebrada el diecisiete de julio de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (en adelante: INE) aprobó, entre otras: la resolución INE/CG311/2017, relacionada con las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos de las candidaturas a la Gubernatura, correspondiente al proceso electoral local ordinario 2016-2017, en el Estado de México, y el respectivo “Dictamen Consolidado”, identificado con la clave INE/CG310/2017.

SEGUNDO. Recurso de apelación. El veintiuno de julio de dos mil diecisiete, la representación del Partido Político Morena ante el Consejo General del INE presentó recurso de apelación, mediante el cual impugnó la resolución identificada con la clave: INE/CG311/2017, así como el respectivo Dictamen Consolidado.

TERCERO. Integración, registro y turno. El veintiséis de julio de dos mil diecisiete, se recibió en la Oficialía de Partes de la Sala Superior, el oficio INE/SCG/1144/2017, mediante el cual, el Director de Asuntos Laborales de la Dirección Jurídica del INE hizo llegar el expediente INE-ATG/239/2017, formado con motivo del recurso de apelación presentado por la representación del Partido Político Morena. En la misma fecha, la Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional electoral federal integró el expediente SUP-RAP-200/2017 y lo turnó a la Ponencia de la Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, para los efectos previstos en el artículo 19, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

CUARTO. Escrito de ampliación de demanda. El treinta de julio de dos mil diecisiete, se recibió en la Oficialía de Partes de la Sala Superior, el oficio INE/SCG/1209/2017, mediante el cual, el Director de Asuntos Laborales de la Dirección Jurídica del INE hace llegar el expediente INE-ATG/253/2017, formado con motivo de la ampliación de demanda del recurso de apelación presentado por la representación del Partido Político Morena, por cuanto hace al engrose de la resolución identificada con la clave INE/CG311/2017 y, el respectivo “Dictamen Consolidado”.

QUINTO. Acuerdo de escisión. Mediante Acuerdo de nueve de agosto de dos mil diecisiete, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dictó acuerdo en el expediente SUP-RAP-200/2017, en el que determinó escindir la demanda para dar lugar a la integración de diversos expedientes, con motivo de la impugnación de resoluciones vinculadas con la fiscalización en otras entidades federativas.

SEXTO. Radicación, admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, el recurso de apelación identificado al rubro fue radicado y admitido al considerar que cumplían con los requisitos de procedibilidad; y, por último, al no existir diligencia pendiente por desahogar, se declaró cerrada la instrucción y se ordenó formular el respectivo proyecto de sentencia, y

C O N S I D E R A N D O S:

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ejerce jurisdicción y esta Sala Superior es competente para conocer y resolver el medio de impugnación al rubro indicado, con fundamento en los artículos 1º; 17, párrafo segundo; 41, párrafo segundo, base VI, 94, párrafos primero y quinto; y 99, párrafo cuarto, fracciones III y VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, párrafo primero, fracción II; 184, 185, 186, fracción III, incisos a) y g); 189, fracción I, incisos c), y II de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 1º; 3º, párrafo segundo, inciso b); 4; 6, 40, párrafo 1, inciso b), 44, párrafo 1, inciso a); de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Lo anterior, porque se trata de un recurso de apelación promovido por MORENA, a fin de impugnar la resolución INE/CG311/2017, emitida el diecisiete de julio de dos mil dieciséis, por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos de las candidaturas a la Gubernatura, correspondiente al proceso electoral local ordinario 2016-2017, en el Estado de México, y el respectivo “Dictamen Consolidado”, identificado con la clave INE/CG310/2017.

SEGUNDO. Requisitos de procedencia. El presente recurso de apelación cumple los requisitos de procedencia previstos en los artículos 8° y 9°, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, conforme con lo siguiente:

1. Forma. Se tiene por cumplido, ya que el ocurso inicial de demanda, relativo al recurso de apelación de mérito, se presentó por escrito, ante la autoridad señalada como responsable, se hizo constar el nombre del partido político impugnante, así como el nombre y firma de la persona que lo interpone en su representación; el domicilio para oír y recibir notificaciones; así como de las personas señaladas para tal efecto; identificó, tanto, el acto impugnado como a la autoridad responsable; asimismo, menciona los hechos y agravios que el apelante aduce, le causa la resolución reclamada.

2. Oportunidad. El requisito de procedencia en estudio se encuentra satisfecho, en razón de que el escrito del medio de impugnación identificado al rubro, fue interpuesto oportunamente, toda vez que el acto impugnado, es decir, la resolución INE/CG311/2017, fue emitida el diecisiete de julio de dos mil diecisiete, por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos de las candidaturas a la Gubernatura, correspondiente al proceso electoral local ordinario 2016-2017, en el Estado de México, y el respectivo “Dictamen Consolidado”, identificado con la clave INE/CG310/2017, y, el escrito inicial de demanda relativo al recurso de apelación de mérito, se presentó el veintiuno de julio siguiente, esto es, dentro del plazo de cuatro días que para tal efecto, prevé el artículo 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

De ahí que, para esta Sala Superior, resulta evidente que se presentó la demanda dentro de los cuatro días previstos que, para tal efecto, establece el dispositivo legal citado.

3. Legitimación y personería. En cuanto al partido político actor, estos requisitos se encuentran satisfechos en términos de lo dispuesto en los artículos 12, párrafo 1, inciso a); 13, párrafo 1, inciso a); y, 45, párrafo 1, inciso a); de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

El presente medio de impugnación fue interpuesto por parte legítima, pues quien actúa es un partido político nacional que se inconforma contra la resolución INE/CG300/2017, emitida el diecisiete de julio de dos mil diecisiete, en la cual, sancionó al partido político apelante.

En el caso, se encuentra acreditada la personería de quien comparece en su representación, ya que se trata de Horacio Duarte Olivares, quién se ostenta en su calidad de representante propietario ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y la autoridad responsable al rendir su informe circunstanciado le reconoce tal carácter, por lo que se encuentra colmado este requisito, en términos del artículo 18 de la citada ley.

4. Definitividad. Respecto a la resolución INE/CG311/2017, emitida el diecisiete de julio de dos mil diecisiete, por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se cumple el principio de definitividad y firmeza, toda vez que, del análisis de la legislación adjetiva electoral aplicable, se advierte que no existe medio impugnativo que deba agotarse antes de acudir en la vía propuesta ante este órgano jurisdiccional electoral federal, de ahí que se cumpla el presente requisito.

5. Interés jurídico. El partido político apelante tiene interés jurídico para impugnar la resolución INE/CG311/2017, pues reclama, que las sanciones que le fueron impuestas resultan contrarias a Derecho.

En consecuencia, al haberse cumplido los requisitos mencionados y, en virtud, de que no se actualiza alguna de las causales de improcedencia o sobreseimiento previstas en la legislación aplicable, se procede al estudio de fondo del asunto planteado.

TERCERO. Ampliación de demanda. Este órgano jurisdiccional electoral federal considera procedente el escrito de ampliación de demanda presentada por el partido político nacional MORENA, por conducto de su representante propietario ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por las razones que se exponen a continuación.

En primer lugar, se debe destacar que los derechos de defensa y audiencia, así como a la tutela judicial efectiva, previstos en los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implican que los justiciables conozcan los hechos en que se sustentan los actos que afecten sus intereses, para garantizarles la adecuada defensa con la posibilidad de aportar los elementos de prueba que considere pertinentes.

Así, cuando en fecha posterior a la presentación de la demanda surgen nuevos hechos estrechamente relacionados con aquellos en los que el promovente sustentó sus pretensiones o se conocen hechos anteriores que se ignoraban, es admisible la ampliación de la demanda, siempre que guarden vinculación con los actos reclamados en la demanda inicial, dado que sería incongruente el análisis de argumentos tendentes a ampliar algo que no fue controvertido.

Por ello, se considera que el escrito de ampliación de demanda no debe constituir una segunda oportunidad de impugnación respecto de hechos ya impugnados, ni un obstáculo que impida resolver la controversia dentro de los plazos legalmente establecidos.

El criterio mencionado ha sido reiteradamente sustentado por esta Sala Superior, lo cual dio origen a la jurisprudencia 18/2008, de rubro: AMPLIACIÓN DE DEMANDA. ES ADMISIBLE CUANDO SE SUSTENTA EN HECHOS SUPERVENIENTES O DESCONOCIDOS PREVIAMENTE.

Asimismo, este órgano jurisdiccional electoral federal ha concluido que los escritos de ampliación se deben presentar dentro de un plazo igual al previsto para el escrito inicial, contado a partir de la respectiva notificación o de que se tenga conocimiento de los hechos materia de la ampliación, siempre que sea anterior al cierre de la instrucción.

Tal criterio está contenido en la Jurisprudencia 13/2009 de esta Sala Superior, cuyo rubro es: AMPLIACIÓN DE DEMANDA. PROCEDE DENTRO DE IGUAL PLAZO AL PREVISTO PARA IMPUGNAR (LEGISLACIÓN FEDERAL Y SIMILARES).

En el caso, este órgano jurisdiccional electoral federal considera que es admisible la ampliación de la demanda, en razón de que el partido político nacional MORENA, por conducto de su representante propietario ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, expresa que el veintiuno de julio de dos mil diecisiete, se le notificó el engrose de la resolución combatida en el medio de impugnación en que se actúa, el cual, en su concepto, corrobora la vulneración al principio de certeza, debido a la presentación de diversos proyectos de resolución y de dictámenes, para efecto de imponer multas al partido político recurrente.

Aunado a lo anterior, se advierte que los agravios esgrimidos por el partido político recurrente se encuentran medularmente dirigidos a controvertir el engrose de la resolución INE/CG311/2017, en base a que no existe certeza, respecto de las infracciones y de las sanciones que le fueron impuestas con motivo de la fiscalización de los ingresos y egresos del proceso electoral ordinario para renovar la Gubernatura del Estado de México.

Por otra parte, se satisface el requisito de oportunidad en la presentación del escrito de ampliación de demanda, ya que el recurrente afirma que le fue notificado el veintiuno de julio de dos mil diecisiete, por lo que, el plazo de cuatro días para presentar el escrito correspondiente, transcurrió del sábado veintidós al martes veinticinco de julio de dos mil diecisiete, siendo computables todos los días, conforme a lo previsto en el artículo 7, párrafo 1, de la mencionada ley procesal electoral, en razón de que la resolución controvertida está vinculada, de manera inmediata y directa, con el procedimiento electoral local del Estado de México.

En consecuencia, como el escrito de ampliación de demanda, que dio origen al medio de impugnación en que se actúa, fue presentado ante la Oficialía de Partes del Instituto Nacional Electoral el martes veinticinco de julio de dos mil diecisiete, resulta evidente su oportunidad, por lo que, al llevar a cabo el estudio del fondo de la litis, se consideraran los conceptos de agravio hechos valer en la ampliación de demanda.

CUARTO. Cuestión previa. De conformidad con el principio de economía procesal y porque no constituye obligación legal su inclusión en el texto del presente fallo, se estima innecesario transcribir el acto impugnado y las alegaciones formuladas por los impetrantes, máxime que se tienen a la vista en el expediente respectivo para su debido análisis, sin que sea óbice para lo anterior que en los apartados correspondientes se realice una síntesis de los mismos.

Resulta criterio orientador al respecto, las razones contenidas en la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 406, del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de mil novecientos noventa y dos, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de título: "ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO".

Asimismo, por similitud jurídica sustancial y como criterio orientador, la tesis del Octavo Tribunal Colegiado del Primer Circuito, publicada en la página 288, del Tomo XII, Noviembre 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Materia Civil, cuyo rubro dice: "AGRAVIOS. LA FALTA DE TRANSCRIPCIÓN DE LOS MISMOS EN LA SENTENCIA, NO CONSTITUYE VIOLACIÓN DE GARANTÍAS".

QUINTO. Estudio de fondo. Por cuestión de método se propone el estudio de los motivos de inconformidad formulados por MORENA, en el orden de la temática que fueron propuestos en el escrito recursal y, en el de ampliación de demanda.

1. Indebida fundamentación y motivación para la imposición de sanciones económicas por faltas formales.

El partido recurrente señala que respecto de doce faltas de carácter formal relativas a acciones y omisiones precisadas en las conclusiones 2, 12, 14, 15, 23, 24, 41,42, 43, 44, 45 y 46, la autoridad responsable impone una sanción económica infundada, ya que no representaron un beneficio económico, al tratarse de errores u omisiones contables que no implicaron una afectación a la rendición de cuentas o al debido manejo de los recursos públicos, máxime que no se actualizó la reincidencia y no se acreditó la afectación a los valores sustanciales tutelados por la Ley.

Sostiene que las faltas formales no cuentan con un monto que permita determinar el cálculo de la sanción, es decir, no existe certeza del beneficio económico que representó la omisión, por lo que la autoridad responsable determinó una sanción fija sin tomar en cuenta atenuantes, capacidad económica, lesión o daño, perjuicio o reincidencia, además de que omitió considerar la calificación de la falta, la entidad de la lesión, daño o perjuicio y la reincidencia.

Asimismo, manifiesta que la autoridad responsable no acredita que se transgredió:

a) Valor protegido o trascendencia de la norma.

b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido expuesto.

c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para ejecutarla.

d) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar.

e) La forma y grado de intervención del infractor en la comisión de la falta.

f) Su comportamiento posterior al ilícito administrativo cometido.

g) Las condiciones subjetivas del infractor siempre que sean relevantes.

h) Capacidad económica del infractor.

Por otra parte, expone que la responsable no debió imponer una sanción equivalente a 120 (ciento veinte) Unidades de Medida y Actualización vigente para el ejercicio dos mil diecisiete, por $9,058.80 (nueve mil cincuenta y ocho pesos 80/100 M.N.), ya que las faltas se calificaron de formales y, por ende, no representaron un indebido manejo de los recursos, por lo que no se acreditó una afectación a los valores sustanciales y, no se actualizó la reincidencia.

Asimismo, argumenta que la imposición de sanciones económicas por faltas formales de partidos políticos no reincidentes, es contrario al criterio establecido por la Sala Regional Xalapa en el diverso SX-RAP-24/2016.

Que la autoridad responsable emitió sin la debida fundamentación y motivación una resolución que establece sanciones desproporcionales y excesivas.

