México, Distrito Federal, a veinte de junio de dos mil doce.

VISTOS para resolver los autos del recurso de apelación registrado con la clave SUP-RAP-253/2012, interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional, en contra de la resolución identificada con la clave CG308/2012 dictada el dieciséis de mayo del año en curso por el Consejo General del Instituto Federal Electoral en el expediente SCG/PE/PRI/CG/106/PEF/183/2012, relativo al procedimiento especial sancionador iniciado con motivo de la denuncia interpuesta por Sebastián Lerdo de Tejada C., representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, en contra del propio Partido Acción Nacional y de Javier Lozano Alarcón, por hechos que consideró constituyen infracciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

R E S U L T A N D O

I. Antecedentes.

a) Procedimiento especial sancionador. El cuatro de abril de dos mil doce, el Partido Revolucionario Institucional presentó denuncia ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, en contra de Javier Lozano Alarcón, en su calidad de vocero del Partido Acción Nacional, y del mencionado instituto político, por hechos que considera constituyen infracciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistentes en la conferencia de prensa, a través de la cual el ciudadano antes referido, difundió diversas láminas y diapositivas con imágenes del candidato del Partido Revolucionario Institucional al cargo de Presidente de la y citó supuestos datos estadísticos relacionados con la incidencia de delitos en entidades federativas gobernadas por ese partido político.

El diez de abril siguiente, mediante acuerdo del Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, se tuvo por recibido el escrito indicado, registrándose con el número SCG/PE/PRI/CG/106/PEF/183/2012. El nueve de mayo, el Secretario Ejecutivo ordenó emplazar a los denunciados, señalando fecha y hora para el desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos.

b) Resolución impugnada. Una vez sustanciado el procedimiento especial sancionador, la autoridad señalada como responsable dictó resolución, el dieciséis de mayo, en el sentido que se transcribe a continuación:

“PRIMERO.- Se declara infundado el Procedimiento Especial Sancionador incoado en contra del C. Javier Lozano Alarcón, vocero del Partido Acción Nacional, por la presunta conculcación a las prohibiciones previstas en el artículo 41, Base IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los dispositivos 228, párrafo 2; 237, párrafos 1 y 3, y 345, párrafo 1, inciso d) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en el Acuerdo CG92/2012, denominado “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR EL QUE SE EMITEN NORMAS REGLAMENTARIAS SOBRE ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA DURANTE EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2011- 2012”, en términos del Considerando OCTAVO de la presente Resolución.

SEGUNDO.- Se declara infundado el Procedimiento Especial Sancionador incoado en contra del Partido Acción Nacional, por la presunta violación al artículo 41, Base IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 38, párrafo 1, incisos a) y u); 228; 237, párrafos 1 y 3; 341, párrafo 1, inciso a), y 342, párrafo 1, incisos a), b), h) y n) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en el Acuerdo CG92/2012, denominado “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR EL QUE SE EMITEN NORMAS REGLAMENTARIAS SOBRE ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA DURANTE EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2011- 2012”, en términos del Considerando NOVENO de la presente Resolución.”

c) Recurso de apelación. Inconforme con la citada resolución, el veinte de mayo de dos mil doce, el Partido Revolucionario Institucional, por conducto de su representante propietario ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, interpuso recurso de apelación.

d) Trámite y remisión de expediente. El veinticinco de mayo de dos mil doce, se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior el oficio por el cual el Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral remitió el escrito de apelación, el informe circunstanciado, el escrito de tercero interesado y la demás documentación que estimó pertinente.

e) Turno a Ponencia. Recibidas las constancias, el Magistrado Presidente de esta Sala Superior ordenó integrar el expediente SUP-RAP-253/2012, a fin de turnarlo a la ponencia del Magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar, para los efectos señalados en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, lo cual fue cumplido por el Secretario General de Acuerdos de esta Sala Superior, mediante el oficio TEPJF-SGA-4253/2012, el veinticinco de mayo del año en curso.

f) Radicación, admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, el Magistrado Instructor radicó el expediente, admitió el recurso y declaró cerrada la instrucción, con lo cual el asunto quedó en estado de dictar sentencia.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y, la Sala Superior es competente para conocer y resolver el presente recurso de apelación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 41, párrafo segundo, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 186, fracción III, incisos a) y g), y 189, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 3, párrafo 2, inciso b); 40, párrafo 1, inciso b); 44, párrafo 1, inciso a), y 45, párrafo 1, inciso b), fracción I, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un medio de impugnación interpuesto por un partido político, contra una resolución emitida por un órgano central del Instituto Federal Electoral en un procedimiento especial sancionador electoral.

SEGUNDO. Procedencia. El presente recurso reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 8, párrafo 1; 9, párrafo 1, y 45, párrafo 1, inciso b), fracción I, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, como se expone a continuación:

a) Elementos formales. El escrito satisface los requisitos previstos en el artículo 9 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, puesto que se hace constar la denominación del partido político apelante, así como el nombre y la firma de la persona que promueve en su nombre; se señala domicilio para recibir notificaciones; se identifica la resolución impugnada y la autoridad responsable; se mencionan los hechos en que se basa la impugnación, los agravios que causa la resolución combatida, y los preceptos presuntamente violados.

b) Personería. El promovente, Sebastián Lerdo de Tejada C. tiene reconocida la calidad de representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, con la que acude a promover el presente recurso, como se constata en el informe circunstanciado rendido por la autoridad responsable.

c) Legitimación. El apelante, Partido Revolucionario Institucional, tiene legitimación para promover el recurso, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 12, párrafo 1, inciso a), así como el artículo 45, párrafo 1, inciso b), fracción I, ambos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda vez que fue el mismo partido político el que presentó, por conducto de su representante, la denuncia que dio origen a la resolución impugnada.

d) Interés jurídico. El partido recurrente pretende que se revoque el acto reclamado porque, desde su punto de vista se viola lo dispuesto en la normativa constitucional y legal en materia de actos de campaña, pues, a su criterio, la autoridad responsable debió sancionar a los denunciados, como consecuencia de una queja que fue formulada por el propio apelante. El medio de impugnación hecho valer para ese efecto, es el idóneo para que, en caso de ser fundados los agravios, se subsanen las violaciones alegadas.

e) Oportunidad. El recurso fue interpuesto dentro del plazo previsto en el artículo 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, tomando en cuenta que la resolución impugnada fue dictada el dieciséis de mayo del año en curso, y el escrito de apelación fue presentado ante la responsable el veinte de mayo siguiente.

TERCERO. Resolución impugnada. La resolución impugnada obra en original en los autos y la versión electrónica es consultable en el sitio oficial de internet, del Instituto Federal Electoral, en la siguiente dirección:

http://www.ife.org.mx/docs/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-resoluciones/2012/Mayo/CGext201205-16/CGe160512rp10.9.pdf

CUARTO. Agravio.

Los motivos de inconformidad formulados por el recurrente son los siguientes:

AGRAVIOS QUE SE HACEN VALER RESPECTO DE LA RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA MEDIANTE EL PRESENTE RECURSO DE APELACIÓN.

ÚNICO AGRAVIO.

Fuente del agravio: "RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR INICIADO   CON   MOTIVO   DE   LA   DENUNCIA   PRESENTADA   POR   EL   PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y DEL C. JAVIER LOZANO ALARCÓN, VOCERO DE ESE INSTITUTO POLÍTICO, POR HECHOS QUE CONSIDERA CONSTITUYEN INFRACCIONES AL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SCG/PE/PRI/CG/106/PEF/183/2012", misma que solicito se tenga por aquí reproducida en todos sus términos y específicamente lo contenido en el considerando octavo en relación con el resolutivo primero del acto impugnado.

DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES VIOLADAS: Los artículos 14, 16 y 41, Base III, Apartado C) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 105, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que imponen al Instituto Federal Electoral la obligación de observar los principios rectores de certeza, legalidad, objetividad y congruencia, por una indebida fundamentación y motivación.

CONCEPTO DEL AGRAVIO: La resolución impugnada se encuentra indebidamente fundada y motivada, por lo que resulta violatoria de los artículos 14 y 16 constitucionales, los cuales obligan a todo acto de autoridad, incluyendo las resoluciones que emita el Instituto Federal Electoral a satisfacer el requisito de contar con una fundamentación y motivación correcta, suficiente y debida ya que dejó de aplicar los artículos 228, párrafo 2; 237, párrafos 1 y 345, párrafo 1, inciso d) del código comicial federal, así como la inobservancia de la NORMA Quinta del Acuerdo CG92/2012 denominado "ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR EL QUE SE EMITEN NORMAS REGLAMENTARIAS SOBRE ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA DURANTE EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2011-2012 ".

Lo anterior, debido a que del análisis de la resolución impugnada se desprende que ésta incurre en evidentes violaciones al principio de legalidad, específicamente, a los principios de exhaustividad, congruencia y claridad que toda resolución debe contener y, por ende, carece de la debida fundamentación y motivación que exigen los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal.

Efectivamente, la congruencia en las resoluciones de las autoridades conforme a lo resuelto en forma reiterada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación constituye uno de los requisitos que deben observarse en el pronunciamiento de toda resolución de la autoridad responsable, como es el caso de la resolución impugnada.

Así, el principio de congruencia de las sentencias consiste en que al resolver una controversia, el órgano jurisdiccional lo haga atendiendo precisamente a lo planteado por las partes, sin omitir algo, ni añadir circunstancias no hechas valer y tampoco debe contener consideraciones contrarias entre sí.

Por otro lado, el principio de exhaustividad se refiere a que las resoluciones emitidas por las autoridades, ya sean administrativas o jurisdiccionales deben analizar todos y cada uno de las pretensiones y razonamientos que hayan sido expuestos por la parte denunciante, sin dejar de atenderlos, con base en valoraciones objetivas, claras, precisas, lógicas y de sana critica.