Contestación a los agravios

Esta Sala Superior estima que los agravios del apelante son infundados, porque las omisiones identificadas por el Consejo General responsable en las conclusiones señaladas, contrario a lo argumentado, implicaron la realización de sendas conductas que impidieron y obstaculizaron la correcta fiscalización del financiamiento de los partidos políticos, lo que derivó en la actualización de las siguientes faltas:

En la especie, en las conclusiones de mérito, el Consejo General determinó que se vulneraron, en cada caso, los artículos 39, numeral 6; 46; 54, numeral 1, inciso b); 151, numeral 1; 207, numeral 7; 210; 246, numeral 1, inciso l); 261, numeral 3; 261 Bis, numeral 1 y último párrafo; y 296, numeral 1; todos del Reglamento de Fiscalización, debido a la falta de claridad y suficiencia en las cuentas rendidas, así como de los documentos y formatos necesarios para garantizar la transparencia y precisión requeridas, entre otras, por lo que, si bien no hubo afectación a valores sustanciales, se puso en peligro el adecuado manejo de recursos del erario público.

Es importante destacar que no está sujeto a controversia la actualización de las conductas omisivas antes señaladas, sino la circunstancia de que, para el apelante, el despliegue de las mismas no afectó a la rendición de cuentas o algún valor sustancial, sin embargo, esta Sala Superior advierte de la resolución controvertida, que el Consejo General en ningún momento arribó a tal conclusión, sino por el contrario, destacó que al tratarse de faltas formales, no se actualizaba plenamente la afectación a valores sustanciales, pero sí la puesta en peligro a la rendición de cuentas con motivo de la falta de claridad y suficiencia de las mismas, así como en la documentación y formatos necesarios para garantizar la transparencia y precisión necesarias, cuestiones que es importante señalar, no se controvierten eficazmente.

Al respecto, se considera apegado a Derecho que el Consejo General haya considerado que el tipo de infracciones analizadas en las conclusiones sancionatorias, consistían en diversas omisiones del sujeto obligado de cumplir con normas que ordenan un debido registro contable, la entrega de información financiera, la presentación en tiempo de documentación soporte relacionada con diversos avisos de contratación, entre otras, de conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y acuerdos en la materia.

De igual forma, la autoridad responsable sí tomó en consideración para la calificación de las omisiones como "faltas formales", el hecho de que las omisiones sancionadas no se hayan traducido en un beneficio económico para el partido político apelante, al precisar que se trataba de diversas faltas que versaban sobre la omisión de cumplir con las normas de referencia, ya que solamente configuraban un riesgo o peligro de un solo bien jurídico, que era el adecuado control de recursos, sin que existiera una afectación directa.

Por lo que hace a la imposición de una multa como sanciones económicas frente a tales conductas, esta instancia jurisdiccional considera que la autoridad responsable sí fundó y motivó la decisión, puesto que al momento de individualizar la sanción, realizó un análisis pormenorizado de la calificación de las faltas, es decir, tomó en cuenta el tipo de infracción, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, la comisión intencional o culposa de la falta, la trascendencia de las normas transgredidas, los intereses o valores jurídicos tutelados por la norma, y la singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.

Derivado de dicho estudio, la responsable calificó a las faltas como leves, concluyó que el ente infractor no era reincidente, y razonó que las faltas impidieron que la autoridad electoral conociera con plena certeza el modo en que el ente utilizó diversos recursos y que con dicha conducta se pusiera en riesgo el bien jurídico tutelado que era el adecuado control de recursos, por lo que procedió a imponer las multas que estimo eran aplicables en cada caso.

De ahí que esta Sala Superior estime que la autoridad administrativa sí fundamentó y motivó, conforme a Derecho, la imposición de diversas sanciones económicas, con la finalidad de provocar un efecto disuasivo en el ente infractor.

Bajo este contexto, para este Tribunal la obligación de la autoridad consistente en fundar y motivar debidamente su actuación, en la cual, para el caso de sanciones, implica la exposición de los elementos objetivos y subjetivos tomados en cuenta para graduar la sanción, sin que exista algún imperativo previo de fijar un criterio de cuantificación como en el caso que se analiza.

Ahora bien, por lo que hace a la afirmación de que al haber considerado la falta como leve, la autoridad no debió imponer la sanción por el monto precisado, a este respecto, se considera que la multa impuesta es congruente con la calificación de la falta.

En efecto, de conformidad con lo señalado en el artículo 456, párrafo 1, inciso a), fracción II de la LGIPE, se podrán imponer a los partidos políticos multa de hasta diez mil Unidades de Medida y Actualización.

En el caso, la autoridad electoral impuso una multa consistente en 120 UMAS, es decir, la multa impuesta por la autoridad electoral se encuentra en el rango inferior más próximo a la sanción mínima que se puede fijar.

En este sentido, si bien al calificar una sanción como leve es posible imponer la sanción menor, consistente en una amonestación, dada la pluralidad de infracciones en que incurrió el partido político, la responsable estimó que esta no era suficiente para tener un efecto inhibidor sobre la conducta del partido político, por eso, impuso una sanción superior a la mínima, pero que no se encuentra fuera del rango o en desproporción con la calificación de la falta.

En relación con el agravio de que la imposición de sanciones por faltas formales de partidos políticos no reincidentes, es contrario al criterio establecido por la Sala Regional Xalapa en la sentencia dictada en el expediente SX-RAP-24/2016, es infundado dado que se está en presencia de procedimientos en materia de fiscalización diversos, por lo que no es posible homologar los contextos y situaciones fácticas que dieron origen a cada uno, para el efecto pretendido por el apelante.

Lo anterior es así, porque a pesar de que en ese medio de impugnación interpuesto ante la referida Sala Regional de este Tribunal  se haya llegado a la conclusión de que las faltas formales, calificadas como leves, no deben sancionarse con multa, ello no puede generar el criterio generalizado de que este tipo de faltas deban ser sancionadas necesariamente con amonestación pública, pues las sanciones se imponen atendiendo a las circunstancias que rodean cada infracción en particular, bajo arbitrio de la autoridad responsable, esto es, atendiendo a los aspectos intrínsecos de cada falta que deba ser sancionada, como la cantidad de faltas cometidas o la finalidad disuasiva o preventiva de la sanción, máxime que conforme al modelo constitucional y legal, el citado partido, al recibir financiamiento público y privado estaba obligado a informar y demostrar el origen y destino de los recursos, así como a sujetarse a las reglas y procedimientos establecidos para la fiscalización de los mismos, sin que en modo alguno ello pueda ser considerado como una atenuante de la sanción.

De ahí lo infundado de los agravios en estudio.

2. Omisión de reportar gastos e indebida individualización de la sanción.

2. 1. Omisión de reportar gastos en el Sistema Integral de Fiscalización.

Respecto de las conclusiones 7, 8, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, y 34, de las que derivan las infracciones que ameritan la imposición de sanciones que en conjunto suman $24,134,845.82 (veinticuatro millones ciento treinta y cuatro mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 82/100 M.N.), MORENA aduce la falta de valoración de la documentación presentada en los informes de gastos, así como de las correcciones presentadas a las observaciones de errores y omisiones, por lo que se imponen sanciones ilegales.

Conclusión 7. (El sujeto obligado omitió reportar gastos por propaganda utilitaria y gastos operativos valuados en $3,072,566.92 (tres millones setenta y dos mil quinientos sesenta y seis pesos 92/100 M.N.).

En el Dictamen Consolidado, la autoridad responsable determinó lo siguiente:

      El sujeto obligado presentó la agenda; de su revisión se observó que reportó eventos bajo el estatus de “oneroso” realizados y programados; sin embargo, omitió realizar el registro contable de los gastos por concepto del arrendamiento o uso o goce temporal de inmuebles o el pago de permisos para el uso de auditorios y plazas públicas, así como los demás gastos inherentes al desarrollo de los eventos, como se muestra en el Anexo 3 del presente oficio.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, mediante oficio núm. INE/UTF/DA-L/9874/17 notificado el 13 de junio de 2017, se hicieron de su conocimiento los errores y omisiones que se determinaron de la revisión de los registros realizados en el SIF.

Escrito de respuesta: núm. CEE/Finanzas/, de fecha 18 de junio de 2017, el sujeto obligado manifestó lo que a la letra se transcribe:

“Se le informa a la autoridad que anexo a esta contestación de errores y omisiones se adjunta archivo de Excel con título “ANEXO 3 PUNTO 4 MORENA”, en dicho archivo se encuentran las aclaraciones correspondientes.”

Toda vez que el sujeto obligado señaló en su respuesta que adjuntó el archivo de Excel con título “ANEXO 3 PUNTO 4 MORENA”, se verificó en el apartado de documentación adjunta al Informe de corrección, segundo periodo, carpeta “OTROS ADJUNTOS”, sin que se hubiese localizado el citado anexo, como se muestra a continuación:

No obstante lo anterior, esta autoridad electoral se dio a la tarea de analizar los conceptos de gastos identificados en los eventos y verificar si existían registros de gastos por los mismos conceptos y características de la propaganda, identificando lo que se detalla a continuación:

De la revisión al SIF, se localizaron las pólizas de ingresos núm. 1, 5, 8, 9, 11, 12, 64, 74, 75, 80, 100, 102, 105, 133, 169, 173, 184, 185, 190, 192, 196, 210, 244, 247, 248, 257, 259, 261, 262, 266, 270, 276, las pólizas de egresos núm. 4, 15, 23, 24, 26, 29 y las pólizas de diario núm. 3, 4, 5 y 45 en las que se identificaron gastos con las mismas características y conceptos que los observados, por lo que la observación quedó atendida respecto a este punto.

No obstante lo anterior, aun con el análisis realizado por la autoridad electoral derivado de las visitas de verificación se identificaron gastos por concepto de grupos musicales, banderines, camiones, botargas, renta de camionetas, camisas, chalecos, dron, enlonado, equipo de sonido, escenario, juego en línea, renta de inmuebles, lonas, mesas de estructura metálica, pancartas, plantas de luz, playeras, pendones, rotulación de vehículos, sillas, templetes y vallas metálicas los cuales se detallan en el Anexo EVE-1 (a su vez se adjuntan las actas de las visitas de verificación) que no fueron reportado por el sujeto obligado, por tal razón la observación no quedó atendida.

Derivado de lo anterior, la autoridad electoral procedió a cuantificar los egresos no reportados, los cuales de conformidad con lo dispuesto en los artículos 243, numeral 2 de la LGIPE, y 192 del RF, se acumulará a los gastos de campaña.

Determinación del costo

…

De los eventos reportados en la agenda del candidato bajo el estatus de “oneroso” y verificados por la autoridad electoral, el sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de propaganda utilitaria y gastos operativos como grupos musicales, banderines, camiones, botargas, renta de camionetas, camisas, chalecos, dron, enlonado, equipo de sonido, escenario, juego en línea, renta de inmuebles, lonas, mesas de estructura metálica, pancartas, plantas de luz, playeras, pendones, rotulación de vehículos, sillas, templetes y vallas metálicas, a favor del candidato, por un importe de $2,632,198.92; el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la LGPP y 127 del RF (Conclusión 7. MORENA/MEX).

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243, numeral 2, de la LGIPE y 192 del RF, el costo determinado se acumulará al tope de gastos de campaña.

7. MORENA/MEX. El sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de propaganda utilitaria y gastos operativos valuados en $2,632,198.92.

Tal situación incumple con lo establecido en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I, de la LGPP y 127, del RF.

El monto será acumulado para efectos del cálculo del tope de gastos de campaña de conformidad a los artículos 243, numeral 2, de la LGIPE y 192 del RF.

A su vez, en la resolución impugnada, se determinó lo siguiente:

Observaciones de Informes de campaña

Agendas de eventos

Segundo periodo

Conclusión 7

“7. MORENA/MEX. El sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de propaganda utilitaria y gastos operativos valuados en $2,632,198.92.”

En consecuencia, al omitir reportar gastos realizados por concepto de propaganda utilitaria y gastos operativos, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la presente Resolución y que se detalla en las observaciones de mérito, se hicieron del conocimiento del partido a través del oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de cada conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de cinco días, a partir del momento de la notificación, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara las irregularidades detectadas.

Consecuente con lo anterior los sujetos obligados no obstante que presentaron un escrito de respuesta al oficio de errores y omisiones, de su contenido no se advirtió presentara documentación o evidencia relativa a las observaciones en comento.

…

Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto involucrado $2,632,198.92 (dos millones seiscientos treinta y dos mil ciento noventa y ocho pesos 92/100 M.N.), cantidad que asciende a un total de $3,948,298.38 (tres millones novecientos cuarenta y ocho mil doscientos noventa y ocho pesos 38/100 M.N.).

…

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al partido político MORENA, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $3,948,298.38 (tres millones novecientos cuarenta y ocho mil doscientos noventa y ocho pesos 38/100 M.N.).

En primer lugar, es importante precisar que por la conclusión 7, relativa a que MORENA omitió reportar gastos por propaganda utilitaria y gastos operativos valuados en $2,632,198.92 (dos millones seiscientos treinta y dos mil ciento noventa y ocho 92/100 M.N), el Consejo General del Instituto Nacional Electoral le impuso el 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto involucrado, cantidad que asciende a $3,948,298.38 (tres millones novecientos cuarenta y ocho mil doscientos noventa y ocho pesos 38/100 M.N.).

MORENA sostiene que indebidamente la autoridad responsable le impuso una sanción equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto involucrado, que asciende a $4,608,850.38 (cuatro millones seiscientos ocho mil ochocientos cincuenta pesos 38/100 M.N), la cual carece de fundamento y, derivada de la deficiente actividad auditora de la autoridad fiscalizadora, toda vez que el gasto respectivo sí se encuentra registrado en el Sistema Integral de Fiscalización de forma oportuna en diversas fechas, tal como se advierte de la siguiente tabla.

Esta Sala Superior considera infundado el motivo de disenso, porque contrariamente a lo aducido por el partido político recurrente, no se advierte que la referida tabla haya sido presentada como un anexo, ante la autoridad fiscalizadora, para efecto de acreditar que, en su oportunidad realizó los registros de las erogaciones controvertidas por los conceptos respectivos, en el Sistema Integral de Fiscalización.

Al efecto, del Dictamen Consolidado, se advierte que la autoridad responsable requirió al partido político actor mediante oficio INE/UTF/DAL/9874/17, de trece de junio de dos mil diecisiete, el cual se le notificó el mismo día, relativo a los errores y omisiones advertidos de los registros realizados en el Sistema Integral de Fiscalización.

En esencia, la Unidad Técnica de Fiscalización determinó que de la revisión de la agenda, advirtió que MORENA reportó eventos bajo el estatus de "oneroso" realizados y programados; pero, omitió realizar el registro contable de los gastos por arrendamiento o uso o goce temporal de inmuebles o el pago de permisos para el uso de auditorios y plazas públicas, así como los demás gastos inherentes al desarrollo de los eventos, por lo que se le solicitó presentara en el Sistema Integral de Fiscalización, los registros y aclaraciones atinentes.

Al respecto, por escrito número CEE/Finanzas/. recibido el dieciocho de junio siguiente, en el Instituto Nacional Electoral, el partido dio contestación al citado oficio, manifestando lo siguiente:

“Se le informa a la autoridad que anexo a esta contestación de errores y omisiones se adjunta archivo de Excel con título “ANEXO 3 PUNTO 4 MORENA”, en dicho archivo se encuentran las aclaraciones correspondientes.”

Sin embargo, la autoridad fiscalizadora señaló que, el partido omitió presentar el referido Anexo; precisando que, en el Sistema Integral de Fiscalización, advirtió el registro de diversas pólizas, sin embargo, de las visitas de verificación se identificaron gastos que no fueron reportados por el sujeto obligado, por los siguientes conceptos: grupos musicales, banderines, camiones, botargas, renta de camionetas, camisas, chalecos, dron, enlonado, equipo de sonido, escenario, juego en línea, renta de inmuebles, lonas, mesas de estructura metálica, pancartas, plantas de luz, playeras, pendones, rotulación de vehículos, sillas, templetes y vallas metálicas.

Ello, en contravención de lo dispuesto en los numerales 1, inciso b), fracción I, de la Ley General de Partidos Político y 127, del Reglamento de Fiscalización, motivo por el cual la observación no quedó atendida.

En este tenor, la autoridad precisó que los referidos gastos no se registraron en el Sistema Integral de Fiscalización, en base al oficio de errores y omisiones del trece de junio de dos mil diecisiete, el escrito del partido recurrente, por el que dio respuesta al referido requerimiento y, de la consulta al indicado Sistema.

Ahora bien, en la especie, el impetrante se circunscribe a señalar que sí reportó dichos gastos en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) conforme a la tabla que adjunta para tal efecto, sin presentar pruebas, a efecto de acreditar sus manifestaciones, como pudiera ser el acuse de recibo que amparara la entrega del referido archivo de excel ante la autoridad responsable.

Siendo que, en la especie, el partido político recurrente se abstiene de controvertir lo sustentado por la autoridad fiscalizadora en el Dictamen Consolidado, en el sentido de que contrario a lo aducido por aquella, sí presentó el archivo en excel por virtud del cual formuló las aclaraciones correspondientes con motivo de las irregularidades advertidas en la fiscalización, al limitarse a señalar que sí realizó los registros atinentes.

Aunado a lo anterior, el apelante incumple con la carga de probar su afirmación, consistente en que sí informó ante la responsable las erogaciones atinentes a la sanción que ahora se revisa al haberlo incorporado al Sistema Integral de Fiscalización.

Lo anterior, toda vez que se limita a señalar que la documentación comprobatoria se registró en el referido sistema de contabilidad en línea, pero sin sustentar tal afirmación, con algún medio de convicción particular.

Esto es, lo aducido por el impetrante, debe estar respaldado en documentos idóneos y eficaces para acreditar que, en el caso, no existió la supuesta omisión al registrar los gastos en el Sistema Integral de Fiscalización.

Similar criterio se sostuvo en las sentencias dictadas en los expedientes: SUP-RAP-475/2015, SUP-RAP-498/2015, SUP-RAP-70/2016, SUP-RAP-366/2016, SUP-RAP-8/2017 y. SUP-RAP-475/2017.

Esto es, de la lectura del Dictamen se advierte que la autoridad le requirió que presentara la documentación comprobatoria de los gastos no reportados.

En ese sentido, el partido debió señalar en su respuesta al oficio de errores y omisiones que la documentación soporte se encontraba en el reporte de las pólizas correspondientes, ya que existe una obligación por parte del partido político consistente en identificar de manera precisa lo reportado en el SIF y, en ese sentido, lo solicitado por la autoridad fiscalizadora, circunstancia que no aconteció ya que MORENA, en su repuesta al oficio de errores y omisiones, no realizó aclaración alguna.

Así las cosas, no es admisible que, ante esta instancia jurisdiccional, MORENA alegue la falta de exhaustividad por parte de la autoridad responsable, al estimar que el INE no verificó correctamente que sí se encontraba registrados los reportes de gastos.

Esto es así, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 293 del Reglamento de Fiscalización[1] los partidos políticos tienen la obligación de detallar de manera pormenorizada las respuestas a los oficios de errores y omisiones por lo que deben identificar los movimientos realizados, las pólizas y documentos involucrados, así como cualquier otro dato que permita a la autoridad valorar adecuadamente la información presentada.

Lo anterior significa que como entidades de interés público y por tener derecho a recibir financiamiento público, tienen la obligación ante la autoridad fiscalizadora, de transparentar y dar certeza de los gastos que realizan, es decir, constituye una obligación que en la presentación de sus informes y en la contestación de los oficios de errores y omisiones detallen de manera pormenorizada, clara y precisa sus ingresos y egresos a efecto de que la autoridad esté en posibilidades de cotejar -en los tiempos reducidos del procedimiento de informes- lo informado.

Lo contrario llevaría al absurdo de imponer a la autoridad fiscalizadora la carga de probar que los partidos se adecuaron a las disposiciones legales y reglamentarias en materia de fiscalización.

En ese orden de ideas, el MORENA debió aclarar en su respuesta al oficio de errores y omisiones que los gastos, presuntamente no reportados, que le fueron requeridos sí se encontraban reportados en el SIF para lo cual debió vincular o relacionar los testigos que le fueron proporcionados en el oficio de errores y omisiones con la documentación contable y las muestras que el MORENA reportó en el SIF, tal y como la hace ante esta instancia, de manera que la autoridad fiscalizadora estuviera en posibilidad de fiscalizar y comprobar los gastos que presuntamente no reportó el MORENA.

Adicionalmente, cabe precisar que, no resulta jurídicamente admisible que esta Sala Superior analice de forma directa si se realizaron los registros atinentes, porque ello corresponde efectuarlo, en un primer momento, a la autoridad fiscalizadora y, de inconformarse con la decisión adoptada, entonces sí se debe revisar la legalidad de la resolución y del Dictamen Consolidado que se emitan, pero para ello es necesario que la autoridad administrativa electoral nacional realice sus actividades de fiscalización, en función de las respuestas dadas por los sujetos obligados.

Conclusión 8. El sujeto obligado omitió reportar gastos por renta de un salón de eventos valuado en $115,073.16 (ciento quince mil setenta y tres pesos 16/100 M.N.).

Respecto de la conclusión 8, la autoridad responsable impuso a MORENA una sanción equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento), sobre el monto involucrado), esto es, por $172,609.74 (ciento setenta y dos mil seiscientos nueve pesos 74/100 M.N.), la cual resulta ilegal, porque en su concepto, se infringió el principio de exhaustividad.

La autoridad responsable observó la aportación en especie de los bienes inmuebles de los eventos, remitiendo al anexo 5 del oficio número INE/UTF/DA-L/9874/17, que contiene los siguientes apartados: gastos identificados; gastos reportados; y, gastos no reportados.

En su oportunidad, MORENA presentó el citado Anexo, al cual se le añadió una columna con la respuesta del gasto no reportado, sin embargo, en el anexo respecto de un mismo evento, se indican dos gastos diversos, en ninguno se identifica como gasto no reportado el bien inmueble donde se realizó el evento, aunado a que, en la agenda, el evento reportado fue de naturaleza NO ONEROSO.

De ahí que, la autoridad responsable debió solicitar documentación que le generara la convicción de que el evento era de tal carácter, lo cual no aconteció, en cambio, cuando emitió el oficio de errores y omisiones ya había determinado que la citada reunión constituía una aportación en especie, lo que denota vulneración a la garantía de audiencia, puesto que la documentación requerida era tendente a aceptar que el uso del inmueble para la reunión privada era una aportación en especie.

En el Dictamen Consolidado, la autoridad fiscalizadora determinó lo siguiente:

      El sujeto obligado presentó la agenda; de su revisión se observó que reportó eventos bajo el estatus de “no onerosos” realizados y programados; sin embargo, fueron realizados en inmuebles privados o propiedad del partido, lo cual constituye una aportación en especie, como se muestra en el Anexo 5 del presente oficio.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, mediante oficio núm. INE/UTF/DA-L/9874/17 notificado el 13 de junio de 2017, se hicieron de su conocimiento los errores y omisiones que se determinaron de la revisión de los registros realizados en el SIF.

Escrito de respuesta: núm. CEE/Finanzas/, de fecha 18 de junio de 2017, el sujeto obligado manifestó lo que a la letra se transcribe:

“Se le informa a la autoridad que anexo a esta contestación de errores y omisiones se adjunta archivo de Excel con título “ANEXO 5 PUNTO 6 MORENA”, en dicho archivo se encuentran las aclaraciones correspondientes.”

De la revisión al SIF, se constató que el sujeto obligado, mediante las pólizas de ingresos núm. 132 y 185 registró el gasto de propaganda consistente en playeras y una lona del evento con número identificador 00139, por lo que la observación quedó atendida en cuanto a este punto.

No obstante lo anterior, se identificó que el evento con identificador 00139, “Reunión con integrantes de la Cámara Nacional de Vivienda” realizado el 15 de mayo de 2017 se efectuó en el Crowne Plaza Lancaster; sin embargo, omitió reportar el gasto por la renta, por tal motivo, la observación no quedó atendida.

Derivado de lo anterior, esta UTF procedió a cuantificar los egresos no reportados, como sigue:

Determinación del costo

…

Al omitir reportar el gasto por la renta del hotel Crowne Plaza Lancaster cuantificado en un monto de $115,073.16, el sujeto obligado incumplió con los artículos 249, numeral 1 y 244, numeral 2, de la LGIPE (Conclusión 8. MORENA/MEX)

De conformidad a los artículos 243, numeral 2 de la LGIPE y 192 del RF, el costo determinado se acumulará a los gastos de campaña.

8. MORENA/MEX. El sujeto obligado omitió reportar los gastos por concepto de renta de un salón de eventos valuado en $115,073.16.

Tal situación incumple con lo establecido en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I, de la LGPP y 127, del RF.

De conformidad a los artículos 243, numeral 2 de la LGIPE y 192 del RF, el costo determinado se acumulará a los gastos de campaña.

En la resolución impugnada, la autoridad responsable determinó lo siguiente:

Observaciones de Informes de campaña

Agendas de eventos

Segundo periodo

Conclusión 8

“8. MORENA/MEX. El sujeto obligado omitió reportar los gastos por concepto de renta de un salón de eventos valuado en $115,073.16.”

En consecuencia, al omitir reportar gastos realizados por concepto de renta de salón de eventos, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.

Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto involucrado $115,073.16 (ciento quince mil setenta y tres pesos 16/100 M.N.), cantidad que asciende a un total de 172,609.74 (ciento setenta y dos mil seiscientos nueve pesos 74/100 M.N.).

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al partido político MORENA, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de 172,609.74 (ciento setenta y dos mil seiscientos nueve pesos 74/100 M.N.).

Esta Sala Superior considera infundado el motivo de inconformidad, porque el partido político recurrente parte de una premisa equivocada, al suponer que correspondía a la autoridad responsable solicitar documentación que le generara la convicción de que la “Reunión con los integrantes de la Cámara Nacional de Vivienda”, cuyo evento se realizó en el Hotel Crowne Plaza Lancaster, no fue de carácter oneroso, cuando lo cierto es que, en términos del oficio de errores y omisiones emitido por la Unidad Técnica de Fiscalización, MORENA debió presentar la documentación necesaria y las aclaraciones respectivas, para efecto de desvirtuar la posible actualización de la conducta infractora.

Al efecto, en el oficio INE/UTF/DA-L/9874/17, de errores y omisiones notificado por la Unidad Técnica de Fiscalización a MORENA, el trece de junio de dos mil diecisiete, se determinó lo siguiente:

6. El sujeto obligado presentó la agenda; de su revisión se observó que reportó eventos bajo el estatus de "no onerosos" realizados y programados; sin embargo, fueron realizados en inmuebles privados o propiedad del partido, lo cual constituye una aportación en especie, como se muestra en el Anexo 5 del presente oficio.

Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente:

En caso de que los gastos hayan sido realizados por el sujeto obligado:

- El o los comprobantes que amparen los gastos efectuados con todos los requisitos establecidos por la normativa.

- Las evidencias de los pagos y, en caso de que éstos hubiesen excedido lo equivalente a 90 UMA, las copias de los cheques correspondientes con la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario" o de las transferencias bancarias.

- El o los contratos de arrendamiento, compraventa de bienes y/o prestación de servicios, debidamente requisitados y firmados.

- El o los avisos de contratación respectivos.

- Los permisos por el uso de espacios o inmuebles de uso público, así como en su caso el pago de derechos correspondiente.

En caso de que correspondan a aportaciones en especie:

- El o los recibos de aportación con la totalidad de requisitos establecidos por la normativa.

- El o los contratos de donación o comodato debidamente requisitados y firmados.

- El control de folios que establece el RF, en donde se identifiquen los recibos utilizados, cancelados y pendientes de utilizar.

- Dos cotizaciones de proveedores o prestadores de servicios por cada aportación realizada.

- Evidencia de la credencial para votar de los aportantes.

- Los recibos internos por concepto de la transferencia en especie.

En todos los casos:

- El registro del ingreso y gasto en su contabilidad.

- El informe de campaña con las correcciones respectivas.