Asimismo, el principio de certeza implica que las resoluciones deben ser claras, en cuanto a los motivos y fundamentos aplicables al caso concreto.

Al efecto, esa Sala Superior ha considerado que se trata de un requisito de naturaleza legal, impuesto por la lógica, sustentada en el principio dispositivo del proceso, que obliga a resolver de acuerdo a lo argumentado por las partes y probado en juicio, lo cual le impide ordinariamente ocuparse de aspectos que no hayan sido propuestos por las partes. Por lo tanto, puede concluirse que el fallo o resolución no debe contener algo distinto a lo propuesto por las partes, entendiéndose la congruencia como la correspondencia o relación entre lo aducido por las partes y lo resuelto por la autoridad.

Para clarificar a este órgano jurisdiccional la violación a los principios de congruencia, exhaustividad, claridad y certeza, que toda resolución debe respetar me permito, primigeniamente, establecer cuáles son los puntos torales que fijaron la Litis en el procedimiento especial sancionador, es decir, la Litis fijada por el Instituto Político que represento en la denuncia basal:

La queja basal, tuvo como Litis los puntos generales siguientes: violación al acuerdo de intercampaña emitido por el Instituto Federal Electoral, derivado de las manifestaciones emitidas por el C. Javier Lozano Alarcón, en su otrora calidad de vocero del Partido Acción Nacional, de igual forma, la realización de actos anticipados de campaña, derivado de que con los hechos denunciados se tenía la finalidad de demeritar, ante la ciudadanía en general, la imagen del Partido Revolucionario Institucional y del C. Enrique Peña Nieto, por último, que la propaganda difundida por el Partido Acción Nacional, a través de la conferencia de prensa denunciada, se realizó en período de intercampaña, por lo cual, no se trata de propaganda genérica, sino que la misma consiste en destacar datos negativos, con la finalidad de reducir adeptos al Partido que represento en la contienda electoral ya en curso.

Cabe precisar que la responsable en este punto general de Litis, omitió hacer pronunciamiento alguno, lo cual, en sí mismo viola el principio de exhaustividad y congruencia.

Ahora bien, la responsable, violando el principio de legalidad, no fue exhaustiva, ni muchos menos congruente y clara en fundamentar y motivas el por qué fue infundada la queja basal.

Con base en lo anterior, y para esquematizar la violación a los principios de exhaustividad, congruencia, claridad y certeza, me permitiré elaborar un cuadro comparativo entre los puntos que fijaron la Litis en la denuncia basal y los razonamientos vertidos por la autoridad responsable en la resolución ahora impugnada:

Lo anterior debe ser suficiente, para estimar que la violación al principio de legalidad está más que acreditada.

Por otra parte, tenemos que:

Contrario a lo que aduce la responsable, y sin dejar de establecer que fue omisa en realizar una contraste y ponderación de cada frase denunciada dentro de la Litis fijada, consistente en que se trataba con las mismas de causar un detrimento en la imagen del instituto político que represento y su candidato, a través de una conferencia de prensa y la proyección de diversas imágenes. Las conductas anteriores son violatorias del principio de legalidad tutelado por la Carta Magna, pues no se trata de aducir que son manifestaciones vertidas por un vocero de un partido político y que tienen como fin expresar un punto de vista respecto de los gobiernos encabezados por el Partido Revolucionario   Institucional   sin   que  tuvieran   como   finalidad   reducir   adeptos   o simpatizantes a dicho instituto político y que las manifestaciones emitidas, deben entenderse amparadas bajo la garantía de la libertad de expresión prevista en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que fue hecha en calidad de vocero y no como precandidato o candidato, por tanto en dicho evento el denunciado no buscaba el apoyo de la ciudadanía.

Lo anteriormente argumentado, es incorrecto e infundado, toda vez que, contrario a lo que sostiene la responsable, un acto anticipado de campaña no se determina por la calidad del sujeto que produce la violación a la normativa electoral, es decir, la norma no establece que el sujeto activo de la infracción deba ser candidato o precandidato, sino que, la norma, incluso establece que los actos anticipados de campaña, pueden ser cometidos por simpatizantes, militantes, e incluso cualquier ciudadano, en ese tenor, la responsable no consideró que el entonces denunciado en la queja basal, tiene la calidad de militante y por tanto es un sujeto sancionable por la normativa electoral.

Las frases aducidas por Javier Lozano Alarcón en el evento denunciado en la queja basal, contrario a lo que aduce la responsable, no pueden considerarse como frases aisladas, ni mucho menos espontáneas y por supuesto, si son ponderadas con el tiempo en que se produjeron las mismas, es decir, en etapa de intercampaña, las mismas necesariamente están dirigidas a reducir las preferencias electorales hacia el instituto político que represento y al candidato que actualmente es postulado, aunado a ello, es ilógico y absurdo pensar que en un proceso electoral, las críticas hechas por los partidos políticos opositores o sus militantes y dirigentes no tengan esa finalidad, pues precisamente lo que todos los contendientes buscan es ganar la elección y hacer que lo otros la pierdan.

No obstante lo anterior es preciso destacar que, la responsable fue omisa en ponderar cada una de las frases denunciadas, esta omisión, por supuesto que viola el principio de exhaustividad, congruencia, claridad y certeza que toda resolución debe tener, puesto que debió haber señalado el por qué la frase denunciada es una simple expresión aislada o espontánea que no constituye un acto anticipado de campaña.

Sin querer transcribir a cabalidad lo argumentado en la queja basal, me permito exponer a éste órgano jurisdiccional, el por qué las frases denunciadas sí son expresiones que buscan reducir las preferencias electorales hacia el instituto político que represento y al candidato que actualmente es postulado por éste último:

"Los estados gobernados por el Partido Revolucionario Institucional reportan la mayor incidencia de delitos que lastiman a la sociedad...

...se demuestra que las entidades encabezadas por priistas, principalmente el Estado de México, se encuentran en los primeros lugares en delincuencia organizada...

...la medalla de oro entre los estados con más denuncias de extorsión por cada 100 mil habitantes es la entidad natal del dirigente del PRl...

Sin dar siquiera un dato o citar una fuente oficial que avale ese dicho, lo cual en sí mismo, no puede ser considerado como un libre ejercicio de la libertad de expresión y menos porque quien la emite, es el vocero de un instituto político, por tanto, la calidad con el que la dice, no es de ciudadano, sino de actor político que esboza una posición institucional partidista, derivado de que fueron dadas en una conferencia de prensa institucional, pues fue convocada por el Partido Acción Nacional, por tanto, estas manifestaciones tampoco son espontáneas, precisamente porque revistieron un carácter institucional y político al ser convocados los medios de comunicación expresamente para ello. En adición y derivado de quien las emitió fue en su calidad de dirigente o funcionario partidista y no de militante, del Partido Acción Nacional, por tanto, se trató de una postura institucional y no personal, por ende, la misma debió haber sido dada con datos verificables y comprobables, para que se ubicaran en el ámbito de la libertad de expresión y del debate público y político.

Lo mismo acontece con todas y cada una de las expresiones señaladas, que lejos de constituir crítica o debate, necesariamente se ubican en el ámbito del señalamiento y la acusación, sin sustento veraz o comprobable, de esta manera, se estima que no le asiste la razón a la autoridad responsable al resolver que en la especie no se actualiza el elemento subjetivo necesario para actualizar la comisión de un acto anticipado de campaña, puesto que, en primer lugar, del análisis que realizó esta autoridad respecto de las manifestaciones expresadas por el C. Javier Lozano Alarcón, las hizo en su calidad de vocero, por tanto se trató de una postura institucional del Partido Acción Nacional y no personal, por tanto no se ubica en el ámbito del ejercicio de la libertad de expresión de un particular; en segundo lugar, si la responsable hubiera contextualizado no sólo las manifestaciones realizadas en el evento denunciado con base en una confronta con hechos comprobables o verificables, sin duda hubiera llegado a una determinación distinta a la que ahora se combate.

Por lo tanto, no asiste la razón a esta autoridad el determinar que, del análisis de las manifestaciones denunciadas, se trata de afirmaciones genéricas, realizadas en ejercicio de la libertad de expresión, ya que de haber analizado las pruebas no valoradas y expuestas en el agravio anterior, así como de la descontextualización de su uso en el evento denunciado, seguramente se arribaría a la conclusión de que las mismas acreditan el elemento subjetivo, derivado de que el entonces denunciado, aprovechó un espacio institucional,  para hacer señalamientos no comprobables ni verificables, ni mucho menos sustentados en datos oficiales o comprobables, que tenían como finalidad causar un detrimento del instituto político que represento y del candidato que actualmente postula para el cargo de Presidente de la República Mexicana.

Con base en las anteriores consideraciones, se deduce que los razonamientos contenidos en la resolución impugnada son equivocados y como se ha señalado con antelación, implican una indebida interpretación y aplicación de los artículos 358 y 359 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 7 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral.

En este orden de ideas, resulta necesario que esta Sala Superior revoque la resolución impugnada, pues contrario a lo sostenido por la autoridad responsable sí se actualiza la calidad de garante del PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, así como respecto de las infracciones cometidas por su militante y otrora vocero JAVIER LOZANO ALARCÓN y que son sancionadas por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

QUINTO. Síntesis de los agravios. El Partido Revolucionario Institucional hace valer, en esencia, los siguientes motivos de inconformidad:

1. La resolución impugnada está indebidamente fundada y motivada, en virtud de que la responsable, al resolver la queja interpuesta, omitió la aplicación de los artículos 228, párrafo 2; 237, párrafo 1, y 345, párrafo 1, inciso d), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y la norma quinta del acuerdo CG92/2012, por el cual el Consejo General del Instituto Federal Electoral emitió las normas reglamentarias sobre actos anticipados de campaña durante el proceso electoral federal 2011-2012.

2. Dicha omisión se ve reflejada en la violación a los principios de exhaustividad, congruencia, claridad y certeza que deben regir toda sentencia.

3. El apelante afirma que la resolución impugnada viola el principio de exhaustividad, toda vez que la responsable omitió analizar tres “puntos generales de la litis” relativos a lo siguiente: a) Violación al acuerdo CG92/2012 dictado por el Consejo General del Instituto Federal Electoral para regular actos anticipados de campaña; b) Actualización de actos anticipados de campaña, porque los hechos denunciados tenían por objeto demeritar ante la ciudadanía la imagen del Partido Revolucionario Institucional y de su candidato al cargo de Presidente de la República, y c) La propaganda difundida por el Partido Acción Nacional, en la conferencia de prensa objeto de la denuncia se realizó en período de intercampaña y, por ende, no es propaganda genérica, sino que destaca datos negativos del Partido Revolucionario Institucional, para “reducirle adeptos”.

4. La responsable no hizo pronunciamiento alguno respecto de los planteamientos que el apelante inserta en las páginas once a dieciséis del escrito de apelación.

5. La responsable omitió realizar un estudio respecto de las frases denunciadas, las cuales fueron emitidas dentro del marco de una conferencia de prensa dada por Javier Lozano Alarcón, en su carácter de vocero del Partido Acción Nacional. De haberlo hecho, habría concluido que esas frases se dirigieron a causar un detrimento a la imagen del Partido Revolucionario Institucional y de su candidato al cargo de Presidente de la República.

6. La conferencia de prensa denunciada no se redujo a manifestaciones vertidas por un vocero de un partido político, amparadas por la libertad de expresión, para expresar un punto de vista respecto de los gobiernos encabezados por el Partido Revolucionario Institucional, pues estuvo dirigida a causar un detrimento a la imagen del Partido Revolucionario Institucional y de su candidato al cargo de Presidente de la República.

7. La norma aplicable no exige, para la actualización de actos anticipados de campaña, que los sujetos deban ser candidatos o precandidatos, sino que establece que ese tipo de actos pueden ser cometidos también por simpatizantes, militantes o cualquier ciudadano, lo cual es importante, porque el conferenciante es militante del Partido Acción Nacional y, por ende, es un sujeto sancionable.

8. Las frases expuestas en la conferencia de prensa no se deben considerar en forma aislada, ni como frases espontáneas, sino en el contexto en el que fueron vertidas, en etapa de inter campaña, circunstancia que necesariamente y en apego a las reglas de la lógica debe llevar a la conclusión de que tenían como fin, reducir preferencias electorales hacia el Partido Revolucionario Institucional y su candidato.

9. La responsable omitió ponderar cada una de las frases denunciadas. Debió señalar por qué las frases denunciadas son simples expresiones aisladas o espontáneas que no constituyen un acto anticipado de campaña.

10. Las frases siguientes: “Los estados gobernados por el Partido Revolucionario Institucional reportan la mayor incidencia de delitos que lastiman a la sociedad…”; “…se demuestra que las entidades encabezadas por priistas, principalmente el Estado de México, se encuentran en los primeros lugares de delincuencia organizada…”, y “…la medalla de oro entre los estados con más denuncias de extorsión por cada 100 mil habitantes es la entidad natal del dirigente del PRI…” son expresiones que buscan reducir las preferencias electorales hacia el Partido Revolucionario Institucional y su candidato.

Ello es así, porque: a) No se cita un solo dato o fuente oficial que avale las afirmaciones; b) Quien emite las afirmaciones no es un ciudadano ni un militante que actuó por su cuenta, sino en su calidad de vocero, de dirigente o funcionario de un partido político, esbozando una posición institucional partidista en una conferencia institucional; c) No son expresiones espontáneas, pues revistieron un carácter institucional al haber sido convocados los medios de comunicación.

11. Las afirmaciones hechas en la conferencia se instalan en el ámbito del señalamiento y la acusación, sin sustento veraz o comprobable.

12. De haber Analizado “las pruebas no valoradas y expuestas en el agravio anterior”, así como “de la descontextualización de su uso en el evento denunciado”, la responsable habría concluido que el elemento subjetivo de los actos anticipados de campaña, porque el sujeto denunciado aprovechó un espacio institucional, para hacer señalamientos no comprobables ni verificables, ni sustentados en datos oficiales, con la finalidad de causar detrimento al Partido Revolucionario Institucional y a su candidato al cargo de Presidente de la República.

13. Los razonamientos contenidos en la resolución impugnada son equivocados e implican una indebida aplicación de los artículos 358 y 359 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y del artículo 7 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral.

SEXTO. Estudio de fondo.

Los agravios destacados en los puntos 1,2 y 3 que anteceden son infundados.

Se arriba a esta conclusión porque, contrariamente a lo alegado por el apelante, los planteamientos que denomina como “puntos generales de la litis” destacados en el punto 3, de cuya omisión de estudio hace depender los agravios de los puntos 1 y 2, sí están incluidos en la resolución dictada por la autoridad responsable.

Es pertinente precisar, que lo que el apelante destaca en el punto 3, como tres ideas distintas, en realidad gira en torno a un mismo argumento, el cual se puede reducir a lo siguiente: Para el apelante, la responsable violó el principio de exhaustividad, porque no analizó los planteamientos relativos a que, con la propaganda difundida por el Partido Acción Nacional en una conferencia de prensa realizada en período de intercampaña se violó el acuerdo CG92/2012 dictado por el Consejo General del Instituto Federal Electoral y se actualizaron actos anticipados de campaña, porque los hechos denunciados tenían por objeto demeritar ante la ciudadanía la imagen del Partido Revolucionario Institucional y de su candidato al cargo de Presidente de la República.

En la resolución impugnada, la autoridad responsable procedió de la siguiente forma:

En el considerando Quinto precisó los hechos denunciados y “las excepciones y defensas”, a partir de lo planteado en el escrito de denuncia del Partido de la Revolución Democrática, y en los escritos de comparecencia del Representante del Partido Acción Nacional y del vocero de ese partido político.

En el considerando Sexto fijó la litis, precisando que consistía en determinar, si Javier Lozano Alarcón, en su calidad de vocero del Partido Acción Nacional, violó lo dispuesto en los artículos 41, base IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 228, párrafo 2; 237, párrafos 1 y 3, y 345, párrafo 1, inciso d), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y en el acuerdo CG92/2012 por la realización de actos anticipados de campaña en razón de que “el día 26 de marzo de 2012, en las instalaciones del Partido Acción Nacional, su vocero Javier Lozano Alarcón, en conferencia de prensa difundió ante la ciudadanía, a través de diversas láminas, diapositivas con imágenes del C. Enrique Peña Nieto y otras a modo de ´diplomas´ con supuestos datos estadísticos relacionados con la mayor incidencia de delitos. En el desarrollo de toda la exposición, el militante panista es reiterativo en afirmar y vincular la mayor incidencia de delitos en entidades federativas gobernadas por administraciones priistas, y de manera particular se refiere al Estado de México y al candidato a Presidente de la República postulado por la coalición ´Compromiso por México ´de la que forma parte el Partido de la Revolución Democrática.

También sostuvo la responsable, que era parte de la litis del asunto, determinar si el Partido Acción Nacional violó las disposiciones contenidas en los artículos 41, base IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 38, párrafo 1, incisos a) y u); 228; 237, párrafos 1 y 3; 341, párrafo 1, inciso a), y 342, párrafo 1, incisos a), b), h), y n), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y en el acuerdo CG92/2012 por la realización de actos anticipados de campaña y por la omisión de vigilar que su conducta y la de sus militantes se mantenga permanentemente dentro de los cauces legales, en relación con los hechos imputados a Javier Lozano Alarcón.

En el considerando Séptimo de la resolución impugnada, la responsable valoró las pruebas ofrecidas por las partes consistentes en:

a) Testimonio suscrito por el Notario Público número ciento setenta y uno del Estado de México, en el que se da fe del contenido de cuatro páginas de internet;

b) Disco compacto que contiene un video con duración de nueve minutos con cincuenta y nueve segundos, que contiene el discurso pronunciado por el denunciado Javier Lozano Alarcón y las imágenes atinentes a ese acto (transcrito el discurso y reproducidas las imágenes en la resolución impugnada).

c) Acta circunstanciada instrumentada por el Secretario Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral en la que asentó el resultado de la revisión de cinco páginas de Internet.

d) Oficio CNCS/AGJL/506/2012, suscrito por el Coordinador Nacional de Comunicación Social del Instituto Federal Electoral, mediante el que informó, en respuesta al requerimiento hecho mediante el diverso oficio SCG/2501/2012, sobre el monitoreo efectuado a las mismas cuatro páginas de internet relacionadas en el acta mencionada.

e) Disco compacto agregado al mencionado oficio CNCS/AGJL/506/2012.

f) Impresiones de notas obtenidas en siete sitios de Internet, relacionadas con los hechos.

A partir de la valoración de esos medios de prueba, la responsable concluyó que quedaron acreditados los siguientes hechos:

- El veintiséis de marzo de dos mil doce tuvo lugar una conferencia de prensa en las Instalaciones del Partido Acción Nacional.

- La conferencia fue dictada por Javier Lozano Alarcón, en su calidad de vocero del Partido Acción Nacional.

- En la conferencia, Javier Lozano Alarcón formuló expresiones relacionadas con los índices delictivos que existen en los Estados gobernados por el Partido Revolucionario Institucional.