- Número de personas que asistieron a cada uno de los eventos y evidencias fotográficas de la propaganda observada.

- El tipo y cantidad de la propaganda distribuida durante cada uno de los eventos.

- Las aclaraciones que a su derecho convengan.

MORENA en la contestación de errores y omisiones, manifestó que adjuntó un archivo Excel con el título “ANEXO 5 PUNTO 6 MORENA”, en el cual se encontraban las aclaraciones correspondientes.

Ahora bien, la autoridad fiscalizadora determinó que, de la revisión al Sistema Integral de Fiscalización, se constató que el sujeto obligado, mediante las pólizas de ingresos núm. 132 y 185 registró el gasto de propaganda consistente en playeras y una lona del evento con número identificador 00139, por lo que la observación quedó atendida en cuanto a tal punto.

Sin embargo, el evento con identificador 00139, “Reunión con integrantes de la Cámara Nacional de Vivienda” se realizó el quince de mayo de dos mil diecisiete en el Crowne Plaza Lancaster, pero omitió reportar el gasto por la renta, motivo por el cual la observación no quedó atendida.

Ahora bien, es necesario tener presente que el nuevo modelo de fiscalización establece, por un lado, que son los partidos políticos, los sujetos obligados a rendir, entre otros, los informes de gastos de campaña, con la finalidad de hacer del conocimiento de la autoridad fiscalizadora, el destino del financiamiento público recibido para sus actividades de campaña electoral.

Mientras que la fiscalización, vigilancia y control del origen, uso y destino de los recursos empleados por los partidos políticos y candidatos, se encuentra a cargo de la Unidad Técnica de Fiscalización[2] del INE, la cual debe realizarse de forma oportuna, durante el desarrollo de la propia campaña electoral.

En ese sentido, la Ley General de Partidos Políticos, en lo concerniente a la fiscalización de los recursos partidistas dispone:

“Artículo 25.

1. Son obligaciones de los partidos políticos:

(…)

k) Permitir la práctica de auditorías y verificaciones por los órganos del Instituto facultados para ello, o de los Organismos Públicos Locales cuando se deleguen en éstos las facultades de fiscalización previstas en el artículo 41 de la Constitución para el Instituto, así como entregar la documentación que dichos órganos les requieran respecto a sus ingresos y egresos;

(…)

n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados;

(…)

s) Elaborar y entregar los informes de origen y uso de recursos a que se refiere la presente Ley;

(…)

DEL RÉGIMEN FINANCIERO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

CAPÍTULO I

Del Sistema de Contabilidad de los Partidos Políticos

Artículo 59.

1. Cada partido político será responsable de su contabilidad y de la operación del sistema de contabilidad, así como del cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley y las decisiones que en la materia emita el Consejo General del Instituto y la Comisión de Fiscalización.

Artículo 79.

1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes:

[…]

b) Informes de Campaña:

I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;

II. El candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren en el inciso anterior, y

III. Los partidos políticos presentarán informes de ingresos y gastos por periodos de treinta días contados a partir de que dé inicio la etapa de campaña, los cuales deberán entregar a la Unidad Técnica dentro de los siguientes tres días concluido cada periodo.”

De las normas transcritas se obtiene, medularmente, que corresponderá al ámbito de responsabilidad de los partidos políticos, elaborar y entregar los informes sobre el origen y uso de recursos a que se refiere la ley; así como presentar informes de campaña para cada una de las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente, por periodos de treinta días contados a partir de que dé inicio la etapa de campaña.

Dichos informes deberán entregarse a la UTF dentro de los siguientes tres días de concluido cada periodo.

Una vez presentados los informes, la UTF revisará y auditará simultáneamente al desarrollo de la campaña y contará con diez días para revisar los informes de campaña de los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes[3].

Si durante la revisión de los informes de campaña la UTF advierte la existencia de errores u omisiones técnicas, lo notificará al sujeto obligado que hubiera incurrido en ellos, para que en un plazo de cinco días contados a partir del día siguiente a dicha notificación, presenten la documentación solicitada así como las aclaraciones o rectificaciones que estimen pertinentes[4].

A través de lo expuesto, puede apreciarse que dentro del procedimiento para la revisión de informes por parte de la autoridad fiscalizadora, los partidos políticos, así como candidatas y candidatos cuentan con garantía de audiencia, a través de la notificación que se realiza del oficio de errores u omisiones, y de que es en dicho momento en el que pueden presentar las aclaraciones y rectificaciones que estimen pertinentes en torno a los informes de campaña e, incluso, aportar pruebas.

Es decir, a través del oficio de errores y omisiones, al que hace referencia el artículo 291, párrafo 3, del Reglamento de Fiscalización, se prevé la posibilidad de que ante un error u omisión advertida por la UTF, dentro del ejercicio de sus facultades de revisión de informes, éstas serán dadas a conocer al sujeto obligado a fin de que esté en posibilidad de refutar lo detectado por dicha Unidad, mediante la formulación de las aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes, e incluso con la aportación de las pruebas respectivas.

Por tanto, si la garantía de audiencia se ha definido por parte de la Suprema Corte de Justicia como la posibilidad de aportar las constancias con las que se demuestre el correcto cumplimiento de las obligaciones, es evidente que, si dentro del procedimiento de revisión, se prevé un plazo de cinco días para que los partidos, así como candidatas y candidatos presenten las aclaraciones o rectificaciones que estimen conducentes, respecto de los errores y omisiones detectados por la autoridad en la revisión de sus informes, ello implica que tal procedimiento, en concordancia con la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, otorga a los interesados un plazo a efecto de que sean escuchados en su defensa, aportando las constancias mediante las cuales demuestren el correcto cumplimiento de sus obligaciones.

Debe tomarse en cuenta que la garantía constitucional de audiencia busca el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento, es decir, las etapas o trámites que garantizan una adecuada defensa; por tanto, tal prerrogativa constitucional se satisface en la medida que se permite al interesado ofrecer pruebas –dentro de la etapa y plazo establecido en la normatividad aplicable–, evitando así dejarlo en estado de indefensión.

Así pues, la salvaguarda del derecho a la garantía de audiencia, se satisface en la medida que, dentro de un determinado plazo, se otorga al interesado la posibilidad de ser oído y alegar en su defensa.

En esa línea argumentativa puede colegirse, que la garantía de audiencia, en el caso, se preserva dentro del procedimiento de revisión incoado por la UTF, al otorgarse un plazo de cinco días para que los partidos, así como candidatas y candidatos, presenten las aclaraciones o rectificaciones que estimen pertinentes respecto de los errores y omisiones detectados por la autoridad en la revisión de sus informes.

Precisado lo anterior, esta Sala Superior considera que contrariamente a lo aducido por el partido político recurrente, no se advierte vulneración al derecho de audiencia, en tanto que estuvo en aptitud de presentar la documentación correspondiente y hacer las aclaraciones necesarias, a efecto de demostrar que, en su caso, el uso del Salón Crown Plaza Lancaster no implicó una aportación en especie.

No pasa desapercibido que, en el oficio de errores y omisiones, la Unidad Técnica de Fiscalización refirió que varios eventos fueron realizados en inmuebles privados o propiedad del partido lo cual constituía una aportación en especie, sin embargo tal afirmación preliminar no puede tener la trascendencia pretendida por el partido político recurrente, en tanto que para arribar a tal concusión era necesario notificarle las inconsistencias advertidas a MORENA, que el partido político diera la respuesta atinente y, que la autoridad fiscalizadora se pronunciara en torno a si se actualizaba la infracción, consistente en aportaciones en especie.

En consecuencia, esta Sala Superior considera que no se actualiza la vulneración al derecho de audiencia del partido político recurrente, porque se le concedió la oportunidad de presentar documentación y hacer las aclaraciones pertinentes en el Sistema Integral de Fiscalización, por lo que correspondía a este último aportar los medios de convicción necesarios para desvirtuar la conducta materia de observación y, no así que la autoridad responsable le solicitara documentación particular.

Aunado a que, la documentación objeto de requerimiento a MORENA, mediante el oficio de errores y omisiones, no tuvo como finalidad el hecho incuestionable de que el uso del inmueble para la reunión privada era una aportación en especie, puesto que el partido político recurrente estuvo en aptitud de presentar tanto la documentación como las aclaraciones necesarias, para evidenciar que el uso del referido inmueble no implicó una aportación en especie a la campaña.

De ahí que, se desestima el motivo de inconformidad, bajo estudio.

Conclusión 26 (El sujeto obligado omitió reportar gastos por propaganda utilitaria y gastos operativos valuadas en $267,331.30).

Respecto de la conclusión 26, la autoridad responsable impuso a MORENA una sanción equivalente al 150% ciento cincuenta por ciento del monto involucrado, esto es, por $400,996.95 (cuatrocientos mil novecientos noventa y seis pesos 95/100 M.N.).

La conclusión consta de bocinas, carpas, playeras y renta de mesas, resultado de los recorridos en avenidas y plazas públicas, que a decir de la responsable no fueron subsanadas en la contestación al oficio INE/UTF/DA-L/9874/17, sin embargo, resulta indispensable analizar que los costos determinados no cumplen con los requisitos previstos en el artículo 27, apartado 1, inciso e), del Reglamento de Fiscalización.

Al efecto, del concepto Carpas se impugna el valor razonable del gasto no reportado, ya que conforme a las Actas 26_5_17_Cuautitlán y 20_5_17_ECATEPEC, se trata de dos carpas de tamaños 2x2 y 3x3, pero en la matriz de precios se refiere que corresponde a una carpa de 1,000 m2, con lo cual no se atiende al valor razonable del gasto no reportado.

Del concepto Bocinas, la responsable determina como gasto no reportado con un costo de $92,800.00 (noventa y dos mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) y, toma como valor más alto en la matriz de precios una factura que comprende los siguientes tópicos: “RENTA DE AUDIO DOBLE; 8 BOCINAS LINEALES, 0.30 X 1 MTS, 3 BOCINA DE O.80 X 0.40, 1 MICROFONO ALÁMBRICO, MICRÓFONO INALÁMBRICO, MEZCLADOR 32 CANALES MARCA YAMAHA, 1 LAPTOP, 8 BAFLES DE MEDIOS CON BOCINA DE 12, UNIDAD DE AGUDOS DE SISTEMA LINEAL, 8 BAFLES GRAVES, ACTIVOS CON BOCINAS DE 15 CADA UNA SISTEMA LINEAL”, cuando en realidad conforme a las fotografías que adjunta se trató de un par de bocinas.

Por lo que hace al apartado de Playeras, en el oficio INE/UTF/DA-L/9874/17, la autoridad responsable determinó que, de la evidencia obtenida de los recorridos en avenidas y plazas públicas, se observaron gastos que omitió reportar en el informe de campaña.

Al efecto, MORENA indicó las facturas correspondientes a las camisas observadas, sin embargo, la autoridad responsable determinó que no fue subsanado el punto y, por ende, determinó el gasto como no reportado, determinando el valor de cada playera en $43.85 (cuarenta y tres pesos 85/100 M.N.), por lo que es necesario determinar cuál de las facturas presentadas no subsanó la observación de la autoridad responsable.

En el Dictamen Consolidado, se determinó lo siguiente:

Recorridos en avenidas y plazas públicas

      De la evidencia obtenida en los recorridos en avenidas y plazas públicas, se observaron gastos que omitió reportar en el informe de campaña, como se muestra en el Anexo 8 del presente oficio.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, mediante oficio núm. INE/UTF/DA-L/9874/17 notificado el 13 de junio de 2017, se hicieron de su conocimiento los errores y omisiones que se determinaron de la revisión de los registros realizados en el SIF.

Escrito de respuesta: núm. CEE/Finanzas/, de fecha 18 de junio de 2017, el sujeto obligado manifestó lo que a la letra se transcribe:

“Se adjunta al presente un formato de Excel con título “Anexo 8 punto 21 MORENA” donde se precisa a detalle las pólizas que contienen los gastos observados.”

Del análisis a la respuesta presentada por el partido político, se identificaron las pólizas de diario núm. 35, de egresos núm. 15 y de ingresos núm. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 75, 76, 81, 124, 126, 129, 185, 186, 187, 188, 237 y 243, en las cuales se observó el registró de los gastos operativos y de propaganda de brigadistas, microperforado, etiquetas, perifoneo, chalecos, playeras y equipo de sonido observados, por tal razón la observación quedó atendida en cuanto a este punto.

Sin embargo, el sujeto obligado omitió reportar el gasto por los conceptos siguientes:

Nota: Las actas y constancias de recorridos se encuentran en el Anexo EVE-3

En consecuencia, al no reportar los gastos señalados en el cuadro anterior, la observación no quedó atendida.

Derivado de lo anterior, esta UTF procedió a cuantificar los egresos no reportados, los cuales de conformidad con lo dispuesto en los artículos 243, numeral 2 de la LGIPE, y 192 del RF, se acumulará a los gastos de campaña.

Determinación del costo

…

Al omitir reportar gastos por concepto de propaganda utilitaria y gastos operativos como bocinas, carpas, playeras y mesas, a favor del candidato, por un importe de $56,675.30; el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la LGPP y 127 del RF. (Conclusión 26. MORENA/MEX).

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243, numeral 2, fracción I, de la LGIPE y 192, del RF, el costo determinado se acumulará al tope de gastos de campaña.

Recorridos en avenidas y plazas públicas

Segundo periodo

26. MORENA/MEX. El sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de propaganda utilitaria y gastos operativos valuadas en $56,675.30.

Tal situación incumple con lo establecido en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la LGPP y 127 del RF.

El monto será acumulado para efectos del cálculo del tope de gastos de campaña de conformidad a los artículos 243, numeral 2, fracción I de la LGIPE y 192 del RF.

En la resolución impugnada, la autoridad responsable consideró lo siguiente:

Visitas de verificación

Recorridos en avenidas y plazas públicas

Conclusión 26

“26. MORENA/MEX. El sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de propaganda utilitaria y gastos operativos valuadas en $56,675.30.”

En consecuencia, al omitir reportar gastos realizados por concepto de propaganda utilitaria y gastos operativos, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.

Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto involucrado $56,675.30 (cincuenta y seis mil seiscientos setenta y cinco pesos 30/100 M.N.), cantidad que asciende a un total de $85,012.95 (ochenta y cinco mil doce pesos 95/100 M.N.).

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al partido político MORENA, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $85,012.95 (ochenta y cinco mil doce pesos 95/100 M.N.).

Esta Sala Superior considera inoperantes los motivos de disenso formulados por MORENA, en tanto que no están medularmente dirigidos a controvertir que la autoridad responsable actuó en forma indebida, al no considerar que los gastos correspondientes a los artículos y conceptos que precisa sí fueron registrados en el Sistema Integral de Fiscalización, sino a cuestionar el hecho de que los costos determinados mediante la matriz de precios resultan ilegales.

Aunado a que, si bien el partido político recurrente sostiene que el gasto relativo a las playeras sí fue reportado en el Sistema Integral de Fiscalización lo cual pretende sustentar en base a facturas, lo cierto es que no precisa alguna póliza en particular que permita a esta Sala Superior, determinar mediante la consulta al referido Sistema si la erogación en comento fue o no objeto de reporte.

De ahí que, contrariamente a lo aducido por el partido político recurrente, correspondía al mismo precisar a la Unidad Técnica de Fiscalización mediante las pólizas y facturas correspondientes que el gasto por la adquisición de playeras sí había sido reportado al Sistema Integral de Fiscalización y, no que la autoridad responsable le precisara las facturas que presentaron inconsistencias para acreditar la indicada erogación.

Asimismo, se debe precisar que en el apartado se analizará el planteamiento del partido político recurrente, relativo a la presunta ilegalidad de la matriz de precios.

Conclusión 27. “MORENA/MEX. El sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de propaganda utilitaria y gastos operativos valuadas en $1,501,082.44.”

El partido político recurrente hace valer como agravio, que la autoridad responsable no valoró la documentación presentada en los respectivos informes de gastos, así como las correcciones presentadas a las observaciones de errores y omisiones, violando así los principios de legalidad, seguridad jurídica y los principios que rigen la fiscalización, concluyendo, en forma indebida, la autoridad administrativa, lo siguiente:

“27. MORENA/MEX. El sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de propaganda utilitaria y gastos operativos valuadas en $ 6,813,905.64.”

Asimismo, MORENA señaló que contrario a lo que señala la autoridad fiscalizadora, sí se llevó a cabo el reporte de los siguientes objetos:

Ahora bien, cabe destacar que del Dictamen Consolidado se desprende, que el Presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, ordenó practicar visitas de verificación a eventos desarrollados durante el periodo de campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el Estado de México por MORENA, con el objetivo de identificar la existencia de eventos públicos que debían ser reportados en los informes correspondientes. Determinando lo siguiente:

“ Primer periodo

De la evidencia obtenida en las visitas de verificación a los eventos se observaron gastos no reportados en el informe de campaña, los cuales se identifican con (A) en la columna “Referencia” en el Anexo 4.”

En consecuencia, se dio vista a MORENA con el fin de salvaguardar su garantía de audiencia, mediante oficio INE/UTF/DA-L/7474/17 notificado el quince de mayo de dos mil diecisiete, por el cual se hicieron de su conocimiento los errores y omisiones que se determinaron de la revisión de los registros realizados en el SIF.

En atención al requerimiento anterior, mediante escrito con la clave CEE/Finanzas/016/2017, de fecha veinte de mayo del año en curso, el sujeto obligado manifestó lo siguiente:

“Con relación a este punto se anexa un archivo formato Excel de título "MORENA A INE ANEXO 4, 6 y 7"; en la pestaña de "ANEXO 4" se encuentra debidamente relacionado lo que esa autoridad observa.

MORENA, considera que esa autoridad falta al deber de legalidad, certeza, exhaustividad, imparcialidad y objetividad en la fiscalización de los recursos públicos, lo anterior en virtud de que la exhaustividad no sólo es atender de forma absoluta la comprobación de los gastos sino también es una obligación de la autoridad verificar antes de emitir el presente oficio lo que efectivamente se encuentra reportado, como ocurren en la especie.

En el caso concreto, MORENA HA CUIDADO ESTRICTAMENTE EL INGRESO Y GASTO del recurso público, cumpliendo con todas y cada una de las obligaciones a las que se encuentra constreñido, sin embargo, la autoridad no obstante tener toda la información del gasto efectuado, realiza una doble fiscalización del recurso. al grado tal de entorpecer la efectividad de la comprobación, incluso se percibe un acoso fiscal de las absurdas observaciones que ha realizado y que en el momento procesal oportuno expondremos para salvaguardar los derechos políticos electorales de toda la militancia de MORENA.”

Posteriormente, la autoridad administrativa electoral concluyó lo siguiente:

“Del análisis a la respuesta del sujeto obligado se identificaron en el SIF las pólizas de ingresos núm. 1, 2, 3, 4, 7, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 35, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 65, 74, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 102, 105, 122, 123, 125, 130, 136, 137, 141, 144, 145, 182, 246, 276 de periodo normal, pólizas de ingresos núm. 3 y 12 del periodo de corrección; pólizas de diario núm. 1, 3 y 4 del periodo de corrección; póliza de diario 3, normal y póliza de egresos núm. 27 de periodo normal en las cuales se identificó el registró de servicio de actores, la renta de alfombra, amplificadores, apoyo de logística, planta de luz, templete, volantes, bocinas, sillas, camionetas, proyector, tarimas, cámaras de video, carpas, bafles, periódicos “regeneración”, lonas, playeras, calcomanías, pulseras, entre otros, por lo que la observación quedó atendida en cuanto a este punto.”

Sin embargo, la autoridad administrativa electoral concluyó que MORENA omitió registrar el reporte de gastos respecto de banderas, camisas, chaleco, equipo de audio, globo Zeppelin, gorras, grupo musical, lona (metro), metros de valla metálica tipo heavy, perifoneo, playeras, pódium, renta de cabina, renta de camión, renta de lona, renta de mesas, renta de planta de luz, renta de proyector, renta de sillas plásticas, renta de templete, rotulación, staff de apoyo logístico, vinilonas que se señalan en el Anexo EVE-2; y por tal motivo, la observación no quedó atendida.

En tal virtud, en la resolución controvertida, se consideró, lo siguiente:

“27. MORENA/MEX. El sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de propaganda utilitaria y gastos operativos valuadas en $1,501,082.44.”

Ahora bien, debido a que el partido político recurrente al desahogar el oficio de errores y omisiones adjunto el ANEXO 4, en el que hizo las aclaraciones pertinentes, determinando la autoridad fiscalizadora que respecto de ciertos conceptos sí quedaron atendidas las inconsistencias, mientras que en otros casos no fue así, es que se considera necesario analizar en el Sistema Integral de Fiscalización si se hicieron o no los registros correspondientes, en términos de los datos contenidos en la tabla que adjunta para tal efecto, en la cual se precisan diversos datos del registro atinente.

Al efecto, de la revisión efectuada por esta Sala Superior al Sistema Integral de Fiscalización “SIF”, se advirtieron los siguientes datos:

De la consulta realizada al “SIF”, se desprende que no fueron reportados por MORENA los gastos relativos a banderines, gorras, metros de varilla metálica tipo heavy, pódium, renta de cabina, renta de lona, renta de mesas, renta de planta de luz, renta de proyectos, renta de sillas plásticas, renta de templete, rotulación, Staff de apoyo logístico.

Pues, de los objetos que refiere sí fueron reportados no coinciden con el concepto que aparece en las pólizas del “SIF” que el mismo señala, ya que de los datos precisados con anterioridad se advierte la discordancia entre lo supuestamente reportado con los documentos que obran en el Sistema de Fiscalización.

Por otra parte, las vinilonas si coinciden con el concepto reportado mas no con el monto económico, pues según la autoridad administrativa electoral debió reportarse la cantidad de $983.68 (novecientos ochenta y tres pesos, 68/100 M.N.).

Tal y como se muestra a continuación:

Sin embargo, de las pólizas con números 26 y 33, por las que el recurrente refiere se justifica dicho gasto, se desprende que el cargo por adquirir dichos objetos fue de $4,874,320.00 (cuatro millones, ochocientos setenta y cuatro mil, trescientos veinte pesos. 00/100 M.N.) y $2,995.24 (dos mil, novecientos noventa y cinco pesos 24/100 M.N.).

Monto, que excede por mucho lo estimado por la autoridad administrativa electoral que debió ser registrado por concepto de vinilonas.

En ese sentido, se tiene que es infundado el agravio relativo a que el INE omitió valorar los documentos con los cuales MORENA justificó los montos reportados de banderines, gorras, metros de varilla metálica tipo heavy, pódium, renta de cabina, renta de lona, renta de mesas, renta de planta de luz, renta de proyectos, renta de sillas plásticas, renta de templete, rotulación, Staff de apoyo logístico.

Por otra parte, es fundado el argumento del accionante respecto a las vinilonas, ya que efectivamente no se tomaron en consideración al momento de fiscalizar estos gastos, pues de la revisión del “SIF” fueron encontradas las mismas en las pólizas de números 26 y 33.

En consecuencia, se revoca, en la parte conducente, la conclusión 27, para el efecto de que, la autoridad responsable, proceda a verificar por lo que hace a las vinilonas, en qué casos se realizaron los registros a partir de las pólizas y facturas atinentes, respecto de una o varias referencias y, proceda a individualizar de nuevo la sanción.

Banderas

Siguiendo con la conclusión 27, el recurrente señala que respecto de las banderas, la autoridad responsable no fue exhaustiva, señalando que el gasto sí fue reportado en las pólizas PI-14 Periodo 2 factura 162 y PI 86 factura 189, mismas que se encuentran en el “SIF”.

Además, refiere que de la actividad fiscalizadora se desprende que el precio unitario de los banderines correspondió a $26.99 (veintiséis pesos 99/100 M.N.), y en el dictamen consolidado se planteó un costo unitario de $4640.00 (cuatro mil seiscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), dando así una diferencia sustancial de $5,305,341.00 (cinco millones, trescientos cinco mil, trescientos cuarenta y un pesos 00/100 M.N.).

Ahora bien, del análisis del “SIF” con los datos aportados por el recurrente no se pudieron encontrar adjuntas a las pólizas PI-14 Periodo 2 la factura 162 y a la PI 86 la factura 189 donde refiere aparecen reportados los gastos relativos a las banderas, de ahí que no le asista la razón.

Respecto el gasto relativo a los chalecos, el recurrente señala que si fue reportado y la autoridad omitió valorar la documentación que soporta este gasto, en la póliza PE-93 periodo 2.

Luego, del análisis del “SIF” en la documentación adjunta a la póliza PE-93 periodo 2, se encontró la factura 179 en la cual de sus conceptos de pudo encontrar la siguiente:

“20 chalecos serigrafiados a una tinta impreso en ambas caras en la parte frontal la frase “Delfina Estado de México, Gobernadora y Moreira del lado Derecho”.

“20 chalecos serigrafiados a una tinta impreso en ambas caras en la parte frontal la frase “Delfina Estado de México, Gobernadora y Moreira del lado Derecho”.

“20 chalecos negros ambos lados Delfina Estado de México Gobernadora y Morena del lado derecho en la Fontal y trasera la esperanza se vota?

Ello, por el costo unitario e importe de $1500.00 (mil quinientos pesos 00/100 M.N.) por cada 20 chalecos adquiridos, dando un total de $4500.00 (cuatro mil, quinientos pesos 00/100 M.N.), en total por la cantidad de 60 piezas.

Tal y como lo refiere MORENA, el INE omitió valorar la documentación soporte que refiere a los chalecos, lo cual deberá tomarla en cuenta y hacer un ajuste respecto los gastos no reportados por lo que ve a este concepto.

En consecuencia, se revoca, en la parte conducente, la conclusión 27, para el efecto de que, la autoridad responsable, proceda a verificar por lo que hace a los chalecos, en qué casos se realizaron los registros a partir de las pólizas y facturas atinentes, respecto de una o varias referencias y, proceda a individualizar de nuevo la sanción.

Respecto al tema de las 700 camisas observadas en los oficios de orden de visita con números PCF/EAG/220/17, PCF/EAG/220/17 y PCF/EAG/220/17, el recurrente señala que no fueron motivo de reporte ya que de conformidad con el artículo 29 del Reglamento de Fiscalización, tratándose de gastos genéricos durante campaña, son susceptibles de prorrateo siempre y cuando

-         El Partido o Coalición promueva o invite a votar por un conjunto de candidatos a cargos de elección popular que postulen, siempre y cuando no se especifique el candidato o tipo de campaña.

-         No se identifique algún candidato o tipo de campaña, pero se difunda alguna política pública o propuesta del partido o coalición.

-         En los casos en los que se publique, difunda o mencione el emblema, lema con los que se identifique el partido, coalición o sus candidatos en conjunto o los contenidos en sus plataformas electorales, sin que se identifique algún candidato en particular.

El recurrente afirma que las 700 camisas que les fueron observadas de los eventos celebrados en Nezahualcóyotl, La Paz y Chimalhuacán no tenían la obligación de reportarlas ya que trataba de gastos genéricos al no haber en ellas un estampado en el que hubiera habido llamamiento al voto.

Sin embargo, al haber sido distribuidas en eventos de campaña no pueden considerarse como propaganda “genérica”, no obstante, no contenga una leyenda como tal que incite a esos fines al electorado, por ello, debieron ser parte del reporte de gastos.  De ahí que no asista la razón al recurrente.

El recurrente señala que el valor tasado por la autoridad administrativa electoral respecto al Globo Zeppelin que realiza vuelos dirigidos no es el mismo que fue utilizado en el evento de campaña para mantenerse en forma estática y cuya dimensión es notablemente más chico.

El precio tasado por la autoridad administrativa en el dictamen y la resolución fue el siguiente:

Sin embargo, su argumento es inatendible toda vez que se basa en la existencia de una diferencia entre el Globo que fue tasado y el que realmente se utilizó sin presentar prueba que sustente su dicho, siendo que el planteamiento debió estar encaminado a acreditar el registro correspondiente en el Sistema Integral de Fiscalización.

Además, ante la omisión del recurrente de reportar a la autoridad administrativa electoral dicho gasto, esta se encargará de allegarse de las cotizaciones más acercadas al bien que se utilizó, mas no se encuentra obligada a investigar que el mismo sea exactamente igual.