En el considerando Octavo de la resolución impugnada, la responsable estudió la parte atinente de la litis atinente a la conducta imputada a Javier Lozano Alarcón, y concluyó que:

- Los elementos a partir de los cuales se puede concluir que se actualizan actos anticipados de campaña son: El elemento personal, consistente en que este tipo de actos pueden ser realizados por los partidos políticos, los militantes, aspirantes, precandidatos y candidatos; el elemento subjetivo, atinente a la finalidad de los actos, dirigida a presentar una plataforma electoral y promover a un partido político o posicionar a un ciudadano, y el elemento temporal, atinente a que, para acreditar la infracción, los actos deben ocurrir previamente al registro de candidaturas ante la autoridad electoral o antes del inicio formal de las campañas. Todo ello con sustento en los precedentes sentados por esta Sala Superior, en el juicio SUP-JRC-274/2010 y en los recursos de apelación SUP-RAP-15/2009; SUP-RAP-16/2009; SUP-RAP-191/2010 y SUP-RAP-63/2011.

- En las campañas electorales se difunde principalmente la plataforma electoral a efecto de obtener el voto de la ciudadanía a un cargo de elección popular.

- Los actos anticipados de campaña pueden ser realizados por cualquier militante, aspirante, precandidato, candidato o partido político comprenden el periodo de selección interna del candidato, y ocurren antes de que el candidato haya obtenido el registro ante la autoridad electoral y previamente a que inicie el periodo de campañas electorales.

- Que dentro del periodo de inter campaña comprendido del dieciséis de febrero al veintinueve de marzo de dos mil doce, no está permitido exponer plataformas electorales ni promover candidatos o candidaturas con el objeto de llamar al voto, ni mencionar el proceso electoral en curso. Tampoco está permitido, en ese lapso, la “promoción del voto en contra”.

- Javier Lozano Alarcón ocupa el cargo de vocero del Partido Acción Nacional y es militante de ese partido político, por lo que está colmado el elemento personal atinente a los actos anticipados de campaña.

- No se actualiza el elemento subjetivo, consistente en que los actos denunciados tengan como propósito fundamental presentar una plataforma electoral, promoverse o promover a un ciudadano para obtener la postulación a una precandidatura, candidatura o cargo de elección popular.

- Las manifestaciones expresadas por Javier Lozano Alarcón, en su calidad de vocero del Partido Acción Nacional, deben ser consideradas un ejercicio de libertad de expresión, que no se traduce en violación al acuerdo CG92/2012, porque: Constituyen su particular punto de vista y una crítica dura, respecto del desempeño de gobiernos encabezados por el Partido Revolucionario Institucional en algunas entidades federativas; no se advierte que el acto haya tenido la finalidad de llamar al voto a su favor, ni de reducir las simpatías o adeptos a favor del Partido Revolucionario Institucional; lo expuesto fue en calidad de vocero del Partido Acción Nacional y no de precandidato o candidato; el acto no fue público, sino una conferencia de prensa; el acto fue en respuesta a las afirmaciones externadas por Enrique Peña Nieto en torno al tema de seguridad pública; las afirmaciones se deben contextualizar en el marco del debate de dos actores políticos sobre el tema de seguridad pública, el cual es un tópico de interés general y actual; el ejercicio de la libertad de expresión e información se debe maximizar cuando el sujeto que emita las declaraciones cuestionadas sea un actor político, puesto que el margen de tolerancia frente a juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas por ese tipo de personas se debe ensanchar cuando se expresen ideas u opiniones que permitan la formación de una opinión pública libre, la consolidación del sistema de partidos y el fomento de una auténtica cultura democrática, si ello ocurre entre afiliados, militantes partidistas, candidatos o dirigentes y la ciudadanía en general; es inviable sostener que las declaraciones tuvieron como propósito posicionar al Partido Acción Nacional, ni reducir las simpatías o apoyos de la sociedad en detrimento del Partido Revolucionario Institucional, pues sólo constituyeron el punto de vista particular del expositor.

En el considerando Noveno de la resolución impugnada, la autoridad responsable examinó la responsabilidad del Partido Acción Nacional, respecto de los hechos imputados a Javier Lozano Alarcón, y concluyó que, al no estar acreditada infracción alguna atribuible a dicha persona, tampoco podía fincarse responsabilidad al partido por culpa in vigilando.

De lo relacionado se advierte que, contrariamente a lo alegado por el partido demandante, la autoridad responsable sí estudió los puntos que el apelante señala como “puntos generales de la litis” pues todo el examen hecho en la resolución impugnada versó sobre la actualización o no, de actos anticipados de campaña, por la conferencia brindada por Javier Lozano Alarcón, el veintiséis de marzo de dos mil doce, en las instalaciones del Partido Acción Nacional, la cual fue transcrita e insertas en la resolución impugnada las imágenes del material ahí presentado y de la violación o no, con esos actos, del acuerdo CG92/2012. Por tanto, el agravio en estudio no puede ser acogido.

Algo distinto es, el análisis de si lo razonado en cuanto a que no se actualizaron actos anticipados de campaña es o no apegado a Derecho, lo cual será motivo de examen en apartados subsecuentes.

Lo alegado por el demandante en el punto 4 del resumen de agravios que antecede es infundado.

El apelante inserta un cuadro en las páginas once a dieciséis del escrito de apelación, en el que destaca varios planteamientos respecto de los cuales afirma que la responsable no hizo consideración alguna.

El agravio es en parte inoperante y, en otra, infundado.

En la parte atinente de la denuncia (inserta en el cuadro mencionado) el partido ahora apelante sostuvo:

A) En conformidad con los artículos 40 y 362 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, los partidos políticos tienen el derecho de acudir ante el Instituto Federal Electoral a presentar quejas y solicitar que se investiguen las actividades realizadas por cualquier partido político, aspirante, precandidato y cualquier sujeto de responsabilidad, por la comisión de faltas electorales. Las quejas deberán ser substanciadas mediante el procedimiento administrativo sancionador correspondiente.

B) Los partidos políticos están obligados a conducir en todo momento sus actividades dentro de los cauces legales, sujetándose a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como a la legislación secundaria y reglamentaria aplicable.

C) El Consejo General del Instituto Federal Electoral tiene la obligación de vigilar en el ámbito de su competencia el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia político-electoral, así como las de investigar los hechos que denuncien los partidos políticos y la de imponer las sanciones previstas en la ley.

D) El Partido Acción Nacional y Javier Lozano Alarcón, vocero de ese instituto político, violaron es artículo 41, base IV, de la Constitución Federal y 342, párrafo 1, incisos a) y e), y 344, párrafo 1, inciso a), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al realizar actos anticipados de campaña.

E) El artículo 41 citado regula los plazos para la realización de las campañas electorales y prevé, que la violación a esas normas será sancionada conforme a la ley.

F) El propio artículo 41 constitucional prevé una limitante al derecho de realizar actos de campaña, por lo que los efectuados fuera de los plazos permitidos constituyen violación a la normativa constitucional y legal mencionada.

G) El artículo 344 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales prevé como infracción de los aspirantes, precandidatos y candidatos, la realización de actos anticipados de campaña.

H) El artículo 7 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral define los actos anticipados de campaña (transcribe el artículo).

I) Conforme con el artículo 7 citado y los precedentes dictados en los expedientes SUP-JDC-1166/2010; SUP-JDC-1239/2010; SUP-JRC-274/2010; SUP-RAP-15/2009 y SUP-RAP-16/2009, la actualización de actos anticipados de campaña requiere de tres elementos: El personal; el subjetivo y el temporal.

J) En cuanto al elemento subjetivo, conforme con el acuerdo CG92/2012 se actualiza si, durante la etapa de inter campaña, se solicita expresamente el voto para una candidatura, se expone la plataforma electoral o se alude al proceso comicial.

K) Conforme con el mencionado acuerdo, los actos dirigidos a la ciudadanía, para promover el voto a favor o en contra, exponer plataformas electorales o aludir al proceso electoral son actos de proselitismo electoral prohibidos.

L) En el SUP-RAP-85/2008, la Sala Superior definió el concepto de actos de campaña electoral (el cual transcribe).

M) En el SUP-RAP-193/2009, la Sala Superior concluyó que se estará en presencia de una violación constitucional, por actos anticipados de campaña, cuando se realicen conductas que tengan por objeto posicionar a un partido político frente al electorado.

N) En la tesis relevante clave CXX/2002, la Sala Superior sostuvo que la propaganda electoral no solo se limita a captar votos, sino también busca reducir el número de adeptos, simpatizantes o votos de los otros partidos políticos que intervienen en la contienda electoral.

O) Las prohibiciones y sanciones en materia de actos anticipados de campaña también incluyen los actos de campaña que busquen reducir el número de adeptos, votos o simpatizantes en perjuicio de otros partidos políticos, coaliciones o candidatos contrincantes.

P) La limitación temporal a los actos anticipados de campaña abarca, incluso, los actos previos al inicio del proceso electoral (cita al respecto el SUP-RAP-63/2011).

Para esta Sala Superior, lo señalado en el inciso A), que antecede, de cuya falta de estudio se queja el partido apelante, fue un planteamiento general hecho en la denuncia de origen, relativo al derecho de los partidos políticos para acudir ante el Instituto Federal Electoral a presentar quejas y solicitar la investigación de hechos infractores de la normativa electoral, así como a que se siga un procedimiento administrativo sancionador que tenga como base esas denuncias.

Como planteamiento general que es, lo destacado no formó parte substancial del objeto de estudio en el procedimiento administrativo sancionador electoral, pues dicho procedimiento tuvo como fin, establecer si los actos atribuidos a Javier Lozano Alarcón, en su calidad de vocero del Partido Acción Nacional constituyeron actos anticipados de campaña.

De otra parte, esta Sala advierte que en el caso concreto, el derecho del partido político apelante, a denunciar y a pedir que se indague sobre hechos infractores de la normativa electoral, así como el procedimiento que se debe seguir, fueron respetados, puesto que la denuncia presentada por el ahora apelante dio origen al procedimiento especial sancionador cuya resolución es impugnada en la presente apelación.

En consecuencia, la falta de una consideración específica en la resolución impugnada, en la que la responsable reconociera que los partidos políticos cuentan con el derecho mencionado, no causa perjuicio alguno al apelante, pues además de que no se trató del tema substancial objeto del procedimiento sancionador, los derechos mencionados por el apelante fueron respetados durante el procedimiento especial sancionador.

En cuanto a lo señalado en el inciso B), que antecede, de cuya falta de estudio se queja el partido apelante, también fue un planteamiento general hecho en la denuncia de origen, relativo a la obligación de los partidos políticos de conducir en todo momento sus actividades dentro de los cauces legales, sujetándose a la Constitución Federal, a la legislación secundaria y reglamentaria aplicable.

Como planteamiento general que es, lo destacado tampoco formó parte substancial del objeto de estudio en el procedimiento administrativo sancionador electoral, pues dicho procedimiento tuvo como fin, el señalado en párrafos precedentes.

De otra parte, esta Sala advierte que en el caso concreto, en el considerando Noveno de la resolución impugnada, la responsable sí analizó si el Partido Acción Nacional violó o no los artículos 41, Base IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 38, párrafo 1, incisos a), y u); 228, párrafo 2; 237, párrafos 1 y 3; 341, párrafo 1, inciso a), y 342, párrafo 1, incisos a), b), h), y n), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, con lo que atendió a ese planteamiento general del denunciante y ahora apelante.

Todo ello con independencia de que los razonamientos de la responsable sean o no correctos; pero en lo atinente al agravio que se analiza, es suficiente para concluir, que la omisión de estudio de la que se queja el apelante no se actualiza.

En cuanto a lo señalado en el inciso C), que antecede, de cuya falta de estudio se queja el partido apelante, también fue un planteamiento general hecho en la denuncia de origen, relativo a la obligación del Instituto Federal Electoral de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia político-electoral, así como la de investigar los hechos que se denuncien y la de imponer las sanciones previstas en la ley.

Como planteamiento general que es, lo destacado tampoco formó parte substancial del objeto de estudio en el procedimiento administrativo sancionador electoral, pues dicho procedimiento tuvo como fin, el señalado en párrafos precedentes.

De otra parte, esta Sala advierte que en el caso concreto, en los considerandos Primero, Segundo y Tercero de la resolución impugnada, la responsable sí destacó las facultades y obligaciones previstas en los artículos 41, base V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 104, 105, párrafo 1, incisos a), b), e), y f); 106, párrafo 1; 109, párrafo 1; 118, párrafo 1, incisos h), y w); 356, y 370  del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, relacionadas con garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones; velar por la autenticidad y efectividad del sufragio; vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral; velar por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad; vigilar que las actividades de los partidos políticos nacionales, agrupaciones políticas, y los sujetos a que se refiere el artículo 341 del código comicial federal, se desarrollen con apego a la normativa electoral y cumplan las obligaciones a que están sujetos; conocer las infracciones y en su caso imponer las sanciones que correspondan, a través del procedimiento correspondiente.

Todo ello con independencia de que los razonamientos de la responsable sean o no correctos; pero en lo atinente al agravio que se analiza, es suficiente para concluir, que la omisión de estudio de la que se queja el apelante no se actualiza.

En lo atinente a lo señalado en los incisos D), E), F), G), y H), que anteceden, de cuya falta de estudio se queja el partido apelante, esta Sala Superior advierte que, en el considerando Octavo de la resolución impugnada, la responsable sí estudió si la conducta imputada a Javier Lozano Alarcón, en su calidad de vocero del Partido Acción Nacional violó o no, lo dispuesto en el artículo 41, base IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 228, párrafo 2; 237, párrafos 1 y 3, y 345, párrafo 1, inciso d), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Cabe precisar, que si bien la responsable no estudió los hechos objeto de la denuncia, desde la perspectiva de lo dispuesto en el artículo 344, párrafo 1, inciso a), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, sino del artículo 345, párrafo 1, inciso d), del citado código, ello se explica, porque en la denuncia se atribuyó al denunciado Javier Lozano Alarcón, la calidad de vocero de un partido político al momento de cometer la presunta infracción y el artículo 344 citado prevé infracciones cuyos sujetos activos son los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, y en la denuncia no se atribuyó al sujeto activo alguna de esas calidades. En cambio, el citado artículo 345 contempla, como sujetos activos de las infracciones que regula, a los ciudadanos, los dirigentes y afiliados a partidos políticos, o cualquier persona física o moral.

De otra parte, en el considerando Noveno de la resolución impugnada, la responsable sí analizó, si por la conducta imputada a Javier Lozano Alarcón, el Partido Acción Nacional incurrió en violación a los artículos 41, base IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 38, párrafo 1, incisos a), y u); 228, párrafo 2; 237, párrafos 1 y 3; 341, párrafo 1, inciso a), y 342, párrafo 1, incisos a), b), h), y n), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en el acuerdo dictado por el Consejo General del Instituto Federal Electoral identificado con la clave CG92/2012.

En la página 60 de la resolución impugnada transcribió el artículo 7 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral, y en la página 70 concluyó: “f) Que en mérito de lo anterior, el Reglamento de quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral en su artículo 7, párrafos 2 y 3, establece las definiciones de actos anticipados de campaña y precampaña.

En consecuencia, con independencia de que los razonamientos de la responsable sean o no correctos; en lo atinente al agravio que se analiza, lo destacado es suficiente para concluir, que la omisión de estudio de la que se queja el apelante no se actualiza.

En cuanto a lo señalado en el inciso I), que antecede, de cuya falta de estudio se queja el partido apelante, esta Sala Superior advierte que la referencia en la denuncia de origen a los precedentes fijados en los juicios SUP-JDC-1166/2010; SUP-JDC-1239/2010, y SUP-JRC-274/2010 y en los recursos de apelación SUP-RAP-15/2009 y SUP-RAP-16/2009 fue con el objeto de establecer, que el análisis de la actualización de actos anticipados de campaña se debe hacer tomando en cuenta tres elementos: El personal, el subjetivo y el temporal.

En la resolución impugnada, la responsable sí tuvo en cuenta e, incluso, transcribió la parte atinente de los precedentes relativos al juicio SUP-JRC-274/2010 y a los recursos de apelación SUP-RAP-15/2009 y SUP-RAP-16/2009, para sustentar lo que había dicho en la página 62 de su fallo, respecto a que los actos anticipados de campaña se actualizan siempre que estén presentes los tres elementos mencionados (personal, subjetivo y temporal).

Cabe precisar, que la responsable no mencionó los precedentes relativos a los juicios SUP-JDC-1166/2010 y SUP-JDC-1239/2010; sin embargo, como la finalidad del denunciante y ahora apelante era destacar los elementos que se deben tener en cuenta en la actualización de actos anticipados de campaña, y tales elementos fueron fijados por la responsable en la página 62 de la resolución impugnada, la omisión de mención expresa de tales precedentes no causa agravio alguno al ahora apelante.

En lo atinente a lo señalado en el inciso J) y K), que anteceden, de cuya falta de estudio se queja el partido apelante, esta Sala Superior advierte que, contrariamente a lo aducido por el partido apelante, la responsable si analizó, en las páginas 77 a 80 de la resolución impugnada, lo atinente a que, en el acuerdo CG92/2012 se precisa que, en la etapa de intercampaña los partidos políticos no podrán exponer ante la ciudadanía sus plataformas electorales, ni promover a los candidatos, llamando al voto en actividades de proselitismo, ni incluir de manera expresa mensajes alusivos al proceso electoral federal.

En la página 80, párrafo tercero, de la resolución impugnada, la responsable examinó lo atinente a que los actos anticipados de campaña también incluyen la promoción del voto a favor o en contra de algún partido político o candidato (a propósito del acuerdo CG92/2012 que transcribió y citó).

En cuanto a lo señalado en el inciso L), que antecede, si bien es cierto que la responsable no mencionó de manera destacada el precedente del SUP-RAP-85/2008 citado por el denunciante y ahora apelante, ello no le genera agravio alguno, puesto que

la cita de ese precedente en la denuncia tuvo como fin, que la responsable contara con una definición, compatible con los precedentes dictados por esta Sala Superior, de lo que se debe entender como acto de campaña, y esa definición se obtiene, de lo señalado por la autoridad responsable en la página 75 de la resolución impugnada, sustentada en precedentes de esta Sala, en donde precisó: “Que en las campañas electorales se difunde principalmente la plataforma electoral a efecto de obtener el voto de la ciudadanía a un cargo de elección popular”.

De otra parte, en el desarrollo de todos los razonamientos atinentes a lo que se considera como acto anticipado de campaña, contenidos en las páginas 77, párrafo segundo, y 81, párrafo primero, está inmersa la definición de actos de campaña, pues el único elemento que distingue un acto de campaña, de uno anticipado de campaña, es la temporalidad en la que tiene lugar, como se advierte en la transcripción de tales párrafos:

“Que las manifestaciones o actos que tengan el propósito fundamental de presentar una plataforma electoral y promoverse o promover a un ciudadano para obtener la postulación a una precandidatura, candidatura o cargo de elección popular”

“De lo antes expuesto, se puede deducir que para efectos del Procedimiento Especial Sancionador indicado al rubro, válidamente se pueden considerar actos anticipados de campaña aquellos realizados por coaliciones, partidos políticos, sus afiliados o militantes, aspirantes, precandidatos o candidatos, a través de reuniones públicas, asambleas, marchas, la difusión de escritos, publicaciones, expresiones, mensajes, imágenes, proyecciones, grabaciones de audio o video u otros elementos, y en general todos los realizados, para dirigirse a la ciudadanía, presentar y promover una candidatura y/o sus propuestas, para obtener su voto a favor de ésta en una jornada electoral, la exposición de plataformas electorales, y emitir mensajes alusivos al Proceso Electoral Federal, siempre que acontezcan previo al inicio de las campañas electorales respectivas.”