Hacerlo así, sería imponer a la misma una carga adicional a sus funciones y estaría supliendo la obligación a los partidos políticos de reportar en que fue aplicado el presupuesto que recibieron para su campaña.

Conclusión 28. “El sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de (7) panorámicos, (32), bardas, (104) mantas y demás propaganda detectada en el monitoreo de propaganda colocada en la vía pública, valuados en $581,788.36, incumplió con lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la LGPP y 127, del RF.

Del monitoreo de anuncios espectaculares, panorámicos y demás propaganda colocada en la vía pública, con base en el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos (SIMEMI) durante el periodo de campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el Estado de México, con la finalidad de conciliar lo reportado por el sujeto obligado en el informe correspondiente, la autoridad administrativa electoral determinó que se había omitido el reporte de diversos elementos.

En el Dictamen Consolidado, se precisa que la Unidad Técnica de Fiscalización, realizó el monitoreo de anuncios espectaculares, panorámicos y demás propaganda colocada en la vía pública, con base en el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos (SIMEMI) durante el periodo de campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el Estado de México, con la finalidad de investigar si los gastos reportados por MORENA coincidían con lo reportado en su informe correspondiente.

Del resultado de los monitoreos del primer periodo, la Unidad Técnica de Fiscalización se percató de propaganda que no fue reportada en el informe, clasificándola en el Anexo 6 de la investigación.

Por ello, con el fin de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, mediante oficio de clave INE/UTF/DA-L/7474/17 notificado el 15 de mayo de 2017, se hicieron de su conocimiento los errores y omisiones que se determinaron de la revisión de los registros realizados en el SIF.

En atención a lo anterior, mediante escrito de clave CEE/Finanzas/016/2017, de fecha 20 de mayo de 2017, el sujeto obligado manifestó lo que a la letra se transcribe:

“Derivado del monitoreo de propaganda y anuncios espectaculares en vía pública, que se muestra en el anexo 6, está propaganda se encuentra debidamente reportada y soportada con las pólizas que se relaciona en el ANEXO 6 del archivo "MORENA  A INE ANEXO 4,  6 y 7, por lo que solicitó a esta autoridad atender puntualmente todo lo presentado, resaltando  que todas las observaciones se trataron de una doble e ineficaz fiscalización, toda vez que como lo constatará la autoridad todo el esto se encuentra comprobado.”

Contestado el requerimiento, la autoridad fiscalizadora determinó que respecto a los testigos identificados con (1) en la columna “Referencia Dictamen” del Anexo MVP-1 del presente, el sujeto obligado presentó la documentación correspondiente al registro del gasto, consistente en facturas, hojas membretadas, permisos de colocación, evidencia del pago, muestras y contrato de prestación de servicios; por tal razón, la observación quedó atendida en lo que respecta a este punto.

Por lo que respecta a los testigos identificados con (2), en la columna “Referencia Dictamen” del Anexo MVP-1, MORENA presentó la documentación correspondiente a registros de gastos por concepto de panorámicos, bardas, mantas y propaganda utilitaria; sin embargo, al analizar la documentación adjunta, la autoridad fiscalizadora se percató que no se identificó si los gastos correspondían efectivamente a los testigos observados o se trataba de otros; y en consecuencia la observación no quedó atendida.

Concluyendo lo siguiente:

“En consecuencia, el sujeto obligado al omitir reportar los gastos por concepto de (7) panorámicos, (32), bardas, (104) mantas y demás propaganda detectada en el monitoreo de propaganda colocada en la vía pública, valuados en $581,788.36, incumplió con lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la LGPP y 127, del RF. (Conclusión 28. MORENA/MEX).”

Posteriormente, en la resolución se determinó:

“Conclusión 28

“28. MORENA/MEX. El sujeto obligado omitió reportar 154 testigos correspondientes a la propaganda detectada en el monitoreo, los cuales fueron valuados en $581,788.36.”

En consecuencia, al omitir reportar gastos realizados por concepto de propaganda, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.

Monitoreos

Espectaculares y propaganda colocada en la vía pública

Primer periodo

Monitoreo del IEEM”

En consecuencia, se impuso a MORENA una sanción consistente en una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $872,682.54 (ochocientos setenta y dos mil seiscientos ochenta y dos pesos 54/100 M.N.).

Ahora bien, Morena señala que la autoridad responsable realizó una revisión deficiente, respecto estos gastos erogados, señalando que, si adjuntó evidencias consistentes en impresiones de pantalla directas del SIF, de las que refiere se encuentran muestras correspondientes a los testigos observados.

Además, refirió que suponiendo sin conceder faltaran evidencias o sustento de algunos elementos, se debió precisar por la autoridad que, si aportó algunas de ellas pero que no resultaban suficientes para comprobar los gastos, ello sin precisar cuáles y de qué tipo.

Dicho agravio resulta inoperante, toda vez que el recurrente señala de forma abstracta y genérica sus argumentos sin que se encuentren encaminados a desvirtuar lo razonado por la autoridad responsable en la resolución.

Pues, únicamente aporta datos sin precisar lo que pretende demostrar ni para qué efecto, asimismo omite señalar los elementos que no fueron reportados según el INE y con qué pólizas se demuestra su debida declaración, de ahí lo inoperante del agravio materia de estudio.

Conclusión 29, MORENA omitió reportar los gastos por concepto de (42) panorámicos, (332), bardas, (1,572) mantas, (15) muebles urbanos de publicidad y un vehículo rotulado para perifoneo, detectados en el monitoreo de propaganda colocada en la vía pública, valuados en $2,235,039.35.

Del Dictamen Consolidado se advierte que, el Instituto Electoral del Estado de México, en colaboración con el Instituto Nacional Electoral proporcionó información del monitoreo de medios de comunicación alternos, en los cuales se detectó propaganda que no fue reportada por MORENA en su informe de gastos correspondiente, tal y como se muestra en el Anexo 7 del oficio.

Con el fin de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, mediante oficio de clave INE/UTF/DA-L/7474/17 notificado el 15 de mayo de 2017, se hicieron de su conocimiento los errores y omisiones que se determinaron de la revisión de los registros realizados en el SIF.

Con ello, mediante escrito de clave núm. CEE/Finanzas/016/2017, de fecha 20 de mayo de 2017, el sujeto obligado manifestó lo que a la letra se transcribe:

“Derivado del monitoreo realizado por el IEEM, que se muestra en el anexo 7, esta propaganda se encuentra debidamente reportada y soportada con las pólizas que se relacionan en el ANEXO 7 del archivo "MORENA A INE ANEXO 4, 6 y 7", por lo que solicitó a esta autoridad atender puntualmente todo lo presentado, resaltando que todas las observaciones se trataron de una doble e ineficaz fiscalización, toda vez que como lo constatará la autoridad todo el gasto se encuentra comprobado.”

Del análisis a dichas aclaraciones y documentación presentada en el SIF por el sujeto obligado la Unidad Técnica de Fiscalización determinó lo siguiente:

“Por lo que respecta a los testigos identificados con (1) en la columna “Referencia Dictamen” del Anexo MVP-4 del presente, el sujeto obligado presentó la documentación correspondiente al registro del gasto, consistente en facturas, hojas membretadas, permisos de colocación, evidencia del pago, muestras y contrato de prestación de servicios; por tal razón, la observación quedó atendida en lo que respecta a este punto.

Por lo que respecta a los testigos identificados con (2), en la columna “Referencia Dictamen” del Anexo MVP-4 del presente, el sujeto obligado presentó la documentación correspondiente a registros de gastos por concepto de mantas, muros y propaganda utilitaria; sin embargo al analizar dichos registros se constató que el partido omitió presentar la muestras de los gastos, por lo que no fue posible identificar si corresponde a los testigos observados; por tal razón, la observación no quedó atendida.

Por lo que respecta a los testigos identificados con (3) en la columna “Referencia Dictamen” del Anexo MVP-4 del presente, el sujeto obligado presentó las aclaraciones correspondientes señalando las pólizas en las cuales se registraron los testigos observados; sin embargo, del análisis a las pólizas así como a la documentación soporte, no se identificó que los testigos observados coincidieran con los reportados en la contabilidad; por tal razón, la observación no quedó atendida.

Por lo que respecta al testigo identificado con (4) en la columna “Referencia Dictamen” del Anexo MVP-4 del presente, el sujeto obligado presentó la documentación correspondiente a registros de diversos gastos; sin embargo, al analizar dicha información se constató que no coincidían con la ubicación y domicilios de los testigos observados; por tal razón, la observación no quedó atendida.

Por lo que respecta a los testigos identificados con (5) en la columna “Referencia Dictamen” del Anexo MVP-4 del presente el sujeto obligado, el sujeto obligado no manifestó aclaración alguna; por tal razón, la observación no quedó atendida.”

En su oportunidad, la autoridad administrativa electoral dictó resolución correspondiente, lo cual, debido a la omisión por parte de MORENA de reportar diversos gastos, determino imponerle una sanción con base en los siguientes términos:

“la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto involucrado $2,235,039.35 (dos millones doscientos treinta y cinco mil treinta y nueve pesos 35/100 M.N.), cantidad que asciende a un total de $3,352,559.03 (tres millones trescientos cincuenta y dos mil quinientos cincuenta y nueve pesos 03/100 M.N.).

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al partido político MORENA, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $3,352,559.03 (tres millones trescientos cincuenta y dos mil quinientos cincuenta y nueve pesos 03/100 M.N.).”

Inconforme con la sanción el recurrente hizo valer los agravios siguientes:

-Refiere que no es cierto lo que resolvió la responsable, pues de las 5540 observaciones que le realizó subsanó 3476.

-Los testigos observados no coinciden con los de la contabilidad en 790 casos, ello carece de veracidad ya que tan solo el id encuesta 83970 está relacionada con la factura 41, en la póliza de egresos 26.

-Especial mención merecen los espectaculares que la autoridad fiscalizadora consideró que no hay coincidencias, pues en cuanto a ese rubro, es específicamente los que se encuentran todos debidamente registrados y comprobados.

De lo anterior, se estiman inoperantes los agravios expuestos por el recurrente, pues no controvierte las consideraciones hechas por la autoridad responsable en la resolución por la cual le impuso la sanción.

Además, de los elementos probatorios que señala fueron exhibidos no precisa lo que pretende comprobar con cada uno de ellos, ni para qué efecto, entonces al ser vagos e imprecisos no es posible atender su petición, de ahí que se estimen inoperantes para su estudio, precisando además de que no indica cuáles son los gastos que sí fueron reportados, pues inclusive reconoce que varios no se registraron.

Conclusión 30. Morena omitió reportar 230 testigos correspondientes a la propaganda política en el monitoreo, los cuales fueron valuados en $169,493.84.

La autoridad responsable impuso a Morena una sanción equivalente al 150% del monto involucrado, equivalente a $254,240.76 (doscientos cincuenta y cuatro mil doscientos cuarenta pesos 76/100 M.N.).

Respecto de los testigos relativos a 25 brigadistas, la autoridad fiscalizadora no hizo referencia a un gasto o una aportación en especie, siendo el caso que Morena aclaró que su militancia es activa y participa en tales actividades de forma gratuita, en términos del artículo 105, numeral 1, inciso D), del Reglamento de Fiscalización.

Que la autoridad fiscalizadora en forma indebida sanciona a Morena, porque no presentó evidencia documental que justificara su dicho, aun cuando en el requerimiento no se precisó que documentos podían presentarse, por lo que se debió abrir un procedimiento oficioso, a fin de recabar mayores elementos.

Aunado a que, desde el requerimiento se consideró que se trataba de una aportación en especie, en perjuicio de la garantía de audiencia del recurrente.

En el Dictamen Consolidado se determinó lo siguiente:

Intercampaña

             Derivado del monitoreo realizado por la UTF, durante el periodo de intercampaña, se observó diversa propaganda que no fue reportada en el informe, como se muestra en el Anexo 11.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, mediante oficio núm. INE/UTF/DA-L/7475/17 notificado el 15 de mayo de 2017, se hicieron de su conocimiento las omisiones y errores que se determinaron de la revisión de los registros realizados en el SIF.

Escrito de respuesta: CEE/Finanzas/016/2017 de fecha 20 de mayo de 2017, el sujeto obligado manifestó lo que a la letra se transcribe:

“no se hizo ningún gasto  relacionado   con  colocación   de propaganda   en vía pública, durante  el periodo  de intercampaña

Primeramente  debe señalarse  que todas  las evidencias   que se contienen  en  el  anexo  11,  muestran mantas  y bardas  en evidente  mal estado,   causado  por el  tiempo  que  las mismas  han   estado  a la intemperie:   entre once y tres meses,   por lo menos,  TODAS.

Asimismo,   debe  notarse  también,    que   el 98%  de  las evidencias,   reflejan  específicamente   mantas pequeñas,   de menos de tres metros cuadrados.

También,   se evidencia   de las imágenes  que ese mismo 98% de las mantas pequeñas,   fue colocado e  manera  precaria,   es  decir,   con  lazos  y  cuerdas  que  la gente  comúnmente   tiene  en  casa,  sin ninguna  forma de especificación  técnica.

Finalmente,    de  las  propias   imágenes   que  se  contienen   en  el  anexo   11,   se  observa   que  el mencionado  98% se encuentra  en edificaciones  con destino  habitacional,  es decir,  en las bardas o cercas exteriores de casas habitación.

Esas y no otras son las circunstancias  de modo,  tiempo  y lugar, que se desprenden  del, anexo en comento.

La conclusión  es que,  236 evidencias  del anexo que se comenta,   son mantas que fueron  reportadas en  los informes  anteriores,   que  fueron  regaladas  a  los  ciudadanos,   militantes  y simpatizantes,   a petición expresa de cada uno de ellos,  en lugares a los que cada persona fue a solicitar ‘su manta’  y la llevó desde esos lugares hasta su hogar;  ya en su casa habitación,  no dudemos  que hasta con la emoción  de  la participación   en  la vida  democrática   del  pals  y la  entidad  (objeto  de  los  partidos políticos),   con auxilio de sus familiares   colocó  la manta en los lados exteriores   de las bardas de su hogar, o en las cercas y rejas que dan a la calle.

Ni una sola de esas mantas fue colocada en el periodo comprendido entre el 04 de marzo y el 01  de abril,   ambos  de  2017:   y de  ello  dan  cuenta  las  circunstancias   de  modo  en  que  se  encuentran actualmente.

Ni una sola de esas mantas fue producida en el periodo comprendido entre el 04 de marzo y el 01  de abril,   ambos de 2017:  razón por la que no pueden ser objeto de comprobación  en el primer  informe de  campaña,   sino  que  fueron  objeto  de  comprobación   en  los  informes  anual  ordinario,   que  se encuentra  en desahogo,   y de precampaña,   que también se encuentra  en la etapa recursiva”.

Del análisis a las aclaraciones presentadas por el sujeto obligado, se determinó lo siguiente:

Por lo que respecta a los testigos identificados con (1) en la columna “Referencia del Anexo MVP-3, del presente dictamen, se observó que corresponde a propaganda reportada en el informe de precampaña que no fue retirada en el plazo señalado en la normatividad; asimismo, hace alusión a la candidata postulada por el sujeto obligado, por lo que la observación no quedó atendida.

Derivado de lo anterior, por lo que respecta a los testigos identificados con (1), esta UTF procedió a cuantificar egresos no reportados, los cuales de conformidad con lo dispuesto en los artículos 243, numeral 2 de la LGIPE, y 192 del RF, se acumulará a los gastos de campaña.

…

En consecuencia, el sujeto obligado al omitir reportar los gastos por concepto de (74) mantas mayores a 12 metros, (25), bardas y (131) mantas, detectadas en el monitoreo de propaganda colocada en la vía pública, valuados en $169,493.84, incumplió con lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la LGPP y 127, del RF. (Conclusión 30. MORENA/MEX)

De conformidad a los artículos 243, numeral 2 de la LGIPE y 192 del RF, el costo determinado se acumulará a los gastos de campaña.

Intercampaña

30. MORENA/MEX. El sujeto obligado omitió reportar 230 testigos correspondientes a la propaganda detectada en el monitoreo, los cuales fueron valuados en $169,493.84.

Tal situación incumple con lo establecido en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de LGPP y 127, del RF.

El monto será acumulado para efectos del cálculo del tope de gastos de campaña de conformidad a los artículos 243, numeral 2 de la LGIPE y 192 del RF.

En la resolución controvertida, la autoridad responsable determinó lo siguiente:

Monitoreos

Espectaculares y propaganda colocada en la vía pública

Primer periodo

Intercampaña

Conclusión 30

“30. MORENA/MEX. El sujeto obligado omitió reportar 230 testigos correspondientes a la propaganda detectada en el monitoreo, los cuales fueron valuados en $169,493.84.”

En consecuencia, al omitir reportar gastos realizados por concepto de propaganda, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.

Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto involucrado $169,493.84 (ciento sesenta y nueve mil cuatrocientos noventa y tres pesos 84/100 M.N.), cantidad que asciende a un total de $254,240.76 (doscientos cincuenta y cuatro mil doscientos cuarenta pesos 76/100 M.N.).

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al partido político MORENA, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $254,240.76 (doscientos cincuenta y cuatro mil doscientos cuarenta pesos 76/100 M.N.).

Esta Sala Superior considera inoperante el motivo de inconformidad formulado por MORENA, toda vez que de la revisión integral del Dictamen Consolidado y de la resolución impugnada, no se advierte que con motivo de la conclusión 30, la autoridad responsable le haya impuesto una sanción, por la infracción consistente en la omisión de presentar testigos relativos a 25 brigadistas, al tratarse de una presunta aportación en especie, lo que en su caso, debió dar motivo a la apertura de un procedimiento oficioso.

Lo anterior es así, porque la conclusión 30, se encuentra directamente vinculada con la conducta infractora, consistente en que el partido político recurrente omitió reportar los gastos por concepto de 74 mantas mayores a 12 metros, 25 bardas y 131 mantas, detectadas en el monitoreo de propaganda colocada en la vía pública, valuados en $169,493.84 , incumpliendo así con lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos  y 127, del Reglamento de Fiscalización.

Esto es, en la referida conclusión 30, no se hace mención, respecto de la presunta omisión de presentar testigos por lo que hace a las actividades de veinticinco brigadistas, ni a que ello constituye una aportación en especie.

Asimismo, no pasa desapercibido para esta Sala Superior que, en la conclusión 33, la autoridad responsable determinó que MORENA omitió reportar gastos por concepto de  171, bardas, 412 lonas y vinilonas, 6 perifoneo, 26 brigadistas y 1 pantalla móvil detectada en el monitoreo de propaganda colocada en la vía pública, valuados en $257,707.92, por lo que incumplió con lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127, del Reglamento de Fiscalización.

Al efecto, del Anexo MVP-5, del Dictamen Consolidado, se advierte que, el sujeto obligado manifestó que se trató de una labor de forma voluntaria de los militantes; sin embargo, la autoridad fiscalizadora determinó que no presentó evidencia documental que justificara su dicho y, por el contrario de los testigos, se observaron 25 personas haciendo labor de brigadistas.

En tal orden de ideas, esta Sala Superior considera infundado el motivo de inconformidad, relativo a que la autoridad fiscalizadora en forma indebida sanciona a Morena, porque no presentó evidencia documental que justificara su dicho, aun cuando en el requerimiento no se precisó que documentos podían presentarse, por lo que se debió abrir un procedimiento oficioso, a fin de recabar mayores elementos, aunado a que, desde el requerimiento consideró que se trataba de una aportación en especie, en perjuicio de la garantía de audiencia del recurrente.

Lo anterior es así, porque la autoridad fiscalizadora en el oficio INE/UTF/DA-L/9874/17, de errores y omisiones le preciso la documentación que se debía adjuntar en el Sistema Integral de Fiscalización, con motivo de las erogaciones realizadas o de posibles aportaciones, además de que se dejó en total libertad al partido político ahora recurrente, para el efecto de que hiciera las aclaraciones respectivas y, en ningún momento se determinó que en el caso de los brigadistas, ello constituía una aportación en especie.

Además de que, del referido Anexo MVP-5, del Dictamen Consolidado, se advierte que, MORENA manifestó respecto de los brigadistas, que se trató de una labor de forma voluntaria de los militantes, es decir, que en ningún momento se vio vulnerado el derecho de audiencia del partido político recurrente, puesto que estuvo en aptitud de hacer las aclaraciones respectivas, con independencia de que no hayan sido de la entidad suficiente como para que la autoridad fiscalizadora hubiere resuelto en un sentido diverso.

Asimismo, el partido político recurrente estuvo en aptitud de presentar los medios de convicción idóneos y necesarios para efecto de evidenciar que la labor de los brigadistas no constituyó una aportación en especie, sino tan sólo de una actividad voluntaria, en apoyo del partido político recurrente.

Conclusión 32. El sujeto obligado omitió reportar 78 testigos correspondientes a la propaganda efectuada en el monitoreo, los cuales fueron valuados en $155,104.44

La autoridad responsable impuso a Morena una sanción equivalente a 150% del monto involucrado, equivalente a $232,565.66 (doscientos treinta y dos mil quinientos sesenta y cinco pesos 66/100 M.N.).

La autoridad responsable indebidamente determina la infracción atinente, cuando de las id 12093 y 17131, se advierte que la misma no se acredita, aunado a que también se impuso de forma ilegal una sanción, haciendo caso omiso del deslinde relativo al perifoneo.

Que se debe seguir el criterio relativo a la sentencia dictada en el expediente SUP-RAP-152/2017, puesto que era el primer momento en que se tenía conocimiento de la observación.

En el Dictamen Consolidado, se determinó lo siguiente:

Segundo periodo

Realizados por la UTF

      Derivado del monitoreo realizado por la UTF, se observó diversa propaganda que no fue reportada en el informe, como se muestra en el Anexo 10 del presente oficio.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, mediante oficio núm. INE/UTF/DA-L/9874/17 notificado el 13 de junio de 2017, se hicieron de su conocimiento los errores y omisiones que se determinaron de la revisión de los registros realizados en el SIF.

Escrito de respuesta: núm. CEE/Finanzas/, de fecha 18 de junio de 2017, el sujeto obligado manifestó lo que a la letra se transcribe:

“Se le informa a la autoridad que en el SIF se encuentra toda la información solicitada.

Se adjunta al presente un archivo de Excel de nombre “Anexo 10 punto 24 MORENA” en el cual se detalla con precisión la correspondiente póliza y soporte documental.”

Del análisis a las aclaraciones y documentación presentada en el SIF por el sujeto obligado se determinó lo siguiente:

Por lo que respecta a los testigos identificados con (1) en la columna “Referencia Dictamen” del Anexo MVP-2 del presente, el sujeto obligado presentó la documentación correspondiente al registro del gasto, consistente en facturas, hojas membretadas, permisos de colocación, evidencia del pago y contrato de prestación de servicios; por tal razón, la observación quedó atendida en lo que respecta a este punto.

Por lo que respecta a los testigos identificados con (2), en la columna “Referencia Dictamen” del Anexo MVP-2 del presente, el sujeto obligado presentó la documentación correspondiente al registro del gasto; sin embargo, al analizar dicha información se constató que el partido omitió presentar la muestra de la propaganda o servicios contratados; por lo que no se tiene certeza de que corresponda a las mantas observadas; por tal razón, la observación no quedó atendida en lo que respecta a este punto.

Por lo que respecta a los testigos identificados con (3) en la columna “Referencia Dictamen” del Anexo MVP-2 del presente el sujeto obligado presentó las aclaraciones correspondientes; sin embargo, del análisis a las pólizas así como a la documentación soporte señaladas en su escrito de respuesta, se observó que las muestras presentadas, no coinciden con los testigos observados; por tal razón, la observación no quedó atendida.

Por lo que respecta al testigo identificado con (4) en la columna “Referencia Dictamen” del Anexo MVP-2 del presente el sujeto obligado, manifestó tener desconocimiento y se deslinda de la contratación del servicio del perifoneo; sin embargo, su aclaración no cumple con los requisitos señalados en el artículo 212 del RF. Adicionalmente es preciso señalar que el testigo detectado contiene propaganda con imagen y nombre de la candidata, por lo que implicó un beneficio a la campaña; por tal razón, la observación no quedó atendida.

Por lo que respecta a los testigos identificados con (5) en la columna “Referencia Dictamen” del Anexo MVP-2 del presente el sujeto obligado, el sujeto obligado manifestó que se deslinda de la contratación de perifoneo; sin embargo, los testigos corresponden a panorámicos detectados en el monitoreo, asimismo, no presentó los argumentos del deslinde de conformidad con el artículo 212 del RF; por tal razón, la observación no quedó atendida.

Derivado de lo anterior, por lo que respecta a los testigos identificados con (2), (3), (4), y (5), esta UTF procedió a cuantificar egresos no reportados, los cuales de conformidad con lo dispuesto en los artículos 243, numeral 2 de la LGIPE, y 192 del RF, se acumulará a los gastos de campaña.

Determinación del costo

…

En consecuencia, el sujeto obligado al omitir reportar los gastos por concepto de (2) panorámicos, (66), bardas, (9) mantas y un servicio de perifoneo, detectadas en el monitoreo de propaganda colocada en la vía pública, valuados en $155,104.44, incumplió con lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la LGPP y 127, del RF. (Conclusión 32. MORENA/MEX)

De conformidad a los artículos 243, numeral 2 de la LGIPE y 192 del RF, el costo determinado se acumulará a los gastos de campaña.

Segundo periodo

UTF

32. MORENA/MEX. El sujeto obligado omitió reportar 78 testigos correspondientes a la propaganda detectada en el monitoreo, los cuales fueron valuados en $155,104.44.

Tal situación incumple con lo establecido en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de LGPP y 127, del RF.

El monto será acumulado para efectos del cálculo del tope de gastos de campaña de conformidad a los artículos 243, numeral 2 de la LGIPE y 192 del RF.

En la resolución controvertida se determinó lo siguiente:

Monitoreos

Espectaculares y propaganda colocada en la vía pública

Segundo periodo

Realizados por la UTF

Conclusión 32

“32. MORENA/MEX. El sujeto obligado omitió reportar 78 testigos correspondientes a la propaganda detectada en el monitoreo, los cuales fueron valuados en $155,104.44.”

En consecuencia, al omitir reportar gastos realizados por concepto de propaganda, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.

Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto involucrado $155,104.44 (ciento cincuenta y cinco mil ciento cuatro pesos 44/100 M.N.), cantidad que asciende a un total de $232,656.66 (doscientos treinta y dos mil seiscientos cincuenta y seis pesos 66/100 M.N.).

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al partido político MORENA, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $232,656.66 (doscientos treinta y dos mil seiscientos cincuenta y seis pesos 66/100 M.N.).

En primer lugar, es importante precisar que la autoridad responsable, por la irregularidad, consistente en la omisión de reportar gastos por propaganda no le impuso a MORENA, una sanción equivalente al 150% del monto involucrado $155,104.44 ciento cincuenta y cinco mil ciento cuatro pesos 44/100 M.N.), equivalente a $232,565.66 (doscientos treinta y dos mil quinientos sesenta y cinco pesos 66/100 M.N.).

Al efecto, la autoridad responsable tuvo como monto involucrado la cantidad de 155,104.44 ciento cincuenta y cinco mil ciento cuatro pesos 44/100 M.N.), por lo que al sancionarlo con el 150% del mismo, se le impuso una multa de $232,656.66 (doscientos treinta y dos mil seiscientos cincuenta y seis pesos 66/100 M.N.).

Esta Sala Superior considera inoperante el planteamiento de MORENA, porque parte de una premisa incorrecta al suponer que la autoridad responsable impuso de forma ilegal una sanción, haciendo caso omiso del deslinde relativo al perifoneo, cuando lo cierto es que ello derivó de panorámicos detectados con motivo del monitoreo, además de que no presentó los argumentos de deslinde respectivos de éstos últimos.

En tal orden de ideas, las referencias 12093 y 17131 a las que alude el partido político recurrente, están vinculadas con testigos de panorámicos y, no así con el perifoneo, por lo que no era posible que la autoridad responsable se pronunciara en un sentido diverso.