Por todas las razones expuestas, el agravio es inoperante.

En lo atinente a lo señalado en los incisos M), N), y O), que anteceden, de cuya falta de estudio se queja el partido apelante, esta Sala Superior advierte que, contrariamente a lo aducido por el partido apelante, la responsable si analizó, en las páginas 62, párrafo segundo; 81, párrafos tercero, cuarto y quinto, y 89, párrafos primero y segundo, de la resolución impugnada, lo atinente a que, en el concepto de actos anticipados de campaña están incluidos los actos que tengan como fin, posicionar a un partido político o a un ciudadano para obtener el voto de los ciudadanos, así como aquellos que tengan por objeto reducir el número de adeptos o simpatizantes de algún partido político.

Cabe precisar, que el partido político ahora apelante citó en su denuncia original, la tesis relevante de esta Sala Superior identificada con la clave CXX/2002 originada en el juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-196/2001 y que, por error, la responsable mencionó que el precedente se encuentra en el recurso SUP-RAP-196/2001; sin embargo, con independencia de ese lapsus calami, lo trascendente es que sí analizó, en las páginas 88 y 89 de la resolución impugnada, el planteamiento del ahora apelante, sustentado en la tesis CXX/2002, lo cual es evidente, si se tiene en cuenta que, en los razonamientos que expuso la responsable mencionó, entre otras cosas, que el precedente que originó “la tesis relevante invocada por el Partido Revolucionario Institucional” versó sobre un medio de impugnación promovido por el Partido Acción Nacional en contra del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, relacionados con la elección municipal celebrada en Ciudad Juárez, en el año dos mil uno, lo cual es coincidente con el precedente correspondiente al SUP-JRC-196/2001.

Todo lo expuesto, con independencia de que los razonamientos de la responsable sean o no correctos; pero en lo atinente al agravio que se analiza, es suficiente para concluir, que la omisión de estudio de la que se queja el apelante no se actualiza.

En lo atinente a lo señalado en el incisos P), que antecede, de cuya falta de estudio se queja el partido apelante, esta Sala Superior advierte que el agravio es inoperante, porque si bien es cierto que la responsable no mencionó expresamente el precedente citado por el ahora apelante en su escrito de denuncia, atinente al SUP-RAP-63/2011, también lo es, que dicho precedente versa sobre actos anticipados de campaña que tienen lugar en tiempos anteriores al inicio del procedimiento electoral, y la denuncia versó sobre actos realizados durante el período de intercampaña, es decir, una vez iniciado el procedimiento electoral, por lo que la omisión, por parte de la responsable, de mencionar un precedente que versa sobre la posibilidad de que los actos anticipados de campaña se configuren incluso, antes de iniciar el procedimiento electoral, es intrascendente y no causa perjuicio al partido apelante.

Lo aducido en el punto 7, del resumen de agravios que antecede es inoperante.

El demandante alega, que contrariamente a lo sostenido por la responsable, la normativa aplicable no exige, para la configuración de actos anticipados de campaña, que los sujetos deban ser candidatos o precandidatos, sino que establece que ese tipo de actos pueden ser cometidos por simpatizantes, militantes o cualquier ciudadano.

Lo inoperante del agravio estriba en que, si bien la responsable concluyó erróneamente, en las páginas 76, último párrafo, y 77, segundo párrafo, de la resolución impugnada, que el sujeto activo de la infracción consistente en realizar actos anticipados de campaña debe tener la calidad de militante, aspirante o precandidato, sin mencionar a los simpatizantes o a cualquier ciudadano, también lo es que ello no trascendió al resultado del fallo, puesto que no exoneró al denunciado Javier Lozano Alarcón sobre la base de que no tenía la calidad de sujeto activo capaz de realizar actos anticipados de campaña, sino sobre la base de que los actos que se le imputaron no actualizaron la infracción.

Lo expuesto se constata en el párrafo segundo de la página 83 de la resolución impugnada, en donde la responsable sostuvo:

“En principio, debemos partir del hecho de que el C. Javier Lozano Alarcón ocupa el cargo de vocero del Partido Acción Nacional, y que adicionalmente, es militante del mismo, lo que se invoca como un hecho público y notorio en términos de lo dispuesto en el artículo 358, párrafo 1 del Código Federal del Instituciones y Procedimientos Electorales; con lo anterior, se tiene por colmado el elemento personal, dado que existe la posibilidad de que sea sujeto infractor de la falta que se le imputa.”

En consecuencia, el agravio es inoperante.

Lo aducido en los puntos 5, 6, 8, 9, 10 y 11, del resumen de agravios que antecede es infundado.

En tales puntos, el demandante pretende demostrar: a) Que la responsable debió concluir, que las frases de Javier Lozano Alarcón, en la conferencia de prensa que concedió como vocero del Partido Acción Nacional fueron hechas en detrimento de la imagen del Partido Revolucionario Institucional y de su candidato al cargo de Presidente de la República; b) Que lo dicho en la conferencia de prensa rebasa los límites de la garantía de libertad de expresión; c) Que lo dicho buscaba reducir las preferencias electorales hacia el partido y el candidato mencionados; d) Que la responsable debió ponderar las frases y señalar por qué son simples expresiones aisladas o espontáneas, que no constituyen actos anticipados de campaña; e) Que las frases que transcribe el apelante son un claro ejemplo de que, en la conferencia, se buscó reducir las preferencias electorales del partido político y candidato mencionados, y f) Que las afirmaciones hechas en la conferencia “se instalan en el ámbito del señalamiento y la acusación, sin sustento veraz o comprobable.

Para el análisis de los agravios señalados, esta Sala Superior considera pertinente precisar, que es necesario tener en cuenta  el contenido íntegro de la conferencia de prensa que originó la denuncia, así como el contexto en el que ocurrió, apreciando todas las circunstancias de las que informan los autos del presente recurso de apelación.

También es necesario tener presente lo que esta Sala Superior ha sostenido respecto a la libertad de expresión, en el ámbito de la arena política, cuando los sujetos que la ejercer participan en la competencia de esa naturaleza.

En lo atinente a los alcances de la libertad de expresión, en el contexto de la competencia política, esta Sala Superior ha sostenido que:

● La libertad de expresión es un derecho fundamental establecido en el artículo 6º, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado mexicano, como es el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Sociales (artículo 19, párrafo 2) y la Convención  Americana sobre Derechos Humanos (artículo 13, párrafo 1), los cuales son aplicables en términos de lo dispuesto en los artículos 1º. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

●En conformidad con el artículo 19, párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Sociales, toda persona tiene derecho a la libertad de expresión (que consiste en la exteriorización del pensamiento) y comprende, además, el derecho de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, lo que se conoce como libertad de investigación y el derecho colectivo de recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento. En términos similares, se consagra la libertad de expresión en el artículo 13, párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

●La libertad de expresión comprende tres distintos derechos: el buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole.

En el artículo 6º. de la Carta Magna, se establecen dos derechos fundamentales distintos: El derecho a la libertad de expresión (primera parte del artículo) y el derecho a la libertad de información (segunda parte).

●En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha destacado la importancia fundamental de la libertad de expresión en un régimen democrático. La libertad de expresión goza de una  vertiente pública e institucional, que contribuye de manera esencial a la formación y al mantenimiento de una “opinión pública libre y bien informada, elemento imprescindible para el buen funcionamiento de la democracia representativa”. Los elementos anteriores se desprenden de la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro LIBERTAD DE EXPRESIÓN E IMPRENTA. LAS LIMITACIONES ESTABLECIDAS POR EL LEGISLADOR RELACIONADAS CON LA VERACIDAD Y CLARIDAD DE LA PUBLICIDAD COMERCIAL SON CONSTITUCIONALES CUANDO INCIDAN EN SU DIMENSIÓN PURAMENTE INFORMATIVA.

●Es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada, no es plenamente libre. En particular, un electorado que no esté bien informado, no es plenamente libre. El voto informado es prerrequisito del voto libre.

●Dicha libertad tiene una dimensión individual, porque está referida al derecho de expresión de cada sujeto y, una dimensión colectiva o social, puesto que comprende el derecho de sociabilizar dichas informaciones o ideas, y que la propia sociedad o colectividad conozca de las mismas.

●La protección constitucional de la libertad de expresión (en el sentido de la emisión de ideas, juicios, opiniones y creencias personales) incluye el derecho de expresar convicciones políticas, morales, religiosas, filosóficas o de otro tipo y se ve aún más fortalecida si involucra la libertad de pensamiento o de opiniones en materia política, por lo que está protegida constitucionalmente en los artículos 1, 3 y 7, en concordancia con los artículos 40 (forma democrática representativa de gobierno) y 41 (sistema constitucional electoral) de la Constitución federal, así como diversos instrumentos internacionales de derechos humanos firmados y suscritos por el Estado mexicano.

●La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, define a este derecho fundamental como: “La libertad de expresión, en todas sus formas, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática”.

●La protección del derecho a la libertad de expresión adquiere una mayor dimensión, avanzando por una directriz que se explica a través de tres valores fundamentales de la democracia con los que convive, sin los cuales difícilmente puede concebirse su pleno ejercicio: pluralismo, apertura y tolerancia.

●La colectividad está integrada por una diversidad de personas que tienen sus propias creencias y convicciones, lo cual genera distintas ideas, opiniones e informaciones.

●Las sentencias y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Palmara Iribarne vs. Chile, así como en las posiciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se han orientado a reconocer que el redimensionamiento de la libertad de expresión sólo se logrará a través de una plena democracia, porque en ésta coexiste un pluralismo de amplio espectro hacia todas las perspectivas de expresión, así como una acentuada tolerancia en torno de aquellas posiciones que en nombre de la democracia ejercen su derecho a expresarse libremente, y por último, una exigible apertura que ha de subyacer bajo el principio de progresividad.

●En el debate político, el ejercicio de la libertad de expresión e información ensancha el margen de tolerancia frente a juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas en esas confrontaciones, cuando se actualice en el entorno de temas de interés público en una sociedad democrática. Bajo esa premisa, no se considera transgresión a la normativa electoral la manifestación de ideas, expresiones u opiniones que, apreciadas en su contexto, aporten elementos que permitan la formación de una opinión pública libre, la consolidación del sistema de partidos y el fomento de una auténtica cultura democrática, siempre que no se rebasen los límites constitucional y legalmente establecidos.

Así lo ha sostenido esta Sala Superior, en la jurisprudencia 11/2008, cuyo rubro es: LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO.

●Conforme a la concepción apuntada se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis cuyo rubro es LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU PROTECCIÓN  ES ESPECIALMENTE INTENSA EN MATERIA POLÍTICA Y ASUNTOS DE INTERÉS PÚBLICO.

●La libertad de expresión en el campo político o electoral, alcanza dimensiones particulares, al vincularse precisamente con los derechos y valores que soportan un Estado democrático; por tal motivo, su interpretación debe realizarse de manera tal que el ejercicio de unos no menoscabe, disminuya o haga nugatorios los otros.

●Tratándose del debate político en un entorno democrático, es indispensable la libre circulación de ideas e información en relación al actuar de los gobiernos, candidatos y partidos políticos por parte de los medios de comunicación, de los propios partidos y de cualquier persona que desee expresar su opinión u ofrecer información. En este contexto, la protección a la libertad de expresión se debe extender no solamente a informaciones o ideas generalmente aceptables o neutrales, sino también a las opiniones o críticas severas.

●La libertad de expresión alcanza, como se señaló, a las informaciones o ideas favorablemente recibidas, pero también a las de naturaleza negativa o a las que contienen una crítica formulada respecto de temas connaturales al debate político, como las relacionadas con la actuación o gestión de los gobiernos emanados de diversas fuerzas políticas.

Así, lo ha establecido, esencialmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia cuyo rubro es DERECHOS AL HONOR Y A LA PRIVACIDAD. SU RESISTENCIA FRENTE A INSTANCIAS DE EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y EL DERECHO A LA INFORMACIÓN ES MENOR CUANDO SUS TITULARES TIENEN RESPONSABILIDADES PÚBLICAS.

●En materia política y electoral, se permite a los titulares de los derechos fundamentales de libertad de pensamiento, expresión e información, cuestionar e indagar sobre la capacidad e idoneidad de los gobiernos, gobernantes, autoridades e instituciones públicas, funcionarios públicos y partidos políticos, entre otros, así como discrepar y confrontar sus propuestas, ideas y opiniones, a fin de posibilitar una opinión pública informada, en la que la ciudadanía esté en condiciones de formarse un criterio respecto de la actuación y resultado de la gestión pública y tener mejores elementos para formarse un criterio en relación al cumplimiento de las ofertas y programas de gobierno que los llevaron al poder, como instrumento eficaz y real para que la sociedad esté en posibilidad de participar activamente en la toma de decisiones y en su momento, contar con un mayor número de elementos que le permitan decidir libremente si en la renovación de los poderes públicos emitirán su voto a favor de los partidos políticos que postularon a los gobernantes que en un determinado momento ejercen el poder, o si por el contrario, preferirán elegir a otra opción política.

●Los gobernantes, actores políticos y autoridades están sujetos a la aceptación de una crítica severa, cáustica, incómoda o desagradable, en un marco de apertura, pluralismo y tolerancia de ideas, opiniones y juicios.

Todo lo relacionado fue reiterado recientemente por esta Sala Superior, por mayoría de votos, en los recursos de apelación SUP-RAP-253/2012 y SUP-RAP-256/2012, que fueron resueltos el seis de junio del año en curso.

El contenido íntegro de la conferencia es el que la propia autoridad responsable insertó en la resolución impugnada, el cual, en aras del principio de exhaustividad, se inserta nuevamente en la presente ejecutoria:

El contexto en el que ocurrió la conferencia objeto de la denuncia de origen es el siguiente:

●Los hechos denunciados ocurrieron el día veintiséis de marzo de dos mil doce; es decir, cuando ya había dado inicio el proceso electoral para elegir, entre otros, al Presidente de la República, durante el denominado período de intercampañas, antes de que iniciara el período de campaña electoral.

●La conferencia de prensa brindada por Javier Lozano Alarcón tuvo como causa, las manifestaciones vertidas por el candidato del Partido Revolucionario Institucional, a la Presidencia de la República, quien manifestó, en la ciudad de Monterrey:

“…creo que el tema de la inseguridad no es privativa de Nuevo León, es una condición de varios estados del país donde lamentablemente la política y estrategia que el Gobierno Federal ha seguido pues ha detonado, desgraciadamente, violencia…y bueno pues hay un saldo de más de 50 mil muertos. Evidentemente tiene que llevar a un reajuste y a un compromiso en este tema: habrá que darle una atención prioritaria y…”

●Las afirmaciones del candidato del Partido Revolucionario Institucional son un hecho que la responsable tuvo como causa principal de la conferencia de prensa brindada por Javier Lozano Alarcón (ver página 90, primer párrafo, de la resolución impugnada). Respecto de ello, el partido apelante no expresa agravio alguno, por lo que se debe considerar como una base de la resolución impugnada, que ha quedado firme.

●La conferencia fue brindada por Javier Lozano Alarcón, en su calidad de vocero del Partido Acción Nacional.

●En todo el curso de la conferencia se mantuvo el tono contestatario; es decir, se destacaron las afirmaciones y las cifras (más de 50 mil muertos) expuestas por el candidato del Partido Revolucionario Constitucional a la Presidencia de la República y se contrastaron con los datos, ilustrados con gráficas que, a decir del vocero, son los realmente trascendentes en cuanto al tema de la inseguridad en el País.

En cuanto al contenido de la conferencia destaca lo siguiente:

●En la primera parte, el vocero del Partido Acción Nacional menciona que el motivo de la conferencia, es “para dar puntual respuesta a las frívolas y temerarias declaraciones de la semana pasada del candidato del PRI a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto; lo hizo en Monterrey, esto fue lo que dijo…”

●En la segunda parte, el vocero menciona, que tiene razón el candidato al mencionar que Nuevo León no es el único Estado en donde hay delincuencia, pues hay otros Estados, “la mayoría gobernados por el PRI donde hay violencia”; agrega que el juicio del candidato es “torpe”, pues el gobierno federal no provoca la violencia, sino que interviene donde ésta existe, “en mucho provocada por negligencia, por tolerancia o en ocasiones por franca complicidad de gobiernos estatales con la delincuencia organizada.

●En la tercera parte de la conferencia, el vocero del Partido Acción Nacional explica que presenta en ese momento “datos duros”, de información oficial, del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que dan cuenta de que “son los Estados en los que gobierna el PRI aquellos que reportan la mayor incidencia de delitos que tanto lastiman a nuestra sociedad”.

Enseguida se refiere al delito de extorsión y afirma, que de 107,088 denuncias, el 95% por ciento fueron presentadas ante la autoridad federal; que el “campeón en cuanto a denuncias por exrtorsión es el Estado de México, donde gobernaba precisamente el angelito que tanto está criticándonos”; que “1 de cada 5 denuncias en el país provienen del Estado de México”; que los ciudadanos no le tienen confianza a la procuraduría local; que él “tampoco se la tendría, si es la misma procuraduría que cio el caso Paulette; la misma procuraduría que vio el caso del Coqueto y otros tantos que nada más no saben explicar y resolver”; que “1 de cada 5 denuncias por extorsión, primer lugar a nivel nacional: Estado de México”; que “del último trimestre del año pasado, fue de 1.16 [el promedio] denuncias por extorsión por cada 100 mil habitantes”; que “se lleva la medalla de oro: Quintana Roo. Son 3.85 denuncias por cada 100 mil habitantes. Y también pues un Estado gobernado por el PRI, donde está el principal porrista, por cierto tuitero natural…”.

Luego pasa al análisis del delito de homicidio doloso y afirma, que de octubre a diciembre del año pasado hubo 5,162 denuncias, con los primeros lugares “en 652 casos de Chihuahua, 463 denuncias en el Estado de Nuevo León, obviamente ambas entidades, estos dos primeros lugares, están gobernadas también por el PRI, insisto, el promedio son 161, el promedio trimestral de denuncias por homicidio doloso y tenemos Chihuahua con 625 y Nuevo León con 463”; que “en el último trimestre del año pasado 4 entidades del PRI: Chihuahua, Nuevo León, Estado de México y Tamaulipas acumulan 34% del total de denuncias de homicidio doloso, es decir, en 4 primeros lugares acumulados 1 de cada 3 denuncias por homicidio doloso en el país”; que “por cada 100 mil habitantes, promedio trimestral por estado, 4.93 denuncias por cada 100 mil habitantes, ¿y con qué nos encontramos? Con Chihuahua, casi 4 veces arriba del promedio nacional”; que “estas cosas nos siguen explicando el por qué los estados gobernados por el PRI tienen la mayor incidencia de los delitos que más lastiman a la sociedad”.