De igual forma, se desestima el planteamiento relativo a que, en la especie, debe aplicarse el criterio sustentado por la Sala Superior, en el diverso SUP-RAP-152/2017, ya que la autoridad administrativa electoral federal resolvió de forma genérica y, porque era la primera vez que se tenía conocimiento de tal observación.

Ello es así, porque, la autoridad fiscalizadora a través del oficio de errores y omisiones le hizo de su conocimiento al partido político recurrente, que en el caso de panorámicos y espectaculares debía presentar determinada documentación, por lo que no resulta correcta la afirmación de que era la primera vez que se observaba tal inconsistencia, además de que la autoridad responsable no resolvió de forma genérica, puesto que fue desarrollando en diversos apartados las irregularidades relativas a la falta de presentación de testigos de panorámicos, espectaculares y, perifoneo, entre otros.

Aunado a que, en la especie el partido político recurrente sólo controvierte la omisión de la autoridad responsable de pronunciarse en torno al perifoneo, sobre la base de que no se debió hacer mención de los espectaculares, sin cuestionar algún otro apartado específico.

De ahí la inoperancia del motivo de inconformidad bajo estudio.

Conclusión 33. El sujeto obligado omitió reportar 604 testigos correspondientes a la propaganda detectada en el monitoreo, valuados en $367,525.12.

La autoridad responsable impuso a Morena una sanción equivalente al 150% sobre el monto involucrado $367,525.12 (trescientos sesenta y siete mil quinientos veinticinco pesos 12/100 M.N.), equivalente a $551,287.68 (quinientos cincuenta y un mil doscientos ochenta y siete pesos 68/100 M.N.).

Que la autoridad responsable hizo caso omiso del deslinde que Morena realizó durante el desahogo del oficio de errores y omisiones y sin testigo de audio, da por hecho que hay un perifoneo en favor del candidato de la coalición, sin que se presentara evidencia para el cese del acto indicado, al no existir descripción de tiempo, modo y lugar del perifoneo que le imputan a la campaña de Morena.

En forma indebida, la autoridad responsable refiere de un beneficio al candidato de la coalición, en referencia a Alfredo del Mazo, sin embargo, no puede considerarse un error de la autoridad fiscalizadora al aludir a otro candidato, pues en diversas conclusiones se alude a tal sujeto y los testigos que lo acompañaron fueron puestos a nombre de Morena.

En el Dictamen Consolidado se determinó lo siguiente:

Realizados por el IEEM

      De conformidad con el Convenio General de Coordinación y Colaboración que suscribieron el INE y el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), el OPLE proporcionó información del monitoreo de medios de comunicación alternos, en los cuales se detectó propaganda del sujeto obligado que no fue reportada en el informe correspondiente, como se muestra en el Anexo 11 del presente oficio.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, mediante oficio núm. INE/UTF/DA-L/9874/17 notificado el 13 de junio de 2017, se hicieron de su conocimiento los errores y omisiones que se determinaron de la revisión de los registros realizados en el SIF.

Escrito de respuesta: núm. CEE/Finanzas/, de fecha 18 de junio de 2017, el sujeto obligado manifestó lo que a la letra se transcribe:

“Se adjunta al presente un archivo de Excel de nombre “Anexo 11 punto 25 MORENA” en el cual se detalla con precisión la correspondiente póliza y soporte documental.”

Del análisis a las aclaraciones y documentación presentada en el SIF por el sujeto obligado se determinó lo siguiente:

Por lo que respecta a los testigos identificados con (1) en la columna “Referencia Dictamen” del Anexo MVP-5del presente, el sujeto obligado presentó la documentación correspondiente al registro del gasto, consistente en facturas, hojas membretadas, permisos de colocación, evidencia del pago, muestras y contrato de prestación de servicios; por tal razón, la observación quedó atendida en lo que respecta a este punto.

Por lo que respecta a los testigos identificados con (2), en la columna “Referencia Dictamen” del Anexo MVP-5 del presente, el sujeto obligado manifestó que se trató de una labor de forma voluntaria de los militantes; sin embargo, no presentó evidencia documental que justificara su dicho. Cabe mencionar que de los 8 testigos, se observaron 25 personas haciendo la labor de brigadistas; por tal razón, la observación no quedó atendida, en lo que respecta a este punto.

Por lo que respecta a los testigos identificados con (3) en la columna “Referencia Dictamen” del Anexo MVP-5 del presente, el sujeto obligado presentó las aclaraciones correspondientes manifestando que la propaganda observada se encontraba en las pólizas  E26, E13, E15, E29, E23, E14 y E12; sin embargo, del análisis a las pólizas así como a la documentación soporte señaladas en su escrito de respuesta, no se identificó que los testigos observados no coincidieran con alguno de los reportados en la contabilidad; por tal razón, la observación no quedó atendida, en lo que respecta a este  punto.

Por lo que respecta a los testigos identificados con (4) en la columna “Referencia Dictamen” del Anexo MVP-5 del presente el sujeto obligado, manifestó tener desconocimiento de la contratación de los servicios de perifoneo; sin embargo, es preciso señalar que los testigos detectados contienen el nombre del candidato, así como la fecha de la jornada electoral, por lo que implicó un beneficio a la campaña del candidato de la coalición, asimismo no presentó evidencia de las diligencias realizadas para el retiro de la propaganda; por tal razón, la observación no quedó atendida, en lo que respecta a este  punto.

Derivado de lo anterior, por lo que respecta a los testigos identificados con (2), (3), y (4), esta UTF procedió a cuantificar egresos no reportados, los cuales de conformidad con lo dispuesto en los artículos 243, numeral 2 de la LGIPE, y 192 del RF, se acumulará a los gastos de campaña.

Determinación del costo

…

En consecuencia, el sujeto obligado al omitir reportar los gastos por concepto de (171), bardas, (412) lonas y vinilonas, (6) perifoneo, (26) brigadistas y 1 pantalla móvil detectada en el monitoreo de propaganda colocada en la vía pública, valuados en $257,707.92, incumplió con lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la LGPP y 127, del RF. (Conclusión 33. MORENA/MEX)

De conformidad a los artículos 243, numeral 2 de la LGIPE y 192 del RF, el costo determinado se acumulará a los gastos de campaña.

IEEM

33. MORENA/MEX. El sujeto obligado omitió reportar 604 testigos correspondientes a la propaganda detectada en el monitoreo, los cuales fueron valuados en $257,707.92.

Tal situación incumple con lo establecido en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de LGPP y 127, del RF.

El monto será acumulado para efectos del cálculo del tope de gastos de campaña de conformidad a los artículos 243, numeral 2 de la LGIPE y 192 del RF.

En la resolución controvertida, la autoridad responsable determinó lo siguiente:

Monitoreos

Espectaculares y propaganda colocada en la vía pública

Segundo periodo

Realizados por el IEEM

Conclusión 33

“33. MORENA/MEX. El sujeto obligado omitió reportar 604 testigos correspondientes a la propaganda detectada en el monitoreo, los cuales fueron valuados en $257,707.92.”

En consecuencia, al omitir reportar gastos realizados por concepto de propaganda, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.

Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto involucrado $257,707.92 (doscientos cincuenta y siete mil setecientos siete pesos 92/100 M.N.), cantidad que asciende a un total de $386,561.88 (trescientos ochenta y seis mil quinientos sesenta y un pesos 88/100 M.N.).

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al partido político MORENA, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $386,561.88 (trescientos ochenta y seis mil quinientos sesenta y un pesos 88/100 M.N.).

En primer lugar, es importante precisar que la autoridad responsable, por la irregularidad, consistente en la omisión de reportar gastos por propaganda utilitaria y gastos operativos no le impuso a MORENA, una sanción equivalente al 150% del monto involucrado $367,525.12 (trescientos sesenta y siete mil quinientos veinticinco pesos 12/100 M.N.), equivalente a $551,287.68 (quinientos cincuenta y un mil doscientos ochenta y siete pesos 68/100 M.N.).

Al efecto, la autoridad responsable tuvo como monto involucrado la cantidad de $257,707.92 (doscientos cincuenta y siete mil setecientos siete pesos 92/100 M.N.),), por lo que al sancionarlo con el 150% del mismo, se le impuso una multa de $386,561.88 (trescientos ochenta y seis mil quinientos sesenta y un pesos 88/100 M.N.).

Esta Sala Superior considera infundado el motivo de inconformidad, porque en oposición a lo aducido por MORENA, la autoridad responsable sí tomó en consideración el deslinde que realizó respecto del perifoneo, en cuanto a que no contrató tal servicio ni a algún proveedor para tal efecto.

Al efecto, la autoridad responsable desestimó el referido deslinde, sobre la base de que conforme al Anexo MVP- 5 el testigo detectado alude al nombre de la candidata Delfina Gómez Álvarez, así como a la fecha de la jornada electoral, lo que implicó un beneficio para la misma, además de que no presentó evidencias de las diligencias realizadas para el retiro de la propaganda.

No pasa inadvertido que, en el Dictamen Consolidado se alude a un presunto beneficio al candidato de la coalición, sin embargo, ello obedece a un error de la autoridad fiscalizadora que no resulta trascendente, en tanto que la intención de la misma fue referirse a la candidata a la Gubernatura del Estado de México, postulada por MORENA, tal como se advierte del testigo respectivo, en donde aparece su nombre, el partido que la postuló, la dirección donde se realizó el perifoneo, una bocina ubicada en el toldo de un vehículo rojo, así como la fecha en que tuvo verificativo tal conducta, por lo que la carencia del testigo de audio no es de la entidad suficiente como para arribar a la conclusión de que la infracción advertida con motivo del perifoneo es inexistente.

Al efecto, el testigo identificado como Id Encuesta 143806, Ticket 106191, es del orden siguiente:

En consecuencia, no le asiste la razón a MORENA, al no advertirse vulneración al principio de exhaustividad, por la presunta omisión de la autoridad fiscalizadora, de pronunciarse en torno al deslinde del perifoneo, aunado a que se abstiene de controvertir algún otro apartado específico de la referida conclusión.

Conclusión 34. El sujeto obligado omitió reportar gastos por propaganda utilitaria y gastos operativos valuados en $2,312,069.08.

La autoridad responsable impuso a Morena una sanción equivalente al 150% del monto involucrado, es decir, por $3,468,103.62 (tres millones cuatrocientos sesenta y ocho mil ciento tres pesos 62/100 M.N).

Que deviene ilegal la conclusión de la autoridad responsable, toda vez que la propaganda observada se encuentra en su totalidad presentada en el Sistema Integral de Fiscalización, tal como se advierte de la tabla respectiva, sin embargo, se le impuso la sanción atinente, sin que se verificara lo manifestado durante el periodo de respuesta al oficio de errores y omisiones, en el cual se subsanaron las respectivas observaciones.

Morena sostiene que la autoridad responsable no realizó de forma exhaustiva la revisión de los oficios de respuesta a los errores y omisiones presentados, procediendo de forma ilegal y arbitraria a la imposición de sanciones que no tienen sustento jurídico, en contravención del principio de exhaustividad y, del derecho de audiencia.

De conformidad con los artículos 80, de la Ley General de Partidos Políticos; 291 y 293, del Reglamento de Fiscalización, la autoridad responsable debió valorar toda la información para la elaboración del Dictamen respectivo, sin embargo, fue omisa, dando como resultado la violación al principio de legalidad, al no otorgarse derecho de audiencia.

El recurrente sostiene que sí cumplió con la entrega del soporte documental, en principio, mediante oficio CEE/Finanzas/016/2017, de dieciocho de junio de dos mil diecisiete, en el término establecido para su respuesta, en el cual indicaba el soporte documental y la documentación requerida en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), por lo que, al presentarse la información de nuevo, debió ser revisada y valorada por la autoridad responsable, lo cual no aconteció.

En el Dictamen Consolidado se determinó lo siguiente:

Páginas de internet y redes sociales

En términos de lo señalado en el artículo 203 del RF, la UTF en ejercicio de sus facultades, realizó un proceso de monitoreo en páginas de internet y redes sociales, con el propósito de identificar actividades y gastos realizados por los sujetos obligados durante el periodo de campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el Estado de México, con la finalidad de conciliar lo reportado por el sujeto obligado en el informe correspondiente, contra el resultado de los monitoreos realizados. Del desarrollo de dicho procedimiento se determinaron las observaciones siguientes:

Primer periodo

      Derivado del monitoreo se observaron gastos operativos que no fueron reportados en el informe, los cuales se identifican con (B) en la columna “Referencia” en el Anexo 4.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, mediante oficio INE/UTF/DA-L/7474/17 notificado el 15 de mayo de 2017, se hicieron de su conocimiento los errores y omisiones que se determinaron de la revisión de los registros realizados en el SIF.

Escrito de respuesta: núm. CEE/Finanzas/016/2017, de fecha 20 de mayo de 2017, el sujeto obligado manifestó lo que a la letra se transcribe:

“Adjunto a este informe encontrará la autoridad un anexo con la información detallada donde se señala la correspondiente póliza misma que será encontrada en el SIF con su correspondiente soporte documental.”

De la revisión al SIF, se verificó que el sujeto obligado mediante la póliza de ingresos número 34 (ingresos por transferencias de la concentradora estatal local en especie), registró una renta de un audio y de sillas, como se muestra en la imagen:

Asimismo, se comprobó que el registro contable se encuentra documentado mediante una factura, recibo interno, muestras, Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, por tal razón, la observación quedó atendida.

Segundo periodo

      Derivado del monitoreo se observaron gastos operativos que no fueron reportados en el informe, como se muestra en el Anexo 13 del presente oficio.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, mediante oficio núm. INE/UTF/DA-L/9874/17 notificado el 13 de junio de 2017, se hicieron de su conocimiento los errores y omisiones que se determinaron de la revisión de los registros realizados en el SIF.

Escrito de respuesta: núm. CEE/Finanzas/, de fecha 18 de junio de 2017, el sujeto obligado manifestó lo que a la letra se transcribe:

“Se adjunta al presente, archivo de Excel de título “Anexo 13 punto 26 MORENA” que contiene la información a detalle, al mismo tiempo que las pólizas y soporte documental se encuentra debidamente reportada en el SIF”