Enseguida, pasa al análisis del delito de secuestro y afirma, que “también es un delito del fuero común…Y si , el gobierno federal interviene en algunos casos, cuando le piden la intervención directamente los afectados o cuando es por flagrancia o cuando lo pidan, la intervención también, las autoridades locales”; que respecto del segundo trimestre, “de las denuncias totales por secuestro. Tenemos 638 en el país, de las cuales, ¿Qué creen? 94% son denuncias directamente ante nosotros”; que “del mismo segundo semestre, denuncias por secuestro, tenemos que en sólo 3 entidades, Estado de México en primerísimo lugar, ¿Qué raro verdad?, Tamaulipas y Veracruz tiene 427 de las 638 denuncias”; que “bueno 427, 67% en 3 estados gobernados por el PRI, Estado de México, Tamaulipas y Veracruz, es decir, 2 de cada 3 secuestros se reportan en entidades gobernadas por el Partido Revolucionario Institucional”; que respecto a la tasa promedio (0.57) en el segundo semestre de 2011, de denuncias por secuestro, por cada cien mil habitantes “¿Quién creen que se lleva el suéter amarillo? Tamaulipas 4.45, no sé cuán tas más es eso, como 7 veces más de la media nacional”; que “Tamaulipas, también gobernado por el PRI, es el que lleva el primer lugar en la materia”.

Lo expuesto permite advertir:

●Que en toda la conferencia, el tono general fue de contestación a afirmaciones hechas por el candidato del Partido Revolucionario Institucional, relacionadas con que:

a) “La inseguridad no es privativa de Nuevo León, es una condición de varios Estados del país”;

b) En esos Estados “la política y estrategia que el Gobierno Federal ha seguido pues ha detonado, desgraciadamente, violencia”, y

c) El saldo de esa estrategia del gobierno federal es de “más de 50 mil muertos”, por lo que

d) Ello “tiene que llevar a un reajuste y a un compromiso”.

●El vocero menciona datos concretos referidos a:

1. Delitos concretos: Extorsión, homicidio doloso y secuestro;

2. Entidades federativas concretas: Estado de México, Quintana Roo, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz;

3. Periodos concretos: Todo el año pasado (dos mil diez), último trimestre del año pasado (dos mil diez), de octubre a diciembre del año pasado (dos mil diez) segundo trimestre del 2011.

4. Porcentajes concretos: 1 de cada 5 denuncias (de las 107,088 presentadas en el País) por extorsión provienen del Estado de México; 3.85 denuncias, por cada cien mil habitantes, por el delito de extorsión en Quintana Roo; en el último trimestre del año pasado, entre Chihuahua, Nuevo León, Estado de México y Tamaulipas acumulan el 34% del total de denuncias por homicidio doloso; Chihuahua casi cuatro veces arriba del promedio nacional trimestral, por Estado, de denuncias por el delito de homicidio doloso por cada cien mil habitantes; 94% por ciento de denuncias por el delito de homicidio doloso, presentadas ante la autoridad federal; 67% de las denuncias presentadas por el delito de homicidio, entre Tamaulipas y Veracruz; Tamaulipas, con 4.45 denuncias por cada cien mil habitantes, “como 7 veces más de la media nacional” en el delito de secuestro.

5. Casos concretos: “Caso Paulette” y caso “El Coqueto”.

●La concreción de los datos presentados (sin prejuzgar sobre su exactitud o veracidad) por el vocero en la conferencia objeto de la denuncia de origen permitía que su interlocutor, el candidato del Partido Revolucionario Institucional, que fue quien inició el diálogo, o el propio Partido Revolucionario Institucional aludido, produjeran, si a su interés conviniera, una respuesta puntual mediante la cual desvirtuaran los hechos, negaran la exactitud de las cifras o la fidelidad de la fuente, matizaran los datos, o hicieran las aclaraciones y réplicas que estimaran pertinentes.

●En la conferencia no se difunde plataforma electoral alguna; no se pide el voto a favor ni en contra; no se promueve a algún candidato o candidatura; tampoco se alude al proceso electoral en curso, excepto la precisión de que el emisor de las declaraciones que motivaron la conferencia es candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia de la República, aunque esa mención fue sólo para precisar quién es el sujeto al que se redargüiría en la conferencia.

●Tampoco se obtiene que de manera implícita, el objetivo fundamental de la conferencia fuera el detrimento o la reducción de simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional o de su candidato, sino responder a comentarios concretos relacionados con la inseguridad que priva en el país, cuyas consecuencias fueron atribuidas al “Gobierno Federal” cuyo titular emanó de las filas del Partido Acción Nacional, y fijar la posición de ese partido político al respecto, mediante el contraste de la situación que, a criterio del vocero, priva en ciertos Estados de la República gobernados por el Partido al que pertenece el emisor de las declaraciones de origen.

Sobre la base de lo expuesto, esta Sala Superior concluye, que la conferencia de prensa brindada por Javier Lozano Alarcón, en su calidad de vocero del Partido Acción Nacional, no constituyó un acto anticipado de campaña.

Ello es así, porque además de que la conferencia se dio en ejercicio de la libertad de expresión, ocurrió en un contexto de dialéctica política, motivada por comentarios hechos por el candidato del partido político denunciante y ahora apelante, quien, con el solo hecho de involucrar al Gobierno Federal y, con ello, implícitamente al Partido Acción Nacional en sus comentarios, abrió la puerta para que dicho partido, representado por su vocero, diera respuesta a cada una de tales afirmaciones y fijara su propia posición al respecto, con las cifras y datos que afirmó provienen de fuentes oficiales.

Es decir, el diálogo iniciado por el candidato del partido denunciante y ahora apelante, continuado en la conferencia objeto de la denuncia, tuvo lugar entre sujetos que interactúan, en el plano de la arena política, caso en el cual se debe ensanchar el margen de tolerancia frente a juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas en esas confrontaciones, cuando se actualice en el entorno de temas de interés público en una sociedad democrática.

A ello hay que agregar, que el objeto de la conferencia no se desvió, para convertirse en un acto en el que se promoviera plataforma electoral alguna, se promoviera a algún  candidato o candidatura, o se pidiera el voto en contra del Partido Revolucionario Institucional o de su candidato a la Presidencia de la República, sino que se mantuvo dentro de los márgenes que, racionalmente, pueden considerarse propios del diálogo iniciado por el candidato del Partido Revolucionario Institucional, por lo que tampoco hay elementos para sostener, como lo hace el apelante, que la conferencia tuvo por objeto, demeritar al Partido Revolucionario Institucional y restarles adeptos y votos en la contienda electoral en curso.

El agravio destacado con el número 12 en la síntesis respectiva es inoperante.

El apelante alega, que de haber analizado “las pruebas no valoradas y expuestas en el agravio anterior” así como “de la descontextualización de su uso en el evento denunciado”, la responsable habría concluido que sí quedó acreditado el elemento subjetivo de los actos anticipados de campaña, porque el denunciado aprovechó un espacio institucional para hacer señalamientos no comprobables ni verificables, ni sustentados en datos oficiales, para causar detrimento al Partido Revolucionario Institucional y a su candidato a la Presidencia de la República.

Sin embargo, el apelante no señala con precisión a qué pruebas se refiere, ni el alcance y valoración que, a su juicio, debía dársele, para arribar a la conclusión que menciona. Además, en el caso no se trata de un problema de prueba, puesto que la responsable tuvo por acreditado el hecho consistente en la conferencia brindada por Javier Lozano Alarcón, y el contenido íntegro de la conferencia, el cual comprendió las imágenes y gráficas utilizadas durante ella. Por ende, el problema no consiste en la acreditación de los hechos, sino en la valoración jurídica que se les haya dado, para concluir si se trataba o no de actos anticipados de campaña, lo cual, como se vio, no fue así, desde la perspectiva de la autoridad responsable y a juicio de esta Sala Superior.

El agravio destacado con el número 13 en la síntesis respectiva es inoperante.

El apelante hace depender el agravio que se analiza, de la prevalencia de sus agravios analizados anteriormente, pues parte de la base, de que la responsable valoró indebidamente el material probatorio con el que contó, pues estima que la debida adminiculación de éste debió llevar a la conclusión de que la conferencia de prensa brindada por Javier Alarcón Lozano fue un acto anticipado de campaña, en violación, entre otros, del artículo 7 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral, por haber tenido como fin primordial, demeritar al Partido Revolucionario Institucional y a su candidato. Sin embargo, en todo el desarrollo de esta ejecutoria, ya quedó establecido que el hecho que motivó la denuncia no actualizó acto anticipado de campaña alguno. Por ello, el agravio es inoperante.

Por lo expuesto, fundado y motivado, se

R E S U E L V E

ÚNICO. Se confirma la resolución identificada con la clave CG308/2012 dictada el dieciséis de mayo de dos mil doce por el Consejo General del Instituto Federal Electoral en el expediente SCG/PE/PRI/CG/106/PEF/183/2012 formado con motivo de la denuncia presentada por Sebastián Lerdo de Tejada C., en representación del Partido Revolucionario Institucional en contra de Javier Lozano Alarcón y del Partido Acción Nacional.

NOTIFÍQUESE, personalmente, al partido político apelante y al tercero interesado, en los domicilios señalados, en sus respectivos escritos, de apelación y de apersonamiento al presente recurso; por correo electrónico, a la autoridad responsable, en la dirección señalada en su informe circunstanciado y, por estrados, a los demás interesados, en términos de lo dispuesto en los artículos 26, párrafo 3, 27, 28, 29 y 48, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En su oportunidad, devuélvanse las constancias que correspondan y archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe.